El papel del Estado y la Ley en la trata y la esclavitud moderna

 

Los editores de Más allá de la Esclavitud presentan este volumen (1) sobre el Estado y la Ley, elementos que no solo definen la esclavitud sino que configuran las vías por las que es combatida

 

Prabha Kotiswaran y Sam Okyere

 

El papel del Estado, y de la legislación nacional en particular, es absolutamente crucial en el debate sobre la “esclavitud moderna”. Esto a causa de que tanto la construcción del concepto de “esclavitud moderna” como las respuestas legales al “problema” descansan en primer lugar en los Estados individuales y en las organizaciones internacionales y regionales que constituyen entre ellos. La legislación nacional y las convenciones legales internacionales determinan las condiciones bajo las que los fenómenos son de forma incoherente construidos o no como casos de “esclavitud moderna”. De la misma forma, la autoridad estatal y sus apoyos determinan cuándo el movimiento forzado de individuos y grupos a través de las fronteras en escenarios y condiciones no deseados es clasificado o no como “deportación” (y por tanto aceptable) o “trata de seres humanos” y una forma de “esclavitud moderna”. Lo que avanzamos aquí es que las relaciones sociales y prácticas clasificadas como esclavitud moderna existen hoy de forma muy parecida a como han existido históricamente en todas partes, pero su clasificación legal como delitos, “esclavitud moderna” o como fenómenos completamente diferentes, tiene lugar exclusivamente bajo el mandato del Estado. Para plantearlo crudamente, sin el Estado y las leyes que crea, la “esclavitud moderna” no habría podido llegar a ser una categoría legal de la forma que han hecho posible legislaciones tales como la Ley de Esclavitud Moderna 2015 del Reino Unido (UK Modern Slavery Act 2015).

 

Teniendo esto en mente, los abolicionistas modernos han presionado desde hace tiempo a políticos y gobiernos en un intento de legitimar su propia forma de ver las formas contemporáneas de esclavitud (2). El resultado es que hoy el abolicionismo moderno aparece como uno de los pocos espacios en el que los más extraños compañeros de cama logran hallar un terreno común: políticos de izquierdas y de derechas, instituciones corporativas, grupos de consumidores éticos, activistas pro derechos humanos, académicos y agentes de lo que ha sido denominada la “industria del rescate”. Estos agentes están unidos en sus reclamaciones a los Estados para que hagan leyes (o las apliquen, en su caso) pensadas para prevenir la “esclavitud moderna” y perseguir y castigar a aquellos que se considera que están contribuyendo al fenómeno.

 

Muchos Estados se han visto obligados a ello. Sin embargo, como los artículos de este volumen ampliamente demuestran, estas reclamaciones comienzan a desmoronarse cuando las leyes son sometidas a cualquier tipo de escrutinio real. Algunas de estas leyes han sido cuestionadas sobre la base de que no consiguen combatir las causas raíces de la vulnerabilidad, tales como la pobreza humillante, la persecución o el conflicto sociopolítico, que son las que llevan a muchas personas a las circunstancias definidas como “esclavitud moderna”. Otras leyes deben hacer frente a una vehemente oposición, incluso por aquellos a los que se proponen beneficiar, a causa de sus adversas consecuencias y a su no reconocimiento de cualquier tipo de libertad de elección o autonomía por parte de las así llamadas “víctimas”. Y sobre todo, el examen de estas leyes muestra que aunque el poder del Estado y la legislación pueden ser usados para fines positivos, pueden igualmente ser utilizados en la búsqueda de medidas que vayan en sentido contrario a la defensa de los derechos humanos.

 

El problema real que identificamos es que la “esclavitud moderna” es un asunto enteramente político que ha sido despolitizado por los modernos abolicionistas y por el Estado. Lo que ha sido definido como “esclavitud moderna” y las leyes que en consecuencia se han redactado para combatirla, reflejan y promueven ciertos intereses o preocupaciones políticos y socioeconómicos de políticos y gobiernos nacionales. A lo largo de Norteamérica, Europa Occidental y otras partes del hemisferio norte, lejos de servir exclusivamente a los intereses de los derechos humanos, la legislación “antitrata” y las medidas relacionadas tales como la militarización de las fronteras han creado de hecho las condiciones que han llevado a un gran sufrimiento humano y a muertes innecesarias. En muchos casos, las acciones u omisiones del Estado se ha visto que están directamente unidas a la creación de las condiciones que supuestamente buscan erradicar.

 


1.- State and the Law / Beyond Trafficking and Slavery Short Course / Volume 3   https://drive.google.com/file/d/0B2lN4rGTopsaRWF3eFdXOXdYNVE/view

 

2.- En este mismo volumen se incluye el artículo de Carol Leigh Campañas contra la trata, trabajadoras sexuales y los orígenes del daño https://elestantedelaciti.wordpress.com/2015/04/30/campanas-contra-la-trata-trabajadoras-sexuales-y-los-origenes-del-dano/

 

 

 

 

 

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Un pensamiento en “El papel del Estado y la Ley en la trata y la esclavitud moderna

  1. En resumen, que el concepto de trata es una construcción legal y que las actuaciones del Estado no salvaguardan sino muy al contrario, vulneran los derechos y libertades de las personas migrantes involucradas en el trabajo sexual (las “victimas de trata”).

    OS LO DIJE

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