Un momento transcendental para las trabajadoras sexuales británicas

 

Una encuesta sobre la prostitución llevada a cabo por la Cámara de los Comunes ha recomendado la legalización de los burdeles y del ejercicio independiente de la prostitución tan rápidamente como sea posible. ¿Qué va a pasar ahora?

 

Janet Eastham

 

Lunes 4 de julio de 2016

 

https://www.theguardian.com/global/2016/jul/04/sex-workers-commons-inquiry-prostituion-brothels-soliciting-legalised-womens-safety-stunning-victory

 

 

Cuando Mariana Popä fue asesinada a puñaladas en Redbridge, en el este de Londres, a primera hora del 29 de octubre de 2013, había estado trabajando hasta más tarde de lo habitual para pagar una multa puesta por la policía por hacer prostitución de calle. Le fue impuesta como parte de la Operación Clearlight, una campaña policial para echar a las prostitutas de la calle. Y —lo que fue decisivo— estaba trabajando sola.

El intercambio de sexo por dinero entre adultos es legal en el Reino Unido, pero las actividades asociadas —posesión de burdeles y prostitución de calle— están penalizadas, lo que significa que las trabajadoras sexuales se ven a menudo forzadas a trabajar aisladas unas de otras y en lugares apartados para evitar a la policía, lo que las hace vulnerables a los ataques. Popa, que había llegado de Rumanía solo tres semanas antes, se convirtió en una más de la estadística: una más de unas estimadas 152 trabajadoras sexuales asesinadas entre 1990 y 2015.

Así que el llamamiento radical hecho el viernes por un grupo interpartidario de diputados de alto nivel solicitando la despenalización de las trabajadoras sexuales no habría podido llegar en mejor momento; el informe provisional de la encuesta sobre prostitución del selecto comité de asuntos domésticos requiere que las leyes que penalizan la prostitución de calle y el uso compartido de locales por las trabajadoras sexuales sean revocadas con carácter de urgencia. La Universidad Abierta de Trabajadores Sexuales (SWOU, por su nombre en inglés) ha llamado a esto “una sorprendente victoria para las trabajadoras sexuales y nuestras demandas de despenalización” y “un paso de gigante hacia el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras sexuales en el Reino Unido”.

El resultado de la encuesta de los Comunes no es solo sorprendente, es que no tiene precedentes. Si la recomendación del comité se lleva a efecto, sería la primera vez que la ley del Reino Unido ha valorado las voces de las trabajadoras sexuales y los resultados de las investigaciones académicas por encima de las objeciones de los activistas discrepantes. Para mi, como miembro de la SWOU, es un triunfo del pensamiento racional sobre la retórica vacía.

“Tratar la prostitución de calle como un delito está teniendo un efecto adverso”, dice el presidente del comité, Keith Vaz, “y está mal que las trabajadoras sexuales, que son predominantemente mujeres, sean penalizadas y estigmatizadas de esta manera. La penalización de las trabajadoras sexuales debería, por tanto, terminar”. Bajo la actual legislación del Reino Unido, dos o más trabajadoras sexuales que trabajen juntas por su seguridad pueden ser denominadas un burdel. Como explica Vaz, esta ley “significa que las trabajadoras sexuales pueden temer ser procesadas si trabajan juntas en el mismo local, lo que a menudo compromete su seguridad”. Según estimaciones, un 49% de las trabajadoras sexuales dicen estar preocupadas por su seguridad; este cambio en la legislación puede salvar vidas.

El comité ha pedido también al Ministerio del Interior que borre las anotaciones previas por condenas y advertencias de los registros de las trabajadoras sexuales. Como explica el informe, “tener un registro penal por faltas relacionadas con la prostitución […] crea una barrera insuperable para las trabajadoras sexuales que desean dejar la prostitución y dedicarse a un trabajo regular.”

En una reciente edición del programa Ted Talk, Toni Mac, miembro de la SWOU, explicaba que las trabajadoras sexuales de todo el mundo están haciendo campaña por la “total despenalización y los derechos laborales”. Amnistía Internacional defiende la despenalización como la única manera de proteger a las trabajadoras sexuales de las violaciones de derechos humanos y los abusos. Su posición, escrupulosamente basada en datos demostrados y respaldada por otras diez organizaciones no gubernamentales de ámbito global, fue publicada el 26 de mayo. El selecto comité todavía no se ha pronunciado a favor de ningún marco legal en particular.

Las recomendaciones de este informe son totalmente sorprendentes dados los desalentadores comienzos de la encuesta sobre la prostitución. Antes de que se incorporara Nusrat Ghani, diputada por Wealden, el comité estaba formado en su totalidad por hombres, una decisión que entraba en contradicción con su concepción de la prostitución como un asunto de mujeres. Muchas trabajadoras sexuales y aliados suyos temieron un dictamen a favor de una ley del cliente, en la que se penaliza la compra de sexo y se despenaliza la venta.

Alex Feis-Bryce, director ejecutivo de National Ugly Mugs, una organización de recursos para las trabajadoras sexuales, describió los términos de referencia de la encuesta como “sesgados”, una preocupación de la que se hizo eco SWOU. Durante la investigación, fueron llamados testigos que proporcionaran pruebas en respuesta a los términos de referencia que equiparaban “prostitución” con “violencia contra las mujeres” y amalgamaban trabajo sexual con trata.

La autora Kat Banyard y la superviviente de prostitución Mia de Faoite fueron dos de los primeros testigos llamados a declarar. “No tengo ni la más remota idea de por qué se está contando con Banyard en cualquier consulta o política respecto al trabajo sexual”, dice Feis-Bryce. “Su único vínculo con el trabajo sexual es que tiene marcadas opiniones respecto al mismo. Hasta donde yo sé, su organización [UK Feminista, que lanzó la campaña por el Fin de la Demanda] no proporciona ningún tipo de apoyo de primera línea para las trabajadoras sexuales; no es más que una organización activista”.

Banyard publicó recientemente El Estado proxeneta: sexo, dinero y el futuro de la igualdad y argumentó en sus páginas que “renombrar la prostitución como trabajo sexual” fue uno de los mayores peligros de la industria. “La vehemencia del libro tiene un cierto impulso intoxicante”, dijo la crítica Charlotte Shane en una revisión para el Spectator, “pero el mensaje está embrollado en falacias lógicas y falta de pruebas”.

Las trabajadoras sexuales retiradas Paris Lees y Brooke Magnanti (alias Belle de Jour) preguntaron por qué el comité las eligió a ellas para declarar en lugar de a trabajadoras sexuales en activo. Magnanti sugirió: “Venimos con los medios de comunicación presentes; venimos y llamamos la atención. Somos el peluquín de pubis de estos procedimientos, lo que les permitirá a ustedes marcar una casilla y decir: ‘Hablamos con algunas ex-trabajadoras sexuales’”. Laura Lee fue la única trabajadora sexual en activo que habló cara a cara al comité.

Y sin embargo los diputados “redactaron un informe cuidadosamente fundamentado y bien razonado”, a pesar de las dudas iniciales. Tal giro de ciento ochenta grados fue hecho posible sin duda por las 250 piezas de evidencia escrita presentadas por trabajadoras, académicos, activistas y organizaciones no gubernamentales, hecho del que no hay precedentes.

En el pasado, el debate sobre la legislación del trabajo sexual se ha visto enturbiado por el mal uso de las estadísticas. Como el defensor de la despenalización y autor de Penalización de la compra de sexo: lecciones de Suecia, Jay Levy, explica: “Estamos hablando de una de las comunidades más clandestinas; la gran mayoría de las trabajadoras sexuales necesita permanecer invisible para sobrevivir. Así que cualquiera que diga “X por ciento de Y”, está hablando sin sentido, a mi juicio. En cuanto algunas personas comienzan a citar estas estadísticas yo pienso que quizás tienen una motivación oculta muy fuerte”. En la primera sesión de evidencia oral, Banyard declaró: “aproximadamente el 50% de las mujeres que se prostituyen empezaron siendo niñas. Comenzó como explotación sexual infantil y luego continuó”. Esto sería muy preocupante, pero solo si fuera cierto. Sin embargo, como Feis-Bryce aclara en su declaración suplementaria, esta estadística procede de un documento del Ministerio del Interior de 2004, basado a su vez en nueve fuentes muy antiguas, seis de las cuales son de antes de 1999. Más aún, “al menos una de las fuentes solo tenía participantes menores de 18 años, con lo que la conclusión estaba predeterminada”.

La Dra. Magnanti, que cambió su carrera de escort de alta clase por la ciencia forense y la estadística de poblaciones, fija la edad media de entrada al trabajo sexual en el Reino Unido en aproximadamente 23 años.

De Faoite dijo a los investigadores que “Europa tiene en este momento una horrible situación de trata de personas”, y Banyard describió “un enorme problema de trata sexual en este país”. Entre 2007 y 2009, el profesor Nicola Mai “dirigió una investigación que analizó las experiencias de migración y trabajo sexual de 100 inmigrantes (mujeres, hombres y personas transexuales) que trabajaban en Londres”. Encontró que alrededor del 6% de las mujeres entrevistadas tenían experiencias que podían ser consideradas trata.

Significativamente, el informe de los diputados traza una distinción entre trabajo sexual y trata, y señala que la Ley de Esclavitud Moderna de 2015 ya penaliza esta última. El comité se declaró “consternado al descubrir la mala calidad de la información disponible acerca de la extensión y la naturaleza de la prostitución en Inglaterra y Gales”. Ha recomendado a la comisión del Ministerio del Interior una investigación en profundidad de este asunto, con presentación de los resultados ante el parlamento en junio de 2017. Este informe, “debería buscar la publicación y explicación de estadísticas fiables, que puedan ser usadas para informar futuras decisiones legislativas y normativas, y desechar cualquier dato no fiable”.

Las pruebas proporcionadas a la comisión de investigación estuvieron “altamente polarizadas” entre aquellos que están a favor de una ley de compra de sexo al estilo de Suecia y los que defienden la total despenalización del trabajo sexual, tal como se ha llevado a cabo en Nueva Zelanda. El informe de los parlamentarios parece favorecer con cautela la opción de despenalización sobre la de ley de compra de sexo, pero los activistas de ambos bandos tendrán que esperar hasta el próximo mes de junio para conocer la decisión final de la encuesta.

Este informe señala que la ley de compra de sexo “se basa en la premisa de que la prostitución es moralmente mala y por tanto debe ser ilegal, cuando en los tiempos presentes la ley no hace tales juicios morales”, y que mucha de la “retórica” en torno a la ley “niega también a las trabajadoras sexuales la oportunidad de hablar por sí mismas y tomar sus propias decisiones”.

Por el contrario, el modelo de despenalización de Nueva Zelanda “ha producido beneficios, incluyendo un claro mensaje político, mejores condiciones para las trabajadoras sexuales, mejor cooperación entre las trabajadoras sexuales y la policía y no se ha detectado aumento alguno en el tamaño de la industria del sexo o en la explotación de las trabajadoras sexuales”.

Mientras tanto, la auténtica prueba para este informe será sus implicaciones para los miembros más vulnerables de nuestra comunidad. En el este de Londres, las trabajadoras sexuales de calle están recibiendo órdenes de dispersión, pequeños papelitos de color rosa que las penalizan por existir. Le toca ahora al Consejo Nacional de Jefes de Policía garantizar que las recomendaciones del comité sean aplicadas en todos los ámbitos.

 

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