Embarazo y prostitución: las mujeres bajo la tutela del Estado

Por Gail Pheterson

http://tahin-party.org/pheterson.html.

                               

A comienzos del siglo pasado y todavía durante los años 1970, las feministas describían con más frecuencia que hoy el matrimonio como un trabajo que incluía servicios reproductivos y sexuales y hacían un paralelismo entre el estatuto y los deberes de las esposas/madres y los de las prostitutas. Ciertas evoluciones sugieren que estas analogías merecerían ser reexaminadas, esta vez en el contexto de la economía internacional. Aunque la reproducción y la sexualidad son cada vez más frecuentemente enfocadas en conjunto bajo el ángulo del derecho, de la salud o de la cultura, se unen muy pocas veces en el seno de los análisis del trabajo reproductivo y sexual. Adoptar tal perspectiva permite enlazar directamente la actividad concreta de las personas, los productos de esa actividad y el valor que les atribuyen el Estado y la sociedad.

Los códigos de la deontología médica y el código penal encuadran rigurosamente por un lado la fertilidad de las mujeres y por otro su comportamiento sexual. Esta vigilancia cumple dos funciones estrechamente ligadas: un control directo y discriminatorio de las mujeres según los criterios sociales de buena y mala conducta aplicados a tal o cual categoría de mujer y, gracias a él, el control colonial de poblaciones enteras. Estos mecanismos se apoyan en un hábil dispositivo que une obligaciones y prohibiciones y que impone a ciertas mujeres, en determinados momentos de su vida, actos prohibidos a otras.

Las problemáticas ligadas a los derechos, a la salud y a la cultura son, ciertamente, fundamentales, pero ha habido mistificaciones jurídicas, médicas e ideológicas que han ocultado el objetivo real del control estatal. Las definiciones actuales de los derechos humanos recurren a nociones tales como “la integridad” o “la violencia”, nociones que están sometidas a interpretación en función de las convicciones de cada uno.  De esta manera, algunos consideran el aborto como un crimen contra la integridad de las personas; otros como un instrumento de control de las mujeres irresponsables, traumatizadas o inmorales; otros como una violación de la integridad del feto; y otros, finalmente, como la expresión del derecho de la mujer a decidir su destino reproductivo.

Esta última categoría de militantes se vuelve a encontrar englobada con las otras, atrapada por referencias imprecisas a la integridad y a los derechos que mezclan sentidos y contrasentidos. De la misma manera, algunos ven en la prostitución una violación del derecho de las mujeres a la integridad corporal, mientras que para otros no es la prostitución sino las prácticas represivas de la misma las que deben ser condenadas. Para los primeros, los derechos humanos implican que el Estado proteja a las mujeres del crimen de las prostitución; para los segundos, los derechos humanos deberían llevar a la despenalización de la industria del sexo y al fin del control estatal discriminatorio de las actividades económicas, sexuales y migratorias de las mujeres.

Desde una perspectiva sanitaria, algunos estiman que el aborto presenta en sí mismo riesgos importantes, mientras que los expertos médicos demuestran que la IVE es sencilla y sin peligro siempre que se realice en buenas condiciones. De la misma manera, algunas autoridades preconizan la esterilización como medida sanitaria, otras pretenden que atenta contra el bienestar del individuo(es la razón por la que la esterilización voluntaria ha estado prohibida en Francia hasta 2001 y todavía es poco propuesta a las mujeres, y aún menos a los hombres).

En cuanto a la prostitución, algunos la consideran una catástrofe para la salud de las mujeres y de la sociedad en general, mientras que algunas autoridades médicas aseguran que una regulación estatal elimina los riesgos; al mismo tiempo, miles de trabajadoras del sexo militantes afirman que las reglamentaciones médicas atentan contra su salud, al imponerles controles discriminatorios que las disuaden de acudir a los servicios profesionales. Finalmente, desde una perspectiva cultural, se encuentra a los que afirman que embarazo y prostitución son los modelos por excelencia de la cultura femenina (siendo la maternidad la “vocación de la mujer” y la prostitución “el oficio más viejo del mundo”), y los que denuncian el encierro cultural de las mujeres en papeles estereotipados y naturalistas.

Yo he optado por una aproximación fundada en la noción de trabajo, con el fin de deconstruir las contradicciones paralizantes que dividen desgraciadamente tanto a las feministas y concentrarme decididamente en la función concreta de las medidas que llevan a encuadrar el comportamiento sexual y reproductivo de las mujeres. Mi tesis es que los Estados, siguiendo estrategias de dominación eugenésica o económica, se interesan menos por la integridad, la seguridad, la salud o la cultura llamada femenina que por los niños que las mujeres puedan tener y la riqueza que puedan generar como mano de obra no reconocida como tal. Si la eugenesia se traduce, en la práctica, en una preocupación —entiéndase una obsesión— por la “calidad” de los recursos humanos, las preocupaciones económicas se refieren a su “cantidad” y su “productividad”. Tanto el trabajo sexual como el trabajo reproductivo son instrumentalizados en el seno de un mismo sistema ideológico y estratégico de explotación sexista.

Este sistema está camuflado por la puesta a disposición de recursos esenciales, tales como contraceptivos, posibilidades de empleo y la apertura de canales migratorios. Pero, como el objetivo de estos recursos no es el bienestar de las mujeres o de las comunidades pobres, los contraceptivos pueden ser distribuidos de tal manera que se vuelvan instrumentos de coacción más que de elección, igual que el empleo y la migración pueden conducir finalmente a la explotación y a la coacción antes que al aumento de los ingresos y de la autonomía.

El control de las embarazadas y de las prostitutas

El estatuto socio-jurídico accesorio de las embarazadas y de las prostitutas normaliza la negación de sus derechos fundamentales. De esta forma, el estatuto de la embarazada deriva del del feto que lleva y las políticas estatales buscan, a veces, más la protección de este último que la de la mujer; de la misma forma, el estatuto de la prostituta deriva de su relación con sus clientes masculinos y los poderes públicos muestran más solicitud por el cliente, su esposa y sus hijos que por ellas. El estatuto de la embarazada no es solamente accesorio, sino también ilegítimo desde el momento en que su embarazo y su progenitura potencial son juzgados ilícitos en base al carácter tabú de una unión o a transgresiones del código de pudor ligadas, por ejemplo, a su edad o a su situación marital. El trato dado a la embarazada depende, pues, de la adecuación de su elección (proseguir o interrumpir un embarazo) con los imperativos que determinan que debería o no debería tener hijos.

En cuanto a la prostituta, encarnación de la ilegitimidad, su pretendida inmoralidad o indecencia la excluye de las disposiciones de derechos humanos. Así, el artículo 29 de la Declaración universal de los derechos del Hombre afirma: “En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, nadie está sometido a más limitaciones que las establecidas por la ley, con el fin exclusivo de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y los deberes de los demás, y a fin de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática”. La prostituta es juzgada en función de sus supuestos atropellos contra la libertad y los intereses de los demás (atropellos, por ejemplo, contra un barrio, la imagen de una ciudad, el valor de los bienes inmuebles, los niños, la salud de los soldados, el turismo o la seguridad nacional). Los tribunales consideran a la prostituta unas veces como el agente y otras como la víctima de la inmoralidad, del desorden o de la enfermedad y rara vez como una persona a la que sean debidos reconocimiento y respeto. Es significativo que, en tanto que individuo activo, la prostituta puede incluso ser juzgada en función del atropello  llevado a cabo contra su propia imagen y, en consecuencia, la imagen de su familia o de la Nación.
Una vez expuesta la gama de mecanismos que permiten insidiosamente tratar a las mujeres como seres desprovistos de identidad jurídica propia, este análisis debe tomar en cuenta no sólo a las mujeres realmente encintas o trabajadoras del sexo, sino también a aquéllas de las que se sospecha tal cosa o incluso que son juzgadas como particularmente susceptibles de hallarse en una u otra situación. Cuando se trata del embarazo, toda mujer o chica a la que se atribuya relaciones heterosexuales puede ser considerada como potencialmente encinta y así, en función del contexto, sometida contra su voluntad a un despistaje del SIDA o de uso de drogas, a una esterilización, a una contracepción, a una encarcelación o a una estigmatización social. Una mujer puede también ver rechazada una solicitud de empleo a causa del riesgo de que se embarace. En el caso de la prostitución, toda mujer que viaje sola de un país pobre a un país rico o de una zona rural a una zona urbana, o que sencillamente camina por la calle de noche, puede ser sospechosa de negociar sus servicios sexuales por dinero y ser, en consecuencia, acosada, detenida, multada, encarcelada y/o sometida a la prueba del VIH; en bastantes casos, su desplazamiento es, por definición, ilícito si no va acompañada de un hombre. Las mujeres son, pues, primero sospechosas según criterios discriminatorios, después vigiladas y, finalmente, detenidas a causa de su transgresión. No son los actos sexuales o reproductivos en sí los que les incriminan, todos obligatorios para determinadas mujeres en determinadas circunstancias, sino su independencia. La autonomía reproductiva, como la autonomía sexual y migratoria, de una mujer es vista como el indicio de una libertad egoísta y de una voluntad de disponer de su propia vida contra el bienestar general de la sociedad. El primer insulto dirigido a una adolescente embarazada podrá ser “so puta” y lo mismo podrá oír cualquier mujer que ande sola por la calle de noche. El estigma de puta descalifica y sanciona a las mujeres independientes. La mujer sorprendida en flagrante delito de independencia es, pues, sospechosa y el hecho de ser víctima de violencia constituye a veces su única esperanza de redención. Las misma directivas penales estipulan a menudo que el estatuto de víctima es la única causa válida de impunidad en caso de comportamiento ilícito o la única justificación para acceder a recursos reservados a las privilegiadas.

(Continuará…)

Ya no continúa: editado en castellano en 2013:

http://www.ed-bellaterra.com/php/llibresInfo.php?idLlibre=796

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