NSWP responde a la propuesta de Amnistía Internacional sobre el trabajo sexual

 

logo

 

NSWP ha respondido al anteproyecto de política hacia el trabajo sexual de Amnistía Internacional (AI). AI está llevando a cabo una consulta global entre sus miembros en referencia al trabajo sexual. El anteproyecto propone la despenalización del trabajo sexual consensuado entre adultos.

Si los miembros de AI votan a favor de adoptar esta política, Amnistía Internacional se unirá a la creciente lista de organizaciones internacionales que la apoyan y que piden la despenalización del trabajo sexual. La Comisión Global sobre VIH y Legislación, ONUSIDA, OMS, la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW) y el Observatorio de Derechos Humanos han reclamado o defienden todos ellos la despenalización del trabajo sexual. Las recomendaciones a favor de la despenalización del trabajo sexual se basan en una robusta base de evidencias que muestra que la política basada en los derechos es clave para asegurar el respeto a los derechos humanos de las trabajadoras sexuales.

http://www.nswp.org/news-story/nswp-responds-amnestys-draft-policy-sex-work

http://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/AI_%20IS_NSWP_Global_Policy_Consultation_Response.pdf

 

Estimado Salil                                                          25 de marzo de 2014

A la Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual (NSWP) le gustaría aprovechar esta oportunidad de contribuir a la discusión acerca de la propuesta de política hacia el trabajo sexual de Amnistía Internacional. Los miembros de NSWP comprenden más de 180 organizaciones de trabajadoras sexuales en más de 60 países de todo el mundo, incluyendo redes locales, regionales y nacionales. Nuestras redes regionales en el Sur Global y el Norte Global representan respectivamente un número importante de trabajadoras sexuales que hacen campaña de forma activa por la plena despenalización del trabajo sexual.

El año pasado, NSWP publicó la “Declaración de Consenso Global sobre Trabajo Sexual, Derechos Humanos y Legislación” en nombre de los miembros de NSWP y de las trabajadoras sexuales a las que representan. La declaración de consenso esboza ocho derechos que están establecidos en varios tratados internacionales de derechos humanos, así como en constituciones nacionales. NSWP y otros grupos de justicia social argumentan que los estados son responsables de proteger proactivamente los derechos fundamentales y adoptar medidas que ayuden a proteger, respetar y hacer cumplir estos derechos para todos.

Derechos fundamentales de las trabajadoras sexuales:

1. Derecho a asociarse y organizarse

2. Derecho a ser protegidas por la ley

3. Derecho a verse libres de violencia

4. Derecho a no ser discriminadas

5. Derecho a la privacidad y a verse libres de interferencias arbitrarias

6. Derecho a la salud

7. Derecho a viajar y a emigrar

8. Derecho a trabajar y a elegir empleo libremente

NSWP apoya ampliamente la propuesta de política hacia el trabajo sexual de Amnistía Internacional; sin embargo, nos gustaría llamar la atención del Secretariado Internacional sobre algunos puntos fundamentales. Estos puntos resaltan algunas lagunas en la propuesta y abordan la ambigua noción de ‘despenalización parcial’ que, aunque no se hace referencia explícita a ella en el sumario de la propuesta, es presentada como una opción política en el ‘Formulario de respuesta a la consulta’ de Amnistía Internacional del Reino Unido. De tal forma que creemos que Amnistía Internacional del Reino Unido tiene la obligación y la responsabilidad de presentar a sus miembros una revisión equilibrada de la evidencia que sustente todas y cada una de las opciones que son sometidas a consideración.

Los siguientes puntos serían, en nuestra opinión, la cristalización de algunos de los razonamientos hechos en la propuesta de política:

• La consideración de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales en los marcos legales que penalizan cualquier aspecto del trabajo sexual de adultos, incluyendo a terceras partes

• El aumento del estigma y la discriminación experimentados por las trabajadoras sexuales en entornos en los que la compra de sexo ha sido penalizada (el así llamado ‘modelo nórdico’)

Con relación a la consideración de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, a NSWP le gustaría llamar la atención de Amnistía Internacional sobre el reciente Informe Mundial 2014 del Observatorio de Derechos Humanos1. El informe es una revisión anual de las prácticas de derechos humanos en todo el mundo. Resume los temas clave de derechos humanos en más de 90 países y territorios de todo el mundo, recogiendo hechos ocurridos hasta noviembre de 2013. El informe pone de manifiesto violaciones de derechos humanos perpetradas contra trabajadoras sexuales en Camboya, China, Vietnam, Grecia, Líbano y los Estados Unidos. Los abusos de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales incluyen detención arbitraria (Camboya), redadas punitivas, pruebas forzadas de VIH, violaciones de la intimidad, maltratos por profesionales sanitarios (China), rehabilitación forzada de trabajadoras sexuales (Vietnam), detención y prueba forzada de VIH de supuestas trabajadoras sexuales (Grecia), sometimiento de trabajadoras sexuales (junto a usuarios de drogas y personas LGBT) bajo custodia por las fuerzas de seguridad a malos tratos y tortura (Líbano), y uso de condones como prueba de trabajo sexual (Estados Unidos). El informe reclama la despenalización del trabajo sexual entre adultos en reconocimiento del hecho de que allí donde el trabajo sexual es penalizado (incluyendo la penalización de los clientes), dicha penalización permite que ocurran abusos y violaciones de los derechos humanos a causa del estigma y la discriminación, que hacen que las trabajadoras sexuales sean consideradas ciudadanas de segunda clase que no merecen ni siquiera los derechos humanos básicos.

Uno de los valores centrales de NSWP que busca abordar el daño que las trabajadoras sexuales sufren en entornos en los que cualquier aspecto del trabajo sexual es penalizado es: oposición a todas las formas de penalización y otras formas de opresión legal del trabajo sexual (incluyendo a trabajadoras sexuales, clientes, terceras partes, familias, parejas y amigos). El término ‘terceras partes’ incluye gerentes, propietarios de burdeles, recepcionistas, camareras, conductores, arrendadores, hoteles que alquilan habitaciones a trabajadoras sexuales y cualquier otra persona que se considere que está facilitando el trabajo sexual.

El debate en torno a las terceras partes ha sido caracterizado por una deliberada falta de matización (y, ciertamente, de claridad) por aquellos que buscan penalizar el trabajo sexual. NSWP puso de manifiesto en una reciente nota 2 que el debate en torno a la penalización de terceras partes se ha centrado en palabras como “proxeneta”, que NSWP no usa por varias razones. Sobre todo, porque el término evoca un estereotipo claramente racializado. Los grupos de presión del Norte Global buscan acallar las voces de las trabajadoras sexuales, sobre todo en el Sur Global, con campañas extremadamente emotivas y ofensivas diseñadas para silenciar a las trabajadoras sexuales. Este silenciamiento se hizo evidente cuando los activistas contra el trabajo sexual crearon el hashtag de twitter #questionsforamnesty, con la intención de debilitar a Amnistía Internacional y a la reclamación de respeto de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales. La penalización de las terceras partes afecta a las trabajadoras sexuales de muchas maneras:

• La penalización de los lugares de trabajo de las trabajadoras sexuales (y de las terceras partes que los dirigen) expone a las trabajadoras sexuales a mayor riesgo de transmisión del VIH, en contravención de la Recomendación 200 de la OIT;

• La penalización de los gerentes fuerza a las trabajadoras sexuales a trabajar con menor seguridad;

• Las trabajadoras sexuales son procesadas en aplicación de leyes contra terceros, utilizando los condones como prueba, lo que pone en riesgo la salud de las trabajadoras sexuales.

• Las trabajadoras sexuales pueden ser a la vez trabajadoras sexuales y terceras partes, y ser así procesadas en aplicación de leyes contra terceros cuando el estado busca perseguir a las trabajadoras sexuales: por ejemplo, si dos trabajadoras sexuales están trabajando juntas por seguridad, se convierte cada una de ellas en ‘tercera parte’ de la otra;

• Los hijos o parejas de las trabajadoras sexuales son procesados como terceras partes, en contravención del artículo octavo de la Convención de derechos humanos de la ONU, que garantiza el derecho a la privacidad y a la vida en familia;

• Los agentes de la ley usan las leyes contra las terceras partes para acosar a las trabajadoras sexuales, persiguiendo a aquellos a los que se aplican las leyes contra terceros —tales como arrendadores— y haciendo así que las trabajadoras sexuales vivan en un estado de inseguridad de alojamiento.

Para reiterar las recomendaciones de las principales agencias internacionales: “Las leyes que directa o indirectamente criminalizan o penalizan a las trabajadoras sexuales, a sus clientes o a las terceras partes, […] pueden debilitar la efectividad de los programas de salud sexual y de lucha contra el VIH, y limitar la capacidad de las trabajadoras sexuales y de sus clientes de buscar estos programas y beneficiarse de ellos”.3

Los ejemplos de abusos de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y la explicación de las formas en que la penalización de terceros afecta a las trabajadoras sexuales sirven para ilustrar cuán precarios son los derechos humanos de éstas. Es la firme creencia de NSWP que la total despenalización del trabajo sexual es la mejor manera posible de proteger y promover los derechos humanos de las trabajadoras sexuales.

Nos gustaría llamar la atención del Secretariado Internacional sobre las consecuencias del así llamado ‘modelo sueco’, tal y como son relatadas por las propias trabajadoras sexuales y por los informes de varias autoridades oficiales. En Suecia, los investigadores del trabajo sexual informan rutinariamente de los altos niveles de estigma que deben afrontar las trabajadoras sexuales. El gobierno sueco proclamó los altos niveles de estigma de aquellas implicadas en el trabajo sexual como un ‘resultado positivo’. El Defensor de la Igualdad sueco escribió, en un informe publicado en octubre de 2010 que encontraban esto “digno de mención”. Los niveles aumentados de estigma tienen serias implicaciones para las trabajadoras sexuales, que a menudo se sienten desalentadas a la hora de buscar ayuda de la policía  y asistencia de los servicios sociales y sanitarios.5

El ‘modelo nórdico’ asegura que los niveles de trabajo sexual desminuirán en la medida en la que la penalización de los clientes llevará a una menor ‘demanda de servicios sexuales’. Investigación independiente realizada sobre estas leyes ha mostrado que no son efectivas para reducir el número de mujeres implicadas en trabajo sexual. En cambio, “las trabajadoras se han limitado a cambiarse a pisos, a internet y a países vecinos”.6

Además de estos hallazgos, un reciente informe de la policía sueca sobre trata de seres humanos reveló que, por ejemplo, el número de salones de masaje Thai (que son conocidas tapaderas de negocios de trabajo sexual) ha aumentado. El número de trabajadoras sexuales de Lituania y Rumania (entre trabajadoras sexuales de otros países) que habían o bien emigrado por su propia voluntad o bien sido introducidas en Suecia por trata o tráfico había aumentado también en los años 2010 y 2011.7 

La penalización de la compra de servicios sexuales tiene implicaciones negativas para la seguridad de las trabajadoras sexuales. Por ejemplo, en un entorno despenalizado, los clientes de las trabajadoras sexuales no tienen motivo para ocultar información (tal como números de teléfono, nombres completos o direcciones) a las trabajadoras sexuales con las que se reúnen. En el contexto de penalización del ‘comprador de sexo’, es más probable que los clientes oculten la información que las trabajadoras sexuales necesitan para su seguridad a fin de impedir que la policía use tal información. En Suecia, el Consejo Nacional de Policía ha encontrado que la ley que penaliza a los clientes es un obstáculo para procesar a aquellos que explotan el trabajo sexual de otros. Antes se podía confiar en los compradores de sexo como testigos, pero este no es ya el caso en la medida en que ahora ellos mismos son culpables de cometer un delito. Por otra parte, las trabajadoras sexuales están ahora atrapadas en una posición ambigua con respecto a la ley. Vender sexo no es un delito, pero ya que comprar servicios sexuales sí lo es, la trabajadora sexual puede ser presentada como testigo durante el proceso judicial. No tiene, por tanto, ni los derechos del acusado ni los derechos de la víctima. El informe del Consejo de Policía discute también el hecho de que las trabajadoras sexuales son ahora sometidas rutinariamente a registros e interrogatorios invasivos, de forma que las pruebas contra los clientes puedan ser obtenidas in fraganti”.8

En conclusión, nos gustaría reiterar algunas de las principales razones 9 por las que el movimiento por los derechos de las trabajadoras sexuales hace campaña por la total despenalización del trabajo sexual.

La despenalización del trabajo sexual:

Promueve condiciones de trabajo seguras – Las trabajadoras sexuales pueden trabajar juntas por seguridad, comunicarse abiertamente con los clientes o gerentes sin temer constantemente el acoso de la policía o algo peor. En Nueva Zelanda, la despenalización del trabajo sexual durante la última década ha ayudado a promover los derechos humanos y laborales de las trabajadoras sexuales. El Tribunal de Revisión de Derechos Humanos de Nueva Zelanda dictó una resolución histórica 10

en enero de 2014 sobre la violación de los derechos humanos de una mujer en un burdel de Wellington en la que estaba empleada. La mujer presentó una querella contra el gerente y el propietario del burdel después de que el gerente la acosara sexualmente y la intimidara. La querella fue admitida y a la mujer se la reconocieron daños sustanciales.

Aumenta el acceso a los servicios de salud y reduce el riesgo de las trabajadoras sexuales frente al VIH y las ETS – Las trabajadoras sexuales se ven frecuentemente expuestas al VIH y a las ETS y tienen muchas probabilidades de infectarse. Las trabajadoras sexuales a menudo no están en condiciones de controlar estos factores de riesgo a causa del entorno legal, político y social en el que trabajan. 11 Por ejemplo, en muchos territorios la policía usa la presencia de condones como prueba de actividad sexual; por ejemplo, para probar que alguien es ‘propietario de burdel’. Si los condones son usados como prueba para llevar a cabo procesamientos por cualquier cargo relacionado con el trabajo sexual, se desincentiva fuertemente tener suministro disponible de los mismos y se penaliza de hecho su posesión, lo que afecta a la capacidad de las trabajadoras sexuales de protegerse a sí mismas. Esto va contra las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que llama a los países a ‘estimular la creación de “lugares de trabajo seguros” y la disponibilidad de preservativos en todos los locales de trabajo sexual’ y a ‘terminar con la práctica de los agentes de la ley de usar los condones como prueba de trabajo sexual’..12

Aumenta el acceso de las trabajadoras sexuales a la justicia– La despenalización aparta las principales barreras que obstaculizan la denuncia por parte de las trabajadoras sexuales de violaciones y otros crímenes de los que son víctimas, en la medida en que como trabajadoras sexuales en entornos criminalizados a menudo temen ser detenidas o castigadas de otros modos (por ejemplo, perdiendo la custodia de sus hijos). Hará también más difícil que la violencia contra las trabajadoras sexuales sea cometida con impunidad.

Reduce el abuso y la violencia de la policía–Los policías son frecuentemente los perpetradores de abusos contra las trabajadoras sexuales. En los lugares donde el trabajo sexual está penalizado,  la policía ejerce poder sobre las trabajadoras sexuales en forma de amenazas de detención y humillación pública. En Sudáfrica y Uganda, por ejemplo,  la policía a menudo hace desfilar en público a las sospechosas de ser trabajadoras sexuales, obligándolas a llevar condones hinchados alrededor del cuello.13

Ayuda a combatir la explotación y la coacción cuando tienen lugar– La Nota Orientativa de ONUSIDA sobre VIH y Trabajo Sexual declaraba que “las mismas trabajadoras sexuales son a menudo las que están en mejor situación para saber quién está siendo víctima de trata en sexo comercial y por quién, y están particularmente motivadas para trabajar por acabar con tales prácticas odiosas”.14

La penalización del trabajo sexual puede impedir los esfuerzos contra la trata que llevan a cabo las organizaciones de trabajadoras sexuales y hacer más fácil la errónea categorización de las trabajadoras sexuales como personas víctimas de trata. Muchas medidas antitrata son usadas deliberadamente para desbaratar negocios legítimos de trabajo sexual y con regularidad usan descaradamente una retórica antiinmigratoria. Las iniciativas antitrata deben estar probadamente fundadas en los principios de los derechos humanos y no deben afectar negativamente a los derechos de las trabajadoras sexuales.

 

Le saluda atentamente,

Ruth Morgan Thomas

Coordinadora Global

 

 

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s