“Nos niegan derechos por el hecho de ser putas y mantenernos encima de los tacones”

El Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS) ha llevado a cabo acciones por la capital hispalense para conmemorar el Día Internacional por los Derechos de las Trabajadoras Sexuales

 

Carmen Marchena

4 de marzo de 2021

https://www.lavozdelsur.es/ediciones/sevilla/prostitucion-nos-niegan-derechos-por-ser-putas-y-mantenernos-encima-de-los-tacones_256775_102.html

 

María José Barrera (Colectivo de Prostitutas de Sevilla) en el encuentro por el Día Internacional por los Derechos de las Trabajadoras Sexuales en la Alameda de Hércules. JOSÉ LUIS TIRADO

 

El 3 de marzo de 2001, más 25.000 trabajadoras sexuales acudieron a un festival en Calcuta (La India), a pesar de los grupos prohibicionistas, para reivindicar sus derechos laborales como ciudadanas. Desde entonces, cada 3 de marzo, se celebra el Día Internacional por los Derechos de las Trabajadoras Sexuales. 20 años después, este colectivo sigue sin tener reconocidos sus derechos como cualquier trabajador/a y continúa fuertemente estigmatizado por la sociedad.

“Si las putas de países no tan privilegiados como el nuestro salieron a la calle pidiendo derechos en situaciones muchísimo peores, será porque vivir sin derechos no es vida”, exclamaba ayer María José Barrera, la portavoz del Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS) en mitad de la Alameda de Hércules de Sevilla. Las trabajadoras sexuales organizadas, o como ellas mismas se llaman con orgullo “las putas organizadas”, convocaron varias acciones para informar sobre su situación y exponer cuáles son sus peticiones, con el fin de generar empatía para que se las ayude a conseguir “los mismos derechos que el resto de personas como ciudadanxs de pleno derecho”.

María José, ataviada con su camiseta de “Sin trabajadoras sexuales no hay feminismo”, expuso la cruda realidad a la que se han enfrentado miles de trabajadorxs sexuales durante el confinamiento. “En el último año hemos sido ignoradas tanto por el Gobierno como por el resto de las instituciones, no hemos accedido al Ingreso Mínimo Vital ni a ningún tipo de ayuda, a pesar de nuestro trabajo”, revela su manifiesto. El círculo alrededor de Barrera se hizo cada vez más numeroso, pero siempre guardando las distancias de seguridad. “Mientras las mujeres vivan en un sistema capitalista y patriarcal, seguirán viéndose abocadas a ejercer la prostitución”, espetaba elevando el tono con una aclaración: “Somos pro derechos, no somos regulacionistas. Estamos luchando por los derechos laborales, no estamos engañando a nadie”.

María José durante su intervención previa a las acciones. JOSÉ LUIS TIRADO

Durante su exposición aprovechó para agradecer el apoyo “cada vez mayor”, ya que “somos conscientes de que no resulta fácil acercarse a un colectivo como el nuestro, cuando ni siquiera las putas pueden dar la cara precisamente por la violencia que recibimos al exponer nuestra realidad”. Seguidamente clamó por “la protección real para las víctimas de trata” y por “alternativas efectivas para las compañeras que quieran dejar la prostitución”. En este sentido, la portavoz del CPS manifestó que “las putas no queremos salvaoras, queremos derechos reconocidos y no vernos abocadas a ejercer la prostitución, para que nadie tenga que venir a salvarnos”, en alusión a la “industria del rescate”.

En el manifiesto también denuncian que “el proyecto de Ley Orgánica de Libertad Sexual del Ministerio de Igualdad quiere perseguirnos a través de la clausura de nuestros espacios de trabajo, incluyéndose en esta ley la tercería locativa (que prohibiría que un tercero se lucre del trabajo de las prostitutas), el llamado proxenetismo no coactivo, que no podamos trabajar en clubs y agencias, o incluso que quien nos lleve en taxi a trabajar pueda llegar a ser considerado nuestro ‘proxeneta’, y por supuesto a través de la Ley Mordaza, con multas a aquellas que trabajen en la calle”.

Minutos antes de salir a la pegada de pegatinas y la colocación de paraguas rojos por monumentos históricos de la ciudad, María José insistió en que “nos niegan derechos por el hecho de ser putas y mantenernos encima de los tacones”. E ilustró con firmeza: “Nosotras hemos decidido dónde ponemos el coño en esta mierda de patriarcado y lo cobramos”. Porque no solo hay mujeres que quieren dejar la prostitución, advirtió, “también las hay que quieren dejar de limpiar casas y de cuidar a domicilio, porque estamos hartas de trabajos feminizados de mierda”. Finalizó su exposición con una llamada a la acción: “No acordaros de las putas para el victimismo, sino preguntémonos qué podemos hacer por ellas, ¿o es que alguien se preocupa por lo que comemos o en qué condiciones están nuestros lugares de trabajo?”. Además de criticar la desprotección que implica no tener derechos laborales de cara a la sanidad pública.

Colocación de la pancarta en la muralla frente al Parlamento andaluz. JOSÉ LUIS TIRADO

La noche terminó con la colocación de una pancarta en la muralla de la ronda frente al Parlamento de Andalucía con el lema: “Putas con derechos”. Para el 7 de marzo tienen prevista una acción estatal en redes con las fotografías de todos los monumentos históricos retratados con paraguas rojos para reivindicar los derechos de todas las personas que “ejercen el trabajo sexual y transgreden la norma social”.

Asimismo, los objetivos que proponen desde los colectivos pro derechos de trabajadoras sexuales en su manifiesto son, además de conseguir los derechos sociolabores como cualquier ciudadana o ciudadano, “frenar todas aquellas medidas punitivas que quieren acabar con nuestro trabajo; eliminar los artículos 187.2 y 187 bis del proyecto de ley (tercería locativa y proxenetismo no coactivo); la derogación de todas las ordenanzas municipales que las criminalizan, así como los preceptos de la ley mordaza que nos persiguen; el cese de redadas persecutorias contra las compañeras migrantes para tramitar órdenes de expulsión, así como su acceso a la salud y empadronamiento, y la protección real y efectiva (protección, asilo e indemnización) para las víctimas de trata, y que estas no sean instrumentalizadas”.

 

Colectivos de trabajadoras sexuales inician reuniones con grupos parlamentarios -la CUP el primero- para explicar sus observaciones sobre el Anteproyecto de Ley sobre Libertad Sexual del Ministerio de Igualdad

El Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS), Las Putas Libertarias del Raval (Barcelona) y la Sección Sindical de Trabajadoras Sexuales de la IAC instan a suprimir el Artículo 187 bis del Código Penal del APLO-LS, y a diseñar políticas que garanticen nuestros derechos humanos y laborales como trabajadoras sexuales y como mujeres, y para ello enviaron una misiva a la Relatora sobre Derecho a la Salud de la ONU, Tlaleng Mofokeng.

 

26 de febrero de 2021

Colectivos de trabajadoras sexuales inician reuniones con grupos parlamentarios -la CUP el primero- para explicar sus observaciones sobre el Anteproyecto de Ley sobre Libertad Sexual del Ministerio de Igualdad

Comunicado

El pasado miércoles 24 de febrero los colectivos de trabajadoras sexuales Colectivo de Prostitutas de  Sevilla, Sindicato Otras, AFEMTRAS (Asociación Feminista de Trabajadoras Sexuales) y Putas en lucha  nos reunimos con Mireia Vehí, diputada de la CUP (Candidatura d’Unitat Popular), en el Congreso, con motivo del inicio de la próxima tramitación parlamentaria del anteproyecto de Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, cuyo articulado modifica el Código Penal afectando directamente al colectivo de trabajadoras sexuales del Estado Español.

Las Trabajadoras Sexuales nos hemos manifestado a la diputada nuestra oposición a la inclusión en el Anteproyecto de aquellas cuestiones que nos perjudican a nivel social, político y de derechos humanos. Esto es, la recuperación de la figura de la tercería locativa (excluida de tratamiento penal con la entrada en vigor del Código Penal del año 1995) donde sanciona: «Aquel que ponga a disposición un bien inmueble ya sea abierto o no al público, de manera habitual e intencionada, con ánimo de lucro y para el ejercicio de la explotación de la prostitución, aún con el consentimiento de la misma».

Le hemos explicado que ésta incorporación al código penal, se materializará en mayor clandestinidad, desahucios, cierre de espacios de trabajo, hostigamiento vecinal, denuncias, más deportaciones a causa de un mayor control policial, e imposibilidad de autoorganización en espacios (pisos compartidos) colectivos de trabajo. Todo ello nos conducirá a un mayor estigma, mayor vulnerabilidad y prevemos menor número de denuncias a la hora de ser víctimas de un delito contra la Libertad Sexual a los que el Anteproyecto se refiere, pero en ningún caso estamos en contra de la finalidad de la ley.

Asimismo, ponemos de manifiesto, que de nuevo se vuelve a recuperar el concepto proxenetismo no coactivo, considerando a cualquier persona que se lucre explotando la prostitución de otra persona ‘aún con el consentimiento de la misma’, y que en todo caso quedará acreditada la explotación cuando concurran circunstancias de dependencia o subordinación, siendo estas referencias clásicas de cualquier relación laboral aunque no se tratara de prostitución.

Hemos explicitado que con la reiteración constante en el anteproyecto de la rúbrica ‘aun con el consentimiento de la misma’ se está suponiendo una tutela de su propio consentimiento para las trabajadoras. Lo que en todo caso resulta contrario a la finalidad de la ley que no es otra que la prestación del consentimiento, válido, libre e inequívoco a la hora de mantener relaciones sexuales.

Así, una vez más, se nos estará considerando como ciudadanas de segunda, siendo nuestro consentimiento sexual tutelado por el Estado. Y no dando opción a elegir de qué manera trabajar, cómo y en qué condiciones, dado que nuestro objetivo último no es otro que la conquista de derechos sociolaborales, y políticas de protección, no de tutela.

Entre otros puntos que señalamos en la reunión con la representante de la CUP en el Congreso está la financiación pretenciosa del artículo 55 de la Ley, así como la advertencia de que si la ley llegara a entrar en vigor, será una caza de brujas. Nos preocupa el recrudecimiento de la persecución a quienes trabajan en espacios de calle, y la incongruencia que supone que, por una parte, se ponga tanto ahínco en el reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, pero que por el contrario aquellas personas trans que se dedican al ejercicio de la prostitucion, serán perseguidas por ésta ley cuando en muchas ocasiones la prostitución es el medio de vida normal y habitual del colectivo.

Por su parte, la diputada Vehí ha asegurado su disposición a seguir trabajando conjuntamente con nuestros colectivos, en el marco de la garantía de derechos y de defensa de las mujeres y a mantener el contacto en el desarrollo del Anteproyecto de Ley.

La próxima semana continuaremos con más reuniones con diputadas/os. Agendadas tenemos ya con Bildu y ERC, al tiempo que seguimos trabajando para conseguir encuentros con el resto de grupos políticos.

 

¿Qué derecho(s)? Las prostitutas y trabajadoras del sexo como actoras colectivas

 

Por GESP el 25 noviembre, 2020

25/11/2020 – María Martínez (UNED)

https://blogs.uned.es/gesp/trabajadoras-del-sexo-como-actoras-colectivas/

 

  • ¿Qué derechos va a demandar quien ni siquiera es considerado sujeto? ¿Es pensable que quien es negado como sujeto reclame derechos?
  • Los procesos de negación de la condición de sujetos y ciudadanas, incluso de humanas, de las prostitutas me hace plantear si el primer derecho a demandar no debe ser el mismo derecho a existir, el derecho mismo a tener derechos. Eso no es algo, sin embargo, que tenga que ser concedido por otros, sino que estas prostitutas y trabajadoras del sexo, con su mera auto-organización colectiva y su presencia en el espacio público, están obligándonos a reconocerlas como sujeto de derechos.

 

En agosto de 2018 se inscribe en Barcelona el sindicato OTRAS (Organización de TRAbajadoras Sexuales). Su constitución provocó un revuelo en el gobierno y buscó por todos los medios la forma de anularlo. Así, y tras sólo 3 meses después de su inscripción oficial, sus estatutos fueron invalidados por la Audiencia Nacional. Era la primera vez que se registraba en España un sindicato de trabajadoras sexuales de ámbito estatal. Ahora bien, no era la primera sección sindical ni la primera organización de prostitutas y trabajadoras del sexo en este país. De hecho, unos meses antes, en mayo del mismo año, se había constituido en Cataluña una sección sindical de trabajadoras y trabajadores sexuales dentro del sindicato Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC). Y desde la década de 2010, trabajadoras del sexo y prostitutas han venido conformando en España organizaciones propias: AFEMTRAS (Agrupación Feminista de Trabajadoras del Sexo) en Madrid; Aprosex, Putas Indignadas y Putas Libertarias del Raval en Cataluña; Colectivo de Prostitutas de Sevilla; o el colectivo Caye, formado por trabajadores sexuales, en Asturias. La novedad está, entonces, en la auto-organización de las prostitutas, pues desde 1995 con la constitución de Hetaira (Colectivo en Defensa de los Derechos de las Trabajadoras del Sexo) en Madrid, o más tarde, ya en los años 2000, la creación de CATS (Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo) en Murcia, o de Genera en Barcelona se venía constituyendo una red de apoyo a este colectivo. En parte fueron esas redes de apoyo las que propiciaron primero algunas acciones colectivas (en Montera la primera manifestación de prostitutas se organizó ya en 2003 y probablemente ha habido más que no están registradas), y han servido de apoyo para la ahora auto-organización de las trabajadoras del sexo.

Las teorías de los movimientos sociales tendrían mucho que decir sobre la organización autónoma de este colectivo, pero han estado silentes, al menos en nuestro país; lo mismo sucede con la movilización en general de las mujeres (Martínez, 2019), especialmente las situadas en los márgenes (víctimas, trabajadoras del hogar, mujeres racializadas…) y de otros colectivos subalternos[1]. La primera pregunta que desde los estudios de los movimientos sociales nos podemos hacer es: ¿por qué ahora la organización de prostitutas y trabajadoras del sexo? ¿por qué no hace 10, 20 ó 30 años? Esta pregunta tiene, además, su sentido si analizamos cómo a nivel internacional la organización de prostitutas y trabajadoras del sexo tiene más largo recorrido —recordemos la ocupación de iglesias por prostitutas que comenzó en Lyon (Francia) en 1975 y se extendió por ese país— y ha sido analizada en varios trabajos (por citar algunos: Mac y Smith, 2020; Mathieu, 2009; Osborne, 1991; Pheterson, 1989). Así, Lilian Mathieu (2009) hace uso de la Teoría de la Movilización de Recursos para explicar por qué el movimiento de prostitutas surgió en Francia en 1975 y concluye que en ese momento consiguieron acumular los recursos políticos —conocimiento práctico de las formas de la protesta, los canales de comunicación con las autoridades o los medios de comunicación, etc.— gracias, en parte, a las redes que habían desarrollado, lo que les permitió organizarse y empezar a actuar colectivamente. Y esos recursos fueron eficaces incluso ante una Estructura de Oportunidades Políticas, como afirma también Mathieu, cerrada. Esta explicación es plausible para el caso de España. Por poner un ejemplo, el colectivo AFEMTRAS surge precisamente en reacción a la conocida como Ley Mordaza (Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana), contra las multas que la policía les estaba imponiendo auspiciada bajo esa ley y un movimiento abolicionista de la prostitución con una creciente proyección pública —esto se podría considerar una Estructura de Oportunidad Política cerrada—. En este contexto el papel de algunas organizaciones de apoyo a las prostitutas, en concreto de Hetaira, fue clave para acumular esos recursos políticos y apoyar su auto-organización.

La segunda pregunta común cuando se analizan movimientos sociales suele ser: ¿cuáles son sus demandas? Y, junto a ella, ¿qué vías de reclamación (repertorios de acción) se utilizan? Aunque las propuestas de las organizaciones de prostitutas y trabajadoras del sexo son diversas, dos podemos indicar cómo las grandes demandas: la despenalización del trabajo sexual impidiendo que se multe, y por supuesto que se castigue penalmente, a las personas que ejercen la prostitución; y, el reconocimiento del trabajo sexual en sus diferentes formas como trabajo. La primera gran demanda se concretaría en la derogación de leyes y normativas que criminalizan a las personas que ejercen la prostitución, entre otras las ordenanzas municipales que tan impacto negativo han tenido (Bodelón y Arce, 2018). La segunda —reconocimiento del trabajo sexual como un trabajo— implicaría el reconocimiento de derechos laborales. Aquí es donde las divergencias comienzan: algunas organizaciones (OTRAS) apuestan por diferentes modos de regulación laboral (por cuenta propia, por cuenta ajena), mientras que la sección sindical de la IAC tiene una postura más radical y sólo considera el trabajo realmente autónomo (para un debate sobre esta cuestión se puede consultar el siguiente vídeo). A pesar de esas divergencias, en un manifiesto firmado por la totalidad de las organizaciones de trabajadoras del sexo indicadas se afirmaba: “Lo que queremos y necesitamos es un modelo basado en el reconocimiento de derechos y la plena participación en el diseño de las políticas que nos afectan. Sólo los derechos garantizarán que podamos defendernos de los abusos.” (manifiesto consultable aquí). Así, se está de acuerdo con que, en nuestras sociedades de ciudadanía laboral, de los derechos laborales dependen otros muchos en cascada: derechos sociales, derecho a una jubilación, derecho a paro, derechos sanitarios, derecho a la vivienda, derechos a un ingreso mínimo, etc. A estas demandas se suman otras como la distinción entre prostitución y trata con fines de explotación sexual y desarrollo de programas de atención específicos para las personas tratadas, la derogación de la ley de extranjería pues muchas prostitutas y trabajadoras del sexo son extranjeras viéndose afectadas de manera particular, y la concienciación social sobre el estigma que sufre quien ejerce la prostitución (Juliano, 2004).

Los repertorios de acción que usan para articular sus demandas no difieren mucho de los puestos en marcha por otros movimientos sociales: manifestaciones, concentraciones, performances, lobby político, talleres de sensibilización, participación en foros institucionales, el mantenimiento de la apertura de los clubes ahora que se ha pedido su cierre en tiempos de pandemia, etc. En el caso de las organizaciones que han tomado la forma de sindicatos, como OTRAS, a esto se une el trabajo sindical común: negociación y mediación entre trabajadoras y empresarios, la mejora de las condiciones laborales especialmente en trabajos por cuenta ajena. Pero hay un tipo de acción menos visible y quizás más comúnmente olvidado en los estudios de los movimientos sociales pues no tiene como objeto el “gobierno” o las instituciones y es la constitución misma de estas organizaciones como espacios colectivos en los que trabajar sobre el estigma que las atraviesa y apoyarse en la lucha por la supervivencia. Así, y en tiempos de confinamiento debido al covid-19, estas organizaciones han puesto en marcha, ante su exclusión de la Renta Mínima de Inserción, bancos de alimentos y recaudado fondos para ayudarse, para sostenerse, para cuidarse.

Me gustaría cerrar este texto con una última reflexión que saca el análisis de la organización y acción colectiva de prostitutas del terreno tradicional de los estudios de movimientos sociales. Es una pregunta sobre el sujeto colectivo que todo movimiento social requiere para articular demandas y desarrollar repertorios de acción. La pregunta se podría concretar en lo que sigue: ¿Qué derechos va a demandar quien ni siquiera es considerado sujeto? ¿Es pensable que quien es negado como sujeto reclame derechos? Las prostitutas y trabajadoras del sexo están permanentemente siendo expulsadas (Maqueira, 2017) —del lugar donde ejercen la prostitución, sobre todo si es la calle, de la ciudadanía-laboral pues no se les reconoce como trabajadoras, etc.—, no son nunca reconocidas como sujetos individuales y mucho menos colectivos. Como afirma Georgina Orellano, líder del movimiento de meretrices argentino: “Las consecuencias que tiene la clandestinidad y la criminalización de nuestro trabajo es que no existimos…” (extraído del muro de Facebook de la organización AMMAR el 18 de noviembre de 2020). En este marco adquiere sentido la pregunta por el “derecho a tener derechos” que he escuchado en varias conferencias sobre la auto-organización de prostitutas y trabajadoras del sexo (entre otras, esta). La primera vez que la oí vino a mi cabeza, como no, el trabajo de Arendt (2006/1951) con su discusión de la imposibilidad de conceder derechos a quien no pertenece, en su caso los apátridas, a un Estado-Nación, a quien no existe. Los procesos de negación de la condición de sujetos y ciudadanas, incluso de humanas, de las prostitutas me hace plantear si el primer derecho a demandar no debe ser el mismo derecho a existir, el derecho mismo a tener derechos. Eso no es algo, sin embargo, que tenga que ser concedido por otros, sino que estas prostitutas y trabajadoras del sexo, con su mera auto-organización colectiva y su presencia en el espacio público están obligándonos a reconocerlas como sujeto de derechos (Butler, 2017). Y ese es, por supuesto, el primer paso para su “reconocimiento como sujeto político” (Entrevista a Putas Libertarias del Raval, en la revista “Todo por hacer”, consultable aquí), como actoras colectivas.

 

Referencias

Arendt, H. (2006/1951). Los orígenes del totalitarismo. Madrid: Alianza Editorial.

Bodelón González, E., y Arce Becerra, P. (2018). La reglamentación de la prostitución en los Ayuntamientos: una técnica de ficticia seguridad ciudadana. Revista Critica Penal y Poder, 15, 71-89.

Butler, J. (2017). Cuerpos aliados y lucha política. Hacia una teoría performativa de la asamblea. Barcelona-Buenos Aires-México: Paidos.

Juliano, D. (2004). Excluidas y marginales: Una aproximación antropológica. Barcelona: Cátedra.

Mac, J., y Smith, M. (2020). Putas insolentes. La lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales. Madrid: Traficantes de sueños.

Martínez, M. (2019). Identidades en proceso. Una propuesta a partir del análisis de las movilizaciones feministas contemporáneas. Madrid: CIS.

Mathieu, L. (2001). Mobilisations de prostituées. Paris: Belin.

Osborne, R. (1991). Las prostitutas: una voz propia (crónica de un encuentro). Barcelona: Icaria Editorial.

Pheterson, G. (Comp.). (1989). Nosotras, las putas. Madrid: Talasa.

Piven, F., & Cloward, R. (1977). Poor people’s movements: Why they succeed, how they fail. US: Vintage.

 

[1] Esto es algo que recorre los trabajos de movimientos sociales como ya pusieran sobre la mesa Piven y Cloward en 1977 al analizar por qué este ámbito de estudio no había analizado lo que ellos llamaban “movimientos de pobres” (movimiento de parados, de trabajadores industriales, de derechos civiles y del Estado providencia).

 

Entrevista a Kenia García: “Con el 187 bis del Código Penal sufriremos desahucios y persecución”

 

Por Gloria Marín

16 de febrero de 2021

“Con el 187 bis del Código Penal sufriremos desahucios y persecución”

 

Las trabajadoras sexuales llevan años organizándose y defendiendo sus derechos. Entrevistamos a Kenia García, trabajadora sexual y miembro del Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS) para hablar de la situación actual, del movimiento y de los retos más inmediatos. [Aquí se pueden encontrar otros materiales sobre este movimiento publicados en viento sur]

¿Cuál es la situación de las trabajadoras sexuales en el Estado español? Háblanos en primer lugar de los aspectos que ya estaban antes de la pandemia.

Es una situación de falta de derechos. El movimiento de las trabajadoras sexuales en el Estado español hace décadas que viene reivindicando derechos humanos y laborales. Los derechos son herramientas para defendernos ante los abusos y los atropellos. No tenerlos es no tener esas herramientas. Su ausencia provoca explotación, clandestinidad, abusos…

En concreto, la falta de reconocimiento de nuestra actividad como trabajo impide acceder a derechos tan básicos como la vivienda, porque sin nómina no se puede acceder a un alquiler, no se puede pedir una hipoteca…

Además padecemos incluso persecución. Especialmente las compañeras que trabajan en los espacios públicos, que son perseguidas por los Ayuntamientos por medio de las Ordenanzas municipales y por el Estado por la Ley Mordaza…

En resumen la situación era, y es, de abandono, exclusión, marginación y persecución.

¿Y qué ocurre cuando llega la pandemia? ¿Cómo os afecta?

Se añade la violencia económica. Pero no solo para las trabajadoras sexuales, sino en general para trabajadores y trabajadoras precarizadas y de la economía sumergida. Colectivos que quedamos excluidos del escudo social, entre ellos las trabajadoras sexuales.

¿Qué pasa cuando te confinan y no tienes derecho a paro, a ERTE…? Tienes que seguir trabajando, y lo tienes que hacer a costa de poner en peligro tu salud y la salud de la sociedad, porque tienes que elegir entre no comer o arriesgarte a enfermar. Muchas trabajadoras sexuales tienen familia que depende de ellas. Al no estar incluidas en la protección social no les quedó más remedio que seguir trabajando, en una actividad en la que no es posible aplicar las medidas para protegerse de la covid.

Es violencia económica porque se nos dejó sin ingresos. Tenemos un estado negligente. El “Nadie se va quedar atrás” fue solo un lema. Miles de personas se quedaron atrás, entre ellas las trabajadoras sexuales.

Además muchas han vivido otras situaciones añadidas. Hay muchísimas compañeras que viven en los lugares de trabajo porque no pueden alquilar, por no tener nómina, otras por estar en situación administrativa irregular. Esta supone un estado de no persona, de no derecho, no poder tener ni siquiera una cuenta bancaria… lo que les hace depender totalmente de estos sitios. Al cerrarse los clubes se dieron varias situaciones. Algunas negociaron seguir viviendo en ellos, en muchos casos pagando menos que cuando trabajaban, pero en cualquier caso acumulando deudas con los propietarios. En otros, como el del Club Olimpo, quedaron sin agua y sin luz. Y hay otro caso que es paradigmático de lo que supone la falta de reconocimiento como trabajo y de a quién beneficia. Es el caso del Club Paradise de La Jonquera. En marzo se adhirió a un ERTE para 69 empleados: cajeras, guardias de seguridad, limpiadoras… mientras las 90 mujeres que eran la base del negocio se quedaron fuera de él y en la calle —literalmente— porque no estaban reconocidas como trabajadoras. Muchas de las mujeres que trabajan en clubes son migrantes que no tienen una red familiar o social que las acoja.

Otras alquilamos pisos donde vivimos y trabajamos. Algunas conseguimos pagar menos o aplazar el pago, pero otras muchas al no poder pagar se quedaron en situación de sinhogarismo y tuvimos que buscarles albergues. Como los contratos que tenemos son verbales, no tenemos protección legal ni estamos cubiertas por las medidas para proteger los alquileres o evitar los desahucios.

Hablabas de la ley de Extranjería y del estatus de no persona que genera en mucha gente, entre ella las trabajadoras sexuales. ¿Cómo afecta la ley de Extranjería al trabajo sexual?

La ley de Extranjería es un mecanismo perverso que fomenta la economía sumergida; da poder a los delincuentes, a los abusadores; fomenta la trata…

Las mujeres migran por necesidad y por su derecho legítimo a buscar una vida mejor. Ante la imposibilidad de hacerlo por su cuenta tienen que recurrir a traficantes. No pueden pagarse el billete de avión y migrar, las fronteras no son permeables para ellas. Pero sí lo son para las redes. Por eso tienen que pagar muchísimo dinero y endeudarse con las redes para poder cruzar. Ahí empieza el círculo de vulneración de derechos. La Ley de Extranjería da a los proxenetas mucha más oportunidad de explotar a las mujeres, de abusar de ellas. Si una persona pudiera llegar y tener un trabajo, tener una cuenta bancaria, pagar alquiler, pagar impuestos… disminuiría mucho no solo la prostitución, también la economía sumergida. Habría menos abusos.

Esta ley hace que podamos optar solo a trabajos irregulares, entre ellos el trabajado sexual, durante al menos tres años, que suelen convertirse en siete, diez o más. Por una parte porque los ayuntamientos no cumplen su obligación legal de empadronar a todas las personas que realmente viven en él, independientemente de su situación legal o de que tengan contrato de alquiler, por lo que no pueden demostrar la residencia. Además se requiere un contrato de trabajo, que tiene que ser de un año a tiempo completo. Si soy trabajadora sexual, ¿dónde lo consigo? Todo esto más la burocracia prolonga la situación irregular, lo que va ligado a continuar en la prostitución, porque no se puede optar a otros empleos.

Además obliga a las mujeres a “buscar cobijo” en los clubes, porque no pueden alquilar una vivienda. Y eso da poder a los propietarios de los clubes para explotarlas. Esa es la perversidad del círculo vicioso en que nos mete la Ley de Extranjería. Gracias a ella los propietarios pueden explotar más a las mujeres.

El segundo Anteproyecto de ley de Libertad Sexual que está preparando el gobierno incluye como disposición adicional la introducción en el Código Penal del artículo 187 bis que castiga con prisión la tercería locativa, proporcionar un espacio donde se ejerce la prostitución. ¿Qué piensas de esta propuesta?

La idea general de la Ley de Libertad sexual, más conocida como ley del Solo sí es sí, es algo que hace tiempo que el movimiento feminista viene pidiendo y que las trabajadoras sexuales apoyamos. Pero esta ley basa la libertad sexual en el consentimiento de las mujeres y a la vez ignora, no da valor, al consentimiento de las trabajadoras sexuales. El Art. 187 bis criminaliza todo nuestro entorno, “aun con nuestro consentimiento”.

No sabemos en qué se basa el Ministerio de Igualdad para recuperar esta medida, que no es nada novedosa, es lo que había hasta la reforma del Código Penal de 1995. ¿Cuáles son las razones? No se han dado. Ni siquiera ha habido debate público de esta medida que no estaba en el primer Anteproyecto. Con las trabajadoras sexuales, que somos las principales afectadas, no se han reunido en ningún momento. Lo que sabemos es que organismos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la OMS… recomiendan a los gobiernos despenalizar la prostitución eliminando cualquier normativa que la criminalice directa o indirectamente, porque esto pone en peligro los derechos fundamentales de las personas que la ejercen.

En otros países, debido a medidas similares a estas, las mujeres están sufriendo desalojos forzosos, se quedan en la calle, porque los propietarios se ven amenazados de proxenetismo y no les queda más remedio que desalojarlas. En Argentina, que tiene una Ley de Trata —son medidas similares que se insertan en leyes diferentes— hay muchas compañeras que están siendo encarceladas, porque si varias alquilan juntas por seguridad es acusada de proxeneta la compañera que tiene el contrato a su nombre.

Las que trabajamos en pisos que alquilamos estamos con muchísima preocupación. Yo tengo mucho miedo, porque tengo un contrato verbal del estudio donde vivo y trabajo y si sale la ley el propietario me puede decir: tienes que dejar el estudio. ¿Dónde voy si yo no tengo una nómina para poder alquilar? Nos va costar mucho más encontrar un espacio donde trabajar de manera autónoma.

Con la ley Mordaza y con las Ordenanzas han ido contra las compañeras que están en los espacios públicos, con este proyecto de ley van contra las que trabajamos de manera autónoma.

En resumen, la consecuencia va a ser: desalojos, persecución vecinal, persecución policial… Va a estar más en peligro nuestro derecho a la vivienda y nuestra seguridad.

El  movimiento de las trabajadoras sexuales en el Estado español ha dado un salto adelante en los últimos años. El Colectivo de Prostitutas de Sevilla es uno de los más activos. ¿Cómo os organizáis y con qué objetivos?

Es cierto, el movimiento va tomando impulso, poco a poco vamos fortaleciéndonos, pero aún somos pocas. El gran reto que tiene el movimiento a nivel internacional, no solo en el Estado español, es superar el estigma. Es muy difícil dar la cara. Si no hay más mujeres reivindicando, denunciando, es por culpa de esa violencia social que es el estigma, ese es un obstáculo muy grande. No obstante, poco a poco, las trabajadoras sexuales se van organizando.

El Colectivo de Prostitutas de Sevilla nace en 2017 en Sevilla. Desde su inicio busca tejer, articular con otros colectivos, y eso le lleva a conformarse como una plataforma que une a mujeres de Sevilla,  A Corunha, Canarias, Madrid, Almería, Valencia, Asturias, el País Vasco…

Es un experimento social de lo que yo creo que debería ser el feminismo. Es un colectivo de y por las trabajadoras sexuales, somos nosotras quienes tomamos las decisiones y quienes tenemos la voz y el discurso. Pero también hay compañeras de otros ámbitos profesionales, mujeres que se unen porque creen en nuestros derechos. Pienso que eso debería ser el feminismo, que las mujeres deberíamos tejer desde todos los ámbitos sociales.

El CPS nace para hacer una incidencia social y política. Para conseguirlo, para poner en la agenda política el debate sobre la prostitución que necesitamos, primero hay que hacer una concienciación, porque es la sociedad la que tiene que presionar a las y los políticos, tiene que haber un interés en la sociedad. Ese es nuestro objetivo y nuestro trabajo habitual, pero el estado de alarma nos puso patas arriba. Ante las peticiones de auxilio que nos llegaban, nos dedicamos a formar redes de apoyo a nuestras compañeras que se habían quedado en la calle o no tenían ya para comer, para pagar el butano… No tenemos recursos propios y los tuvimos que buscar en nuestras redes.

Has hablado de problemas específicos de las trabajadoras sexuales, como el estigma, y de otros compartidos con otros sectores de la sociedad como la exclusión del escudo social y la Ley de Extranjería. ¿Cómo entendéis la articulación con estos sectores? Más en concreto, eres coportavoz de Regularización Ya, ¿qué significado tiene esta portavocía?¿cómo se llega a ella?

En efecto, muchos de los problemas que sufrimos los sufren también otras trabajadoras, pero la gran diferencia es que su trabajo sí está reconocido. Mientras las compañeras trabajadoras del hogar luchan por mejores condiciones y más derechos, nosotras no tenemos ninguno.

La portavocía es el resultado de un trabajo prolongado. Al CPS nos importan las luchas de las mujeres precarizadas de todos los sectores. Creemos que la manera de tener fuerza es articular los colectivos. Desde la fundación en 2017 siempre estuvimos apoyando a otros colectivos, como reflejan nuestras redes sociales. Esta es la base que ya teníamos. En abril, durante el estado de alarma, se lanza la campaña #RegularizaciónYa, que luego se convierte en movimiento. Las compañeras de SEDOAC, con quien ya teníamos lazos, nos propusieron participar, y también a las Prostitutas Libertarias del Raval. Y ahí entramos. Las portavocías se eligieron por votación de los colectivos, la propuesta de que una de ellas fuera para el CPS fue una de las más votadas.

Para mí este es un movimiento valiente, porque las prostitutas siempre somos consideradas agentes contaminantes. Por eso ni los políticos, ni los colectivos sociales, ni las asociaciones se quieren involucrar con nosotras, por miedo a ser señalados, difamados, por el hecho de apoyarnos. Pero a estas compañeras y compañeros eso no les importó. Creyeron que las trabajadoras sexuales necesitaban también tener voz en el movimiento y tuvieron la valentía de votar esta propuesta, que transmite un mensaje social muy potente: nosotras también formamos parte de las personas que estamos sufriendo esta situación de no persona, de exclusión, de empobrecimiento, de precarización, que provoca la Ley de Extranjería.

¿Cuáles son vuestros planes inmediatos?

Hay mucha incertidumbre y resulta difícil hacer planes. La mayor preocupación en este momento es el debate de la Ley de Libertad Sexual. Nos estamos organizando para pedir el apoyo del movimiento feminista, de las mujeres, de quienes crean que este artículo 187 bis lo que va a hacer es vulnerar nuestros derechos y ponernos en peligro, que es intolerable que una ley que supuestamente pone en el centro el consentimiento de las mujeres, anule el consentimiento de las trabajadoras sexuales. Nos hemos dirigido a la Relatora sobre Derecho a la Salud de Naciones Unidas para manifestarle nuestra preocupación.

Esto es fundamental porque sabemos las consecuencias que va a tener esta medida. Sabemos que con ella va a ser mayor la clandestinidad, el empobrecimiento, la persecución. Dicen que quieren combatir la explotación sexual, pero paradójicamente, lo que van a hacer es fomentarla, porque si no puedes trabajar de manera autónoma, al final buscas la ayuda de terceros. De ahí surge la explotación.

Pero además esto no nos afecta solo a nosotras, es algo que nos compete a todas las mujeres, porque con esto se están recortando libertades sexuales, se jerarquiza a las mujeres, se reproduce la división entre ellas: tú no puedes consentir porque eres una víctima, tú si puedes. Por eso nuestro objetivo es que se retire el 187 bis, y lo tenemos que enfrentar entre todas.

Por otra parte seguimos pidiendo lo mismo que siempre: el Ministerio de Igualdad debería dejar el camino del punitivismo y hacer lo posible para que la Ley Mordaza y las Ordenanzas —aunque estas sabemos que no son su competencia— dejen de penalizar a las trabajadoras sexuales.

Para acabar, ¿quieres añadir algo?

Mandaría un mensaje al Ministerio de Igualdad. Les diría que bajen a hablar con las mujeres de los sectores precarizados. Tenemos una ministra que no ha hablado con las jornaleras, las Kellys, las trabajadoras del hogar, las envasadoras, las aparadoras, las trabajadoras sexuales… Y está diseñando políticas equivocadas en nuestro caso, porque esta política nos va a vulnerar derechos. Las políticas se tienen que diseñar con las personas a quienes afectan, no desde arriba ignorándolas.

Gloria Marín

16/02/2021

 

Diversos colectivos de trabajadoras sexuales del Estado español envían una carta dirigida a la Relatora sobre Derecho a la Salud de la ONU, Tlaleng Mofokeng

El Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS), Las Putas Libertarias del Raval (Barcelona) y la Sección Sindical de Trabajadoras Sexuales de la IAC instan a suprimir el Artículo 187 bis del Código Penal del APLO-LS, y a diseñar políticas que garanticen nuestros derechos humanos y laborales como trabajadoras sexuales y como mujeres.

 

11 de febrero de 2021

 

La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la Salud Tlaleng Mofokeng

 

Comunicado

El Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS), Las Putas Libertarias del Raval (Barcelona) y la Sección Sindical de Trabajadoras Sexuales de la IAC hemos enviado este miércoles una misiva a la relatora Tlaleng Mofokeng haciendo referencia al Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual (APLO-LS), elaborado por el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España. Este anteproyecto, conocido popularmente como “Ley del Sólo sí es sí”,  se encuentra actualmente en trámite previo a su presentación al Congreso de los Diputados.

Como colectivos de trabajadoras sexuales reconocemos en la carta algunos aciertos del anteproyecto de ley como el incorporar disposiciones relativas al consentimiento explícito en relación a la libertad sexual, así como eliminar las diferencias entre los delitos de agresión y abuso sexual, y establecer la creación de diversos servicios especializados de atención para las víctimas de violencia sexual. Sin embargo subrayamos que después del periodo de aportes por parte de organizaciones de la sociedad, el texto ha sido modificado por el Ministerio de Igualdad en diversos aspectos, incluyendo diversas disposiciones que pueden llevar a la criminalización de las trabajadoras sexuales, con impactos graves en su derecho a la salud, vivienda y a la no discriminación, cuestiones que nos preocupan directamente si llegara a ser el texto final de la ley.

Por ello rogamos su intervención a la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la Salud Tlaleng Mofokeng  —así como la de expertos/as independientes de otros mandatos que Ud. considere pertinentes—, para que inste a España no solo a suprimir el Artículo 187 bis del Código Penal del APLO-LS, sino también a diseñar políticas que garanticen nuestros derechos humanos y laborales como trabajadoras sexuales y como mujeres, políticas que han de ser diseñadas conjuntamente con los colectivos a quienes afectan, mientras hasta hoy el Ministerio de Igualdad nos ha ignorado a pesar de haberles solicitado un encuentro en el cual poder socializar nuestras demandas, reivindicaciones y propuestas.

Depositamos nuestra confianza en la relatora de la ONU quien es reconocida por algunos de sus artículos sobre trabajo sexual en el que se ha mostrado su punto de vista pro derechos. «No creo que sea correcto o justo que las personas que intercambian servicios sexuales por dinero sean penalizadas y no lo creo por lo que hago» escribió en este texto en un medio mainstream.

 

Carta a la relatora Tlaleng Mofokeng

Ms.Tlaleng Mofokeng – Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la Salud

Apreciada Sra. Mofokeng,

Desde el Colectivo de Putas de Sevilla (CPS), Las Putas Libertarias del Raval (Barcelona) y la Sección Sindical de Trabajadoras Sexuales de la IAC, nos dirigimos a Ud. en referencia al Ante Proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual (APLO-LS), elaborado por el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España, en actual trámite previo a su presentación al Congreso de los Diputados. Consideramos que algunas disposiciones del referido APLO-LS amenazan los derechos de las trabajadoras sexuales, muchas de ellas mujeres transgénero y migrantes, en diversos aspectos.

El APLO-LS, también conocido popularmente como la “Ley del Sólo sí es sí”, ha tenido como objetivo incorporar disposiciones relativas al consentimiento explícito en relación a la libertad sexual, así como eliminar las diferencias entre los delitos de agresión y abuso sexual, y establecer la creación de diversos servicios especializados de atención para las víctimas de violencia sexual. Tales disposiciones nos parecen avances importantes para los derechos de las mujeres en España.

Sin embargo, luego de un período de «participación» en que las organizaciones de la sociedad civil hicieron aportaciones al APLO-LS, el texto del anteproyecto fue modificado por el Ministerio de Igualdad en diversos aspectos, incluyendo diversas disposiciones que pueden llevar a la criminalización de las trabajadoras sexuales, con impactos graves en su derecho a la salud, vivienda y a la no discriminación. Lamentablemente, estos cambios se introdujeron después del período de “participación” y las trabajadoras sexuales ya no pudimos hacer observaciones ni recomendaciones a este nuevo texto.

El APLO-LS (en su versión reformada) considera como violencias sexuales “los actos de naturaleza sexual no consentidos o que condicionan el libre desarrollo de la vida sexual en cualquier ámbito público o privado”, donde se incluye “la explotación de la prostitución ajena”, y establece que “se entenderá que hay explotación cuando exista aprovechamiento de una relación de dependencia o subordinación”. Esta definición de explotación permite excluir el consentimiento de las mujeres trabajadoras sexuales cada vez que exista una relación de dependencia o subordinación.

Pero aún más preocupante para las trabajadoras sexuales es la criminalización de la «tercería locativa» en el Código Penal. En su página 66, el Anteproyecto propone introducir un nuevo artículo 187 bis del Código Penal que literalmente establece:

El que, con ánimo de lucro y de manera habitual, destine un inmueble, local o establecimiento, abierto o no al público, a favorecer la explotación sexual de la prostitución de otra persona, aún con su consentimiento, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años, y multa de seis a dieciocho meses sin perjuicio de la clausura prevista en el artículo 194 de este código. La pena se impondrá en su mitad superior cuando la prostitución se ejerza a partir de un acto de violencia, intimidación, engaño o abuso de los descritos en el apartado 1 del artículo 187”.

La «tercería locativa» —es decir, el alquiler de inmuebles o establecimientos para el ejercicio de la prostitución— existió en el pasado en el CP español (Código Penal franquista de 1973) cuando la prostitución se consideraba una actividad inmoral, y se despenalizó con la aprobación del llamado «Código Penal de la democracia» en el año 1995. Es decir, el art. 187 bis en la propuesta del APLO-LS, lejos de ser una propuesta novedosa, es una vuelta al pasado y una regresión de derechos para las trabajadoras sexuales.

Nos preocupan enormemente las consecuencias que puede suponer esta propuesta, ya que lo que se entiende por “favorecer la explotación sexual de la prostitución de otra persona” es altamente impreciso y, más aún, cuando se establece que el consentimiento de la persona que ejerce la prostitución es irrelevante. De acuerdo al APLO-LS “se entenderá que hay explotación cuando exista aprovechamiento de una relación de dependencia o subordinación”. Esto es particularmente preocupante cuando se trata de trabajadoras sexuales que, en muchos casos, están en situaciones de gran precariedad y dependencia, como por ejemplo, las trabajadoras migrantes indocumentadas.

En efecto, la aplicación de esta norma puede hacer que todas las personas implicadas con algún tipo de responsabilidad en el uso de un inmueble para el ejercicio de la prostitución por terceras personas podrían llegar ser imputadas por este delito,1 al igual que cualquier articulación entre mujeres para el uso de un espacio laboral compartido, pudiendo llegar a investigarse cada contrato de alquiler como un presunto delito por «favorecer la explotación sexual de otra persona». Esto contribuye a reforzar la estigmatización de las trabajadoras sexuales, así como la precarización, estigmatización y violencia contra las trabajadoras sexuales, todo lo cual impacta directamente en nuestro derecho al nivel más alto posible de salud física y mental.

Como ha ocurrido en otros países, como Argentina, “el estigma y la discriminación a los que se enfrentan las trabajadoras y los trabajadores sexuales cuando se procuran servicios de atención a la salud, en parte debido a las prohibiciones de carácter penal relativas al trabajo sexual, así́ como un estigma social y autoimpuesto más amplio, repercuten directamente sobre su acceso a servicios de atención de la salud, y por consiguiente violan sus derechos a al nivel más alto posible de salud física y mental y a la igualdad y la no discriminación”.2

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha confirmado que la penalización de las actividades sexuales consentidas entre personas adultas viola la obligación de los Estados a respetar el derecho a la salud sexual y reproductiva al constituir un obstáculo legal que impide el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva.3

Si bien en este caso no se penaliza directamente el trabajo sexual en la ley, su ejercicio queda expuesto a los riesgos de una eventual criminalización secundaria, esto es, la que se da a través de la acción punitiva de la policía y agentes estatales, por iniciativa propia o a iniciativa de personas que puedan denunciar a las trabajadoras sexuales y a quienes les alquilan viviendas. En este sentido, las disposiciones del APLO-LS también podría poner en riesgo nuestro derecho a la vivienda, ya que exponen a las trabajadoras sexuales a un nivel alto de indefensión ante los posibles hostigamientos vecinales y/o de arrendadores, además de todas las implicaciones que todo esto puede llegar a tener en sus viviendas y los posibles desahucios que puedan sufrir, reforzando así, exponencialmente, la estigmatización y la clandestinidad de las trabajadoras sexuales, como ha ocurrido también en Noruega4 y en Argentina.5

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha confirmado que el derecho a la salud incluye «el derecho a controlar su salud y su cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias», así como «el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud».6

Por su parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha recomendado (Recomendación General No. 35) la derogación de todas las leyes que discriminan a las mujeres, incluyendo las leyes que criminalizan a las mujeres en la prostitución.7 En el mismo sentido se ha manifestado el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica en 2016.8 Asimismo, el Comité CEDAW ha recomendado (Recomendación general No 24) que debe prestarse especial atención al derecho a la salud de las mujeres que pertenecen a grupos vulnerables, lo que incluye a “las mujeres que trabajan en la prostitución”.9

El Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Anand Grover, sobre el derecho a la salud de los trabajadores migratorios, ha señalado que:

Los Estados tienen la responsabilidad de respetar, proteger y hacer posible el disfrute del derecho a la salud de los trabajadores migratorios de la industria del sexo, independientemente de que hayan sido o no víctimas de la trata de personas. Los trabajadores migratorios de la industria del sexo son un sector de la población muy estigmatizados, puesto que el sexo o el trabajo relacionado con el sexo pueden estar tipificados como delitos en muchos países. Los peligros de salud ocupacional a que hacen frente los profesionales del sexo incluyen un riesgo desproporcionado de contraer el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual y de ser víctimas de actos de violencia y, a menudo, de violación. La criminalización perpetúa la discriminación, el estigma y la violencia contra los trabajadores de la industria del sexo y constituye un obstáculo para el acceso a los servicios sanitarios, lo que perjudica su estado de salud. Sumada a la xenofobia, la criminalización puede legitimar el acoso, la intimidación y la violencia contra los trabajadores migratorios de la industria del sexo, especialmente por parte de las fuerzas del orden, sin proporcionar un mecanismo de protección o reparación.10

Por ello, dicho informe señala que “para garantizar el acceso no discriminatorio a la atención de la salud tanto en la legislación como en la práctica, los Estados deben despenalizar el trabajo sexual consensuado realizado por adultos, así como promulgar y aplicar leyes que amplíen los derechos laborales, la salud y la seguridad en el trabajo y el acceso a una atención sanitaria asequible, centrándose en los trabajadores migratorios de la industria del sexo que se encuentran en situación irregular”.11 También diversas agencias de Naciones Unidas han reiterado la importancia de la derogación de las leyes que criminalizan a los y las trabajadoras sexuales.12

Lamentamos esta deriva punitivista por parte del actual Gobierno de España, en medio de una iniciativa que debiera tener en el centro el reforzar el consentimiento y la autonomía de todas las mujeres. Por el contrario, las políticas criminalizadoras que afectan directa o indirectamente al colectivo de personas que ejercemos el trabajo sexual vulneran nuestros derechos y nos exponen a mayores peligros de abusos, explotación y clandestinidad en todos los ámbitos de su vida, poniendo en riesgo, entre otros, nuestra salud física y mental y nuestro derecho a la vivienda.

Por todo lo anterior, rogamos su intervención —así como la de expertos/as independientes de otros mandatos que Ud. considere pertinentes—, para que inste a España no solo a suprimir este Artículo 187 bis del Código Penal del APLO-LS sino también a diseñar políticas que garanticen nuestros derechos humanos y laborales como trabajadoras sexuales y como mujeres, políticas que han de ser diseñadas conjuntamente con los colectivos a quienes afectan, mientras hasta hoy el Ministerio de Igualdad nos ha ignorado a pesar de haberles solicitado un encuentro en el cual poder socializar nuestras demandas, reivindicaciones y propuestas.

Cordialmente,

María José Barrera Márquez – Colectivo de Putas de Sevilla CPS.

Janet Mérida – Putas Libertarias del Raval (Barcelona).

Paula Ezkerra – Putas Indignadas (Barcelona) / Sección sindical de trabajadoras sexuales de la IAC.

Carta Relatora (PDF)

Notas

1 Debe ser tenido en cuenta que muchas trabajadoras sexuales alquilan y comparten pisos (apartamentos) conjuntamente para trabajar, solicitan plazas en casas de citas, subalquilan habitaciones entre compañeras o utilizan su domicilio habitual como lugar de trabajo. También muchas trabajadoras sexuales, a partir de cierta edad y ante la falta de acceso a jubilación, debido a la falta de derechos laborales, optan por regentar o dirigir locales donde trabajan otras mujeres.

2 Amnistía Internacional (2016) «Lo Que Hago No Es Un Delito» El Coste Humano de Penalizar el Trabajo Sexual en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Disponible en: https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR1340422016SPANISH.PDF

3 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general 22, El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12), doc. ONU E/C.12/GC/22, 2016, párr. 57.

4 “En virtud de la legislación noruega, las trabajadoras y los trabajadores sexuales corren riesgo de desalojo forzoso, pues sus caseros pueden ser procesados por alquilarles la casa si venden servicios sexuales en ella.

Amnistía Internacional escuchó el testimonio de varias personas dedicadas al trabajo sexual en Noruega que habían denunciado violencia a la policía y habían sido desalojadas de sus hogares o expulsadas por haber hablado con la policía.

Una persona que representaba a una organización noruega de defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores sexuales explicó: «Si los caseros no proceden al desalojo, la policía interpone una querella criminal contra ellos […] La policía anima a los caseros a tomarse la justicia por su mano y aplicarla ellos mismos.” (Amnistía Internacional: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2016/05/amnesty-international-publishes-policy-and-research on-protection-of-sex-workers-rights/).

5 “En Buenos Aires, aunque desarrollen su actividad en domicilios particulares, las trabajadoras y los trabajadores sexuales suelen sufrir largas y violentas inspecciones y allanamientos de la policía, así como extorsiones y chantajes.

Las personas que se dedican al trabajo sexual en Buenos Aires informaron también de problemas para acceder a los servicios de salud, entre ellos una enorme estigmatización y discriminación. «Realmente no teníamos acceso a los servicios de atención a la salud, porque siempre que íbamos a un hospital los médicos se burlaban o nos atendían en último lugar», dijo a Amnistía Internacional una persona trans que se había dedicado al trabajo sexual.

Amnistía Internacional comprobó que estos obstáculos habían hecho que algunas personas que realizaban trabajo sexual prescindieran por completo de estos servicios”.(Amnistía Internacional: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2016/05/amnesty-international-publishes-policy-and-research on-protection-of-sex-workers-rights/).

6 Véase Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general No 14, El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12), doc. ONU E/C.12/2000/4, párr. 8, 2000

7 CEDAW, Recomendación General No. 35 (2017) párrafo 31 a).

8 Report of the Working Group on discrimination against women (A/HRC/32/44), 2016, para. 76.

9 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación general No 24 (La mujer y la salud), doc. ONU A/54/38/Rev.1 (capítulo I), párrafo 6 (1999).

10 Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Anand Grover (A/HRC/23/41), 2013, para. 58

11 Ibidem. para. 60.

12 Joint United Nations Statement on Ending Discrimination in Health Care Settings, July 2017 h ttps://www.ohchr.org/Documents/Issues/ESCR/InterAgencyStatementDiscriminationHealthCare.pdf

 

El colectivo de prostitutas murcianas lucha por sobrevivir a la pandemia: “Lo que nos importa es comer”

CATS califica de “catastrófico” el estado económico de las prostitutas debido a la devaluación que se está produciendo en sus condiciones de trabajo, pues han visto cómo la ley de la oferta y la demanda provocaba una bajada de precios en un momento crítico para ellas

 

Por Sergio de la Flor Flores

23 de enero de 2021

https://www.eldiario.es/murcia/sociedad/colectivo-prostitutas-murcianas-lucha-sobrevivir-pandemia-importa-comer_1_7036192.html

 

Una activista del Colectivo de Prostitutas de Sevilla MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

 

Tras diez meses de convivencia con el virus, la fatiga pandémica se ha establecido como un elemento del día a día en nuestra Región. La crisis sanitaria no solo ha conseguido dejar asientos vacíos en las cenas de Navidad: también ha amenazado de muerte a sectores como las agencias de viajes o la hostelería. Existe otro gremio aún más afectado por la COVID-19, pues desde que comenzó el primer confinamiento las prostitutas han visto cómo peligraba su modo de vida.

Este colectivo ha necesitado elegir entre dejar de trabajar y seguir ejerciendo aún a riesgo de su salud. Tras las restricciones al contacto social impulsadas por el Gobierno de Fernando López Miras, las prostitutas deben añadir el miedo a la multa a la lista de peligros que deben correr para seguir obteniendo ingresos.

Exponen desde el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS) que “la prioridad de quien no tiene ahorros es ganar dinero para poder vivir, así que hay gente a la que no le queda más remedio que ponerse a trabajar con la máxima precaución y entendiendo que es un riesgo”.

CATS asegura que estas medidas no influirán demasiado en las meretrices murcianas a la hora de resolver si continúan recibiendo clientes, pues una vez que ya han asumido el riesgo al contagio el peligro de la multa no resulta un elemento decisivo.

Más rotunda se muestra María José Barrera, miembro del Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS), cuando señala la falta de necesidades básicas que impulsa a estas mujeres a seguir trabajando en estas condiciones: “A las putas nos importa una mierda el coronavirus, lo que nos importa es comer”. La activista también se pronuncia a este medio sobre las complicaciones sanitarias derivadas de la precariedad en la que se encuentran con casos en los que “no han podido llamar a los servicios sanitarios teniendo síntomas por miedo a ser deportadas o porque el dueño del club no les dejaba”.

Un caso diferente es el de Sara, que expone cómo ella sí ha tenido la oportunidad de seguir obteniendo dinero una vez terminado el confinamiento en un piso que comparte con otras compañeras. De esta forma, ellas han seguido ejerciendo con medidas como el uso de la mascarilla, la desinfección exhaustiva o la recepción de un único cliente al día para poder rastrear los contactos en caso de resultar positivo.

No obstante, Sara reconoce las limitaciones de estas técnicas: “Al principio empecé trabajando con mascarilla, pero al final te la quitas porque no la vas a comer por debajo. Y si es difícil negociar el tema del preservativo con el cliente, negociar lo de la mascarilla es otra movida”.

Sobre su negocio, remarca que ella ha tenido la suerte de ser independiente y haber podido permitirse una inversión inicial elevada para la puesta en marcha de su profesión, pero recuerda a las “compañeras que no tienen ni para comer” y no pueden afrontar estos gastos extra.

La situación de las meretrices tras diez meses de emergencia sanitaria

Tras estos meses de pandemia, CATS califica de “catastrófico” el estado económico de las prostitutas debido a la devaluación que se está produciendo en sus condiciones de trabajo, pues han visto cómo la ley de la oferta y la demanda provocaba una bajada de precios en un momento crítico para ellas. Asegura que se encuentran “dependientes de ayudas de emergencia municipales y del reparto de comida de los Bancos de Alimentos, Cáritas o Cruz Roja, entre otras”.

Especial mención merece la situación de las meretrices que ejercían en burdeles porque no solo se enfrentaban a la pérdida de su lugar de trabajo, sino también de su lugar de residencia. Desde que el pasado agosto cerraran todos los clubes para evitar posibles focos de contagio, la suerte de sus empleadas ha dependido en gran medida de la bondad del dueño del establecimiento. De este modo, hay mujeres que se han vuelto a su país (del este de Europa, sobre todo), algunas que se han quedado en los clubes donde vivían sin tener que pagar nada y otras que han necesitado negociar con sus jefes para evitar un desahucio sin alternativa habitacional.

La suma de todas estas dificultades también han afectado a la salud mental de las meretrices. Desde la Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS) recuerdan que “si económicamente no estás bien todo afecta más al estado anímico”, pues aluden a la acumulación de facturas para justificar los numerosos casos de depresión que han proliferado entre las prostitutas.

Las soluciones planteadas

Como miembros de un modelo de trabajo no reconocido, las meretrices no han podido acceder a los ERTE y han encontrado dificultades añadidas a la hora de adquirir otras prestaciones, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Si bien el Ministerio de Igualdad anunció que las prostitutas podrían formar parte de este programa, la realidad es que esta medida obliga a las solicitantes del gremio a identificarse como víctimas de explotación sexual para poder acceder a él. Tampoco aquellas personas que no disponen de empadronamiento, como las inmigrantes ilegales, han podido solicitar esta ayuda. En consecuencia, CATS reconoce que el acceso a esta prestación ha sido escaso.

Por otra parte, el asociacionismo sí ha resultado ser de gran ayuda para estas mujeres, pues desde OTRAS aluden a él como la “única manera de seguir adelante” y denuncian que “si fuera por los dirigentes las prostitutas habrían muerto de hambre”. Así pues, estas organizaciones han impulsado medidas como la recogida de alimentos y la campaña de crowdfunding para paliar su precaria situación.

La situación legal del llamado ‘oficio más antiguo del mundo’

En España, la prostitución se encuentra en una situación de alegalidad: no está prohibida ni reconocida, sino que está tolerada. De esta forma, el trabajo sexual no se encuentra castigado ni perseguido, pero no se considera trabajo entre otras cuestiones porque, desde un punto de vista civil, una mujer no puede ser objeto de contrato porque es ilícito a las normas o la moralidad.

El Ministerio de Igualdad ha publicado un borrador de la ley de libertad sexual que incluye la penalización de la tercería locativa. Es decir, que todo aquel que destine un espacio a “favorecer la prostitución de otra persona, aún con su consentimiento, será castigado con pena de prisión de uno a tres años y multa de 6 a 18 meses”.

Las asociaciones de trabajadoras sexuales han rechazado de pleno esta medida y han comenzado a hacer campaña para evitar que se implemente. “Es una salvajada”, exclaman desde CATS: “Pone en la calle a cantidad de personas sin ningún tipo de alternativa.”

El Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo afirma que la “gran mayoría” de las meretrices murcianas desconocen la existencia de este borrador que, en caso de tramitarse, supondría un cambio drástico en sus vidas.

 

El toque de queda saca la prostitución a plena luz del día: «Montero aprovecha la pandemia para asfixiarnos»

Con la visibilidad, las meretrices también se levantan en armas: «Seas abolicionista o no, nosotras tenemos que comer»

 

Érika Montañés@emontanes´

30 de noviembre de 2020

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:uOqSyGTd-aMJ:https://www.abc.es/sociedad/abci-toque-queda-saca-prostitucion-plena-montero-aprovecha-pandemia-para-asfixiarnos-202011261412_noticia_amp.html+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=es

 

María José Barrera, prostituta que representa al colectivo en Sevilla, cuenta el abandono total que han sufrido en tiempos del coronavirus – REPORTAJE GRÁFICO: VANESSA GÓMEZ / PEP DALMAU / ALFREDO AGUILAR (IDEAL)

 

Sabrina Sánchez, Linda «Porn» (así se hace llamar, no siendo su apellido real) y María José Barrera son tres mujeres que ejercen la prostitución en distintos rincones de España. Normalmente, las meretrices se esconden al ver un micrófono, una grabadora o una cámara. Los periodistas no son muy bienvenidos. Con ciertos resquemores, acceden a hablar en ABC porque, denuncian, las tres representan a colectivos de mujeres que, aunque suene atrevido, están viviendo «su peor momento». Son, respectivamente, las representantes del sindicato Otras –no legalizado y pendiente de recurso por resolver en la Audiencia Nacional–, Aprosex (colectivo que agrupa a unas 8.000 prostitutas en Cataluña) y el colectivo de Mujeres Prostitutas de Sevilla, que ejercen en la capital hispalense.

La pandemia ha sacado a la luz (aún más si cabe) las miserias de este trabajo. Miles de mujeres ocultas en clubes de alterne, pisos, polígonos y barrios interpretan que el Covid-19 ha supuesto la estocada final a su trabajo. Con lo que se ven privadas del sustento. Por ello, la visibilidad también les devuelve a la «lucha» contra sus condiciones y la hipocresía en que se mueve el Estado. Se levantan en armas. Algunas, como Sabrina, van más allá y ponen nombres y apellidos al desaire: Irene Montero, ministra de Igualdad y abolicionista confesa que quiere poner fin a la prostitución en España, el que es, por otra parte y según Naciones Unidas, el tercer país donde más prostitución hay y reclaman los clientes del mundo.

La portavoz de Otras colige que el Ministerio de Igualdad y su titular, a quien han pedido un encuentro en numerosas ocasiones, ha aprovechado la pandemia para «asfixiarlas», para llevar hasta el final sus ansias abolicionistas, que tantas veces ha pregonado ante el altavoz mediático. María José Barrera, andaluza de 46 años, es de la misma opinión. Sus compañeras, en más de un 80% de los casos son inmigrantes, apela, no tienen para subsistir ni para enviar parte del dinero que ganan al otro lado del charco, así que se han visto abocadas a pedir en las llamadas «colas del hambre» de las organizaciones humanitarias. Y aun con todo, estas mujeres no tienen para comer, ni para alimentar a sus hijos o a sus familias fuera de España. Ella, aliada con algunos ayuntamientos sevillanos, han podido «auxiliar» de algún modo a 80 prostitutas y sus familias, pero, añade, «evidentemente no es suficiente. La ayuda es temporal y nuestras necesidades no caducan».

Linda tiene 40 años y es mexicana. Tras 15 años en el país, ha podido «ser independiente», reconoce a este periódico, y establecerse para trabajar sin necesidad de estar atada a un lugar específico. También asiente cuando se le pregunta por las penurias que están pasando cientos de mujeres en este país. Descartadas aquellas que están en manos de mafias y redes de trata (que son la inmensa mayoría, más del 80% según la Unidad de la Policía Nacional contra la Trata) las que ejercen la prostitución «consentida» se están lanzando ahora a las calles a plena luz del día, «obligadas», afirman, porque el toque de queda impuesto en todas las regiones no les permite estar en las calles, polígonos, barrios y carreteras en ningún caso más allá de la medianoche.


Las meretrices y sus colectivos acusan al Gobierno de dejarlas «en la cuneta» y desprotegerlas


A las cuatro de la tarde

En Barcelona, donde Linda reside y dirige la asociación de trabajadoras sexuales Aprosex, las prostitutas se están colocando a las cuatro y cinco de la tarde en el entorno del Camp Nou. Sabrina, portavoz del sindicato Otras que persigue la regularización de este trabajo con Seguridad Social, seguro médico, condiciones laborales reconocidas y cotización, ratifica que en dicha ciudad, donde ella también reside, están comprobando que a media tarde decenas de mujeres se colocan en torno a la Ciudad Universitaria. La imagen se ha trasladado de la madrugada a la tarde. Varias ordenanzas municipales, como en la ciudad de Granada, ya se han hecho eco de esta nueva realidad y han tratado de poner coto con un refuerzo de agentes policiales en los lugares donde se colocan. Lo mismo ha sucedido en la capital, en Madrid, con once nuevos focos donde comienza a recalar la prostitución a pleno día.

En un discreto paseo, el fotógrafo de ABC en Barcelona Pep Dalmau así lo atestigua en sus imágenes. Los estudiantes pasean por este enclave y algunos se asombran de ser interceptados por estas mujeres ofreciéndoles sus servicios. «Nos están empobreciendo cada día un poco más», se duele Linda, que ya no sabe cómo ayudar a salir de esta situación «tan grave». «Estamos marginadas, nos han puesto la banderilla para darnos la estocada final» por la pandemia, repite. El estigma social no las favorece. «Siempre nos hemos tenido que esconder, porque lidiamos con el rechazo general de la ciudadanía, pero esta situación es insostenible. Tenemos que mantener a nuestros niños, solo queremos un kilo de arroz», simplifica. «Este Gobierno que se dice feminista ha ido a por nosotras. Nos han cerrado todo; no son abolicionistas, son desaparicionistas, quieren que nos esfumemos y desaparezcamos. ¿Qué pretende hacer con nosotras si no? Estamos desesperadas», se queja.

Muchos clubes han cerrado

María José y sus compañeras describen a ABC que les están empujando poco a poco a una situación que se torna dramática. Antes del estallido de la pandemia, 1.200 clubes de alterne jalonaban las carreteras de este país. «Cerraron durante el verano los lupanares de Castilla-La Mancha y otras comunidades autónomas, como Cataluña, no nos han concedido ayudas específicas por la hipocresía que rodea a este oficio, desde el Gobierno no se nos quiere hacer ningún guiño para ayudarnos y nos dejan en la cuneta», dicen estas prostitutas. Presumen desde el Ejecutivo de que «no quieren dejar a nadie atrás, pero algunas no les interesamos y seguimos siendo personas», objetan.

El resultado es «que nos dejan morir»; «la gente tiene que buscarse la vida y el Estado ha decidido mirar hacia otro lado porque somos personas incómodas», infiere Sabrina Sánchez. Linda coge el testigo y asiente en su discurso también Barrera, desde Sevilla: «La mayoría de las prostitutas son personas que no tienen papeles y su situación es irregular. Sin la documentación en regla, tampoco pueden moverse mucho ni hacer ruido, así que están abocadas a ejercer clandestinamente en pisos o a no tener sus necesidades cubiertas». «Lo venimos denunciando desde marzo –agrega Sánchez–, pero no nos han hecho ningún caso. En Cataluña, por ejemplo, sigue todo cerrado y así es imposible trabajar y tener algo para comer».

Pese a las dificultades, estos colectivos dicen que no se van a callar y advierten de que se manifestarán contra un Gobierno que, lejos de proteger a toda la ciudadanía, está dejando caer a quienes no le interesan demasiado. El abandono que dicen sufrir las envalentona pero tienen miedo. La era del coronavirus (y, sobre todo, están pensando en la era del postcoronavirus ) les ha hundido en la incertidumbre. En una situación totalmente alegal en España, saben que muy difícilmente van a poder salir de este agujero en el sistema.

 

PALABRA DE PUTA: Propuestas feministas contra el estigma y por unos derechos para todxs

Curso online

https://aula.fundaciondeloscomunes.net/curso/palabra-de-puta

Inscripción y matrícula aquí:

https://aula.fundaciondeloscomunes.net/como-matricularse#overlay-context=

Nadie puede construir un mundo mejor, más feminista, calificando como triviales las necesidades materiales actuales de las trabajadoras sexuales, su necesidad de ingresos, de garantías frente al desahucio, de seguridad ante las leyes de inmigración

El propósito de este curso sería rescatar la cuestión de la prostitución, y del trabajo sexual en general, de un debate de posiciones más o menos ideológicas y/o morales, para abordarlo como la realidad (laboral, vital, social) que es y que comparten muchas mujeres (cis y trans), así como un número creciente de hombres.

Desde un punto de vista feminista entendemos que lo fundamental es, siempre, luchar por mejorar las condiciones de vida de las mujeres en general, se dediquen a lo que se dediquen. También, por lo tanto, mejorar las condiciones de vida de aquellas personas que realizan servicios sexuales remunerados.

Pensamos, además, que no tiene sentido hablar de ningún ámbito de trabajo o de vida sin hacerlo con sus protagonistas, en este caso, las personas que viven del trabajo sexual. Por eso, en este curso, para repasar los diferentes modelos ideológicos; para entender y desmontar el estigma de la puta; para conocer los procesos de autoorganización en este sector; para analizar el cruce entre prostitución y regímenes de frontera; para ahondar en los dispositivos actuales que intentan combatir la trata, su eficacia y sus fallas; para analizar, por último, qué normas y ordenanzas contribuyen a dar más libertad, seguridad y capacidad de decidir a las mujeres que ejercen y cuáles hacen todo lo contrario, nuestras maestras serán, como no puede ser de otro modo, principalmente, las personas que más saben de esto: las putas.

De Martes, 13 Octubre, 2020 hasta Miércoles, 9 Diciembre, 2020

Metodología:

El Aula Virtual es una herramienta que busca producir inteligencia colectiva con la capacidad cooperativa de participantes y tutoras. Para ello, el curso utilizará las siguientes herramientas.

  1. Sesiones on line. En cada sesión habrá una conferencia-debate on line, con la participación de ponentes de diversos espacios que ilustrarán los contenidos del curso y situarán los debates centrales.
  2. Debates y encuentros on line. Haremos un par de encuentros on line. Uno al principio del curso para conocernos e intercambiar nuestras expectativas con el mismo; otro al final, para compartir las conclusiones de lo aprendido y debatir en torno a una pregunta relacionada con los contenidos compartidos
  3. Lecturas y material audiovisual. Se proporcionarán lecturas y materiales audiovisuales básicos para las discusiones, así como materiales complementarios para profundizar.
  4. Foros de discusión, reflexión y dudas. En cada sesión, se propondrán discusiones sobre las lecturas y vídeos, dinamizadas por la persona tutora del curso. Además, se podrán proponer subgrupos tematicos para quien quiera centrarse en cuestiones más específicas.
  5. Trabajo (opcional) de fin de curso. Proponemos la realización de un breve trabajo tutorizado de formato libre (individual o grupal, pequeño artículo estilo académico o periodístico, video-entrevista, audio, análisis de caso, post, propuesta de intervención, etc.). Estos trabajos serán difundidos, para quienes así lo deseen,  en las redes de Nociones Comunes y publicados en el blog del Aula Virtual, con el objetivo de que queden disponibles para el común.

Temática:

Private – accessible only to group members

Inscripción y matrícula, aquí

El curso dura 9 semanas. Abajo todos los detalles.

Tutorización y dinamización del curso

  • Kenia García Trabajadora sexual, integrante del Colectivo de Prostitutas de Sevilla y portavoz de la campaña Regularización Ya.

 

Perfil del participante del curso y otras informaciones

  • El curso se adaptará a diferentes perfiles de conocimiento y experiencia. Por lo general, se dirige a cualquier persona interesada en desarrollar herramientas de comprensión y/o intervención en el ámbito de los feminismos, la división sexual del trabajo, la precariedad laboral, el activismo social y político en derechos laborales, discriminaciones por extranjería, violencias machistas, etc. Más en general, el curso está pensado para estudiantes y activistas interesades y/o implicades en cuestiones de movimientos sociales, feminismo, sociología, historia, pensamiento crítico o intervención social.
  • El tiempo estimado de dedicación al curso es entre 4 horas/semana (menor disponibilidad) hasta las 8 horas/semana (mayor disponibilidad). El tiempo dedicado al trabajo final (opcional) dependerá de cada participante.
  • Al terminar el curso, se podrá obtener un Certificado de la Fundación de los Comunes (Curso de 50 horas) para quienes hayan tenido una participación activa.

Para cualquier duda, incidencia o sugerenciano dudes en contactarnos en aulavirtual@fundaciondeloscomunes.net o en el formulario de contacto de la web.

 

Programa detallado del curso

SESIÓN 1. El régimen jurídico de la prostitución. Diferentes modelos ideológicos

Introduce: Lucía Fernández (Trabajadora sexual y estudiante de derecho)

Horario de conferencia-debate: martes 20 de octubre, 19h – 20:30 (quien no pueda asistir en directo podrá verla en diferido).

Si pensamos en la violencia policial no solamente como una violencia estatal, sino también (con frecuencia) como una violencia del hombre contra las mujeres, la penalización de la prostitución se ve iluminada de una forma novedosa: como un impulso clave de la violencia masculina hacia las mujeres

En esta sesión se analizarán, en un primer momento, los diferentes modelos ideológicos -prohibicionismo, abolicionismo, modelo legalizador, reglamentista y despenalizador-, para aterrizar, después, en el marco jurídico de la prostitución en España. Nuestro enfoque será siempre el de los derechos: la prioridad de los derechos humanos para todas las personas y el acceso a las condiciones materiales y subjetivas que hacen posible proyectos de vida dignos. Y las preguntas que querríamos compartir en el debate serían, entre otras: ¿qué marco jurídico garantizaría un mayor acceso a derechos laborales, de renta o de acceso a la salud? ¿Cuál aseguraría más eficazmente el derecho a la libertad de movimiento, al uso del espacio público, a la seguridad física y material? ¿La despenalización, en países como Estados Unidos, o la salida del limbo jurídico del trabajo sexual en España serían capaces de resolver per se las dificultades de las mujeres para no recurrir a la prostitución como fuente de ingresos en caso de no desearlo?

 

SESIÓN 2. Del otro lado del estigma. Fronteras a la sororidad y formas de atravesarlas.

Introducen: Laura Lux (Trabajadora sexual) y Paula Sánchez Perera (Activista del Colectivo de Prostitutas de Sevilla)

Horario de conferencia-debate: martes 27 de octubre, 19h – 20:30 (quien no pueda asistir en directo podrá verla en diferido).

La amenaza de “ser tratada como una puta” obliga a las mujeres a mantenerse a distancia de nosotras; pero la manera en la que una puta combate contra el poder tiene valor para todas

El estigma es “una marca o señal en el cuerpo”, dice la RAE. Un elemento visible y diferenciador, un signo que nos permite reconocer con claridad los elementos integrados y/o integrables en el sistema de orden de turno y al mismo tiempo discriminar los elementos desechables. Cuenta Gerda Lerner en su libro La creación del patriarcado, que el artículo 40 de las Leyes Mesoasirias estableció una clara jerarquía entre las mujeres respetables y “las otras”. Las primeras eran aquellas cuya sexualidad y cuerpos quedaban bajo el control de un hombre concreto (casadas, hijas solteras y concubinas) y las segundas, las prostitutas del templo, las rameras y las esclavas. Para diferenciarlas de modo inconfundible, las primeras habrían de ir veladas y las segundas, no. En el segundo milenio antes de Cristo ya se había establecido, por lo tanto, una jerarquía a sangre y fuego entre mujeres domésticas y mujeres públicas. Y desde entonces se ha ido forjando el estigma de las segundas. ¿En qué afecta este estigma aquí y ahora a las mujeres que realizan servicios sexuales? ¿Por qué “ser” puta totaliza la identidad de la mujer que ejerce, mientras que trabajando como profesora, por ejemplo, una no deja de ser hermana, madre, amante, vecina, deportista, etc.? ¿Cómo afecta este estigma a la sororidad entre mujeres y entre feministas, a la solidaridad entre las personas?

 

SESIÓN 3. Las putas deciden. Autoorganización, sindicación y cooperativismo

Introduce: Lucía Mim (Trabajadora sexual y miembro del Sindicato OTRAS)

Horario de conferencia-debate: martes 3 de noviembre, 19h – 20:30 (quien no pueda asistir en directo podrá verla en diferido).

A las trabajadoras sexuales nos han obligado a escuchar; ahora es nuestro momento de hablar. No estamos esperando a que nos inviten al movimienio feminista. Siempre hemos estado ahí

La sociedad es un enredo de relaciones de poder (de género, de clase, de origen, etc.) y para las personas situadas en posiciones de subalternidad por una o varias discriminaciones anudadas, lo más difícil es, casi siempre, salir de la culpa individual (y reunirse con otras, para analizar la estructura de poder que afecta a todas); romper el silencio (y tomar la palabra, para que nadie represente el lugar propio); escapar de la invisibilidad (y llenar el espacio, para denunciar opresiones y exigir derechos). Y son exactamente estos tres pasos los que llevan a la autoorganización, partiendo de la casilla del malestar propio para llegar a la de la agencia activa y colectiva, la única capaz de detonar luchas y de arrancar derechos para todxs. ¿Qué significa organizarse para las personas que realizan servicios sexuales? ¿En qué se beneficia una sociedad en la que cualquier colectivo tiene derecho a sindicarse, independientemente de su actividad económica? ¿Cómo puede contribuir la autoorganización de las trabajadoras sexuales a la lucha contra la trata?

 

SESIÓN 4. Trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Definiciones, realidades, propuestas

Introducen: Martina Kaplún (educadora social) y Nerea García (abogada feminista)

Horario de conferencia-debate: martes 10 de noviembre, 19h – 20:30 (quien no pueda asistir en directo podrá verla en diferido).

Suele ser habitual que las personas que abogan por los derechos de las trabajadoras sexuales argumenten que el trabajo sexual es algo muy diferente de la trata. […] La realidad es a la vez más compleja y más importante

En esta sesión partiremos de la definición de trata de seres humanos para analizar las diferencias y conexiones que tiene con otros fenómenos a escala mundial, como el tráfico de personas y la prostitución. Compartiremos datos de la situación de España, tanto a nivel legal como de la realidad de las mujeres, observada desde la intervención psico-socio-jurídica. El objetivo es poder generar una foto que nos facilite entender las necesidades en juego y construir propuestas, sin caer en mitos o estereotipos, y con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. ¿Los clientes distinguen entre personas en situación de trata y quienes realizan servicios sexuales por decisión propia? ¿Cómo funciona el sistema de identificación formal de suprevivientes de Trata de Seres Humanos y qué mejoras cabría plantear? ¿Cómo proteger, acompañar, reparar los daños sufridos por las víctimas de trata? ¿Qué medidas podrían ser más eficaces para combatir la trata?

 

SESIÓN 5. Atravesando fronteras. Migración y racismo en el trabajo sexual

Introducen: Ninfa (AFEMTRAS)

Horario de conferencia-debate: martes 17 de noviembre, 19h – 20:30 (quien no pueda asistir en directo podrá verla en diferido).

Un sistema en el que todo el mundo pudiera migrar, vivir y trabajar legalmente y con seguridad no sería un cambio enorme y radical; simplemente se tomaría en serio la realidad de que las personas ya están migrando y trabajando y que, en tanto sociedad, debemos priorizar su seguridad y sus derechos

El propósito de esta sesión sería mostrar el papel que juegan los regímenes de frontera y, en el Estado español, la ley de extranjería, a la hora de producir y reproducir unas relaciones de poder que subordinan a unas personas, las personas de origen extranjero, respecto de otras, las denominadas nacionales. Esta jerarquía determina de forma sangrante, en primer lugar, un acceso desigual a todo tipo de derechos entre las personas consideradas ciudadanas y las personas denominadas “sin “papeles”: derechos que van desde la libertad de movimiento hasta el derecho democrático al voto, pasando, por supuesto, por el acceso a renta, y el derecho a la salud o a la educación. Esta insoportable desigualdad acostumbra, además, a la sociedad a pensar a ciertas personas (personas racializadas en general) como las eternas “otras”, sean o no nacionales, hayan regularizado o no su situación de residencia. En otras palabras: los regímenes de frontera son una escuela institucional de racismo. ¿Cuál es la relación entre todas estas trabas a la libertad de movimiento y el trabajo sexual? ¿En qué situación se encuentra quienes realizan servicios sexuales y además no tienen papeles? ¿De qué formas se expresa el racismo en el ámbito laboral del trabajo sexual?

 

SESIÓN 6. Intersecciones y acuerdos feministas. Hacia una vida digna para todxs

Introducen: Marijose (Colectivo de Prostitutas de Sevilla) y María Barcons (Grupo Antígona)

Horario de conferencia-debate: martes 25 de noviembre, 19h – 20:30 (quien no pueda asistir en directo podrá verla en diferido).

Las políticas de la prostitución no deberían ser objeto de disputa entre mujeres, sino de colaboración. Tanto como lo queremos todas, las trabajadoras sexuales desean un futuro mejor, uno donde todo el mundo obtenga su ración justa de recursos y donde las supervivienies puedan tener acceso a la curación y a la justicia

Tener diferencias, incluso irreconciliables, es lo que hay. De hecho, no tenemos por qué estar de acuerdo en todo. Solo un pacto parece insoslayable en la lucha conjunta por demoler la relación de dominio patriarcal: que no solo su objetivo sino también, y muy principalmente, el propio camino hasta alcanzarlo, nos dote de las herramientas capaces de construir vidas mejores para las mujeres y para toda la sociedad. Tanto el trabajo del Grupo Antígona y su estudio de las ordenanzas sobre prostitución en diferentes municipios del Estado español, como, y sobre todo, la experiencia de las trabajadoras del Colectivo de Prostitutas de Sevilla, aportan muchas claves en este sentido. Pistas para pensar de qué manera, desde posicionamientos y sensibilidades muy distintas respecto de la prostitución pero también, desde una perspectiva feminista común, sería más que posible sintonizar en cuestiones básicas. Y si algo ha venido demostrando históricamente el movimiento feminista, con sus contradicciones, corrientes, mareas altas y bajas, tensiones, encuentros, conflictos, rupturas y confluencias, es su capacidad de mutar y de crecer, de complejizarnos y de enriquecernos con las diferencias.

 

*Todas las citas en cursiva que encabezan las presentaciones han sido extraídas de la obra “Putas insolentes. La lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales”, escrita por Molly Smith y Juno Mac, de Traficantes de Sueños [ed. ingl.: Revolting Prostitutes. The Fight for Sex Workers Rights, Londres y Nueva York, Verso, 2018]

 

Solidaridad con las movilizaciones de las Trabajadoras Sexuales en defensa de sus derechos

Por Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA)

4 de septiembre de 2020

https://www.lahaine.org/est_espanol.php/solidaridad-con-las-movilizaciones-de-1

 

Nuestra solidaridad y apoyo a las movilizaciones protagonizadas por trabajadoras sexuales de Andalucía para reclamar soluciones y medidas que palien la terrible situación.


 

Las asociaciones abajo firmantes queremos mostrar nuestra solidaridad y apoyo a las movilizaciones protagonizadas por trabajadoras sexuales de Andalucía para reclamar soluciones y medidas que palien la terrible situación en la que viven.La pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto de forma exponencial las debilidades y fracturas existentes en nuestra sociedad. Son muchos los colectivos a los que la pandemia ha sumido en la pobreza extrema. Es el caso de las personas, en su mayoría mujeres, que ejercen la prostitución. Se trata de un colectivo que parte de una situación de vulneración de derechos en nuestro país, condenado a la clandestinidad y la invisibilidad como consecuencia de la alegalidad, persecución, estigma social y/o por su estado de irregularidad documental.

La vulnerabilidad y negación de derechos de la mayoría de estas mujeres se ha acrecentado durante la pandemia dejándolas en la indigencia, sin poder cubrir necesidades tan básicas como la alimentación, el pago de suministros o un lugar para vivir, a merced de abusos e injusticias ante la imposibilidad de obtener ingresos para subsistir. Condiciones que se agravan para las que mantienen deudas que se acumulan con el paso del tiempo con arrendatarios de viviendas o con quienes las explotan.

Las medidas adoptadas por el Gobierno: 1) Plan de Contingencia ante la COVID-19 del Ministerio de Igualdad orientado a mujeres víctimas de trata y a “mujeres en contextos de prostitución en situación de vulnerabilidad” de abril de 2020 y 2) El RD 20/2020 de 29 de mayo que establece el Ingreso Mínimo Vital (IMV); no han llegado a la inmensa mayoría de estas mujeres, muchas de ellas con hijos e hijas a su cargo, tras seis meses del inicio de la pandemia. Medidas que dejan en los márgenes, a las que no pueden acogerse a ellas ya que su diseño no responde a su realidad y circunstancias. Es el caso del requisito de revelar que se ejerce la prostitución para acceder a estas ayudas, obviando las consecuencias y repercusiones que sobre ellas tiene el estigma de puta. Medidas que ni siquiera se han hecho efectivas para las que contaban con los requisitos para solicitarlas.

Concentración convocada en Sevilla en apoyo a las trabajadoras sexuales

El reciente cierre de los clubs de alterne, sin ayudas ni alternativas, no hace más que empeorar sus condiciones de existencia. Aunque puede ser una disposición oportuna por el estado actual de la pandemia, deja a estas mujeres en la estacada al no ir acompañada de ninguna medida de protección para quiénes no solo tienen en estos clubes su principal o única fuente de ingresos sino, además, su única residencia.

Nos preocupa la vuelta a los discursos y argumentos de corte higienista para imponer medidas que hunden aún más en la clandestinidad y el estigma a las mujeres que la ejercen. Ya durante los años duros del VIH las mujeres que ejercían la prostitución fueron objeto de políticas de control y vulneraciones de derechos auspiciadas bajo argumentos que las contemplaba como potenciales “agentes de contagio”, años y argumentos que pensábamos ya superados. Como entonces quedó demostrado, las trabajadoras sexuales “no son el problema, sino parte de la solución”. Como el resto de la ciudadanía, las trabajadoras sexuales en clubes deben de contar con los instrumentos necesarios para evitar contagios en el desarrollo de su actividad, y si estos no pueden ser garantizados, arbitrar alternativas sociales, económicas y habitacionales que les permitan vivir en dignidad y con salud.

El tiempo pasa, la incertidumbre, la angustia y la falta de perspectivas están haciendo estragos en un colectivo que ya partía de una posición de vulnerabilidad, lo que hace urgente habilitar medidas y recursos que den respuesta a esta dura realidad.

APOYAMOS sus justas y necesarias reivindicaciones y RECLAMAMOS al Gobierno que cumpla con su palabra de no dejar a nadie atrásreconociendo sus derechos y su situación de vulnerabilidad de modo que puedan acogerse a las políticas públicas que pretenden paliar las secuelas de esta crisis sanitaria, económica y social que tan duramente las está golpeando.

Si quieres firmar como colectivo o a nivel individual, rellena este formulario

 Organizaciones que ya han firmado, por orden alfabético (en negrita, promotoras):

Accionenred Andalucía, Abrir Brecha, AFEMTRAS (Asociación Feminista de Trabajadoras Sexuales), Anticapitalistas, Asamblea de mujeres de Tudela, Asamblea de Solidaridad con México – País Valencià, Asamblea Feminista de Madrid, Asamblea Plaza de los Pueblos, Asamblea Transmaricabollo de Sol, ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS DE ANDALUCÍA (APDHA), Asociacion tictac, ATA Sylvia Rivera, Ateneu del Raval, Bloc Violeta, Ca la Dona, Café Feminista Sevilla, Calala Fondo de Mujeres, Ciclobollos Dykes on Bikes, Colectiva de apoyo a Trabajadorxs Sexuales por la Emancipacion de la Industria del Sexo Red Colectiva Dis-Puta, Colectiva Mujeres con Voz Valencia, Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS), Colectivo Sirirí, Cuerpos Periféricos en Red, ESCODE, Federación Plataforma Trans, GENERA, Jornaleras de Huelva en Lucha, Kódigo Malva, LA CARPA, lovepapaya.com, Marx21, Metzineres. Entornos de cobijo para mujeres que usan drogas sobreviviendo violencias, Movimiento Wiphala España, Mujeres de Negro contra la guerra de Sevilla, Mujeres Progresistas por la Diversidad en Granada, Mujeres supervivientes, Mundo en Movimiento, Onda Joven Sevilla, Putas Libertarias Raval, Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, SEDOAC – Servicio Doméstico Activo, Sindicato de Trabajadoras del Hogar y los Cuidados SINDIHOGAR SINDILLAR, STRASS Syndicat du Travail Sexuel Francia, Transfeminismo Málaga, Tras la Manta, Xadud. Red de mujeres que usan drogas

y 355 firmas individuales

 

Trabajadoras sexuales en Andalucía: «No tenemos ayudas ni para dejar la prostitución ni para ejercerla»

Se quejan de que la autoridades no les ayudan y solo van al club «a enseñarnos a poner un condón y a hacernos la prueba del VIH»

 

Las trabajadoras sexuales, este martes durante su protesta en Sevilla – J. M. Serrano

 

M. Moguer

2 de septiembre de 2020

https://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-coronavirus-andalucia-trabajadoras-sexuales-andalucia-no-tenemos-ayudas-para-dejar-prostitucion-para-ejercerla-202009020717_noticia.html

 

Marijose Barrera es una de las portavoces del colectivo en defensa de las trabajadoras sexuales. Desde hace dos semanas se manifiestan y llegaron a colgar una gran pancarta en el puente de Triana de Sevilla reivindicando ayuda ante el inminente cierre de los clubs de alterne por la crisis del coronavirus.

Se ha visto al colectivo de trabajadoras sexuales en varias manifestaciones esta semana pasada, ¿Qué reivindican?

Llevamos un par de semanas protestando, sí. No tenemos ni recursos ni ayudas de nadie y encima nos dejan en la calle, sin vivienda. El Gobierno ya ha anunciado que quieren que se cierren todos los clubs y tememos que la Junta lo ponga en marcha ya.

¿Por la pandemia?

Sí. Nosotras entendemos  que hay una pandemia y que hay que tomar medidas, pero así no. En la calle no se puede dejar a nadie. Putas, migrantes, mujeres trans… Somos los que peor lo estamos pasando en esta crisis. No tenemos derechos ninguno.

¿Cómo ha sido el confinamiento para las trabajadoras sexuales? ¿Han pasado necesidad?

Durante el confinamiento hemos tenido que llegar a mandarle a compañeras en un club una bombona de butano porque no tenían ni calefacción ni se habían duchado en días. Así han estado algunas. Y ahora nos echan a la calle. No hay derecho. Porque además muchas mujeres que están en esto no saben de Internet, no tienen información. No saben qué hacer ni cómo.

¿Lo ponen más difíciles a ustedes el acceso a las ayudas del Covid-19?

Para acceder a ayudas nos piden que estemos empadronadas. Cómo vamos a estar empadronadas si muchas viven en los clubs donde ejercen. O nos piden que tengamos un contrato de trabajo para acceder al Ingreso Mínimo Vital. Qué contrato, eso es absurdo. Además quieren que hayamos pedido ayudas antes de solicitar el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Pero hay muchas compañeras que han ido tirando ejerciendo o limpiando casas o lo que sea y no han tenido que pedir ayudas antes. ¿Qué pasa, que no somos lo suficientemente pobres para una ayuda porque es la primera vez que nos hace falta?

¿No tienen ninguna ayuda específica para su colectivo?

No tenemos ayudas ni derechos ni para dejar la prostitución ni para ejercerla. Y eso cuando en el PIB se cuenta nuestro trabajo. Cuando la última crisis Europa le pidió a España que metiera en las cuentas lo que produce la prostitución para dar las ayudas. Es vergonzoso que hayamos avalado el rescate de la crisis de 2008 con nuestro cuerpo pero luego no tenemos acceso a ninguna ayuda.

¿Piden entonces que les regulen?

No queremos la regularización. Eso es lo que han hecho en Holanda, no es lo que buscamos. Lo que planteamos es un modelo como el de Nueva Zelanda.

¿Cuál es la diferencia?

En Holanda los derechos son sobre todo de los empresarios. La prostitución se orienta para eso, para que las compañeras trabajen en clubs de otros. En Nueva Zelanda los derechos son de las mujeres.

¿Y eso cómo repercute en su día a día? ¿Se organizan solas?

Eso supone que puedes darte de alta como autónoma, que pagues tus impuestos, que puedas hacer una cooperativa, es lo que queremos las prostitutas. Que cuando una compañera alquila un piso para montar un sitio de citas no aparezca como trata y ella sea la culpable…

¿Es lo que quieren las trabajadoras sexuales de Andalucía?

Hay de todo. También hay mujeres que quieren trabajar para otros, estar en un club. Pasa como en todas las profesiones.

¿Cuántas trabajadoras sexuales hay en Andalucía ahora mismo?

Eso no se sabe. No hay cifras ni las puede haber. Algunas son nómadas, cambian de club o piso cada semana. Y ninguna está registrada. Es un dato imposible de saber.

Si se regula la prostitución, ¿habría que certificar a las trabajadoras, crear título profesional?

No sé si habría que regular la formación. Nosotras reivindicamos nuestros derechos. De esas cosas se tiene que encargar el Gobierno, que es el que está capacitado.

¿No entran en esas cuestiones?

No, nosotras lo que queremos es nuestros derechos. No es normal que cuando saltó la crisis del coronavirus se aprobaron enseguida ERTE para las empresas. Los clubs se apuntaron y están todos cobrando menos nosotras. Los camareros, los de seguridad, el cocinero… Todos cobran su ERTE. Las prostitutas no. No tenemos ninguna de las ayudas de la pandemia. Todos ellos cobrando y yo en la calle.

¿Se sienten dejadas de lado?

No tiene sentido la forma en que está planteada la prostitución. Nos consideran a todas víctimas, pero nos multan por ejercer. Nos quieren ocultar y sancionar, pero recaudan el dinero que generamos con nuestro cuerpo.

¿Las quieren ocultar?

Lo que quieren es eliminar la prostitución de las calles del centro y los pisos donde se ejerce en los barrios bien.

Ahora mismo la prostitución es alegal, ¿temen que las prohiban?

Esto no la van a prohibir en la vida. Si la prohiben seremos clandestinas. Esto no va a desaparecer. La prostitución es la única vía que tenemos algunas de comer. Nosotras estaríamos encantadas de eliminar la prostitución de trata, la que supone abusos a las mujeres, esa sí.

Hay partidos que sí defienden la eliminación de la prostitución…

Izquierda Unida sí la quiere abolir, igual que Podemos. No queremos entrar en quién es mejor o peor, pero es verdad que el Ministerio de Igualdad y el PSOE se han lucido los dos en el Gobierno. Proponen cerrar los clubs de alterne y nos dejan en la calle sin más medidas. Sin techo, sin recursos… Y esto pasa en una legislatura en que como están Podemos y el PSOE en el Gobierno pensábamos que nos iban a tratar con más sensibilidad, que íbamos a ganar en derechos.

¿Sienten que no les atienden? ¿Hay atención pública en los clubs?

¿Al club vienen a cuidarnos? No, jamás. Vienen a enseñarnos cómo se pone un preservativo. ¡A nosotras nos vas a enseñar eso, hombre por favor! Y luego vienen a hacernos pruebas del VIH. Que esa es otra. Hemos pasado en los años 80 y en los 90 de ser las que expandíamos el sida, que vaya trabajito nos costó quitarnos ese estigma a ahora que nos quieran decir que transmitimos el coronavirus. Pues habrá quien lo tenga y quien no, pero en los clubs no es donde la gente se contagia.

¿Los clubs son un foco de contagio de Covid-19?

El problema es que ha habido un par de focos en clubs y como los hombres no dicen que se han ido de putas pues los cierran todos. Ala. Y las mujeres a la calle.

¿Desde el Ministerio de Igualdad no les han atendido en sus reivindicaciones?

Le pedimos una reunión a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y no nos recibió. Nos dieron cita el día 3 de junio y luego nos dijeron que había un problema de agenda. Nosotras pensábamos que con esta gente en el Gobierno íbamos a estar mejor las pobres. Iba a decir las precarias, pero esa palabra es un invento postmoderno. Yo no soy precaria, mire usted, yo soy pobre.