¿Qué significa en España “despenalización total del trabajo sexual”?

 

 

 

Las trabajadoras sexuales en lucha por sus derechos en todo el mundo exigen la plena despenalización de la prostitución como el único modelo legal respetuoso con sus derechos humanos. Despenalización no debe confundirse con legalización/regulación:

“La legalización significaría la regulación de la prostitución con leyes sobre dónde, cuándo y cómo puede tener lugar la prostitución. La despenalización elimina todas esas leyes y prohibe al Estado y a la policía intervenir en cualesquiera actividades o transacciones relacionadas con la prostitución, a menos que sean de aplicación otras leyes”.

Decir en España “despenalización total del trabajo sexual” es decir algo muy preciso: es decir “derogación de los artículos abolicionistas del actual Código Penal” y “derogación de los artículos regulacionistas de la Ley Mordaza.”

En concreto:

—Supresión del párrafo b) del artículo 177 bis (De la trata de seres humanos) que dice “La explotación sexual, incluyendo la pornografía.”

Basta con el párrafo “a) La imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, a la servidumbre o a la mendicidad.”

—Supresión del art. 187 (“prostitución forzada” y “proxenetismo”).

Basta con los artículos del Código Penal que penalizan el secuestro y la violación.

En ambos casos, el desprecio al consentimiento de la persona (la prostituta) expresado en los mismos atenta contra la libertad sexual protegida por el mismo Código Penal.

—Y eliminación del párrafo 11 del art. 36 de la Ley Mordaza: “La solicitud o aceptación por el demandante de servicios sexuales retribuidos en zonas de tránsito público…)”

Porque viola los derechos constitucionales a la libre circulación y a la intimidad, se penaliza una conversación privada protegida por las leyes de protección de la intimidad y se viola la igualdad de todas las personas ante la ley al penalizar por el solo hecho de estar en la calle a aquellas mujeres que la policía supone que realizan la actividad legal de venta de sexo.

Habría que añadir también la derogación de la Ley de Extranjería. Aunque esta Ley no se refiere expresamente a la prostitución, si afecta al gran número de trabajadoras sexuales inmigrantes indocumentadas que, bajo la amenaza constante de detención, ingreso en CIE y deportación, deben esconderse de la policía y quedan indefensas en manos de los explotadores laborales.

Esta despenalización debería completarse —al modo de Nueva Zelanda, primer país en el que se ha despenalizado totalmente el trabajo sexual— con una regulación estricta de los propietarios de burdeles y del funcionamiento de éstos, con el objetivo, como dice el preámbulo de la Ley de Reforma de la Prostitución de Nueva Zelanda, de:

“salvaguardar los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual y protegerlas de la explotación, promover el bienestar y la salud y seguridad ocupacional de las trabajadoras sexuales y propiciar la salud pública.”

 

 

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Experto dice que el modelo de trabajo sexual en Nueva Zelanda es líder mundial

 

Por Saturday Morning

2 de marzo de 2019

https://www.radionz.co.nz/national/programmes/saturday/audio/2018684812/nz-sex-work-model-a-world-leader-expert-says

 

Una investigación de los Países Bajos dice que el modelo de trabajo sexual despenalizado de Nueva Zelanda es líder mundial y trabaja a favor de las prostitutas locales.

Joep Rottier visitó Nueva Zelanda durante varios meses en 2015 y 2016 y habló con personas de toda la industria del sexo luego de conocer el modelo único de Nueva Zelanda que considera despenalizados a las trabajadoras sexuales y a los clientes, un modelo que describe como pragmático y racional.

Rottier se reunió con Kim Hill para refutar algunos de los comentarios hechos por la feminista radical Julie Bindel, quien habló la semana pasada sobre lo que ella cree que son los efectos nocivos del régimen liberal de trabajo sexual en Nueva Zelanda.

Rottier dice que muchos países alrededor del mundo han luchado con la cuestión de cómo gestionar la industria del sexo y muchos han optado por reprimirla y moralizarla.

“Nueva Zelanda es el único país del mundo que decidió, en 2003, despenalizar todo el trabajo sexual comercial voluntario. “Eso me sorprendió, y eso me hizo sentir curiosidad y esa fue la razón por la que quería comenzar a investigar sobre los efectos”.

La presunción común de que el trabajo sexual en los Países Bajos también está despenalizado no es cierta. Era la intención del gobierno, pero fue descarrilada por las preocupaciones sobre la trata de personas.

“La legislación cambió de despenalización —que fue la intención al principio— a legalización. La diferencia entre Holanda y Nueva Zelanda es que Holanda legalizó la industria del sexo y Nueva Zelanda la despenalizó. Lo que es similar es que ambos países ven el trabajo sexual como un trabajo y lo reconocen. Reconocen que las trabajadoras sexuales tienen su propia autonomía.

“Sin embargo, la diferencia es que los Países Bajos lo han legalizado, lo que significa que aceptan la prostitución y la existencia de trabajo sexual, pero, sin embargo, hay una serie de regulaciones muy específicas relacionadas con la prostitución que no se aplican a otros servicios. Entonces, eso significa que esta política crea un sistema de dos niveles: un circuito legal y otro ilegal”.

Rottier dice que la otra gran diferencia es que Nueva Zelanda considera la industria del sexo como cualquier otra industria de servicios con las mismas responsabilidades, deberes y derechos.

Julie Bindel dijo la semana pasada que si una mujer está lo suficientemente desesperada como para ser una trabajadora sexual, no puede estar haciendo una elección racional. Rottier no está de acuerdo.

Joep Rottier

“Es la voz de la abolicionista. Lo que hay que erradicar es el trabajo sexual forzado. Debemos respetar que hay un grupo de personas que eligieron esta ocupación —podrían ser razones económicas u otras razones— y debemos respetarlas y respetar su decisión de ingresar o salir de la industria del sexo.

“En comparación con la situación anterior a 2003, las trabajadoras sexuales ahora tienen la oportunidad de sentirse protegidas por la policía o por el sistema de justicia y eso hace su trabajo menos difícil.”

Sin embargo, Bindel dijo que si bien las mujeres que trabajan en la industria podrían decir que no se sienten explotadas, cuando salen, describen el trabajo como horrible. Lo comparó con mujeres que se han separado de parejas abusivas.

Rottier dice que no le gusta la comparación.

“Podría ser que algunas trabajadoras sexuales estén felices de dejar el trabajo, pero no creo que eso sea típico de la prostitución o el trabajo sexual, también podría ocurrir en otras ocupaciones”.

Bindel es partidaria del llamado modelo sueco, que penaliza al cliente, pero no a la trabajadora. Rottier dice que no es una solución efectiva y puede tener un efecto perjudicial sobre las trabajadoras sexuales que tienen que tomar decisiones rápidas sobre si pueden confiar en que un cliente no será detenido. Esto las empuja a zonas más escondidas de la ciudad y potencialmente las pone en mayor peligro, dice.

Joep Rottier ha completado recientemente un doctorado en la Universidad de Utrecht, en los Países Bajos, titulado Despenalización del trabajo sexual: el modelo de Nueva Zelanda.

Soy prostituta y no doy servicios a hombres cisheterosexuales

 

Solo admite como clientes a mujeres y personas trans, no binarias o con diversidad funcional.

 

Por Ana Iris Simón

24 de enero de 2019

https://www.vice.com/es/article/vbwgjd/prostituta-solo-para-mujeres-trans-queer-no-binarias?utm_campaign=sharebutton

 

Imagen vía Ivy de Luna

 

Ivy de Luna tiene 23 años y después de terminar la carrera de Magisterio empezó a ejercer como asistente sexual para personas con diversidad funcional, a la vez que se estrenaba como actriz porno y webcamer. “Creo que fue por la carrera que decidí dedicarme al trabajo sexual”, dice. “Allí me di cuenta de que la educación sexual en nuestra sociedad deja mucho que desear y de que es algo de lo que todos deberíamos hacernos cargo”.

Tendemos a desexualizar muchos cuerpos, como por ejemplo los de las personas con diversidad funcional o los de las personas gordas, y de igual manera tendemos a pensar que los niños no tienen sexualidad. Y así, al crecer, nos encontramos repitiendo patrones abusivos en nuestras relaciones sexuales y afectivas, construyendo nuestro deseo a partir de unos cánones de belleza y funcionalidad opresores. Con esto no estoy diciendo que sea responsabilidad de las trabajadoras sexuales enseñar a tener una sexualidad libre y comunicativa a la población, pero creo que en mi caso particular jugó un papel importante a la hora de decidirme a ser trabajadora sexual”, añade.

Desde que empezó a ejercer la prostitución, Ivy solo ofrece servicios a mujeres, personas trans, no binarias o con diversidad funcional.

 

VICE: Hola, Ivy. En tus redes vi que ofrecías “servicios de acompañamiento“. ¿Tienen algo de diferente a un servicio sexual o es solo un eufemismo?
Ivy de Luna: 
Es un eufemismo que yo no querría haber puesto, lo puse porque Twitter nos penaliza a las trabajadoras sexuales con medidas que nos invisibilizan. Instagram directamente nos cierra la cuenta, pero Twitter nos impone una especie de castigo que consiste en que cuando la gente busca nuestro nombre de usuario no nos puede encontrar para seguirnos, sino que tiene que encontrar retuits o likes que nos haya hecho otra persona para dar con nosotras. Para evitar ese castigo puse “servicio de acompañamiento” en vez de que era puta. Pero vaya, que soy puta, puta.

Ofreces tus servicios a personas trans, no binarias, mujeres y personas con diversidad funcional, pero no a hombres cisheterosexuales.
Sí, y sé que parto del privilegio pudiendo elegir no trabajar de puta con hombres cisgénero, igual que decidiendo dónde trabajo e incluso pudiendo decidir dedicarme a la prostitución, pero de momento tengo otros curros con los que puedo ir tirando sin aceptar a hombres como clientes. Sin embargo, soy consciente de que no todas las trabajadoras sexuales podemos elegir y mis compañeras que trabajan con hombres cis no son menos válidas ni están más oprimidas por ello.

En mi caso, supongo que ha tenido algo que ver que, aunque las agresiones sexuales que he sufrido a lo largo de mi vida han sido fuera del trabajo, nunca como actriz porno o como asistente sexual de gente con diversidad funcional, por el momento el sexo con hombres cishetero no es algo a lo que quiera exponerme. Con esto no estoy diciendo que las compañeras que sí que lo hacen estén expuestas a violencia porque lo más jodido de nuestro trabajo en realidad es el estigma, la putofobia y los discursos abolicionistas que dicen que la prostitución es “pagar por violar” y otras barbaridades. No nos violan, pagan por tener una experiencia sexual con nosotras, como podría ser cualquier otro tipo de experiencia. No “vendemos nuestro cuerpo” más que otras compañeras que trabajan ocho horas levantando pesos increíbles, por ejemplo. En un sistema capitalista es algo que nos afecta a todas.

¿Elegir a ciertos colectivos como clientes y discriminar a otros es en tu caso una decisión política, además de laboral? ¿Parte de un activismo?
No me gusta hablar de discriminación cuando no se trata de un grupo socialmente oprimido. Hay un montón de compañeras maravillosas que atienden a hombres cis. Pero a mí su posición de poder en el mundo no me hace sentir cómoda y es por eso que no trabajo con ellos por el momento. Y sí, es política. Lo decidí así porque el deseo es una construcción social y se nos dice qué cuerpos tenemos que desear, qué prácticas son válidas y cuáles no y al final esto viene de una sociedad opresora y excluyente que creo que tenemos que cambiar. Creo que todo el mundo que quiera tener acceso al propio cuerpo y al de otras personas siempre que haya consentimiento debería poder hacerlo y por eso empecé a trabajar con gente con diversidad funcional.

También entiendo que a la hora de contratar los servicios de una trabajadora sexual hay factores de género como el tema de la brecha salarial, en el caso de las mujeres cis, o el acceso a los trabajos mainstream, por decirlo de alguna manera, que les están vetados a las personas visiblemente trans o a algunas compañeras racializadas, así que entiendo que ofrecer este tipo de servicio a colectivos oprimidos viene condicionado por todo eso.

No aceptas como clientes a varones cisheterosexuales pero sí a hombres trans. ¿Qué los hace diferentes para ti?
El hecho de estar oprimidos y no tener todos los privilegios del mundo. Cuando pienso en acostarme con un hombre cis pienso en un hombre cis, hetero, blanco, sin diversidad funcional, neurotípico… Y eso no me hace sentir cómoda, pero creo que con un hombre trans o con diversidad funcional no es igual para mí. Aun así, soy consciente de que estar oprimido por algo no te exime de ser una persona con conductas machistas, por ejemplo, porque de hecho todos las tenemos por cómo se nos ha socializado. Yo misma tengo que revisar día a día mis privilegios como blanca, como cis, como persona sin diversidad funcional física…

¿Hay una demanda real de prostitución por parte de mujeres? Apenas hay datos ni estudios publicados al respecto.
Creo que lo que hay es un cierto tabú. Bueno, tabú no es la palabra, porque se habla de sexo, pero a menudo no de la mejor manera. De hecho, yo aún no tengo demasiada demanda pero bueno, sabía que era algo a lo que me exponía. Por eso trabajo en otros curros y voy tirando con eso, aunque me plantearía trabajar con hombres cishetero si mi situación fuera más precaria.

¿Notas que las clientas tienen vergüenza o reparo al contratar tus servicios o al relacionarse contigo?
Tengo en mente el caso de una chica que no me volvió a llamar después de la primera vez que nos vimos, pero es un caso particular, no lo que me pasa siempre.

¿Por qué crees que las mujeres no hemos consumido tradicionalmente prostitución? ¿Significa eso que es un producto directo de la sociedad patriarcal, como apuntan algunos?
Esa es la eterna pregunta. Supongo que si no hubiese ni patriarcado ni capitalismo ni racismo ni ninguna de las múltiples opresiones que nos atraviesan tampoco existiría el trabajo asalariado, así que si vamos a abolir el trabajo sexual, entonces abolimos todos los trabajos asalariados. Yo no veo una relación directa entre el heteropatriarcado y la prostitución, pero sí que creo que es el heteropatriarcado el que nos ha impedido durante años, o al menos el que nos ha querido impedir a las sexualidades y géneros disidentes experimentar con nuestra sexualidad. Supongo que debe de ser en gran parte por eso por lo que las mujeres no hemos buscado el servicio de una trabajadora del sexo, además de porque, al ser un intercambio económico entran en juego factores económicos: si las mujeres no tienen el mismo sueldo que un hombre cis, es más complicado acceder a según que servicios, por ejemplo. Y de igual manera ocurre con las personas trans, racializadas, las personas con diversidad funcional…

¿Es posible una prostitución feminista?
Claro. Creo que, evidentemente, no todo el mundo puede ser puta porque eso le empodere. Hay muchas personas que son prostitutas porque o no tienen papeles, o no las contratan por tener unos rasgos no occidentales, o son visiblemente trans y no las cogen en los curros… Sin embargo, creo que ellas también pueden vivir la prostitución de manera empoderada aunque no sea desde el privilegio blanco y el discurso sex positive, cosa que me parece bien, también, pero esta no es toda la realidad y las otras compas no son ni menos feministas ni están más sometidas al patriarcado ni “ay, pobrecitas”.

¿Crees que las mujeres empezarán a consumir más prostitución?
Ojalá, yo estaría encantadísima de que me llegaran más clientas. Espero que todas las reivindicaciones que estamos haciendo las trabajadoras sexuales sirvan también para eso. No vamos a dejar de dar guerra y queremos que se despenalice nuestro trabajo de una vez por todas.

 

‘Me encanta el sexo. Me gusta ganar dinero’: lo que realmente quieren las trabajadoras sexuales

 

Por Meera Senthilingam, CNN

Fotografías de Ilvy Njiokiktjien para CNN.

8 de febrero de 2019

https://edition.cnn.com/2019/02/08/health/sex-workers-human-rights-netherlands-global-laws-intl/index.html

 

Foxxy Angel alquila una ventana en el burdel My Red Light en Amsterdam.

 

 (CNN) Las cortinas rojas y la habitación está a oscuras. El negocio está cerrado.

Las paredes oscuras, con patrones vibrantes en ciertos lugares, y un techo oscuro rodean una cama oscura cubierta con una sábana protectora. En la pared adyacente, un espejo del tamaño de la cama se alinea junto a ésta

.Un gran baño se encuentra en el centro de la habitación, con un lavabo cerca, y una silla roja alta se asienta prominentemente en la esquina.

La habitación se parece a muchas otras en la zona de De Wallen, en el centro de Ámsterdam, sede del barrio rojo de la ciudad, y es alquilada regularmente por una mujer que usa el nombre profesional de Foxxy Angel.

Alquila la habitación, a menudo conocida como “ventana”, propiedad del colectivo holandés de trabajadoras sexuales My Red Light.

El trabajo sexual ha sido legal de alguna forma en los Países Bajos desde 1830, pero fue reconocido como una profesión legal en 1988

La trabajadora sexual, de 37 años, se puede encontrar aquí durante el día, lista para clientes, generalmente turistas.

Un tirón del cordón de la cortina es todo lo que se necesita para revelar la multitud aglomerada en las calles y para indicar que la habitación está abierta para el negocio.

“Me encanta el sexo. Me gusta ganar dinero”, dice Angel, que ha estado en el negocio por más de 15 años. “He tenido muchos trabajos diferentes antes, y este es el único que realmente me gustó”. 

El alquiler de la ventana cuesta 80 € por día, explica, y ella suele ver cinco o seis clientes por día, haciendo al menos 50 € por cliente. Cuando termina su turno, ella también ve clientes en bares o clubes y sale para experiencias con grupos más grandes.

Sus horas son suyas, y solo tiene que rendir cuentas a sí misma.

“Después de 15 años, todavía lo disfruto todos los días”, dice. Pero ha establecido un límite de edad de 45 años para pasar después a centrarse más en su trabajo de activismo, luchando por los derechos de las trabajadoras sexuales; ella es una integrante fervorosa de la Unión Holandesa de Trabajadores Sexuales, también conocida como PROUD.

Está peleando porque Amsterdam, dice, no es tan liberal para las trabajadoras sexuales como muchos creen.

‘Pagamos los mismos impuestos’

El trabajo sexual ha sido legal de alguna forma en los Países Bajos desde 1830, pero fue reconocido como una profesión legal en 1988. En 2000, una ley hizo que el trabajo estuviera sujeto a las regulaciones municipales, requiriendo una licencia para operar y siguiendo ciertas reglas establecidas por un municipio.

Ser una trabajadora sexual es legal en áreas con licencia, explicó Ángel. “Tenemos que seguir todas estas reglas, y estas reglas no garantizan nuestra seguridad”, dijo, dando un ejemplo de cómo el aumento de la regulación y la legalización traen los controles de la policía y de los municipios, que a menudo impiden que los clientes vengan.

Foxxy Angel muestra sus nudillos tatuados.

Pero ella también quiere la flexibilidad otorgada a otras profesiones, dijo, como la opción de trabajar desde casa.

“Cualquier barbero y tenedor de libros puede trabajar desde su casa, pero nosotras no podemos porque somos trabajadoras sexuales”, dijo. “Pagamos los mismos impuestos. Necesitamos tener los mismos derechos”.

Otro problema, agregó Velvet December, coordinadora de activismo de PROUD, es que los municipios de los Países Bajos tienen el derecho de hacer su propia legislación, por lo que cada uno puede diferir. Por ejemplo, pueden decidir cuántas licencias dar, dijo.

La legalización ofrece cierta protección, cree December. “Hay lugares en los que es mucho más peligroso hacer trabajo sexual”, reconoció. “Podemos confiar en que estamos protegidas por la policía. Tenemos algunos derechos, pero aún no hemos conseguido todos”.

Angel no está de acuerdo y dice que obtiene una protección limitada de su profesión al estar legalizada.

Según Amnistía Internacional, donde los trabajadores sexuales son ilegales, están criminalizados o ambas cosas, las trabajadoras son obligadas a permanecer en la clandestinidad y con frecuencia son objeto de hostigamiento por parte de la policía.

Tanto December como Angel quieren llegar al punto en que se despenalice el trabajo sexual: los cargos penales por trabajo sexual se eliminen por completo, el trabajo sexual entre personas se trate como cualquier otro trabajo, y se incluya en las leyes laborales regulares, como dice la Sex Workers Education and Advocacy Taskforce.

Velvet December, coordinadora de activismo de la Unión Holandesa de Trabajadoras Sexuales, o PROUD.

Los únicos lugares que han despenalizado el trabajo sexual son Nueva Zelanda y el estado de Nueva Gales del Sur en Australia. En ambos lugares, el trabajo sexual no está penalizado a través de leyes punitivas, y las regulaciones se basan en la salud y seguridad de las trabajadoras, como en cualquier otra profesión.

“El trabajo sexual es realmente visto como trabajo y tratado como tal”, dijo December.

Se cree que la reforma en Nueva Zelanda redujo la violencia contra las trabajadoras sexuales, aumentó su facilidad para denunciar los abusos a la policía y mejoró las actitudes de la policía hacia las trabajadoras sexuales, según el Ministerio de Justicia del país.

La investigación también mostró que la despenalización en Nueva Zelanda dio como resultado que las trabajadoras sexuales pudieran rechazar a los clientes e insistir en el uso de condones. Un estudio demostró que la despenalización tiene el potencial de reducir la discriminación, así como las denegaciones de justicia, la denigración y el abuso verbal.

¿Pero está el resto del mundo listo para ponerse al día?

‘Las licencias no han funcionado’

El trabajo sexual en entornos como Amsterdam a menudo es “demasiado restrictivo en formas no respaldadas por evidencia”, dijo Sally Shackleton, que trabaja con poblaciones clave, como las trabajadoras sexuales, en la Alianza Internacional contra el VIH / SIDA.

Botones de trabajadora sexual decoran el bolso de Foxxy Angel.

“Las trabajadoras sexuales de todo el mundo están exigiendo menos control y más posibilidad de decidir por sí mismas” con el apoyo de la ley, dijo.

CNN habló con seis trabajadores sexuales, con edades comprendidas entre los 36 y los 76 años, en cinco países, incluidos Brasil, Francia, Ucrania y México. Todas ellas resaltan cómo disfrutan con lo que hacen y dicen que la profesión, para ellas, “es una elección”. Explicaron que la industria del trabajo sexual ha cambiado con el tiempo, desplazándose a internet y, a menudo, desde casa, lo que requiere leyes que lo reconozcan.

Para limitar aún más el modelo en los Países Bajos, explicó Shackleton, está el hecho de que las trabajadoras sexuales deben trabajar en un espacio definido, y con el tiempo, estos espacios han sido cada vez más pequeños y menos numerosos, lo que hace que la competencia sea “muy alta”, sin que exista la opción de trabajar desde casa.

Cree que la legalización ha ayudado a eliminar cierta discriminación y ha mejorado algunas relaciones con la policía, pero no en la medida en que lo ha hecho en otros lugares.

“La despenalización es coherente con un enfoque basado en los derechos”, dijo Liesl Gerntholtz, subdirectora ejecutiva de programas de Human Rights Watch. La investigación realizada por su organización ha demostrado que las trabajadoras sexuales se enfrentan a la extorsión y el abuso por parte de la policía, incluido el sexo forzado, así como al abuso de los trabajadores de la salud y las fuerzas militares, en entornos donde la práctica está completamente criminalizada. “Vemos mucho estigma”, dijo.

Un estudio reciente descubrió que las trabajadoras sexuales en 33 países que enfrentan medidas policiales represivas (identificadas como detención, encarcelamiento, confiscación de agujas, jeringas, condones, desplazamiento a nuevas áreas o violencia física o sexual por parte de los agentes) tienen tres veces más posibilidades de experimentar violencia física o sexual que la población general.

Pero la legalización tampoco ha funcionado, dijo Gerntholtz.

En el núcleo de la reforma legal y de normativas se encuentra un “tema muy controvertido”, agregó: el hecho de que “algunas personas creen que el trabajo sexual es ofensivo para las mujeres”.

Esto lleva a objeciones morales en lugar de a las basadas en evidencia que, a su vez, empeoran las leyes, agregó Shackleton.

“Me gustaría vivir en un mundo donde las mujeres no tuvieran que vender sexo”, dijo Gerntholtz, donde el trabajo no fuera una opción. “Pero aquellas mujeres que lo hacen necesitan poder hacerlo de manera segura y con acceso a la atención médica y proteger sus derechos”. 

‘La primera línea de la violencia’

En última instancia, los expertos dicen que la prioridad para las trabajadoras sexuales, los activistas, los sindicatos y los legisladores es permitir la seguridad en una profesión que de otra manera sería de riesgo. “Las trabajadoras sexuales a menudo están en la primera línea de la violencia”, dijo Shackleton.

Además, tienen 14 veces más probabilidades de ser VIH-positivas, se inhiben de reportar crímenes contra ellas y están sujetas a la explotación por parte de las autoridades policiales, agregó.

Un botón de pánico en una habitación en el burdel My Red Light.

Shackleton cree que adoptar un enfoque laboral de la profesión puede garantizar sus derechos y luchar contra la explotación, pero agregó que “no existe una legislación que se adapte a todos”.

“Los detalles deben personalizarse para el contexto de cada país concreto”, dijo, pero destaca que el objetivo de cualquier cambio o reforma de la ley no debería ser reducir el número de trabajadoras sexuales. “Eso no funciona”.

Gerntholtz está de acuerdo en que un simple cambio de ley no es la solución. “Si simplemente cambia la ley mañana, no va a haber diferencia”, dijo, y agregó que se necesitan campañas de concienciación pública, leyes contra la discriminación y talleres con la policía y las escuelas para cambiar las percepciones y opiniones del público.

Cuando Angel experimentó una violación por primera vez en sus primeros días de trabajo, no se lo reportó a la policía. “Sólo dicen, ‘eres una trabajadora sexual’. ”

Esta es la actitud que ella y las trabajadoras sexuales de todo el mundo están luchando por cambiar, junto con sus derechos.

“El trabajo sexual se ha convertido en una cuestión de moralidad y en asegurar que las mujeres se comporten de la manera esperada”, dijo Shackleton. “Ese es el problema fundamental”.

 

Fotos: Por qué están luchando las trabajadoras sexuales

 

Fany Lilian Torrez Rodriguez, de 37 años, de Nicaragua, ha sido trabajadora sexual durante 18 años. Dice que el trabajo le ha dado buen dinero y es “el mejor trabajo que podría haber hecho”.

 

Thierry Shaffauser, de 36 años, muestra su tatuaje de paraguas rojo, un símbolo de los derechos de las trabajadoras sexuales.

 

Maria De Lourdes Araujo, 76, de Barreto, Brasil, muestra su tatuaje de “Soy una puta”. La industria del trabajo sexual solía estar llena de pasión y glamour, dice, con el baile a menudo utilizado como un medio de seducción. Hoy en día, la bisabuela sigue viendo clientes habituales.

 

Cynthia Navarrete, de 52 años, sostiene un cartel que dice “Libertad para Alejandra Gil”, su madre, quien cree que fue detenida injustamente por trata de personas. Trabaja como trabajadora sexual en las calles de la Ciudad de México y dice que le gusta porque puede elegir cuándo trabajar.

 

Natalia Isaieva, de 40 años, nació en Rusia y ahora vive en Ucrania. Comenzó como trabajadoras sexual a la edad de 16 años y se detuvo hace cuatro años. Ahora hace campaña por mejores derechos.

 

María Benta Melo Dos Santos, de 45 años, de Brasil, ha sido trabajadora sexual durante más de 26 años. La profesión fue una elección, dice, y ella hace campaña para que sea reconocida como tal.

 

Prostitución y feminismo, una mirada a la lucha sindical en Argentina

 

EFE Buenos Aires

8 de enero de 2019

https://www.efe.com/efe/america/entrevistas/prostitucion-y-feminismo-una-mirada-a-la-lucha-sindical-en-argentina/50000489-3861071#

 

La secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar), Georgina Orellano, habla durante una entrevista con Efe el pasado 4 de enero de 2018, en Buenos Aires (Argentina). EFE

 

“Puta y feminista”, así es como se define Georgina Orellano, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar), una agrupación que lleva 23 años luchando para que las trabajadoras sexuales puedan “salir de la clandestinidad” y reivindicar que “la prostitución es trabajo”.

Ammar es una organización sindical que nació en 1995 “producto de la organización de un grupo de trabajadoras sexuales” de Buenos Aires contra los “edictos policiales que criminalizaban el uso del espacio publico para ofrecer servicios sexuales”, con penas que iban de los “30 a 60 días de arresto”.

Durante los casi 24 años de su historia, Ammar ha transformado y ampliado sus objetivos en busca de un reconocimiento integral de la prostitución.

“Nuestra reivindicación principal es para poder salir de la clandestinidad, para no sufrir violencia institucional, para no tener que pagar a la policía y también como una herramienta para combatir el estigma social que nos condena a quienes ejercemos esta actividad”, manifestó Orellano a Efe.

La secretaria general del sindicato tiene claro que para conseguir “el reconocimiento de la profesión” deben apoyarse mutuamente, ya que “la salida es colectiva, organizativa y sindical sobre todas las cosas”.

“No va a ser una ley que nos va a transformar el 100 % de nuestras vidas, a nosotras lo que nos transformó fue organizarnos, fue encontrarnos en un sindicato, en una central de trabajadores y trabajadoras en las cuales generamos conciencia de clase”, aseguró.

La prostitución no está tipificada en el Código Penal argentino.

La única referencia sobre el tema en el ámbito nacional se remonta a un decreto presidencial de 2011 que prohibió los anuncios publicitarios de oferta sexual, aunque hay varias provincias, entre ellas la bonaerense, en la que se penaliza la prostitución con penas de hasta 60 días de arresto.

Orellano tiene 33 años y se prostituye desde que tenía 19, un tiempo en el que ha conseguido vencer la “vergüenza” y la “culpa” con la que vivía.

“Pensaba que por ser prostituta no tengo ningún derecho, el derecho que tengo es que todo el mundo opine de mí y que todo el mundo me condene. Vivía con la cabeza gacha, con mucha culpa, con mucha vergüenza, naturalizando un montón de situaciones de violencia, porque pensaba eso, que las putas no nos merecemos nada”, relató.

Ahora quiere, junto con la ayuda y colaboración de sus compañeras, conseguir que ese proceso de aceptación que ella ha vivido se traslade a una sociedad que todavía conserva pensamientos como “la puta es puta porque quiere” o “si la policía la violenta se lo merece por puta”.

“Teníamos una cuota de responsabilidad que era alzar la voz, contar verdaderamente quiénes somos, decir por qué decidimos ejercer el trabajo sexual y corrernos un poco de este rol de la víctima. Toda la gente pensaba que la puta era la víctima y todos nos querían venir a salvar pero nadie le venia a preguntar a la puta que era lo que quería”, subrayó.

Georgina Orellano habla claro, sin tapujos ni remordimientos, sin que le tiemble la voz cuando tiene que decir la palabra “puta”, la misma que lleva tatuada en uno de sus brazos, fruto de muchos años de activismo feminista que le han dado una visión transversal de la problemática y que la han llevado a una conclusión muy clara, y es que la única solución posible radica en la educación.

En su opinión, “la educación sexual integral” debe ofrecerse desde el jardín de infancia, para que se traten temas como “derecho a la intimidad, el consentimiento, la intimidad y el respeto por el propio cuerpo”.

Si bien considera que no es fácil incorporar estos temas a ciertos sectores de la sociedad “más tradicionales”, que ven el sexo como “algo sucio” de lo que no se debe hablar.

“En muchas casas nunca se habló de sexo, siempre era como algo prohibido y no hablarlo o esconderlo debajo de la alfombra es justamente generar que es algo malo, construir que el sexo es algo malo, prohibido y sucio”, destacó.

Lo que tiene claro es que en este cambio social se deben involucrar todos los sectores, incluyendo a muchos hombres.

Basada en sus años de experiencia, se muestra desconfiada de lo que las leyes pueden ofrecer y considera que el primer cambio debe ser el de “involucrar a los protagonistas” a la hora de “elaborar políticas públicas”.

Orellano es puta y feminista, además de sindicalista y otras muchas cosas, aunque por encima de todo es una persona que tiene una respuesta elaborada a cada pregunta.

Y es que como ella dice, “ahora cada vez que hablan de las putas hay una puta que va a contestar”: el primer eslabón de un cambio global que se proyecta sobre toda la sociedad.

 

La despenalización del trabajo sexual en Nueva Zelanda

 

https://www.gaatw.org/publications/SWorganising/Nueva_Zelandia_espanol.pdf

 

NUEVA ZELANDA1

 

Lynzi Armstrong

 

Nueva Zelanda supone un contexto muy especial a la hora de estudiar cómo se organizan las trabajadoras del sexo, cómo organizaciones dirigidas por ellas interactúan en el marco de la lucha contra la trata, y cómo reaccionan ante casos de coacción y explotación en el trabajo sexual. La singularidad del contexto de Nueva Zelanda radica en el marco jurídico vigente en el país: el trabajo sexual fue descriminalizado en 2003 con la aprobación de la Ley de reforma de la prostitución (Prostitution Reform Act, PRA por sus siglas en inglés), una medida por la que las organizaciones dirigidas por trabajadoras del sexo de todos los rincones del mundo llevan décadas haciendo campaña. Nueva Zelanda es también un caso peculiar porque las trabajadoras participaron directamente en el proceso de la reforma legal. El Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda (NZPC por sus siglas en inglés) encabezó la campaña por la descriminalización y fue reconocido como actor clave en el proceso. No obstante, aunque se considera que el marco legal es un ejemplo positivo desde el punto de vista de los derechos, no es una ley perfecta; una de sus limitaciones es que las migrantes temporales tienen prohibido el ejercicio del trabajo sexual y pueden enfrentarse a ser deportadas si infringen esta norma. Este capítulo documenta la singular historia del NZPC y explora la influencia del discurso antitrata en Nueva Zelanda desde la perspectiva de trabajadoras sexuales y representantes del NZPC. También subraya el papel jugado por el NZPC en la reacción frente a distintas formas de explotación y coacción que pueden encontrar las trabajadoras sexuales, y cómo el marco legal vigente influye en su labor en defensa de los derechos de las trabajadoras del sexo.

La investigación que dio origen a este capítulo tuvo un enfoque feminista y participativo, y el NZPC participó en todo el proceso del estudio. La investigadora tiene una estrecha relación con la organización por haber participado en ella como estudiante de doctorado a finales de 2007 y haber trabajado como voluntaria empleada entre 2008 y 2011, tras lo cual mantuvo una relación como investigadora. El estudio fue cualitativo, con nueve entrevistas en profundidad con representantes del NZPC, trabajadoras sexuales en activo y una informante externa. A pesar de ser un estudio monográfico pequeño, la investigadora ha interactuado formal e informalmente con un gran número de trabajadoras del sexo en Nueva Zelanda durante los últimos diez años y posee una visión detallada y compleja del trabajo sexual en este contexto, incluyendo los desafíos a los que se enfrentan las migrantes temporales y los debates sobre la trata a niveles local y global.

Las entrevistas revelaron una imagen contradictoria sobre el marco legal en Nueva Zelanda. La situación representa una historia de éxito de una organización dirigida por trabajadoras sexuales, dado que el NZPC pasó de ser un grupo informal de trabajadoras del sexo en 1987 a convertirse en una organización respetada y con fondos gubernamentales que dirigió una exitosa campaña de descriminalización. Sin embargo, aunque las entrevistas con las informantes del NZPC destacaron el potente efecto de la descriminalización en la reducción de los riesgos de explotación y en el refuerzo de la capacidad de las trabajadoras del sexo de enfrentarse a ella, también se mencionaron preocupaciones significativas acerca del hecho de que las trabajadoras del sexo migrantes han sido dadas de lado. Todas las participantes de este estudio consideraron que esto era muy problemático, ya que hace a las trabajadoras sexuales migrantes más vulnerables frente a la explotación y la violencia. Una abrumadora mayoría de las participantes cree que la ley debe cambiar para garantizar que todas las trabajadoras del sexo en Nueva Zelanda puedan beneficiarse plenamente de un contexto cuya intención explícita es la de dar prioridad a su salud y seguridad laboral.

Este capítulo comienza con una breve introducción del contexto socioeconómico y político en el que se da el trabajo sexual en Nueva Zelanda, y ofrece después información sobre el marco legal que afecta al trabajo sexual, la composición del sector del sexo y la respuesta legal a los riesgos de trata y explotación. Posteriormente, pasa a presentar de modo breve la trayectoria del NZPC como organización y cómo perciben y cómo les afecta a las trabajadoras sexuales el discurso antitrata y la trata. Seguidamente se exploran los desafíos clave para las trabajadoras del sexo en el contexto actual, con especial atención a los efectos de la prohibición a las migrantes de ejercer el trabajo sexual, lo que resultó ser la principal preocupación en las entrevistas con trabajadoras del sexo y otras informantes. El capítulo acaba debatiendo el papel del NZPC en dar respuesta a estos retos y señalando la naturaleza contradictoria del marco legal existente, y finaliza con recomendaciones resultantes del estudio.

 

Introducción

 

Contexto socioeconómico y político

Nueva Zelanda es un país de renta alta y está bien clasificado internacionalmente en varios campos como en desarrollo humano, calidad de vida y libertades civiles. En 2016, fue 13º en el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, que clasifica los países según su nivel de vida, renta bruta per cápita, esperanza de vida y educación.2 Sin embargo y en contradicción con ello, existe un nivel de desigualdad salarial relativamente alto. Los cálculos más recientes, de 2012, daban a Nueva Zelanda un coeficiente de Gini de 33, lo que indica que tiene un nivel de desigualdad de renta más elevado que la media, de 31, para países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).3

Nueva Zelanda tiene una situación geográfica relativamente aislada, situada a unos 1600 kilómetros de Australia y de las islas más cercanas del Pacífico. No obstante, es un país muy visitado. En el año natural anterior a febrero de 2017, se habían registrado 3,54 millones de visitantes, la cifra más alta jamás registrada.4 Para contextualizar este dato, en el último censo la población total era de 4,4 millones. Por tanto, a pesar del aislamiento geográfico, el país atrae a gran cantidad de visitantes internacionales. Además, también es un destino atractivo para migrantes. El censo de 2013 reveló que el 25% de la población había nacido fuera del país.5 De este modo, aunque se ha sostenido que el aislamiento geográfico podría mitigar los riesgos de trata, está claro que hay un flujo constante de personas a través de las fronteras neozelandesas.

Las maoríes son el pueblo indígena del país. Nueva Zelanda se convirtió en colonia británica en 1840, y las cicatrices del asentamiento y la colonización siguen existiendo en el contexto contemporáneo. Las maoríes tienen más probabilidad que las no maoríes de vivir en pobreza, de ser víctimas de violencia familiar y de ser encarceladas. Cuando el trabajo sexual estaba criminalizado, las maoríes también eran el grupo de trabajadoras del sexo con más probabilidades de ser arrestadas por acusaciones relacionadas con la prostitución6.

En el primer trimestre de 2017, la tasa de desempleo en el país era de 4,9%.7 Todas las residentes y ciudadanas que quedan desempleadas y buscan empleo activamente pueden optar por un pago semanal de “ayuda de búsqueda de empleo”. Para personas que han dejado su trabajo de manera voluntaria hay un periodo de 13 semanas hasta poder acceder a dicha ayuda. Ahora bien, es importante señalar que las trabajadoras del sexo están exentas de ello y pueden recibir su ayuda de búsqueda de empleo en cuanto dejan de trabajar.8 Por tanto, hay una red de seguridad económica para trabajadoras sexuales que quieran dejar el trabajo sexual o hacer un paréntesis.

 

El trabajo sexual en contexto

El trabajo sexual en Nueva Zelanda fue descriminalizado al aprobarse la ley de reforma de la prostitución (PRA) en 2003.9 Ello implica que no es ilegal vender sexo ni pagar por él. Tampoco es ilegal facilitar la compra ni la venta de servicios sexuales. En virtud de las secciones 20 a 23 de dicha ley, es ilegal pagar a alguien menor de 18 años por servicios sexuales o facilitar su participación en trabajo sexual. Sin embargo, cabe destacar que las menores que ejercen el trabajo sexual no están criminalizadas. Según la sección 16, también es delito inducir u obligar a cualquier persona de cualquier edad a ofrecer o seguir ofreciendo servicios sexuales.

El trabajo sexual fue descriminalizado en Nueva Zelanda en 2003. El objetivo de la reforma fue derogar la legislación que criminalizaba el trabajo sexual y dar prioridad a la salud, la seguridad y los derechos humanos de las trabajadoras del sexo.

La PRA fue una ley polémica aprobada por un solo voto de margen tras años de firme trabajo del NZPC. La oposición a la PRA se basaba en lo que se denominó “política de la moralidad”10, y fue llevada a cabo sobre todo por grupos fundamentalistas religiosos y una minoría de feministas.11 Sin embargo, existe un fuerte discurso feminista por los derechos de las trabajadoras del sexo en Nueva Zelanda que, hasta cierto punto, diferencia este contexto del de otras partes del mundo.12

Contexto legal

La lógica para el cambio de la ley era mejorar los derechos de las trabajadoras del sexo, afrontar los daños de la criminalización y dar prioridad a la salud, la seguridad y los Derechos Humanos de las trabajadoras del sexo. El proceso de reforma de la legislación en Nueva Zelanda fue único, como se ha dicho, por dos razones principales: se centraba en mejorar las vidas de las trabajadoras sexuales y además el NZPC desempeñó un papel central en la configuración del documento y en influir en el proceso político.13 Así, Nueva Zelanda se convirtió en el primer país del mundo en descriminalizar completamente el regentar burdeles, ofrecer o solicitar servicios sexuales y vivir de ingresos de prostitución.

Un estudio posterior llevado a cabo con trabajadoras del sexo que captan su clientela en la calle indicó que la descriminalización supone un mejor apoyo para estrategias de seguridad y mejora la relación entre trabajadoras sexuales y policía.

Un requerimiento del cambio de de la ley fue que su impacto sería evaluado de manera rigurosa a los tres años de su entrada en vigor. El cambio de ley también exigía que se estableciera un Comité para la revisión de la ley de prostitución (PLRC, por sus siglas en inglés) que revisara la ley y dirigiera un informe al Ministerio de justicia. La investigación llevada a cabo para evaluar los impactos de la PRA destacó numerosos beneficios. Por ejemplo, el 95% de las trabajadoras del sexo que respondieron creían que tenían derechos en el contexto descriminalizado.14 El estudio también halló que el 60% de las participantes se sentía más capaz de rechazar a clientes desde que había cambiado la ley.15 El informe del PLRC concluía que en general la descriminalización del trabajo sexual estaba logrando su objetivo y que las trabajadoras del sexo estaban en una situación mejor de la que tenían anteriormente.16 Un estudio posterior llevado a cabo con trabajadoras del sexo que captan su clientela en la calle indicó que la descriminalización supone un mejor apoyo para estrategias de seguridad17 y mejora la relación entre trabajadoras sexuales y policía.18

Características del trabajo sexual en Nueva Zelanda

En toda Nueva Zelanda ejercen trabajadoras del sexo, pero principalmente en zonas urbanas de las tres ciudades más pobladas de Auckland, Wellington y Christchurch. Wellington es la capital y el centro político; Auckland es el polo comercial del país y donde se halla el principal aeropuerto internacional, y Christchurch es la principal ciudad de la Isla Sur. Calcular el número real de trabajadoras sexuales es todo un desafío, en parte por el alto nivel de fluctuación, con personas que frecuentemente entran y salen del trabajo sexual.19 Sin embargo, los datos disponibles apuntan a que Nueva Zelanda alberga una población de trabajadoras del sexo relativamente pequeña. Los datos recabados en 2006 calculan que la población total de trabajadoras del sexo en un momento determinado en las tres ciudades principales y las provincias de Nelson y Hawke’s Bay era de 2396,20 lo que equivale al 0,057% de la población total, que en aquel momento era de 4,185 millones. En contra del mito que circula con frecuencia, las evidencias muestran que no ha habido un aumento significativo de trabajadoras sexuales tras la descriminalización.21

En contra del mito que circula con frecuencia, las evidencias muestran que no ha habido un aumento significativo de trabajadoras sexuales tras la descriminalización.

Las trabajadoras del sexo de Nueva Zelanda trabajan principalmente en lugares cerrados; solo un 10% lo hace desde la calle.22 Las que trabajan en interiores lo hacen como trabajadoras “gestionadas” en burdeles o de forma privada en sus casas u otros lugares, que pueden compartir con hasta cuatro trabajadoras del sexo más sin necesitar un certificado de operadora. Según la PRA, las operadoras de burdeles en los que hay una encargada de las instalaciones deben solicitar un certificado al Ministerio de justicia mediante una solicitud y el pago de una tasa de 250 NZD (unos 180 dólares estadounidenses).23

La mayoría de las trabajadoras del sexo de Nueva Zelanda son mujeres cisgénero, aunque también hay hombres y transgénero y personas con género independiente que ejercen el trabajo sexual. El mayor estudio realizado con trabajadoras del sexo en el país, con 777 participantes, indicó que las trabajadoras sexuales son diversas en cuanto a su edad, etnia y origen social. Más del 50% de las participantes de este estudio eran neozelandesas de origen europeo24, aproximadamente un tercio eran maoríes, 5% del Pacífico y 12% se identificaban como de otras etnias. La mayoría de las participantes empezaron a ejercer el trabajo sexual después de cumplir los 18 años (81,7% de las participantes), mientras que menos del 10% declaraba haber empezado con menos de 16 años. De las 777 participantes, aproximadamente un tercio tenían estudios superiores y la mayoría declaró que llevaba a cabo otras actividades además del trabajo sexual, como tareas de cuidados, voluntariado y/o otros trabajos remunerados o a tiempo parcial o jornada completa fuera de la industria del sexo.25

Trabajo sexual, migración y trata de seres humanos

La mayoría de las trabajadoras del sexo viven permanentemente en Nueva Zelanda, pero el país también es un destino para trabajadoras sexuales migrantes que vienen de forma temporal desde distintas regiones, entre ellas diferentes puntos de Asia, Europa, EEUU y América Latina.26 Hasta la fecha, solo se ha finalizado un estudio que se centraba exclusivamente en trabajo sexual de migrantes.27 Este estudio inluía una encuesta con 124 trabajadoras del sexo migrantes, un análisis de historiales anónimos sobre la salud reproductiva y sexual de trabajadoras del sexo y entrevistas exhaustivas con 12 informantes seleccionadas. Los resultados del estudio indicaban que las trabajadoras sexuales migrantes encuestadas habían empezado a ejercer por voluntad propia y, en general, estaban satisfechas con sus condiciones laborales. No había indicadores de prácticas sexuales no seguras, lo cual refuta la imagen de trabajadora del sexo migrante carente de capacidad de decidir y forzada a participar en dichas prácticas.

Nueva Zelanda tiene una exhaustiva legislación frente a la trata de seres humanos incluida en la ley de delitos (Crimes Act) de 1961. Esta legislación fue modificada en 2015 con la enmienda de la ley de delitos (Crimes Amendment Act),28 tras la aprobación del proyecto de ley contra la corrupción y el crimen organizado (Organised Crime and Anti-Corruption Legislation Bill). Este cambio venía a ampliar la definición de trata de seres humanos para incluir la trata “nacional”, en el sentido de que se puede clasificar como víctima de trata a las personas trasladadas, alojadas, reclutadas o recibidas dentro de Nueva Zelanda con fines de explotación. Antes de este cambio, la trata de seres humanos se definía como un delito enteramente transnacional. Este cambio se introdujo para reforzar el cumplimiento de compromisos internacionales como el Protocolo de Naciones Unidas contra la trata de personas.

 

Metodología

El estudio tuvo un enfoque cualitativo para obtener información detallada y en profundidad, lo cual contribuiría a documentar los objetivos generales del proyecto, que eran: 1) documentar la trayectoria del NZPC; 2) examinar su experiencia en la interacción con el marco de la lucha contra la trata, si este ha tenido efectos sobre su trabajo y, en caso de que sí, cuáles; 3) explorar estrategias de la organización para dar respuesta a la explotación, y 4) tener en cuenta qué factores afectan a la capacidad del NZPC, y de las trabajadoras del sexo en general, para dar respuesta a situaciones de explotación y coacción. Se empleó un acercamiento feminista y participativo, por lo que las representantes del NZPC participaron en toda la investigación, desde las fases iniciales de planificación a la finalización del informe.

Métodos

Por la naturaleza delicada de este estudio, las entrevistas exhaustivas se consideraron el mejor método para alcanzar los objetivos de la investigación. Se usó un muestreo intencional para garantizar que las entrevistadas tenían la experiencia necesaria para responder a las preguntas del estudio.

Se hicieron nueve entrevistas exhaustivas y semiestructuradas en Wellington y Auckland, que duraron entre 30 minutos y hora y media. Cuatro participantes eran empleadas del NZPC y se las seleccionó por su conocimiento y experiencia en la organización. Entre ellas estaba la coordinadora nacional, que colaboró en la fundación de la organización en 1987; una empleada veterana de la oficina nacional que había desempeñado funciones políticas, de investigación y operativas; la coordinadora regional de la sede de Auckland, y la persona de enlace con la comunidad migrante con base en Auckland. El objetivo de estas entrevistas era el de obtener información sobre la historia de la organización, la percepción de la trata de seres humanos, cómo la organización había interactuado con el marco de la lucha contra la trata y qué estrategias se utilizaron para dar respuesta a trabajadoras sexuales que habían experimentado explotación. Se entrevistó también a cuatro trabajadoras del sexo (una migrante de China, una maorí y dos neozelandesas de origen europeo); de estas últimas una tenía mucha experiencia en viajar para realizar trabajo sexual y otra había trabajado con trabajadoras sexuales migrantes en burdeles. El objetivo de las entrevistas era el de explorar sus percepciones en temas clave para trabajadoras sexuales en el contexto neozelandés y su visión sobre la trata con fines de prostitución como un problema, e identificar cómo deberían actuar las organizaciones ante casos de trabajadoras sexuales que experimentan explotación. Por fin, la última de las entrevistas se realizó con una representante de una organización religiosa que tiene varios años de experiencia en contacto con el NZPC por asuntos de trata de seres humanos y un interés continuado en estrategias antitrata en Nueva Zelanda. El propósito de la entrevista era el de obtener una perspectiva externa sobre el papel del NZPC para dar respuesta a la explotación que sufren las trabajadoras del sexo, incluyendo la trata de seres humanos.

Cuestiones éticas

Se facilitaron hojas informativas a todas las participantes, que pudieron hacer preguntas antes de participar; se les pidió que firmaran una autorización antes de la entrevista. Todas las trabajadoras del sexo que participaron eligieron un seudónimo para el estudio. Tres de las informantes del NZPC quisieron que se las identificara con su nombre completo en la investigacion y una participante (la persona de enlace con las trabajadoras sexuales migrantes) prefirió que se la identificara por su función, no por su nombre. La informante externa también solicitó que se usase una descripción de su función y no su nombre ni el de su organización. Todas las entrevistas fueron grabadas, transcritas literalmente y revisadas para eliminar cualquier información potencialmente identificativa en los casos en los que las participantes habían pedido no ser identificables en el estudio. El comité ético de la Victoria University of Wellington dio su visto bueno ético para la realización del trabajo de campo.

Análisis de datos

Tras transcribir las entrevistas, se analizaron los datos para identificar temas clave. Una vez finalizado el borrador del informe, se invitó a las participantes a comentar sobre el borrador, y pudieron hacerlo por correo electrónico o en una reunión en el NZPC. Este proceso, llamado verificación grupal, se hizo para asegurar que las participantes creían que la interpretación de los datos representaba con precisión su punto de vista y sus vivencias. Al acabar el borrador, se celebró una reunión en el NZPC con cinco revisoras que eran voluntarias o empleadas del NZPC para debatir las conclusiones y recomendaciones finales antes de finalizar el informe.

 

Resultados

La historia del NZPC

El NZPC fue fundado en 1987 por un pequeño grupo de trabajadoras del sexo que trabajaban en interiores que se reunieron para plantear la creación de una organización que representara a las trabajadoras del sexo, y a las que pronto se les unieron trabajadoras sexuales que captaban su clientela en la calle.29 La legislación de aquel tiempo, que criminalizaba el trabajo sexual, además del estigma y la salud sexual, fueron las principales motivaciones para constituir la organización. Catherine Healy, la coordinadora nacional y una de las miembros fundadoras del NZPC, explicó:

Queríamos formar una organización y hacer que la policía dejara de arrestarnos, así como hacer algo acerca del VIH y la percepción de la gente de que las trabajadoras del sexo éramos … las transmisoras de la enfermedad, pero también de la percepción de la gente de que las trabajadoras sexuales éramos inferiores … Queríamos juntar … a distintas trabajadoras del sexo y tener centros comunitarios donde reunirnos y hablar de cosas que nos importaban … Las actividades en torno al trabajo sexual eran ilegales, así que queríamos crear espacios seguros donde pudiéramos compartir información e ideas para apoyar nuestro trabajo sexual.

El NZPC es una organización de trabajadoras del sexo sin igual por dos razones principales: una es que consiguió financiación del gobierno desde 1988, un año después de su comienzo formal, y la otra es que su influencia fue fundamental en decisiones políticas relacionadas con el trabajo sexual. Además, la organización ofrece servicios vitales para las trabajadoras sexuales y ayuda a trabajadoras del sexo que tienen problemas en su trabajo. La organización ha logrado trabajar con gobiernos sucesivos sin ser controlada por ellos. Como explicó Catherine:

Tenemos un contrato con el gobierno, tenemos relaciones con el gobierno, pero mantenemos nuestra propia identidad y dirección. No nos hemos sentido dirigidas ni controladas ni manipuladas ni manejadas por el gobierno.

El NZPC no es un sindicato: las trabajadoras del sexo pueden participar en la medida que deseen y del modo que mejor satisfaga sus intereses y planes.30 Está supervisado por una junta de siete miembros, compuesta totalmente por trabajadoras del sexo en activo o retiradas. A día de hoy, el NZPC desempeña varias funciones: ofrecer servicios sanitarios y jurídicos directos, asesorar sobre leyes y políticas acerca del trabajo sexual a niveles nacional e internacional, colaborar en investigaciones y ofrecer un espacio seguro para que las trabajadoras sexuales se reúnan, desarrollen estrategias y compartan ideas y experiencias.

Los beneficios de organizarse

Las entrevistas con las empleadas del NZPC revelaron varios beneficios importantes de estar organizadas y que no se habrían logrado si la organización no hubiera sido fundada. El más significativo fue la aprobación de la PRA en 2003, un cambio por el que el NZPC había trabajado desde su nacimiento. Es lógico concluir que Organizarse también ha implicado que las trabajadoras del sexo han establecido fuertes relaciones con otras instancias y han sido capaces de utilizar estas instancias de un modo que contribuye al beneficio de las trabajadoras del sexo. El NZPC de Auckland, por ejemplo, acoge una asesoría semanal de Work and Income31 que ayuda a trabajadores sexuales que están atravesando situaciones difíciles o que desean dejar de ejercer el trabajo sexual. El NZPC también acoge servicios de salud sexual y asesoramiento en varios locales comunitarios. Catherine Healey explicó lo siguiente:

.Creo que al principio del todo no pensábamos que fuéramos a durar ni que llegaríamos a despegar. Pensábamos que probablemente repartiríamos un boletín escrito por trabajadoras del sexo y luego, bueno, pues probablemente la cosa se derrumbaría. Pero la organización se ha desarrollado. [Abrimos] centros comunitarios, recibimos a otros proveedores como entidades asesoras que acuden a ofrecer servicios complementarios para nosotras, pero en nuestro contexto, en nuestra sede; y a profesionales de salud sexual y de planificación familiar. Hemos logrado ser efectivas al enfrentarnos a la ley y la política, hemos sido relevantes a la hora de impulsar la derogación de una ley y política negativa, hemos tenido mucha influencia en consultas políticas y hemos sido determinantes en muchas decisiones sobre el trabajo sexual.

La descriminalización del trabajo sexual no habría ocurrido si las trabajadoras sexuales no hubieran empezado a organizarse y movilizarse por el cambio.

La historia de NZPC es por tanto única por reflejar un compromiso a largo plazo por los derechos, la salud y la seguridad de las trabajadoras del sexo, lo cual ha resultado en que sea una organización respetada, fuerte y estable que es una autoridad en materia de trabajo sexual.

El discurso antitrata en Nueva Zelanda

El discurso en torno al trabajo sexual en Nueva Zelanda no ha estado tan dominado por la preocupación por la trata como en otras regiones del mundo. Incluso en el proceso de reforma de la ley sobre prostitución anterior a 2003, el discurso antitrata no tuvo un papel significativo hasta fases tardías del debate. Annah Pickering explicó:

Al final, sí, había gente que hablaba de la trata porque había quien decía que al descriminalizar la prostitución habría hordas de mujeres que vendrían de otros países a cruzar la frontera, y la cosa es que a la gente le dio pánico. Pánico moral.

Aunque se presentaba como una preocupación por las posibilidades de que se produjese trata, estas preocupaciones también representaban un sentimiento contra la inmigración. Esto influyó significativamente en la introducción de una cláusula que prohibía a las migrantes con visados temporales ejercer o regentar un negocio de trabajo sexual.

Sobre este aspecto, Annah explicó que aunque este pánico de última hora por el impacto potencial de la descriminalización tenía que ver con la trata, también estaba muy relacionado con el miedo de que la población de trabajadoras sexuales “explotaría” y el país se inundaría de trabajadoras del sexo. Algunas personas contrarias a la descriminalización especulaban que “vamos a tener prostitutas por todos lados”. De este modo, aunque se presentaba como una preocupación por las posibilidades de que se produjese trata, estas preocupaciones también representaban un sentimiento contra la inmigración. Aunque no había pruebas que indicasen que la descriminalización conduciría a la trata o llevaría a un aumento del número de trabajadoras sexuales, estas preocupaciones influyeron significativamente en la introducción de una cláusula que prohibía a las migrantes con visados temporales ejercer o regentar un negocio de trabajo sexual.32

Cuando se les preguntó por la presencia y el impacto del discurso antitrata, las participantes en el estudio también mencionaron la influencia de debates internacionales y, sobre todo, el informe anual del Departamento de Estado de EEUU Trafficking in Persons (TIP, trata de personas), que previamente había identificado a Nueva Zelanda como país de destino para víctimas de trata con fines de prostitución. Había una impresión general de que el gobierno de Nueva Zelanda había dado una respuesta efectiva y crítica a dichas afirmaciones, basándose en que hasta la fecha no hay pruebas de que Nueva Zelanda sea un país destino para víctimas de trata con fines de prostitución. No obstante, una de las entrevistadas observó un aumento en actividad policial que parecía coincidir con la publicación del informe:

Mi experiencia trabajando a nivel de base es que cuando aquel documento estadounidense, el informe Trafficking in Persons, que suele salir cada año en junio, y hay cierta presión, yo creo, de no sé quién, los poderes fácticos o gente que cree que están pasando cosas aquí en Nueva Zelanda que no tendrían que estar pasando … los departamentos gubernamentales, principalmente Aduanas, Inmigración, Policía, Interior, que tienen a un grupo o a alguien allí metido para que mueva las cosas antes de que salga el informe. Y por lo que yo sé, en Auckland hemos tenido redadas en burdeles.

También se percibía que la proliferación del discurso antitrata internacionalmente llevó a una minoría de ONG de Nueva Zelanda a apoyarse en estadísticas y afirmaciones incorrectas sobre la trata con fines de prostitución, como indicó la informante externa:

Hay que reconocer que en algunos de los grupos antitrata que tenemos en Nueva Zelanda siguen casi obsesionadas con la trata con fines de prostitución … y seguimos con esa mentalidad de exagerar cifras, como bien sabrás. Así que esas mismas cifras sin base siguen siendo citadas una y otra y otra vez.

La proliferación del discurso antitrata internacionalmente llevó a una minoría de ONG de Nueva Zelanda a apoyarse en estadísticas y afirmaciones incorrectas sobre la trata con fines de prostitución.

Se reconoció que, aunque una minoría de particulares y organizaciones siguen haciendo afirmaciones sobre la trata con fines de prostitución que no están basadas en evidencia, en general se admite que la trata en Nueva Zelanda parece ser un tema asociado más a otros sectores como el pesquero, la agricultura y la hostelería. De este modo, mientras el discurso antitrata tuvo la desafortunada consecuencia de definir aspectos de la política sobre el trabajo sexual en el pasado, en el contexto local actual los debates sobre trata están generalmente fundados en pruebas y la trata no se entiende en el país como un tema de trabajo sexual.

Posicionamiento ante el discurso antitrata y sus efectos: “bueno, al menos no soy la de la peli ‘Venganza’”

Aunque el discurso antitrata no ha dominado los debates en Nueva Zelanda, la atención que le prestan ciertas particulares y organizaciones y el interés que suscita internacionalmente implica que el NZPC ha tenido que posicionarse sobre ello. Las participantes recalcaron que la perspectiva del NZPC siempre ha sido la de centrarse en las pruebas y las observaciones y vivencias de las trabajadoras sexuales. Uno de los puntos fuertes de la organización es su disposición a trabajar con personas de distintas ideologías, lo que ha permitido racionalizar los debates sobre la trata. Como indicó Catherine Healy:

Sin duda hemos dejado algunas puertas abiertas a organizaciones antitrata de aquí y nos hemos puesto en contacto y reunido y hablado con ellas. Intentamos evitar la polarización mientras haya alternativas … y creo que como hemos intentado evitar esa polarización, nos ha servido para amortiguar … historias falsas sobre las trabajadoras del sexo y la realidad de la trata en este país.

A pesar de todo, quedó claro que el discurso antitrata sigue afectando a las trabajadoras del sexo de Nueva Zelanda. El efecto más obvio es la sección 19 de la PRA, que prohíbe ejercer el trabajo sexual a las personas migrantes. Ahora bien, las participantes explicaron que el discurso antitrata también tiene implicaciones menos evidentes para las trabajadoras del sexo y la labor de apoyo del NZPC, y expresaron frustración debido a que el discurso antitrata refleja la explotación en el trabajo sexual en términos extremos, eclipsando las formas más cotidianas de explotación que sufren las trabajadoras del sexo. Las entrevistadas explicaron que esto implica que no se actúe contra los caso reales de explotación porque dichas situaciones son percibidas como “aburridas” y triviales cuando se las compara con, en palabras de Catherine Healy:

 … este tipo de casos extravagantes e imaginarios sobre trabajadoras del sexo que son esclavas sexuales, que están encadenadas a la cama y que van a ser descubiertas en el desván de alguien en alguna parte.

El discurso antitrata refleja la explotación en el trabajo sexual en términos extremos, eclipsando las formas más cotidianas de explotación que sufren las trabajadoras del sexo.

Esto era una importante fuente de frustración para las participantes ya que, como dijo Calum Bennachie, las autoridades “ignoran los problemas reales de coacción y lo que podría estar pasando en un burdel y buscan una fantasía que no existe”. Esta idea también la mencionaron las trabajadoras sexuales. Danielle, por ejemplo, pensaba que el discurso antitrata podría llevar a las trabajadoras del sexo a aceptar formas de explotación menores:

Tengo la sensación de que todas esas narrativas de trata también contribuyen a que las trabajadoras del sexo estén más dispuestas a aguantar la explotación. Como cuando oyes una historia de, yo que sé, por ejemplo unas chicas encerradas en una habitación atiborradas de drogas y vendidas al mejor postor y piensas: “menos mal que no me está pasando a mí”. Y es que sí, mis jefas pueden estar tratándome mal y hacerme trabajar 14 horas cada noche y retener mi paga … pero por lo menos no me violan, ¿sabes?

Y añadió:

Eso lleva a que no te des cuenta de las formas en que te están explotando, que es de la misma forma aburrida que el capitalismo explota a todo el mundo … el tipo de explotación al que la mayoría nos enfrentamos es trabajar largas jornadas, pagos inestables, jefas que lo intentan todo para timarte cada dólar que pueden … no es la explotación de estar encadenada a la cama y ser violada durante doce horas seguidas … y decir que eso es lo que nosotras vivimos solo quita importancia a las cosas malas que sí nos pasan. Y cuesta reconocerlo cuando pasan cosas malas y estás pensando: “bueno, por lo menos yo no soy la de la peli ‘Venganza’”.33

Las participantes rechazaron rotundamente el atractivo emocional del discurso antitrata, que no solo influye en la respuesta de las autoridades ante la explotación cotidiana del trabajo sexual, sino que también puede influir en cómo las trabajadoras sexuales entienden las situaciones con las que se encuentran como trabajadoras por cuenta ajena. De este modo, el discurso de la trata tiene efectos importantes sobre las trabajadoras sexuales y puede ocultar la verdadera naturaleza de la explotación que puede tener lugar en el trabajo sexual, y también tiene implicaciones para el NZPC cuando intenta responder a estos asuntos.

Análisis de la trata

Se pidió a todas las participantes que describieran lo que implica la trata y que reflexionaran sobre hasta qué punto la trata con fines de prostitución es un problema en Nueva Zelanda. En general, se ajustaban a la definición internacional: describían la trata como una circunstancia en la que una persona pasa a estar en una situación caracterizada por el engaño y la coacción. También se percibía que la trata está caracterizada por una falta de elección y libertad, como una situación en la que se obliga a una persona a realizar trabajo sexual contra su voluntad y sin remuneración. La persona de enlace con la comunidad migrante del NZPC lo describía así:

Es como: llegan aquí, no saben dónde van , llegan aquí y hacen algo en contra de su voluntad, no las dejan marchar, no hay libertad, no les pagan ni nada.

Todas las participantes niegan rotundamente haber observado u oído de ningún caso de personas forzadas a venir a Nueva Zelanda para realizar trabajo sexual. Esto es coherente con los datos existentes que muestran que, a pesar de las investigaciones intensivas de Inmigración, no se ha identificado hasta la fecha ningún caso de trata dentro de la industria del sexo en Nueva Zelanda. Calum Bennachie señaló:

Inmigración ha seguido visitando burdeles regularmente para inspeccionar y ver si hay alguien que podría ser víctima de trata, y cuando van comprueban si hay paredes falsas o armarios ocultos o gente escondida o cosas así. Hacen un registro completo y por ahora no han encontrado una sola víctima de trata con fines de prostitución en Nueva Zelanda.

Las participantes, tanto las del NZPC como las trabajadoras sexuales, también notaron que trata es un término mal definido y vago que se usa para describir un amplio abanico de prácticas de explotación, que se identifica con el trabajo sexual en el discurso popular de muchos países y que es a menudo usado en detrimento de las trabajadoras del sexo.

Las participantes, tanto las del NZPC como las trabajadoras sexuales, también notaron que trata es un término mal definido y vago que se usa para describir un amplio abanico de prácticas de explotación, que se identifica con el trabajo sexual en el discurso popular de muchos países y que es a menudo usado en detrimento de las trabajadoras del sexo. Danielle apuntó:

Es un término tan mal definido que todo puede ser trata si quieres que lo sea. Quiero decir, es como lo que te dije antes, que, según ciertas definiciones, al haber venido a trabajar de otro país, yo misma soy víctima de trata, aunque he venido por voluntad propia.

Del mismo modo, Michelle indicó:

Creo que es un término muy vago y mal definido. Para serte sincera, mi reacción emocional cuando lo oigo es que se me ponen los pelos de punta, estoy predispuesta a ese sentimiento contra las trabajadoras del sexo … y he visto muchas veces usar la trata como argumento para defender cosas que reducen mis derechos como trabajadora sexual.

Mientras que todas las informantes criticaron el término trata y no habían observado casos de lo que les parecía que se podría definir como trata, sí expresaron su preocupación por el potencial existente para la explotación de trabajadoras del sexo migrantes en el marco de la ley actual. Como explicó Catherine Healy:

Creo que es importante recordar que, sabes, que las condiciones están ahí y vienen proporcionadas por la ley. La ley proporciona las condiciones necesarias para la trata al convertir en ilegales a las migrantes que ejercen el trabajo sexual. Así que, como creo que sabes, estamos con los ojos y los oídos bien abiertos. Es algo que nos preocupa. Y la preocupación es muy muy real.

Aunque las trabajadoras del sexo entrevistadas fueron categóricas al afirmar no haber visto ni oído de situaciones en las que se hubiera forzado a personas a ejercer el trabajo sexual contra su voluntad o engañadas, dos participantes declararon haber oído de trabajadoras del sexo migrantes sometidas a condiciones laborales inaceptables. Amy, una trabajadora sexual migrante nacida en China, describía haber oído de trabajadoras del sexo a las que se animaba a venir a trabajar a Nueva Zelanda en un burdel durante un periodo corto de tiempo y se les insinuaba que podían ganar grandes sumas de dinero. Sin embargo, al llegar, aunque sí podían ganar mucho dinero, también se les exigía disponibilidad completa. Explicó:

No, no se las forzaba, pero … Decían a las chicas que vinieran a trabajar para ellos pero no se preocupaban por las chicas. Eso es lo que quería decir. Las tienen trabajando jornadas muy largas, realmente muy muy largas.

Michelle también expresó su preocupación por algunas trabajadoras del sexo migrantes que tenían un escaso control sobre su tiempo de trabajo y unos costes de vida excesivamente altos:

He visto a trabajadoras migrantes que planearon venir a trabajar, se pusieron en contacto con la empleadora o la dueña del burdel y gestionaron su venida para trabajar y residir en el local. Creo que potencialmente es un problema, que muchas veces esas chicas están pagando mucho por alojamiento y gastos, y como viven en el local, hacen jornadas larguísimas con muchísima frecuencia. Yo no puedo hablar en su nombre, pero sé que muchas de ellas no estaban contentas con eso y habrían preferido librar más o tener más flexibilidad en el modo de trabajar.

De este modo, todas las participantes mostraron su inquietud por el hecho de que la legislación sobre el trabajo sexual de personas migrantes crea condiciones que facilitan la explotación. Aunque las trabajadoras sexuales migrantes tienen experiencias y circunstancias diversas, pueden encontrar condiciones laborales que serían consideradas inaceptables por la mayoría de las trabajadoras del sexo neozelandesas.

Trabajo sexual de personas migrantes y una ley de consecuencias no deseadas

Se pidió a todas las participantes que describieran lo que pensaban que eran los principales desafíos para las trabajadoras del sexo en el contexto actual de Nueva Zelanda. Se subrayaron una serie de temas como el estigma y la discriminación que siguen existiendo, problemas con jefas explotadoras o condescendientes y una cantidad insuficiente de clientes. Sin embargo, el problema más citado fue el precario estatus legal de las trabajadoras del sexo migrantes, que tiene algunas repercusiones importantes en lo que respecta a la explotación de migrantes y la trata.

Desempoderamientro de trabajadoras del sexo, empoderamiento de clientes abusivos

Las trabajadoras del sexo migrantes en Nueva Zelanda están desempoderadas en sus interacciones con clientes. Su precaria situación legal da a clientes abusivos la oportunidad de realizar demandas poco razonables porque, como indicó Lydia, asumen que “esta persona seguramente no llame a la policía”. En este sentido, Amy recordó una experiencia adversa con una persona que había hecho una reserva con ella:

… un cliente dirá … pensará que no tienes un visado en condiciones y te dirá que le hagas un buen servicio y si no va a llamar a la policía. 

Las trabajadoras del sexo migrantes en Nueva Zelanda están desempoderadas en sus interacciones con clientes.

Amy también describió un tipo específico de cliente con una idea racista de las trabajadoras migrantes. Este tipo de clientes no respeta sus límites por su idea estereotipada y racializada de las trabajadoras asiáticas como personas pasivas. Explicó:

Como soy asiática, algunos clientes ya han estado en Asia antes y les gustan las chicas asiáticas especialmente porque piensan que pueden hacer lo que quieran. Porque normalmente no somos como las chicas neozelandesas, que saben que existe ese derecho de decir “no”. Porque en Asia a nosotras (las trabajadoras del sexo) se nos trata de forma inhumana. Así que cuando viene este tipo de cliente a Nueva Zelanda piensa que somos iguales que en China. Por ejemplo, te agarran y te dicen: “Voy a hacer esto”. Y puedes decir “no” pero no te escuchan. Dices “stop” y dicen que quieren que les devuelvas el dinero. Porque no consiguen lo que quieren como en otros países asiáticos, así que dicen: [con voz de burla] “Oh, quiero que me devuelvas el dinero” [risas].

Lydia describió una situación en la que una trabajadora sexual migrante había sido chantajeada por una persona que se le había acercado como cliente y luego la amenazaba con delatarla a Inmigración para extorsionarla y obtener servicios de ella:

Una vez conocí a una chica que … había un tío que la llamó y dijo que quería hacer una reserva con ella y luego … apareció y dijo: “Tienes que tener sexo conmigo gratis o llamo a Inmigración”. Y ella se quedó [pensando]: “¿Qué voy a hacer, dios mío?” No se podía deshacer de él, así que lo hizo y luego se cambió el nombre profesional y el número de teléfono y después él la encontró de nuevo. Creo que le pasó unas tres veces y estaba muy asustada y muy traumatizada. Lo estaba pasando fatal. 

Riesgo de deportación

Las migrantes que son descubiertas ejerciendo el trabajo sexual pueden ser deportadas, lo que inevitablemente genera miedo al contacto con las autoridades como la policía. Esto significa que si una migrante se encuentra con un cliente abusivo, hay un fuerte efecto disuasorio a la hora de denunciar el caso. Aunque según la sección 16 de la PRA es una infracción amenazar con revelar que una persona está ilegalmente en Nueva Zelanda para inducir u obligar a otra persona a que realice servicios sexuales comerciales, el estatus legal precario de las trabajadoras del sexo migrantes implica que no es probable que denuncien experiencias adversas a la policía. Amy no creía que la policía pudiera proteger a personas que trabajan ilegalmente, y señaló: “Si eres ilegal no puedes llamar a la policía. Si eres ilegal, no pueden protegerte”. También pensaba que los burdeles en los que ejercen trabajadoras migrantes pueden ser reticentes a denunciar disputas menores con clientes porque “pensarán: ‘Oh, no quiero que vengan policías a mi edificio’”.

“Si eres ilegal no puedes llamar a la policía. Si eres ilegal, no pueden protegerte.”

En el caso que describe Lydia, la trabajadora sexual estaba demasiado asustada para denunciar su situación, aunque Lydia estaba convencida de que una agente de policía podría ser discreta en lo que respecta al estatus de inmigración de la trabajadora del sexo:

Ella no quería llamar a la policía porque estaba preocupada, y le dije: “Creo que podrías llamar a la policía porque … a las polis les importa que no haya un violador por ahí intentando violar a trabajadoras del sexo. Probablemente les importe más eso que pasar tus datos a Inmigración”. Lo que hizo al final fue ir y buscar a alguien que la protegiera … Supongo que es lo que suele pasar … Si no consigues protección mediante la ley, tienes que ir y buscarte a alguien que te proteja de otra manera.

Paralelamente está el hecho de que las migrantes, que ya tienen experiencia en ser objetivo de agentes de policía e Inmigración por haber sido consideradas posibles víctimas de trata o migrantes indocumentadas, podrían ser particularmente reticentes a dirigirse a las autoridades. Lydia describió a una amiga que había tenido varias experiencias de acoso cuando estuvo en el extranjero:

Imagino que hay muchas personas indígenas de lugares colonizados, toda su familia es muy pobre y la gente no espera que puedan viajar ni nada. Así que siempre las paran en las fronteras … y sí, tienen un montón de ansiedad con eso y nunca llamarían a la policía.

Las migrantes, que ya tienen experiencia en ser objetivo de agentes de policía e Inmigración por haber sido consideradas posibles víctimas de trata o migrantes indocumentadas, podrían ser particularmente reticentes a dirigirse a las autoridades. 

Estigma, discriminación y apoyo de pares

El estatus legal precario de las trabajadoras del sexo migrantes también implica que experimenten una dosis extra de estigma, ya que están infringiendo la ley, mientras que otras trabajadoras del sexo no lo hacen. Esto podría implicar que algunas trabajadoras sexuales migrantes se aíslen y no se beneficien del apoyo de sus compañeras ni compartan información con otras trabajadoras del sexo. Michelle lo explicó así:

Ese miedo a que te pillen trabajando ilegalmente y que te deporten, que es una consecuencia enorme. Es terrible tener que enfrentarse a eso simplemente por estar ejerciendo el trabajo sexual. Y yo creo que hay cierto estigma hacia ellas, como que pone a las trabajadoras migrantes al margen porque están haciendo algo ilegal y el resto de las chicas que trabajan en el burdel no están haciendo nada ilegal … Y también creo que, sí, que hace que sea menos probable que insistan en que se respeten sus derechos laborales.

Las trabajadoras del sexo migrantes pueden aislarse por miedo a que las trabajadoras sexuales nacidas en Nueva Zelanda las delaten si se enteran de su estatus migratorio. Annah Pickering apuntó:

Hemos tenido incluso a trabajadoras del sexo nacidas en Nueva Zelanda que pueden ser muy racistas … e informar a las autoridades, porque las trabajadoras migrantes se promocionan bien, son muy trabajadoras, y me parece que las nacidas en Nueva Zelanda se sienten amenazadas por ellas.

Al mismo tiempo, muchas se muestran solidarias con las trabajadoras del sexo migrantes si sufren explotación. Annah Pickering recordó una situación en la que una trabajadora sexual migrante recibió el apoyo de trabajadoras del sexo nacidas en Nueva Zelanda cuando se enteraron de su situación:

Había una gente que llevaba un burdel comercial en el centro y también tenía un establecimiento más exclusivo en un área residencial. Tenían a algunas trabajadoras migrantes trabajando en el burdel residencial [y] una noche a una de las trabajadoras del burdel residencial le dijeron que fuera al burdel comercial. Había trabajadoras de Nueva Zelanda trabajando en ese burdel y ella acabó diciéndoles que llevaba aquí cierto tiempo y que no tenía acceso a su pasaporte y que los dueños del burdel se lo habían retenido. Así que las trabajadoras del sexo neozelandesas, al oír la historia, se quedaron en plan: “Joder, tienes que llamar a la policía”. Con el consentimiento de la trabajadora llamaron a la policía, que fue a ese burdel y ahí empezó todo. A esa mujer le devolvieron el dinero y el pasaporte y luego volvió a casa … Me acuerdo de que las trabajadoras neozelandesas me dijeron que habían alucinado con eso. Estaban en plan: “¿Pero quién coño se creen que son para eso? ¿Cómo se atreven a hacerle eso?” 

Obstáculos para denunciar

Las trabajadoras del sexo nacidas en Nueva Zelanda del caso anterior se quedaron claramente impactadas al enterarse de lo que consideraban una situación completamente inaceptable, tal vez por la normalización de los derechos de las trabajadoras del sexo por la PRA y las expectativas de unas condiciones laborales decentes o al menos relativamente decentes. Ahora bien, aunque esta situación tuvo un final positivo, cabe la posibilidad de que llamar a la policía en dicha situación pudiera tener consecuencias negativas inesperadas para la trabajadora sexual migrante, especialmente si su deseo era quedarse en Nueva Zelanda. Las trabajadoras del sexo entrevistadas para este proyecto no estaban convencidas de poder contactar con la policía si una colega migrante sufría explotación, y únicamente recurrirían al NZPC.

Michelle explicó lo que haría si se encontrase a una trabajadora sexual migrante que sufría explotación: 

Creo que mi primera reacción habría sido ofrecerle que viniera aquí al NZPC. Sé que el NZPC tiene recursos y trabajadoras con otros idiomas que pueden comunicarse con gente que no habla inglés. Así que yo creo que esa habría sido mi primera medida. Creo que si esa persona pensaba que estaba verdaderamente en peligro, le habría dicho que la policía no iba a portarse horriblemente con ella, pero no sé si es muy probable que le hubiera recomendado eso por las posibles consecuencias de la deportación que, si has venido a trabajar durante unas vacaciones, no parece tan gran cosa, pero luego están las consecuencias: si te han deportado de un país por ejercer el trabajo sexual es posible que no puedas entrar en otros países. Podría afectarte la vida entera y a tus posibilidades de viajar. 

Michelle explicó lo que haría si se encontrase a una trabajadora sexual migrante que sufría explotación: “Creo que mi primera reacción habría sido ofrecerle que viniera aquí al NZPC.”

Del mismo modo, Amy no se sentía segura de que la policía pudiera ayudar a alguien que ejerciera ilegalmente el trabajo sexual, y dijo que sería reticente a recomendar que se llame a la policía porque: “Se metería en problemas … la policía se la llevaría”. Al preguntarle cuáles serían las consecuencias, Amy contestó que probablemente le dirían: “No puedes trabajar aquí. No puedes trabajar y te tienes que volver a tu país”.

Vigilancia y control

Además de enfrentarse a obstáculos para denunciar experiencias adversas, las trabajadoras del sexo migrantes también viven con la posibilidad constante de que las autoridades las identifiquen mientras trabajan. Aunque las redadas en burdeles no son muy corrientes en Nueva Zelanda, las agentes de Inmigración las llevan a cabo de forma esporádica. Las participantes en este estudio también describieron casos de trabajadoras sexuales a las que se interrogaba en la frontera cuando intentaban entrar en Nueva Zelanda, una práctica que también ha sido identificada en un estudio australiano.34 Asimismo, una participante contaba que hay agentes de Inmigración que van revisando los anuncios de trabajadoras del sexo en internet y los contrastan con perfiles de las redes sociales para intentar identificar a personas que podrían estar trabajando ilegalmente. Annah Pickering lo explicó así:.

He hablado con una trabajadora migrante que se anunciaba en [una plataforma online] e Inmigración de Nueva Zelanda la había estado revisando. Le enviaron una carta que mostraba su anuncio diciéndole “has mentido, te has anunciado aquí, podemos demostrarlo porque esta eres tú, te hemos visto en Facebook, Instagram…” Ella lo impugnó pero Inmigración de Nueva Zelanda le dijo: “Si no sales del país para esta fecha … te mandaremos una notificación legal de deportación”. Así que acabó negociando con ellos diciendo que tenía un billete de ida y vuelta a su país y que no iba a volver aquí.

Las trabajadoras del sexo migrantes también viven con la posibilidad constante de que las autoridades las identifiquen mientras trabajan

Los informes de la prensa sobre las actividades de Inmigración de Nueva Zelanda en materia de trabajo sexual indican que dichas actividades, por ahora, no han identificado a ninguna víctima de trata. En 2007, agentes de policía y de Inmigración, acompañadas por un equipo de grabación del reality de televisión “Borderline”, hicieron redadas en seis burdeles de Auckland. En una de esas redadas, un cliente murió al saltar por la ventana para no ser identificado. Aunque se dijo que la policía estaba en la redada por si se identificaban víctimas de trata, una portavoz de Inmigración de Nueva Zelanda dijo que “el objetivo de las redadas era garantizar que no se incumple la normativa sobre prostitución e inmigración”.35 Desde entonces, se han realizado nuevas redadas con agentes de Inmigración y/o de policía. En 2012, se informó de redadas en ocho burdeles y las agentes encontraron a 21 trabajadoras del sexo trabajando de forma ilegal. Dos optaron por abandonar el país voluntariamente y 19 recibieron notificaciones de deportación.36 En una redada en un burdel en 2014 no se identificó a ninguna víctima de trata ni trabajadora sexual menor de edad, pero el resultado fueron tres trabajadoras del sexo con notificaciones de deportación.37

La prohibición de ejercer el trabajo sexual para migrantes ha creado un contexto contradictorio en el que las trabajadoras del sexo nacidas en Nueva Zelanda disfrutan de los beneficios de un entorno laboral caracterizado por ser abierto y transparente, mientras que a las trabajadoras sexuales migrantes básicamente se las obliga a la clandestinidad y son, por tanto, vulnerables a la explotación y la violencia. La política de descriminalización de Nueva Zelanda ha demostrado ser una política exitosa.38 No obstante, al excluir a las trabajadoras del sexo migrantes, no tiene suficiente alcance y se puede decir que la política actual crea las condiciones que llevan a la trata más que proteger contra ella. La situación de las trabajadoras del sexo migrantes en Nueva Zelanda también afecta a la respuesta del NZPC frente a casos de explotación.

La prohibición de ejercer el trabajo sexual para migrantes ha creado un contexto contradictorio en el que las trabajadoras del sexo nacidas en Nueva Zelanda disfrutan de los beneficios de un entorno laboral caracterizado por ser abierto y transparente, mientras que a las trabajadoras sexuales migrantes básicamente se las obliga a la clandestinidad y son, por tanto, vulnerables a la explotación y la violencia.

 

Respuesta a la explotación: el papel y el enfoque del NZPC

Como organización establecida por y para trabajadoras del sexo hace 30 años, el NZPC tiene un firme compromiso con los derechos de las trabajadoras sexuales y su seguridad y salud laborales. Este compromiso queda demostrado con los años de trabajo que dedicó a la descriminalización del trabajo sexual, además de las muchas otras maneras en que defiende diariamente el derecho de las trabajadoras del sexo a unas condiciones laborales justas y razonables. Por tanto, el NZPC tiene una notable función que desempeñar dando respuesta a una amplia gama de prácticas explotadoras abarcadas con frecuencia bajo el término muy general “trata”.

Ser una de ellas

El valor singular que aporta el NZPC en su réplica a la explotación en el trabajo sexual es que son parte de la comunidad de trabajadoras del sexo. Son, por tanto, una más, en lugar de personas de fuera y, por tanto, las trabajadoras del sexo y otras personas que están relacionadas con el trabajo sexual pueden intercambiar información con el NZPC que no estarían dispuestas a intercambiar con otras organizaciones que no son de la comunidad. Un día, mientras yo estaba en el NZPC haciendo una entrevista, un operador de un burdel entró y se llevó recursos en distintos idiomas elaborados por el NZPC para trabajadoras del sexo migrantes, y reveló que en su negocio tiene a trabajadoras sexuales que no son de Nueva Zelanda. Recordando esta interacción, Catherine Healy explicaba:

Un operador de un burdel acaba de revelar que tiene a tres trabajadoras y le parecía que podía hablar de ello … que son obviamente de otra parte del mundo, y luego él pudo llevarse material que sabe que va dirigido a trabajadoras migrantes. Eso es confianza … Es una persona que podría perder su licencia de operador por contratar trabajadoras migrantes y nos está contando algo muy delicado, y eso es la diferencia [con organizaciones externas] … Pertenecemos a estas comunidades. Somos una más, no somos de fuera. Y las de dentro suelen compartir sus cosas.

En el NZPC son una más, en lugar de personas de fuera y, por tanto, las trabajadoras del sexo y otras personas que están relacionadas con el trabajo sexual pueden intercambiar información con el NZPC que no estarían dispuestas a intercambiar con otras organizaciones que no son de la comunidad.

La función del NZPC como organización de pares también implica que es más probable que las trabajadoras del sexo revelen sus preocupaciones y experiencias adversas en este ámbito que en otras organizaciones. Su papel es particularmente importante en el contexto de apoyar a trabajadoras sexuales migrantes que pueden temer a las autoridades como la policía por su situación legal precaria o por experiencias pasadas con la policía en sus países de origen. Annah Pickering apuntaba:

Algunas de nuestras trabajadoras migrantes vienen de países en los que, bueno, hay corrupción en la policía y en Inmigración y cosas así … Las trabajadoras migrantes confiarán en lo que decimos, claro, más que en lo que dice la autoridad.

Las cuatro trabajadoras sexuales entrevistadas en este proyecto dijeron que el NZPC sería su primer recurso si experimentaban explotación o violencia o si se encontraban con una trabajadora del sexo que estaba siendo explotada. Danielle explicó que a veces las prohibicionistas critican que el NZPC trabaje desde dentro y la labor que realiza, y acusan a esta organización de apoyar la explotación al desarrollar recursos para las trabajadoras del sexo. Danielle estaba segura de que el NZPC estaría muy preocupado si supiera de algún caso de trata:

Si pasara algo, creo que el NZPC apoyaría enormemente a la trabajadora. Lo digo porque ya están, de algún modo, arriesgándose al elaborar información para trabajadoras extranjeras y especialmente en Auckland al elaborar información en chino … Los que están en contra del trabajo sexual siempre se fijan en este tipo de cosas y dicen: “Es que el NZPC defiende la trata”. No es así. No es más que intentar asegurarse de que todas pueden acceder a la información que puede mantenernos a salvo.

La informante externa entrevistada también valoró la condición del NZPC de “estar dentro” explicando que, debido a ello, el NZPC tiene información privilegiada de lo que pasa dentro del sector que otras organizaciones no pueden conseguir:

Creo que Catherine y la gente con la que trabaja, porque están por todas partes, se van a enterar bastante de lo que pasa. Están en todos esos sitios en que las demás no estamos. Se van a enterar mejor que el resto de nosotras … Tienen más oportunidades de enterarse de lo que pasa.

Esto también quiere decir que el NZPC sabe cómo lidiar con situaciones problemáticas en las que las trabajadoras del sexo puedan estar sufriendo problemas pero les cueste enfrentarse a ellos, especialmente cuando quieren seguir trabajando en determinado local y no quieren estropear la relación con la dirección si se quejan. Una estrategia inicial del NZPC, según cada caso, es usar un enfoque indirecto para mantener la comunicación con los operadores: intentan educarles primero, dándoles la oportunidad de mejorar sus prácticas. Catherine Healy explicó:

Puede ser que hablemos directamente con los operadores y les digamos algo como: “No sabemos si es tu caso o no, pero se lo estamos diciendo a todo el mundo”. Así, de manera general, se les dice que podría haber medidas duras según como la gente esté tratando a sus empleadas. Así que se trata de concienciar sobre malas prácticas e indicar que pueden tener repercusiones.

Desafiar la explotación y resolver conflictos

Se consideró que es fundamental mantener relaciones con los operadores de burdeles, ya que garantiza que la comunicación es posible cuando surjan problemas. Las trabajadoras sexuales entrevistadas también dejaron claro que el NZPC podría ayudarlas en dichas situaciones presionando a los operadores. Por ejemplo Danielle explicó que si era multada por un operador, contactaría con el NZPC porque: “Sé que Catherine es muy capaz de hacer un poquito de presión”. La autodeterminación de las trabajadoras del sexo es esencial para el enfoque del NZPC, que siempre es hacer lo que quiere la trabajadora sexual. Por ejemplo, aunque pasar inmediatamente por el proceso de denuncia formal no sea la respuesta más adecuada si se puede resolver un problema informalmente, si la trabajadora del sexo así lo quiere, el NZPC siempre respeta su voluntad. Catherine lo explicó así:

Sí que depende de lo que quiera la trabajadora sexual. No podemos pasar por alto lo que la trabajadora del sexo dice. Si dice: “De eso nada, quiero ir directa a las autoridades a solucionar esto”, pues eso es lo que tenemos que hacer.

Cuando las trabajadoras del sexo realmente desean recurrir a canales oficiales para enfrentarse a la explotación, el marco de descriminalización implica que las autoridades se toman en serio sus denuncias.

El NZPC también ha establecido relaciones importantes con otras organizaciones que pueden ayudar en estas situaciones, como Medical Officers of Health, que tienen el conocimiento y la experiencia adecuados. Estas pueden avisar a otras profesionales y trabajar conjuntamente para dar una respuesta. Por ejemplo, el NZPC estaba recibiendo quejas de trabajadoras del sexo sobre que otras trabajadoras sexuales ofrecían prácticas sexuales no seguras. El NZPC trabajó con Medical Officers of Health para desarrollar una respuesta no amenazadora de modo que pudieran contactar con operadores de burdeles.

Cuando las trabajadoras del sexo realmente desean recurrir a canales oficiales para enfrentarse a la explotación, el marco de descriminalización implica que las autoridades se toman en serio sus denuncias. Esto queda de manifiesto con un caso de 2014 en el que una trabajadora sexual, con el apoyo del NZPC, ganó un caso que había llevado al Tribunal de Derechos Humanos contra un propietario de un burdel que la había acosado sexualmente. La decisión del tribunal sentenciaba que no es aceptable que el propietario de un burdel utilice lenguaje sexual al comunicarse con las trabajadoras del sexo y condenó al propietario del burdel a pagar a la mujer, de 22 años, 25 000 NZD (unos 21 000 dólares estadounidenses en aquel momento) por daños.39

Crear defensoras de los derechos de las trabajadoras del sexo

Para garantizar que el NZPC pueda confiar en que las autoridades den una respuesta adecuada a las trabajadoras del sexo que están afrontando problemas, trabaja para formar “paladines” o personas defensoras en organizaciones, a las que se pueda recurrir cuando se las necesite; estas personas pueden también reforzar el conocimiento institucional dentro de sus propias organizaciones acerca de cómo apoyar mejor a las trabajadoras sexuales. A Danielle la amenazó una expareja con delatarla ante su familia si no hacía lo que él quería. Ella confió la situación a su jefe de aquel momento, que la puso en contacto con el NZPC. Lo explicaba así:

Mi jefe de entonces … se puso en contacto con el NZPC y averiguó el nombre de un policía respetuoso con el trabajo sexual, así que fui a hablar con él y me apoyó un montón.

 Las relaciones del NZPC con otras organizaciones son de vital importancia para facilitar una respuesta ante la explotación de trabajadoras del sexo migrantes, y sería de especial relevancia si hubiera un caso de trata.

Las relaciones del NZPC con otras organizaciones son de vital importancia para facilitar una respuesta ante la explotación de trabajadoras del sexo migrantes, y sería de especial relevancia si hubiera un caso de trata. La capacidad del NZPC de dar respuesta a trabajadoras sexuales migrantes que sufren explotación queda minada por la ley actual. Esto significa que aunque las trabajadoras del sexo migrantes se dirigen al NZPC con problemas, muchas veces son reticentes a llevar la denuncia más allá; se dirigen al NZPC simplemente porque quieren contar a alguien su experiencia. Sin embargo, los estrechos lazos del NZPC con “paladines” o defensoras individuales de las trabajadoras sexuales dentro de organizaciones gubernamentales significan que si una trabajadora del sexo quiere hacer una denuncia formal, a veces son capaces de conseguirlo asegurando que no hay consecuencias negativas. Lydia recordaba a una trabajadora sexual migrante a la que ayudó el NZPC después de sufrir una agresión sexual:

Le preocupaba Inmigración y se fue al NZPC y la ayudaron. Hablaron con la policía y consiguieron que la policía hablara con ella sin ponerla en peligro … No acabó siendo deportada, ni nada así. Por eso pienso que el NZPC es muy bueno gestionando este tipo de cosas.

Colaboraciones y servicios externos

Dentro su marco centrado en las trabajadoras del sexo, el NZPC también colabora con otras organizaciones para que ofrezcan servicios a trabajadoras sexuales. Por ejemplo, se facilitan servicios de salud sexual confidenciales y gratuitos, lo que atrae a muchas trabajadoras del sexo a la organización por primera vez. En Auckland, las asesoras de Work and Income40 ofrecen una clínica satélite para trabajadoras sexuales que se estén enfrentando a problemas significativos en su vida. Annah Pickering comentó:

Aquí en Auckland tenemos por ejemplo hoy a Work and Income … trabajan con subsidios y viviendas de protección oficial. Así que hemos desarrollado una relación con agencias gubernamentales que pueden dar asistencia a nuestra comunidad.

El NZPC también ofrece servicios externos a las trabajadoras del sexo, también en zonas del país en las que no hay una base comunitaria. Esto es particularmente importante para algunas trabajadoras sexuales migrantes que se desplazan por el país haciendo una gira para maximizar sus ingresos o para que no las descubran las autoridades. Los servicios externos también son importantes para trabajadoras del sexo migrantes de las grandes ciudades; y en Auckland, el NZPC tiene un proyecto dedicado a ello: el proyecto Migrant Education and Information (Educación y Formación para Migrantes), coordinado por una educadora que habla cantonés y mandarín. La persona de enlace con la comunidad migrante explicó:

A veces les cuesta acceder a nuestras oficinas. La mayoría de las migrantes no saben cómo llegar, incluso no conducen. No saben cómo llegar a nosotras así que vamos nosotras hacia ellas, nos reunimos, les contamos qué es el NZPC … La organización apoya a todas las trabajadoras del sexo y, como la mayoría de las trabajadoras chinas no habla bien inglés, les cuento qué es el NZPC y que les podemos ayudar y apoyar, que pueden denunciar un delito y que el NZPC puede interponer la denuncia en su nombre.

Desarrollo de recursos

Desarrollar recursos también es una parte integral de la labor del NZPC para abordar la explotación en el trabajo sexual. En la mayoría de los casos, estos recursos se desarrollan con trabajadoras del sexo en activo, como el “Código de conducta para todo el sector”, que traza unas directrices para una conducta y prácticas aceptables en negocios de trabajo sexual. El NZPC también puede apoyar a los operadores de burdeles para poner en práctica este código de conducta.41 La organización desarrolla igualmente recursos en colaboración con otras organizaciones, como un folleto desarrollado con Inmigración de Nueva Zelanda en el que se dan consejos en numerosos idiomas para trabajadoras sexuales a las que se les retiene el pasaporte o el sueldo.

Apoyo a personas que quieren dejar el trabajo sexual

Dado que el NZPC está comprometido con la autodeterminación de las trabajadoras del sexo, también apoya plenamente a cualquiera que quiera dejar el trabajo sexual. Aunque las participantes de esta investigación pensaban que la mayoría de las trabajadoras sexuales no necesita ninguna ayuda específica para dejarlo, el NZPC ayuda a las que sí que lo necesitan a ponerse en contacto con Work and Income para conseguir ayuda económica. El NZPC también las deriva a otros servicios, como un refugio religioso para personas que están dejando el trabajo sexual, si eso les interesa. Catherine lo explicó así:

Describimos ese lugar con un lenguaje neutro y decimos que “hay un lugar donde te puedes quedar si quieres” y que “es religioso y eso puede ser o no ser un problema para ti. Y te van a ayudar a hacer otras cosas si es lo que quieres.” Reconocemos que esta organización tiene una perspectiva ideológica particular, pero también reconocemos que las trabajadoras también tienen diferentes perspectivas ideológicas.

Contribuir a la seguridad de las jóvenes

Un punto fuerte del NZPC es su compromiso de contribuir a que todas las personas relacionadas con el trabajo sexual (independientemente de su estatus migratorio y de su edad) tengan la mayor seguridad posible. Para personas jóvenes que empiezan a ejercer el trabajo sexual, esto implica abordar sus necesidades y circunstancias inmediatas. Annah Pickering lo explicó así: 

Cuando pregunto a las jóvenes: “¿Por qué estás aquí, por qué estás trabajando?”, no van a decir: “Soy trabajadora sexual y estoy contenta y orgullosa.” Más bien dicen: “Tengo que sobrevivir. Tengo que comer…” Con las jóvenes siempre me aseguro de que tengan ropa, comida y un sitio seguro para dormir.

El mejor modo de dar respuesta a las jóvenes que están siendo pagadas por sexo es facilitarles ayuda práctica que pudiera aliviar sus necesidades económicas inmediatas y reforzar su red de apoyo.

Las participantes de la investigación tenían la sensación de que definir a las jóvenes que ejercen el trabajo sexual como víctimas de trata es una respuesta poco útil, ya que generalmente están en esta situación por necesidades económicas inmediatas, a veces tras haber huido de su casa o de la custodia del estado. Danielle pensaba que definir a las jóvenes automáticamente como víctimas de trata no ayuda porque puede implicar que las organizaciones duden a la hora de dar información práctica que pueda contribuir a la seguridad de la joven:

No implicarse y decir cosas como: “Ah, no, no, no, lo siento. No podemos ayudarte, no podemos tener nada que ver contigo porque no queremos cargárnosla por trata”, no ayuda en nada.

Igualmente, Lydia apuntó:

Llamarlas víctimas de trata no ayuda. Sería mejor llamarlas “sin hogar”, o decir “que no tienen una familia en la que puedan apoyarse”.

Por tanto, las participantes estuvieron de acuerdo en que el mejor modo de dar respuesta a las jóvenes que están siendo pagadas por sexo era facilitarles ayuda práctica que pudiera aliviar sus necesidades económicas inmediatas y reforzar su red de apoyo. Se consideró que este es el enfoque que el NZPC está desarrollando. Danielle comentó:

Yo creo que llegar con mano dura y decirle a alguien que la decisión que está tomando es completamente errónea va a alienar a la gente a la que podrías estar ayudando. Si te acercaras de forma más respetuosa y alentadora, diciendo: “¿Qué podemos hacer para ayudarte?”, e interesándote por las razones por las que están ejerciendo el trabajo sexual y por sus circunstancias … Creo que con una mente abierta y sin juzgar y buscando maneras de ayudarles de forma palpable, pues así sí. Y según mi experiencia, eso se le da muy bien al (NZ)PC.

“Decirle a alguien que la decisión que está tomando es completamente errónea va a alienar a la gente a la que podrías estar ayudando.”

Aunque el NZPC está comprometido con el apoyo práctico a las jóvenes que ejercen el trabajo sexual, también tiene un fuerte compromiso para posibilitar el acceso a la justicia para las jóvenes que son explotadas. Annah Pickering dijo:

En la calle sabes que hay adultos que pueden ser muy explotadores. Cuando ocurre eso, yo siempre les digo: “Estos son tus derechos, la ley te da estos derechos. ¿Qué quieres hacer al respecto? Porque podemos decírselo a la policía y conseguir que metan a esa gente en la cárcel”. Y aquí en Auckland he tenido experiencia con casos en los que se ha metido a gente en la cárcel por haber explotado a jóvenes.

El NZPC desempeña, por tanto, un papel importantísimo y único en su labor con las trabajadoras del sexo para enfrentarse a la explotación. Su punto fuerte fundamental es ser una organización de iguales, que están dentro de la industria del sexo y en las que por tanto es más probable que confíen otras personas relacionadas con el trabajo sexual. Además, también tienen una posición ideal para ofrecer servicios y desarrollar recursos a los que las trabajadoras del sexo podrán acceder y de los que se beneficiarán.

 

Trata, explotación y descriminalización del trabajo sexual

Está bien documentado que la descriminalización ha tenido un efecto positivo a la hora de reforzar que las trabajadoras se enfrenten a la explotación.42 Se puede decir que la descriminalización del trabajo sexual tiene implicaciones importantes para la protección frente a la trata. Como dijo Catherine Healy, la descriminalización ha cambiado las expectativas de lo que es aceptable en el trabajo sexual:

La descriminalización hace que la genta tenga mayores expectativas de que las cosas funcionen bien y de que no deberían encontrarse con situaciones que parecen injustas o peligrosas sin tener la sensación de que podrían hacer algo para corregirlo. Así que existe la expectativa de que las cosas pueden cambiarse y eso quiere decir que suele haber personas que suenen la alarma. ¿A quién se lo puedo contar? Es la primera reacción en lugar de lo que nos solían decir [antes de la descriminalización], como: “Bueno, no podemos hacer nada”.

La descriminalización ha creado un contexto en el que las trabajadoras sexuales pueden revelar con seguridad los casos en los que experimentan explotación o perciben un tratamiento injusto de otras.

La descriminalización ha creado un contexto en el que las trabajadoras sexuales pueden revelar con seguridad los casos en los que experimentan explotación o perciben un tratamiento injusto de otras. Esto queda bien demostrado con la historia que contaba Annah Pickering en este mismo capítulo sobre una trabajadora del sexo migrante a la que apoyaron trabajadoras sexuales neozelandesas indignadas cuando se enteraron de que le habían retirado el pasaporte. El marco de descriminalización en Nueva Zelanda también implica que los clientes lo tengan más fácil para hablar con las autoridades si les preocupa la posible explotación de una trabajadora del sexo. Calum Bennachie dijo:

A menudo significa que los clientes están más dispuestos a hablar si sospechan que es un caso de trata. Como antes era ilegal, los clientes no denunciaban y no decían nada porque querían permanecer en el anonimato, a pesar de no ser los delincuentes, mientras que ahora es más probable que denuncien si detectan que alguien está siendo víctima de trata.

La afirmación de que los clientes son conscientes de la posibilidad de explotación y les preocupa el bienestar de las trabajadoras sexuales es algo que corrobora la experiencia de Amy, quien explicó que como trabajadora del sexo migrante algunos clientes le preguntaban antes de hacer un servicio si se la estaba obligando a trabajar:

Sí, algunos clientes piensan que te fuerzan a trabajar. Llegan y te dicen: “¿Te obliga alguien a hacer esto?” Y yo les digo que no me fuerzan y que pienso que para mí es un trabajo y que lo hago y me gusta y me permite ahorrar. Está bien.

El NZPC también ha recibido llamadas de clientes a los que les preocupaba el bienestar de las trabajadoras sexuales migrantes. Annah Pickering lo explicó:

Los clientes que pagan por sexo, ya sabes que hay algunos buenos y otros malos y hay otros que hasta quieren ser una especie de trabajadores sociales para las trabajadoras del sexo porque … se encariñan muchísimo con una trabajadora sexual y en particular con algunas de las trabajadoras migrantes … Un cliente que paga por sexo que se va a un local, y paga a una trabajadora migrante y ella le cuenta cosas que están pasando allí. Ese cliente llama al NZPC y dice: “Mira, estoy muy preocupado. He ido a tal local … Me preocupa realmente lo que está pasando allí.”

Las participantes se mostraban frustradas con la política actual que implica que la descriminalización brinda mejores condiciones para algunas, pero no para todas las trabajadoras sexuales.

De este modo, la descriminalización sin duda ha creado un entorno abierto y transparente que puede proteger frente a la trata hasta cierto punto. Sin embargo, es vital que se siga reforzando, al menos, mediante la ampliación de derechos a las trabajadoras del sexo migrantes que disponen de permisos temporales. Las participantes se mostraban frustradas con la política actual que implica que la descriminalización brinda mejores condiciones para algunas, pero no para todas las trabajadoras sexuales. Lydia lo explicó así:

Es muy, muy racista tener dos legislaciones distintas. Eso es una discriminación horrible. La gente tiene que tener los mismos derechos. Es realmente discriminatorio y racista y peligroso ilegalizarlas. Así que creo que deberían darles los mismos derechos que a las demás y creo que si se ven con los mismos derechos como cualquier otra trabajadora migrante de otro país es un avance enorme.

El contexto actual en Nueva Zelanda es, por tanto, contradictorio: por un lado, la descriminalización del trabajo sexual es un factor que protege a las trabajadoras del sexo frente a la explotación, ya que tienen el derecho de enfrentarse a esa explotación. Sin embargo, la política que prohíbe que ejerzan el trabajo sexual las personas migrantes implica que no todas las trabajadoras del sexo se beneficien plenamente de la descriminalización. Las trabajadoras del sexo migrantes son más vulnerables a la explotación, lo que crea condiciones en las que podría darse explotación. Aunque no se ha identificado ningún caso de trata con fines de prostitución hasta la fecha, la vulnerabilidad de las trabajadoras migrantes bajo el marco normativo actual quiere decir que no hay lugar para la autocomplacencia. Son necesarios más cambios para una mejor protección frente a la explotación de las trabajadoras del sexo migrantes en Nueva Zelanda.

 

Conclusiones y recomendaciones

Este informe explora el punto de vista y las experiencias de explotación y técnicas antitrata, así como la respuesta del NZPC frente a estos asuntos dentro del marco legislativo actual de Nueva Zelanda. Los resultados indican que, aunque actualmente no hay evidencias de trata con fines de prostitución en Nueva Zelanda, la normativa existente, que prohíbe a las migrantes temporales (incluyendo las que tienen visados de trabajo válidos) ejercer el trabajo sexual, genera una vulnerabilidad de las trabajadoras migrantes frente a la explotación, incluyendo el riesgo de trata. El NZPC desempeña una función crucial en la ayuda a las trabajadoras del sexo que hayan vivido distintos tipos de explotación, aunque su capacidad de apoyar a las trabajadoras sexuales migrantes está muy limitada por la normativa existente. Para abordar esta vulnerabilidad y reforzar la protección frente a la explotación, el presente estudio emite las siguientes recomendaciones generales:

 

Al gobierno de Nueva Zelanda:

  1. Establecer un comité interdepartamental dirigido por Inmigración de Nueva Zelanda y compuesto de un abanico de actores como la policía, la Comisión de Derechos Humanos, el ministerio de justicia, el ministerio de mujeres, el NZPC y otras ONG pertinentes lo antes posible para revisar el efecto en las trabajadoras del sexo migrantes de la normativa actual con el fin de cambiar la legislación para acabar con esta práctica discriminatoria.
  1. Mientras tanto, establecer cortafuegos formales entre los agentes de Inmigración y los que tienen la responsabilidad de proteger a las trabajadoras del sexo (como la policía), para garantizar que las trabajadoras sexuales que ejercen ilegalmente puedan siempre denunciar delitos y acceder a la justicia sin riesgo de repercusiones.
  1. Promover activamente la descriminalización del trabajo sexual como un modelo de buenas prácticas del que puedan aprender otros países. Ahora bien, al hacer esto, también se debería reconocer que la exclusión de las trabajadoras sexuales migrantes es una limitación del marco actual, que se puede mejorar ampliando la normativa para proteger mejor los Derechos Humanos de todas las trabajadoras del sexo.

 

A organizaciones antitrata:

  1. Reconocer el trabajo sexual como un tipo más de trabajo y reconocer que defender los derechos laborales es inherente a la protección frente a la explotación, incluyendo el riesgo de trata. Los grupos antitrata deberían, por tanto, revisar el lenguaje que emplean y referirse a explotación laboral, no a explotación sexual, cuando se refieran a la explotación en el contexto del trabajo sexual.
  1. Apoyar al NZPC en su labor de identificar y llamar la atención sobre los daños causados por la aplicación de la ley vigente que prohíbe a las trabajadoras migrantes temporales ejercer el trabajo sexual. Ser solidarias con las trabajadoras del sexo pidiendo la derogación de esta cláusula discriminatoria y otras formas de discriminación contra las trabajadoras del sexo.

 

A organizaciones de donantes:

  1. Identificar los grupos y organizaciones que representan a las trabajadoras del sexo y financiar aquellas que trabajan por el empoderamiento de la comunidad y los Derechos Humanos.

 

 

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Lynzi Armstrong es profesora de criminología en la Victoria University of Wellington y una apasionada defensora de los derechos de las trabajadoras del sexo. Durante los últimos diez años ha estado investigando y escribiendo sobre el trabajo sexual en Nueva Zelanda. Su investigación doctoral, publicada en varias revistas internacionales y libros, se centraba en la gestión del riesgo de violencia entre trabajadoras del sexo que operan en la calle. Sus investigaciones actuales se centran en explorar cómo se manifiesta el estigma y la discriminación en las trabajadoras del sexo dentro de un contexto en el que hay diversos marcos legislativos.

 


1 Esta traducción está redactada en femenino genérico.

2 United Nations Development Programme, Human Development Reports – New Zealand, 2016, retrieved 13 June 2017, http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/NZL.

3 Ministry of Social Development, The Social Report 2016, 2016, retrieved 20 June 2017, http://socialreport.msd.govt.nz/economic-standard-of-living/income-inequality.html.

4 Statistics New Zealand, International travel and migration, retrieved 23 June 2017, http://www.stats.govt.nz/browse_for_stats/population/Migration/IntTravelAndMigration_HOTPFeb17.aspx.

5 Statistics New Zealand, 2013 Census QuickStats about culture and identity, retrieved 14 April 2017, http://m.stats.govt.nz/Census/2013-census/profile-and-summary-reports/quickstats-culture-identity/birthplace.

6 NZPC, Decriminalisation of Sex Work in New Zealand – Impact on Maori, 2013, retrieved 10 May 2017, http://www.sexworklaw.co.nz/pdfs/Decriminalisation_of_Sex_Work_in_New_Zealand_-_Impact_on_Maori.pdf.

7 Statistics New Zealand, Labour Market Statistics: March 2017 quarter media release, 2017, retrieved 20 June 2017, http://www.stats.govt.nz/browse_for_stats/income-and-work/employment_and_unemployment/LabourMarketStatistics_MRMar17qtr.aspx.

8 NZPC, Law, retrieved 23 June 2017, http://www.nzpc.org.nz/Law.

9 Parliamentary Council Office, Prostitution Reform Act, 2003, retrieved 12 March 2017, http://www.legislation.govt.nz/act/public/2003/0028/latest/DLM197815.html.

10 H. Wagenaar and S. Altink, ‘Prostitution as Morality Politics or Why it is Exceedingly Difficult to Design an Sustain Effective Prostitution Policy’, Sexuality Research an Social Policy, vol. 9, issue 3, 2012, pp. 1–14

11 T. Barnett, C. Healy, A. Reed and C. Bennachie, ‘Lobbying for decriminalisation’ in G. Abel et al. (ed.), Taking the Crime out of Sex Work: New Zealand sex workers fight for decriminalisation, Policy Press, Bristol, 2010, pp 57–73.

12 G. Abel, ‘In Search of a Free and Fair Society: The regulation of sex work in New Zealand’ in E. Ward and G. Wylie (eds.), Feminism, Prostitution and the State: The politics of neo-abolitionism, Routledge, Oxon, 2017, pp. 140–154.

13 C. Healy, C. Bennachie and A. Reed, ‘History of the New Zealand Prostitutes’ Collective’ in. G Abel et al., 2010, pp. 45–55.

14 G. Abel, L. Fitzgerald and C. Brunton, The Impact of the Prostitution Reform Act on the Health and Safety Practices of Sex Workers, Department of Public Health and General Practice, University of Otago, Christchurch, 2007.

15 Ibid.

16 Prostitution Law Review Committee, Report of the Prostitution Law Review Committee on the Operation of the Prostitution Reform Act 2003, 2008, retrieved 7 May 2017, http://prostitutescollective.net/wp-content/uploads/2016/10/report-of-the-nz-prostitution-law-committee-2008.pdf.

17 L. Armstrong, ‘Screening Clients in a Decriminalised Street-based Sex Industry: Insights into the experiences of New Zealand sex workers’, Australian and New Zealand Journal of Criminology, vol. 47, issue 2, 2014, pp. 207–222.

18 L. Armstrong, ‘From Law Enforcement to Protection? Interactions between sex workers and police in a decriminalised street-based sex industry’, British Journal of Criminology, vol. 57, issue 3, 2016, pp. 570–588.

19 L. Plumridge and G. Abel, ‘A “Segmented” Sex Industry in New Zealand: Sexual and personal safety of female sex workers’, Australian and New Zealand Journal of Public Health, vol. 25, issue 1, 2001, pp. 78–83.

20 P. Bellamy, ‘Prostitution law reform in New Zealand’, Parliamentary Library Research Paper, 2012, retrieved 14 May 2017, https://www.parliament.nz/en/pb/research-papers/document/00PLSocRP12051/prostitution-law-reform-in-new-zealand.

21 G. Abel, L. Fitzgerald and C. Brunton, ‘The impact of decriminalisation on the numbers of sex workers in New Zealand’, Journal of Social Policy, vol. 38, 2009, pp. 515–31.

22 Abel, Fitzgerald and Brunton, 2007.

23 Véase: New Zealand Ministry of Justice, ‘Brothel Operator Certification’, available at https://www.justice.govt.nz/licences-certificates/brothel-operator-certification/apply-for-a-brothel-operator-certificate/#people-who-need.

24 “New Zealand European” (neozelandesa de origen europeo) es una categoría oficial de etnicidad que describe a personas nacidas en Nueva Zelanda que son de descendencia europea.

25 Abel, Fitzgerald and Brunton, 2007.

26 M. Roguski, Occupational health and safety of migrant sex workers in New Zealand, New Zealand Prostitutes Collective, 2013, retrieved 22 May 2017, http://www.communityresearch.org.nz/research/occupational-safety-and-health-of-migrant-sex-workers-in-new-zealand/.

27 Ibid.

28 Parliamentary Counsel Office, Crimes Amendment Act 2015, retrieved 20 June 2017, http://www.legislation.govt.nz/act/public/2015/0095/latest/DLM6150617.html.

29 Healy, Bennachie and Reed, 2010.

30 I. Radacic, ‘New Zealand Prostitutes’ Collective – An example of a successful policy actor’, Social Sciences, vol. 6, issue 2, 2017.

31 “Work and Income” (Trabajo e Ingresos) forma parte del ministerio de desarrollo social de Nueva Zelanda y es la organización responsable de proveer asistencia económica a personas en situación de desempleo

32 Véase la sección 19 de la ley de Reforma de la Prostitución.

33 “Venganza” es una película de ficción de 2008 que trata del secuestro de dos mujeres jóvenes por traficantes de seres humanos con fines de esclavitud sexual. En su versión original en inglés se titula “Taken”, en Hispanoamérica se distribuyó bajo el título “Búsqueda Implacable”.

34 S. Pickering and J. Ham, ‘Hot pants at the border: Sorting sex work from trafficking’, British Journal of Criminology, vol. 54, issue 1, 2014, pp. 2–19; L. Armstrong, 2014.

35 B. Fawkes, ‘Police banned from brothel raids’, The Dominion Post, 21 February 2009, retrieved 12 April 2017, http://www.stuff.co.nz/national/1752325/Police-banned-from-brothel-raids.

36 L. Tan, ‘Immigration raids catch 21 illegal sex workers’, New Zealand Herald, 26 April 2012, retrieved 20 June 2017, http://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=10801461.

37 Stuff NZ (no author), ‘Brothel raid sparks court action’, Stuff NZ, 30 May 2014, retrieved 14 May 2017, http://www.stuff.co.nz/national/10103579/Brothel-raid-sparks-court-action.

38 Armstrong, 2016; Abel, Fitzgerald and Brunton, 2007.

39 M. Duff, ‘Sex worker gets $25,000 over harassment’, The Dominion Post, 28 February 2017, retrieved 28 July 2017, http://www.stuff.co.nz/business/industries/9777879/Sex-worker-gets-25-000-over-harassment

40 Véase nota al pie 31.

41 Véase http://www.nzpc.org.nz/For-Brothel-Operators.

42 Abel, Fitzgerald and Brunton, 2007.

 

 

La penalización del trabajo sexual normaliza la violencia, según una revisión

 

Según los datos, las trabajadoras sexuales tienen tres veces más probabilidades de experimentar violencia por parte del cliente cuando se penaliza el comercio.

 

Insignias que promueven la despenalización del trabajo sexual de Scarlet Alliance, la organización de trabajadoras sexuales en Australia. Fotografía: Michael Wickham para The Guardian.

 

Por Sarah Boseley editora de salud

11 de diciembre de 2018

https://www.theguardian.com/society/2018/dec/11/criminalisation-of-sex-work-normalises-violence-review-finds?CMP=twt_gu

 

Una revisión de primera importancia ha encontrado que las trabajadoras sexuales son más propensas a sufrir problemas de salud, violencia y abuso en los países donde su comercio está penalizado.

La revisión, realizada por investigadores de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, encontró que las trabajadoras sexuales que sufrían represión policial, incluidos la detención, el encarcelamiento y la extorsión por parte de los agentes, tenían tres veces más probabilidades de experimentar violencia sexual o física por parte de un cliente y era dos veces más probable que tuvieran VIH u otra infección de transmisión sexual que aquellas que vivían en países donde se toleraba el trabajo sexual.

Las trabajadoras sexuales que temen que la policía las detenga, a ellas o a sus clientes, es más probable que participen en encuentros arriesgados, que no pueden tomarse el tiempo necesario para hablar con un cliente antes de subir a un automóvil o negociar los términos con anticipación, según encontraron los investigadores.

Su salud y seguridad corrían peligro, no solo en los países donde se penalizaba el trabajo sexual, sino también en Canadá, que introdujo el “modelo nórdico” iniciado por Suecia, en el que el cliente puede ser detenido acusado de un delito pero no la trabajadora sexual.

Publicado en la revista PLOS Medicine, el artículo de Lucy Platt, profesora asociada en epidemiología de la salud pública, y Pippa Grenfell, profesora asistente de sociología de la salud pública, es una revisión de los datos de 33 países. Incluyeron comentarios de trabajadoras sexuales que participaron en algunos de los estudios.

“No podrían haber diseñado mejor una ley para hacerla menos segura”, dijo una trabajadora sexual. “Es como si tuvieras que ocultarte, no puedes hablar con un chico, y no hay discusión sobre lo que estás dispuesta a hacer y por cuánto. La negociación tiene que tener lugar después, lo que siempre es mucho más aterrador. Está diseñada para hacer peligroso el trabajo sexual. No creo que fuera la intención original, pero eso es lo que hace “.

Otra mujer que trabajaba en las calles de Canadá dijo que ya no podía hablar a través de la ventanilla de los coches para asegurarse de que los clientes parecían seguros. “Debido a que tengo tanto frío y me sentía acosada, me subí a un coche al que normalmente no me habría subido. El chico no me miró a la cara de frente. Y me limité a entrar porque tenía frío y estaba cansada de estar parada allí. Y ¿sabes? puso algo en mi garganta. Y tuve que hacerlo por nada”.

Francia, Islandia, Irlanda del Norte, Noruega, la República de Irlanda y Suecia también penalizan al cliente. Guatemala, México, Turquía y el estado estadounidense de Nevada han regulado el trabajo sexual, lo que permite mejores condiciones para algunas, pero peor para las muchas que operan fuera de los acuerdos regulados.

Un hombre en el Reino Unido dijo que la situación ideal era trabajar en locales compartidos, donde todos tenían compañerismo y mayor seguridad. Pero, aunque la compra y venta de servicios sexuales es legal, eso puede infringir la ley. “Debido a la situación legal, tienes que ser muy, muy cuidadoso. Porque obviamente eso es operar un burdel, lo que tiene … consecuencias realmente peligrosas en estos días “, dijo.

Nueva Zelanda es el único país que ha despenalizado el trabajo sexual, en 2003, aunque no es legal para las inmigrantes. Las trabajadoras sexuales dijeron que eran más capaces de rechazar clientes e insistir en el uso del condón, mientras que las relaciones con la policía eran mejores. “Siempre tenemos policías que suben y bajan por la calle cada noche”, dijo una mujer. “Incluso los hacemos venir para asegurarnos de que estamos bien y seguras… de que contamos con personal de atención y que están tomando placas de registro y la identidad de los clientes”. Así que … eso cambió totalmente la calle, lo cambió todo “.

Grenfell dijo: “De nuestra revisión se desprende que la penalización del trabajo sexual normaliza la violencia y refuerza las desigualdades de género, raciales, económicas y otras. Se necesita urgentemente la despenalización del trabajo sexual, pero también se deben abordar otras áreas.

“Se requiere una acción política más amplia para abordar las desigualdades, el estigma y la exclusión que enfrentan las trabajadoras sexuales, no solo en los sistemas de justicia penal, sino también en los sectores de salud, violencia doméstica, vivienda, bienestar, empleo, educación e inmigración”.

Hasta el coño

 

Por Beatriz Talegón

29 de noviembre de 2018

http://diario16.com/hasta-el-cono/

 

Siempre me ha sorprendido esa actitud paternalista de algunas mujeres que, abanderando el feminismo, se dedican a señalar lo que está bien y lo que está mal, lo que otras mujeres pueden y no pueden hacer. Esas, sobre todo, que se comportan como altavoces de todas, criminalizando a quienes, también siendo mujeres, piensan y sienten de una manera, digamos “diferente”.

Hace ya casi veinte años que comencé a participar en conferencias políticas, en debates, sobre la prostitución. Era el momento en que el Partido Socialista gobernaba, en la “era Zapatero” y en las Juventudes Socialistas se nos planteó el debate: “Prostitución: regulación o abolición”. Recuerdo perfectamente cómo trabajamos en aquel momento los debates. Yo estaba en la sección europea y allí estuvimos haciendo una labor de equipo, investigando y debatiendo entre nosotros para llegar a una postura que después sería trasladad en la reunión de Madrid, junto a compañeras de todos los territorios.

En principio la postura del partido era defender la abolición de la prostitución. Y los primeros pasos se dieron en en sentido de prohibir los anuncios de servicios sexuales en los periódicos, con Bibiana Aido al frente del recién creado “ministerio de igualdad”.

En aquel debate que duró un fin de semana entero estuvimos largas horas argumentando, a favor y en contra de la regulación. Y finalmente, a través de votación, las juventudes socialistas defendieron la regulación. Sin embargo no quedó así plasmado del todo en las resoluciones que después fueron presentadas y aún recuerdo las discusiones fuertes ante el intento de trampear lo que en asamblea se había defendido desde un debate sosegado y bien estructurado. Hicimos valer que lo que habíamos decidido no era lo que aparecía finalmente en la resolución. Y creo recordar que la manera de “solucionar” aquello fue, más o menos la de siempre: correr un tupido velo y hacer como que no había pasado nada. Y cuando digo nada, me refiero a que el tema quedó aparcado y no se quiso mover más porque la posición que habíamos defendido desde las Juventudes no era la que al partido le habría gustado defender. Así que, bajo ese manto del “jóvenes inexpertos” se dio carpetazo a la cuestión.

Sin embargo hace poco han sido precisamente las juventudes socialistas las que han vuelto de nuevo a defender los derechos de las mujeres libres. Esta vez, con la gestación subrogada. Y aprobaron una resolución en este sentido. Más o menos pasó lo mismo, y es que esa resolución junto a la de la república, no consiguieron prosperar porque el partido “de los mayores” no ha querido responder al posicionamiento claro y transparente de sus jóvenes. Otro carpetazo.

Pues bien, he estado años escuchando a feministas de referencia. A personas como Lidia Falcón, que además de tener mi respeto y reconocimiento, han formado parte de mi círculo personal durante mucho tiempo. Como Mabel Lozano, amiga y profesional que está dedicando su extraordinaria carrera de directora para visualizar los problemas que afectan a las mujeres. Entre ellos: la explotación y la trata de mujeres. Y siempre las he escuchado con atención, he tomado notas. He leído. He estado en muchas reuniones en las que he escuchado los argumentos de las abolicionistas.

Y ellas siempre me han dicho que no perseguían el derecho de mujeres libres a prostituirse. Pero que entendían que no podía blanquearse una profesión que ninguna mujer realmente querría ejercer (o que si hay alguna que lo hace libre y convencida, son las menos). Y así he pasado años sin atreverme a opinar abiertamente porque me faltaban todavía más datos.

¿Querrías que tu hija fuera puta? Te preguntan siempre. Y no creo que esa sea la manera más adecuada de plantear una cuestión como esta. Porque el hecho de que yo no quisiera prostituirme o no quisiera que mi hija lo hiciera no significa que por ello, por una cuestión en la que evidentemente mi cultura y mi moral me predisponen, yo pueda juzgar a alguien que sí decida hacerlo. Libremente, por supuesto.

Y cuando hablo de libertad en el ejercicio de la prostitución hablo precisamente de eso: de prostitución. Lo otro, eso que supone la explotación de otra persona para obligarle a prostituirse ya no es de lo que estamos hablando. Porque eso está penado y es delito. Y me parece necesario que así sea.

Precisamente una de las dificultades que siempre he encontrado al abordar esta cuestión es que se confunden los términos: la prostitución y la explotación sexual. Cuando planteas esta disyuntiva, siempre te comentan que en realidad, las mujeres que ejercen libremente la prostitución son muy pocas. Prácticamente inexistentes. Y que a día de hoy, ofrecen sus servicios como “masajistas”, “fotógrafas” o vaya usted a saber. Pero que están dentro de un sistema de cotización, enmascarado, pero están. Y a mi no termina de quedarme claro.

Recuerdo además que Lucía Etxebarría me comentaba que si se regulaban las putas, ¿qué pasaría? ¿Darían una factura a sus clientes? ¿Tendrían que tomar los datos de los usuarios de sus servicios para poder hacerlo de manera legal? Y reconozco que no tengo respuesta todavía para ello. Por eso digo que es un tema que merece pensar mucho, y sobre todo, no caer en superficialidades.

La prostitución no puede ser un trabajo

Así argumentan muchas personas que defienden el abolicionismo. Porque consideran que por dinero no todo se puede permitir. Que este sistema no puede comerciar con el sexo porque esto es algo que degrada a las mujeres.

Personalmente me parece que este argumento es igualmente aplicable para cualquier otro trabajo. Precisamente la diferencia entre un trabajo y una afición es hacerlo por dinero, o sea, con unas obligaciones que, de no ser retribuidas no se asumirían. Y así nos pasa a todos los trabajadores: hemos de cumplir con nuestros contratos para poder percibir un salario que nos permita vivir. Y cuando el sistema capitalista es el que impera, abrir el debate sobre trabajos dignos e indignos en base a percepciones éticas o morales me parece interesante pero también ciertamente falaz.

¿Follar por dinero es indigno? Pues depende de para quién y de cómo se perciba la sexualidad. Y en esto, la percepción que tenemos viene fundamentalmente marcada por condicionantes sociales, culturales, religiosos y morales. Parece que follar ha de ser un acto de libertad, porque de lo contrario, la sociedad mayoritaria considera que es algo reprobable. Y no estoy de acuerdo.

Juzgar por estas cuestiones a personas que quieren ejercer la prostitución de manera libre y regulada me parece un despropósito. ¿Quién soy yo para juzgar lo que otra persona libremente quiera hacer, sin causar daño a nadie?

Las putas no pueden sindicarse 

Recientemente se ha conocido la noticia de que, durante el verano, se inscribió en el registro de sindicatos el que representa a las trabajadoras del sexo. Se vendió como un gol a la ministra Valerio, que tuvo lugar durante el verano y recién estranada su responsabilidad frente al Ministerio. Y ha sido la Audiencia Nacional la vía para invalidar la inscripción de este sindicato como tal.

Más allá de argumentos burocráticos, la razón de fondo es sencillamente que las putas no pueden sindicarse porque el trabajo sexual viene a ser algo indigno. Como si prohibir la sindicación de estas trabajadoras consiguiera terminar con la existencia de las putas. Como si no fueran ciertos los datos que ahora expondremos. Parece ser que según el gobierno y las posturas abolicionistas, regular la prostitución supondría blanquear todo lo que se mueve alrededor de ella: la explotación. Y en mi opinión precisamente la explotación tendrá más posibilidades de seguir perpetuándose en la medida en que no se regule el trabajo sexual y puedan promoverse controles y garantías, tanto para las prostitutas como para sus usuarios.

La prostitución en datos

La realidad nos cuenta que la prostitución existe. Que además de ser “la profesión más antigua del mundo”, sigue teniendo demanda. Y no asumir la necesidad de regularla, es sencillamente el caldo de cultivo para la explotación y la generación de miles de millones que se mueven de manera ilegal en nuestro país.

Concretamente son 10 millones de euros al día los que mueve la prostitución en España. Supone más de 3.500 millones de euros al año. Un 0,35% del PIB (equiparable a la industria del calzado o a lo que aporta a las arcas públicas la recaudación de una ciudad como Málaga).

En la Colonia Marconi, en Mardid, son unas cuatrocientas mujeres ejerciendo en plena calle. En el barrio del Raval, en Barcelona, trabaja más de la mitad de las más de 500 mujeres que ejercen la prostitución en la Ciudad Condal.

En España existen 1.600 locales de alterne. Y el 66% de las prostitutas trabajan en ellos.

Según datos publicados por El País, se calcula que en españa hay unas 10.000 prostitutas. El doble que fisioterapeutas colegidas. El triple que dentistas. Y según estos mismos datos que aportaba el diario, un tercio de ellas provienen de la explotación sexual y de la trata.

Todos estos datos demuestran que hay alguien que consume sexo y paga por ello. Concretamente, las cifras se encuentran en el 40% de españoles que han pagado alguna vez por tener sexo con una prostituta. La media es gastarse 127 euros al mes en prostitución, lo que viene suponiendo unos 1530 euros al año.

La criminalización de las mujeres, una constante

Y como suele pasar, son siempre las mujeres las que terminan pagando los platos rotos. Las putas, las gestantes por subrogación, como en su día se señaló a las abortistas.

Y por desgracia los ataques más duros vienen de otras mujeres. Esas que de manera paternalista se preocupan por hablar en nombre de aquellas que además, suelen estar ya estigmatizadas y no encuentran la manera de poder expresar lo que piensan y lo que quieren. Suelen ser aquellas líderes de opinión, políticas y representantes de partidos que normalmente carecen de debate sobre estos temas, las que consideran que las putas no son libres de decidir, que se ven obligadas a practicar “semejante” labor, y que en realidad, deberíamos liberarlas en lugar de facilitarles las cosas. Porque han de dedicarse a otra cosa, y para ello, regular la prostitución solamente las condenaría más.

En mi opinión, regular la prostitución es sencillamente algo que están exigiendo las propias prostitutas. Y por desgracia prácticamente nadie quiere escucharlas. Una actitud paternalista, repito, irrespetuosa y cínica que pretende pasar por alto la realidad existente y la necesidad de darle una respuesta real a las demandas de personas que también forman parte de nuestra sociedad. ¡Pregúntenle a ese 40% de hombres que utilizan sus servicios, si las putas están presentes en la sociedad!

Sin embargo, a pesar de las noticias que conocemos, esas que nos dicen que algunos políticos y policías se han estado dedicando a “celebrar con volquetes de putas y coca” pagando con dinero público sus fiestas, la realidad es que son después quienes dan discursos contra los derechos de las prostitutas, porque hay que dar la imagen de que esa realidad nada tiene que ver con ellos.

Como mujer, adulta y libre, defenderé siempre la libertad de todas las mujeres. El respeto a que cada una pueda elegir y actuar en consecuencia. Y desde luego, lucharé para que exista libertad y cada cual pueda asumir sus propias decisiones valorando y sopesando todos los puntos de vista a tener en cuenta. Ante un aborto, ante la gestación subrogada, ante la propia prostitución. Porque nada me duele más que ver que desde la propia trinchera algunas se sienten más dignas y pretenden juzgar a las demás, señalándolas con el dedo y considerando que son menos inteligentes, menos libres, o menos listas que cualquiera por tomar la decisión que libremente deseen tomar.

No pretendo que nadie se prostituya si no lo desea. Ni que nadie geste al hijo de otra mujer si no lo desea. Ni que nadie aborte si no lo desea. A veces parece que quienes defendemos la regulación es que queremos obligar a todo el mundo a prostituirse, abortar o gestar. Y no. Sencillamente defendemos que quien quiera hacerlo pueda, en libertad, con protección legal y sin correr riesgos innecesarios.

En definitiva, por decirlo claro: estoy hasta el coño de esas supermujeres que se arrogan el discurso de todas, silenciando y criminalizando a quienes también tienen coño y tienen el derecho a hacer con él lo que consideren, de manera libre y responsable.

 

Nueva Gales del Sur (Australia): despenalización desde 1995

 

 

El modelo actual es la despenalización: defendido por las trabajadoras sexuales en todo el mundo como el único modelo de regulación de la industria del sexo que apoya la salud, la seguridad y los derechos humanos de las trabajadoras sexuales .

http://www.scarletalliance.org.au/laws/nsw/

 

LOS BENEFICIOS DE LA DESPENALIZACIÓN

– En Nueva Gales del Sur (NGS), la industria del sexo está regulada en gran medida a través de un modelo despenalizado.

  • La despenalización se introdujo debido a la corrupción policial y, al eliminar a la policía como reguladora, se ha combatido con éxito la corrupción. En otras jurisdicciones, y en Nueva Gales del Sur, antes de que se introdujera el modelo de despenalización, las pruebas han demostrado que la policía es un regulador inadecuado de la industria del sexo.

 

Leyes relativas a la edad de consentimiento

Edad legal para las trabajadoras sexuales según la ley.

De acuerdo con la ley de NGS, cualquier persona mayor de 18 años puede proporcionar servicios sexuales a una persona mayor de edad a cambio de dinero, bienes o favores.

Nadie puede emplear a una persona menor de 18 años como trabajadora sexual bajo la ley de NGS. La ley define a una persona menor de 18 años como un niño. Es un delito grave:

– obligar a una persona menor de 18 años a participar en el trabajo sexual – beneficiarse del trabajo sexual que involucre a una persona o personas menores de 18 años y / o – permitir que las personas menores de 18 años usen instalaciones para realizar trabajo sexual en ellas

Si una trabajadora sexual tiene menos de 18 años de edad, no puede ser acusada, ya que no está cometiendo un delito al trabajar, solo lo comete la persona que la emplea. Pero la Policía y el Departamento de Servicios Comunitarios (DoCS, por sus siglas en inglés) pueden usar las leyes de protección infantil para tomar decisiones sobre las personas menores de 18 años que “creen que están en riesgo de sufrir daños”.

Los clientes de trabajadores sexuales menores de 18 años pueden ser acusados de graves delitos penales.

 

La edad legal para un cliente de acuerdo con la ley 

Los clientes deben ser mayores de 16 años. Pero una persona menor de 18 años no puede entrar en un establecimiento de servicios sexuales o “burdel”. SWOP recomienda que, para su propia protección, las trabajadoras sexuales deben ser cautelosas y solo aceptar clientes que tengan 18 años o más.

 

Lugar de trabajo

El trabajo sexual en la calle es legal siempre y cuando no esté cerca o a la vista de una escuela, iglesia, hospital o vivienda [Una vivienda se define como cualquier hogar o residencia no vinculada a una tienda o local comercial]

Los “burdeles” [referidos como locales de servicios sexuales en la ley] están regulados por los ayuntamientos, al igual que otras empresas.

Definición de burdel o instalación de servicios sexuales. En NGS, la ley define un burdel (instalación de servicios sexuales) de manera muy amplia. Son instalaciones que:

se utilizan para la prostitución (trabajo sexual) o se han utilizado para la prostitución y es probable que se utilicen para ello nuevamente o que se anuncien o representen como utilizados para la prostitución, y es probable que se utilicen para la prostitución. Si los servicios sexuales se anuncian o están disponibles en un local, se lo define legalmente como un burdel, sin importar para qué se establezca el negocio, e incluso si el local solo es utilizado por una trabajadora sexual.

 

Antecedentes

Los locales de servicios sexuales han sido despenalizados y han podido operar como cualquier otro negocio legítimo en NGS desde 1995. Hay locales de servicios sexuales de una u otra forma en todas las áreas de gobierno local en NGS. La industria está regulada por los ayuntamientos (planificación y control de ubicación, salud ambiental), por WorkCover NSW (salud y seguridad ocupacional) y NSW Health (salud pública).

Las instalaciones de servicios sexuales incluyen:

  • Locales comerciales de servicios sexuales (burdeles).
  • Salas de masajes que brindan servicios sexuales, como alivio de mano.
  • Trabajadoras sexuales privadas trabajando en locales residenciales.

El Plan de Ambiente Local (LEP) de un ayuntamiento es la reglamentación de planificación que define los usos del suelo y regula las opciones para que los locales de servicios sexuales sean:

  • Desarrollo que no necesita consentimiento y es “legal” como desarrollo exento o adecuado;
  • Desarrollo que necesita consentimiento y puede ser aprobado en esa zona y ubicación; o
  • Desarrollo que está prohibido, por lo tanto, es “ilegal” ya que el uso no está permitido en la zona y la ubicación, por lo que no se puede autorizar o considerar que cumple con el desarrollo.

SWOP NSW brinda servicios a aproximadamente 850 instalaciones de servicios sexuales en todo NGS. Debido, en parte, a la falta de normas apropiadas de planificación de los ayuntamientos, menos del 15% (125) de estos locales han obtenido el consentimiento para el desarrollo. Muchos burdeles autorizados fueron rechazados inicialmente por el ayuntamiento y tuvieron que pasar por una costosa apelación ante el Tribunal de Tierras y Medio Ambiente. Esto ha actuado como un desincentivo para otros operadores. La mayoría de los locales permanecen sin autorización o son ilegales, porque la mayoría de los ayuntamientos no han adoptado controles de planificación razonables. (Para obtener más información, consulte “Negocios pendientes” en www.swop.org.au y las Pautas de planificación de locales de servicios sexuales.

 

Resumen de las leyes relativas a los poderes de los ayuntamientos.

Es importante tener en cuenta que la ley de cierre de burdeles y las leyes de servicios públicos introducidas en 2007 no se aplican a lugares donde solo haya una trabajadora sexual. Una trabajadora sexual individual en un local (alquilado o en propiedad) no se verá afectada por las órdenes de cierre de burdel. Sin embargo, estos locales aún pueden ser cerrados por las órdenes “normales” de los ayuntamientos si no están autorizados o son ilegales, o si causan molestias y se presentan quejas. En este caso, las nuevas reglas de evidencia circunstancial se aplican a todos los procedimientos relacionados con instalaciones de servicios sexuales de cualquier tamaño o tipo.

Las leyes otorgan a los ayuntamientos más poder para identificar y cerrar los burdeles no autorizados e “ilegales”, excepto cuando solo hay una trabajadora sexual que trabaja en el local. También amplían el alcance de las reclamaciones por molestias que se pueden realizar contra locales autorizados o legales. Se puede leer la Ley y el registro del debate realizado en Hansard en: www.legislation.nsw.gov.au.

La Ley de Enmienda de la Legislación de los Burdeles de 2007 modifica dos leyes que son desde entonces de referencia cruzada.

La Ley de Locales Restringidos, 1943 (Ley de RPA), (anteriormente llamada Ley de Enmienda de Casas Desordenadas de 1995), se modifica en el Anexo 2 de la siguiente manera:

  • la definición de un burdel incluye instalaciones que anuncian o proveen servicios sexuales (prostitución)
  • una queja por molestias puede ser suficiente para desencadenar una orden, excepto en lugares donde solo trabaja una trabajadora sexual;
  • se proporciona una definición de servicios sexuales relacionados;
  • se habilita una orden para suspender o variar la operación del consentimiento de desarrollo (un DA) por hasta 6 meses; y
  • se amplía la gama de personas que pueden presentar una queja por molestias.

La definición de burdel ahora incluye locales que han sido expresa o implícitamente anunciados o representados como utilizados para fines de prostitución. La publicidad puede ser señalización en las instalaciones, periódicos, directorios, Internet u otros medios.

Se puede usar una orden de cierre de burdel para cerrar los locales legales, incluidos aquellos con Consentimiento de Desarrollo, cuando la instalación ha sido objeto de una queja por molestias y el ayuntamiento considera que la queja está justificada.

Los ayuntamientos pueden abrir un expediente para una orden si una o más quejas por molestias son hechas por personas que trabajan, o usan instalaciones en la vecindad, o si sus hijos usan instalaciones en la vecindad.

Los usos relacionados con el sexo pueden ser específicamente rechazados después de que el Tribunal de Tierras y Medio Ambiente haya ordenado que un burdel deje de operar. Los usos relacionados con el sexo se definen como actos sexuales o servicios sexuales a cambio de un pago, o masaje (que no sea un masaje terapéutico) o entretenimiento para adultos que implique desnudez, actos indecentes o actividad sexual a cambio de un pago, o si se proporciona con otros bienes o servicios. Esta ley impide que una empresa deje de usar el burdel, pero se transforme para un uso no autorizado relacionado.

La Ley de Planificación y Evaluación Ambiental de 1979 (Ley EP&A) se modifica en el Anexo 1 de la siguiente manera:

  • Se proporcionan poderes que permiten órdenes de cierre de burdeles.
  • Se crean órdenes de cierre de burdeles y pueden ser dirigidas a una variedad de personas, incluido el propietario de las instalaciones, el operador o las personas involucradas en la gestión de un burdel
  • La definición de un burdel se amplía para incluir locales anunciados como servicios sexuales (prostitución)
  • Se introduce una nueva definición de usos sexuales relacionados.
  • Estas órdenes se pueden usar contra instalaciones de servicios sexuales no autorizados o “ilegales”, pero específicamente NO se deben usar donde solo haya una trabajadora sexual.

El Anexo 1 de la Ley se relaciona con los poderes que pueden usar los ayuntamientos bajo la Ley de EP&A, y permite órdenes especiales de cierre de burdeles.

La definición de un burdel se amplía para incluir los locales que han sido anunciados o representados para ser utilizados para la prostitución, y es probable que se usen para los fines de la prostitución nuevamente.

Debido a la definición en esta enmienda, una orden de cierre de un burdel no se puede hacer en un local con una sola trabajadora sexual. Según esta enmienda, la definición de un burdel significa “un burdel en el sentido de la Ley de Locales Restringidos de 1943, que no sea un local utilizado o que pueda ser utilizado para fines de prostitución por parte de no más de una prostituta”.

Una orden puede cerrar un burdel y también rechazar los usos sexuales relacionados luego del cierre por hasta 6 meses. Las órdenes entran en vigor en no menos de 5 días hábiles.

Bajo la Ley de Locales Restringidos, las órdenes para cesar el uso, o suspender o variar el consentimiento en un DA se pueden hacer por un máximo de 6 meses.

Los burdeles con más de una trabajadora, incluidos salones de masajes o instalaciones donde se anuncia que se proporciona servicios sexuales, pueden cerrarse después de una queja por molestias, o si se descubre que no están autorizados o son ilegales.

Los ayuntamientos pueden emitir una orden si una o más quejas son presentadas por personas que trabajan, o usan instalaciones en la vecindad, o si sus hijos usan instalaciones en la vecindad.

Las autoridades del ayuntamiento y otras autoridades reguladoras autorizadas por el Ministro de Planificación pueden emitir una orden.

Las órdenes de cierre de los burdeles se pueden dar sin los requisitos de Justicia Natural, por lo que no se requiere un período de notificación para una orden propuesta, y no hay oportunidad de defenderse contra los motivos de cierre antes de que se emita la orden. Cualquier defensa solo se puede hacer a través de una apelación ante el Tribunal después de que se haya dado la orden y se presente dentro de los 5 días hábiles antes de que comience la orden.

Aunque se pueden hacer solicitudes de aprobación de desarrollo, no se puede hacer un aplazamiento de una orden de cierre, una vez que se emite una orden, excepto en circunstancias excepcionales.

Se emiten órdenes contra una persona que controla o administra o ayuda en la administración de un burdel. Si una persona no cumple con una orden de cierre de un burdel, es un delito (por lo tanto, se vuelve a criminalizar la industria del sexo), y un segundo delito es más grave (“agravado”) y puede considerarse en la sentencia.

El incumplimiento de una orden de cierre de los burdeles puede incluir la ejecución mediante la creación de una orden de servicios públicos que indique a un proveedor de agua, gas o electricidad que deje de prestar sus servicios. Los tribunales locales o la LEC pueden hacer una orden de servicios públicos si no se cumple con una orden de cierre de un burdel. Una orden de servicios públicos solo puede durar 3 meses. Las órdenes de servicios públicos no deben realizarse en instalaciones residenciales.

El tribunal puede basarse en pruebas circunstanciales del uso como burdel, no en pruebas directas. La evidencia incluye publicidad de servicios relacionados con el sexo o la prostitución. Para ver ejemplos de evidencia circunstancial del uso como burdel, consulte: http://www.legislation.nsw.gov.au, Ley de locales restringidos de 1943, Sección 17A

La despenalización, reconocida en todo el mundo como el mejor modelo de práctica de trabajo sexual, seguirá en Nueva Gales del Sur (Australia)

 

 

Scarlet Alliance, Asociación Australiana de Trabajadoras Sexuales; SWOP NSW y Touching Base agradecen la decisión del Gobierno de NGS de no respaldar un sistema de licencias en respuesta a la investigación de la Asamblea Legislativa sobre la regulación de los burdeles.

 

10 de mayo de 2016

http://www.scarletalliance.org.au/media/News_Item.2016-05-10.1825

 

Scarlet Alliance, Asociación Australiana de Trabajadoras Sexuales; SWOP NSW y Touching Base agradecen la decisión del Gobierno de NSW de no respaldar un sistema de licencias en respuesta a la investigación de la Asamblea Legislativa sobre la regulación de los burdeles.

En su respuesta al informe final del Comité Selecto sobre Regulación de los burdeles, el gobierno de Nueva Gales del Sur es inequívoco en su decisión de que la concesión de licencias a los burdeles o a las trabajadoras sexuales no debe introducirse en Nueva Gales del Sur, ya que esto en efecto recriminalizaría a las trabajadoras sexuales, lo que resultaría en peores resultados de salud. La resolución indica que un modelo de licencias “tendría un alto costo y se correría el riesgo de crear incentivos para el incumplimiento”.

El Director Ejecutivo de Scarlet Alliance, Jules Kim afirma: “Es un alivio ver que el buen sentido ha prevalecido. La despenalización del trabajo sexual ha arrojado resultados sobresalientes para la salud y seguridad de las trabajadoras sexuales y para la comunidad en general. La concesión de licencias y la reintroducción de la policía como reguladores habrían sido un importante paso atrás. Esta es una ocasión feliz en la que la evidencia abrumadora ha triunfado “.

La respuesta recomienda que la policía permanezca en su función de hacer cumplir la ley penal y no se convierta en reguladora de la industria del sexo. Uno de los factores impulsores de la despenalización del trabajo sexual en Nueva Gales del Sur fue la corrupción policial generalizada en la industria del sexo, un problema que resolvió la despenalización con éxito.

“Touching Base se siente muy aliviado al ver que el gobierno de Nueva Gales del Sur toma un enfoque sensato basado en la evidencia para rechazar las licencias de burdeles y descartar la idea errónea de crear un escuadrón de policías de burdeles”, dijo Saul Isbister, presidente de Touching Base Inc. “Nuestro proyecto de investigación de un año de duración con la University of Technology Sydney demostró claramente que el verdadero problema es que los consistorios ignoren el principio básico de planificación de la equidad y se nieguen a tomar decisiones de planificación basadas en la evidencia “. Cabe destacar que cuando el informe del Comité Selecto sobre la Regulación de los burdeles salió por primera vez en noviembre, la mitad del comité discrepó sobre las recomendaciones erróneas del informe.

“El Proyecto de Ayuda a las Trabajadoras Sexuales (SWOP) se complace en ver el respaldo explícito del actual sistema de despenalización del trabajo sexual por parte del gobierno de NGS y me gustaría agradecer al Primer Ministro, el Excmo. Sr. Mike Baird, y al Ministro de Salud, el Excmo. Sr. Jillian Skinner por los papeles que desempeñaron para lograr este resultado “, dijo hoy la Directora Ejecutiva de SWOP, Cameron Cox.

SWOP NSW, Touching Base y Scarlet Alliance desean agradecer especialmente al Sr. Alex Greenwich, a la Sra. Jo Haylen y a la Sra. Kathy Smith por su excelente trabajo y apoyo para la permanencia de la despenalización del trabajo sexual, como miembros del Comité Selecto de la Asamblea Legislativa para la Regulación de Burdeles