Alemania proyecta una nueva ley de prostitución que perjudicaría a las trabajadoras sexuales

Publicado el 3 de diciembre de 2015

 
http://www.thelocal.de/20151203/changing-prostitution-law-would-only-harm-sex-workers

 

Las iniciativas a favor de reformar la controvertida ley de prostitución de Alemania están basadas en una mala información y no tienen en cuenta los intereses de las trabajadoras sexuales, argumenta la experta Sonja Dolinsek

 
La semana pasada, tras dos años de negociaciones, el Ministerio Federal Alemán para las familias, la tercera edad, las mujeres y la juventud hizo público su segundo borrador de una nueva ley de prostitución.

 
Desde las elecciones de 2013 ha estado sobre el tapete una reforma, al estar de acuerdo la coalición gobernante en que la prostitución debería ser reformada, en parte para proteger mejor a las víctimas de trata de personas.

 
Pero hasta ahora no ha habido consenso acerca de qué ha cambiado exactamente desde que la ley fue actualizada por última vez en 2002, y cómo responder a ese cambio.

 

¿Por qué debería ser cambiada la ley?

 
Los investigadores están de acuerdo en que la ley de 2002, generalmente descrita como de “legalización de la prostitución” y culpada de ser responsable de un aumento de la trata de personas, nunca ha sido plenamente aplicada.

 
Pero eso no ha impedido que políticos y medios hayan culpado del supuesto estado catastrófico de las trabajadoras sexuales en Alemania a esos tres artículos, usando la ley para marcarse unos puntos fáciles ante el público.

 
Pocos en Alemania o en el extranjero cuestionaron la idea de que la ley había conducido a una explosión de la trata de personas en Alemania y dejado a muchas trabajadoras sexuales “desprotegidas”.

 
La idea de que la trata había aumentado fue aireada incluso en la reciente campaña para impedir que Amnistía Internacional adoptase una posición en defensa de la despenalización del trabajo sexual.

 
Pero nadie se molestó en comprobar si era cierta la afirmación de que había aumentado la trata.

 
Si lo hubieran hecho, habrían encontrado que el trabajo sexual había sido legal desde mucho antes de 2002, y que la trata de personas ha estado en la actualidad descendiendo de forma constante según las estadísticas oficiales de la Oficina Criminal Federal (Bundeskriminalamt).

 
En la actualidad, cada año son reconocidas oficialmente como víctimas de trata con fines de explotación sexual unas 600 personas (557 en 2014), lo que supone una caída del 43 por ciento desde el pico de 2004, cuando fueron identificadas 972 víctimas de trata de personas.

 
Una campaña concertada contra el trabajo sexual legal

 
Entonces, si la trata no es el flagelo que se quiere hacer ver, ¿qué está detrás de esa presión por la reforma?

 
El impulso ha venido en verdad de la percepción de un aumento de negocios de sexo y de trabajadoras sexuales inmigrantes procedentes de Rumania y Bulgaria.

 
Pero sobre todo ha sido debido a una campaña concertada para retroceder a la ley de 2002 y restringir la legalidad del trabajo sexual.
Hace dos años, justo tras las elecciones, una campaña antiprostitución lanzada por la empresaria de medios de comunicación Alice Schwarzer denunció la supuesta ineficacia de la ley de 2002, alegando un aumento de la trata sexual. Llamó a Alemania “el burdel de Europa”.

 
Veterana feminista de izquierdas, Schwarzer se ha alineado desde hace tiempo con la línea dura de ley y orden de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y la Unión Social Cristiana (CSU) en el tema de la prostitución.
Estuvo de acuerdo con sus demandas de que las trabajadoras sexuales fueran sometidas a exámenes médicos obligatorios y obligadas a registrarse en la policía, así como con que la policía ejerciera una vigilancia general sobre las trabajadoras sexuales y los negocios de sexo.

 
Al mismo tiempo, ignoró que políticos de la CSU estaban implicados como inversores en la construcción de un burdel en la ciudad bávara de Dachau. Para ellos, eso era solo “un negocio como cualquier otro”.

 

 

La protección mediante coacción está ligada al fracaso

 
Mientras que los exámenes médicos obligatorios —una medida que hoy es considerada una violación de derechos humanos— están descartados, no lo está el establecimiento de lo que los activistas llaman una “base de datos de putas” nacional.

 
Antes de registrarse, las trabajadoras sexuales (pero no los clientes) necesitarían someterse a consejo de salud obligatorio, en el que se les entregarían folletos con sus derechos y obligaciones. Una de las obligaciones mencionadas explícitamente es pagar impuestos.

 
Tanto el registro como el consejo obligatorio han sido ampliamente criticados por ONGs tales como el Consejo de Mujeres Alemanas y la Asociación Alemana de Mujeres Abogadas, pero también por ONGs con un trasfondo religioso, tales como Diakonie.

 
Todas ellas se oponen a la introducción de medidas obligatorias que se cree que estigmatizarían a las trabajadoras sexuales.

 
La introducción de capas adicionales de burocracia empeoraría también la falta de confianza que muchas trabajadoras sexuales tienen hacia las autoridades. Esto es especialmente cierto para las trabajadoras sexuales inmigrantes procedentes de países en los que prospera la violencia y la corrupción policiales.

 
Pero la idea del registro obligatorio sigue adelante: el objetivo es impedir que se registren aquellas que hayan sido empujadas al trabajo sexual por la fuerza o por las circunstancias.

 
Esto significa que las mujeres que venden sexo para sobrevivir serían empujadas a trabajar ilegalmente si se negaran a registrarse, corriendo el riesgo de recibir multas de hasta 1.000 euros, además de sufrir la pobreza que las llevó al trabajo sexual.

 
Esto es evidente a partir de las tasas de prostitución en los EE.UU., por ejemplo, país en el que el trabajo sexual sigue siendo ilegal en la mayor parte del territorio.

 
Más aún, la nueva ley muestra una asombrosa ingenuidad al sugerir que un burócrata podría reconocer a una víctima de trata en el entorno estéril de una oficina.

 
Los estudios demuestran que incluso oficiales de policía y trabajadores sociales experimentados encuentran difícil reconocer la trata. La confianza hacia las autoridades es esencial para que salga a la luz. Pero esta confianza quedaría destruida por un registro obligatorio bajo amenaza de una multa.

 
Y ¿qué pasa si los policías deciden que alguien puede ser víctima de trata una vez que ya ha sido registrada como trabajadora sexual?

 
Es muy probable que probar este estatus a la policía sería mucho más difícil; después de todo, el Estado habría declarado que esa persona estaba haciendo trabajo sexual “voluntariamente” al permitirla registrarse al principio.

 
No es difícil imaginar a las autoridades desestimando las reclamaciones de las trabajadoras sexuales haciendo referencia a su “DNI de puta”: la prueba de que el trabajo sexual es “voluntario”.

 

Los derechos de las trabajadoras sexuales no importan

 
Los críticos se han basado en la Constitución y la ley de derechos humanos para oponerse a lo que llaman el “DNI de puta”. Pero el gobierno de Alemania está dispuesto a esquivar tales derechos.

 
Ya ha abolido el derecho de las trabajadoras sexuales a la “inviolabilidad del domicilio”, esencialmente permitiendo a la policía entrar en sus apartamentos cuando desee.

 
La mera sospecha de que se practica trabajo sexual sería suficiente para entrar en los pisos, poniendo así en riesgo a cualquiera, especialmente mujeres, con una vida sexual activa y múltiples parejas, a ser víctima de tales redadas, no como ocurre ahora, cuando todo trabajo sexual es legal.
En tiempos de crecientes ataques a la autodeterminación sexual de las mujeres, es fácil imaginar a vecinos machistas denunciando a una de esas mujeres como “puta” sin registrar.

 
Esta crítica es mal recibida y desoída por los partidos gobernantes, que insisten en que quieren proteger a las mujeres, a pesar de que se les haga ver los fallos de su propuesta de ley.

 
En comentario oficial del borrador de la ley, han admitido que las trabajadoras sexuales podrían no someterse a ella y, sencillamente, no registrarse. En ese caso, la ley habría fracasado.

 

Putofobia contra las trabajadoras sexuales

 
A pesar de los obvios puntos débiles de la ley propuesta, los críticos y en particular las organizaciones de defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales, tales como la recién fundada BesD, Federación de servicios sexuales y eróticos, están siendo atacados como “el lobby de la prostitución”.

 
Los activistas antiprostitución han tenido mucho éxito a la hora de desacreditar públicamente a cualquiera que critique los llamamientos a abolir la prostitución o a endurecer el control de las trabajadoras sexuales.

 
En lugar de preguntar a las trabajadoras sexuales que tienen buenas condiciones de trabajo cómo podría hacer cualquiera que trabaje en la industria del sexo para estar como ellas, las trabajadoras sexuales más afortunadas están siendo desacreditadas como “privilegiadas”, como si tal “privilegio” no fuera algo que se merece cualquier persona que venda sexo.

 
Y mientras las trabajadoras sexuales son atacadas como “lobbystas de la prostitución”, los políticos de la CSU y, de forma más general, los hombres propietarios de burdeles, casi nunca son criticados por los medios. El sesgo anti trabajadoras sexuales de los medios sigue ahí.

 
No hay que extrañarse de que la ley planeada refleje lo que las trabajadoras sexuales llaman “putofobia”: el odio, el desprecio y el asco que muchos todavía sienten hacia las trabajadoras sexuales.

 

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Sonja Dolinsek es una investigadora de la Universidad de Erfurt que trabaja en políticas de trabajo sexual y lucha contra la trata. Está en esta dirección de Twitter: https://mobile.twitter.com/sonjdol

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