¿Es neoliberal defender el trabajo sexual?

Las putas empoderadas, organizadas reclamando derechos, se convierten en sujetos políticos. Y lo que hace a la libertad un asunto político –diría Hannah Arendt– es que es esencialmente colectiva

 

Paula Sánchez Perera – Doctoranda y activista del Colectivo Hetaira

20/03/2017

https://www.eldiario.es/tribunaabierta/neoliberal-defender-trabajo-sexual_6_624397566.html

 

Manifestación de prostitutas bajo el lema ‘Madrid me multa’, el 15 de febrero de 2014. Fotografía de Johannes Mahn.

 

La última estrategia de descrédito hacia quienes abrazamos la posición pro-derechos, en materia de prostitución, es la de tildarnos de neoliberales. Parece mentira, pero esta acusación en gran medida descansa en que aceptamos el consentimiento de quienes manifiestan ejercer por decisión propia el trabajo sexual. Se debe, entonces, a que respetamos la decisión de ejercer, a que no cuestionamos la libertad individual como argumento, a que no impugnamos los testimonios y la voz de las prostitutas por decisión propia.

  1. Cualquier decisión se encuentra, inevitablemente y de entrada, condicionada por estructuras de opresión y condiciones materiales. Además, según cuántas y cuáles sean las estructuras que atraviesen a cada persona y su intersección, el abanico de opciones de cada decisión será más o menos limitado. Ya se sabe que no es lo mismo ser una mujer blanca cis de nacionalidad española que una mujer negra trans migrante. Ahora bien, que toda elección se encuentre de base condicionada no es lo mismo que decir que está determinada por dichas estructuras. Por tanto, aunque no sea del todo preciso hablar de elección (porque estrictamente hablando nadie es libre), sí de decisión y de capacidad de agencia.Lo curioso de este tipo de argumentos que buscan rechazar la validez del consentimiento es que solo surgen en torno al trabajo sexual: ¿por qué?, ¿qué diferencia al trabajo sexual de otros trabajos? Un ejemplo: trabajar en una mina con exposición al amianto puede recortar de 15 a 20 años la vida de la persona trabajadora y desencadena frecuentemente  varios tipos de cáncer. Es una profesión de alto riesgo y, sin embargo, no existe un movimiento por la abolición de la minería ni artículos que impugnen la decisión de ejercerla, sino una lucha obrera por el reconocimiento de una legislación diferente vinculada a los problemas de la profesión.

¿Qué distingue a la prostitución de la minería?: el estigma. Un estigma que no solo tiene que ver con la discriminación y la moral sexual interiorizada, sino también y principalmente con la construcción del género femenino, sus límites y fobias. Hablar de estigma es hablar de feminismo, pero eso daría para otro artículo.

  1. Al margen del anacronismo de situar la prostitución como necesariamente vinculada al neoliberalismo, convendría recordar que esta opción ha sido desde siempre la estrategia de supervivencia económica de las mujeres más pobres. No es nuevo. Las hijas de las clases bajas, las que sufren de manera directa la feminización de la pobreza, son las que a lo largo de la historia han decidido realizar el trabajo sexual; e impugnar su decisión, como si las pobres no tuvieran agencia, es clasismo.

En el imaginario abolicionista las pobres son objetos pasivos de las circunstancias y en el mismo gesto en el que se les relega a un espacio de subalternidad, las réplicas a este argumento se ceban con las escorts que pueden y quieren dar la cara. Clasismo no es solo silenciar a las pobres, sino también asumir que es un discurso propio de las que ejercen de manera mejor remunerada. Se ignoran los testimonios de prostitutas por decisión propia como las de la Agrupación Feminista de Trabajadoras del Sexo (AFEMTRAS) que manifiestan palabra por palabra la misma decisión que sus compañeras. Pero claro, no conviene visibilizar a quienes captan su clientela en la calle, son mayoritariamente migrantes y, a menudo, mujeres trans. Se desmonta el hombre de paja si las mujeres que sufren la intersección entre estructuras de opresión tales como el racismo, la transfobia y la precariedad reivindican su decisión de prostituirse y querer hacerlo con derechos laborales que las protejan.

  1. La falacia de composición o de tomar la parte por el todo asume que aceptar la decisión individual de ejercer la prostitución realizada en un marco capitalista supone entonces aceptar, celebrar y estar de acuerdo con el capitalismo en sí mismo. No. La conquista de derechos sociales, civiles y laborales en un marco de creciente neoliberalismo salvaje es y sigue siendo una lucha propia de las posiciones políticas progresistas. Precisamente porque el modo de producción se ceba con las personas más vulnerables, combatir este sistema a menudo consiste en trabajar para que nos convirtamos en dueñas de nosotras mismas, en acompañarlas en su empoderamiento, en establecer alianzas para expulsar la desigualdad del marco. Feminista es trabajar por ampliar nuestros márgenes de seguridad personal, de autonomía y de autoestima. Feminista es reafirmar sus decisiones, sean continuar en el trabajo sexual o abandonarlo.

Mientras llega la prometida revolución, la lucha no debería ser contra putas y aliadas (difamando, caricaturizando, desinformando, acosando o tildándoles de alienadas o no representativas, cuando no de privilegiadas). Quienes deseen abolir la prostitución pueden trabajar para que existan opciones laborales mejor remuneradas para quienes quieran dejarlo y para que el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual (2015-2018) deje de ser una coartada para perseguir a la inmigración irregular. Apoyar a las prostitutas no es ni puede ser nunca apoyar las multas contra sus clientes y/o contra ellas, ya que precarizan aún más su situación, aumentan su vulnerabilidad frente los abusos, clandestinizan su trabajo y las relegan a una mayor inseguridad favoreciendo que todas entren a trabajar para terceros, donde la ausencia de legislación ampara todo tipo de abusos laborales. Apoyar a las prostitutas tampoco puede ser nunca desentenderse de las asalariadas, como si combatir la explotación laboral no fuese una causa de este movimiento. Apoyar a las prostitutas no puede ser jamás hacerse eco del estigma machista acosando, deslegitimando y ridiculizando a las escorts.

  1. Con todo, nuestra defensa del reconocimiento de la prostitución como trabajo no se centra en la libertad y voluntariedad de quien ejerce (aunque también, porque como feministas no podemos olvidar las mismas consignas que enarbolamos cuando defendemos el derecho al aborto). No. En primer lugar, porque esa libertad no es precisamente individual. Las putas empoderadas, organizadas reclamando derechos, se convierten en sujetos políticos. Y lo que hace a la libertad un asunto político –diría Hannah Arendt– es que es esencialmente colectiva. En segundo lugar, el ejercicio perverso de reducir esta postura a un mero asunto de libertad individual invisibiliza las auténticas razones de la denominación de feministas pro-derechos. Se trata de garantizar el acceso de todas las mujeres a los derechos humanos, la efectiva igualdad entre todas las personas, de frenar los abusos y la explotación laboral, la vulnerabilidad y la violencia institucional, la discriminación y el estigma.

Ojalá habitáramos en un mundo en el que porque hubiese consentimiento y voluntariedad el neoliberalismo fuese coser y cantar para las feministas. Precisamente porque no es así, precisamente porque la decisión de ejercer el trabajo sexual es solo la primera piedra para ponerse en marcha, trabajadoras del sexo y activistas seguiremos luchando.

 

Anuncios

Manifiesto de AFEMTRAS por la derogación de la LSC (Ley Mordaza)

 

 

Manifiesto de AFEMTRAS por la derogación de la LSC (Ley Mordaza)

No es cierto que la (LSC) Ley Mordaza no multa a las Putas
.
El Colectivo de las prostitutas nos vemos afectadas por esta ley, somos penalizadas por el artículo 36.6, es decir, por desobediencia a la autoridad.

¿Qué consecuencias reales están teniendo la ley mordaza?

En primer lugar:

aumento de la vulnerabilidad, ya que para evitar las multas nos vemos obligadas a ejercer en lugares más alejados

En segundo lugar:

aumento de la posibilidad de agresiones; porque están más pendientes de la presencia policial que de cualquier otra cuestión.

En tercer lugar:

promueven los abusos policiales y fomenta la impunidad ante este tipo de violación de derechos humanos.

En cuarto lugar:

Dificulta la identificación y protección de posibles víctimas de trata. Difícilmente considerarán a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado —que las están multando— como “aliados” para denunciar su situación, sino todo lo contrario.

En quinto lugar:

Aumenta la precariedad que ya de por sí vivimos las trabajadoras de la calle.

En sexto lugar:

Favorecen los intereses de los empresarios de los clubes. Estas normas nos empujan a abandonar la calle y trabajar en clubes y pisos para terceros en donde —debido la falta de derechos laborales que nos protejan de los abusos— los dueños imponen sus normas.

En último lugar, 

No tiene en cuenta nuestra voz. En ningún momento se ha consultado a las trabajadoras del sexo para elaborar leyes que nos conciernen; no se tienen en cuenta nuestras necesidades, poniendo en marcha una maquinaria represiva y punitiva contra nosotras, con ello se perpetúan el estigma y nos muestran como las eternas víctimas o peligrosas delincuentes en lugar de sujetos con derechos y con capacidad de decisión como el Reconocimiento de derechos humanos y laborales, nuestra firme voluntad por una buena convivencia con nuestros vecinos, la negociación de espacios donde podamos trabajar sin molestar ni ser molestadas, porque las trabajadoras debemos de tener espacios seguros, sin Mordazas.

 

Una trabajadora sexual lleva a juicio al Grupo Empresarial La Florida, propietario, entre otros, del Club Flowers, en Madrid.

 

Club de alterne Flowers: 90 euros al día por la habitación, hasta 15 horas diarias y una de descanso

 

Por Ter García

12 de marzo de 2018

 

https://www.elsaltodiario.com/trabajo-sexual/prostitucion-en-el-club-de-alterne-flowers-90-euros-dia-habitacion-una-hora-descanso

 

Una hora de permiso para comer —asignada y previa petición—, limpiar la propia habitación —por la que pagan 90 euros al día a los que sumar los gastos por toallas y sábanas— y asumir la obligación de cobrar 5 euros extra a los clientes por cada media hora de más de uso de la habitación —y si no, pagarlo del propio bolsillo—. Son algunas de las condiciones de trabajo que soportan las trabajadoras sexuales del Club Flowers, un local de alterne ubicado en Las Rozas propiedad del Grupo Empresarial La Florida SL, y que el próximo viernes 16 de marzo se pondrán sobre la mesa en el juicio por la querella presentada por una de las trabajadoras, Evelyn Rochel.

La historia de Rochel en el Club Flowers duró 15 años. De origen colombiano y de 41 años de edad, Rochel trabajaba en este club como captadora de clientes y como camarera. Durante esos 15 años, también ejerció la prostitución en diferentes clubes del mismo grupo empresarial. El primero de ellos fue en Riviera de Castelldefels, la llamada “catedral del sexo de Catalunya”, también propiedad de los dueños del Flowers, según publicada en 2017 El Español. De ahí pasó a otro club más del mismo grupo, y ya, en 2014, al Club Flowers, en Madrid.

Las condiciones eran duras. Rochel vivía en la habitación 113 del club, pagando 90 euros al día de alquiler por su habitación, una suma a la que, además, se sumaban los gastos en toallas y sábanas —un mínimo de 2 euros por muda—. Los horarios que iban de las once hasta las 15 horas diarias de trabajo. “Hay muchas niñas que se drogan para poder aguantar tantas horas, yo no porque estaba muy centrada en el deporte”, explica Rochel a El Salto. “Pero ¿os obligaban a trabajar tantas horas”, le preguntamos. Rochel explica que no, pero “te presionan: te llaman, te dicen que hay clientes; aunque no estés obligada, te sientes obligada”.

Con los días libres, Rochel es tajante: “No existen”. ¿Por qué? “No existen días libres porque el día que no trabajas no ganas, y tienes que pagar igualmente la habitación. Pagábamos el derecho al coto de caza, tenemos que pagar para poder conseguir el cliente”, explica.

Hay una conexión perversa entre estas normativas dirigidas a las chicas que trabajan en las calles y el impulso de los prostíbulos

Rochel señala que, aun así, prefiere trabajar en clubes de alterne por la sensación de seguridad. También apunta a las normativas municipales que en los últimos años se han enfocado en castigar a las trabajadoras sexuales de calle o a sus clientes. “Es una forma de empujarnos a que vayamos a trabajar a un club y paguemos al empresario, hay una conexión perversa entre estas normativas dirigidas a las chicas que trabajan en las calles y el impulso de los prostíbulos”.

ORGANIZADAS CONTRA EL ENDURECIMIENTO DE LAS CONDICIONES

El conflicto laboral comenzó en 2016, cuando los propietarios del club decidieron endurecer las condiciones laborales. A partir de entonces, las trabajadoras solo podrían ausentarse durante una hora para comer, y previa petición de un ticket en el que se le asignaba la hora de ausencia. También se disminuyeron las horas que la empresa pagaba por la limpieza del espacio, exigiendo que cada trabajadora limpiara su propia habitación tras cada servicio. La última modificación en las condiciones suponía obligar a las trabajadoras a que cobraran 5 euros extra al cliente por cada media hora de más en la habitación, poniendo la cantidad de su bolsillo si no lo hacían.

Rochel reunió a las cerca de 50 trabajadoras del club para pedir juntas que revocara las nuevas normas impuestas por el club

Rochel reaccionó ante las nuevas condiciones laborales reuniendo a las cerca de 50 trabajadoras del club para pedir juntas que revocara las nuevas normas, lo cual hizo, aunque sí comenzó a aplicarlas a las nuevas mujeres que llegaban a la empresa. Pero Rochel ya tenía los días contados en el club.

A mediados de febrero de 2017, a raíz de una discusión con un cliente, invitaron a Rochel a abandonar el club. La invitación la hicieron los gerentes del Club Flowers, Julián Cidoncha Ríos y Antonio Herrero Lázaro, condenado en mayo de 2014 por la Audiencia Provincial de Barcelona por inducción a la prostitución, asociación ilícita, cohecho continuado y uso de información privilegiada en relación al caso de Club La Riviera, en Castelldefels, que fue cerrado por orden judicial; condena que el Tribunal Supremo rebajó a una multa de 960 euros por hacer regalos a policías encargados de la inspección del prostíbulo. Rochel se atrincheró en su habitación hasta durante una semana, y lo abandonó escoltada por la Guardia Civil.

“Para Evelin, abandonar el club le suponía abandonar también el espacio en el que vivía. Esto es lo habitual en la prostitución, algo impensable en cualquier otra actividad económica”, señalan desde Hetaira, colectivo que subraya que, “además de quedarse sin trabajo y sin vivienda, su despido no vino respaldado por un finiquito, una indemnización o el derecho al paro” y que “por todos los años ejerciendo la prostitución en los clubes de las mismas personas, nunca, nadie, cotizó por ella a la Seguridad Social”.

Desde Hetaira explican que, desde hace unos años, y para “sortear” la Inspección de Trabajo, los propietarios de clubes de alterne siguen su propia estrategia para no tener que dar de alta a las profesionales como camareras de alterne. “No se abonan comisiones por las consumiciones que las trabajadoras propician que el cliente se pida en la barra y no se pueden acercar a ningún cliente a menos que éste haya encargado ya alguna consumición en la barra del local, con el fin de que el cliente tenga forzosamente que consumir para poder acceder a los servicios sexuales de las trabajadoras”, explican desde el colectivo en defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales. “Los propietarios de clubes ganan, las y los profesionales del sexo continúan sin derechos laborales y, supuestamente, sin relación laboral con un empresariado que impone sus propias condiciones laborales empeorándolas cada día más, continúan.

Durante la semana de encierro en su habitación, Rochel llamó a la policía y Guardia Civil para informarles sobre su caso, pero le respondieron que “no valía la pena denunciar al dueño porque iba a quedar en nada”. Pero en 2017, apoyada por el colectivo Hetaira, denunció al grupo empresarial por violación a la dignidad, a la integridad física y psíquica y a la intimidad durante los años que trabajó en los distintos clubes de esta empresa.

Esto supone romper con esa puerta que parecía imposible de traspasar en cuanto a las condiciones laborales en los clubes de alterne en este país

“Lo más complicado y difícil en la prostitución es poder tener en tus manos un caso como el de Evelin”, señala Mamen Briz, portavoz de Hetaira. “Evelin es una prostituta que ha decidido plantar cara a este grupo empresarial en concreto, pero para nosotras supone romper con esa puerta que parecía imposible de traspasar en cuanto a las condiciones laborales en los clubes de alterne en este país, y si esta situación pueda cambiar será por la presión de las propias trabajadoras de estos clubes”.

Briz señala la fuerza de estos grupos empresariales. “Sabemos la cantidad de influencias que pueden tener, también la influencia que ejercen sobre las testigos. Estamos en una situación de espera, sin saber cuál puede ser la resolución, pero este juicio sí va a ir sentando precedentes en cuanto a que mujeres y hombres trabajadoras del sexo se animen a presentar este tipo de denuncias, ya que si no, será imposible romper con esta situación”.

Este juicio, según subrayan desde Hetaira, “virtualmente puede tener gran trascendencia jurídica y práctica sobre los derechos laborales de las prostitutas de clubs de alterne en el Estado español”. El colectivo explica que algunos de los temas que este juicio pondrá sobre la mesa es si existe relación laboral entre la trabajadora sexual y la empresa, si la actividad de alterne puede encuadrarse o no dentro de alguna categoría profesional del Convenio de Hospedaje de la Comunidad de Madrid —si se entiende que sí existe relación laboral— y si el empresario abuso de su superioridad para vulnerar los derechos fundamentales de la trabajadora al no haber al no haber una legislación clara que ampare sus derechos laborales.

“La piedra angular será el reconocimiento de la prostitución como trabajo, y cuando pasemos a esa fase y se entienda que se necesitan de derechos laborales y las trabajadoras del sexo se puedan incorporar al Estatuto de los Trabajadores, se pondrá freno a estas situaciones”, concluye Briz.

“Yo sé que este juicio no lo voy a ganar —señala por su parte Rochel—, pero al menos que la sociedad sepa lo que pasa debajo de su casa. Eso es lo que me interesa, que conozcan las condiciones de vida de miles y miles de mujeres que trabajan en estos locales”.


Ver también

https://www.playgroundmag.net/now/Evelyn-la-prostituta-sindicalista-que-se-planto-ante-los-abusos-de-un-burdel-_28114128.html

http://www.ideal.es/sociedad/prostituta-derecho-20180316011941-ntvo.html

 

Afemtras: una asociación de mujeres trabajadoras del sexo y feministas en Villaverde (Madrid)

 

Derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, tener una buena relación con el barrio y mantener limpio su espacio de trabajo, la calle del polígono Marconi en Madrid, son algunos de los objetivos de la recién creada Agrupación Feminista de Trabajadoras del Sexo (Afemtras).

 

Jose Durán Rodríguez

08/10/15

https://www.diagonalperiodico.net/movimientos/28017-afemtras-asociacion-mujeres-trabajadoras-del-sexo-y-feministas-villaverde-madrid

Rueda de prensa de la presentación de la plataforma Afemtras.

“Somos mujeres trabajadoras del sexo y somos feministas, sí”, explica a Diagonal Antonela, una de las portavoces de la plataforma Afemtras (Agrupación Feminista de Trabajadoras del Sexo) presentada el miércoles 7 de octubre, que se fija como objetivos “detener el abuso de las multas contra nosotras y nuestros clientes, tener una buena convivencia con vecinos y empresarios de la zona y mantener nuestro lugar de trabajo limpio”.

Antonela afirma que el principal problema al que se enfrentan es “la Ley de Seguridad Ciudadana, que se supone que intenta proteger a los ciudadanos y a nosotras no nos está protegiendo, al contrario, nos están queriendo hacer invisibles, mandándonos a los lugares más recónditos para trabajar, donde vamos a correr más peligro”.

Por ello, la primera actuación de la asociación es la exigencia al Gobierno de la derogación inmediata de esta normativa que, entre otras cosas, impide que puedan acordar servicios sexuales con los clientes, pues sobre ambas partes pesa la posibilidad de ser multadas.

Otro de los objetivos de Afemtras es mejorar la relación con el vecindario, la colonia Marconi en el distrito de Villaverde (Madrid), “ni buena ni mala” dice Antonela pero sí marcada por dinámicas que la hacen difícil. “Es lógico que a los vecinos no les guste que las chicas estén desnudas enfrente de los parques o colegios. Es una de las cosas que queremos matizar y regular, que las chicas se alejen de los edificios y parques, que no se hagan servicios en los parques donde están los vecinos”, asegura.

Para ello, han presentado un compromiso que recoge desde el fundamental respeto a quienes viven en la zona como hacia las empresas, ya que, según recoge la declaración, “nuestros intereses pasan por la cordialidad”.

Una acusación recurrente sobre las trabajadoras del sexo de la zona es que contribuyen a ensuciarla y degradarla. Antonela lo niega, recurriendo a un argumento difícil de rebatir: “No somos nosotras quienes traen la suciedad al polígono, nosotras no queremos ensuciar nuestro lugar de trabajo. Lo que se ve siempre, lo que muestran los medios, son escombros y, como entenderás, nosotras no llevamos escombros a nuestro lugar de trabajo”.

Afemtras también persigue un objetivo más general, que es la mejora de las condiciones de trabajo y el reconocimiento de su actividad laboral para disfrutar de los derechos y cumplir con los deberes que acarrea.

“Queremos una regularización, para tener unos derechos y aportar al país, a la Seguridad Social. Nosotras ya pagamos impuestos, con el piso, cuando hacemos la compra. Queremos ser reconocidas como trabajadoras por el trabajo que hacemos y poder tener derecho a la Seguridad Social”, explica la portavoz.

 

“La puesta en marcha de la ley de seguridad ciudadana está siendo terrorífica para las prostitutas”

 

Entrevista a Encarna Bodelón, jurista, profesora UAB y directora del grupo de investigación Antígona; Martina Kaplún, educadora social de la Fundación Cruz Blanca; y Mamen Briz, colectivo Hetaira

 
 

Estas tres expertas analizan la legislación que regula la prostitución para conocer cómo afecta a las mujeres, sus aspectos positivos y negativos; y reivindican un enfoque de derechos.

 

Por David Penado 

Sábado 10 de febrero de 2018

https://www.elboletin.com/noticia/159220/nacional/la-puesta-en-marcha-de-la-ley-de-seguridad-ciudadana-esta-siendo-terrorifica-para-las-prostitutas.html

 

Martina Kaplún, Diplomada en Educación Social y Experta en Género, con orientación hacia los temas de Violencia contra las Mujeres, Trata de Seres Humanos y Migraciones, es educadora social de la Fundación Cruz Blanca y posee una amplia trayectoria dentro de la Red Española Contra la Trata de Personas (RECTP). A través de ella, participa en el Grupo de Trabajo de Evaluación del Impacto de la Ley de Seguridad Ciudadana y las Ordenanzas Municipales sobre las mujeres que ejercen prostitución, promovido desde el Foro Social contra la Trata.

 
 

Encarna Bodelón es Profesora titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), desde donde dirige el grupo de investigación Antígona, especializado en el análisis del derecho con perspectiva feminista. En la actualidad coordina el proyecto DEORGE, sobre ordenanzas de prostitución en el Estado español.

Mamen Briz, periodista y máster en Género y Políticas de Igualdad entre Hombres y Mujeres, pertenece al colectivo Hetaira, nacido en 1995, a iniciativa de un grupo de mujeres, entre las cuales algunas ejercían la prostitución, ante la necesidad de organizarse para combatir el estigma social que recae sobre las prostitutas y reivindicar sus derechos. Además de sus publicaciones, ha sido guionista de los cortometrajes Túnel número 20, Pelonas, Rompiendo géneros y de los making of de la película Princesas y del videoclip Me llaman Calle.

Todas ellas han sido parte de un debate promovido por el grupo de Ahora Madrid, que gobierna la capital, con el propósito de buscar un consenso amplio entre todas las agentes sociales implicadas sobre la eficiencia de las políticas públicas municipales que regulan la prostitución en un contexto como el que marca la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza. Asimismo, han contribuido al análisis de ordenanzas y leyes estatales y locales que regulan la prostitución para conocer cómo afectan a las mujeres, sus aspectos positivos y negativos. En este marco, se desarrolló esta entrevista con EL BOLETÍN.

Cómo parte de este proceso, ¿qué aspectos han estado tratando con el Área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad del Ayuntamiento de Madrid?

Martina Kaplún (MK): Hemos estado analizando la situación actual con respecto a las ordenanzas fundamentales para ver cuáles podrían ser las mejores políticas públicas de la ciudad de Madrid para abordar la temática de la prostitución.

Encarna Bodelón (EB): Desde Antígona, el grupo de investigación de la UAB del que soy directora, hemos dirigido dos investigaciones: una del 2014 para el Ayuntamiento de Barcelona, sobre cómo se estaba aplicando la ordenanza municipal que regulaba aspectos de prostitución en la ciudad; y otra investigación, que ahora está en curso a nivel nacional, que compara cómo en distintas ciudades de España se están aplicando las ordenanzas. Entonces, mi aportación es explicar los resultados de estas dos investigaciones, sobre todo centrándonos en qué aspectos de estas dos ordenanzas no están funcionando o incluso vulneran directamente derechos de las prostitutas.

A propósito de la investigación para el Ayuntamiento de Barcelona, la actual corporación se ha manifestado muy crítica con la anterior ordenanza. En este sentido ¿cómo ha evolucionado su trabajo con ellos?

EB: Hay una discusión entre los diferentes grupos sobre cómo se va a cambiar esa ordenanza, pero el Gobierno de Ada Colau sí que pretende reformar distintos aspectos de la ordenanza porque en distintos informe de evaluación que se han hecho se ve que se han estado vulnerando derechos de las personas. Concretamente, en el tema de prostitución, en el informe que hicimos Antígona y la Fundación Sur vimos que había distintos tipos de vulneraciones de los derechos de las trabajadoras sexuales: desde la reiteración sobre todo de las multas sobre las trabajadoras sexuales, no sobre los clientes; el hecho de que estas multas estaban recayendo muchas veces sobre mujeres que las organizaciones que trabajan con ellas habían preidentificado muchas veces como víctimas de trata; o que en otros casos lo que hacen es bloquear sus cuentas corrientes; se dan casos de acumulación de multas y así organizaciones de mujeres que trabajan con ellas como Genera tienen casos de mujeres con miles de euros de deuda. Incluso, con el anterior gobierno municipal porque ahora esto sí que ya no está sucediendo, casos de vulneración de derechos tan graves como malos tratos físicos, coacciones, amenazas. Vulneraciones de derechos muy graves.

Mamen Briz (MB): En Madrid, la mayor preocupación que tenemos es la aplicación de la ley de seguridad ciudadana que está permitiendo las multas tanto a clientes como a prostitutas y esto está haciendo todavía más complicadas sus situaciones de vida y de trabajo. La situación de vulnerabilidad en que ya se encontraban aquellas personas que captan a su clientela en la calle ya era alta, pero ahora muchísimo más ya que los tratos con los clientes tienen que ser más rápidos, casi semiclandestinos. De esta forma, se disminuye su capacidad de poder negociar sobre el tipo de servicio qué hacer o sobre el dinero que pueden ganar con cada uno de ellos. Todo esto está suponiendo una vuelta atrás. Creo que nunca habíamos vivido una situación tan difícil ni tan dramática en la calle. Hemos vivido situaciones complicadas como la propia crisis económica que afecta a todos los sectores; también a aquellas que habían abandonado el ejercicio de la prostitución y que han vuelto a reengancharse trabajando en prostitución. Pero la puesta en marcha de la ley de seguridad ciudadana está siendo terrorífica y además se está aplicando de una forma bastante injusta porque hay zonas específicas donde se aplica con muchísimas ganas como, por ejemplo, en el polígono de Villaverde; frente a lo que se hace en la zona centro de Madrid donde parece que es un poquito más disimulada la cantidad de multas que se están poniendo.

Además, más allá de lo que es la ciudad de Madrid, por ejemplo, hay una ordenanza que está en marcha en Alcalá de Henares desde el año 2011 con el Gobierno anterior, del PP, que multaba tanto a trabajadoras del sexo como a sus clientes. Ahora, está el partido socialista y han hecho un cambio: desde hace menos de un año “tan sólo” se multa a los clientes. Esto no deja de ser un ejercicio de demagogia muy grande porque en el momento en que vas a multar a los clientes, estos no se van a acercar a demandar un servicio sexual y estas influyendo también negativamente sobre las condiciones de vida y de trabajo de las chicas de la calle. Es muy demagógico permitir un negocio, pero multar a cada cliente que aparece porque entonces te quedas también sin negocio.

En cualquier caso, ¿qué margen creen que hay para las regulaciones municipales cuando vemos que, por encima, hay leyes estatales que las condicionan?

EB: Como jurista, yo lo que puedo decir es que llama poderosamente la atención que las ordenanzas municipales en absoluto se han dedicado a desarrollar derechos fundamentales como la igualdad entre mujeres y hombres. No han dedicado ni un artículo a desarrollar este aspecto; y de repente sí han incluido sanciones hacia un colectivo tan vulnerable como las trabajadoras sexuales. Esto es lo primero: si las ordenanzas municipales tiene que recoger algún aspecto relativo a las trabajadoras sexuales tendríamos que empezar por otras partes como, por ejemplo, el desarrollo de una educación no sexista. En definitiva, por desarrollar todos los aspectos de ciudadanía de las mujeres en nuestros municipios y no por medidas de sanción a las trabajadoras sexuales que están en la calle. Es un contrasentido enorme que ese espacio normativo sea utilizado solo para la sanción de la prostitución.

MB: Creo que intentar acercarse a un problemas social exclusivamente a través de las sanciones y teniendo tan solo el ideario de la seguridad frente a la idea de los derechos de muchísimas mujeres es lo más grave. No se esté teniendo en cuenta la situación de ellas, ni sus necesidades. Tampoco se les ha preguntado absolutamente nada y esto es lo que suele ocurrir cuando no se cuenta con interlocución. Hay falta de interlocución y de participación de las trabajadores del sexo en los procesos que les competen directamente a ellas. Mientras que cuando hay un conflicto vecinal o de un sector de obreros de cualquier empresa, se les tiene en cuenta; a las prostitutas se les barre del mapa y se escucha a las instituciones, a los vecinos, a los comerciantes… Por el contrario, no suele haber mesas de diálogo en donde ellas también estén participando abiertamente y esto es un problema. Se las estado dejando al margen de participar en qué tipo de políticas podrían ser las mejor para ellas.

MK: Hay un tema que llama mucho la atención y es que la mayoría de las ordenanzas que tenemos en España que abordan esta temática son ordenanzas de uso del espacio público en general, en donde se tipifican conductas tan dispares como la venta ambulante, orinar en la calle, el vandalismo contra el mobiliario urbano, etc. Y es, entonces, en el medio de ese tipo de ordenanzas dónde se abordan este tipo de comportamientos, cuando se mete un poco a capón un tema que tiene que ver con Derechos Humanos y para el que éste no es el instrumento adecuado.

En ese sentido, nos encontramos que la mayoría de este tipo de ordenanzas regulan, en general, cualquier tipo de conducta de uso del espacio público que se considera inadecuada. Ahí, se meten aspectos ya no sólo de prostitución; sino también, por ejemplo, de personas que viven en la calle y en los que el enfoque de derechos brilla por su ausencia.

MB: Enganchando con eso, hay otro aspecto a tener en cuenta y es que, de esta forma, se está aumentando el estigma social que ya existe sobre las prostitutas, que ya de por sí es bastante grande. El imaginario que se despierta es el de que son criminales ya que se las está criminalizando. Creo que es una de las cosas que más daño está haciendo, porque no se las considera ciudadanas, sino gente incívica a la que hay que multar por encima de todo y sin tener en cuenta cuáles son sus necesidades reales. Esto parece una cuestión menor y, sin embargo, creo que es la mayor: esa idea de que o somos víctimas o somos delincuentes. Ese es el tratamiento por parte de las instituciones.

Entonces, ¿qué aspectos concretos creen que sí deberían abordar las ordenanzas municipales?

MB: Yo no creo que en un asunto como la prostitución, en el que además estamos hablando de una muy concreta que es aquella que capta su clientela en la calle, una ordenanza vaya a servir absolutamente para nada porque no es el instrumento para mejorar sus condiciones de trabajo. Como organización, no nos cabe en la cabeza que las demandas sociales deban tratarse de manera sancionadora cuando no vienen acompañadas de ningún otro elemento.

MK: Hay otros instrumentos de políticas públicas que pueden ser mucho más útiles para abordar estas situaciones. Además, debe hacerse desde punto de vista consensuado y participativo, en el que se escuche a todas las voces. Poner así en marcha las políticas públicas municipales más adecuadas para justamente asegurar en primer lugar los derechos de las personas más vulnerables. Como seres humanos tienen esos derechos y es el deber de las instituciones garantizarlos. Este es el punto prioritario que nunca deberíamos ignorar en las políticas públicas desde un enfoque de derechos. Ahí, a través de diferentes instrumentos de la política municipal, el Ayuntamiento tiene mucho que decir: puede hacer políticas de prevención, de ayuda, de detección de situación de vulnerabilidad. Hay mucho que se puede hacer desde un punto de vista positiva y no desde la sanción.

¿Creen que el plan de Derechos Humanos que se ha elaborado recientemente desde el Ayuntamiento de Madrid está cubriendo estos aspectos?

MB: Para nosotros supone un apoyo y, por ejemplo, en el caso de una queja de maltrato policial en el polígono de Villaverde, nos ha permitido que también desde la oficina de DD.HH. del Ayuntamiento se interceda ante Delegación del Gobierno para ver cuál ha sido la actuación en ese caso de la UCRIF (Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales del Cuerpo Nacional de Policía) y que, bajo nuestro punto de, vista ha sido muy negligente. La policía supuestamente debería estar para ayudar a las mujeres y detectar posibles víctimas de trata, no para machacarlas a través de insultos, expresiones transfobas, etc.

MK: El plan de DD.HH. para mi es la prueba de que se pueden hacer otro tipo de políticas públicas. Ahora bien, es un plan general que aborda cuestiones de DD.HH. en genérico y cuando hablamos de prostitución hablamos de un tema que tiene muchas aristas y dificultades en su abordaje porque genera debate o incluso enfrentamiento a nivel vecinal y requiere un acercamiento específico. Pero es la prueba de que se puede legislar desde un Ayuntamiento de otra manera y además con un proceso que fue muy rico y trabajado. No fue de arriba a abajo y hubo mucho trabajo previo, donde mucha gente pudo aportar y participar.

Puede servir de base para muchas cosas, pero hay que hacer algo concreto y específico con respecto a este tema. En este sentido, creo que no podemos perder de vista que es posible tener un punto de partida donde nos encontremos todas y todos. El tema de la prostitución genera debates enconados con posturas muy radicales y enfrentadas, con cismas que a veces son irreconciliables, como hemos vivido también de forma muy dura en el movimiento feminista, y esta es una oportunidad de oro para justamente generar el debate desde otros aspectos que generen el encuentro y no el desencuentro. Ahí, hay un tema donde nos vamos a encontrar todas: los Derechos Humanos de las mujeres. Partiendo de ahí, probablemente podamos llegar a un punto de trabajo común.

EB: El plan de DD.HH. creo que es una base muy buena porque los Ayuntamientos históricamente en este país empezaron construyendo los derechos desde abajo. Sin embargo, hubo un momento en que nos hicieron creer que se construían en el Tribunal Constitucional que ya ha mostrado que los Derechos no se defienden allí. Entonces, tenemos que recuperar su construcción desde abajo y, sobre todo, de los derechos de las mujeres. El espacio de los Ayuntamientos no puede ser el del asistencialismo. Ni para las mujeres que ejercen el trabajo sexual, ni para las que sufren maltrato, ni para las mujeres que quieren encontrar un empleo. Tiene que ser un espacio de defensa de los Derechos Humanos. A mí me parece que, dentro de estas políticas de la nueva izquierda en el Estado español, este plan es una oportunidad magnífica para volver a resituar a la ciudadanía en cómo se tienen que construir los derechos.

En este sentido, desbloquear la idea de que los derechos de las prostitutas van por un lado y los derechos de otros tipos de mujeres van por otro me parece muy interesante. Igual que hemos hecho en otros temas, como la violencia de género donde hemos intentado trabajar de una forma compleja sin distinguir a mujeres que sufren maltrato de las que no, creo que tenemos que empezar a hablar de cómo las mujeres vivimos nuestra sexualidad, qué tipo de sexo queremos: sexo de pago, sexo gratis… y que, en cualquiera de los casos, queremos que sea libre, voluntario y sin subyugaciones patriarcales. Pero en cualquiera de los casos. También en el sexo gratis.

MK: Yo iría incluso un poco más allá. Ya no es cómo las mujeres queremos el sexo, sino también qué pasa con los hombres. Abordar cómo está construida la sexualidad masculina, que es un tema que atraviesa absolutamente todo lo que estamos hablando. Cómo el patriarcado afecta también a la sexualidad masculina. Algo de lo que nunca se habla. Los hombres tienen un rol en todo esto.

MB: Lo que ocurre es que ese puede no ser el mejor punto donde nos vamos a encontrar porque entonces sugeriría que abordásemos también qué tipo de relaciones hay, cuál es también la vivencia de la sexualidad de las mujeres y porque este empeño en considerar que lo que es mejor para una misma tiene que ser también lo mejor para el resto de las personas. Creo que la expresión de la sexualidad es múltiple y variada y que nos puede gustar más o menos personalmente; pero que tenemos que dejar también unos márgenes de libertad en los que la gente construya. Sin embargo, si hay algo que habría que revisitar de nuevo con respecto a la sexualidad de las personas, es el respeto. Esto es básico y primario.

¿Alguna experiencia internacional, algún modelo, regulación o instrumento específico, en mente?

MB: Cada contexto de cada país es completamente diferente y los modelos no se pueden extrapolar, no se pueden descontextualizar y llevar de un lugar a otro. Por ejemplo, Holanda tiene un sistema de escaparates que para la conciencia de la sociedad española es la cosa más rara de este mundo porque no entendemos que es una cultura anglicana en la que todo el mundo cena con las persianas subidas o donde no existe esa privacidad de cara a fuera. Y dentro de ese contexto surge la figura de los escaparates. O al contrario, en Noruega, dónde no te vas a ir a hacer la calle con el frío que hace porque nadie te va a ir a buscar en ese espacio.

Lo que si tenemos son indicios de aquellas cosas que han funcionado medio bien en algunos países y cuáles han fallado estrepitosamente. No conocemos mucho en Europa el modelo neozelandés y en Hetaira, particularmente, nos interesa bastante porque creemos que es el que mayor protección está ofreciendo a las mujeres que trabajan en prostitución. En este sentido, creo que sería fantástico el poder recuperar una idea que tuvo la Sra. Ana Botella hace tiempo que fue hacer encuentros entre diferentes ciudades sobre la prostitución en los que se traían diferentes modelos de diferentes lugares. Creo que podríamos volver a indagar en esa idea e intentar celebrar encuentros con administraciones públicas de otros lugares que hayan tenido ingenio para articular nuevas propuestas como, por ejemplo ha sucedido en Zurich donde, como programa piloto, han montado un párking público en un solar municipal en el que las mujeres pueden ejercer sin ser molestadas. Sería interesante invitar a representantes de otros países para ver cómo han funcionado otras experiencias y planificar.

EB: El problema es que, con cosas que sabemos que no han funcionado, no sólo no ha habido una evaluación en este país; sino que las hemos importado y las hemos copiado y pegado. Por ejemplo, todo el tema de las ordenanzas no se inventó en el estado español; sino que, en el contexto europeo más cercano, fue en Italia, en alguna ciudades italianas, donde se empezó a sancionar la prostitución en la calle y ya se vio allí que no funcionaba. Se vio además que tenía un efecto tremendo contras las mujeres migrantes y, en particular, contra las mujeres en situación de trata y de ahí no se aprendió nada.

Entonces, creo que lo primordial sería partir de las organizaciones que están trabajando aquí, que nos están dando ideas, y que nos están diciendo lo que quieren las mujeres, Se trata de escucharlas. No necesitamos quizá escuchar lo que se ha hecho en otros lugares, sino partir de que aquí hay muchas propuestas y organizaciones que están trabajando en la calle, que saben lo que funciona. Solo con eso podríamos avanzar muchísimo.

MK: Comparto lo que ha dicho Encarna, sobre todo, porque además las experiencias internacionales no sólo tienen que ver con los contextos sociales de cada país, sino también con otros intereses políticos y con posicionamientos determinados. Por tanto, a veces, es complicado exportar un modelo determinado también porque responde a un planteamiento que aquí puede no reunir el mismo consenso. Me parece más importante la posibilidad de construir algo novedoso, diferente y radicalmente diferente de lo que se ha hecho hasta ahora porque la división que existe en España con respecto a las diferentes posturas en torno a la prostitución no es única en España, sino que se da en todo el mundo.

El de las diferentes posturas como regulación o abolición es un debate que siempre surge cuándo se habla de prostitución. ¿Cuál es su postura respecto a ello? ¿Cómo abordarlo?

MK: Justamente no empezando por entrar en ese debate por lo que estamos diciendo de que tenemos que sacar el debate de ahí. Tenemos que comenzar a trabajar desde lo que nos une y no desde lo que nos separa. Lo que nos une es la defensa de los derechos humanos de las mujeres y las que salen perjudicadas de esos enfrentamientos son ellas.

MB: La gente que estamos pegadas a la realidad, a la calle, que estamos pendientes de qué sucede con cada mujer que nos encontramos en nuestra vida, hace muchísimo tiempo que estamos hartas de todo este debate ideológico que no nos lleva a ninguna parte. La idea de juntarnos y dar alguna idea para poder implementar creo que es la esencia de dónde deberíamos partir. Si tenemos en cuenta eso, creo que es bastante fácil llegar a acuerdos porque al fin y al cabo lo que nos interesa es tener políticas públicas que no vayan en contra de las mujeres. Creo que respecto a las definiciones de lo que sería deseable en una hipotética sociedad futura, cada cual puede tener sus ideas; pero, sobre todo, las mujeres que ejercen la prostitución saldrán ganando si configuramos algo con los derechos concretos del aquí y ahora.

EB: Completamente de acuerdo con las compañeras. Justamente tenemos que salir de las categorías que se han establecido durante mucho tiempo y que no conectan con las vidas de las mujeres. Si hay que establecer alguna categorización, sería en todo caso la de unas políticas que no han contemplado a las mujeres como tales, sino casi como un objeto más de políticas urbanísticas, de gentrificación, o seguritarias; frente a otra visión de políticas basada en los derechos fundamentales de las mujeres y que compartimos compañeras abolicionistas, pro derechos, reglamentarias… Frente a una visión que cosifica a las mujeres que ejercen la prostitución como un objeto que puede ser regulado como un mueble más de la ciudad; está esa otra visión que compartimos todas las compañeras feministas: la de garantizar sus derechos.

MB: Ante decíamos que lo más importante es no dejar a nadie atrás. Tener en cuenta que estamos ante un problema muy complejo en el que se dan multiplicad de situaciones, pero en el que nos interesa tirar adelante sin dejar a nadie atrás y escuchar a las trabajadoras del sexo que normalmente suelen ser las más olvidadas cada vez que hablamos de este asunto. Que no nos olvidemos de que las víctimas de trata necesitan mayor protección de la que están recibiendo en la actualidad, ya que, de hecho, como país europeo, la situación en que nos encontramos es bastante vergonzosa. Que seamos también capaces de implementar medidas sociales para aquellas personas que por los motivos que sea quieran abandonar el ejercicio de la prostitución.

Sin embargo, no parece que los partidos políticos estén dispuestos a superar esta divisiones de enfoque en sus planteamientos…

MB: La sociedad española es bastante más razonable que los partidos políticos, por lo general. Creo que la sociedad española cada vez que se hacen encuestas sobre este asunto tiene ideas más avanzadas que los propios partidos políticos que, en ocasiones, están convirtiendo, además, este asunto en moneda de cambio como también lo hacen con los derechos de las mujeres en general. Esto es lo más tremebundo: se está jugando con los derechos de las mujeres para hacer política y, en este caso, con los derechos de las mujeres que ejercen la prostitución o con las víctimas de trata.

MK: Sobre todo, la sensación es que los partidos políticos no están legislando este tema en función de los derechos de las mujeres, sino de otro tipo de intereses: económicos, partidarios, etc. donde lo que menos importa es la postura ideológica que puedan tener. Esa es simplemente una bandera; pero si les conviene un día ondean una y al siguiente día, otra.

Por último, ¿cómo creen qué se está abordando esta materia en los medios de representación, en general, y en los de comunicación, en particular?

MB: Habría mucho que decir porque la gente que trabaja en los medios de comunicación tienen también una responsabilidad grande a la hora de poder abordar todo esto; pero también sabemos de la precarización en el mundo del periodismo. Entonces, no hay gente especializada y, por lo general, hay muy poco rigor a la hora de informar de situaciones que tienen que ver con prostitución o con el tema de trata. Hay noticias que hay que leerse tres veces para enterarse de qué quieren decir porque hacen un batiburrillo y, por ejemplo, no saben diferenciar la trata del tráfico. O, por ejemplo, se ilustran noticias en torno al tema de la prostitución, como puede ser por ejemplo este tipo de debates, con una foto de niña con tacones, cuando no se está hablando de nada que tenga que ver con un delito tan grave como es la prostitución de menores.

Toda esta situación creo que también se corresponde con lo que se está haciendo, o dejando de hacer, desde el punto de vista institucional porque se editan unas guías de recursos de cómo informar sobre este asunto que dejan muchísimo que desear. Desde luego, falta muchísimo conocimiento en torno a este tema y hay que dejar de utilizar a las mujeres.

MK: Sí, porque se va a la lágrima fácil. A mí me han llegado a cambiar frases enteras en entrevistas justamente por eso, por ir a la lágrima. Otro ejemplo se da cuando cuando se desactiva una red de trata, ya que, por lo general, en cualquier artículo, lo primero que sale es el culo de la mujer en el club con la minifalda, con los tacones…

EB: Un muy buen ejemplo en negativo en Cataluña lo hemos tenido con el tratamiento de La Vanguardia en el caso de sus famosas portadas sobre el tema de la prostitución callejera en Barcelona que vulneraban todos los derechos de cualquier persona: con las fotos de las chicas dando la cara; es decir, sin tener en cuenta si podrían estar en situación de trata.

 

Las prostitutas también se sumarán a la huelga feminista del 8 de marzo

 

 

LA LUCHA POR LA IGUALDAD / Lucirán pancartas por los derechos de las trabajadoras sexuales

 

SARA MONTERO| Publicado: 10/2/2018

 

  • La asociación Hetaira ya ha anunciado que secundará los paros del Día de la Mujer y celebran que el argumentario de la convocatoria no las excluya
  • En la Comisión 8 de marzo aclaran que se acordó no abordar ni profundizar en el trabajo sexual, al no haber consenso dentro del movimiento
  • El manifiesto sí es muy duro contra la trata de mujeres y acusa al Estado de permitir “con su pasividad, con la impunidad y con los pocos recursos destinados”, que se mantenga

La pancarta de Hetaira en la manifestación del pasado 8 de marzo en Madrid. / Hetaira (Facebook)

 

El movimiento feminista llama a la huelga el próximo 8 de marzo a todas las mujeres. A todas. A las trabajadoras, las amas de casa, las madres, las abuelas, las migrantes y también a las prostitutas. El colectivo Hetaira, que lleva muchos años trabajando en defensa de los derechos de las mujeres que ejercen la prostitución voluntaria, confirma que se sumarán tanto a la huelga feminista como a la marcha vespertina.

El argumentario de la Comisión 8 de marzo ha conseguido ser transversal y que muchas mujeres de ámbitos diferentes se sientan interpeladas. Las asambleas que se han organizado durante estos meses han sido abiertas y no se invitaba nominalmente a colectivos, sino que acudían mujeres diversas a plantear sus cuestiones y puntos de vista. Tanto en Madrid como en los encuentros estatales se decidió no abordar específicamente el tema del trabajo sexual. Como resultado, salió un texto que ni es abolicionista, ni es proderechos. Prefirieron no profundizar en esta cuestión, que ya se ha discutido (y se sigue discutiendo) ampliamente en otros foros de debate feministas. Cada una tiene su opinión y todas se respetan, lo que facilita que las iniciativas sean un éxito al no ser excluyentes.

El colectivo Hetaira valora de manera muy positiva esta convocatoria y se sumará a los paros el próximo 8 de marzo. El simple hecho de que el texto no sea abolicionista ya les parece un pequeño avance. Además, en el documento se las nombra explícitamente en dos ocasiones. La primera, reconociendo que “las violencias patriarcales” también les afectan a ellas, junto a otras mujeres. “Si negamos esa diversidad, invisibilizamos la especial crudeza con que las violencias afectan a algunas de nosotras”, reza el manifiesto pocas líneas después.  En segundo lugar, este documento también denuncia “los prejuicios y estereotipos que muchas y muchos profesionales de la sanidad” sobre “mujeres migrantes, lesbianas, que ejercen la prostitución o transexuales”.

“Aunque las prostitutas paren, no pueden ser contabilizadas porque no somos reconocidas como trabajadoras, por tanto, no sabemos cuánta incidencia tendrá la huelga”, reflexiona Mamen Briz, de la mencionada asociación, que siempre se ha reconocido como feminista. Esta activista cree que hay motivos de sobra para que este colectivo se movilice también el 8 de marzo, desde la violencia machista hasta el estigma que sufren por desarrollar esta actividad. También tienen reivindicaciones específicas, como la legalización de su situación laboral o el rechazo a las multas derivadas de la Ley Mordaza, que hace su trabajo aún más precario.

No es la primera vez que estas profesionales del sexo saldrán a la calle el 8 de marzo. El año pasado, trabajadoras sexuales de Barcelona hicieron un parón simbólico para reivindicar que “las putas también son trabajadoras y mujeres con dignidad”, tal y como contó La Vanguardia. Hetaira acudirá, un año más, con sus pancartas a la manifestación.

Briz es consciente de que el debate dentro del feminismo sobre la prostitución sigue abierto y provoca ampollas. También se queja de los debates eternos en los partidos políticos que nunca se materializan en nada: “Sobre la realidad hay que actuar ya. No podemos seguir debatiendo en nuestros sillones”. El inmovilismo y el abandono institucional dan como resultado una situación de desprotección que no beneficia a ninguna mujer: “Hay problemas a los que los Gobiernos no son capaces de darles ninguna respuesta. Siguen estando sin derechos laborales aquellas que siguen ejerciendo, sin medidas sociales aquellas que quieren abandonar y sin protección real aquellas en situación de trata”, concluye Britz.

Duras contra la trata

Si en el feminismo no hay consenso respecto a la prostitución, en las comisiones que prepararon el manifiesto 8 de marzo sí hubo un amplio acuerdo en ser muy críticas con la trata, una de las violencias más crueles que se ejercen contra las mujeres y que dejan una huella dramática en las víctimas. El manifiesto acusa al Estado de no asumir “la responsabilidad que le corresponde” y permitir con “su pasividad y con los pocos recursos destinados” que se mantenga.

También son críticas con la protección que “en teoría” se tiene que dar a las damnificadas y piden que deje de “poner por delante la “lucha contra la inmigración irregular” en lugar de la protección de los derechos humanos de las mujeres”, en referencia a la indefensión en la que se encuentran las migrantes. En este sentido, también rechazan en el manifiesto la existencia de los CIE, “porque están retenidas mujeres víctimas de trata a las que ni siquiera se nos ha aplicado el protocolo de identificación en instancias policiales, fiscales y judiciales simples infracciones administrativas”, denuncian en el documento.

 

La actualidad del abordaje de la trata de personas para la prostitución forzada en España. El Plan Integral y sus implicaciones para trabajadoras del sexo inmigradas

Estefanía Acién González
Investigadora, Centro de Estudio de las Migraciones y las Relaciones Interculturales, Universidad de Almería, España.
eacien@ual.es

Francisco Checa y Olmos
Profesor Titular de Área de Antropología Social, Universidad de Almería, España.
fcheca@ual.es

20 de abril de 2011

Puede descargarse el artículo en versión PDF aquí:

http://www.ugr.es/~pwlac/G27_08Estefania_Acien-Francisco_Checa.pdf

 

 

RESUMEN

El Gobierno español, en diciembre de 2008, aprobó el Plan integral contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual,(1) que sienta las bases estratégicas para combatir esa lacra. Este trabajo resume el plan, muestra críticas que se vertieron sobre el mismo desde entidades que trabajan con población vulnerable a la trata con fines de prostitución forzada, y se presentan algunas consecuencias que está teniendo su aplicación. Se extraen, básicamente, dos conclusiones: Por una parte, la perspectiva abolicionista del Gobierno a la hora de abordar el fenómeno de la trata parece estar desviando las energías a eliminar la prostitución en sí más que a plantear estrategias realistas de detección de víctimas y, por otra, existen razones para dudar de la idoneidad de las actuales estrategias de identificación y protección de posibles víctimas, ya que parece que sirven más al control de fronteras y de la inmigración irregular que a la detección y protección de supuestas víctimas y la garantía de sus derechos humanos.

 

  1. Introducción

En el contexto migratorio que vivimos, los movimientos transnacionales son cada vez más complejos y diversos. Hay quien afirma que esto sucede a través de un proceso de mundialización caracterizado por el incremento de países implicados -de origen, destino y tránsito- y la multiplicación de rutas migratorias. Dentro del fenómeno, decenas de miles de personas procedentes de estados empobrecidos desean trasladarse a otros donde las condiciones económicas son percibidas como capaces de dar salida a sus anhelos de futuro. Para muchas de esas personas conseguir un visado es prácticamente imposible y, por ello, recurren a organizar viajes fuera de la legalidad, encontrando para ello quienes están dispuestos a facilitar su traslado a cambio, muchas veces, de un alto precio. El crecimiento de lo que han llamado la industria de la migración clandestina es uno de los costes más graves de las políticas de control a la inmigración en la actualidad, junto a las tragedias humanas y violencias que se viven en las barreas de entrada, la saturación de los cauces establecidos para demanda de asilo, la fijación de los migrantes en el territorio -por dificultades de movilidad- y problemas de satisfacción legal de demanda de trabajo (Arango 2007: 14).

Así pues, es cada vez más diverso el panorama de las migraciones irregulares, las circunstancias que las acompañan, las formas que adoptan y los niveles de sufrimiento que provocan. Este artículo gira en torno a algunas circunstancias, formas y niveles de sufrimiento muy graves en este sentido y que vulneran de forma más flagrante los derechos humanos: lo que actualmente se conoce como trata de personas y en concreto en su modalidad transnacional (ya que la trata no siempre implica desplazamientos internacionales, también puede darse en el seno de un mismo estado (1)) y la que se da con el objeto de que una persona se convierta en fuente de ingresos a través de su prostitución forzada. A esta realidad se le denomina comúnmente trata de seres humanos con fines de explotación sexual, término no exento de imprecisiones y polémica dependiendo de la perspectiva ideológica que se adopte (Wijers 2001: 254 y sig).

En esta ocasión nuestra reflexión se centra en las estrategias que España como Estado está desarrollando para combatir esta lacra, para ello veremos el Plan integral contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, que entra en vigor a finales de 2008 y pretende desarrollarse hasta finales de 2011. Además, lo contextualizaremos partiendo de sus orígenes en la normativa internacional para después exponer un breve resumen de los aspectos más importantes que sintetizan la estrategia del Gobierno para combatir la trata y ver las principales críticas que se han realizado desde la sociedad civil al Plan. Por último, haremos un discreto balance de su aplicación usando como guía el Informe sobre el estado de la situación del plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, editado por el Ministerio de Igualdad en abril de 2010 e ilustrando la exposición con datos recopilados a través de diversos informes y nuestro propio trabajo de campo en el Poniente almeriense (2).

En este artículo no entraremos en la descripción de las diferentes perspectivas ideológicas desde las que hoy en día se aborda la prostitución, aunque sí es necesario aclarar que el Gobierno español mantiene una postura ideológica muy concreta, la abolicionista (Solana 2008: 138). Y esto tiene mucho que ver con la estrategia de lucha contra la trata. Para nosotros el abolicionismo alberga serios problemas a la hora de sustentar estrategias de combate contra la trata. En primer lugar, se trata de un cuerpo teórico desarrollado en abstracto, es decir, sin basarse necesariamente en el estudio sistemático de la realidad. En segundo lugar, implica considerar la prostitución en sí una violación de los derechos de las mujeres, ya que, según esta perspectiva, todas las que ejercen esta actividad lo hacen de forma forzada (Osborne 1988: 102) y esta generalización es difícilmente defendible en la realidad. Por ello, en tercer lugar, sostener este punto de vista significa vincular inevitablemente prostitución a explotación sexual, término acuñado bajo tales postulados y cuyo uso es altamente arriesgado, al menos desde el punto de vista teórico.

Nosotros pretendemos repasar la línea política que maneja el Gobierno español y aproximarnos al impacto que tiene su puesta en práctica para la realidad de quienes son nuestro objeto de estudio. Nuestra preocupación fundamental es llamar la atención acerca de carencias percibidas, ya que detectamos, de momento, dos problemas fundamentales en el abordaje actual de la trata en nuestro país: Por un lado, creemos que el exceso de celo del Gobierno en situarse desde el abolicionismo afecta al correcto acercamiento al complejo problema de la prostitución forzada a varios niveles -por ejemplo, detectamos un uso tendencioso de los términos en el Plan, marcado por imprecisiones que ignoran la existencia de la trata en sectores ajenos a la industria del sexo y señalan la existencia de la prostitución como único origen del mal que se pretende eliminar, lo que desencadena medidas que afectan negativamente a todas las personas que ejercen esta actividad sean víctimas de trata o no-. Un segundo problema o preocupación es la constatación de que muchas de las medidas adoptadas para la identificación y protección de las víctimas de prostitución forzada parecen anteponer el control de nuestras fronteras y de la inmigración irregular a la garantía de los derechos humanos.

 

  1. La trata. Conceptos y normativa internacional

El ajuste terminológico es precisamente una cuestión no resuelta desde el punto de vista académico, jurídico, político y social, a pesar del consenso existente en el ansia por eliminar la trata. En la base del problema está la delimitación del fenómeno, muy condicionada por la complejidad que presenta y ciertas tensiones ideológicas y morales.

El término trata de seres humanos -o de personas- se encuentra definido en su acepción más aceptada a nivel internacional en el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de naciones unidas contra la delincuencia organizada transnacional de Naciones Unidas, donde aparece como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación” (ONU, 2000, art. 3).

Más recientemente, en el artículo cuarto del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, de 2005, se define de esta manera: “por trata de seres humanos se entenderá el reclutamiento, transporte, transferencia, alojamiento o recepción de personas, recurriendo a la amenaza, uso de la fuerza u otras formas de coerción, el secuestro, fraude, engaño, abuso de autoridad o de otra situación de vulnerabilidad, o el ofrecimiento o aceptación de pagos o ventajas para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con vistas a su explotación. La explotación comprenderá, como mínimo, la explotación de la prostitución de otras personas u otras formas de explotación sexual, el trabajo o los servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extirpación de órganos”.

Hasta llegar a estas definiciones, y desde la segunda mitad del siglo XX, nuestro entorno más cercano (Europa, España) ha conocido múltiples estrategias de abordaje jurídico que han debido lidiar con los disensos en el contenido de la definición determinados por debates ideológicos ante la complejidad de un fenómeno imposible de simplificar.

Uno de los problemas a la hora de aclarar de qué estamos hablando cuando lo hacemos sobre trata de personas para la prostitución forzada ha sido separar ésta de la voluntaria. Una muestra muy clara de ello es el abordaje jurídico internacional, por ejemplo en el Convenio de naciones unidas para la represión de la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena (ONU 1948), donde en el preámbulo se considera que “la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas para fines de prostitución, son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana y ponen en peligro el bienestar del individuo, de la familia y de la comunidad”. Esta percepción de unión entre la prostitución en sí y la trata -el trabajo como tal y su versión forzada- ha sido un clásico en la manera de abordar la cuestión que nos ocupa y determina el debate y la puesta en práctica de medidas efectivas. De hecho, el citado convenio propone estrategias más enfocadas a perseguir a quienes promueven negocios relacionados con la prostitución que a redes criminales de trata, véase como ejemplo la siguiente redacción del artículo 2: “Las partes en el presente convenio se comprometen asimismo a castigar a toda persona que: 1. Mantuviere una casa de prostitución, la administrare o a sabiendas la sostuviere o participare en su financiamiento; 2. Diere o tomare a sabiendas en arriendo, un edificio u otro local, o cualquier, parte de los mismos, para explotar la prostitución ajena” (ONU 1948).

En el siguiente cuadro podemos ver, en orden cronológico, las principales normas de derecho internacional que regulan la lucha contra la trata de seres humanos, el organismo internacional que las promulga y su fecha de ratificación de España. Todas estas normas han ido recogiendo definiciones y concepciones sobre el problema de la trata y es en ellas donde se puede ver la evolución de las formas de abordaje a lo largo de nuestra historia reciente (García 2006).

Cuadro 1. Sucesión de las normativas internacionales contra la trata de mayor repercusión (1948 hasta la actualidad).

 

Año firma Normativa Organismo emisor Ratificación de España
1948 Convenio de Naciones Unidas para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena Naciones Unidas 1962
1948 Declaración Universal de los Derechos Humanos Naciones Unidas 1955
1950 Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales Estados Europeos 1979
1979 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer Naciones Unidas 1984
1989 Convención de los Derechos del Niño Naciones Unidas 1990
2000 Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía Naciones Unidas 2002
2000 Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional Naciones Unidas 2003
2000 Protocolo para Prevenir, reprimir y Sancionar la Trata de Personas Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional Naciones Unidas 2003
2000 Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Emigrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional Naciones Unidas 2003
2002 Decisión Marco relativa a la Lucha contra la Trata de Seres Humanos Unión Europea 2002
2002 Principios, Recomendaciones y Directrices del Alto Comisionado de las naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre los Derechos Humanos y la Trata de personas Naciones Unidas
2003 Plan de acción de la OSCE “Luchando contra la trata de seres humanos” Consejo Ministerial de la OSCE 2003
2004 Directiva relativa a la Expedición de un Permiso de Residencia a nacionales de Terceros Países que sean Víctimas de la Trata de Seres Humanos o hayan sido Objeto de una Acción de Ayuda a la Inmigración Ilegal que Cooperen con las Autoridades Competentes Comunidad Europea 2004
2005 Convenio del Consejo de Europa para la Acción contra la Trata de Seres Humanos Consejo de Europa 2008
2005 Plan de la Unión Europea sobre Mejoras Prácticas, Normas y Procedimientos para luchar contra la Trata de seres Humanos y Prevenirla Unión Europea 2005

 

Fuente: Elaboración propia.

 

Las tres principales normativas que rigen al respecto en España son: el anteriormente citado Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de naciones unidas contra la delincuencia organizada transnacional (comúnmente conocido como “Protocolo de Palermo de Naciones Unidas”); el Convenio del Consejo de Europa para la acción contra la trata de seres humanos y el Plan integral contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, del Gobierno de España.

Nuestra intención es realizar una fotografía del abordaje del fenómeno de la trata de personas para la prostitución forzada partiendo del análisis del Plan, ya que atendiendo al mismo podemos obtener pistas acerca de la aplicación de la normativa internacional en España, los sustratos teóricos de intervención que el Gobierno actual maneja sobre el tema, el momento en que nos encontramos con respecto al debate social y político y, por último, la efectividad e idoneidad de las estrategias que están llevándose a cabo.

Este análisis se va a usar como herramienta para exponer el estado de la cuestión, así que el objetivo rebasa la exposición del Plan y cuestiones tangenciales. Se trata de facilitar la contemplación del escenario actual a través de: primero, las medidas que adopta nuestro ejecutivo, con un Plan que implica a casi todos los Ministerios y a las Comunidades Autónomas; segundo, el estado del debate social partiendo de apoyos y críticas recibidos por el Plan por una parte de la sociedad civil, las ONG que trabajan en contextos de prostitución y, tercero, efectos reales sobre las personas afectadas o que viven de cerca los efectos de las medidas adoptadas.

 

  1. El plan integral contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual (2008-2012)

Según el resumen ejecutivo del Informe mundial sobre la trata de personas de la oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito de 2009 -que contiene información relativa a 155 países y territorios sobre adopción de medidas de lucha contra la trata-, en noviembre de 2008 el 63% de los países habían aprobado medidas contra la trata en general, mientras que el 16% había aprobado medidas para combatir sólo algunos elementos contenidos en el protocolo. Este es el caso de España, donde el desaparecido Ministerio de Igualdad elabora un plan centrándose únicamente en lo que denomina trata de seres humanos para la explotación sexual. Los antecedentes de esta inquietud limitada y excluyente de otras áreas de efecto de la trata podemos encontrarlos en la preocupación del Gobierno actual por problematizar la misma prostitución, siguiendo la línea abolicionista clásica de unir prostitución y trata (ejercicio voluntario y forzado) como si fueran expresiones de una misma realidad.

En el Informe de la Ponencia para el estudio de la situación de la prostitución en nuestro país, elaborado por la Comisión Mixta (Senado-Congreso) de los Derechos de la Mujer y la Igualdad de Oportunidades (BOCG de 13 de abril de 2007), fijó la postura del Gobierno español al respecto. La comisión asumió el ideario abolicionista en sus argumentos y conclusiones (Solana 2008), apareciendo en la redacción diversas manifestaciones claramente tendenciosas como la que sigue: “Nuestro país (…) aborda la prostitución como una clara vulneración de los derechos humanos de las personas que están en esa situación tal como se contempla en el marco del Convenio de Naciones Unidas para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, de 2 de diciembre de 1948” (Comisión Mixta 2007: 4). Conviene resaltar que el enfoque del Convenio de 1948 al que se hace referencia se considera ampliamente superado por medidas internacionales más recientes que se dirigen al combate concreto de las situaciones de trata (como el Protocolo de Palermo), por lo que es conveniente delimitar la definición de prostitución como el ofrecimiento de servicios sexuales a cambio de remuneración. Continuar considerando la prostitución per se una violación de los derechos humanos no es más que un ejercicio ideológico (Acién 2009: 261). Otro ejemplo del desmarque abolicionista del Gobierno es la siguiente manifestación: “nada aporta la distinción entre prostitución libre o forzada que olvida que el ejercicio de la prostitución atenta contra la dignidad de las personas que la ejercen” (Comisión Mixta 2007: 4). Incluso el propio presidente Zapatero, dos años después, proclama públicamente su repudio hacia el sexo venal, declarando: “Siempre tengo una sensación muy de rechazo hacia la prostitución” (La Vanguardia 05/09/2009).

De esta manera, si el Gobierno entiende que la prostitución debe desaparecer, puesto que es equiparable a explotación sexual al mismo tiempo que la ONU exige medidas contra la trata, y el Ministerio de Igualdad español resuelve la ecuación diseñando medidas que cubran ambos objetivos a un tiempo. Este es el contexto de salida del Plan que aquí analizamos.

El plan, que fue aprobado por el Congreso de los Diputados el 12 de diciembre de 2008 y estará vigente hasta finales de 2011, se estructura en tres capítulos. El primero, a modo de preámbulo, centra la definición de trata, cita los acuerdos y convenios en vigor a nivel internacional y pretende repasar lo que supone el fenómeno de la trata “en el mundo y en España”. El segundo, titulado El plan de acción, es una exposición metodológica. Por último, el tercero reúne las cinco áreas de acción: (1) medidas de sensibilización, (2) de prevención e investigación, (3) de educación y formación, (4) de asistencia y protección a las víctimas, legislativas y procedimentales y (4) de coordinación y cooperación.

El primer capítulo comienza aportando generalidades sobre la trata, aunque se centra exclusivamente en el fenómeno de la trata de mujeres con fines de explotación sexual, aludiendo lo siguiente: “La trata de seres humanos con fines de explotación sexual, especialmente de mujeres y de niñas -sus principales víctimas- constituye una de las vertientes más crueles de este ilícito comercio. Es, en realidad, una manifestación más de la situación de desigualdad en la que se encuentran las mujeres en muchos lugares del mundo y constituye una clara expresión de la violencia de género”.

El segundo aspecto reseñable hace referencia a los cuatro principios rectores del Plan: primero, la necesidad de adoptar la perspectiva de género, que se justifica dado que las mujeres “presentan mayor tendencia a convertirse en víctimas debido a la falta de educación y oportunidades profesionales” (3) y a que “En las últimas décadas, hemos visto surgir un negocio sexual basado en el cuerpo de las mujeres como objeto de consumo”. Vemos aquí cómo se rebasa la barrea de la preocupación por la trata para mostrar tensión contra la propia prostitución. El segundo señala la necesidad de considerar la trata una violación de los derechos fundamentales profundizando en la vinculación anteriormente anunciada: “No se puede desvincular el fenómeno de la trata del de la prostitución”, mientras que el tercero se centra en la realidad transnacional del fenómeno y el requerimiento de cooperación internacional. Por último, el cuarto principio cierra con la idea de que la trata supone un delito que hace imprescindible la actuación policial y judicial.

También en este primer capítulo se cita la puesta en marcha en 2000 de la citada Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos suplementarios; adopta, pues, la definición de trata del Protocolo de Palermo y añade su desglose en tres elementos fundamentales: 1) la acción que consiste en la captación, transporte, embarque o recepción de personas; 2) los medios empleados: amenaza, fuerza, engaño, abuso de poder, vulnerabilidad, pago o remuneración a alguien que ejerza un control previo sobre la víctima y 3) la finalidad de explotación, tanto de tipo sexual, como mediante trabajos forzados, esclavitud y prácticas similares o extracción de órganos.

Llama además la atención sobre la necesidad estadística de evitar la mezcla de términos: “Es importante no confundir la trata de seres humanos con el tráfico ilegal de inmigrantes”. Sin embargo, no se llega a zanjar la confusión: “tanto el tráfico ilegal como la trata de seres humanos se producen a través de los cauces establecidos por las redes de inmigración irregular”. Aunque es constatable que algunas rutas usadas por redes de tráfico ilegal transnacional, se utilizan para conducir a personas que van a ser posteriormente forzadas a trabajar (ONU 2009), no todas las realidades de prostitución forzada tienen que ver con el tráfico de migrantes para la inmigración irregular, ya que estaríamos obviando, por ejemplo, a las víctimas nacionales del país donde se las explota.

El capítulo acaba enfatizando la gravedad de la cuestión y con ese fin alude a la falta de datos fiables. Partiendo de que España es un importante país de tránsito y destino, se justifica la inevitabilidad de “eludir la conexión tan relevante de este fenómeno con la prostitución” e insiste: “la trata de mujeres, niñas y niños existe porque existe la prostitución (…) Un porcentaje muy significativo de estas mujeres [refiriéndose a inmigrantes] estarían en manos de redes de trata de seres humanos”. A partir de este punto se realiza una descripción muy genérica, sin ningún tipo de apoyo en investigaciones o datos comprobables, sobre el proceso de funcionamiento de las redes de trata y la situación de las víctimas.

El segundo capítulo del plan hace referencia a aspectos metodológicos y de objetivos. Así, se redacta sobre el interés de dar respuesta a la preocupación social que suscita el fenómeno, el refuerzo de la colaboración administrativa, con las ONG e internacional y la necesidad de mejorar la actuación policial. Se alude a que se han tenido en cuenta las iniciativas parlamentarias (4) y el marco proporcionado por la Unión Europea (Convenio de 2005).

Los objetivos al respecto se concretan en: (1) Sensibilización social, (2) combate de sus causas a través de políticas activas de cooperación internacional, (3) desarrollo de medidas integrales en los ámbitos judicial, social, educativo, policial, administrativo y de inmigración, con participación de las ONG; (4) asistencia y protección a las víctimas; y (5) “luchar decididamente contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y contra la activa intervención en el fenómeno de traficantes y proxenetas”. Finalmente, el capítulo acaba estableciendo su duración, informando de la creación de un Grupo Interministerial de Coordinación para su seguimiento y evaluación y sobre la intención de generar informes semestrales y una memoria anual.

El tercer y último capítulo ya concreta las medidas que dibujan el plan que se dividen en cinco áreas, cada una de ellas provista de una serie de objetivos que, a su vez, albergan acciones concretas. Seguidamente ofrecemos un brevísimo resumen de la propuesta completa.

El área primera propone medidas de sensibilización, prevención e investigación. Así, contempla el cumplimiento de seis objetivos: (1) Profundizar en el conocimiento del fenómeno de la trata y sus dimensiones (5); (2) sensibilizar a la sociedad sobre el problema a través de campañas en los medios de comunicación, conmemoración del 18 de octubre como Día Internacional contra la Trata de Personas y control de los anuncios de contactos en los medios de comunicación; (3) sensibilizar e informar en el medio educativo colaboración con las comunidades autónomas, (4) informar y sensibilizar a empresas, instituciones y organizadores de eventos públicos y profesionales para la prevención del turismo sexual, (5) mejorar los sistemas de prevención y detección temprana adoptando medidas en los países de origen, en el momento de acceder a territorio nacional -mediante el perfeccionamiento de los controles policiales- y en nuestro país -reforzando los mecanismos de denuncia policial, planificando e intensificando la realización de inspecciones policiales en lugares de riesgo y articulando instrumentos de detección y denuncia en los ámbitos sanitario, asistencial y educativo (6)– y, por último (6) mejorar la capacidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad para la investigación y la lucha contra la trata -mediante la formación, la mejora de planteamientos estratégicos y reforzando las estructuras organizativas, el personal especializado y los recursos tecnológicos y financieros-.

El área segunda versa sobre la potenciación de medidas de educación y formación en trata de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, del funcionariado del Ministerio del Interior y funcionariado, así como los profesionales de administraciones e instituciones, públicas y privadas.

El área tercera es de vital importancia, pues se centra en medidas de asistencia y protección a las víctimas con cinco objetivos: en primer lugar, garantizar la protección a las víctimas y a testigos en aplicación de la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales, incluyendo mecanismos para facilitar la protección de familiares en el país origen, mediante la elaboración de protocolos de coordinación entre entidades responsables y la utilización de la declaración de la víctima como prueba anticipada. En segundo lugar, mejorar la información a las víctimas sobre derechos y recursos, elaborando y distribuyendo material divulgativo en los ámbitos policial, legal, sanitario, servicios de extranjería, asilo y fronteras, y servicios sociales (públicos y no gubernamentales). En tercer lugar se pretenden mejorar los servicios de atención a las víctimas, elaborando guías informativas dirigidas a profesionales, facilitando la atención social a las víctimas en situación de aislamiento, primando programas de mediación de las ONG y facilitando la inserción laboral de las víctimas. En cuarto lugar, se propone proporcionar asistencia jurídica especializada y en su propio idioma a las víctimas. Y, por último, proteger integralmente a las víctimas en situación de estancia irregular. Las medidas que se proponen para ello son: (1) agilización y simplificación de los procedimientos administrativos para la concesión de autorizaciones de trabajo y residencia, (2) agilización de los procedimientos de identificación y documentación de las víctimas, (3) transposición de la directiva 2004/81/CE del Consejo de 29 de abril -relativa a la expedición de un permiso de residencia a víctimas extranjeras de trata u objeto de acciones de ayuda a la inmigración ilegal que cooperen con las autoridades-, (4) reconocimiento de un período de reflexión de, al menos, treinta días, para que las víctimas puedan restablecerse y escapar a la influencia de los traficantes y/o decidir su colaboración con las autoridades; (5) establecer una dotación económica que garantice la subsistencia de las víctimas durante el período de reflexión o su posible retorno al país de origen, si lo solicitan; y (6) elaboración de un protocolo de derivación y coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad con los recursos sociosanitarios de atención a las víctimas.

El área cuarta se dedica a las medidas legislativas y procedimentales a adoptar, expuesta en tres objetivos. Uno, perfeccionar los mecanismos legales para proporcionar a la víctima una atención inmediata y adecuada, lo que se pretende reformando la Ley de asistencia jurídica gratuita y de la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social para proporcionar a las víctimas un sistema de asistencia jurídica inmediata y la disponibilidad de intérprete y aprobando el reglamento de desarrollo de la Ley 19/1994, de protección a testigos y peritos en causas criminales. Segundo, impulsar medidas cautelares y en materia de prueba anticipada previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal instruyendo al Ministerio Fiscal y, de nuevo, reformando esta Ley para incluir una mención explícita a las víctimas de trata. Y, por último, privar de sus ventajas económicas a las organizaciones que se dedican a la trata.

Por último, el área quinta se ocupa de las medidas de coordinación y cooperación con cinco objetivos que corresponden a: Cooperación operativa policial, disposición de una herramienta estadística específica sobre el fenómeno, armonizada en el contexto europeo, fortalecimiento de la cooperación en el ámbito internacional realizando acciones de información y sensibilización en los países de origen para evitar la captación de víctimas, mejora de la cooperación en relación con las investigaciones y el enjuiciamiento de casos de trata y, por último, elaboración de mecanismos de coordinación y vínculos efectivos con las ONG e instituciones comprometidas en la lucha contra la trata y en la asistencia a las víctimas, mediante la creación de un foro contra la trata, integrado por las administraciones públicas competentes, las organizaciones no gubernamentales y otras instituciones implicadas.

 

  1. La sociedad civil habla: aportaciones y críticas al Plan

Una vez resumido el contenido del Plan nos centraremos en la respuesta que tuvo por parte de entidades que trabajan con población en contextos de prostitución –supuestamente la más vulnerable a la trata-. Veremos las valoraciones, aportaciones y críticas que se le hicieron al borrador y al texto definitivo desde la Red Española Contra la Trata, Amnistía Internacional, y las asociaciones Genera, Hetaira y Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.

La Red Española contra la Trata (7) tuvo ocasión de revisar el borrador previo al Plan, lo que le dio la posibilidad de preparar un documento de aportaciones titulado Valoración del borrador de las medidas propuestas en el plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Cabe resaltar que es la única entidad de la sociedad civil que aparecía enlazada en la página web oficial del Ministerio de Igualdad y la que, por tanto, se consideraba principal interlocutor para intercambiar información sobre la realidad de quienes son más vulnerables al fenómeno de la trata. En este apartado revisaremos las aportaciones generales que se encuentran al inicio del documento. El resto de aportaciones, área por área del plan, fueron grosso modo atendidas por el Ministerio de Igualdad y pueden contemplarse recogidas en el plan definitivo.

En primer lugar, la Red lanzaba una queja por no haber podido acceder a ciertas partes del borrador (aproximación al fenómeno, antecedentes, justificación, duración, seguimiento y evaluación ni la memoria económica), consideradas de gran importancia, pues en ellas, sobre todo en las tres primeras, se sientan los fundamentos teóricos que tanta polémica suscitan en el debate sociopolítico en la actualidad. Esta crítica de la opacidad con que se llevó a cabo la redacción del plan es común al resto de entidades que citaremos.

Una segunda puntualización se centraba en el escaso peso del enfoque de los derechos humanos de las víctimas en el texto, en contradicción con la centralidad que le otorgan a este aspecto las recomendaciones de Naciones Unidas y la OSCE-ODIHR (2004). Así, afirman: “El propio borrador refleja compromisos mucho más débiles en materia de protección, asistencia, retorno o integración de las víctimas que en materia de investigación policial contra las redes”. Tras la publicación del texto definitivo, esta crítica continuó siendo una de las fundamentales para el resto de las ONG.

La tercera aportación de la Red al borrador del plan se dirigió hacia la necesidad de incluir a todas las víctimas de trata: mujeres, hombres, transexuales, niñas y niños; extranjeros comunitarios y extracomunitarios, españoles -víctimas de la trata tanto interna como internacional- y víctimas de grupos y redes criminales y de agentes individuales. El plan definitivo no atendió a esta demanda y se refiere casi en su totalidad a mujeres, sin diversificar excepto en las escasas menciones a menores.

Otra aportación reseñable era la exigencia de distinción entre tráfico y trata, lo que, como vimos, finalmente el plan sí recogió. También se atendió a la sexta puntualización sobre la necesidad de contemplar la figura de presunta víctima (8). Además, se exigía la creación de un órgano de evaluación y seguimiento y el nombramiento de relatores nacionales y mecanismos independientes para el seguimiento y evaluación del plan, así como la mejora de la estructura para garantizar la implementación de los objetivos, el seguimiento y la evaluación. En el plan definitivo no se recogieron finalmente indicadores claros ni especificaciones en cuanto a establecimiento de plazos concretos para la implementación de las medidas ni para los mecanismos de evaluación.

Por su parte, Amnistía Internacional (9), en su informe de 2009 España una vida sin violencia para mujeres y niñas, las otras víctimas de violencia de género: Violencia sexual y trata de personas, aplaude la existencia del Plan, aunque advierte que no contempla medidas contra la trata hacia otros fines que no sean la explotación sexual, aunque, entre otras cuestiones, denuncia que el Plan no desarrolla medidas en materia de identificación de las víctimas y elabora la crítica que consideramos más profunda al plan: el desatino de condicionar el acceso de las víctimas a las medidas de atención y protección a la interposición de la denuncia y/o colaboración con las autoridades. También llama la atención sobre la ausencia de medidas específicas para víctimas menores de edad y la ausencia de un mecanismo de control independiente. Además, advierte y denuncia que España ha sido declarada incumplidora de la Directiva 2004/81/CE del Consejo de 29 de abril (relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de la trata de seres humanos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal que cooperen con las autoridades competentes) por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sentencia del 14 de mayo de 2009).

A lo largo del citado informe de Amnistía Internacional se vierten críticas de fondo al documento, expresando preocupación por las lagunas que en España existen en el trabajo institucional contra la trata. Seguidamente, intentaremos resumirlas.

En primer lugar, denuncian que no existen procedimientos para garantizar la correcta identificación de las víctimas, más allá de la derivada de la presentación de una denuncia. Además, llaman la atención sobre que el Plan únicamente establece la obligación de garantizar la atención integral a las víctimas extranjeras en situación irregular “que cooperen con las autoridades” lo que puede dejar desprotegidas al resto de víctimas. En tercer lugar, reclaman que el plan no establece medidas adecuadas para garantizar un apoyo económico a las víctimas. Y, finalmente, aunque aplauden el reconocimiento del periodo de reflexión de al menos un mes antes de formalizar una denuncia por parte de la supuesta víctima, recomiendan extenderlo a tres meses.

El interés por adentrarnos ahora en las críticas de las asociaciones Genera, Hetaira y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía no es causal. Por una parte, las críticas de estas tres ONG fueron las más contundentes hacia el plan. Las tres reconocieron la oportunidad del mismo y le daban la bienvenida en un momento en que era absolutamente imprescindible que se tomaran medidas serias de lucha contra la trata en España. No obstante, la posición común es de profundo disenso hacia los elementos que suponen mayor conflicto en el debate público. En suma, la crítica de fondo se dirige a la percepción ante las prioridades centrales del Gobierno, que antepone el control de los flujos migratorios y ganar terreno hacia la desaparición de la prostitución frente a la atención, protección y detección de las víctimas.

Genera (Asociación en Defensa del los Derechos de las Mujeres) (10) accedió al borrador del plan antes de su publicación de forma indirecta, ya que el Ministerio de Igualdad no se lo remitió. Así, su primer documento fue de aportaciones al mismo y comienza quejándose de la poca transparencia del proceso consultivo: “Tememos que una fundamentación confusa pueda generar un posterior uso del Plan en función de teorizaciones ideológicas generales. (…) Esta conceptualización podría derivar no solamente en la mayor vulneración de derechos de las personas que ejercen prostitución sin coacción ni violencia, además podría repercutir en el impacto efectivo de las actuaciones futuras sobre la trata de personas” (Genera 2008: 1). Seguidamente, abogaban por un abordaje basado en los derechos humanos y que no estigmatice la prostitución y bien dotado de medios económicos. Además se señalaba la indefinición de ciertos conceptos como “medidas de protección”, “declaración” y llamaban la atención sobre la sobredimensión del enfoque de seguridad y persecución criminal. Finalmente, se sumaban a la petición -finalmente desatendida- de crear y definir un órgano participativo de supervisión y evaluación del Plan.

Posteriormente, Genera se unió a Hetaira (11) para reclamar una reunión con representantes del Ministerio de Igualdad aportando un nuevo documento de observaciones y propuestas. Este documento ahondaba en las cuestiones centrales: primero, en la necesidad de “dotar de respuestas efectivas y valientes las diversas realidades, sin amalgamar conceptos ni confundir fenómenos tan diferenciados como la prostitución ejercida libremente con la explotación sexual” (12), y segundo, la necesidad de “priorizar la perspectiva de los derechos de las víctimas ante el clásico abordaje desde la persecución del delito”.

Por último y cerrando la parte dedicada a observaciones y críticas al Plan por parte de la sociedad civil, reseñaremos el documento que elaboró APDHA (13) entidad que, además de mostrar su malestar por no haber sido convocados para consultas previas, se unía a la preocupación del resto de entidades por la descompensación entre los puntos dedicados a la mejora de los instrumentos para las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado y los centrados en garantías hacia las víctimas. Por otra parte, la asociación abunda en el temor a que el plan implique un incremento de la presión hacia quienes ejercen la prostitución voluntariamente y se pide un esfuerzo por cuidar los criterios estadísticos a la hora de cuantificar datos procedentes de los fenómenos tráfico y trata.

Así, además de reforzar las críticas del resto de entidades en cuanto a la amalgama teórica y la mezcla de términos, ejemplifica mencionando el objetivo del plan dedicado a evitar el llamado turismo sexual: “Turismo sexual es un término complejo que alude a realidades muy diferentes y que la mayoría de las veces poco tienen que ver con la trata con fines de explotación sexual. Nos da la sensación de que la labor de sensibilización que prima en este plan está más centrada en socializar y normativizar contra la prostitución o cualquier intercambio de sexo por remuneraciones diversas, que en luchar contra la trata”.

Con este documento, la APDHA refuerza otras de las principales quejas de la Red Estatal, Amnistía, Genera y Hetaira, como la conveniencia de poner el acento en la detección de víctimas sin que medie detención previa y así evitar la ansiedad y el estrés que supone poder ser blanco de actuación policial en cualquier momento, aportando la necesidad de complementar la formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado hacia protocolos de actuación respetuosos, cercanos y discretos con las presuntas víctimas de trata, la dotación de medios económicos suficientes a la víctima detectada y la garantía de que ésta tenga capacidad de decisión sobre las estrategias de protección de su persona, lo que unen al requerimiento de un plazo de reflexión más largo y flexible. Por último, se hace un llamamiento a cuidar la coordinación entre Estado y las ONG, “basada en un apoyo a la capacidad de acción de las mismas (…) y que realmente contribuya a mejorar las estrategias de tratamiento de los casos de asistencia a víctimas”.

Como podemos ver, las propuestas y críticas al Plan de las entidades contempladas coinciden ampliamente en la percepción de las carencias en cuanto a protección de los derechos humanos. Su lectura conjunta, sobre todo en el caso de Genera, Hetaira y APDHA, es un llamamiento a evitar la sobredimensión de los aspectos de control de la inmigración irregular y visibiliza la preocupación común porque el Plan se use para reprimir la prostitución en sí y no tenga efectos reales de disminución de la trata.

 

  1. Aplicaciones e impacto del Plan

Nos disponemos ahora a repasar someramente algunos efectos reales del Plan a partir del análisis de algunas actuaciones institucionales. Aquí avanzaremos también parte de las consecuencias de está teniendo en las vidas cotidianas de las mujeres que ejercen la prostitución.

Para ver la aplicación efectiva del plan tomaremos como guión de exposición el Informe sobre el estado de la situación del plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, editado por el Ministerio de Igualdad en abril de 2010 (14).

En el citado Informe se repasa el estado de desarrollo del Plan por áreas y comienza relatando sobre las medidas de sensibilización, prevención e investigación. En este apartado se informa del encargo de tres estudios: un informe para la descripción del fenómeno de la trata de mujeres en España, sobre la base de un estudio anterior del Instituto de la Mujer (entidad que dirige el estudio y que encarga a un consorcio universitario liderado por la Universidad de La Laguna), otro con las comunidades autónomas sobre recursos y consecuencias para las víctimas (15); y un tercero para analizar el tratamiento judicial de los procesos penales, sobre la base del actual marco normativo (elaborado por el Ministerio de Justicia y remitido el 30 de septiembre a la Secretaría General de Políticas de Igualdad). Ninguno de estos tres estudios ha visto la luz hasta el momento de la redacción de este trabajo.

Por otro lado, respecto a la sensibilización el Ministerio de Igualdad promovió un par de exposiciones itinerantes -una nacional y otra internacional-, una campaña de sensibilización que incluye la distribución de material de denuncia y de sensibilización (posavasos -imagen 1- para locales de ocio y pegatinas), la inserción de un anuncio a media página en periódicos bajo el título “No a la explotación sexual” y una línea de productos publicitarios con este mismo lema.

 

Serie de cuatro posavasos que se encuentran en casi 13.000 locales del Estado realizados para el desarrollo del Plan integral de lucha contra la trata se seres humanos con fines de explotación sexual, diseñados por el Ministerio de Igualdad.

Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2009/11/02. Elaboración propia.

 

Una iniciativa que no aparece en el informe de situación, pues es posterior a su presentación, es el spot televisivo contra la trata de seres humanos para la explotación sexual que comenzó a emitirse en España a partir del verano de 2010. La emisión del spot corresponde al apoyo desde el Ministerio de Igualdad a la campaña “Corazón Azul”, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODD).

En el plan también se mencionaba la eliminación de los anuncios de contactos en los medios de comunicación. En el informe de situación del plan de abril de 2010, se aclara que sólo los periódicos La Razón y El Público habían eliminado esta sección. En la actualidad se trata de una de las líneas fuertes de actuación del Estado, que se debate entre la dificultad de prohibirlos, según ley, y la presión constante hacia los medios al respecto. Ante ellos, algunos expertos alertan que se trata en el fondo de una estrategia de represión de la prostitución y que afecta negativamente las trabajadoras del sexo más autónomas que se anuncian en estos medios. Según Garaizábal (2009), “nos consta por nuestra experiencia, que -los anuncios- son un buen instrumento para la captación de clientela de todas aquellas trabajadoras sexuales que, trabajando libremente y de manera autónoma, no quieren exponerse a hacerlo en lugares públicos. Su prohibición implicaría obligarlas a lanzarse a la calle a buscar clientela o a refugiarse en los clubes, donde tendrían que someterse a las imposiciones de los empresarios, ya que no existe una regulación de estas relaciones laborales” (Diagonal, 29 de octubre de 2009). Mientras tanto, el discurso del Gobierno y de las organizaciones abolicionistas es señalar tales anuncios como promoción de la esclavitud sexual. En palabras de la exministra B. Aído (2010): “Este tipo de publicidad atenta contra la dignidad de las personas y banaliza la prostitución” (Europapress 18 de julio de 2010).

En el apartado de formación se elaboró una unidad didáctica junto al Ministerio de Educación para su uso en los centros de enseñanza y se creó una Red de Cooperación entre las Administraciones Educativas del Estado y los Organismos de Igualdad en materia de igualdad de oportunidades y prevención de violencia contra las mujeres (Red Intercambia) que celebró un encuentro en octubre de 2009 (16).

En cuanto a la información y sensibilización específica en el sector turístico, recordemos que el objetivo hacía mención a la prevención del turismo sexual y la actuación consistió, por una parte, en buscar la coordinación entre el Foro Análisis del código ético mundial para el turismo (CEMT) y la OMT con la Red de expertos iberoamericanos en turismo (con integrantes latinoamericanos, españoles y portugueses) y la organización por parte de la Secretaría de Estado de Turismo de actos en torno al lema “Hacia un turismo europeo socialmente responsable” para promover durante la presidencia española de la Unión Europea la firma de una declaración con alusiones al código ético mundial para el turismo de la OMT y a la prevención de cualquier abuso o explotación de los grupos más vulnerables en Europa.

Por otra parte, y muy en relación con la formación de agentes para la identificación de posibles víctimas y prevención, el informe de situación del plan anuncia la inclusión de la trata como tema de estudio en los cursos de formación para cónsules generales, cónsules y encargados de asuntos consulares y de la elaboración de un programa de formación para la identificación de víctimas para profesionales de centros de estancia temporal (CETI) en Ceuta y Melilla, así como un protocolo de derivación de víctimas a servicios especializados. Las medidas de formación se complementan con las que se anuncian sobre los cambios normativos nacionales e internacionales a funcionarios de carrera fiscal y cuerpos de secretarios judiciales, médicos forenses y abogados del Estado, fuerzas de seguridad y defensa destinadas en misiones de paz, organismos implicados en la lucha contra la trata y de la Administración General del Estado y abogados. En el informe de situación no se especifican los contenidos de estos cursos.

Además, en cuanto a la elaboración de protocolos de detección de víctimas en los ámbitos sanitario, social y educativo, el Ministerio del Interior crea un grupo de trabajo para elaborar dichos protocolos en lo que se refiere a la actuación policial “y previo a estos protocolos el Secretario de Estado de Seguridad ha dictado una instrucción en enero de este año- 1/2010- sobre la aplicación transitoria a las víctimas de trata del artículo 59 bis de la ley orgánica 4/2000 de 11 de enero”. En este último documento se recogen cuatro apartados: (1) Identificación de la víctima e inicio del procedimiento para la concesión del período de restablecimiento y reflexión, (2) resolución sobre el período de restablecimiento y reflexión, (3) derivación de la víctima y (4) propuesta de exención de responsabilidad administrativa, autorización de residencia y trabajo por razones excepcionales y retorno asistido (Proyecto Esperanza 2010).

Siguiendo con la detección de la trata, el informe de situación anuncia la medida estrella: el comienzo de los trámites administrativos para un nuevo sistema automatizado de control de fronteras que “permitirá cotejar la huella e imagen facial del portador del documento a través del chip integrado en el mismo y comprobar la existencia de eventuales reclamaciones judiciales o policiales, dejando constancia de los movimientos de entrada y salida”. Además, se confirma el incremento de inspecciones por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en lugares y establecimientos donde se ejerce la prostitución.

Según los datos del propio Ministerio, a través del CICO, en 2009 se desarticularon 158 redes o grupos de traficantes en operaciones en las que se detuvieron hasta 726 personas y “en cuanto a las víctimas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han identificado durante 2009 a 1.301 personas, un 41% más que en 2008. El 95% eran mujeres, el 50% con edades comprendidas entre los 23 y 32 años y 13 menores de edad. El 50% estaba en situación irregular” (17).

Quizá sea este el aspecto que más afecta a la vida cotidiana de las trabajadoras del sexo. A pesar de los esfuerzos por elaborar códigos de buenas prácticas y el estudio del crimen organizado que anuncia el informe de situación, las afectadas por la presión policial mantienen una actitud de rechazo a los cuerpos de seguridad del Estado; a la policía la perciben como una enemiga, en lugar de una aliada a la que acudir. Según Amnistía Internacional “en ausencia de procedimientos adecuados de identificación, el primer contacto de las víctimas con funcionarios/as del Estado se produce habitualmente en el marco de actuaciones policiales de control de la migración irregular, en locales de ejercicio de la prostitución o en la calle. Generalmente, las fuerzas de seguridad, en esta primera intervención, no siguen ningún protocolo de cara a identificar a víctimas de trata y (…) los agentes policiales habitualmente inician desde el primer contacto con las víctimas un procedimiento de expulsión, incluso en los casos en que éstas se muestran interesadas en presentar la denuncia. En este supuesto, el expediente queda en suspenso durante la tramitación del procedimiento judicial” (Amnistía Internacional 2009: 40). A colación de este tema, en el informe de situación que estamos usando como guía, se aporta que la protección de víctimas de estancia irregular se cubre con la inclusión en la Ley de Extranjería el artículo 59bis, donde se contempla el período de restablecimiento y reflexión de 30 días concedido a la víctima de trata dispuesta a colaborar en el procedimiento penal, con autorización de estancia temporal durante el mismo y suspensión del expediente sancionador incoado o de la ejecución de las medidas de expulsión o devolución acordadas. Queda, sin embargo, pendiente, el cumplimiento de la Directiva 2004/81/CE, de 29 de abril de 2004, relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de la trata de seres humanos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal, que cooperen con las autoridades competentes.

Todo esto demuestra que, a pesar de las manifestaciones procedentes del Ministerio en su Informe, sobre la realidad se sigue actuando sin protocolos y usando la detención de irregulares como estrategia para después intentar de identificar víctimas de trata en comisaría. Y ello apunta a que no se innova en la práctica en las estrategias básicas que ya se usaban en 2003: “Las supuestas operaciones desarticuladoras de redes terminan siendo en realidad, al fin y al cabo, operaciones de control de extranjeros enmarcadas en la Ley de Extranjería (…) que muchas veces pueden concluir con la expulsión de las mujeres (…). Paradójicamente, es ahora cuando las mujeres se convierten realmente en víctimas; víctimas de operaciones policiales represivas con las que las fuerzas policiales o algunos de sus máximos responsables buscan titulares de prensa espectaculares, publicitarios y laudatorios” (Solana 2003: 111-112).

Unos meses antes de la redacción primera de este trabajo, finales de mayo de 2010, la UCRIF de la Policía Nacional desarrollaba una actuación en el Poniente almeriense que tuvo amplia difusión en prensa (18). Durante los meses posteriores a esta intervención, nos encontrábamos realizando trabajo de campo en la zona para nuestra investigación, pudiendo contrastar la información aparecida en prensa con algunas mujeres detenidas, otras muy cercanas a ellas y testigos presenciales de los hechos, periodistas que tratan de cubrir la noticia y que consiguen información muy concreta, directamente de la UCRIF, y abogados de oficio que atienden a las detenidas. Así, pudimos saber que, tras varios meses de investigaciones (basadas, sobre todo, en intervención de teléfonos móviles) a raíz de la denuncia de una supuesta víctima de trata, la Policía Nacional encontró conexiones entre personas -nigerianas y españolas- asentadas en Madrid y el Poniente que hablaban explícitamente de movimientos irregulares de mujeres de unos lugares a otros de España. Las investigaciones desencadenaron en la actuación del 20 de mayo de 2010, que consistió en 15 entradas en viviendas diseminadas en el Poniente almeriense y el casco urbano de Roquetas de Mar, con el objetivo de desarticular una red que supuestamente se dedicaba a forzar a mujeres a ejercer la prostitución. El balance de la redada quedó en 54 detenciones por infracciones a la ley de extranjería y 21 por delitos penales (75 detenciones en total). Estos últimos referidos, fundamentalmente, a falsedad documental, asociación ilícita y relativos a la prostitución (proxenetismo), entre otros. En total, fueron 75 personas detenidas.

La totalidad de las mujeres con las que pudimos hablar nos relataron su sensación ante lo que vivieron como agresión: Nos decían “¿Porqué la policía viene y nos trata así? Nosotras buscando la vida, ¡siempre miedo!, ¡miedo de policía!” (nigeriana, 24 años, Roquetas de Mar). Planteaban constantemente preguntas sobre las razones que llevaban a la policía a detener a sus compatriotas, mostrando así su incomprensión y su falta de información sobre el objetivo real de este tipo de intervenciones, que no hacían más que alimentar sus temores más inmediatos: ser detenidas y, en el peor de los casos, deportadas. Algunas mujeres afirmaban que no entendían por qué la policía va directamente a buscarlas a ellas en los locales donde trabajan: “Pero siempre molestan a las chicas, ¿por qué siempre a las chicas?” (nigeriana, 22 años, Roquetas de Mar). Con estas preguntas muestran su percepción de ser más susceptibles de ser detenidas que sus compatriotas hombres y otras mujeres que no ejercen la prostitución. “Sí, sí, pero no estamos haciendo nada, ¡sólo buscando la vida! Por qué viene así, grita a la gente, llevando a la gente a la cárcel, no puedes llamar por teléfono, ¡no puedes recoger tus cosas!” (nigeriana, 22 años, Roquetas de Mar). Se observa, pues, la incoherencia percibida por las mujeres: si el objetivo de la policía es ayudarlas, ¿por qué se las llevan a la cárcel?

De esta manera, constatamos que el uso de la detención como estrategia de detección plantea una gran contradicción, pues dificulta que quienes se ven como posibles objetos de estas intervenciones comprendan las mediadas adoptadas y ello supone -paradójicamente- un obstáculo para combatir la prostitución forzada. Quien debe sentirse objeto de protección se sitúa como víctima de una actuación policial que no entiende y que, por encima de todo, teme.

Otro elemento discordante y que provoca rechazo es el saber que se es susceptible de ser detenida por cometer infracción contra la Ley de Extranjería y que ello puede tener como consecuencia un interrogatorio acerca de quienes han promovido el viaje ilegal a España y sobre las condiciones en que se ejerce la prostitución. La mezcla entre ambas cosas desconcierta y alimenta la sensación de temor hacia la policía.

Por ende, a mujeres potenciales víctimas de trata se les abre muy frecuentemente un procedimiento de expulsión y, si no deciden colaborar con las autoridades, pueden ser expulsadas del país y muestras de que esto forma parte de nuestra cotidianidad son estos titulares periodísticos: “Expulsada una nigeriana embarazada presunta víctima de explotación sexual” (Europapress 17 de marzo de 2010), “Una presunta víctima de trata internada un mes en el CIE de Málaga” (Ameciopress 18 de agosto de 2010).

Volviendo a la aplicación del Plan, una de las propuestas más importantes era la reforma del Código Penal (que ha entrado en vigor el pasado 21 de diciembre de 2010), introduciendo el nuevo Título VII bis, dentro del Libro Segundo, con el art. 177 bis, denominado De la trata de seres humanos, dedicado expresamente a  su tipificación y abordaje y al decomiso de los productos, instrumentos y bienes relacionados con el delito (19). El texto en concreto, que tipifica el delito, reza como sigue:

“1. Será castigado con la pena de cinco a ocho años de prisión como reo de trata de seres humanos el que, sea en territorio español, sea desde España, en tránsito o con destino a ella, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima nacional o extranjera, la captare, transportare, trasladare, acogiere, recibiere o la alojare con cualquiera de las finalidades siguientes: a) La imposición de trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud o a la servidumbre o a la mendicidad; b) La explotación sexual, incluida la pornografía; c) La extracción de sus órganos corporales.

  1. Aun cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado anterior, se considerará trata de seres humanos cualquiera de las acciones indicadas en el apartado anterior cuando se llevare a cabo respecto de menores de edad con fines de explotación.
  2. El consentimiento de una víctima de trata de seres humanos será irrelevante cuando se haya recurrido a alguno de los medios indicados en el apartado primero de este artículo”

Actualmente están en fase de estudio dos reformas más: por una parte, de la Ley de enjuiciamiento criminal y el desarrollo reglamentario de la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de Protección a testigos y peritos en causas criminales, a fin de para ampliar las medidas cautelares en relación con el delito de trata de seres humanos, como el hecho de contemplar expresamente a las víctimas de trata en materia de prueba anticipada y, por otra, la modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia jurídica gratuita, con objeto de proporcionar a las víctimas de trata de seres humanos un sistema de asistencia jurídica inmediata y la rápida disponibilidad de un intérprete.

Además, se han editado folletos para las potenciales víctimas -donde figura información y un teléfono de información y asesoramiento en diversos idiomas- y profesionales. Por otra parte, se realizan convocatorias de subvenciones para la protección y asistencia integral de mujeres víctimas de trata. También, siempre según el informe de situación, el Ministerio de Trabajo ha priorizado los programas dirigidos a mujeres inmigrantes víctimas de trata con fines de explotación sexual.

Los últimos aspectos sobre los que el informe de situación llama la atención son, por un lado, la elaboración de una base de datos, por parte del CICO, específica sobre trata a partir de información remitida tanto por los cuerpos de seguridad del Estado como por la ertzaintza, mossos d’esquadra y policía foral de Navarra; y, por otro, la inclusión en el Plan Director 2009-2012 de Cooperación Española, de determinadas líneas y actuaciones para establecer o reforzar los marcos regulatorios en materia de protección social de las personas migrantes contra la trata.

Finalmente, es subrayable el tono de satisfacción y autocomplacencia del desaparecido Ministerio de Igualdad con respecto a esta fase de aplicación del Plan que se muestra en sus líneas finales: “En definitiva durante el primer año de aplicación del Plan se puede concluir que existen mejores instrumentos legales para la persecución del delito, ha crecido la concienciación y la sensibilización sobre el problema, conocemos mejor el fenómeno, las mujeres cuentan con más recursos de protección y se han podido desarticular más redes ligadas a delitos de crimen organizado”.

 

  1. A modo de conclusión

En España, la puesta en práctica de un Plan contra la trata para la prostitución forzada era un asunto, sin lugar a dudas, necesario, además de un requerimiento internacional imposible de obviar. Sin embargo, creemos que también lo es continuar la andadura sin abandonar la reflexión, la evaluación constante y el espíritu de autocrítica ante resultados adversos.

Por un lado, parece importante profundizar en el uso de los términos, aclarando a qué nos referimos cuando hablamos de trata de seres humanos y cuáles son las consecuencias de centrarse en sólo una parte de este fenómeno. Estas consecuencias no son sólo importantes para el ámbito de la investigación, sino también para el sociopolítico, si realmente nos importan las consecuencias que su desarrollo tiene sobre las personas más vulnerables. El Estado, actualmente, desarrolla un plan de intervención únicamente para lo que llama Trata de seres humanos con fines de explotación sexual, partiendo, además, de una visión abolicionista que señala la mera existencia de la prostitución como origen del problema, lo que ha llevado a adoptar algunas medidas más encaminadas a eliminarla que a detectar situaciones de vulneración de derechos humanos básicos en el ejercicio del mismo.

Por otro lado, tanto las observaciones de entidades de la sociedad civil que se encuentran cerca de las personas más vulnerables a la prostitución forzada (como la Red Española Contra la Trata, o las asociaciones Hetaira, Genera, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Amnistía Internacional), como lo que hemos podido recabar a través de nuestro trabajo de campo, plantean dudas sobre la idoneidad de las estrategias de identificación y protección de posibles víctimas y sobre la jerarquía de prioridades del Estado a la hora de anteponer el control de fronteras y la inmigración irregular a dicha identificación, protección y garantía de los derechos humanos.

 

 

Notas

  1. La UNODC señala precisamente el que la trata pueda darse dentro de un mismo Estado como una de las diferencias fundamentales entre este fenómeno y el tráfico ilícito de migrantes (ONUDD, 2011). En Internet:
    http://www.unodc.org/southerncone/es/trafico-de-pessoas/index.html
  2. Trabajo de campo que emana de la realización de una tesis doctoral por parte de Estefanía Acién, en proceso de redacción, bajo la dirección del Dr. Francisco Checa. Este trabajo surge a partir de una experiencia de intervención social de la mano de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que se remonta al año 2001 (ver Acién y Majuelos, 2003).
  3. Cita que se atribuye en el Plan a la Unión Europea, en abstracto, sin aportar la fuente concreta.
  4. Se citan en especial: (1) las conclusiones y recomendaciones de 2003 aprobadas por la Comisión Mixta Congreso-Senado de los Derechos de la Mujer; (2) “Diversas Proposiciones No de Ley presentadas y aprobadas por los diferentes grupos parlamentarios durante la pasada legislatura y más recientemente”; (3) el Plan de la Unión Europea sobre mejoras prácticas, normas y procedimientos para luchar contra la trata de seres humanos y prevenirla de 2005; y (4) las conclusiones y recomendaciones aprobadas en 2007 por la Ponencia sobre la situación de la prostitución en nuestro país constituida en el seno de la Comisión Mixta Congreso – Senado para los derechos de la mujer y la igualdad de oportunidades.
  5. Incluye tres acciones de investigación: (1) un estudio sobre la trata de mujeres con fines de explotación sexual en tránsito o con destino a nuestro país y su relación con los fenómenos migratorios; (2) un estudio para analizar el tratamiento judicial de los procesos penales relacionados con la trata desde la aprobación de la ley orgánica 11/2003 y (3) elaboración de un estudio sobre las consecuencias de la trata en las víctimas, modelos de intervención para la recuperación y mapa de recursos existentes.
  6. Para ello se propone: (1) la inclusión de la trata de seres humanos como asunto prioritario, en las reuniones del funcionariado consular, agregados/as y funcionariado de enlace del Ministerio del Interior con destino en los países de origen; (2) inclusión del uso de identificadores biométricos en la expedición y verificación de visados y permisos de residencia; (3) implantación en todo el territorio nacional de los nuevos sistemas y mecanismos de control para la detección de situaciones de trata en puertos, aeropuertos y medios de transporte; (4) planificación e intensificación de las inspecciones en lugares de riesgo potencial de TSH; y (5) denuncia de situaciones de trata y explotación en los ámbitos sanitario, social y educativo.
  7. La Red Española contra la Trata está compuesta por organizaciones nacionales e internacionales que trabajan en España y surgió en enero de 2006. Actualmente, en su página web aparecen como miembros catorce organizaciones: Afromujer Andalucía, Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AETI), Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida (APRAMP), Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Fundación Tierra de Hombres, Instituto de estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA), Médicos del Mundo (MdM), Mujeres en Zona de Conflicto (MZC), ONG Rescate Internacional, Proyecto Esperanza, Red Cántabra contra el Tráfico de Personas y la Explotación Sexual, Save the Children y Women’s Link Worldwide. En la red:
    http://www.redcontralatrata.org
  8. Así lo establecía el Plan de acción de la OSCE contra la trata de seres humanos, pág. 18; y se recogía en la Directiva 2004/81/CE del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de la trata de seres humanos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal, que cooperen con las autoridades competentes (art. 5).
  9. Amnistía Internacional es una organización de ámbito universal con sedes en 150 países presente en España desde 1978. Es una organización considerada actualmente punto de referencia por sus denuncias discrecionales y sus rigurosos informes periódicos: http://www.es.amnesty.org
  10. Genera es una ONG que, según sus palaras publicadas en la página web: “busca la redefinición de los roles sociales desde una perspectiva de género a través de la defensa y reivindicación de los derechos de las mujeres partiendo del ámbito del trabajo sexual” (http://www.genera.org.es). Entre sus publicaciones existe el Manual de profesionalización de trabajadoras sexuales (2008) y la revista Punto-G de Información sobre el trabajo sexual, editada para distribuirla fundamentalmente entre trabajadoras del sexo.
  11. Hetaira es una organización madrileña compuesta por mujeres que reivindican derechos para las trabajadoras del sexo (http://www.colectivohetaira.org). Entre sus aportaciones más interesantes al debate social están la promoción de la Plataforma por los Derechos en el Trabajo Sexual y la organización de dos jornadas de debate por los derechos de las prostitutas, en mayo de 2004 (actas editadas por C. Garaizábal y M. Briz en 2007) y recientemente en octubre de 2010.
  12. En cuanto a las definiciones, vuelven a reiterar su preocupación por la confusión entre prostitución y explotación sexual: “podría llevarnos incluso a impedir y coartar el derecho de asociación de muchas personas que ejercen prostitución y que justamente podrían organizarse (asociaciones, cooperativas, sindicatos) contra la trata” y añaden más adelante que “Existe una clara criminalización de las mujeres que ejercen prostitución sin coacción ni violencia que podría tener consecuencias directas e inmediatas en sus derechos elementales” por lo que es necesario “centrar el debate en la propia actividad delictiva que es la trata de persona con fines de explotación sexual”.
  13. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía es una entidad de ámbito andaluz (http://www.apdha.org). En la actualidad los perfiles con los que la organización trabaja más intensamente son: minorías étnicas, pobres, personas inmigradas, presos y sus familiares y trabajadores/as del sexo. El grupo de trabajo sobre prostitución de APDHA se encuentra en cinco provincias andaluzas (Almería, Granada, Málaga, Córdoba y Bahía de Cádiz) y pertenece a la Plataforma por los Derechos en el Trabajo Sexual, siendo la única entidad con fuerza suficiente para ser considerada como referencia de la línea por los derechos en Andalucía.
  14. Véase: http://www.migualdad.es
  15. En el informe de situación del Plan informaban de ciertos resultados preliminares: “Como resultado de este estudio se han identificado en todo el Estado siete centros específicos de atención a víctimas de trata con fines de explotación sexual, concentrados en cinco provincias de tres comunidades autónomas (Madrid [3], Extremadura [2], Cantabria [1], Castilla-La Mancha [1]). Junto a estos siete centros existen otros 55 que atienden a víctimas de explotación sexual junto a mujeres que se encuentran en contextos de prostitución, repartidos en 22 provincias de 16 comunidades autónomas. Por último, se han detectado al menos una docena de instituciones y organizaciones públicas o privadas, que, aunque no ofrecen recursos específicos ni para víctimas de explotación sexual ni para mujeres prostituidas, atienden a estas personas cuando reciben víctimas de estos crímenes. Una vez realizado este mapa, y ya en 2010, se analizarán los modelos de intervención teóricos y prácticos existentes”
  16. Consúltese: http://www.educacion.es/intercambia
  17. Datos de una nota de prensa emitida por el Ministerio de Igualdad anunciando la presentación del Informe de Situación del Plan, el 23 de abril de 2010. Puede encontrarse en la web oficial del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad:
    http://www.migualdad.es
  18. Consúltense, por ejemplo, http://www.cantabriadiario.com, de 24 de mayo de 2010, con el titular: “La Policía Nacional desarticula en Almería una organización dedicada a la trata de mujeres con fines de explotación sexual”. Con idéntica fecha y muy similar contenido:
    http://www.lacerca.com
    También podemos leerlo en la sección de la Unidad de Relaciones Informativas y Sociales de la página web de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil del Ministerio del Interior:
    http://www.policia.es/prensa/100524_1.htm
  19. Disposición 9953, publicada en BOE núm. 152 de 23 de junio de 2010: Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

 

 

Bibliografía

Acién González, Estefanía
2009 “Sexualidad, prostitución y migrantes. Concepciones, posiciones y realidad”, en Francisco Checa y Olmos, Juan Carlos Checa Olmos y Ángeles Arjona Garrido (eds.), Las migraciones en el mundo, Barcelona, Icaria: 251-272.

Acién González, Estefanía (y Francisco Majuelos Martínez)
2003 De la exclusión al estigma, Almería, APDHA.

Amnistía Internacional
2009 España, una vida sin violencia para mujeres y niñas, las otras víctimas de violencia de género: Violencia sexual y trata de personas:
http://www.es.amnesty.org

Asociación Pro derechos Humanos de Andalucía
2008 Análisis de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía acerca del “Plan integral contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual”, aprobado por el Congreso de los Diputados el 12 de diciembre de 2008. En Internet:
http://www.apdha.org
2008b Documento sobre prostitución. Reflexiones para el debate. Disponible en:
http://www.apdha.org

Arango Vila-Belda, Joaquín
2007 “Las migraciones internacionales en un mundo globalizado”, La Vanguardia, Dossier nº22, “El continente móvil”:
http://www.ucm.es/info/gemi/articulos.php

Garaizábal Elizalde, Cristina
2009 “Polémica sobre los anuncios de prostitución: Moralina frente a derechos”, Diagonal, nº 112:
http://www.nodo50.org

Garaizábal Elizalde, Cristina (y Mamen Briz) (eds.)
2007 La prostitución a debate. Por los derechos de las prostitutas, Madrid, Talasa.

García Arán, Mercedes (y otros)
2006, Trata de personas y explotación sexual. Granada, Comares.

Genera
2008 Plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Aportaciones al borrador de medidas. Documento mimeografiado.

Genera (y Hetaira)
2008 Aportaciones al borrador del plan contra la trata de noviembre de 2008, Asociación Genera y Colectivo Hetaira. Documento mimeografiado.

Comisión Mixta (Senado-Congreso) de los Derechos de la Mujer y la Igualdad de Oportunidades
2007 “Informe de la Ponencia sobre prostitución en nuestro país”, en Boletín Oficial de las Cortes Generales, Sección Cortes generales, nº367, 13 de abril: http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CORT/BOCG/A/CG_A367.pdf

Congreso de los Diputados
2008 Plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual:
http://www.migualdad.es/ss/Satellite?cid=1244647282488&pagename=MinisterioIgualdad
%2FPage%2FMIGU_SinContenido

Consejo de Europa
2005 Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos:
http://www.accem.es/ficheros/documentos/pdf_trata/Convenio_Consejo_de_Europa.pdf
2004 “Directiva 2004/81/CE del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de la trata de seres humanos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal, que cooperen con las autoridades competentes”, en Diario Oficial de la Unión Europea, 6.8.2004, L 261/19. Disponible en:
http://www.eur-lex.europa.eu

Ministerio de Igualdad
2010 Informe sobre el estado de la situación del plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. En Internet: http://www.migualdad.es/ss/Satellite?cid=1244647282488&pagename=MinisterioIgualdad
%2FPage%2FMIGU_SinContenido

Organización de Naciones Unidas
2010 Campaña Corazón Azul. Disponible en:
http://www.unodc.org/blueheart
2009 Informe mundial sobre la trata de personas, UNODC:
http://www.unodc.es
2000 Protocolo para la prevención, supresión y castigo del tráfico de personas, especialmente mujeres y niños que complementa la convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. Documento mimeografiado.

Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE)
2004 Plan de acción de la OSCE contra la trata de seres humanos. Disponible en:
http://www.osce.org

Osborne Verdugo, Raquel
1988 “Debates actuales en torno a la pornografía y la prostitución”, Papers. Revista de Sociología, nº 30: 97-107.

OSCE. Office for Democratic Institutions and Human Rights
2004 National Referral Mechanisms. Joining Efforts to Protect the Rights of Trafficked Persons. A Practical Handbook:
http://www.osce.org

Proyecto Esperanza
2010 Valoración del nuevo marco jurídico contra la trata de seres humanos. Análisis de casos reales y recomendaciones. Disponible en:
http://www.proyectoesperanza.org

Red Española Contra la Trata
2009 Valoración del borrador de las medidas propuestas en el plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Documento mimeografiado.

Solana Ruiz, José Luis
2008 “El informe de la ponencia para el estudio de la situación actual de la prostitución en España: Análisis, comentarios y evaluación”, en José Luis Solana Ruiz y Estefanía Acién González (eds.), Los retos de la prostitución. Estigmatización, derechos y respeto, Granada, Comares: 77-150.

Wijers, Marjam
2001 “Política de la Unión Europea sobre el tráfico de mujeres”, en Mariagrazia Rossilli (coord.), Políticas de género en la Unión Europea. Madrid, Narcea: 245-274.

 

(1) Puede consultarse el Plan Integral 2015-18 aquí:

http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/planActuacion/planContraExplotacionSexual/docs/Plan_Integral_Trata_18_Septiembre2015_2018.pdf

 

La indefensión de las prostitutas

Por Ninfa

 

19 de Mayo de 2017 (19:04 h.)

 

 

http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/indefension-prostitutas/20170519175159140006.html

 

 

Soy trabajadora del sexo. Desde hace algunos años contacto con mis clientes en la calle. Empecé en esta actividad allá por el año 1997, en los tiempos en que la Casa de Campo de Madrid estaba abierta a todas horas al público. En aquellos tiempos, recuerdo, trabajábamos sin más problemas que los que se pudieran presentar en la cotidianidad: que si la lluvia, que si el cliente borracho, que si el maleducado… La Policía estaba continuamente pidiendo la documentación y no todas tenían “los papeles en regla”, eran frecuentes las redadas en busca de “sin papeles”.

Las trabajadoras del sexo captábamos a la clientela al pie de la vía y los servicios los realizábamos, como norma general, en los propios vehículos, cerca de donde nos ubicábamos. Después, poco a poco, nos lo pusieron más difícil. Primero colocaron vallas de maderas. Las autoridades explicaron que se trataba de “barreras protectoras”. La consecuencia fue que los coches ya no podían parar al lado de la vía. Nos trasladamos entonces a las zonas de parking, a un lugar más alejado. Pero las vías fueron cerrándose poco a poco. Cada vez contábamos con menos espacio para trabajar y lo hacíamos en lugares menos seguros, menos transitados.

Las incursiones policiales se acrecentaron. Actuaban conjuntamente la Policía Municipal y la Policía Nacional, concretamente de migración. Sufrimos cortes de tráfico y desvíos caprichosos de la circulación, calles cortadas a determinadas horas, redadas a las mujeres que se encontraban en “situación irregular”, insistentes controles de alcoholemia a los clientes, multas de tráfico injustificadas a horas intempestivas, etc. Es decir, poco a poco, las autoridades consiguieron poner en marcha la “diáspora” de prostitutas por Madrid. Tuvimos que desplazarnos a otros lugares como por ejemplo Capitán Haya y Paseo de la Castellana, Pintor Rosales y Parque del Oeste, Polígono de Villaverde (conocido también como Polígono Marconi), Montera y zona centro. Sitios, como éste último, que contaban con los inconvenientes consabidos: enfrentamientos y discrepancias con el vecindario, comerciantes, etc. Por si fuera poco, se colocaron cámaras en la vía pública que ahuyentaron a nuestros clientes. Las prostitutas nos vimos obligadas a demandar nuestras reivindicaciones ante el consistorio municipal y nos manifestamos exigiendo nuestros derechos en la calle de la Montera, en la zona centro de Madrid.

Particularmente, decidí desplazarme a trabajar hasta la localidad de Torrejón de Ardoz (Madrid) y estuve en sus inmediaciones cerca de 3 años. El inicio de obras de acceso a Torrejón, en la parte Este, me obligó a trasladarme al polígono conocido como Electrolux de Alcalá de Henares, donde se ejercía desde años antes. Poco duró la calma. El Ayuntamiento alcalaíno, liderado por el Partido Popular en aquel entonces, preparó una ordenanza municipal y entre sus puntos había uno que asestaba un golpe duro a la prostitución callejera y que contemplaba la prohibición de “ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o indirectamente de servicios sexuales retribuidos en el espacio público de la ciudad de Alcalá de Henares, en todo su término municipal.”  Las sanciones van de 300 a 3.000 euros de multa tanto para los clientes como para las trabajadoras del sexo. Esta ordenanza municipal, que entró en vigor en diciembre de 2010, desembocó en hostigamiento, persecución y acoso permanentes hacia nosotras. Ni siquiera podemos subirnos a un coche, a veces ni al propio. Desde entonces estamos penalizadas por ser prostitutas, independientemente de si estamos ejerciendo en ese momento o no.

La normativa trajo como consecuencia una mayor precarización:  A partir de ahí, al no contar con tiempo y tranquilidad para negociar los servicios, debemos apurar los acuerdos, desplazarnos más lejos para realizar los servicios sexuales acordados (con el consabido peligro que eso conlleva), estar pendientes de nuestros móviles porque, entre nosotras, nos alertamos mediante llamadas perdidas de la presencia policial.

Por las condiciones geográficas, no podemos subir a un coche ni para ir a tomar algo a las cafeterías próximas a la zona (cosa muy común) porque los efectivos policiales dan por sentado que vamos a dar un servicio. De nada sirve pararse a explicarles nada. Las multas van tanto para el conductor como para nosotras. Estamos absolutamente estigmatizadas por ejercer nuestro oficio. El Colectivo Hetaira ha sido testigo en directo, a veces, y vía telefónica, otras, de estas experiencias. Hubo una ocasión, en que por el solo hecho de encontrarme dentro de mí vehículo aparcado en el lugar, matando el tiempo de aburrimiento y jugando con mi dispositivo móvil, fui multada. Además nos influye mucho la intimidación que sufren los clientes; nos sentimos impotentes e indefensas.

 

La ley mordaza

Algunas compañeras, debido a la presión, cambiamos de lugar de trabajo. Decidí trasladarme al polígono de Villaverde, pero allí también se estaba preparando una normativa municipal similar a la de Alcalá de Henares que no llegó a aplicarse porque el Gobierno del Partido Popular aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza, que penaliza tanto a clientes como a trabajadoras del sexo. Dicha ley, que entró en vigor el 1 de julio de 2015, ha venido acompañada de consecuencias terribles: más estigmatización para nosotras, más hostigamientos, más actas de denuncias constantes por cualquier cosa: por pararnos aquí, por pararnos allá, por nuestras vestimentas (da igual cómo vistas, cualquier escote, falda, pantalón corto, largo o ceñido al cuerpo, blusa, vestido). Todo vale y justifica su denuncia impuesta, tanto si vas vestida como si no, si te encuentra en la acera como si no, si estás hablando, si vas en coche con alguien, si estás esperando el bus para marcharte, si estás parada o si estás en sitios estratégicos de la zona realizando servicios. Nosotras, las prostitutas somos juzgadas, en ocasiones, por la policía, juzgadas como “males madres”. Pueden soltarte tranquilamente la dichosa frase de “¿qué dirán tus hijos?”, porque la carga moral está presente en el momento que extienden la denuncia. Aquí no se salva nadie, ni el señor que vende los preservativos, ni el señor al que compramos los bocadillos, ni el cunda que nos hace de taxi. Todos son calificados de “puteros”, tratados como “criminales”… Y nosotras, vapuleadas, y nuestros datos personales utilizados para rellenar las denuncias hechas contra nuestros clientes o contra las personas que tratan de buscarse la vida en el polígono vendiendo bocadillos.

 

Reacción

Con esta ley en ejecución las putas llegamos a comprender lúcidamente que siempre se ha perseguido la prostitución, que se ha utilizado la ley de migración como excusa para perseguirnos y expulsarnos del país. Ahora ya hay un instrumento a nivel estatal. Días antes de la entrada en vigor de la ley mordaza, algunos policías de migración, concretamente del Grupo XI, nos lo advertían de manera pletórica y triunfal: “la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana acabaría con nuestra actividad”. Y se cumplió lo que nos habían prometido: las denuncias impuestas contra nosotras, las monsergas y reproches -casi peores‒ que acompañaban a las mismas.

En esta difícil situación –con más de 30 denuncias en una sola tarde‒ vimos la necesidad de protestar, gritar y hacernos escuchar. Así nació la Agrupación Feminista de Trabajadoras Sexuales (AFEMTRAS), conformada por mujeres cis, mujeres trans y travestidos. El colmo fue que el foco mediático sólo apuntaba hacia un objetivo: la denuncia de que una “posible víctima de trata” pudiera estar siendo multada. Porque para las autoridades sólo existen las “víctimas de trata”, nosotras no existimos. Y para los medios de comunicación, en ocasiones, tampoco. Y cuando existimos, se nos criminaliza por nuestra actividad.

Como AFEMTRAS estamos dando a conocer nuestra situación y nuestro descontento a medidas injustas, desproporcionadas e ineficaces. Ponemos el acento en las consecuencias negativas de la aplicación de leyes injustas sobre nuestras vidas. Asistimos, asombradas e indignadas, al descrédito que se hace de nuestro oficio y a la perversión que supone confundirla -intencionadamente‒ con la trata de personas.

Las trabajadoras del sexo apoyamos sin fisuras a las víctimas de trata y somos las primeras en ver “indicios” de trata y ponerlo en conocimiento de las asociaciones con quienes colaboramos. Quiero señalar también que son muchas veces los clientes quienes contactan con las autoridades y las asociaciones cuando detectan posibles casos de trata.

Pero, nosotras, profesionales del sexo estamos demandando a los consistorios espacios donde podamos trabajar sin molestar y sin ser molestadas. Las multas nos perjudican y las multas a nuestros clientes nos perjudican de manera flagrante (podemos no castigar a un comerciante por su actividad, pero si multamos a quienes entren en su establecimiento, le estamos perjudicando directamente). Tenemos la obligación de defender y “desdemonizar” a nuestros clientes porque entendemos que existe un contrato verbal de intercambio de servicios sexuales por dinero con el consentimiento de dos personas adultas y el Estado no debería de intervenir -y menos hacerlo con una moralidad propia de otros siglos-.

Por tanto, exigimos que las autoridades diferencien entre “trabajo sexual” y “trata de personas”. Si no es así, las víctimas de trata reales continuarán desprotegidas y nosotras soportando la indefensión y sin que nuestros derechos sociales y laborales sean reconocidos. Acaso, ¿alguien vive mejor sin derechos?

 

Comparecencia de Hetaira en la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de violencia de género

 

Colectivo Hetaira·Martes, 9 de mayo de 2017

 

Madrid, 08/05/2017

 

Gracias al Grupo Confederal de Unidos Podemos, En comú Podem En Marea por la invitación a comparecer en esta Subcomisión. Comparezco en nombre de Hetaira -colectivo que trabaja desde hace ya 22 años en defensa de los derechos de las prostitutas en nuestro país- y que forma parte del Movimiento Feminista de Madrid, de la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW), de la Red Internacional Europea TAMPEP, del Comité Internacional por los Derechos de Trabajador@s Sexuales en Europa (ICRSE), de la Coordinadora Estatal de VIH-Sida (CESIDA), de la Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual, de la Plataforma Estatal por los Derechos de las Personas Trabajadoras del Sexo, de la Plataforma CEDAW Sombra España y de la Plataforma No Somos Delito, entre otras.

 

La creación de esta subcomisión es un paso más para tratar de hacer frente a la violencia machista y esperamos que las recomendaciones que finalmente se hagan llegar al Gobierno sirvan para mejorar la asistencia a las víctimas de violencia de género y evitar más muertes y agresiones machistas. No obstante, no vale con que el Gobierno tome nota de las recomendaciones que de esta subcomisión salgan, sino que éste deberá hacer un esfuerzo para garantizar que algunas medidas se pondrán en marcha dentro un marco legislativo adecuado y que lógicamente contarán con un presupuesto económico. No parece que vaya a ser así a la vista de los Presupuestos Generales del Estado aprobados. Lo lamentamos profundamente. Lamentamos sobre todo que se pierda energía y tiempo en “debatir”, pero no en “poner en práctica” y “en hacer”. Porque también habremos hecho perder recursos a la sociedad española.

 

La ley contra la violencia de 2014 adolecía de algunos problemas. Así se lo hicimos saber en su momento las asociaciones feministas al Gobierno socialista. A pesar de ello, la ley supuso un gran avance y hubo consenso sobre la necesidad de un cambio cultural y de mentalidad. Sin embargo, se abandonaron las propuestas a largo plazo, aquellas basadas en la prevención en la educación o en la formación de profesionales en los diferentes sectores implicados. Lo que quedó en pie, finalmente, fue la parte penal.

 

Tampoco puede servir el Pacto de Estado para pasar a denominarle a cualquier situación discriminatoria contra las mujeres como “violencia machista. Por ejemplo cuando oímos expresiones del tipo: “Cobrar menos por un trabajo de igual valor es violencia”. Creemos que hemos de ser rigurosas, porque si metemos todas las situaciones discriminatorias en un mismo saco estaremos haciéndoles un flaco favor a las “víctimas reales de violencia de género”.

 

El “impulso masculino de dominio” no es el único factor desencadenante de la violencia sexista. Tenemos que seguir poniendo en cuestión, además, las estructuras familiares (núcleo de privacidad que amortigua o genera todo tipo de tensiones); el papel de la educación religiosa y sus mensajes sobre el amor; la falta de educación afectivo-sexual de menores y adolescentes que ayuden a resolver los conflictos futuros, etc.

 

Apostar exclusivamente por la filosofía del castigo sobre el autor concreto de una agresión concreta significa no repensar las sociedades en las que vivimos, no querer ver las responsabilidades de los Gobiernos y de las políticas públicas puestas en marcha por éstos para tratar de evitarlas.

 

La imagen exclusiva de “víctimas” tampoco ayuda a la lucha colectiva por los derechos de las mujeres pues no tiene en consideración nuestra capacidad de resistencia, de hacernos un hueco, de generar autoestima y empuje solidario entre nosotras.

 

Incluso en los casos de violencia de género o de víctimas de trata es importante reforzar la autonomía y la capacidad de decisión de las implicadas. Los movimientos feministas siempre cuestionaron el tutelaje y la falsa protección basada en considerar a las mujeres como “eternas niñas” necesitadas de protección por un Papá/Estado.

 

El conocimiento y el trabajo con mujeres concretas y diversas nos ha enseñado como éstas pueden dar la vuelta, y de hecho se la dan, a las situaciones de subordinación con las que pueden encontrarse. Y como escribía Gayle S. Rubin: “Los márgenes y los bajos fondos pueden ser un lugar de rebeldía”.

 

Contar con los relatos de las víctimas de violencia de género nos sigue pareciendo una de las mejores fórmulas para encontrar estrategias y posibles soluciones. Conocer de primera mano sus necesidades (que pueden ser distintas dependiendo de cada mujer, de cada caso) debería ser una prioridad.

 

Nuestra comparecencia está centrada en materia de trata y prostitución.

 

Trata de personas

 

¿Tiene algún sentido incorporar medidas concretas contra la trata en una ley de violencia de género o en un Pacto de Estado? ¿Se trata de una buena herramienta o, por el contrario, tendríamos que enmarcarla en otro contexto para proteger a las víctimas de trata y luchar contra el delito? Desde Hetaira creemos que tendríamos que separarlo por responsabilidad política y por ser más eficaces a la hora de prevenir y atajar tanto la violencia de género como la trata.

 

La trata de mujeres es una manifestación de la violencia de género. Y figura -gracias a las presiones de muchas ONG’s- como delito en el Código Penal español desde hace unos años. Además puede conllevar otros delitos también tipificados ya en nuestra legislación

 

La trata de personas se da en muchos sectores económicos, no sólo en prostitución. Nos la encontramos en la industria textil, en la agricultura, en la mendicidad, en matrimonios forzosos, en el servicio doméstico. Y son víctimas de trata tanto menores como personas adultas (mujeres y hombres cis, mujeres y hombres trans). La CEDAW pide explícitamente que se tipifiquen todas las manifestaciones de trata (y no sólo aquellas que se dan dentro de la industria del sexo).

 

Una ley integral de lucha contra la trata (que viene reclamándose desde 2012) tendría que garantizar la protección y la recuperación integral de las víctimas y debería abordar la lucha contra la trata desde una perspectiva de derechos humanos. Nos faltan datos, siempre nos falta conocer cuántas personas se encuentran en situación de protección, cuántas personas están viviendo en lugares seguros, cuántas personas han accedido a permisos de trabajo y residencia, cuántas personas consiguieron la condición de asilo por ser víctima de trata (se cuentan con los dedos de una mano, con un poco de suerte, de las dos) cuántas personas han sido indemnizadas por el sufrimiento causado (sabemos que ninguna).

 

La persecución del delito se está haciendo, pero no se está trabajando con el mismo ímpetu en la protección de las víctimas y en poner en primer plano los derechos humanos. Contamos con ejemplos dolorosos, como las expulsiones de posibles víctimas de trata de los CIE’s; víctimas que no han recibido protección sino que han sido contempladas como migrantes sin papeles.

 

Correr el riesgo de saturar los juzgados de violencia de género con casos tan complejos como el de la trata no nos parece una buena idea.

 

Otro problema con el que nos encontraríamos es que el delito de trata, por lo general, traspasa fronteras. Por tanto la persecución del delito fuera de nuestras fronteras exige investigar en otros países y colaborar con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de esos países.

 

Nuestras recomendaciones/propuestas al Gobierno en este punto son las siguientes (exponemos sucintamente algunas cuestiones):

 

. identificación de las víctimas de trata con garantías, no siendo consideradas migrantes sin papeles.

 

. el plan contra la trata debe extenderse a todas las situaciones y dejar de denominarse “de mujeres y niñas con fines de explotación sexual”;

 

. que la colaboración con las autoridades policiales no sea una condición indispensable para poder recibir protección. Es inaudita la existencia de la “contraprestación” en el delito de trata.

 

. indemnizaciones económicas para las víctimas

 

. contar con la opinión y el trabajo de las ONG especializadas.

 

. seguir gastando ingentes cantidades de dinero institucional para explicar que la trata es un delito (algo que toda la sociedad entiende), nos parece un despropósito cuando aún faltan recursos habitacionales para las víctimas, un ingreso mínimo que les permita sobrevivir en un ambiente relajado, etc, etc… Prioricemos los recursos, acojamos a las víctimas, persigamos el delito y transmitamos todo esto a la sociedad. Es la mejor manera de mostrar la realidad y que se comprenda. No podemos delegar el problema de la trata en la “conciencia ciudadana”.

 

. derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana (ley mordaza) que, como bien saben (porque se aprobó en el Parlamento) multa indiscriminadamente a quienes ejercen la prostitución en espacios públicos y a sus clientes. Y en ocasiones, a víctimas de trata.

 

. por último, exigimos recursos públicos, dependientes de las instituciones.

 

La prostitución es un trabajo

 

En la prostitución hay machismo. También hay machismo en la política. Pero Vds. eso ya lo saben, es a lo que se dedican y conocen perfectamente quién se sienta en cada escaño, ¿verdad? Las prostitutas soportan el machismo como lo soportan Vds., las políticas, o las periodistas o las profesoras universitarias o las cajeras de los supermercados. Y se hace lo que se puede, colectiva e individualmente. Vivimos en sociedades machistas. Es lo que tenemos en común.

 

El Gobierno español, en los dos últimos años, ha reducido la deuda gracias al aumento del PIB, un aumento que ha venido por contabilizar la entrada de dinero de la prostitución. ¿No les parece impresentable que no se reconozca legalmente la legitimidad del trabajo sexual, que no se reconozcan los derechos de estas personas y que por el contrario se contabilice el “supuesto” dinero que mueve? A nosotras sí.

 

El grupo de expertos en materia de trata de la Unión Europea, GRETA, insiste en que la prostitución no equivale automáticamente a trata. Esta distinción es imprescindible tanto para abordar la trata en toda su complejidad como para encontrar soluciones a la hora de acabar con la discriminación que sufren las prostitutas.

 

La prostitución por decisión propia no es violencia, es el trabajo, la actividad económica para muchas personas que reorganizan sus vidas en función del intercambio de servicios sexuales por dinero. Este intercambio se produce entre gente adulta y con mutuo consentimiento.

 

¿Tiene algún sentido seguir repitiendo que “la prostitución es violencia de género”, al tiempo que mantenemos la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida por ley mordaza, que multa a quienes ejercen la prostitución en los espacios públicos, el sector más débil?

 

¿tiene sentido mientras seguimos manteniendo discriminadas a las personas que la ejercen: discriminadas a la hora de poder alquilar una vivienda o pedir un crédito, trabajadoras sin derechos laborales, sin derecho al paro, soportando situaciones laborales que contravienen todas las legislaciones posibles, sin derecho a una pensión de jubilación…?

 

¿qué pensamos hacer con las mayores que dejaron su vida en la calle?

 

¿la propuesta de incorporar la prostitución a una ley contra la violencia de género supondría la inmediata supresión de las multas por la ley mordaza?

 

¿supondría que las prostitutas pasarían a ser víctimas de violencia de género? ¿con qué beneficios? ¿tendrían asegurado las prostitutas su nivel económico de ser así?

 

Pero, como bien podrán imaginar, no estamos en absoluto de acuerdo con la incorporación de la “prostitución” en un futuro Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La prostitución decidida no es violencia de género, sino una actividad económica para muchas mujeres que llevan tiempo reclamando derechos laborales para acabar con las malas condiciones en que se ejerce y con el estigma que pesa sobre ellas por dedicarse al trabajo sexual.

 

Amnistía Internacional está pidiendo la despenalización del trabajo sexual a nivel mundial. Sus últimos informes publicados, hace justo ahora un año, recoge a través de sendas investigaciones las violaciones de derechos humanos que sufren las trabajadoras y los trabajadores sexuales en Noruega, Argentina, Hong Kong y Papúa Nueva Guinea. Les recomiendo que lean, al menos el informe sobre Noruega y la persecución que están sufriendo quienes ejercen. Entre otras muchas cosas, sufren “desalojos inmediatos” de sus viviendas y de sus espacios de trabajo.

 

Las trabajadoras del sexo, como la mayoría de nosotras, buscan la manera de vivir lo mejor posible dentro de las opciones que la vida les ofrece. Y, por supuesto, deciden. En esta medida, la oferta de servicios sexuales es un trabajo para ellas, trabajo que debe ser reconocido legalmente, acabando con la hipocresía que hoy existe al respecto y articular los derechos sociales y laborales que se desprenden de ello. Los mismos derechos sociales y laborales de los que ya disfrutan sus señorías (permisos de maternidad, vacaciones pagadas, protección frente al desempleo, días libres, etc…).

 

Seguir negando esto y mantener a las prostitutas en la situación de discriminación actual contribuye, entre otras cosas, a que sigan siendo explotadas laboralmente, perseguidas y acosadas por la Policía y sufriendo abusos y agresiones de cualquiera que se lo proponga.

 

El proceso de estigmatización que sufren las trabajadoras sexuales hace que por el hecho de ejercer la prostitución se las considere una categoría particular de personas: “traumatizadas”, “trastornadas”, “víctimas extremas de las circunstancias” y lo que es peor sin capacidad de decisión sobre sus propias vidas.

 

El aumento de la presencia de migrantes trabajadoras sexuales ha sido la excusa perfecta para el desarrollo de políticas represivas en materia de prostitución y su aceptación por parte de las instituciones políticas. El hecho de que generalmente lleguen de manera irregular, sin papeles, así como el que se dediquen al ejercicio de la prostitución en un país donde no está reconocida como “actividad económica” favorece todo tipo de abusos sobre las inmigrantes que cuentan con menores recursos económicos. Esta situación ha servido de pretexto para definir la prostitución como violencia de género, no teniendo en cuenta las condiciones que favorecen que algunas prostitutas sufran diferentes formas de violencia sino considerando que es la prostitución en sí y, por lo tanto, los hombres con su demanda lo que hace que estos abusos sean posibles.

 

Discriminación es también la invisibilidad que soportan las prostitutas autoafirmadas y organizadas desde hace décadas a nivel mundial. Este sector de mujeres autoafirmadas, profesionalizadas y que se reivindican a sí mismas con orgullo, es el que se quiere ocultar cuando se habla de la prostitución desde una óptica victimista y sobreprotectora, asimilándola toda a violencia de género, al indefinido concepto de “esclavitud sexual” o a la trata. Palabras con fuertes resonancias emocionales pero que sirven de poco para entender las diferentes situaciones que se dan en el ejercicio de la prostitución. Sirven para hacer demagogia pero no para empoderar a las trabajadoras del sexo, a las que se niega su capacidad de decisión, su libertad y su autonomía para hacer con su cuerpo lo que quieran.

 

Para Hetaira lo importante sigue siendo estar cerca de quienes ejercen por decisión propia y entender y apoyar sus estrategias de supervivencia.

 

Hay partidos políticos que abogan por la erradicación de la prostitución. Pero ¿en qué se han concretado sus políticas públicas allá donde han gobernado (en ayuntamientos y comunidades autónomas)?

 

. En sus programas jamás vemos un plan de acción que contemple medidas sociales que puedan beneficiar a las prostitutas que voluntariamente desearan abandonar la prostitución, por los motivos que sea, muchas veces por no soportar el estigma social. Tan sólo se han puesto en marcha, en ocasiones, tímidos talleres y cursos a los que han podido acceder una cantidad ridícula de mujeres y que no les ha permitido abandonar la prostitución. Cursos de formación limitados, en muchas ocasiones, a trabajos precarizados y con una contraprestación económica insuficiente, que impide que dejen la calle.

 

. poniendo en marcha normativas cívicas ciudadanas (que multan a clientes, lo que significa castigar a las mujeres dejándoles sin fuente de ingresos); o normativas que multan a ambos o aplicando la ley mordaza;

 

. gastando cantidades ingentes de dinero público en campañas que “criminalizan a los clientes” y, por ende, a quienes ejercen;

 

 

. escribiendo guías con recomendaciones dirigidas a los medios de comunicación que hasta niegan a las mujeres la posibilidad de autodefinirse como trabajadoras del sexo.

 

. a hacer ruido ante el Consejo de Estado sobre la prohibición de publicidad de los anuncios de prostitución en los medios de comunicación. Intento baldío en el siglo XXI y con Internet al alcance de toda la población.

 

Poca cosa, poco serio, ¿no les parece? Y lo peor, ninguna de estas políticas públicas han tenido nunca en cuenta a sus protagonistas, las trabajadoras del sexo.

 

Cualquier plan contra la violencia hacia las mujeres, pero que suponga más “violencia institucional” contra algunas de ellas, en este caso las prostitutas, será un fracaso, un fracaso del Parlamento y un fracaso del feminismo y jamás contará con nuestro apoyo.

 

Si afirmamos tan contundentemente que la prostitución es violencia de género ¿qué deberíamos exigir para las “supuestas víctimas”, las prostitutas? ¿resarcirles económicamente por el sufrimiento causado?

 

Comparar trata (donde la voluntad de la víctima es nula) con prostitución por decisión propia es un ejercicio de cinismo. Comparar el sufrimiento de la trata frente a la decisión de quienes deciden ejercer la prostitución es pura demagogia.

 

La prostitución no es violencia de género, sin embargo, las prostitutas, en ocasiones (y además de sufrir violencia institucional) sufren y pueden sufrir agresiones por el hecho de ser mujeres. Y en este caso sí reclamamos medidas de protección para ellas.

 

Sólo por recordar, hace años nos vimos obligadas a denunciar que los servicios de atención a las víctimas de violencia de género dependientes del Ayuntamiento de Madrid no estaban atendiendo a mujeres que ejercían la prostitución y que querían denunciar a su compañero afectivo o sentimental, porque se consideraba que se trataba de su “proxeneta”. El estigma de nuevo en marcha. El estigma que considera que una puta no puede tener vida privada, ni una familia ni mucho menos un compañero afectivo.

 

Las políticas públicas nunca contemplaron una sola campaña de sensibilización de no estigmatización a las prostitutas. Exigimos acabar con la estigmatización que pesa sobre ellas (no son delincuentes, no son basura, no se “venden” a nadie), porque esta estigmatización llevará a que más de un indeseable -apoyándose en las propias políticas públicas discriminatorias- decida agredir a alguna de ellas o incluso asesinarla.

 

En la medida en que entendemos la prostitución como trabajo, con características especiales (el estigma entre otros), nuestras recomendaciones al Gobierno pasan por:

 

. normalización del trabajo sexual y derechos laborales y sociales para las prostitutas (de este modo, no ocurriría lo que ocurre a día de hoy día, que los empresarios de clubes de alterne imponen prácticas sexuales y/o clientes, entre otras cosas).

 

. que las migrantes puedan conseguir sus permisos de trabajo y residencia por ser trabajadoras del sexo.

 

. regular las relaciones laborales cuando median terceros. Para ello es fundamental que se derogue la última modificación que se hizo del artículo 188 bis del Código Penal que considera delito “lucrarse explotando la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de la misma”. Este añadido, (“aún con el consentimiento de la misma”) impide los tratos comerciales de las prostitutas en mejores condiciones y enmascara las relaciones que se están dando dentro de los clubes. ¿Por qué no evitar la explotación laboral que sabemos suceden en los clubes? ¿por qué no evitar maratonianas jornadas de trabajo? ¿por qué no normalizar la prostitución como trabajo para garantizar salarios dignos? ¿por qué no prevenir los riesgos laborales? ¿por qué no la existencia de convenios colectivos que regulen la situación?

 

. además de que la ley tenga en cuenta los aspectos básicos como licencias, localización de locales, etc… debería tener también en cuenta los horarios especiales los descansos semanales, separar el lugar del trabajo del lugar donde se vive (algo impensable en cualquier otro tipo de trabajo).

 

. priorizar los locales autogestionados y cooperativas de trabajadoras sexuales.

 

. no conceder licencias a truts o personas individuales que cuenten con antecedentes penales, especialmente por violencia de género o por trata.

 

. la negociación de espacios públicos, a través de políticas persuasivas y no criminalizadoras, de manera que quienes captan a su clientela en la calle puedan trabajar minimizando todo tipo de riesgos (también la de las posibles agresiones de algunos clientes).

 

. respeto al trabajo sexual. Celebración del 2 de Junio, Día Internacional de las Prostitutas.

 

. dípticos y reparto de materiales en lugares de ejercicio de prostitución contra las agresiones machistas, que las prostitutas sepan que tienen a los Ayuntamientos, a las Comunidades Autónomas y a los Gobiernos de su parte (y no en su contra).

 

. retirada inmediata de la ley mordaza, es imposible depositar tu confianza en quien te persigue y te multa día sí, día también.

 

. celebración del 17D, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Trabajadoras del Sexo.

 

. que se contabilicen las agresiones a las y los profesionales del sexo.

 

. es importante que se avance en el respeto al trabajo sexual y dejar de gastar dinero en discursos estériles. Nuestros adolescentes no necesitan que se les diga que no han de ser “consumidores de prostitución”, lo que necesitan es aprender que el RESPETO es el único camino posible para relacionarse en un encuentro sexual, sea pagado o no y siempre que exista previo consentimiento.

 

En 2016, desde Hetaira contabilizamos, a través de los medios de comunicación, al menos cinco asesinatos de trabajadoras del sexo cometidos en nuestro país. Tres de las víctimas eran mujeres trans. Ninguno de estos delitos puede quedar impune. Ningún asesinato puede ser justificado, tampoco el de las prostitutas. Sus muertes merecen ser igualmente lloradas y reclamadas por los movimientos de mujeres.

 

Muchas gracias por su atención.

 

El necesario debate de los derechos de las prostitutas

 

 

Mamen Briz (Colectivo Hetaira).

 

Colectivo Hetaira·Martes, 18 de abril de 2017

 

El pasado día 29 de marzo, Daniel Bernabé escribía en La Marea el artículo “La trampa de la diversidad. Una crítica del activismo” (http://www.lamarea.com/2017/03/29/la-trampa-la-diversidad-una-critica-del-activismo/). Escribimos este pequeño texto de respuesta y lo enviamos hace unas semanas, como no ha sido publicado, compartimos por nuestras redes.

 

Hay una trasnochada forma de pensar desde la izquierda que insiste en la “unidad de acción” en los grandes y todopoderosos temas que son los importantes y sobre los que hay que debatir y ponerse de acuerdo desestimando el activismo que no se ajusta a sus cánones, el activismo que remueve y pone en jaque las grandes ideas “válidas” como dogmas de fe para esa vieja izquierda.

 

Durante años esta ha sido una gran pelea y hemos visto a muchos partidos políticos y organizaciones sindicales ponerse las pilas para entrar en temas hasta entonces “intocables”. A día de hoy nadie cuestiona la necesidad de un programa de acción de políticas LGTBQI en cualquier organización política, sindical o social. Pero no hace mucho los maricones y las bolleras eran expulsados de estas mismas organizaciones. La gente trans ni siquiera se planteaba una posible pertenencia, claro está. Eran distracciones “pequeño burguesas” para la construcción de una izquierda “verdadera”.

 

Sucedió algo parecido con el movimiento de mujeres y la defensa de sus derechos. Se trataba de una “pedrada” en la que insistían algunas militantes, sindicalistas o feministas que daban la vara para que en sus organizaciones se tuviera el feminismo en cuenta. Costó lo suyo también. Se les aconsejaba esperar a derrotar el “capitalismo”, que era lo importante, y se aseguraba con contundencia que después ya vendría (ella sola) la liberación de las mujeres y la consecución de derechos.

 

Estamos en el siglo XXI y ahora ninguna organización (política, sindical, social) o persona a título individual se atrevería a afirmar que la lucha por la defensa de los derechos LGTBQI o de las mujeres ha de esperar. Hemos avanzado. Sin embargo, hay otros temas que siguen siendo inasumibles. Así, leemos con estupor que la defensa de los derechos de un sector de mujeres concreto, las prostitutas, que se encuentran en una situación de absoluta desprotección en cuanto a derechos laborales y sociales se refiere y que soportan un cúmulo de discriminaciones inaceptables en las sociedades actuales, en realidad es un “extraño debate” y una “marcianada inasumible” (1).

 

Es un tanto sorprendente el que se desconsidere la existencia de una corriente feminista pro derechos, de un feminismo pro sex, al que se vinculan organizaciones de activistas y de trabajadoras del sexo, en todos los continentes, desde mediados de los años 80.

 

Es inaudito que se desprecie el trabajo de organizaciones como Amnistía Internacional, la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW), la Comisión Global sobre VIH y Derecho, Human Rights Watch, ONUSIDA, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la salud y la Organización Mundial de la Salud y, por supuesto, el de las propias organizaciones de prostitutas y aliadas, que están exigiendo a los Gobiernos que actúen y despenalicen el trabajo sexual como forma de evitar, entre otras cosas, situaciones de violaciones, otras violencias, extorsión y discriminación de las prostitutas que han quedado más que demostradas en multitud de informes. Y no estamos hablando de África o Asia. Uno de los últimos informes de Amnistía Internacional se centra en Noruega, un país que multa a los clientes de la prostitución, donde se dan violaciones de derechos humanos y existe la violencia contra las prostitutas; violencia que ellas no se atreven a denunciar, porque la Policía es estricta a la hora de aplicar la ley y su primera actuación es desalojarlas de los domicilios en que se ocupan y viven. Esa es su prioridad (2).

 

La vieja izquierda decía que había que esperar en algunos temas, la nueva vieja izquierda ni siquiera pide esperar. Lo que hace simple y llanamente es descalificar los temas que no son de su interés y que se escapan a su comprensión (esa que no acepta la existencia de la diversidad) y los califica como “posmodernos” o “neoliberales”. Y además la culpa de que la izquierda no vaya por mejor camino y que la derecha vaya ganando terreno es precisamente por estas “marcianadas inasumibles”. Buen intento de echar balones fuera. Ahora resulta que las putas organizadas son las responsables del avance de la ultraderecha.

 

No sabemos lo que será tangible para la izquierda, lo que sí sabemos es qué es tangible para las prostitutas. Es tangible la discriminación que sufren cada día por ejercer el trabajo del sexo. Son tangibles las multas que soportan a diario a consecuencia de la ley mordaza (Ley de Seguridad Ciudadana). Lo tangible es que tengan que soportar malos modos, humillaciones e insultos sexistas, racistas, tránsfobos mientras son multadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por ejercer la prostitución e intentar llegar a fin de mes (3). Lo tangible es que tengan que soportar reflexiones destructivas y juicios sobre su propio movimiento de quien jamás se acercó a ellas para interesarse de primera mano por su situación.

 

Se argumenta, por último, que desde las organizaciones pro derechos se defiende la “libertad individual”, ¿desde cuándo exigir derechos laborales y derechos sociales para mejorar las condiciones de vida y trabajo de todo un colectivo de personas discriminadas es una pelea individual? Esa misma izquierda los llama “derechos colectivos” cuando se trata de cualquier otro grupo de trabajadores o trabajadoras.

 

Para finalizar tenemos que darle la razón a Daniel Bernabé en que hay que escuchar mucho más a Las Kellys. Las “putas” y las “chachas” sí que tenemos alianzas, fuertes alianzas de hecho, porque muchos de los objetivos son comunes: acabar con la invisibilidad y acabar con el machismo que nos desconsidera, desconsidera nuestras voces y desconsidera nuestras luchas. Les dejamos con un vídeo en donde ambos colectivos hablan sobre las violencias laborales y las violencias machistas (4), esperando a que les ayude a comprender algo mejor las exigencias de las prostitutas.

 

 

Mamen Briz es activista de Hetaira (colectivo en defensa de los derechos de las prostitutas, http://www.colectivohetaira.org/WordPress/).

 

<NOTAS>

 

  1. El pasado día 29 de marzo, Daniel Bernabé escribía en La Marea el artículo “La trampa de la diversidad. Una crítica del activismo” (http://www.lamarea.com/2017/03/29/la-trampa-la-diversidad-una-critica-del-activismo/).
  2. Noruega: El coste humano de ” machacar” el mercado: La penalización del trabajo sexual en Noruega: Resumen ejecutivo: https://www.amnesty.org/es/documents/eur36/4130/2016/es/.
  3. La Agrupación Feminista de Trabajadoras del Sexo (AFEMTRAS) y el Colectivo Hetaira denuncian el silencio y la complicidad de las instituciones hacia los abusos policiales que se están cometiendo en el Polígono de Villaverde contra las trabajadoras del sexo, Madrid, 29 de noviembre de 2016: https://www.youtube.com/watch?v=ee0S7AmamLc.
  4. Empleadas de hogar, Kellys y trabajadoras sexuales | Violencias laborales y violencias machistas: https://www.youtube.com/watch?v=N95-Dr0xOzg.