Kenia García, trabajadora sexual: «Estar en la clandestinidad nos condena al abuso»

La integrante del Colectivo de Prostitutas de Sevilla y una de las portavoces del Movimiento Regularización Ya aborda los últimos aspectos políticos que afectan a la prostitución, como la tercería locativa

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Por Carmen Marchena

6 de febrero de 2022

https://www.lavozdelsur.es/la-voz-seleccion/entrevistas/kenia-garcia-trabajadora-sexual-clandestinidad-nos-condena-abuso_271739_102.html

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Dos días después de la Jornada sobre Prostitución, Derechos y Crisis Sanitaria en la Universidad de Almería, que sufrió intentos de cancelación y escraches durante sus ponencias por parte de sectores del abolicionismo, Kenia García, trabajadora sexual migrante, integrante del Colectivo de Prostitutas de Sevilla y una de las portavoces del Movimiento Regularización Ya aclara diversos temas relativos a la prostitución dentro del la Ley de Libertad Sexual y la Ley de Trata, aborda la figura recuperada de la época franquista, como es la tercería locativa, además de cuestiones sobre derecho, dignidad y reconocimiento del trabajo sexual.

– ¿Qué es la tercería locativa?

Es una figura que se recupera del año 73, de épocas franquistas, que se había derogado en Democracia, en el año 95. La tercería locativa penaliza a toda aquella persona que alquile a otra persona un espacio o inmueble donde esta ejerza la prostitución. Según la ley, esto sería promocionar la prostitución de otra persona. El peligro que tiene es que considera proxeneta, según el Código Penal, a todo aquel que nos alquile –a las trabajadoras sexuales– un espacio, sea un inmueble, un piso o una habitación.

En primer lugar, esta medida va a dificultar que la gente nos alquile por miedo a ser acusados de este delito. Será más fácil denunciarnos, porque la comunidad de vecinos o ‘policía vecinal’ va a estar pendiente, y va a tener la posibilidad de denunciar que en un piso, supuestamente, hay explotación, cuando en realidad son chicas que están trabajando. Esto va a dar pie a redadas, a que la Policía acceda a estos pisos y atropelle a las compañeras. Habitualmente nosotras no contamos con un contrato de alquiler debido a la situación en la que estamos, que no tenemos nómina porque nuestro oficio no está reconocido. Nuestros contratos de alquiler suelen ser de palabra, por lo tanto, es muy fácil vulnerar nuestro derecho a la vivienda.

Muchísimas mujeres en situación administrativa irregular, al no poder alquilar un apartamento con nómina y con un contrato, porque no tienen documentación en regla, alquilan habitaciones de palabra donde trabajan y viven. Por eso la tercería locativa también tiene un tinte de control migratorio, porque esto el Estado lo sabe. Saben que en lo clubes encuentran un «cobijo» porque viven y trabajan, al igual que pasa en los pisos. A estas mujeres, cuando se las detecta, lejos de recibir protección, reciben la apertura de un expediente de expulsión. Además, muchas compañeras, cuando llegan a una edad y ya no pueden trabajar, alquilan un piso y lo subarrendan, y viven de eso. Así que esta mujer que está intentando ganarse la vida, puede acabar siendo acusada de proxeneta.

Para colmo, en este artículo que recupera la tercería locativa, que es el 187/bis, anulan paradójicamente el consentimiento de las trabajadoras sexuales, porque dicen que aún con nuestro consentimiento, estas personas serán penalizadas y acusadas de proxenetas. Es un retroceso histórico que el Ministerio de Igualdad recupere una figura de la época franquista y promocione una ley que dice poner en el centro el consentimiento de las mujeres, mientras que anula el de las trabajadoras sexuales. Toda una declaración de intenciones para controlar el cuerpo de las mujeres por el Estado.

La tercería locativa es machista, porque una vez más, las que vamos a sufrir las consecuencias somos las mujeres. Es clasista, porque una vez más, las que vamos a sufrir las consecuencias son las más pobres y precarizadas. Y es racista, porque una vez más, son las mujeres en situación administrativa irregular las que más peligros van a correr. Por último, cuando las mujeres sufran agresiones en un piso donde están trabajando varias chicas, no van a querer denunciar por miedo a que se persona la Policía y acusen a la persona que alquila el piso de proxeneta, con el riego de perder el espacio de trabajo.

– El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, afirmó recientemente que «la prostitución no es más que la trata de mujeres». ¿Se están confundiendo términos?

Son dos conceptos y realidades distintas que necesitan políticas distintas. En el caso de las víctimas de trata, estas mujeres necesitan la reparación de sus derechos, es decir, protección y garantías. Y las trabajadoras sexuales, las mujeres que ejercemos la prostitución, necesitamos respeto, reconocimiento de nuestro oficio como un trabajo, garantías y un compromiso del Estado para que las que quieran abandonar el ejercicio, cuenten con opciones de salida realmente dignas, y las que quieran seguir ejerciendo puedan hacerlo con todas las garantías y derecho. Unas necesitan reparación y otras necesitamos reconocimiento, esa es la diferencia. Lo único que hacen cuando confunden los términos es perjudicar tanto a las víctimas de trata, como a las mujeres que ejercemos la prostitución. Y por otro lado se está desresponsabilizando a un Estado que tiene la obligación de reconocer a unas y de proteger a otras, pero que sin embargo no lo están haciendo.

– Bolaños también habló en términos de dignidad. ¿Cómo se dignificaría realmente la vida de una trabajadora sexual?

Habría que ver en qué está basada su perspectiva de dignidad. Cuando hablamos de dignidad en el trabajo, en primer lugar, nos referimos a derechos reconocidos, de respeto. Los trabajos, para que sean dignos, nos tienen que dar los ingresos suficientes para que podamos vivir dignamente. Aquí la prostitución no nos hace más dignas ni más indignas, al igual que ser antropólogas no te hace más o menos digna. Cuando hablamos de dignidad nos referimos a las condiciones en el trabajo. Y ahora mismo, las trabajadoras sexuales estamos desempeñando nuestro trabajo en un contexto de fuerte estigmatización por toda la tergiversación de conceptos y por la victimización y criminalización que sufrimos. Estamos terriblemente estigmatizadas, sin derechos y sin reconocimiento. Es por eso que estamos trabajando en la más absoluta clandestinidad y eso nos expone al abuso y la explotación. Trabajar en esas condiciones es realmente indigno. Así que para hablar de dignidad tendríamos que empezar hablando de condiciones y de la responsabilidad que tiene el Estado.

El Estado es el primer responsable de que miles de mujeres trabajen y vivan en condiciones indignas porque esta subordinado y prioriza a la clase capitalista mientras abandona e ignora a la clase trabajadora. Para comprender esto nada más hay que ver, seguir, conocer y apoyar la lucha, no sólo de las trabajadoras sexuales, sino la de las kellys y las trabajadoras del SAD que no paran de denunciar la corrupción en las subcontratas y la manera en la que las empobrece, la brutal explotación que sufren las jornaleras y las trabajadoras del hogar, las deplorables condiciones laborales en las que trabajan las aparadoras sin contratos ni medidas de seguridad y sin poder cobrar ningún tipo de jubilación. Ningún representante del Estado puede hablar de dignidad cuando mantienen a miles de mujeres en situación administrativa irregular, cuando genera estructuras de desigualdad, falta de oportunidades y pobreza. No son los trabajos, son las condiciones.

– Resulta paradójico que el propio Estado, que de alguna manera está excluyendo de la sociedad a las trabajadoras sexuales, se jacte de su voluntad de reinsertarlas

Dicen que su objetivo es reinsertarnos, pero es una forma de mantenernos como un sujeto marginado. De esta manera crea en el imaginario social que somos personas inadaptadas y que necesitamos reinserción. Eso nos estigmatiza todavía más. ¿Quiere decir que somos una especie de delincuentes o de mujeres desviadas? Nosotras no necesitamos reinserción porque formamos parte de la sociedad.

Tu vecina puede ser una trabajadora sexual, tu compañera de trabajo puede ser una trabajadora sexual, porque muchas desempeñan a la mañana un empleo y a la tarde son trabajadoras sexuales; tu maestra puede serlo, mucha gente de cualquier entorno formamos parte de esta sociedad. Lo que veo de manera constante en las políticas que el Estado diseña en torno a la prostitución es control. La prostitución es como una vara de medir, como una línea roja para el resto de mujeres. Puedes vivir tu sexualidad como quieras, tu consentimiento es válido hasta que cobras. Una vez que ejerces la prostitución, tu consentimiento ya no es válido. Eso es lo que han hecho con la Ley de Libertad Sexual. Y para colmo venden que nos están salvando, cuando en realidad nos están controlando. No es un Estado salvador, es un Estado controlador.

– Háblame sobre la iniciativa Derecho a la Escucha

Esta iniciativa nace del contexto político en el que estamos, pero también va dirigida a la sociedad y especialmente al movimiento feminista, en el que el debate sobre la prostitución está tan polarizado. O tenemos que estar a favor o en contra, no hay matices, no hay consensos ni puntos posibles de encuentro. Nace también porque con esta Ley de Libertad Sexual, cuando se introduce el articulado sobre la prostitución, no nos consultaron. El artículo 133 de la ley 39/2015 sobre Consultas Públicas no lo han cumplido con nosotras. No nos han escuchado y han introducido ese artículo después de que la consulta popular se cerrara en marzo de 2020.

A raíz de eso, empezamos a reclamar el escuchar para legislar, porque está diseñando una y otra vez políticas, que lo único que hacen es perjudicar nuestras vidas. La Ley Mordaza, que multa a las trabajadoras sexuales por exhibicionismo o desobediencia, y también multa al cliente. Las ordenanzas municipales… Para diseñar las políticas, en un Estado democrático, han de ser escuchadas las voces de aquellas personas a las que van a afectar estas políticas. Sin embargo, las trabajadoras sexuales hemos sido excluidas en todo momento y de todas las políticas que se van diseñando. Así nace el escuchar para legislar y el derecho a la escucha. Es una manera de interpelar, no solo a la clase política, sino también a la sociedad y al movimiento feminista.

– De hecho, no ha sido tarea fácil mantener una reunión con el Ministerio de Igualdad.

En junio de 2020, desde el Colectivo de Prostitutas de Sevilla, conjuntamente con la APDHA, nos pusimos en contacto con el Ministerio de Igualdad para intentar socializar la situación de nuestras compañeras durante la pandemia. Nos dieron una reunión que finalmente se canceló con el compromiso de que nos volverían a contactar porque tenían que rehacer su agenda. Ese volver a contactar nunca volvió a suceder hasta que Amnistía Internacional nos hizo la propuesta, en noviembre de 2021, de intermediar para tener una reunión con la Secretaría de Estado del Ministerio de Igualdad. Y a través de ellas accedimos a esa reunión con el Ministerio de Igualdad, el día 13 de enero. Supuestamente la reunión era privada, pero la señora Irene Montero ya lo comentó en una entrevista de TV3.

Pudimos hablar con la Secretaría, les pusimos nuestras quejas respecto a esta ley que han diseñado sin contar con nosotras. Ellas se abrieron a continuar un diálogo y es lo que van a seguir intentando las compañeras. Que luego la escucha sea o no sea activa, ya veremos. Una cosa es recibir a los grupos sociales y otra es realizar una escucha activa de lo que se está denunciando y reivindicando. Esperemos que sea activa, como los grupos políticos (ERC, Junts y la CUP, que fueron en bloque, y luego En Común Podem por otro lado) que han presentado las enmiendas al articulado sobre prostitución en la Ley de Libertad Sexual. Ellos nos recibieron y tuvieron una escucha activa y es lo que esperamos del Ministerio de Igualdad. PNV y Eh-Bildu también también expresaron en el Congreso su intención de retirar estos articulados.

– Respecto a la Ley de Trata, que actualmente están negociando UP y PSOE. ¿Qué debe ser revisado?

Respecto a la ley de trata, cualquier ley que instrumentalice a la trata para realmente criminalizar la prostitución y equiparar ambas lo único que hará será diluir responsabilidades y no protegerá a las verdaderas víctimas. Mientras que a las mujeres que ejercen la prostitución, las clandestinizará aún más exponiéndolas a mayores peligros, abusos y explotación. Por otro lado, una ley de trata sin derogar o modificar la ley de extranjería en colaboración con las colectivas migrantes, será siempre insuficiente porque es su principal causa y no lo decimos las trabajadoras sexuales sino las expertas en este delito. Esta ley obliga a miles de mujeres a mantenerse en la economía sumergida y en la clandestinidad de la irregularidad, un resquicio que ofrece oportunidad a todo tipo de delincuentes y explotadores, entre ellos los que se benefician de la trata de personas, la ley de extranjería y el Estado que la sostiene es cómplice, partícipe y responsable de este delito.

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