La despenalización de terceros.

Informe de NSWP

 

Cuando mi jefe es penalizado, no puedo llevar condones conmigo al trabajo”.

 

http://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/thirdparties3_0_0.pdf

 

El movimiento global por los derechos de las trabajadoras sexuales reclama la plena despenalización del trabajo sexual, incluída la despenalización de terceros. El movimiento por los derechos de las trabajadoras sexuales cree que la despenalización ayudará a las trabajadoras sexuales a organizarse para extirpar la explotación, la opresión y la violencia y para luchar contra condiciones de trabajo desleales o abusivas instituídas por los agentes estatales y no estatales. Etiquetar la despenalización como un intento de legalizar “proxenetas y propietarios de burdeles” no ayuda a las trabajadoras sexuales en la lucha por sus derechos y por la justicia.

NSWP usa el término “terceros” porque este término reconoce las muy diversas relaciones de trabajo con terceras partes que tienen las trabajadoras sexuales. Por el contrario, el término “proxeneta” es estigmatizante tanto por presentar un estereotipo racializado (y limitado en la medida en que sólo abarca una forma de relación de trabajo con terceros) como por posicionar a las trabajadoras sexuales como víctimas en vez de como trabajadoras.

En realidad, las trabajadoras sexuales tienen una amplia variedad de relaciones con terceros. Las trabajadoras sexuales pueden ser empleadas, empleadoras, o participar en una gama de otras relaciones de trabajo, por ejemplo, pagando a alguien para que les haga la publicidad. Aunque planteadas como destinadas a controlar las relaciones de trabajo de las trabajadoras sexuales, las leyes contra terceros pueden ser usadas también para controlar las relaciones personales de las trabajadoras sexuales.

En relación a esto, la postura fundamental de NSWP es: “oposición a todas las formas de penalización y a cualquier otra opresión legal del trabajo sexual (incluyendo a las trabajadoras sexuales, a los clientes, a las terceras partes[1], a las familias, a las parejas y a los amigos)”. Todas las organizaciones miembros de NSWP en todo el mundo han firmado esta postura fundamental.

Este texto proporcionará una visión general de cómo los marcos legales que penalizan a terceros dañan a las trabajadoras sexuales, centrándose en las siguientes áreas principales:

  • Cómo la penalización de los lugares de trabajo de las trabajadoras sexuales (y de los terceros que los dirigen) expone a las trabajadoras sexuales a un mayor riesgo de transmisión del VIH, en contravención de la recomendación 200 de la OIT. 
  • Cómo la penalización de los gerentes obliga a las trabajadoras sexuales a trabajar de forma más insegura, y cómo la despenalización de los gerentes ha permitido a las trabajadoras sexuales combatir las condiciones de trabajo abusivas y rehusar a los clientes que no quieren ver. 
  • Cómo las trabajadoras sexuales son perseguidas en aplicación de las leyes contra terceros, usando los condones como prueba, lo que supone un riesgo para su salud. 
  • Cómo las trabajadoras sexuales pueden ser a la vez trabajadoras sexuales y terceras partes, y así ser perseguidas en aplicación de las leyes contra terceros cuando el Estado quiere perseguir a las trabajadoras sexuales; por ejemplo, si dos trabajadoras sexuales están trabajando juntas por seguridad, cada una de ellas es un “tercero” para la otra. 
  • Que los hijos o parejas de las trabajadoras sexuales son perseguidas como terceros, en contravención del artículo octavo de la Convención de Derechos Humanos de la ONU, que garantiza el derecho a la privacidad y a la vida en familia. 
  • Cómo la policía usa las leyes contra terceros para acosar a las trabajadoras sexuales, persiguiendo a aquellos que caen bajo las leyes contra terceros, como por ejemplo los caseros, haciendo que las trabajadoras sexuales vivan en un estado de inseguridad en cuanto a la vivienda. 

Lugares de trabajo y VIH

La recomendación 200 de la OIT, que se aplica a las trabajadoras sexuales, señala “el importante papel que juega el lugar de trabajo en relación a la información y al acceso a la prevención, tratamiento, cuidados y apoyo en la respuesta nacional al VIH y al SIDA”. La OIT recalca que el papel del lugar de trabajo resulta más crucial cuando los trabajadores forman parte de grupos de riesgo (“especialmente en las ocupaciones que están más expuestas”), como ocurre con las trabajadoras sexuales.

La OIT afirma que “la prevención por todos los medios de la transmisión del VIH debería ser una prioridad fundamental; los trabajadores, sus familias y los que dependen de ellos deberían tener acceso  a la prevención, tratamiento, cuidados y apoyo en relación al VIH y al SIDA y beneficiarse de ellos, y el lugar de trabajo debería jugar un papel en la facilitación del acceso a estos servicios”,

Más aún, afirma, lo que tiene particular relevancia para las trabajadoras sexuales, que a los trabajadores se les debe dar “acceso a todos los métodos de prevención, incluidos, entre otros, la disponibilidad garantizada de los medios necesarios, en particular preservativos masculinos y femeninos y, si procede, información sobre su utilización correcta, y acceso a medidas de profilaxis posterior a la exposición”.

La recomendación 200, al reclamar que los trabajadores tengan el derecho al acceso a lugares de trabajo que proporcionen protección en el lugar de trabajo frente a la transmisión del VIH (así como apoyo y atención sanitaria relevante para los trabajadores que vivan con VIH),  y al reconocer que las trabajadoras sexuales están incluídas en la recomendación, hace resaltar que la comunidad internacional ha aceptado ya que a) las trabajadoras sexuales merecen protección en el lugar de trabajo frente al VIH y b) que la programación basada en derechos (en lugar de en penalización) es el modo de proporcionar esta protección en el lugar de trabajo.

La penalización de las terceras partes limita directamente el acceso de las trabajadoras sexuales a lugares de trabajo seguros. En Corea del Sur, donde los gerentes y los clientes están penalizados, las trabajadoras sexuales sufren los efectos de esta penalización. Los locales de trabajo sexual de interior tales como burdeles o salones de masaje se niegan a proporcionar condones, ya que éstos pueden ser usados por la policía como prueba de que se hace trabajo sexual, penalizando así al gerente. Por tanto, el deseo del gerente de no ser perseguido está en conflicto con su capacidad de proporcionar protecciones adecuadas en el lugar de trabajo y, como resultado, los investigadores estiman que hay un gran incremente en las enfermedades de transmisión sexual —incluído el VIH— desde la implementación de la ley.

En los EE.UU., el uso por las fuerzas de policía de los condones como prueba ha sido defendido por algunos activistas sobre la base de que ello proporciona una útil herramienta con la que combatir a los “proxenetas”. Obviamente, esta política tiene serias implicaciones para la capacidad de todas las trabajadoras sexuales radicadas en los EE.UU. de protegerse a sí mismas mientras trabajan; ello demuestra también la confusión existente entre las categorías “tercera parte” y “trabajadora sexual”, confusión que es utilizada para penalizar a las trabajadoras sexuales incluso en contextos en los que, al contrario que en los EE.UU., las trabajadoras sexuales no están directamente penalizadas. En otras palabras, los estados o los agentes estatales que quieren perseguir a las trabajadoras sexuales en contextos en los que las mismas trabajadoras sexuales no están directamente penalizadas, no tendrán más que decir que la trabajadora sexual es una tercera parte, y usar las pruebas de su trabajo sexual (tales como los condones) para respaldar su afirmación.

En Suecia, incluso los proyectos de reducción de daños que distribuyen condones a las trabajadoras sexuales y los clientes “podrían ser percibidos como promotores de la prostitución”, lo que los coloca en una zona gris legal como potenciales ‘terceras partes’[2]. Estos tres ejemplos, de Corea del Sur, Estados Unidos y Suecia, demuestran que en todo el mundo la penalización de terceros impide una respuesta efectiva frente al VIH, en directa contravención de la mejor práctica de salud pública, y de la recomendación 200 de la OIT. Las leyes que criminalizan a las terceras partes ponen en riesgo la salud de las trabajadoras sexuales.

La penalizazión de los gerentes fuerza a las trabajadoras sexuales a trabajar de forma más insegura. 

Muchas trabajadoras sexules —tanto de interior como de calle— prefieren trabajar para alguien. En la India, los terceros son hombres o mujeres que encuentran clientes en la calle y los conducen hasta una trabajadora sexual de interior, a cambio de un porcentaje de los honorarios de la trabajadora. La penalización de esta figura significa que algunas trabajadoras sexuales se ven forzadas a encontrar clientes en la calle por sí mismas, cuando sería más seguro permanecer en el interior. Forzar a las trabajadoras sexuales a trabajar fuera porque la relación que las permite trabajar dentro está penalizada, expone a las trabajadoras al acoso y la violencia debidas al estigma llevada a cabo por parte de algunos individuos. Los gerentes son también cruciales para la seguridad de las trabajadoras sexuales en todos los sectores: el colectivo de trabajadoras sexuales indias VAMP señala: “los propietarios de burdeles juegan un papel clave en la protección de las trabajadoras sexuales frente a la violencia y la coacción”. Penalizar estas relaciones de trabajo reduce la seguridad de las trabajadoras sexuales.

En Nueva Zelanda, donde el trabajo sexual está despenalizado, un estudio destinado a examinar los efectos de la ley encontró pruebas sugerentes de que las trabajadoras sexuales estaban más empoderadas en sus relaciones con los gerentes[3]. Las trabajadoras sexuales indicaron que les era más fácil rechazar a clientes que no querían ver, y se sentían apoyadas en eso por sus gerentes. Más aún, en un marco de despenalización, las leyes laborales se aplican al trabajo sexual, dando a las trabajadoras sexuales derechos laborales y recursos para enfrentarse a los gerentes; derechos y recursos que las trabajadoras sexuales no tienen en un contexto en el que los gerentes son penalizados por la única razón de serlo. Como tal, la despenalización de los gerentes permite a las trabajadoras sexuales trabajar con seguridad en el sector de su elección, y hacer frente a condiciones laborales abusivas o injustas.

Las trabajadoras sexuales son perseguidas bajo las leyes contra terceros 

Las poblaciones de trabajadoras sexuales alrededor del mundo a menudo se solapan en gran medida con otras poblaciones penalizadas o estigmatizadas: por ejemplo, personas LBGTQ,  personas que usan drogas, o migrantes. Como tales, las leyes que son usadas para perseguir a las trabajadoras sexuales no son necesariamente leyes redactadas específicamente para las trabajadoras sexuales. Por ejemplo, las leyes contra la homosexualidad masculina se usan frecuentemente para acosar y penalizar más a trabajadorxs sexuales tanto hombres como (erróneamente) transexuales.

Las leyes contra terceros son por definición leyes que no penalizan directamente a las trabajadoras sexuales; sin embargo, en la práctica estas leyes tanto penalizan directamente a las trabajadoras sexuales como, al contribuir al contexto penalizado en el que las trabajadoras sexuales se ven forzadas a trabajar, aumentan la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales al VIH (como se ha expuesto arriba), a la explotación, al estigma y a la violencia (incluída la violencia de la policía). El tema de la violencia es particularmente relevante en relación a las leyes contra terceros, ya que cualquier trabajadora sexual que desee trabajar con otra persona, por ejemplo por seguridad, estará entrando en una relación de tercera parte.

Como se ha expuesto arriba respecto al tema de los condones como prueba, allí donde los terceros son penalizados y la policía desea perseguir a las trabajadoras sexuales, se difumina la diferencia entre la definición de ‘trabajadora sexual’ y la de ‘tercera parte’. Algunos activistas anti-trabajo sexual han argumentado a favor de seguir usando los condones como prueba, sobre la base de que ello hace más fácil atrapar a los “proxenetas”. Estas campañas anti-trabajo sexual están fusionando deliberadamente a las trabajadoras sexuales con las terceras partes (y apoyando una táctica policial que pone en peligro la salud de las trabajadoras sexuales). Las trabajadoras sexuales y los terceros son tratados como si fueran lo mismo por aquellos que aplican la ley, lo que significa que las trabajadoras sexuales son penalizadas de hecho y sus derechos humanos violados.

Las trabajadoras sexuales pueden ser también terceras partes, y perseguidas bajo las leyes contra las terceras partes, en particular cuando toman medidas para garantizar su seguridad en el trabajo. 

Cualquier trabajadora sexual que trabaje con una amiga, incluso aunque no haya intercambio de dinero entre ellas, se convierte en una ‘tercera parte’. En el Reino Unido, donde el intercambio de sexo o servicios sexuales por dinero no está penalizado en sí mismo, pero sí las terceras partes, las trabajadoras sexuales son perseguidas usando las leyes contra las terceras partes cuando trabajan juntas por seguridad.

Esta persecución es a menudo llevada más allá de lo que puede ser considerado razonable, demostrando hasta qué punto el Estado desea usar las leyes contra terceros para acosar a las personas que sabe que son trabajadoras sexuales. En 2009, el servicio de procesamiento de la corona del Reino Unido realizó el procesamiento de una trabajadora sexual bajo las leyes contra los propietarios de burdeles, a pesar del hecho de que había estado trabajando con otra mujer por seguridad tras sufrir violencia en el pasado, y a pesar del hecho de que padecía cáncer. Al estar luchando contra una enfermedad potencialmente fatal y ser procesada por un delito no violento, el que no se interrumpiera el procesamiento fue una violación de las propias directrices del CPS relativas a los contextos razonables en los que llevar a cabo causas penales. Las trabajadoras sexuales son, pues, directamente penalizadas  bajo las leyes contra terceros, en la medida en que agentes estatales que deseen acosar legalmente a las trabajadoras sexuales las procesarán bajo las leyes contra terceros.

Los miembros de las familias de las trabajadoras sexuales son acosados bajo las leyes contra terceros. 

En la India, la Ley de Prevención de Trata Inmoral penaliza a los hijos adultos de las trabajadoras sexuales (como “proxenetas”) si siguien viviendo con sus madres, o si aceptan ayuda financiera de estas, por ejemplo, para pagarles los estudios. El artículo octavo de la declaración de los derechos humanos de las Naciones Unidas garantiza el derecho a la vida privada y familiar, pero en todas partes en las que hay leyes contra terceros, el derecho de las trabajadoras sexuales a la vida privada y familiar es violado en la medida en que parejas e hijos adultos son penalizados por vivir con las trabajadoras sexuales o compartir sus ingresos.

Las leyes contra terceros pueden ser usadas por la policía para impedir el acceso de las trabajadoras sexuales a servicios como la vivienda. 

En Noruega, la ‘Operación Sin Techo’ permitió a la policía acosar a las trabajadoras sexuales —mediante la inseguridad de vivienda implícita en el nombre de la operación— mediante las leyes contra terceros. Bajo las leyes por las que un casero puede ser procesado por vivir de las ganancias de una trabajadora sexual, la policía llamó a los caseros de aquellas que sospechaba que eran trabajadoras sexuales, y les advirtió que o echaban de inmediato a la inquilina o ellos mismos serían procesados. Las trabajadoras sexuales fueron echadas a la calle, en un claro caso de cómo las leyes contra terceros pueden a) facilitar la represión policial de las trabajadoras sexuales, incluso en marcos legales en los que las trabajadoras sexuales mismas no están penalizadas aparentemente, y b) violar los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, con consecuencias particularmente negativas sobre la capacidad de las trabajadoras sexuales de proteger su salud (el desahucio repentino de una trabajadora sexual reducirá su poder negociador en el trabajo, con un efecto directo en su capacidad de exigir sexo con protección). Más aún, este acoso es extrajudicial en la medida en que los caseros solo necesitan la amenaza de un procesamiento para que echen a sus inquilinas, y la policía solo necesita sospechar  que una persona es trabajadora sexual para hacer la amenaza.

Así que los derechos de las trabajadoras sexuales son violados cuando las leyes contra terceros penalizan aspectos del trabajo sexual, ya que esas leyes serán invariablemente usadas contra los miembros de la familia y los asociados de las trabajadoras sexuales, así como penalizarán directamente a las trabajadoras sexuales cuando los agentes del Estado que deseen acosar legalmente a una población estigmatizada usen las leyes contra terceros contra las trabajadoras sexuales, ya procesándolas como si fueran terceras partes (como en el ejemplo del Reino Unido) o amenazando con las leyes contra terceros a cualquiera que se asocie con trabajadoras sexuales, a fin de aumentar la marginación social de las trabajdoras sexuales  (por ejemplo, aumentando la inseguridad de vivienda, como en el ejemplo noruego).


[1] El término ‘terceras partes’ incluye gerentes, propietarios de burdel, recepcionistas, empleadas de hogar, conductores, caseros, hoteles que alquilan habitaciones a trabajadoras sexuales y cualquier otra persona que sea vista como facilitadora del trabajo sexual

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2 pensamientos en “La despenalización de terceros.

  1. Perseguirnos y acosarnos es una barbarie modelo inquisición porque la mayoría de las putas lo somos por vocación o conveniencia por nuestra voluntad.
    Lo que hace falta es que legalizen y regulen la profesión y nos consideren como trabajadoras.

  2. Aplicar las leyes de penalización del trabajo sexual a toda costa aunque sea necesario violar otras leyes contra las mismas trabajadoras o familiares, esto ya se está convirtiendo en una casería de brujas

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