El gobierno de Maharashtra (India) ordena a los funcionarios ayudar a las trabajadoras sexuales

 

Por Jagriti Chandra

Nueva Delhi, 27 de julio de 2020

https://www.thehindu.com/news/national/other-states/maharashtra-govt-directs-officials-to-help-sex-workers/article32199125.ece

 

Las trabajadoras sexuales de Mahrashtra hacen cola para recoger raciones gratuitas en Kamathipura, Mumbai. Archivo | Crédito de la foto: Vivek Bendre

 

Ordena a las haciendas locales que les garanticen una ración gratuita y servicios esenciales.

Por primera vez, el gobierno de Maharashtra reconoció el trabajo sexual como trabajo y ordenó a todos las haciendas del Estado que garanticen “raciones gratuitas y servicios esenciales” para las mujeres que participan en él.

Aunque se retrasó varios meses, la carta admite que las trabajadoras enfrentan desafíos extraordinarios debido a la pérdida de ingresos durante el confinamiento por COVID-19 y pueden estar al borde del hambre.

“Las mujeres que hacen trabajo sexual y las mujeres que han dejado el trabajo sexual han perdido sus opciones de generación de ingresos. Debido al encierro, tampoco pueden obtener otros trabajos, lo que las lleva a ellas y a sus familias al hambre, poniendo en peligro su supervivencia. Por lo tanto, se espera que proporcione raciones gratuitas y todos los servicios esenciales a las mujeres mencionadas anteriormente ”, según un aviso del gobierno enviado por correo electrónico el 23 de julio por el Dr. Hrishikesh Yashod, Comisionado, Departamento de Desarrollo de Mujeres y Niños, Gobierno de Maharashtra .

“Esta es la primera vez bajo COVID-19 que hay un reconocimiento de la precaria situación en la que se encuentran las trabajadoras sexuales”, dijo a The Hindu Meena Seshu, fundadora de la ONG SANGRAM. “Esta es también la primera vez que un gobierno acepta en el lenguaje de un aviso del gobierno que ellas están haciendo un trabajo. Y la Red Nacional de Trabajadores Sexuales (NNSW, por sus siglas en inglés) exige que todos los Estados tomen ejemplo de esta orden y emitan instrucciones similares”.

Kiran Deshmukh, presidenta de NNSW, dijo que su organización acogió con beneplácito la decisión del gobierno a pesar de que se produjo después de un retraso de cuatro meses. “Esperamos que esta orden se implemente en el terreno. Nos gustaría que se nos condonara el alquiler de nuestra casa, así como que hubiera un alivio en las facturas de electricidad. El gobierno debería garantizar que a ninguna trabajadora sexual se le niegue ración gratuita por falta de una tarjeta de racionamiento y otros documentos “.

Hay más de 800.000 trabajadoras sexuales en India, según las estimaciones del Programa Fase 3 de la Organización Nacional de Control del SIDA de 2014. Sin embargo, según estimaciones no oficiales, el número podría ser mucho mayor.

“Así era mi mujer, Yamiled”

A Yamiled Giraldo la asesinaron en Cordovilla unos sicarios como venganza a la denuncia que interpuso contra el dueño de un club de alterne. El lunes se cumplirán dos años. Su marido, Carlos Echeveste, vecino de Ituren, decide romper su silencio.

 

IVÁN BENÍTEZ / GABRIEL GONZÁLEZ . ITUREN

24 de abril de 2011

https://www.diariodenavarra.es/noticias/hoyentuquiosco/asi_era_mujer_yamiled.html

 

ES lunes, 11 de abril, y las campanas de Ituren avisan de que son las tres y media de la tarde. José Carlos Echeveste, de 45 años, camionero autónomo, acaba de llegar de trabajar. “¿Queréis un café de puchero con leche de vaca? No sé si os gusta la nata. Está recién hervida”. La sirve. Se sienta. “Tengo 45 años pero aparento más”, sonríe en un ambiente cargado por la emoción. Fuera ha parado de llover. Bajo las faldas del Amaiur, Ituren, una localidad de unos 500 habitantes situada en lo alto del Bidasoa, se despereza del letargo de la siesta. Las nubes amenazan lluvia.

Carlos no se deja fotografiar. “La protagonista es Yami, no yo”. Yami, Yamiled Giraldo Montero era su mujer. Fue tiroteada hace ahora dos años en Cordovilla por un sicario contratado por José Lareo, el dueño de un club de alterne encarcelado por abusar sexualmente y obligar a prostituirse a mujeres. Yamiled le denunció. Declaró en el juicio contra él. Y como venganza, fue asesinada, como quedó probado en el juicio celebrado el pasado mes de febrero. Tenía 33 años y cuatro hijos: los dos mayores nacieron de una pareja anterior en Colombia.

Las cinco personas que participaron en su asesinato fueron condenadas a penas de entre 20 y 22 años de cárcel. Con la sentencia en la mano, que anhela porque sea firme en el Tribunal Supremo, Carlos decide romper su silencio. Nunca ha hablado de Yamiled con los medios, pese a la insistencia de algunas televisiones. “Estoy cansado, muy cansado. Hay veces -confiesa- que me siento culpable de haber animado a Yami a declarar en aquel juicio contra la persona que luego la mató. Esto no es Colombia, le decía, aquí hay policía, hay justicia. No temas”. Cuando Carlos habla, mira directamente a los ojos. “Por otro lado -expresa optimista-, me tranquiliza saber que ese hombre, su asesino, no está haciendo lo mismo con otras mujeres. Mis hijos lo sobrellevan… -se hace el silencio-. Cuando mi hija de ocho años me ve rascarme los ojos, intento disimular, pero me abraza con fuerza. Es su manera de expresarse”.

Yamiled llegó a España el 25 de junio de 2001. En noviembre de ese año se conocieron “en una despedida de soltero que acabó en un club de Sunbilla” y para Navidad ya estaban viviendo juntos. Aquí arranca su relato.

-“Entramos, pedimos unas copas, y cachondeo. De repente, observé que había una chica llorando sentada en una esquina. Me acerqué, aprovechando que iba al baño, y le pregunté si se encontraba bien y ella me respondió contundente: “¡Déjame en paz!”. Seguí al baño. Al volver, ella se acercó: “Perdone, señor -me dijo-, estoy pasando un mal momento. Estoy muy triste y no quiero que me molesten”. Ella trabajaba en ese momento de camarera. Me contó que se encontraba muy sola, no conocía nada ni a nadie en España. No sabía qué hacer sin papeles. Se había quedado sin dinero, porque la obligaban a pagar una deuda total de un millón de pesetas. Una deuda que estaba a punto de saldar esa misma semana. Su intención era largarse en cuanto liquidase la deuda. Me ofrecí para ayudarle. Le invité a una copa y nos quedamos media hora hablando. Me dio lástima. Soy inmigrante. He vivido en California diez años, sé lo que uno siente. Y sólo ver lo que le ocurría me produjo mucho asco. Pobres mujeres que caen en sus manos. Le dije: “Si quieres te pago el billete de vuelta a Colombia”. Su respuesta fue un no contundente. “Después de todo lo que me han hecho, sólo falta que me maten, tengo que cumplir mi promesa”. ¿Y cuál es tu promesa?, le pregunté… “Me prometí comprarme una casita y llevar algún dinero para poder rehacer mi vida dignamente, conseguir un futuro para mis hijos”. Le dejé mi teléfono. Si algún día te ves mal, llámame. Y nos despedimos”.

Promesas cumplidas

Aparte de Carlos no hay nadie en casa en este momento. Un par de horas más tarde aparecerán Sonia, su cuñada (hermana de Yamiled que reside en la misma borda de Ituren), con dos de los hijos de la fallecida, que escucharán sin parpadear las palabras de su padre adoptivo. En la balconada de la borda que da al pueblo, donde transcurre la conversación, rezuma el gusto de Yamiled en cada rincón. En un banco con una rueda de carro antiguo como respaldo que ella compró. “Aquí saldremos a tomar café usted y yo “, me decía. También en el jardín en el que tantas horas invirtió para convertir una borda asilvestrada en una coqueta casa de campo. Y Carlos sigue enviando dinero para los más necesitados a su región natal de Colombia, como hacían cuando ella estaba viva. Aquella promesa de Yamiled sigue cumplida diez años después de aquel primer encuentro, del que surgió un segundo.

-“A la semana regresé al club, se me había quedado algo de ella dentro del corazón. No lo puedo explicar. No era amor ni nada de eso, no sé, quizá lástima. Ella ya no estaba. Una compañera suya me dijo que se había ido a Madrid con otras tres amigas. Bueno, por lo menos ya ha salido de esta cárcel, pensé aliviado. Y me quedé más tranquilo. Pero a las dos semanas, me suena el teléfono. Al contestar, la escucho a ella. Me cuenta lo que le está pasando, que se encuentra en el sur de España, y que la han vuelto a engañar. Querían que se volviera a prostituir. Parecía asustada: “No tengo papeles, estoy aburrida, no sé qué hacer. Me acordé de usted y le he llamado. ¿Le molesta? Estamos buscando un apartamento, somos cuatro chicas”. A los dos días volvió a llamarme. Estaba en Pamplona. Y quedamos. Nada más vernos nos dimos un abrazo. Desde el primer día me transmitió confianza. Era muy sincera. Le dije que si quería le pagaba el billete de vuelta a Colombia, pero que no intentara sacarme dinero. “Yo no quiero robar a nadie, si piensas eso, te vuelves por donde has venido”, se defendió. Entonces se me ocurrió proponerle que viniera a mi casa a trabajar cuidando a mi abuelita y a mis padres. A ellos no les hacía falta, en realidad era una excusa para convencerla, porque ella no quería una limosna. Aceptó. Y así empezamos nuestra relación, primero como amigos, y poco a poco surgió todo”.

Las primeras fotos

Carlos saca un par de álbumes y comienza a mostrar fotos. Son las primeras que se ven de esta mujer. Nunca hasta ahora se habían publicado fotografías suyas. Y en muchas se ve a Yami con los caballos, con los perros, con el mono de trabajo para construir el jardín. Casi siempre alegre, a veces con burlas a la cámara. “Qué jodida era…”, dice Carlos con cariño y una sonrisa que ilumina su rostro. En una de las fotos, tomada en el jardín de su casa (ver página siguiente), se ve a Yamiled con su hija más pequeña en brazos. Detrás aparece una fuente en la que ahora reposan parte de sus cenizas. Otras fueron esparcidas en su Colombia natal, y otra porción en el cementerio de Ituren. Sin dejar de mirar las fotografías, Carlos continúa el relato.

-“Se ganó la confianza de mis padres enseguida. Incluso a mi padre, un hombre del norte, tradicional, algo cascarra, que encima estaba en silla de ruedas, le acabó haciendo tratamientos de estética. “Antonio, a ver las uñas, luego le daré una crema y un champú para la caspa”, le solía decir. A mi padre le terminó gustando. La quería mucho. Mi madre también, se llevaba muy bien con ella. Yamiled se ganó a todo el mundo en el pueblo durante estos años, a cualquiera que le preguntes te dirá lo mismo. Era otro mundo, muy cariñosa. Una psicóloga. Había gente de 80 años que iba al centro de estética que había montado en casa a hacerse las uñas sólo porque querían hablar con ella. Yami se quedó embarazada en marzo de 2008 y nos casamos en septiembre. En noviembre nació nuestra hija pequeña”.

Sonia entra en casa con su sobrina pequeña en brazos. Le prepara un vaso de leche con unas galletas, la sienta sobre sus rodillas y le da de merendar. Ella mete las galletas en el vaso, de dos en dos, despacio, ajena a la conversación que permanece sobre la mesa, y las saborea. Luce el mismo parecido que su madre. Cristofer, el hijo mayor, de 15 años, entra y sale de la sala. Inquieto. Él estaba junto a su madre cuando la tirotearon en Cordovilla. Termina por sentarse en la mesa. La preside. Entrecruza los dedos. Apoya la barbilla. Abre los ojos. Escucha atento a su tía. Su entereza es inusual. Habla Sonia: “Nos llevábamos muy bien, nos apoyábamos mucho. Mi hijo mayor, su sobrino, ha sufrido mucho su muerte. Era su reina, su todo. No supera la falta de su tía. Yami era la columna vertebral, la que sostenía la vida de todos, tanto la de aquí como la de allí. Ella se fue porque después del terremoto quedamos muy mal. Todo quedó en el suelo y ella siguió trabajando: de esteticién, recolectando tabaco y café… Me confesó que se venía a España dos días antes de tomar el vuelo. Como estaba separada de su pareja, me quedé a cargo de sus dos hijos.

La vida de Yamiled dio un giro radical cuando llegó a Ituren. Ahora habla Carlos: “Yami era feliz aquí. Al principio le costó, no le gustaba, decía que parecía a un pueblo de difuntos. Pero disfrutaba de lo que nunca había tenido. Enseguida sacó su carné de conducir, le encantaba la velocidad, se compró su coche… Estaba en lo mejor de su vida”. En casa de los padres de Carlos montó un negocio de esteticién, en el que trabajaba Sonia. Pronto se dio a conocer y la reclamaban en Urdax, Santesteban y Pamplona. Era una vecina más. Incluso todos los domingos acudía a misa en euskera, aunque al principio no lo entendía. “Pero no me importa, ahí estoy yo con mi Diosito”, le decía a Carlos.

Emprendedora

– “Ella era una mujer muy echada para adelante. Si Yami estuviese viva, hubiera creado un montón de negocios. Se hubiera encargado de cursillos, de dar clases. Tenía ilusión de ir de congresos. Somos muy diferentes. Yo soy de campo y ella de ciudad. Pero me decía: “¡Ay papito, le quiero tanto! ¡¡No sé cómo me he podido enamorar de usted!!”. Ella me cambió la forma de vestir. Era muy alegre. Transmitía carisma. Era cariñosa, educada, al mismo tiempo tenía su genio. Daba la cara. Sabía tratar a la gente. Las clientas iban a hablar con ella, le contaban su vida. Yami se convertía en su psicóloga particular. Como Yami no hay, solían decir. Pero su mayor ilusiónera ayudar a los más necesitados de su pueblo en Colombia -subraya Carlos-. Los últimos años, después de nuestro último viaje a Armenia (departamento donde está su pueblo natal), y comprobar la situación de pobreza de su barrio, nos quedamos impactados. Al regresar a Ituren, nos vimos en la obligación de ayudar a esos niños. A Yami le encantó la idea. En el centro de estética se lo comentó a sus clientas y todas reaccionaron. Calculamos que aportando diez euros sería suficiente. Fue maravillosa la respuesta. Ver las fotos de todos esos niños riendo, agradecidos con sus regalos de Navidad , lo que para nosotros es una miseria para ellos lo es todo. Esto animaba a Yami. Hemos mantenido su iniciativa. A ella le hubiese gustado”.

La vida de Yamiled transcurría por unos caminos muy alejados del club de alterne en el que desembarcó a la fuerza en 2001. Pero el tema seguía allí. Ella había denunciado a José Lareo por abusos sexuales y obligación a la prostitución de mujeres, y por ello el dueño del club fue condenado en 2004 a 18 años de cárcel. Yamiled no lo olvidaba, por mucho que hubieran pasado cuatro años y ahora viviera feliz en Ituren. José Lareo tampoco lo había olvidado. Y en la prisión de Pamplona, contactó con otros dos presos, que a su vez lo hicieron con un sicario y una cooperadora: 8.000 euros por matar a Yamiled.

-“Ella intuía algo -recuerda Carlos-. Creía mucho en las señales y los sueños. Presintió que le iba a suceder algo. Un año antes de su muerte, me dijo que había visto a Lareo con un descapotable en la rotonda de Santesteban. “No jodas, no puede ser, si tiene que estar en la cárcel”, le contesté. Un amigo me confirmó que le había visto comiendo con cuatro chicas. Desde entonces, estaba inquieta. Todas las noches rezaba por nosotros”.

La llamada que la mató

Dos días antes de su asesinato, Yamiled recibió una llamada a su móvil. Era una clienta. O eso pensaron. “Fue a Cordovilla porque le dio pena esa chica. Normalmente no iba a casas de particulares, pero ese día no la quiso dejar tirada. Pensó que era la novia, por eso fue”. Era jueves 23 de abril de 2008. “Aquel día, Yami empezaba a trabajar a las cuatro de la tarde en una peluquería de Burlada. Tenía tres clientes para hacerles las uñas. Antes, comimos en un restaurante chino. Nos encantaba. A las tres y cuarto, terminamos, la dejé en Burlada, y yo fui a comprar algo de ropa mientras la esperaba. Dos horas después la recogí y pasamos por El Corte Ingles a comprar una plancha. A las ocho y media volvimos a casa. Todavía me tocaba hacer los animales”. A la altura de Ostiz, Carlos recordó a su mujer el trabajo que debía concretar para el sábado. En un principio, Yami quería delegar este trabajo en una compañera, pero ésta no le cogía el teléfono, y Yami no sabía qué hacer. “Como Cristofer, nuestro hijo, jugaba a pelota en Uharte Arakil a las diez y media, le comenté que podía aprovechar y llevarle. Yami no recordaba dónde quedaba Cordovilla. Le expliqué que cerca de un bar donde solíamos comer”. Algo más convencida, Yami telefoneó a la cliente que le había llamado esa misma mañana. “Hablaron con el manos libres”.

-Soy la esteticién. ¿Qué es lo que quieres hacerte? Tengo que llevar a mi hijo a las diez y media a la pelota y podría ir yo misma.

-Sólo quiero maquillarme y hacerme las manos -dijo la clienta-. Me llamo Alicia.

Quedaron en concretar la hora el mismo viernes. Ese día, se quedó trabajando en casa. “Yo estaba de baja, a las ocho preparé la cena. Ella esperó a que viniese su última cliente. Yo me encontraba algo delicado, así que di de cenar a los niños y me acosté. “Ok papi. A las seis de la mañana levánteme”. Ella era muy perezosa. A las seis de la mañana la desperté. Preparamos el biberón a la niña. Me quedé otra vez dormido. Ella levantó al niño. A las siete y media arrancaron. A las ocho y cinco me despertó el teléfono, era una vecina de Cordovilla: “¡Han disparado a su mujer! ¡Estoy con su hijo, aquí esta el niño! ¡Por favor venga! ¡Han disparado a su mujer! A las ocho y media arranqué”.

Sonia, Cristofer y la hija pequeña de Yamiled han escuchado atentos todo el relato. Con entereza. La pequeña ya ha terminado el vaso de leche con galletas. Cristofer se derrumba pero se recompone en segundos. Es un joven con una gran fortaleza. “Me gusta mucho el fútbol”, se anima a hablar, “me gustaría jugar de lateral”. Los estudios los lleva peor. Se le escapa una sonrisa.

Y aquí termina la conversación con Carlos. Días después, envía unas líneas escritas a mano. Se ha despertado a las cinco de la mañana y se ha puesto a escribir. Como terapia.

-“Yamiled era una persona muy alegre que transmitía mucho cariño. Le gustaba estar y sentirse guapa, coqueta, y al mismo tiempo era muy sencilla. No le gustaba mucho maquillarse, pero tenía que ir siempre conjuntada, de pies a cabeza. Era muy extrovertida, simpática, pero al mismo tiempo muy directa: si no le gustaba alguien se lo hacía saber. Adoraba a sus animales, le gustaba sentirse viva y le encantaba su trabajo. Nosotros como familia la echamos mucho de menos, pero pienso que muchísimas personas que la conocían también. El vacío que nos ha dejado es algo que nos cuesta. Pero como ella decía, la vida continúa. Van pasando los días, los meses y ya dos años, y a veces me levanto pensando que todo esto es una pesadilla. La realidad es otra, y cuando abro los ojos digo: ¿por qué ella? Alguien que sólo quería vivir, disfrutar de sus hijos y cumplir sus sueños, trabajando en lo que le gustaba, y se lo arrebataron a tiros. La vida es muy injusta”.

Supervivientes de un terremoto

NO saben por qué, pero en Colombia la llamaban Mafalda o la Flaca. Le encantaba jugar al fútbol. Era una de sus muchas aficiones. En 1999, el pueblo donde vivía con su familia quedó arrasado por un terremoto. Cristofer, el mayor de sus cuatro hijos, entonces con 3 años, quedó atrapado entre los escombros, casi muere. Esta situación obligó a Yamiled a tomar una decisión. Y lo hizo…. “Nuestra economía quedó muy mal. Quería un futuro mejor para su familia. Fue nuestra columna vertebral”, Sonia recuerda su partida como si fuese ayer. Yamiled vivía con su madre, su hermana y sus sobrinos en una cabaña hecha a base de excrementos de vaca y caña, en el departamento de Armenia. Ves ese establo -Carlos señala fuera de la borda- eso era un lujo”. Sonia y Yamiled alternaban el trabajo de esteticién con el de recolectoras. “Con el terremoto lo perdieron todo”, relata Carlos, “tuvieron que empezar de nuevo, con coraje. Residían en un barrio tan pobre. Debió de ser durísimo. Las ayudas, según me contó, no se distribuían bien y la gente se mataba por una libra de arroz”. Yami dio a luz. Carlos confiesa que si a él se le está haciendo cuesta arriba , sus cuatro hijos y sus sobrinos lo están pasando peor. “Cristofer es un chaval muy fuerte”, apunta. “Ver cómo matan a su madre… cada vez que lo pienso…. Yo, con mis 45 años, después de haber vivido muchas experiencias en esta puta vida, se me ponen los pelos de punta. Cristofer sobrevivió a aquel terremoto que arrasó todo su pueblo porque quedó bajo un armario. Yamiled estaba embarazada del segundo. A los días siguientes del seísmo, sufrió todo tipo de enfermedades: dengue, paludismo, etc. Yamiled tenía claro que se quería marchar. Consiguió un contrato y viajó a España. Dos días antes de partir, el 23 de junio de 2001, se lo anunció a Sonia, su hermana, le dejó sus dos hijos, que entonces tenían 3 y dos años.

Yamiled aterrizó el 25 de junio en el aeropuerto de Fuenterrabía. Feliz porque pensaba que le habían contratado en una fábrica de seda y podría sacar a su familia de la miseria. Nada más bajarse del avión comprobó que la habían engañado. “Si llega a saber lo que le esperaba hubiera regresado a Colombia”, sostiene Carlos. A Yami le acompañaba una amiga. Eran las seis de la tarde. Le quitaron el pasaporte y la violaron. Acto seguido, le advirtieron:”A partir de ahora nos debes un millón de pesetas. Esto es lo que hay. Ese misma noche, la obligaron a prostituirse”. Yamiled quedó encadenada al miedo. “O permaneces calladita o ya sabemos donde están tus hijos”, las amenazas de muerte eran frecuentes. “¡Qué más cárcel que esa!”, expresó una vez durante el primer juicio que testificó, “¡una cárcel sin barrotes pero llena de amenazas de muerte! Yami siempre decía que daría su vida por sus hijos… y la dio, no se asustaba por nada”.

CLAVES

1 El asesinato. Yamiled Giraldo Quintero, natural de Colombia y vecina de Ituren, de 33 años, fue asesinada en Cordovilla el 25 de abril de 2009. Lo hizo un sicario contratado por José Lareo López, el dueño del club de alterne al que ella denunció en 2002 y que fue condenado a 18 años en 2004. El crimen se fraguó en la cárcel.

2 El juicio. Se celebró en febrero. Los cinco acusados de participar en el crimen fueron condenados a penas de entre 20 y 22 años de cárcel. Según el juez, el asesinato fue “un deseo” de Lareo.

 

Argentina. Cómo se organizaron las trabajadoras sexuales para enfrentar la crisis sanitaria y socioeconómica

 

Por Georgina Orellano y Natalia Arenas

23 de julio de 2020

Argentina – Cómo se organizaron las trabajadoras sexuales para enfrentar la crisis sanitaria y socioeconómica. [Georgina Orellano – Natalia Arenas]

 

Georgina Orellano, secretaria general nacional de la Asociación Mujeres Meretrices de la Argentina en Acción por Nuestros Derechos (Ammar), cuenta sobre las estrategias colectivas para apoyar a las mujeres más precarizadas y obviadas por el sistema de respuesta oficial.

Las trabajadoras sexuales pertenecen a uno de los sectores económicos informales que más salvajemente están padeciendo las consecuencias de la pandemia de coronavirus en Argentina. Desde el 23 de marzo, el gobierno de Alberto Fernández decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio.

Más allá de la decisión sanitario-política frente a la inexistencia de una vacuna contra la covid-19, y con base en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud con respecto a que la única manera de no contagiarse es mantener una higiene extrema y, sobre todo, aislarse, la cuarentena expuso en algunos casos y recrudeció en otros la emergencia alimentaria y habitacional de las y los trabajadores informales. “Informales” porque no están registrados (ni siquiera como monotributistas), y eso hace que carezcan de todo derecho laboral.

Las y los trabajadores informales en Argentina están en todos los rubros: desde domésticas que no son registradas por sus empleadores, plomeros, gasistas, electricistas que ejercen su oficio de manera independiente, hasta trabajadores de la construcción y vendedores ambulantes, por nombrar algunos. Las trabajadoras sexuales también pertenecen a este grupo. Pero con una contra adicional: la clandestinidad.

Si bien en Argentina la prostitución no es considerada ilegal ni está penada por el Código Penal –que sí pena el proxenetismo y la trata de personas–, existen normas que criminalizan el trabajo sexual autónomo. Como los códigos contravencionales de las provincias, que les dan poder a la Justicia (y en muchos casos, a falta de fiscales en las calles, a la Policía) para multar y arrestar a las trabajadoras sexuales en la vía pública.

Esta especie de “limbo legal” es el que permite la clandestinidad. Y, como en una rueda sin fin, la clandestinidad es la que deriva en la emergencia recrudecida hoy por la pandemia.

“Todos los meses que llevamos de cuarentena se traducen en deudas. Muchas con alquileres, hoteles de familia, que superan los 60.000 pesos”, dice Georgina Orellano, secretaria general nacional de la Ammar.

Para poner en contexto: hablamos de alquileres de habitaciones o en hoteles de familia que la mayoría de las veces se dan de manera irregular: no se firma nada, se arregla de palabra, no hay recibos, se aumenta cuando el dueño quiere y se desaloja de la misma manera. Por eso, algunas trabajadoras mantienen ahora su techo entregando objetos de valor para que no las desalojen.

En la vida legal, el presidente firmó un decreto que prohíbe los desalojos por falta de pago hasta el 30 de setiembre. Pero en la clandestinidad, todo vale.

En palabras de Orellano: “Hay algo que se queda estancado en las discusiones de los feminismos en cuanto al trabajo sexual. Muy pocas veces podemos contar cuál es nuestra realidad por ejercer un trabajo que si bien no es ilegal en nuestro país, no estamos registradas en ningún lado. Hay una mirada social estigmatizada y muchas de nosotras terminamos pagando el triple de un alquiler o directamente no nos quieren alquilar por miedo, porque creen que nuestra actividad está relacionada a algo delictivo”.

“La prostitución consentida y voluntaria existe”, dicen las trabajadoras sexuales, y la diferencian de la explotación sexual y la trata de personas. En este punto el debate se vuelve similar al de la legalización del aborto en Argentina. No sólo por las cuestiones personales y morales que se ponen en juego, sino por la intención de una parte de la sociedad de querer negar lo que ya existe.

“Creemos que no hay voluntad política para legislar un tema que está atravesado por cuestiones morales”, dice Orellano. “Lo planteamos como legislación laboral, pero tenemos que comenzar a desandar antes mil prejuicios”.

¿Es la sociedad argentina abolicionista? Para Orellano ese es, más bien, un país punitivista. “Todo lo que no quiere ver y quiere ocultar lo hace apelando a endurecer las penas, dándole más poder a la Policía y aliándose con el derecho penal”.

Las putas organizadas

Los primeros días de marzo, cuando en Argentina el coronavirus todavía se consideraba un virus asiático-europeo, en la Ammar se encendieron las alarmas. “Como estamos en contacto permanente con organizaciones europeas, nos empezaron a contar casos de compañeras a las que la situación de no poder salir a trabajar las agarró de sorpresa”, cuenta Orellano.

Entonces, desde la Ammar empezaron a pensar estrategias para tener respuestas concretas a la demanda del colectivo de trabajadores sexuales. Así fue que crearon el Fondo Nacional de Emergencia, una campaña que apeló a la solidaridad de otras organizaciones y de la sociedad en general.

Con los primeros aportes que recibieron en sus propias cuentas, por Mercado Pago o Pay Pal, compraron mercadería y armaron bolsones. Las primeras semanas había 50 compañeras anotadas para recibirlos.

Actualmente están desbordadas: la demanda que están supliendo no sólo es de alimentos, sino también de remedios, frazadas, estufas, ropa. Con o sin pandemia, las más perjudicadas siempre son las trabajadoras migrantes, travestis y trans. Según el último informe de la Red Latinoamericana de Personas Trans, 80% del colectivo trans travesti se dedica a la prostitución.

En el contexto de aislamiento social durante la pandemia, varias trabajadoras sexuales se volcaron por completo a la virtualidad y así logran sobrevivir. Pero no es el caso de la mayoría: muchas trabajadoras no tienen acceso a internet y varias más, ni siquiera celular. Esto no sólo las complica a la hora de generar dinero, sino también al momento de tramitar DNI, subsidios, pensiones. Ese acompañamiento también lo están realizando desde la Ammar, con una asistente social y un abogado que una vez por semana atienden en las sedes.

Los lugares donde viven también son un riesgo en medio de una pandemia. ¿Qué pasa si vivís en un hotel donde compartís baño y cocina con otras 60 familias? Para reducir los riesgos, las delegadas de la Ammar se organizaron para hacer también jornadas semanales de limpieza en los hoteles.

La mayoría de las demandas se concentran en la Ciudad de Buenos Aires, donde está la sede principal de la Ammar, la Casa Roja, en el barrio de Constitución, y otra en el barrio de Flores. Pero también tienen sedes en otras 12 provincias y en siete municipios de la provincia de Buenos Aires.

El registro de la discordia

A principios de junio se dio una situación insólita: el Ministerio de Desarrollo Social habilitó un formulario online de Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular. Por primera vez, aparecía la categoría “trabajadores sexuales”.

“Que día Peronista, compañeras”, tuiteó Orellano. “El Ministerio de Desarrollo Social creó el Registro Nacional de Trabajadorxs de la Economía Popular y nuestro trabajo aparece en el formulario de inscripción. Ya no debemos ocultamos ni inscribirnos con categorías engañosas”.

La noticia se viralizó y el viejo debate entre abolicionistas y regulacionistas volvió a instalarse en las redes sociales. Las regulacionistas y las que van por la despenalización y el reconocimiento de derechos (como las trabajadoras sexuales agrupadas en la Ammar) celebraron el gesto político y concreto. Las abolicionistas denunciaban que el gobierno “estaba reconociendo a la explotación sexual y/o trata de personas como trabajo”.

Para las trabajadoras sexuales el festejo por la posibilidad no sólo de recibir algún tipo de subsidio, sino de por primera vez estar registradas en un formulario estatal, duró unas horas: el escándalo que se generó en las redes y las propias internas entre funcionarias y funcionarios hizo que el ministerio bajase el formulario. Antes de que lo diera de baja, en tan sólo unas horas, se habían inscrito unas 800 trabajadoras y trabajadores sexuales.

La desprolijidad del ministerio para manejar la situación también fue tema de debate en las redes y en los medios de comunicación.

Unas días después el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, recibieron a un grupo de trabajadoras sexuales. Allí les contaron que estaban armando una comisión de trabajo especial para discutir de qué manera incluirlas en el registro. Es una comisión a la que fueron invitadas a participar.

“Nosotras aprovechamos para contarles todas las dificultades con las que nos encontramos y decirles que todas las demandas que absorbimos son demandas que le corresponde al Estado absorber y que deberíamos poder canalizar a través del ministerio”, contó Orellano.

Ese canal de diálogo que se abrió es histórico y beneficioso para las trabajadoras sexuales del país. Y ya tuvo sus primeros frutos: por ejemplo, en provincias como San Juan y Mendoza, donde nunca las habían escuchado, las llamaron a los pocos días para asistirlas. Lo mismo en el municipio de Mar del Plata, de la provincia de Buenos Aires.

 

 

 

“La prostitución, al ser imposible de abolir, es un blanco fácil y permanente”

Lo dice la antropóloga feminista Laura Agustín, autora de numerosos ensayos y libros sobre migración, trata y trabajo sexual. Su aporte complejiza la mirada acerca de estos temas. Agustín creó el término “industria del rescate” para hablar de cómo la categoría de trata sexual se expandió en los últimos años y esto amplió el poder de policía del Estado en distintos lugares del mundo, perjudicando a las trabajadoras sexuales. Una entrevista en LATFEM para superar miradas dicotómicas.

 

 

Por FLOR ALCARAZ

12 de marzo de 2020

“La prostitución, al ser imposible de abolir, es un blanco fácil y permanente”

 

A Laura Agustín la conocen como la antropóloga desnuda. Así se presenta en su blog y en las redes sociales. Intenta ponerle sentido del humor a los temas sobre los que escribe y la forma en que los aborda. Trabajo sexual y migración son los ejes de sus trabajos. En sus libros, ensayos e investigaciones desviste de prejuicios y estereotipos a estos temas. Los despoja de sentidos comunes para pensar nuevas categorías y abordajes complejos. Hace más de una década acuñó el término “industria del rescate” en el libro que se convirtió en bibliografía obligada para quienes investigan estas temáticas: Sexo y marginalidad. Emigración, mercado de trabajo e industria del rescate (Sex at the Margins: Migration, Labour Markets and the Rescue Industry). En él presenta los resultados de su investigación doctoral que se enfocó en personas de entidades de caridad, medicina, gobierno y activismo que trabajaban con migrantes indocumentadas en la industria del sexo en Europa. Su trayectoria de investigación coincidió con la salida de la narrativa del trafficking en el mundo de la ONU y la Unión Europea.

“Cuando empecé mi investigación a finales de los ´90 no conocía el término pero cuando la terminé me vi forzada a contestar la idea de que las migrantes eran víctimas de trata o contrabando. El discurso del trafficking triunfó rápido”, dice a LATFEM en un intercambio de correos electrónicos. Agustín escribe, investiga y participa activamente en las redes sociales (TwitterFacebook y Youtube) y en su propia web. “Al principio me encontré en charlas donde fui atacada por ser enemiga del feminismo o proxeneta”, cuenta. “Me costó tiempo entender que para mucha gente no es tema para charlar con lógica y razonabilidad. Ahora muchos eventos en todo país se parecen a campos de batalla. Personalmente dejé de participar en eventos vivos con participantes que me gritan. Además me consta que esos llamados debates no sirven para nada”, señala.

“En el trabajo sexual lo que se venden son servicios personales: sexuales, emocionales, espirituales, lúdicos, turísticos, curativos y más”, describe la antropóloga desnuda, que sabe que en Argentina la campaña publicitaria de la cantante Jimena Barón para promocionar su tema “Puta”, volvió a poner en el centro de la discusión la demanda de derechos laborales para las trabajadoras sexuales. Laura Agustín conoce el trabajo de incidencia de AMMAR que tiene una historia de 25 años en busca de reconocimiento de sus derechos y mejora de las oportunidades laborales. En sus redes comparte y replica las propuestas de esta organización sindical y feminista. Hablamos con ella para desarmar dicotomías.

Me interesa hablar de la representación del trabajo sexual. Los medios masivos colaboran con la construcción de una imagen de las trabajadoras sexuales como una persona moralmente deficiente y necesitada de tutela (totalmente victimizadas). Cuando se intenta salir de ese enfoque, aparece la acusación de romantización de la prostitución ¿Cómo salir de esa trampa?

El sistema patriarcal separa las mujeres en dos tipos: las que tienen un rol y lugar definitivo vis à vis con un hombre jefe de familia; y las que no lo tienen. En Babilonia hace cuatro mil años se marcaba la clara división, con sus reglas para identificar el rango social de cada persona y no confundir las mujeres dignas, dentro del orden decretado, con las no sujetas al sistema de comportamiento, sitio y papel correctos para hembras.

Para que funcionara esta división entre mujeres había que aceptar que el sistema reproductor y su uso las define y que el significado del sexo se radica en la reproducción de la línea masculina, porque debía de quedar claro quién era el heredero. Fuera del proyecto de reproducción, las mujeres se concebían como vacías de sentido y moralidad e incapaces de ser fiables. El placer que produce el acto sexual se trataba como consecuencia insignificante y el deseo como característica varonil.

¿Y hoy en día?

El estatus de la mujer ha alcanzado cierto nivel de igualdad e independencia, según país y cultura, pero el sistema patriarcal sigue en pie en todas partes. Las mujeres que viven casadas o emparejadas, con profesiones y familias convencionales, son las que se valoran: son las mujeres respetables en el sistema burgués que ha reinado en Occidente y sus colonias, desde la Iluminación de hace dos siglos.

El sistema otorga a estas mujeres la capacidad de definir cuáles principios morales son correctos y cual es la manera honrosa de vivir —para toda mujer—. Ellas tienen influencia con los políticos y medios de comunicación, estudios para poder redactar documentos y leyes y acceso a redes que proporcionan la financiación de sus proyectos. Se sienten confiadas en pronunciar cómo se deberían actuar las fuerzas del orden en cuanto a todo problema femenino.

Entre las mujeres más liberales de la clase media, hay tolerancia hoy en cuanto a relaciones sexuales fuera del matrimonio. Parece estar bien vivir no controlada por un hombre. Pero escuchen la propaganda que se difunde continuamente sobre los peligros sexuales que amenazan a las esposas, madres e hijas. Presten atención al mensaje de cómo se tiene que proteger a estas sujetas vulnerables: siempre estarán más seguras en casas rodeadas de familia. El mensaje va acompañado de imágenes de mujeres arregladitas, obviamente de la clase media, alegres de ser protegidas.

Todavía existe un modelo del sexo bueno, con reglas sobre cómo y con quiénes se hace, aún si ahora puede a veces ocurrir fuera del matrimonio. Entre las formas y prácticas sexuales aún estigmatizadas está el sexo pagado. Se escucha en discursos judiciales que la prostitución es una mal social, y entidades de policía entienden que la deben reprimir. ¿Por qué? Porque la prostitución se considera capaz de perjudicar al sistema patriarcal.

No es de sorprenderse que las mujeres que tienen estatus dentro del sistema quieren mantenerlo, y el acto continuo de desaprobar a las mujeres no respetables subraya y reproduce su propio rango. Necesitan mujeres malas. Pero parte de su razón de ser es pronunciar sobre la moralidad; y la prostitución, al ser imposible de abolir, presenta un blanco fácil y permanente.

La diferencia hoy día es que en vez de etiquetar a las mujeres prostitutas como malas y perversas —su identidad durante siglos —, las victimizan. Aparentemente culpan a los hombres, pero es evidente que las trabajadoras sexuales son las personas que sufren la propuesta de la abolición. De ahí se mantiene la separación entre las mujeres. En cuanto a los hombres, la división entre mujeres les conviene: no tienen que hacer nada para mantener su posición suprema.

Entonces vender sexo representa algo profundo que el concepto de ser un trabajo convencional no toca, lo cual explica la disfuncionalidad de los llamado debates.

Quisiera que me expliques el concepto de “industria del rescate” para quienes no leyeron tu libro. Creo que este marco es útil para pensar dos cuestiones: por un lado, cómo la categoría de trata empieza a expandirse y cómo esta idea de “industria del rescate” amplía el poder de policía. ¿Cuándo aparece esta idea del rescate y para qué ha servido? ¿A qué intereses es útil?

Desde la Iluminación, la figura de la prostituta en vez de verse como mala o perversa se ha visto como “mujer caída” que se puede rescatar y volver a la dignidad. Para lograr su rescate y reinserción en la sociedad se necesitan personas dedicadas, sacrificadas o profesionales. De ahí el desarrollo de un sector social que ha continuado durante 200 años sin que la situación de la prostituta misma mejorara. Los proyectos de rescate eran pequeños, muchos de religiosas. Pero ¿qué ocurrió? La migración se volvió un problema apabullante en Europa.

A comienzos de la década del `90 había empezado a preguntarme por qué la prostitución causaba tanto escándalo. Mi contexto fue países de América Latina y el Caribe donde muchas mujeres viajaban a vivir en partes de Europa donde se les presentaban dos opciones para ganarse la vida: ser criadas en casas particulares, limpiando y cuidando a niños y ancianos, o vender sexo en diferentes ambientes, desde ventanales de Amsterdam hasta pisos residenciales de Madrid. El primer trabajo, aunque la interna vive de forma medieval, no molestaba a nadie; el segundo escandalizaba —sobre todo a las mujeres consideradas dignas que creen que saben cómo todos debemos vivir—.

La “industria de rescate” contemporánea basa su trabajo en una fantasía sobre la mujer migrante. La imagina como pobre, sin estudios, inocente, doméstica, pasiva, de cultura primitiva y por lo tanto fácilmente engañada. En realidad la gran mayoría de estas migrantes son contrabandeadas: pagan a intermediarios por ayudarles con billetes, papeles falsos y otros servicios. Se agrupan a todas las migrantes indocumentadas en el mismo saco pues el total de víctimas-traficadas es enorme. No importa de qué país viene o cómo es su historia individual, la mujer migrante cumple perfectamente con los requisitos fundamentales de la prostituta-víctima que necesita salvarse.

Entonces con el concepto “industria del rescate” quería resaltar el desarrollo de un sector social y económico que prolifera en proyectos no solo de carácter caritativo sino gubernamental, policial, médico, psicológico y comercial. Tiene ramas educativas y jurídicas. Algunos gobiernos tienen departamentos dedicados al problema. Provee muchos miles de empleos en todas partes del mundo y ha creado un sinfin de expertas y expertos en la materia.

¿Y cómo surge la industria del rescate moderna?

Se empezó con la decisión de ciertos gobiernos de subir un fenómeno ordinario, la venta de sexo, al estatus de un nuevo problema mundial, en conjunto con identificar la migración indocumentada como peligro aliado con el terrorismo. El concepto del tráfico de personas, al enmarcarse dentro de la criminalidad internacional, provee oportunidades para intervenciones continuas policiales y cuasi militares, y no es casualidad que así se proporciona otra justificación más para endurecer las leyes migratorias.

La idea del rescate mantiene la división de las mujeres en dos grupos: las que supuestamente son libres y capaces de elegir todo lo que les pasa y las que supuestamente son esclavizadas y sin capacidad de elegir nada. Reducir tanto las complejidades de la migración y los mercados laborales no solo es absurdo sino que ha confundido los temas claves que sí necesitan soluciones. Identificar a las mujeres que venden sexo como engañadas y traumatizadas aporta la excusa de descalificar sus voces de los debates donde la industria del rescate proclama el significado de sus vidas. Eso vale tanto para mujeres autóctonas con plenos derechos como para mujeres sin papeles que se van a deportar.

 

El intercambio de correos con la antropóloga desnuda termina pero la conversación e invitación para pensar este tema desde nuevos enfoques sigue abierta en los feminismos.

Declaración de Argaman Alliance y Transiyot Israel sobre la Ley de Compradores de Sexo en Israel

 

13 de julio de 2020

https://www.sexworkeurope.org/news/news-region/argaman-alliance-and-transiyot-israel-statement-sex-buyer-law-israel

 

El 10 de julio de 2020, la ley que penaliza la compra de servicios sexuales entró en vigencia en Israel. La campaña política local a favor de la penalización comenzó hace más de una década. Los borradores anteriores del proyecto de ley incluían tanto la penalización del cliente como lo que se describe como “rehabilitación” de las trabajadoras sexuales. Sin embargo, en 2018, los políticos y grupos que presionaron por la penalización de los clientes acordaron eliminar la parte de “rehabilitación” del proyecto de ley para conseguir que el gobierno lo apoyara. El proyecto de ley final, que se aprobó en la Knéset el 31 de diciembre de 2018, penaliza la compra de sexo y ofrece programas de rehabilitación solo para clientes. El programa de “rehabilitación” para trabajadoras sexuales fue anunciado en una decisión del gobierno. Los legisladores reconocieron que los programas de “rehabilitación” para las trabajadoras sexuales son una condición previa necesaria para implementar la prohibición de los clientes. Por lo tanto, la ley debía entrar en vigencia solo 18 meses después de su aprobación en la Knéset para permitir que el gobierno implementara los programas de “rehabilitación” antes de que comienzara la ejecución policial. Sin embargo, hasta el día de hoy, la mayoría de estos programas no se han llevado a cabo.

Incluso si los programas de “rehabilitación” se ejecutaran al pie de la letra, solo ofrecen algún tipo de asistencia a aproximadamente 200 trabajadoras sexuales anualmente. Además, hay grandes problemas con el programa. Primero, Argaman y Transiyot Israel, organizaciones locales de base de trabajadoras sexuales de todas las religiones, colores, géneros y ciudadanía, no han sido consultadas. En segundo lugar, los programas de “rehabilitación” no abordan las necesidades más urgentes de la mayoría de las trabajadoras sexuales en Israel: vivienda, ingreso vital, acceso a la atención médica, servicios de salud que satisfagan nuestras necesidades y protección contra la brutalidad policial. Si bien existe un programa nacional “para poner fin a la prostitución”, no hay un programa para poner fin a la transfobia, el racismo, el edadismo, el capacitismo y el apartheid. El programa de rehabilitación no ofrece nada a las trabajadoras sexuales trans *, mientras que las trabajadoras sexuales indocumentadas, incluidas las trabajadoras sexuales palestinas LGBTQ, están completamente excluidas de los servicios ofrecidos bajo el programa de “rehabilitación”.

Nosotras, en Argaman y Transiyot Israel, hemos estado luchando por los derechos de las trabajadoras sexuales y hemos formado una coalición con Maavarim, Project Gila y Achoti – para Mujeres en Israel. Siempre hemos exigido que las trabajadoras sexuales sean escuchadas en los procesos legislativos, pero las fuerzas que intentan silenciarnos han sido abrumadoras. Un lobby fuertemente financiado para “terminar con la prostitución y combatir la trata” a través del cierre de la frontera ha liderado una campaña contra nosotras, diseminando mentiras y estigmatización. Este lobby logró no solo impulsar leyes que ponen en peligro nuestras vidas, sino también expulsarnos de los círculos feministas y políticos.

La crisis de COVID-19 ha tenido los efectos más devastadores en nuestras comunidades. La mayoría de las trabajadoras sexuales no tienen derecho a la ayuda del gobierno, mientras que muchas temen ser procesadas y prefieren morir de hambre antes que ser registradas como prostitutas ante las autoridades. Muchas de nosotras hemos alcanzado niveles de pobreza sin precedentes y ahora dependemos de donaciones de alimentos. Nosotras, en Argaman y Transiyot Israel, hemos organizado y recaudado donaciones y distribuido alimentos y otras formas de asistencia durante el confinamiento por COVID-19, y continuamos brindando ayuda humanitaria a nuestras hermanas hasta el día de hoy.

En febrero, cinco meses antes de que entrara en vigencia la prohibición, presentamos un informe provisional sobre la violencia contra las trabajadoras sexuales, incluida la brutalidad policial y varios efectos negativos de la ley sobre las trabajadoras sexuales. Llamamos al gobierno a posponer la prohibición por 24 meses. También exigimos la concesión de una amnistía por delitos relacionados con la prostitución, y que nuestras organizaciones sean parte de cualquier proceso legal que nos afecte.

No tenemos ninguna posibilidad de encontrar medios de vida alternativos cuando 1 de cada 5 israelíes está desempleado y tenemos antecedentes penales que nos marcan como prostitutas. Debido a que el gobierno no creó ayuda social y otras disposiciones para minimizar los efectos negativos de la ley, muchos grupos de derechos se han unido al llamamiento para posponer la fecha de inicio de la prohibición. Estos incluyen todas las organizaciones LGBTQ israelíes, grupos feministas – Movimiento Achoti, Isha l’Isha – Centro Feminista Haifa, Foro de Mujeres de Israel, grupos de ayuda que trabajan con trabajadoras sexuales – Elem y HerAcademy, así como trabajadores sociales y profesionales del derecho. Si bien estos grupos tienen diversos puntos de vista sobre el trabajo sexual, todos comparten la preocupación de que, en las condiciones actuales, la ley condena a miles de trabajadoras sexuales a pobreza y violencia que amenazan la vida.

El 29 de junio, el Comité de Constitución, Ley y Justicia del Knesset discutió el estado de las cosas y los llamamientos para posponer la fecha de inicio de la prohibición. Nos sorprendió ver a un ex miembro de la Knesset y ex lobista sentado con miembros de la Knesset y funcionarios del gobierno alrededor de la mesa. Mientras que a ellos se les dio la oportunidad de hablar, nosotras tuvimos que ver los procedimientos por internet y no se nos permitió hablar. Nos dolió especialmente escuchar a las representantes feministas de la izquierda ansiosas por comenzar a hacer actuar a la policía, ignorando el daño que ya sufrimos por el exceso de control policial. Finalmente, sin escucharnos, el Ministro de Justicia decidió no posponer la fecha de inicio de la prohibición.

Estamos agradecidas por el apoyo que tenemos, especialmente de la comunidad LGBTQ. Sin embargo, estamos profundamente decepcionadas con muchos grupos locales de derechos que nos ignoraron a nosotras y a nuestra lucha por los derechos humanos básicos y contra la brutalidad policial. Estamos especialmente decepcionadas con las ONG israelíes que trabajan por los derechos humanos de los inmigrantes indocumentados y los solicitantes de asilo que nos dieron la espalda, a pesar de que una gran cantidad de personas indocumentadas en Israel dependen del trabajo sexual para sobrevivir. La Asociación de Derechos Civiles en Israel también decidió permanecer en silencio, a pesar de la información y evidencia que presentamos. Incluso la rama israelí de Amnistía Internacional nos ignoró constantemente y mantuvo su posición en apoyo de la ley de penalización del comprador de sexo, en contra del llamamiento de Amnistía Internacional a la despenalización total.

Si bien tememos por el mañana, estamos fuertes y unidas, y seguiremos luchando por nuestros derechos. Esperamos obtener el apoyo de nuestras organizaciones hermanas en el extranjero.

 

Información de contacto:

itargenut@gmail.com ; nily.gorin@mail.huji.ac.il

https://www.facebook.com/argaman.alliance

https://www.facebook.com/Trans.org.il

 

CPS y APDHA temen un retroceso definitivo en las medidas de protección ante el COVID-19 para las trabajadoras sexuales

 

16 de junio de 2020

CPS y APDHA temen un retroceso definitivo en las medidas de protección ante el COVID-19 para las trabajadoras sexuales

 

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Comunicado elaborado por el Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS) y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA):

  •         Desde el Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS) y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) expresamos nuestro temor ante una más que posible expulsión de las mujeres que ejercen la prostitución de las medidas de protección ante la crisis del COVID-19.
  •         Queremos poner en conocimiento del Ministerio de Igualdad en particular y de la sociedad en general las consecuencias que esta exclusión supone para el colectivo de personas que ejercen la prostitución.

La situación de emergencia sanitaria actual ha impactado de manera sustancial en las vidas de las trabajadoras sexuales. Al igual que el resto del sector informal, las trabajadoras sexuales se encontraban fuera de las políticas públicas de protección contra el COVID-19, viéndose obligadas a dejar de ejercer su actividad económica, sin derecho laboral alguno al que poder acogerse ni manera de hacer frente a necesidades fundamentales tales como el pago de la vivienda, de los suministros y de la cesta de la compra, tanto de ellas como de los menores a su cargo. En consecuencia, muchas trabajadoras sexuales están sufriendo un incremento progresivo de sus deudas, cuando no desalojos arbitrarios, y un deterioro creciente de su salud. En el caso de las trabajadoras sexuales en situación administrativa irregular, la situación es incluso más crítica, pues aumenta su aislamiento y las arroja a la más absoluta clandestinidad a merced de todo tipo de abusos.

Sin embargo, el pasado 21 de abril parecía vislumbrarse un nuevo y esperanzador giro hacia el reconocimiento efectivo de la situación de las trabajadoras sexuales en España. Después de casi 40 días desde el inicio del estado de alarma, el Ministerio de Igualdad publicó un documento en el que se garantizaban alternativas habitacionales y acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV) con independencia de la situación administrativa para víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución ( Ampliación del Plan de Contingencia contra la violencia de género ante la crisis del COVID-19: medidas adicionales dirigidas a víctimas de trata, explotación sexual y a mujeres en contextos de prostitución). Durante las semanas siguientes, el Ministerio continúo emitiendo nuevos documentos en los que contemplaban medidas concretas destinadas a “mujeres en contextos de prostitución”: una guía de actuación, una propuesta para la unidad de criterio de acreditación y unos indicadores para valorar las situaciones de vulnerabilidad.

A pesar del retraso de las medidas, su publicación y el eco del que se hizo la prensa han generado enormes expectativas y esperanzas en el colectivo de trabajadoras sexuales; desde el CPS y la APDHA aplaudimos la iniciativa. Al fin el Gobierno parecía admitir su responsabilidad para con este colectivo y reconocía su realidad diferenciándola de la de las personas víctimas de trata y /o explotación sexual. Sin embargo, lamentamos que en su diseño no hayan tenido en cuenta a los colectivos de trabajadoras del Estado, a quienes las medidas afectan directamente, y que como consecuencia de ello contengan importantes obstáculos para garantizar su acceso efectivo.

A este respecto, una de nuestras principales preocupaciones responde a la ausencia de garantías de confidencialidad sobre el tratamiento de los datos personales. Esta cuestión resulta especialmente peligrosa para todas aquellas trabajadoras que se encuentran en situación administrativa irregular, puesto que no existe ninguna garantía expresa de confidencialidad que les asegure que, una vez finalizado el estado de alarma, no puedan ser víctimas de persecución administraba para la apertura de expedientes de expulsión.

Además, se encuentra la incertidumbre generada ante la nula concreción sobre cómo se articularían estas medidas; una falta de información que nos trasladan las propias entidades ya designadas para su ejecución, con las cuales nos hemos mantenido en contacto.

Con el objetivo de socializar estas preocupaciones y aportar líneas para la mejora del Plan, el CPS y la APDHA solicitamos una reunión con el Ministerio, que nos concedieron para el pasado 3 de junio.

Y es a partir de este momento cuando surge nuestro mayor temor. Unos días antes de la reunión, se publica en la web del Ministerio de Derechos Sociales una guía sobre el IMV en la que ya no figuran “las mujeres en contextos de prostitución”. Finalmente, el 1 de junio se publica la resolución relativa al IMV en el BOE donde no existe alusión alguna al colectivo.

Con desasosiego, acudimos el día 3 de junio a la reunión con las representantes del Ministerio, donde, después de casi una hora de espera, nos informan de su anulación e intención de retomar en otra fecha (aún hoy continuamos a la espera). Como resultado de esta kafkiana situación, aprovechamos la fugaz comparecencia de las representantes para preguntarles cómo accederán ahora las mujeres que ejercen la prostitución al IMV. Solo obtenemos una breve y poco detallada respuesta en la que nos informan que al igual que el resto de la ciudadanía: lo harán a partir del umbral de renta. Por lo tanto, las trabajadoras sexuales han dejado de formar parte de uno de los grupos de excepción a los que se les exime de cumplir algunos requisitos para garantizar su acceso al IMV.

Desde el CPS y la APDHA queremos trasmitir con este comunicado que esta maniobra excluye a la inmensa mayoría de las mujeres que ejercen la prostitución del acceso al IMV, ya que se precisa contar con permiso de residencia de un año, empadronamiento y, en el caso de encontrarse al margen de una unidad de convivencia, cotización de doce meses.

El Ministerio de Igualdad, que se ha promocionado durante la situación de crisis sanitaria actual bajo el lema #NingunaMujerDesprotegida, ha pasado de ofrecer el IMV para las trabajadoras sexuales en situación de vulnerabilidad y con independencia de su situación administrativa a su supresión sin ofrecer siquiera una explicación.

Denunciamos que las expectativas generadas son altas y solo equiparables a las carencias y privaciones que atraviesa un amplio sector de las trabajadoras sexuales. Continuar dando la espalda a estas necesidades no solo representaría una falta de compromiso por parte del Gobierno, sino también una instrumentalización perversa de un colectivo que sufre históricamente la vulneración continuada de sus derechos fundamentales y una paulatina criminalización. Desde luego, no son esta clase de actuaciones las que esperamos de un Gobierno que se define feminista y comprometido con la justicia social; mucho menos después de lo andado estas últimas semanas.

Las putas que trabajamos en España no somos un discurso ni un tema para arañar votos: somos personas, ciudadanas, votantes y feministas. La autoorganización de las trabajadoras sexuales ha aumentado en los últimos años y nuestros movimientos de base crecen sin parangón por mucho que nos estigmaticen, criminalicen y pretendan censurarnos. Por ello, vamos a continuar denunciando todas aquellas políticas que, bajo el supuesto horizonte de la protección de TODAS las mujeres, sigan invisibilizando y dando las espaldas a aquellas que ejercen la prostitución.

¡Ni una agresión, ni una invisibilización, ni un euro más a nuestra costa sin respuesta!

 

Políticas públicas sobre el trabajo sexual

 

Por Ramón Sáez Valcárcel

Magistrado de la Audiencia Nacional

Abril de 2020

Haz clic para acceder a BOLETIN-N-10-LIBERTAD-SEXUAL-Y-PROSTITUCION-Volumen-II_compressed.pdf

 

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El tratamiento que deba darse a la prostitución puede operar a modo de contraste para identificar la remoralización de los discursos públicos, uno de los fenómenos del tiempo presente. La propaganda a favor de la abolición de la prostitución interpela de manera directa e incisiva al interlocutor, pide la prohibición de la actividad mediante la criminalización de sus protagonistas, también de los clientes, presenta a la mujer prostituta como una víctima inconsciente de su situación que debe ser rescatada incluso contra su voluntad, con un discurso que se hace acompañar de palabras cargadas de connotación negativa, como «estado prostitucional» (el que consiente esta forma de dominación), «prostituida» (la víctima sin agencia) y «lobby prostitucional» (todo el entramado que se opone a la propuesta abolicionista, sin distinguir empresarios y proxenetas de activistas o defensores del reconocimiento de derechos). Un discurso que pretende construir la realidad en clave de infamia, de modo que deja poco espacio para el debate, para el conocimiento de un mercado negro así librado a las reglas de las relaciones privadas. Sin embargo, el conocimiento de los mundos de la prostitución y del trabajo sexual requiere del observador una aproximación cautelosa con los datos, de difícil adquisición por su naturaleza clandestina, que respete la dignidad de las personas que en ellos habitan y dispuesta a escuchar y comprender.

La cosa ha llegado hasta el punto de que un sector del autodenominado abolicionismo —etiqueta que es fruto de la apropiación de la categoría histórica que documenta una de las luchas de la humanidad por la libertad y la emancipación de colectivos oprimidos— se erige en empresario moral y exige la prohibición de debates públicos en los que se defienda la regulación de la actividad y el reconocimiento de derechos, como ha ocurrido en alguna universidad. Es un error que reproduce el esquema de la campaña por la censura y la prohibición de la pornografía promovida hace tiempo por pensadoras del «feminismo radical» norteamericano, que reducen el universo de la sexualidad a simple expresión de dominio patriarcal y de violencia machista; de ello son exponente los textos de Mackinnon y Dworkin. Así, el debate sobre el trabajo sexual está incidiendo en la libertad de expresión —el acto de la Universidad de A Coruña fue desconvocado por la autoridad académica ante la denuncia de obscenidad por la participación de mujeres que ejercen la prostitución y defienden su derecho a tener derechos—, al reducir el espacio público y expulsar física y simbólicamente a quienes defienden su reconocimiento jurídico. Desde la perspectiva de la defensa de la libertad de expresión y del reconocimiento de la ciudadanía a personas vulnerables, valores que conforman el núcleo duro de la cultura de la jurisdicción en la que nos reconocemos, he aceptado la invitación para intervenir en este foro, consciente de la incomodidad de defender posiciones minoritarias en la Comisión de igualdad de Juezas y jueces para la democracia pero que alguien debe representar, como las organizadoras me hicieron llegar, en nombre del valor pluralismo y de la convivencia democrática de posiciones diversas sobre algunas cuestiones.

Históricamente la prostitución ha estado rodeada de una especial estigmatización social, de la que es testimonio la impresionante carga de desprecio que siguen teniendo los dicterios «puta», para ellas, e «hijo de puta», para ellos. Porque nos preocupa la suerte de las mujeres prostitutas debemos tenerlo en cuenta, para no reproducir el estigma en el debate político criminal. Si las presentamos como incapaces de decidir podemos incrementar su marginación y aislamiento social, lo que advertía Dolores Juliano1. Una visión negativa y superficial de la sexualidad desde prejuicios ideológico-morales puede provocar una ceguera ante el sufrimiento ajeno.

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Considero que la mejor propuesta de política criminal es la del reconocimiento de derechos para quienes, mayoritariamente mujeres, desarrollan la actividad del trabajo sexual o prostitución. El punto de partida obliga a configurar conceptualmente de qué hablamos, construir el problema, que resulta más fructífero que buscar soluciones, en ocasiones fáciles e impracticables; la prohibición suele ser una solución de este tipo. Para ello voy a seguir los argumentos expuestos entre nosotros por las profesoras María Luisa Maqueda, penalista, y Ruth Mestre, filósofa del derecho, a cuyas monografías me remito2. La prostitución es sexo libremente pactado entre adultos en la que media una retribución que percibe quien presta el servicio. La prostitución compromete actividad sexual, es decir placer y deseo, y puede entenderse como un servicio afectivo sexual en la medida que atiende a necesidades humanas que tradicionalmente han prestado, de manera altruista o retribuida, las mujeres. El trabajo reproductivo al que fueron desplazadas las mujeres en la transición al capitalismo se desenvuelve en el espacio doméstico y comprende el universo de cuidados que exige la relación familiar, entre ellos la sexualidad. De esta manera y alrededor de los papeles de esposa y madre se erigió culturalmente el modelo normativo de mujer. Como no entendemos el orden sin el desorden o la justicia sin la injusticia, era necesario el contrapunto: la mujer prostituta se convirtió en contramodelo, que venía a afirmar y legitimar moral y socialmente la versión positiva de mujer.

Las posturas abolicionistas redefinen la prostitución y para ello niegan que haya libre sexualidad si media precio. Consideran que es un contrato ilícito, un intercambio contrario a la moral y al orden público, aplicando categorías propias del derecho privado liberal, la moral como límite al pacto entre individuos (que, comentario al margen, desdice uno de los dogmas del derecho moderno, el de su autonomía y separación de la moral). Es un pacto ilícito porque valoran esta práctica sexual como degradante, incompatible con la dignidad de la mujer, puro despliegue de poder y de violencia masculina, que asemejan a la misma esclavitud. Esto supone un cierto exceso dialéctico que compromete el análisis. Pues al identificar sexo y dominación masculina bajo la secuencia argumental de que el acceso al cuerpo de las mujeres es el privilegio de la clase dominante integrada por el colectivo de los machos, todas las relaciones heterosexuales se convertirían en expresión de violencia y sumisión.

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No deberíamos olvidar que la categoría sexo tiene dos sentidos, como pusieron de manifiesto algunas teorías feministas. Por un lado, es el indicador del género y uno de los factores que promueve identidad personal y permite calificar ciertas relaciones como de dominación de género. De otro, como referente de la actividad sexual y del deseo, y aquí no hay predeterminación ni relación de causalidad, el género no connota necesariamente la sexualidad ni sus prácticas. Porque los mundos de la sexualidad, en plural como corresponde a un espacio de ejercicio de libertad cuando interactúan adultos que consienten, tiene autonomía respecto al efecto normativo del género, y no debería ser escrutado con los filtros de la moral ni de la política.

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La prostitución es sexo libremente pactado. Lo que quiere decir que se reconoce autonomía y agencia a las mujeres —sistemáticamente se olvida que también hombres, heteros y homosexuales, y transexuales prestan estos servicios—. Autonomía y agencia que evidencia su activismo político: su aparición en el espacio público del que se las quiere expulsar, los movimientos que han creado y sostenido en favor de sus derechos y las reivindicaciones que dirigen a las instituciones para que se les permita acceder a la ciudadanía. Quiere enfatizarse con ello que son protagonistas, que ostentan capacidad para contratar y que la ponen en práctica, que optan y deciden, claro está, dentro de los límites que imponen la clase, la procedencia étnica y cultural, la lengua y otros factores que condicionan el ejercicio de la autodeterminación. La prostitución constituye su medio de vida, su sustento económico, propio y de sus familias. Las posiciones que quieren prohibir y eliminar la prostitución no tienen suficientemente en cuenta los intereses económicos y vitales de estas mujeres por cuya dignidad se interesan. Y construyen el problema desde la presunción de que no consienten; es por ello que su propuesta de prohibición ha de operar con independencia, dicen, de su aparente consentimiento, porque estiman que se prostituyen involuntariamente, ignorantes de su sometimiento y de su desgraciada condición. Lo que les permite equiparar la prostitución a la trata de mujeres y niñas, porque ninguna goza de libertad. Aquí late una cierta, y paradójica, manipulación de los argumentos: las mujeres que se prostituyen no tendrían dominio sobre su cuerpo, lo que presupone que algunas mujeres no se merecen el derecho a disponer del propio cuerpo, vaciando de contenido el mensaje emancipador que sustentaron las reivindicaciones feministas sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Se construye a la mujer como víctima: incapacitada para decidir. Y se niega la distinción entre la prostitución libre y la forzada que, como apunta Maqueda, no es prostitución sino atentado a la libertad sexual contemplado en el código penal como delito. No podemos menos que identificar aquí una suerte de prejuicio moral que lleva desde la indecencia de la actividad a la dominación masculina, para negar agencia a las mujeres, lo que reafirma la estigmatización y el etiquetaje moral de las prostitutas. Y, sin embargo, estas mujeres tienen no solo agencia sino dignidad.

Cuando se repite que toda prostitución es forzada, al margen del desconocimiento de la realidad que significa, se impide proteger a quienes necesitan del amparo del estado, las más débiles, las que son objeto de coacción y de violencia en mundos clandestinos y opacos, las víctimas de la trata. Las condiciones laborales de explotación que se imponen a las mujeres que prestan servicios sexuales por cuenta ajena, representan un grave abuso —que incrementa la deprivación de la ciudadanía y de los derechos, que otorgan poder o contrapoder frente al empresario—, pero no califican la relación como trabajo esclavo. Porque existe consentimiento, en las concretas condiciones de subalternidad que establece la realidad social y económica, pero consentimiento: las mujeres prostitutas optan en la medida de sus posibilidades. Si aceptáramos este argumento habría de pedirse la prohibición de las empresas de trabajo temporal, de las relaciones uberizadas, o del trabajo doméstico, entre otras muchas modalidades de relaciones de explotación. Quizá se está manejando un concepto ideal de libertad, no practicable, que nos llevaría a querer salvar a quienes no quieren ser «salvadas» sino reconocidas como ciudadanas y titulares de derechos.

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La retribución y el pago de un precio presupone una negociación y un acuerdo. ¿Qué añade de malo en nuestro mundo de la privatización y la mercantilización? La satisfacción del placer sexual y del deseo ha sido colmada en las familias por mujeres, en su condición de esposas, sin reconocimiento de su valor intrínseco. La misma desvaloración parece asumir la ideología prohibicionista. Algo anacrónico en el capitalismo contemporáneo que trata el cuidado y la atención humanas, el afecto y las emociones, como mercancías. Véanse las aplicaciones y páginas que comercializan en la red la compañía, la amistad, el coqueteo y las citas amorosas. Hasta la figura del abuelo es objeto de contrato y de representación escénica en forma de servicio retribuido. Todo ello significa que vivimos la privatización del mundo de los afectos, mediante servicios que ahora se venden y compran y antes, gratuitamente, hacían las mujeres.

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En un intento de clarificar conceptos que puedan ayudar a definir políticas de intervención pública desde la perspectiva de los derechos, hay que presentar una breve taxonomía de los diferentes modelos históricos que se han dado, entre la regulación, el esquema liberal y la ciudadanía. El modelo reglamentista o de la regulación surge en el siglo XIX y es producto de la reflexión de las reformadoras morales, que se preocupaban por el contagio de enfermedades venéreas, por el desorden de las familias y la indecencia visible en los espacios públicos, con la pretensión de reducir el vicio y sus secuelas a su lugar debido. Su propuesta no era de reconocimiento de derechos, no se debe confundir, sino de tolerancia controlada que pasaba por el aislamiento social de los mundos de la prostitución y de las mujeres que en él laboraban; su paradigma son los barrios destinados especialmente a la actividad. No se prohíbe la prostitución, pero se criminalizan sus manifestaciones externas: la solicitud de servicios sexuales y la exhibición de las mujeres en la calle. Es la mirada que construye la figura de la trabajadora del sexo como mujer pública y como peligro social, y la prostitución como una práctica viciosa e inmoral. El modelo liberal, al que responde nuestro Código penal de 1995, sin las adherencias posteriores que han preñado de connotaciones morales el título de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, se articula a partir de la no intervención salvo para proteger a menores e incapaces y a mayores a quienes se les obliga a intervenir en relaciones sexuales no queridas. Se sustenta en la libertad contractual y considera que el estado no debe intervenir en una relación consensual entre adultos. En este marco ideológico y normativo, no hay víctima y la actividad se desenvuelve en la alegalidad, bajo las reglas de un mercado no intervenido. Y, por fin, el modelo laboral o de ciudadanía, que se distingue del regulacionista porque no parte de una evaluación moral de la prostitución, no pretende mantener el orden público ni controlar a las trabajadoras del sexo para garantizar la higiene de las familias. Plantea el reconocimiento pleno de derechos laborales a quienes desarrollan esta actividad, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia, de manera individual o en cooperativa. El reconocimiento de derechos es el sustento de la ciudadanía en nuestro sistema político constitucional, de tal manera que ciudadano es quien tiene derecho a tener derechos, en la hermosa fórmula arendtiana. Una ciudadanía plena que desborde los límites que le impone la estructura del estado-nación y que permita el ejercicio de la autodeterminación a todas las personas, tanto por su contenido —derechos individuales, de libertad y de autonomía, y derechos sociales— como por la universalidad de los sujetos titulares, a quienes el reconocimiento vendría a integrar en la comunidad, sin la actual distinción de destinatarios entre personas y ciudadanos que caracteriza a los derechos humanos y a los derechos públicos, civiles y políticos. Universo de ciudadanía que incluya a las mujeres migrantes irregulares que se emplean en este mercado, como condición y garantía contra la explotación, el abuso de poder y la marginación. El reconocimiento de derechos confiere capacidad de acción y protección del estado, algo que necesitan todas las personas, sobre todo las más débiles y vulnerables.

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Para terminar, la intervención penal debería regresar al marco establecido en la redacción inicial del Código penal, para proteger a quienes son forzadas y a quienes no pueden decidir, en coherencia con el bien jurídico que se protege, la libertad sexual, sin prestar relevancia alguna a la honestidad, (des)valor propio de la cultura de la dominación masculina. Esta es la propuesta alternativa del Grupo de Estudios de Política Criminal, de noviembre de 2006, que se titula Regulación del ejercicio voluntario de la prostitución entre adultos, en cuya elaboración intervinimos algunos miembros de nuestro colectivo.

Como se sabe, el texto de la ley penal ha sido sometido a verdaderas contrarreformas que han provocado un desquiciamiento del modelo original. El artículo 187.1.2 castiga a quien se lucre explotando la prostitución de otra persona aun con su consentimiento, por lo que se viene a equiparar esta imprecisa conducta —que atenta al principio de taxatividad al emplear estos dos verbos, lucrarse y explotar, para definir la conducta que se prohíbe— con la que requiere del sometimiento de la voluntad de la víctima mediante el empleo de violencia, intimidación, engaño o abuso de superioridad, o aprovechando una situación de necesidad o vulnerabilidad. Lo que provoca una evidente desproporción en la respuesta penal. Además, establece indicadores legales de explotación a partir de la situación de vulnerabilidad personal o económica de la víctima y la imposición de condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas. Al final, el reproche penal parece centrarse en la obtención de lucro económico de la actividad de otro, propio del rufianismo, la tercería locativa y el proxenetismo. Y así, como señala Maqueda, se confunde la libertad sexual, que es el derecho a no verse involucrado sin consentimiento en actividades de significación sexual, con la explotación laboral, que no afecta a la libertad sexual, aunque implique la aplicación de condiciones abusivas, que sería propio, en su caso, de un delito contra los trabajadores (art. 311 Código penal).

 

1 Excluidas y marginales. Una aproximación antropológica, colección Feminismos, Cátedra 2004.

2 María Luisa Maqueda Abreu, Prostitución, feminismos y derecho penal, Comares 2009, y Ruth Mestre, Trabajo sexual e igualdad, en Prostituciones. Diálogos sobre sexo de pago, Icaria 2008.

 

“La prostitución es un trabajo igual de explotado que cualquier otro” // Paula Ezquerra

 

Por Ariadna Trillas

16 de diciembre de 2019

https://alternativaseconomicas.coop/la-prostitucion-es-un-trabajo-igual-de-explotado-que-cualquier-otro

 

Entrevista

Paula Ezquerra

Activista feminista y trabajadora sexual

 

“La prostitución es un trabajo igual de explotado que cualquier otro”

De pequeña, en su Buenos Aires natal, soñaba con ser cantante. Le gustaba estudiar y hoy se queda con el modo en que la definió una buena amiga: “Soy una intelectual de la calle”. Paula Ezquerra, la primera trabajadora sexual que dio el salto a la política municipal, de la mano de la CUP, es una de las voces más destacadas de entre las que batallan para que la prestación de servicios sexuales sea reconocida como trabajo. A su larga trayectoria como activista feminista y en movimientos sociales se le añade su lucha como sindicalista anticapitalista, a través de la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC). El año pasado, la IAC constituyó la primera sección sindical de España en defensa de los derechos laborales de las mujeres que ejercen la prostitución. Ezquerra ve en el combate conjunto contra la trata el punto de encuentro entre las feministas partidarias de regular los servicios sexuales y las que exigen su abolición.

FOTO: A.T.

Tras su paso por la política, ¿ve más margen para defender su causa o lo ve más difícil?

En la política institucional hay limitaciones a la hora de hacer cambios. Pero a la vez el apoyo institucional confiere poder de acción, de decisión y de respeto. Es necesario que haya representantes del trabajo sexual en la política institucional. Es la forma de ir avanzando en derechos. Otra cosa es si yo repetiría. Para mí fue duro. Representaba al distrito de Ciutat Vella, y tuve que aprender de todo. Por suerte tuve buenos compañeros, de la CUP, de Barcelona en Comú, y algunos compañeros de ERC. Se tejieron complicidades muy bonitas. Pero quizá  me mostraban respeto y apoyo por mi supuesta valentía, más que por la causa.

¿Ve más factible la acción desde el sindicalismo?

La verdad es que como sindicalista también te tienes que limitar, a veces incluso más, porque como soy anticapitalista además de feminista, mi idea de la economía me lleva a imaginar un futuro más equitativo y con más derechos. Yo entiendo que vivimos en una sociedad donde todos estamos explotados. Es en ese contexto en el que quiero neutralizar a los empresarios que se lucran con el trabajo sexual. En lugar de querer eliminar el trabajo para terceros, hay que blindar los derechos cuando se trabaja para terceros. Ha sido un proceso doloroso entender, porque la mayor parte del tiempo fui autónoma, independiente.


“Si eres prostituta es porque te falta dinero. Mayoritariamente somos pobres”

“Propongo trabajar conjuntamente contra la persecución de la prostitución y contra la trata”

“Me di cuenta de que el problema no es que yo fuera prostituta, sino que era mujer”


¿Cuáles son sus principales reivindicaciones?

El principal punto es la no discriminación de las trabajadoras sexuales. Ni directa ni indirecta. El estigma de la puta nos afecta a todas las mujeres. Para mí, puta significa mujer libre.  La criminalización limita la libertad de negociación de los servicios que prestamos a nuestros clientes. Si se les persigue, se nos persigue, y entonces es más fácil acceder a relaciones de mayor riesgo. Vas rápido, necesitas dinero, tienes que comer. No estamos solo contra medidas como la ordenanza cívica de 2006 en Barcelona, sino contra la ley mordaza. Con el afán de proteger supuestamente a las mujeres dice que  se penalizará a quienes quieran pagar por sexo, y que cesen su actividad quienes presten servicios sexuales. En una tarde te pueden llegar a caer hasta 11.000 euros de multa. Es el resultado de la persecución del cuerpo de la mujer en una sociedad que no da de sí en la producción de trabajos bien pagados y de calidad. ¿De qué va esto? ¿De mantener la riqueza en el 1% y los conflictos entre personas pobres? Si quitas la dimensión moral, la prostitución es un trabajo igual de explotado que cualquier otro. Defendemos  que se reconozca como un trabajo más y conseguir convenios laborales como los demás. Y que se despenalice. Estoy en contra del sistema capitalista por su componente de explotación a las personas. Hay que hablar de explotación laboral, no de explotación sexual. Las compañeras de los clubes no están explotadas sexualmente, sino laboralmente.

¿Cómo es esa explotación laboral?

Pues en los clubes se suelen hacer jornadas larguísimas. Pueden hacerse hasta dobles turnos, lo que significa disponibilidad durante 24 horas por si aparece un cliente a la hora que sea. Llevas un uniforme y tienes un horario, luego eres una trabajadora por cuenta ajena. Pagas la habitación en el mismo edificio del club, el empresario te considera “una huésped”, para liberarse de la etiqueta de proxeneta. Además, tienes que pagar por toallas, preservativos, protectores higiénicos, que resultan más caros. Piensa que las mujeres están aisladas en clubes de carretera. Queremos que se reconozca que eso es trabajo por cuenta ajena. Y que las compañeras no tengan que dormir en la misma cama que donde se prestan servicios sexuales. Y que no se obligue a realizar prácticas sexuales contra su voluntad.

¿Esto no lo considera explotación sexual?

Vamos a ver. Es explotación en la medida en la que aquí todo vale si tú aceptas. Pero es como si estás muerta de hambre y te dicen que trabajes de sol a sol sin agua por cuatro euros. Te mueres de hambre y hay cien candidatos. El explotador sabe que necesitas el dinero. Las reglas las pone el empresario. Pero en realidad, solo un 1% de la sociedad tiene posibilidades de decidir sobre su vida. El resto es fantasía.

FOTO: A.T.

En la medida en la que se explota la necesidad de ganarse la vida, ¿qué opina de quienes afirman que la prostitución se ejerce libremente?

Somos clase trabajadora. Si eres prostituta es porque te falta dinero. Pocas veces lo serás porque ganas 15.000 euros al mes. Mayoritariamente somos pobres. No estoy de acuerdo con el discurso de que soy puta porque me gusta. Es un análisis poco comprometido con realidad social, es banal. Yo reivindico que no me gusta el trabajo, pero que tengo derecho a reivindicar mis derechos, trabaje de esto o de otra cosa. Yo misma era abolicionista al inicio. Creo que todas las trabajadoras sexuales empiezan creyendo que la prostitución es una explotación machista. Eso no lo niego. Yo, aunque tuve educación de clase media y fui a una escuela privada y católica y era romántica, a los 18 años no tenía otra opción, empecé por necesidad. Fue duro: te cuestionas a ti misma, y te cuestiona gente a la que quieres. Reflexionas todo el tiempo contra tus propias ideas, y contra las leyes.

¿En qué momento dejó de ser abolicionista?

Cambias de opinión trabajando, y también reivindico las herramientas adquiridas. Para mí fue clave cuando en 2005 nos reunimos como 2.500 trabajadoras sexuales procedentes de Europa, y Canadá, y Australia, y de Estados Unidos… ansiosas por compartir experiencias y capaces de analizar y de confrontarse a la realidad. En ese momento, cuando vi las capacidades de todas juntas, fue emocionante. Me di cuenta de que el problema no es que yo fuera prostituta, sino que era mujer. Me hice responsable de lo que hacía. Me pareció impresionante. Y también me ayudó descubrir al colectivo Putas Indignadas. Con el tiempo acepto que el problema no es que no me guste lo que hago, sino que no me gusta  mucho trabajar. De nada. Puedo ser un poco vaga, pero sigo luchando para ganarme la vida. Me levanto y trabajo. Yo creo que habría que trabajar menos y vivir más, darle más tiempo a lo importante.

¿Distingue con claridad la explotación laboral de la trata?

Claro.  Nosotras lo detectamos. Se nota. No solo porque tengamos cierta agudeza sobre el trabajo, sino porque estamos en el entorno, porque somos parte de la actividad. Si una compañera en situación de trata no te lo cuenta ella te lo cuenta otra compañera a la que se lo ha contado. Se nota en la actitud, en la forma de trabajar, en el miedo. Hace falta mucho dinero para poder actuar. Pero cuando falta el dinero nos ayudamos entre nosotras. Existe mucha solidaridad. Tenemos compañeras en situación de trata que han muerto. Eso afecta. Recuerdo el caso de la mujer que murió hace unos años tras múltiples palizas. No lo denunciaba. Tenía a sus hijos en su país de origen. Las instituciones lo sabían, la policía lo sabía. Es un fracaso de la sociedad. Por supuesto queremos que se respeten y se agudicen las leyes contra la trata y también contra el tráfico de personas. Queremos alternativas para las personas que están en situación de esclavitud. Deben poder desvincularse de situaciones de horror, pero no solo en el trabajo sexual, sino en todos los trabajos. Por eso me interesó este proyecto sindical, la IAC. Tenían experiencia en quitar la capa de moralidad sobre la prostitución. La trata y la esclavitud son terribles en cualquier caso.

¿Y los estudios según los cuales más del 90% de las mujeres que ejercen la prostitución lo hacen contra su voluntad?

Son fake news. Según la asociación Genera, no más del 30% de las mujeres que con las que contactó estaban en trata, aunque acumulaban más de un 60% de las multas. Y según un estudio de Naciones Unidas sobre la situación en Europa, es víctima de trata cerca de un 15%. Es terrible, pero no es un 90%.

¿Qué impacto tiene la división entre partidarias de regular y reconocer el trabajo sexual y las abolicionistas sobre el movimiento feminista?

Claro, lo debilita y lo divide. El punto de encuentro es el combate de la trata y el tráfico de personas. Cuando acabemos con la persecución, vayamos contra la trata Yo apuesto por trabajar conjuntamente en ello. Yo no digo que ser puta sea guay. Digo que claro que queremos que se erradique la explotación, pero en todos los trabajos.


“Cuando falta el dinero nos ayudamos entre nosotras, existe mucha solidaridad”

“Yo no digo que ser puta sea guay. Quiero que se erradique la explotación, pero en todos los trabajos”

“Tenemos la esperanza de que haya coherencia en la supuesta izquierda y no se persiga la prostitución”


En el hecho de comprar sexo ¿ve dominación?

Si hay un espacio donde encuentras al hombre con las defensas bajas es la sexualidad. El único momento en que los hombres son débiles es cuando quieren comprar un servicio sexual. Puede haber violadores, por cierto en todas partes. Pero en general quienes controlamos somos nosotras. Ellos quieren pasarlo bien. Si te tratan mal no lo van a pasar bien. Y cuanto mejor te tratan, mejor los tratas.

La prostitución está vetada pero hay espacios sí reconocidos por el Estado.

Sï, dentro del trabajo sexual es cierto que hay espacios que están reconocidos por el Estado, como los servicios vía webcam, el alterne, la pornografía… Pero no hubo hasta ahora un sindicato para reconocer los derechos. Queremos que todo sea más equitativo. Ciudadanos, por ejemplo, lleva en su programa el reconocimiento del trabajo sexual pero protegiendo a los empresarios. Se permite el trabajo en clubes, pero no en la calle. Siempre blanqueando el mercado o la industria del sexo.

¿Hay muchos mitos sobre la prostitución?

Sí. Por ejemplo, que la mayoría de trabajadoras sexuales no tienen papeles en regla. La mayoría están con papeles. Es cierto que algunas aprovechan el visado de turismo para trabajar. De entrada, para ser autónoma, tienes que ser europea.

Economía sumergida.

Sí. Se trabaja a menudo en negro. No acumulas cotizaciones, nada de jubilación. Ningún derecho para el futuro.

¿Qué piensa de la implantación de una renta básica?

Lo primero es el reconocimiento trabajo de la mujer en general, que no está reconocido ni valorado. Y no hablo solo de la prostitución. Las mujeres que educan a sus hijos o cuidan a los mayores, y digo mujeres porque son la mayoría, deberían tener un sueldo del Estado. Son trabajos feminizados. ¿Por qué desprestigiamos trabajos tan importantes como la educación de los hijos?  Por otra parte, hemos creado una sociedad tan desigual que debe existir una renta que equilibre la situación, por la concentración excesiva de riqueza.

Si se acaba formando un gobierno de PSOE y Unidas Podemos, ¿qué espera?

Tenemos la esperanza de lograr que no se criminalice la prostitución. Que haya coherencia con la supuesta izquierda y no se persiga, ni de forma activa ni pasiva. Mientras, seguimos luchando. Igual que en Cataluña se ha creado la sección sindical, IAC pertenece a una federación con otras organizaciones sindicales hermanadas con la misma ideología en Aragón, Galicia o Andalucía. Intentamos abrir paso a la corriente anticapitalista. Somos anticapitalistas, no puede haber racismo, aceptamos cualquier identidad de género, tenga o no papeles. Pero debe tener conciencia de clase y ser feminista.

La ministra en funciones de Empleo dijo que reconocer a Otras como sindicatos había sido un gol que le habían colado.

No sabemos bien en qué línea quiere trabajar Otras. Es una asociación que intentó ser un sindicato y no pudo. Quería ser un sindicato corporativista, específico de trabajo sexual. Nosotras ya entramos en un sindicato que ya tenía sus estatutos aprobados. Nosotras somos putas anticapitalistas feministas. Somos más bien aliadas de la izquierda. Saben que pueden contar con nosotras.

Entiendo que la problemática de la prostitución masculina es distinta.

Totalmente distinta. Si follas y cobras, qué bien. Tienen otros problemas. El machismo llega también a la prostitución. Un hombre que atienda a una mujer por 150 euros y que sea maravilloso no los hay. Digo que atiendan a mujeres. Mujeres, sí. Pero ellos están con nosotras y son estupendos.

¿Es imaginable una huelga de putas?

Con las nuevas tecnologías, sí es imaginable, pero siempre teniendo en cuenta la realidad económica de la que he hablado. Se podrá acoger a ella quien tenga sus necesidades cubiertas si no trabaja. Como en todos los trabajos. Eso pasa en todos los trabajos.

 

SERIE FEMINISMOS

Esta entrevista forma parte de una serie de entregas sobre feminismos que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona. La entrevista  se  ha realizado a partir de los criterios periodísticos de Alternativas Económicas.

 

España: 35 años con leyes de extranjería

En 1985 el Estado español sancionaba su primera Ley de Extranjería. En un escenario marcado por el vaciamiento coyuntural de los CIE y el cierre de fronteras por la pandemia, son múltiples las voces que urgen a replantearse el espíritu restrictivo que arrastra la Ley desde sus inicios y defienden el derecho a migrar.

 


El CIE de Aluche reflejado en un cartel publicitario de una película sobre superheroes.

 

Por Pablo ‘Pampa’ Sainz

1 de julio de 2020

https://www.elsaltodiario.com/ley-de-extranjeria/35-anos-con-leyes-de-extranjeria

 

Fue el 1 de julio de 1985 cuando el Estado español sancionaba su primera Ley de Extranjería. En aquellas fechas firmaba el Tratado de Adhesión a la Comunidad Económica Europea y pasaba a ser la frontera sur de ese espacio común. La nueva legislación parecía una imposición para formar parte de él.

La Ley tuvo un carácter puramente restrictivo y su primer efecto fue condenar a la irregularidad a miles de personas migrantes que vivían en el país. Para quienes tenían residencia y pretendían obtener un permiso de trabajo o la renovación del mismo, se fijaban dos requisitos clave: que no existieran “trabajadores españoles en paro en la actividad que se proponga desempeñar” y “la insuficiencia o escasez de mano de obra española en la actividad o profesión y zona geográfica”.

Por primera vez en democracia se establecía “la detención del extranjero con carácter preventivo o cautelar”, con un límite máximo de 40 días de internamiento. Nacían los Centros de Internamiento de Extranjeros.


El primer efecto de la Ley fue condenar a la irregularidad a miles de personas migrantes que vivían en el país. Establecía “la detención del extranjero con carácter preventivo”


Los derechos quedaban reservados en exclusividad para las personas que se hallaran “legalmente en territorio español”. Al resto se le negaba el derecho a reunión, a formar parte de una asociación, a afiliarse a un sindicato u organización profesional, a huelga y ni siquiera se reconocía el derecho “a la educación y la libertad de enseñanza”.

Pese a que en 1987 el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de varios de estos puntos, en el año 2000 el Partido Popular sancionó una nueva Ley que recuperaba las viejas proscripciones. Reunirse, manifestarse, afiliarse a un sindicato o tomar parte de una huelga volvieron a estar prohibidos a las personas en situación irregular. Recién en 2007 el TC restituyó los derechos fundamentales robados y su trasposición a la Ley se concretó en la modificación de 2009.

La irrupción de la pandemia ha puesto sobre la mesa la importancia que tiene en nuestra sociedad la presencia de la población migrante con independencia de su situación administrativa. La negativa del Gobierno por reconocer ese aporte ha encontrado como respuesta un movimiento social y político que exige #RegularizacionYa para más de 600.000 personas que residen en situación irregular.

Sin embargo, solo se atisba una posible modificación a la Ley de Extranjería vigente a partir de las propuestas que diferentes organizaciones sociales han acercado a la denominada mesa por la reconstrucción. Muy poco, para la emergencia social imperante.

“No debería haber dos categorías de ciudadanos”

Peio Aierbe, de la Federación de SOS Racismo, cree que es “perfectamente posible” pensar una sociedad sin Ley de Extranjería. A su entender “son imaginables otras formas de regular la llegada de personas, de regular a partir del derecho que tienen a buscarse la vida en cualquier parte”.

No obstante, admite que sería imaginable “con un potente movimiento reivindicativo” que exija “unas políticas radicalmente diferentes a las actuales”, condiciones que no parecen existir. “Hay muchos intereses en juego para que tal cosa no ocurra y poder seguir explotando una mano de obra fragilizada. Las migraciones son un chivo expiatorio que han demostrado calar muy hondo en sectores amplios de la población, no solo como bandera de la extrema derecha sino porque se ha asumido como discurso desde el conjunto de fuerzas políticas parlamentarias”, lamenta.

“No debería existir una legislación que crea dos categorías de ciudadanos”, afirma, y en todo caso, a petición de El Salto propone algunas reformas en la legislación actual: “otorgar permisos de búsqueda de empleo, de forma que durante un período de 6 meses o 1 un año se pudiera acceder al país con la posibilidad de encontrar un trabajo que regularizara, de forma estable, la situación de la persona; posibilitar la reagrupación familiar sin los obstáculos que se han ido imponiendo y otorgar permisos indefinidos, de estancia y de trabajo, a quienes provienen de la tutela de las administraciones al llegar a la mayoría de edad”. También eliminar “la escandalosa diferencia de plazos para poder acceder a la nacionalidad española”.

Por otra parte, pregona “la igualdad de derechos” para todas las personas. “Es el fundamento básico, incluso los derechos políticos ligados al voto” enfatiza, y pide porque ese reconocimiento y la regularización se vincule “a la residencia y no a la nacionalidad”. “En todo caso, la exigencia de contrato de un año hace complicadísimo que pueda conseguirse, de forma que habría de ajustarse la exigencia, en términos de temporalidad, a lo que es factible en ese mercado laboral”, reclama.

Por último, exige el cierre de los CIE porque “es una violación de derechos y un tratamiento desigual más” con la población autóctona. “Está suficientemente documentada la violación de derechos y maltrato que se practican, de forma sistemática, en esos centros”, concluye.

“Se debe reconocer el derecho a migrar”

Para la catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Margarita Martínez Escamilla, la Ley “es instrumento de una política migratoria de la UE y de España que concibe los movimientos migratorios como una amenaza y ha declarado la guerra a los migrantes y refugiados sin papeles”.

Sobre aspectos que modificaría de la Ley, recomienda la quita de “la disposición adicional décima”, a través de la cual se intentó dotar de cobertura legal a las denominadas devoluciones en caliente. “Es una actuación que por definición no puede ser respetuosa con los derechos humanos, por mucho que pueda decir la Gran Sala del TEDH”, enfatiza.

También considera que debería regularizarse “a las personas que el Estado ha intentado expulsar y no ha podido. No es aceptable perpetuar la situación de exclusión legal y social de personas que van a quedarse entre nosotros”, explica.


“Los millones de personas en movimiento son la prueba fehaciente de que existe un derecho a migrar, con independencia de su reconocimiento jurídico”


En esa línea, considera que “sobre todo” debe reconocerse el derecho a migrar. “Los millones de personas en movimiento son la prueba fehaciente de que existe un derecho a migrar, con independencia de su reconocimiento jurídico. Este derecho —como recuerda el filósofo del Derecho Luigi Ferrajoli— era un derecho básico defendido con pasión por la tradición filosófica occidental, cuando nos servía a nosotros para expandirnos por nuevos territorios. Un derecho que ahora reprimimos ferozmente”, recrimina.

“Cuando en marzo de 2018 murió en Madrid Mame Mbaye, que trabajaba en el top manta, una de las cuestiones a destacar fue que después de estar 12 años en España no había conseguido obtener la ansiada regularización” recuerda Martínez Escamilla como ejemplo de las situaciones a las que la Ley somete. Y pide un proceso de regularización que incluya a las solicitantes de asilo cuyos expedientes están siendo denegados.

“Como habéis informado vosotros, en breve quedarán en la irregularidad miles de solicitantes de asilo. Es obvio que, aunque el Ministerio del Interior se lo propusiera, no podría expulsar a un número relevante. El Gobierno español no puede sin más dejarles en la irregularidad, excluirles del sistema, ¿cómo van a sobrevivir estas familias? Sería muy razonable regularizarlas, que no nos digan que no se puede, que Italia o Portugal lo han hecho”, enfatiza, y propone que los CIE no vuelvan a abrirse.

“La pandemia nos va a brindar la oportunidad de comprobar que sin los CIE no se derrumba el modelo migratorio. Cuantitativamente no son tan importantes y, por contra, son un símbolo que pone de manifiesto la gran dureza de nuestra legislación de extranjería. Dentro de algunos años miraremos cómo los países ricos tratamos a las personas migrantes y refugiadas y nos parecerá inconcebible, tan inconcebible como hoy nos parece que en un autobús una persona negra no pudiera sentarse al lado de una blanca, o que las mujeres necesitaran autorización de su marido para cualquier cosa. La cuestión es cuánto sufrimiento se causará hasta que aceptemos esa evidencia”, finaliza.

“Es necesaria una migración cíclica”

Desde Málaga el doctor en Derecho y abogado José Luis Rodríguez Candela opina que “alguna regulación debe haber”, aunque no la llamaría Ley de Extranjería. “Una regulación sobre migraciones, sobre migración y emigración, que regule los derechos y las libertades de las personas que están en nuestro país y de las que salen”, explica y agrega que en ella “aboliría los CIE y todas las medidas represivas, sobre las expulsiones fundamentalmente. Por mucho que el Tribunal Constitucional declarase que el internamiento en CIE es constitucional, yo sigo pensando que no lo es, porque nadie puede ser privado de libertad directa o indirectamente por una infracción administrativa”.

“Por mucho que se declarase que el internamiento en CIE es constitucional, yo sigo pensando que no lo es, porque nadie puede ser privado de libertad directa o indirectamente por una infracción administrativa”

En la actualidad, si una persona migrante sale de España durante un determinado tiempo (seis meses o un año según el permiso que tenga), pierde sus derechos y no puede volver a ingresar. Al respecto, Rodríguez Candela señala que debería regularse “una inmigración cíclica” donde las personas migrantes pudiesen entrar y salir del país sin mayores dificultades.

“Que la persona no esté vinculada a un permiso de trabajo y no esté anclada necesariamente en nuestro país, eso facilitaría, sobre todo en momentos de crisis que puedan regresar con absoluta tranquilidad a su país sabiendo que pueden volver cuando ellos deseen. De la otra manera las anclamos aquí en contra de su voluntad” enfatiza.

Sobre el ejercicio de los derechos considera que es urgente “la necesidad de reconocer el derecho a la educación en Melilla, donde con el argumento de que es una ciudad fronteriza se violan derechos fundamentales”, denuncia.

“En general lo que me gustaría es poner el acento en que se mantengan los derechos que se especifican en la Ley, pero que se cumplan en todo el territorio nacional, que no haya zonas oscuras o de incumplimiento como son las ciudades de Ceuta y Melilla. Ahora Ceuta y Melilla no son ciudades españolas, funcionan como una colonia donde se niegan derechos fundamentales y eso no puede ser en pleno siglo XXI. Hay que terminar con las colonias”, concluye.

 

Video | Relatos de una trabajadora sexual en YouTube y en plena cuarentena

Poco se habla de las trabajadoras sexuales. Y más en cuarentena. Zzofih, una joven que ejerce la profesión, decidió comenzar a crear contenido en YouTube para comunicar de una forma más dinámica y cercana todo lo vinculado con el oficio. 

 

17 de julio de 2020

https://www.filo.news/genero/Video–Relatos-de-una-trabajadora-sexual-en-YouTube-y-en-plena-cuarentena-20200717-0017.html

 

“Hay mucho contenido sobre putas pero muy poco por putas, eso fue un poco lo que  me motivó”, le contó a Filo.News.

¿Cómo afectó a las trabajadoras sexuales la pandemia?

“Como a cualquier trabajador o trabajadora de la economía popular cuando tenés que salir todos los días a ganar el mango. Estamos en la misma: situación de emergencia”

¿Qué lugar tienen las trabajadoras sexuales en los medios?

“Nula. Me parece que es un costo político que nadie quiere pagar y me parece muy necesario y urgente que empecemos a hablar las putas por las putas

Sobre la oposición entre trabajo sexual/prostitución, Zzofih consideró: “Hablar de trabajo sexual es considerar al trabajo sexual precisamente como eso, un trabajo. No puedo hablar por las mujeres en situación de prostitución porque no lo soy, pero me parece que se ponen en posturas antagónicas cuando en verdad me parecen necesarias las dos políticas; es decir, alternativas laborales para las mujeres y personas que quieren dejar de ejercerlo y derechos laborales para tener herramientas quienes queremos seguir ejerciendo, a la par del cese del estigma para todo el mundo”.

“Las trabajadoras sexuales existimos y estamos totalmente vulnerables y desamparadas, estamos pidiendo derechos laborales. Negarnos nuestra identidad de trabajadoras es bastante violento“, concluyó.


 

Aquí, el canal de zzofih:

https://www.youtube.com/channel/UCSAnm2dgPNdyNkmKHoGkHng/featured

 

Y aquí, un vídeo de zzofih: