La nueva prostitución: de la calle a los pisos

Cruz Roja de Alicante registra un descenso de más del 50% en el número de mujeres que asiste en la vía pública

 

Imagen de archivo de una zona con presencia de prostitución en el centro de Alicante. Héctor Fuentes

 

Por Pablo González 

15 de mayo de 2018

http://www.diarioinformacion.com/alicante/2018/05/14/nueva-prostitucion-calle-pisos/2020388.html

 

Los apartamentos alquilados se convierten en los espacios «invisibles» más recurridos.

 

Preservativos, toallitas, sábanas de látex y alimentos. La furgoneta de Cruz Roja se llena de material una noche más en la ciudad de Alicante, donde desde hace siete años rueda muy de cerca entre las mujeres que ejercen la prostitución en la calle. En 2017, la ONG atendía a 105 prostitutas en la vía pública. Ahora, un año después, son 47 las que se encuentran en los mismos espacios. Un decrecimiento de más del 50% que lejos de significar un abandono, refleja un desplazamiento. La calle se deja atrás para trabajar en pisos.

Cae la noche y como cualquier otro viernes del año, la técnico encargada del programa de atención a mujeres contexto de prostitución de Cruz Roja, Lorena Marín, junto a una de las voluntarias del proyecto, preparan todo para hacer una salida. Llevan material de protección y algunos alimentosque, hasta ahora, repartían entre más de un centenar de mujeres. Pero, en los últimos seis meses, han dejado de ver a 58 de ellas. Lo que comenzó como un proyecto cuyo único objetivo era la prevención del VIH, acabó siendo una forma idónea de acercamiento al colectivo. De una información sobre el contagio y los recursos disponibles, se pasó pronto a una relación de tú a tú.

Lorena Marín aparca la furgoneta, abandona el asiento y enseguida se acerca un grupo de ellas saludándole con besos, preguntándole por su semana y con una notable alegría de verle un viernes más. Y lo mismo al contrario. De esta forma es como se migró pronto de una «simple» prevención a una actuación integral. «A raíz de este contacto, las chicas comenzaron a contarnos muchas cosas y nos dimos cuenta de que podíamos trabajar otras necesidades», explica Marín.

Pero esta atención integral, que trata de hacerles beneficiarias de distintas ayudas y vincularles a otros programas de la organización relacionados con la formación o el empleo, entre otros, se puede hacer ahora con menos de ellas. En concreto, con 58 menos: la cifra de las que han dejado de aparecer durante las salidas en los últimos meses.

Entre 2011, cuando se inició el proyecto en Alicante, y 2016, el número de mujeres fue en aumento. La organización pasó de tener un vínculo con 60 durante el primer año hasta conseguir establecerlo con 121. En el 2017, la tendencia de bajada ya comenzaba a asomar hasta situarse en las 105. Cifra, como se ha mencionado con anterioridad, notablemente reducida hasta el momento actual, en el que son 47 las personas a las que se asiste de día y de madrugada.

Lejos de abandonar la prostitución, el descenso del número de trabajadoras que se encuentran en la vía pública ha disminuido por el cambio de lugar para ejercer. «El acceso al sexo sin necesidad de vínculo está siendo cada vez más fácil. El hecho de que puedas contactar con una mujer por Internet, que te envíe una foto, saber que te gusta e ir a una cama bajo techo, es lo que están prefiriendo los consumidores. Les resulta más llamativo que tener una relación dentro del coche aparcado en la calle», cuenta la técnica que lleva el programa.

Más rentable

En estos espacios cerrados, el motor de la prostitución es el mismo que en la calle, todas las trabajadoras del sexo ejercen por necesidad. Del mismo modo, algunos de los que tienen el poder, es decir, de quienes ponen el dinero para pagar el alquiler, tienen las mismas caras. «Los pisos los llevan proxenetas, entre los que se encuentran personas que han estado metidas en la prostitución, que ahora se han dado cuenta de que les sale más rentable alquilar un apartamento para prostituir a varias mujeres», apunta la técnica del proyecto.

Por otra parte, ellas han notado el descenso en el número de hombres que consumen sexo en la vía pública. «Se han percatado de que a la calle van menos consumidores de prostitución. Y cuando deben trasladarse, muchas prefieren hacerlo a un piso que a un club», cuenta Marín. Esta preferencia, explica la técnica, guarda relación con comportamientos a los que se ven obligadas a seguir en algunos de estos círculos. La forma de atraer a los clientes a estos espacios «herméticos», en los que la asistencia de las entidades que ofrecen apoyo al colectivo se convierte en una tarea complicadísima, no deja de ser el clásico recurso publicitario, al que ahora se le suman las aplicaciones de móvil.

Desde un proyecto de Cruz Roja que trabaja con hombres que tienen sexo con hombres, en el que se establece un contacto a través de una conocida app de citas con las personas a las que se busca informar sobre las infecciones de transmisión sexual, la entidad ha logrado adentrarse en uno de los pisos en el que también hay mujeres. «Les comentamos el servicio de la organización a través del chat y nos invitaron a que fuéramos a darles preservativos», cuenta Marín.

El ambiente que respira este piso, en el que al menos cinco mujeres ejercen la prostitución, es el de poca higiene y drogadicción. Unas condiciones que pueden estar viviendo parte de las 58 mujeres que han abandonado la calle en los últimos meses, con el grandísimo contra añadido de ser un espacio de difícil acceso a las entidades que apoyan al colectivo.

 

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Los proxenetas están depredando a las trabajadoras sexuales expulsadas de la Web a causa de FOSTA-SESTA

 

Por Samantha Cole

 

30 de abril de 2018

 

https://motherboard.vice.com/en_us/article/bjpqvz/fosta-sesta-sex-work-and-trafficking

 

“Las trabajadoras sexuales están aterrorizadas:” Menos de tres semanas después de que el así llamado proyecto de ley contra la trata sexual se convirtiera en ley, las consecuencias son nefastas.

 

Advertencia de contenido: este artículo contiene referencias a violencia sexual, agresiones   y suicidio. Si usted o alguien a su alrededor muestra tendencias suicidas o a autolesionarse, comuníquese, por favor, con el Centro de Recursos para la Prevención del Suicidio.

 

 

La última vez que Katie trató de dejar a su proxeneta, él la golpeó con un hierro para neumáticos.

“El tiempo cura heridas físicas”, me dijo por teléfono Katie, cuyo nombre ha sido cambiado para proteger su seguridad. “He sido independiente durante años y lejos de él, pero todavía estoy intentando superar mentalmente, ya sabes, todo lo que ha hecho”.

En marzo, el Congreso aprobó aprobó la Ley para la lucha contra la trata sexual online (FOSTA), un controvertido y confuso proyecto de ley empaquetado junto con la Ley para detener la trata sexual (SESTA) que fue presentado por sus defensores como destinado a luchar contra la trata sexual. Castiga los sitios web por las conversaciones sobre la prostitución y el comercio sexual, bajo la guía de la lucha contra la trata sexual.

Pero debido a esta nueva ley, las personas explotadoras y abusivas como el ex chulo de Katie están volviendo a la vida de las trabajadoras sexuales. Están aprovechando la confusión y el temor que esta ley ha creado, ya que las comunidades en línea donde las trabajadoras sexuales encontraban y examinaban clientes y donde se apoyaban unas a otras están desapareciendo.

¿Qué vas a hacer sin mí ahora? dicen los explotadores inundando las bandejas de entrada y los mensajes de las víctimas. Me necesitas. De acuerdo con las trabajadoras sexuales con las que he hablado, este es un mensaje común.

“Parece que están saliendo proxenetas de la nada desde que todo esto sucedió”, me dijo en un correo electrónico Laura LeMoon, una superviviente de trata, escritora, cofundadora y directora de la organización sin fines de lucro Safe Night Access Project Seattle. “Se están aprovechando de la situación en que se encuentran las trabajadoras sexuales. Es por eso que digo que FOSTA / SESTA realmente ha incrementado la trata. Ha habido proxenetas que han contactado conmigo. Son sanguijuelas. Ganan dinero con la desgracia [de las trabajadoras sexuales] “.

Para aquellas que no tienen otras alternativas, las próximas semanas y meses podrían ver una vuelta a una época oscura, a medida que más personas sean empujadas al trabajo de calle, o a la explotación extrema de tratantes y proxenetas. FOSTA está destruyendo las comunidades que apoyaban a las trabajadoras sexuales con listas de malas citas y ayuda de emergencia, una comunicación que literalmente significaba la vida o la muerte para algunas.

“No se equivoquen, si estos proyectos de ley se aprueban, las trabajadoras sexuales morirán”, me dijo el actor de contenido para adultos Lorelei Lee eel pasado mes, antes de que FOSTA se convirtiera en ley. “Necesito que sepas que eso no es una exageración”.

Ahora sabemos que no era una exageración. El blog de trabajo sexual Tits and Sass escribió la semana pasada que sobre la base de informes anecdóticos, trece trabajadoras sexuales han desaparecido, dos han sido confirmadas muertas, y un sinnúmero de otras han sido agredidas y violadas, como resultado de haber perdido la conexión en línea y haber tenido que salir a la calle para encontrar trabajo.

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FOSTA-SESTA, firmada como ley a principios de abril, se presentó como una forma de frenar la trata sexual en línea. Modifica la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, y responsabiliza a los sitios web por lo que los usuarios dicen y hacen en las plataformas interactivas.

Esto suena positivo a nivel superficial —los daños de la trata sexual son bien conocidos— pero los críticos dicen que la ley es a la vez demasiado vaga para ayudar a las verdaderas víctimas de la trata y demasiado amplia para evitar daños generalizados a las trabajadoras sexuales consensuales. Limita la forma en que las personas hablan sobre el sexo y el trabajo sexual en línea, lo que hace que los sitios web cierren los foros que albergan conversaciones basadas en el sexo de manera preventiva. Como dijo el consejero general de Cloudflare, Doug Kramer, el Congreso no se molestó en “hacer el trabajo duro” para evitar este resultado.

Después de que el presidente Donald Trump firmara FOSTA convirtiéndola en ley, el daño que las trabajadoras y los activistas advirtieron en los artículos de opinión, entrevistas y en las redes sociales ha llegado de manera rápida e implacable. Las consecuencias han sido devastadoras para muchas. Múltiples foros de anuncios se han cerrado, y los servicios convencionales como Craigslist personals y Google Drive comenzaron a tomar medidas enérgicas contra el contenido sexual. Incluso los sitios operados fuera de los EE. UU. se han visto afectados: en abril, Cloudflare prohibió la red social alternativa Switter, con sede en Australia, y citó FOSTA como la razón de ello.

Tal vez uno de los golpes más grandes, hecho días antes de que el proyecto de ley se convirtiera en ley, fue la incautación y cierre de Backpage.com, un sitio de anuncios clasificados y un veterano chivo expiatorio de los males de la trata sexual.

Para las trabajadoras sexuales, todo esto marca la desaparición de las vitales comunidades en línea. “Siempre digo que la comunidad es la mejor defensa contra la trata, pero quiero hacerlo concreto para las personas que no están en el comercio sexual y no sé cuán vital es la comunidad para prevenir la trata”, Lola, una organizadora comunitaria con Sobrevivientes contra SESTA, me dijo en un correo electrónico.

Según Lola, las comunidades en línea ofrecen todo tipo de apoyo a las trabajadoras sexuales. Las ayudan a abordar cualquier necesidad de supervivencia inmediata, como encontrar refugio o comida. Pueden proporcionar advertencias de que un posible cliente es violento o controlar su bienestar o ayudarlas a encontrar acceso a la capacitación para conocer sus derechos.

“SESTA ha barrido espacios esenciales limpios para toda esa comunidad, porque le quitó las plataformas y herramientas en línea que las trabajadoras sexuales usan para comunicarse”, dijo Lola. Incluso aparte de dificultarles el trabajo, dijo, ha convertido a las trabajadores en un objetivo más fácil para los tratantes.

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Katie, ahora en sus treinta y tantos años, cayó en la trata sexual cuando tenía dieciséis años y estaba sin hogar. Mientras caminaba por la ciudad un día, un hombre en un buen automóvil le preguntó si necesitaba que la llevara a algún lado. Aceptó la oferta: un momento que se convertiría en quince años de abusos y aislamiento mental y físico, con varios proxenetas diferentes. “Yo no quería hacerlo, pero él me golpeó y sabía que no tenía a nadie”, dijo. “Me golpeó y yo obedecí”.

No habia otra alternativa que hacer lo que él decía, dijo Katie.

La suya es una situación común para las víctimas de trata, según Jessica Raven, directora ejecutiva del grupo de activismo con sede en Washington, Acción Colectiva para Espacios Seguros. Raven me dijo a través de mensajes directos de Twitter que una de las razones por las que FOSTA falla a las víctimas y sobrevivientes es porque no considera las causas fundamentales de la trata, incluida la falta de vivienda juvenil y el rechazo familiar de los niños LGBTQ. Estos son los factores que llevan a los jóvenes a la falta de vivienda y los empujan a participar en actividades sexuales de supervivencia para acceder a sus necesidades básicas.

“Los jóvenes sin hogar seguirán siendo víctimas de la trata”, dijo Raven. “Simplemente van a ser recogidos en la calle y obligados a vender sexo en la calle … El movimiento contra la trata de personas ha utilizado sus recursos en una estrategia que depende de las detenciones, incluso si eso significa que los jóvenes que están en el comercio sexual —o víctimas de trata sexual— son detenidos por lo que hacen para sobrevivir “.

Tanto Katie como LeMoon, así como varias trabajadoras sexuales y activistas con las que he hablado en las últimas semanas, me han dicho que la comunidad está aterrorizada. “Imagina perder tu fuente de ingresos de la noche a la mañana”, dijo LeMoon. “¿Qué harías? La gente nos dice ‘ve a conseguir un trabajo real’. El trabajo sexual es un verdadero trabajo. Es el trabajo más antiguo que hay “.

Además de hacer un daño inmenso a las trabajadoras consensuales, FOSTA y el cierre de sitios como Backpage no ayudarán mucho a las víctimas de trata sexual y a las sobrevivientes. Los estudios muestran que la violencia contra las mujeres disminuye cuando la publicidad en línea está disponible para las trabajadoras sexuales. Incluso la aplicación de la ley está de acuerdo en que Backpage ayudó a las autoridades a atrapar a los tratantes y obtener datos sobre la actividad delictiva. Cerrarlo permanentemente hunde el problema aún más en la clandestinidad.

“Los proxenetas no desaparecen porque internet se haya ido, y los proxenetas no desaparecen porque no se te permita usar Backpage”, dijo Katie. “Todo lo que hacen es llevarse a las chicas y ponerlas nuevamente en la calle, y eso es aún peor”.

“Existe la opresión por puta, pero la de puta migrante es peor”

 

La mexicana Sabrina Sánchez se define como trabajadora sexual, migrante y lesbiana. Es también una de las voces jóvenes más radicales del transfeminismo barcelonés. Ante la ola de nacionalismos que recorre Europa propone una alianza estratégica entre el activismo trans y el migrante.

 

Por Sandra Aguilar

27 de abril de 2018

https://www.pagina12.com.ar/110469-existe-la-opresion-por-puta-pero-la-de-puta-migrante-es-peor 

 

 

Imagen: Aprosex

 

Así como Buenos Aires está plagada de kioscos, Barcelona es una ciudad atestada de bares. Uno de ellos, entre las callejuelas del barrio del Clot, fue el pautado para una cita con Sabrina. Apurada, entre clientes, atenta a sus dos celulares, accedió a una entrevista para Soy.

Trabajadora sexual, trans, migrante mexicana y lesbiana, Sabrina Sánchez es una de las voces más disruptivas del transfeminismo barcelonés. En un contexto de auge de los nacionalismos y las derechas europeas, señala la necesidad de un activismo político interseccional que no pierda de vista el antirracismo.

La incorrección política la caracteriza. Ésta es un signo de distinción sudaca que porta orgullosa en un entorno donde los buenos modales, la cortesía y la discreción son regla. Sus intervenciones pueden ser “como un tirón de orejas, un ‘tías, reaccionen’”. Afila su mirada y señala que en octubre de 2017 hubo una manifestación trans en la que no se gritó nada, ni consignas. “Y tampoco es que se hubieran trabajado mucho las consigas trans, casi no hay salvo el aquí está la resistencia trans”. Pero se apresura a aclarar que “eso no nos impide decir que tenemos gente trans que es migrante, que no tiene papeles, que se lxs llevan a los CIEs (Centro de Internamiento de Extranjeros), que la ley de extranjería también afecta a lxs trans”. Cuenta que “todo ese tipo de reivindicaciones se gritan cuando son manifestaciones de migrantes antirracistas”. Y le pide al movimiento transfeminista que se erija como altavoz para esas reivindicaciones.

¿Qué articulaciones hay entre el movimiento transfeminista y el migrante?

-Depende del tipo de movimiento transfeminista. Si somos transfeministas migrantes o si hay una cierta conciencia de la migración, sí se da una articulación. Pero cuando no, cuando es totalmente blanco, gana la blanquitud. Ahí es más difícil que se dé esa articulación, esa empatía está mesa aparte. En el tema migrante hay algunos colectivos transfeministas que les cuesta todavía. Y vuelven a repetir las dinámicas de poder, una y otra vez.

¿Qué implica ser migrante y trans en el contexto del auge de los nacionalismos en el continente europeo de los últimos años?

-Implica muchas veces ser invisible del todo, porque la política migratoria europea actualmente es la de la Europa fortaleza, el no dejar pasar a nadie, no promover políticas sociales hacia los migrantes para no crear un efecto de llamada. Además, el ser trans pocas veces beneficia. Aunque hay veces que los gobiernos, para quedar bien y en una estrategia de transwashing, pueden llegar a facilitar ciertas cosas pero también se basan mucho en los tratados que se firman entre países.

¿Y en el cotidiano? ¿Crees que este avance de los fascismos, como pudimos ver en el estado español en el marco del referéndum de Cataluña por la independencia, tiene un correlato en las calles como una amenaza para las existencias lgbti?

-Sí, creo que sí. Cuando veo que se exacerban los nacionalismos y empiezo a ver banderitas por todos lados, ahí me da miedo. Porque no hay nacionalismos guays, al final todos los nacionalismos son excluyentes.

¿Y dónde queda ahí la mujer trans migrante?

-Fuera. En los márgenes. A veces quedamos permanentemente en el trabajo sexual, incluso en los casos de las que no quieren ser trabajadoras sexuales pero no tienen opciones. También te pueden echar del país. O podemos acabar muertas, esa es la otra opción. La diferencia de España y Alemania, donde es un crimen enaltecer al fascismo y no hay calles ni avenidas con nombres de fascistas, es que allí los fascistas perdieron la guerra y aquí la ganaron. Esa es la diferencia. Y cuando hicieron la transición simplemente se ocultaron un poquito y se pusieron la camiseta de la democracia, aunque hubieran sido los ministros de Franco. Y viva la democracia. Y la gente se lo cree. Y como no puedes estar en contra de la democracia, porque si no eres facha, entonces el discurso crítico contra la democracia como está montada no tiene lugar.

Si hacemos foco en el movimiento trans y feminista, en una ocasión señalaste que hay una invisibilización de las putas a fin de desligarse del trabajo sexual, ¿cómo es eso?

-Esa crítica está dirigida principalmente al movimiento de las mujeres trans locales blancos con quienes no podemos articular, porque ser putas es una mala imagen. Hay muchas personas del movimiento trans que no tienen una posición feminista. Creo que el transfeminismo es prosex, y esa es la alianza que las putas hemos encontrado. Nos ha permitido a las putas acceder al feminismo, ponernos a leer y formarnos para entender que el feminismo no era necesariamente abolicionista. El transfeminismo nos mostró que hay otras maneras de ser feminista, más inclusivas, que no son tan dogmáticas como el feminismo mainstream.

¿Existen alianzas entre trabajadoras sexuales y colectivos migrantes?

-Empieza a haber. También porque el movimiento de las trabajadoras sexuales dirigido por las trabajadoras sexuales aquí es muy nuevo. Quien antes dirigía la lucha por los derechos eran las asociaciones que les ofrecen servicios a las trabajadoras sexuales: las que reparten condones, las que cuando recibimos una multa nos ayudan a recurrirla… Son asociaciones a las que las trabajadoras sexuales van a pedir servicios, pero no hay trabajadoras ahí. Todas son sociólogas, trabajadoras sociales, académicas… Desde hace cinco años está empezando a cambiar el panorama. Ha llegado el momento de decir “no queremos más tutelaje”. Nosotras podemos hablar. Apóyennos y quédense detrás de nosotras.

¿Y eso cómo se logra?

-Hemos tenido que cambiar la dinámica de sacarnos la tutela. Nos enseñaron ciertas cosas institucionales que no sabíamos, nos dieron las herramientas. Y ahora nosotras somos las que queremos llevar la voz cantante. El colectivo de trabajadoras sexuales está lleno de migrantes. Tanto entre las que captan la clientela en las calles, pero también dentro de los pisos. Cuando llegó la crisis vimos la necesidad de encontrarnos entre pares. Había un montón de mujeres cis que se quedaron desempleadas y con la hipoteca por pagar, por lo que comenzaron a ser trabajadoras sexuales, y el mercado se llenó. A partir del 2013 hubo un auge en el trabajo sexual con el ingreso de las españolas, las nativas. De hecho, Aprosex (Asociación de Profesionales del Sexo) lo iniciaron tres nativas, y las migrantes nos incorporamos después. Ellas vieron que había un montón de mujeres que ingresaban al mercado sin saber cómo, que no sabían las reglas del juego, ni las tarifas. Entonces reventaron los precios, y hubo que decirles que se hicieran valer. La gente estaba malgastando su capital erótico. Y cuando entramos las migrantes empezamos a darles discusiones a las blancas, porque existe la opresión por puta, pero la de migrante y puta es peor.

¿Y en el plano afectivo?

-Alianzas. O acuerdos varios en términos afectivos. No quiero decir poliamorosos porque tengo la crítica hacia un poliamor en el que se tiene un acuerdo con una persona y con las demás se hacen acuerdos puntuales, de encuentros. Pienso más bien en una red de amistades, de complicidades, de afectos, de afinidades. Que pueden incluir algo sexual, o no, simplemente puede ser algo profundo sin llegar a lo sexual. Y si se llega a lo sexual, que esos encuentros no rompan la amistad ni la complicidad. Ni que la gente asuma que porque habéis follado, le perteneces. Porque hay quienes creen que cuando hay sexo hay algo más profundo. Y yo puedo tener afinidades con quienes sexualmente no hay atracción. No creo que se deban romper las comunidades por cuestiones sexuales, aunque entiendo que es muy difícil de aplicar. Nos pasa mucho entre las putas que, si bien tenemos encuentros sexuales trabajando, eso nos fortalece los lazos a la hora de trabajar. A eso las putas lo tenemos muy claro. A veces les piden un trío, y me invitan. Somos amigas, y también somos profesionales, no hay ese rollo de “a lo mejor se nos acaba la amistad”. Y no, estamos trabajando. Y seguimos siendo amigas y aliadas y la relación no cambia.

 

Canadá: la despenalización del trabajo sexual es esencial

 

En lugar de tratar de “salvar” a las trabajadoras sexuales, debemos abordar las desigualdades sistémicas que crean pobreza, falta de vivienda y falta de acceso a los servicios.

 

25 de abril de 2018

 

 KIMBERLEY MANNING, ESPECIAL PARA MONTREAL GAZETTE

 

http://montrealgazette.com/opinion/opinion-decriminalization-of-sex-work-is-esential

 

Los manifestantes afrontan el frío durante una manifestación en apoyo del día internacional para poner fin a la violencia contra las trabajadoras sexuales. La demostración se celebró en Cabot Square en Montreal el domingo 17 de diciembre de 2017. PIERRE OBENDRAUF / MONTREAL GAZETTE

 

Como directora del Instituto Simone de Beauvoir, tengo el privilegio de trabajar en una sala reformada llena de grandes ventanas, suelos de madera, molduras recortadas y paredes de colores brillantes. Mi oficina tiene una característica única adicional: su propio baño privado. De hecho, el edificio de tres pisos sin ascensor en el que tiene su sede el instituto incluye diez baños privados. Eso se debe a que, en un pasado remoto, este edificio probablemente fue, como se cuenta en la historia, el hogar de un burdel.

Es difícil saber cuáles podrían haber sido las condiciones de trabajo para las mujeres que se rumorea que trabajaron aquí. Pero, como mínimo, sabemos que las mujeres tuvieron acceso a un techo sobre sus cabezas, una comunidad de colegas y fontanería interior: recursos que no están disponibles para todas las trabajadoras sexuales en Canadá en la actualidad.

La Ley de Protección de las Comunidades y de Personas Explotadas, promulgada en 2014, agregó una serie de leyes que penalizan el trabajo sexual en Canadá. A los canadienses se les dijo que la aplicación de un régimen “nórdico” haría las condiciones más seguras para las trabajadoras sexuales “despenalizando a las trabajadoras sexuales pero penalizando a los clientes”. En realidad, no solo recriminalizó la venta de sexo en ciertos contextos, sino que criminalizó la compra, la publicidad y la participación de cualquier tercero en el trabajo sexual. Como consecuencia, el trabajo sexual a menudo se lleva a cabo al aire libre y fuera de la vista, lo que hace que las trabajadoras sexuales sean más vulnerables al aumento del aislamiento, la violencia y la falta de vivienda.

En 2013, una decisión del Tribunal Supremo de Canadá reconoció que la penalización de cualquier parte del trabajo sexual contribuye a la violencia contra las trabajadoras sexuales. Fue en este espíritu que el Tribunal revocó tres importantes leyes penales relacionadas con el trabajo sexual. También observó que el exceso de vigilancia policial de las trabajadoras sexuales —que sabemos que se enfoca principalmente en trabajadoras sexuales indígenas, migrantes, racializadas y que usan drogas— contribuyó al horror que se desarrolló en Vancouver en la década de 1990 cuando más de 60 trabajadoras sexuales, la mayoría de las cuales eran indígenas, fueron asesinadas o desaparecieron.

Algunos podrían argumentar que la penalización del trabajo sexual es la única manera de detener la trata de personas y la explotación de menores de edad. Pero el Código Penal contiene leyes para abordar los delitos de coacción, agresión sexual, explotación y una serie de otras violaciones de los derechos humanos: penalizar el trabajo sexual confunde lo que es explotación, y también desperdicia recursos del gobierno.

Las trabajadoras sexuales se construyen como blancos perfectos para la violencia: los depredadores saben que es menos probable que la policía investigue los delitos contra las trabajadoras sexuales, y que es menos probable que las trabajadoras sexuales se acerquen a la policía en busca de ayuda. En lugar de tratar de “salvar” a las trabajadoras sexuales, debemos abordar las desigualdades sistémicas que crean la pobreza, la falta de vivienda y la falta de acceso a la educación, la salud y los servicios jurídicos. Necesitamos emplear un marco de derechos humanos que reconozca la autonomía de las personas y permita a las comunidades operar en condiciones de seguridad, en lugar de en un contexto de prohibición.

La Alianza Canadiense para la Reforma de la Ley de Trabajo Sexual (1) sostiene que la despenalización del trabajo sexual es un primer paso necesario para el reconocimiento de la seguridad, la autonomía y la autodeterminación de las trabajadoras sexuales. El Partido Liberal de Canadá, que votó el fin de semana pasado a favor de incorporar la despenalización del trabajo sexual en el programa del partido 2019, está de acuerdo con eso.

A medida que el gobierno liberal se acerca a las próximas elecciones federales, tiene una oportunidad histórica para transformar las condiciones laborales de las trabajadoras sexuales. Reconociendo el impacto que la colonización ha tenido en el mantenimiento de la pobreza y la precariedad en algunas comunidades y despenalizando el trabajo sexual como un primer paso para aumentar el acceso a la salud y los servicios sociales y legales, el gobierno puede alejar a nuestro país desde la violencia y la inseguridad que ocasiona la prohibición hasta una calidad de vida más segura y más autónoma para todas las personas.

Cinco años después de que el Tribunal Supremo de Canadá reconociera (2) los derechos de las trabajadoras sexuales, es hora de poner en práctica nuestro feminismo y crear un Canadá mejor.

 

Kimberley Manning es directora del Instituto Simone de Beauvoir en la Universidad de Concordia. 

 


1.- https://elestantedelaciti.wordpress.com/2018/04/10/seguridad-dignidad-igualdad-recomendaciones-para-la-reforma-de-la-ley-de-trabajo-sexual-en-canada/

2.- https://elestantedelaciti.wordpress.com/2014/10/24/la-dominatrix-terri-jean-bedford-recibira-el-premio-de-la-asociacion-de-libertades-civiles-de-ontario-2014/

 

Ley de Seguridad Ciudadana: amordazando a las trabajadoras sexuales

 

“Nuestro país mantiene una postura abolicionista a la hora de tratar el tema de la prostitución”

 

Por Rafael Barroso Pavía

 

24 de abril de 2018

 

https://www.eldiario.es/andalucia/APDHA/Ley-Seguridad-Ciudadana-amordazando-trabajadoras_6_764383562.html

 

Concentración en la provincia de Cádiz contra las ordenanzas municipales APDHA

 

La situación de la prostitución en España es incongruente porque nos encontramos ante una actividad que no posee ningún tipo de reconocimiento legal pero que a la hora de elaborar el PIB del país se contabiliza para así aumentarlo. Esta falta de reconocimiento lleva a que la ya, de por sí, complicada realidad de las personas que ejercen la prostitución se vea empeorada por algunas de las normas que se han desarrollado en los últimos años, en los cuales hemos sido testigos de un endurecimiento de las leyes y un retroceso en la protección de los derechos fundamentales de la sociedad en general, y de las personas que ejercen la prostitución en particular.

Nuestro país mantiene una postura abolicionista a la hora de tratar el tema de la prostitución, lo que se traduce en normas legales y campañas que tienden a aumentar la controversia social sobre este tema y que, además, empeoran las graves vulneraciones que las trabajadoras sexuales sufren. La visibilidad que se ha dado a esta realidad es prácticamente escasa, llamando la atención que normas como la Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como Ley Mordaza, que ha levantado controversias y numerosas críticas por la vulneración de derechos que su aplicación conlleva, no haya sido criticada por el ataque que perpetra sobre las trabajadoras sexuales.

La mencionada ley prevé, en su contenido, dos infracciones que afectan directamente a las trabajadoras sexuales que ejercen la prostitución en la calle: por un lado, pueden ser sancionadas con multas de hasta 600 euros si realizan actos que puedan ser considerados obscenos en la vía pública. Y por otro, pueden ser sancionadas con multas de hasta 30.000 euros si, tras ser notificadas por las autoridades para que no ofrezcan sus servicios en sitios públicos, estas continúan haciéndolo.

Debido a la forma en la que se recogen estas infracciones, la simple identificación como trabajadora sexual es suficiente para que puedan ser sancionadas, sin necesidad de que sean “pilladas” ofreciendo o prestando sus servicios. Al igual que ocurre con otras infracciones recogidas en dicha Ley, la redacción de la norma queda sujeta a la interpretación que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad realicen, lo cual se traduce en una vulneración total de derechos, al poder contemplarse casos de arbitrariedad y abuso de poder por parte de estos.

Si estamos hablando de una norma que protege la seguridad de la ciudadanía de nuestro país, ¿cómo es posible que se lleven a cabo prácticas que vulneran los derechos de este colectivo? El Gobierno negó en su momento que la intención fuese la de perseguir a las personas que ejercen la prostitución o entrar en el debate de su regulación o prohibición. Sin embargo, la experiencia nos dice que no, que desde la entrada en vigor de la ley se ha producido una caza de brujas hacia las trabajadoras sexuales. Una caza que las posiciona en una situación de mayor vulnerabilidad y desprotección y que, según datos de junio de 2017, se ha saldado con su expulsión de las calles y una recaudación de 54.000 euros con las multas que les han sido impuestas.

Debido a ello, consideramos que la aplicación de la ley conlleva la práctica de una violencia institucional hacia las trabajadoras sexuales. Dicha violencia se manifiesta con la imposición de multas a las que, en ocasiones, sólo pueden hacer frente con el ofrecimiento de sus servicios, lo cual hace que se expongan a ser multadas de nuevo para poder afrontar el pago. Pero esta violencia también se manifiesta al quedar excluidas de la zona pública, pues deben reubicarse en lugares alejados y con menor tránsito de personas, quedando expuestas y faltas de protección.

A pesar de que en los últimos meses hemos atendido a diferentes manifestaciones, por parte de los principales partidos políticos de la oposición, para derogar parte del articulado de esta ley, lo cierto es que seguimos en la incertidumbre de saber qué pasará. Además, desde los movimientos sociales, encontramos una falta de visibilidad y denuncia de las consecuencias que la aplicación de esta ley tiene sobre los derechos de este colectivo en concreto. Mientras tanto, las más perjudicadas por toda esta situación seguirán siendo las trabajadoras sexuales, las cuales, por el bien de la “seguridad ciudadana”, se ven amordazadas y expuestas a una mayor represión por parte de ese Estado que, si bien aprovecha las consecuencias económicas de esta actividad, no es capaz de reconocerles sus derechos.

 

La infravida de tres prostitutas en un lupanar asturiano: “Tras 25 clientes, me hacían seguir”

 

Por QUICO ALSEDO

 

24 de abril de 2018

 

http://www.elmundo.es/papel/historias/2018/04/24/5ade0b8aca4741ce088b4594.html

 

El club Model’s, situado en un polígono industrial a tres kilómetros de Oviedo. PABLO LORENZANA

 

  • Semiesclavitud, sexo gratis con el jefe y droga, mucha droga. Así es la vida en un garito imposible de cerrar pese a las denuncias contra su presunto dueño
  • El Model’s se anuncia como hotel, restaurante y sala de fiestas con ‘flyers’ con coartada culinaria: ‘El día del cabrito’, ‘Menú diario 10 euros’. ‘Jornadas de la fabada’…

 

 

Vamos a ver, es todo un robo. El dueño nos roba a nosotras y nosotras engañamos un poco a los clientes. Cuando tienes a un tío muy drogado, le pasas la tarjeta las veces que sean: 150 euros, otros 150, otros 150. Si ya le has subido tres gramos de coca y no queda más, se machacan unas pastillas de ibuprofeno en la barra y palante, luego el hombre sale sangrando por la nariz y fuera, da igual. A cambio, el dueño te roba en todo: te cobra 70 euros por la habitación cada noche, te cobra cinco euros por la tele y cinco por la luz en tu habitación, te multa por mascar chicle o por no estar de pie abajo, te cobra por salir del club a dar una vuelta con tu novio… Cuando está pedo, te obliga a tener sexo gratis con él y con sus amigos… A ver, a mí, que he llegado a ganar 3.500 euros a la semana, igual no me importaba tanto el abuso. Pero muchas trabajan sólo por la droga, por el vicio…

—¿3.500 a la semana? Hombre, eso serás tú, rica, porque lo que es yo…

—A ver, yo he llegado a ganar 12.000 euros en una sola noche. Con uno muy drogado. Pero para eso te tienen que ayudar mucho los demás: las mamis, el encargado, los del bar…

Las tres son rumanas. Ania es la que más habla. Su hermana, Lucía, está embarazada y casi ni habla. Luego tenemos a Pilar, la mayor. Tendrá más de 50 años, aunque miente, sonriendo un poco, tal que si estuviera en el club: «43».

Las tres cuentan su puta vida en el más célebre putiferio asturiano: el Model’s, al lado de Oviedo. Un garito que no hay manera de cerrar.

Hace un mes, la Audiencia Provincial asturiana dictaminaba su cierre tras el enésimo pleito contra los siempre presuntos propietarios. Dos días después, un artículo en la prensa local: «El hotel, restaurante y sala Model’s sigue abierto».

Las tres mujeres forman parte ahora, como testigos, de una denuncia contra el presunto «verdadero» dueño. Siempre oculto tras supuestos testaferros: el empresario Jesús Tuñón. Él lo niega todo terminantemente a este diario: «Yo sólo soy el propietario del local, la empresa no tiene nada que ver conmigo». En su lugar, telefonea al periódico un señor llamado Miguel Pérez, que asegura ser el responsable de la actividad: «Tuñón no tiene nada que ver, él sólo pone el local».

Aprovechando la coyuntura, las tres mujeres nos cuentan —protegidas en el despacho de un abogado— cómo es la vida en un putiferio de carretera. Morbo poco, explotación laboral mucha. Son prostitutas, pero podrían ser teleoperadoras hartas de ser pisoteadas. Como reza el dicho: puta y la cama. Escuchémoslas. Lo cuentan ellas solas.

—Yo estuve en el Model’s hace cuatro años —dice Ania, la más enérgica de las tres—. Tandas de 21 días [la otra semana del mes es para la regla]. Era todo un fraude. Teníamos contrato, con sueldo de 700 euros. Por supuesto, no nos lo pagaban. Nos dieron de alta en la Seguridad Social, pero en vez de pagarlo él, pagábamos nosotras. Todo se lo llevaban ellos, menos lo que cobrábamos nosotras por pase, por cada cliente. De los 30 euros de cada copa, la mitad era para ellos. De cada botella de champán, un 80% era para ellos; a veces cobraban la botella a 300 euros. Te cobraban, como te cobran en cada puticlub, 10 euros por «sábana» cada media hora, que es la forma de justificar que ellos no ganan nada con el acto sexual, que sólo ponen el lugar.

—¡Aunque no las cambien! —tercia Pilar, la mayor—. Y cinco euros el preservativo.

—Eso, y cinco euros el preservativo. El contrato era de camarera, o de animadora, o de no sé qué de ocio. Da igual, todo mentira. Todo es explotarnos. Si te ibas con un cliente, te cobraban 90 euros por salir, pero también si te ibas con tu novio. Eras como una esclava de algún modo. La jornada era, como es en todos los puticlubs, de cinco de la tarde a cinco de la mañana…

—Pero es que este señor también te cobraba hasta por fumar…

—Era horrible. Si no bajabas justo a la hora en que abrían, multa. Si estabas mal de salud y te subías un rato a la habitación, multa. Bueno, yo sé de embarazadas que han muerto en puticlubs porque el jefe les ha dicho: «Oye, nada de esconderse, tú tienes que trabajar». En el Model’s te forzaban también, con la amenaza de que te echaban si no. Él mismo, Tuñón, nos giraba por sus otros puticlubes: el Venus, en Lérida; el Love, en Agullana (Girona), el Mirador, en Madrid. Y si había que follar con un amigo suyo gratis y tú habías enganchado ya un cliente, tenías que soltar el cliente y hacerlo gratis con el amigo.

Las tres testigos de la denuncia contra el club de alterne asturiano. CATA ZAMBRANO

 

Pilar dice haber tenido «muchas» noches de 24 «pases». Es decir, 24 relaciones sexuales. «Llegas fácilmente a 20, 21 clientes». Ania también alcanza esas maratonianas cifras: «A veces en una noche llegaba a 25 pases, estaba destrozada, y este tío venía y te obligaba a seguir bajo amenaza de echarte. Yo hacía lo que fuera por quitarme de encima al cliente, muchos van tan ciegos que en un rato te largas y ni saben si se han corrido o no…».

La publicidad del Model’s, situado en un polígono industrial a tres kilómetros de Oviedo, suele circular habitualmente como flyer por las calles de la capital asturiana.Con coartada culinaria: «El día del cabrito», «Menú diario 10 euros», «Jornadas de la fabada». La carne que vende el local es otra, en todo caso. Rumana.

Pilar: «En tiempos podía haber entre 70 y 80 chicas cada fin de semana, ahora ya hay muchas menos, igual no llega a 30. La crisis ha hecho mucho daño, mucho. Ahora muchos meses son de ganar 1.000 euros y ya. Y muchas ni eso. Lo más duro que he visto yo allí son varias chicas de unos chulos rumanos que yo creo que debían de ir a medias con el dueño. Los tipos estos las pegaban a ellas en la barra, delante de todos, para amedrentarlas. Era horrible», cuenta. Se refiere a otro juicio en marcha en Asturias: el del clan de los SandulacheDos hermanos rumanos acusados de violar, obligar a abortar y agredir (con una catana) a varias mujeres para prostituirlas. La Fiscalía les pide más de 100 años de cárcel a cada uno de ellos.

 

SÉ DE EMBARAZADAS QUE HAN MUERTO EN PUTICLUBS PORQUE EL JEFE LES HA DICHO: ‘OYE, NADA DE ESCONDERSE, TÚ TIENES QUE TRABAJAR'”

 

—Nosotras no hemos vivido esos horrores, pero sí presiones de todo tipo para forzarnos a tener sexo gratis, y mucho abuso, mucha jeta de este tío.

La pregunta es obvia: ¿legalizamos la prostitución para limitar los abusos como en cualquier trabajo? La respuesta de las tres, casi al unísono: «¡Pero si nosotras tenemos papeles, no somos ilegales, somos rumanas!».

—Que no, que no me refiero a que estéis legales en España, sino a vuestro curro, a la prostitución…

—Ah, por supuesto que tiene que ser legal, nosotras trabajamos, pagamos seguridad social, dice Pilar.

—De todas maneras —interviene Ania— en Cataluña está legalizada la actividad y es lo mismo, no cambia mucho, la presión es igual

Según la Fiscalía, los prostíbulos son en general máquinas de blanquear dinero y, al igual que en el caso de las discotecas, viven de un negocio enorme paralelo y nada oculto: la venta de droga.

—Muchas chicas trabajan sólo por el vicio, por la nariz…

—¿Cuántas son muchas? ¿Se puede cuantificar eso?

—Bufff, muchísimas. Quizás un 70%, o un 80%. Al final todo es la droga, gran parte del negocio es eso. Muchas no ganan más que para pagar la habitación y para el vicio. En el Model’s sólo vende droga el propietario, a nosotras no nos dejaba vender. Cuando se terminaba, pedías y te la subía el encargado.

Ania, que testificará junto con sus dos compañeras en Instrucción 3 de Siero, fue detenida hace años en el Model’s, en una de las recurrentes redadas que nunca han logrado cerrar el garito.

«Cada vez que había una inspección, a Tuñón siempre le avisaba alguien antes, imagino que de la Policía. Entonces nos decían lo que teníamos que decir cuando vinieran los polis: que aquello era un hotel o un restaurante, que nosotras sólo bajábamos al local como quien baja al bar del hotel a tomar algo, que en absoluto trabajábamos allí… Yo he visto cómo escondían chicas en un doble techo que hay en el último piso, como si fueran ganado. Estaba todo listo. Nunca pasaba nada. Date cuenta de que por allí pasan muchos abogados, gente importante…».

—¿Y cómo es que os atrevéis a denunciar todo esto? ¿Por qué ahora?

—Mira —dice Ania—, antes, cuando era más cría, igual el jefe llegaba y te decía que se la chuparas y tú eras más tontona y lo hacías.Ahora, si me lo dicen, me piro. La mujer en este país tiene derechos. Se acabó aguantar lo que aguantábamos. Hay que echarle huevos.

 

Lucía Fernández: “Llevar una doble vida es un trabajo que no sé hacer”

“Rechazo la trata de mujeres y la explotación sexual. Desde un punto de vista jurídico es necesario proteger a estas víctimas”, asegura

 

Por E. Vélez 

 

19 de abril de 2018

 

http://www.lne.es/oviedo/2018/04/19/lucia-fernandez-llevar-doble-vida/2272074.html

 

“Voy a empezar fuerte”. Lucía Fernández advirtió ayer de antemano que lo que iba a decir en el Aula Magna de la Facultad de Derecho iba a agitar la institución académica. Pero realmente no hacía falta que lo hiciera. El público estaba inqueto desde primera hora. Todos querían escuchar a esa joven de 25 años, estudiante de esa misma Facultad, que reconoce sin tapujos que es trabajadora sexual. Arrancó con una cita de la teórica feminista Virginie Despentes en la que afirma que prohibir la prostitución es impedir a las mujeres sacar rendimiento económico a su propia estigmatización. “Hay quien lo esconden, pero llevar una doble vida es un trabajo que no sé hacer”. Muchos tomaron notas.

Lucía matizó ayer que se opone frontalmente a la explotación sexual y que apoya a las mujeres que son obligadas a vender su cuerpo. “Rechazo la trata de mujeres y la explotación sexual. Desde un punto de vista jurídico es necesario proteger a estas víctimas. Tienen que poder denunciar sin sentir miedo. Deben desarrollarse planes de ayuda para eliminar sus traumas psicológicos y otros para ofrecerles una alternativa laboral digna y adecuada a sus necesidades vitales”.

Lejos de amilanarse, la ponente comentó que una de las cosas que más les molesta a las prostitutas es que no se les tenga en cuenta: “que se hable de nosotras sin contar con nosotras”. Por eso abrió su whatsapp y leyó en voz alta los mensajes de su grupo de “compañeras en lucha” al que pertenece Paula Ezquerra, antigua consejera de la CUP en Barcelona y la primera trabajadora sexual que llegó a la política municipal. Ellas defendieron el oficio más antiguo del mundo ejercido voluntariamente porque, señaló, “es una forma de empoderarse y ser autónomas”.

Tras dar voz a otras trabajadoras sexuales, Lucía Fernández repasó con detalle los tipos existentes de prostitutas diferenciando entre chicas de plaza, de turno, encargadas y de calle. Y no escatimó en detalles.

Las chicas de plaza están encerradas 21 días trabajando en un club o un piso con sólo dos horas al día para comer o comprar en el supermercado. Las de turno pactan un horario y suelen ser estudiantes o “madres que aprovechan que sus hijos están en el colegio para ganar dinero en unas horas”. Las encargadas son trabajadoras sexuales retiradas que cobran sueldos “de entre 1.000 y 1.200 euros” por recibir a los clientes. Y, según la estudiante de Derecho, las de calle “no siempre pertenecen a las mafias de proxenetas”, pudiendo llegar a percibir unos 250 euros a la semana si ejercen en grandes ciudades. A su juicio, lo que la jurisprudencia debe regular es “el poder de los empresarios” que, bajo la apariencia de llevar a cabo una actividad de alterne, explotan a las mujeres.

 

La Prisión Militante. Las cárceles franquistas de mujeres de Barcelona y Madrid (1939-1945)

 

El continuo trasiego de prostitutas callejeras en las prisiones constituye otro buen ejemplo de persistencia de prácticas punitivas de largo arraigo, apenas alteradas por los discursos oficiales y las legislaciones “humanizadoras”. Los ingresos de esta clase en las cárceles de Madrid y Barcelona en los años cuarenta dieron así continuidad a una pauta establecida más de un siglo atrás, con las tradicionales políticas reglamentaristas contra la prostitución. Y es que las quincenarias constituían un clásico sujeto de redención, buenas conocedoras tanto de las prisiones como de las instituciones correctoras. De ellas también se ocuparía el Nuevo Estado franquista, convirtiéndolas en visitantes asiduas de las cárceles o creando incluso prisiones especiales para ellas, gestionadas por órdenes como las oblatas o las adoratrices.

 

Por Fernando Hernández Holgado

 

Resumen

 

Tesis doctoral dirigida por la profesora Gloria Nielfa Cristóbal y leída en la Universidad Complutense de Madrid, mayo de 2011. 872 páginas con índices y anejos (3), más un cuarto anejo compuesto por 43 fotografías.

 

https://journals.openedition.org/ccec/3749#article-3749

 

 

Mirar por el ojo de una cerradura para contemplar el vasto panorama de la represión carcelaria femenina de los seis primeros años de posguerra: la frase podría resumir el objetivo de esta tesis. Sólo que, en aras de ganar algo de perspectiva, el ojo de la cerradura es doble: dos de las principales prisiones femeninas de posguerra, las de las capitales más pobladas, ocupadas por las tropas vencedoras de la guerra el mismo año de 1939, tan sólo con un par de meses de diferencia: Ventas, como principal prisión madrileña, y les Corts, en la capital barcelonesa.

En cuanto a la acotación cronológica, limitada al periodo 1939-1945, sigue de cerca el proceso de creación y “solución” de lo que el propio régimen denominó el “problema penitenciario”: un rapidísimo y desproporcionado crecimiento de la población reclusa en el lapso de un par de años, seguido de un decrecimiento pautado por los diversos decretos de concesión de libertad condicional. Esta tendencia a la baja culminó simbólicamente en octubre de 1945 con el decreto que concedió el indulto a los encartados por delitos de rebelión militar cometidos con anterioridad al primero de abril de 1939. El año de 1945, relacionado con el desenlace de la guerra mundial —trasfondo de esperanza para la reclusión política— vino a señalar el final del tiempo de los grandes hacinamientos.

Cifras 

Al contrario que en el caso de la prisión barcelonesa de Les Corts, de la que gracias a la documentación penitenciaria sabemos alcanzó su mayor cota de hacinamiento en agosto de 1939 con más de mil ochocientas mujeres y unos cuarenta niños, por desgracia seguimos sin tener una constancia documental de la cifra de ingresos de Ventas a lo largo de 1939. Sólo los testimonios orales y algunas fuentes documentales residuales nos hablan de una oleada masiva de detenciones y encarcelamientos. Una oleada en la que, según Trinidad Gallego, se “deshacían familias enteras” y en la que menudeaba la confusión de ámbitos y esferas –política y moral, pública y privada- en el proceso de incriminación política, donde hasta la conducta sexual podía ser objeto de información e investigación.

Para finales de 1940, sin embargo, contamos con el auxilio de la importante fuente de los padrones municipales, que señala cerca de seiscientas presas en la prisión habilitada de Claudio Coello y más de mil setecientas en Ventas. Esta fuente, si bien nos obliga a corregir ciertas exageraciones en los testimonios, nos sugiere al mismo tiempo que la población reclusa de Ventas del llamado Año de la Victoria debió de ser enorme, sobre todo si tenemos en cuenta que hacia finales de 1940 se habían producido ya numerosas expediciones a otros penales. Para Barcelona, por cierto, el padrón de aquel mismo año nos ha arrojado la cifra de novecientas cincuenta reclusas, bastante lejana de las cerca de dos mil quinientas de la capital madrileña, sumando las de las tres prisiones existentes por aquel entonces: Ventas, Claudio Coello y la maternal de San Isidro.

Este último dato, junto con el mayor número de fusiladas de Madrid, setenta y una presas de Ventas y Claudio Coello en 1939-1940, frente a las once de Les Corts para el mismo periodo, nos ha puesto sobre la pista de un diferencial represivo entre las dos capitales. Esta diferencia se explica y adquiere coherencia en el marco de las cifras totales de ejecuciones en ambas provincias, tanto para hombres como para mujeres, y que en el caso madrileño fue llamativamente mayor –con cerca de tres mi ejecutados para el periodo 1939-1945- que en Barcelona, con más de mil setecientos para un periodo mayor.

La fotografía fija 

6La metáfora de la fotografía fija, de la imagen paralizada en el tiempo, ilustra bien la realidad anterior del encarcelamiento femenino en España, a tener en cuenta en un trabajo cono el que nos ocupa. Estamos hablando de una práctica o rutina punitiva asentada durante siglos, marcada por el riguroso encierro intramuros, la disciplina del trabajo de costura —“el propio de su sexo”— enfrentado al ocio como “fuente de todo pecado” y la omnipresencia de los agentes religiosos —monjas y capellanes— en su tarea correctora-moralizadora.

Este modelo de encierro femenino, asentado en las diversas reglamentaciones hasta la llegada de las reformas republicanas, permanecería ajeno al discurso modernizador de lo penal que en la práctica quedaría reducido a la realidad penitenciaria masculina disfrazada de universal. Nunca hubo prisiones modelo para las presas, que continuaron habitando vetustos e insalubres caserones por lo menos hasta la época de la Segunda República y la guerra. Las Hijas de la Caridad de la orden vicenciana, de origen francés, las popularmente denominadas Paúlas, pasaron a formar parte indisociable de las cárceles de mujeres en el imaginario colectivo hasta comienzos de la década de los treinta del siglo XX. Estamos hablando de más de medio siglo de labor continuada que retomaría el bando sublevado ya en plena guerra civil.

Este encierro femenino de características más o menos punitivas o “correctoras” desbordaba además las cárceles femeninas para abarcar toda una compleja gama de instituciones asilares gestionadas por órdenes religiosas, desde Casas de Caridad y hospicios de recogidas hasta asilos y colegios para “jóvenes descarriadas”. Adoratrices, Oblatas, Micaelas, Hijas de la Caridad o del Buen Pastor terminaron dibujando un confuso paisaje que solía fundir en su seno las actividades de moralización y beneficencia. El continuo trasiego de prostitutas callejeras en las prisiones constituye otro buen ejemplo de persistencia de prácticas punitivas de largo arraigo, apenas alteradas por los discursos oficiales y las legislaciones “humanizadoras”. Los ingresos de esta clase en las cárceles de Madrid y Barcelona en los años cuarenta dieron así continuidad a una pauta establecida más de un siglo atrás, con las tradicionales políticas reglamentaristas contra la prostitución. Y es que las quincenarias (1) constituían un clásico sujeto de redención, buenas conocedoras tanto de las prisiones como de las instituciones correctoras. De ellas también se ocuparía el Nuevo Estado franquista, convirtiéndolas en visitantes asiduas de las cárceles o creando incluso prisiones especiales para ellas, gestionadas por órdenes como las oblatas o las adoratrices.

La fotografía se mueve 

He mantenido en mi trabajo que la fotografía fija de la experiencia penitenciaria femenina se movió brevemente con las reformas republicanas, sobre todo las promovidas por Victoria Kent, la primera directora general de Prisiones de la historia de España. Sus mejores ejemplos fueron la sustitución de las Hijas de la Caridad en las cárceles femeninas por el primer cuerpo de funcionarias civiles especializadas, la Sección Femenina Auxiliar del Cuerpo de Prisiones, y el proyecto de creación de la prisión “moderna” de Ventas, en Madrid, que sería inaugurada en 1933. Los proyectos de una prisión modelo femenina para Barcelona se verían constantemente frustrados hasta la guerra, en consonancia con el punto muerto en que cayeron las competencias de Prisiones del Estatut d’Autonomia de 1932 pendientes de traspaso tras los sucesos de octubre de 1934.

Al final no serían efectivamente las reformas del periodo de paz, sino la revolución del 19 de julio de 1936 la que acabaría drásticamente con la desprestigiada Presó Vella de Barcelona. A partir de entonces, quien tomaría el testigo de la recomposición de la administración penitenciaria en Cataluña serían las autoridades autonómicas, asumiendo las competencias que les habían correspondido y algunas más. La instalación del nuevo correccional de dones en el antiguo asilo de monjas de Les Corts, con una vocación de prisión modélica y humanitaria, así como las recurrentes contrataciones de nuevo personal femenino por la Generalitat, vinieron así a dar continuidad en pleno periodo bélico a las reformas republicanas de 1931.

Monjas de Franco

Sabido es que el “problema penitenciario” tuvo su reflejo, para el Nuevo Estado franquista, en la necesidad de multiplicar tanto las cárceles como el personal adecuado para dirigirlas y gestionarlas. Para ello, los propagandistas católicos instalados en el Servicio Nacional de Prisiones, encabezados por el coronel Máximo Cuervo, recurrieron a significados elementos del antiguo aparato penitenciario de la monarquía, forjando así una continuidad burocrática esencial.

Pero al margen del personal civil, el Nuevo Estado contó desde un primer momento con la eficaz colaboración del estamento religioso en la organización del mundo penitenciario, y eso fue todavía más cierto y evidente en el caso de las cárceles de mujeres. Ya durante el periodo de guerra las monjas retomaron así nuevamente su papel secular, sólo que esa vez ya no se trató de las treinta y cuatro Hijas de la Caridad expulsadas por Victoria Kent en el año 1932. Fueron decenas las órdenes religiosas femeninas que tras el hiato republicano volvieron a las prisiones de mujeres de la mano de los sublevados.

Algo, sin embargo, había cambiado irremediablemente durante aquellos pocos aunque decisivos años de guerra. La politización de estas órdenes, alimentada por el recuerdo constante de la “Cruzada” y del sufrimiento padecido durante “la dominación roja”, era más que evidente, pero es que las usuarias de las cárceles también habían cambiado de manera radical. Aparte de las inevitables quincenarias, el perfil dominante de la presa durante la guerra y la primera posguerra fue el de la roja como encarnación concreta de la AntiEspaña. La tradicional dialéctica entre correctoras y corregidas vio reforzados sus términos de oposición con el aporte de la variable político-ideológica. De esta manera, los agentes religiosos de los distintos proyectos de corrección-moralización femenina que se habían ensayado en España durante décadas, desde las paúlas de las antiguas galeras hasta las micaelas de asilos y reformatorios, vinieron a perpetuarse dentro del organigrama penal-punitivo del Nuevo Estado, bajo el discurso redentorista. La fotografía fija secular del mundo prisional femenino ganaba así tanto en vista panorámica como en riqueza de detalles.

Redención femenina 

Uno de los propósitos de este trabajo ha sido demostrar, en el doble programa exterminista-redentorista del bando vencedor, y por lo que se refiere a la vasta actividad de la llamada Obra de Redención de Penas por el Trabajo, la existencia de una redención propiamente femenina. Más allá de su utilización como herramienta de propaganda y de sometimiento de presas y presos -al convertirse en el camino obligado y controlado hacia la libertad condicional- el presunto “derecho” a la redención de pena acusó un evidente sesgo de género que se manifestó en múltiples aspectos. No fue una casualidad que las primeras reglamentaciones de 1938 contemplaran el trabajo de las reclusas en “talleres de labores y trabajos adecuados a su sexo” en establecimientos que, ya por aquel entonces, se estaban encomendando a congregaciones religiosas. Concretamente, los creados en 1941 en Madrid y Barcelona para la fabricación de ropa para hijos de reclusos constituyeron un perfecto escaparate del modelo de domesticidad femenina perseguido: las propias presas cosiendo ropa para sus hijos y los de sus compañeras. Al mismo objetivo sirvieron otras iniciativas como la escuela del hogar patrocinada por la sección femenina de Falange en Ventas, en colaboración con las congregaciones religiosas.

El lugar aparentemente secundario de la presa política en el discurso de redención de penas por el trabajo no debe hacernos olvidar que, al margen de la tardía creación y desigual extensión de los talleres de costura en los diferentes centros, la inmensa mayoría de las reclusas redimió pena instruyéndose y trabajando como paso obligado para su libertad. La documentación interna conservada nos habla de mujeres trabajando en destinos, “cargos” y todo tipo de servicios auxiliares y eventuales. En cuanto a los talleres de costura oficiales, su utilidad no quedaba ni mucho menos agotada con su función propagandística: constituían operaciones de explotación laboral de no poca importancia económica para la propia infraestructura del sistema penitenciario. Finalmente, y tropezamos aquí con la limitación de las fuentes escritas y documentales, la realidad laboral de las reclusas no se agotó en el trabajo oficial de redención de penas. Mayor importancia para su supervivencia personal y la de sus familias tuvo el trabajo de costura privado que realizaron masivamente por su cuenta y que, lógicamente, no les reportó reducción alguna de condena.

La cultura 

Para terminar, me gustaría caracterizar brevemente esa comunidad cultural e identitaria femenina que he denominado “la prisión militante”, manifestada en ambas cárceles. En la configuración de esta identidad colectiva pesó de manera especial su relación especular y excluyente con el heterogéneo grupo carcelario de las presas “no políticas”, las “comunes”. Y es que la conciencia de la diferencia entre ambas devenía fundamental: la confusión debía ser evitada a toda costa, lo cual no siempre resultaba fácil, dada la mezcolanza de criterios políticos y morales en la represión femenina durante el franquismo. Al margen de los contactos o colaboraciones ocasionales entre comunes y políticas, los términos de diferenciación se extremaron en el caso de las prostitutas callejeras o clandestinas, al abarcar todos los aspectos de la vida, desde la higiene del cuerpo hasta los códigos de conducta, pasando por la misma sexualidad.

El conflicto europeo, con la esperanza puesta en la victoria aliada, fue el paisaje de fondo de la génesis y desarrollo de esta prisión militante. El proceso temporal fue sincopado: tras un crecimiento sin precedentes de encarcelaciones, el decrecimiento progresivo terminaría colocando a las presas políticas en minoría frente a las comunes. Tras el final de la guerra mundial seguirían otras luchas, otros relatos, pero la prisión militante como comunidad cultural había forjado y atesorado el recuerdo de los peores hacinamientos, de la más cruel represión y de toda una épica resistente formada por relatos de fugas, de huelgas de hambre, de actos de resistencia y actividades de autoformación, de iniciativas de solidaridad.

Fue en esta época cuando la primera generación de las presas del franquismo configuró toda una cultura, esencialmente femenina. No tanto una cultura política sino una suerte de prisoner culture, tal como la definió Clemmer, entre cuyas formas de transmisión representaron un papel esencial los relatos y las canciones, la narración oral como recurso de socialización por excelencia. Las historias y las canciones de las luchas y de las anécdotas siempre edificantes se aliaron con la rememoración veraz de los sucesos, de las fechas y de los nombres con un sentido claro de denuncia, de compromiso con una lucha política. Ese caudal de oralidad ha sido precisamente una de las fuentes principales, imprescindibles de estudio.

El constante trasvase de reclusas de unas a otras cárceles hizo posible que las presas políticas de las dos principales capitales españolas, al margen de sus diferencias partidarias, se sintieran miembros de una misma comunidad y protagonistas de un mismo relato. Fue en este marco cultural donde confluyeron, algunas veces en conflicto, las distintas tradiciones o culturas políticas partidarias que, hacia 1946 o 1947, quedaron prácticamente reducidas a una: la comunista. Para entonces, tanto Ventas como Les Corts habían perdido peso específico en el imaginario de esa comunidad cada vez más reducida, en favor de otras prisiones centrales. Pero al margen de los respectivos destinos de los edificios físicos de las cárceles de Madrid y Barcelona, buena parte de las mujeres depositarias de esa memoria colectiva de la prisión militante forjada fundamentalmente durante el periodo 1939-1945 continuaron encerradas, cumpliendo sentencias por delitos de posguerra. Algunas permanecerían en prisión hasta 1960, como Manolita del Arco, o serían nuevamente encarceladas, como Isabel Vicente en Les Corts o Trinidad Gallego en Ventas. Fueron principalmente estas mujeres las que durante los años que les restaron de vida, los que quedaban del franquismo y la Transición, sintiéndose todavía parte de aquella gran familia de cárcel, continuaron relatando sus historias, desgranando su relato con un sentido pedagógico y de denuncia.

 

Referencia electrónica:

Fernando Hernández Holgado, « La Prisión Militante », Cahiers de civilisation espagnole contemporaine [En ligne], 8 | 2012, mis en ligne le 27 février 2012, consulté le 18 avril 2018. URL : http://journals.openedition.org/ccec/3749 ; DOI : 10.4000/ccec.3749


1.- quincenario, a 2s. DERECHO Preso que está cumpliendo una quincena.

Las trabajadoras sexuales temen la violencia mientras Estados Unidos toma medidas contra los anuncios en línea: “Morirán chicas”

 

La nueva legislación y el cierre de anuncios personales en Craigslist y Backpage.com llevan a las trabajadoras a las calles

Las trabajadoras sexuales dicen que ya están sufriendo las consecuencias de una legislación que supuestamente combate la trata sexual en línea. Fotografía: Justin Tallis / AFP / Getty Images

 

Por Sam Levin en San Francisco

 @SamTLevin

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Martes, 10 de abril de 2018

https://www.theguardian.com/us-news/2018/apr/10/sex-workers-fear-violence-as-us-cracks-down-on-online-ads-girls-will-die

 

Las amigas de Phoenix Calida se están preparando para la muerte. Algunas envían fotos de tatuajes para facilitar la identificación de sus cuerpos. Otras están dando instrucciones para sus elogios funerarios.

Calida, de 35 años, es una trabajadora sexual con sede en Chicago que ha dependido de sitios web que alojan anuncios clasificados, tales como Craigslist y Backpage.com, para conocer y seleccionar clientes. Pero la reciente ofensiva del gobierno de los EE. UU. contra esas plataformas ha eliminado abruptamente la principal fuente de ingresos de las trabajadoras, obligando a algunas a salir a las calles o confiar en proxenetas abusivos, lo que aumenta enormemente el riesgo de violencia.

“Las chicas están volviendo a las calles y van a morir en las calles, y a nadie le importa”, dijo Calida, madre de dos hijos, que dijo que solía hacer trabajos callejeros y teme que tendrá que volver a empezar otra vez para llegar a fin de mes. “Todas están aterrorizadas”.

El Congreso aprobó recientemente una legislación con apoyo bipartidista que pretende combatir la trata sexual en línea al hacer que los sitios web sean penalmente responsables del contenido de los usuarios. Pero algunos dicen que la Ley de Trata Sexual en Línea (Fosta) y la Ley para Detener la Trata Sexual (Sesta) tendrán el efecto opuesto. Los críticos argumentan que la legislación censura ampliamente el discurso en línea, quita los ingresos a las personas que participan en el trabajo sexual consensuado, y ayuda a los tratantes a salir impunes de sus crímenes al empujar a la industria a la clandestinidad.

Emily Benavides, una portavoz del senador Rob Portman, patrocinador de Sesta, defendió el proyecto de ley en un correo electrónico, diciendo que había sido “cuidadosamente elaborado” y “le da a las fuerzas del orden estatales las herramientas que necesitan para perseguir a los delincuentes que tratan con mujeres y niñas en línea”. : “Este proyecto de ley fue ampliamente apoyado en una base bipartidista, y estamos orgullosos de que se convierta en la ley de la tierra”.

Se espera que Donald Trump firme la ley esta semana, pero las trabajadoras sexuales de todo el país le dijeron a The Guardian que ya estaban sufriendo las consecuencias. Craigslist cerró su sección de avisos personales, y las autoridades federales se incautaron de Backpage.com, publicando una acusación esta semana acusando a sus fundadores de lavado de dinero y “facilitar la prostitución”. La lista de cargos no incluyó la trata.

“Es devastador”, dijo una trabajadora sexual que se hace llamar Jala Dixon. “Me acaban de quitar todo”.

Dixon, que vive en Georgia, dijo que eligió hacer trabajo sexual para ayudar a ahorrar dinero para la escuela y que ahora estaba pensando en ir a la calle. “Esto realmente no está haciendo nada más que crearnos inseguridad y ponernos en riesgo”.

Los grupos de derechos de las trabajadoras sexuales han argumentado durante mucho tiempo que las iniciativas dirigidas a la trata de niños terminan perjudicando a las trabajadoras más marginadas al criminalizar ampliamente la industria. Eso incluye personas queer y transgénero, personas sin hogar y otras personas que han sido excluidas del empleo tradicional. Los defensores de Backpage y Craigslist dicen que esos sitios les dieron a las trabajadoras control sobre sus trabajos y permitieron que las personas detectaran y denunciaran a los tratantes.

Cuando Calida trabajó en la calle a sus 20 años, dijo, tuvo que hacer frente a abusos por parte de los clientes y la policía. Algunos hombres demandaban sexo sin condones, cruzaban los límites, se negaban a pagar o le hacían daño físico, dijo Calida, quien pidió ser citada con el nombre que usa para escribir y hacer activismo en línea. Dijo que los transeúntes le habían arrojado basura.

“Realmente, realmente, realmente no quiero tener que hacer esto”, dijo, explicando que en sitios como Craigslist y Backpage las trabajadoras podían negociar los términos por adelantado, solicitar que los clientes proporcionaran referencias, realizar controles cruzados en las direcciones de correo electrónico de los clientes, y comunicarse con otras trabajadoras sexuales sobre personas peligrosas o violentas a evitar.

Kristen DiAngelo, directora ejecutiva del Sex Workers Outreach Project de Sacramento, dijo que su teléfono no había parado de sonar desde el cierre de Backpage: “El miedo es astronómico”.

Una mujer le dijo que se vio obligada a volver con un cliente abusivo debido a la pérdida de ingresos, dijo. Otras han recurrido a asumir “gerentes” que tienen influencia sobre las mujeres y sus ingresos y podrían explotarlas, agregó. “Muy fácilmente, puedes perder el control de tu propia vida”.

“Este proyecto de ley está creando un auténtico mercado para los proxenetas”, dijo Calida, y agregó: “La gente no sabe si podrá pagar el alquiler … cómo va a pagar la comida”.

DiAngelo dijo que también temía que la represión se extendiera a organizaciones como la suya que se centran en iniciativas de reducción de daños, como la distribución de condones. ¿Podrían los fiscales acusarla de facilitar la prostitución?

“Acaban de haber dejado sin empleo a cantidades masivas de personas marginadas”, agregó. “Están eliminando recursos que salvan vidas”.

Kit, que está en sus últimos veintes y trabaja como escort, dijo que elige hacer trabajo sexual porque le ha proporcionado un ingreso sostenible. Según la ley, sin embargo, podría ser tratada como una víctima de trata de personas, aunque dijo que no estaba siendo coaccionada: “El trabajo sexual es lo que me da la capacidad de ganar un salario digno y hacer las cosas bien conmigo misma … Es lo que funciona para mí “.

Jackie Monroe, una mujer de California de 25 años, dijo que anteriormente había sido víctima de trata de personas y que se la obligó a hacer trabajo sexual. Pero Monroe, quien pidió usar su apodo para proteger la privacidad de sus hijos, dijo que no creía que cerrar los sitios web y detener a personas por prostitución ayudaría a víctimas como ella.

“Me duele el corazón”, dijo, pensando en las mujeres que sabe que ahora trabajarán en la calle. Señaló que las fuerzas del orden nunca la ayudaron cuando era una víctima, sino que la acusaron de prostitución y de merodear. “¿Cómo nos va a proteger esto? ¿Cómo nos va a salvar esto?

La despenalización del trabajo sexual en Nueva Zelanda, explicada por el Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda

 

Despenalización del trabajo sexual en Nueva Zelanda

 

Escrito por el Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda

 

http://www.sexworklaw.co.nz/pdfs/Decriminalisation_of_Sex_Work_in_New_Zealand.pdf

 

¿Que es despenalización en el contexto de Nueva Zelanda?

Antes de 2003, la mayoría de las actividades relacionadas con la prostitución eran faltas y/o delitos: mantenimiento de prostíbulos, vivir de las ganancias de la prostitución ajena, procurar y solicitar con fines de prostitución en un lugar público.

Las trabajadoras sexuales, no sus clientes, podían ser procesadas, y la policía a veces utilizaba la posesión de literatura de sexo seguro y de condones como pruebas para lograr una condena. Las trabajadoras sexuales condenadas llevaban el estigma de esa condena y esto obstaculizaba obtener un trabajo alternativo.

La Ley de Reforma de la Prostitución (LRP) despenalizó el trabajo sexual en 2003. Cambió la ley de un enfoque punitivo que perjudicaba a las trabajadoras sexuales y las hacía vulnerables a la coacción, a un enfoque basado en los derechos que promovía el bienestar, la salud y la seguridad de las trabajadoras sexuales, a la vez que las permitía ser protegidas de la explotación.

Facilitar el trabajo sexual a personas menores de 18 años sigue siendo ilegal, pero las jóvenes mismas no son susceptibles de procesamiento.

Las trabajadoras sexuales no están obligadas a registrarse ante ninguna autoridad. Los controles de salud sexual no son obligatorios, están organizados por la trabajadora sexual individual y, por lo tanto, son confidenciales.

El énfasis se basa en la promoción del sexo seguro y es obligatorio para los operadores de burdeles mostrar información de sexo seguro en estos lugares de trabajo.

La LRP les permite a las trabajadoras sexuales trabajar para ellas mismas o con otras trabajadoras sexuales. Pueden ser administradas por operadores de burdeles, y contratar conductores, recepcionistas y seguridad. Estas relaciones se rigen por las leyes de contratos, empleo y laborales.

Los operadores de prostíbulos que dirigen a una o más trabajadoras sexuales deben tener un certificado emitido y guardado confidencialmente por un juzgado. Este les permite contratar a trabajadoras sexuales, y vivir de las ganancias generadas por los servicios sexuales comerciales que brindan.

Las trabajadoras sexuales y los operadores de burdeles tienen permiso para publicitar a sus trabajadoras, promover su local, tener su propia identidad y establecer precios, pero no para publicitar servicios sexuales comerciales explícitos, excepto en foros para adultos. Sin embargo, pueden promocionar el nombre de su empresa y sus descripciones personales en la mayoría de los diarios.

Las personas que ejercen el trabajo sexual pueden trabajar por su cuenta, con otras trabajadoras sexuales en grupos o pueden trabajar dentro de grandes burdeles administrados por operadores. Pueden operar desde un negocio basado en una vivienda, bajo las reglas de ocupación de viviendas, o contactar con los clientes a través del trabajo sexual en la calle en lugares públicos.

La despenalización significa que la industria del sexo de Nueva Zelanda está controlada por el mismo marco legislativo que es común a todas las demás industrias. Existen leyes ocupacionales, de seguridad y de salud, y laborales, y ahora directrices diseñadas específicamente teniendo en mente a trabajadoras sexuales, operadores de burdeles y clientes.

Las personas nuevas en el trabajo sexual ya no son vulnerables a ser engañadas por eufemismos promovidos por terceros, incluidos los términos comúnmente utilizados en un entorno penalizado, tales como masajista o escort.

Pueden buscar información y hablar francamente sobre la naturaleza real del trabajo sexual, compartir consejos y estrategias para mantener la seguridad, y luego decidir si eso es para ellas o no. Las nuevas trabajadoras sexuales pueden obtener apoyo y ganar confianza, reduciendo su vulnerabilidad a la manipulación y mejorando sus oportunidades de tener una mayor seguridad y salud laboral en el contexto del trabajo sexual.

Si bien la despenalización del trabajo sexual no reduce, en sí misma, la violencia social generalizada, existe una fuerte evidencia de que las trabajadoras sexuales se sienten más capaces de rechazar clientes no deseados y tener un mayor acceso a la justicia.

Las trabajadoras sexuales se sienten más capacitadas para contactar con la policía, ya sea para evitar que se cometa violencia contra ellas o para denunciarla. Debido a que el pago por servicios sexuales no va en contra de la ley, los clientes también pueden alertar a las autoridades sobre situaciones que parecen ser ilegales.

Las relaciones con la policía se centran en proteger a las trabajadoras sexuales de la explotación. Las trabajadoras sexuales se sienten más capaces de buscar ayuda. La policía ya no tiene el papel de aplicar a las trabajadoras sexuales leyes contra el trabajo sexual. La policía también valora el cambio en la dinámica de la relación. Ya no está encargada de recopilar los nombres de las trabajadoras sexuales y registrarlas en una base de datos y puede trabajar con las trabajadoras sexuales para resolver crímenes tales como la violencia.

La Ley de Reforma de la Prostitución de 2003 reconoce que las trabajadoras sexuales deberían tener el derecho a elegir dónde trabajan y las condiciones en las que trabajan   y a tener el control sobre los servicios sexuales comerciales que proveen.

Debido a que el trabajo sexual no es ilegal, las personas que ejercen el trabajo sexual pueden dedicar más tiempo a evaluar situaciones, y discutir francamente con los clientes los servicios que están dispuestas a prestar, y las tarifas. Es importante que las trabajadoras sexuales puedan evitar daños potenciales al reducir el riesgo de malentendidos y otros peligros.

En línea con otras leyes penales, la Ley de Reforma de la Prostitución de 2003 permite a las trabajadoras sexuales retirar el consentimiento para proporcionar servicios sexuales en cualquier momento, con sanciones para cualquiera que induzca u obligue a alguien a proporcionar servicios sexuales comerciales.

Desde que cambió la ley, las trabajadoras sexuales que trabajan solas, en prostíbulos, desde casa o en la calle, informan sentirse más capaces de rechazar clientes indeseados.

Las trabajadoras sexuales se sienten más respaldadas por la ley para negociar condiciones más seguras —incluida la negociación de sexo seguro— sin tener que temer que su próximo cliente sea un policía camuflado que busque atraparlas. La ausencia de temor a la policía y a la detención inminente ha reducido la presión sobre las trabajadoras sexuales.

La ley otorga a las autoridades territoriales, tales como los ayuntamientos, poderes para regular la señalización y los lugares donde los burdeles pueden operar. Algunos ayuntamientos han introducido estatutos relacionados con la ubicación de burdeles, mientras que otros han dependido de los planes distritales existentes que rigen las operaciones comerciales generales.

Las tensiones relacionadas con la ubicación de los burdeles generalmente se deben a objeciones morales. Donde ocurren otras disputas, por ejemplo, sobre calles compartidas o ascensores en edificios de apartamentos, estos han sido generalmente resueltos por las corporaciones. En otras disputas, los tribunales han decidido a favor ya de los ayuntamientos ya de los burdeles. De cualquier manera, la Ley de Reforma de la Prostitución no determina la ubicación de los prostíbulos o de las prostitutas de la calle.

Tras la despenalización, el número de trabajadoras sexuales de la calle siguió siendo casi el mismo, aunque algunas trabajadoras se mudaron a pisos ya que ya no tuvieron que evitar los esquemas de registro policial para poder anunciarse. No todas las trabajadoras sexuales tienen los recursos necesarios para trabajar en el interior, ya sea porque carecen de un jefe dispuesto a contratarlas o de los medios para mantener su propio lugar de trabajo. El trabajo sexual basado en la calle no se ha extendido más allá de las áreas que tradicionalmente ocupaba.

La cantidad de jóvenes que trabajan no ha aumentado

Actualmente, los ayuntamientos no tienen el poder de determinar dónde puede tener lugar el trabajo sexual basado en la calle y trabajan con las organizaciones de trabajadoras sexuales para resolver conflictos con el vecindario. Pero es posible que en el futuro los ayuntamientos obtengan poderes para especificar áreas donde a las trabajadoras sexuales se les prohíba hacer trabajo sexual callejero. Existe un acuerdo oficial de que el trabajo sexual basado en la calle debe permanecer despenalizado.

La mayoría de las trabajadoras sexuales se ven a sí mismas como contratistas independientes. Se refieren a su lugar de trabajo, y a buenos y malos gerentes de burdeles. No hay evidencia significativa de crimen organizado, y el Servicio de Inmigración de Nueva Zelanda informa que no hay evidencia de trata.

La despenalización ha creado altas expectativas de seguridad en el lugar de trabajo y una cultura de denunciantes. Los clientes, las trabajadoras sexuales y los operadores de burdeles tienen más capacidad para informar de los problemas a los funcionarios sin temor a una reacción legal. La explotación puede combatirse y en 2014 una trabajadora sexual presentó con éxito un caso de acoso sexual contra un operador de burdel y recibió una indemnización de 21.500 USD. También se condenó al operador de burdel a recibir capacitación en relación con sus obligaciones en virtud de la Ley de Derechos Humanos de 1993.

Los oficiales médicos de salud tienen poderes para inspeccionar los burdeles y responder a las quejas. La policía puede obtener órdenes para registrar burdeles si hay motivos para creer que puede haber personas menores de 18 años teniendo relaciones sexuales, o si el operador no tiene un Certificado de operador vigente. El Tribunal de Distrito puede rechazar solicitudes de certificados si un operador ha sido condenado por un delito en virtud de la Ley de Delitos de 1961, penado con dos o más años de prisión; la Ley de Armas de 1983 con pena de prisión; o la Ley de abuso de drogas de 1975.

La despenalización busca proteger, no perseguir judicialmente, a las jóvenes menores de 18 años involucradas en el trabajo sexual.

Proporciona a las trabajadoras jóvenes acceso a los programas sociales para ampliar sus opciones más allá de la industria del sexo, y para que las agencias adopten un enfoque práctico de cara al sexo seguro y a la minimización de daños. También hay asistencia para acceder a apoyo financiero, alojamiento de emergencia y de largo plazo, y tratamiento adecuado para la dependencia de drogas y alcohol.

La despenalización del trabajo sexual en Nueva Zelanda ha empoderado a las trabajadoras sexuales para combatir la explotación. Ha creado un entorno que salvaguarda su derecho a la seguridad y la salud en el trabajo. Las trabajadoras sexuales ahora tienen voz en todos los foros de Nueva Zelanda.

 

DESPENALIZACIÓN DEL TRABAJO SEXUAL EN NUEVA ZELANDA

 

El Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda fue instrumental en abogar por el cambio de ley, y hablan sobre los socios, los políticos y el proceso político con el que se comprometieron para crear una reforma legal líder mundial con la aprobación de la Ley de Reforma de la Prostitución de 2003.

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