Quién tiene voz en el debate de la prostitución: «Quieren legislar sobre las putas sin las putas»

Desde que el fin de la prostitución se coló en la lista de prioridades del Ejecutivo los colectivos de trabajadoras sexuales reclaman ser escuchadas, mientras las organizaciones abolicionistas respaldan la decisión del PSOE

Por Irene Gamella

14 de noviembre de 2021

https://www.elconfidencial.com/espana/2021-11-14/legislar-prostitucion-dos-caras-debate-abolicionista_3319169/

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«La abolición es inhumana», asegura Marijose Barrera, fundadora del Colectivo de Prostitutas de Sevilla. “Porque persigue, maltrata y criminaliza a las mujeres que ejercen la prostitución simplemente por el hecho de subirse a los tacones”.

Desde que Pedro Sánchez clausurara el 40º Congreso Federal del PSOE situando la abolición de la prostitución en la lista de prioridades del Gobierno, los colectivos organizados de trabajadoras sexuales han pedido que se les tenga en cuenta de cara a una regulación que penalizaría su ámbito de actuación. Al mismo tiempo y enfrentadas a este planteamiento, las organizaciones abolicionistas han respaldado el anuncio de los socialistas en un debate que divide a Unidas Podemos y, a su vez, no encuentra un consenso pleno dentro del feminismo.

La confrontación entre ambos colectivos no se limita a sus discrepancias, sino que lleva a las asociaciones de prostitutas a tachar a las abolicionistas de ejercer violencia económica sobre ellas y, a Mujeres por la Abolición a acusar a la Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS) de estar financiada por proxenetas. De hecho, algunos colectivos abolicionistas han preferido no participar en este reportaje al considerar que dar voz a los grupos regulacionistas equivale a entrevistar a personas a favor de la esclavitud.

Frente a este tipo de acusaciones, Iris, fundadora de Afemtras (la asociación de prostitutas del polígono de Villaverde), indica que “una de las falacias que se plantea desde el abolicionismo es decir que nosotras queremos modelos de regulación que cojean en materia de derechos, como el Alemán o el Holandés”, y explica cómo esos modelos sí están destinados a favorecer a los dueños de los clubes y no a las mujeres.

“En realidad las abolicionistas saben bien lo que queremos como modelo, no para implantar, sino de referencia, y es una regulación que según los datos ha funcionado desde el 2003: el modelo neozelandés, que pone en el centro de la política los derechos de las trabajadoras”.
En Nueva Zelanda, la prostitución es un trabajo más, según lo que establece el modelo de la despenalización del trabajo sexual que se desarrolló con aportaciones de los propios colectivos de prostitutas hace casi veinte años. Esta forma de regulación permite que las afectadas tengan derechos laborales y accedan a la seguridad social y todo lo que eso conlleva. A pesar de la falta de penalización, sí que se persiguen la trata, los abusos laborales y la violencia sexual.

Durante la pandemia, las prostitutas neozelandesas pudieron acceder a los mismos subsidios salariales que recibían todas las personas que hubieran perdido ingresos gracias a su condición de trabajadoras, según explicaba entonces The Guardian. Sin embargo, en nuestro país se encontraron con una situación muy diferente: “Si no llega a ser por los clientes muchas se habrían quedado en la calle. Fueron ellos quienes les dieron alojamiento, ahora bien, ¿cuántos de ellos pedirían algo a cambio?”, recuerda Marijose.

Por el contrario, no todo el mundo considera que la prostitución se pueda catalogar como trabajo, sino que siempre se trata de una forma de explotación. Rebeca Torres, representante de Mujeres por la Abolición señala que “la cuestión de la prostitución libre y empoderante es cuanto menos anecdótica, si existe”. E insiste en que la gran mayoría de las mujeres “prostituidas” se ven forzadas a esta situación. “Las que no ejercen de forma coactiva en este momento es porque entraron en la trata y, cuando las dejan como desechos humanos y no sirven para otra cosa, siguen ejerciendo de “forma voluntaria”, pero porque les han destrozado la vida. Porque no pueden tener un trabajo normal y una vida normal. La trata y la prostitución son realidades indisolubles”, sentencia la activista.

Esta es la opinión que comparten desde organizaciones como Médicos del Mundo, que desde hace casi treinta años intervienen para “proteger a las mujeres en situación de prostitución y explotación sexual” desde una postura abolicionista. “Las mujeres con las que trabajamos son en general migrantes o se encuentran en una situación de exclusión social. Entonces, vemos que ninguna lo hace por decisión propia, sino por su posición de vulnerabilidad”, explica Celia López, portavoz de la ONG y señala que el ejercicio libre del trabajo sexual es algo muy excepcional sobre lo que no se puede legislar.

La penalización de la tercería locativa

Desde el abolicionismo defienden unas políticas que están dando ahora sus primeros pasos, como uno de los puntos centrales del Proyecto de Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, más conocido como la ley ‘solo sí es sí’ impulsada por Irene Montero, que penaliza la tercería locativa.

La tercería locativa es una figura jurídica que se refiere a cualquier espacio utilizado para ejercer la prostitución y que la redacción del Ministerio recupera después de su despenalización en 1995. Esta ley plantea que quién disponga un lugar para el ejercicio de la prostitución será “castigado con pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a dieciocho meses sin perjuicio de la clausura”. A lo que la confluencia catalana de Unidas Podemos, En Comú Podem, registró una enmienda por “reforzar el estigma de la prostitución y dificultar la distinción entre prostitución voluntaria y prostitución forzada”, mostrando el desacuerdo sobre esta cuestión dentro del seno del partido.

Esta medida se ha recibido por parte de las prostitutas como un ataque directo hacia sus derechos, en lugar de estar destinada a la persecución de los dueños de los clubes. “Lo malo de la tercería locativa es que nos está negando la vivienda, porque por el hecho de ser prostituta van a denunciar a mi casero, y eso es lo que hay en la práctica. Mi casero pasaría a ser un proxeneta”, dice Iris.

Desde el colectivo explican que esto supone un obstáculo a la hora de ejercer con independencia y por cuenta propia. En ocasiones las mujeres se organizan en cooperativas, de manera que pueden trabajar a lo mejor cinco chicas en una misma casa, pero con esta normativa la compañera que alquile el piso a las demás estaría ejerciendo proxenetismo no coactivo.

Del mismo modo denuncian como la persecución siempre ha ido dirigida hacia ellas y que, cuando se dan redadas en el entorno de los prostíbulos sin permisos de hospedaje, nunca se multa a los propietarios que alojan a las trabajadoras, sino que se llevan a las prostitutas migrantes y al día siguiente siguen trabajando en las mismas condiciones pero ahora con una orden de expulsión.

Por su parte, desde el Ministerio de Igualdad señalan a El Confidencial la importancia de entender la tercería locativa como una ampliación del tipo de proxenetismo, e indican que para su aplicación se deben dar unas condiciones pensadas para los dueños de los puticlubs: que haya lucro, que sea habitual y que se beneficie de la explotación de una persona ajena. «Por eso la pena que se propone va acompañada de la disolución de la persona jurídica, porque lo que sucede muchas veces es que son empresas que al día siguiente cambian el rótulo y continúan», explican insistiendo en que la norma está orientada a «perseguir a la industria proxeneta».

A su vez, indican la disponibilidad «para cualquier reunión o encuentro de trabajo» de la ministra Irene Montero, que ya ha recibido a «mujeres en contextos de prostitución, víctimas de trata y explotación sexual». Sin embargo, desde el Colectivo de Prostitutas de Sevilla señalan cómo la única vez que el Ministerio aceptó reunirse con ellas les tuvo 40 minutos esperando en una videollamada hasta que anunciaron que posponían el encuentro, del que no han vuelto a recibir noticias. Preguntadas por este incidente las fuentes del Ministerio no se han pronunciado.

¿Es posible la integración sociolaboral?

Más allá de las medidas de penalización, el abolicionismo defiende la implantación de un Plan Nacional de inserción socio-laboral (que está a la espera de aprobar la autorización de gasto en el Ministerio de Igualdad) que asegure el acceso a la vivienda y a unos ingresos mínimos porque, como explica Celia López, “si se castiga a los proxenetas y a los puteros y no se dan alternativas para las mujeres, no hay solución. Van a quedarse más invisibilizadas y en condiciones más precarias”.

Por su parte, los colectivos de prostitutas piden alternativas reales para las mujeres que quieren dejar de ejercer, porque hasta ahora los proyectos de integración de las ONG (o como ellas lo llaman: ‘la industria del rescate’), les han decepcionado repetidamente. Marijose explica cómo en ocasiones estas ayudas han llegado a precarizar más a otros colectivos: “No nos ofrecen trabajo. Lo que nos dan son prácticas por 400?€ en empresas en las que lo que hacen es no contratar a las Kellys, porque su trabajo lo hacemos nosotras”.

“Cuando hablamos de alternativas no queremos que nos vengan a imponer cursos de cocina, porque no saben si acaso esa mujer ya estuvo en la cocina, ya estuvo en los cuidados, ya estuvo trabajando en los hoteles partiéndose el lomo y las espaldas en un ámbito laboral que va recortando derechos a la clase trabajadora”, reclama también Iris e insiste en que la raíz del problema y el reparto de trabajos “feminizados” surge de una cuestión de clases: “No les sirve que seamos putas porque necesitan que las mujeres pobres cuidemos de sus hijos, que planchemos sus camisas y limpiemos el culo de sus mayores. Pero no se dan cuenta de que las putas salimos de todos esos trabajos por precarizados y mal pagados”.

Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHDA), se posicionan a favor de los derechos de las trabajadoras sexuales y su portavoz, Nuria Sepúlveda, indica lo complicado que sería compaginar las ayudas que se proponen desde el abolicionismo con las medidas de penalización: “Estamos viendo en a otros sectores vulnerables de la población que esas ayudas no les llegan, de hecho el propio Ingreso Mínimo Vital está siendo un fracaso en el sentido de que no está llegando a las personas que tiene que llegar”.

El feminismo y la prostitución

Pese a sus grandes diferencias, las dos partes enfrentadas en el debate por la abolición se consideran feministas y defienden sus argumentos en pos de los derechos de las mujeres.

Médicos del Mundo llega a clasificar la prostitución como una forma grave de violencia de género: “Hemos hecho diagnósticos participativos con las afectadas y muchas de ellas tienen antecedentes de violencias sexuales, físicas y psicológicas antes de empezar a ejercer, y vemos esos mismos daños durante el ejercicio. Es muy parecido a lo que sucede en otros casos de violencia de género como puede ser el caso de las mujeres maltratadas por sus parejas”, explica Celia López.

“La abolición en ningún caso castiga o considera culpable a la mujer prostituida”, señala Rebeca Torres, que explica como desde Mujeres por la Abolición ven la prostitución como una consecuencia de la desigualdad estructural por razones del sexo. “Las mujeres se ven abocadas a esta situación por diferentes motivos y no cuestionamos porque llegan a este punto, sino que queremos que tengan otras expectativas y posibilidades para acabar con esa desigualdad”.

Torres también recalca como las “supervivientes” de la prostitución no quieren su regulación y definen los prostíbulos como campos de concentración, al contrario de lo que defiende “el mal llamado sindicato OTRAS — en el que se incluye Afemtras y el Colectivo de Prostitutas de Sevilla — que obviamente tiene detrás el proxenetismo que de alguna manera les financia”.

Ante esta clase de acusaciones, las organizaciones de prostitutas cuentan con el respaldo de la APDHDA. “Nada más lejos de estar financiadas por nadie”, declara Nuria Sepúlveda. “Yo veo más el tema proxenetista en el hecho de querer quitar a las chicas de la calle y meterlas en clubes, porque ahí, lo que hacen es trabajar por cuenta propia pagando un hospedaje y sí que puede existir una mayor explotación laboral y abusos por la falta de regulación”.

Por su parte Iris tiene claro que el feminismo que se defiende desde el abolicionismo es excluyente: “La corriente hegemónica del feminismo nos criminaliza por migrantes, pobres y racializadas. Nuestro feminismo es el pro-derechos”, indica la portavoz de Afemtras. “Lo malo es que estas fariseas que están en las instituciones quieren vender que el feminismo es uno solo, el de ellas. Y quieren legislar sobre las putas sin las putas”.

Al hablar de violencia sexual Marijose cuenta como en 1996 acudió a casa de un cliente y a la salida la violaron cuatro hombres. “Cuando fui a poner la denuncia me dijeron que eran gajes del oficio, pero entonces no estaba el feminismo como ahora”, sin embargo hace tres años cuando una compañera intento denunciar se encontró con la misma respuesta. “Podríamos pensar que ahora las cosas serían diferentes. Pero no, por ser puta no”. Y lamenta que las mismas mujeres que las victimizan no salgan a la calle a protestar cuando a una prostituta la violan en manada.

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