La política sexual del feminismo carcelario

 Por Elizabeth Bernstein

Departments of Women’s Studies and Sociology

Barnard College, Columbia University 

Fragmento de su artículo: “Militarized Humanitarianism Meets Carceral Feminism: The Politics of Sex, Rights, and Freedom in Contemporary Antitrafficking Campaigns” 

http://sph.umich.edu/symposium/2010/pdf/bernstein2.pdf

 

“Llevo alrededor de 17 años trabajando en este tema —la mayor parte de este tiempo he estado en el lado perdedor, ya que los que defendían los derechos de las “trabajadoras sexuales” ganaban casi todas las batallas políticas… Aquellos fueron años deprimentes… Ahora está emergiendo la verdad de la prostitución/trata sexual y las agencias están respondiendo como nunca lo hicieron. Pienso que en el último año han sido arrestados más chulos y traficantes que en toda la década anterior.” (Donna Hughes, activista anti-trata y profesora de estudios de las mujeres de la Universidad de Rhode Island, en una entrevista en el National Review Online [Lopez 2006]) 

“La trata es como la violencia doméstica. Lo único que previene la reincidencia es el miedo a la detención.” (Dorchen Leidholt, activista feminista de la Coalition against the Traffic in Women, hablando en la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Estado de las Mujeres, 2 de marzo de 2007) 

“¿Qué queremos? ¡Una severa ley contra la trata! ¿Cuándo la queremos? ¡Ahora!” (Llamamiento y grito de respuesta en la manifestación de la National Organization for Women por una ley del Estado de Nueva York que elevara las penas criminales contra los clientes de las prostitutas, Nueva York, 1 de febrero de 2007)

 

Para las feministas de base de comienzos de la segunda ola que estaban interesadas en la crítica de las instituciones económicas y familiares dominantes y en la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres, habría sido quizás un extraño sueño imaginar que en una generación, pioneras del primer movimiento de mujeres tales como Laura Lederer (autora del clásico libro Take Back the Night y fundadora del movimiento antiviolación), Dorchen Leidholdt (una prominente abogada feminista defensora de las víctimas de la violencia doméstica), y Donna Hughes (catedrática de Estudios de las Mujeres en la Universidad de Rhode Island) se encontrarían una brillante mañana de julio como oradoras señaladas en un panel patrocinado por el neoconservador Hudson Institute de Washington, DC, titulado “Los beneficios del proxenetismo: abolición de la trata sexual en los Estados Unidos”. Compartiendo estrado con ellas estaban influyentes miembros del Hudson Institute, tales como Michael Horowitz (veterano de la Administración Reagan y prominente arquitecto del movimiento antitrata contemporáneo), el embajador Mark Lagon (antiguo ayudante del senador republicano por Carolina del Norte, de extrema derecha,  Jesse Helms, y director de la Oficina de Tráfico de Personas del Departamento de Estado), y Bonni Stachowiak (profesor de administración empresarial en la evangélica Christian Vanguard University). Mientras los panelistas, todos de raza blanca, hablaban a la audiencia de la urgente necesidad de desarraigar a los chulos callejeros del interior de las ciudades y la “cultura del chulo”, de estigmatizar a los patronos de las prostitutas y de promover “familias sanas” tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, la audiencia, que comprendía representantes de un surtido de organizaciones de derecha, incluyendo la Heritage Foundation, el American Enterprise Institute, y Feminists for Life, estallaba en frecuentes aplausos. 

Desde luego, para aquellos familiarizados con la evolución de lo que Janet Halley ha denominado feminismo de Estado (en el que el feminismo “se desplaza de las calles al Estado”; Halley 2006, 20), así como con el precedente histórico del pánico de la trata de blancas, la inclusión de prominentes activistas feministas en el evento del Hudson Institute no le habría pillado por sorpresa. Además de los ecos de la trata de blancas, existen también importantes resonancias históricas entre la presente campaña antitrata de Estados Unidos y las audiencias antipornografía de la Comisión Meese que tuvieron lugar durante los años 80 del pasado siglo, en las que cristianos conservadores y feministas seglares tales como Catharine MacKinnon y Andrea Dworkin unieron fuerzas del mismo modo para combatir la reforma sexual (ver, p.ej., Duggan y Hunter 1995; Vance 1997). Como Judith Walkowitz (1983) y Wendy Brown (1995) han observado previamente, el abrazo feminista del moralismo sexual basado en el Estado es particularmente apto para resurgir durante períodos de ascendencia de la derecha, como durante los años de Reagan y Bush, cuando las oportunidades para un cambio político y económico de más entidad escasean. Mientras que una resurgente alianza feministas-conservadores fue activamente estimulada por la Casa Blanca de George W. Bush —tanto retóricamente, como en las invasiones de Afganistán e Irak, como mediante el cultivo de lazos políticos explícitos, como en el nombramiento de la renombrada activista feminista Lederer como Directora Senior para Proyectos Globales sobre la Trata de Personas en el Departamento de Estado— varias feministas dieron el paso de apoyar activa y públicamente las iniciativas de la Administración Bush. Notablemente, en un artículo de febrero de 2004 en el Washington Post escrito conjuntamente por la icono del feminismo de la segunda ola Phyllis Chesler y por el profesor de estudios de la mujer/activista antitrata Hughes, los autores hacían una vigorosa defensa no sólo de las políticas antitrata de la Administración Bush, sino también de sus intervenciones militares en Afganistán e Irak, declarando que los conservadores contemporáneos y las organizaciones religiosas se habían convertido en defensores más fiables de la democracia y de los derechos de las mujeres en todo el mundo que lo que había sido nunca la izquierda (Chesler and Hughes 2004). 

Aunque el abrazo de los discursos de criminalización, construcción de la democracia, registros de escarnio público, y valores familiares por una nueva hornada de feministas reconocidamente conservadoras es ciertamente significativo, es de notar también hasta qué punto feministas que se identifican como seglares de izquierda se han encontrado a gusto compartiendo gran parte de esta agenda y han sido, de este modo, diligentes compañeras en las campañas antitrata de las feministas conservadoras. Mientras que comentaristas tales como Wendy Chapkis (2005), Kamala Kempadoo (2005), y Miriam Ticktin (2008) han apuntado previamente a una colusión entre la corriente principal del feminismo y las agendas estatales de control de fronteras en las campañas antitrata contemporáneas (en las que el activismo feminista apoya inconscientemente la deportación de trabajadoras sexuales emigrantes bajo la guisa de asegurar su protección), mi trabajo de campo etnográfico extiende esta percepción, revelando que las políticas carcelarias y el aparato de seguridad estatal son los remedios políticos preferidos de las feministas antitrata. 

Las feministas de izquierda apoyan las políticas carcelarias, y la articulación de estas políticas mediante un particular conjunto de ideas acerca del género y la sexualidad se hizo evidente en las reuniones de las convenciones contra la trata de la  National Organization of Women–NYC (NOW-NYC) y de la American Association of  University Women en las que yo participé durante un período de seis meses entre 2007 y 2008. Angela Lee, del Centro de Mujeres Asiáticas de Nueva York, fue la oradora final en la manifestación de 2007 de NOW-NYC en petición de una ley de trata que aumentara  las penas aplicables a los clientes de prostitutas de noventa días a un año de prisión. Una mujer de unos cuarenta años impecablemente vestida, no hizo mención al papel desempeñado por la pobreza mundial en las dinámicas de trata y prostitución, sino que habló con gran celo de la integridad sexual de las familias. “Este es un asunto de la familia”, declaró abiertamente, “especialmente cuando se acerca el Año Nuevo Chino y hay tantas familias de las víctimas que no podrán celebrarlo”. Con esta expresión, Lee situó la amenaza sexual directamente fuera del hogar, a pesar de la afirmación feminista hegemónica anterior de que los hogares y las familias son los lugares más peligrosos para las mujeres. Lee llegó a ligar los peligros que arrostraban las víctimas de trata con la falta de éxito del Estado de Nueva York al imponer una ley que aplicara penas criminales suficientemente severas a traficantes y chulos, declarando con gran emoción que “¡Necesitamos castigar a los traficantes y liberar a las víctimas!”. 

En una discusión el 2 de marzo de 2007 en las reuniones de la Comisión sobre el Estado de las Mujeres, en las Naciones Unidas, discusión enfocada a “poner fin a la demanda” de trata sexual, el lazo entre las políticas sexuales y las carcelarias se reveló de forma aún más clara. En esta reunión dedicada a dificultar la demanda por parte de los hombres de los servicios de las trabajadoras sexuales, los panelistas aprovecharon la ocasión para demostrar cómo el Estado carcelario podía ser utilizado de forma efectiva para conseguir familias nucleares, heterosexuales, de parejas unidas por el amor. La oradora inicial, de la Coalition Against Trafficking in Women (CATW), alabó explícitamente a los cinco hombres, de raza blanca y clase media, presentes en la sala, como representantes de un nuevo modelo de masculinidad esclarecida y urgió a los miembros de la audiencia a “traer a sus maridos, hijos y hermanos” a futuras reuniones.  El modelo de prostitución y trata que las panelistas de CATW invocaron tenía poca, si alguna, conexión con factores estructurales o económicos, haciendo la prostitución totalmente atribuible a las acciones de un pequeño subgrupo de hombres malos: maridos dentro de la familia que podrían buscar los servicios sexuales de mujeres fuera de ella, u hombres malos fuera de la familia que podrían incitar a las mujeres y chicas de la misma a abandonarla. Aunque CATW se ve a sí misma como una organización feminista progresista, sus miembros no vacilaron, sorprendentemente, en sus demandas de un aparato punitivo estatal. Ni mostraron mucha conciencia de los fundamentos políticos y económicos de la singular forma de intimidad heterofamiliar que defendieron (ver, p.ej., Bernstein 2007b; Padilla et al. 2007). 

A nivel legislativo, la posición feminista de izquierda sobre la trata es expresada de la forma más clara por la representante Carolyn Maloney, congresista demócrata por Nueva York previamente conocida por su activismo en temas tales como la diferencia de salarios entre sexos y la salud reproductiva de las mujeres. Maloney ha tomado un papel dirigente en la campaña feminista contemporánea contra la trata sexual, patrocinando cambios legislativos enfocados a reprimir a los clientes de las trabajadoras sexuales y a eliminar cualquier distinción entre prostitución forzada y voluntaria en la ley antitrata federal. Ha trabajado también estrechamente con grupos feministas tales como la National Organization for Women y Equality Now, así como con Horowitz, del Hudson Institute, y con organizaciones cristianas conservadoras como Evangelicals for Social Action. En un capítulo de su reciente libro, reveladoramente titulado “The Pretty Woman Myth” (dejando así claro que la única forma de trata que la interesa es la prostitución heterosexual; Maloney 2008), dos cosas en particular merecen ser resaltadas. El primer aspecto llamativo de la discusión de Maloney es la elevación moral de la familia nuclear heterosexual, en contraste con la esclavitud sexual femenina que describe desgarradoramente. Aunque Maloney menciona el incesto sufrido por niñas en el seno de la familia como una vía corriente hacia la prostitución, en su análisis el incesto no supone en sí una violación de los derechos humanos tan grave como la esclavitud sexual, un término que reserva para las formas extrafamiliares de violencia. Un segundo elemento clave en el libro de Maloney es la extensión con la que la política carcelaria y la política de género se implican mutuamente. En su conclusión a “The PrettyWoman Myth”, Maloney insiste en que la mejor manera de combatir la esclavitud es mediante la detención y encarcelamiento de puteros y chulos, junto con una protección más vigilante de los niños. 

Los ejemplos anteriores ponen de relieve una importante alianza entre el feminismo y el Estado carcelario, una alianza que se extiende más allá que las recientes colaboraciones feministas con la derecha religiosa. En su reciente libro en el que documenta la coemergencia de la atención prestada por la segunda ola feminista a la violencia sexual y de las agendas neoliberales de encarcelamiento, Kristin Bumiller (2008) ha demostrado igualmente los aspectos en los que el miope enfoque feminista sobre la criminalización de la violación y la violencia doméstica durante los años 1990 contrastó con las preocupaciones de las feministas de base y las de los comienzos de la segunda ola acerca del empoderamiento social y económico de las mujeres. Argumentando que el imperativo carcelario neoliberal ha tenido un impacto devastador sobre los modos en que se ha construido el compromiso feminista contra la violencia sexual, Bumiller demuestra que lo recíproco es también verdad: una vez que el feminismo quedó fatalmente modulado por las estrategias neoliberales de control social, ello pudo servir como una inspiración eficaz para campañas más amplias de criminalización. Bumiller observa que en los primeros años del siglo la agenda neoliberal del feminismo contra la violencia sexual fue siendo exportada cada vez más como parte de la política de derechos humanos de los Estados Unidos, consolidando el imperativo carcelario dentro del feminismo estadounidense y extendiendo a lo largo y ancho del mundo el paradigma del feminismo-como-control-del-crimen (ver también Grewal 2005). 

La evidencia sugiere ciertamente que las campañas antitrata de los Estados Unidos han tenido mucho más éxito en criminalizar a poblaciones marginadas, reforzar el control de fronteras y medir el grado de respeto a los derechos humanos de otros países por su represión de la prostitución, que en conseguir cualquier beneficio concreto para las víctimas (Chapkis 2005; Chuang 2006; Shah 2008). Como argumenta Bumiller, no es sólo una cuestión de “consecuencias indeseadas”, sino que ha sido el resultado de que las feministas hayan unido directamente sus fuerzas al proyecto neoliberal de control social (2008, 15). Esto es cierto tanto dentro de Estados Unidos, donde los chulos pueden ahora recibir sentencias de noventa y nueve años de prisión por trata sexual y las trabajadoras sexuales son crecientemente detenidas y deportadas por su propia “protección” (ver Bernstein 2007a, 2007b), como en cualquier otra parte del mundo, donde la clasificación de otros países por parte de Estados Unidos ha llevado a un control más estricto de las fronteras a nivel internacional y a la implementación de políticas punitivas antiprostitución en numerosos países (Sharma 2005; Shah 2008; Cheng 2010). 

Muy recientemente, con la creciente atención feminista a las formas “domésticas” de trata (que películas como Very Young Girls han tratado de inflamar), se ha vuelto claro que el desplazamiento desde las formas locales de violencia sexual al terreno internacional y de vuelta  al interés por las actuaciones policiales en el interior de las ciudades estadounidenses (esta vez, bajo la apariencia de proteger los derechos humanos de las mujeres) ha proporcionado un circuíto crítico para la agenda feminista carcelaria. Según la abogada Pamela Chen (2007), actualmente la mitad de los casos federales de trata conciernen a mujeres menores de edad que ejercen la prostitución callejera en el interior de las ciudades.  Esto ha llevado a una campaña policial sin precedentes contra gente de color implicada en la economía sexual callejera —incluyendo chulos, clientes y trabajadoras sexuales por igual (Bernstein 2007a). 

El compromiso feminista carcelario con los valores de la familia heteronormativa, del control del crimen y de los supuestos rescate y rehabilitación de las víctimas (o lo que Janet Jakobsen ha glosado aliterativamente como “matrimonio, militarismo y mercados”; 2008) y el amplio atractivo social de esta agenda, lo ilustra poderosamente la reciente película Very Young Girls. La película ha sido proyectada no sólo en diversos locales feministas, sino también en el Departamento de Estado, en varias megaiglesias evangélicas, y en el conservador Christian King’s College. Bajo el pretexto de reflejar la trata en el interior del país, la película busca granjear simpatías para las jóvenes afroamericanas que se encuentran atrapadas en la economía sexual callejera. Presentando a las mujeres como “chicas muy jóvenes” (en el cartel promocional de la película, la protagonista es tan pequeña que, sentada, sus pies no llegan al suelo) y como las víctimas inocentes del abuso sexual (una categoría que ha sido reservada históricamente para víctimas blancas no trabajadoras sexuales), la película puede convincentemente presentar su perspectiva como antirracista y progresista. Aunque la inocencia de las jóvenes en la película se consigue a costa de demonizar completamente a los jóvenes afroamericanos que se aprovechan de sus ganancias y que son presentados como irredimiblemente criminales y subhumanos. 

La película despoja sin cesar de humanidad a los jóvenes afroamericanos implicados en la economía callejera junto con la compleja maraña de factores más allá de la prostitución (incluyendo racismo y pobreza) que conforman la vida de las chicas. En una proyección de la película a la que asistí en una selecta firma de abogados en Nueva York, al acabar la película algunos espectadores pidieron que los chulos fueran no sólo encerrados de por vida, sino agredidos físicamente. En Very Young Girls como, de forma más general, en el feminismo carcelario, la visión de la justicia social como justicia criminal y de los sistemas punitivos de control como los mejores elementos disuasorios para la mala conducta de los hombres, sirve como un punto crucial de conexión con políticos, evangélicos y otros que han abrazado la causa antitrata.

 

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