Alerta: ¡penalización = sida!

 

Comunicado de prensa del Collectif Droits & Prostitution

 

1 de diciembre de 2016

http://droitsetprostitution.fr/1/index.php/actualite-mobilisation/42-alerte-penalisation-sida

 

dp

Con ocasión del 1º de diciembre, Día mundial de lucha contra el sida, el colectivo Droits & Prostitution interpela de nuevo a las asociaciones, instituciones, autoridades públicas y políticos a propósito de la situación sanitaria de las trabajadoras del sexo.

Desde que se aprobó la ley antiprostitución del 16 de abril de 2016, constatamos un aumento de la precarización, de los desplazamientos inducidos por la penalización, un poder creciente de los clientes en detrimento de las trabajadoras del sexo en la negociación de las prácticas, de la utilización del preservativo y de las tarifas. Según los testimonios que recogemos, hay un menor uso del preservativo y un aumento de los casos de violencia. Todas estas situaciones son reconocidas como factores de vulnerabilidad en el último informe de la Alta Autoridad de la Salud [1] así como en el conjunto de la literatura científica [2] que trata de la epidemiología del VIH/sida en lo que concierne a las trabajadoras del sexo. Por tanto, tememos un próximo aumento de las ETS y de los embarazos no deseados.

Constatamos igualmente que la mayor movilidad de las trabajadoras del sexo, en adelante necesaria para mantener su nivel de ingresos, lleva a un seguimiento médico menos bueno de las seropositivas o de las compañeras que toman un tratamiento profiláctico PrEP. Observamos en efecto que algunas compañeras interrumpen sus tratamientos antirretrovirales o PrEP por no poderlos renovar fácilmente cuando ellos/ellas son obligadas a desplazarse para trabajar. A causa de estos desplazamientos y del mayor aislamiento, es por otra parte más difícil para nuestras asociaciones garantizar sus misiones de prevención y de acceso a la atención médica destinadas a identificar y acompañar a las compañeras en sus trámites administrativos, sociales y de salud.

Si bien la penalización de los clientes ha entrado efectivamente en vigor tras la aprobación de la ley, el decreto de Reducción de riesgos referente a la salud nunca ha sido publicado y nos encontramos aún más desprotegidas frente a problemas crecientes. La ideología abolicionista y las políticas de penalización son incompatibles con la salud pública. Sufrimos hoy un retroceso de treinta años hasta aquella época en la que se nos pedía convencer a nuestra comunidad de que cesara el trabajo sexual en lugar de buscar autoprotegerse y autoorganizarse en defensa de su salud y sus derechos. Cuando las asociaciones abolicionistas son en este momento favorecidas política y financieramente en detrimento de las asociaciones de salud y/o de lucha contra el VIH, es evidente que el gobierno tiene por objetivo matar la salud comunitaria y, haciendo eso, contraviene el conjunto de recomendaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud y de ONUSIDA .[3]

 

Exigimos:

– la derogación de la ley de 13 de abril de 2016, que penaliza a nuestros cliente y condiciona cualquier ayuda que se nos preste al cese de nuestra actividad.

– la puesta en marcha inmediata de una  política pública realista de reducción de riesgos en materia de salud sexual y de lucha contra las ETS, y de una  política realista de financiación de estas actuaciones.

 

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