La reducción drástica del número de clientes que han sufrido las trabajadoras sexuales como consecuencia de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia ha supuesto un adelanto —un ensayo general— de la penalización de clientes que promueven las abolicionistas. A la vista está el resultado: ninguna ayuda para las prostitutas, que han sido abandonadas a su suerte. O peor, han sido boicoteadas en sus esfuerzos por sobrevivir: la ministra “feminista” de Unidas Podemos, la señora Irene Montero, dio orden con entusiasmo abolicionista de cerrar los burdeles, de enviar a las prostitutas a la calle.
La señora Irene Montero dice que no es partidaria de penalizar a los clientes: ella prefiere el viejo método abolicionista de penalizar a todo el que proporcione los medios indispensables para su trabajo a las trabajadoras sexuales. Con su Ley de Libertad Sexual pretende el desahucio general de las prostitutas en España; pretende impedirles su medio de vida, condenarlas al hambre.
Esta política genocida de mujeres no puede ser llamada feminismo. Las feministas debemos denunciar como antifeministas a esta horda totalitaria que agrupa a las fuerzas más reaccionarias de la sociedad.
La única política feminista es la total despenalización del trabajo sexual tal como está concretada en el
Manifiesto Político de las Trabajadoras Sexuales del Estado español
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