Logros y retos del movimiento global por los derechos de las trabajadoras sexuales

Por Annalee Lepp y Borislav Gerasimov

Septiembre de 2019

https://www.antitraffickingreview.org/index.php/atrjournal/issue/view/20

Cita sugerida: A Lepp y B Gerasimov, ‘Editorial: Gains and Challenges in the Global Movement for Sex Workers ‘Rights’ ‘, Anti-Trafficking Review, número 12, 2019, pp. 1-13, http://www.antitraffickingreview.org

 

En las últimas dos décadas, ha habido un creciente cuerpo de excelente literatura académica y comunitaria sobre las vidas, el trabajo y los esfuerzos de organización de las trabajadoras sexuales, y sobre los efectos nocivos de los discursos, las leyes y las normativas contra la trata de personas en diversas comunidades de trabajadoras sexuales. Es importante destacar que una parte importante de este trabajo ha sido producida por trabajadoras sexuales y organizaciones de trabajadoras sexuales.1 Cuando decidimos dedicar este Número Especial de Anti-Trafficking Review al tema del trabajo sexual, reconocimos esta realidad. Sin embargo, también pensamos que, dado que los discursos, las leyes y las normativas que afectan directamente a las trabajadoras sexuales a nivel mundial están cambiando continuamente, la producción de nuevas investigaciones basadas en evidencia y perspectivas críticas es constantemente necesaria.

Las trabajadoras sexuales se organizan para el cambio

Si bien la historia del activismo de las trabajadoras sexuales se remonta al menos al siglo XIX y principios del XX, la mayor parte de la literatura se centra en el surgimiento y crecimiento del movimiento global de derechos de las trabajadoras sexuales a partir de los años setenta y ochenta.2 Desde entonces, las trabajadoras sexuales (mujeres, hombres, personas trans y no binarias) se han organizado para exigir el reconocimiento del trabajo sexual como trabajo; desafiar el estigma, la discriminación y todas las formas de violencia, incluída la que proviene de la policía; mejorar las condiciones de trabajo; presionar por los derechos humanos, sociales y laborales plenos; hacer activismo por la despenalización del trabajo sexual; y proporcionar soporte y servicios gestionados entre compañeras. Muchas organizaciones de trabajadoras sexuales también organizan y apoyan a las trabajadoras sexuales migrantes en un esfuerzo por abordar los desafíos específicos que enfrentan, tales como el racismo y la xenofobia, la precariedad debido a su estado migratorio, la falta de acceso a la salud y otros servicios, la vulnerabilidad a la explotación y la violencia, y el riesgo de detención y deportación.

Desde la década de 1990, las trabajadoras sexuales y las organizaciones de trabajadoras sexuales también han tenido que lidiar con el surgimiento, la expansión y el fortalecimiento de la “industria antitrata” global con sus fuertes agendas de lucha contra el trabajo sexual, justicia penal y control de fronteras.3 Las organizaciones de trabajadoras sexuales en España, Tailandia e India, por ejemplo, señalaron en un reciente informe de la Alianza Global contra la Trata de Mujeres que la trata era “un asunto que se introdujo [o de hecho se impuso] desde fuera de la propia industria del sexo, impulsado por una agenda moralista, que las organizaciones se han sentido obligadas a comprender para contrarrestar los efectos nocivos de la fusión conceptual de trata y trabajo sexual ». 4 En muchos países, las leyes, las normativas y las intervenciones contra la trata han apuntado a las trabajadoras sexuales con impactos altamente perjudiciales. Esto ha tomado la forma de una mayor vigilancia policial de la industria del sexo, redadas en establecimientos de trabajo sexual, confinación forzada en centros de rehabilitación, detenciones y enjuiciamientos de trabajadoras sexuales como tratantes y deportaciones de trabajadoras sexuales migrantes, todo lo cual socava e ignora la autonomía de las trabajadoras sexuales así como sus demandas legítimas de mejores condiciones de trabajo y derechos humanos, sociales y laborales.5 Además, el papel crucial de las organizaciones de trabajadoras sexuales en la promoción de los derechos, la seguridad y la protección de las trabajadoras sexuales y en el abordaje de las condiciones de trabajo en la industria del sexo en gran medida no ha sido reconocido por los legisladores nacionales e internacionales, los donantes y algunas organizaciones no gubernamentales. Las ideologías, suposiciones y agendas que alimentan la industria antitrata también han resultado en la exclusión y el silenciamiento de las trabajadoras sexuales y las organizaciones de trabajadoras sexuales cuando se trata del desarrollo de legislación y normativas que afectan directamente sus vidas y su trabajo. En los últimos diez años, esta tendencia ciertamente ha sido evidente en países donde los gobiernos han promulgado leyes que penalizan la compra de servicios sexuales en nombre de la igualdad de género, la protección de las mujeres vulnerables y la prevención de la trata con fines de explotación sexual.

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Hace veinte años, en 1999, Suecia se convirtió en el primer país del mundo en penalizar la compra —pero no la venta— de servicios sexuales, combinando esto con medidas para apoyar a las trabajadoras sexuales que quisieran salir de la industria del sexo.7 Basada en una conceptualización ideológica de la prostitución como violencia contra las mujeres y un obstáculo para la igualdad de género, esta penalización se introdujo inicialmente con el objetivo de reducir la prostitución al enfocarse en la demanda por parte de los hombres de servicios sexuales comerciales. Sin embargo, con la adopción del Protocolo de la ONU contra la trata de personas en 2000,8 y la inserción en el último momento del art. 9 (5) que exhorta a los Estados a «desalentar la demanda que fomenta todas las formas de explotación de personas, especialmente mujeres y niñas, que conduce a la trata», 9 el modelo sueco ha sido promovido desde entonces como una forma de prevenir la trata en la industria del sexo. A pesar de la falta de evidencia concluyente de que el modelo haya logrado reducir el trabajo sexual o prevenir la trata en Suecia, 10 ha sido empaquetado como un mecanismo para promover la igualdad de género, proteger a las mujeres vulnerables y prevenir la trata en la industria del sexo. Como resultado, se han adoptado prohibiciones de compra de sexo en Noruega e Islandia (2009), Canadá (2014), Irlanda del Norte (2015), Francia (2016), la República de Irlanda (2017) e Israel (2018).

Al mismo tiempo y durante el mismo período, ha habido una creciente evidencia de que el modelo sueco exacerba el estigma contra las trabajadoras sexuales, las obliga a implicarse en actividades más peligrosas, y aumenta el riesgo de VIH e ITS y la violencia de los clientes y la policía. Esta evidencia a menudo ha sido acompañada por el apoyo a la despenalización del trabajo sexual y proviene de académicos, 11 agencias de la ONU, 12 organizaciones de derechos humanos, 13 profesionales médicos, 14 organizaciones LGBTI +, 15 organizaciones contra la trata, 16 y, por supuesto, las propias trabajadoras sexuales.17 Esto hace plantear una pregunta: entonces, ¿por qué es que con un apoyo tan fuerte e incluso abrumador a la despenalización del trabajo sexual, respaldado por una extensa investigación basada en evidencia, cada vez más gobiernos están adoptando el modelo sueco? Si bien esta pregunta requiere un examen mucho más profundo de lo que permite el espacio de este Editorial, proponemos que es parte de una tendencia global más amplia hacia el conservadurismo social, la dependencia excesiva de respuestas punitivas para abordar los «problemas» sociales y morales que sirven para reforzar las agendas conservadoras de quienes detentan el poder político, 18 y lo que se ha denominado posverdad y su intensificación, donde «los hechos objetivos son menos influyentes en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y las creencias personales» .19

Los números anteriores de la Anti-Trafficking Review han documentado las imágenes y narrativas simplistas utilizadas para describir a las mujeres migrantes y tratadas en la industria del sexo, y la falta de evidencia que está detrás de muchas leyes e intervenciones contra la trata. En 2016, Andrijasevic y Mai señalaron que “la imagen estereotípica de la víctima es la de una mujer joven, inocente y extranjera engañada para ejercer la prostitución en el extranjero. Es maltratada y mantenida bajo vigilancia continua para que su única esperanza sea el rescate policial.”20 En 2017, Harkins observó que “la evidencia no ha sido priorizada dentro del sector antitrata”.21 El uso de imágenes e historias de víctimas altamente emotivas y la falta (o desprecio) de evidencia que se alinea con la definición misma de posverdad caracterizan los procesos que condujeron a la introducción del modelo sueco en varios países en los últimos años.

(…)

Lo que la investigación ha demostrado es que la introducción de la prohibición de la compra de sexo en todos estos países (así como la legislación contra la trata de personas en general) fue posible en gran medida mediante la forja de alianzas poderosas entre los partidos conservadores gobernantes, los grupos religiosos y las feministas prohibicionistas de la prostitución y carcelarias que se basan en concepciones del trabajo sexual y la trata con un elevado sesgo de género y racializadas.31 A pesar de este ataque coordinado contra los derechos de las trabajadoras sexuales, del rechazo de una extensa investigación académica y comunitaria sobre las vidas y el trabajo de las trabajadoras sexuales, y de la exclusión del punto de vista de las trabajadoras sexuales en el ámbito del desarrollo de leyes en un entorno de posverdad, el movimiento global por los derechos de las trabajadoras sexuales continúa creciendo y se está haciendo oír.

Este Número Especial

Los artículos incluidos en este número especial examinan una variedad de temas relacionados con el trabajo sexual. Estos incluyen exploraciones de la organización de trabajadoras sexuales y formas de resistencia creativa en varios países de Asia, África, Europa y América. Si bien varios autores destacan los logros del movimiento por los derechos de las trabajadoras sexuales histórica y / o contemporáneamente, también identifican algunos de los desafíos actuales, muchos de los cuales emanan de la implementación de leyes de prostitución y lucha contra la trata equivocadas y punitivas, así como de la reacción generalizada contra leyes basadas en los derechos humanos y en la evidencia. Varios de los autores son trabajadoras sexuales en activo o retiradas, mientras que otros son académicos afiliados a instituciones académicas. Todos apoyan y defienden los derechos de las trabajadoras sexuales y la despenalización del trabajo sexual.

El primer conjunto de artículos se centra en la organización de las trabajadoras sexuales. Ya sea en Toronto, Bogotá, Manila o Ciudad del Cabo, las trabajadoras sexuales de todo el mundo se están organizando para contar sus propias historias, reclamar sus derechos humanos, sociales y laborales, resistir el estigma y las leyes y normativas punitivas, y proporcionar apoyo mutuo entre compañeras.

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Conclusión

En conjunto, los artículos de este Número Especial contribuyen al cuerpo cada vez mayor de literatura académica y comunitaria sobre trabajo sexual, organización de trabajadoras sexuales y el impacto de las leyes y normativas represivas de la prostitución y antitrata en las comunidades de trabajadoras sexuales. Ante la evidencia creciente e incontrovertible, todos los artículos apuntan a la conclusión de que, al igual que los donantes a los que Nadia van der Linde desafía, ya nadie puede reclamar «neutralidad» en el tema de los derechos de las trabajadoras sexuales. En particular, dada la diversidad interseccional de las trabajadoras sexuales —en términos de antecedentes de género, sexualidad, raciales, étnicos y de clase, estatus migratorio, etc.— y las diferentes condiciones laborales en las que trabajan las trabajadoras sexuales, es imperativo que se cultiven y forjen más alianzas cruzadas entre diversos movimientos. En otras palabras, a la luz de las múltiples y complejas dimensiones sociales y laborales que deben abordarse, es necesario que las organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres, de las personas LGBTI +, de los trabajadores formales e informales, de los migrantes y de las personas víctimas de trata, así como los movimientos que trabajan por la justicia social, económica y racial, se unan a la lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales y la despenalización del trabajo sexual.

 


Annalee Lepp es profesora asociada en el Departamento de Estudios de Género de la Universidad de Victoria, Canadá. Es miembro fundador de la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW) —Canadá, que se estableció en 1996, y es miembro de la Junta Directiva de GAATW. Desde 1997, ha participado en varios proyectos de investigación en colaboración que examinan las leyes y prácticas estatales canadienses en relación con la trata de personas y los movimientos transfronterizos irregulares, así como el impacto de las leyes contra la trata en los derechos de las trabajadoras sexuales en Canadá. Correo electrónico: alepp@uvic.ca.

Borislav Gerasimov es Oficial de Comunicaciones y Activismo de la Alianza Global contra la Trata de Mujeres y editor de la Anti-Trafficking Review. Es licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Sofía St Kliment Ohridski, Bulgaria, y anteriormente trabajó en Animus Association, Bulgaria y La Strada International, Países Bajos. También ha participado en el trabajo de ONG que apoyan a jóvenes romaníes, personas LGBTI, personas que viven con VIH / SIDA y trabajadoras sexuales en Bulgaria y los Países Bajos. Correo electrónico: borislav@gaatw.org.

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