Sexo, esclavas y ciudadanas: la política de la lucha contra la trata

 

Bridget Anderson y Rutvica Andrijasevic

Diciembre de 2008

https://www.researchgate.net/publication/42796528_Sex_Slaves_and_Citizens_The_Politics_of_Anti-Trafficking

 

 

Centrarse en los males de la trata es una forma de despolitizar el debate sobre la migración.

 

La trata de personas está en las noticias. Está en la agenda política, tanto a nivel nacional como internacional. Miles de personas, cientos de grupos, docenas de periódicos están decididos a eliminarla. Este enfoque en la trata consistentemente refleja y refuerza la profunda preocupación pública sobre la prostitución / trabajo sexual, y también sobre la inmigración, y el abuso y la explotación que tan frecuentemente implica. Así que, oponerse a esta expresión, o a algunas de las acciones tomadas como respuesta a esta preocupación, es similar a decir que uno respalda la esclavitud o está en contra de lo que todo el mundo considera correcto. La trata de personas es un tema que se supone que nos unirá a todos. Pero creemos que es necesario atravesar la línea de oponerse a lo que todo el mundo considera correcto sin que eso suponga respaldar la esclavitud, porque el pánico moral acerca de la trata está desviando la atención de las causas estructurales del abuso que sufren las trabajadoras migrantes. La preocupación se centra en los malvados malhechores más que en factores más sistémicos. En particular, ignora el enfoque del Estado respecto a la migración y el empleo, enfoque que construye efectivamente grupos de no ciudadanos que pueden ser tratados como desiguales con impunidad.

¿Qué es la trata? Definiciones y la Convención de la ONU

En noviembre de 2000, la Asamblea General de la ONU adoptó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. El propósito de esta convención era promover la cooperación interestatal en la lucha contra el crimen organizado transnacional y eliminar los «refugios seguros» para sus perpetradores. Se complementa con tres protocolos adicionales, que tratan sobre el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas —especialmente mujeres y niños— y el tráfico de armas de fuego. La definición de trata de personas en el Protocolo contiene tres elementos: se define como una acción, que consiste en «el reclutamiento, transporte, transferencia, albergue o recepción de personas»; como una acción que ocurre mediante ‘la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coerción, de secuestro, de fraude, de engaño, de abuso de poder o de una posición de vulnerabilidad o de dar o recibir pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una persona que tiene control sobre otra persona»; y como una acción que se lleva a cabo ‘con el propósito de explotación … (que) … incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución de otros u otras formas de explotación sexual, trabajo o servicios forzados, esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, servidumbre o extracción de órganos «.

Es importante recordar que el Protocolo de Palermo, como se le conoce, no es un instrumento de derechos humanos. Es un instrumento diseñado para facilitar la cooperación entre Estados para combatir el crimen organizado, más que para proteger o dar una compensación a las víctimas del crimen. Los Estados deben fortalecer los controles fronterizos para evitar la trata y el tráfico. Los controles fronterizos y la cooperación policial, no la protección de los derechos humanos, se encuentran en el centro de ambos protocolos de tráfico y trata. El énfasis está en interceptar a los tratantes y traficantes y en castigarlos y enjuiciarlos. Si bien se alienta a los Estados a ofrecer protección a las personas tratadas, en particular a considerar brindar a las víctimas de trata la posibilidad de permanecer, temporal o permanentemente, en su territorio, las obligaciones reales son mínimas y las disposiciones de protección son débiles. Aunque existen otros instrumentos legales más progresivos que rigen la trata, incluso en estos la protección de las personas tratadas depende de su cooperación con las autoridades.

Las preocupaciones del Protocolo de Palermo con el crimen y las fronteras surgieron en parte de una preocupación más particular sobre la prostitución de mujeres y menores, y hay una referencia especial hecha en el protocolo a la explotación sexual y la explotación de la prostitución de otros. Los medios, las políticas y la investigación sobre la trata se han centrado en su mayor parte exclusivamente en el trabajo sexual, y la trata se asocia comúnmente con la «esclavitud sexual» y el crimen organizado. Periodistas, políticos y académicos representan rápidamente a las mujeres migrantes en la industria del sexo como víctimas de abuso y violencia, y a los tratantes como personas y/u organizaciones mafiosas similares a las que esclavizan a las mujeres en la prostitución. Esto ayuda a instalar la imagen de la trata dentro de un binario simplista y estereotipado de víctima engañada / inocente (mujeres extranjeras) y tratantes malvados (generalmente hombres extranjeros). La trata aparece como una actividad que tiene lugar fuera de cualquier marco social: son los individuos criminales los responsables.

Los gobiernos, particularmente en Europa, también culpan a los tratantes por la proliferación de la migración irregular y el abuso de los trabajadores migrantes. Por ejemplo, en su prólogo al documento del Ministerio del Interior “Reforzando las reglas” (2007), el entonces Ministro del Interior del Reino Unido, John Reid, dijo:

Si no se hace frente a los tratantes de personas que están detrás de las tres cuartas partes de la migración ilegal a este país, las personas vulnerables y a menudo desesperadas quedan a merced de los delincuentes organizados.

La imagen de la Víctima de Trata se utiliza para invocar una reacción emocional y una imagen de grandes cifras, haciéndose eco de los temores de «oleadas» y «hordas» de migrantes («ilegales»). (Ha habido un cambio reciente en el discurso, por el que la emoción dominante se ha convertido en lástima en lugar de miedo, pero los efectos son muy similares). La representación de la trata como el principal impulsor de la migración ilegal es un desarrollo relativamente nuevo: – contrástense las declaraciones de John Reid con las declaraciones del Ministerio del Interior de 2002, cuando el número de víctimas de trata era «pequeño» y la mayoría de los inmigrantes ilegales se encontraban en el Reino Unido «con su consentimiento» .2 Hay poca evidencia que respalde las cifras que se esgrimen. Por ejemplo, el Departamento de Estado de los EE. UU. estima que entre 600.000 y 800.000 personas son tratadas anualmente a través de las fronteras internacionales, pero la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de los EE. UU. ha criticado severamente éstas y otras estimaciones, describiéndolas como ‘cuestionables’ y basadas en metodologías débiles.3 Señala que, desde 1999, menos de 8.000 migrantes en 26 países han recibido asistencia a través de la Organización Internacional para las Migraciones (que es una de las principales organizaciones intergubernamentales que se ocupan del tema). Hay una brecha significativa entre números estimados y víctimas identificadas, y las estimaciones resuenan con el temor de ser sobrepasados por «ilegales». Así, en el Reino Unido hay unos 35 lugares para mujeres identificadas como víctimas de trata sexual, y en 2007 solo hubo 17 condenas por delitos de trata, todos por trata sexual. 4

Esta equiparación de migración ilegal y trata no está respaldada por el Protocolo de Palermo. De hecho, los protocolos de la ONU establecen que la entrada a un Estado puede ser legal o ilegal en el caso de la trata (mientras que el tráfico solo puede referirse a la entrada ilegal). También afirman que la trata puede tener lugar dentro de las fronteras nacionales. No es necesario ser «ilegal» para ser tratada, así como tampoco es necesario ser «prostituta». Por lo tanto, en la práctica, hay problemas de definición cruciales sobre lo que realmente constituye trata que no se han resuelto. Esta falta de claridad no ha impedido el éxito del Protocolo de Palermo; quizás incluso lo haya facilitado. Mientras que la Convención de las Naciones Unidas sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familias, aprobada por la ONU en 1990, tenía solo 15 signatarios en julio de 2008, el Protocolo de Palermo tenía en ese momento 117 signatarios.

La trata como «antipolítica»

Esta falta de claridad definitoria permite un deslizamiento constante entre «inmigración ilegal», «prostitución forzada» y «trata”. Todos están de acuerdo en que la trata y la explotación (sexual) están mal, a pesar del problema sobre lo que realmente significan estas palabras. Esto ayuda a crear un consenso humano fuera del debate político; nadie puede dudar de que la «trata» debe ser eliminada. El deslizamiento sirve para despolitizar las intervenciones contra la trata y evitar que se fije la atención sobre el papel del Estado en la creación de las condiciones en las que ocurre la explotación. Nuestro argumento es que esta despolitización es en realidad una forma de «antipolítica»: 5 introduce de contrabando la política bajo una «agenda humanitaria» aparentemente orientada a la asistencia y protección de las víctimas. La víctima de la trata no es una figura apolítica, como hemos visto: es una que ha sido adoptada por el Estado. La pregunta entonces es: ¿cuáles son las políticas que se están introduciendo de contrabando? Al abordar esto, consideraremos tres áreas clave: la política del sexo, la política del trabajo y la política de la ciudadanía. (El hecho de que éstas puedan ser imaginadas como terrenos separados de compromiso político es quizás en sí mismo el punto más digno de mención).

Politica del sexo

Las negociaciones sobre el Protocolo de Palermo reunieron a Estados y feministas que estaban particularmente preocupados por la prostitución, y hasta hace poco las discusiones políticas y la investigación sobre el trata se han centrado mucho en las actitudes hacia el trabajo sexual en lugar de hacia la migración. Las discusiones sobre el Protocolo en sí mismas se vieron afectadas por el debate polarizado entre quienes podrían denominarse «abolicionistas feministas» y quienes argumentaron desde la perspectiva de los «derechos de las trabajadoras sexuales». Las abolicionistas argumentan que la prostitución reduce a las mujeres a objetos comprados, y siempre y necesariamente es degradante y perjudicial para las mujeres. Por lo tanto, no reconocen ninguna distinción entre la prostitución «forzada» y la «libre elección», y sostienen que al tolerar, regular o legalizar la prostitución, los Estados permiten la violación reiterada de los derechos humanos a la dignidad y la autonomía sexual. La prostitución es un «crimen de género», parte del dominio patriarcal sobre la sexualidad femenina, y su existencia afecta negativamente a todas las mujeres al consolidar los derechos de acceso de los hombres a los cuerpos de las mujeres. Toda prostitución es una forma de esclavitud sexual, y la trata está intrínsecamente relacionada con la prostitución. Desde este punto de vista, las medidas para erradicar el mercado del sexo comercial son simultáneamente medidas contra la trata y viceversa.

Las feministas que adoptan lo que podría denominarse una perspectiva de «derechos de las trabajadoras sexuales» rechazan la idea de que toda prostitución es forzada e intrínsecamente degradante. Ven el trabajo sexual como un trabajo en el sector de servicios y ven las acciones estatales que penalizan o castigan de alguna otra forma a quienes toman la decisión individual de ingresar en la prostitución como una negación de los derechos humanos a la autodeterminación. También desafían fuertemente la simple equiparación de las abolicionistas feministas de la demanda de trata y la demanda de prostitución. Desde este punto de vista, es la falta de protección para las trabajadoras de la industria del sexo, ya sea migrante o no, en lugar de la existencia de un mercado para el sexo comercial en sí mismo, lo que deja espacio para la explotación extrema, incluida la trata. Por lo tanto, la solución al problema radica en sacar de la clandestinidad el sector sexual y regularlo de la misma manera que otros sectores de empleo están regulados.

La mayoría de los Estados de la UE adoptan un enfoque prohibicionista: prohibir la prostitución y penalizar a las trabajadoras sexuales. Sin embargo, el gobierno sueco tiene un modelo «neoabolicionista», que el gobierno británico ha estado considerando adoptar. Este penaliza a los compradores de servicios sexuales y prohíbe la compra y el intento de compra de servicios sexuales. Dentro de esta lógica, la prostitución y la trata sexual se consideran una cuestión de oferta y demanda: la oferta es creada por la demanda de los hombres por los servicios sexuales de las mujeres. La solución entonces es restringir la demanda.

La propuesta de penalizar la prostitución para combatir la trata sexual y la explotación de las trabajadoras migrantes en el sector sexual a menudo se basa en una visión simplista de la industria del sexo y la forma en que opera el sector. Centrar los esfuerzos y políticas antitrata en los compradores como aquellos que causan la demanda, y / o en los «tratantes» como explotadores del trabajo de los migrantes, desvía la atención del contexto económico, social y político mucho más amplio dentro del cual se encuentra la industria del sexo; y en particular, para los propósitos de nuestro argumento aquí, desvía la atención del papel que juegan las regulaciones de residencia y empleo en los Estados de destino. Este enfoque también reduce la migración y la participación de las mujeres en la industria del sexo a la idea de la esclavitud (sexual), y simplifica las relaciones sociales al verlas exclusivamente en términos de opresión patriarcal o actividad criminal, sin dejar espacio para la autonomía de las trabajadoras sexuales. Además, agrega fuerza a la idea de que la trata es igual a la migración forzada e ilegal, y fomenta una separación total imaginaria entre las formas de migración «legales» e «ilegales».

Finalmente, un enfoque en el trabajo sexual como la característica principal de la trata de personas hace poco para disipar el pánico moral que alimenta los temores a la migración ilegal. Por el contrario, refuerza fuertemente la idea de que se requiere una restricción creciente. Quienes defienden la penalización de los clientes no consideran que es precisamente el endurecimiento de los controles de inmigración y las leyes laborales restrictivas lo que crea las condiciones para la proliferación de la ilegalidad y la explotación laboral.

Politica de trabajo

La preocupación del Estado por la trata parece ofrecer un espacio para quienes están preocupados por los derechos humanos y / o laborales de los migrantes; existe una creciente presión para ampliar el debate desde su enfoque en la trata sexual hasta una preocupación más amplia con el trabajo forzado. Aquí, académicos, organizaciones de migrantes y algunos sindicatos, así como la Organización Internacional del Trabajo, han tratado de explotar el terreno común que aparentemente comparten con los gobiernos en su deseo de erradicar la trata y el trabajo forzado.

Un enfoque en los derechos de los trabajadores resalta una serie de contradicciones en el pensamiento del gobierno. Aquí surge un problema clave de lo que en realidad se entiende por «fuerza» y «explotación». ¿Cómo distinguir la trata de los contratos de trabajo legalmente tolerados (también de las formas legalmente toleradas de explotación de mujeres y niños dentro de las familias)? Las preguntas sobre qué constituye una práctica laboral explotadora son muy controvertidas; de hecho, históricamente han sido y siguen siendo un foco central de la lucha del movimiento laboral organizado para proteger a los trabajadores. En ausencia de un consenso político global sobre los derechos mínimos de empleo, o de las normas transnacionales e intersectoriales con respecto a las relaciones laborales, es extremadamente difícil llegar a un criterio para medir la «explotación». La mano de obra migrante con bajos salarios está permitida y buscada por los empleadores, precisamente porque puede ser explotada. ¿Cómo trazar una línea en la arena entre los migrantes «tratados» y los migrantes «no tratados sino sometidos al tipo corriente de explotación»? De hecho, dado que el movimiento a través de las fronteras internacionales no es un requisito para que tenga lugar la trata, ¿cómo puede hacerse esta distinción entre los migrantes con trata y los trabajadores explotados en general, y por qué hacerlo? Los abusos pueden variar en severidad, lo que significa que generan un continuo de experiencia en lugar de ser definibles mediante una simple dicotomía. Las ideas sobre el punto preciso en este continuo en el que terminan las formas tolerables de migración laboral y comienza la trata variarán de acuerdo con nuestros valores políticos y morales. Independientemente de si son migrantes o no, los trabajadores no pueden dividirse en dos grupos completamente separados y distintos: aquellos tratados que son sometidos involuntariamente a la miseria de las condiciones de esclavitud en un sector económico ilegal o no regulado, y aquellos que trabajan voluntaria y legalmente en la felicidad y la protección del mundo de la economía formal. Violencia, confinamiento, coerción, engaño y explotación pueden ocurrir y ocurren tanto dentro de los sistemas de trabajo regulados legalmente como en los irregulares, y tanto dentro de los sistemas de migración legales como de los ilegales.

Entonces surge la pregunta de por qué el desplazamiento importa en absoluto en estos debates. ¿Por qué ser forzada a prostituirse o a trabajar en su ciudad natal es menos atroz que ser forzada a prostituirse o trabajar en otro lugar? Es el resultado—la explotación y el abuso— lo que constituye el problema, no dónde tiene lugar. Es aquí donde entra en juego la fusión entre la inmigración ilegal y la trata. Porque permite eludir la cuestión que es clave para los activistas pero que los Estados quieren evitar: ¿cuál es el papel que juegan los controles de inmigración para aumentar la vulnerabilidad a la explotación y el abuso? Ciertos estatus de inmigración crean grupos marginados sin acceso al mercado laboral formal, ni a ninguna de las protecciones generalmente ofrecidas por los Estados a ciudadanos y trabajadores. De este modo, el propio Estado equipa a los empleadores con mecanismos de control y retención laboral que de otro modo no estarían disponibles para ellos y que tienen el potencial de ser fuente de abusos. Pero la atención casi siempre se desvía de esta pregunta hacia los «empleadores malvados».

La figura del malvado empleador y tratante arroja una sombra sobre el papel del Estado en la construcción de la vulnerabilidad. Para la víctima individual de trata o la víctima de explotación, es el empleador, proxeneta o tratante quien niega el acceso a los derechos sociales básicos, como el tratamiento hospitalario. Pero si estos individuos no negaran el acceso, el Estado lo haría. De hecho, una de las principales fuentes de vulnerabilidad es la restricción del acceso a los derechos sociales legitimada por el Estado. Una realidad altamente política sobre el papel del Estado en la construcción de la vulnerabilidad para los no ciudadanos —una realidad con posibles soluciones políticas— se oscurece al pedir a los Estados que protejan los derechos humanos de las víctimas de la trata. Es notable que no haya una petición similar al Estado para que proteja los «derechos humanos» de los «inmigrantes ilegales».

Politica de ciudadania

El discurso de la trata debe verse como parte de un intento más general de despolitizar la cuestión de la migración. Los discursos gerenciales también son una parte importante de este proceso: la cuestión pasa a ser la de administrar lo que tiene sentido económico, de nombrar expertos para determinar las sutilezas de la oferta y la demanda de mano de obra. Por lo tanto, la política de migración se convierte en una cuestión de operacionalizar los juicios técnicos en lugar de un proceso político, y la «tranquilidad» consiste en asegurar al público que se tomarán las decisiones técnicas correctas. De hecho, la migración es una de las cuestiones políticas más fundamentales de todas: ¿quién constituye la política?

Esta no es simplemente una pregunta formal: aborda preguntas sobre cómo se crea una política, qué implicaciones tiene.6 La ciudadanía no es simplemente un estatus legal otorgado por el Estado. Es un proceso dinámico y se construye activamente. La ciudadanía es representada por una variedad de actores, y sus actos están habilitados o restringidos por las estructuras sociales y las condiciones materiales de sus vidas. Como argumenta Balibar, podemos ver las demandas de derechos de los trabajadores migrantes como «expresiones parciales pero directas del proceso de creación de derechos, una dinámica que permite que la constitución política sea reconocida como ‘soberanía popular’ o democracia».

La ciudadanía no es una manifestación abstracta del poder del Estado; está encarnada y representada por individuos que disfrutan, negocian o no negocian los privilegios y / o barreras de la pertenencia a la misma. Es un tema de discusión y se constituye a través de una interacción continua entre las prácticas de ciudadanía y su codificación institucional. La cuestión de los derechos de los trabajadores migrantes es parte de esta interacción política. La negación de que éste es un campo de disputa política, ya sea tratando la migración como una cuestión económica, o considerando los abusos de derechos como originados por individuos independientes, cierra el debate.

Si bien la inmigración ilegal y la trata son frecuentemente presentadas como si fueran la misma cosa por los medios de comunicación y por los sucesivos Ministros del Interior, solo las más victimizadas —aquellas que no pueden actuar por sí mismas— pueden ser calificadas como víctimas de trata y tener derecho a la asistencia y protección del Estado. Para pasar la «prueba» de trata, una debe ser una víctima «verdadera»: herida, sufriente y esclavizada. Dado que las víctimas se definen como aquellas que necesitan ayuda (por parte del Estado, las ONG, la policía o los clientes), no son vistas como sujetos políticos sino como objetos de intervención. Las víctimas no pueden participar en el ámbito de lo político. Otros deben actuar en su nombre, y de hecho ha habido una gran cantidad de organizaciones e iniciativas contra la trata. El lenguaje de la trata borra cualquier idea de lucha y trabaja para estabilizar las transformaciones políticas y sociales provocadas por la migración, ya que confina a los migrantes en la victimización. Esto refuerza la noción de que uno no puede comprometerse con la ciudadanía como un proceso, sino solo con la ciudadanía como un estatus legal formal administrado por un Estado omnisciente.

Sin embargo, incluso la ciudadanía como un estatus legal formal está muy lejos para las víctimas de trata. En primer lugar, es extremadamente difícil obtener el estatus de víctima de trata. En contraste con las grandes cifras que se invocan, el Estado reconoce a muy pocas personas como víctimas de trata. Además, ese estatus conlleva solo derechos temporales. El período de reflexión de treinta días —una oportunidad para que la víctima de trata considere si va o no a tomar acciones legales contra los tratantes y, por lo tanto, evitar la expulsión o la deportación— solo se implementó después de una considerable presión de las ONG. El estatus de víctima de trata no garantiza un derecho automático a permanecer en el Reino Unido; simplemente indica un derecho temporal a la asistencia y a permanecer en el país, que se elimina después de que la víctima ha colaborado con las autoridades para ayudar al procesamiento de los tratantes. Lo que sigue, en el idioma del Ministerio del Interior, es la reintegración y reasentamiento de las víctimas, eufemismo por deportación. La categoría legal de víctima de trata no tiene como objetivo la protección de las víctimas, sino más bien el enjuiciamiento de los tratantes. En su asignación de derechos temporales y condicionales, el estatus de víctima de trata normaliza la exclusión producida a través de políticas laborales y de inmigración restrictivas, y sirve para mantener la organización jerárquica de acceso a los derechos y la ciudadanía.

La referencia a los abusos cometidos por actores individuales —tratantes brutales y empleadores explotadores— oscurece la importancia de la ciudadanía formal / estatus legal, y el papel del Estado en la construcción de la vulnerabilidad a través de la negación del estatus legal. Las medidas y la retórica contra la trata convierten el conflicto político en un parcheo de contradicciones o ajustes negociados de intereses, y la negociación y el parcheo generalmente no son hechos por los migrantes.

Conclusión

Muchas personas sienten una profunda preocupación por la injusticia generalizada que padecen tantas personas, especialmente cuando ocurre cerca de casa y es una clara manifestación de las desigualdades mundiales. Y el entusiasmo con el que se apoyan las campañas y políticas «contra la trata» es una manifestación de tal preocupación. Pero si se quiere terminar con la explotación y el abuso, se deben buscar soluciones que vayan más allá de identificar a las víctimas y encarcelar a los tratantes. Al apuntarse a políticas y campañas contra la trata, existe el peligro de ser engañados por un juego de manos que fusiona ilegalidad y trata, y presenta controles de inmigración cada vez más duros como siendo a favor de los intereses de los migrantes. Los controles de inmigración producen grupos de personas que son «deportables» y, por lo tanto, particularmente vulnerables al abuso. El Estado es responsable del mantenimiento de un marco legal dentro del cual ciertas ocupaciones y sectores están desregulados, y existen fuera de las reglas de protección laboral; y es cómplice al permitir que terceros obtengan ganancias del trabajo de los migrantes, ya sea en el sexo comercial u otros sectores. Por lo tanto, es importante volver a poner al Estado en el análisis y abordar el papel desempeñado por las regulaciones laborales y de inmigración del Estado en la creación de las condiciones en las que la trata y la explotación de la mano de obra migrante pueden florecer.

 

Notas

  1. Por ejemplo, el Convenio del Consejo de Europa sobre la acción contra la trata de seres humanos y la Directiva del Consejo sobre el corto plazo

Sexo, esclavos y ciudadanos

El permiso de residencia hace hincapié en los planes de protección de las víctimas, pero también están condicionados a la cooperación con las fuerzas del orden.

 

  1. Ministerio del Interior, fronteras seguras, refugio seguro. Integración con la diversidad en la Gran Bretaña moderna, HMSO 2002.

 

  1. Oficina de Responsabilidad del Gobierno de los Estados Unidos, Trata de seres humanos: se necesitan mejores datos, estrategias e informes para mejorar los esfuerzos de Estados Unidos contra la trata en el extranjero, US GAO 2006.

 

  1. Hansard, Col. 1263W, respuesta escrita de Vernon Coaker, Subsecretario Parlamentario del Ministerio del Interior, a la Sra. Dari Taylor, MP, 19.3.08.

 

  1. E. Balibar, ¿Nosotros, los pueblos de Europa? Reflexiones sobre ciudadanía transnacional, Princeton University Press 2004.

 

  1. Ibid.

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