Prostitución: violación de derechos humanos en Andalucía durante el año 2015

 

Principales vulneraciones/preocupaciones de vulneraciones de DDHH en Andalucía durante el año 2015 y propuestas urgentes

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA)
http://www.apdha.org/media/dosier-vulneraciones-DDHH-2015.pdf

 

Dibujo
A pesar del continuo empeño en la lucha por el reconocimiento de los derechos de las personas trabajadoras sexuales, siguen existiendo graves vulneraciones hacia el colectivo.

1.- Se vulnera su derecho a la dignidad (art. 1 de la Declaración Universal de DDHH y art. 10 de la Constitución Española). El panorama actual refleja la imagen de la persona trabajadora sexual como incapaz de gestionar su trabajo, son identificadas sistemáticamente como víctimas, de explotación sexual, de violencia de género, etc. Equiparadas a sujetos sin conciencia de lo que pasa en torno a su persona. Violentado a priori su poder de decisión, su dignidad, libertad y autonomía.

 

2.- La situación de alegalidad en que se encuentra la prostitución vulnera el derecho al trabajo (art. 23 de la Declaración Universal de DDHH y art. 35 y 42 de la Constitución española) de las personas trabajadoras del sexo, no sólo no pueden acceder a la Seguridad Social, al trabajo autónomo, al derecho a la sindicación, negociación y acción colectiva y a la huelga, sino también pueden ser explotadas laboralmente por parte de algunos empresarios de club o locales que, aunque faciliten un sitio donde las trabajadoras no sean multadas por el hecho de ofrecer servicios sexuales en la calle, imponen en muchas ocasiones condiciones laborales pésimas a las trabajadoras.

 

La Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, en vigor desde el 1 de julio del 2015, implica un empeoramiento de las condiciones laborales y de seguridad de las personas trabajadoras sexuales. Se vulnera el derecho de igualdad (art. 1 de la Declaración Universal de DDHH y art. 14 de la Constitución española) que deja a los agentes de policía la discrecionalidad en el objetivar las conductas. Así las personas trabajadoras del sexo y los clientes son discriminados, criminalizados y sancionados aunque la prostitución no sea penalizada por el Código Penal. En estos casos, las personas que ejercen la prostitución ven también vulnerado el derecho de libertad (art. 1, 2, 3 de la Declaración Universal de DDHH y art.17 de la Constitución española) ya que se les impide ejercer libremente en espacios abiertos, llegando incluso a ser sancionadas en actividades que nada tienen que ver con el ejercicio de la prostitución. De hecho, la Ley de Seguridad Ciudadana condena la prostitución callejera, invisibiliza a un colectivo y lo hace más vulnerable, sin tiempo para negociar con el cliente por miedo a ser multada lo que conlleva a una peor negociación de precios, horario, uso de material profiláctico, en resumen peores condiciones laborales. Esto se agrava en el caso de la detección de posibles víctimas de trata, que lejos de ver a la policía cómo agente de protección lo ven cómo represor y persecutor.

 

Constituye una vulneración del derecho a la seguridad (art. 3 de la Declaración Universal de DDHH y art.17 de la Constitución española) y también el derecho a la seguridad jurídica (art.9 de la Constitución Española).

 
3.- Vulneración del derecho a la tutela jurídica efectiva (art. 24 de la Constitución Española) por la dificultad de acceso a la justicia, no sólo cuando son víctimas de trata o prostitución forzada sino en casos de violencia de género, agresiones o cualquier otro donde sean víctimas de un delito. Nos consta que las trabajadoras sexuales tienen especiales dificultades de acceso a la justicia cuando siendo víctimas de un delito, se encuentran deficiencias en la asistencia de los/as letrados/as.

 

4.- El derecho a la salud (art. 25 de la Declaración Universal de DDHH y art. 43 de la Constitución española) se ve impedido en muchas ocasiones por la dificultad de acceso a los recursos sanitarios que tiene a su disposición una parte de las personas que ejercen la prostitución y el uso no optimizado de los mismos. Esto afecta sobre todo a las trabajadoras extranjeras que si no tienen regularizada su situación administrativa no pueden acceder a los recursos sanitarios por el Real Decreto 16/2012. El Decreto no se aplica en Andalucía, pero las personas que ejercen la prostitución suelen, por su trabajo, desplazarse a otros comunidades, donde pueden encontrarse con la negativa de acceso a los servicios sanitarios, salvo la atención sanitaria de urgencias y de mujeres en proceso de gestación, insuficiente para una población que requiere especial atención en el cuidado y prevención de la salud por los riesgos que derivan del trabajo sexual (VIH, VHB u otras Infecciones de Transmisión Sexual, embarazos no deseados…).

 

Exigimos a las administraciones:

 

  •  Abordar el tema de la prostitución donde la voz de las personas trabajadoras del sexo y de las entidades que integran sea escuchada con toda la credibilidad y el respeto a su dignidad, como ser humano en cuanto ser racional, dotado de libertad y poder creador, pues las personas pueden modelar y mejorar sus vidas mediante la toma de decisiones y el ejercicio de sus libertades.

 

  •  La eliminación urgente a diferentes niveles (municipal, autonómico, estatal y supraestatal) de todas las políticas represivas y sistema de sanciones centrados en perseguir y criminalizar tanto a las personas que ejercen, como a los clientes, y en la oferta o demanda de los servicios sexuales en la vía pública.

 

  •  Reconocimiento del ejercicio de la prostitución como trabajo con los derechos y las obligaciones que esto conlleva. Garantía del derecho a sindicación, condiciones laborales dignas, negociación colectiva, Seguridad Social…

 

  • Facilitar el acceso al sistema público de salud, considerando una especial atención al colectivo, y garantizando sanidad universal en el territorio español a las trabajadoras extranjeras que se encuentren en situación irregular.

 

  •  Apuesta por políticas sociales, de formación y políticas activas de empleo para que las mujeres que deseen dejar el ejercicio de la prostitución lo puedan hacer con totales garantías e igualdad de oportunidades laborales a nivel general. Esto debe garantizarse no desde una visión paternalista y de rescate sino como un recurso que debe existir y estar al servicio de cualquier tipo de población que pueda requerirlo.

 

derechos10dic

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