La ley francesa de prostitución, un año después: “esto vuelve loco a todo el mundo”

 Por Patricia Neves

 

Publicado el 10/07/2017

 

https://www.marianne.net/societe/loi-prostitution-lille-ca-rend-fou-tout-le-monde

 

Un año después de su adopción definitiva, la ley Najat Vallaud-Belkacem sobre la prostitución, que penaliza a los clientes, sigue siendo motivo de división. Reportaje en Lille donde los actores sobre el terreno denuncian en su mayor parte una precarización del oficio.

Avenue du Peuple Belge, en la parte vieja de Lille. Un vehículo se para de repente en medio del tráfico, a algunos metros de una joven apoyada contra las puertas de un hermoso jardín. Ataviada con un vestido ceñido color carne, se aproxima al conductor. Pero el hombre vuelve a arrancar. Falsa alarma. No era un cliente. Sandy, de 35 años, prostituta desde hace un poco más de dos años, vuelve sobre sus pasos, desilusionada. Desde la adopción, en abril de 2016, de la última ley para “la lucha contra el sistema prostituyente” los clientes son, confía, cada vez más escasos.

Defendido por la antigua ministra de Derechos de las mujeres, Najat Vallaud-Belkacem, el texto —que ha derogado también el delito de captación pasiva, emblema de la era Sarkozy— penaliza, tras cuatro años de debate y controversias, a los clientes de las prostitutas con una multa que puede llegar a los 3.750 euros en caso de reincidencia. Según las cifras oficiales, cerca de un millar de ellos habrían sido ya denunciados en toda Francia. En Lille, serían sin embargo menos de una centena.

¿Es realmente disuasoria la ley? ¿Protege más a las 37.000 prostitutas con las que cuenta el país? Un poco más de un año tras su entrada en vigor, los actores sobre el terreno se muestran escépticos e incluso enfadados. Comenzando por las propias chicas. “Esta ley vuelve loco a todo el mundo, cuenta Celia, una colega de Sandy, en sus cuarenta. Hoy hay menos clientes y más agresiones, incluso entre las chicas”.

Una nueva relación de fuerzas

Es sencillo, añade Sandy, “antes yo me hacía 200 euros por día, pagaba el hotel, ahorraba dinero, compraba mis cigarrillos… Hoy, si vuelvo a casa con 60 euros puedo estar contenta”. Su teléfono suena. La joven se aleja, descalza, bajo el calor agobiante. Sobre el murete del jardín, Celia, cuya mirada aparece disimulada por lentillas de color azul y varios retoques de rimel, vuelve púdicamente sobre sus “días difíciles”.

Desde hace dos o tres meses, se lamenta, las agresiones de los clientes se han multiplicado. La culpable, según ella: la nueva ley. Intenta mostrar en su teléfono la fotografía de una placa de matrícula tomada hace unos días a la caída de la tarde. “De entrada, el hombre era muy educado. Salvo que durante la semana había agredido ya a cinco chicas y estaba armado”. Así que ahora Sandy y Celia están “todo el tiempo en pareja y fotografían las matrículas” de los coches a los que se suben por turnos. Así es más seguro. E incluso así, no siempre consiguen librarse de los golpes. “¿Te acuerdas de cuando me rompieron la nariz?”, pregunta Sandy, con cara de niña.

Menos clientes, más agresiones

“Ah, sí, volví bien averiada”, recuerda Celia antes de enumerar los insultos que reciben a diario, los hombres por ejemplo que pasan delante de ellas, en coche, “cascándosela”. “Es dura la calle”, musita. Originaria del norte de Francia, Celia, madre de tres chicos, ha llegado a la Avenue du Peuple Belge —lugar central de la prostitución de Lille— hace dos años, poco después de un divorcio marcado por violencias conyugales. En aquel momento, dejó el hogar familiar y durmió durante seis meses en su coche, estacionado delante del Ikea. Al final, “me había convertido en un esqueleto”, resume, vestida con una blusa roja sin mangas que todavía hoy deja adivinar su delgadez.

Sandy, por su parte, fue a juicio contra su marido violento “pero no hubo aplicación de pena”. Madre de siete hijos, de edades que van de los 2 a los 15 años, la joven se prostituye desde entonces para sobrevivir. Celia también. Rápidamente, cada una comenzó a ganar varios cientos de euros por día, una suma que les permitió alquilar un pequeño apartamento pero que las expone día tras día a la violencia. Y la nueva ley de prostitución no ha hecho, según ellas, más que empeorar las cosas.

Pues la relación de fuerzas ha sido diferente a partir de ese momento. Los clientes son menos numerosos —“más teniendo Bélgica al lado”— y exigen más. En la cuestión de precios, revisados a la baja, o incluso en lo referente al uso de preservativo. “Los sin-capucha son ahora nueve coches de cada diez, y esto no para”, suspira Celia. “Yo tengo una frase hecha, sonríe Sandy. Les digo que hay una nueva enfermedad que hace que se hinche la picha y meen de color amarillo fosforito”. Las dos mujeres ríen y vuelven al trabajo, por la acera del parque, bajo un sol de plomo. Sin clientes en el horizonte.

Clandestinidad de la actividad

Entre las asociaciones, algunos intervinientes llegan a la misma conclusión. “Desde finales del año pasado, en cada intervención que hacemos sobre el terreno, es decir tres veces por semana, recibimos información de una situación de violencia”, constata en Nantes Irène Aboudaram por Médecins du Monde, organización que se opone a la ley. “Ahora, como hay menos clientes, las chicas trabajan más tiempo. Pueden hacer de las 22h a las 6h. Por temor a una denuncia, prosigue, se suben al coche sin tomarse el tiempo necesario, como antes, para identificar a las personas, evaluar los riesgos, negociar los precios”.

Así que, para Irène Aboudaram, la nueva ley no permite por tanto desmantelar las redes de prostitución, ya que la propia ley empuja a los intermediarios a organizarse fuera de la vía pública, sobre todo proporcionando el alojamiento donde tendrán lugar los pases. “Esto tiene más bien el efecto de una clandestinidad de la actividad. Las mujeres se vuelven menos accesibles. Esto amenaza con comprometer el trabajo sobre el terreno de las asociaciones e incluso de las autoridades”, previene la militante.

Castigar al cliente para atacar las redes

Si Médecins du Monde se concentra en el efecto que la ley Najat Vallaud-Belkacem tiene sobre la salud de las prostitutas, otros, como la organización católica Le Mouvement du Nid, comparten por el contrario el espíritu del texto, que pretende, en última instancia, terminar con la prostitución. “Es algo bueno que el cliente sea perseguido, estima en efecto Bernard Lemettre, responsable regional del Mouvement du Nid en la región Nord-Pas-de-Calais, porque el cliente, mediante su acto, ningunea a las mujeres, y no sólo físicamente. Poque alimenta indirectamente las redes. Los tratantes no reunirían chicas en las aceras de Lille si no hubiera demanda”.

De las 300 chicas seguidas por Le Mouvement du Nid, en Lille, la gran mayoría sería de hecho de origen africano, víctimas de trata de seres humanos. Algunas de las cuales tienen que reembolsar a los que las han ayudado a pasar varios miles de euros, entre 60.000 y 90.000. Con el otro gran eje de la ley, un bono social que instaura “un circuíto de salida” de la prostitución, se da pues un primer paso “hacia otro futuro para estas mujeres”, se felicita Bernard Lemettre. Porque “la ley inventa un sistema por el que es obligatorio salir de la prostitución, detalla, mediante el pago de una prestación y un seguimiento personalizado. Lamenta sin embargo que la prestación propuesta no exceda de algunos cientos de euros. “No se puede vivir con 300 ó 400 euros”, reconoce.

Más allá de esta ayuda financiera, a la que se añade la promesa incierta de un permiso de residencia de 6 meses, la obligación para las chicas de dejar de prostituirse para poder beneficiarse del “circuíto de salida” —que todavía no se ha puesto nunca en práctica en Lille— puede suponer un obstáculo para aquellas que obtienen la totalidad de sus ingresos de la prostitución. Como Sandy y Celia, antigua empleada de un gran operador de telecomunicaciones.

De la calle a los sitios de internet

Cerca del parque, donde ellas siguen esperando, por fin se para un coche. “¿Puedo llevaros a algún sitio?”, pregunta un joven treintañero con camiseta blanca, que se describe a sí mismo como un cliente ocasional. También él ha “oído hablar” de la nueva ley, pero la verdad es que ésta no le ha hecho “cambiar sus costumbres”. En Lille, las autoridades constantan sin embargo “una disminución del fenómeno que no está necesariamente ligada a la penalización del cliente, sino más probablemente a la evolución del oficio. Desde hace dos o tres años, las chicas abandonan la calle y se pasan a internet. Basta con ir a los sitios especializados, tipo Vivastreet [objeto de una investigación por proxenetismo agravado, ndlr]. El número de anuncios se ha disparado, sencillamente porque es más discreto, en particular para los proxenetas.”

Por lo que respecta a Sandy y Celia, ellas no piensan en internet. “Demasiado peligroso, no sabes con quién vas a caer”. En su trozo de acera, prefieren escoger a sus clientes. Uno de ellos ya ha sido denunciado dos veces, le han notificado una multa y tiene cita en el juzgado. Tal vez será uno de los primeros clientes de Lille que tendrán que acudir, a partir de septiembre, a los totalmente novedosos cursos de sensibilización que se suponen que permitirán una toma de conciencia sobre la violencia ejercida sobre las prostitutas. Pero a algunos metros apenas de la salida del tribunal de última instancia de Lille, situado en la Avenue du Peuple Belge, las chicas esperan ya…

 

Resistencia al estigma del trabajo sexual

 

Ronald Weitzer

Universidad George Washington, EE.UU.

Enero de 2017

 

https://www.academia.edu/31011252/Resistance_to_Sex_Work_Stigma_2017_?auto=download

 

Resumen

El estigma es omnipresente en el trabajo sexual y está bien documentado en estudios de trabajadoras sexuales. Pero rara vez los estudiosos han examinado la cuestión vital de si el estigma puede reducirse o eliminarse de cualquier tipo de trabajo sexual (stripping comercial, pornografía, prostitución, etc.). Después de una breve revisión de los temas relacionados con el estigma, este comentario propone un conjunto de condiciones previas para la reducción y, en última instancia, la eliminación del estigma del trabajo sexual.

 

 

El estigma es uno de los problemas más importantes en el trabajo sexual. Es omnipresente en el comercio sexual, aunque su contenido e intensidad varían un tanto por género, por sector ocupacional y por contexto nacional. Las investigaciones sobre las profesionales del sexo, sus directivos y sus clientes ofrecen abundantes pruebas de las consecuencias nocivas de la estigmatización.

 

El estigma se ha descrito como una imputación de estatus inferior a aquellos que tienen un rasgo desacreditador visible (por ejemplo, discapacidad física) o algún defecto moral percibido. Erving Goffman define el estigma como “un atributo que es profundamente desacreditador”, pero lo que es clave no es el atributo en sí: el estigma es producto de una relación entre al menos dos actores, no algo inherente a un tipo de comportamiento o condición física (Goffman, 1963: 3). Se aplica a categorías enteras de personas (por ejemplo, homosexuales, traficantes de drogas), así como a individuos específicos. Se manifiesta en las encuestas de opinión pública, las representaciones de los medios de comunicación, el discurso político, los encuentros cara a cara y las maneras en que los individuos internalizan los estereotipos, ocultan su identidad estigmatizada y llevan vidas dobles.

 

 

El libro de referencia de Goffman, Stigma (1963), ofrece un análisis convincente de las dimensiones clave del estigma. Pero el libro tiene una sorprendente deficiencia: no dice casi nada sobre la posibilidad de resistencia (por individuos o colectividades) ni considera si el estigma puede ser reducido o eliminado con el tiempo. Estas lagunas se reflejaban en las formulaciones originales de la teoría del etiquetado, que ignoraban la posibilidad de desafío por parte de los individuos que eran etiquetados como desviados, lo que John Kitsuse (1980) llamó posteriormente “desviación terciaria” y Edwin Schur (1980) examinó a nivel de grupo en su discusión de los “movimientos de liberación de la desviación”. Goffman y los fundadores de la teoría del etiquetado parecen haber asumido que una vez que un individuo o categoría de personas había sido estigmatizado, es internalizado por ellos y es básicamente permanente. La pegajosidad es quizá una función del período de tiempo en el que escribieron Goffman y los teóricos del etiquetado temprano (1951-1963) en la medida en que veían pocos ejemplos en ese momento de resistencia por parte de personas estigmatizadas o una política de identidad más amplia.

 

En lugar de desafío, Goffman se centra en las formas en que los individuos manejan el estigma: ocultándolo de los demás (“pasar” por normal); revelándolo selectivamente a algunas personas (“cobertura”); aislándose dentro de un grupo de otros igualmente estigmatizados; retener información biográfica sobre sí mismos; o de otra manera hacer frente a lo que él llamó una “identidad estropeada.” Los individuos estigmatizados se presentan como resignados a su estado devaluado, y su agencia consiste en limitar creativamente la exposición. Otro rasgo llamativo del libro de Goffman es el descuido de los orígenes y funciones del estigma hacia categorías particulares de personas -por ejemplo, las formas en que la estigmatización refuerza las normas convencionales y promueve intereses dominantes legitimando las jerarquías de poder establecidas (Link y Phelan, 2001; , 1980). El examen de las causas estructurales del estigma podría haber llevado a Goffman a explorar los corolarios de cómo el estigma puede reducirse. En vez de eso, nos quedamos con un análisis bastante estático, en el que los individuos internalizan las atribuciones desacreditantes de otros y hacen frente a ellos en la vida cotidiana.

 

Dos reseñas bibliográficas destacadas mencionan la cuestión del cambio, pero sólo de pasada y con escepticismo con respecto al potencial de erosión del estigma (Link y Phelan, 2001; Pescosolido y Martin, 2015). Y los pocos estudios que han examinado la resistencia se limitan en gran medida al nivel psicológico individual (por ejemplo Thoits, 2011) e ignoran la cuestión más amplia de cómo el estigma puede reducirse o eliminarse frente a una categoría entera de personas (excepciones incluyen a Anspach, 1979, De Young, 1988, Estro y otros, 2004, Schur, 1980). Un libro reciente discute programas diseñados para reducir el estigma hacia los enfermos mentales, incluyendo la iniciativa de la Asociación Mundial de Psiquiatría de 1996, Open the Doors Global Program para combatir el estigma debido a la esquizofrenia y campañas nacionales similares (Stuart et al., 2012). Dichos programas buscan difundir conocimientos, disminuir los prejuicios y poner fin a la discriminación contra quienes padecen una enfermedad mental. Estos programas han sido dirigidos menos al público en general que a grupos específicos como jóvenes, periodistas , policías, funcionarios de salud y encargados de formular políticas. Estos programas parecen haber tenido cierto éxito en la reducción de los estereotipos entre los grupos objetivo.

 

 

Estigma en el comercio sexual

 

El campo del trabajo sexual refleja la literatura académica más amplia en la que el propio estigma rara vez se problematiza. Una vez más, el defecto es tratarlo como una constante inmutable, no una variable, y asumir que es utópico imaginar su erosión. El estigma es universal en el ámbito del trabajo sexual: está bien documentado en la investigación sobre pornografía, prostitución y stripping comercial como un obstáculo que las trabajadoras sexuales y sus asociados enfrentan regularmente. Varía en intensidad, siendo generalmente más severo en prostitución (especialmente prostitución de calle) que en stripping comercial y pornografía. Varía un poco según la sociedad, y algunas naciones adoptan un enfoque más tolerante que otras, aunque el estigma sigue siendo un riesgo ocupacional para las trabajadoras sexuales en todas las naciones (Abel y Fitzgerald, 2010; Weitzer, 2012). Es más fácil para las trabajadoras sexuales inmigrantes protegerse del tipo de estigma que más les preocupa – el descubrimiento por familiares y amigos en su país de origen – que para las trabajadoras domésticas que viven con la amenaza diaria de detección de personas que conocen ( Scambler, 2007). Pero la nube negra del estigma afecta también a las trabajadoras sexuales migrantes. Y persiste incluso después de que una persona deje de vender sexo (por ejemplo, Sallmann, 2010). Su omnipresencia es evidente en las formas en que las trabajadoras sexuales llevan su vida laboral y personal: típicamente ocultan el tipo de trabajo que hacen de sus familias, conocidos, vecinos e incluso algunos amigos; niegan que están involucrados en el comercio sexual cuando se les pregunta; usan seudónimos en el trabajo y fabrican biografías personales; y llevan vidas dobles de otras maneras (Abel y Fitzgerald, 2010, Koken, 2012, Koken et al., Morrison y Whitehead, 2005, Sanders, 2005). Algunos analistas pueden considerar estas técnicas como una resistencia implícita (Sallmann, 2010), pero sigo argumentando que es mejor considerarlas como una forma de gestión del estigma y no una lucha contra el mismo. Las pocas prostitutas excepcionales que han “salido” en público sólo ilustran que las estrategias predominantes de afrontamiento son las de pasar por normales o hacer una revelación muy selectiva a los personas de confianza.2

 

También se estigmatizan los asociados de las trabajadoras sexuales: sus parejas, clientes y terceros que los ayudan o administran (por ejemplo, Birch 2015, Hammond, 2015). Los dueños de los burdeles, los directores de clubes de striptease, los distribuidores porno y otros terceros son a menudo reacios a revelar la naturaleza de su ocupación a extraños. Las personas que participan en empresas ilegales se ven obligadas a operar en el mercado negro o a ocultar la fuente de sus ingresos en la apertura de cuentas bancarias, de las autoridades fiscales y en otros negocios convencionales. Pero incluso los propietarios legales, gerentes y otros terceros se enfrentan rutinariamente con el estigma (Weitzer, 2012). Por último, sabemos que algunos investigadores que estudian el trabajo sexual han sido estigmatizados, sometidos a comentarios despectivos y a denuncias infundadas, marginados por los colegas, han sufrido altercados en reuniones profesionales y un nivel excepcional de escrutinio por parte de juntas de revisión institucionales que ha veces ha desembocado en negación de permiso para realizar investigaciones sobre la base de presunciones infundadas sobre el estudio propuesto (Dewey y Zheng, 2013, Hammond y Kingston, 2014, Siegel y de Wildt, 2015).

 

Mientras que esta literatura documenta la existencia del estigma en todo el campo del trabajo sexual, refleja a Goffman centrándose casi enteramente en cómo los individuos manejan sus identidades contaminadas, en lugar de preguntarse si algunos de ellos resisten activamente a las expresiones del prejuicio y la discriminación directa en encuentros cara a cara o colectivamente como miembros de organizaciones que buscan cambiar actitudes populares y políticas públicas. Existe una literatura de investigación sobre las organizaciones de derechos de las trabajadoras del sexo en diferentes países, que documenta las luchas a nivel de grupo por la normalización. Estas organizaciones se discuten más adelante en el artículo.

 

 

Reducción del estigma

 

La desestigmatización es un asunto tanto académico como político. Políticamente, podemos identificar un conjunto de estrategias prácticas para combatir el estigma, basadas en la táctica de los movimientos de liberación de desviación (Schur, 1980). Académicamente, podemos identificar un conjunto de condiciones previas para reducir y, en última instancia, eliminar el estigma de una categoría de personas. Link y Phelan (2001) señalan que ese cambio requiere un enfoque multifacético, pero no dicen nada acerca de en qué consisten estos cambios. A nivel individual, la resistencia por parte de una trabajadora sexual puede tomar las siguientes formas: anunciar que tenía plena autonomía al entrar en el trabajo sexual; estar actualmente en control de sus condiciones de trabajo e interacciones con los clientes; definir el trabajo como una profesión de servicio como cualquier otra o como una forma de apoyo o terapia para los clientes; negar el daño; condenar a los estigmatizadores; o distinguir su nivel (por ejemplo, escort ) de lo que consideran formas deshonestas de trabajo sexual (por ejemplo, la prostitución callejera). La evidencia de cada una de estas prácticas está esparcida por toda la literatura sobre el trabajo sexual, pero, de nuevo, estos esfuerzos tienden a limitarse al nivel psicológico o individual (por ejemplo, Koken et al., 2004; Morrison y Whitehead, 2005; Y Harred, 1992). Los actos aislados de resistencia de los individuos pueden tener poco o ningún impacto en la sociedad en general y también pueden ser peligrosos para los resistentes si sus acciones provocan ataques de otros.

 

En el plano social, el filósofo Lars Ericsson (1980: 362, 366) escribe que reducir el estigma requiere permitir que la prostitución funcione en un clima social libre de prejuicios emocionales … Para mejorar la prostitución debemos mejorar nuestras actitudes hacia ella . Su argumento es algo limitado -desatendiendo la cuestión crucial de cómo mejorar las actitudes de la sociedad- pero sí resalta un requisito central para la normalización. El cambio de actitud fundamental y generalizado es una condición necesaria, pero no suficiente, para la desestigmatización. A continuación, esbozo algunas condiciones previas adicionales para reducir el estigma.

 

 

Lenguaje neutro

 

Los nombres derogatorios deben ser borrados del discurso público y privado para la normalización de cualquier condición o comportamiento estigmatizados. Como Michel Foucault observó, las relaciones de poder están embebidas en el lenguaje, con grupos dominantes típicamente dedicados a “nombrar y avergonzar” a los subordinados. Palabras como prostituta, puta y putero deben ser reemplazadas por trabajadora y cliente. Cabe señalar que los grupos desacreditados a veces expropian términos peyorativos: pueden llamarse a sí mismos «putas» o «puteros» a efectos de obtener un valor de choque y reclamar e invertir los identificadores negativos. Ejemplos de ello son la Convención Mundial de Putas de 1985 en Bruselas; los eventos de baile de Hookers Ball que COYOTE patrocinó en San Francisco en la década de 1970; las revistas Whorezine y Johnzine publicadas por profesionales del sexo estadounidenses en los años noventa; y la defensa de los clientes de Chester Brown (2013) en su libro Paying For It: Una crónica en cómic sobre cómo ser un putero. Se puede argumentar que aquellos que participan en el comercio sexual deben ser libres para llamarse a sí mismos lo que quieran. Pero para reducir el estigma, otros deben dejar de usar términos despectivos debido a la relación de poder asimétrica que su uso reproduce con el tiempo.

 

 

Los medios de comunicación

 

En su mayor parte, hay un sesgo de negatividad en las representaciones que hacen los medios de comunicación de masas del trabajo sexual. Los medios de comunicación ponen de relieve los peores casos de abuso, confunden la prostitución con el tráfico humano y rara vez ofrecen una imagen positiva (o incluso neutral) de las profesionales del sexo y sus clientes. Los noticiarios de televisión, los periódicos y las noticias en línea suelen centrarse en la victimización, los daños, la prostitución callejera, la trata, las detenciones o las redadas en los “círculos” de la prostitución o los negocios relacionados con la misma (Farvid y Glass, 2014, Van Brunschot Et al., 2000). Los informes de prensa y los artículos de revistas raramente ofrecen un panorama contrastante, aunque algunos medios destacados lo han hecho en ocasiones (por ejemplo, Economist, 2014; Goldberg, 2014). La mayoría de los documentales también destacan la explotación económica y la victimización física, representada con la ayuda de imágenes extremadamente emotivas. Y las mismas representaciones sesgadas penetran los medios de entretenimiento. Algunos largometrajes y programas de televisión romantizan el trabajo sexual, pero éstas son excepciones en el cuadro dominante de presentación como cuentos de advertencia sórdidos (Campbell, 2006). La estigmatización requiere una representación más equilibrada de lo que se suele describir en los medios de comunicación. Por ejemplo, los documentales sobre la prostitución pueden representar una serie de escenarios, escalas y experiencias de las trabajadoras, en lugar de concentrarse exclusivamente en un solo tipo, por lo general presentado despectivamente. Al examinar arreglos radicalmente diferentes en varios países, los documentales Red-Light Districts del canal A & E (1997) y el documental de la National Geographic Television Prostitution (2010) resaltan la variación transcultural, lo que puede ayudar a reducir las generalizaciones estigmatizantes. El documental de CNBC Dirty Money: The Business of High End Prostitution (2008) y National Geographic American Escort Girls (2014) también contienen representaciones positivas de las personas que trabajan en el sector de las escorts. Y la serie de televisión Showtime e ITV2, Diario Secreto de una Escort, incluye aspectos eróticos y rutinarios de una escort, además de encuentros con una variedad de clientes, lo que también puede tener algún efecto normalizador sobre la percepción de la audiencia del sector de escorts. Los medios de comunicación de masas también pueden usarse como un vehículo para la educación pública, incluyendo Anuncios de Servicio Público o anuncios pagados en televisión basados en evidencia. Un ejemplo de esto último son los anuncios colocados en los medios canadienses por el grupo de abogacía, Stepping Stone, en 2011 (Griner, 2011). Y el Proyecto Paraguas Rojo ha llevado a cabo sesiones de capacitación para que profesionales del sexo defiendan mejor sus derechos cuando se relacionen con los medios combatiendo las caricaturas estereotipadas.

 

 

Despenalización

 

La experiencia del movimiento por los derechos de los homosexuales muestra que la derogación de leyes discriminatorias es de vital importancia pero no es suficiente para la normalización. Esto se aplica también al trabajo sexual. En los lugares donde el estriptis comercial, la producción de pornografía y la prostitución son legales y regulados por el Estado, el estigma persiste, aunque sea en forma diluida. Las encuestas de Gallup muestran que sólo el 29% de los británicos (en 2008) y el 31% de los estadounidenses (en 2013) piensan que ver pornografía es “moralmente aceptable” (Gallup, 2015). El estado de Nevada legalizó los prostíbulos rurales en 1971, pero tres décadas más tarde, sólo una ligera mayoría de los nevadenses (52%) apoyó la conservación de este sistema y sólo el 35% respaldó la idea de permitir que los burdeles legales operaran en la ciudad de Las Vegas (donde son ilegales bajo la ley estatal (citado en Weitzer, 2012: 51)). El estigma persiste también en las naciones que más recientemente han despenalizado la prostitución (por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, Alemania y los Países Bajos), aunque puede estar un poco acallada en esos lugares en comparación con las naciones donde la penalización reina. 4 En el área del trabajo sexual debemos esperar un retardo en el cambio cultural después de la reforma legal: puede llevar un tiempo considerable que las normas sociales se ajusten a las normas legales. La despenalización es una condición necesaria, pero no suficiente, para la desestigmatización.

 

 

Movilización de la industria

 

Los propietarios y gerentes de negocios eróticos pueden desempeñar un papel importante en el apoyo a la desestigmatización y la presión por los derechos. La industria de la pornografía en los Estados Unidos, por ejemplo, tiene sus propias organizaciones de apoyo y red de apoyo legal (Voss, 2015). Los propietarios de burdeles legales y agencias de escorts en algunos países también tienen organizaciones que abogan no sólo por sus propios intereses sino también por las trabajadoras sexuales en la medida en que sus intereses se superponen (Weitzer, 2012). Una advertencia importante es que algunos de los intereses de los dueños de negocios pueden entrar en conflicto con los de las trabajadoras sexuales. Los primeros persiguen naturalmente sus intereses económicos, que pueden entrar en conflicto con los de las trabajadoras sexuales. Pueden encontrarse alineados en algunas cuestiones, como combatir lo que consideran regulaciones injustificadas, pero pueden ser oponentes en otras cuestiones, como la de si los propietarios deben ser obligados a proporcionar beneficios de seguridad social a las trabajadoras. Sin embargo, la búsqueda de la desestigmatización se hará en la medida en que los propietarios de empresas eróticas abogan por la normalización de la industria y en la medida en que las élites de la industria (por ejemplo, Hugh Hefner y Larry Flynt) apoyen públicamente los derechos de las trabajadoras sexuales y aporten recursos para acabar con la discriminación legal y social.

 

 

Activismo de las trabajadoras sexuales

 

El cambio de política puede ser un proceso de arriba hacia abajo, orquestado por el Estado. Algunos legisladores han iniciado proyectos de despenalización con poca presión de las beneficiarias (por ejemplo, en Nevada, República Checa, Australia Occidental). Pero el cambio legal también ha sido catalizado desde abajo – por individuos y organizaciones. Para tener éxito, la investigación muestra que los grupos de derechos de las trabajadoras del sexo requieren:

 

  • Líderes inteligentes o carismáticos que sean capaces de soportar contraataques;
  • Recursos suficientes (material, personal);
  • Conexiones con organizaciones de medios de comunicación;
  • Alianzas con otras organizaciones y movimientos sociales; y
  • Apoyo generalizado de los beneficiarios (profesionales del sexo, clientes, empresarios).

 

Las organizaciones de trabajadoras del sexo en algunos países han disfrutado de uno o dos de estos factores (por ejemplo, una líder carismática), pero no todas ellas. Tales organizaciones tienden a estar muy poco financiadas, carecen de un liderazgo fuerte, reclutan a pocas trabajadoras sexuales como miembros, son marginadas por aliados potenciales (organizaciones de mujeres, sindicatos) y tienen pocas conexiones con los principales medios de comunicación (Gall, 2010; Majic, 2014, Mathieu, 2003, Oselin y Weitzer, 2013, Weitzer, 1991, West, 2000). Las trabajadoras sexuales carecen de solidaridad a través de la jerarquía del trabajo sexual; muchas ven su trabajo como temporal, no están inclinadas al activismo; y la mayoría percibe poca ventaja en la sindicalización, especialmente si son autónomas (Gall, 2010; van der Poel, 1992).

 

Hay excepciones importantes. El Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelandia, por ejemplo, desempeñó un papel instrumental en el proceso que condujo a la despenalización parlamentaria en 2003 y continúa influyendo en la política a través de su asiento permanente en el Comité de Revisión de la Prostitución del país que revisa periódicamente políticas y prácticas relacionadas con la prostitución . Respecto a los aliados, en 1973 la principal organización de derechos de las mujeres de Estados Unidos -la Organización Nacional de Mujeres- aprobó una larga resolución de despenalización declarando que NOW “se opone a las leyes prohibitivas continuas con respecto a la prostitución, creyendo que son punitivas” y por tanto apoya la derogación de todas las leyes relacionadas con el acto de prostitución “(NOW, 1973). Tal apoyo de una organización influyente dominante hizo poco para avanzar en la búsqueda de los derechos de las trabajadoras del sexo en los Estados Unidos (ahora no participan en ningún esfuerzo de reforma posterior), pero este tipo de apoyo, sin embargo, puede ser considerado vital para la desestigmatización. Amnistía Internacional, la Organización Mundial de la Salud, la Unión Americana de Libertades Civiles y la Comisión Mundial de las Naciones Unidas sobre el VIH y la Ley han defendido la despenalización, lo que bien divulgado puede ayudar a desafiar el estigma asociado con el trabajo sexual. En mayo de 2016, Amnistía Internacional apoyó formalmente la despenalización como una forma de reducir la victimización y la marginación de las trabajadoras sexuales. La decisión fue ampliamente divulgada y se considera como una gran victoria para la comunidad de trabajadoras del sexo (Amnistía Internacional, 2016).

 

Algunas acciones recientes ilustran las maneras en que las trabajadoras sexuales han intentado desestigmatizar el trabajo sexual, junto con otras metas. En 2001, una organización de San Francisco que proporciona atención médica a las trabajadoras sexuales (la St James Infirmary) publicó anuncios en autobuses urbanos que incluían fotos de profesionales del sexo y citas destinadas a desafiar los estereotipos: “los derechos de las trabajadoras sexuales son derechos humanos” “El trabajo sexual es un trabajo real” y “alguien que usted conoce es una trabajadora sexual” (Schreiber, 2015: 256). En septiembre de 2015 la organización escocesa de trabajadoras del sexo Scot-Pep lanzó una propuesta (con el miembro del Parlamento escocés Jean Urquhart) de una legislación que despenalizaría la prostitución, siguiendo el modelo de Nueva Zelanda. La Ley de Reforma de la ley de Prostitución de Escocia cuestiona la posición actual del Gobierno de Escocia de que el trabajo sexual equivale a la “explotación sexual comercial” y busca derogar las leyes contra la solicitud, el rastreo de clientes y el mantenimiento de burdeles. El proyecto de ley permitiría que más de una trabajadora sexual trabajara en las mismas instalaciones (la ley actual restringe esto a una trabajadora) y aumentaría las penas contra quienes coaccionan a las trabajadoras sexuales. En noviembre de 2015, el Colectivo Inglés de Prostitutas, junto con defensores de los derechos de las trabajadoras del sexo de otras naciones, testificó en un simposio especial sobre la despenalización en la Cámara de los Comunes británica.

 

Las demandas que cuestionan la constitucionalidad de las leyes de prostitución son otra estrategia que siguen los activistas de las trabajadoras sexuales. Un caso judicial importante de esta naturaleza tuvo éxito en Canadá en 2013, cuando la Corte Suprema dictaminó inconstitucionales las tres leyes de prostitución de la nación.5 En los Estados Unidos se presentó recientemente un recurso legal similar, que desafiaba las leyes de prostitución de California. En la medida en que el público es consciente de estos esfuerzos legislativos y judiciales, al ser cubiertos por los medios de comunicación, las iniciativas pueden tener algún efecto en el desafío de los conceptos erróneos populares sobre el trabajo sexual. Otros acontecimientos recientes mueven la política en una dirección más represiva. La legislación del Parlamento francés es un ejemplo, con la Asamblea y el Senado proponiendo diferentes proyectos de ley en 2013 y 2015: uno implementaría el sistema sueco de criminalización del cliente mientras que el otro lo rechazaría y mejoraría las penas contra las prostitutas que solicitaban en las calles. El proyecto de ley de criminalización de los clientes, aprobado en abril de 2016, fue rechazado por una variedad de organizaciones y más de 70 celebridades francesas, y la gran mayoría del público francés se opone a la criminalización de los clientes.6 Cientos de profesionales del sexo organizaron una protesta en las calles de París y una activista (Franceline Lepany) declaró: “Este proyecto de ley trata de estigmatizar aún más a las prostitutas” .7 Las activistas de las trabajadoras sexuales también han sido activas en la oposición a proyectos de penalización de clientes en Canadá en 2014, el Parlamento Europeo en 2014, e Irlanda del Norte en 2015. Todas las medidas fueron aprobadas a pesar de la oposición vocal de los críticos. Pero su impacto en el estigma del trabajo sexual puede ser mixto, ya que todas y cada una de las iniciativas provocaron la oposición de las trabajadoras sexuales y sus partidarios – resistencia que puede ayudar a iluminar al público y generar un mayor apoyo a las demandas de las trabajadoras sexuales.

 

 

La comunidad académica

 

La comunidad académica puede desempeñar un papel importante en la desestigmatización del comportamiento no convencional. En 1973, la Asociación Americana de Psiquiatría eliminó la homosexualidad de su compendio de enfermedades mentales (el Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales) y la Organización Mundial de la Salud siguió su ejemplo en 1990. Asociaciones profesionales y académicas pueden ayudar a reducir el estigma aprobando resoluciones en apoyo a grupos marginados o patrocinando directamente campañas contra el estigma, como lo han hecho varias organizaciones de salud mental. Este tipo de intervención es poco frecuente en el ámbito del trabajo sexual, pero hay al menos un ejemplo destacado: En octubre de 2011 la junta directiva de la Sociedad para el Estudio de Problemas Sociales aprobó una resolución declarando su apoyo formal a: ) La legislación bipartidista para despenalizar la prostitución, 2) la información al público sobre los costos de emplear a la policía para controlar a las trabajadoras del sexo, y 3) la normalización de esta ocupación.8 Otras asociaciones académicas y profesionales podrían aprobar resoluciones similares, que pueden ser ampliamente publicadas después. Los eruditos pueden intervenir de otras maneras, tales como escribir columnas para fuentes de noticias, aparecer en programas de entrevistas, y publicar los resultados de la investigación que demontan las falacias predominantes. Esto sucede en cierta medida ahora – p.ej., los académicos participaron en el simposio parlamentario británico mencionado anteriormente – pero una implicación más robusta del experto ofrecería un correctivo basado en la evidencia a las políticas basadas en mitos con respecto al trabajo del sexo.

 

 

Conclusión

 

Esta lista de condiciones previas no es exhaustiva, pero sí cubre las principales áreas en las que se necesita un cambio. Como se mencionó anteriormente, el estigma es frecuentemente mencionado por académicos y activistas en el campo del trabajo sexual, pero típicamente no se problematiza como una variable sujeta a cambio. Este Comentario pretende catalizar análisis más directos de las condiciones para reducir el estigma para todos los participantes en el comercio sexual.

 

Es importante señalar que cualquier esfuerzo de normalización tendrá la oposición de las instituciones establecidas si el contexto jurídico nacional es uno en el que la prostitución está penalizada, el ordenamiento jurídico en sí mismo agrava la estigmatización y las autoridades tienen interés por considerar el trabajo sexual como una desviación. Además de esto, sabemos que las principales instituciones sociales y muchos grupos de interés poderosos y bien organizados están empeñados no sólo en bloquear la normalización del sexo comercial, sino también en perpetuar e intensificar la estigmatización. El movimiento contra la prostitución es fuerte y está creciendo en la mayoría de las partes del mundo, reforzado por su exitosa equiparación de prostitución y trata (Weitzer, 2007). Y hay también un creciente movimiento anti-pornografía que ha logrado imponer nuevas restricciones sobre material y espectáculos eróticos en algunas naciones (Gran Bretaña, Islandia, India) (Attwood y Smith, 2010; Burke, 2015; Helgado’ttir, 2014 ). Pero como el estigma no es inherente a ningún tipo de comportamiento y es en cambio una construcción social, puede ser contrarrestado y desconstruido. Y esa desestigmatización puede tener consecuencias importantes para otros aspectos del trabajo sexual: si se permite a la prostitución “funcionar en un clima social libre de prejuicios emocionales” (Ericsson, 1980: 362), entonces resulta “imaginable que la prostitución pueda ser practicada siempre, como ocasionalmente es incluso ahora, en circunstancias de relativa seguridad, libertad, higiene y control personal “(Overall, 1992: 716). Este ensayo ha esbozado algunas condiciones previas para una normalización más amplia.

 

 

Agradecimientos

 

Una versión de este artículo fue presentada en la conferencia COST Action IS1209, “Troubling Prostitution: Exploring Intersections of Sex, Intimacy and Labour” en Viena, Austria, 18 de abril de 2015. La acción COST se conoce como Comparación de las políticas europeas de prostitución : Entendiendo Escalas y Culturas de Gobierno (Prospol) (www.propol.eu). Agradezco a Susan Dewey, Juline Koken y Sharon Oselin por sus comentarios sobre una versión anterior de este artículo.

 

 

Notas

 

  1. Goffman (1963: 7) escribe: “El individuo estigmatizado tiende a tener las mismas creencias acerca de la identidad que que las que tenemos nosotros; éste es un hecho fundamental “. Él menciona, pero sólo de paso, algunos ejemplos de intentos de los representantes de una categoría estigmatizada para dar voz a sus sentimientos compartidos (Goffman, 1963: 24-27).

 

 

  1. Esto se aplica menos a las personas cuyo trabajo es muy visible, como las estrellas porno y los intérpretes de webcam, que ya están ” fuera del armario” en virtud de sus apariciones en pantalla.

 

 

  1. Después de que 50 académicos firmaran una carta a la legislatura estatal de Rhode Island (Estados Unidos) oponiéndose a una nueva ley de prostitución en 2009 (Associated Press, 2009), dos activistas antiprostitución atacaron los motivos de los académicos, que fueron etiquetados como “radicales sexuales”. “Los radicales sexuales están tomando como objetivo a Rhode Island para su propia agenda libertaria sexual extrema de prevenir cualquier límite legal a cualquier comportamiento sexual “(Brooks y Hughes, 2009: 3). La carta de los académicos, que coescribí con Elizabeth Wood, no contiene nada que pudiera justificar esta conclusión y en cambio se organizó en torno a los principios de reducción de daños y derechos laborales (Carta a los Honorables Miembros de la Legislatura del Estado de Rhode Island, Re: Prostitution Law Reform Bill, 31 de julio de 2009).

 

 

  1. La Encuesta Mundial de Valores documenta actitudes más tolerantes hacia la prostitución en las naciones que han legalizado la prostitución que donde la prostitución es ilegal (ver Weitzer, 2012: 80). Sin embargo, incluso en los países donde la penalización es la norma, la opinión pública puede cambiar con el tiempo: según la Encuesta Mundial de Valores, la perspectiva de que la prostitución “nunca se justifica” ha disminuido sustancialmente en Estados Unidos: de 63% en 1981 a 40 % En 2006: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp (se accede el 25 de mayo de 2015).

 

 

  1. Bedford c. Canadá, ONSC 4264, Tribunal Superior de Justicia de Ontario, 28 de septiembre de 2010. El caso fue oído por un tribunal de apelaciones en 2012 y culminó con una sentencia del Tribunal Supremo en 2013 (Canadá [Fiscal General] v. Bedford, 2013 SCC 72, Tribunal Supremo de Canadá, 20 de diciembre de 2013).

 

 

  1. En cinco encuestas realizadas entre 2011 y 2013, del 70% al 82% de los encuestados franceses desaprobaron la idea de penalizar a los clientes, y una encuesta de 2013 informó que el 74% de los encuestados favoreció la “reapertura de burdeles” en el país (Weitzer, 2015).

 

  1. Esto fue citado en France24.com (se accedió el 3 de junio de 2015).

 

 

 

  1. Resolución 3, Sex Work: disponible en: http://www.sssp1.org/index.cfm/pageid/1516/m/ 392 # R3 (se accede el 20 de mayo de 2015).

 

 

Referencias

 

Abel G and Fitzgerald L (2010) Decriminalization and stigma. In: Abel G, Fitzgerald L and Healy C (eds) Taking the Crime Out of Sex Work: New Zealand Sex Workers’ Fight for Decriminalization. Bristol: Policy Press, pp. 239–258.

Amnesty International (2016) Policy on State Obligations to Respect, Protect, and Fulfill the Human Rights of Sex Workers. Policy 30/4026/2016.

Anspach R (1979) From stigma to identity politics: Political activism among the physically disabled and former mental patients. Social Science and Medicine 13(3): 765–773.

Associated Press (2009) Academics oppose banning indoor prostitution in Rhode Island. Boston Herald, 3 August.

Attwood F and Smith C (2010) Extreme concern: Regulating ‘dangerous pictures’ in the United Kingdom. Journal of Law and Society 37(1): 171–188.

Birch P (2015) Why Men Buy Sex. London: Routledge.

Brooks M and Hughes D (2009) International sex radicals campaign to keep prostitution decriminalized in Rhode Island. Citizens Against Trafficking.

Brown C (2013) Paying For It: A Comic Strip Memoir about Being a John. Montreal: Drawn and Quarterly Press.

Burke J (2015) India blocks more than 800 sites in web porn crackdown. The Guardian,3 August.

Campbell R (2006) Marked Women: Prostitutes and Prostitution in the Cinema. Madison, WI: University of Wisconsin Press.

Dewey S and Zheng T (2013) Ethical Research with Sex Workers: Anthropological Approaches. New York: Springer.

De Young M (1988) The indignant page: Techniques of neutralization in the publications of pedophile organizations. Child Abuse and Neglect 12(4): 583–591.

Economist (2014) The sex business. The Economist, 9–14 August.

Ericsson LO (1980) Charges against prostitution: An attempt at a philosophical assessment. Ethics 90(3): 335–366.

Estroff S, Penn D and Toporek J (2004) From stigma to discrimination: An analysis of community efforts to reduce the negative consequences of having a psychiatric disorder and label. Schizophrenia Bulletin 30(3): 493–509.

Farvid P and Glass L (2014) ‘It isn’t prostitution as you normally think of it. It’s survival sex’: Media representations of adult and child prostitution in New Zealand. Women’s Studies Journal 28(1): 47–67.

Gall G (2010) Sex worker collective organization: Between advocacy group and labor union? Equality, Diversity, and Inclusion 29(3): 289–304.

Gallup (2015) Poll, 6–10 May, N ¼ 1,024.

Goffman E (1963) Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Goldberg M (2014) Should buying sex be illegal? The Nation, 18–25 August.

Griner D (2011) Sex workers are people too, says ad campaign. Adweek, 13 July. Available at: http://www.adweek.com/adfreak/sex-workers-are-people-too-says-ad-campaign­133371 (accessed 1 February 2016).

Hallgrimsdottir H, Phillips R and Benoit C (2006) Fallen women and rescued girls: Social stigma and media narratives of the sex industry in Victoria, BC from 1980–2005. Canadian Review of Sociology and Anthropology 43(3): 265–280.

Hammond N (2015) Men who pay for sex and the sex work movement: Client responses to stigma and increased regulation of commercial sex policy. Social Policy and Society 14(1): 93–102.

Hammond N and Kingston S (2014) Experiencing stigma as sex work researchers in pro­fessional and personal lives. Sexualities 17(3): 329–347.

´

Helgado´ ttir A (2014) The Icelandic initiative for pornography censorship. Porn Studies 1(3): 285–298.

Jenness V (1990) From sex as sin to sex as work: COYOTE and the reorganization of prostitution as a social problem. Social Problems 37(3): 403–420.

Kitsuse J (1980) Coming out all over: Deviants and the politics of social problems. Social Problems 28(1): 1–13.

Koken JA (2012) Independent female escort’s strategies for coping with sex work related stigma. Sexuality and Culture 16(3): 209–229.

Koken JA, Bimbi DS, et al. (2004) The experience of stigma in the lives of male internet escorts. Journal of Psychology and Human Sexuality 16(1): 13–32.

Link BG and Phelan JC (2001) Conceptualizing stigma. Annual Review of Sociology 27: 363–385.

Majic S (2014) Sex Work Politics: From Protest to Service Provision. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press.

Mathieu L (2003) The emergence and uncertain outcomes of prostitutes’ social movements. European Journal of Women’s Studies 10(1): 29–50.

Morrison TG and Whitehead BW (2005) Strategies of stigma resistance among Canadian gay-identified sex workers. Journal of Psychology and Human Sexuality 17(1/2): 169–179.

NOW (National Organization for Women) (1973) Resolution Calling for the Decriminalization of Prostitution. Resolution 141, passed at national NOW convention.

Oselin SS and Weitzer R (2013) Organizations working on behalf of prostitutes: An analysis of goals, practices, and strategies. Sexualities 16(3): 445–466.

Overall C (1992) What’s wrong with prostitution? Evaluating sex work. Signs 17(4): 705–724.

Pescosolido BA and Martin JK (2015) The stigma complex. Annual Review of Sociology 41: 87–116.

Sallmann J (2010) Living with stigma: Women’s experiences of prostitution and substance use. Affilia 25(2): 146–159.

Sanders T (2005) Sex Work. Cullompton: Willan.

Scambler G (2007) Sex work stigma: Opportunist migrants in London. Sociology 41(6): 1079–1096.

Schreiber R (2015) ‘Someone you know is a sex worker’: A media campaign for the St. James Infirmary. In: Laing M, Pilcher K and Smith N (eds) Queer Sex Work. London: Routledge, pp. 255–262.

Schur E (1980) The Politics of Deviance. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Siegel D and de Wildt R (eds) (2015) Ethical Concerns in Research on Human Trafficking. New York: Springer.

Stuart H, Arboleda-Florez J and Sartorius N (2012) Paradigms Lost: Fighting Stigma and the Lessons Learned. New York: Oxford University Press.

Thoits P (2011) Resisting the stigma of mental illness. Social Psychology Quarterly 74(1): 6–28.

Thompson WE and Harred JL (1992) Topless dancers: Managing stigma in a deviant occu­pation. Deviant Behavior 13(3): 291–311.

Van Brunschot E, Sydie R and Krull C (2000) Images of prostitution: The prostitute and print media. Women & Criminal Justice 10(4): 47–72.

Van der Poel S (1992) Professional male prostitution. Crime, Law, and Social Change 18(3): 259–275.

Voss G (2015) Trade associations, industry legitimacy, and corporate responsibility in porn­ography. In: Comella L and Tarrant S (eds) New Views on Pornography: Sexuality, Politics, and the Law. Santa Barbara, CA: Praeger, pp. 191–216.

Weitzer R (1991) Prostitutes’ rights in the United States: The failure of a movement. Sociological Quarterly 32(1): 23–41. Weitzer R (2007) The social construction of sex trafficking: Ideology and institutionalization of a moral crusade. Politics & Society 35(3): 447–475. Weitzer R (2012) Legalizing Prostitution: From Illicit Vice to Lawful Business. New York: New York University Press. Weitzer R (2015) Researching prostitution and sex trafficking comparatively. Sexuality Research and Social Policy 12(2): 81–91. West J (2000) Prostitution: Collectives and the politics of regulation. Gender, Work, and Organization 7(2): 106–118.

Ronald Weitzer is a professor of sociology at George Washington University. He has published extensively on sex work, including his books Sex For Sale: Prostitution, Pornography, and the Sex Industry (2000 and 2010) and Legalizing Prostitution: From Illicit Vice to Lawful Business (2012). In 2014 he co-edited a volume on human tra.cking for the Annals of the American Academy of Political and Social Science.

La ley antiprostitución en Francia, 6 meses después: un primer balance catastrófico

Publicado el 19 de octubre de 2016

 

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1567576-loi-anti-prostitution-6-mois-apres-un-premier-bilan-catastrophique.html

 

Por Thierry Schaffauser
Trabajador sexual

 

LE PLUS. Hace seis meses que ha entrado en vigor en Francia la ley “para reforzar la lucha contra el sistema prostituyente”(1). Y el primer balance que se puede hacer es más bien inquietante, estima Thierry Schaffauser, cofundador del STRASS, sindicato del trabajo sexual.

 

 Manifestaciones de trabajadoras sexuales ante la Asamblea Nacional el 6/04/16 (Y.BOHAC/SIPA)


Manifestaciones de trabajadoras sexuales ante la Asamblea Nacional el 6/04/16 (Y.BOHAC/SIPA)

 

 

Como si las asociaciones de salud, de defensa de los derechos humanos y de trabajadoras del sexo no lo hubieran advertido… Seis meses después de la votación definitiva de la ley contra el llamado “sistema prostituyente” en abril de 2016, la situación es peor de lo que se imagina.

 

Un empobrecimiento que todo el mundo constata

 

A cada nueva penalización, los diferentes sectores del trabajo sexual deben reorganizarse, pero son siempre las trabajadoras sexuales más pobres las que sufren las peores consecuencias. Si el número de clientes ha disminuído (al menos en un primer momento), el de trabajadoras sexuales sigue siendo el mismo. El poder de negociación ante los clientes se ha reducido mucho y las tarifas han bajado a la mitad, o a la tercera parte, en algunos lugares. Volver a la situación precedente volviendo a subir los precios es casi imposible.

 

La precariedad ha aumentado considerablemente y empuja a las trabajadoras sexuales en situación de extrema necesidad a pedir ayuda. Este era el objetivo de los abolicionistas, que se alegran de ello, pero los medios de ayuda no están presentes y el componente llamado social de la ley no está siendo aplicado.

 

Esto es lo que confirman militantes a favor de la ley como Yves Charpenel, del organismo cristiano Fondation Scelles en el periódico “La Croix” (2)

 

“El componente de penalización de los clientes es el único que ha sido activado, cuando todo el interés del texto estaba en proponer un enfoque global. Se buscaba a la vez la prevención y la reinserción. Y no se ve eso por ninguna parte.” Y añade: “Hoy no estamos en condiciones de financiar más que algunas decenas de plazas de acogida. Si un gran número de prostitutas se inscriben en el circuíto de salida, lo que sería algo excelente, no podremos continuar.”

 

La asociación católica Mouvement du Nid, también favorable a la ley, no dice otra cosa (3) al ser entrevistada por AFP: “Al final, sólo la herramienta jurídica de la penalización funciona. El resto, no” analiza Grégoire Théry, secretario general del Mouvement du Nid. La culpa es del “tiempo administrativo”, “más largo” que el de las verbalizaciones, reconoce, a la vez que relativiza el discurso del “esto no funciona”, “mil veces oído”, de las prostitutas, cualquiera que sea la actualidad legislativa. “Ellas siempre se quejan de su actividad, sea porque las condiciones de ejercicio son menos buenas, o porque no hay bastantes clientes o porque hay demasiada competencia”, añade.

 

Por su parte, las trabajadoras del sexo se quejan mucho, en efecto. Es el caso de Daniella, que ejerce en el Bois de Boulogne, que se expresa así al ser entrevistada (4) por France Inter:

 

“Algunos clientes solo quieren hacerlo sin preservativo. A veces digo que sí: no puedo venir aquí, respirar tubos de escape, e irme sin nada. Luego me arrepiento, pero no puedo hacer otra cosa. No sé hacer otra cosa. Ahora, hay allí clientes que quieren dar 10 euros… ¡Incluso hay que aceptar vales de restaurantes, porque no hay elección!”

 

Menos “buenos clientes” y más agresiones

 

El número de detenciones en toda Francia es relativamente pequeño (249 en seis meses), y hay numerosos comisarios de policía que prefieren priorizar su acción sobre otras infracciones más fáciles de constatar, pero a pesar de ello las consecuencias son importantes. Hay menos “buenos clientes” y por tanto más agresiones. Las mujeres chinas de Belleville organizadas en las Rosas de Acero explican que algunas de ellas asumen más riesgos al aceptar a hombres que antes rechazarían para intentar mantener su nivel de ingresos.

 

En el marco de su programa “Todos en marcha contra la violencia”, Médicos del Mundo y los Amigos del Autobús de las Mujeres en París notan un aumento de actos de violencia denunciados tras la instauración de la ley, aunque estas asociaciones prefieren ser prudentes y aluden a una eventual multiplicidad de causas y no solo a la de la penalización de clientes.

 

Las escorts que anuncian sus servicios en internet se lamentan igualmente en los foros especializados de que hay más clientes que llaman desde número oculto desde que se implantó la ley. Esto hace más difícil la identificación de agresores potenciales, compartir informaciones y prevenir actos de violencia.

 

La represión y la explotación no cesan, sino todo lo contrario

 

La nueva ley no ha aportado nada a las víctimas de trata. Al día de hoy, ninguna de ellas se ha beneficiado de un permiso o de residencia o de protección. Las expulsiones de trabajadoras sexuales inmigrantes continúan igual que antes. La despenalización de la captación pública es un alivio que desgraciadamente no ha cambiado gran cosa para las que más sufrían la antigua ley. En lugar de pasar una noche detenidas por captación, las trabajadoras inmigrantes pueden pasar un mes en un centro de retención. A la policía le basta con utilizar otros tipo de infracciones para continuar con el mismo acoso.

 

Algunas comunidades de inmigrantes tienen que pasar cada vez más por intermediarios, sobre todo aquellas que no hablan bien francés y no leen con facilidad. El contacto directo con los clientes en la calle era más sencillo, con ayuda de gestos y de algunas palabras aprendidas. Pero cuando los clientes tienen miedo de ser vistos en la calle, muchas se resignan a pagar a un tercero para que redacte los anuncios y responda al teléfono. El riesgo de explotación aumenta en consecuencia.

 

Varios ayuntamientos han adoptado las detenciones municipales para reemplazar la despenalización de la captación a nivel nacional, con lo que verdaderamente no ha cambiado la situación. En la carretera de Narbona, al sur de Francia, uno de los lugares de Francia donde ha habido más detenciones, también se llevan a cabo detenciones municipales. Jimmy Paradis, delegado sindical del STRASS en Perpiñán, distribuía allí preservativos e informaciones a las colegas, que actualmente se van de esos sitios y se hallan completamente aisladas. ¿Cómo ayudar a las trabajadoras del sexo más necesitadas si no se sabe dónde encontrarlas?

 

En la federación local del STRASS, muchas afiliadas se ven obligadas a ir a trabajar a España para los propietarios de burdeles que se quedan con una gran parte de sus ganancias, mientras que en Francia trabajaban independientes. Allí encuentran clientes que son también en su mayor parte franceses, una situación comparable a la de los establecimientos suizos, alemanes y belgas fronterizos. La ley presentada como un medio de luchar contra la explotación ha tenido el efecto contrario al deseado, no haciendo más que desplazar o esconder los problemas.

 

¿Todo irá mejor con el “componente social”? Nada es más dudoso

 

Todo el mundo está de acuerdo en decir que la penalización de los clientes es la única medida de la nueva ley que se ha aplicado realmente. Sin embargo, sus efectos son bien reales y nefastos. Las organizaciones abolicionistas parecen querer aplazar el resultado de la ley, felicitándose del menor número de clientes, esperando que la disminución de ingresos y las consecuencias negativas de la penalización de los clientes empujarán a las trabajadoras sexuales a dirigirse más a ellas en demanda de ayuda para dejar la prostitución.

 

¿Todo irá mejor una vez que se establezca el llamado componente social? Nada es más dudoso. La Sra. Vallaud-Belkacem, antigua ministra de los Derechos de las mujeres, había prometido 20 millones de euros al año (5) en ayudas sociales a las prostitutas. Este montante fue luego reducido a 4,8 millones al año (6). No se ha dicho que esta suma vaya a ser confirmada, ni renovada cada año, todo dependerá de las futuras leyes de finanzas y de los próximos gobiernos. Tampoco se ha dicho que ese dinero servirá concretamente para ayudar a las trabajadoras del sexo, ya que lo que está previsto sobre todo es aumentar las subvenciones a las asociaciones abolicionistas (7) que apoyan la ley para que sean ellas las que lleven a la práctica esta “ayuda”.

 

Hace decenios que esas asociaciones tienen a su cargo la así llamada “reinserción social” de las prostitutas, y hace decenios que los poderes públicos siguen financiándolas sin necesidad, a lo que parece, de obligación de resultados. Esta ley es, pues, una ley claramente abolicionista. Poco importa la realidad y lo que viven las personas afectadas, lo que cuenta es que resulten beneficiadas la ideología y la moral.

 

 

1.- http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20160202.OBS3890/loi-sur-la-prostitution-la-der-des-der-d-un-marathon-legislatif.html

2.- http://www.la-croix.com/France/Une-nouvelle-campagne-contre-la-prostitution-2016-10-18-1200797189

3.- http://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/prostitution-au-bois-de-boulogne-la-desertion-du-chaland-l-avenement-des-violents_1837470.html

4.- https://www.franceinter.fr/societe/prostitution-je-peux-pas-faire-autre-chose-je-sais-pas-faire-autre-chose

5.- http://www.najat-vallaud-belkacem.com/2013/11/07/najat-vallaud-belkacem-annonce-un-fonds-dedie-a-la-sortie-de-la-prostitution/

6.- http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/04/05/prostitution-les-deputes-vont-imposer-la-penalisation-des-clients_4895880_3224.html

7.- http://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/18038-Prostitution-250-clients-mis-a-l-amende-depuis-avril

 

 

 

 

Ley de penalización del cliente: una aberración jurídica

 

Por Nicolas Gardères

 

Publicado el 05/04/2016

 

http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2016/04/05/31003-20160405ARTFIG00222-loi-sur-la-penalisation-du-client-une-aberration-juridique.php

 

FIGAROVOX/TRIBUNE – La ley de penalización de los clientes de las prostitutas ha sido aprobada este miércoles. Para Nicolas Gardères, se trata de una ley de infantilización, más que de protección, que producirá efectos exactamente contrarios a los pretendidos.

 

 

Nicolas Gardères es abogado y director de conferencias en Sciences-Po Paris. Es el abogado del Colectivo Derechos y Prostitución, organización francesa creada por trabajadoras y trabajadores del sexo para la defensa de sus derechos.

 

“El hecho de solicitar, aceptar u obtener relaciones de naturaleza sexual de una persona que se dedique a la prostitución, incluso cuando sea de manera ocasional, a cambio de una remuneración, de una promesa de remuneración, de la entrega de un beneficio en especie o de la promesa del mismo, está castigado con la multa prevista para las faltas de quinta clase” (Futuro artículo 611-1 del Código Penal).

Este 6 de abril, el largo recorrido legislativo del proyecto de ley “para reforzar la lucha contra el sistema prostitucional” ha llegado a su término. Presentado en octubre de 2013, habrá conocido tres debates y tres votaciones en cada una de las dos asambleas parlamentarias; movilizado, sin éxito, una comisión mixta paritaria; y será finalmente aprobada el 6 de abril por la Asamblea Nacional, a la que el artículo 45 de la Constitución de la 5ª República concede la última palabra en caso de desacuerdo con el Senado.

La oposición entre las dos cámaras se cristalizó en torno a la disposición central de la ley, o sea la penalización de los clientes de las prostitutas. A propósito de tal asunto, existen numerosos campos y niveles de análisis. Nosotros dejaremos a un lado los de la moral y la antropología, dominados por las honestas personas que conocen y dicen el bien.

En el terreno político, que debe ser el de la eficacia en relación a los fines deseados, conviene notar que una organización como Médicos del Mundo, cuya experiencia, desinterés y obra de utilidad pública son indiscutibles, se ha opuesto con firmeza al texto, considerando que la represión legislativa de la prostitución tiene siempre como consecuencia el aislamiento de las trabajadoras del sexo, aumentando su precariedad, obstaculizando su acceso a la atención sanitaria y a la prevención, y reforzando su exposición a la violencia y a la explotación.

El análisis de Médicos del Mundo no está solo, sino que es compartido por todos los actores sobre el terreno, es decir aquellos que están en contacto con la realidad cotidiana de la prostitución. Es compartido igualmente por mi cliente, el Colectivo Derechos y Prostitución, principal organización francesa creada por trabajadoras y trabajadores del sexo para la defensa de sus derechos. Nos enfrentamos pues a una ley rechazada por aquellos a los que pretende proteger, así como por aquellos que les ayudan y les protegen realmente.

Esta ley de higiene mental y de infantilización, más que de protección, es una mala ley, contraproducente, que ocasionará efectos exactamente contrarios a los pretendidos.

Sin embargo, no es en el terreno político-sanitario en el que esta ley es la más nefasta. Jurídicamente, descansa sobre una monstruosidad, raramente vista en la historia del derecho. En efecto, al suprimir todo delito de captación, la ley establece la perfecta y total legalidad de la actividad encaminada a prostituirse. Pero, al mismo tiempo, hace de la compra de actos sexuales una infracción penal, es decir, un acto estricta y sistemáticamente ilegal. Así, una actividad totalmente legal (prostituirse) genera un acto perfectamente ilegal y penalmente reprimido (recurrir a los sevicios de una prostituta).

El actual gobierno ha mostrado, estos últimos meses, que mantenía una relación bastante libre y distante, ligera, con el Estado de derecho. Aquí, instila una aporía vertiginosa en nuestro orden jurídico, en el mismo corazón de éste, en su punto más sagrado y frágil, en el derecho penal.

Por sí sola, esta locura jurídica debería llevarse por delante la ley. El Consejo Constitucional tendrá igualmente que pronunciarse sobre pesadas problemáticas vinculadas con los derechos fundamentales: derecho a la salud y a la seguridad de las personas, libre disposición del propio cuerpo, libertad de comercio y de industria…

Pues es necesario que los senadores, que han rechazado por tres veces este principio de penalización del cliente, se atrevan a recurrir al Consejo Constitucional desde el momento del voto final de la ley. Si no se encuentra 60 senadores para hacerlo (es el umbral previsto por la Constitución), yo invito a Gérard Larcher, Presidente del Senado, a hacer uso de su derecho constitucional en la materia y a recurrir él mismo a los sabios de la calle Montpensier. Poco importa su opinión personal sobre la ley. La mayoría de su asamblea ha votado en contra por tres veces y ha sufrido la humillación de la última palabra dada a la Asamblea Nacional. Es su deber constitucional, tratándose de una ley que plantea tantos graves problemas jurídicos, que ésta pueda ser examinada por el Consejo Constitucional antes de cualquier entrada en vigor. En cualquier caso, y por principio, es deber de Gérard Larcher y de sus senadores ejercer sus derechos, para que esta ley peligrosa no pase nunca a integrar nuestro orden jurídico.

 

Las prostitutas enfadadas de Francia

Los colectivos de trabajadoras del sexo rechazan la nueva ley que criminaliza a los clientes, lo que llevará a estos a esconderse y las pondrá en una situación de mayor vulnerabilidad

 

Trabajadoras sexuales se manifiestan contra el proyecto de ley que prohibe pagar por recibir servicios sexuales, en París, el 6 de abril de 2016 (EFE)

Trabajadoras sexuales se manifiestan contra el proyecto de ley que prohibe pagar por recibir servicios sexuales, en París, el 6 de abril de 2016 (EFE)

 

Paula Rosas. París

 

09.04.2016

 

http://www.elconfidencial.com/mundo/2016-04-09/prostitutas-enfadadas-francia-ley-criminaliza-pagar-sexo_1181109/

 

“Es como si tuvieras derecho a hacer pan y a tener una panadería, pero tus clientes no tuvieran derecho a comprarlo”. Gilda eligió su profesión libremente hace más de una década, paga sus impuestos, cotiza para su jubilación, contacta con sus clientes a través de internet, los selecciona y trabaja en su propio apartamento. A partir de ahora, sin embargo, sus clientes no podrán pagar legalmente por los servicios que les presta porque Gilda es prostituta y, aunque la prostitución no es un delito en Francia, la Asamblea Nacional acaba de aprobar una ley que penaliza al que paga por sexo.

Gilda está muy lejos del perfil de víctima de la prostitución que la nueva ley quiere proteger. “Es grotesco. Es absurdo. Se presenta como un avance social y un progreso o algo que nos va a ayudar, cuando lo que hace es suprimir nuestros ingresos”, denuncia esta portavoz del Sindicato del Trabajo Sexual en Francia. Como el sindicato, decenas de asociaciones que agrupan a colectivos de prostitutas se han levantado en pie de guerra contra una ley que, aseguran, va a empujar a las trabajadoras sexuales a una mayor clandestinidad y, por lo tanto, a una mayor vulnerabilidad, como denuncia Médicos del Mundo.

La proposición de ley socialista “que refuerza la lucha contra el sistema de prostitución” fue aprobada por los diputados franceses el pasado miércoles tras más de dos años de idas y venidas entre el Senado -que la rechazaba al no llegar a ponerse de acuerdo sobre su medida estrella, la penalización del cliente– y la Asamblea Nacional, que finalmente ha tenido la última palabra. Una vez entre en vigor, probablemente en un par de semanas, “la compra del acto sexual” será sancionada con multas de hasta 1500 euros, 3750 si hay reincidencia. El texto está inspirado en la ley sueca que desde 1999 castiga a los clientes, y convierte a Francia en el quinto territorio abolicionista tras Suecia, Noruega, Islandia e Irlanda del Norte.

Con la nueva ley “se considera a las prostitutas como víctimas y no como delincuentes”, ha afirmado Maud Olivier, la diputada socialista impulsora de la proposición. Efectivamente, el texto suprime el delito de “racolage” pasivo u ofrecimiento de servicios sexuales, que se instauró en 2003 cuando Nicolas Sarkozy era ministro del Interior y que criminalizaba a las trabajadoras del sexo. El “racolage”, que tanto inspiró a Degas o a Toulouse Lautrec, se convirtió en un delito que, además, otorgaba a las fuerzas del orden una enorme arbitrariedad, ya que ¿cómo se sabe si se está haciendo un ofrecimiento pasivo? ¿Por la vestimenta? ¿Porque fuma un cigarrillo en una esquina? Los grupos abolicionistas hablan, por lo tanto, de una “nueva conquista para los derechos de la mujer”.

Pero no todas las prostitutas -aunque también hay hombres, este es un mundo eminentemente femenino- se consideran víctimas. Gilda o su compañera de sindicato Morgane Merteuil, que se define como “puta radical”, son orgullosas defensoras de su oficio y dan la cara por un colectivo estigmatizado. Hay muchísimas situaciones diferentes y esta ley, denuncian, mete a todos en el mismo saco. “No se puede comparar una mujer inmigrante originaria de África subsahariana que no tiene acceso a papeles ni al mundo del trabajo y que es explotada, con una francesa que se prostituye ocasionalmente, con una estudiante que lo alterna con otros trabajos para pagar sus estudios o con alguien como yo que ejerce a través de internet. Son situaciones muy diferentes y no hay soluciones universales”, señala Gilda a El Confidencial.

 

Parte del paisaje parisino

Las leyes han ido cambiando, pero el oficio más viejo del mundo ha sido, y sigue siendo, una parte del paisaje urbano en París. Desde los decadentes y horteras alrededores de Le Moulin Rouge, con sus templos dedicados al sexo y al voyerismo, a la castiza calle de Saint Denis en pleno centro de la capital, donde la putas tradicionales lucen escote y peregrinan a sus pequeños apartamentos escaleras arriba varias veces al día desde hace décadas.

“Se impone una visión de que el cuerpo pertenece al Estado”, denuncia Giovanna Rincón, presidenta de Acceptess Transgenres, una asociación que trabaja fundamentalmente con transexuales y afectados por el VIH-Sida y que considera que la ley quiere imponer una visión puritana y moralizadora sobre la cuestión del cuerpo. “Hay que abordar el feminismo de una manera diferente. Qué mayor feminismo que el de una mujer, que hasta ahora ha sido reprimida, reducida a la reproducción y que hoy sea capaz de emanciparse de todos esos conceptos y salir a la calle a decir, sí me dedico a esto. ¿Por qué tenemos que sufrir por el cuerpo de otros si esos mismos no lo están lamentando ni pidiendo?”, reflexiona esta mujer transexual, que llegó a Francia desde Colombia hace una década y que ejerció la prostitución durante 20 años.

Las asociaciones reconocen que, por supuesto, existen casos de explotación y personas que viven situaciones de violencia. Que hay mujeres obligadas a acostarse con 30 o 40 hombres al día y que viven encerradas por sus chulos, sin posibilidad de denunciar porque no tienen nada. Pero para luchar contra ello, aseguran, bastaría con aplicar el derecho común, que ya castiga la trata de blancas, el trabajo forzado, el proxenetismo o la explotación sexual. “No es necesaria una ley específica, discriminatoria sobre esta o aquella categoría. La gente tiene que tener derecho al trabajo, a la sanidad, al alojamiento, a las ayudas sociales como todos los demás, sean forzados o no”, opina Merteuil, autora además del ensayo “¡Liberad el feminismo!”.

“Podemos ser putas y luchar contra el tráfico de seres humanos”, defiende Giovanna Rincón. Otras, como Gilda, recuerdan que muchas de las víctimas explotadas han sido condenadas hasta ahora además por trabajar sin declarar los ingresos, una doble condena que no es anecdótica, sino que pasa a menudo. “Se puede ser víctima de proxenetismo, condenada por no declarar tus ingresos y expulsada si eres inmigrante”, resume esta prostituta, travesti, especializada en dominación y que se presentó como cabeza de lista a las elecciones regionales del año pasado por la Federación Libertaria Unitaria Abierta en Hauts-de-Seine, en la periferia de París. Gilda, como Morgane o Giovanna, demuestran que el fenómeno de la prostitución es poliédrico y complejo y, para la gran mayoría de las personas, completamente desconocido y lleno de tópicos y prejuicios.

Para luchar contra la explotación, la nueva ley aprobada esta semana prevé permisos de residencia de seis meses para las personas extranjeras que dejen el oficio, y una “ruta de salida de la prostitución” a través de un acompañamiento social y de medidas de prevención con un presupuesto de 4,8 millones de euros al año. Las asociaciones ridiculizan esta partida. Se estima que en Francia hay más de 30.000 personas que se dedican a la prostitución, por lo que, con lo presupuestado por la ley, quedarían unos meros 160 euros por persona al año para su salida del oficio sexual, calcula Médicos del Mundo.

 

Mayor vulnerabilidad

“El acompañamiento social no prevé, por ejemplo, el alojamiento, y a los inmigrantes les ofrecen papeles pero sólo durante seis meses, un tiempo insuficiente para encontrar trabajo y establecerse. Si a alguien le retiras su sustento y no le ofreces lo suficiente para vivir dignamente, no lo dejará nunca. Y los que no quieran dejarlo no van a poder trabajar tranquilamente”, lamenta Aline Lathieyre, de Médicos del Mundo. “La ley no va a afectar a las redes criminales y mafiosas de proxenetismo, porque son trasnacionales, están muy estructuradas y se mueven entre muchos países. Si la ley no les conviene, van a otro sitio”, añade Rincón.

La ONG ya ha podido comprobar sobre el terreno cómo el temor a esta nueva ley está afectando a las trabajadoras sexuales. Si un cliente no quiere ser visto, probablemente intentará llevar a la prostituta a un lugar más alejado, más escondido y, posiblemente, más peligroso para ella. La precarización del trabajo va a obligar a algunas a aceptar servicios que antes no admitirían o a clientes de los que no están muy seguras. Porque, al final, aseguran, el alquiler hay que pagarlo igual. O van a tener que recurrir a intermediarios, se teme Morgane Merteuil. Lo que las hace más vulnerables.

La prostitución es una actividad legal en Francia, sus trabajadores pagan impuestos y cotizan para su jubilación, recuerda Lathieyre, “por lo que las personas que lo ejercen libremente deben dejar de ser estigmatizadas y reprimidas. No hay que poner en marcha medidas nuevas sino dejarlas trabajar en paz porque si no se les expone a más violencia y riesgos. Hay que aceptar que es un trabajo y acompañar a las personas que son víctimas de violencia”.

Para Rincón, que lleva años defendiendo a las minorías de las minorías, a un colectivo que se encuentra con las vulnerabilidades de ser inmigrantes, portadores de VIH y transexuales, la dignidad y la voz de las trabajadoras del sexo está por delante de cualquier ley: “Son autónomas, están haciendo un seguimiento sanitario, se pagan su baguette todas las mañana y su transporte y son dignas con ese trabajo, no pueden ser reducidas a la invisibilidad y a ser únicamente considerados como “sujetos prostitutos”. Que las dejen tranquilas”.

 

Una penalización inconstitucional

Jean-Claude Boulard

 

Consejero de Estado Honorífico, Senador (Partido Socialista) por la Sarthe, alcalde de Le Mans

 

06/04/2016

 

http://www.huffingtonpost.fr/jeanclaude-boulard/une-penalisation-inconstitutionnelle_b_9619422.html?utm_hp_ref=france

 

La propuesta de ley destinada a luchar contra el sistema prostitucional ha sido votada por la Asamblea Nacional este 6 de abril de 2016. Va a instaurar la penalización general de los clientes de las prostitutas, penalización que había sido suprimida cuando fue votada por el Senado.

Desde el comienzo de la discusión de esta propuesta de ley, no se ha respondido nunca a las cuestiones referentes al riesgo de inconstitucionalidad de una penalización general de los clientes.

Este riesgo se funda en tres principios:

  •  la libertad de la persona en cuanto al uso de su cuerpo
  •  la imposibilidad de penalizar la práctica de una actividad que no está prohibida
  •  la incompetencia del legislador para instaurar una multa

La libertad de la persona en cuanto al uso de su cuerpo está reconocida por las jurisdicciones europeas.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha recordado este principio de libertad en un fallo del 29 de abril de 2002 Pretty contra Reino Unido y de 17 de febrero de 2005 K.A. y A.D. contra Bélgica en estos términos: “el derecho de mantener relaciones sexuales deriva del derecho de disponer del propio cuerpo, parte integrante de la noción de autonomía personal. A este respecto, la facultad de cada uno de vivir como le parezca puede incluir igualmente la posibilidad de entregarse a actividades percibidas como de una naturaleza física o moralmente nocivas o peligrosas para su persona”; “la noción de autonomía personal puede entenderse como incluída en el derecho a tomar decisiones que conciernan al propio cuerpo”.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha confirmado esta libertad (cf fallo Jany 20 de noviembre de 2001). Esta libertad de uso del propio cuerpo es una libertad fundamental a menudo puesta en cuestión y reprimida por todas las formas de integrismo. La penalización del uso de una actividad no prohibida está igualmente en contradicción con nuestro sistema penal, que establece un vínculo: sanción/prohibición.

No existe en nuestro derecho penal ninguna sanción fundada en la práctica de una actividad no prohibida.

Desde el momento en que un acto sexual no está prohibido, su compra no puede ser perseguida. La penalización introducida por la ley es tanto más paradójica cuanto que esta misma ley suprime legítimamente el delito de captación activa y pasiva. En el mismo momento en que el legislador autoriza la promoción de la actividad, reprime su práctica.

Finalmente, el artículo 16 del proyecto instaura por vía legislativa una multa como penalización del cliente.

Sin embargo, en virtud del artículo 34 de la Constitución, el dominio de la Ley se limita, en materia de sanciones penales, a la definición de los crímenes y delitos y a las penas que les son aplicables. Las multas dependen del poder reglamentario previsto en el artículo 37 de la Constitución.

El legislador no debe desconocer los principios generales del derecho si no quiere exponerse al riesgo de un recurso constitucional o a una Cuestión Prioritaria de Constitucionalidad.

 

Crítica de las trabajadoras sexuales a la política hacia la prostitución en Suecia

Por Petra Östergen

http://www.petraostergren.com/pages.aspx?r_id=40716
Petra Östergren El artículo Crítica de las trabajadoras sexuales a la política hacia la prostitución en Suecia apareció originalmente en mi web en 2003. Aunque nunca fue formalmente publicado en una revista académica, ha sido citado y discutido por activistas y académicos interesados en los efectos de la ley sueca de prohibición de compra de sexo.

 

 
Como la prostitución es un tema controvertido, con extensas implicaciones morales, legales y políticas, no es sorprendente que mi artículo haya sido criticado por los defensores de la Ley de Compra de Sexo, y por activistas y académicos que trabajan por abolir la prostitución. Considero que su crítica está mal informada, está distorsionada y a veces es tendenciosa.

 

 
El material empirico en que se basó el siguiente artículo fue utilizado también en mi tesis de máster (2003) y apareció más tarde en mi libro Porn, Whores and Feminists (2006). Como se muestra en estos dos trabajos y en el artículo que sigue, yo nunca he dicho que documentara las opiniones de todas las trabajadoras sexuales de Suecia, sino solo las de aquellas a las que había entrevistado.

 

 
Además, las opiniones de trabajadoras sexuales acerca de la política hacia la prostitución sueca expresada en este artículo difícilmente pueden ser consideradas exclusivas. Están en línea con las preocupaciones expresadas por las trabajadoras sexuales en los medios de comunicación suecos, en blogs, artículos, informes y libros desde 1998 en adelante (para una compilación de fuentes, tanto publicadas como no, hasta 2011, ver el ejemplo de Claimed Success and Documented Effects, pp.109-138, en http://www.petraostergren.com/upl/files/115299.pdf).

 

 
Aunque los defensores de la Prohibición de Compra de Sexo me han atacado a mí personalmente, tratándome como si fuera alguna clase de instrumento de la industria del sexo, existe una serie de informes adicionales que revelan similares críticas a la política hacia el trabajo sexual sueca desde una perspectiva de trabajadoras sexuales. Estos otros informes incluyen el estudio de Rose Alliance En annan horisont, el trabajo de Pye Jakobsson y Jay Levy, y el estudio Charlotte Holmström 2015. Desafortunadamente, gran parte de este trabajo de investigación está disponible hasta ahora solo en sueco. Los activistas antiprostitución suecos y los investigadores que promueven la prohibición de compra de sexo están muy familiarizados con este trabajo, incluso si prefieren ignorarlo.

 

 
Los estudios que muestran que las propias trabajadoras sexuales se oponen a la prohibición de compra de sexo, o que la propia ley no ha sido eficaz, han sido criticados como “sesgados” por los abolicionistas y los defensores de la prohibición. Su afirmación se basa en su opinión de que la violencia, las desigualdades de poder, la victimización y el abuso sufridos por algunas trabajadoras sexuales es la situación dominante para todas las personas que venden servicios sexuales. Por tanto, aquellas trabajadoras sexuales que critican una ley cuyo propósito ostensible es protegerlas son consideradas como constituyentes de una minúscula minoría, no representativas o, en el mejor de los casos, vistas como enfermas de alguna clase de falsa conciencia o trauma relacionados con su propia condición de víctima.

 

 
Lamentablemente, el enfoque de paradigma de la opresión hacia el trabajo sexual (en lugar de un paradigma polimorfo), así como el rechazo de la crítica de las trabajadoras sexuales a la política hacia la prostitución sueca, es una señal de que el trabajo sexual y las trabajadoras sexuales están aún fuertemente estigmatizados. Esta estigmatización debe ser adecuada y firmemente abordada y cuestionada.

 

 
Cuando se trata de estudiar, desarrollar y evaluar una norma, es absolutamente esencial comenzar por las necesidades del grupo al que vaya dirigida, tal como sean expresadas por las personas que consituyen dicho grupo. Esto también se aplica a las trabajadoras sexuales. Las normas o leyes sobre la prostitución deben poner a las propias trabajadoras sexuales en el centro de ese proceso.
Esta postura no es una máscara bajo la que se oculte una actitud “proprostitución”. Su intención es proteger los derechos de las trabajadoras sexuales.

 

 
Petra Östergren Mayo de 2015

 
Crítica de las trabajadoras sexuales a la política hacia la prostitución en Suecia

 

Petra Östergren (sin fecha)

 

http://www.petraostergren.com/upl/files/115326.pdf

 

En este artículo no trataré del complejo tema de si la prostitución es deseable, ya sea desde un punto de vista social o desde cualquier otro punto de vista. Este artículo busca más bien documentar algunas de las experiencias y opiniones de trabajadoras sexuales en Suecia. Me ha preocupado el hecho de que muchas mujeres que están en el centro de la política hacia la prostitución sean tan raramente escuchadas y se sientan tan a menudo adversamente discriminadas. Si la igualdad de derechos para todas las mujeres es importante, entonces la experiencia de las propias trabajadoras sexuales debe, sin duda, estar en el centro de nuestra discusión, independientemente de la posición que cada uno adopte respecto a la prostitución.

La ley contra la provisión de servicios sexuales (ya sea promoción u obtención de beneficio de la prostitución) y una reciente ley que prohibe la compra de servicios sexuales, implantada en 1999, son las dos formas principales como el Estado sueco considera que está “combatiendo” la prostitución. Los políticos y las feministas suecos están orgullosos de la política hacia la prostitución desarrollada por el Estado. Insisten en que tiene efectos positivos. Las trabajadoras sexuales opinan de otra forma. La mayor parte de las trabajadores sexuales suecas que he entrevistado hacen una fuerte crítica de su situación legal y social. Se sienten adversamente discriminadas, puestas en peligro por las mismas leyes que buscan protegerlas y se sienten sometidas a un intenso estrés emocional como consecuencia de dichas leyes.

El material usado en este artículo procede de mis entrevistas, charlas informales y correspondencia llevados a cabo con aproximadamente veinte trabajadoras sexuales desde 1996, así como de entrevistas con trabajadoras sexuales publicadas y radiadas en los medios suecos. También de entrevistas con personas que trabajan con mujeres que venden sexo para mantener un consumo de drogas (la mayor parte de las cuales son también personas sin hogar).

Este artículo contiene también un sumario de informes realizados por las autoridades suecas tras la aplicación de la nueva legislación (la penalización de clientes).

 

 
La venta de servicios sexuales no es trabajo

 
El trabajo sexual no es oficialmente considerado trabajo en Suecia. En su lugar, la prostitución es vista como una lacra social y una forma de violencia de los hombres contra las mujeres. Las mujeres que venden sexo son consideradas víctimas que necesitan ser protegidas por el Estado. De los trabajadores sexuales masculinos o transexuales raramente se habla. En la tarea de crear una sociedad mejor y más igualitaria, el Estado sueco ha determinado que la prostitución tiene que ser abolida. Esta es una opinión que raramente se pone en cuestión.

 

La ley contra la provisión

 
La ley contra la provisión hace ilegal trabajar en interiores, trabajar con otros, aprovecharse del trabajo sexual de otros y anunciar. Algunas mujeres entrevistadas expresan satisfacción con el efecto que esta ley ha tenido contra chulos explotadores, ya que ha habido relativamente pocos en Suecia en las últimas dos décadas. Otras trabajadoras sexuales consideran esta ley discriminatoria. Creen que ellas, igual que cualquier otro trabajador o persona de negocios, deberían tener derecho a un entorno laboral razonable, trabajar colectivamente, anunciarse o abrir un negocio, etc.

A causa de la ley contra la provisión, las trabajadoras sexuales se ven obligadas o bien a mentir para alquilar locales o bien a tener que pagar alquileres exorbitantes. Tanto en un caso como en otro, están constantemente preocupadas por el temor de ser descubiertas. También informan de que con frecuencia tienen que trasladarse (cuando son descubiertas) y de que son tratadas de mala manera por los arrendadores y “chulos de arrendamiento”. Algunas mujeres prefieren contactar con sus clientes en la calle. Otras trabajadoras sexuales consideran esto demasiado humillante.

La mayor parte de las mujeres con las que he hablado desean poder trabajar junto con otras. Esto es para garantizar la seguridad y ayudarse unas a otras. Encuentran injusto no poder hacerlo y se sienten asustadas cuando tienen que trabajar solas.

Esta ley también hace difícil para las trabajadoras sexuales cohabitar con un compañero, ya que es ilegal recibir algo de las ganancias de una trabajadora sexual. Hasta tan solo el hecho de tener una familia es difiícil para una trabajadora sexual, ya que las trabajadoras sexuales son consideradas madres incapaces y por tanto pueden perder la custodia de sus hijos si se descubre que venden sexo.

 

 
La ley contra la compra de servicios sexuales
La nueva ley que prohibe el acto de comprar servicios sexuales es seriamente criticada por las trabajadoras sexuales. Encuentran la ley paradójica, ilógica y discriminatoria. Obstruye aún más su trabajo y las expone a estrés y peligro.

Las mujeres con las que he hablado dicen que los argumentos en los que se basa la ley carecen de sentido para ellas. ¿Cómo pueden los políticos decir que solo están siendo castigados los clientes y que ellas están siendo protegidas? El efecto de la ley es en general negativo para la trabajadora sexual. Algunas señalan que incluso si unos pocos hombres son multados, la mayoría seguirá comprando servicios sexuales como de costumbre y, como de costumbre, son las mujeres y las trabajadoras sexuales las que se verán afectadas de forma más adversa.

Como resultado de la nueva legislación, las trabajadoras sexuales dicen que ahora es más difícil para ellas evaluar a los clientes. Los clientes están más estresados y asustados y la negociación en la calle debe ser hecha de forma más rápida. La probabilidad de terminar dando con un cliente peligroso es por tanto mayor.

Debido a la ley, las trabajadoras sexuales se sienten cazadas en la calle por la policía, los trabajadores sociales, los medios de comunicación e incluso los activistas antiprostitución. Encuentran esto inaceptable. Una trabajadora sexual comentó que ningún otro grupo vocacional aceptaría que la policía “patrullara su lugar de trabajo”.

Otra consecuencia es que las trabajadoras sexuales sienten ahora más aprensión a buscar ayuda de la policía cuando tienen problemas con un cliente abusivo. No quieren verse obligadas a denunciar al cliente.

Dado que el número de trabajadoras sexuales en las calles ha descendido y que ahora están más asustadas, las anteriores redes informales entre trabajadoras sexuales se han debilitado. El resultado es que ya no pueden avisarse entre ellas de clientes peligrosos o prestarse entre ellas la misma ayuda que antes.

Las mujeres también informan de que otra consecuencia de la ley son los bajos precios en las calles, ya que hay menos clientes y más competencia. Esto significa que las mujeres que tienen una necesidad de dinero más desesperada se implicarán en sexo no seguro y en actividades sexuales que habitualmente no realizarían. Esto a su vez lleva a una autoestima más baja y a la exposición a infecciones. Otras mujeres que han recurrido a internet para anunciarse refieren un efecto positivo para ellas, ya que han podido subir los precios. Pero nótese que esto solo beneficia a algunas trabajadoras sexuales. Las trabajadoras sexuales más vulnerables parecen ser las que se han visto afectadas de forma más negativa por la ley.

Las mujeres que trabajan en las calles en algunas de las ciudades más grandes dicen que ahora hay un mayor porcentaje de clientes “pervertidos” y que han desaparecido los clientes “agradables y amables”. Un cliente “pervertido” es el que pide formas de sexo más violentas, sexo con heces y orina, y que es más proclive a humillar, degradar y violar a la trabajadora sexual. También se niega con mayor frecuencia a usar condones. Dado que hay menos clientes en las calles, muchas mujeres que venden sexo para financiarse un consumo de drogas no pueden ya rehusar estos clientes, como hacían antes. Estas mujeres dicen que los clientes “amables” o se han cambiado a internet en la busca de servicios sexuales o han sido detenidos por la policía. Por el contrario, los clientes “pervertidos” saben qué hacer para no ser detenidos y multados: les basta con negarlo, ya que raramente hay pruebas sólidas.

 
Trato social

Otra queja expresada a menudo es cómo se sienten tratadas las trabajadoras sexuales por las autoridades y por la sociedad en general. Todas las trabajadoras sexuales con las que he hablado mencionan el estigma unido a la prostitución, en virtud del cual la trabajadora sexual es vista como débil, sucia, enferma mental, adicta a las drogas y al alcohol y considerada una víctima. Unido a la difícil situación legal, esto hace que las trabajadoras sexuales tengan miedo de que se exponga públicamente que venden sexo, así que hacen todo lo que pueden para garantizar su anonimato. Esto incluye para algunas mujeres mentir a amigos, familia y vecinos. Las trabajadoras sexuales dicen que se sienten incapacitadas por el Estado y que no se las respeta. Mantienen que sus derechos como ciudadanas son violados. Varias de ellas afirman que son una parte importante de la sociedad, que contribuyen a ella, pero que son activamente excluídas de ella. También piensan que a las trabajadoras sexuales se les niega los beneficios del Estado de bienestar, beneficios que están garantizados a todos los demás ciudadanos suecos.
Varias trabajadoras sexuales dicen que se sienten utilizadas por los políticos, las feministas y los medios de comunicación. Piensan que las trabajadoras sexuales solo son escuchadas y se les presta atención si dicen las cosas políticamente correctas, es decir, que encuentran la prostitución espantosa, que son víctimas, que han dejado de vender sexo y nunca lo volverán a hacer, y que están agradecidas a la actual política hacia la prostitución y a los legisladores.

Las trabajadoras sexuales se sienten ignoradas en los procesos de toma de decisiones relativos a cambios jurídicos, etc., algo que consideran no democrático. Preguntan si algún otro grupo social habría sido tan sistemáticamente excluído de cualquier proceso relevante de adopción de medidas políticas.

Las trabajadoras sexuales refieren haber tenido muy poca o ninguna ayuda de las autoridades sociales y, en algún caso, fueron más bien abandonadas por dichas autoridades. Algunas creen que las mujeres que desean dejar el trabajo sexual pueden, en algunos casos, lograr una ayuda adecuada de las autoridades sociales.

La mayor parte de las trabajadoras sexuales a las que he entrevistado rechazan la idea de que haya algo intrínsecamente malo en su profesión, o que debieran ser sometidas a terapia o recicladas para trabajar en alguna otra cosa. Consideran también que este es un tratamiento que no se impondría a otros grupos profesionales. Las trabajadoras sexuales dicen que, contrariamente a la creencia oficial, no son víctimas de sus clientes, sino víctimas del Estado. Y esto no solo debido a que no son escuchadas, o a que el Estado las coloca en situaciones peligrosas y fuerza a algunas de ellas a incorporarse al mundo criminal, sino también porque la situación general las hace imposible mostrarse abiertas acerca de su trabajo, levantar la voz contra la injusticia y organizarse por sí mismas.

 

 
Cuestiones de salud
Todas las mujeres con las que he hablado refieren sentimientos de estrés emocional debido a su situación legal y a cómo son tratadas socialmente. Tienen que ocultarse, mentir y mantener dobles identidades. Sienten que ellas mismas, sus hijos y sus parejas, son objeto de acoso y repulsión.

El estrés emocional deriva también de una situación financiera vulnerable y poco clara. Dado que la mayor parte de las mujeres no pagan tasas, tienen miedo de lo que les pasará cuando se retiren. Sus pensiones serán bajas y apenas adecuadas para vivir. Cuando caen enfermas, tienen que seguir trabajando o recurrir a los ahorros que puedan tener, en lugar de disfrutar del derecho a la compensación que tienen los trabajadores. La situación legal respecto a los impuestos no está clara, y varía de ciudad a ciudad. Algunas autoridades fiscales dejarán en paz a las trabajadoras sexuales, otras las buscarán y las impondrán impuestos según una estimación arbitraria. Esto preocupa a las trabajadoras sexuales. Algunas han sido sometidas a este procedimiento con consecuencias financieras desastrosas. Otras tan solo han oído hablar de ello y temen que les pase a ellas.
Las trabajadoras sexuales refieren un aumento de su estrés emocional subsecuente a la implantación de la nueva ley. Las trabajdoras sexuales dicen que ahora están más preocupadas porque las encuentren, así como más preocupadas por sus ingresos futuros. Varias de ellas refieren que ahora tienen más ansiedad, problemas de sueño y problemas de concentración, así como problemas relacionados con trastornos del apetito, alcohol y drogas.

Las trabajadoras sexuales que he entrevistado refieren tener sentimientos más intensos de impotencia y resignación ahora que antes de la implantación de la nueva legislación. Opinan que parece que “no tiene sentido” intentar cambiar el sistema (o sus consecuencias directas sobre sus vidas) y que nadie las apoya o habla en su favor.

 
Lo que quieren
Las trabajadoras sexuales expresan indignación hacia los políticos suecos que, en su opinión, en su relación con otros países se jactan y dicen mentiras acerca de los efectos de la nueva ley. Desean que otros países puedan ver “la verdad” de los efectos de la ley. También desaconsejan enérgicamente a otros países adoptar una legislación similar.

Incluso si solo unas pocas de las trabajadoras sexuales con las que he hablado dicen conocer los detalles de la nueva legislación relativa a la prostitución en Holanda y Alemania, todas ellas hablan positivamente de ella. Desearían que la prostitución en Suecia fuera legalizada (o, al menos, despenalizada), que hubiera sindicatos y organizaciones para trabajadoras sexuales, que desapareciera el estigma que las rodea y que tuvieran garantizados los mismos derechos y obligaciones que las demás mujeres y los demás ciudadanos.

Las mujeres que venden sexo para costearse un hábito de drogas parecen menos proclives a mirar el trabajo sexual como una experiencia positiva o como un trabajo. Pero son exactamente igual de críticas con las leyes y las normas suecas. Les gustaría tener mejor acceso a los programas de metadona o buprenorfina, que es algo que ahora solo tiene un número limitado de personas.

 
Informes oficiales

Críticas similares a las hechas por mis encuestadas fueron oídas en los tres informes oficiales hechos desde que se implantó la ley contra la compra de servicios sexuales. Un año después de su instauración, el Consejo Nacional para la Prevención del Crimen (Brottsförebyggande rådet), llevó a cabo una investigación de la aplicación de la nueva ley y los problemas que habían sido encontrados.

El Consejo Nacional de Salud y Bienestar (Socialstyrelsen), publicó también un informe un año después de la implantación de la ley. Su trabajo consistió en documentar el conocimiento existente de la extensión de la prostitución. El Consejo Nacional de Policía (Rikspolisstyrelsen) publicó un informe basado en la información obtenida de los dos primeros años de aplicación de la nueva ley. Su trabajo consistió en evaluar la aplicación de la ley y hacer sugerencias acerca de nuevos métodos en el trabajo de la policía contra la prostitución.

Todos estos informes hallaron que la prostitución de calle descendió inmediatamente tras la implantación de la ley. Sugieren también que la captación de clientes fue menor, aunque el Consejo Nacional para la Prevención del Crimen declara que el número exacto de prostitutas en, por ejemplo, Estocolmo era difícil de estimar debido a que la prostitución de calle se había desplazado a otras calles y tomado posiciones en un área más amplia que la anterior. Todas las autoridades dicen que no existen pruebas de que haya menos prostitución en general. Por el contrario, la prostitución escondida habría aumentado probablemente.

Todos los informes tratan los problemas que han emergido tras la implantación de la nueva ley. El Consejo Nacional de Policía escribe que las trabajadoras sexuales que todavía hacen prostitución de calle están pasando tiempos difíciles. Esto se debe, explican, a que hay menos clientes, los precios son más bajos y la competencia entre las mujeres mayor. Esto lleva a que haya más mujeres que venden sexo sin protección de condones, y a que tengan que aceptar más clientes que antes (ya que los precios son más bajos). Los encuestados en el estudio del Consejo Nacional de Salud y Bienestar (entre los que no se encuentra ninguna trabajadora sexual) creen que las trabajadoras sexuales ahora experimentan más dificultades y están más expuestas que antes. Los compradores son “peores” y más peligrosos, y las mujeres que no pueden dejar su oficio o cambiar de lugar dependen de estos hombres más peligrosos, ya que no pueden permitirse rechazarlos como antes. Incluso los compradores que fueron entrevistados opinaron que la ley afectaba sobre todo a las ya socialmente marginadas mujeres. De acuerdo con el Consejo Nacional de Policía, el sistema de salud está preocupado por el declive de la salud entre las trabajadoras sexuales y la diseminación de enfermedades de transmisión sexual.

El Consejo Nacional de Policía ha encontrado tambén que la ley supone un obstáculo a la hora de perseguir a los aprovechados que explotan el trabajo sexual de otros. Anteriores casos judiciales contra tales hombres podían ser defendidos a veces gracias a los testimonios de los compradores de sexo. Pero estos hombres ya no están dispuestos a colaborar, ya que ellos mismos son ahora culpables de cometer un delito. El informe del Consejo de Policía señala también que las trabajadoras sexuales han caído en una posición difícil, construída socialmente y ambigua, con relación a la nueva ley. La trabajadora sexual vende sexo, pero esto no es un acto criminal. Sin embargo, debido a que la compra de servicios sexuales es ahora un delito, la trabajadora sexual puede ser obligada a presentarse como testigo en el proceso judicial. Y de esta forma, no tiene ni los derechos del acusado ni los de la víctima. El informe del Consejo de Policía discute también el hecho de que las trabajadoras sexuales se ven sometidas a registros e interrogatorios invasivos, en un intento de conseguir las pruebas contra los clientes in fraganti.

 

Informes oficiales

RPS (Rikspolisstyrelsen) 2001. Rapport. “Lag (1998:408) om förbund mot köp av sexuella tjänster. Metodutveckling avseende åtgärder mot prostitution.” Av Nord, Anders och Rosenberg, Tomas. Polismyndigheten i Skåne. ALM 429-14044/99. 2001. POB -429-4616/99 SoS (Socialstyrelsen) 2000. “Kännedom om prostitution 1998-1999.” SoS rapport 2000:5.BRÅ (Brottsförebyggande Rådet) 2000. Brå rapport 2000:4. “Förbud mot köp av sexuella tjänster. Tillämpningen av lagen under första året.” Brottsförebyggande rådet. Stockholm.

 


 

Acerca de Petra: http://www.petraostergren.com/pages.aspx?r_id=40697

Dictamen del Defensor de los derechos de la República Francesa: no a la penalización de los clientes de la prostitución

Dibujo

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_avis_20151216_15-28.pdf

 
París, a 18 de diciembre de 2015

Dictamen del Defensor de los derechos nº 15-28

El Defensor de los derechos,

Visto el artículo 71-1 de la Constitución de 4 de octubre de 1958;
Vista la ley orgáinica nº 2011-333 del 29 de marzo de 2011 relativa al Defensor de los derechos;

El Defensor de los derechos emite el dictamen adjunto concerniente a la propuesta de ley nº 3149 que intenta reforzar la lucha contra el sistema prostitucional y asistir a las personas prostitutas.

El Defensor de los derechos

Jacques TOUBON

.

A título preliminar, el Defensor de los derechos reconoce la necesidad de luchar contra todas las formas de explotación y proteger a las personas víctimas. Esta es la razón por la que suscribe plenamente la voluntad del legislador de reforzar los medios de lucha contra el proxenetismo y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual (capítulo I).

En contrapartida, el Defensor de los derechos lamenta que las personas prostitutas sean uniformemente percibidas como víctimas en la propuesta de ley. La prostitución es un fenómeno heterogéneo y complejo, como testimonia en particular el informe de la Inspección general de asuntos sociales publicada en 2012 (1). Al considerar de manera arbitraria que las personas prostitutas son mayoritariamente “víctimas”, “débiles” y “explotadas”, el legislador hace oídos sordos a los diferentes informes que demuestran la ausencia de cifras fiables y a las observaciones hechas por las asociaciones. En efecto, los/as prostitutos/as no son todas y todos víctimas de trata, y la prostitución refleja realidades múltiples. La propuesta de ley no está hecha a imagen de esta realidad polimorfa y tiende a hacer una amalgama entre prostitución y trata.

 

1. Sobre el capítulo II relativo a la protección de las víctimas de la prostitución y a la creación de un circuíto de salida de la prostitución y de inserción social y profesional.

 

Al tiempo que reconoce la necesidad de proteger y de asistir a las personas prostitutas que lo deseen, el Defensor de los derechos deplora la noción de “circuíto de salida”. Esta noción parece particularmente inadecuada, ya que obliga a la inscripción de las personas prostitutas en un procedimiento predefinido sin permitir, una vez más, tener en cuenta la diversidad de su situación. La obligación para las “víctimas de prostitución” de dejar la prostitución si quieren poder beneficiarse de esta asistencia o protección es problemática. Además, el Defensor de los derechos expresa serias reservas sobre la condición de inscribirse en un “circuíto de salida”, contraria al principio de igualdad de acceso a los derechos, y preconiza un acceso incondicional a los dispositivos de asistencia social, sanitaria y profesional.

El Defensor de los derechos toma nota con satisfacción de la supresión, por el artículo 13, del delito de captación previsto por el artículo 225-10-1 del código penal, que sanciona a las personas prostitutas. La utilidad de la detención preventiva de las personas prostitutas detenidas por captación, con la finalidad de reunir información en el marco de la lucha contra el proxenetismo, está lejos de ser siempre constatada, como revela la exposición de motivos. Además, el delito de captación ha degradado sobremanera las condiciones de salud y de ejercicio de las personas que se prostituyen, y la mención de este delito en los archivos judiciales de las personas afectadas dificulta profundamente su reinserción social y profesional.

 

2. Sobre el capítulo IV relativo a la prohibición de compra de actos sexuales mediante el establecimiento de una multa que sancione el recurso a la prostitución

 

El Defensor señala que la prohibición de la compra de un acto sexual basada en el modelo sueco no es la medida más eficaz para “reducir la prostitución y para disuadir a las redes de trata y de proxenetismo de implantarse en nuestro territorio” y aún menos “la solución que mejor protege a las personas que permanezcan en la prostitución”, como se enuncia en la propuesta de ley.

Aparte del hecho de que en Francia, como en Suecia, no disponemos de cifras fiables y es por tanto difícil cuantificar los efectos de la ley sobre el sistema prostitucional, el modelo sueco citado en referencia es hoy objeto de gran controversia (2). Así, el efecto de una disposición tal sobre el fenómeno prostitucional en Francia se anuncia limitado o incluso nulo.

 
En contrapartida, los efectos sobre la salud, la seguridad de las personas y su acceso a los derechos fundamentales están bien definidos por las instituciones internacionales (OMS, ONUSIDA, PNUD) y francesas (CNS, IGAS, INVS). A la vista de los efectos generados por la penalización de la captación en Francia, la penalización de los clientes acentuará la precariedad de las personas prostitutas al forzarlas a una mayor clandestinidad. En efecto, una medida tal desplazará el ejercicio de la prostitución de calle a zonas cada vez más apartadas y/o aisladas, empeorando unas condiciones de ejercicio ya difíciles.

 
Por dicha razón, esta mayor clandestinidad hará más difícil la actuación de los servicios de policía en la lucha contra la trata y el proxenetismo. ¿Cómo luchar contra las redes desde el momento en que las víctimas no sean ya visibles y accesibles?

 
Esta disposición tendrá igualmente como consecuencia una mayor exposición de los/as prostitutos/as a la violencia de ciertos clientes y a los contagios de VIH y/o hepatitis víricas. La OMS, ONUSIDA y el CNS se muestran unánimes: la penalización de la prostitución perjudica la salud de las personas que la practican. Estén o no forzadas a ejercer la prostitución, las personas que proponen servicios sexuales tarifados verán mermada su capacidad de negociación, obligándolas a aceptar ciertas prácticas o relaciones sin protección.

 
Por otra parte, su acceso a la prevención y a la asistencia será aún más problemática al alejarlas de las redes de apoyo de las estructuras asociativas y médicas existentes y haciendo más complicada la actuación de los agentes de prevención. ¿Cómo aplicar una verdadera política de reducción de riesgos, que está sin embargo inscrita en la ley, desde el momento en que las personas se prostituirán en lugares mal conocidos por las asociaciones o inaccesibles para ellas?

 
En conclusión, al mantener la amalgama entre trabajo sexual y delincuencia, la penalización de la prostitución aumenta la vulnerabilidad jurídica de los/as prostitutos/as, a veces víctimas de acoso policial, de detenciones abusivas y de humillaciones. En consecuencia, las asociaciones prevén una mayor desconfianza hacia las fuerzas del orden y un menor recurso a ellas en caso de sufrir violencia. En lugar de ser una fuente de protección, la sanción a los clientes por recurrir a la prostitución obstaculiza el acceso a sus derechos de las personas prostituídas.

En consecuencia, el Defensor de los derechos constata con satisfacción la supresión del artículo 18 y no desea su reintegración.

 

3. Sobre las disposiciones finales previstas en el artículo 18

 

El Defensor de los derechos saluda la obligación que se plantea al Gobierno de presentar un informe sobre la aplicación de la presente ley en un plazo de dos años a contar desde su promulgación, pero desea que este informe permita igualmente elaborar datos públicos fiables y compartidos sobre el sistema prostitucional.

A día de hoy, los diferentes actores están de acuerdo en deplorar la ausencia casi total de datos públicos sobre las condiciones de ejercicio, así como sobre la situación sanitaria y social, de las personas prostitutas. Los únicos datos disponibles emanan de las autoridades al cargo de la seguridad pública y de las asociaciones que trabajan sobre el terreno y se refieren esencialmente a la prostitución de calle.

 


 

1.- AUBIN Claire, JOURDAIN-MENNINGER Danielle, EMMANUELLI Julien, Prostitución: cuestiones sanitarias, IGAS, diciembre de 2012 ___

2.- Ver en particular DODILLET Susanne et ÖSTERGREN Petra, La ley sueca contra la compra de actos sexuales: éxito proclamado y efectos documentados. Documento de conferencia presentado en el Taller internacional: Despenalización de la prostitución y más allá: las experiencias prácticas y los desafíos. La Haya, 3 y 4 de marzo de 2011.

 

¿Qué identifica a una puta?

  • Aunque en España, recordémoslo, la prostitución no es delito, la ley de seguridad ciudadana establece sanciones por el “ofrecimiento, la solicitud, la negociación y la aceptación de los servicios de prostitución”.

 

  • Con esta ley, la policía nacional y la local se convierten en verdaderos guardianes de la moral, tienen entre sus manos la difícil tarea de distinguir a la chica decente de la mujer que, noche tras noche, dinamita la moral ocupando un espacio (material y simbólico) que no es el suyo. La ley no da instrumentos que permitan detectar de forma inequívoca a una puta, no existen posibles controles como el de alcoholemia; el agente sólo dispone de su ingenio y su sexto sentido para detectar a la verdadera puta.

 

Talía Ardana

 
22/09/2015

 
http://www.eldiario.es/andalucia/APDHA/identifica-puta_6_433666655.html

 
05 KobiLeviBlowShoesExiste un estigma que actúa sobre todas las mujeres como un aviso, una amenaza que llega en forma de censura social en caso de que ocupes un espacio que no debes, a una hora inapropiada y con una postura indebida… Me refiero al estigma “puta”. Desde tiempos inmemoriales, hasta nuestros días, actúa dentro de nosotras esa llamada al orden social que, con mayor o menor fuerza, aparece en forma de vergüenza. Pongamos un ejemplo: llevas esperando un buen rato a que alguien, con quien has quedado previamente, pase a recogerte; estás a pie de carretera, en una zona no muy transitada y a altas horas de la madrugada. Con cada coche que pasa por delante de ti, con cada persona que se queda mirándote, piensas: “Seguro que cree que soy una puta”.

 
Hay muchos ejemplos posibles en los que aparece esa voz de aspecto viejuno que te avisa de que puedes ser señalada como “puta”. Cada mujer puede reaccionar de forma diferente, en mi caso intento reírme y distanciarme de esa voz, intentando averiguar de dónde procede y qué pretende. La identifico como la voz del patriarcado, del hombre viejo, representante de una cultura vieja, que me violenta y pretende controlar, pero aun cuando determino rebelarme contra ella, quizás de forma instintiva, no controlada, termino por adoptar una pose que envíe alguna señal que diga “yo no soy una puta, sólo espero a que me pasen a recoger”.

 
Porque ni es una voz vieja, ni procede de una cultura vieja, es una voz actual y muy incómoda a la que instintivamente intentamos acomodarnos para no ser señaladas por ella. Sea lo que sea lo que actúa en cada una, ya te suene a viejo o a la voz de tu padre, este estigma “puta” que actúa como violencia estructural y simbólica hacia las trabajadoras del sexo, es la misma violencia que nos alcanza a todas las mujeres.

 
¿Qué pasa cuando esta censura, este estigma, sale del ámbito de lo subjetivo y lo simbólico para acomodarse en nuestro mundo material a través de leyes que penalizan estos comportamientos? Me refiero a la reciente ley mordaza o ley de seguridad ciudadana, que viene a instaurar una verdadera “caza a la puta” en las calles de nuestro país. Aunque en España, recordémoslo, la prostitución no es delito, la ley de seguridad ciudadana establece sanciones por el “ofrecimiento, la solicitud, la negociación y la aceptación de los servicios de prostitución”. Esto, que pudiera parecernos la penalización de ciertas conductas más o menos molestas para la ciudadanía, no es sólo eso.

 
¿Cómo podemos distinguir una relación sexual retribuida (prostitución) de otra que no lo es? ¿Cómo distinguir una conversación entre amigos de una negociación? Y aquí volvemos al principio: ¿qué me hace ser o no ser una puta? ¿Qué identifica a una puta? Con esta ley, la policía nacional y la local se convierten en verdaderos guardianes de la moral, tienen entre sus manos la difícil tarea de distinguir a la chica decente de la mujer que, noche tras noche, dinamita la moral ocupando un espacio (material y simbólico) que no es el suyo. La ley no da instrumentos que permitan detectar de forma inequívoca a una puta, no existen posibles controles como el de alcoholemia; el agente sólo dispone de su ingenio y su sexto sentido para detectar a la verdadera puta.

 
Y es cierto: no es más que un atropello, entre otros muchos, de la ley mordaza, un aspecto más de las normativas que criminalizan a un colectivo ya de por sí denostado. Pero es importante detenerse en este aspecto de la ley mordaza, porque tiene consecuencias injustas e insostenibles para las trabajadoras sexuales.

 
La lucha de las trabajadoras sexuales contra el estigma lleva tiempo ocupando, a nivel individual y colectivo, su primera línea de trabajo. La estrategia no es siempre la misma: “Yo no soy puta, trabajo de puta” es una expresión que pone de manifiesto el anhelo de liberarse de la dura carga que supone el estigma. Atiende a la necesidad que muchas mujeres que ejercen la prostitución tienen por separar su vida profesional de la familiar y la social. En otros casos, el lema “yo también soy puta” o “yo soy puta” está siendo reivindicado por muchas trabajadoras movilizadas en la reclamación de sus derechos, o por colectivos que trabajan junto a ellas.

 
En estos casos se pretende la re-apropiación de una etiqueta como un acto de insumisión, para modificar su significado, o como forma de reconocer que en la lucha contra este estigma nos la estamos jugando todas y por qué no, todos. Pero, sea cual sea la estrategia que se emplee para hacer frente al estigma “puta”, en todos los casos se deja en evidencia la importante violencia que se ejerce, a través de ella, hacia el colectivo, violencia que ya no es sólo simbólica, sino palpable y con consecuencias inmediatas. Para terminar, comparto una conversación en la que unas compañeras trabajadoras sexuales transmitían, a la APDHA, su indignación y angustia por lo que suponían estas normas:

 
“Puedo entender que no quieran que trabajemos cerca del colegio, por eso mismo trabajo en otra zona y a otra hora, pero claro, eso les da igual (a la policía). Si es que la que es puta es puta y los dos policías éstos ya lo saben, me conocen, ni siquiera me piden la documentación… y el otro día, cuando iba con mi hija (¡mi hija!) que había venido a visitarme desde Rumanía, pasamos delante del colegio paseando, íbamos al centro a hacer compras y me pararon, los de siempre, y me han puesto otra multa. No es justo, no sé si mi hija se ha enterado… yo no estaba trabajando, no es justo…”.

 
Otra compañera: “Pues a mí, el otro día, me pusieron una multa cuando saqué a pasear a mi perrito. Claro, como vivo en el barrio… pero les dije, oye, ¿no ves que llevo a mi perro?, en algún momento tengo que sacarlo a pasear. Y se reían y me dijeron que daba igual, que ya sabían que si llegaba algún cliente… Uf, voy a tener que cambiar de casa o de trabajo…”.

Campañas contra la trata, trabajadoras sexuales y los orígenes del daño

10838005_10153040570259310_8739568871256665347_oCarol Leigh

26 de marzo de 2015
https://www.opendemocracy.net/beyondslavery/carol-leigh/antitrafficking-campaigns-sex-workers-and-roots-of-damage

 

Las campañas contra la trata tienen sus orígenes en las luchas del siglo diecinueve por “salvar” a las mujeres blancas de la “trata de blancas”. Las estrategias contemporáneas amplían la estigmatización y criminalización, afectando a una gama de comunidades vulnerables.

 
Los efectos adversos que las leyes y políticas contra la trata producen sobre los derechos de las trabajadoras sexuales han sido documentados extensamente durante la última década. A pesar de las reclamaciones de cambio hechas por trabajadoras sexuales, activistas de derechos humanos, académicos y una gama de otros agentes, los estados a lo largo y ancho del mundo han sido reticentes y lentos en su respuesta. Algunos analistas ponen el acento en que el uso que hacen los estados de las leyes contra la trata para limitar la inmigración es la principal causa de esta reticencia. Yo añadiría que el análisis del desarrollo histórico de las políticas contemporáneas contra la trata es crucial para entender la creciente criminalización y estigmatización de trabajadoras sexuales, inmigrantes y otras poblaciones vulnerables. Argumento que cualquier entramado legal basado en el “crimen”, en lugar de en los derechos y las causas estructurales de los males sociales, está ligado a efectos desproporcionados y sistemáticos sobre los pobres y vulnerables.

 

Salvar a las mujeres de la “trata de blancas”: los orígenes de la lucha contra la trata

 

Los orígenes de las leyes contemporáneas contra la trata pueden situarse firmemente en la ideología abolicionista de la prostitución de finales del siglo diecinueve, un período durante el cual la trata fue también denominada “trata de blancas”. Las campañas contra la trata de blancas retrataban un mundo lleno de peligro sexual para las jóvenes blancas, seducidas y explotadas por siniestros hombres de piel oscura. Por lo tanto estas campañas fueron impulsados por la xenofobia, el racismo y el clasismo en el momento culminante del imperialismo británico.

 
A mediados de la década de 1800 las leyes contra la solicitación (dirigidas a las prostitutas) se habían convertido en un elemento básico de las ordenanzas municipales. Los abolicionistas de la prostitución se unieron a otros cruzados contra el vicio en el siglo diecinueve, introduciendo una nueva estrategia. Como un precedente del enfoque legislativa adoptado en nuestros días por Suecia y otros países, los abolicionistas de la prostitución sostuvieron que las mujeres eran obligadas a ejercer la prostitución y eran, por tanto, víctimas y no criminales. También se opusieron a legalizar la prostitución, objetando “… el doble rasero de la moral sexual reforzada por la actuación policial y el control de los cuerpos de las mujeres” y lucharon para expandir la definición de trata de forma que incluyera la implicación de terceros, que argüían que deberían ser penalizados o criminalizados. Entonces, como hoy, esta estrategia legislativa y de campaña fue presentada ostensiblemente como un acto de simpatía hacia las trabajadoras sexuales. Sin embargo, la criminalización de las terceras partes llevó el sexo comercial a la clandestinidad y ocasionó un aislamiento extremo y peligroso de las trabajadoras sexuales, ya que las terceras partes podrían incluir a caseros, servicio doméstico, miembros de la familia, propietarios de burdeles e incluso el apoyo mutuo entre las mismas trabajadoras sexuales.

 
El cierre de los burdeles coincidió también con un aumento en el valor de las propiedades inmobiliarias. El estatus legal de la prostitución fue así sometido a las políticas de desarrollo territorial, y un elemento activo de la represión de la prostitución. En los Estados Unidos, las poblaciones urbanas marginalizadas, desde los inmigrantes a los recién emancipados afroamericanos, fueron el objetivo de estatutos tales como la Ley Mann de 1910 o la Ley de Trata de Blancas. Este estatuto estableció una base de datos centralizada de “prostitutas conocidas” y llevó a la constitución del FBI, en un claro ejemplo de cómo las políticas contra la trata amplían las competencias de la policía. Tales represión y criminalización de casi todos los aspectos de la prostitución pronto se extendió por todo el globo. Esto recolocó firmemente la prostitución profundamente dentro de la economía sumergida, exacerbando y causando vulnerabilidad. La tasa de asesinatos de trabajadoras sexuales ha aumentado continuamente desde entonces, junto con el abuso de la policía contra adultos y jóvenes.

 
La criminalización de las terceras partes y la definición de la prostitución como un “mal” en sí mismo fueron aún más cimentadas a nivel global por el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena de la ONU de 1949. Como Kamala Kempadoo argumentó en su artículo “Trata para el mercado global: terror estatal y corporativo”, la preocupación por el nexo trata-prostitución aumentó incluso tras el colapso del Bloque del Este:

 
Aparentemente, la aparición de mujeres de los antiguos países dependientes de la URSS en las industrias del sexo de la Europa Occidental fue una razón de primer orden por la que los gobiernos europeos prestaron atención al problema de la trata. En muchos aspectos, este enfoque es un eco de la cruzada de finales del diecinueve y principios del siglo veinte… Parecería también otra vez que la atención por las vidas de la mujeres blancas… ha impulsado la acción internacional.

 

La lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales

 

A finales de los años 70, los movimientos por los derechos de las trabajadoras sexuales sugirieron de forma radical que las trabajadoras sexuales eran una clase de trabajadores totalmente meritorias de derechos humanos, civiles y laborales. Esto llevó a la organización de convenciones internacionales de trabajadoras sexuales y activistas por los derechos humanos, comenzando con el Comité Internacional por los derechos de las prostitutas en los años 80. Los análisis presentados por estos grupos reflejaron la teoría de desarrollo, justicia social y reducción de daños. Hubo un creciente reconocimiento de los defectos de las estrategias de los abolicionistas de la prostitución, en estas conferencias y en los medios académicos, así como llamamientos a la autorrepresentación de las trabajadoras sexuales, como se hizo realidad con la formación de la Red de Proyectos de Trabajo Sexual.

 
En los anos 90, en respuesta a la creciente atención hacia los temas de inmigración, y con información de los activistas por los derechos de las trabajadoras sexuales, una oolaboración de grupos defensores de derechos estableció los Estándares de derechos humanos para el tratamiento de las personas víctimas de trata. Su intención era presionar por el establecimiento de un protocolo de lucha contra la trata que combatiera el abuso de todos los trabajadores —incluídas las trabajadoras sexuales— principalmente en el contexto de la inmigración. El desacuerdo entre este grupo colaborativo y los abolicionistas de la prostitución fue evidenciado a finales de los 90, cuando estas diversas facciones fueron invitadas a participar en la redacción del nuevo Protocolo contra la trata de la ONU. Lo que siguió fue una batalla.

 
Quedó claro que los abolicionistas de la prostitución no tenían interés en incluir el trabajo forzado en el Protocolo contra la trata de la ONU. Por el contrario, insistieron en que el Protocolo fuera usado como una herramienta para abolir la prostitución. En el compromiso que se alcanzó al final, el nuevo Protocolo contra la trata de la ONU se refería a los abusos laborales que implicaran el uso de fuerza, fraude, coerción, etc. con fines de explotación. De forma más significativa, el Protocolo decidió específicamente no definir el concepto de “explotación sexual”. Esto dejaba al criterio de cada estado definir esta como les pareciera mejor, haciendo equivalentes prostitución y explotación sexual o definiendo la explotación sexual como un abuso dentro de la prostitución. De este modo, el Protocolo podría ser interpretado como que respalda tanto a los que defienden la legalización de la prostitución como a los que buscan su abolición.

 
Estas estrategias dentro del Protolo de la ONU han supuesto en gran medida un fracaso para las trabajadoras sexuales y para los inmigrantes y las víctimas de trata. Además, mientras que las protecciones de los derechos humanos son opcionales, la criminalización y el control de las fronteras son obligatorios. En consecuencia, la respuesta judicial penal predominante busca principalmente detener el sexo comercial mediante redadas y detenciones de inmigrantes, aunque eso se acompaña de una ayuda limitada para una amplia gama de víctimas. Así, como ha dicho Marjan Wijers, “Este enfoque en la pureza y la victimización de las mujeres, unido a la protección de las fronteras nacionales, no solo impide cualquier esfuerzo serio para combatir los auténticos abusos de derechos humanos a los que nos enfrentamos… sino que de hecho hace daño a personas reales”.

 
Bajo la presión de coaliciones de abolicionistas de la prostitución, muchos países han aprobado ahora leyes nacionales contra la trata que se fijan exlusivamente en la prostitución, retrocediendo a estrategias de siglos pasados. En los Estados Unidos, el lobby abolicionista de la prostitución, en alianza con fundamentalistas religiosos, presionó hasta el agotamiento para que todas las trabajadoras sexuales fueran consideradas víctimas de trata, a fin de prevenir la opción de legalizar la prostitución y reconocer derechos laborales a las personas implicadas. Estos grupos también recomendaron una definición bifurcada de la trata, una definición que separa la “trata sexual” de otras formas de trata laboral. La Ley de protección de víctimas de trata de los Estados Unidos, que refleja parcialmente este propósito, define la trata sexual como “el reclutamiento, alojamiento, transporte, provisión u obtención de una persona con el propósito de realizar un acto sexual comercial”. No se estipula ninguna condición de fuerza, fraude o abuso. Aunque la “trata sexual” no está incluida en las leyes penales de Estados Unidos, la ley mencionada ciertamente allana el camino para esa posibilidad.

 
La aplicación de la ley en Estados Unidos se ha centrado principalmente en suprimir el sexo comercial, en lugar de combatir los abusos que se producen dentro del comercio sexual. Estas ideologías represoras también se han promovido activamente y se han exportado mediante canales tales como el “Juramento de lealtad contra la prostitución”, que requiere a los beneficiarios de ayuda monetaria de los Estados Unidos que garanticen su oposición a la legalización de la prostitución. Las subvenciones dentro de los Estados Unidos siguieron la misma dirección, haciendo que las organizaciones de trabajadoras sexuales fueran excluidas de las subvenciones. Las trabajadoras sexuales fueron también excluidas de más participaciones en la elaboración de la política, tanto de forma sistemática como informal.

 

Situación actual

 

El actual movimiento neoabolicionista ha expandido sus estrategias para incluir el “modelo sueco” de represión de la prostitución. Los clientes son ahora incluidos en la larga lista de objetivos de la criminalización, aumentando el aislamiento de las trabajadoras sexuales. Aunque la filosofía abolicionista ostensiblemente se opone a la penalización de las trabajadoras sexuales, a nivel internacional tales campañas se han lanzado allí donde la prostitución es legal, como un medio de criminalizar aún más las industrias del sexo, en lugar de como un medio de despenalizar a las trabajadoras sexuales. Es este enfoque criminalizador el que promueve tambíen controles más estrechos de las fronteras, así como el creciente castigo y persecución de inmigrantes, jóvenes y gente de color. Estas “soluciones” exacerban la violencia y la vulnerabilidad en muchas poblaciones, de la misma forma que la criminalización de los burdeles en el siglo diecinueve ocasionó una centuria de aislamiento y mayor violencia contra las trabajadoras sexuales.

 
Las trabajadoras sexuales han explicado extensamente que una de las muchas condiciones que se necesitan para prevenir los abusos a menudo amalgamados como “trata” es la despenalización del trabajo sexual. Este principio es apoyado por el Observatorio de Derechos Humanos, la Comisión global sobre el VIH y la legislación, el Relator especial de la ONU sobre el derecho a la salud, el Programa de desarrollo de las Naciones Unidas, ONU Mujeres y ONUSIDA, entre una creciente lista de organismos internacionales.

 
Claramente, algunos resultados de las políticas de lucha contra la trata han sido positivos para aquellos individuos que han resultado calificados para merecer protección, permitiéndoles pasaportes y residencias específicos, entre otros avances humanitarios. Al mismo tiempo, se han hallado pruebas sustanciales de efectos adversos a raíz de la investigación llevada a cabo por la Alianza Global contra la trata de mujeres. Desde una perspectiva basada en la defensa de derechos, cualquier entramado legal que se centre en el “crimen” en lugar de en los derechos y en las causas estructurales de los males sociales está ligado a unos efectos desproporcionados y sistemáticos sobre los pobre y vulnerables. Mientras tanto, la espada de doble filo de la lucha contra la trata sitúa a las poblaciones vulnerables en situación de competir por obtener justicia, porque aquellos calificados como víctimas de trata pueden obtener recursos de los mismos sistemas que castigan a otros, individuos igualmente vulnerables.

 

______________________________________________________

 

Acerca de la autora

 

Carol Leigh ha sido artista y activista trabajadora sexual durante décadas. Es miembro de COYOTE (Call Off Your Old Tired Ethics), miembro fundador de ACT UP (AIDs Coalition To Unleash Power) y de SWOP-USA (Sex Workers Outreach Project), y cofundadora de Bay Area Sex Worker Advocacy Project. Leigh acuñó el término “trabajo sexual” a finales de los 70. En 1999 fundó el San Francisco Sex Worker Film & Arts Festival. Leigh fue organizadora principal del San Francisco Board of Supervisor’s Task Force on Prostitution. Fue consultora de The RighT Guide, una herramienta de influencia sobre la política contra la trata en Holanda. Desde 2003 ha administrado el Trafficking Policy Research Project recolectando material sobre los efectos de las políticas de Estados Unidos contra la trata. Durante varios años se ha centrado en un trabajo en progreso, Collateral Damage: Sex Workers and the Anti-Trafficking Campaigns.