Declaración de la SWOU acerca de la pobreza, el trabajo sexual y el ‘modelo sueco’: “la pobreza es deshumanizadora, degradante y coercitiva”.

27/11/2014
http://www.sexworkeropenuniversity.com/blog/swou-statement-on-poverty-sex-work-and-the-swedish-model-poverty-is-objectifying-demeaning-and-coercive1

Ha habido recientemente una ofensiva a favor de  penalizar a los clientes de las trabajadoras sexuales. A menudo, los que están a favor de esta ley citan la pobreza como una forma de coerción que empuja a la gente a vender sexo, eliminando su capacidad de decidir. Esto, arguyen, significa que el consentimiento de las trabajadoras sexuales no es un consentimiento libre, y por tanto se debería penalizar a los clientes.

Como trabajadoras sexuales, sabemos de primera mano que la pobreza es un factor de primer orden a la hora de explicar por qué hay gente que vende sexo. Sin embargo, no podemos entender por qué la penalización de la fuente de ingresos de las personas que venden sexo se presenta como una “solución” a la coerción económica de la pobreza. Si los que hacen campaña por la penalización están preocupados porque la pobreza impide a la gente tomar decisiones libres, sugerimos que una solución real sería combatir la pobreza, no penalizar lo que a menudo es la última opción que tienen las personas para sobrevivir a la pobreza.

En consecuencia, hacemos un llamamiento a favor de:

  •  Veinticuatro horas gratuitas de guardería para todos. Muchas mujeres que venden sexo lo hacen para mantener a sus hijos, a menudo porque son madres solteras. La flexibilidad del trabajo sexual se ajusta a las responsabilidades del cuidado de los niños. Si los progenitores solteros —que son casi siempre mujeres, o personas consideradas como mujeres— pudieran disfrutar de veinticuatro horas gratuitas de guardería, dispondrían de una nueva flexibilidad para dedicarse a otro trabajo distinto del trabajo sexual. Esto ayudaría a las personas que quieren hacer la transición de vender sexo a dedicarse a otro tipo de trabajo .
  • Trabajo legal para los inmigrantes. En la actualidad, los refugiados y los inmigrantes que están a la espera de una respuesta a su petición de permanecer en el Reino Unido no tienen permiso legal para trabajar. Esto significa que cuando trabajan son muy vulnerables a la explotación, como la que supone que los empleadores no paguen el salario mínimo. Los inmigrantes que están esperando respuesta a su solicitud de permanencia reciben solo el 70% de la retribución semanal que reciben los demandantes de empleo, una cifra que les pone explícitamente por debajo del umbral de la pobreza. El gobierno del Reino Unido obliga a estas personas a vivir en la pobreza, lo que significa que las mujeres y LBGTQ inmigrantes están tomando una decisión comprensible si venden sexo. Si se permitiera a los inmigrantes trabajar legalmente —y por tanto se les ofreciera protecciones básicas, como el salario mínimo— el aumento de opciones significaría que habría menos inmigrantes que se sentirían forzados por la pobreza a vender sexo.
  • Poner fin a la brecha salarial de género en el trabajo a tiempo parcial. El 74% de los que trabajan a tiempo parcial son mujeres, y las mujeres de color y las mujeres inmigrantes (con papeles y sin ellos) tienen más probabilidades de formar parte de esta fuerza de trabajo. Las mujeres que trabajan a tiempo parcial tienen una retribución por hora un 34% menor que la de sus compañeros masculinos que trabajan a jornada completa, y estas cifras son peores para las mujeres de color, que sufren una doble discriminación. Las mujeres y las personas de color, y especialmente las mujeres de color, necesitan igual salario por igual trabajo, y la disparidad es más acusada en el trabajo a tiempo parcial. Conseguir este objetivo significaría que las mujeres que desean dejar de vender sexo podrían cambiar a otro trabajo flexible o a tiempo parcial sin sufrir una enorme e ilegal diferencia salarial, y la pobreza que ella acarrea.
  • Vivienda garantizada para todos. Muchas mujeres y personas LGBTQ, incluyendo los jóvenes, que son personas “sin techo” o sufren de precariedad habitacional, venden o comercian con sexo. Nos solidarizamos con las madres Focus E15 : ¡alojamiento social, no limpieza social! Todo el mundo debería tener acceso a una vivienda segura y asequible en consideración a la importancia de sus lazos comunitarios. Si, como sociedad, tomamos como una prioridad terminar con la falta de vivienda mediante la provisión de los recursos adecuados y el apoyo centrado en la persona (en lugar de enfoques punitivos y de una mayor criminalización de los “sin techo”), aumentaríamos las opciones de las personas “sin techo” y que en este momento venden o comercian con sexo para sobrevivir.
  • Una renta básica universal. Nuestra sociedad debería acordar un estándar de vida básico por debajo del cual no debería caer nadie. Este debería incluir la posibilidad de permitirse una vivienda, comida para uno mismo y para su familia, ropa y suficiente energía para calentar la casa y cocinar. Nosotros añadiríamos acceso al transporte público, teléfono móvil y acceso a internet, así como acceso a servicios de ocio, tales como bibliotecas y piscinas. Una renta básica universal reconocería que absolutamente todos deberían poder vivir con dignidad, independientemente de que tengan o no un empleo remunerado. Ello reconocería que una gran cantidad de trabajo fundamental —a menudo realizado por mujeres, tal como criar a los hijos, trabajo doméstico, y cuidado de los mayores— no es remunerado en la actualidad. Si toda persona en el Reino Unido tuviera derecho a una renta básica universal, nadie se vería empujado por la absoluta pobreza a vender sexo.

Si alguna de estas políticas —o todas ellas— se implementaran, habría menos personas que se verían forzadas por la pobreza a vender sexo. Al dar a las personas que venden o comercian con sexo opciones adicionales, estas políticas tratan a las trabajadoras sexuales de forma respetuosa, como personas que conocen mejor que nadie sus propias vidas. Esto es lo contrario del enfoque de penalizar a los clientes, que es una política punitiva, paternalista y simplista, que no proporciona nuevas opciones, y que intenta arrastrar a las personas fuera del trabajo sexual con la amenaza de una pobreza renovada (¿qué otra cosa significa penalizar nuestra fuente de ingresos?) y un empeoramiento de las condiciones de trabajo.

El repetido argumento de que “no es la pobreza la que crea la prostitución, sino la demanda de los hombres” sitúa el problema no en la pobreza, sino en el hecho de que algunas personas responden a la pobreza vendiendo sexo. Cuando estos argumentos son dirigidos a favor de las leyes de “poner fin a la demanda”, identifican la “prostitución” como el problema que debe ser abordado, dejando al margen la pobreza. En tanto que una persona no venda sexo, su pobreza es aceptable para estos activistas. Pues bien, nosotras, como trabajadoras sexuales, tenemos una objeción moral que hacer a la pobreza. La pobreza es deshumanizadora, degradante y coercitiva. Una sociedad que acepta la pobreza o considera que la pobreza es inevitable no respeta a las mujeres. La pobreza es una forma de violencia, una violencia que afecta de forma desproporcionada a los marginados. La pobreza no puede ser considerada un lugar seguro.

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