La desinformación sobre el trabajo sexual

Enviado por NSWP el 17 de diciembre de 2020

https://www.nswp.org/resource/nswp-briefing-notes/briefing-note-misinformation-sex-work

 

La desinformación sobre el trabajo sexual ha florecido durante siglos, alimentada por estereotipos, mitos y juicios morales ancestrales que siguen dando forma a las leyes y a las opiniones públicas. 

Ya sea que las falsedades se difundan para engañar deliberadamente o se compartan sin saberlo, la difusión de información inexacta y engañosa sobre el trabajo sexual tiene consecuencias importantes. Esta Nota Informativa describe algunas de las formas más frecuentes de desinformación en torno al trabajo sexual, proporcionando ejemplos recientes para demostrar sus impactos en los ámbitos de la política, la investigación y la protección de los derechos humanos.

 

Fusión del trabajo sexual con la trata y la explotación

A lo largo de la historia, la legislación y los discursos contra la trata se han centrado en la «prostitución» como un medio para controlar el movimiento, la migración y el comportamiento sexual de las mujeres. Hoy en día, la fusión del trabajo sexual con la trata sigue siendo una de las formas más prevalentes de desinformación en torno al trabajo sexual, respaldada por la ideología feminista y abolicionista radical que equipara todo trabajo sexual con violencia y explotación. Esta ideología, a su vez, da forma a una serie de leyes y prácticas nocivas, incluidos los modelos de «fin de la demanda» y de «redada y rescate» y servicios coercitivos de «rehabilitación» y «salida».

Aunque los enfoques de «fin de la demanda» afirman promover la igualdad de género al reducir la prevalencia tanto del trabajo sexual como de la trata, un conjunto sustancial de pruebas ha demostrado que la penalización de los clientes exacerba la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales a la violencia, la explotación y el abuso, al tiempo que obstaculiza la identificación de las víctimas reales de trata.1 Además, no hay pruebas sustanciales que sugieran que los enfoques de “fin de la demanda” hayan reducido la prevalencia del trabajo sexual2 o de la trata.3

La fusión del trabajo sexual y la trata también refuerza las malas interpretaciones de los marcos legales internacionales que rodean la “explotación de la prostitución”, un concepto que a menudo se invoca, pero que está escasamente definido. Los defensores de los enfoques de «poner fin a la demanda» han afirmado ampliamente, por ejemplo, que tanto la CEDAW como el Protocolo de Palermo exigen a los Estados suprimir toda la «prostitución» como una forma de trata y explotación. Sin embargo, las discusiones documentadas durante la redacción de la CEDAW han demostrado que el artículo 6 de la Convención, que exige a los Estados «suprimir la explotación de la prostitución» 4, fue redactado deliberadamente para distinguirlo del deber de suprimir toda prostitución.5 La Nota Interpretativa que acompaña el Protocolo de Palermo especifica de manera similar que el Protocolo solo aborda la “explotación de la prostitución” en el contexto de la trata, y que no define lo que constituye la «explotación de la prostitución ajena» 6.

Sin embargo, las feministas y abolicionistas radicales continúan capitalizando la ambigüedad que rodea a la «explotación de la prostitución» para promover enfoques de «fin de la demanda». En noviembre de 2020, el Comité de la CEDAW publicó la Recomendación general sobre la trata de mujeres y niñas en el Contexto de la migración global.7 A pesar de los repetidos llamamientos de las organizaciones dirigidas por trabajadoras sexuales para que la Recomendación General distinga claramente entre trabajo sexual, trata y explotación, el Comité de la CEDAW finalmente ignoró estos aportes para promover una agenda de políticas defectuosa arraigada en la ideología de “fin de la demanda.”

Evidencia errónea

La fusión del trabajo sexual con la explotación y la trata también ha llevado al frecuente uso indebido de datos sobre la trata de personas, el trabajo forzado y la «esclavitud moderna» para dar forma a las leyes y posiciones sobre el trabajo sexual. Esta práctica se ve agravada por la naturaleza intrínsecamente problemática de los datos relativos a la lucha contra la trata.

Las dificultades para obtener datos fiables y sólidos sobre la trata de personas y el trabajo forzado han sido reconocidas durante mucho tiempo por investigadores y académicos8, así como por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 9 y el Departamento de Estado de los Estados Unidos.10 La Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen (UNODC) también ha señalado el potencial del sesgo estadístico para distorsionar las mediciones de la «explotación sexual», debido al hecho de que esta forma de explotación es más visible y se informa con más frecuencia que otras.11 La práctica generalizada de poner en el punto de mira e identificar erróneamente a las trabajadoras sexuales en las intervenciones contra la trata (tales como las operaciones de «redada y rescate»), combinadas con el subregistro de otras formas de explotación laboral, comprometen aún más estos datos, fomentando un ciclo insidioso y autoperpetuante de «evidencia» defectuosa.

Los datos también se pueden tergiversar para lograr maliciosamente porcentajes más altos y reforzar afirmaciones ficticias. En un video de la campaña de reelección de febrero de 2020, el presidente del grupo de trabajo de la CEDAW que lidera el desarrollo de la Recomendación general sobre la trata de mujeres y niñas en el contexto de la migración mundial afirmó que “el 90% de las mujeres víctimas de la trata han sido objeto de trata con fines de explotación sexual. ”12 Si bien la fuente de esta información no fue revelada, la estadística puede ser remodelada del Informe Global sobre la Trata de Personas (TIP) 2018 de la UNODC, que indicó que el 83% de las mujeres víctimas de la trata han sido víctimas de trata con fines de explotación sexual.13 Más allá de esta discrepancia numérica, dado que las estadísticas de la UNODC se basaron en datos limitados de aproximadamente solo una cuarta parte de los países del mundo, estos hallazgos no pueden generalizarse a escala mundial.

Los datos reconfigurados del Informe TIP de la UNODC de 2018 también se utilizaron en el Borrador de la Recomendación general de la CEDAW sobre la trata de mujeres y niñas en el contexto de la migración mundial14, así como en la publicación de julio de 2020 de ONU Mujeres y la Organización para la Seguridad y la Cooperación. en Europa (OSCE), Abordar las tendencias emergentes de la trata de personas y las consecuencias de la pandemia COVID-19.15 En estos documentos, se recalculó selectivamente un conjunto de 4 cifras del Informe TIP 2018 para lograr una cifra más alta en la trata con fines de explotación sexual. Esta forma de «piratería» de datos no solo oculta aún más la evidencia, sino que la falta de transparencia en torno a esta práctica genera serias preocupaciones sobre los motivos y la integridad de las partes involucradas.

Datos e intervenciones digitales

En los últimos años, el creciente enfoque en el «ciberdelito» y las intervenciones contra la trata de personas basadas en la tecnología también han ampliado enormemente el campo para cultivar información errónea sobre el trabajo sexual y promover leyes nocivas. En 2018, EE. UU. aprobó la Ley para dejar de habilitar a los tratantes sexuales (SESTA) y la Ley para permitir que los Estados y las víctimas luchen contra la trata sexual en línea (FOSTA), legislación que penaliza los sitios web utilizados por las trabajadoras sexuales para anunciar sus servicios, filtrar a los clientes y compartir información, con el pretexto de que estas plataformas facilitan la trata.

Tras una década de campañas e «investigaciones» defectuosas que retratan a la mayoría de las trabajadoras sexuales que anuncian sus servicios en línea como víctimas de trata, FOSTA-SESTA ha reducido significativamente la capacidad de las trabajadoras sexuales para trabajar de forma segura e independiente.16 Contrariamente a sus objetivos, esta legislación también ha obstaculizado los esfuerzos para investigar y enjuiciar a los tratantes, quienes han trasladado sus actividades a la clandestinidad para evitar ser detectados17.

No obstante, persiste el mito de que las plataformas en línea utilizadas por las trabajadoras sexuales impulsan la trata. Algunas partes interesadas, incluidas ONU Mujeres y la OSCE en su informe de julio de 2020, también han afirmado sin fundamento que la pandemia de COVID-19 ha exacerbado la vulnerabilidad a la trata facilitada en línea, con el fin de reafirmar una agenda política existente que no se basa ni en derechos ni en pruebas. .

El creciente enfoque en las intervenciones digitales contra la trata también ha impulsado el desarrollo de nuevas herramientas de recopilación de datos y vigilancia, que al mismo tiempo violan los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y contribuyen a una “base de evidencia” ya profundamente defectuosa. La herramienta Spotlight, desarrollada por el grupo antitrata Thorn para identificar a las víctimas de trata menores de edad, ha admitido haber recopilado datos de millones de anuncios de trabajo sexual en línea, compartiendo esta información con la policía basándose en la suposición de que “en algún lugar de esa pila de datos hay niños” 19. Esta descarada forma de vigilancia masiva expone a las trabajadoras sexuales a violaciones de la privacidad y al enjuiciamiento legal, al tiempo que refuerza las peligrosas ideas erróneas sobre el trabajo sexual en los espacios digitales.

Sesgo y discriminación disfrazados de neutralidad

Está claro que los conceptos erróneos más promocionados sobre el trabajo sexual se basan en prejuicios políticos e ideológicos, más que en hechos y realidades vividas. Sin embargo, estos prejuicios rara vez se reconocen y a menudo se enmarcan en un lenguaje de “neutralidad”. En octubre de 2019, en respuesta a la reacción violenta de las feministas abolicionistas contra la visibilidad del trabajo sexual en el Foro de Igualdad Generación Beijing + 25, 20 la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres afirmó la postura “neutral” de la organización sobre el trabajo sexual:

“ONU Mujeres ha adoptado una posición neutral sobre este tema. Por lo tanto, ONU Mujeres no toma posición a favor o en contra de la despenalización / legalización de la prostitución / trabajo sexual”. 21

Menos de un año después, durante un seminario web internacional de julio de 2020, la Directora Ejecutiva fue grabada en video diciendo:

“Nuestra creencia fundamental, como ONU Mujeres, es que todas las mujeres que participan en esta industria son víctimas; ya sea que se consideren trabajadoras sexuales o no, ya sea que vean esto como un trabajo, las consideramos víctimas, y a los que compran sus servicios como perpetradores de violencia contra las mujeres… Esto es la cosa más desesperada, la cosa más insana y la cosa más indigna que le puede pasar a cualquier mujer. ”22.

Las narrativas de victimización y la negación del trabajo sexual como trabajo son fundamentalmente incompatibles con una posición neutral sobre el trabajo sexual. Al abrazar creencias dañinas y discriminatorias bajo el disfraz de neutralidad, las partes comprometidas con los derechos humanos mienten y engañan conscientemente al público, socavando las protecciones universales que tienen el mandato de defender.

Varias instituciones internacionales y regionales de derechos humanos, incluida la OSCE y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), han hecho hincapié en que “la desinformación y la propaganda pueden dañar la reputación y la privacidad de las personas, o incitar a la violencia, la discriminación o la hostilidad contra grupos identificables en la sociedad ”.23 En mayo de 2020, en respuesta a la desenfrenada difusión de información errónea en medio de la crisis de la COVID-19, la ONU lanzó Verified, una campaña global dedicada a promover información precisa sobre la pandemia.24 Solo meses después, sin embargo, ONU Mujeres y la OSCE publicaron su informe sesgado y empíricamente defectuoso sobre la trata y la COVID-19, que promueve fusiones erróneas y leyes dañinas que exacerban la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales a la violencia, la discriminación y la penalización.

Ataques a defensores de derechos humanos

También se utiliza información errónea para intentar desacreditar a los defensores de los derechos humanos y otras partes comprometidas que apoyan los derechos humanos de las trabajadoras sexuales. Amnistía Internacional, que en 2016 adoptó su política histórica que promueve la despenalización del trabajo sexual, 25 ha sido un blanco destacado de los ataques contra el trabajo sexual respaldados por grupos abolicionistas, líderes religiosos y celebridades de Hollywood.

En una carta abierta publicada en un intento de detener la aprobación de la política de Amnistía Internacional, la Coalición contra la Trata de Mujeres (CATW) afirmó erróneamente que «la creciente evidencia muestra los efectos catastróficos de la despenalización del comercio sexual», citando «evidencia» de Alemania y Países Bajos: dos países en los que el trabajo sexual está legalizado, no despenalizado.26 Simultáneamente, se lanzó una campaña en las redes sociales contra Amnistía Internacional utilizando el hashtag # NoAmnesty4Pimps, agregando una gama de juicios moralizantes, afirmaciones infundadas e información evidentemente falsa que buscaba retratar a Amnistía Internacional como parte de un “lobby de proxenetas”.

También se han realizado campañas contra titulares de mandatos individuales encargados de defender los derechos humanos. En julio de 2020, la Dra. Tlaleng Mofokeng, una respetada experta en salud y derechos sexuales y reproductivos, fue nombrado Relatora Especial de Salud de la ONU. Debido a su defensa de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y su apoyo manifiesto a la despenalización del trabajo sexual, la Dra. Mofokeng fue inmediatamente sometida a ataques en línea que buscaban desacreditar su experiencia, 27 incluso a través de afirmaciones ficticias de que promovía la “prostitución” de las adolescentes. 28

La Relatora Especial saliente sobre la trata de personas, Maria Grazia Giammarinaro, también fue amonestada en julio de 2020 por cooperar con la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW), una organización contra la trata que pide la despenalización del trabajo sexual y la delimitación clara entre el trabajo sexual y la trata. El grupo abolicionista CATW afirmó falsamente que el ACNUDH (la oficina de la ONU que apoya a los relatores especiales) había violado el Protocolo de Palermo y la CEDAW al «alinearse» con la GAATW, demostrando cómo la mala interpretación de los marcos legales puede ser un arma en los intentos de desestabilizar las instituciones de derechos humanos.29

Conclusión

En un momento en el que es más fácil que nunca manipular y difundir información errónea, la importancia de cuestionar las narrativas, posiciones y «hechos» dominantes sobre el trabajo sexual es más clara que nunca. Cuando se aceptan sin crítica, estas falsedades perpetúan leyes y prácticas peligrosas que dañan a las trabajadoras sexuales y socavan la integridad de los mecanismos internacionales de derechos humanos. Sin embargo, a pesar de estos ataques, nunca ha habido una base de evidencia más amplia y sólida disponible para contrarrestar la información errónea sobre el trabajo sexual. La investigación liderada por la comunidad ha formado un componente esencial de esta base de evidencia y debe priorizarse para garantizar que las voces y las experiencias vividas por las trabajadoras sexuales sigan siendo escuchadas.

 

Notas

1 NSWP, 2018, “The Impact of ‘End Demand’ Legislation on Women Sex Workers.”

2 Jay Levy and Pia Jakobsson, “Sweden’s abolitionist discourse and law: Effects on the dynamics of Swedish sex work and on the lives of Sweden’s sex workers,” Criminology and Criminal Justice 14(5) (2014): 593-607.

3 Susanne Dodillet and Petra Östergren, 2011, “The Swedish Sex Purchase Act: Claimed success and documented effects.”

4 UN General Assembly, 1979, “Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, A/RES/34/180.”

5 Janie Chuang, “Article 6” in CEDAW Commentary, eds. Freeman et al. (Oxford: Oxford University Press, 2011), 176.

6 United Nations Office on Drugs and Crime, 2006, “Travaux Préparatoires of the negotiations for the elaboration of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto,” 347.

7 UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 2020, “General recommendation No. 38 (2020) on trafficking in women and girls in the context of global migration (CEDAW/C/GC/38).”

8 Elzbieta Gozdiak and Micah N. Bump, “Data and Research on Human Trafficking: Bibliography of research-based literature,” (Washington, D.C.: Georgetown University, 2008).

9 International Labour Organization, 2012, “ILO Global Estimate of Forced Labour: Results and methodology.”

10 U.S. Department of State, 2016, “Trafficking in Persons Report,” p. 10.

11 United Nations Office on Drugs and Crime, 2009, “Global Report on Trafficking in Persons,” p. 6.

12 Dalia Leinarte, “Twitter / @DLeinarte: Candidate to UN CEDAW elections June 29, 2020 New York,” 7 Feb. 2020, 8:14 a.m.

13 United Nations Office on Drugs and Crime, 2018, “Global Report on Trafficking in Persons (2018),” p. 28.

14 UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 2019, “DRAFT General recommendation on Trafficking in Women and Girls in the Context of Global Migration.”

15 UN Women and OSCE, 2020, “Addressing Emerging Human Trafficking Trends and Consequences of the COVID-19 Pandemic.”

16 Danielle Blunt and Ariel Wolf, “Erased: The impact of FOSTA-SESTA and the removal of Backpage on sex workers,” Anti-Trafficking Review 13 (2020): 117-121.

17 Lura Chamberlain, “FOSTA: A Hostile Law with a Human Cost,” Fordham Law Review 87 (2019).

18 Violet Blue, “Sex, lies, and surveillance: Something’s wrong with the war on sex trafficking,” Engadget, 31 May 2019.

19 “Spotlight,” Thorn.

20 “Global letter to UN Women regarding Beijing+25 and the Generation Equality Forum,” 17 October 2019.

21 “Response from the Executive Director of UN Women to global letter dated 17 October 2019,” 25 October 2019.

22 “SWEAT’s Response to utterances by the UN Women Executive Director, Phumzile Mlambo-Ngcuka,” Sex Workers Education and Advocacy Taskforce, 23 July 2020.

23 OSCE et al., 2017, “Joint Declaration on Freedom of Expression and ‘Fake News’, Disinformation and Propaganda.”

24 “’Verified’ initiative aims to flood digital space with facts amid COVID-19 crisis,” United Nations Department of Global Communications, May 2020.

25 Amnesty International, 2016, “Amnesty International Policy on State Obligations to Respect, Protect and Fulfil the Human Rights of Sex Workers.”

26 Coalition Against Trafficking in Women, “Open Letter to Amnesty International,” 17 July 2015.

27 Barbara Crossette, “Not All Human Rights Council Specialists are Perfect: The Latest Controversy,” Passblue, 19 August 2020.

28 Lisa Correnti, “Advocate for Teen Prostitution Takes Top UN Post,” Center for Family and Human Rights, 2 September 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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