Una penalización inconstitucional

Jean-Claude Boulard

 

Consejero de Estado Honorífico, Senador (Partido Socialista) por la Sarthe, alcalde de Le Mans

 

06/04/2016

 

http://www.huffingtonpost.fr/jeanclaude-boulard/une-penalisation-inconstitutionnelle_b_9619422.html?utm_hp_ref=france

 

La propuesta de ley destinada a luchar contra el sistema prostitucional ha sido votada por la Asamblea Nacional este 6 de abril de 2016. Va a instaurar la penalización general de los clientes de las prostitutas, penalización que había sido suprimida cuando fue votada por el Senado.

Desde el comienzo de la discusión de esta propuesta de ley, no se ha respondido nunca a las cuestiones referentes al riesgo de inconstitucionalidad de una penalización general de los clientes.

Este riesgo se funda en tres principios:

  •  la libertad de la persona en cuanto al uso de su cuerpo
  •  la imposibilidad de penalizar la práctica de una actividad que no está prohibida
  •  la incompetencia del legislador para instaurar una multa

La libertad de la persona en cuanto al uso de su cuerpo está reconocida por las jurisdicciones europeas.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha recordado este principio de libertad en un fallo del 29 de abril de 2002 Pretty contra Reino Unido y de 17 de febrero de 2005 K.A. y A.D. contra Bélgica en estos términos: “el derecho de mantener relaciones sexuales deriva del derecho de disponer del propio cuerpo, parte integrante de la noción de autonomía personal. A este respecto, la facultad de cada uno de vivir como le parezca puede incluir igualmente la posibilidad de entregarse a actividades percibidas como de una naturaleza física o moralmente nocivas o peligrosas para su persona”; “la noción de autonomía personal puede entenderse como incluída en el derecho a tomar decisiones que conciernan al propio cuerpo”.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha confirmado esta libertad (cf fallo Jany 20 de noviembre de 2001). Esta libertad de uso del propio cuerpo es una libertad fundamental a menudo puesta en cuestión y reprimida por todas las formas de integrismo. La penalización del uso de una actividad no prohibida está igualmente en contradicción con nuestro sistema penal, que establece un vínculo: sanción/prohibición.

No existe en nuestro derecho penal ninguna sanción fundada en la práctica de una actividad no prohibida.

Desde el momento en que un acto sexual no está prohibido, su compra no puede ser perseguida. La penalización introducida por la ley es tanto más paradójica cuanto que esta misma ley suprime legítimamente el delito de captación activa y pasiva. En el mismo momento en que el legislador autoriza la promoción de la actividad, reprime su práctica.

Finalmente, el artículo 16 del proyecto instaura por vía legislativa una multa como penalización del cliente.

Sin embargo, en virtud del artículo 34 de la Constitución, el dominio de la Ley se limita, en materia de sanciones penales, a la definición de los crímenes y delitos y a las penas que les son aplicables. Las multas dependen del poder reglamentario previsto en el artículo 37 de la Constitución.

El legislador no debe desconocer los principios generales del derecho si no quiere exponerse al riesgo de un recurso constitucional o a una Cuestión Prioritaria de Constitucionalidad.

 

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