La despenalización del trabajo sexual en Nueva Zelanda, explicada por el Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda

 

Despenalización del trabajo sexual en Nueva Zelanda

 

Escrito por el Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda

 

Haz clic para acceder a Decriminalisation_of_Sex_Work_in_New_Zealand.pdf

 

¿Que es despenalización en el contexto de Nueva Zelanda?

Antes de 2003, la mayoría de las actividades relacionadas con la prostitución eran faltas y/o delitos: mantenimiento de prostíbulos, vivir de las ganancias de la prostitución ajena, procurar y solicitar con fines de prostitución en un lugar público.

Las trabajadoras sexuales, no sus clientes, podían ser procesadas, y la policía a veces utilizaba la posesión de literatura de sexo seguro y de condones como pruebas para lograr una condena. Las trabajadoras sexuales condenadas llevaban el estigma de esa condena y esto obstaculizaba obtener un trabajo alternativo.

La Ley de Reforma de la Prostitución (LRP) despenalizó el trabajo sexual en 2003. Cambió la ley de un enfoque punitivo que perjudicaba a las trabajadoras sexuales y las hacía vulnerables a la coacción, a un enfoque basado en los derechos que promovía el bienestar, la salud y la seguridad de las trabajadoras sexuales, a la vez que las permitía ser protegidas de la explotación.

Facilitar el trabajo sexual a personas menores de 18 años sigue siendo ilegal, pero las jóvenes mismas no son susceptibles de procesamiento.

Las trabajadoras sexuales no están obligadas a registrarse ante ninguna autoridad. Los controles de salud sexual no son obligatorios, están organizados por la trabajadora sexual individual y, por lo tanto, son confidenciales.

El énfasis se basa en la promoción del sexo seguro y es obligatorio para los operadores de burdeles mostrar información de sexo seguro en estos lugares de trabajo.

La LRP les permite a las trabajadoras sexuales trabajar para ellas mismas o con otras trabajadoras sexuales. Pueden ser administradas por operadores de burdeles, y contratar conductores, recepcionistas y seguridad. Estas relaciones se rigen por las leyes de contratos, empleo y laborales.

Los operadores de prostíbulos que dirigen a una o más trabajadoras sexuales deben tener un certificado emitido y guardado confidencialmente por un juzgado. Este les permite contratar a trabajadoras sexuales, y vivir de las ganancias generadas por los servicios sexuales comerciales que brindan.

Las trabajadoras sexuales y los operadores de burdeles tienen permiso para publicitar a sus trabajadoras, promover su local, tener su propia identidad y establecer precios, pero no para publicitar servicios sexuales comerciales explícitos, excepto en foros para adultos. Sin embargo, pueden promocionar el nombre de su empresa y sus descripciones personales en la mayoría de los diarios.

Las personas que ejercen el trabajo sexual pueden trabajar por su cuenta, con otras trabajadoras sexuales en grupos o pueden trabajar dentro de grandes burdeles administrados por operadores. Pueden operar desde un negocio basado en una vivienda, bajo las reglas de ocupación de viviendas, o contactar con los clientes a través del trabajo sexual en la calle en lugares públicos.

La despenalización significa que la industria del sexo de Nueva Zelanda está controlada por el mismo marco legislativo que es común a todas las demás industrias. Existen leyes ocupacionales, de seguridad y de salud, y laborales, y ahora directrices diseñadas específicamente teniendo en mente a trabajadoras sexuales, operadores de burdeles y clientes.

Las personas nuevas en el trabajo sexual ya no son vulnerables a ser engañadas por eufemismos promovidos por terceros, incluidos los términos comúnmente utilizados en un entorno penalizado, tales como masajista o escort.

Pueden buscar información y hablar francamente sobre la naturaleza real del trabajo sexual, compartir consejos y estrategias para mantener la seguridad, y luego decidir si eso es para ellas o no. Las nuevas trabajadoras sexuales pueden obtener apoyo y ganar confianza, reduciendo su vulnerabilidad a la manipulación y mejorando sus oportunidades de tener una mayor seguridad y salud laboral en el contexto del trabajo sexual.

Si bien la despenalización del trabajo sexual no reduce, en sí misma, la violencia social generalizada, existe una fuerte evidencia de que las trabajadoras sexuales se sienten más capaces de rechazar clientes no deseados y tener un mayor acceso a la justicia.

Las trabajadoras sexuales se sienten más capacitadas para contactar con la policía, ya sea para evitar que se cometa violencia contra ellas o para denunciarla. Debido a que el pago por servicios sexuales no va en contra de la ley, los clientes también pueden alertar a las autoridades sobre situaciones que parecen ser ilegales.

Las relaciones con la policía se centran en proteger a las trabajadoras sexuales de la explotación. Las trabajadoras sexuales se sienten más capaces de buscar ayuda. La policía ya no tiene el papel de aplicar a las trabajadoras sexuales leyes contra el trabajo sexual. La policía también valora el cambio en la dinámica de la relación. Ya no está encargada de recopilar los nombres de las trabajadoras sexuales y registrarlas en una base de datos y puede trabajar con las trabajadoras sexuales para resolver crímenes tales como la violencia.

La Ley de Reforma de la Prostitución de 2003 reconoce que las trabajadoras sexuales deberían tener el derecho a elegir dónde trabajan y las condiciones en las que trabajan   y a tener el control sobre los servicios sexuales comerciales que proveen.

Debido a que el trabajo sexual no es ilegal, las personas que ejercen el trabajo sexual pueden dedicar más tiempo a evaluar situaciones, y discutir francamente con los clientes los servicios que están dispuestas a prestar, y las tarifas. Es importante que las trabajadoras sexuales puedan evitar daños potenciales al reducir el riesgo de malentendidos y otros peligros.

En línea con otras leyes penales, la Ley de Reforma de la Prostitución de 2003 permite a las trabajadoras sexuales retirar el consentimiento para proporcionar servicios sexuales en cualquier momento, con sanciones para cualquiera que induzca u obligue a alguien a proporcionar servicios sexuales comerciales.

Desde que cambió la ley, las trabajadoras sexuales que trabajan solas, en prostíbulos, desde casa o en la calle, informan sentirse más capaces de rechazar clientes indeseados.

Las trabajadoras sexuales se sienten más respaldadas por la ley para negociar condiciones más seguras —incluida la negociación de sexo seguro— sin tener que temer que su próximo cliente sea un policía camuflado que busque atraparlas. La ausencia de temor a la policía y a la detención inminente ha reducido la presión sobre las trabajadoras sexuales.

La ley otorga a las autoridades territoriales, tales como los ayuntamientos, poderes para regular la señalización y los lugares donde los burdeles pueden operar. Algunos ayuntamientos han introducido estatutos relacionados con la ubicación de burdeles, mientras que otros han dependido de los planes distritales existentes que rigen las operaciones comerciales generales.

Las tensiones relacionadas con la ubicación de los burdeles generalmente se deben a objeciones morales. Donde ocurren otras disputas, por ejemplo, sobre calles compartidas o ascensores en edificios de apartamentos, estos han sido generalmente resueltos por las corporaciones. En otras disputas, los tribunales han decidido a favor ya de los ayuntamientos ya de los burdeles. De cualquier manera, la Ley de Reforma de la Prostitución no determina la ubicación de los prostíbulos o de las prostitutas de la calle.

Tras la despenalización, el número de trabajadoras sexuales de la calle siguió siendo casi el mismo, aunque algunas trabajadoras se mudaron a pisos ya que ya no tuvieron que evitar los esquemas de registro policial para poder anunciarse. No todas las trabajadoras sexuales tienen los recursos necesarios para trabajar en el interior, ya sea porque carecen de un jefe dispuesto a contratarlas o de los medios para mantener su propio lugar de trabajo. El trabajo sexual basado en la calle no se ha extendido más allá de las áreas que tradicionalmente ocupaba.

La cantidad de jóvenes que trabajan no ha aumentado

Actualmente, los ayuntamientos no tienen el poder de determinar dónde puede tener lugar el trabajo sexual basado en la calle y trabajan con las organizaciones de trabajadoras sexuales para resolver conflictos con el vecindario. Pero es posible que en el futuro los ayuntamientos obtengan poderes para especificar áreas donde a las trabajadoras sexuales se les prohíba hacer trabajo sexual callejero. Existe un acuerdo oficial de que el trabajo sexual basado en la calle debe permanecer despenalizado.

La mayoría de las trabajadoras sexuales se ven a sí mismas como contratistas independientes. Se refieren a su lugar de trabajo, y a buenos y malos gerentes de burdeles. No hay evidencia significativa de crimen organizado, y el Servicio de Inmigración de Nueva Zelanda informa que no hay evidencia de trata.

La despenalización ha creado altas expectativas de seguridad en el lugar de trabajo y una cultura de denunciantes. Los clientes, las trabajadoras sexuales y los operadores de burdeles tienen más capacidad para informar de los problemas a los funcionarios sin temor a una reacción legal. La explotación puede combatirse y en 2014 una trabajadora sexual presentó con éxito un caso de acoso sexual contra un operador de burdel y recibió una indemnización de 21.500 USD. También se condenó al operador de burdel a recibir capacitación en relación con sus obligaciones en virtud de la Ley de Derechos Humanos de 1993.

Los oficiales médicos de salud tienen poderes para inspeccionar los burdeles y responder a las quejas. La policía puede obtener órdenes para registrar burdeles si hay motivos para creer que puede haber personas menores de 18 años teniendo relaciones sexuales, o si el operador no tiene un Certificado de operador vigente. El Tribunal de Distrito puede rechazar solicitudes de certificados si un operador ha sido condenado por un delito en virtud de la Ley de Delitos de 1961, penado con dos o más años de prisión; la Ley de Armas de 1983 con pena de prisión; o la Ley de abuso de drogas de 1975.

La despenalización busca proteger, no perseguir judicialmente, a las jóvenes menores de 18 años involucradas en el trabajo sexual.

Proporciona a las trabajadoras jóvenes acceso a los programas sociales para ampliar sus opciones más allá de la industria del sexo, y para que las agencias adopten un enfoque práctico de cara al sexo seguro y a la minimización de daños. También hay asistencia para acceder a apoyo financiero, alojamiento de emergencia y de largo plazo, y tratamiento adecuado para la dependencia de drogas y alcohol.

La despenalización del trabajo sexual en Nueva Zelanda ha empoderado a las trabajadoras sexuales para combatir la explotación. Ha creado un entorno que salvaguarda su derecho a la seguridad y la salud en el trabajo. Las trabajadoras sexuales ahora tienen voz en todos los foros de Nueva Zelanda.

 

DESPENALIZACIÓN DEL TRABAJO SEXUAL EN NUEVA ZELANDA

 

El Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda fue instrumental en abogar por el cambio de ley, y hablan sobre los socios, los políticos y el proceso político con el que se comprometieron para crear una reforma legal líder mundial con la aprobación de la Ley de Reforma de la Prostitución de 2003.

info@nzpc.org.nz | http://www.sexworklaw.co.nz | Copyright © NZPC 2013

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s