La antropóloga que se infiltró en un burdel: “Me llamaban puta sólo por estar junto a ellas”

 

IRENE HDEZ. VELASCO

@irenehvelasco

19 de octubre 2019

https://www.elmundo.es/papel/historias/2019/10/19/5da9a9c221efa04a6e8b463b.html

 

Armada con una libreta y un boli, una profesora de la Universidad Pontificia Comillas se infiltró durante un mes en varios clubes de España para conocer el mundo de la prostitución desde dentro

 

FOTOGRAFÍAS: ANTONIO HEREDIA

 

Hay antropólogos que se van a una remota isla de Papúa Nueva Guinea a estudiar el comportamiento de una tribu que vive aislada en medio de la selva.

Y hay otros como Carmen Meneses-Falcón.

Esta madrileña se metió a vivir en varios burdeles para ver cómo funcionan y qué ocurre exactamente en el interior de esos 1.670 establecimientos de compraventa de sexo que, según datos de la Policía, hay repartidos por toda España y que han proliferado en las últimas décadas tras la suavización del delito de proxenetismo en el Código Penal.

«Cualquier antropólogo trata de ver con sus propios ojos todo lo que pueda del grupo que está estudiando», cuenta Meneses-Falcón. «Y eso es exactamente lo que he hecho. Es la mejor metodología para entender en profundidad un fenómeno».

Armada con una libreta y con un bolígrafo, esta profesora de antropología en la Universidad Pontificia Comillas en Madrid -que ya había realizado antes varios estudios sobre prostitución- residió en total en cuatro burdeles: dos situados en Galicia, uno en el País Vasco y otro en Andalucía. En cada uno de ellos pasó entre 8 y 10 días ininterrumpidos. Y allí, sobre el terreno, vio la realidad que esconden esos locales que encierran a un número importante de mujeres y que ha publicado en forma de artículo académico en The Social Science Journal bajo el título Living in the brothel (en castellano, Viviendo en el burdel: observación en contextos ocultos).

El primer desafío era encontrar puticlubs dispuestos a alojarla. Un policía puso a Carmen en contacto con dos empresarios dueños de burdeles, uno en Andalucía y otro de Galicia, quienes accedieron a que se alojara una temporada en sus establecimientos. Por su cuenta, ella había entrevistado a varios dueños de locales de venta de sexo para otro estudio que estaba realizando y logró convencer a dos de ellos (uno más en Galicia y otro en el País Vasco) de que le alquilaran una habitación durante una temporada.

Son espacios masculinos donde hay mujeres al servicio de los hombres. Necesitaba permiso para poder acceder

«Las mujeres tienen vedada la entrada a los burdeles», cuenta Carmen. «Son espacios masculinos donde hay mujeres al servicio de los hombres. Alguien como yo, que estaba fuera de ese contexto, necesitaba obtener permiso para poder acceder a ese espacio».

El siguiente problema era proponer su proyecto a su universidad… Una universidad católica.

«Anunciar en tu universidad que pretendes hacer inmersión en varios burdeles y vivir allí una temporada para hacer una investigación desata todas las alarmas en relación a los posibles peligros que puedes afrontar», admite Carmen. Por no hablar del problema de imagen que generaba aquello :«Digamos que no es la publicidad que mi universidad deseaba».

Su remedio fue expeditivo: primero realizó la investigación y luego contó que la había hecho.

Carmen se había marcado varias pautas éticas antes de entrar en los puticlubs. La más importante: «Tenía muy claro que no quería ser testigo de abusos a las mujeres, que mi trabajo terminaría en el mismo momento en que detectara algún tipo de agresión o coerción contra las mujeres del burdel. Tenía decidido de antemano que si eso ocurría llamaría a la policía y actuaría como testigo, dando por finalizada mi investigación».

Pero no ocurrió. «Sí que vi que en los burdeles personas ajenas a los mismos vendían de manera ilegal antibióticos y benzodiacepinas (medicamentos ansiolíticos que se suelen usar para el tratamiento de la ansiedad), pero no sentí que fuera mi responsabilidad informar a las autoridades de eso: decidí que sólo intervendría en caso de agresiones», subraya.

Dos factores, su edad y el hecho de ser una mujer, supusieron una ventaja a la hora de interactuar con las chicas de los cuatro burdeles en los que estuvo viviendo. «La mayoría de las mujeres que trabajan allí tienen entre 18 y 45 años», cuenta. «El que yo fuera mayor ayudó, ya que no me veían como una competidora al tratar de atraer a los hombres. Mi relación con ellas fue muy buena y nunca me percibieron como una rival. Más bien al contrario, muchas me veían como alguien con quien se podían desahogar».

Los dos primeros días en cada burdel los dedicó a entablar conocimiento con las mujeres. «Pero a partir del tercer día, en los cuatro burdeles empezaron a considerarme como una de ellas, integrándome y dejando de mostrarse precavidas en las conversaciones cuando yo estaba delante», señala.

La investigación que ha llevado a cabo Meneses se centra en los llamados clubs de plaza. Se trata de esos hoteles en los que las mujeres prostituidas residen y reciben a sus clientes. Es decir: no hay separación entre el espacio de trabajo y el espacio íntimo, entre lo público y lo privado.

Las mujeres que viven y venden sexo en esos clubs tienen que pagar generalmente entre 40 y 80 euros al día por la habitación (con desayuno, comida y cena muchas veces incluidos). Se supone que el dueño del establecimiento hace el negocio tanto con el alquiler de las habitaciones como con la venta de bebidas en el bar del local, donde los clientes negocian con las mujeres las prácticas sexuales y los precios a pagar.

Me llamaron ‘puta’ en más de una ocasión. Simplemente, por estar en la puerta de un burdel o junto a ellas

Este tipo de prostitución está pensada sobre todo para mujeres inmigrantes que no tienen contactos en España. Llegan directamente de sus países al burdel, donde encuentran (pagando, por supuesto) todo lo que necesitan -desde alojamiento a comida, lavandería, servicios de peluquería o internet- para que ellas se puedan concentrar en el ejercicio de la prostitución.

«Los dueños de los cuatro burdeles me dijeron que las mujeres llegaban allí y les decían que querían trabajar en su establecimiento, que ellos no promovían ni participaban en que las mujeres fueran a sus locales», explica la antropóloga.

Sin embargo, cuando ya le quedaba poco para irse de un burdel, el dueño le confesó: «Mira, en un momento había muy pocas mujeres y el negocio no funciona sin ellas, así que a una que volvía a descansar a su casa, a Colombia, le dije que por cada una que me enviara le daba 500 euros. Me mandó seis o siete mujeres».

En otro de los puticlubs, el dueño le dijo a la investigadora sacando pecho que todas las mujeres que estaban allí estaban tenían contratos de trabajo como azafatas. «Incluso llegó a enseñarme los contratos», afirma. «Pero descubrí que eran todos ficticios: las mujeres no recibían el dinero que ponía en esos contratos y las cuotas a la seguridad social, que decía pagarlas el dueño del local, las pagaban ellas».

Y es que la ley no es clara: en unos locales se les exigen a los dueños que las mujeres estén dadas de alta en la seguridad social y en otros no.

Carmen observó que en cada burdel las mujeres suelen permanecer alrededor de 28 días. Transcurrido ese periodo se toman un periodo de descanso, para regresar de nuevo a la prostitución en ese club o en otro diferente. «Cambiar de sitio es una estrategia importante tanto para las mujeres como para los dueño de los burdeles, que de ese modo ofrecen caras nuevas o, como suelen decir ellos, carne fresca», señala Meneses-Falcón.

Nada más ocupar su habitación en el primer puticlub donde estuvo la escritora, el mote que le acabaron endosando en los cuatro burdeles por aquello de que no dejaba de tomar notas, se dio cuenta que aquellas estancias solo estaban pensadas para tener sexo o para dormir. «No había una simple mesa sobre la que colocar el ordenador, no había una silla», asegura.

El bar, además de la recepción, fueron los principales lugares que Carmen eligió para llevar a cabo sus tareas de observación. Y en aquellos burdeles que tenían comedor ahí estaba como un clavo a la hora del desayuno, de la comida o de la cena, oyendo los comentarios que las mujeres hacían sobre aquello que habían ocurrido el día anterior.

El primer día en el puticlub ya se quedó ojiplática. Cuando le dijo a la dueña del club que se proponía estudiar sobre todo a los clientes y su comportamiento, ésta le soltó: «Pufffff... ¿Los clientes? Son unos drogaos y unos maricones, te vas a asombrar».

La inmensa mayoría de servicios sexuales van acompañados de consumo de cocaína, y eso incrementa el precio del servicio

A Carmen le llevó unos días entender lo que quería decir, el tiempo que tardó en ganarse la confianza de las mujeres allí prostituidas y comprender el concepto que estas tienen de los hombres que las pagaban a cambio de sexo. «A los clientes les llamandrogaos por el consumo de cocaína que hacen la amplia mayoría de ellos», explica. «La inmensa mayoría de servicios sexuales van acompañados de consumo de cocaína, y el uso de esta sustancia incrementa el precio del servicio».

-¿Y lo de ‘maricones’?

-Eso me dejó perpleja. Al principio pensé que se referían a clientes gays que acudían al burdel, aunque no me cuadraba mucho porque a mí me parecían heterosexuales. Luego supe que les llamaban así porque una de las peticiones más frecuentes que las mujeres prostituidas reciben de los hombres heterosexuales que acuden a los burdeles es que les practiquen a ellos sexo anal. Las mujeres tenían de hecho una amplia variedad de dildos y consoladores para ello que pude fotografiar. Lo que me chocó y me resultó difícil de entender fue que mujeres que trabajan con el sexo tuvieran una visión tan conservadora de esas prácticas sexuales.

Carmen también aprendió pronto que ser una mujer y estar en un burdel significaba automáticamente ser una puta: «Me llamaron ‘puta’ en más de una ocasión. Simplemente, por estar en la puerta de un burdel o junto a mujeres que trabajaban allí. Sufrí de primera mano las agresiones verbales que esas mujeres sufren a diario. La discriminación y la estigmatización a la que están sometidas esas mujeres es constante».

Como aquel día que se presentó en el burdel el empleado de la compañía de agua: «Estaba durmiendo y me despertó un ruido ensordecedor que no cesaba. Alguien estaba aporreando la puerta de entrada del burdel mientras chillaba: ‘¡Abrid, zorras, abrid!’. Eso me puso de pésimo humor, me apetecía bajar y decirle cuatro cosas al tipo que gritaba aquello, pero no me correspondía intervenir. Así que me asomé a mi ventana a observar. Después de estar varios minutos golpeando la puerta y de despertar a todas las mujeres, como el dueño del burdel no estaba una de ellas, bajé. Eran las 9.30 de la mañana y las mujeres se habían ido a la cama sólo tres horas antes. El tipo que golpeaba la puerta era de la compañía de agua y venía a leer el contador. Yo estaba alucinada: no se habría comportado así en ningún otro sitio, sólo se atrevía a hacerlo en un burdel».

Pero al menos allí estaba ella para verlo y para contarlo.

 

El proxeneta millonario que multaba a las mujeres por enfermar

 

Caso Carioca

Investigadores de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil concluyen el primer análisis económico de locales de prostitución en España y sus supuestas vías de blanqueo

 

SILVIA R. PONTEVEDRA

Lugo 29 de septiembre de 2019

https://elpais.com/sociedad/2019/09/29/actualidad/1569709273_587721.html

José Manuel García Adán, durante un juicio en 2012 en Pontevedra. CARLOS PUGA

 

Las de José Manuel García Adán no eran las cuentas de la lechera. Según el juzgado, este proxeneta que la Operación Carioca sacó de las tinieblas tenía, como tantos otros, sus negocios clandestinos atados y bien atados con su ley del “terror”. Y no corría el riesgo de que se le rompiera el cántaro contra el suelo, porque supuestamente el recipiente estaba blindado por representantes de todos los cuerpos policiales que recibían a cambio compensaciones en metálico y en especie. Así fue hasta que, en 2009, a la trama que urdió Adán en Lugo “le cayómedio Código Penal encima, sin defensa posible”, como declaraba entonces a este periódico el abogado de uno de los principales imputados. Y ahora que la instrucción ha llegado a su fin, de los varios cientos de mujeres que testificaron, algunas han logrado rehacer sus vidas o siguen intentándolo (atrapadas en cursos de formación o contratos basura) al margen de los burdeles. Otras, con 10 años más pero aún jóvenes, como exigen los clientes, siguen atrapadas en la prostitución en España.

En una de las 50 piezas en que acabó dividida la causa, investigadores de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil a las órdenes de la juez Pilar de Lara han llevado a cabo el primer análisis económico de un negocio de proxenetismo en el país. El estudio hace aflorar el dinero negro que a diario fluye, por miles de euros, en un burdel de una ciudad pequeña frecuentado por empresarios que pagan el sexo al contado para no dejar huella en sus tarjetas de crédito. También destapa las supuestas artimañas del dueño para mantener sometidas a las víctimas de trata mientras pagan sus deudas, a las que impone multas por estar enfermas o por la duración de sus reglas. Todas estas ganancias de la actividad ilegal se metamorfosean presuntamente en ladrillo y automóviles de “alta gama”, la inmensa mayoría de segunda mano, para su blanqueo.

Los investigadores concluyen que, principalmente en los años de los que disponen de datos (2006, 2008 y 2009), la red tejida por José Manuel García Adán a través de los clubes que regentaba, Queen’s y La Colina, obtuvo ganancias de más de 3,6 millones de euros. Esta cantidad es solo un grano de arena de ese 0,35% del PIB que el INE estima que la prostitución acapara en España, el tercer país del mundo en consumo, con más de 1.600 prostíbulos (según cálculos de la Policía Nacional), ofreciendo decenas de miles de mujeres a diario.

Adán es trasladado a los juzgados de Lugo tras su detención. PEDRO AGRELO

La organización liderada por Adán, actualmente en prisión por delitos de violencia machista contra su exesposa, obtenía un “pingüe beneficio” aprovechándose de las “especiales circunstancias de precariedad” de un “elevadísimo número de mujeres extranjeras”, afirma la magistrada en el auto de transformación de las diligencias de blanqueo en procedimiento abreviado para su juicio. Más de medio centenar de víctimas, según De Lara, componían la carta de degustación que los clubes de Adán -registrados en la Agencia Tributaria como “bares categoría especial” y “otros cafés y bares”- ofrecían habitualmente a sus clientes, en un horario laboral de entre 12 y 14 horas por jornada.

Con este auto sobre el negocio redondo de los burdeles de Adán, la magistrada deja prácticamente cerrada una década de trabajo en el caso Carioca ahora que acaba de ser apartada de su plaza en Lugo por el Consejo General del Poder Judicial. El órgano de gobierno de los jueces acordó castigarla el pasado jueves por supuestos “retrasos injustificados” en la instrucción de sus macrocausas contra la corrupción en Galicia (Carioca, Pokémon, Garañón, Pulpo o Cóndor).

Anotación de los pagos realizados por una mujer para saldar su deuda con Adán.

La juez recuerda que las víctimas de la red eran jóvenes “enormemente vulnerables”, en su mayoría latinoamericanas y sobre todo brasileñas, muchas con familia a su cargo en América, que se prostituían en “condiciones sumamente gravosas” inducidas con “distintos mecanismos coactivos”. Entre estos métodos que las encadenaban, el sumario recoge las presuntas amenazas de Adán, incluso de muerte; la constante presencia deagentes uniformados tomando copas y en las camas; su situación irregular en el país; y las deudas contraídas con el jefe. Estos compromisos se debían a préstamos que le pedían; a las multas que les imponía si enfermaban, se portaban “mal”, llegaban tarde o faltaban a su puesto; y sobre todo a lo adeudado por el viaje a España (de 3.000 a 4.000 euros), que tenían que pagar trabajando.

Testaferros y amigos policías

Con sucesivos testaferros, a través de una inmobiliaria supuestamente creada como sociedad interpuesta y también utilizando el nombre de su esposa para no figurar, Adán alquiló los inmuebles donde estableció los negocios de sus burdeles. El más importante, el Queen’s, junto al polígono industrial de Lugo, celebró su fiesta de inauguración el 2 de septiembre de 2002, ya entonces con presencia de amigos policías. Las obras de reforma de una casa que en tiempos había sido una quesería las llevó a cabo un constructor que, tal y como declaró, no llegó a recibir más que una pequeña parte del coste y, según sospecha De Lara, siguió cobrándose en “servicios” lo adeudado.

José Manuel Pulleiro, encargado al frente del burdel La Colina, tras su detención. PEDRO AGRELO

Los locales de Adán, recuerda la instructora, eran “frecuentados por empresarios y personas de elevado poder adquisitivo que incluso captaban a mujeres para organizar las llamadasfiestas blancas, de cocaína y sexo, en alguna sociedad deportiva de la ciudad, en cuya cafetería acababan trabajando como camareras sin contrato ni alta en la Seguridad Social”. Adán y sus encargados controlaban el rendimiento de cada joven mediante estadillos tamaño A3 donde ellas figuraban con sus nombres “artísticos”.

Según la investigación, la organización se quedaba con 10 euros por cada uno de los tres primeros “pases” (media hora de sexo en la habitación, cuya tarifa era de 43 euros) más 12 euros que les cobraba diariamente en concepto de alojamiento incluso a las que no dormían en los prostíbulos. Además, les restaba los “abonos”, una cantidad variable que él mismo decidía por la deuda del tráfico de mujeres; junto a las posibles multas y una tasa especial por salidas con clientes fuera del local (60 euros).

Estadillos con los que se controlaba la actividad sexual de las mujeres y sus ganancias en los clubes de Adán.

En los estadillos también aparecían las ventas de otros conceptos como “sábanas” desechables, “lubricante” o “preservativos”, pero no los ingresos obtenidos a través de otro delito por el que está imputado Adán, la venta de droga en los burdeles. La noche en que estalló la Operación Carioca, en los clubes había más de 12.000 euros y en el domicilio del jefe, 29.500. Esto es todo lo que pudo hallar en billetes la Guardia Civil, además de otros 79.950 euros que el líder guardaba en una caja de seguridad del BBVA, un dinero que se deposita sin necesidad de dejar constancia de la cifra. Según Aduanas, “mientras, en parte, la actividad de alterne y hostelería [es decir, las copas] estaría declarada a la Agencia Tributaria, la de prostitución no lo estaría”. Supuestamente, apunta la juez, solo los “pagos de clientes con Visa” que no eran especialmente celosos de su “anonimato”.

Todo este flujo de dinero Adán no lo ingresaba en sus cuentas bancarias, donde solo aparecían reflejados los pagos de los clientes que usaban tarjeta. Era, explica el auto, un río continuo de capital “no declarado fiscalmente” por un proxeneta que, según testigos del caso, decía ganar “unos 6.000 euros a la semana”. Lo suficiente para “llevar un elevado nivel de vida” y comprar nuevas propiedades en metálico sin necesidad de retirar efectivo de sus cuentas bancarias. Antes de su detención a finales de 2009, Adán planeaba ampliar su empresa: estaba negociando la adquisición de otro burdel cerca de Portugal, esta vez especializado en “mujeres rumanas y de Europa del Este”.

Un “régimen de auténtica esclavitud”

“Las mujeres trabajaban en régimen de auténtica esclavitud” después de llegar a España a través de aeropuertos como el de Barajas, donde supuestamente había un policía nacional compinchado. La mafia contaba con la participación de varios empleados de dos agencias de turismo de Goiana (Brasil) que se encargaban “de la revisión de la calidad de la mercancía“, describe la juez en referencia a las mujeres. “Allí supervisaban sus características físicas”, continúa en el último auto “como requisito previo para autorizar el viaje. Y les daban indicaciones para cruzar los controles fronterizos” como “turistas”. Uno de los contactos que gestionaban los viajes desde Brasil llegó a recibir 89.682 euros en 84 envíos de la red lucense.

El volumen de negocio reconocido por la firma que al final acabó creando el cerebro de la Carioca, Adán Sloga, SLU, distaba mucho de la realidad. A efectos de tributación por IVA e impuesto de sociedades, en 2008 declaró 128.807 euros y en 2009, 239.055. Pero la cantidad de ganancias en negro que los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera han podido acreditar que atesoró el temido proxeneta son más de 3,6 millones. La cifra es el resultado de la suma de sus inversiones en ladrillo y automóviles a lo largo de los años, del dinero incautado y del balance de “notas manuscritas en hojas, pedazos de papel, recibos o tiques” y las libretas contables con las que se controlaba a las mujeres, que no están completas ni son de todos los años. La titular del juzgado de Instrucción 1 de Lugo sospecha que la verdadera cantidad es muy superior.

Entre marzo y mayo de 2007, sin otros ingresos conocidos que los que le reportaba la prostitución y sin sacar nada del banco, Adán adquirió tres inmuebles por más de 200.000 euros y en marzo de 2009, otro piso, un trastero y una plaza de garaje. También compró 11 vehículos, y la juez señala que supuestamente prestó dinero contante y sonante a su fiel encargado, José Manuel Pulleiro, para comprar la vivienda, un Audi y un BMW. Oficialmente, según recoge el auto judicial, este empleado tenía una nómina de 799,55 euros.

 

LAS MUJERES APENAS SALÍAN DE LOS CLUBES “POR TEMOR A SER EXPULSADAS DE ESPAÑA”

“En caso de que las mujeres tuvieran el periodo menstrual, además de avisar, solo podían descansar de uno a tres días, en función de la decisión caprichosa del dueño o el encargado, e independientemente de la duración de sus menstruaciones, ya que en otro caso, tenían que abonar 43 euros aunque no trabajaran”, según describe la juez Pilar de Lara las leyes del burdel. En algunos casos, “eran obligadas a demostrar que tenían la regla” y si no acudían trabajar “también eran multadas”, sin “derecho a descansar”.

Las sanciones eran de “20, 30 y hasta 60 euros”, lo cual “condicionaba la voluntad de las mujeres a la hora de prostituirse”, a pesar de “estar enfermas o exhaustas”. Además, sigue la juez en el último auto, las chicas apenas salían “por temor a ser detenidas y expulsadas de España”, por lo que “el club disponía de servicio de venta de ropa y lavandería” y “algunos colaboradores de Adán también les vendían joyas”.

La Operación Carioca constituye la mayor investigación judicial contra las mafias de proxenetismo en España: en su conjunto suma 274 tomos y 36 solo de transcripciones de pinchazos telefónicos. Las personas que llegan imputadas al final de la instrucción, después de que la fiscalía exculpase a un buen número y prescribiesen los hechos para otros investigados, lo están por 25 tipos de delitos.

Entre los hechos que investiga la Carioca están el tráfico de personas con fines de explotación sexual, asociación ilícita, delitos contra los derechos de los trabajadores, narcotráfico, tenencia ilícita de armas, delitos de aborto no consentido, amenazas, extorsión, agresión y abuso sexual y lesiones. También otros referidos a los funcionarios como cohecho, tráfico de influencias, solicitud de favores sexuales por empleado público, prevaricación, revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos, falsedad documental y negociación prohibida. Un tercer grupo lo ocupan los delitos contra la hacienda pública y el blanqueo.

El gran ‘hackeo’ de la prostitución española: datos de ‘escorts’ y clientes, al descubierto

 

La falta de autenticación en la base de datos de los gestores de varios locales en el país permitió a acceder a información sobre las chicas de compañía como su DNI, su talla de pecho o su nombre

 

Este solo es un pequeñísimo lunar de la enorme base de datos que Diachenko consiguió ver sin excesiva dificultad.

 

PMCLOUGHLIN

9 de agosto de 2019

 https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2019-08-09/chicas-compania-scorts-valencia-barcelona-datos-personales_2170179/

 

Muchos expertos informáticos tienen la inquietud por meter los morros en los rincones de internet más recónditos e insospechados para detectar agujeros de seguridad y otros fallos de servicios de todo tipo. La lista de afectados por estas incursiones es enorme. Sin embargo, esta semana se ha conocido el que podría ser bautizado como el gran ‘hackeo’ de la prostitución española. Y es que un investigador ha conseguido acceder a una base de datos mal protegida de una empresa que parece ser la gestora de varios clubes de la zona de Cataluña y Levante, así como otras zonas de España, pudiendo así conocer un gran volumen de información tanto de las chicas de compañía como de los clientes, con el peligro que ello acarrearía en malas manos de cara a posibles sobornos y extorsión. Entre las cosas que se ha encontrado al bucear por dicho archivo están los nombres completos de las ‘escorts’, sus DNI o pasaportes escaneados, su ubicación así como su talla de pecho. 

“Chica bajita, no es nada especial ni de cara ni de cuerpo, muy simpática, muy extrovertida, siempre dispuesta a trabajar. Pregunta si puede volver en julio de 2019. Stephani dice que no”. Ese es uno de los comentarios que Bob Diachenko, el alemán que ha sacado a la luz el asunto, traduce al inglés valiéndose de Google Translate. Asegura que como estos apuntes hay muchos más y al parecer serían notas de los gerentes y las ‘madames’ de los clubes acerca de las chicas. Pero como recoge en su blog, pudo acceder a mucho más que eso. “Es una chica guapa con cara ingenua”, “no vendrá en tres semanas por aquí”… Son algunos de las anotaciones que se podían leer.

 

Foto: B. Diachenko.

 

Este solo es un pequeñísimo lunar de la enorme base de datos que Diachenko consiguió ver sin excesiva dificultad y que contenía “información extremadamente sensible”. En total, contabilizó, según las explicaciones que daba en el estudio, 3.350 perfiles completos de mujeres, con nombres reales, año de nacimiento, documentos de identidad escaneados y almacenados directamente como imágenes… También encontró diversa información sobre la rotación de clubes y qué trabajadoras sexuales estaban cada momento en cada local de la cadena. También había información sobre si tenían hijos o no, como se puede observar en la anterior imagen.

El investigador teutón no quiere desvelar la identidad de los responsables de la fuga y ha preferido mantener en secreto dicho dato. “Lo he hecho a propósito”, explica. “No me importa la naturaleza de los datos expuestos, sino en la higiene cibernética en general, y nuevamente resaltar la importancia de mantener seguros los datos confidenciales, especialmente aquellos que podrían manipularse fácilmente si se exponen”. La página especializada en tecnología y seguridad informática ZDNET también se hace eco y recoge el trabajo de Diachenko, con capturas de pantalla que pudo obtener.

Reseñas de clientes

Pero no solo estaban al descubierto los datos de la ‘plantilla’ de esta empresa. También de los clientes. Casi 4.636 comentarios de hombres que valoraban a las chicas. Aunque en la página web apareciese solo un alias y una hora, en la trastienda del sistema había muchos datos. Datos como la IP, el correo electrónico, el nombre, las coordenadas e, incluso, las características del dispositivo. Esto quiere decir que en malas manos había información suficiente como para identificar a algunos de los que recurrían a estos servicios, si es que no habían tomado las medidas de protección suficientes.

 

Captura de la base de datos. (Bob Diachenko vía ZDNET.com)

 

“Tras la investigación oficial —escribe Diachenkko—, decidí ponerme en contacto con los propietarios”. No lo tuvo difícil. Basto con localizar en las celdas de la base de datos la información relativa e identificar a los administradores. Allí mismo se encontró sus ‘e-mails’. El día 6 de agosto, es decir, el pasado miércoles, cuenta que contactó con ellos. Poco después le llegó un correo de vuelta, agradeciéndole el aviso. El propio investigador pudo comprobar cómo el acceso a esa información estaba cortado esa misma jornada.

MongoDB, un ‘caramelo’

El consultor explica que la herramienta que utilizó para descubrir esta vulnerabilidad fue BinaryCheck. Se trata de una compañía que se dedica a rastrear y categorizar en diferentes grupos las páginas web y las compañías que están expuestas y las clasifica, entre otros parámetros, por países. El problema residía en la falta de seguridad deMongoDB, el sistema de base de datos que usaba el gestor de estos prostíbulos. Las imprudencias que se comenten a la hora de implementarlas hacen que sea un blanco, un caramelito, para piratas informáticos y cibercriminales. Los expertos llevan alertando años sobre este asunto sin conseguir evangelizar los suficiente. Por ejemplo, en 2015 se estima que 680 teras de información fueron sustraídos de MongoDB.

El propio Diachenko advierte de “que esa falta de protección” puede permitir la inserción de ‘malware’ y que los atacantes administren los sitios “con privilegios de administrador”. “Una vez que está instalado, los delincuentes pueden acceder de forma remota a los recursos del servidor e incluso iniciar una ejecución de código para robar o destruir por completo cualquier dato guardado que contenga el servidor”, explica, a la vez que señala que hay cerca de 280 bases de datos de este tipo expuestas solo en nuestro país.

“Es sencillo configurarla”, explica el experto informático Sergio Carrasco sobre este extremo, aunque advierte de que los riesgos asociados a su configuración “no se suelen tener muchas veces en cuenta”. “Es un fallo bastante habitual”, cuenta a Teknautas. “Hay muchas MongoDB abiertas, entre otras cosas, porque la instalación por defecto no tiene control de acceso. Por eso suele ocurrir”, añade, haciendo referencia también a otras funcionalidades más allá de bases de datos como S3 o ElasticSearch que también están accesibles sin que sus responsables lo sepan.

Arreglarlo es fácil. “Basta con configurar el control de acceso. O un firewall que impida el acceso externo. Pero el daño está hecho”, afirma Carrasco. “Pueden haberse descargado toda la información. Y utilizarse para extorsionar a las chicas, amenazándolas con revelar su actividad”, explica..

 

 

La Policía Local de Palma montó una unidad para dirigir a las prostitutas de Playa y Arenal

 

La mafia policial mallorquina destapada con el caso Cursach puso en marcha un servicio de espionaje llamado SIAP que se dedicó a controlar el negocio de la trata y prostitución en la Playa de Palma y S’Arenal, elaborando una base de datos de las prostitutas y los sicarios rumanos que les hacían de proxenetas, con el fin de disponer de la información necesaria para los fines de la organización criminal que se enriquecía con los puticlubs, la explotación de mujeres inmigrantes y el narcotráfico.

 

La entrada del American Table Dance Show Bar en S’Arenal (Playa de Palma).

 

CARLOS ENRIQUE BAYO

23 de junio de 2019

@tableroglobal

https://www.publico.es/politica/exclusiva-cloacas-baleares-policia-local-palma-monto-unidad-dirigir-prostitutas-playa-arenal.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=web

 

Era una policía secreta muy modesta: sólo siete integrantes. Pero su labor de espionaje está en el centro de la mayor trama de corrupción política y policial que haya padecido Baleares, al servicio de las redes de trata de mujeres con fines de explotación sexual y de la mafia del “rey de la noche” de Palma, que extorsionaba y destruía a sus rivales empresariales con una banda criminal uniformada y armada.

Se denominó SIAP (Servicio de Información y Análisis Policial) y fue creada en el seno de la Policía Local de Palma a principios de 2012, bajo el gobierno local del PP que entonces dirigía José María Rodríguez. Tal como constataron los investigadores del caso Cursach, la creación de dicha unidad no respondía a otro interés más que el de disponer, de forma subrepticia, de un servicio de espionaje controlado por responsables policiales y políticos, que constituía un verdadero “comando informativo” y a cuyos componentes elegían por libre designación. Así obtenían “información sensible, sin control alguno, que posteriormente se podría utilizar a su conveniencia”, según el informe de la UDEF sobre el análisis de toda la documentación examinada a lo largo de la dilatada instrucción policial.

Público ha recopilado numerosísimos testimonios, documentos y otras pruebas materiales que demuestran que ese SIAP –integrado por siete personas dóciles a la cúpula de esa trama mafiosa y dirigido por el comisario Rafael Estarellas– no sólo se dedicó a espiar a políticos siguiendo instrucciones del entonces presidente del PP, sino que participó activamente en la trata de mujeres inmigrantes con fines de explotación sexual. Al fin y al cabo, la cúpula del Partido Popular celebraba reuniones con barra libre de sexo y drogas en los puticlubs donde mandos de la Policía Local de Palma había establecido sus verdaderas dependencias oficiales.

Los miembros de esa “policía local secreta” tenían la única virtud de ser de la plena de confianza de Estarellas, ya que carecían por completo de conocimientos jurídicos o técnicos, “más allá de los recibidos a través de formación que ellos mismos se impartían” –escribieron los investigadores de la trama–, en cursos financiados por el erario público y coordinados por un hombre que ni siquiera había cursado el bachillerato: Jaime Garau Calero.

Con sólo el graduado escolar, Garau era el encargado incluso de escoger al profesorado de esos cursos, en los que se dilapidaron decenas de miles de euros como cortina de humo para tapar que los designados a dedo para esa unidad de inteligencia carecían de toda cualificación. También era el coordinador del sector de Administración Local del sindicato CSIF Illes Balears, y se dedicó a alistar en las listas sindicales a policías locales que fueron después imputados en la trama mafiosa de Cursach, tal como expone el macro-informe de 725 páginas del Grupo de Blanqueo de Capitales y Delitos Monetarios, al que ha tenido acceso este diario:

Fragmento del macro-informe de la Policía Judicial sobre las actividades de los policías escogidos por Garau para integrar las listas sindicales del CSIF.

 

En la lista de nombres que el sindicato CSIF presentó en las elecciones sindicales de 2014, cuando la investigación judicial sobre la trama policial ya estaba en marcha, la mayoría de ellos figuran como imputados. Además de Jaime G.[Garau], que encabezaba la lista, se presentaron Carlos V. O Antonio G. El primero fue detenido por el caso de los Ángeles del Infierno y su compañero en la lista sindical fue condenado por la agresión a un detenido en el cuartel de Sant Ferran. Este último policía renunció a su plaza en Palma y fue contratado como agente por el Ayuntamiento de Pollença, un auténtico escándalo político en el municipio. Otros de los policías que se sumaron a esta lista electoral fueron detenidos, y continúan imputados por disfrutar de sexo gratis en locales de alterne, exigir dinero a empresarios o robar droga, para posteriormente consumirla, a los camellos que la vendían. Al policía que encabezaba está lista, Jaime Garau, también se le está investigando por un presunto trato de favor en el Ayuntamiento de Palma, ya que se le aceptó la baja médica que presentó un mes después de su ingreso en prisión y por tanto fuera de plazo, cuando a un compañero se la habían rechazado a pesar de que la había presentado solo tres días después de su imputación. Los investigadores van a solicitar los presupuestos de estos cursos, el dinero que se ha recibido, los nombres de cada profesor y la materia que se impartía, así como los certificados de celebración y asistencia de cada alumno“.

Con semejante currículum, Garau fue designado a un cargo de responsabilidad en el servicio de inteligencia SIAP –con un elevadísimo complemento económico de su salario pese a no saber ni informática básica– donde sus propios compañeros se sorprendieron de no verle en todo un año más que en una decena de ocasiones sentado en su mesa Al mismo tiempo cobraba miles de euros en supuestas horas extra, como se puede ver en los diversos testimonios judiciales a los que ha tenido acceso Público:

Un xenófobo sin estudios espiando a los inmigrantes

Fragmento de la declaración judicial de Francisca García Castro sobre las actividades de Garau en el SIAP.

Preguntado que hacia J. Garau en el SIAP y manifiesta que desconoce exactamente lo que hacía porque la declarante se preocupaba por lo que ella hacia. Que lo que controlaba él eran trabajos compartidos y era el control de ciudadanos de etnia rumana presuntos descuideros en la zona de la Playa de Palma especialmente, eso es lo que sabe lo qué hacia el Sr. Garau“.

Hecho que resulta aún más llamativo porque, en su testimonio ante el juez, Estarellas –el jefe del SIAP y por tanto el superior jerárquico que le había encomendado esa tarea de controlar inmigrantes– afirma que Garau es “una persona xenófoba”, tal como ha podido comprobar este diario:

No va a trabajar, cobra 9.000€ en horas extras y da miedo

Fragmento de la declaración judicial de Rafael Estarellas sobre el carácter xenófobo de Jaime Garau.

Preguntado qué apoyo tiene Jaime Garau Calero, a que se dedica porque se le tiene tanto miedo si en principio no tiene ningunas facultades de dirección sancionadoras, etc., que es una persona xenófoba, manifiesta que efectivamente sabe que sus pensamientos son de una persona xenófoba, que tiene contactos políticos, que hace horas extraordinarias“.

Es posible que un agente haciendo horas extraordinarias llega a cobrar 9.000 euros, manifiesta que sí, si cobrase atrasos de todo un año, ya que pagan tarde. Que la hora extra se págaba a 50 euros festivos y en un día laboral a 30 euros“.

Es decir, en esa policía secreta se coloca a un personaje racista, sin preparación ninguna, al que todos temen por sus contactos políticos –en aquel momento, el dirigente del PP Álvaro Gijón es teniente de alcalde al cargo de Seguridad Ciudadana–, que cobra cantidades astronómicas en horas extra sin control ninguno y que se dedica a fichar a presuntos delincuentes de origen rumano. ¿Por qué? La respuesta es evidente, si se estudian estas dos siguientes declaraciones ante el juez, una de ellas de él mismo:

Una base de datos de todas las prostitutas de El Arenal

Fragmento de la declaración de Jaime Garau ante el juez en la que reconoce que elaboró una base de datos de las prostitutas de la Playa de Palma.

 Una de las funciones que realizó GARAU el tiempo que estuvo:
Que recuerda haber hecho una base de datos de todas las prostitutas que había en el arenal“.
Preguntado en que cometido está el trabajo del SIAP que acaba de decir y manifiesta que era porque habían sido denunciadas por el GAP“.

El GAP era el Grupo de Actuación Preventiva, otra unidad creada junto al SIAP por el gobierno municipal del PP y que acabó convirtiéndose en el brazo ejecutor de todas esas actividades mafiosas, como ha podido confirmar Público de numerosos testimonios, documentos y otras pruebas materiales. Y el nexo que vincula a las prostitutas con los “descuideros” rumanos está en esta otra declaración judicial:


Fragmento de la declaración judicial de Francisco Ruiz Casado sobre una actuación del GAP en el prostíbulo Table Dance.

 Que una noche iban uniformados de servicio el GAP 2, fueron al Table Dance
a recoger fotocopias de la documentación de todas las que trabajaban allí porque
decía que se lo había encargado el Comisario Estarellas. Montesinos dijo al declarante “vamos a Table Dance a recoger las copias de la filiación de las prostitutas del Table Dance”, que me lo ha pedido Rafa Estarellas. Se trataba de documentación de filiación de las prostitutas, NIES 
[Número de Identificación de Extranjeros], era documentación de unas 25 personas. No le dijo para qué querían esa documentación. Al llegar allí le dieron los documentos el que estaba en la puerta, no sabe cómo se llama esa persona. Que con esa documentación no sabe si hizo alguna diligencia formal, no se hizo constar por escrito. Que los servicios que se realizan se documentan, este servicio de recoger esas no se documentó, no sabe porqué. Se le pregunta para qué se recogían esos documentos y contesta que querían hacer una base de datos de los carteristas rumanos, se lo encargaron Daniel [Montesinos] y Carlos [Vallecillo] a Santi Adrover.

Prostitutas que eran “novias de rumanos carteristas”

Que esa noche había unas 12 mujeres trabajando de prostitutas“… “Que nos verificaron la correspondencia documentos de identidad-mujeres que estaban en el lugar” … “Que no era habitual que fuesen a clubes de alterne. Que algunas mujeres 3 o 4 que trabajaban en el Table Dance eran novias de rumanos carteristas“.

Vaya, ahora resulta que los chulos de las prostitutas inmigrantes, víctimas de la trata, son sus “novios”. En este caso, se refieren al American Table Dance, propiedad de los hermanos Pascual Bibiloni, uno de los cuales (Miguel) fue detenido en febrero de 2015 en el marco de las investigaciones sobre la trama de corrupción de la Policía Local de Palma.

En cualquier caso, las tareas de información, identificación y control de toda una red de prostitución desborda notoriamente las atribuciones y competencias de una Policía Local, razón por la que lógicamente no se hacían constar por escrito ni se documentaban tales actuaciones.

Pero, además, el motivo por el que Montesinos requería toda la documentación de las inmigrantes prostituidas era que él mismo se encargaba de arreglarles los papeles e incluso contratarles seguros –por los que luego les cobraba cada mes– a través de la correduría de seguros que heredó de su padre. Un negocio con el que incurría en incompatibilidad con sus funciones de agente policial, tal como reconoció el propio Estarellas en un momento de su declaración, excusándose así: “Politicamente se minimizó la importancia de la incompatibilidad y el declarante es un soldado e hizo lo que le dijeron”. Implicaba así directamente en toda esa maniobra a la dirección del PP.

En definitiva, el inspector que redacta el informe del análisis policial resume bien claramente la situación:

Fragmento de las conclusiones del Grupo de Blanqueo sobre el SIAP y su relación con la prostitución en Palma.

En definitiva, la estancia de Jaime GARAU en el SIAP no conduce a otro razonamiento que el de ser el autor de las investigaciones del hijo de Marga GAYA, como afirma en su declaración; de todo lo relacionado con la prostitución y los rumanos, con la finalidad de disponer de la información necesaria la “organización criminal”, para cometer sus fines, todo ello con el consentimiento del máximo responsable Rafael ESTARELLAS“.

Un testigo protegido así lo confirma, declarando que, en lo alto de la cúspide, está RODRIGUEZ, y que éste se encargaba junto a otros de crear un sistema que permitiera disponer de cuanta Información fuese necesaria“.

Un sistema en el que participaban más policías locales del GAP, que fueron investigados por acciones violentas relacionadas con el control de la red de trata de mujeres, como el caso –narrado por las propias víctimas– en que arrojaron a una prostituta dentro de un contenedor de basura, por el que fue imputado el agente Carlos Vallecillo, quien tenía vínculos con los Ángeles del Infierno. Al final acabó también imputado el propietario de prostíbulos Miguel Pascual Bibiloni.

Y es que algunos de los agentes, como Rafael Puigros, admitieron en sus declaraciones judiciales que cuando terminaban su jornada laboral como policías pasaban a trabajar como vigilantes de los burdeles. En resumen, una Policía Local al servicio de las redes de prostitución.

Espionaje contra otros políticos con policías y detectives

La mención a Marga Gayá, cargo de confianza del alcalde cuyo hijo es espiado y grabado para utilizar ese material como posible instrumento de chantaje político, tiene relación con la última frase de ese fragmento reproducido aquí:

Un testigo protegido de la causa vinculado al Partido Popular acusa a José María Rodríguez de recibir prebendas además de organizar un espionaje contra otros políticos y policías con agentes de la Policía Local y detectives privados”.

Ese escándalo de espionaje político interno –muy similar al que sacudió a la cúpula del PP en la Comunidad de Madrid– deberemos explicarlo en detalle en otro momento, pero para terminar este capítulo es de rigor citar al testigo protegido número 29 –ex encargado de la primera planta de la mega-discoteca Tito’s–, quien ha tenido que refugiarse en el extranjero tras sufrir gravísimas agresiones cometidas por sicarios rumanos de la mafia de Cursach, y con el que Público ha hablado de los motivos por los que sigue dispuesto a testificar en el juicio a pesar del riesgo que corre:

“En la planta segunda de Tito’s lo único que había eran putas de Globo Rojo [un conocido burdel en el que los policías disfrutaban de sexo gratis], y en mi planta los super-mega VIP eran los ángeles del infierno y las chicas de Globo Rojo. Algunas se prostituían porque ellas querían, pero a la gran mayoría las tenían obligadas. Cuando yo trabajaba allí, en 2004 y 2005, Rumanía y todos estos países todavía no eran de la Unión Europea y tenían que estar en España con pasaporte. Y les quitaban el pasaporte y no les dejaban volver. Esto, lo he contado todo y declarado en el juzgado”.

“Yo esto no lo hago por dinero. Lo hago porque durante cinco años vi cómo extorsionaban a las chicas, les quitaban el pasaporte; las vi llorando, porque les pegaban… venían con la cara amoratada a trabajar, las prostitutas. Yo esto lo hago por ellas”.

A muchas de ellas las acompañé yo a la Policía y como en aquella época estaba Antonio Suárez [inspector jefe de la UDYCO en Mallorca, que se acaba de jubilar con honores], le entraba por un oído y le salía por otro. Y no les hacían ni puto caso“.

Esto último es todavía más grave que todo lo anterior. Pero tendremos que explicarlo en otro artículo.

 

…CONTINUARÁ

 

“Ley de Protección de Prostitutas” en Alemania: los conservadores alcanzaron plenamente sus objetivos

 

https://researchprojectgermany.wordpress.com/2019/06/19/prostitutes-protection-act-conservatives-fully-achieved-their-objectives/?fbclid=IwAR1RoQZ-i-Y5KP0PpLb4urKXVb2XuQ–8pwnhjQ1eY-_PTBq4DhuUQeSGBo

https://www.voice4sexworkers.com/prostituiertenschutzgesetz-ziele-der-union-voll-erreicht/

 

La ley ProstSchG, a punto de conseguir los objetivos de los conservadores

 

Una serie de informes recientes de los medios de comunicación han sugerido que la Ley de Protección de Prostitutas (en adelante, ProstSchG) no habría logrado los objetivos establecidos y no protegería lo suficiente a las personas que ejercen la prostitución.

Voice4Sexworkers, un proyecto de y para trabajadoras sexuales, rechaza firmemente esa idea:

ProstSchG está a punto de conseguir todos los objetivos y efectos deseados del gobierno federal, especialmente los de los partidos conservadores [Unión Demócrata Cristiana de Angela Merkel (CDU) y la Unión Social Cristiana (CSU) en Baviera, juntos conocidos como La Unión ]. Puede haber tomado un tiempo, pero ahora, aproximadamente dos años después de que ProstSchG entrara en vigencia el 1 de julio de 2017, se ha hecho cada vez más evidente que las consecuencias de la ley, que esperábamos y predijimos, se han materializado en todo el país.

Como señaló acertadamente el ministro del interior, Horst Seehofer (CSU), el 6 de junio de 2019, al hablar sobre el proceso legislativo en Alemania:

“La ley se llama Ley de Intercambio de Datos. Introducida completamente en silencio. En silencio, probablemente porque es complicada, por lo que no atrajo tanta atención. En los últimos 15 meses, he hecho la experiencia de que tienes que hacer que las leyes sean complicadas, de esta forma [risas] no llaman tanto la atención. No estamos haciendo nada ilegal, estamos haciendo lo que es necesario. Pero incluso las cosas necesarias a menudo son cuestionadas ilegítimamente “.

Si bien el tema aquí era la Ley de Intercambio de Datos, la misma táctica ya se empleó cuando se adoptó la ProstSchG.

Como punto de partida, la ley socavó la Ley Básica de Alemania [Grundgesetz, GG]. Artículo 13 GG, que garantiza la inviolabilidad del domicilio. Ya no se aplica a las trabajadoras sexuales. ¿Libertad laboral? Eso, también, está siendo socavado a través de los procedimientos de registro forzoso a las trabajadoras sexuales. Naturalmente, la ley no lo explica. Eso habría sido demasiado simple, y luego podría haber habido protestas más fuertes contra ella. (Ver también: “La Ley de Protección de Prostitutas viola los derechos fundamentales”; haz clic aquí para leer el artículo con el Traductor de Google).

En cambio, el plan se creó para llamar a la medida “Ley sobre la regulación de la prostitución y la protección de las personas que trabajan en la prostitución”, en resumen, la Ley de Protección de Prostitutas. Tales cosas siempre ganan amplia aceptación en la sociedad. Sin embargo, existe una idea errónea generalizada de que la “protección de las personas que trabajan en la prostitución” tiene el propósito de hacer precisamente eso: brindar protección a las trabajadoras sexuales. Por el contrario, si uno examina la ley, rápidamente se da cuenta de que la ley tiene como objetivo proteger a las personas de sí mismas y de la prostitución, al igual que el protector solar no protege al sol, sino a quienes lo utilizan de los efectos de la exposición a la luz solar.

En el contexto de ProstSchG, la cita anterior de Horst Seehofer encaja una vez más, ya que ProstSchG, de forma indirecta, también se supone que ayuda a frenar la migración. Quedó claro desde el principio que la ley sería particularmente problemática para las personas de países donde la prostitución es ilegal, como Bulgaria o Rumania. Si se registran como trabajadoras sexuales en Alemania, se arriesgan a recibir correo en sus países de origen, a pesar de la opción prometida de que cualquier correo relacionado sería enviado a una dirección de correo diferente. (Consulta, por ejemplo, “Ley de protección de prostitutas: entre la aspiración y la realidad”, de la Organización Alemana de Servicios para el SIDA; haz clic aquí para leer el artículo con el Traductor de Google).

Las oficinas de impuestos incumplen esta disposición a sabiendas y deliberadamente, y al hacerlo, ponen en gran peligro las vidas de las trabajadoras sexuales en sus países de origen. ¿Proteccion? Ninguna. ¿Los legisladores prestaron atención al consejo de expertos? De hecho, lo hicieron, aunque no de la forma en que los expertos pretendían. En cambio, dieron la vuelta a su experiencia y su razonamiento, lo que facilitó la creación de regulaciones que golpearan a las trabajadoras sexuales con la mayor fuerza posible. En pocas palabras, la lista de medidas rechazadas fundamentalmente por los expertos convocados se convirtió en la lista de deseos del gobierno.

¿[Ironía on] Las trabajadoras sexuales requieren anonimato para protegerse? Vamos a hacer lo contrario y prescribir en la ley registros obligatorios. [Ironía off]

ProstSchG está destinada a disuadir, no a proteger

La construcción completa de ProstSchG está destinada a disuadir a las personas de ingresar en la prostitución y a hacer que el trabajo sexual sea imposible en la mayoría de los lugares. Los registros obligatorios ante las autoridades públicas no son más que puestas en evidencia forzadas frente a extraños. En algunos lugares, por ejemplo en la ciudad de Gießen, el gobierno incluso encargó a organizaciones privadas la realización de esta medida. (Vea también: “Las trabajadoras sexuales se quejan en el juzgado administrativo contra la implementación de la Ley de Protección de Prostitutas en la ciudad de Gießen”; haz clic aquí para leer el artículo con Google Translate).

Tales prácticas refuerzan el estigma al que las trabajadoras sexuales están expuestas diariamente. Los políticos no pueden fingir que ignoraban que muchas trabajadoras sexuales optarían por eludir el procedimiento de registro obligatorio y, en cambio, por necesidad, trabajarían clandestinamente y, por lo tanto, de manera ilegal. Todos los expertos, incluidos los representantes de asociaciones comerciales y centros de asesoramiento, así como las mismas trabajadoras sexuales, les advirtieron explícitamente de que esto sucedería y solicitaron otras medidas mejores, por ejemplo. expandiendo la oferta de centros de asesoramiento, fondos para la capacitación laboral para personas en trabajo sexual, la despenalización total del trabajo sexual, la abolición de todas las medidas que alimentan el estigma asociado al trabajo sexual, y muchas otras.

Sin embargo, con esas medidas, el gobierno federal no habría logrado su objetivo real de abolir silenciosamente la prostitución con el pretexto de ayudar a las personas en la prostitución.

Dos años después de la adopción de la nueva ley, los artículos periodísticos sobre la desaparición de los burdeles y las vacantes en empresas de prostitución aparecen casi a diario, ya que las trabajadoras sexuales registradas oficialmente son escasas. La mayoría de los lugares de trabajo buenos y seguros están desapareciendo rápidamente, ya sea debido a los requisitos establecidos en la ProstSchG o a los efectos de la ley; por ejemplo, las trabajadoras sexuales no pueden o no quieren obtener un “carné de puta” para evitar ser puestas en evidencia. Además, la ProstSchG dicta que las trabajadoras sexuales ya no pueden pasar la noche en los burdeles y otros negocios de prostitución. Esto requiere que las trabajadoras sexuales ganen más dinero para cubrir los gastos diarios adicionales de una habitación separada [ofrecida por algunas empresas de prostitución] o una habitación de hotel. Como resultado, muchas deciden trabajar ilegalmente, ya sea de manera independiente o en negocios de prostitución sin licencia.

Muchas trabajadoras sexuales han desaparecido de la esfera pública por temor a llamar la atención y enfrentar una inspección. En consecuencia, las trabajadoras sexuales pasan menos tiempo solicitando por Internet o por teléfono, lo que las pone en mayor riesgo ya que ya no pueden evaluar a sus clientes en la medida necesaria.

Las trabajadoras sexuales, que antes podían compartir apartamentos donde podían vivir y trabajar, ahora están obligadas a trabajar solas. Esto da como resultado costos más altos (alquiler, servicios públicos, publicidad, etc., que antes pudieron compartir) que la mayoría no puede pagar por su cuenta. Y la protección a través de sus colegas, por supuesto, también ha desaparecido. Donde antes las trabajadoras sexuales podían protegerse entre sí, las que trabajan en apartamentos ahora se ven obligadas a trabajar solas. El resultado: en los últimos dos años, la gran mayoría de esos lugares de trabajo también ha desaparecido.

Todo esto ha sido confirmado por la recientemente publicada “Evaluación de la Ley de Protección de Prostitutas en Renania del Norte-Westfalia”. (Ver también: “Protección ineficaz de prostitutas: trabajadoras sexuales en la clandestinidad”; haz clic aquí para leer el artículo con Google Translate y selecciona “Schon dabei” en la ventana emergente).

Incluso los centros de asesoramiento se ven muy afectados por la ProstSchG, lo que pone en peligro años de trabajo y esfuerzos para construir relaciones de confianza con las trabajadoras sexuales. En 2018, Madonna e.V. [un miembro de la Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual (NSWP) y el único proyecto de autoayuda para trabajadoras sexuales en Renania del Norte-Westfalia] recibió una cantidad significativamente menor de fondos del gobierno provincial. También se redujo la financiación de la aclamada aplicación Lola app [que ofrece consejos para trabajadoras sexuales en búlgaro, inglés, alemán, rumano y turco]. No hace falta decir que el informe de evaluación mencionado omitió esto convenientemente. (Honi soit qui mal y pense.) Los puestos de asesoría que se necesitaban con urgencia debieron reducirse, ya que los fondos ya no eran suficientes. Esto es especialmente preocupante teniendo en cuenta que la asesoría independiente y anónima para las personas que se dedican al trabajo sexual es sumamente importante.

En este contexto, cabe señalar aquí que el centro de asesoramiento de Kober, que redactó el informe “Cambios y efectos de la ProstSchG en la escena de la prostitución en Renania del Norte-Westfalia”, que se adjunta al informe de evaluación mencionado anteriormente, recibió fondos y apoyo del gobierno provincial. Por lo tanto, casi no se puede hablar de “investigación independiente”, y el informe no satisface los estándares académicos ni proporciona respuestas a las muchas preguntas que plantea. (Escucha el comentario del científico cultural Mithu Sanyal; solo en alemán).

Quienquiera que todavía crea que la Ley de Protección de las Prostitutas tenía la intención de proteger a las trabajadoras sexuales, creerá también que la mariposa pliegalimones [Zitronenfalter, en alemán; limonera, en español] pliega limones…

 

Traducción del alemán al inglés por Matthias Lehmann, co-fundador de SWAT – Sex Workers + Allies Translate.

Traducción del inglés al español por Citerea Anadiomena, miembro de SWAT.

“El objetivo de SWAT no es solo proporcionar a las trabajadoras sexuales y aliados una red para permitir el intercambio de conocimientos sobre el trabajo sexual a través de barreras culturales y lingüísticas, sino también recompensar a los contribuyentes por su trabajo siempre que sea posible”.

Haz clic aquí para obtener información sobre SWAT en 18 idiomas. Ponte en contacto con SWAT por correo electrónico si deseas contribuir con sus habilidades. También estás invitado a unirte al grupo de SWAT en Facebook.

Se han hecho todos los esfuerzos para traducir este artículo textualmente. El original alemán de este artículo se publicó por primera vez como “Prostituiertenschutzgesetz: Ziele der Union voll erreicht”por Voice4Sexworkers (8 de junio de 2019). Esta traducción está licenciada bajo una licencia internacional Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0.

La juez del mayor caso sobre prostitución imputa a un guardia civil más de 70 delitos

 

La instructora propone a la Xunta personarse como acusación y avisa al Estado de que es responsable subsidiario de la actuación del agente que demandaba sexo a cambio de papeles

 

SILVIA R. PONTEVEDRA

26 de marzo de 2019

https://elpais.com/sociedad/2019/03/25/actualidad/1553538224_348830.html

 

La testigo protegida DPA 123 B llegó a España, desde Brasil, en situación irregular el 19 de octubre de 2006 y el 29 de noviembre conoció su primera redada. Pero aquella no era una auténtica inspección y de ella no quedó constancia policial alguna. El cabo primero de la Guardia Civil Armando Lorenzo Torre, miembro del Equipo de Personas y Emume (mujeres y menores) de Lugo, se presentó presuntamente en el Club Sirena proclamando que era “jefe de extranjería” y ordenó a un compañero fotografiar a las mujeres de una en una. Ellas iban pasando a la cocina para ser retratadas y dar sus datos personales. Y cuando le tocó el turno a DPA 123 B, Lorenzo le preguntó: “¿Qué hace una chica tan guapa ejerciendo la prostitución?”. Ella respondió que lo hacía “por necesidad”. Y el cabo mandó a su compañero que le tomara fotos de cuerpo entero. Después, le pidió a la mujer su número de móvil. Y ahí empezó todo.

Lo siguiente fueron las reiteradas llamadas a la chica y la visita al domicilio de esta, el 18 de diciembre, por parte de Armando Lorenzo. Según un par de testigos él sacó su pistola; la posó sobre una mesa. Le dijo “vengo de deportar a 20 o 30 compatriotas tuyas”, “tus días en España como legal se están terminando, dame el pasaporte que yo te arreglo para tres meses más”. A continuación, aunque ella se negaba, cuenta que la obligó a practicarle una felación y luego la penetró “sin preservativo”. Todo esto se relata en la Operación Carioca, la mayor investigación contra las mafias de proxenetismo que ha tenido lugar en España (310 tomos, 377 testigos) y que hunde sus raíces precisamente en la denuncia de esta joven. Después de una década de instrucción, la juez hace repaso de las actividades del agente (uno de los principales entre los 89 imputados que llegó a sumar la causa desguazada en 50 piezas) y propone en un auto de más de 200 folios el procesamiento del cabo por más de 70 delitos.

La magistrada Pilar de Lara ordena, además, notificar a otras 23 mujeres que tienen derecho a ayudas para personarse en calidad de víctimas de violencia de género. Ofrece a la Xunta de Galicia ejercer la acusación popular y toma una medida nunca aplicada hasta ahora: avisar al abogado del Estado de que la Dirección General de la Guardia Civil es responsable subsidiaria de los presuntos delitos cometidos por este agente y también por su jefe, el brigada Julio Baquero, al que atribuye omisión y cohecho. La juez se basa en que sus actividades eran “ampliamente conocidas por sus superiores jerárquicos”.

El auto de transformación de las actuaciones en proceso sumario dispone el inminente procesamiento de estos dos agentes y de tres proxenetas, entre ellosJosé Manuel García Adán, dueño de los clubes Queen’s y Colina, situado en el epicentro de la trama Carioca. Después el caso pasará a manos de la Audiencia Provincial de Lugo, que debe ratificar la conclusión y ordenar la apertura de juicio oral. La detención de Armando Lorenzo, que entró en prisión y luego quedó en libertad provisional con la prohibición de residir en Galicia, convulsionó a la sociedad lucense.

Una veintena larga de delitos que le atribuía la juez han prescrito o se sobreseen por falta de pruebas, pero entre los que todavía siguen en pie están la supuesta agresión sexual con intimidación y amenaza a la testigo protegida, y 21 delitos de cohecho en relación a otras mujeres a las que presuntamente requería favores sexuales a cambio de regularizarlas para no ser deportadas. De Lara también lo considera autor de delitos de extorsión y de cohecho con respecto a los dueños de los burdeles, por brindarles trato de favor si recibía a cambio beneficios económicos. Le atribuye igualmente revelación de secretos, tráfico de influencias o falsedad documental en la elaboración, por ejemplo, de denuncias falsas contra propietarios de prostíbulos que supuestamente se negaban a pagarle. Por último, la juez tiene en cuenta una docena de supuestos delitos continuados de omisión del deber de perseguir delitos y varios cargos vinculados al “favorecimiento de la prostitución”.

Según la titular del juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, el guardia civil no solo hacía funciones de “taxista” en el coche oficial del cuerpo al transportar a mujeres hasta el Queen’s para evitar posibles controles y deportaciones. También se encargaba de derivar a este y al otro burdel que regentaba el proxeneta García Adán a muchas trabajadoras de los clubes en los que había redadas, en vez de llevarlas a “una casa de acogida o una ONG”, reprocha la instructora.

“La actividad presuntamente delictiva del cabo Armando Lorenzo se remonta a su anterior destino en la Unidad Orgánica de Policía Judicial adscrita a la Audiencia Provincial de Lugo, en el que se habría granjeado la confianza y amistad de algún magistrado”, apunta la juez. En el otro mundo que frecuentaba el agente, había mujeres que “rozaban la indigencia”, señala. “La inmensa mayoría eran extranjeras”, jóvenes, “vulnerables”, “se encontraban en España en situación irregular, necesitaban enviar dinero a sus hijos, padres, hermanos y uno de sus principales temores eran las redadas, en las que podrían ser detenidas y expulsadas del país”.

En los clubes trabajan mujeres que “han sufrido violaciones o malos tratos, o simplemente han tratado de escapar de la pobreza de sus países y labrarse un futuro mejor”, recuerda. En consecuencia, defiende De Lara, Lorenzo “abusaba de su superioridad”, pedía favores sexuales para él, para amigos e incluso para los “socios de su hijo”, a veces en fiestas en pisos y otras veces en los clubes. Y se valía, supuestamente, de su estrecha relación con responsables de Extranjería de la Policía Nacional para amañar las órdenes de expulsión y los permisos.

El sumario recoge seguimientos, pinchazos telefónicos y SMS que revelan su supuesta debilidad por mujeres legalmente vulnerables. Mensajes en los que combina las referencias físicas con sus presuntas gestiones burocráticas.

La testigo protegida relató que desde el momento en el que se negó a mantener más contactos con el guardia civil “comenzó a sufrir una situación de acoso por parte de la policía nacional”, hasta que en septiembre de 2008 fue identificada en su domicilio y se le incoó un expediente de expulsión, que se llevó a efecto en marzo de 2009. Armando Lorenzo, asegura la juez, ejercía su influencia, especialmente, en una docena de clubes de la provincia y llegó a cobrar dinero de unos siete. En algunos casos, apunta De Lara, parecía uno más, “como si estuviera en nómina”. Y así, durante años, “construyó una creencia generalizada de que él tenía capacidad para arreglar todo tipo de papeles y documentación relativa a la situación administrativa de extranjeros en España”.

“Antes de acostarme con usted me meto en cemento”

Una mujer venezolana que trabajaba como encargada de un prostíbulo declaró en el juzgado que se sintió “humillada por el abuso de poder”: “¿Cómo es posible que a los que tienes que pedir auxilio sean los que abusan de ti? Es como si vas a tu madre a pedir ayuda y te mete una puñalada”; “no se puede hundir más a los que ya estamos hundidos”. Según esta supuesta víctima del cabo primero, el hombre reclamó sus servicios sexuales y ella se negó. “Tú no quieres colaborar, no te quieres portar bien… pues se te va a acabar el negocito”, la amenazó él presuntamente. “Máteme, pero antes de acostarme con usted me meto en cemento”, asegura ella que le respondió en una ocasión. “Armando cumplió finalmente sus amenazas”, concluye la juez, “porque ella sufrió una redada de la Inspección de Trabajo, que impuso al local una multa elevada, tras lo cual siguieron las redadas y su detención”.

Los clubes que no accedían a las demandas de Armando Lorenzo sufrían “persecución”, “extorsión” y “amenazas”, asegura De Lara. Según la juez, el cabo utilizó a algunas mujeres, en ocasiones bajo “presiones insoportables”, para que testificasen hechos falsos contra propietarios de burdeles y así “eliminar a la competencia en una guerra entre clubes”. Otra testigo venezolana declaró que un día el agente la llevó al cuartel, le dijo que si no cooperaba con una denuncia (falsa) la expulsaría. Y que si lo hacía le daría los papeles, la haría testigo protegida, cobraría una pensión de 300 euros al mes y recibiría ayuda para conseguir un piso.

 

Evelin contra Goliat

 

La sentencia que da la razón a una trabajadora de un local de alterne muestra que regular la prostitución no es equiparable a las posturas proderechos

 

Por Paula Sánchez Perera (Colectivo Hetaira)

3 de Abril de 2019

https://ctxt.es/es/20190403/Politica/25377/Paula-Sanchez-Perera-prostitucion-alterne-sentencia-tribunal-superior-de-Madrid-Evelin-Rochel.htm?utm_campaign=lecturas-de-fin-de-semana-115-5-de-marzo&utm_medium=email&utm_source=acumbamail

 

Salón de la Rue des Moulins (1894).
Henri de Toulouse-Lautrec

 

A principios de mayo del pasado año, en un Juzgado de lo social de Madrid, un juez espetaba: “Si quieren ustedes hacer activismo, váyanse a la calle con pancartas, pero no en los juzgados, hombre”. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón a Evelin Rochel: entre ella y el club de alterne Flowers sí había una relación laboral.

Evelin, trabajadora sexual del alterne por cuenta ajena y de la prostitución por cuenta propia, mujer migrante colombiana e integrante del sindicato OTRAS, comenzó su andadura sindicalista ya a finales de 2016. Entonces el club quiso endurecer las condiciones laborales y Evelin lideró una protesta, organizando a unas cincuenta compañeras para finalmente negociar con el jefe que aquellas condiciones no se les aplicarían a las trabajadoras antiguas. Pero Evelin ya estaba en el punto de mira. A mediados de febrero de 2017 una discusión con un cliente se convirtió en la excusa perfecta para despedirla. El empresario la citó en su despacho, junto a una persona de cada departamento –trabajadoras de alterne, limpieza, seguridad, etc.– para dar ejemplo, y le dijo que tenía hasta esa misma tarde para abandonar el club. Sin embargo, Evelin no cedió y se atrincheró en su habitación durante una semana, pero le negaron el cobro de la habitación porque sabían que no pagar la estancia en un “hotel-discoteca” es motivo de sobra para echarla. Si era una huésped, como dicen los empresarios, ¿por qué tenía que trabajar 12 horas seguidas en el local? Si no era una asalariada, ¿cómo se puede despedir a alguien que no trabaja para ti? Finalmente, abandonó el club escoltada por la Guardia Civil. El despido es también un desahucio porque, como es habitual para todo el colectivo de trabajadoras sexuales, sin contrato laboral no pueden alquilar y terminan viviendo en su habitación de trabajo. Despido sin finiquito ni indemnización ni derecho a paro después de quince años trabajando para el mismo grupo, eso sí, habiendo cotizado pagándose su seguridad social como falsa autónoma.

En 1995 la reforma del Código Penal despenalizó el proxenetismo no coactivo, pero desde 2003 la presión del movimiento abolicionista consiguió de nuevo tipificarlo. Así, si en aquellos años la inspección de trabajo comprobaba que las mujeres brindaban servicios laborales de alterne bajo la dirección del empresario –remunerados a través de las comisiones por el consumo de copas–, se multaba a la empresa y se le obligaba a darles de alta en la seguridad social. A partir de 2007 se va generalizando la estrategia maestra: sustituir el sistema de la retribución del 50% de las copas por el de las “plazas de hotel”, pasando a pagarles ellas a los empresarios por el alquiler de la habitación. Así, si no existe remuneración, tampoco relación laboral, las mujeres seguirían trabajando bajo sus condiciones y encima gratis. Brillante. La misma jurisprudencia les avalaba en su actuación porque los tribunales de manera recurrente concluían que la ilicitud del contrato de prostitución lastraba la validez del contrato del alterne. Así las cosas, como se prostituyen en el mismo espacio en el que alternan no pueden darlas de alta y cumplen la ley porque en España el alquiler de habitaciones no se considera proxenetismo. (En Francia y en Suecia, por ejemplo, sí, por eso a las prostitutas se las desahucia y desaloja de sus propias casas).

Sin embargo, la novedosa sentencia del TSJ de Madrid recoge varios hechos probados que certifican que Evelin, como sus compañeras, trabajaban bajo las directrices de la empresa, sujetas a un horario y a una jornada laboral: no se podían acercar a un cliente hasta que este consumiera; se hacían sorteos a las cinco de la tarde con la habitación gratis como premio para incitarlas a iniciar la jornada laboral; y se realizaban registros en las habitaciones para que no guardasen alcohol. Primero, los beneficios de la empresa, pues, como reconoce la sentencia, los empresarios que se dedican a la venta de alcohol, se lucraban del trabajo de las prostitutas. Así, concluye la sentencia sobre este punto: “y es que considerar que se trataba de un trabajo sin derecho a contraprestación, sería tanto como admitir la esclavitud”.

La sentencia, estimatoria en parte, reconoce la relación laboral aun cuando se ejerza la prostitución en el mismo local y aun cuando no se produzca remuneración, pues entiende que la falta de remuneración, más que invalidar la relación laboral, constituye una vulneración más. Además, esta sentencia abre la veda para el encuadre en un convenio laboral, como podría ser la categoría profesional de auxiliar de servicios del convenio colectivo de hospedaje de la Comunidad de Madrid, según la propuesta de Juan Jiménez-Piernas, abogado laboralista de Evelin y activista del Colectivo Hetaira. Esta sentencia, de sentar jurisprudencia, ampararía a las trabajadoras bajo la cobertura de la Seguridad Social y favorecería la regularización de muchas migrantes. También implicaría que pudieran contar con una prestación y unos derechos laborales básicos (salario, nocturnidad, descansos, etc.), ayudaría a reducir la vulnerabilidad del colectivo y facilitaría, en el caso de que así lo deseen, poder abandonarla. En otras palabras, les posibilitaría la salida del círculo vicioso de la indefensión social y jurídica y la clandestinidad. Sin embargo, todos estos beneficios acabarán en papel mojado si el Supremo no ratifica la sentencia. Hay varias razones para pensar que tenemos las de perder porque no nos enfrentamos a cualquiera. El dueño del local implicado, el Flowers, Antonio Herrero Lázaro, ya fue absuelto en el 2015 por el Supremo de un supuesto delito –entre otros– de soborno a policías para que le avisaran de las redadas. En vez de la posible pena de 8 años de cárcel se le impuso una multa que no llegaba a los 1.000 euros.

Gracias a la identificación habitual de la postura proderechos con el regulacionismo –posturas no solo diferentes, sino antagónicas– en lugar de que el foco de atención esté situado en los empresarios y en el genuino regulacionismo, recae en cambio sobre las trabajadoras que se organizan. Solo así se explica que en 2004, cuando se legalizó la patronal del alterne, ningún colectivo abolicionista llevase ante la Audiencia Nacional a esa patronal –Mesalina–. En cambio, cuando el Ministerio de Trabajo aprobó los estatutos del sindicato OTRAS sí se intentó ilegalizar por esta vía. Mientras se cree a pies juntillas que estos señores esperan con ansia la regularización, no se advierte que la situación actual les resulta muchísimo más beneficiosa: un limbo jurídico con una mayoría migrante sin acceso a derechos civiles y sociales sale muy, muy rentable. Por eso el estribillo recurrente que escuchábamos en aquellos juicios laborales incidía en que el club solo era una discoteca independiente y las trabajadoras, meras huéspedes del hotel. Por otro lado, esa insistencia invisibiliza que España ya presenta de facto ingredientes definitorios de una regulación, como la zonificación del ejercicio. Como denuncia Evelin, existe una conexión perversa entre sancionar la prostitución callejera mientras se dan licencias a los clubes de alterne, de modo que se obliga a las mujeres a trabajar para terceros, bajo sus condiciones, pero sin reconocimiento de la relación laboral. Esta es justo la fórmula perfecta que tantos años lleva reclamando la patronal del alterne ANELA: prohibir la prostitución callejera y tener a las mujeres en sus clubes como falsas autónomas. Si se regulase a la alemana por y para los empresarios, mejor para ellos, pero descriminalizar, otorgar derechos y trabajar por incrementar las alternativas laborales es otra cosa bien distinta. Esta es la diferencia básica entre las posturas regulacionistas y las proderechos. Es decir, las regulaciones son leyes específicas del comercio sexual pensadas desde una mentalidad de orden y salud públicas con el objetivo de beneficiarse de los ingresos de la prostitución, mientras las posiciones proderechos buscan la despenalización de todo su universo –a excepción de la trata de personas y la prostitución de menores–, y el reconocimiento de derechos, cuyo modelo definitivo ha de ser diseñado por sus protagonistas. La diferencia estriba en dónde se pone el foco, si en beneficiar a los empresarios y a la población bienpensante o a las mujeres que la ejercen.

En los juicios de Evelin nosotras éramos retratadas por la patronal como abolicionistas. Así, las testigos insistían en que habían decidido ejercer la prostitución y el pleito giraba en torno a esta discusión bizantina, la de la libertad, mientras la vulneración de derechos y el abuso de poder quedaban en segundo plano. Este es el resultado de simplificar los discursos hasta reducirlos a un par dicotómico, abolición o regulación, que viene muy bien para hacer campaña electoral, pero no para realizar análisis políticos a la altura de la complejidad de las circunstancias. La cooptación de nuestros discursos alcanzó tal punto, que el abogado de la defensa llegó a citar a una de las nuestras, a Lucía Fernández, para revalidar su posición, al tiempo que afirmaba que “no están desamparadas, ganan hasta 15.000 euros al mes, ¿qué tipo de explotación es esa?”. Los derechos laborales no cuentan en prostitución, porque en este terreno de blancos y negros del debate mediático –de libres o esclavas– solo aquella que no la escogió, la víctima de trata –que tiene su reputación sexual intacta–, puede ser una buena víctima. El resto, aunque sean víctimas de explotación laboral, no cuentan. Si se piensa que la solución estriba en prohibir definitivamente el alterne, háganse cargo de las mujeres que retornarán a las colas del hambre, de los servicios sociales, o peor, a espacios todavía más clandestinos a merced de proxenetas.

Se puede reconocer la capacidad de decisión de la Otra, como un ser humano pleno, vulnerable pero agente activo a la vez, y eso es distinto a convertir esa libertad en un argumento político como hace Ciudadanos. Porque una cosa es despenalizar y dotar de derechos a un colectivo, acabar con la criminalización y la estigmatización del sector, y otra diferente es defender una regulación específica del mercado con sus impuestos, también especiales, y tan altos que en la práctica solo puedan asumirla los empresarios, como en Alemania. Porque una cosa es una ley hecha y evaluada por las putas desde una perspectiva de derechos humanos y reducción del daño como en Nueva Zelanda, y otra blindar la prostitución a terceros, como en Holanda. El feminismo blanco fue desde su cuna liberal y burgués, pero un feminismo interseccional, que reconozca las múltiples opresiones que nos atraviesan, entiende que a menudo pesa más el racismo institucional y el miedo a la deportación que el lastre de tener que trabajar para un tercero. Un feminismo con conciencia de clase entiende que decir que algo es un trabajo no significa decir que sea maravilloso, porque cierta izquierda curiosamente solo romantiza el trabajo y obvia la explotación inherente al capital cuando habla de prostitución. A quienes se les acusa de estar financiadas por proxenetas –como a Hetaira o a integrantes del sindicato OTRAS– son paradójicamente las que llevan a los empresarios a juicio. Cuando la gente deje de escuchar el ruido de lo que las putas feministas “son” para oír lo que dicen, entonces comprenderemos que las vidas de las mujeres mejoran a fuerza de conquistar derechos.

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Paula Sánchez Perera es activista del Colectivo Hetaira.

 

 

María José Barrera: “Las putas no pedimos permiso; pedimos paso”

 

Por Anna Solé Sans

Barcelona. Viernes, 8 de marzo de 2019

https://www.elnacional.cat/es/sociedad/huelga-feminista-maria-jose-barrera-putas-pedimos-paso_361374_102.html

 

Foto: Sergi Alcàzar

 

 

“A las putas nos quieren sacar del movimiento feminista porque políticamente no interesamos”. Así se expresa la exprostituta y fundadora del Colectivo de Prostitutas de Sevilla, Maria José Barrera. “El movimiento feminista no quiere que las trabajadoras sexuales formemos parte de él”.

Barrera explica que no las dejan participar y opina que el 8-M es abolicionista. “Estamos diciendo que el 8-M haremos huelga de consumo, de educación, pero nadie dice nada de las putas”. Cuenta que el año pasado, fueron a la manifestación de Sevilla con sus hijos con las caras tapadas: “No éramos bienvenidas. Nos hacían fotos como si fuésemos algo raro, nos mapeaban en las redes sociales. El día del orgullo salimos con una pancarta y vinieron en busca de nosotras. Las abolicionistas parecían paparazzis”.

Así, reclama que “no somos un colectivo vulnerable porque tenemos unos ovarios como dos carretas. Somos un colectivo marginado por la sociedad. Por los políticos, por los colectivos feministas, estamos olvidadas por los sindicatos…”.

Los estudios indican que hasta el 90% de las prostitutas que ejercen esta actividad lo hacen de manera forzada. Pero Barrera no está de acuerdo. “¿Estos datos de dónde los sacan? Los da la policía. ¿Y cómo cuentan? 1, 2, 3, 4 y 45 son víctimas de trata. Cuando lo seríamos todas. Las ‘víctimas de trata’ son inmigrantes no documentadas. Nosotras no hablamos. Entran y te separan”. Y expone que “cuando llegan, no sé si te habrás dado cuenta, pero en las redadas las mujeres salen menos difuminadas. Al hombre y a la mujer les tapan la cara, pero a las mujeres menos. Y cuando las enseñan apuntan a la ropa, tetas y culo. ¿Eso no cosifica el cuerpo?”.

Barrera cuenta que el ejercicio libre y consentido de la prostitución no es delito y que quiénes la trabajan no son víctimas. Resalta que simplificar y confundir la trata de seres humanos o la violencia de género con la prostitución, no contribuye a proteger a las verdaderas víctimas de estos delitos.

“¿A mí sólo me invaden mi cuerpo cuando soy puta?”, se pregunta. “Mira, no. También cuando mi novio me obliga a follar. También cuando vives con un maltratador y estás aguantando sabiendo que es un maltratador y tienes que mantener relaciones sexuales con él. No lo dejas porque no tienes alternativa laboral. Cuando decidimos que con nuestro cuerpo hacemos lo que nos da la gana es porque tenemos derechos. Las putas pedimos derechos”.

“Nos hacen las pruebas del sida en guetos”

Barrera comenta que las prostitutas evitan ir a los servicios sociales por miedo a que les quiten sus hijos. Aun así, remarca que se pueden organizar “como cualquier mujer monoparental. Un niño va al cole a tomar las clases lectivas, pero ¿cuántas hacemos uso de la guardería, del comedor o alguna extraescolar para ganar más tiempo?”.

“Y no he terminado”, subraya. Porque tomar la decisión de ir a los servicios sociales o no, no es para Barrera lo más difícil. Una de las otras cosas que preocupa a las trabajadoras sociales es el hecho de ir al médico. “Tú llegas allí y le dices que eres puta. A partir de entonces,todo lo que tu tengas está relacionado con el coño. Te duele una muela y está relacionado con eso. ¿Te duele la garganta? Pues también. ¿Tienes problemas psicológicos? Eso es porque eres puta. A ti, te joden en tu trabajo, vienes con problemas laborales y te dan la baja por ansiedad. A mí se me señala”.

No vamos a los servicios sociales porque tenemos miedo de que nos quiten a nuestros hijos

“Nos hacen las pruebas del sida en guetos” y destaca que ir a hacerse un análisis es complicado. Ir al médico, para ellas, “no sólo tiene que ver con el sida o las enfermedades de transmisión sexual. Quizá estaría bien una revisión ginecológica”, reclama.

Barrera también echa de menos educación y pedagogía en los clientes y en los clubes. Asegura que no ha “visto jamás un cartel en las puertas de los clubes diciendo que el condón no se negocia”, y se queja que “nadie educa al cliente, pero a nosotras nos enseñan a poner condones con la boca”. Aunque éste no es el único problema con el que se encuentran las trabajadoras sexuales en los clubes donde trabajan. Según explica, las comidas son un problema. “Tenemos una alimentación de mierda. He visto los huevos cambiar tres veces de color”. “Si trabajamos hasta las 5 de la mañana, ¿quién baja a desayunar a las 7 o las 8?”, demanda.

“No he visto jamás un cartel en las puertas de los clubes diciendo que el condón no se negocia”

El estigma social que recae sobre las trabajadoras sexuales llega, sin embargo, a todos los niveles. Así, explica que no reciben el mismo trato que otras chicas. “Cuando te violan, no es lo mismo si eres puta. La gente no sale a protestar por ello”. “Hay un estigma muy fuerte”, remarca. “Hay víctimas de primera y víctimas de segunda. Y las putas somos víctimas de segunda”. Precisamente por eso, la consigna y la petición que resalta Barrera es bien clara: “Las putas no pedimos permiso, pedimos paso”.

Ni Ámsterdam ni Alemania

“No lo queremos. Ninguna quiere Ámsterdam. Las putas no queremos Alemania. Nosotras estamos de acuerdo con el derecho de las putas”. Según su opinión, en Ámsterdam se ha regulado la prostitución para terceros, es decir, para empresarios. “Las putas de ahí no están ni organizadas ni representadas. Están en asociaciones y en clubes”.

“En Ámsterdam te dan un carné como puta y hay clientes que le han hecho fotos”. “Ámsterdam es una vergüenza. Eso no es prostitución. Eso no es trabajo sexual. Eso es ocio y libertinaje y gente riéndose de las putas”, sentencia

 

Evelyn, la prostituta rebelde: su histórica victoria en el mayor burdel de Madrid

 

El TSJ concluye, en una sentencia en la que usa el término “esclavitud”, que hay relación laboral entre prostituta y empresa. El Flowers recurrirá.

 

Por David López Frías  @lopezfrias

27 febrero de 2019

https://www.elespanol.com/reportajes/20190227/evelyn-prostituta-rebelde-historica-victoria-burdel-madrid/379463286_0.html

 

El 2 de marzo de 2017, la prostituta colombiana Evelyn Rochel se atrincheraba en la habitación 113 del mayor prostíbulo de Madrid: la Sala Flowers. La empresa la quería echar por incumplir unas normas y ella se resistía a marcharse. El despido, además, tenía carácter de desahucio porque ella vivía en el burdel. Tras muchos problemas, Evelyn se acabó marchando de allí escoltada por la policía. Pero denunció a la empresa para que se reconociese su relación laboral. Aseguraba que estaba viviendo en un régimen de esclavitud. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le ha dado la razón.

El TSJ, en una sentencia histórica en la que le da la razón a David contra Goliat, ha reconocido la relación laboral entre Evelyn Rochel y la Sala Flowers. Algo inédito hasta la fecha en España. Y es que, dada la situación alegal en la que se encuentra el ejercicio de la prostitución en nuestro país, el vínculo entre una trabajadora sexual y el prostíbulo en cuestión no está definido.

Se prohíbe, eso sí, el proxenetismo. Es decir, lucrarse con el dinero obtenido por otra persona que se prostituya. Es por eso que los clubes aseguran que las trabajadoras de sus locales son chicas de alterne. Es decir, chicas que hacen compañía a los hombres para que consuman más durante su estancia. La prostitución, dice el Supremo, es otra actividad distinta.

 

La trampa de los tres supuestos

Para que haya relación laboral, tienen que darse (sobre el papel) tres supuestos: que haya una actividad, que se realice bajo unas directrices (horario, normas, etc) y que haya una retribución. Antes, las chicas de alterne percibían una comisión por cada copa que se tomaba el cliente con ellas. Pero los clubes dejaron de pagar esta comisión en 2007. Con ello eliminaban el factor “retribución” y la relación dejaba de ser laboral.

Evelyn Rochel, no obstante, defendía que ella estaba sujeta a unas normas, a unos horarios y a una serie de instrucciones obligatorias que partían de los propietarios del club, lo que la convertía en una trabajadora del local. “Nos obligaban a trabajar un montón de horas con los tacones puestos que son incomodísimos, tenías que bajar cuando te dijesen…”

La sentencia del TSJ le ha dado la razón. Considera probado que existió una relación laboral entre la prostituta indicando que “la ausencia de retribución no es obstáculo para la existencia de una relación laboral, constando en el hecho probado segundo que antes de 2007 si se abonaban comisiones, por lo que colige que existió una novación nula, contraria a la imposibilidad de la trabajadora de disponer o renunciar a derechos”.

La magistrada del TSJ prosigue diciendo que “la actora desempeñaba para la demandada esa misma actividad de alterne que es a la que se dedica la discoteca en la que se desempeñaba por ella y por otras trabajadoras, siendo esencial la presencia de éstas para atraer a los clientes que sin duda acuden buscando su compañía, que es la que determina que consuman copas en dicha discoteca, y es el titular del negocio el que se lucra de ello, por lo que la ajenidad de su trabajo es evidente, así como su inserción en la organización empresarial, porque sus servicios se realizaban en el local del negocio, en el horario fijado por la empresa y sometida a sus instrucciones“.

 

Esclavitud

La sentencia es especialmente dura con el club de alterne al mencionar la palabra esclavitud, la misma que empleó Evelyn con los medios cuando denunció su situación. Recoge la sentencia que aunque las chicas ya no cobren comisiones por las copas, “el trabajo ha seguido teniendo lugar en las mismas condiciones y la empresa se ha lucrado de él, habiendo por tanto la trabajadora cumplido con sus obligaciones y siendo acreedora del salario que se había de abonar, tal y como hacía inicialmente, y es que considerar que se trataba de un trabajo sin derecho a contraprestación, sería tanto como admitir la esclavitud“.

El abogado laboralista de Evelyn, Juan Jiménez-Piernas, considera que esta sentencia es un hito porque “aúna tres pretensiones: que se declare la existencia de relación laboral en el alterne aún cuando se ejerza la prostitución en el mismo local; que se declare la existencia de esa relación laboral aún cuando falta una nota característica de la misma como es la retribución, y por último, impone la necesidad de encuadrar a estas chicas en un convenio colectivo. Nosotros proponemos el Hostelería y Hospedaje de la Comunidad de Madrid, en categoría de auxiliar de servicios”.

 

El Flowers va a recurrir

La sentencia es recurrible ante el Supremo y eso es lo que van a hacer desde el Flowers. Su gabinete jurídico lo ha adelantado. “Estamos preparando el recurso para el Supremo. Pero además, hemos hecho un par de escritos duros contra la ponente. Emplea un término como esclavitud y no estamos en absoluto de acuerdo. Ya hubo una demanda penal por eso y se archivó. Las chicas ejercen allí la prostitución libremente, pueden salir cuando quieran, pueden entrar a la hora que decidan y en algunos casos cobran más de 13.000 euros netos al mes. Es una falta de respeto hacia la gente que de verdad está esclavizada”, cuenta el abogado del Flowers.

En lo que sí coincide con el abogado de Evelyn es en que “la situación de estas personas se tiene que regular. Tienen que permitirles darse de alta como autónomas, cotizar a la Seguridad Social… Lo contrario es un problema para todos. Para las chicas y para las empresas”, concluye.

 

“No quiero dinero; exijo dignidad”

Mientras el prostíbulo prepara el recurso, Evelyn Rochel se muestra feliz por la sentencia. Ya dijo en su momento que no iba buscando dinero y así lo ha repetido. Asegura que si ha llegado hasta el final de este proceso es “por dignidad, por respeto hacia las mujeres y hacia mi profesión. Soy prostituta, no quiero andar con rodeos de otros nombres… Ni alternadora, ni nada. Prostituta. Trabajadora y persona. Por eso tengo mis derechos, los reivindico y los defiendo”, explica, redundando en “la necesidad de equilibrar la relación que tenemos con los jefes, lo absurdo que es pagarle a tu jefe por trabajar, que te metan en la misma habitación a convivir con otra colega que al fin y al cabo es alguien que no conoces de nada, algunas veces hasta durmiendo en la misma cama”.

La sentencia, si la confirma el Supremo, puede dar lugar a que la situación de miles de mujeres que trabajan como prostitutas en locales de alterne, cambie radicalmente. Al menos en el ámbito de la regulación laboral. Evelyn, aquella prostituta que se atrincheró en una habitación del burdel y que se la jugó para denunciar su situación, confía. Pero será el Supremo el que decida.

 

Es legal vender sexo en Amsterdam, pero no esperes los mismos derechos que los demás trabajadores

 

La famosa ciudad holandesa permisiva está reprimiendo la prostitución, reubicando a las trabajadoras sexuales y discriminando a aquellas personas que trabajan en la industria.

 

Por GENEVA ABDUL

19 de febrero de 2019

https://foreignpolicy.com/2019/02/19/its-legal-to-sell-sex-in-amsterdam-but-dont-expect-the-same-rights-as-other-self-employed-workers- Países Bajos-legal-prostitución-trabajadoras del sexo /

 


Una prostituta espera a los clientes detrás de su ventana en el barrio rojo de Ámsterdam el 8 de diciembre de 2008. (ANOEK DE GROOT / AFP / GETTY IMAGES)

 

AMSTERDAM— Durante décadas, el barrio rojo de Ámsterdam ha atraído a millones de turistas, trabajadoras sexuales y propietarios de negocios. Sin embargo, los mal reputados callejones del vecindario De Wallen —llenos de cafeterías y vitrinas con trabajadoras sexuales con poca ropa— pronto podrían enfrentar una transformación a medida que los funcionarios del gobierno local se esfuerzan por implementar una nueva política, con el objetivo de aumentar el número de permisos de trabajo sexual más allá de De Wallen en un intento por brindar oportunidades a las trabajadoras sexuales en otra parte.

Desde la legalización de la prostitución en 2000, los Países Bajos han estado cada vez más alerta en la lucha contra la trata de personas y otras formas de actividad delictiva. Pero los críticos dicen que el gobierno actual no ha logrado demostrar el vínculo entre el comercio sexual y el aumento de la delincuencia. En 2009, un conjunto de medidas destinadas a preservar el barrio central de De Wallen en Ámsterdam y frenar las tasas de delincuencia dieron como resultado el Proyecto 1012: un plan de desarrollo urbano de una década de evolución que lleva el nombre del código postal del área. El proyecto limitó notablemente el trabajo sexual a dos calles: Oude Nieuwstraat y Oudezijds Achterburgwal. Esto cerró muchas cafeterías y 112 vitrinas de trabajadoras sexuales, lo que resultó en una especie de gentrificación del comercio sexual, empujando a muchas trabajadoras sexuales hacia el trabajo ilegal o al extranjero, a Bruselas.

Aunque los Países Bajos han sido un líder mundial en la despenalización del trabajo sexual, el estigma que rodea a la profesión continúa.

Aunque los Países Bajos han sido un líder mundial en la despenalización del trabajo sexual, el estigma que rodea a la profesión continúa. A medida que el proyecto de revitalización del vecindario empujó a las trabajadoras sexuales más lejos, a menudo ya no interesa a muchas trabajadoras independientes registrarse bajo la Ordenanza Municipal de Ámsterdam, tal como lo exige la ley para ser considerada legal. Esto se debe a que las trabajadoras sexuales a menudo enfrentan preocupaciones de seguridad, temen que su línea de trabajo se haga pública y temen perder sus hogares, sus hijos y otros medios de obtener ingresos.

Para abordar este problema, los miembros del consejo local de la ciudad, Alexander Hammelburg, del partido D66 de centro-izquierda y Femke Roosma del partido GroenLinks (GreenLeft), están considerando implementar una nueva política para aumentar el número de permisos más allá del distrito rojo, en la esperanza de establecer más hoteles anónimos, burdeles, o “cualquier cosa diferente de las ventanas estándar”, equipados con vigilancia externa y botones de emergencia, según Hammelburg. Pero ese enfoque choca con lo que muchas trabajadoras sexuales exigen cada vez más: la capacidad de citar clientes en internet y trabajar desde casa.

Para muchas trabajadoras sexuales que han construido una comunidad en el área y para quienes los turistas son clientes, los cambios potenciales son vistos como un intento de compensar los cierres de ventanas, en lugar de una adaptación a la industria sexual moderna en la era digital y un esfuerzo para otorgarles derechos similares a los que disfrutan otros trabajadores independientes.

A medida que el plan de desarrollo llegó a su fin este año, el abismo entre las trabajadoras sexuales de Ámsterdam y el ayuntamiento se ha ampliado. “El trabajo sexual se amalgama constantemente con la trata de personas”, dijo Velvet December, coordinadora de defensa de Proud, una organización dirigida por trabajadoras sexuales con sede en Ámsterdam. “Esto, y la dicotomía que se le atribuye a las categorías de trabajadoras sexuales, —la “prostituta feliz” y la ” pobre víctima”, no dejan espacio para las realidades que enfrentamos y para abordar los problemas que vemos”, agregó.

December, que trabaja para De Stoute Vrouw (La mujer traviesa), la única agencia de escorts lesbianas en el país, se hace eco de las preocupaciones que han afectado a la industria del trabajo sexual. Las trabajadoras sexuales son vistas principalmente como objetos de deseo o causa de actividad delictiva, y se culpa a la industria por sexualizar a las mujeres con fines de lucro, pero en realidad sus llamamientos para el cambio no son diferentes de los de las trabajadoras no sexuales. Solo quieren un derecho a la autonomía económica y moral.

Aunque a menudo se elogia a los Países Bajos por integrar a la industria del sexo en su mercado laboral, el trabajo en sí permanece en la periferia de la economía informal.

Aunque a menudo se elogia a los Países Bajos por integrar a la industria del sexo en su mercado laboral, el trabajo en sí permanece en la periferia de la economía informal, lo que December dijo que a menudo se conoce como “criminalización a través de la puerta trasera”. El problema para los gobiernos no es solo tratar de mejorar la vida de las trabajadoras sexuales, sino también garantizar que las necesidades y prioridades de las trabajadoras sexuales se consideren e incluyan en normativas futuras.

Desde que Femke Halsema se convirtió en la primera alcaldesa de Ámsterdam en julio de 2018 —habiendo actuado anteriormente como miembro de la Cámara de Representantes de GroenLinks y como líder parlamentario del partido— Proud ha sido incluida en más discusiones relacionadas con la política de prostitución. Sin embargo, a otras trabajadoras sexuales y dueños de negocios les preocupa que se les culpe por actividades delictivas y se les obligue a irse como consecuencia del turismo excesivo, ya que los concejales de la ciudad han considerado establecer un máximo en el número de personas que entren en el área y restringir o regular los viajes en grupo, en respuesta al aumento registrado en la ciudad de 26 millones a 34 millones de turistas de 2013 a 2017.

En un momento en que los anuncios en línea para el trabajo sexual están tomando cada vez más prioridad sobre trabajar en la calle o alquilar una ventana, y con los cambios en el mercado que permiten que más trabajadoras del sexo trabajen desde su casa —o en espacios privados y anónimos— los legisladores están considerando aumentar el número de permisos más allá del barrio rojo. Pero aún tienen que considerar la posibilidad de permitir que las trabajadoras sexuales reserven clientes en línea, una práctica actualmente prohibida para las trabajadoras sexuales por una Ordenanza General Municipal. “Queremos crear oportunidades adicionales fuera del área turística”, explicó Hammelburg, miembro del consejo de la ciudad, sugiriendo que una transición a la esfera digital no iría más allá de favorecer llevar a los clientes a los escaparates y burdeles permitidos más allá de De Wallen, reduciendo las multitutes de turistas en la zona.