La juez del mayor caso sobre prostitución imputa a un guardia civil más de 70 delitos

 

La instructora propone a la Xunta personarse como acusación y avisa al Estado de que es responsable subsidiario de la actuación del agente que demandaba sexo a cambio de papeles

 

SILVIA R. PONTEVEDRA

26 de marzo de 2019

https://elpais.com/sociedad/2019/03/25/actualidad/1553538224_348830.html

 

La testigo protegida DPA 123 B llegó a España, desde Brasil, en situación irregular el 19 de octubre de 2006 y el 29 de noviembre conoció su primera redada. Pero aquella no era una auténtica inspección y de ella no quedó constancia policial alguna. El cabo primero de la Guardia Civil Armando Lorenzo Torre, miembro del Equipo de Personas y Emume (mujeres y menores) de Lugo, se presentó presuntamente en el Club Sirena proclamando que era “jefe de extranjería” y ordenó a un compañero fotografiar a las mujeres de una en una. Ellas iban pasando a la cocina para ser retratadas y dar sus datos personales. Y cuando le tocó el turno a DPA 123 B, Lorenzo le preguntó: “¿Qué hace una chica tan guapa ejerciendo la prostitución?”. Ella respondió que lo hacía “por necesidad”. Y el cabo mandó a su compañero que le tomara fotos de cuerpo entero. Después, le pidió a la mujer su número de móvil. Y ahí empezó todo.

Lo siguiente fueron las reiteradas llamadas a la chica y la visita al domicilio de esta, el 18 de diciembre, por parte de Armando Lorenzo. Según un par de testigos él sacó su pistola; la posó sobre una mesa. Le dijo “vengo de deportar a 20 o 30 compatriotas tuyas”, “tus días en España como legal se están terminando, dame el pasaporte que yo te arreglo para tres meses más”. A continuación, aunque ella se negaba, cuenta que la obligó a practicarle una felación y luego la penetró “sin preservativo”. Todo esto se relata en la Operación Carioca, la mayor investigación contra las mafias de proxenetismo que ha tenido lugar en España (310 tomos, 377 testigos) y que hunde sus raíces precisamente en la denuncia de esta joven. Después de una década de instrucción, la juez hace repaso de las actividades del agente (uno de los principales entre los 89 imputados que llegó a sumar la causa desguazada en 50 piezas) y propone en un auto de más de 200 folios el procesamiento del cabo por más de 70 delitos.

La magistrada Pilar de Lara ordena, además, notificar a otras 23 mujeres que tienen derecho a ayudas para personarse en calidad de víctimas de violencia de género. Ofrece a la Xunta de Galicia ejercer la acusación popular y toma una medida nunca aplicada hasta ahora: avisar al abogado del Estado de que la Dirección General de la Guardia Civil es responsable subsidiaria de los presuntos delitos cometidos por este agente y también por su jefe, el brigada Julio Baquero, al que atribuye omisión y cohecho. La juez se basa en que sus actividades eran “ampliamente conocidas por sus superiores jerárquicos”.

El auto de transformación de las actuaciones en proceso sumario dispone el inminente procesamiento de estos dos agentes y de tres proxenetas, entre ellosJosé Manuel García Adán, dueño de los clubes Queen’s y Colina, situado en el epicentro de la trama Carioca. Después el caso pasará a manos de la Audiencia Provincial de Lugo, que debe ratificar la conclusión y ordenar la apertura de juicio oral. La detención de Armando Lorenzo, que entró en prisión y luego quedó en libertad provisional con la prohibición de residir en Galicia, convulsionó a la sociedad lucense.

Una veintena larga de delitos que le atribuía la juez han prescrito o se sobreseen por falta de pruebas, pero entre los que todavía siguen en pie están la supuesta agresión sexual con intimidación y amenaza a la testigo protegida, y 21 delitos de cohecho en relación a otras mujeres a las que presuntamente requería favores sexuales a cambio de regularizarlas para no ser deportadas. De Lara también lo considera autor de delitos de extorsión y de cohecho con respecto a los dueños de los burdeles, por brindarles trato de favor si recibía a cambio beneficios económicos. Le atribuye igualmente revelación de secretos, tráfico de influencias o falsedad documental en la elaboración, por ejemplo, de denuncias falsas contra propietarios de prostíbulos que supuestamente se negaban a pagarle. Por último, la juez tiene en cuenta una docena de supuestos delitos continuados de omisión del deber de perseguir delitos y varios cargos vinculados al “favorecimiento de la prostitución”.

Según la titular del juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, el guardia civil no solo hacía funciones de “taxista” en el coche oficial del cuerpo al transportar a mujeres hasta el Queen’s para evitar posibles controles y deportaciones. También se encargaba de derivar a este y al otro burdel que regentaba el proxeneta García Adán a muchas trabajadoras de los clubes en los que había redadas, en vez de llevarlas a “una casa de acogida o una ONG”, reprocha la instructora.

“La actividad presuntamente delictiva del cabo Armando Lorenzo se remonta a su anterior destino en la Unidad Orgánica de Policía Judicial adscrita a la Audiencia Provincial de Lugo, en el que se habría granjeado la confianza y amistad de algún magistrado”, apunta la juez. En el otro mundo que frecuentaba el agente, había mujeres que “rozaban la indigencia”, señala. “La inmensa mayoría eran extranjeras”, jóvenes, “vulnerables”, “se encontraban en España en situación irregular, necesitaban enviar dinero a sus hijos, padres, hermanos y uno de sus principales temores eran las redadas, en las que podrían ser detenidas y expulsadas del país”.

En los clubes trabajan mujeres que “han sufrido violaciones o malos tratos, o simplemente han tratado de escapar de la pobreza de sus países y labrarse un futuro mejor”, recuerda. En consecuencia, defiende De Lara, Lorenzo “abusaba de su superioridad”, pedía favores sexuales para él, para amigos e incluso para los “socios de su hijo”, a veces en fiestas en pisos y otras veces en los clubes. Y se valía, supuestamente, de su estrecha relación con responsables de Extranjería de la Policía Nacional para amañar las órdenes de expulsión y los permisos.

El sumario recoge seguimientos, pinchazos telefónicos y SMS que revelan su supuesta debilidad por mujeres legalmente vulnerables. Mensajes en los que combina las referencias físicas con sus presuntas gestiones burocráticas.

La testigo protegida relató que desde el momento en el que se negó a mantener más contactos con el guardia civil “comenzó a sufrir una situación de acoso por parte de la policía nacional”, hasta que en septiembre de 2008 fue identificada en su domicilio y se le incoó un expediente de expulsión, que se llevó a efecto en marzo de 2009. Armando Lorenzo, asegura la juez, ejercía su influencia, especialmente, en una docena de clubes de la provincia y llegó a cobrar dinero de unos siete. En algunos casos, apunta De Lara, parecía uno más, “como si estuviera en nómina”. Y así, durante años, “construyó una creencia generalizada de que él tenía capacidad para arreglar todo tipo de papeles y documentación relativa a la situación administrativa de extranjeros en España”.

“Antes de acostarme con usted me meto en cemento”

Una mujer venezolana que trabajaba como encargada de un prostíbulo declaró en el juzgado que se sintió “humillada por el abuso de poder”: “¿Cómo es posible que a los que tienes que pedir auxilio sean los que abusan de ti? Es como si vas a tu madre a pedir ayuda y te mete una puñalada”; “no se puede hundir más a los que ya estamos hundidos”. Según esta supuesta víctima del cabo primero, el hombre reclamó sus servicios sexuales y ella se negó. “Tú no quieres colaborar, no te quieres portar bien… pues se te va a acabar el negocito”, la amenazó él presuntamente. “Máteme, pero antes de acostarme con usted me meto en cemento”, asegura ella que le respondió en una ocasión. “Armando cumplió finalmente sus amenazas”, concluye la juez, “porque ella sufrió una redada de la Inspección de Trabajo, que impuso al local una multa elevada, tras lo cual siguieron las redadas y su detención”.

Los clubes que no accedían a las demandas de Armando Lorenzo sufrían “persecución”, “extorsión” y “amenazas”, asegura De Lara. Según la juez, el cabo utilizó a algunas mujeres, en ocasiones bajo “presiones insoportables”, para que testificasen hechos falsos contra propietarios de burdeles y así “eliminar a la competencia en una guerra entre clubes”. Otra testigo venezolana declaró que un día el agente la llevó al cuartel, le dijo que si no cooperaba con una denuncia (falsa) la expulsaría. Y que si lo hacía le daría los papeles, la haría testigo protegida, cobraría una pensión de 300 euros al mes y recibiría ayuda para conseguir un piso.

 

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