La nueva guerra de EE.UU.

 

Al tiempo que la guerra contra las drogas pierde su lustre, los legisladores están intentando cometer los mismos errores con las trabajadoras sexuales.

 

Por ELIZABETH NOLAN BROWN

1 de junio de 2015

 

http://www.politico.com/magazine/story/2015/06/justice-for-victims-of-sex-trafficking-war-on-crime-118512_full.html#.VXm3S1Ko36j

 

Nadie está a favor de la esclavitud sexual. Y el pensamiento de la esclavitud sexual de un niño revuelve el estómago. El viernes pasado, el Presidente Obama encaró ostensiblemente este problema mediante la firma de la “Ley de Justicia para las víctimas de trata” (JVTA), un paquete masivo de subvenciones, aumentos de penas y otros puntos destinados a la lucha contra la trata de seres humanos en Estados Unidos y en el extranjero. Con todo lo bien intencionada que pueda ser esta legislación, la “Guerra contra la trata sexual” que está librando el gobierno federal fracasará, como ya ha fracasado la “Guerra contra las drogas”.

 
Con un apoyo bipartidista casi unánime en el Congreso y fans que van desde los cristianos evangélicos hasta los defensores del derecho al aborto (Planned Parenthood), es fácil ver que la JTVA es un raro caso de “todos ganan” en Washington. Pero exactamente igual que dar a las policías locales y a los fiscales un mandato urgente de luchar contra las drogas llevó principalmente a la persecución de usuarios de drogas y camellos de bajo nivel en lugar de a la de los traficantes de droga a gran escala, la lucha contra la trata sexual —mayor aportación de fondos federales, dependencia de detenciones y condenas— instaura incentivos perversos para tratar la prostitución de todos los días como si fuera trata sexual.

 
En todo el país, estamos viendo en la actualidad que lo que habría sido considerado lucha contra el “vicio” es reformulado como redadas contra la trata de seres humanos. Y ¿quién resulta atrapado en estas redadas? Trabajadoras sexuales adultas y libres; sus probables patrones; pequeños proxenetas. Por ejemplo, durante la “Operación a través del país” del año pasado, una iniciativa encabezada por el FBI “para recuperar víctimas de la trata sexual de niños”, los policías de Newark, N.J., no identificaron más que una víctima de trata sexual de catorce años, pero detuvieron a otras cuarenta y cinco personas por prostitución normal o proxenetismo. En Portland, se recuperó un menor, mientras que fueron detenidas veinte mujeres adultas con cargos de prostitución y tres adultos fueron detenidos por promover la prostitución.

 
Bajo la JVTA, cualquiera que solicite sexo pagado de un menor puede ser detenido con cargos federales de trata de seres humanos. Es difícil argumentar contra que cargue todo el peso de la ley sobre los violadores de niños. Pero vale la pena hacer notar que “el Gobierno no necesita probar que el acusado sabía que la persona no había cumplido los dieciocho años”, ni es necesario que se haya utilizado la fuerza. Tampoco es necesario que exista una víctima real: el mayor número de detenidos en muchas “redadas contra la trata sexual” son hombres que acuerdan pagar por sexo con una policía camuflada que hace de señuelo. Y la amplitud de estas nuevas leyes antitrata significa que van a ser usadas contra individuos alejados en varios grados de actos de prostitución infantil.

 
Consideremos, por ejemplo, el caso de Hortencia Medeles-Arguello, de 71 años de edad, que fue detenida recientemente con cargos federales de ser la “cabecilla” de un sindicato de trata sexual. El delito de Arguello es, al parecer, ser propietaria de un bar en el que permitía que se ejerciera la prostitución en el piso superior y no comprobar la edad de las mujeres implicadas, algunas de las cuales resultaron ser menores de edad. Los camareros y otros empleados fueron también acusados de ser parte de la “conspiración” de trata sexual.

 
La mayor parte de las faltas contra las que se dirige la JVTA, incluidas las de Medeles-Arguello, ya eran ilegales bajo las leyes locales contra la prostitución, el secuestro, la captación de clientes o el estupro. Pero bajo la nueva etiqueta de trata de seres humanos, incluso delitos relativamente menores relacionados con el trabajo sexual pueden adquirir el estatus de delitos graves y recibir un requerimiento de inscripción en el registro de agresores sexuales y una pena de prisión mínima obligatoria.

 
Las penas de prisión mínima obligatoria son sentencias estrictamente fijadas que no dejan espacio a la discrecionalidad de un juez. Fueron un añadido popular a la guerra contra las drogas en los ochentas y los noventas que se convirtieron en una característica regular de las leyes contra el terrorismo y el cibercrimen; en su momento culminante, cada estado tenía alguna forma de sentencia de prisión mínima obligatoria en sus leyes. En teoría, estos esquemas aportan rectitud a las sentencias, pero en la práctica han sido consideradas en gran medida un fracaso, llenando las prisiones con delincuentes no violentos, no logrando prevenir la comisión de más delitos y aumentando incluso la tasa de reincidencia entre los pequeños delincuentes. Desde el año 2000, veintinueve estados han revisado las penas de prisión mínima obligatoria, derogando algunas y añadiendo más respaldo judicial a otras. A nivel federal, leyes tales como la “Ley de sentencias más inteligentes”, que apoya Obama, busca hacer lo mismo.

 
“Las sentencias mínimas obligatorias han sido estudiadas extensamente y se ha encontrado que distorsionan los sistemas de sentencia racional, discriminan contra las minorías, dilapidan dinero y a menudo obligan a un juez a dictar sentencias que violan el sentido común”, dice el republicano Bobby Scott, copresidente de la Comisión sobre la Trata del Congreso y uno de los tres miembros de la Cámara de representantes que han votado contra la JVTA. La ley “contiene un nuevo mínimo obligatorio que algún día obligará a un juez a dictar una sentencia que viole el sentido común”, ha dicho en una declaración.

 
Scott está preocupado por “la posible amplia gama de acusados que podrían ser procesados” bajo esta provisión. Conocida como la Enmienda SAVE, prohibe no solo publicar un anuncio de escort para una menor o alguien forzado a hacerlo, sino también beneficiarse económicamente de cualquier forma de un anuncio, lo que significa que los sitios que alojan anuncios clasificados podrían ser procesados penalmente como tratantes sexuales. Y ¿cuál es la pena por esta tipo de trata? Una sentencia mínima obligatoria de 10 a 15 años de cárcel.

 

Aunque esto puede ser justificable en algunos casos, los que podrían ser procesados podrían incluir a “todos los empleados de la empresa anunciante, incluidos el recepcionista y el chico de los ordenadores”, dijo Scott. “El juez tendría la libertad de considerar todas las circunstancias y la culpabilidad de cada acusado en particular”.

 
El enfoque que la JVTA hace del tema de la trata de seres humanos es también importante en los diversos estados, cada uno de los cuales ha aprobado unas pocas (si no unas pocas docenas) de leyes antitrata en los últimos cinco años. En Georgia, la trata de seres humanos ahora implica una sentencia mínima obligatoria de 10 años, o 20 si la víctima es menor de dieciocho años. En Lousiana, la trata laboral implica una sentencia obligatoria mínima de cinco años y cualquier actividad relacionada con actividad sexual comercial que involucre a un menor (incluidos los anuncios) conlleva una sentencia mínima de 15 años. En Missouri, las sentencias mínimas por trata sexual o laboral de un adulto van de cinco años si ha habido “engaño o chantaje” a10 años si ha habido fuerza/coacción. En Montana, la trata sexual de cualquier menor de 18 años conlleva una sentencia obligatoria de 100 años de cárcel, revisable a los 25 años.

 
Julie Stewart, presidenta y fundadora de Familias contra los Mínimos Obligatorios, está también (no sorprendentemente) contra el elemento mínimo obligatorio de la ley federal antitrata. “No dudo de que la trata de seres humanos requiere nuestra atención”, dijo Stewart, “pero tampoco tengo duda de que expandir las sentencias mínimas obligatorias es la forma equivocada de hacerlo. Cada vez que los miembros del Congreso crean un nuevo mínimo obligatorio, terminan castigando desproporcionadamente a transgresores que nunca tuvieron intención de serlo”.

 
No son solo los mínimos obligatorios: otros elementos de las nuevas leyes antitrata podrían terminar perjudicando desproporcionadamente a los pobres y las minorías. Por ejemplo, varios estados (incluyendo Nueva York, más recientemente) han añadido penas agravadas si el delito de trata tiene lugar dentro de cierta distancia de una escuela o su campo de deportes. (Este era también un añadido popular a las sentencias por delitos de drogas hace algún tiempo). Tened en cuenta que es difícil estar en algún lugar que no esté cerca de una escuela en las zonas urbanas. Y considerad que tales leyes serán aplicadas casi enteramente a trabajadoras sexuales y chulos corrientes y no a los que operan trata de seres humanos a gran escala.

 
Las policías estatales y locales “no tienen suficiente poder para perseguir el crimen organizado dedicado a la prostitución”, dice Lenny Sharon, una abogada penalista de Maine. “Así que ¿a quién van a perseguir? Perseguirán a las chicas y chicos de la calle. Contra estos usarán esta ley, ya que es lo más fácil”.

 
Sharon, que ejerce desde los años 80, se opuso de viva voz a la ley de Maine de 2014 contra la trata sexual. “He vivido la guerra contra las drogas y la guerra contra el terror”, dice Sharon. “Lo que ocurre si ves que dedican dinero a un asunto por una razón u otra es que tienen que justificar el dinero, así que contratan a una fuerza de choque, contratan a más policías, aumentan las penas”.

 

El alegado aumento de la trata de seres humanos en el país alienta la sensación de que estas leyes son proporcionadas. Pero no existe una investigación creíble que demuestre que la trata de seres humanos haya estado creciendo en los EE.UU. Mientras que los agentes federales hablan de los cientos de miles de victimas de trata cada año en EE.UU., las fuerzas especiales antitrata federales solo confirmaron un poco más de 120 casos entre 2007 y mediados de 2008, incluyendo solo 14 víctimas menores de dieciocho años. La Oficina de Control del Gobierno ha denominado las estadísticas federales de trata “cuestionables” debido a “debilidades metodológicas, lagunas en los datos”, y el hecho de que “la estimación del gobierno de EE.UU. fue desarrollada por una sola persona que no documentó todo su trabajo”. Y el “Comprobador de datos” del Washington Post ha desmantelado recientemente varias estadísticas de trata dudosas pero citadas con frecuencia”.

 
Los estadounidenses han visto cómo unas pocas décadas de políticas de mano dura con el crimen nos han proporcionado más y más caras prisiones, policías locales militarizados, comunidades destrozadas y ningún aumento apreciable en la seguridad pública o en el freno del consumo de drogas. Y por vez primera, hay un impulso real para apartarnos de esto en términos de delitos de drogas, con la rápidamente creciente despenalización de la marihuana y reformas de las sentencias y las confiscaciones de bienes de los delincuentes de drogas. Incluso la vieja guardia del Congreso está empezando a “ablandarse”, como ha dicho Josh Withrow, encargado de asuntos legislativos en Freedomworks. Pero tanto la vieja como la nueva guardia se muestran reluctantes a aplicar esta sabiduría más allá de la guerra contra las drogas. En cualquier momento en que una nueva amenaza, real o imaginada, captura el estado de ánimo nacional —crack, ciberterrorismo, trata sexual— volvemos derechos a 1986, con cada estado y ciudad y senador listos para demostrar su preocupación impulsando penas aún más duras y parámetros aún más amplios para determinar a quién habría que penalizar.

 
Molly Gill, de Familias Contra los Mínimos Obligatorios, lo llama el “efecto crimen del día”: en cualquier momento en que haya un nuevo crimen del día, “habrá mínimos obligatorios pisándole los talones”, dice.
En una reciente mesa redonda en el Centro para el Progreso Americano, Christine Leonard, director ejecutivo de la nueva Coalición para la Seguridad Pública, sugirió que no es realista esperar que los políticos se aparten radicalmente de la política de mano dura con el crimen de la noche a la mañana. Aunque estamos en un “momento histórico”, la acción incrementada sigue siendo el camino real para conseguir la reforma de la justicia penal en 2015.

 
Pero mientras esto puede ser cierto en términos de introducir nuevas reformas o rechazar la vieja mala política, ello no debería apartar a los reformadores de la lucha contra las nuevas manifestaciones de esta mala política. Ignorarlas solo parece conducir a minar o lastrar el proyecto de reforma de la justicia a largo plazo. Como señaló el senador republicano Scott, “las sentencias mínimas obligatorias no entraron en el código penal todas a la vez, sino de una en una, cada una de ellas como parte de una ley buena por otra parte. Si esperamos librarnos de los mínimos obligatorios, primero tenemos que dejar de aprobar nuevas leyes como esta”.

 
Scott parece estar tristemente solo con esta opinión en Washington. Aunque tanto Barack Obama como el senador Rand Paul han sido grandes proponentes de la reforma de las leyes de sentencias —Paul ha llamado los mínimos federales “mano dura” y “no realistas”— ambos apoyaron las nuevas penas de la JVTA.

 
Elizabeth Nolan Brown es una editora de plantilla de Reason, donde escribe frecuentemente acerca de trabajo sexual, libertades civiles y justicia penal. La podéis encontrar en Twitter @enbrown.

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