No retrocedamos en el tema del trabajo sexual

Editorial

8 Ago 2017

El Espectador

 

http://www.elespectador.com/opinion/editorial/no-retrocedamos-en-el-tema-del-trabajo-sexual-articulo-707012

 

En el Congreso se debate un proyecto de ley, presentado por la representante a la Cámara Clara Rojas, que significaría un retroceso en los pocos avances que Colombia ha tenido en la regulación del trabajo sexual, y que adopta la posición condescendiente y poco efectiva de quienes no diferencian entre la trata de personas y la prostitución. El resultado, de aprobarse, es que no se solucionarían los problemas graves que enfrenta el país en estos temas y se pondría aún en mayor riesgo a las mujeres que ejercen el trabajo sexual.

La propuesta de Rojas es sancionar a los clientes de las trabajadoras sexuales con multas desde $98.300 en los primeros dos años y que llegarán hasta $786.900. El dinero recaudado estaría destinado a un fondo de atención para las personas que ejerzan la prostitución, administrado por el Ministerio de Salud. El objetivo, según la representante, es minimizar la ocurrencia de esta práctica y evitar que Colombia sea un destino de turismo sexual.

La idea de un fondo en el área de la salud pública es la muestra de la condescendencia que motiva a la posición de la representante y sus partidarios. En entrevista con El Tiempo, Rojas dijo que la prostitución “es realmente una explotación, porque atenta contra los derechos humanos”. Es decir, que las trabajadoras sexuales bajo ninguna condición son mujeres libres que ejercen control sobre su cuerpo. Esta idea no es aislada. El proyecto de Rojas viene inspirado por la legislación sueca, donde opera la sanción a los clientes. También abundan las posiciones en el mundo que creen que por las condiciones de desigualdad de género no hay forma de que las mujeres sean libres en el momento de elegir el oficio del trabajo sexual.

Sin embargo, incluso bajo estas razones, sancionar a los clientes resulta inútil. La experiencia en otros países demuestra que esto fomenta que el trabajo sexual se vuelva aún más clandestino. La regulación, entonces, se vuelve cómplice del silencio que las trabajadoras deben adoptar para no perder su fuente de ingresos. Esto genera que los múltiples abusos que son comunes en esta población se queden en la impunidad.

Además, aprobar la propuesta de Rojas genera una disonancia cognitiva no menor: ¿qué hacemos con las mujeres que reivindican el trabajo sexual como una forma de vida? También en El Tiempo, Fidelia Suárez, líder de un sindicato de trabajadoras sexuales, dijo: “No podemos igualar el trabajo sexual, que es una actividad legal, con la trata de personas, que es un delito. La población que ejerce trabajo sexual tiene bien claro cuál es su oficio”.

Por eso, en Colombia la Corte Constitucional ha venido llenando los vacíos legislativos en cuanto al trabajo sexual, reconociéndolo como oficio y pidiendo que se proteja como tal. Las autoridades y el Congreso, como es habitual en temas similares, han demostrado ser ineficientes en su deber de regulación, dejando a esta población en el limbo jurídico, lo que facilita los abusos que se vienen denunciando. El año pasado fueron asesinadas 51 trabajadoras sexuales.

La trata de personas es un problema que Colombia debe enfrentar, pero no sirve unirlo a la prostitución. Al contrario: una regulación clara, integral y eficiente del trabajo sexual podría proteger a las mujeres que lo ejerzan, así como ayudar permitir que las autoridades se concentren en interrumpir las dinámicas perversas de la trata. La condescendencia de Rojas en este debate es un retroceso que le haría daño al país.

 

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Colombia: Clara Rojas arremete contra las putas

 

Por. Mar Candela*

 

9 de agosto de 2017

 

http://www.elespectador.com/opinion/clara-rojas-arremete-contra-las-putas-columna-707175

 

Esta es la gran pregunta que me surge al enterarme de que la congresista  ha decidido realizar un proyecto de ley en materia de prostitución  con el argumento cliché  de que las prostitutas todas están ahí  victimas de tráfico sexual,  proxenetismo y similares. ¿Se trata de un delirio  mesiánico  o  de oportunismo político?

Aún no ha dicho que  las prostitutas son responsables de que se acaben hogares o que  por la prostitución voluntaria existen flagelos como la pedofilia y otras injusticias  humanas, como dicen tantas personas abolicionistas. No obstante, nada de raro  sería escucharla decir  algo así. Le triné confrontando su absurda idea de sancionar a los clientes de las prostitutas con multas exuberantes, según la explicación  en la revista Semana, hasta de 23 millones de pesos; me escribió que:

“Sancionar al ‘cliente’ desestimula la práctica y genera las condiciones del entorno para terminar un negocio que no las beneficia a ellas”.

¿Ellas quiénes?  Las mujeres que no    están dispuestas a  vender  panecillos o artesanías ni a partirse  la espalda  limpiando  pisos y prefieren vender atención sexual  porque ganan más dinero y les queda más tiempo para vivir, entre otras cosas, o porque simplemente les da la gana tener sexo con ánimo de lucro? ¿Quién es Clara Rojas para decirle a una mujer  adulta que paga sus impuestos  qué trabajo le conviene o no? Evidentemente hablamos de una mujer  que desde su delirio de superioridad moral  considera que toda prostituta es indigna por su trabajo y ella debe rescatarlas aun cuando  no pocas  rechacen su salvación. O podemos estar hablando de una oportunista política más que sabe que el tema de  la  prostitución  en un país godo doble moralista  levanta mucha popularidad y puede desembocar en  muchos votos.

Hoy nuevamente pongo el pecho  por los derechos integrales de las prostitutas voluntarias y rechazo  enérgicamente  el tráfico sexual, el proxenetismo  y la prostitución marginal despojada de derechos humanos. La congresista Clara Rojas importa una ley que mete  a las putas en un armario para decir que ya no existen. Para quedar como la gran salvadora  que acabo con la prostitución en Colombia.

En un segundo trino me respondió que esta  ley ha sido implementada con éxito en otros países. Quienes conocemos realmente la situación sabemos de los estudios realizados por quienes embuten el tema de tráfico sexual, explotación sexual y proxenetismo en el mismo paquete de prostitución adulta, consiente y decidida y que, agregado a eso, lo hacen por intereses meramente económicos y personales porque a nivel internacional  los Estados destinan muchos recursos económicos a proyectos  de este tipo que nutren imaginarios sociales sobre  lo inmoral e indigno que es decidir ganarse el pan con  el sexo y no con las manos. ¿Por qué es más digno ganar dinero tejiendo por horas a 40.000 pesos diarios, que  follando  20 minutos por 40.000 pesos,  por ejemplo? ¿Por qué la dignidad de las mujeres habita en lo que hacen con su sexo y no en  lo que  hacen con su vida?

Más allá de todas esas estadísticas amañadas  con pericia por académicos y  organizaciones internacionales  que giran en torno de los dineros que se destinan para este tipo de proyectos,  las personas que no ganamos un solo centavo haciendo proyectos de ley ni abriendo organizaciones para “rehabilitar prostitutas” sino que con las uñas trabajamos y a la víctima de abusos y le ayudamos a buscar otro trabajo sin sancionar a quienes están conformes con  sostener sexo con ánimo de lucro, quienes queremos derechos para todas las formas de ser mujer  sin distingo y no devengamos por ese trabajo, quienes no necesitamos  usar a las prostitutas para  llamar más  atención en la opinión publica y así ganar más votos, sabemos perfectamente que no existen datos estadísticos ni fidedignos que demuestren que esta ley ha funcionado realmente en los países donde ha sido implementada. Lo que han hecho es invisibilizar.

Es una medida perversa esta propuesta de ley.  La prostitución en persona ajena, tráfico y trata o similar  son delitos de lesa humanidad  La prostitución voluntaria  de personas adultas que pagan impuestos y no desean sexo  por razones afectivas o lúdicas sino con ánimo de lucro no debe ser castigada. Les  voy a dejar un solo ejemplo de lo que sucede con esa ley. Les dejaré el ejemplo de Francia:  la ley Najat Vallaud-Belkacem  el nombre que se le dio  a la ley que  penaliza a los clientes de las prostitutas: https://elestantedelaciti.wordpress.com/2017/07/24/la-ley-francesa-de-prostitucion-un-ano-despues-esto-vuelve-loco-a-todo-el-mundo/

Países como Suecia, Noruega, Islandia, Francia, Norte de Irlanda, Canadá (entre otros) tampoco son países sin prostitución. Son países con prostitutas en el armario despojadas de todo derecho. Ni siquiera pueden denunciar abusos porque su trabajo es ilegal. Sancionar a los clientes vulnera el derecho a decidir de las mujeres y el derecho al trabajo. También el derecho legítimo de las personas  a una sexualidad  autónoma. Tengo derecho a vivir mi sexualidad con ánimo de lucro. Cada persona tiene derecho a decidir cómo y en qué condiciones ejercer su libre sexualidad.

¿Puta o no puta? Lo decido yo. Ni el Estado ni la Iglesia. Puta o no puta, mis derechos no se disputan. Putas o no. Somos putamente libres.

Multarán a los clientes hasta con 23 millones de pesos. ¿Quiénes pierden? Las putas voluntarias de clases medias y bajas. Las de clases altas ni siquiera saben que son putas y reciben millones en premios por ser “amigas sexuales”, digo,  amigas con derechos. Joyas, viajes, casas, carros y contando más y más regalitos de amigos.  ¡Hipócritas! Abolicionistas que  solo castigan a las putas que no tienen poder, clase ni dinero. Estado proxeneta que quiere entrar a lucrarse del sexo de las mujeres que se prostituyen  por decisión personal con multas exuberantes a sus  clientes con la excusa de que están ayudando en algo al país. Sepan que no solucionan nada. Sepan que algunas personas vemos que lo único que hacen es lucrarse del trabajo sexual. Y que no aceptamos que digan que tráfico sexual, proxenetismo y pedofilia son lo mismo que una persona que decide tener sexo con ánimo de lucro.

La propuesta de Clara Rojas estimula a un Estado proxeneta que se lucre de la prostitución como cualquier chulo común.

* Ideóloga, Feminismo Artesanal

 

La Corte Constitucional colombiana y el trabajo sexual

 

Por Marta Lamas , 24 diciembre, 2016

http://www.proceso.com.mx/467222/la-corte-constitucional-colombiana-trabajo-sexual

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CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En enero de este año una docena de trabajadoras sexuales estaban sentadas en un parque de Bogotá cuando llegó la policía, las cercó, las insultó, les robó sus pertenencias y las condujo a la Unidad Permanente de Justicia (UPJ). Esta acción se dio en el contexto de operativos para la recuperación del espacio público. Cuando una activista intervino en su defensa, la Policía le respondió: “En vez de estar defendiéndolas por qué no educan a esas putas hijueputas”.

Dos de las agraviadas presentaron una acción de tutela en contra de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Ministerio del Trabajo y otras dependencias gubernamentales. Declararon que ellas hacen uso del espacio público como cualquier otro ciudadano, y que en el parque llegan a acuerdos con sus clientes tal y como otras personas pactan allí sus encuentros o sus negocios. Denunciaron que la detención policiaca es parte de un patrón persistente de prácticas arbitrarias de la Policía Metropolitana de Bogotá, que despliega acciones sistemáticas de violencia en contra de ellas, como amenazarlas con trasladarlas a la UPJ si no pagan una suma de dinero o ahuyentarles los clientes con rumores de que ellas son VIH positivas.

Las trabajadoras sexuales también señalaron que el hecho de no contar con normas laborales que las protejan –como cualquier otra persona– tiene como consecuencia el trato arbitrario y violento al que la Policía las somete. Por ello solicitaron la acción de tutela, que protegería sus derechos al trabajo, a la integridad personal, a la libre circulación, a la no discriminación en razón de su dedicación laboral y a estar libres de violencia.

El pasado 3 de octubre, la Corte Constitucional de Colombia emitió su resolución T-594 sobre trabajo sexual y espacio público, que bien valdría la pena que se conociera en México. Desde 2010 esa Corte reconoce derechos laborales a quienes se desempeñan en la prostitución y que la licitud de su quehacer no está sujeta a un momento determinado del día.

En el caso en cuestión, la Corte fue más lejos al difundir la sentencia T-629, de 2010. En ella puntualizó que la aplicación de las medidas administrativas de “recuperación de un espacio público” por parte de la Policía implica un fundamento discriminatorio, pues excluye a las trabajadoras sexuales del espacio público. Para la Corte colombiana, esta concepción de la Policía se fundamenta en estereotipos del trabajo sexual que, además de que tienen un impacto en la dignidad de las personas que lo ejercen, perpetúan la percepción de éstas como un grupo indeseable y sin valor. Asimismo, dichos prejuicios contribuyen a que quienes realizan esta labor sean tratadas de forma violenta tanto física como psicológicamente.

La Corte colombiana señaló que los trabajadores sexuales merecen una especial protección constitucional al ser un grupo tradicionalmente marginado y discriminado en razón de su actividad. De la prostitución se derivan estereotipos negativos que han excluido a quienes lo ejercen de la protección del derecho. También la Corte argumentó la necesidad de generar un diálogo con representantes de los trabajadores sexuales, de la sociedad civil y de las autoridades e incluso de los usuarios de estos servicios para articular una política comprensiva frente a dicho tipo de labor.

Además de conceder el amparo a las dos demandantes, la Corte estableció ciertas órdenes y exhortaciones que constituyen una pauta muy positiva. Éstas son algunas:

1) Ordenó a la Policía Metropolitana de Bogotá que se abstenga de utilizar la política de recuperación del espacio público para limitar el derecho a la libre circulación de las trabajadoras sexuales.

2) Ordenó a la Alcaldía Mayor de Bogotá que dé prioridad al desarrollo de una política pública que genere oportunidades para las personas en ejercicio del trabajo sexual y que en el término de dos meses instale una mesa para su conceptualización, donde se incluya a representantes de ese sector y de organizaciones civiles, así como integrantes de la sociedad civil, para que en un plazo máximo de un año instaure el programa de oportunidades para esta población.

3) Ordenó a la Alcaldía Mayor de Bogotá que, junto con la Defensoría del Pueblo, imparta capacitaciones a la Policía Metropolitana de Bogotá acerca de la importancia del trato digno a los trabajadores sexuales y la prohibición de maltrato verbal y físico.

4) Exhortó al Ministerio del Trabajo a que elabore una propuesta de regulación sobre la prostitución de acuerdo con los lineamientos establecidos en su resolución y que priorice la adopción de medidas que protejan a quienes la ejercen legalmente.

En México tenemos mucho que aprender de la reflexión jurídica y de derechos humanos que sostienen las sentencias T-629 y T-594 de la Corte Constitucional colombiana. En este momento, ante el embate de quienes proponen la erradicación total del comercio sexual, tiene especial relevancia la regulación del trabajo sexual como una labor que requiere la protección legal de las personas que se dedican a él. Ojalá y avanzáramos en esa dirección.