El triste estado de la investigación académica sobre la trata sexual

Por Daniel Pryor

 

19 de julio de 2017

 

https://www.adamsmith.org/blog/the-sorry-state-of-sex-trafficking-research

 

El mes pasado, tuvo lugar en Irlanda del Norte el primer juicio a un acusado de pagar por servicios sexuales (delito equiparado a crímenes violentos). Después de haber adoptado el «modelo nórdico» de penalización de la compra de sexo en junio de 2015, Irlanda del Norte parece haber inspirado a los políticos del Partido Nacional Escocés para abogar por un enfoque similar en Escocia. El debate sobre la legislación referida al trabajo sexual también se agudiza en el resto del Reino Unido, donde se están logrando progresos marginales en algunas áreas.

La investigación sobre el impacto de las diferentes formas de legislación sobre el trabajo sexual y la trata sexual es un área fascinante, pero muy problemática. La prevalencia de la trata sexual y su relación con diferentes regímenes legales relacionados con el trabajo sexual es uno de los principales campos de batalla para aquellos que buscan la reforma, y ​​es difícil encontrar evidencia confiable sobre este tema tan emotivo.

Un nuevo artículo (1) publicado en línea la semana pasada por el sociólogo Ronald Weitzer —que escribió un excelente artículo (2) sobre la política del trabajo sexual y el tráfico sexual en 2011— da una nueva perspectiva del lamentable estado de la literatura académica sobre estos temas. En primer lugar en su lista de agravios está la falta de fiabilidad de los datos que se utilizan a menudo:

Utilizando información sobre 161 países de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Cho et al. (2013) y Jakobsson y Kotsadam (2013) intentaron determinar si las leyes nacionales de prostitución estaban relacionadas con la prevalencia de la trata de personas. Sin embargo, la ONUDD había advertido de que no se utilizaran sus cifras ni para una nación ni para un estudio comparativo transnacional, ya que “el informe no proporciona información sobre el número real de víctimas” (ONUDD 2006, pp. 37, 44-45). El aviso de la ONUDD se basaba en que las definiciones de trata varían de unos países a otros (algunos de los cuales amalgaman trata, paso ilegal de personas e inmigración irregular); la generalizada falta de transparencia en la recopilación de datos y la presentación de informes; y la dependencia de diferentes fuentes en los 161 países (medios de comunicación, institutos de investigación, agencias gubernamentales, ONGs, OIs). Para algunos países, sólo una de estas fuentes estaba disponible. Los autores reconocen que “los datos subyacentes pueden ser de mala calidad” y son “limitados e insatisfactorios de muchas maneras” (Jakobsson y Kotsadam, 1993, p.93) y que es “difícil, quizás imposible, encontrar pruebas sólidas” de una relación entre la trata y cualquier otro fenómeno (Cho et al., 2013, p.70). No obstante, tratan el informe de la ONUDD como una fuente de datos y extraen conclusiones profundas sobre la relación entre la trata de personas y las leyes nacionales de prostitución, concluyendo que la trata de personas es más frecuente en los países con prostitución legal que en los países donde la prostitución está penalizada.

Datos defectuosos son sólo la punta del iceberg. En el caso de los dos estudios citados anteriormente, el enfoque de los autores para el diseño del estudio también deja mucho que desear:

Se utiliza un diseño de sección transversal (en un solo punto de tiempo) para medir algo que debe examinarse longitudinalmente: la cantidad de trata antes y después de la legalización. Este último enfoque requeriría cifras de referencia fiables para comparar con cifras recientes fiables, ninguna de las cuales existe.

Los autores usan estimaciones agregadas de la trata nacional (que combinan trata laboral, trata sexual y otros tipos de trata) en su intento de evaluar si la prostitución legal marca una diferencia. Esto significa que existe una gran discrepancia entre las cifras de trata y las leyes de prostitución: al evaluar si las leyes de prostitución están relacionadas con la incidencia de la trata, se deben usar solamente cifras sobre la trata sexual, no las cifras totales para todos los tipos de trata. 

Es muy posible que las naciones donde algún tipo de prostitución es legal puedan tener mejores mecanismos para detectar la trata sexual, una variable que falta en ambos estudios.

Un estudio posterior de Cho (2016) utilizando una fuente de datos diferente contiene otro error garrafal. “Utiliza información sobre el nivel de protección de las víctimas de trata de personas (en general) en los países, para correlacionarla con el hecho de que la prostitución esté o no permitida en un país”. ¿La justificación para este truco?

Sin citar ninguna fuente, Cho afirma que “la prostitución está estrechamente ligada a la trata de personas, porque la trata sexual con fines de prostitución es la forma más común de trata de personas y constituye la mayor parte de las víctimas de trata” (Cho 2016, pp. ). Esta afirmación es contradicha por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Según la OIT, “la explotación sexual comercial forzada representa el 11% de todos los casos” de trabajo forzado en todo el mundo (OIT 2005, p.12), y el Departamento de Estado declara que “la mayor parte de la trata de personas en el mundo toma la forma de trata laboral “(USDS 2010, págs. 8-9).

Todos estos problemas son endémicos en el campo de la investigación sobre la trata sexual. El trabajo de Weitzer podría no ser más que un interesante ejercicio académico sobre los peligros del uso de datos de baja calidad y pobre metodología de investigación, si no fuera por el hecho de que las leyes que se promulgan sobre la base de los dos estudios anteriores están haciendo daño a las mujeres marginadas:

… estos dos estudios fueron adoptados por políticos y legisladores en varios países y sirvieron para justificar nuevas leyes de criminalización.

Weitzer también ofrece algunas reflexiones sobre cómo el estado actual de la investigación y el debate público basado en la misma puede persistir sin que se le haga una crítica significativa:

Es fácil hacer afirmaciones generales y desenfadadas sobre la trata y la prostitución cuando 1) faltan datos sólidos, 2) los medios de comunicación se limitan a recapitular afirmaciones “oficiales” sin cuestionarlas o verificarlas, 3) los expertos que cuestionan las afirmaciones oficiales son ignorados o denunciados, y 4) las participantes en el comercio sexual son altamente estigmatizadas y marginadas. Este patrón desafortunado puede verse tanto en las naciones prohibicionistas (por ejemplo, Suecia) como en las naciones que tienen que hacer frente a la oposición a sus actuales leyes [comparativamente] liberales (por ejemplo, Alemania y los Países Bajos).

Estoy seguro de que los lectores de este blog miran todos los titulares de los medios sensacionalistas con un ojo crítico. Sin embargo, cuando se trata de historias alarmistas sobre la epidemia de trata sexual y los acompañantes llamamientos a implantar el “modelo nórdico”, se debe tener precaución adicional.

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1.- https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-55973-5_4

https://books.google.es/books?id=Y9ksDwAAQBAJ&pg=PA47&dq=Legal+Prostitution+Systems+in+Europe+weitzer&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjTjeX0ksrVAhWrCcAKHTYcDtMQ6AEIJjAA#v=onepage&q=Legal%20Prostitution%20Systems%20in%20Europe%20weitzer&f=false

2.- http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=7413&context=jclc

 

 

 

La criminalización de los clientes

 

 

Se puede descargar el PDF completo aquí:


http://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/Criminalisation_Spanish.pdf

 

La criminalización de los clientes de las personas que ejercen el trabajo sexual se reivindica normalmente por ser parte de un nuevo marco legal para erradicar el trabajo sexual y la trata de personas con “el fin de la demanda”. En 1999, Suecia criminalizó a los clientes de las personas que ejercen el trabajo sexual y mantuvo la criminalización a terceras partes como propietarios/as de burdeles, encargados/as, y empleados de seguridad y de apoyo1. Los individuos vendiendo sexo permanecieron legales. Este modelo es normalmente llamado el modelo “sueco”, “nórdico” o el “fin de la demanda”. Hay una fuerte presión en muchos países para promover estas medidas legales y políticas. Las consecuencias dañinas de este modelo en la salud, los derechos o las condiciones de vida de las personas que ejercen el trabajo sexual son raramente discutidas.

 

La lógica equivocada detrás del “fin de la demanda”

 

La premisa básica para criminalizar la compra de sexo es que la demanda de los clientes es la responsable de la entrada y de que la mujer se quede en el trabajo sexual. En este marco, los hombres y las personas transgénero que ejercen el trabajo sexual son raramente reconocidas, mientras que las mujeres trabajadoras sexuales son frecuentemente mezcladas con niños/as2 o “proxenetas” y traficantes humanos3 en lo que son a menudo relatos anti-migrantes4. Simultáneamente, las mujeres trabajadoras sexuales son etiquetadas como víctimas sin opción – y perjudiciales para todas las mujeres, familias y toda la nación5.

 

Muchos defensores de la criminalización del cliente la promueven como parte del “neo-abolicionismo-feminista”6 o de la ideología del “feminismo fundamentalista”7 donde el trabajo sexual es equiparado a la violencia en contra de las mujeres, la explotación y la trata. Los clientes son vistos como “abusadores” que deben ser arrestados y penalizados. Esta lógica deriva de los marcos legales del “abolicionismo” de finales del siglo XIX, que aún está presente en algunos países europeos y de Latinoamérica. Los “abolicionistas” creían que criminalizando a aquellos que reclutaban o se aprovechaban de las mujeres trabajadoras sexuales, la prostitución sería erradicada. Se suponía que ninguna mujer aceptaría un intercambio sexual por sí misma. Dado que esto no ha tenido éxito, las feministas neoabolicionistas/fundamentalistas han extendido su objetivo a los clientes, relacionándolos como la raíz última de la causa del trabajo sexual.

 

Esta visión se superpone con las visiones de los grupos prohibicionistas, incluyendo a los conservadores religiosos y a los grupos anti-feministas. Los prohibicionistas tradicionalmente han estado a favor de la criminalización de todas las partes relacionadas con el trabajo sexual, ahora están fomentando el modelo sueco y se llaman a si mismos “neoabolicionistas”8. Esta amplia selección de facciones políticas comparten la creencia básica que el trabajo sexual es inherente a la degradación, a la violencia y a lo incorrecto y consideran al estado responsable de la erradicación del trabajo sexual.

 

La línea que separa a las feministas fundamentalistas y los grupos prohibicionistas es borrosa. A menudo trabajan juntos para promover leyes y políticas en contra del trabajo sexual, un ejemplo claro son las coaliciones americanas para acabar con la demanda9. La superposición en sus posiciones se puede explicar. Los prohibicionistas a menudo consienten evitar la criminalización de las personas que ejercen el trabajo, pero están de acuerdo con una rehabilitación obligatoria. En cambio, los abolicionistas han tendido a mantener propuestas que continúan penalizando o encarcelando a las personas que ejercen el trabajo sexual que rechazan la rehabilitación. El resultado de esto está resumido por Pye Jakobsson, una trabajadora sexual sueca: “Queremos salvarte. Y si no lo aprecias, te castigaremos”.10

 

El impacto de la ley y de la política basada en esta propuesta tiene consecuencias devastadoras para las personas que ejercen el trabajo sexual.

 

Variaciones del modelo sueco y la presión para su implementación.

 

La criminalización de los clientes no es ni mucho menos un fenómeno nuevo. En muchos países, medidas legales para eliminar el trabajo sexual se han implementado durante más de un siglo. Estas incluyen leyes que directamente criminalizan la compra de sexo11. Otras leyes criminalizan o penalizan a los clientes indirectamente. A través de leyes que criminalizan a gente que se encuentra en burdeles o a través de leyes en contra de pedir limosna, comunicar el propósito de la prostitución o de pedir servicios desde el coche12. Las leyes relacionadas con la conducta en espacios públicos, enmarcadas como “la reducción de la molestia social” o “la protección del orden público”, también son frecuentemente usadas para penalizar a los clientes13. Mientras que el marco teórico del modelo sueco es bastante único, las experiencias de las personas que ejercen el trabajo sexual sobre la criminalización de los clientes en diferentes contextos se unen al gran número de datos sobre las consecuencias vividas de tales medidas.

 

Suecia, en 1999, fue le primer país en usar un argumento radical feminista – Ej.: El trabajo sexual es inherente a la violencia masculina en contra de las mujeres – para justificar la nueva legislación que criminaliza comprar sexo, mientras que vender sexo sigue siendo legal14. El gobierno sueco ha mantenido las leyes que criminalizan los burdeles si se benefician del trabajo sexual15. Desde su implantación, a través del Instituto Nacional Sueco, el país ha invertido extensamente en exportar este marco legal a otros países16. De acuerdo con Gunilla Ekberg, la actual agente del gobierno responsable de la política de prostitución en Suecia,

 

Una de mis tareas es también “exportar” las estrategias suecas de antiprostitución – o sea, influenciar a los legisladores y grupos de mujeres en otros países para hacer campaña a favor de leyes similares. Y hemos visto grandes cambios. Por ejemplo, Corea del Sur, Sudáfrica, Noruega y otros países han promulgado la misma legislación que criminaliza al comprador 17.

 

Ciertamente en los últimos años, la criminalización (o el aumento de criminalización) de los clientes se ha discutido entre los legisladores en India, Francia, Estonia, Finlandia, Croacia, Filipinas, España, Italia, el Reino Unido y Canadá18. Las justificaciones han diferido a veces de la conceptualización sueca, pero todas están basadas en la creencia que las personas que ejercen el trabajo sexual están dañadas por el trabajo sexual, y a su vez, dañan a la sociedad.

 

El gobierno de Estados Unidos es otro y una fuente más influyente de presión internacional en la represión del trabajo sexual. En 2003 el gobierno americano se convirtió en un gran adherente al fin de la demanda para luchar contra lo que se denomina la “esclavitud sexual”. Nueva York e Illinois han adoptado desde entonces leyes que penalizan severamente a los clientes. El mismo año el Departamento de Estado de los Estados Unidos empezó a publicar un Índice Anual de Trata de Personas. Es un sistema de tres categorías, que evalúa a los países aparentemente de acuerdo con sus acciones de prevención de trata. Muy a menudo, sin embargo, premia a los países por intensificar sus ofensivas sobre trabajo sexual y migración ilegal19. Cuando un país es clasificado en la categoría más baja puede tener su ayuda internacional revocada. Este índice ha puesto mucha presión a muchos gobiernos para reprimir el trabajo sexual20. En 2011 el índice hizo una llamada para la criminalización de los clientes en todo el mundo21.

 

Muchos países, incluyendo Guatemala, Camboya y Corea del Sur, han aprobado las leyes de trata sobre las premisas tanto de un punto de vista abolicionista o prohibicionista, que mezcla el trabajo sexual con la trata. Éstas están siendo despiadadamente implantadas, para cerrar burdeles e inhabilitar a las personas que ejercen el trabajo sexual a trabajar22. En estos casos de Corea del Sur y Guatemala, han criminalizado también algunas o todas las formas de pagar por sexo.

 

A veces, las leyes han cambiado como resultado de fuerzas combinadas de presiones por parte de actores locales, del apoyo sueco y de la presión americana. Cada vez más, la noción del fin de la demanda está ganado sitio en las Naciones Unidas, parcialmente debido a las presiones suecas y americanas23

 

Las leyes emergentes no son uniformes. A pesar de una investigación de la policía noruega refutando los éxitos del modelo sueco, Noruega ha criminalizado la compra de sexo24 y ha preservado sus leyes existentes en contra de los burdeles25. En 2009, Islandia criminalizó la compra de sexo mientras mantuvo las leyes existentes en contra de los burdeles26. Además, en 2010 el gobierno islandés prohibió los clubs de strip.

 

A veces, los clientes son perseguidos para cerrar burdeles. Guatemala introdujo nuevas leyes en contra de los burdeles y criminalizó clientes que pagan a un intermediario para trabajo sexual. Vender sexo sigue decriminalizado27.

 

Mientras se hace la compra de sexo ilegal, muchos países han mantenido o han aumentado la criminalización de las personas que ejercen el trabajo sexual. Por ejemplo,

 

◗ Las nuevas leyes de Corea del Sur criminalizan a los clientes y a los/ as propietarios/as a la vez que mantienen la criminalización de las personas que ejercen el trabajo28.

 

◗ Sudáfrica ahora criminaliza a los clientes pero ha mantenido las leyes que criminalizan a los/as propietarios/as de los burdeles y a las personas que ejercen el trabajo sexual29.

 

◗ Lituania extendió la penalización a los clientes, mientras que la mantuvo a las personas que ejercen el trabajo sexual30.

 

◗ En los EEUU, la Coalición del Fin de la Demanda tuvo éxito al incrementar la sentencia tanto para clientes como para personas que ejercen el trabajo sexual en el estado de Illinois31. Las sanciones por comprar sexo han aumentado en Nueva York mientras aquellas para los que vendían sexo se han mantenido32.

 

◗ Los clientes de las personas que ejercen el trabajo sexual son ahora criminalizados en Escocia e Italia. Las personas que ejercen el trabajo sexual siguen criminalizadas a través de delitos relacionadas con pedir limosna.

 

Un nuevo número de leyes también se aplican transnacionalmente33. Por ejemplo Noruega ha hecho ilegal la compra de sexo en el extranjero, incluyendo a aquellos en el servicio militar. El Departamento de Defensa Americano ha reescrito el Código de Uniforme de la Justicia Militar para incluir el “patrocinio de una prostituta” como un delito criminal para los/ as soldados34. La ONU ha prohibido a las fuerzas de paz comprar servicios sexuales, y de frecuentar zonas o establecimientos donde pueda haber trabajo sexual35

 

El impacto de los marcos legales del fin de la demanda en las personas que ejercen el trabajo sexual

 

Aumento de la represión de las personas que ejercen el trabajo sexual

 

Muchos seguidores del modelo sueco dicen que la decriminalización del trabajo sexual es un principio básico de su visión. Sin embargo está claro que la mayoría de los países que están implementando el modelo sueco han ido más allá declarando ilegal el trabajo sexual. En el estado de Illinois por ejemplo, las leyes para acabar con el fin de la demanda han resultado en elevar el vender sexo a un delito grave de ofensa, penalizado con hasta un año de prisión36. En 2002, casi 3.500 personas que ejercen el trabajo sexual fueron arrestadas en Corea del Sur. Después de las reformas de ley inspiradas en Suecia, este número llegó a 16.951 en 2004 y a 18.508 en 200537

 

Tanto en Corea del Sur como en EEUU, la única manera para que una persona que ejerce el trabajo sexual evite el encarcelamiento es aceptando la rehabilitación. En Corea del Sur, el poder judicial o el agente de policía decide si la mujer es digna de rehabilitación, basado en su “carácter” y en los motivos del caso38.

 

Incluso en los contextos donde vender sexo es legal, si las mujeres trabajan en un local cerrado, y pagan por el alquiler o gastos, pueden ser criminalizadas bajo las leyes en contra de mantener un burdel o beneficiarse de la prostitución39

 

Es común para las personas que ejercen el trabajo sexual a ser desproporcionadamente objeto de arrestos bajo leyes no relacionadas. En Suecia y Noruega, a pesar de que vender sexo no es un delito criminal, la intensidad de la represión de la policía en contra de las personas que ejercen el trabajo sexual ha llevado a que un gran número sea

arrestada y deportada por inmigración ilegal40. De hecho, durante el primer año de la nueva ley en Suecia, los fiscales no pudieron acusar a numerosas personas que ejercían el trabajo sexual porque habían sido deportadas antes de que sus declaraciones fueran grabadas.41

 

Además, las personas que ejercen el trabajo sexual experimentan niveles más altos de acoso debido a la vigilancia de los clientes en la calle42. Los agentes de policía en Suecia a menudo graban clandestinamente a las mujeres teniendo relaciones sexuales para obtener pruebas en contra de los clientes. Las mujeres están por lo tanto sujetas a investigaciones invasivas43. Las personas que ejercen el trabajo sexual no tienen los derechos del acusado ni de las víctimas en los juicios en contra de los clientes44. En Suecia y en Corea del Sur, la policía registra las casas y los lugares de trabajo de las mujeres sospechosas de ejercer el trabajo sexual45

 

El aumento de la violencia y la discriminación.

 

La mayor afirmación del gobierno sueco es que la criminalización de los clientes ha reducido significantemente el número de personas que ejercen el trabajo sexual. Esta reafirmación está basada en el declive del número de personas que ejercen el trabajo sexual en la calle, un hecho que numerosos investigadores atribuyen a la crecida de otras formas “escondidas” de trabajo sexual46.

 

Ciertamente, en muchos países, se ha observado que la vigilancia de la policía y el arresto de los clientes ha desplazado a las personas que ejercen el trabajo sexual. Las personas que ejercen el trabajo sexual han informado del aumento del uso de Internet para buscar clientes o de tener que moverse a lugares que se hacen pasar por otros negocios como salones de masajes, peluquerías u hoteles47.

 

Sin embargo, las personas que ejercen el trabajo sexual que viven en condiciones precarias son habitualmente incapaces de trabajar en sectores de la industria del sexo que requieren establecer rutinas, poner en marcha inversiones o familiarizarse con la tecnología. En Suecia, las mujeres que trabajan en la calle han informado de una competencia mayor, un declive de los precios o condiciones más duras48. Para compensar que hay menos clientes, las mujeres aceptan clientes que están borrachos, agresivos o que rechazan el uso del preservativo49. Desde la criminalización del cliente en Suecia, las personas que ejercen el trabajo sexual están expuestas a un riesgo más alto de violencia50 y de enfermedades infecciosas51.

 

La vigilancia de las patrullas de policía centrada en localizar a clientes conlleva a las personas que ejercen el trabajo sexual a desplazarse a lugares menos públicos donde pueden ser más vulnerables a la violencia. En el caso de que ocurriese violencia, no conseguirían tener ayuda52. En la ciudad de Edimburgo, Escocia, las personas que ejercen el trabajo sexual informaron de 66 incidentes de violencia en 2006, comparado con 126 después de la implantación de las medidas en contra de solicitar los servicios de una persona que ejerce el trabajo sexual desde el coche del siguiente año53. En Montreal, durante un periodo de tres meses de amplios barridos anti-clientes en 2001, las personas que ejercen el trabajo sexual informaron de tres veces más de incidentes violentos, y de cinco veces más de incidentes violentos con armas mortales que en los previos barridos54

 

Las personas que ejercen el trabajo sexual se enfrentan a más obstáculos para reportar violencia y coerción, dado que revelarse como personas que ejercen el trabajo sexual a la policía puede llevar a más acoso y al riesgo de deportación55. Del mismo modo, un cliente que encuentra a una persona que ejerce el trabajo sexual que ha sido coaccionada, o que está en peligro, es poco probable que lo reporte a la policía por miedo a incriminarse a si mismo. La Junta Nacional de Policía Noruega descubrió que la ley sueca ha hecho más complicado reunir pruebas en contra de individuos que han coaccionado o explotado a las personas que ejercen el trabajo sexual56. Además, la Junta Nacional de Salud y de Bienestar Sueca demostró que la criminalización de los clientes puede llevar a un incremento en la explotación de las personas que ejercen el trabajo sexual por terceros57

 

Las personas tailandesas que ejercen el trabajo sexual han informado igualmente que desde la prohibición a comprar sexo de los soldados americanos, sus condiciones de trabajo se han vuelto más peligrosas. A menudo, los soldados sólo se reunen con las personas que ejercen el trabajo sexual en sitios aislados o piden que una mujer dé servicio a múltiples soldados para evitar llamar la atención58.

 

No hay pruebas de que la ley sueca haya reducido la trata de personas en la industria del sexo59. En una evaluación de la ley sueca en 2010, siete personas que ejercen el trabajo sexual fueron entrevistadas. Todos declararon que el estigma en contra de ellas había aumentado desde la implantación de la ley. Desafortunadamente, fue reportado como un desarrollo positivo ya que podría disuadir a las mujeres a ejercer el trabajo sexual60.

 

Reducción al acceso de servicios de salud y sociales

 

Las leyes criminalizando a los clientes, y las leyes en contra de los burdeles, impiden la habilidad de las personas que ejercen el trabajo sexual a proteger su salud en el trabajo. En Suecia, un estudio de la Junta Nacional de Policía Noruega desmostró que muchas de las personas que ejercen el trabajo sexual en la calle compensan la pérdida de ingresos, como resultado de la criminalización de los clientes, no usando preservativos61. En Corea del Sur, los locales como salones de masajes tienden a no tener preservativos porque puede ser relacionado como prueba de trabajo sexual62.

 

Los acosos de la policía obligan a muchas personas que ejercen el trabajo sexual a cambiar frecuentemente de áreas o a trabajar en lugares escondidos. Esto dificulta su habilidad para contactar con servicios de salud y sociales. En Corea del Sur y Suecia, las autoridades de salud han expresado preocupación sobre las consecuencias negativas de la ley en la salud de las personas que ejercen el trabajo sexual63. Además, los investigadores en Corea del Sur han descubierto una correlación entre las nuevas leyes de prostitución y un aumento de las infecciones de transmisión sexual64.

 

La financiación de los proyectos de salud que apoyan los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual está seriamente comprometido por la tendencia del fin de la demanda. Las intervenciones más exitosas contra el VIH hasta la fecha han sido aquellas que son dirigidas por pares, apoyándose en el empoderamiento individual o colectivo para mejorar las condiciones de trabajo y de vida de las personas que ejercen el trabajo sexual65. Sin embargo, estos tipos de proyectos reciben muy poca o ninguna financiación o apoyo de los gobiernos, o de otras agencias que han sido delatadas con modelos que interpretan el trabajo sexual como violencia. En Corea del Sur y Suecia, sólo los proyectos que están dirigidos a que las mujeres abandonen el trabajo sexual reciben fondos. Estos proyectos son inherentemente discriminatorios ya que el acceso a cursos educacionales y vocacionales, servicios de asesoramiento y de salud dependen del abandono del trabajo sexual.

 

Reducción del acceso a la vivienda y a la protección

 

Las leyes en contra de la compra de sexo, del beneficio del trabajo sexual, o en contra del alquiler a un espacio para trabajo sexual, pueden hacer a los dueños/as de apartamentos y hoteles susceptibles de ser perjudicados/as. En muchos países, los dueños/ as tienen el derecho legal de rescindir el alquiler y desalojar sin previo aviso a los individuos sospechosos de ejercer el trabajo sexual – incluso cuando vender sexo no es un crimen66. Esto también afecta a los individuos que viven con ingresos bajos en viviendas sociales, en los cuales puede tener un impacto particularmente importante67. En Noruega, se sabe que la policía se hace pasar por clientes y llaman a los anuncios de las personas que ejercen el trabajo sexual para saber donde viven. Entonces amenazan a los propietarios/as bajo la ley de proxenetismo si no desahucian a la persona que ejerce el trabajo sexual de manera inmediata. Las mujeres normalmente pierden sus depósitos, lo cuales pueden ser la cantidad del alquiler de tres meses68. Una vez en la lista de personas que ejercen el trabajo sexual desalojadas, es difícil alquilar una nueva casa. En 2011, esto fue parte de una campaña organizada por la policía de Oslo llamada Acción Sin Techo69

 

En Noruega, la policía ha notificado a todas las cadenas de hoteles que se enfrentarán a cargos por alquilar habitaciones a mujeres que son conocidas como trabajadoras sexuales. Como resultado, las cadenas de hoteles han prohibido a las personas que ejercen el trabajo sexual registrarse en ninguno de sus hoteles. Algunos han sido denunciados que no permiten la admisión a mujeres que creen trabajadoras sexuales de forma racialmente sesgada70.

 

En resumen, no hay pruebas evidentes para sugerir que las medidas legales que criminalizan a los clientes, a los propietarios/as de los burdeles, a los encargados/as y al personal de apoyo en la industria del sexo, eliminen o reduzcan significantemente el trabajo sexual. Las pruebas disponibles sugieren lo contrario, que estas medidas incrementan la represión, la violencia y la discriminación en contra de las personas que ejercen el trabajo sexual. Esto disminuye el acceso a los servicios de salud, cuidado, vivienda y sociales de las personas que ejercen el trabajo sexual.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feminismo y prostitución: la persistencia de una amarga disputa

Debate Feminista

Volume 51, June 2016, Pages 18–35

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0188947816300287

 

Resumen

La liberalización de las costumbres sexuales en el capitalismo tardío, junto con la desregulación neoliberal de los mercados, alentó la expansión de un mercado sexual donde algunos negocios funcionan de manera criminal, como ocurre con la trata de personas. En estas páginas reflexiono sobre la contraposición entre las feministas que impulsan el nuevo abolicionismo y las que abogan a favor de reconocer nuevas formas de organización del trabajo y de los derechos laborales para las personas que llevan a cabo trabajo sexual. Tal oposición es una expresión significativa de las “guerras en torno a lsexualidad” (Sex Wars) que se han venido dando sobre todo en Estados Unidos en paralelo con el desarrollo del feminismo y cuya influencia teórica y política ha enmarcado el debate feminista en todo el mundo. A ello se suma el giro punitivo de la política criminológica y judicial sobre el comercio sexual, que ensancha aún más la fractura política entre las feministas.

 

Palabras clave

  • Comercio sexual;
  • Trata de personas;
  • Feminismo;
  • Neoliberalismo;
  • Sex Wars

 

Las “guerras en torno a la sexualidad”

En el capitalismo tardío, la búsqueda de placer sexual ha transformado el paradigma de la sexualidad y se ha pasado del sexo procreativo al sexo recreativo. En la sexualidad, y en concreto en las relaciones sexuales, se organiza la vida social y las personas son clasificadas según esquemas que valoran o estigmatizan ciertas prácticas y conductas. Por eso una relación sexual nunca es simplemente el encuentro de dos cuerpos, sino que también es una puesta en acto de las jerarquías sociales y de las concepciones morales de una sociedad (Illouz, 2014).

Desde finales de la década de 1960 e inicios de la de 1970, la libertad sexual de las mujeres fue una reivindicación sustantiva de la segunda ola feminista. Y desde muy temprano surgieron profundas diferencias en la conceptualización de la llamada “prostitución”.1 Si bien las Sex Wars han ocurrido principalmente en el movimiento feminista estadounidense, su influencia teórica y política ha enmarcado la disputa feminista en todo el mundo. Esto responde a lo que Bolívar Echeverría (2008) calificó como la “americanización de la modernidad”, o sea a que la tendencia principal de desarrollo en el conjunto de la vida económica, social y política es la americana. Por eso no es rara la americanización del debate feminista mundial, por el papel determinante que han tenido las publicaciones y el activismo de las feministas estadounidenses.

A finales de 1971, en una conferencia en Nueva York sobre “La eliminación de la prostitución” se dio una álgida confrontación entre feministas y trabajadoras sexuales, a la que asistió Kate Millet. Dicha confrontación dividió a las feministas, y algunas secundaron la postura reivindicativa del trabajo sexual de las hookers. Dos años después, Millet publicaría The Prostitution Papers, 2 donde consigna que “las feministas ven esta objetivización sexual como deshumanizante y degradante, y la degradación peor es la que experimentan las mujeres que venden sus cuerpos para ganarse la vida” (Millet, 1973, p. 13).3

Para esas feministas neoyorkinas el problema de fondo era la brutal comercialización de los cuerpos de mujeres por el patriarcado capitalista, mientras que del otro lado de la Unión Americana, en California, surgiría una distinta reflexión política: la necesidad de activismo a favor de los derechos de las trabajadoras sexuales. En 1972, varias amas de casa —entre las que había lesbianas y prostitutas— fundan Whores, Housewives and Others (WHO) en California para luchar contra “la hipocresía de las leyes que controlan la sexualidad femenina, especialmente la prostitución” ( Chateauvert, 2013, p. 22). Diez años después, en 1982, la National Organization for Women formó un comité sobre derechos de las “prostitutas” al mismo tiempo que estalló la confrontación pública entre feministas durante la famosa Conferencia sobre Mujeres y Sexualidad, realizada en Barnard. 4 Dicha conferencia visibilizó públicamente las profundas diferencias entre las feministas que veían toda relación sexual (incluso la mercantil) como liberadora y las que la conceptualizaban como opresiva, y se exhibió la confrontación entre feministas pro-trabajadoras sexuales y feministas anti-prostitución. El contraste entre esas dos posturas se sostiene hasta la fecha.

El naciente movimiento de liberación de la mujer tendría gran impacto entre trabajadoras sexuales de muchos países. Entre 1975 y 1985, diversas organizaciones de “prostitutas” surgieron en Europa, casi siempre vinculadas a las feministas.5 Hacia mediados de la década de 1980, los grupos ya conectados entre sí empezaron a realizar foros y encuentros. En 1984 se llevó a cabo el Women’s Forum on Prostitutes Rights en Estados Unidos. En 1985 se realizó en Amsterdam el Primer Congreso Mundial de Prostitutas, y ahí mismo se fundó el International Committee on Prostitutes Rights (ICPR). Al segundo congreso, verificado en Bruselas en octubre de 1986, asistió Tatiana Cordero, de la Asociación de Mujeres Trabajadoras Autónomas de Ecuador que había surgido en 1982 en la provincia de El Oro y logró su estatus oficial en 1987 ( Abad, Briones, Cordero, Manzo y Marchán, 1998). Esta será la primera asociación con un proceso organizativo en América Latina; las demás despuntaron después, cuando se conformó la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe.6

En 1986, en una sesión del Parlamento Europeo, el debate sobre una resolución sobre la violencia contra las mujeres (documento A2-44/86), que incorporaba la distinción planteada por el International Committee on Prostitutes Rights (ICPR), entre el trabajo sexual en sí mismo y la violencia del tráfico de mujeres, y recogía no solo las demandas de autorrepresentación y protección de los derechos civiles de las “prostitutas”, sino además planteaba la exigencia a los gobiernos europeos de incluir a estas mujeres en sus deliberaciones sobre las políticas respecto a la prostitución, significó un triunfo parcial de las trabajadoras sexuales. Digo parcial, pues en la concepción que se hizo del problema se caracterizó la “prostitución” como una forma de explotación de las mujeres, y el documento quedó ambiguo: apoyaba el derecho de las mujeres a trabajar de “prostitutas”, pero al mismo tiempo hablaba de la necesidad de disuadirlas (Pheterson, 1989).

Mientras que los diputados conservadores manifestaban su indignación por que en el Parlamento “se le diera la palabra a las putas”, el grupo Women’s Organization for Equality (WOE), que reunía a feministas de varios países residentes en Bruselas y que se comunicaban entre sí en inglés, se juntó varias veces con el International Committe on Prostitutes Rights. Después de escuchar a las “prostitutas”, unas feministas aceptaron que si las propias mujeres insistían en trabajar y en que no habían sido engañadas, había que respetar su decisión, mientras que otras siguieron convencidas de que la “prostitución” era una actividad degradante ( Pheterson, 1989). Mientras las feministas se dividían, el International Committee on Prostitutes Rights emitió una declaración donde separaba conceptual y discursivamente la trata de mujeres y el trabajo sexual elegido. 7 Varios grupos feministas europeos denunciaron la hipocresía y el puritanismo en relación con el comercio sexual e insistieron en la necesidad de distinguir las prácticas abusivas de otras formas de coordinación y administración del trabajo sexual, e inclusive propusieron cooperativas manejadas por las propias trabajadoras. Pese a ello, la confrontación entre las dos posturas feministas ya estaba en marcha y los avances logrados en relación con la organización internacional, los derechos laborales y la sindicalización se detuvieron ante el activismo de un sector del movimiento feminista que cuestionó duramente “la prostitución” y cuyo discurso fue el vínculo sexualidad/violencia, lo que definió las tomas de posición.

Entre tanto, en Estados Unidos lo que fortalecería sustantivamente a las abolicionistas fue la política anti-sexualidad de Reagan (1981-1989), que se prolongaría con Bush padre (1989-1993) y Bush hijo (2001-2009) en la presidencia de Estados Unidos. Esa política conservadora iba no solo en contra de la pornografía y la prostitución, sino también contra la educación sexual, los servicios anticonceptivos, la despenalización del aborto, la autonomía sexual y el derecho a la privacidad de los adolescentes. Los conservadores religiosos condenaban la sexualidad fuera del matrimonio por considerarla pecaminosa; veían la “prostitución” como una amenaza para la institución de la familia y, por lo tanto, como una fuente de decadencia moral en la sociedad. El marco interpretativo de la postura abolicionista respecto al comercio sexual lo estableció Kathleen Barry8 al definir la prostitución como “esclavitud sexual”. Barry impulsaría la fundación en 1988 de la organización abolicionista Coalition Against Trafficking in Women (CATW), y también ese año aparecería el libro de Carole Pateman (1989)El contrato sexual, que plantea que al contrato social lo subyace un “contrato sexual”: los hombres dominan a las mujeres y ellas deben otorgarles servicios sexuales y domésticos. Así se constituye el patriarcado moderno, con ese contrato sexual que sostiene el contrato social establecido entre hombres. Según Pateman, “comercio sexual” es un eufemismo que oculta la esclavitud sexual de las prostitutas.

Muchas feministas coincidieron con Barry en su planteamiento en Esclavitud sexual de la mujer (1979), donde sostiene que los valores que las mujeres siempre le han atribuido a la sexualidad habían sido distorsionados y destruidos conforme habían sido “colonizadas” a través tanto de la violencia sexual como de la supuesta liberación sexual. Según Barry, las mujeres vinculan el sexo con el amor, por lo que la experiencia “positiva” del sexo debe basarse en la intimidad; de ahí que el sexo no deba comprarse ni obtenerse por medio de la fuerza. Esta postura, que descarta totalmente la idea de una sexualidad recreativa en busca de placer, sirvió para unir a muchas feministas con los religiosos puritanos en una cruzada moral para “abolir” el comercio sexual.

Será justamente a inicios de la década de 1990 cuando el discurso feminista en contra de la violencia hacia las mujeres se fortalezca con la reflexión de Catharine MacKinnon.9 La famosa abogada anti-pornografía afirmó en 199210 que: “las mujeres son prostituidas precisamente para ser degradadas y sometidas a un tratamiento cruel y brutal sin límites humanos; eso es lo que se intercambia cuando las mujeres son vendidas y compradas para tener sexo” (1993, p. 13). Ella equipara la prostitución con una “violación repetida” (repeated rape), retoma de Barry la idea de que la prostitución es una “esclavitud sexual femenina” y plantea que una prostituta es legalmente una “no persona” (legal non person). También afirma: “Ninguna institución social la excede (a la prostitución) en violencia física” ( MacKinnon, 1993, p. 25). De entonces a la fecha MacKinnon ha ido desarrollando una impactante estrategia discursiva que asocia la “prostitución” con la violación y la desigualdad social (MacKinnon, 2011).

Cuando una cruzada moral logra cierto éxito con respecto a su objetivo fundacional, pone la mirada en otros problemas que asocia con su razón de ser. A esto se denomina expansión del dominio ( Weitzer, 2014). Eso ocurrió con la cruzada moral —iniciada por Reagan y continuada por los Bush— que intentó establecer el límite de lo decente, lo bueno, lo normal y lo moral respecto a la sexualidad (abstinencia antes del matrimonio y fidelidad) y se expandió para condenar toda forma de comercio sexual. Como la postura del gobierno de Estados Unidos se configuró como una reacción en contra de todo intercambio sexual comercial, su agencia de cooperación, la USAID, condicionó el otorgamiento de fondos para los grupos de activistas contra el sida a que no trabajaran con “prostitutas”.11

Dicha cruzada moral aprovechó el tema de la migración indocumentada, con flujos de mujeres que ocupaban los trabajos desechados por las mujeres locales en el sector de servicios, tanto en el trabajo sexual como en el doméstico. Las inmigrantes, impulsadas no solo por la pobreza sino también por el anhelo de independencia, o en su huida de la violencia, buscaban a las redes organizadas de tráfico de personas para salir de sus países y encontrar mejores condiciones de vida, y algunas serían víctimas de organizaciones criminales.12 La amalgama discursiva del comercio sexual con la trata habla indistintamente de “mujeres traficadas” o “mujeres explotadas sexualmente” como “víctimas de trata”, pero prostitución y trata son distintos. Para distinguir entre la trata y el lenocinio, o su equivalente funcional, la explotación de la prostitución ajena, la abogada Claudia Torres (2016) aclara que los delitos de lenocinio y explotación de la prostitución ajena son distintos e independientes del delito de trata, pues castigan a los terceros que se benefician de la prostitución independientemente de las condiciones en que esta se ejerza, e incluyen casos en los que todos los participantes, de manera voluntaria, ejercen la prostitución y se benefician de ella.

A partir del establecimiento del Protocolo de Palermo,13 y con el apoyo económico de USAID, la cruzada abolicionista de la CATW contra la trata y el tráfico de mujeres despegó con fuerza. Y aunque la definición de trata de personas en el protocolo internacional incluye el trabajo en la maquila, el doméstico y el del campo, los casos que generan mayor escándalo son los vinculados al trabajo sexual, aunque estadísticamente su número sea bastante menor que los de otras formas de trabajo forzado o coercitivo. Cuando se discute con el abolicionismo, no se niega la existencia de un horrendo delito (la captación y el traslado de mujeres para la venta de sexo con engaño, amenaza o violencia) que debe ser combatido, sino que se discrepa respecto de su origen y dimensiones ( Weitzer, 2014).14 A ello se suma que hay inconsistencias sustanciales en cómo se define la trata y cómo se identifica a las víctimas y se les certifica como tales ( O’Connell Davidson, 2014). Pero las declaraciones amarillistas son estratégicas, porque las dimensiones de un problema social importan para atraer la atención de los medios de comunicación, los financiamientos y el interés de los responsables de las políticas públicas.

Las feministas abolicionistas armaron un repertorio de historias sobre mujeres inocentes a quienes les fueron confiscados sus documentos, las obligaron a vender sus cuerpos y las engañaron y explotaron. Esas sobrecogedoras narraciones de victimización consolidaron una representación mediática de la trata que tiene las tres características centrales que Ronald Weitzer (2014) encuentra en los discursos de las cruzadas morales:

1.

Inflación de la magnitud de un problema (por ejemplo, el número de víctimas, el daño a la sociedad) y argumentos que exceden con mucho la evidencia existente.

2.

Historias de horror, en las que los casos más terribles se describen con mórbido lujo de detalle y se presentan como si fueran típicos y prevalecientes.

3.

Convicción categórica: los integrantes de la cruzada insisten en que cierto mal existe en la medida exacta en la que ellos la describen y se niegan a reconocer cualquier escala de grises.

Este tipo de discurso no solo se aleja de los casos predominantes a nivel empírico, sino que provoca pánico moral. Creer que el comercio sexual deriva ineluctablemente en trata es un pánico moral contemporáneo que ha sido estimulado por el activismo anti-prostitución (Hunt, 2011, p. 60). El pánico social es la forma extrema de la indignación moral (Young, 2009, p. 7) y lo caracterizan dos elementos: su irracionalidad y su conservadurismo. La indignación moral produce una reacción ante lo que se vive como una amenaza a los valores o a la propia identidad; de ahí que los pánicos morales suelan transformarse después en batallas culturales, como ha ocurrido con el comercio sexual. La prensa juega un papel importante en la formación de la opinión pública, y la representación distorsionada de ese fenómeno conduce a la indignación pública y a llamados para que el Estado ejerza un mayor control social.

Con este tipo de estrategias se pretende justificar la total erradicación de cualquier forma de comercio sexual. Así, una batalla legítima e indispensable contra la trata se traduce en la represión indiscriminada contra todas las personas vinculadas con el trabajo sexual, con operativos policiacos (razzias) para “rescatar víctimas”. Desde Estados Unidos existe una política de premiación a quienes “rescaten” más víctimas que ha derivado —al menos en la Ciudad de México— en la práctica de detener a trabajadoras sexuales y presionarlas para que se “declaren” víctimas, pues si no, son consideradas “cómplices”. 15

La materia de la disputa

La cruzada abolicionista visualiza el fenómeno del comercio sexual en blanco y negro, sin reconocer sus matices y complejidades. Para empezar, persiste un hecho indiscutible: el trabajo sexual sigue siendo una actividad que eligen millones de mujeres en el mundo, básicamente por su situación económica. Incluso, aunque las migrantes experimenten condiciones laborales desagradables o de explotación en el lugar de destino (Kempadoo, 2012), algunas de ellas creen que son “preferibles a permanecer en casa, en donde las amenazas a su seguridad —en forma de violencia, de explotación o directamente de privación alimenticia— son mucho mayores” (O’Connell Davidson, 2008, p. 9). Indudablemente, muchas trabajadoras eligen “el menor de los males” dentro del duro y precario contexto en que viven. Por eso, más que un claro contraste entre trabajo libre y trabajo forzado, lo que existe es un continuum de relativa libertad y relativa coerción. Como las mujeres están ubicadas en lugares sociales distintos, con formaciones diferentes y con capitales sociales diversos, en ciertos casos el trabajo sexual puede ser una opción elegida por lo empoderante y liberador que resulta ganar dinero, mientras que en otros casos se reduce a una situación de una precaria sobrevivencia que causa culpa y vergüenza.

Al tiempo que existe el problema de la trata aberrante y criminal, con mujeres secuestradas o engañadas, también existe un comercio donde las mujeres entran y salen libremente, y donde algunas llegan a hacerse de un capital, a impulsar a otros miembros de la familia e incluso a casarse. Es decir, quienes sostienen que es un trabajo que ofrece ventajas económicas tienen razón, aunque no en todos los casos; y quienes declaran que la prostitución es violencia contra las mujeres también tienen razón, pero no en todos los casos (Bernstein, 1999, p. 117). Igual ocurre del otro lado de la industria del sexo. Los padrotes y madrotas funcionan como los empresarios: hay buenos y hay malos. Lo mismo pasa con los clientes: hay clientes malos —los violentos, los drogados— y clientes buenos, “decentes” y amables.

Al igual que en cualquier otro empleo, oficio o profesión, del trabajo sexual se extrae plusvalía. Solo que la explotación de una actividad de servicios que se encuentra al margen de la regulación laboral se da sin derechos laborales y con formas que generan exclusión y violencia. En el discurso de las abolicionistas es frecuente escuchar la expresión “explotación sexual”. ¿En qué consiste la explotación? En su Modelo Integral de Intervención contra la Trata Sexual de Mujeres y Niñas, el UNFPA (2013, p. 47) hace una importante aclaración: “la explotación de la prostitución, que se da cuando el dinero ganado mediante la prostitución llega a manos de cualquier persona que no sea la que se prostituye, es intrínsecamente abusiva y análoga a la esclavitud”. Ese no suele ser el caso de las trabajadoras sexuales, que se quedan con un porcentaje —entre el 25 y el 50%— de lo que se cobra por servicio, porcentaje que ninguna mesera, vendedora o incluso profesora recibe cuando realiza su trabajo. El término de “explotación sexual” tiene una connotación negativa que no se aplica a los demás trabajos, donde también existe explotación. Una trabajadora sexual de La Merced me dijo: “¿Explotada? Sí, cuando trabajaba ocho horas al día con salario mínimo de 70 pesos. Aquí en unas horas me hago entre 300 y 500 pesos”. Lamentablemente, los medios de comunicación saben que vende más hacer un reportaje sobre “esclavas sexuales” o “víctimas explotadas sexualmente” que hacerlo sobre “obreras o empleadas explotadas laboralmente”.

Frente al contexto de pobreza y desempleo que orilla a muchas mujeres al trabajo sexual, habría que buscar estrategias redistributivas en lo material y exigir más y mejores trabajos, en lugar de “rescatar” víctimas con operativos policiacos. El énfasis en lo laboral es precisamente lo que Martha Nussbaum (1999) alega cuando señala la necesidad de cuestionar nuestras creencias respecto de la práctica de recibir dinero por el uso del cuerpo, y la importancia de hacer una revisión de las opciones y alternativas de las mujeres pobres. Para esta filósofa, que una mujer con muchas opciones laborales elija la prostitución no nos debería preocupar. Es la ausencia de opciones para las mujeres pobres las que convierten la prostitución en la única alternativa posible, y eso es lo verdaderamente preocupante (Nussbaum, 1999, p. 278). El punto candente que plantea la prostitución es el de las oportunidades laborales de las mujeres de escasos recursos y el control que pueden tener sobre sus condiciones de empleo (Nussbaum, 1999, p. 278). A Nussbaum le preocupa que el interés de las feministas esté demasiado alejado de la realidad de las condiciones laborales, como si la sexualidad se pudiera sacar del contexto de las tácticas de las mujeres pobres para sobrevivir, y por lo tanto considera que la lucha debería promover la expansión en las posibilidades laborales a través de la educación, la capacitación en habilidades y la creación de empleos. Por eso se plantea que la legalización del trabajo sexual mejora las condiciones de aquellas mujeres que, para empezar, tienen muy pocas opciones.

Ahora bien, el sexual no es un trabajo como cualquier otro. Si evaluamos las relaciones políticas y sociales que el comercio sexual sostiene y respalda, y si examinamos los efectos que produce en las mujeres y los hombres, en las normas sociales y en el significado que imprime a las relaciones entre ambos, vemos que el comercio sexual refuerza una pauta de desigualdad sexista y contribuye a la percepción de las mujeres como objetos sexuales y como seres socialmente inferiores a los hombres. El estigma expresa esta diferencia. El mercado del sexo es lo que Deborah Satz (2010) califica de “mercado nocivo”, pero ella misma dice que aunque los mercados nocivos tienen efectos importantes en quiénes somos y en el tipo de sociedad que desarrollamos, prohibirlos no es siempre la mejor respuesta. Al contrario, si no se resuelven las circunstancias socioeconómicas que llevan al comercio sexual, prohibirlo o intentar erradicarlo hundiría o marginaría aún más a quienes se dedican a vender servicios sexuales.

A esta problemática laboral se suma el puritanismo de quienes consideran que la liberalización de las costumbres sexuales es negativa. En el escozor producido por la “prostitución”, lo que más conflictúa tiene que ver con el uso del cuerpo femenino en una actividad que subvierte la idea tradicional de lo que deberían ser las mujeres. La prostitución femenina produce reacciones adversas porque atenta contra el ideal cultural de castidad y recato de la feminidad (Leites, 1990), y la venta de servicios sexuales ofende o irrita a muchas personas que creen que “degrada” la dignidad de la mujer. El asunto de fondo es justamente la existencia de una doble moral: la sexualidad de las mujeres es valorada de manera distinta de la de los hombres.16

Precisamente porque la actividad sexual de las mujeres es un desafío a la doble moral, que considera que las transacciones sexuales de las mujeres son de un orden distinto a las transacciones sexuales de los hombres, el trabajo sexual obliga a debatir sobre dicha doble moral y el estigma que genera. En ese sentido, algo que también está en juego en la contraposición entre abolicionistas y defensoras de los derechos laborales de las trabajadoras sexuales es la definición de una conducta sexual apropiada. ¿Quién debe definir la conducta sexual de los ciudadanos? ¿El Estado, los grupos religiosos, las feministas? Ahí el tema del consentimiento cobra relevancia. Y no es nada fácil de resolver. Anne Phillips dice: “El borramiento de los límites entre la prostitución y la trata, y el deseo aparente de considerar a todas las trabajadoras sexuales como víctimas, resta importancia a la agencia de aquellas que deciden trabajar en el mercado sexual y hace de la coerción la preocupación central, incluso la única” (Phillips, 2013, p. 6). ¿Qué es consentir? ¿Qué es coerción? ¿Consienten a su explotación las obreras o son también coercionadas económicamente?

Ahora bien, si una mujer vende servicios sexuales por necesidad económica o por cualquier otra razón, ¿debe el Estado “rescatarla”? ¿Por qué el Estado no se propone “rescatar” a otras mujeres, obreras o empleadas, también forzadas a trabajar en cosas que no les gustan o que incluso son peligrosas? En el capitalismo, todas las personas que trabajan viven una presión económica tanto por cubrir su subsistencia como por acceder a cierto tipo de consumo. ¿El Estado debería garantizarles a todas las personas un piso de seguridad social y empleo para que ninguna persona trabaje coercionada, amenazada u obligada? Y si el Estado garantizara mínimos de sobrevivencia, ¿debería entonces controlar la sexualidad de la ciudadanía?

La compra-venta de servicios sexuales está vinculada con la precariedad laboral que, más que un fenómeno transitorio, es una condición estructural del capitalismo. Por ello contrasta la preocupación escandalizada ante la “explotación sexual” de cara a la indiferencia por la explotación de las obreras, las empleadas del hogar, las campesinas, las enfermeras, las taquilleras, las meseras, las de la maquila, las barrenderas y tantas otras trabajadoras que también son explotadas. Y no hay coaliciones feministas para abatir otras formas de explotación de la fuerza de trabajo femenina, ni para rescatar a víctimas de condiciones deleznables de la brutal explotación laboral. Por eso creo que en el escándalo respecto de la “explotación sexual” un elemento fundamental es la creencia en que la creciente industria del sexo comercial altera las relaciones de género y crea tentaciones sexuales extrafamiliares para los hombres, poniendo en riesgo la familia como esfera de seguridad y protección. Así, lo que empezó como una confrontación entre feministas, inserta en las “guerras en torno a la sexualidad”, ha desembocado en una preocupación social angustiada que ha alentado el pánico moral y ha derivado en la demanda de endurecer el sistema de justicia penal.

Hace rato que se viene dando una reflexión sobre cómo la excesiva intervención del sistema penal ante problemas sociales termina criminalizando a quienes más los padecen (Larrauri, 1991; Larrauri, 2007; Ferrajoli, 1999; Zaffaroni, 2000 ;  Wacquant, 2013). La criminología crítica anglosajona inició ese debate, y la feminista española Elena Larrauri, que introdujo esa discusión entre las feministas hispanohablantes, ha reflexionado críticamente sobre la excesiva intervención del sistema penal para abordar la violencia de género. Larrauri discute con el feminismo al que califica de “oficial”, pues una de sus características “es su plena confianza en el derecho penal” (Larrauri, 2007, p. 66), al que critica por su

reacción frente a las opiniones discrepantes. Parece existir la convicción de que quien duda de alguna de las medidas sugeridas para atajar la violencia doméstica, es porque no se toma suficientemente en serio el dolor de las víctimas; y así cualquier discusión pretende zanjarse apelando a la extrema gravedad del problema o al número de mujeres muertas, recurriendo con ello a la equívoca identificación de que solo quien está a favor de penas más severas defiende los intereses de las mujeres (Larrauri, 2007, p. 68).

El análisis de Larrauri es implacable sobre lo que significa reorientar los objetivos políticos del feminismo hacia fines punitivos. En nuestro continente, sería Haydée Birgin (2000), abogada feminista argentina, quien retomó dicha perspectiva y planteó que ese giro punitivo está inserto en pautas más generales de transformación cultural y política. Birgin difundió en América Latina la reflexión de la criminología crítica feminista en contra del creciente reclamo feminista por endurecer y ampliar el sistema punitivo.17 Otras prosiguieron esa perspectiva, como Patricia Laurenzo (2009) y María Luisa Maqueda (2009), y en México lo haría Lucía Núñez (2011). En Estados Unidos la lista es larga, pero destaca Elizabeth Bernstein (2014), quien señala que el discurso feminista que conceptualiza el comercio sexual como una forma de violencia hacia las mujeres ha sido funcional para el neoliberalismo y su política carcelaria. Según ella, un elemento clave de este proceso es el uso creciente del discurso de “la víctima” para designar a sujetos que en realidad son producto de la violencia estructural y de prácticas de exclusión inherentes al capitalismo neoliberal. A Bernstein le preocupa el vínculo del feminismo con la política neoliberal, pues fortalece un paradigma político conservador sobre el género y la sexualidad. Ese vínculo es justamente el que Nancy Fraser (2013) califica de una “amistad peligrosa” del movimiento feminista con el Estado neoliberal, con ideas muy lejanas a lo que alguna vez fue una visión radical del mundo.

Las especialistas en violencia doméstica y violación sexual que han rastreado el surgimiento de la postura que aboga por la política carcelaria dentro del feminismo han descrito como las campañas feministas contra la violencia sexual han sido ingredientes fundamentales para el endurecimiento de la justicia penal (Larrauri, 2007 ;  Núñez, 2011). En esas campañas es la sexualidad masculina la que se perfila como la mayor amenaza, y las instituciones patriarcales, como el Estado y la policía, se reconfiguran como aliados y salvadores de las mujeres. En el contexto actual de reproducción de la desigualdad entre mujeres y hombres, la precariedad generada por la economía política neoliberal es manejada por el Estado mediante un duro giro punitivo y una vulneración de los derechos sociales. Justo por eso la política neoliberal está provocando lo que Loïc Wacquant llama una “remasculinización del Estado” ( Wacquant, 2013, p. 410), que consiste en un fortalecimiento del esquema patriarcal, con una perspectiva hacia las mujeres como “víctimas que deben ser protegidas” y no como trabajadoras desempleadas o con salarios miserables. Mientras que la voracidad financiera neoliberal erosiona los salarios, la sindicalización y los derechos laborales, el discurso gubernamental plantea que el acceso a bienes y servicios sociales es una excepción destinada exclusivamente a sujetos y grupos que demuestren un grado de daño, es decir, víctimas. Esto ha desmovilizado a las activistas feministas en relación con los derechos laborales y, en su lugar, ha alentado la movilización de víctimas que exigen reparación por la violencia sufrida.

¿Qué pasa en México?

En México las feministas no se han confrontado en “guerras” como las Sex Wars, al menos no con la fuerza y la publicidad de otros países. Ha habido disputas internas entre distintas perspectivas, pero no han generado la multitud y variedad de publicaciones de otras partes, especialmente Estados Unidos. Creo que esto se debe principalmente a dos cuestiones. La primera es que en nuestro país la “prostitución” en sí misma no es ilegal y nuestra cultura es menos puritana que la estadounidense. 18 La segunda cuestión es que, frente a nuestro desgarrador y ominoso contexto de violencia —los feminicidios, las desapariciones forzadas, los asesinatos y las muertes por “estar en el lugar equivocado”, o sea, en la “guerra” contra el crimen organizado (Saucedo y Huacuz, 2011)—, la “prostitución” no ha tenido tanta importancia. Incluso quienes estudian la violencia contra las mujeres en “múltiples ámbitos” (Agoff, Casique y Castro, 2013) o la analizan con amplitud teórica (Martínez de la Escalera, 2013) no incluyen la “prostitución” en sus reflexiones, lo cual me parece acertado.

En nuestro país, la mayoría de las feministas han encauzado sus energías políticas e intelectuales a investigar, denunciar y tratar de comprender esa forma brutal de violencia hacia las mujeres que es el feminicidio (Gutiérrez, 2004; Monárrez, 2007; Monárrez, 2009; Monárrez, 2011; Belausteguigoitia y Melgar, 2007; Melgar, 2011; Huacuz, 2011 ;  Saucedo y Huacuz, 2011). La violencia hacia las mujeres, cuya denuncia y combate se ha convertido desde hace años en la gran reivindicación de la mayoría de las feministas mexicanas, se ha centrado, además de los feminicidos, en otras expresiones de violencia (doméstica e institucional) (Torres Falcón, 2001; Saucedo, 2002; Castro y Casique, 2008 ;  Ramos, 2011) y, más recientemente, en la trata (Torres Falcón, 2010 ;  Saucedo, 2011). Esta lucha ha tenido gran visibilidad y ha contado con un fuerte apoyo de todas las posiciones políticas, incluido el gobierno y las Iglesias; ninguna de las otras causas feministas ha logrado más leyes, recursos y propaganda mediática. Algunas feministas críticas han señalado que tal interés institucional es más bien una puesta en escena que una realidad, pues las mujeres asesinadas siguen apareciendo (Saucedo y Huacuz, 2011; Huacuz, 2011 ;  Melgar, 2011).

Esto explica que en México sea escasa la publicación de libros y artículos en torno a la disputa por la “prostitución”. Existen, sin duda, espléndidas investigaciones históricas sobre la “prostitución”19 y muy serias investigaciones sobre distintos aspectos del comercio sexual,20 además de los trabajos clásicos sobre el tema: las tesis universitarias de distintas disciplinas que abordan aspectos específicos del comercio sexual. Sin embargo, en nuestro país casi no hay reflexiones políticas y teóricas que den cuenta de la disputa entre abolicionistas y defensoras de los derechos de las trabajadoras sexuales.21

La visibilidad abolicionista en la disputa la tiene Lydia Cacho, la feminista más importante de México en la lucha contra la trata, con una trayectoria personal de gran compromiso y riesgo personal. Preocupada por la violencia hacia las mujeres, fundó el Centro Integral de Atención a las Mujeres en Cancún, y su trabajo la llevó a registrar y denunciar el abuso sexual a niñas y adolescentes,22 lo cual le ocasionó una brutal persecución —que puso, y hasta la fecha sigue poniendo, en peligro su vida— tanto por parte de los delincuentes como de los políticos que los protegen. Lydia Cacho es un caso excepcional en la defensa de los más vulnerables, y en su libro Esclavas del poder. Un viaje al corazón de la trata sexual de mujeres y niñas en el mundo ( Cacho, 2010) lleva a cabo un alegato en contra de la trata abusiva y criminal en varias partes del mundo, México incluido. Pese a su valentía e integridad personal, su trabajo periodístico mezcla conceptualmente prostitución y trata, además de que carece de ciertos soportes de rigor académico, como el de citar sus fuentes o poner bibliografía. Esta mezcla hace que su trabajo resulte sesgado y, en ocasiones, panfletario. No obstante, su arrojo le ha ganado admiración como heroína en la lucha contra la trata.

Una figura emblemática en la lucha contra la violencia hacia las mujeres en México es Marcela Lagarde. Ya desde su tesis doctoral de antropología (Lagarde, 1990), en la que construye el concepto de “cautiverio” como “la expresión político-cultural de la condición subalterna de la mujer”, Lagarde habla de la prostitución de dos maneras distintas. Una, en la que coincido con ella, cuando usa el concepto de “puta” como una categoría de la cultura política patriarcal que sataniza el erotismo de las mujeres, y plantea: “Puta es un concepto genérico que designa a las mujeres definidas por el erotismo, en una cultura que lo ha construido como tabú para ellas” (Lagarde, 1990, p. 543). Pero en la otra, de la cual discrepo, la vincula con la violencia y asume una perspectiva abolicionista: “La prostitución presenta afinidad con otro tipo de relación entre el hombre y la mujer. Se trata de la violación” (Lagarde, 1990, p. 555). Por eso Lagarde considera que:

La violación y la prostitución tienen en común el placer implícito del hombre (violador o cliente), la relación de dominación absoluta, la no-continuidad de la relación social o afectiva, después de la relación erótica […]. La cosificación de las mujeres por ambas relaciones sintetiza y aclara el carácter patriarcal de las relaciones y de la trama social basada en la existencia de una ley de propiedad genérica: la propiedad de todas las mujeres por todos los hombres (Lagarde, 1990, p. 555).

El trabajo fundamental de Lagarde se ha centrado en los feminicidios, sin ampliar su activismo al campo del comercio sexual. Sin embargo, en ocasiones ha hecho comentarios respecto de la trata, con una postura cercana al abolicionismo.23

En nuestro país la disputa feminista en relación con el comercio sexual cobró visibilidad en 2014, luego de que una jueza federal ordenó a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno del Distrito Federal (GDF) otorgar a las personas que trabajan en el comercio sexual callejero la licencia de “trabajadores no asalariados”.24 Esta resolución judicial25 fue la culminación de una larga lucha de un grupo de trabajadoras/es sexuales que tuvo que recurrir a un juicio de amparo, pues con anterioridad el GDF se había negado a otorgarles dicho reconocimiento laboral. La primera entrega de las licencias se realizó el 10 de marzo de 2014 en las instalaciones de la Secretaría, y cuando la prensa la dio a conocer, la sección latinoamericana de la Coalition Against Trafficking in Women (CATWLAC) desató en twitter una campaña en contra de la entonces secretaria, Patricia Mercado (véase Lamas, 2014). Esa reacción de la CATWLAC y otras feministas abolicionistas, que atacan e intentan denigrar cualquier iniciativa que tienda hacia la regulación (como es el otorgamiento de las licencias), me impulsaron a entrar en la disputa pública.

En el número de septiembre de la revista Nexos publiqué un artículo titulado “¿Prostitución, trata o trabajo?” ( Lamas, 2014) que causó comentarios a favor y en contra. Intrigada por el desacuerdo de algunas compañeras feministas, convoqué y coordiné una mesa de discusión interna: “Perspectivas críticas sobre el tráfico de mujeres: un diálogo entre académicas feministas”.26 Ahí Ana Amuchástegui27 me invitaría a colaborar en un panel internacional en el cual varios académicos expondrían sus resultados de investigaciones empíricas sobre los efectos negativos en la situación de las trabajadoras sexuales del llamado “combate contra la trata con fines de explotación sexual”. Al Foro “Sexo, poder y dinero: perspectivas críticas sobre la trata de mujeres”,28 que se llevó a cabo el 18 de marzo del 2015, asistieron jóvenes investigadoras, y a partir de ahí, y también por iniciativa de Amuchástegui, se conformó en 2016 un grupo de trabajo desde una perspectiva no abolicionista, titulado “Placer y peligro: política neoliberal, sexualidad y género”.29

Pero lo que verdaderamente cimbró a nivel mundial la disputa entre feministas fue la declaración que en agosto de 2015 hizo Amnistía Internacional (AI) sobre la necesidad de despenalizar el comercio sexual para defender los derechos humanos de las y los trabajadores sexuales (Amnesty International, 2015). Dicha declaración cayó como una bomba entre los grupos abolicionistas. El escándalo fue mayúsculo y feroz en Estados Unidos, donde muchas actrices de Hollywood usaron sus espacios mediáticos para protestar contra AI, con declaraciones donde afirmaban que la despenalización conduce siempre a la trata y que el comercio sexual siempre es violencia hacia las mujeres. AI enfatizó que condena enérgicamente todas las formas de trata de personas, incluida la trata con fines de explotación sexual, que constituye una violación inadmisible a los derechos humanos y debe ser penalizada. También explicó que la despenalización del trabajo sexual no significa eliminar las sanciones penales para la trata de personas, e insistió en que no hay estudios ni indicios serios que sugieran que la despenalización da lugar a un aumento de la trata.30 AI señaló que defiende todos los aspectos del sexo consentido entre adultos que no incluyan coerción, explotación o abuso, al tiempo que declaró que hay que proporcionar una mayor protección a los derechos humanos de las/os trabajadoras/es sexuales, pues el estigma del trabajo sexual contribuye a la discriminación y marginación de quienes se dedican a él. En el convencimiento de que criminalizar expone a los y las trabajadores sexuales a mayores riesgos para su vida, AI declaró que el derecho penal no es la respuesta.

A guisa de conclusión

El avance cada vez mayor de una conciencia sobre los derechos humanos de las personas que realizan trabajo sexual se contrapone al pánico social alentado por el abolicionismo, mismo que ha llevado a un endurecimiento de las acciones punitivas. En México es indispensable una regulación del comercio sexual que preserve la independencia y la seguridad de las personas que se dedican al trabajo sexual, y que les otorgue los mismos derechos laborales que a las demás trabajadoras. Esto requiere que se acepten legalmente formas grupales de organización del trabajo (pequeñas empresas o cooperativas) donde la organización de varias personas para hacer negocio no se interprete como lenocinio.31 El reclamo de las trabajadoras independientes y la resolución de la jueza García Villegas obligan a que el sistema judicial realice un minucioso análisis de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, pues esta ley es utilizada para impedir el pleno reconocimiento del trabajo sexual, entendido como actividad sexual remunerada, voluntaria y entre adultos. Quienes administran justicia no distinguen entre trabajo sexual, lenocinio, explotación sexual y trata, y muchos funcionarios han asumido la perspectiva abolicionista, que supone que la prostitución necesariamente constituye una expresión de violencia sexual extrema. Además, amparándose en esa Ley los operativos que dicen “rescatar” víctimas fincan el delito de trata, aunque no se den los tres elementos de captación, traslado y amenaza/uso de fuerza.

Hoy, las feministas en México van a tener que definir su postura ante un fenómeno que despunta con fuerza: la reivindicación pública de trabajadoras sexuales que plantean su libertad de establecer contratos laborales en el marco de la defensa de sus derechos. Las compañeras que lograron las licencias son excepcionales en el uso político que le dan a una situación que se considera “vergonzosa”. Estas trabajadoras sexuales feministas y politizadas, que reivindican su derecho a “elegir”, se desmarcan de los dos estereotipos culturales —el de la pecadora y el de la víctima— e inauguran una manera distinta de asumirse públicamente. Esto pone a las feministas en una disyuntiva: o bien apoyar la posición que exige la libertad en el uso del propio cuerpo, o bien secundar la que condena utilizar la sexualidad como mercancía. Este dilema está entretejido en una madeja conceptual cuyos elementos hay que desenredar, y creo que es posible hacerlo usando los argumentos de Nussbaum y Satz.

A mí lo que más me intriga en esta disputa es por qué el fantasma de la violencia sexual sigue siendo un vehículo cultural de tal eficacia.32 El abolicionismo se alimenta del espectro de la violencia sexualizada, y vale la pena explorar el abuso que las feministas están haciendo de la figura de la víctima, así como la asociación entre la violación y la prostitución, que persiste en el imaginario feminista.33 Este “pánico moral” impide ver las variedades de situaciones en las que se encuentran las trabajadoras sexuales, con distintos niveles de decisión personal y de ganancia respecto al trabajo sexual, y dificulta la elaboración de políticas públicas que partan de la defensa de sus derechos laborales.

Además, la disputa en torno a la “prostitución” favorece la fragmentación política del feminismo. Un problema social como la precariedad laboral forzada por la economía política neoliberal ya de por sí divide a los distintos grupos como para que, además, la disputa confronte a las activistas que podrían estar luchando unidas. Es obvio que el problema no son las distintas tendencias del feminismo, sino que quienes luchan por rescatar a las víctimas y castigar a los hombres prostituyentes estén colaborando con el ascenso de las políticas de “mano dura” del proyecto económico del capitalismo neoliberal, que avanza despiadadamente, con el giro punitivo y carcelario del que he hablado, hacia la erosión de las libertades individuales y los derechos laborales. Si bien la lucha política del movimiento feminista contra la violencia hacia las mujeres tiene otro objetivo, está atrapada en el paradigma de la gobernanza neoliberal: castigar a los pobres ( Wacquant, 2013). Esto es evidente en la forma en que las abolicionistas insisten en acabar con el sustento de las trabajadoras sexuales pobres, sin ofrecerles una alternativa económica equiparable. Y por eso la disputa feminista en torno a la “prostitución” parece ser la punta de un iceberg cuya parte menos visible es nada menos que la disputa por el modelo de sociedad a la cual se aspira y por la cual se lucha. Eso hace que la disputa sea tan irreconciliable y amarga.

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  • o El discurso feminista y el poder punitivo
  • o Birgin (Ed.), Las trampas del poder punitivo, Biblos, Buenos Aires (2000)

La revisión por pares es responsabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México.

1

No me gusta hablar de prostitución porque es un término que únicamente alude de manera denigratoria a quien vende servicios sexuales, mientras que comercio sexual da cuenta del proceso de compra-venta, que incluye también al cliente. Por eso en estas páginas pongo el término entre comillas.

2

El pequeño libro (Millet, 1973) consta de una reflexión y 4 entrevistas a “prostitutas”.

3

La traducción es mía.

4

Carol Vance (1984) publicó una antología con una selección de los textos presentados en dicha conferencia.

5

Una relación de los grupos europeos se encuentra en Pheterson (1989).

6

En Uruguay en 1985 se crea la Asociación de Meretrices Profesionales del Uruguay (AMEPU) y logra su reconocimiento jurídico en 1988. En 1987, en Brasil, Gabriela Leite funda la Asociación Nacional de Prostitutas, con sede en Río de Janeiro, y lleva a cabo la Primera Conferencia de Prostitutas; en octubre de ese mismo 1987, en San José Costa Rica se establece la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex) donde hoy participan organizaciones de trabajadoras sexuales de 15 países. A lo largo de la década de 1990 surgirán más grupos organizados, como la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) en 1994; en República Dominicana, el Movimiento de Mujeres Unidas (MODEMU) nació en noviembre de 1997; en México, la Organización Mujer Libertad de Querétaro, en 1997, y en 1998 mujeres de 18 estados de la república fundan la Red Mexicana de Trabajo Sexual; en Chile la fundación Margen aparece en 1998.

7

Los nueve puntos que planteaba eran: 1: autonomía financiera; 2: elección ocupacional; 3: alianza entre mujeres; 4: autodeterminación sexual; 5: desarrollo infantil sano; 6: integridad; 7: pornografía; 8: migración y tráfico, y 9: un movimiento para todas las mujeres. Además, se pronunciaba contra la prostitución de menores (Pheterson, 1989).

8

Autora de Female Sexual Slavery (1979) ( Barry, 1987), libro que luego se amplió y se convirtió en The Prostitution of Sexuality. Global Exploitation of Women ( Barry, 1995).

9

Analizar y debatir a MacKinnon requeriría un ensayo por sí solo. Aquí solamente registro su decisiva influencia en la disputa feminista.

10

En un simposio del Michigan Journal of Gender and Law sobre “Prostitution: From Academia to Activism” con una ponencia sobre la prostitución y los derechos civiles que sería publicada al año siguiente en esa misma revista ( MacKinnon, 1993).

11

En 2003, Bush decreta un plan emergente contra el sida que dispone de 15 billones de dólares, cuyo objetivo incluye la “erradicación de la prostitución” al considerarla “propagadora” del VIH. Así prohíbe que se otorgue dinero a los grupos organizados que trabajan con “prostitutas”. Para recibir financiamiento las organizaciones debían firmar un Anti-Prostitution Pledge ( Weitzer, 2007).

12

La evidencia indica que el fenómeno de migración para dedicarse al trabajo sexual es diverso y complejo. Hay varias trayectorias migratorias y distintas experiencias de trabajo que pueden implicar mucha coerción o explotación, o buena información e intencionalidad consciente de parte de la migrante ( Kempadoo, 2012 ;  Chang, 2013).

13

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, llamada Convención de Palermo, tiene tres protocolos: uno para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños; otro sobre el contrabando de migrantes, y el tercero contra la fabricación y el tráfico ilegal de armas. La definición en el Protocolo de trata implica tres cuestiones: 1) conductas (captación, transporte, traslado, acogida o recepción de la persona); 2) medios (amenaza, uso de la fuerza, engaño), y 3) fines (explotación) (ONU, 2000).

14

Según Ronald Weitzer, un investigador especializado, los abolicionistas afirman que hay cientos de miles —si no es que millones— de víctimas en todo el mundo, y que este problema ha alcanzado niveles epidémicos, afirmaciones que han sido reproducidas —sin corroborar— por funcionarios gubernamentales de Estados Unidos y otras naciones. Luego de recopilar investigaciones con cifras de distintas fuentes oficiales sobre las víctimas de trata, de analizarlas minuciosamente y compararlas con cifras sobre víctimas registradas, Weitzer declara que existe una total discrepancia entre ambas. Por ello afirma que las cifras que denuncian la magnitud del problema no son confiables en lo más mínimo y que las alarmistas declaraciones de que la magnitud del problema es inmensa y va en aumento no tienen sustento empírico alguno. Incluso los estimados generales son dudosos, dada la naturaleza ilegal y clandestina del comercio sexual; existen además otros focos rojos: las cifras oficiales han fluctuado bastante en un corto periodo y relativamente pocas víctimas de trata han sido localizadas ( Weitzer, 2005; Weitzer, 2007; Weitzer, 2012 ;  Weitzer, 2014).

15

Varios testimonios de trabajadoras sexuales en la Ciudad de México describen los “operativos de rescate” que llegan a los antros y cabarets, durante los cuales les dicen a las mujeres: “Todas las víctimas pónganse aquí” y a la trabajadora que responde “Yo no soy víctima” se le contesta: “Entonces eres cómplice”. Ante tal acusación, muchas aceptan declararse “víctimas”.

16

Esto lleva a interrogarse con rigor sobre las circunstancias en que las mujeres acceden a una relación sexual. ¿Qué tan diferentes son entre sí las mujeres que se venden abiertamente de quienes acceden a distintas formas de intercambio de servicios sexuales por seguridad, por una posición, por regalos o promociones laborales? Además, aunque la llamada “prostitución” es la actividad exclusiva de un grupo determinado de mujeres, no hay que olvidar que también es una actividad complementaria de un grupo muy amplio de amas de casa, estudiantes y trabajadoras que se “ayudan” económicamente o colaboran con el ingreso familiar de esa manera.

17

Birgin publicó más tarde varias compilaciones de ensayos jurídicos, en especial una sobre las trampas del poder punitivo de la ley (véase Birgin, 2000).

18

En Estados Unidos el comercio sexual es ilegal, tanto para quien vende como para quien compra. Solamente en Nevada es legal desde 1971. Ahí los burdeles cumplen con estrictas medidas de seguridad (botones de alarma, supervisión continua con micrófonos ocultos), lo que los convierte en lugares muy seguros para trabajar (Dewey y Kelly, 2011).

19

Como las de Ana María Atondo (1992), Fernanda Núñez (1996) y, más recientemente, Pamela Fuentes (2015).

20

Como la de Elena Azaola (2003) sobre prostitución infantil y la de Gustavo Fondevila (2009) sobre la moral pública en las decisiones judiciales respecto a la prostitución.

21

Una excepción es el libro coordinado por Angélica Bautista y Elsa Conde sobre el trabajo sexual en La Merced, con reflexiones de ellas y de otros autores sobre los derechos humanos y la desigualdad de género (Bautista y Conde, 2006). Otro, más centrado en la denuncia que en el análisis, es el de Andrea Reyes Parra, que ofrece una interpretación sobre lo ocurrido en el Centro de Atención Interdisciplinaria y Servicios (CAIS) de la CDHDF (Reyes, 2007).

22

Su libro Los demonios del Edén es un desgarrador relato sobre el abuso de niños/as y adolescentes y la forma en que el poder político protege a los pederastas abusadores (véase Cacho, 2005).

23

Por ejemplo, en el IV Congreso Latinoamericano de Antropología (octubre de 2015) hubo una mesa redonda en torno a los “Aportes de la antropología feminista al análisis de la trata de personas y la violencia de género”, donde Lagarde reiteró la idea de la creciente violencia hacia las mujeres víctimas.

24

El Reglamento para los Trabajadores No Asalariados del Distrito Federal existe desde 1972, y con él se registra a personas que laboran en la vía pública sin una relación patronal ni un salario fijo, como los lustrabotas, los cuidacoches, los músicos callejeros, los vendedores de billetes de lotería y 10 oficios más.

25

Correspondió a la jueza Paula María García Villegas Sánchez Cordero, del Décimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, quien concedió el amparo el 31 de enero de 2014. (Véase Madrid, Montejo e Icela, 2014.)

26

Se llevó a cabo en el programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM el 1 de diciembre de 2014.

27

Amuchástegui (Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco) es integrante del Neoliberalism and Sexualities Working Group (NSWG), coordinado por las doctoras Elizabeth Bernstein y Janet Jacobson, del Center for Research on Women del Barnard College; entre sus integrantes se encuentran Sealing Cheng (University of Hong Kong), Mark Padilla (Florida International University), Mario Pecheny (Universidad de Buenos Aires) y Kerwin Kaye (Wesleyan College).

28

Auditorio Mario de la Cueva de la Torre II de Humanidades de la UNAM, convocado por el Barnard Center for Research on Women, la UAM-Xochimilaco, la Cátedra Extraoridinaria sobre Trata de Personas de la UNAM y el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM.

29

Las integrantes son Luz del Carmen Jiménez Portillo, Jessica Gutiérrez, Melisa Cabrapan, Lucía Núñez, Nancy Lombardini, Azucena Ojeda, Ana Amuchástegui y yo. El nombre “Placer y peligro” retoma el título de la famosa Conferencia de Barnard (1982), que marcó un giro en las “guerras en torno a la sexualidad”.

30

Esta declaración la hizo AI luego de realizar una sólida investigación y consulta con una diversidad de organizaciones y personas, desde la Organización Mundial de la Salud, ONUSIDA, ONU Mujeres, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Anti-Slavery International y Human Rights Watch, Open Society Institution (OSI), la Alianza Global contra la Trata de Mujeres, hasta la recopilación de testimonios de más de 200 trabajadores/as y ex trabajadoras/es sexuales, policías y funcionarios de gobierno en Argentina, Hong Kong, Noruega y Papúa Nueva Guinea. Además, las oficinas nacionales de AI en todo el mundo contribuyeron realizando consultas locales con grupos de trabajadoras/es sexuales, grupos que representan a supervivientes de trata, organizaciones abolicionistas, feministas y otros representantes de los derechos de las mujeres, activistas LGBTI, organismos contra la trata de personas, activistas que trabajan sobre el VIH/sida y muchos más.

31

Si tres o cuatro amigas decidieran trabajar juntas, a quien rente el departamento se le podría acusar de lenona. Igual ocurre con los familiares (madres, hermanos, hijos) que acompañan a las mujeres que trabajan. Las denuncias por lenocinio no tocan las altas esferas de la “prostitución”, y para lo único que sirven es para controlar a las trabajadoras sexuales, que necesitan trabajar acompañadas de amistades o parientes. Es necesario que se acepten otras formas de organización del trabajo sexual, para que el delito de lenocinio no se pueda aplicar contra las personas que acompañan a las trabajadoras.

32

Utilizo el término fantasma en su sentido psicoanalítico, como fantasía, representación, guión escénico imaginario, ensoñación que pone en escena de manera más o menos disfrazada un deseo (Chemama, 1998, p. 157).

33

Es significativo que, desde las primeras reflexiones feministas, se vinculó la prostitución con la violación. (Véase Brownmiller, 1972.)

© 2016 Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Biología.

 

Derivas sociológicas y de las ciencias sociales sobre la prostitución

 

 

Santiago Morcillo*

 

Octubre – Diciembre 2016

 

http://produccioncientificaluz.org/index.php/espacio/article/view/22004/21731

 

Derivas sociológicas y de las ciencias sociales sobre la prostitución.

 

Santiago Morcillo*

 

Resumen

En el marco de la relación múltiple y cambiante que la Sociología ha entablado con la prostitución, este artículo busca repasar apenas algunas de las líneas más significativas en la producción de las ciencias sociales sobre el sexo comercial para comprender las claves de lectura actuales. En primer lugar se abordan algunos hitos en la construcción sociológica de la prostitución como objeto de estudio. Luego se considera el influjo del debate feminista en sus distintas posiciones y también de los movimientos de prostitutas o trabajadoras sexuales. Por último se mencionan algunos temas que se han intersectado con la prostitución y el mercado sexual para finalmente dejar planteadas las vicisitudes y necesidades de esta área.

 

Palabras clave: Prostitución; Sociología; Feminismo; Trabajadoras Sexuales

 

La Sociología y la prostitución han construido una relación compleja y que ha sufrido varias transformaciones. Dar cuenta exhaustivamente de los abordajes sociológicos de la prostitución, incluso restringiéndonos a las últimas décadas, implicaría un trabajo que excede con mucho los límites de este escrito de pretensiones más humildes. Aquí busco repasar apenas algunas de las líneas que me parecen significativas en la producción de las ciencias sociales sobre el sexo comercial a fin de comprender mejor cuáles son las claves de lectura actuales.

 

La prostitución llega a constituirse como objeto de análisis para las ciencias sociales y la sociología durante del siglo XIX y en diálogo con otros campos discursivos: la medicina –y en particular el higienismo-, la filosofía y la ética, y el derecho han sido claves en este sentido. A pesar del latiguillo de “profesión más antigua” resulta problemático construir una línea de continuidad entre la prostitución moderna y otras formas de intercambios sexo económicos en la antigüedad. Varios estudios modernos acerca de la prostitución en la antigüedad se apoyan en la noción de una “prostitución sagrada”. Más allá de su existencia empírica1, en la mayoría de los casos la imagen de la prostitución sagrada -la poderosa sacerdotisa o diosa prostituta- sirve para marcar un contraste con la figura de la prostituta

luego del cristianismo -la lujuriosa descarriada o la victimizada Magdalena arrepentida-. Este es el caso de Bataille (1997), que planteó la oposición entre la prostitución religiosa y la prostitución moderna a la que denomina la “baja prostitución”. Esta surge de la miseria, y el valor simbólico atribuido a estas prostitutas será únicamente el de la exclusión.

 

Como otros tantos objetos sociológicos, la construcción sociológica de la prostitución moderna vendrá marcada por el abordaje primigenio de la medicina higienista. Desde mediados del siglo XIX, el desarrollo urbano tuvo aparejado el crecimiento del burdel al cual los médicos higienistas buscaron transformar en “casa de tolerancia”. En este marco emerge en 1836 el estudio “De la prostitución en la ciudad de París desde el punto de vista de la higiene pública, la moral y la administración” de Alexandre Parent Duchâtelet, señalado como uno de los fundadores de la investigación en temáticas sexuales desde las ciencias sociales y del comportamiento (Bullough y Bullough, 1996). Más allá de sus sesgos, lo que cristaliza por primera vez con el estudio de Parent Duchâtelet, es la construcción de las prostitutas como una “población”, en sentido foucaultiano: se enfoca hacia la extensión de la prostitución, se necesita medirla, conocer sus rasgos como grupo. Como veremos, esta caracterización epidemiológica de las prostitutas resonará cuando irrumpa la epidemia de VIH/sida (Morcillo, 2015).

 

A su vez, en este momento histórico emerge “la prostituta” como personaje del elenco de anormales y perversos que produce el “dispositivo de sexualidad”2 (Foucault, 2002). Al situar al sexo como clave para descifrar la identidad subjetiva, el dispositivo de sexualidad genera personajes perversos, esencializando prácticas “desviadas” y postulándolas como emergentes, puntas de un iceberg que esconde un complejo sistema subjetivo pervertido. La constitución de la figura de “la prostituta” surge como uno de los efectos de este dispositivo, sumado a leyes específicas que aislaron y segregaron a las prostitutas del resto de la clase trabajadora (Guy, 1994; Walkowitz, 1980).

 

Esto permitirá entender la orientación de la sociología de la desviación en sus exploraciones sobre la prostitución. Este enfoque –que tuvo importancia en la sociología hasta la década de 1990- se mueve desde la pregunta por “¿quiénes son las prostitutas?” hasta cuáles los motivos y las formas de entrada en la prostitución (ver por ejemplo Davis, 1937). Varias investigaciones han tomado a las prostitutas como objeto para estudiar conductas desviadas (sexuales o de consumo de drogas, de propagación de enfermedades venéreas o delincuencia juvenil) sin cuestionar la construcción ideológica de “la prostituta” ni pensar en paralelo en otras formas de intercambios sexo-económicos (ver en Pheterson, 2000; Tabet, 2004)3.

 

Sin embargo, desde la sociología de la desviación también nacerá una línea que habilita a repensar el papel de la categoría “prostituta”. Acá tienen un papel importante tanto el desarrollo de la teoría del etiquetaje de Howard Becker como los desarrollos de Erving Goffman sobre el estigma. Ambos abordajes han permitido reconstruir la posición de la prostituta en una trama de relaciones sociales, dejando de lado el peso puesto a las características personales y psicológicas. En esta línea de trabajo se han desarrollado, desde mediados de los 80’ y hasta la actualidad, distintos estudios que describirán el manejo de la identidad y permiten elaborar una crítica de la estigmatización que sufren las prostitutas a partir del análisis de sus vidas cotidianas (por citar sólo algunos: Fonseca, 1996; Gaspar, 1985; Kong, 2006; Morcillo, 2011, 2014a; Pasini, 2000; Piscitelli, 2006; Sanders, 2005). En esta línea de trabajo, la socióloga Gail Petherson (2000) ha planteado un concepto clave para comprender cómo funciona la prostitución: el “estigma de puta”, que no solo controla y disciplina la sexualidad de las que venden servicios sexuales sino de todas las mujeres. Este enfoque ha permitido desarrollar todo un abordaje de la prostitución que comprende en clave crítica las relaciones de género que la atraviesan, sin por ello poner a las prostitutas en un lugar de meras víctimas sin capacidad de agencia. Pero para esta transformación, además de los desarrollos en la sociología de la desviación, serán también clave los movimientos de prostitutas (Pheterson, 1989). Nacidos a fines de los 70’, es el diálogo con estos movimientos el que permite a la sociología feminista percibir con agudeza el peso de la estigmatización entre quienes se dedican al sexo comercial. Sin embargo las posiciones del feminismo están divididas respecto a la prostitución y otras voces se han contrapuesto a esta posición.

 

Las guerras del sexo y la polarización del debate feminista.

 

Un punto ineludible para comprender el desarrollo la sociología en torno al mercado sexual en las últimas décadas son las transformaciones en el debate feminista sobre la prostitución. La prostitución ya era un tema importante desde el feminismo de la primera ola. Estas feministas hacían énfasis en dos elementos: las condiciones socio-económicas de las mujeres y una crítica del matrimonio. Según Barbara Sullivan (1995) el feminismo de la primera ola comprendía a la prostitución dentro de un continuo de intercambios sexuales-económicos que marcaban las posiciones de las mujeres. Sin embargo, las perspectivas comenzaron a trasformarse tempranamente en el marco de ligazón del movimiento feminista abolicionista de la prostitución con los movimientos religiosos de “pureza social” y su vuelco hacia la cuestión de la “trata de blancas” a fines del siglo XIX4. Más adelante, esta misma temática reflotaría a fines del siglo XX, denominada ahora como “trata de personas”5 y acicateada por los fenómenos económicos trasnacionales asociados a la globalización y trasformaciones geopolíticas (retomaré este punto más adelante).

 

A esta circunstancia se sumó también desde mediados de los 80’ el debate feminista sobre la sexualidad, que en el marco del feminismo euro-anglosajón se conoce como las guerras del sexo (sex wars). Aquí surge la oposición entre las concepciones del feminismo radical, que conceptualiza al sexo en un contexto patriarcal como un peligro, y del feminismo libertario o pro-sexo, que lo enfocará como una posibilidad de placer. De un lado, se plantea que negociar el placer sexual no conlleva a ninguna forma de libertad, ni es el placer un tema central de la sexualidad femenina; la cuestión es la dominación y la forma de detenerla (Dworkin, 1987, 1993; MacKinnon, 1987). Del otro, se sostiene que la cuestión clave de la sexualidad son los aspectos potencialmente liberadores del intercambio de placer entre individuos que consienten (ver Ferguson, 1984: 53). En estas discusiones las prostitutas ocuparon tanto el lugar de esclavas sexuales como de paradigma de la subversión sexual (Chapkis, 1997).

 

En el feminismo radical la homogeneización sobre las diversas experiencias de las mujeres en el sexo comercial puede comprenderse a partir del tono esencialista que mantiene la concepción de sexualidad. Más allá de la crítica en clave de género, las diferencias en términos de clase, de raza, de nacionalidades, de edades y de mercados sexuales son despreciadas desde este enfoque. A ello debe sumarse los señalamientos en cuanto a la escasa rigurosidad metodológica de sus investigaciones (Weitzer, 2005a).

 

Aunque el feminismo radical es la línea teórica más desarrollada dentro de las posiciones abolicionistas de la prostitución, también podemos encontrar otros enfoques que se reconocen como feministas y desarrollan una comprensión contextualizada de la comercialización del sexo, desarticulando el esencialismo de las feministas radicales. Desde estas posiciones se toma en cuenta el papel del género –pero no como una estructura de dominación dicotómica e inamovible— sin desatender el rol que juegan la clase y la raza. Si bien no abundan estudios desde estas perspectivas se puede mencionar, por ejemplo, a Julia O’Connell Davidson (2002) quien objeta tanto las miradas abolicionistas como las pro-trabajo sexual; cuestiona la concepción reificada del poder, que para unas aparece en manos de los clientes y/o proxenetas, y para otras se halla concentrado en el Estado y en la legislación que criminaliza a la prostitución.

 

La otra posición del debate feminista sostiene la noción de “trabajo sexual” como forma de conceptualizar a la prostitución. Aquí ocupan un lugar importante las feministas que en el contexto de las sex wars se han denominado “pro-sexo”. Si bien algunas feministas pro-sexo, simplemente perciben a la prostituta en un sentido diametralmente opuesto al del

feminismo radical -como un agente de subversión del orden sexual-6; la mayoría elaboran sus concepciones sobre sexualidad teniendo en cuenta un contexto cultural de dominación masculina: “el sexo se entiende como construido por esta cultura, sin ser completamente determinado por ella” (Chapkis, 1997: 23). Lo que caracteriza a esta perspectiva es la noción de que el sexo es un terreno de lucha y no un campo de posiciones fijas de género y de poder.

 

Muchas lecturas de los planteos de las feministas pro-sexo se ven perjudicadas por el juego político de polarización. En este sentido, Adriana Piscitelli sostiene la necesidad de correrse de las posiciones que tienden a la simplificación de la problemática. En Gênero no mercado do sexo –un artículo clave que sintetiza este punto de vista— Piscitelli aclara que los problemas ocurren cuando se interpreta la sexualidad como mera corporificación del género –tal como se puede leer la perspectiva de MacKinnon— o como parte de posiciones o identidades de género fijas; pero también cuando en una perspectiva de identidades fluidas se dificulta el acceso a los scripts que están siendo performados en un contexto (Piscitelli, 2005: 20).

 

Un punto ineludible para comprender el desarrollo de este debate es el surgimiento de los movimientos de prostitutas. Ya desde mediados de los 70’, algunas prostitutas habían comenzado a pelear por sus derechos por primera vez públicamente y conformando alianzas junto a otros actores. A partir de la década siguiente florecerán en todo el mundo diversas organizaciones de prostitutas (Gall, 2007; Pheterson, 1989; West, 2000). Según la activista y prostituta Carol Leigh (1997)7, la expresión “trabajo sexual” (sex work) y luego “trabajadora sexual” fueron acuñadas por ella en 1980 debido a los problemas que les causaba a las mujeres presentarse como “prostitutas” en los contextos feministas. La concepción de la prostitución como un trabajo se halla ligada desde su surgimiento a dos problemas centrales: la estigmatización y las divisiones entre mujeres.

 

En este contexto emergen nuevas formas de pensar y denominar a la prostitución, concebida ahora como “trabajo sexual”, y da el marco para que algunas feministas y académicas/os comiencen a investigar y pensar esta problemática con estudios que se visibilizarán a lo largo de la década del 90’ (Piscitelli, 2006). Como vimos antes, a partir de las colaboraciones con los movimientos de prostitutas Gail Pheterson (2000) logra desarrollar la mencionada noción de “estigma de puta” como un elemento constitutivo sin el cual no puede comprenderse a la prostitución. Para Pheterson, lo que se sanciona específicamente con el estigma de puta es el pedido explícito de dinero, pero además

se condena cualquier gesto de autonomía femenina8. Dolores Juliano (2002, 2003) ha retomado esta idea al concebir a la estigmatización de las putas como modelo de control sobre la sexualidad femenina, que refuerza la división entre mujeres puras y putas aislando a las prostitutas en un submundo. Por ello, para estas autoras, como para toda la posición pro-trabajo sexual, es clave la alianza entre putas y no putas como forma de poner en cuestión la división patriarcal entre mujeres “buenas” y “malas”. Kamala Kempadoo también ha sugerido otras alianzas posibles a partir de la redefinición de la prostitución como trabajo sexual pues se vincula con:

 

Las luchas por el reconocimiento del trabajo de la mujer, por los derechos humanos básicos y por condiciones de trabajo dignas: luchas que no son específicas de la prostitución y el comercio sexual, sino que son comunes a la lucha general de las mujeres [y a su vez esta redefinición] destaca la naturaleza variada y flexible del trabajo sexual así como sus similitudes con otras dimensiones de la vida de las/los trabajadores/as. (1998: 1).

 

El enfoque del trabajo sexual expandió tanto las nociones de trabajo como las de sexualidad. Por un lado, en el caso de la sexualidad permite ir más allá de los intercambios que usualmente se piensan como “prostitución”, es decir mero sexo a cambio de dinero y sin afecto. Por ejemplo, Piscitelli (2008) ha considerado los vínculos afectivos que las mujeres brasileras entablan con turistas sexuales, con quienes migran y pueden casarse, como parte de una estrategia para tener una movilidad social ascendente que en su contexto vernáculo les sería imposible. También Kempadoo (1996) ha examinado en las sociedades del Caribe lo que se conoce como “sexo transaccional”, es decir intercambios sexuales a cambio de bienes o mejoras diversas. Esta autora critica la homogeneización de las experiencias de las mujeres del “Tercer mundo” señalando que la mirada del feminismo radical supone valores sexuales que, al postular al sexo como aquello más íntimo y valioso, “borra otras definiciones y experiencias culturales de sexualidad y relaciones sexuales-económicas […] e impone una definición muy estrecha desde una visión de sexo feminista estrictamente occidental y burguesa”. (1998: 4). Detrás de la concepción de las mujeres del “Tercer mundo” como meras víctimas sin ninguna capacidad de agencia, existe, según Kempadoo, un neocolonialismo que acalla las voces de estas mujeres e imagina su experiencia a partir de las concepciones de género y sexualidad hegemónicas en el primer mundo occidental9.

A partir de esta expansión, el concepto de “trabajador/a sexual” da la posibilidad de conectar la prostitución, tanto con otras actividades de la industria del sexo, como con otras actividades de las mujeres trabajadoras -por ejemplo esto sucede cuando se liga al

trabajo sexual con el “trabajo emocional” como un trabajo feminizado (Adelman, 2011; Bernstein, 2007b; Hochschild, 2003; Morcillo, 2014b)-. Estas articulaciones, según Kempadoo, “puede ser la base de movilización en luchas por condiciones de trabajo, derechos y beneficios y por formas de resistencia más amplias contra la opresión de los/las trabajadores/as en general y de las mujeres en particular” pues “pone de manifiesto que los intereses comunes de las mujeres trabajadoras pueden articularse dentro del contexto de luchas (feministas) más amplias contra la devaluación del trabajo de las ‘mujeres’ y la explotación de género dentro del capitalismo.” (1998: 3).

 

Del VIH a la “trata de personas” y los desafíos abiertos

 

Desde mediados de los 80’, con mayor fuerza en los 90’ y hasta entrada la primera década del siglo XXI, ha tenido lugar una gran producción de estudios e investigaciones sobre diversos aspectos de las relaciones entre el sexo comercial y la epidemia de VIH/sida. En un principio buena parte de las investigaciones se orientan a detectar los patrones epidemiológicos de expansión del virus, donde las prostitutas jugarán el papel de “vector de contagio” hacia el resto de la sociedad. Como señalan Ward y Day (1997), ya desde el higienismo decimonónico y en toda la epidemiología clásica del tratamiento de enfermedades sexualmente transmitidas, las prostitutas son vistas como una suerte de reservorio de infección. Solo a mediados y fines de los 90’ las investigaciones comienzan a problematizar este paradigma. Entonces, múltiples estudios mostrarán que es necesario considerar para cada población específica cual es el grado de riesgo, poniendo de relieve el papel de otras problemáticas como el uso de drogas intravenosas y la estigmatización (Lazarus, et al., 2011; Rekart, 2005; Ward, H. A. S. O., 2006). Aquí es donde también comienza a marcarse la necesidad de estudiar otros actores como los clientes de sexo comercial, indagar en más allá de las prostitutas mujeres y considerar también las relaciones en sus vidas privadas. En este aspecto varias investigaciones han señalado como el uso de preservativos resulta consistente en aquellas relaciones sostenidas en el ámbito laboral, pero no sucede lo mismo por fuera de este (Allen, et al., 2003; Sanders, 2002). Al igual que sucedió desde los abordajes de otras problemáticas ligadas el sexo comercial, paulatinamente emerge la necesidad de reconstruir un conocimiento matizado sobre el mercado sexual que lo comprenda en su complejidad suspendiendo juicios morales y estereotipos.

 

Este no parece ser el caso con los actuales abordajes que analizan la prostitución a partir de perspectiva de la “trata de personas con fines de explotación sexual”. Si bien ya había cierta preocupación por la trata de personas a fines del siglo XX, será con el cambio de siglo que buena parte de la producción académica sobre la prostitución se vuelca a este fenómeno. Aunque es presentado como novedoso (“la nueva esclavitud”), varias autoras coinciden en señalar los paralelismos entre el pánico moral que impulsaba la lucha contra la “trata de blancas” y la actual lucha contra la “trata de personas” (Doezema, 2000; Kempadoo, 2015; Schettini, 2013). Se ha mostrado las deficiencias y las dificultades en la producción de datos empíricos sobre la extensión concreta del fenómeno, con lo que se hace difícil dimensionarlo (Blanchette y Da Silva, 2011; Silva, et al., 2005; Varela y Gonzalez, 2015) y para algunos la lucha anti-trata adquiere en este siglo características que la asemejan una cruzada moral (Weitzer, 2007).

 

En este marco, el enfoque del feminismo radical, que subsumir las distintas formas del sexo comercial bajo la idea de la violencia de género y la esclavitud, prefigura la operación por la cual el tipo criminal de la “trata” sirve como clave de comprensión de todo el mercado sexual (ver por ejemplo Jeffreys, 2009). Sin embargo, desde otros enfoques, los procesos que muchas veces son interpretados como casos de trata con fines de explotación sexual son reenmarcados –a partir de los relatos y las experiencias de las mujeres— dentro de diversos tipos de tránsitos transnacionales y problemáticas migratorias, sin perder de vista la agencia de estas mujeres (Agustín, 2006; Kempadoo, 2005; Piscitelli, 2008; Piscitelli, Oliveira Assis y Olivar, 2011).

 

Observar la lucha contra la trata como una cruzada permite ver su expansión territorial irradiada a partir de los Estados Unidos. Allí la “lucha contra el terrorismo”, las transformaciones en las políticas seguridad y migratorias, entre otras, articulan un escenario donde el fenómeno de la “trata de personas” sirve para canalizar estas tensiones (Chapkis, 2005). Luego el proceso de institucionalización de este fenómeno ha construido mecanismos que coaccionan a los países periféricos a posicionarse bajo el paradigma norteamericano (Varela, 2015; Weitzer, 2005b). Este movimiento norte – sur de la campaña anti-trata se complementa con los estereotipos racializados sobre las víctima y quienes deben rescatarlas (Doezema, 2000; Kempadoo, 2015). Además, la creciente atención de los medios masivos de comunicación sobre la “trata de personas” pone a circular versiones espectacularizadas y simplificadas (Justo von Lurzer, 2013; Kempadoo, 2015).

Todo ello contribuye a un escenario que propicia además cambios en las legislaciones de diversos países10. En este nuevo giro emerge una vertiente del feminismo abolicionista que se asemeja cada vez más a una forma nueva de prohibicionismo pues propone la intrervención del sistema penal para resolver los problemas de justicia social, por ello algunos la llaman “feminismo carcelario” (Bernstein, 2007a). Aunque tiene origen en los países centrales, sus propuestas tienen eco en nuestra región -por ejemplo en Argentina donde las transformaciones legales han dado cauce a un modelo punitivo del derecho para intervenir en el mercado sexual-. Una de las medidas propuestas desde este paradigma es la penalización de los clientes de prostitución como forma de luchar contra la trata y la violencia contra las mujeres. Impuesto en Suecia en 1999, este paradigma de penalización, el “modelo sueco”, ha sido mencionado como ejemplo a seguir desde el feminismo radical (ver MacKinnon, 1993, 2009; Raymond, 2003). Sin embargo, varios estudios sostienen que estas normativas, bajo argumentos supuestamente feministas, muestran connotaciones moralizantes (Carline, 2011; Sanders, 2009; Scoular y O’Neill, 2007). Además, Don Kulick (2005) ha señalado los perjuicios que ha ocasionado a las trabajadoras sexuales de Suecia afectando casi exclusivamente a las que trabajan en las calles y particularmente a las migrantes. Al mismo tiempo, Kulick advierte cómo, con las encuestas y las distintas producciones discursivas sobre los clientes de prostitución, se está generando una nueva especie de “perverso”, en el sentido foucaultiano11.

 

La perspectiva de conjunto de la dinámica de producción académica sobre prostitución en las últimas décadas ha vuelto a poner de relieve la importancia del trabajo de investigación empírica como fuente del análisis. Una crítica situada solo puede provenir de un análisis minucioso y riguroso, especialmente considerando las diferencias que existen para los distintos mercados sexuales. Las revisiones de la literatura anglosajona suelen marcar esta necesidad, planteando el desbalance entre las investigaciones que abordan la prostitución callejera de mujeres y el resto de los actores y mercados que han sido mucho menos estudiados (Vanwesenbeeck, 2001; Weitzer, 2009). Sólo recientemente en nuestra región –a excepción de Brasil que cuenta con un conjunto de estudios de mayor antigüedad- se ha comenzado a señalar esta necesidad y, a la vez, la relevancia de poner atención a las distintas narrativas de las presonas dedicadas al sexo comercial para realizar una crítica de las posiciones esencialistas respecto a la sexualidad.

 

La dinámica maniquea del debate feminista obstaculiza los abordajes matizados que respondan a la complejidad del asunto. Más aún cuando la investigación sobre prostitución se constituye como un campo minado donde el apasionamiento puede desencadenar injurias y/o estigmatización hacia las y los investigadores (Dewey y Zheng, 2013; Hammond y Kingston, 2014; Pecheny, 2013). Más que los abordajes desde la filosofía política o el derecho a los que nos ha acostumbrado la dinámica del debate feminista, se muestra la necesidad de una contextualización sociocultural e historización de las distintas formas de prostitución. El análisis empírico es el que permite diferenciar mercados y conocer las complejidades de las distintas formas de inserción en ellos. A partir de allí se podrá indagar sobre las vinculaciones con las transformaciones entre la esfera doméstica, laboral y la moral sexual. Contextualizar y enlazar las variantes de las prácticas puntuales de sexo comercial con los mercados sexuales y las estructuras culturales y económicas reinantes, más que trazar una distinción esquemática entre prostitución libre / forzada, abre a una comprensión balanceada de las distintas formas de intercambio. Este es un punto de partida fundamental para construir una crítica que permita transformar las realidades de las poblaciones subalternizadas a partir de considerar sus polifónicas voces.

 

 

NOTAS:

 

  • 1 Algunas investigaciones recientes ponen en cuestión el sustento empírico de tal figura. Por ejemplo Stephanie Budin (2006) concluye que las versiones que hablan de “prostitución sagrada” se basan en malas interpretaciones (y/o errores de traducción) de los textos antiguos. La supuesta prostitución sagrada, que siempre aparece predicada acerca de otras sociedades o en épocas remotas, funcionaría en realidad como una acusación. La prostitución sagrada no sería tanto una realidad histórica como una denuncia de la barbarie de otros pueblos, posición cara a los primeros padres fundadores del cristianismo.

 

  • 2 La extensión de dicho dispositivo en el contexto de América Latina es objeto de disputas (Olivar, 2013). Sin embargo, los efectos discursivos de este aparato y su exportación sirven como analizador para comprender algunas de las aproximaciones sociológicas a la prostitución.

 

  • 3 Paola Tabet (2004) plantea un abanico de formas en que se intercambian sexo y bienes económicos, donde se incluyen la prostitución y el matrimonio. Dichos intercambios constituyen un continuum con matices respecto a quiénes intercambian, la modalidad y temporalidad del intercambio, y las formas de retribución económica.

 

  • 4 A fines del siglo XIX en la mayoría de los países europeos se consideraba que sus mujeres –de ahí la denominación trata de blancas- eran traficadas, -entre otros países a Argentina-, para ser explotadas sexualmente. Varias historiadoras han planteado que la percepción del problema estaba sobredimensionada por un pánico moral (Guy, 1994; Walkowitz, 1980). De todas formas, el tema del tráfico de mujeres tendría gran impacto sobre el movimiento feminista.

 

  • 5 El cambio de denominación obedecía al sesgo racial y a la incorporación de otros sujetos (niños, varones, etc.) (Ezeta, 2006). Una definición precisa llegará recién en 2000 con el “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional” (conocido como Protocolo de Palermo), no obstante la problemática estaba en la agenda del movimiento desde antes.

 

  • 6 Por ejemplo, Camille Paglia invierte los términos del discurso victimizante del feminismo radical: son los varones quienes están desprotegidos frente a la sexualidad femenina y, en una posición de inferioridad, sólo pueden apelar al dinero frente a las prostitutas (ver en Chapkis, 1997). Esta forma de concebir las posiciones de los sujetos en abstracto reduce las interacciones a decisiones de actores individuales y hace caso omiso de los procesos sociales más amplios que las enmarcan y atraviesan.

 

  • 7 Junto a una colega hemos realizado una traducción de este texto clave para comprender el desarrollo de la idea de “trabajo sexual” (consultar Morcillo y Varela, 2016)

 

  • 8 Pheterson da una lista de actividades que supuestamente llevan a cabo las prostitutas, pero que pueden imputársele a cualquier mujer, por las cuales la sociedad las considera deshonradas: “(1) relacionarse sexualmente con extraños; (2) relacionarse sexualmente con muchas parejas; (3) tomar la iniciativa sexual, controlar los encuentros sexuales y ser una experta en sexo; (4) pedir dinero a cambio de sexo; (5) satisfacer las fantasías sexuales masculinas de manera impersonal; (6) estar sola en la calle por la noche, en calles oscuras, vestida para provocar el deseo masculino; (7) encontrarse en situaciones determinadas con hombres insolentes, borrachos o violentos que o bien una puede manejar (‘mujeres descaradas o vulgares’) o ser manejadas por ellos (‘mujeres convertidas en víctimas’)” (Pheterson, 2000: 59).

 

  • 9 No sólo se homogeneizan las miradas sobre las sexualidades, sino que, en la polarización, las lecturas abolicionistas pueden llevar a igualar un discurso del trabajo sexual como el de Kempadoo con la doctrina de la tolerancia de la iglesia católica y plantear a ambos como etiquetas estigmatizantes. (ver Nuñez, 2002)

 

  • 10 Por ejemplo en Argentina, aunque el delito ya estaba penado, se dicta en 2008 una nueva legislación sobre trata -Ley 26.364- y en 2012 se la modifica con la ley N° 26.842 que permite ampliar el espectro de lo que se concibe como “trata” incluyendo también a quienes hayan prestado consentimiento.
  • 11       Es decir, pasando de una caracterización de acciones aberrantes a delinear un personaje (tal lo como Foucault señala en referencia al pasaje del sodomita al homosexual, 2002)

 

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Recibido: 11-07-2016 / Aceptado: 16-08-2016

 

*            Universidad Nacional de San Juan. Argentina.

E-mail: santiagomorcillo@gmail.com

 

 

 

 

 

Yo estoy con ella, pero ¿está Hillary Clinton conmigo?: trabajo sexual no es trata sexual

La guerra equivocada

 

TRABAJO SEXUAL NO ES TRATA SEXUAL

 

Los demócratas siguen jugando con los clichés que gustan a la prensa diciendo que han hecho de la guerra contra la trata sexual la nueva guerra contra las drogas.

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Melissa Petro

 

1 de agosto de 2016

 

http://www.thedailybeast.com/articles/2016/08/01/sex-work-isn-t-sex-trafficking.html

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#YoEstoyConElla, pero –y lo digo como antigua trabajadora sexual—he tenido que preguntarme. ¿está Hillary Clinton conmigo?

Poco después de que Ima Matul hablara el martes en la Convención Nacional Demócrata, se reveló que la “superviviente de trata sexual” que habló apoyando a Hillary Clinton había sido de hecho víctima de trabajo forzado (no esclavitud sexual) (1). El discurso en la convención de la senadora Amy Klobuchar se centró también el la trata sexual, y citó estadísticas cuestionables (2) referentes a la trata de personas como siendo la “tercera mayor” economía ciminal en el mundo. Lena Dunham —una celebridad que a pesar de ser ya una ferviente crítica (3) ha redoblado posteriormente su oposición a la despenalización del trabajo sexual (4)— habló también.

Yo había llorado antes escuchando el genio retórico de Michelle Obama (5), pero al oír a estas buenas demócratas machacar los mismos viejos cansinos clichés acerca de la trata sexual —o hablando valientemente de su experiencia personal como supervivientes, habiendo negado descaradamente la sabiduría de supervivientes como yo (te estoy mirando, Lena)— me recordaron el pobre historial de Hillary Clinton en lo que se refiere a los derechos de las trabajadoras sexuales.

Como señala acertadamente la periodista Elizabeth Nolan Brown, “la guerra contra la trata sexual es la nueva guerra contra las drogas” (6). Presentada como una epidemia nacional, y alimentada con dinero federal, los políticos ganan votos adoptando la posición obvia. Las trabajadoras sexuales, así como las supervivientes, pagan el coste.

Es una guerra en la que Clinton ha combatido. Al comienzo de su carrera, declaró (7) que “no aprueba la prostitución” y que “la encuentra degradante para las mujeres”, como si su aprobación o desaprobación sirviera para pagar los alquileres, los servicios, el transporte, los gastos de matrícula (8) o los zapatos (9) de los hijos de las trabajadoras sexuales.

“[Como presidente] hablaré obviamente contra la prostitución e intentaré persuadir a las mujeres de que ese no es —incluso en un sistema regulado— necesariamente una buena manera de intentar ganarse la vida”, dijo en 2007.

Aquellas de nosotras que hemos dedicado nuestras vidas a este asunto sabemos que las razones por las que las personas intercambian sexo por dinero son complejas y variadas. En una campaña política, tristemente, un matiz como este se borra por el bien de la popularidad y la conveniencia política.

En 2010, la entonces Secretaria de Estado Hillary Clinton llamó a terminar con la trata de personas, escribiendo un artículo de opinión (10) en apoyo del “Protocolo para suprimir, prevenir y castigar la trata de personas, especialmente mujeres y niños” conocido como “el Protocolo contra la trata de EE.UU.”. Este protocolo fue el responsable de la forma como la trata fue definida de forma tan extensa, y es la razón por la que el trabajo sexual consensuado y la trata sexual son amalgamados con tanta frecuencia, particularmente en el caso de las trabajadoras inmigrantes o transnacionales.

El propósito de ese protocolo, dijo Clinton en sus comentarios de 2010, era presionar a los tratantes. Y sin embargo, este mayo pasado, Amnistía Internacional (11) publicó los resultados de un informe esperado desde hacía tiempo en los que concluía que tales medidas tenían un efecto negativo tanto sobre las trabajadoras sexuales consensuales como sobre las víctimas de trata sexual.

El hecho es que, mientras existan las motivaciones económicas, no podemos “dejar de lado” la existencia de la industria del sexo. La hipérbole hace más daño que bien.

Para ser exactos, la trata sexual es una preocupación global, y nadie debería ser obligado a vender sexo. Yo perdí mi carrera como enseñante en una escuela pública en 2010 por revelar mi propio pasado como trabajadora sexual (12), un estilo de vida que describí como “físicamente exigente, emocionalmente gravoso y espiritualmente ruinoso”. En estos días, trabajo con chicas y jóvenes mejor clasificadas como víctimas de explotación sexual comercial. Aunque igualmente odiosa, la historia de Ima Matul es marcadamente diferente de las suyas.

Según la biografía (13) de Matul, sus responsabilidades incluían cocinar, limpiar, lavar la ropa, cuidar de los niños, arreglar el jardín y lavar el coche. Estaba obligada a trabajar muchas horas, y en los últimos tiempos no la pagaban. Dice que abusaban de ella física y verbalmente a diario, pero en ninguna parte de su relato se encuentra la palabra “sexo”, y mucho menos “violación”.

La razón de esta ficción es obvia: la trata sexual es una causa célebre para los medios sensacionalistas.

Se que las posiciones de los políticos “evolucionan”. La misma Clinton ha suavizado o cambiado sus posiciones sobre una serie de asuntos (14), incluyendo del matrimonio entre personas del mismo sexo, la reforma de la justicia penal, el oleoducto Keystone XL, y su voto a favor de enviar tropas a Irak.

En 2011, la entonces Secretaria de Estado aplaudió a funcionarios de su departamento por reunirse con una serie de activistas LGBT, incluyendo algunas autodenominadas trabajadoras sexuales. Se trató de una reunión que Clinton describió como “la mejor diplomacia de persona a persona” (15).

Eso me hizo tener esperanza. Después vino la convención y sus cansinos clichés.

Nuestra nación ha esperado mucho tiempo para ver nominada a una mujer. Cuando se trata del auténtico reconocimiento de nuestras vidas y experiencias, las actuales y las antiguas trabajadoras sexuales todavía estamos esperando.

 

1.- http://reason.com/blog/2016/07/26/sex-trafficking-survivor-speaks-at-dnc

2.- https://www.washingtonpost.com/news/fact-checker/wp/2015/06/02/the-false-claim-that-child-sex-trafficking-is-a-9-5-billion-business-in-the-united-states/

3.- http://www.thedailybeast.com/articles/2015/07/29/prostitutes-tell-lena-dunham-to-stop-grandstanding-about-sex-work.html

4.- http://nymag.com/thecut/2015/08/lena-dunham-still-against-legalizing-sex-work.html

5.- https://www.youtube.com/watch?v=4ZNWYqDU948

6.- http://reason.com/archives/2015/09/30/the-war-on-sex-trafficking-is

Ver también, en español, https://elestantedelaciti.wordpress.com/2015/06/30/la-nueva-guerra-de-ee-uu/

7.- http://prostitution.procon.org/view.source.php?sourceID=003477

8.- https://www.theguardian.com/education/2015/mar/27/university-students-sex-work-living-costs-tuition-fee-debts

9.- http://www.dailydot.com/irl/sex-worker-parenting/

10.- http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2010/11/150701.htm

11.- http://www.nytimes.com/2016/05/25/magazine/why-amnesty-international-is-calling-for-decriminalizing-sex-work.html?_r=0

12.- http://www.salon.com/2011/05/05/hooker_teacher_what_i_was_thinking/

13.- https://survivorsofslavery.org/survivorsspeakers/ima-matul/

14.- http://www.npr.org/2016/05/23/478973321/evolution-or-expediency-clintons-changing-positions-over-a-long-career

15.- http://cnsnews.com/news/article/clinton-meeting-sex-workers-people-people-diplomacy-its-best

 

 

 

“Trata de personas” se ha vuelto un término carente de significado

 

Políticos y activistas a menudo abusan de él para impulsar leyes punitivas o incitar al pánico moral

Por Noah Berlatsky @hoodedu
http://www.newrepublic.com/article/123302/human-trafficking-has-become-meaningless-term

trata

 

Como todo el mundo conoce, el presidente Barack Obama ha declarado que la “trata de seres humanos“ es la esclavitud de nuestros días. Dijo también que “es un crimen que puede adoptar muchas formas”.

 
La segunda definición es mucho más precisa. La “trata”, en la práctica, es menos un delito claramente definido que una llamada al pánico moral. La vaguedad de la definición permite o incluso anima a los gobiernos, organizaciones e investigadores a afirmar que hay decenas de millones de víctimas de trata en todo el mundo sobre la base de poco más que conjeturas hiperbólicas. Los políticos usan la retórica de la trata para retratarse a sí mismos como defensores de los oprimidos, y generar cobertura de prensa laudatoria, como ha hecho el sherif del condado de Cook Tom Dart con su cruzada contra Backpage.com y otros sitios que anuncian servicios para adultos. Y algunas figuras de alto perfil han recurrido a cuentos acerca de la trata para ganar fama. Somali Mam, la celebrada defensora antitrata camboyana, fue desenmascarada por hacer afirmaciones fraudulentas acerca de si misma y de otras mujeres a las que ayudó.

 
El origen exacto del término “trata sexual” no está claro, pero según Alison Bass, autor de “Salir perdiendo: las trabajadoras sexuales y la ley”, parece haber sido creado por las feministas antiprostitución en los noventas. Bass me dijo que el término “trata” fue usado especialmente para describir la inmigración de las mujeres de la colapasada Unión Soviética a los Estados Unidos. El artículo seminal de 2.000 de Donna Hughes “El mercadeo de Natasha” definió específicamente la trata como “cualquier práctica que implique desplazar a personas hacia dentro y a través de fronteras locales o nacionales con fines de explotación sexual”.

 
Pero los activistas antiprostitución como Hughes a menudo usan el término “explotación sexual” para incluir cualquier clase de prostitución o trabajo sexual; de hecho, Hughes insiste en su artículo en que “la trata se produce incluso si la mujer consiente”. En otras palabras, la trata puede incluir a trabajadoras sexuales que deciden emigrar ilegal o semiilegalmente desde la Europa del Este a los Estados Unidos. Esto describe a la mayoría de mujeres de las que se dijo que habían sido “víctimas de trata”, según los investigadores Robert M. Fuffington y Donna J. Guy. “Lo más frecuente”, escriben en “Una historia global de la sexualidad”, “es que estas mujeres estuvieran implicadas en alguna forma de trabajo sexual en sus países de origen y vieran la posibilidad de trabajar en el extranjero como una oportunidad de mejorar sus circunstancias”.

 
Mientras Hughes define la trata como “explotación sexual”, Obama usa también el término para referirse a los niños obligados a hacer servicio militar y a los obreros agrícolas forzados a trabajar en malas condiciones o sin paga alguna. Esta definición ha sido a veces respaldada por las organizaciones pro derechos de las trabajadoras sexuales, que “esperaban redirigir lo que históricamente había sido un enfoque represivo antiprostitución hacia un enfoque que mirara el sector del sexo como uno más de muchos sectores laborales”, me dijo Carol Leigh, una activista por los derechos de las trabajadoras sexuales y cineasta.

 
La definición más amplia de trata como explotación laboral no ha hecho mucho para cambiar la percepción pública, sin embargo. Cuando dices “trata” la gente todavía piensa en esclavitud sexual. La entrada de Wikipedia para trata de personas, por ejemplo, comienza afirmando, “La trata de personas es el comercio de seres humanos, casi siempre con fines de explotación sexual, trabajo forzado o explotación sexual comercial”: una definición que comienza y termina con sexo. En realidad, el trabajo forzado de otras clases —como el trabajo doméstico, la construcción y la agricultura— es mucho más común, según la OIT, que estima que 4,5 millones de los 21 millones de personas víctimas de trata en todo el mundo lo son de trata sexual (aunque hay que volver a decir que todas las cifras de trata son muy poco fiables y escasamente probadas).

 
Más aún, el término “trata” a menudo se usa para referirse a casos en los que no hay migración en absoluto. Por ejemplo, los tribunales de intervención en trata de personas de Nueva York se dedican básicamente a procesar a cualquier persona detenida por prostitución o cargos relacionados, hayan sido o no sometidos a coacción y provengan o no del extranjero. La mayor parte de las personas que pasan por los tribunales de trata de personas han sido detenidas por vagabundeo y prostitución, según un estudio realizado por Truthout.

 
Según Bass, “la trata se ha convertido en un nuevo nombre para un viejo problema, que es principalmente la huída de casa de adolescentes”. Los jóvenes que escapan de situaciones de abuso en sus domicilios, y que venden sexo para sobrevivir, son considerados por defecto víctimas de trata bajo muchas leyes federales y estatales. Esto, a pesar del hecho de que casi ningún adolescente fugitivo tiene proxenetas o tratantes, según un estudio del Colegio John Jay de Justicia Criminal. La mayor parte de ellos ven el trabajo sexual como la mejor forma de subsistir en la calle, dadas las limitadas opciones legales y de servicios sociales disponibles para los niños que escapan de casa. Y la mayor parte de ellos, me dijo Bass, no viajan fuera de su propio pueblo o ciudad, y mucho menos fuera del país.

 
Así, en la práctica, el término “trata” no significa “la esclavitud de nuestros días”. Ni significa ser transportado a través de fronteras con fines de explotación sexual. En cambio, habitualmente se refiere a una o más de las siguientes cosas:

  • ser menor de edad y vender sexo
  • inmigrar ilegalmente
  • ser sometido a cualquier clase de trabajo forzado o prácticas laborales abusivas
  • practicar trabajo sexual consensuado.

 
“El público parece creer que la trata sexual significa prostitución forzada”, me dijo la investigadora Tara Burns, “pero cuando te sientas y lees los documentos acusatorios por cargos de trata sexual, muy muy raramente es ese el caso”. Las trabajadoras sexuales a menudo son procesadas por haberse sometido a trata a sí mismas, dice Burns. “Bajo diferentes leyes estatales, trata sexual puede significar también los anuncios que ponen las trabajadoras sexuales de sus propios servicios o el alquiler de sus propias habitaciones de hotel, o el abuso de niños por parte de adultos sin relación alguna con la industria de sexo comercial”.

 
La palabra “trata”, pues, se convierte en una manera de aprovechar la imagen de mujeres jóvenes raptadas y vendidas como esclavas sexuales. Después del 11S, dice Bass, el Departamente de Estado se mostró ansioso por adoptar el lenguaje de la trata como otra manera de justificar las restricciones y la vigilancia de la inmigración inspiradas en primer lugar por el antiterrorismo, lo que es la razón por la que iniciativas como el “Centro de tráfico de personas y terroristas” del Departamento de Estado mezcla “Tráfico de seres humanos, trata de personas y viajes terroristas clandestinos” como “asuntos transnacionales que amenazan la seguridad nacional”. “Trata” puede ser usada también para hacer que las leyes antiprostitución parezcan compasivas, más que punitivas, como ocurre en los tribunales de trata de Nueva York, que enmarca a las personas detenidas como víctimas de trata necesitadas de ayuda, aunque en la práctica lo que al final siga ocurriendo es que la policía detiene a personas (especialmente mujeres de la minorías) por cargos de prostitución. En cualquier caso, la palabra es una forma de poner en el punto de mira a grupos marginados como inmigrantes y trabajadoras sexuales en nombre de un (confundido o cínico) humanitarismo.

 
¿Entonces, cual sería la mejor denominación? Laura Agustín, autora de “Sexo en los márgenes: migración, mercados laborales y la industria del rescate”, dice que no hay solo una. “El tema no es ‘mejorar el lenguaje’ porque el marco de presentación de los problemas sirve al control policial, no a las personas”, me dijo. “No existe término sustitutorio para trata porque usar un único término sencillamente hace desaparecer todas esas situaciones diferentes, estimula el reduccionismo y se alimenta directamente de una agenda moralista de ‘bueno contra malo’. Esta categoría fue una invención y no describe realidades”.

 

Si vamos a hablar de trabajadoras sexuales menores de edad con pocas opciones distintas de supervivencia, deberíamos decir que vamos a hablar de trabajadoras sexuales menores de edad con pocas opciones distintas de supervivencia, una discusión que debería centrarse en recursos y ayuda de servicios sociales, no en aplicación de la ley. De la misma forma, si el tema son las condiciones de trabajo forzado, entonces habría que prestar más atención a las principales industrias en las que ocurre. Si el tema es el trabajo consensuado entre adultos, entonces los legisladores deberían ser honestos en cuanto a usar la policía para acosar a las personas que practican trabajo sexual consensuado. No deberían pretender que están llevando a cabo una noble cruzada contra “la trata”.

 

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Noah Berlatsky es un escritor colaborador de The Atlantic, editor del sitio de comics y cultura Hooded Utilitarian, y autor de Mujer maravillosa: bondage y feminismo en los comics de Marston/Peter.

Campañas contra la trata, trabajadoras sexuales y los orígenes del daño

10838005_10153040570259310_8739568871256665347_oCarol Leigh

26 de marzo de 2015
https://www.opendemocracy.net/beyondslavery/carol-leigh/antitrafficking-campaigns-sex-workers-and-roots-of-damage

 

Las campañas contra la trata tienen sus orígenes en las luchas del siglo diecinueve por “salvar” a las mujeres blancas de la “trata de blancas”. Las estrategias contemporáneas amplían la estigmatización y criminalización, afectando a una gama de comunidades vulnerables.

 
Los efectos adversos que las leyes y políticas contra la trata producen sobre los derechos de las trabajadoras sexuales han sido documentados extensamente durante la última década. A pesar de las reclamaciones de cambio hechas por trabajadoras sexuales, activistas de derechos humanos, académicos y una gama de otros agentes, los estados a lo largo y ancho del mundo han sido reticentes y lentos en su respuesta. Algunos analistas ponen el acento en que el uso que hacen los estados de las leyes contra la trata para limitar la inmigración es la principal causa de esta reticencia. Yo añadiría que el análisis del desarrollo histórico de las políticas contemporáneas contra la trata es crucial para entender la creciente criminalización y estigmatización de trabajadoras sexuales, inmigrantes y otras poblaciones vulnerables. Argumento que cualquier entramado legal basado en el “crimen”, en lugar de en los derechos y las causas estructurales de los males sociales, está ligado a efectos desproporcionados y sistemáticos sobre los pobres y vulnerables.

 

Salvar a las mujeres de la “trata de blancas”: los orígenes de la lucha contra la trata

 

Los orígenes de las leyes contemporáneas contra la trata pueden situarse firmemente en la ideología abolicionista de la prostitución de finales del siglo diecinueve, un período durante el cual la trata fue también denominada “trata de blancas”. Las campañas contra la trata de blancas retrataban un mundo lleno de peligro sexual para las jóvenes blancas, seducidas y explotadas por siniestros hombres de piel oscura. Por lo tanto estas campañas fueron impulsados por la xenofobia, el racismo y el clasismo en el momento culminante del imperialismo británico.

 
A mediados de la década de 1800 las leyes contra la solicitación (dirigidas a las prostitutas) se habían convertido en un elemento básico de las ordenanzas municipales. Los abolicionistas de la prostitución se unieron a otros cruzados contra el vicio en el siglo diecinueve, introduciendo una nueva estrategia. Como un precedente del enfoque legislativa adoptado en nuestros días por Suecia y otros países, los abolicionistas de la prostitución sostuvieron que las mujeres eran obligadas a ejercer la prostitución y eran, por tanto, víctimas y no criminales. También se opusieron a legalizar la prostitución, objetando “… el doble rasero de la moral sexual reforzada por la actuación policial y el control de los cuerpos de las mujeres” y lucharon para expandir la definición de trata de forma que incluyera la implicación de terceros, que argüían que deberían ser penalizados o criminalizados. Entonces, como hoy, esta estrategia legislativa y de campaña fue presentada ostensiblemente como un acto de simpatía hacia las trabajadoras sexuales. Sin embargo, la criminalización de las terceras partes llevó el sexo comercial a la clandestinidad y ocasionó un aislamiento extremo y peligroso de las trabajadoras sexuales, ya que las terceras partes podrían incluir a caseros, servicio doméstico, miembros de la familia, propietarios de burdeles e incluso el apoyo mutuo entre las mismas trabajadoras sexuales.

 
El cierre de los burdeles coincidió también con un aumento en el valor de las propiedades inmobiliarias. El estatus legal de la prostitución fue así sometido a las políticas de desarrollo territorial, y un elemento activo de la represión de la prostitución. En los Estados Unidos, las poblaciones urbanas marginalizadas, desde los inmigrantes a los recién emancipados afroamericanos, fueron el objetivo de estatutos tales como la Ley Mann de 1910 o la Ley de Trata de Blancas. Este estatuto estableció una base de datos centralizada de “prostitutas conocidas” y llevó a la constitución del FBI, en un claro ejemplo de cómo las políticas contra la trata amplían las competencias de la policía. Tales represión y criminalización de casi todos los aspectos de la prostitución pronto se extendió por todo el globo. Esto recolocó firmemente la prostitución profundamente dentro de la economía sumergida, exacerbando y causando vulnerabilidad. La tasa de asesinatos de trabajadoras sexuales ha aumentado continuamente desde entonces, junto con el abuso de la policía contra adultos y jóvenes.

 
La criminalización de las terceras partes y la definición de la prostitución como un “mal” en sí mismo fueron aún más cimentadas a nivel global por el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena de la ONU de 1949. Como Kamala Kempadoo argumentó en su artículo “Trata para el mercado global: terror estatal y corporativo”, la preocupación por el nexo trata-prostitución aumentó incluso tras el colapso del Bloque del Este:

 
Aparentemente, la aparición de mujeres de los antiguos países dependientes de la URSS en las industrias del sexo de la Europa Occidental fue una razón de primer orden por la que los gobiernos europeos prestaron atención al problema de la trata. En muchos aspectos, este enfoque es un eco de la cruzada de finales del diecinueve y principios del siglo veinte… Parecería también otra vez que la atención por las vidas de la mujeres blancas… ha impulsado la acción internacional.

 

La lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales

 

A finales de los años 70, los movimientos por los derechos de las trabajadoras sexuales sugirieron de forma radical que las trabajadoras sexuales eran una clase de trabajadores totalmente meritorias de derechos humanos, civiles y laborales. Esto llevó a la organización de convenciones internacionales de trabajadoras sexuales y activistas por los derechos humanos, comenzando con el Comité Internacional por los derechos de las prostitutas en los años 80. Los análisis presentados por estos grupos reflejaron la teoría de desarrollo, justicia social y reducción de daños. Hubo un creciente reconocimiento de los defectos de las estrategias de los abolicionistas de la prostitución, en estas conferencias y en los medios académicos, así como llamamientos a la autorrepresentación de las trabajadoras sexuales, como se hizo realidad con la formación de la Red de Proyectos de Trabajo Sexual.

 
En los anos 90, en respuesta a la creciente atención hacia los temas de inmigración, y con información de los activistas por los derechos de las trabajadoras sexuales, una oolaboración de grupos defensores de derechos estableció los Estándares de derechos humanos para el tratamiento de las personas víctimas de trata. Su intención era presionar por el establecimiento de un protocolo de lucha contra la trata que combatiera el abuso de todos los trabajadores —incluídas las trabajadoras sexuales— principalmente en el contexto de la inmigración. El desacuerdo entre este grupo colaborativo y los abolicionistas de la prostitución fue evidenciado a finales de los 90, cuando estas diversas facciones fueron invitadas a participar en la redacción del nuevo Protocolo contra la trata de la ONU. Lo que siguió fue una batalla.

 
Quedó claro que los abolicionistas de la prostitución no tenían interés en incluir el trabajo forzado en el Protocolo contra la trata de la ONU. Por el contrario, insistieron en que el Protocolo fuera usado como una herramienta para abolir la prostitución. En el compromiso que se alcanzó al final, el nuevo Protocolo contra la trata de la ONU se refería a los abusos laborales que implicaran el uso de fuerza, fraude, coerción, etc. con fines de explotación. De forma más significativa, el Protocolo decidió específicamente no definir el concepto de “explotación sexual”. Esto dejaba al criterio de cada estado definir esta como les pareciera mejor, haciendo equivalentes prostitución y explotación sexual o definiendo la explotación sexual como un abuso dentro de la prostitución. De este modo, el Protocolo podría ser interpretado como que respalda tanto a los que defienden la legalización de la prostitución como a los que buscan su abolición.

 
Estas estrategias dentro del Protolo de la ONU han supuesto en gran medida un fracaso para las trabajadoras sexuales y para los inmigrantes y las víctimas de trata. Además, mientras que las protecciones de los derechos humanos son opcionales, la criminalización y el control de las fronteras son obligatorios. En consecuencia, la respuesta judicial penal predominante busca principalmente detener el sexo comercial mediante redadas y detenciones de inmigrantes, aunque eso se acompaña de una ayuda limitada para una amplia gama de víctimas. Así, como ha dicho Marjan Wijers, “Este enfoque en la pureza y la victimización de las mujeres, unido a la protección de las fronteras nacionales, no solo impide cualquier esfuerzo serio para combatir los auténticos abusos de derechos humanos a los que nos enfrentamos… sino que de hecho hace daño a personas reales”.

 
Bajo la presión de coaliciones de abolicionistas de la prostitución, muchos países han aprobado ahora leyes nacionales contra la trata que se fijan exlusivamente en la prostitución, retrocediendo a estrategias de siglos pasados. En los Estados Unidos, el lobby abolicionista de la prostitución, en alianza con fundamentalistas religiosos, presionó hasta el agotamiento para que todas las trabajadoras sexuales fueran consideradas víctimas de trata, a fin de prevenir la opción de legalizar la prostitución y reconocer derechos laborales a las personas implicadas. Estos grupos también recomendaron una definición bifurcada de la trata, una definición que separa la “trata sexual” de otras formas de trata laboral. La Ley de protección de víctimas de trata de los Estados Unidos, que refleja parcialmente este propósito, define la trata sexual como “el reclutamiento, alojamiento, transporte, provisión u obtención de una persona con el propósito de realizar un acto sexual comercial”. No se estipula ninguna condición de fuerza, fraude o abuso. Aunque la “trata sexual” no está incluida en las leyes penales de Estados Unidos, la ley mencionada ciertamente allana el camino para esa posibilidad.

 
La aplicación de la ley en Estados Unidos se ha centrado principalmente en suprimir el sexo comercial, en lugar de combatir los abusos que se producen dentro del comercio sexual. Estas ideologías represoras también se han promovido activamente y se han exportado mediante canales tales como el “Juramento de lealtad contra la prostitución”, que requiere a los beneficiarios de ayuda monetaria de los Estados Unidos que garanticen su oposición a la legalización de la prostitución. Las subvenciones dentro de los Estados Unidos siguieron la misma dirección, haciendo que las organizaciones de trabajadoras sexuales fueran excluidas de las subvenciones. Las trabajadoras sexuales fueron también excluidas de más participaciones en la elaboración de la política, tanto de forma sistemática como informal.

 

Situación actual

 

El actual movimiento neoabolicionista ha expandido sus estrategias para incluir el “modelo sueco” de represión de la prostitución. Los clientes son ahora incluidos en la larga lista de objetivos de la criminalización, aumentando el aislamiento de las trabajadoras sexuales. Aunque la filosofía abolicionista ostensiblemente se opone a la penalización de las trabajadoras sexuales, a nivel internacional tales campañas se han lanzado allí donde la prostitución es legal, como un medio de criminalizar aún más las industrias del sexo, en lugar de como un medio de despenalizar a las trabajadoras sexuales. Es este enfoque criminalizador el que promueve tambíen controles más estrechos de las fronteras, así como el creciente castigo y persecución de inmigrantes, jóvenes y gente de color. Estas “soluciones” exacerban la violencia y la vulnerabilidad en muchas poblaciones, de la misma forma que la criminalización de los burdeles en el siglo diecinueve ocasionó una centuria de aislamiento y mayor violencia contra las trabajadoras sexuales.

 
Las trabajadoras sexuales han explicado extensamente que una de las muchas condiciones que se necesitan para prevenir los abusos a menudo amalgamados como “trata” es la despenalización del trabajo sexual. Este principio es apoyado por el Observatorio de Derechos Humanos, la Comisión global sobre el VIH y la legislación, el Relator especial de la ONU sobre el derecho a la salud, el Programa de desarrollo de las Naciones Unidas, ONU Mujeres y ONUSIDA, entre una creciente lista de organismos internacionales.

 
Claramente, algunos resultados de las políticas de lucha contra la trata han sido positivos para aquellos individuos que han resultado calificados para merecer protección, permitiéndoles pasaportes y residencias específicos, entre otros avances humanitarios. Al mismo tiempo, se han hallado pruebas sustanciales de efectos adversos a raíz de la investigación llevada a cabo por la Alianza Global contra la trata de mujeres. Desde una perspectiva basada en la defensa de derechos, cualquier entramado legal que se centre en el “crimen” en lugar de en los derechos y en las causas estructurales de los males sociales está ligado a unos efectos desproporcionados y sistemáticos sobre los pobre y vulnerables. Mientras tanto, la espada de doble filo de la lucha contra la trata sitúa a las poblaciones vulnerables en situación de competir por obtener justicia, porque aquellos calificados como víctimas de trata pueden obtener recursos de los mismos sistemas que castigan a otros, individuos igualmente vulnerables.

 

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Acerca de la autora

 

Carol Leigh ha sido artista y activista trabajadora sexual durante décadas. Es miembro de COYOTE (Call Off Your Old Tired Ethics), miembro fundador de ACT UP (AIDs Coalition To Unleash Power) y de SWOP-USA (Sex Workers Outreach Project), y cofundadora de Bay Area Sex Worker Advocacy Project. Leigh acuñó el término “trabajo sexual” a finales de los 70. En 1999 fundó el San Francisco Sex Worker Film & Arts Festival. Leigh fue organizadora principal del San Francisco Board of Supervisor’s Task Force on Prostitution. Fue consultora de The RighT Guide, una herramienta de influencia sobre la política contra la trata en Holanda. Desde 2003 ha administrado el Trafficking Policy Research Project recolectando material sobre los efectos de las políticas de Estados Unidos contra la trata. Durante varios años se ha centrado en un trabajo en progreso, Collateral Damage: Sex Workers and the Anti-Trafficking Campaigns.

La política sexual del feminismo carcelario

 Por Elizabeth Bernstein

Departments of Women’s Studies and Sociology

Barnard College, Columbia University 

Fragmento de su artículo: “Militarized Humanitarianism Meets Carceral Feminism: The Politics of Sex, Rights, and Freedom in Contemporary Antitrafficking Campaigns” 

http://sph.umich.edu/symposium/2010/pdf/bernstein2.pdf

 

“Llevo alrededor de 17 años trabajando en este tema —la mayor parte de este tiempo he estado en el lado perdedor, ya que los que defendían los derechos de las “trabajadoras sexuales” ganaban casi todas las batallas políticas… Aquellos fueron años deprimentes… Ahora está emergiendo la verdad de la prostitución/trata sexual y las agencias están respondiendo como nunca lo hicieron. Pienso que en el último año han sido arrestados más chulos y traficantes que en toda la década anterior.” (Donna Hughes, activista anti-trata y profesora de estudios de las mujeres de la Universidad de Rhode Island, en una entrevista en el National Review Online [Lopez 2006]) 

“La trata es como la violencia doméstica. Lo único que previene la reincidencia es el miedo a la detención.” (Dorchen Leidholt, activista feminista de la Coalition against the Traffic in Women, hablando en la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Estado de las Mujeres, 2 de marzo de 2007) 

“¿Qué queremos? ¡Una severa ley contra la trata! ¿Cuándo la queremos? ¡Ahora!” (Llamamiento y grito de respuesta en la manifestación de la National Organization for Women por una ley del Estado de Nueva York que elevara las penas criminales contra los clientes de las prostitutas, Nueva York, 1 de febrero de 2007)

 

Para las feministas de base de comienzos de la segunda ola que estaban interesadas en la crítica de las instituciones económicas y familiares dominantes y en la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres, habría sido quizás un extraño sueño imaginar que en una generación, pioneras del primer movimiento de mujeres tales como Laura Lederer (autora del clásico libro Take Back the Night y fundadora del movimiento antiviolación), Dorchen Leidholdt (una prominente abogada feminista defensora de las víctimas de la violencia doméstica), y Donna Hughes (catedrática de Estudios de las Mujeres en la Universidad de Rhode Island) se encontrarían una brillante mañana de julio como oradoras señaladas en un panel patrocinado por el neoconservador Hudson Institute de Washington, DC, titulado “Los beneficios del proxenetismo: abolición de la trata sexual en los Estados Unidos”. Compartiendo estrado con ellas estaban influyentes miembros del Hudson Institute, tales como Michael Horowitz (veterano de la Administración Reagan y prominente arquitecto del movimiento antitrata contemporáneo), el embajador Mark Lagon (antiguo ayudante del senador republicano por Carolina del Norte, de extrema derecha,  Jesse Helms, y director de la Oficina de Tráfico de Personas del Departamento de Estado), y Bonni Stachowiak (profesor de administración empresarial en la evangélica Christian Vanguard University). Mientras los panelistas, todos de raza blanca, hablaban a la audiencia de la urgente necesidad de desarraigar a los chulos callejeros del interior de las ciudades y la “cultura del chulo”, de estigmatizar a los patronos de las prostitutas y de promover “familias sanas” tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, la audiencia, que comprendía representantes de un surtido de organizaciones de derecha, incluyendo la Heritage Foundation, el American Enterprise Institute, y Feminists for Life, estallaba en frecuentes aplausos. 

Desde luego, para aquellos familiarizados con la evolución de lo que Janet Halley ha denominado feminismo de Estado (en el que el feminismo “se desplaza de las calles al Estado”; Halley 2006, 20), así como con el precedente histórico del pánico de la trata de blancas, la inclusión de prominentes activistas feministas en el evento del Hudson Institute no le habría pillado por sorpresa. Además de los ecos de la trata de blancas, existen también importantes resonancias históricas entre la presente campaña antitrata de Estados Unidos y las audiencias antipornografía de la Comisión Meese que tuvieron lugar durante los años 80 del pasado siglo, en las que cristianos conservadores y feministas seglares tales como Catharine MacKinnon y Andrea Dworkin unieron fuerzas del mismo modo para combatir la reforma sexual (ver, p.ej., Duggan y Hunter 1995; Vance 1997). Como Judith Walkowitz (1983) y Wendy Brown (1995) han observado previamente, el abrazo feminista del moralismo sexual basado en el Estado es particularmente apto para resurgir durante períodos de ascendencia de la derecha, como durante los años de Reagan y Bush, cuando las oportunidades para un cambio político y económico de más entidad escasean. Mientras que una resurgente alianza feministas-conservadores fue activamente estimulada por la Casa Blanca de George W. Bush —tanto retóricamente, como en las invasiones de Afganistán e Irak, como mediante el cultivo de lazos políticos explícitos, como en el nombramiento de la renombrada activista feminista Lederer como Directora Senior para Proyectos Globales sobre la Trata de Personas en el Departamento de Estado— varias feministas dieron el paso de apoyar activa y públicamente las iniciativas de la Administración Bush. Notablemente, en un artículo de febrero de 2004 en el Washington Post escrito conjuntamente por la icono del feminismo de la segunda ola Phyllis Chesler y por el profesor de estudios de la mujer/activista antitrata Hughes, los autores hacían una vigorosa defensa no sólo de las políticas antitrata de la Administración Bush, sino también de sus intervenciones militares en Afganistán e Irak, declarando que los conservadores contemporáneos y las organizaciones religiosas se habían convertido en defensores más fiables de la democracia y de los derechos de las mujeres en todo el mundo que lo que había sido nunca la izquierda (Chesler and Hughes 2004). 

Aunque el abrazo de los discursos de criminalización, construcción de la democracia, registros de escarnio público, y valores familiares por una nueva hornada de feministas reconocidamente conservadoras es ciertamente significativo, es de notar también hasta qué punto feministas que se identifican como seglares de izquierda se han encontrado a gusto compartiendo gran parte de esta agenda y han sido, de este modo, diligentes compañeras en las campañas antitrata de las feministas conservadoras. Mientras que comentaristas tales como Wendy Chapkis (2005), Kamala Kempadoo (2005), y Miriam Ticktin (2008) han apuntado previamente a una colusión entre la corriente principal del feminismo y las agendas estatales de control de fronteras en las campañas antitrata contemporáneas (en las que el activismo feminista apoya inconscientemente la deportación de trabajadoras sexuales emigrantes bajo la guisa de asegurar su protección), mi trabajo de campo etnográfico extiende esta percepción, revelando que las políticas carcelarias y el aparato de seguridad estatal son los remedios políticos preferidos de las feministas antitrata. 

Las feministas de izquierda apoyan las políticas carcelarias, y la articulación de estas políticas mediante un particular conjunto de ideas acerca del género y la sexualidad se hizo evidente en las reuniones de las convenciones contra la trata de la  National Organization of Women–NYC (NOW-NYC) y de la American Association of  University Women en las que yo participé durante un período de seis meses entre 2007 y 2008. Angela Lee, del Centro de Mujeres Asiáticas de Nueva York, fue la oradora final en la manifestación de 2007 de NOW-NYC en petición de una ley de trata que aumentara  las penas aplicables a los clientes de prostitutas de noventa días a un año de prisión. Una mujer de unos cuarenta años impecablemente vestida, no hizo mención al papel desempeñado por la pobreza mundial en las dinámicas de trata y prostitución, sino que habló con gran celo de la integridad sexual de las familias. “Este es un asunto de la familia”, declaró abiertamente, “especialmente cuando se acerca el Año Nuevo Chino y hay tantas familias de las víctimas que no podrán celebrarlo”. Con esta expresión, Lee situó la amenaza sexual directamente fuera del hogar, a pesar de la afirmación feminista hegemónica anterior de que los hogares y las familias son los lugares más peligrosos para las mujeres. Lee llegó a ligar los peligros que arrostraban las víctimas de trata con la falta de éxito del Estado de Nueva York al imponer una ley que aplicara penas criminales suficientemente severas a traficantes y chulos, declarando con gran emoción que “¡Necesitamos castigar a los traficantes y liberar a las víctimas!”. 

En una discusión el 2 de marzo de 2007 en las reuniones de la Comisión sobre el Estado de las Mujeres, en las Naciones Unidas, discusión enfocada a “poner fin a la demanda” de trata sexual, el lazo entre las políticas sexuales y las carcelarias se reveló de forma aún más clara. En esta reunión dedicada a dificultar la demanda por parte de los hombres de los servicios de las trabajadoras sexuales, los panelistas aprovecharon la ocasión para demostrar cómo el Estado carcelario podía ser utilizado de forma efectiva para conseguir familias nucleares, heterosexuales, de parejas unidas por el amor. La oradora inicial, de la Coalition Against Trafficking in Women (CATW), alabó explícitamente a los cinco hombres, de raza blanca y clase media, presentes en la sala, como representantes de un nuevo modelo de masculinidad esclarecida y urgió a los miembros de la audiencia a “traer a sus maridos, hijos y hermanos” a futuras reuniones.  El modelo de prostitución y trata que las panelistas de CATW invocaron tenía poca, si alguna, conexión con factores estructurales o económicos, haciendo la prostitución totalmente atribuible a las acciones de un pequeño subgrupo de hombres malos: maridos dentro de la familia que podrían buscar los servicios sexuales de mujeres fuera de ella, u hombres malos fuera de la familia que podrían incitar a las mujeres y chicas de la misma a abandonarla. Aunque CATW se ve a sí misma como una organización feminista progresista, sus miembros no vacilaron, sorprendentemente, en sus demandas de un aparato punitivo estatal. Ni mostraron mucha conciencia de los fundamentos políticos y económicos de la singular forma de intimidad heterofamiliar que defendieron (ver, p.ej., Bernstein 2007b; Padilla et al. 2007). 

A nivel legislativo, la posición feminista de izquierda sobre la trata es expresada de la forma más clara por la representante Carolyn Maloney, congresista demócrata por Nueva York previamente conocida por su activismo en temas tales como la diferencia de salarios entre sexos y la salud reproductiva de las mujeres. Maloney ha tomado un papel dirigente en la campaña feminista contemporánea contra la trata sexual, patrocinando cambios legislativos enfocados a reprimir a los clientes de las trabajadoras sexuales y a eliminar cualquier distinción entre prostitución forzada y voluntaria en la ley antitrata federal. Ha trabajado también estrechamente con grupos feministas tales como la National Organization for Women y Equality Now, así como con Horowitz, del Hudson Institute, y con organizaciones cristianas conservadoras como Evangelicals for Social Action. En un capítulo de su reciente libro, reveladoramente titulado “The Pretty Woman Myth” (dejando así claro que la única forma de trata que la interesa es la prostitución heterosexual; Maloney 2008), dos cosas en particular merecen ser resaltadas. El primer aspecto llamativo de la discusión de Maloney es la elevación moral de la familia nuclear heterosexual, en contraste con la esclavitud sexual femenina que describe desgarradoramente. Aunque Maloney menciona el incesto sufrido por niñas en el seno de la familia como una vía corriente hacia la prostitución, en su análisis el incesto no supone en sí una violación de los derechos humanos tan grave como la esclavitud sexual, un término que reserva para las formas extrafamiliares de violencia. Un segundo elemento clave en el libro de Maloney es la extensión con la que la política carcelaria y la política de género se implican mutuamente. En su conclusión a “The PrettyWoman Myth”, Maloney insiste en que la mejor manera de combatir la esclavitud es mediante la detención y encarcelamiento de puteros y chulos, junto con una protección más vigilante de los niños. 

Los ejemplos anteriores ponen de relieve una importante alianza entre el feminismo y el Estado carcelario, una alianza que se extiende más allá que las recientes colaboraciones feministas con la derecha religiosa. En su reciente libro en el que documenta la coemergencia de la atención prestada por la segunda ola feminista a la violencia sexual y de las agendas neoliberales de encarcelamiento, Kristin Bumiller (2008) ha demostrado igualmente los aspectos en los que el miope enfoque feminista sobre la criminalización de la violación y la violencia doméstica durante los años 1990 contrastó con las preocupaciones de las feministas de base y las de los comienzos de la segunda ola acerca del empoderamiento social y económico de las mujeres. Argumentando que el imperativo carcelario neoliberal ha tenido un impacto devastador sobre los modos en que se ha construido el compromiso feminista contra la violencia sexual, Bumiller demuestra que lo recíproco es también verdad: una vez que el feminismo quedó fatalmente modulado por las estrategias neoliberales de control social, ello pudo servir como una inspiración eficaz para campañas más amplias de criminalización. Bumiller observa que en los primeros años del siglo la agenda neoliberal del feminismo contra la violencia sexual fue siendo exportada cada vez más como parte de la política de derechos humanos de los Estados Unidos, consolidando el imperativo carcelario dentro del feminismo estadounidense y extendiendo a lo largo y ancho del mundo el paradigma del feminismo-como-control-del-crimen (ver también Grewal 2005). 

La evidencia sugiere ciertamente que las campañas antitrata de los Estados Unidos han tenido mucho más éxito en criminalizar a poblaciones marginadas, reforzar el control de fronteras y medir el grado de respeto a los derechos humanos de otros países por su represión de la prostitución, que en conseguir cualquier beneficio concreto para las víctimas (Chapkis 2005; Chuang 2006; Shah 2008). Como argumenta Bumiller, no es sólo una cuestión de “consecuencias indeseadas”, sino que ha sido el resultado de que las feministas hayan unido directamente sus fuerzas al proyecto neoliberal de control social (2008, 15). Esto es cierto tanto dentro de Estados Unidos, donde los chulos pueden ahora recibir sentencias de noventa y nueve años de prisión por trata sexual y las trabajadoras sexuales son crecientemente detenidas y deportadas por su propia “protección” (ver Bernstein 2007a, 2007b), como en cualquier otra parte del mundo, donde la clasificación de otros países por parte de Estados Unidos ha llevado a un control más estricto de las fronteras a nivel internacional y a la implementación de políticas punitivas antiprostitución en numerosos países (Sharma 2005; Shah 2008; Cheng 2010). 

Muy recientemente, con la creciente atención feminista a las formas “domésticas” de trata (que películas como Very Young Girls han tratado de inflamar), se ha vuelto claro que el desplazamiento desde las formas locales de violencia sexual al terreno internacional y de vuelta  al interés por las actuaciones policiales en el interior de las ciudades estadounidenses (esta vez, bajo la apariencia de proteger los derechos humanos de las mujeres) ha proporcionado un circuíto crítico para la agenda feminista carcelaria. Según la abogada Pamela Chen (2007), actualmente la mitad de los casos federales de trata conciernen a mujeres menores de edad que ejercen la prostitución callejera en el interior de las ciudades.  Esto ha llevado a una campaña policial sin precedentes contra gente de color implicada en la economía sexual callejera —incluyendo chulos, clientes y trabajadoras sexuales por igual (Bernstein 2007a). 

El compromiso feminista carcelario con los valores de la familia heteronormativa, del control del crimen y de los supuestos rescate y rehabilitación de las víctimas (o lo que Janet Jakobsen ha glosado aliterativamente como “matrimonio, militarismo y mercados”; 2008) y el amplio atractivo social de esta agenda, lo ilustra poderosamente la reciente película Very Young Girls. La película ha sido proyectada no sólo en diversos locales feministas, sino también en el Departamento de Estado, en varias megaiglesias evangélicas, y en el conservador Christian King’s College. Bajo el pretexto de reflejar la trata en el interior del país, la película busca granjear simpatías para las jóvenes afroamericanas que se encuentran atrapadas en la economía sexual callejera. Presentando a las mujeres como “chicas muy jóvenes” (en el cartel promocional de la película, la protagonista es tan pequeña que, sentada, sus pies no llegan al suelo) y como las víctimas inocentes del abuso sexual (una categoría que ha sido reservada históricamente para víctimas blancas no trabajadoras sexuales), la película puede convincentemente presentar su perspectiva como antirracista y progresista. Aunque la inocencia de las jóvenes en la película se consigue a costa de demonizar completamente a los jóvenes afroamericanos que se aprovechan de sus ganancias y que son presentados como irredimiblemente criminales y subhumanos. 

La película despoja sin cesar de humanidad a los jóvenes afroamericanos implicados en la economía callejera junto con la compleja maraña de factores más allá de la prostitución (incluyendo racismo y pobreza) que conforman la vida de las chicas. En una proyección de la película a la que asistí en una selecta firma de abogados en Nueva York, al acabar la película algunos espectadores pidieron que los chulos fueran no sólo encerrados de por vida, sino agredidos físicamente. En Very Young Girls como, de forma más general, en el feminismo carcelario, la visión de la justicia social como justicia criminal y de los sistemas punitivos de control como los mejores elementos disuasorios para la mala conducta de los hombres, sirve como un punto crucial de conexión con políticos, evangélicos y otros que han abrazado la causa antitrata.

 

El Departamento de Estado no logra proporcionar pruebas para lo que afirma en su “Hoja Informativa”

http://rightswork.org/2011/11/us-state-department-fails-to-produce-evidence-for-its-%e2%80%98fact-sheet%e2%80%99/

Posted on November 8, 2011 . Written by Ann Jordan.

 

El 15 de septiembre pasado, académicos y activistas escribieron a la Oficina de Trata del Departamento de Estado para requerir pruebas fiables que demostraran lo que afirma en el documento (1): “Prevención: combatir la trata sexual mediante la restricción de la demanda de prostitución”. La Oficina de Trata respondió recientemente pero, para nuestro disgusto, fue incapaz de proporcionar ni tan sólo un elemento de investigación fiable en apoyo de lo que proclama en su “hoja informativa”. Por el contrario, la respuesta parece indicar que la Oficina mantiene su posición y cree que una opinión o una idea acerca de cómo solucionar un problema tiene el mismo peso que hechos respaldados por la evidencia. Su respuesta afirma que la “hoja informativa” es “sólo una entre una amplia gama de hojas informativas similares” y que su “Oficina no afirma que se deba usar una sola técnica para combatir la trata con exclusión de otras”. Esto indica que la Oficina de Trata cree que sus opiniones sobre las causas de la trata son “hechos” y que esas opiniones son una base sólida para “combatir la trata”. Con todo el respeto debido a la Oficina, las afirmaciones acerca de “hechos” y “técnicas para combatir la trata” deberían ser respaldadas por la sólida evidencia que es producida por una investigación cuidadosa con métodos validados. Las respuestas efectivas a la trata requieren algo más que intuiciones y suposiciones con raíces ideológicas acerca de lo que funciona o no.

Mientras la Oficina de Trata no sea capaz de llevar a cabo una sólida investigación en apoyo de las afirmaciones que hace en su “hoja informativa”, debería quitar el documento de su página web y no volver a colocarla hasta que tenga tal evidencia. Si no hace esto, parecería que la promesa de la administración Obama de aplicar una evidencia rigurosa a sus programas y políticas no se aplica a la Oficina de Trata.

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1.-

Prevención: Combatir la trata sexual mediante la restricción de la demanda de prostitución

Departamento de Estado de los EE.UU.

 

Hoja informativa
27 de junio de 2011

https://www.state.gov/j/tip/rls/fs/2011/167224.htm

Una comprensión cada vez mayor de la naturaleza de la trata de personas ha dado lugar a nuevas innovaciones para hacer frente a la demanda. Los estándares corporativos para el monitoreo de las cadenas de suministro y las políticas gubernamentales para eliminar la trata de las prácticas de compra están haciendo nuevas incursiones en la lucha contra la esclavitud moderna. Pero el hecho es que si no existiera demanda de sexo comercial, la trata de personas para la explotación sexual comercial no existiría en la forma que lo hace hoy. Esta realidad subraya la necesidad de seguir esforzándose por reducir la demanda de trata sexual mediante la promulgación de leyes y la promoción de actitudes culturales que rechacen la idea de pagar por sexo.

Normas para combatir la demanda de sexo comercial
Los gobiernos pueden liderar tanto en la práctica como con el ejemplo mediante la implementación de normas de tolerancia cero para los empleados, los miembros uniformados de servicio y los contratistas que pagan por sexo. Si pagar por sexo estuviera prohibido para aquellos que trabajan para, o hacer negocios con, un gobierno, los efectos de propagación podrían ser de largo alcance. A través de sus compras masivas, los gobiernos tienen un impacto en una amplia gama de actores del sector privado, y las políticas que prohíben la compra de sexo podrían a su vez llegar a una parte significativa del sector privado también.

Al mismo tiempo, los gobiernos tienen la capacidad de sensibilizar sobre el carácter sutil y brutal de este crimen, exigiendo la capacitación de empleados, contratistas y subcontratistas sobre cómo las personas sometidas a trata sexual son víctimas de coacción. Con demasiada frecuencia, las víctimas de la trata de personas son erróneamente consideradas como adultos “consintientes”. El uso de la violencia para esclavizar a las víctimas de la trata es omnipresente, pero hay otras formas más sutiles de fraude y coerción que también impiden a una persona escapar de la servidumbre obligada. Una persona prostituida puede haber consentido inicialmente, puede creer que él o ella está enamorada de ella o de su traficante, puede no identificarse como una víctima, puede no estar operando en las proximidades del proxeneta, o puede haber estado lejos del control físico del proxeneta con lo que parecía ser una amplia oportunidad de pedir ayuda o huir. Ninguno de estos factores, tomados de uno en uno o en conjunto, significa que él o ella no sea víctima de una forma grave de trata. Asegurar que estos hechos sean parte de la capacitación requerida para cada empleado del gobierno y todos los que hacen negocios con o en nombre de un gobierno es un paso importante en el cambio de actitudes sobre el sexo comercial.

Liderazgo moral en el futuro de esta lucha
Leyes fuertes son fundamentales para liberar a los países de todas las formas de esclavitud moderna, pero en última instancia para fomentar un cambio cultural más amplio con el fin de lograr avances significativos en la reducción de la demanda de trata sexual. Esto sólo puede lograrse rechazando las nociones aceptadas desde hace mucho que consideran el sexo comercial como un fenómeno de “los chicos siempre serán chicos” y enviando, en cambio, el claro mensaje de que comprar sexo es incorrecto. Los legisladores tienen el poder de elaborar una legislación eficaz contra la trata, pero también tienen la responsabilidad de representar valores que no toleren los abusos del sexo comercial. Los líderes empresariales necesitan cultivar una cultura corporativa que deje atrás un pensamiento obsoleto que hace la vista gorda al comercio sexual, incluyendo la adopción de códigos de conducta que prohíban la compra de sexo. Y los líderes de la sociedad civil —desde maestros a padres y ministros— deben fomentar la creencia de que es responsabilidad de todos reducir la demanda de trata sexual. Es especialmente importante llegar a los jóvenes con un fuerte mensaje de reducción de la demanda para ayudarles a comprender la explotación que implica el sexo comercial y combatir la glamorización de la cultura proxeneta.

Es la responsabilidad individual de cada persona pensar en sus contribuciones a la trata. Las leyes y las normas, las asociaciones y el activismo seguirán siendo cruciales para la lucha contra la esclavitud moderna, pero también lo serán las decisiones cotidianas de hombres y mujeres que pondrán fin a la trata sexual y llevarán un mensaje de libertad para todos.

Carta original a la Oficina de Trata:

http://rightswork.org/wp-content/uploads/2011/10/Ambassador-CdeBaca.9.11.pdf

Respuesta de la Oficina de Trata:

http://rightswork.org/wp-content/uploads/2011/11/Ambassador-CdeBaca.pdf

La “Hoja Informativa”:

http://www.state.gov/g/tip/rls/fs/2011/167224.htm