Derivas sociológicas y de las ciencias sociales sobre la prostitución

 

Santiago Morcillo*

Octubre – Diciembre 2016

http://produccioncientificaluz.org/index.php/espacio/article/view/22004/21731

 

Derivas sociológicas y de las ciencias sociales sobre la prostitución.  

Santiago Morcillo*

 

Resumen

En el marco de la relación múltiple y cambiante que la Sociología ha entablado con la prostitución, este artículo busca repasar apenas algunas de las líneas más significativas en la producción de las ciencias sociales sobre el sexo comercial para comprender las claves de lectura actuales. En primer lugar se abordan algunos hitos en la construcción sociológica de la prostitución como objeto de estudio. Luego se considera el influjo del debate feminista en sus distintas posiciones y también de los movimientos de prostitutas o trabajadoras sexuales. Por último se mencionan algunos temas que se han intersectado con la prostitución y el mercado sexual para finalmente dejar planteadas las vicisitudes y necesidades de esta área.

Palabras clave: Prostitución; Sociología; Feminismo; Trabajadoras Sexuales

La Sociología y la prostitución han construido una relación compleja y que ha sufrido varias transformaciones. Dar cuenta exhaustivamente de los abordajes sociológicos de la prostitución, incluso restringiéndonos a las últimas décadas, implicaría un trabajo que excede con mucho los límites de este escrito de pretensiones más humildes. Aquí busco repasar apenas algunas de las líneas que me parecen significativas en la producción de las ciencias sociales sobre el sexo comercial a fin de comprender mejor cuáles son las claves de lectura actuales.

La prostitución llega a constituirse como objeto de análisis para las ciencias sociales y la sociología durante del siglo XIX y en diálogo con otros campos discursivos: la medicina —y en particular el higienismo—, la filosofía y la ética, y el derecho han sido claves en este sentido. A pesar del latiguillo de “profesión más antigua” resulta problemático construir una línea de continuidad entre la prostitución moderna y otras formas de intercambios sexo económicos en la antigüedad. Varios estudios modernos acerca de la prostitución en la antigüedad se apoyan en la noción de una “prostitución sagrada”. Más allá de su existencia empírica1, en la mayoría de los casos la imagen de la prostitución sagrada -la poderosa sacerdotisa o diosa prostituta- sirve para marcar un contraste con la figura de la prostituta luego del cristianismo —la lujuriosa descarriada o la victimizada Magdalena arrepentida—. Este es el caso de Bataille (1997), que planteó la oposición entre la prostitución religiosa y la prostitución moderna a la que denomina la “baja prostitución”. Esta surge de la miseria, y el valor simbólico atribuido a estas prostitutas será únicamente el de la exclusión.

Como otros tantos objetos sociológicos, la construcción sociológica de la prostitución moderna vendrá marcada por el abordaje primigenio de la medicina higienista. Desde mediados del siglo XIX, el desarrollo urbano tuvo aparejado el crecimiento del burdel al cual los médicos higienistas buscaron transformar en “casa de tolerancia”. En este marco emerge en 1836 el estudio “De la prostitución en la ciudad de París desde el punto de vista de la higiene pública, la moral y la administración” de Alexandre Parent Duchâtelet, señalado como uno de los fundadores de la investigación en temáticas sexuales desde las ciencias sociales y del comportamiento (Bullough y Bullough, 1996). Más allá de sus sesgos, lo que cristaliza por primera vez con el estudio de Parent Duchâtelet, es la construcción de las prostitutas como una “población”, en sentido foucaultiano: se enfoca hacia la extensión de la prostitución, se necesita medirla, conocer sus rasgos como grupo. Como veremos, esta caracterización epidemiológica de las prostitutas resonará cuando irrumpa la epidemia de VIH/sida (Morcillo, 2015).

A su vez, en este momento histórico emerge “la prostituta” como personaje del elenco de anormales y perversos que produce el “dispositivo de sexualidad”2 (Foucault, 2002). Al situar al sexo como clave para descifrar la identidad subjetiva, el dispositivo de sexualidad genera personajes perversos, esencializando prácticas “desviadas” y postulándolas como emergentes, puntas de un iceberg que esconde un complejo sistema subjetivo pervertido. La constitución de la figura de “la prostituta” surge como uno de los efectos de este dispositivo, sumado a leyes específicas que aislaron y segregaron a las prostitutas del resto de la clase trabajadora (Guy, 1994; Walkowitz, 1980).

Esto permitirá entender la orientación de la sociología de la desviación en sus exploraciones sobre la prostitución. Este enfoque –que tuvo importancia en la sociología hasta la década de 1990- se mueve desde la pregunta por “¿quiénes son las prostitutas?” hasta cuáles los motivos y las formas de entrada en la prostitución (ver por ejemplo Davis, 1937). Varias investigaciones han tomado a las prostitutas como objeto para estudiar conductas desviadas (sexuales o de consumo de drogas, de propagación de enfermedades venéreas o delincuencia juvenil) sin cuestionar la construcción ideológica de “la prostituta” ni pensar en paralelo en otras formas de intercambios sexo-económicos (ver en Pheterson, 2000; Tabet, 2004)3.

Sin embargo, desde la sociología de la desviación también nacerá una línea que habilita a repensar el papel de la categoría “prostituta”. Acá tienen un papel importante tanto el desarrollo de la teoría del etiquetaje de Howard Becker como los desarrollos de Erving Goffman sobre el estigma. Ambos abordajes han permitido reconstruir la posición de la prostituta en una trama de relaciones sociales, dejando de lado el peso puesto a las características personales y psicológicas. En esta línea de trabajo se han desarrollado, desde mediados de los 80’ y hasta la actualidad, distintos estudios que describirán el manejo de la identidad y permiten elaborar una crítica de la estigmatización que sufren las prostitutas a partir del análisis de sus vidas cotidianas (por citar sólo algunos: Fonseca, 1996; Gaspar, 1985; Kong, 2006; Morcillo, 2011, 2014a; Pasini, 2000; Piscitelli, 2006; Sanders, 2005). En esta línea de trabajo, la socióloga Gail Petherson (2000) ha planteado un concepto clave para comprender cómo funciona la prostitución: el “estigma de puta”, que no solo controla y disciplina la sexualidad de las que venden servicios sexuales sino de todas las mujeres. Este enfoque ha permitido desarrollar todo un abordaje de la prostitución que comprende en clave crítica las relaciones de género que la atraviesan, sin por ello poner a las prostitutas en un lugar de meras víctimas sin capacidad de agencia. Pero para esta transformación, además de los desarrollos en la sociología de la desviación, serán también clave los movimientos de prostitutas (Pheterson, 1989). Nacidos a fines de los 70’, es el diálogo con estos movimientos el que permite a la sociología feminista percibir con agudeza el peso de la estigmatización entre quienes se dedican al sexo comercial. Sin embargo las posiciones del feminismo están divididas respecto a la prostitución y otras voces se han contrapuesto a esta posición.

Las guerras del sexo y la polarización del debate feminista.

Un punto ineludible para comprender el desarrollo la sociología en torno al mercado sexual en las últimas décadas son las transformaciones en el debate feminista sobre la prostitución. La prostitución ya era un tema importante desde el feminismo de la primera ola. Estas feministas hacían énfasis en dos elementos: las condiciones socio-económicas de las mujeres y una crítica del matrimonio. Según Barbara Sullivan (1995) el feminismo de la primera ola comprendía a la prostitución dentro de un continuo de intercambios sexuales-económicos que marcaban las posiciones de las mujeres. Sin embargo, las perspectivas comenzaron a trasformarse tempranamente en el marco de ligazón del movimiento feminista abolicionista de la prostitución con los movimientos religiosos de “pureza social” y su vuelco hacia la cuestión de la “trata de blancas” a fines del siglo XIX4. Más adelante, esta misma temática reflotaría a fines del siglo XX, denominada ahora como “trata de personas”5 y acicateada por los fenómenos económicos trasnacionales asociados a la globalización y trasformaciones geopolíticas (retomaré este punto más adelante).

A esta circunstancia se sumó también desde mediados de los 80’ el debate feminista sobre la sexualidad, que en el marco del feminismo euro-anglosajón se conoce como las guerras del sexo (sex wars). Aquí surge la oposición entre las concepciones del feminismo radical, que conceptualiza al sexo en un contexto patriarcal como un peligro, y del feminismo libertario o pro-sexo, que lo enfocará como una posibilidad de placer. De un lado, se plantea que negociar el placer sexual no conlleva a ninguna forma de libertad, ni es el placer un tema central de la sexualidad femenina; la cuestión es la dominación y la forma de detenerla (Dworkin, 1987, 1993; MacKinnon, 1987). Del otro, se sostiene que la cuestión clave de la sexualidad son los aspectos potencialmente liberadores del intercambio de placer entre individuos que consienten (ver Ferguson, 1984: 53). En estas discusiones las prostitutas ocuparon tanto el lugar de esclavas sexuales como de paradigma de la subversión sexual (Chapkis, 1997).

En el feminismo radical la homogeneización sobre las diversas experiencias de las mujeres en el sexo comercial puede comprenderse a partir del tono esencialista que mantiene la concepción de sexualidad. Más allá de la crítica en clave de género, las diferencias en términos de clase, de raza, de nacionalidades, de edades y de mercados sexuales son despreciadas desde este enfoque. A ello debe sumarse los señalamientos en cuanto a la escasa rigurosidad metodológica de sus investigaciones (Weitzer, 2005a).

Aunque el feminismo radical es la línea teórica más desarrollada dentro de las posiciones abolicionistas de la prostitución, también podemos encontrar otros enfoques que se reconocen como feministas y desarrollan una comprensión contextualizada de la comercialización del sexo, desarticulando el esencialismo de las feministas radicales. Desde estas posiciones se toma en cuenta el papel del género –pero no como una estructura de dominación dicotómica e inamovible— sin desatender el rol que juegan la clase y la raza. Si bien no abundan estudios desde estas perspectivas se puede mencionar, por ejemplo, a Julia O’Connell Davidson (2002) quien objeta tanto las miradas abolicionistas como las pro-trabajo sexual; cuestiona la concepción reificada del poder, que para unas aparece en manos de los clientes y/o proxenetas, y para otras se halla concentrado en el Estado y en la legislación que criminaliza a la prostitución.

La otra posición del debate feminista sostiene la noción de “trabajo sexual” como forma de conceptualizar a la prostitución. Aquí ocupan un lugar importante las feministas que en el contexto de las sex wars se han denominado “pro-sexo”. Si bien algunas feministas pro-sexo, simplemente perciben a la prostituta en un sentido diametralmente opuesto al del feminismo radical -como un agente de subversión del orden sexual-6; la mayoría elaboran sus concepciones sobre sexualidad teniendo en cuenta un contexto cultural de dominación masculina: “el sexo se entiende como construido por esta cultura, sin ser completamente determinado por ella” (Chapkis, 1997: 23). Lo que caracteriza a esta perspectiva es la noción de que el sexo es un terreno de lucha y no un campo de posiciones fijas de género y de poder.

Muchas lecturas de los planteos de las feministas pro-sexo se ven perjudicadas por el juego político de polarización. En este sentido, Adriana Piscitelli sostiene la necesidad de correrse de las posiciones que tienden a la simplificación de la problemática. En «Gênero no mercado do sexo» —un artículo clave que sintetiza este punto de vista— Piscitelli aclara que los problemas ocurren cuando se interpreta la sexualidad como mera corporificación del género —tal como se puede leer la perspectiva de MacKinnon— o como parte de posiciones o identidades de género fijas; pero también cuando en una perspectiva de identidades fluidas se dificulta el acceso a los scripts que están siendo performados en un contexto (Piscitelli, 2005: 20).

Un punto ineludible para comprender el desarrollo de este debate es el surgimiento de los movimientos de prostitutas. Ya desde mediados de los 70’, algunas prostitutas habían comenzado a pelear por sus derechos por primera vez públicamente y conformando alianzas junto a otros actores. A partir de la década siguiente florecerán en todo el mundo diversas organizaciones de prostitutas (Gall, 2007; Pheterson, 1989; West, 2000). Según la activista y prostituta Carol Leigh (1997)7, la expresión “trabajo sexual” (sex work) y luego “trabajadora sexual” fueron acuñadas por ella en 1980 debido a los problemas que les causaba a las mujeres presentarse como “prostitutas” en los contextos feministas. La concepción de la prostitución como un trabajo se halla ligada desde su surgimiento a dos problemas centrales: la estigmatización y las divisiones entre mujeres.

En este contexto emergen nuevas formas de pensar y denominar a la prostitución, concebida ahora como “trabajo sexual”, y da el marco para que algunas feministas y académicas/os comiencen a investigar y pensar esta problemática con estudios que se visibilizarán a lo largo de la década del 90’ (Piscitelli, 2006). Como vimos antes, a partir de las colaboraciones con los movimientos de prostitutas Gail Pheterson (2000) logra desarrollar la mencionada noción de “estigma de puta” como un elemento constitutivo sin el cual no puede comprenderse a la prostitución. Para Pheterson, lo que se sanciona específicamente con el estigma de puta es el pedido explícito de dinero, pero además se condena cualquier gesto de autonomía femenina8. Dolores Juliano (2002, 2003) ha retomado esta idea al concebir a la estigmatización de las putas como modelo de control sobre la sexualidad femenina, que refuerza la división entre mujeres puras y putas aislando a las prostitutas en un submundo. Por ello, para estas autoras, como para toda la posición pro-trabajo sexual, es clave la alianza entre putas y no putas como forma de poner en cuestión la división patriarcal entre mujeres “buenas” y “malas”. Kamala Kempadoo también ha sugerido otras alianzas posibles a partir de la redefinición de la prostitución como trabajo sexual pues se vincula con:

Las luchas por el reconocimiento del trabajo de la mujer, por los derechos humanos básicos y por condiciones de trabajo dignas: luchas que no son específicas de la prostitución y el comercio sexual, sino que son comunes a la lucha general de las mujeres [y a su vez esta redefinición] destaca la naturaleza variada y flexible del trabajo sexual así como sus similitudes con otras dimensiones de la vida de las/los trabajadores/as. (1998: 1).

El enfoque del trabajo sexual expandió tanto las nociones de trabajo como las de sexualidad. Por un lado, en el caso de la sexualidad permite ir más allá de los intercambios que usualmente se piensan como “prostitución”, es decir mero sexo a cambio de dinero y sin afecto. Por ejemplo, Piscitelli (2008) ha considerado los vínculos afectivos que las mujeres brasileras entablan con turistas sexuales, con quienes migran y pueden casarse, como parte de una estrategia para tener una movilidad social ascendente que en su contexto vernáculo les sería imposible. También Kempadoo (1996) ha examinado en las sociedades del Caribe lo que se conoce como “sexo transaccional”, es decir intercambios sexuales a cambio de bienes o mejoras diversas. Esta autora critica la homogeneización de las experiencias de las mujeres del “Tercer mundo” señalando que la mirada del feminismo radical supone valores sexuales que, al postular al sexo como aquello más íntimo y valioso, “borra otras definiciones y experiencias culturales de sexualidad y relaciones sexuales-económicas […] e impone una definición muy estrecha desde una visión de sexo feminista estrictamente occidental y burguesa”. (1998: 4). Detrás de la concepción de las mujeres del “Tercer mundo” como meras víctimas sin ninguna capacidad de agencia, existe, según Kempadoo, un neocolonialismo que acalla las voces de estas mujeres e imagina su experiencia a partir de las concepciones de género y sexualidad hegemónicas en el primer mundo occidental9.

A partir de esta expansión, el concepto de “trabajador/a sexual” da la posibilidad de conectar la prostitución, tanto con otras actividades de la industria del sexo, como con otras actividades de las mujeres trabajadoras -por ejemplo esto sucede cuando se liga al trabajo sexual con el “trabajo emocional” como un trabajo feminizado (Adelman, 2011; Bernstein, 2007b; Hochschild, 2003; Morcillo, 2014b)-. Estas articulaciones, según Kempadoo, “puede ser la base de movilización en luchas por condiciones de trabajo, derechos y beneficios y por formas de resistencia más amplias contra la opresión de los/las trabajadores/as en general y de las mujeres en particular” pues “pone de manifiesto que los intereses comunes de las mujeres trabajadoras pueden articularse dentro del contexto de luchas (feministas) más amplias contra la devaluación del trabajo de las ‘mujeres’ y la explotación de género dentro del capitalismo.” (1998: 3).

Del VIH a la “trata de personas” y los desafíos abiertos

Desde mediados de los 80’, con mayor fuerza en los 90’ y hasta entrada la primera década del siglo XXI, ha tenido lugar una gran producción de estudios e investigaciones sobre diversos aspectos de las relaciones entre el sexo comercial y la epidemia de VIH/sida. En un principio buena parte de las investigaciones se orientan a detectar los patrones epidemiológicos de expansión del virus, donde las prostitutas jugarán el papel de “vector de contagio” hacia el resto de la sociedad. Como señalan Ward y Day (1997), ya desde el higienismo decimonónico y en toda la epidemiología clásica del tratamiento de enfermedades sexualmente transmitidas, las prostitutas son vistas como una suerte de reservorio de infección. Solo a mediados y fines de los 90’ las investigaciones comienzan a problematizar este paradigma. Entonces, múltiples estudios mostrarán que es necesario considerar para cada población específica cual es el grado de riesgo, poniendo de relieve el papel de otras problemáticas como el uso de drogas intravenosas y la estigmatización (Lazarus, et al., 2011; Rekart, 2005; Ward, H. A. S. O., 2006). Aquí es donde también comienza a marcarse la necesidad de estudiar otros actores como los clientes de sexo comercial, indagar en más allá de las prostitutas mujeres y considerar también las relaciones en sus vidas privadas. En este aspecto varias investigaciones han señalado como el uso de preservativos resulta consistente en aquellas relaciones sostenidas en el ámbito laboral, pero no sucede lo mismo por fuera de este (Allen, et al., 2003; Sanders, 2002). Al igual que sucedió desde los abordajes de otras problemáticas ligadas el sexo comercial, paulatinamente emerge la necesidad de reconstruir un conocimiento matizado sobre el mercado sexual que lo comprenda en su complejidad suspendiendo juicios morales y estereotipos.

Este no parece ser el caso con los actuales abordajes que analizan la prostitución a partir de perspectiva de la “trata de personas con fines de explotación sexual”. Si bien ya había cierta preocupación por la trata de personas a fines del siglo XX, será con el cambio de siglo que buena parte de la producción académica sobre la prostitución se vuelca a este fenómeno. Aunque es presentado como novedoso (“la nueva esclavitud”), varias autoras coinciden en señalar los paralelismos entre el pánico moral que impulsaba la lucha contra la “trata de blancas” y la actual lucha contra la “trata de personas” (Doezema, 2000; Kempadoo, 2015; Schettini, 2013). Se ha mostrado las deficiencias y las dificultades en la producción de datos empíricos sobre la extensión concreta del fenómeno, con lo que se hace difícil dimensionarlo (Blanchette y Da Silva, 2011; Silva, et al., 2005; Varela y Gonzalez, 2015) y para algunos la lucha anti-trata adquiere en este siglo características que la asemejan una cruzada moral (Weitzer, 2007).

En este marco, el enfoque del feminismo radical, que subsumir las distintas formas del sexo comercial bajo la idea de la violencia de género y la esclavitud, prefigura la operación por la cual el tipo criminal de la “trata” sirve como clave de comprensión de todo el mercado sexual (ver por ejemplo Jeffreys, 2009). Sin embargo, desde otros enfoques, los procesos que muchas veces son interpretados como casos de trata con fines de explotación sexual son reenmarcados —a partir de los relatos y las experiencias de las mujeres— dentro de diversos tipos de tránsitos transnacionales y problemáticas migratorias, sin perder de vista la agencia de estas mujeres (Agustín, 2006; Kempadoo, 2005; Piscitelli, 2008; Piscitelli, Oliveira Assis y Olivar, 2011).

Observar la lucha contra la trata como una cruzada permite ver su expansión territorial irradiada a partir de los Estados Unidos. Allí la “lucha contra el terrorismo”, las transformaciones en las políticas seguridad y migratorias, entre otras, articulan un escenario donde el fenómeno de la “trata de personas” sirve para canalizar estas tensiones (Chapkis, 2005). Luego el proceso de institucionalización de este fenómeno ha construido mecanismos que coaccionan a los países periféricos a posicionarse bajo el paradigma norteamericano (Varela, 2015; Weitzer, 2005b). Este movimiento norte – sur de la campaña anti-trata se complementa con los estereotipos racializados sobre las víctima y quienes deben rescatarlas (Doezema, 2000; Kempadoo, 2015). Además, la creciente atención de los medios masivos de comunicación sobre la “trata de personas” pone a circular versiones espectacularizadas y simplificadas (Justo von Lurzer, 2013; Kempadoo, 2015).

Todo ello contribuye a un escenario que propicia además cambios en las legislaciones de diversos países10. En este nuevo giro emerge una vertiente del feminismo abolicionista que se asemeja cada vez más a una forma nueva de prohibicionismo pues propone la intrervención del sistema penal para resolver los problemas de justicia social, por ello algunos la llaman “feminismo carcelario” (Bernstein, 2007a). Aunque tiene origen en los países centrales, sus propuestas tienen eco en nuestra región —por ejemplo en Argentina donde las transformaciones legales han dado cauce a un modelo punitivo del derecho para intervenir en el mercado sexual—. Una de las medidas propuestas desde este paradigma es la penalización de los clientes de prostitución como forma de luchar contra la trata y la violencia contra las mujeres. Impuesto en Suecia en 1999, este paradigma de penalización, el “modelo sueco”, ha sido mencionado como ejemplo a seguir desde el feminismo radical (ver MacKinnon, 1993, 2009; Raymond, 2003). Sin embargo, varios estudios sostienen que estas normativas, bajo argumentos supuestamente feministas, muestran connotaciones moralizantes (Carline, 2011; Sanders, 2009; Scoular y O’Neill, 2007). Además, Don Kulick (2005) ha señalado los perjuicios que ha ocasionado a las trabajadoras sexuales de Suecia afectando casi exclusivamente a las que trabajan en las calles y particularmente a las migrantes. Al mismo tiempo, Kulick advierte cómo, con las encuestas y las distintas producciones discursivas sobre los clientes de prostitución, se está generando una nueva especie de “perverso”, en el sentido foucaultiano11.

La perspectiva de conjunto de la dinámica de producción académica sobre prostitución en las últimas décadas ha vuelto a poner de relieve la importancia del trabajo de investigación empírica como fuente del análisis. Una crítica situada solo puede provenir de un análisis minucioso y riguroso, especialmente considerando las diferencias que existen para los distintos mercados sexuales. Las revisiones de la literatura anglosajona suelen marcar esta necesidad, planteando el desbalance entre las investigaciones que abordan la prostitución callejera de mujeres y el resto de los actores y mercados que han sido mucho menos estudiados (Vanwesenbeeck, 2001; Weitzer, 2009). Sólo recientemente en nuestra región —a excepción de Brasil que cuenta con un conjunto de estudios de mayor antigüedad— se ha comenzado a señalar esta necesidad y, a la vez, la relevancia de poner atención a las distintas narrativas de las presonas dedicadas al sexo comercial para realizar una crítica de las posiciones esencialistas respecto a la sexualidad.

La dinámica maniquea del debate feminista obstaculiza los abordajes matizados que respondan a la complejidad del asunto. Más aún cuando la investigación sobre prostitución se constituye como un campo minado donde el apasionamiento puede desencadenar injurias y/o estigmatización hacia las y los investigadores (Dewey y Zheng, 2013; Hammond y Kingston, 2014; Pecheny, 2013). Más que los abordajes desde la filosofía política o el derecho a los que nos ha acostumbrado la dinámica del debate feminista, se muestra la necesidad de una contextualización sociocultural e historización de las distintas formas de prostitución. El análisis empírico es el que permite diferenciar mercados y conocer las complejidades de las distintas formas de inserción en ellos. A partir de allí se podrá indagar sobre las vinculaciones con las transformaciones entre la esfera doméstica, laboral y la moral sexual. Contextualizar y enlazar las variantes de las prácticas puntuales de sexo comercial con los mercados sexuales y las estructuras culturales y económicas reinantes, más que trazar una distinción esquemática entre prostitución libre / forzada, abre a una comprensión balanceada de las distintas formas de intercambio. Este es un punto de partida fundamental para construir una crítica que permita transformar las realidades de las poblaciones subalternizadas a partir de considerar sus polifónicas voces.

 

NOTAS:

  • 1 Algunas investigaciones recientes ponen en cuestión el sustento empírico de tal figura. Por ejemplo Stephanie Budin (2006) concluye que las versiones que hablan de “prostitución sagrada” se basan en malas interpretaciones (y/o errores de traducción) de los textos antiguos. La supuesta prostitución sagrada, que siempre aparece predicada acerca de otras sociedades o en épocas remotas, funcionaría en realidad como una acusación. La prostitución sagrada no sería tanto una realidad histórica como una denuncia de la barbarie de otros pueblos, posición cara a los primeros padres fundadores del cristianismo.

 

  • 2 La extensión de dicho dispositivo en el contexto de América Latina es objeto de disputas (Olivar, 2013). Sin embargo, los efectos discursivos de este aparato y su exportación sirven como analizador para comprender algunas de las aproximaciones sociológicas a la prostitución.

 

  • 3 Paola Tabet (2004) plantea un abanico de formas en que se intercambian sexo y bienes económicos, donde se incluyen la prostitución y el matrimonio. Dichos intercambios constituyen un continuum con matices respecto a quiénes intercambian, la modalidad y temporalidad del intercambio, y las formas de retribución económica.

 

  • 4 A fines del siglo XIX en la mayoría de los países europeos se consideraba que sus mujeres –de ahí la denominación trata de blancas- eran traficadas, -entre otros países a Argentina-, para ser explotadas sexualmente. Varias historiadoras han planteado que la percepción del problema estaba sobredimensionada por un pánico moral (Guy, 1994; Walkowitz, 1980). De todas formas, el tema del tráfico de mujeres tendría gran impacto sobre el movimiento feminista.

 

  • 5 El cambio de denominación obedecía al sesgo racial y a la incorporación de otros sujetos (niños, varones, etc.) (Ezeta, 2006). Una definición precisa llegará recién en 2000 con el “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional” (conocido como Protocolo de Palermo), no obstante la problemática estaba en la agenda del movimiento desde antes.

 

  • 6 Por ejemplo, Camille Paglia invierte los términos del discurso victimizante del feminismo radical: son los varones quienes están desprotegidos frente a la sexualidad femenina y, en una posición de inferioridad, sólo pueden apelar al dinero frente a las prostitutas (ver en Chapkis, 1997). Esta forma de concebir las posiciones de los sujetos en abstracto reduce las interacciones a decisiones de actores individuales y hace caso omiso de los procesos sociales más amplios que las enmarcan y atraviesan.

 

  • 7 Junto a una colega hemos realizado una traducción de este texto clave para comprender el desarrollo de la idea de “trabajo sexual” (consultar Morcillo y Varela, 2016)

 

  • 8 Pheterson da una lista de actividades que supuestamente llevan a cabo las prostitutas, pero que pueden imputársele a cualquier mujer, por las cuales la sociedad las considera deshonradas: “(1) relacionarse sexualmente con extraños; (2) relacionarse sexualmente con muchas parejas; (3) tomar la iniciativa sexual, controlar los encuentros sexuales y ser una experta en sexo; (4) pedir dinero a cambio de sexo; (5) satisfacer las fantasías sexuales masculinas de manera impersonal; (6) estar sola en la calle por la noche, en calles oscuras, vestida para provocar el deseo masculino; (7) encontrarse en situaciones determinadas con hombres insolentes, borrachos o violentos que o bien una puede manejar (‘mujeres descaradas o vulgares’) o ser manejadas por ellos (‘mujeres convertidas en víctimas’)” (Pheterson, 2000: 59).

 

  • 9 No sólo se homogeneizan las miradas sobre las sexualidades, sino que, en la polarización, las lecturas abolicionistas pueden llevar a igualar un discurso del trabajo sexual como el de Kempadoo con la doctrina de la tolerancia de la iglesia católica y plantear a ambos como etiquetas estigmatizantes. (ver Nuñez, 2002)

 

  • 10 Por ejemplo en Argentina, aunque el delito ya estaba penado, se dicta en 2008 una nueva legislación sobre trata -Ley 26.364- y en 2012 se la modifica con la ley N° 26.842 que permite ampliar el espectro de lo que se concibe como “trata” incluyendo también a quienes hayan prestado consentimiento.
  • 11       Es decir, pasando de una caracterización de acciones aberrantes a delinear un personaje (tal lo como Foucault señala en referencia al pasaje del sodomita al homosexual, 2002)

 

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Recibido: 11-07-2016 / Aceptado: 16-08-2016

 

*            Universidad Nacional de San Juan. Argentina.

E-mail: santiagomorcillo@gmail.com

 

 

 

 

 

Esclavas sexuales y Estado vigilante

 

Por qué “trata de seres humanos” es un término peligroso

 

Thaddeus Russell en el número de  Mayo de 2014 de reason

http://reason.com/archives/2014/04/22/sex-slaves-and-the-surveillanc

 

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Su nombre, igual que el de casi todas las víctimas, es desconocido. No mayor de veinte años, tiene ojos grandes y tristes, larga y ondulante cabellera y pálida piel. Lleva un recatado vestido blanco, que sugiere que la vida que llevaba antes de verse en esa mazmorra era una vida de inocencia. MIra a través de los barrotes de su jaula y, ya que no puede salvarse por sí misma, implora rescate. Tras ella, un hombre con sombrero de bombín y mirada lasciva mira a su presa a través del humo de su cigarro. Ha pagado por violarla y ella no puede hacer nada por detenerle. Es una “esclava blanca”.

Esta chica no es más que un dibujo. Existió solo en una imagen que formó parte de una avalancha de afirmaciones hechas a comienzos del siglo veinte acerca de legiones de chicas y mujeres americanas blancas que eran retenidas contra su voluntad y forzadas a prostituirse. Miles de artículos de periódico, libros, sermones, discursos, obras de teatro y películas retrataron una vasta economía sumergida de raptores y proxenetas que ejercían un poder casi divino sobre jóvenes esclavas sexuales. Los historiadores están hoy en general de acuerdo en que aquellas descripciones eran invenciones en todo o en casi todo. Existe escasa evidencia verificable de mujeres americanas que hubieran sido raptadas y obligadas físicamente a practicar la prostitución, o de que la chica de la ilustración existiera alguna vez.

Esto no fue sólo una mera mitificación inofensiva. Las afirmaciones hechas por el movimiento contra la “trata de blancas” ayudaron a crear, expandir y reforzar los poderes de la policía en una serie de agencias gubernamentales. Desde el comienzo del pánico, esas agencias encarcelaron y esterilizaron a cientos de miles de mujeres que trabajaban como prostitutas, les quitaron los hijos, las obligaron a echarse a las calles y a establecer relaciones de dependencia con hombres criminales, e hicieron que sus trabajos estuvieran entre los más peligrosos del mundo.

Esas mismas agencias gubernamentales persiguieron también a hombres negros, judíos, latinos y asiáticos por el simple hecho de haber tenido relaciones íntimas con mujeres blancas; hicieron más estrictas las restricciones a la inmigración; establecieron precedentes de algunas de las peores violaciones gubernamentales de la privacidad y las libertades civiles de la historia de los Estados Unidos; y constituyeron la base del moderno Estado vigilante.

El movimiento contemporáneo contra la “trata de seres humanos”, también descrita como la “esclavitud moderna”, es sorprendentemente similar a la cruzada contra la trata de blancas de hace un siglo, tanto en su retórica como en sus implicaciones con la libertad individual y el poder del Estado.

En 1907, el gobierno federal lanzó su primera respuesta concertada al pánico de la trata de blancas cuando la Comisión de Inmigración de los Estados Unidos —conocida como la Comisión Dillingham por su presidente, el senador William P. Dillingham de Vermont— puso en marcha una investigación en doce ciudades sobre la “importación y alojamiento de mujeres con fines inmorales”. La comisión encontró a numerosas prostitutas de origen extranjero que practicaban voluntariamente su oficio, y encontraron también a algunas mujeres de las que los investigadores dijeron que estaban “prácticamente forzadas” a ejercer la prostitución mediante la violencia o amenazas de violencia, pero no encontraron a ninguna como la chica del dibujo.

Los investigadores admitieron también que “para guardarse de las creencias sensacionalistas que se están volviendo prevalentes, es mejor repetir que los agentes de esta comisión no han tenido conocimiento de que todas, ni siquiera la mayoría, de las mujeres y chicas extranjeras que practican la prostitución en los Estados Unidos… hubieran sido oblidadas o engañadas para hacer esa vida”. Sin embargo, el gobierno respondió a estos descubrimientos con una inmensa represión de las libertades de comercio, de movimiento y sexuales tanto de los ciudadanos americanos como de aquellos que deseaban vivir en los Estados Unidos.

Llevados por la suposición de que ninguna mujer mentalmente sana decidiría vender sexo de no mediar una coerción abrumadora, los activistas contra la trata de blancas amalgamaron la trata de blancas imaginaria con todas las formas de prostitución y sexualidad inmoral. Aunque nunca descubrieron una sola mujer que hubiera sido introducida contra su voluntad en el país para vender sexo, los funcionarios de inmigración recibieron instrucciones de frenar esta supuesta avalancha negando la entrada no solo a cualquier mujer de la que sospecharan que era una prostituta, sino también a cualquier mujer que hubiera tenido hijos o relaciones sexuales fuera del matrimonio.

Entre 1907 y 1911, a cerca de 80.000 mujeres de las que se sospechó que eran prostitutas o sexualmente inmorales se las prohibió entrar a los Estados Unidos. La Oficina de Inmigración comisionó también a agentes para trabajar de incógnito en salones, cafés y estaciones de tren donde se creía que trabajaban prostitutas, haciéndose pasar por agentes del censo y atrapando a prostitutas pidiéndolas relaciones en la calle.

Por lo general, las mujeres inmigrantes detenidas por prostitución eran deportadas. Según la historiadora de la Universidad del Estado de Texas Jessica R.Pliley, autora del libro de próxima aparición Policing Sexuality, para la Oficina de Inmigración “el problema de la trata de blancas era realmente un problema con la prostitución extranjera”. En 1909, la Oficina de Inmigración envió a su principal investigador de la trata de blancas, un hombre llamado Marcus Braun, a Europa para averiguar las causas del flujo de prostitutas extranjeras a Estados Unidos. Braun se quedó atónito al encontrar que en Londres, París, Berlín, Moscú y Bruselas, las prostitutas eran consideradas por las autoridades y la sociedad en general como trabajadoras asalariadas corrientes. Fue aún más sorprendido por las mismas prostitutas, que le dijeron que veían a los Estados Unidos sobre todo como un mercado lucrativo, ya que la moralidad americana limitaba el suministro de competidoras, haciendo así que subieran los precios de su trabajo. Braun concluyó de su investigación que —contrariamente a lo que decía la entonces dominante narrativa de la trata de blancas— no existía una organización internacional de raptores y proxenetas operando para “explotar a las mujeres inocentes y virtuosas”.

Sin embargo, en 1910 el congreso respondió a la incesante histeria aprobando la Ley de Trata de Blancas de los Estados Unidos, mejor conocida como la Ley Mann (por su autor, el congresista de Illinois James Robert Mann), que convirtió en delito transportar mujeres a través de las fronteras de los estados “con fines de prostitución o libertinaje, o con cualquier otro propósito inmoral”. Mann, como los principales defensores de la ley, era un republicano progresista incondicional que defendió la regulación de las líneas férreas, el sufragio de las mujeres y la Ley de Alimentos y Medicamentos Puros. Muchos segregacionistas demócratas del Sur, galvanizados por las historias de hombres negros que comerciaban con mujeres blancas y las compraban, se unieron a los progresistas en apoyo de la ley.

En poco tiempo, cuarenta y cinco estados aprobaron leyes contra la trata de blancas, que fueron usadas (junto con las leyes contra casas desordenadas) para cerrar la mayor parte de los barrios rojos del país, clausurar burdeles en los que las prostitutas gozaban normalmente de la protección de las madamas, y colocar a las trabajadoras sexuales en un circuíto entre asilos, reformatorios, cárceles y calles.

“Dadas estas condiciones” —escribe Ruth Rosen en The Lost Sisterhood (1983), la historia seminal del trabajo sexual en los Estados Unidos— “no es sorprendente que los proxenetas comenzaran a dominar la práctica de la prostitución”. Prohibido legalmente, el trabajo sexual fue transferido de la propiedad femenina al poder masculino. Aunque ciertamente fueron a veces explotadas en los burdeles, “madamas y prostitutas habían ejercido un poder considerable en sus relaciones con los clientes”, escribe Rosen. “Ahora las prostitutas se convirtieron en blancos fáciles tanto de proxenetas como del crimen organizado. En ambos casos, la violencia física sufrida por las prostitutas creció rápidamente”.

Entre las agencias gubernamentales reforzadas por la histeria de la trata de blancas estaba el Bureau of Investigation (BOI), que fue creado en 1008 en parte para investigar la importación y transporte entre estados de prostitutas. Con el mandato ampliado de la Ley Mann, el Bureau creció rápidamente, de unos 60 agentes a más de 350, abriendo una División de Trata de Blancas y operando en todas las principales ciudades del país en tan solo cinco años.

Durante este período, los casos de trata de blancas constituyeron cerca de la tercera parte del trabajo del Bureau. Cuando fue renombrado como Federal Bureau of Investigation (F.B.I.) en 1935, la agencia había investigado a decenas de miles de americanos por supuesta violación de la Ley Mann. Pliley ha encontrado que una parte considerable de estos casos se trataban no de vicio comercial, sino de relaciones entre hombres mayores y chicas, adulterios, quinceañeas promiscuas y parejas interraciales.

“El movimiento contra la trata de blancas constituyó un eslabón importante del activismo de la Era Progresista”, escribe Pliley, “que buscó purificar el dormitorio de la misma forma que los activistas buscaban limpiar la política, el mercado y las relaciones laborales”. Específicamente, la investigación hecha por el BOI de casos de inmoralidad sexual “sometió los antecedentes de americanos medios de todas las clases sociales al escrutinio del Bureau”.

El caso más famoso de la Ley Mann fue el proceso del campeón de boxeo de pesos pesados negro Jack Johnson, cuyas impúdicas relaciones con mujeres blancas atrajo la ira de los agentes del BOI y del fiscal general de Illinois. Johnson fue declarado culpable de transportar a una prostituta, con la que había estado teniendo relaciones, a través de las fronteras del Estado, y fue sentenciado a un año de cárcel y una multa de 1.000 dólares.

Piles aduce que el moderno FBI fue configurado a partir del trabajo de su División de Trata de Blancas, que “transformó el BOI en una auténtica agencia nacional”. La aplicación de la Ley Mann “justificó la petición por parte del Bureau al Congreso de más fondos y estableció su autoridad en la cultura popular”. Y lo más importante, las investigaciones de la trata de blancas “establecieron un   modelo más agresivo para la aplicación de la ley federal que el que existía previamente, buscando tanto prevenir la infracción de la ley como investigar a ciudadanos corrientes, estableciendo por tanto importantes precedentes” de lo que llegó a ser el FBI.

Cuando J. Edgar Hoover asumió la dirección del BOI en 1924, hizo redoblar los esfuerzos del Bureau para controlar policialmente la “inmoralidad interestatal”, más allá del vicio comercial. A lo largo de los años veinte y treinta, el Bureau puso en marcha decenas de miles de investigaciones y logró más de 7.000 condenas por casos de bigamia, de adulterio, de relaciones con “mujeres o chicas previamente castas o muy jóvenes”, o relaciones entre mujeres blancas y hombres no blancos. Tales casos constituyeron la mayor parte del trabajo del Bureau durante ese período. Como señala Pliley, “el crecimiento del Estado norteamericano del siglo veinte se produjo en no pequeña medida mediante el control policial de los cuerpos de las mujeres”.

La histeria de la trata de blancas dio lugar también a uno de los usos más espantosos del poder estatal en la historia de los EE. UU. En varios estados, una condena por “trata de blancas” hacía a una mujer automáticamente elegible para la esterilización. Entre 1907 y 1950, unas 40.000 mujeres fueron esterilizadas a la fuerza, la mayor parte por prostitución o inmoralidad sexual.

Tras la Segunda Guerra Mundial, tanto el término “trata de blancas” como la vigilancia de la sexualidad inmoral perdieron su reputación, y los procesamientos por violaciones de la Ley Mann virtualmente cesaron. Pero en los primeros 2000 surgió una nueva causa que tenía un asombroso parecido con el pánico de los primeros 1900. Después de haber sido mencionada solo esporádicamente durante los noventa, la “trata de seres humanos” explotó en informativos y artículos académicos al comienzo de la era de George W. Bush.

Una búsqueda de Google Académico muestra sólo 50 resultados para el término en 1998, pero 161 resultados en 2000, 293 en 2001, 496 en 2002, 758 en 2003 y 1.100 en 2004. La cifra sigue creciendo hasta aproximadamente 6.000 en cada uno de los últimos tres años. El movimiento contra la trata de seres humanos, o “esclavitud moderna”, es ahora un fenómeno global que supera con creces el alcance de la causa contra la trata de blancas.

Veintisiete millones de personas, se nos dice desde las Naciones Unidas, decenas de ONGs, y el Departamento de Estado de los EE.UU., están sometidas a esclavitud en todo el mundo. Aunque hay un consenso académico general en que la mayor parte de las personas que son coaccionadas a emigrar y trabajar son trabajadores agrícolas y domésticos, la parte del león de la atención de la campaña contra la trata de seres humanos se centra en las trabajadoras sexuales.

Como ocurrió con la trata de blancas, no hay razón para creer que el número real de esclavos en el mundo se aproxime en absoluto a la cifra proclamada. El origen de esta cifra ha sido rastreado por una serie de académicos y periodistas, en particular Laura Agustin, Elizabeth Bernstein, Maggie McNeill, and Ronald Weitzer, y se ha hallado que está relacionado con el trabajo de un solo hombre, Kevin Bales, el fundador del grupo de presión Free the Slaves, que llegó a esa cifra mediante estimaciones, adivinaciones y una definición extensiva de “esclavitud”.

En otro paralelismo con lo que ocurrió hace un siglo, varios académicos han identificado una confluencia del discurso de la trata de seres humanos con peticiones de restricciones a la inmigración. El nuevo pánico ha hecho aparecer también nuevas agencias en los gobiernos municipales y estatales cuya misión de perseguir a los “tratantes” ha dado lugar a la persecución de un número mayor de mujeres que venden sexo por dinero voluntariamente. En Florida, la legislatura del estado está considerando una ley que permitiría la hospitalización psiquiátrica involuntaria de las “víctimas” de trata sexual.

En 2000, la Ley de Protección de Víctimas de Trata creó dentro del Departamento de Estado una Oficina para Monitorizar y Combatir la Trata de Personas, que promueve la cifra de los 27 millones de “esclavos” en su web y en su “objetivo de asistencia en el extranjero e implicación pública en la trata de personas”. Parte de esta asistencia en el extranjero ha llevado a programas en Asia en los que ONGs y gobiernos locales “rehabilitan” a trabajadoras sexuales detenidas obligándolas a trabajar en una fábrica.

La historia del primer pánico sexual de Estados Unidos debería hacernos pensar antes de embarcarnos en una nueva causa cuyos beneficios probablemente serán mínimos en el mejor de los casos pero que casi con toda certeza llevará a más mujeres a la cárcel y pondrá más policías en nuestras vidas.

 

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Thaddeus Russell enseña historia y estudios americanos en el Occidental College. Su libro más reciente es A Renegade History of the United States (Free Press).

La política sexual del feminismo carcelario

 Por Elizabeth Bernstein

Departments of Women’s Studies and Sociology

Barnard College, Columbia University 

Fragmento de su artículo: “Militarized Humanitarianism Meets Carceral Feminism: The Politics of Sex, Rights, and Freedom in Contemporary Antitrafficking Campaigns” 

http://sph.umich.edu/symposium/2010/pdf/bernstein2.pdf

 

“Llevo alrededor de 17 años trabajando en este tema —la mayor parte de este tiempo he estado en el lado perdedor, ya que los que defendían los derechos de las “trabajadoras sexuales” ganaban casi todas las batallas políticas… Aquellos fueron años deprimentes… Ahora está emergiendo la verdad de la prostitución/trata sexual y las agencias están respondiendo como nunca lo hicieron. Pienso que en el último año han sido arrestados más chulos y traficantes que en toda la década anterior.” (Donna Hughes, activista anti-trata y profesora de estudios de las mujeres de la Universidad de Rhode Island, en una entrevista en el National Review Online [Lopez 2006]) 

“La trata es como la violencia doméstica. Lo único que previene la reincidencia es el miedo a la detención.” (Dorchen Leidholt, activista feminista de la Coalition against the Traffic in Women, hablando en la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Estado de las Mujeres, 2 de marzo de 2007) 

“¿Qué queremos? ¡Una severa ley contra la trata! ¿Cuándo la queremos? ¡Ahora!” (Llamamiento y grito de respuesta en la manifestación de la National Organization for Women por una ley del Estado de Nueva York que elevara las penas criminales contra los clientes de las prostitutas, Nueva York, 1 de febrero de 2007)

 

Para las feministas de base de comienzos de la segunda ola que estaban interesadas en la crítica de las instituciones económicas y familiares dominantes y en la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres, habría sido quizás un extraño sueño imaginar que en una generación, pioneras del primer movimiento de mujeres tales como Laura Lederer (autora del clásico libro Take Back the Night y fundadora del movimiento antiviolación), Dorchen Leidholdt (una prominente abogada feminista defensora de las víctimas de la violencia doméstica), y Donna Hughes (catedrática de Estudios de las Mujeres en la Universidad de Rhode Island) se encontrarían una brillante mañana de julio como oradoras señaladas en un panel patrocinado por el neoconservador Hudson Institute de Washington, DC, titulado “Los beneficios del proxenetismo: abolición de la trata sexual en los Estados Unidos”. Compartiendo estrado con ellas estaban influyentes miembros del Hudson Institute, tales como Michael Horowitz (veterano de la Administración Reagan y prominente arquitecto del movimiento antitrata contemporáneo), el embajador Mark Lagon (antiguo ayudante del senador republicano por Carolina del Norte, de extrema derecha,  Jesse Helms, y director de la Oficina de Tráfico de Personas del Departamento de Estado), y Bonni Stachowiak (profesor de administración empresarial en la evangélica Christian Vanguard University). Mientras los panelistas, todos de raza blanca, hablaban a la audiencia de la urgente necesidad de desarraigar a los chulos callejeros del interior de las ciudades y la “cultura del chulo”, de estigmatizar a los patronos de las prostitutas y de promover “familias sanas” tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, la audiencia, que comprendía representantes de un surtido de organizaciones de derecha, incluyendo la Heritage Foundation, el American Enterprise Institute, y Feminists for Life, estallaba en frecuentes aplausos. 

Desde luego, para aquellos familiarizados con la evolución de lo que Janet Halley ha denominado feminismo de Estado (en el que el feminismo “se desplaza de las calles al Estado”; Halley 2006, 20), así como con el precedente histórico del pánico de la trata de blancas, la inclusión de prominentes activistas feministas en el evento del Hudson Institute no le habría pillado por sorpresa. Además de los ecos de la trata de blancas, existen también importantes resonancias históricas entre la presente campaña antitrata de Estados Unidos y las audiencias antipornografía de la Comisión Meese que tuvieron lugar durante los años 80 del pasado siglo, en las que cristianos conservadores y feministas seglares tales como Catharine MacKinnon y Andrea Dworkin unieron fuerzas del mismo modo para combatir la reforma sexual (ver, p.ej., Duggan y Hunter 1995; Vance 1997). Como Judith Walkowitz (1983) y Wendy Brown (1995) han observado previamente, el abrazo feminista del moralismo sexual basado en el Estado es particularmente apto para resurgir durante períodos de ascendencia de la derecha, como durante los años de Reagan y Bush, cuando las oportunidades para un cambio político y económico de más entidad escasean. Mientras que una resurgente alianza feministas-conservadores fue activamente estimulada por la Casa Blanca de George W. Bush —tanto retóricamente, como en las invasiones de Afganistán e Irak, como mediante el cultivo de lazos políticos explícitos, como en el nombramiento de la renombrada activista feminista Lederer como Directora Senior para Proyectos Globales sobre la Trata de Personas en el Departamento de Estado— varias feministas dieron el paso de apoyar activa y públicamente las iniciativas de la Administración Bush. Notablemente, en un artículo de febrero de 2004 en el Washington Post escrito conjuntamente por la icono del feminismo de la segunda ola Phyllis Chesler y por el profesor de estudios de la mujer/activista antitrata Hughes, los autores hacían una vigorosa defensa no sólo de las políticas antitrata de la Administración Bush, sino también de sus intervenciones militares en Afganistán e Irak, declarando que los conservadores contemporáneos y las organizaciones religiosas se habían convertido en defensores más fiables de la democracia y de los derechos de las mujeres en todo el mundo que lo que había sido nunca la izquierda (Chesler and Hughes 2004). 

Aunque el abrazo de los discursos de criminalización, construcción de la democracia, registros de escarnio público, y valores familiares por una nueva hornada de feministas reconocidamente conservadoras es ciertamente significativo, es de notar también hasta qué punto feministas que se identifican como seglares de izquierda se han encontrado a gusto compartiendo gran parte de esta agenda y han sido, de este modo, diligentes compañeras en las campañas antitrata de las feministas conservadoras. Mientras que comentaristas tales como Wendy Chapkis (2005), Kamala Kempadoo (2005), y Miriam Ticktin (2008) han apuntado previamente a una colusión entre la corriente principal del feminismo y las agendas estatales de control de fronteras en las campañas antitrata contemporáneas (en las que el activismo feminista apoya inconscientemente la deportación de trabajadoras sexuales emigrantes bajo la guisa de asegurar su protección), mi trabajo de campo etnográfico extiende esta percepción, revelando que las políticas carcelarias y el aparato de seguridad estatal son los remedios políticos preferidos de las feministas antitrata. 

Las feministas de izquierda apoyan las políticas carcelarias, y la articulación de estas políticas mediante un particular conjunto de ideas acerca del género y la sexualidad se hizo evidente en las reuniones de las convenciones contra la trata de la  National Organization of Women–NYC (NOW-NYC) y de la American Association of  University Women en las que yo participé durante un período de seis meses entre 2007 y 2008. Angela Lee, del Centro de Mujeres Asiáticas de Nueva York, fue la oradora final en la manifestación de 2007 de NOW-NYC en petición de una ley de trata que aumentara  las penas aplicables a los clientes de prostitutas de noventa días a un año de prisión. Una mujer de unos cuarenta años impecablemente vestida, no hizo mención al papel desempeñado por la pobreza mundial en las dinámicas de trata y prostitución, sino que habló con gran celo de la integridad sexual de las familias. “Este es un asunto de la familia”, declaró abiertamente, “especialmente cuando se acerca el Año Nuevo Chino y hay tantas familias de las víctimas que no podrán celebrarlo”. Con esta expresión, Lee situó la amenaza sexual directamente fuera del hogar, a pesar de la afirmación feminista hegemónica anterior de que los hogares y las familias son los lugares más peligrosos para las mujeres. Lee llegó a ligar los peligros que arrostraban las víctimas de trata con la falta de éxito del Estado de Nueva York al imponer una ley que aplicara penas criminales suficientemente severas a traficantes y chulos, declarando con gran emoción que “¡Necesitamos castigar a los traficantes y liberar a las víctimas!”. 

En una discusión el 2 de marzo de 2007 en las reuniones de la Comisión sobre el Estado de las Mujeres, en las Naciones Unidas, discusión enfocada a “poner fin a la demanda” de trata sexual, el lazo entre las políticas sexuales y las carcelarias se reveló de forma aún más clara. En esta reunión dedicada a dificultar la demanda por parte de los hombres de los servicios de las trabajadoras sexuales, los panelistas aprovecharon la ocasión para demostrar cómo el Estado carcelario podía ser utilizado de forma efectiva para conseguir familias nucleares, heterosexuales, de parejas unidas por el amor. La oradora inicial, de la Coalition Against Trafficking in Women (CATW), alabó explícitamente a los cinco hombres, de raza blanca y clase media, presentes en la sala, como representantes de un nuevo modelo de masculinidad esclarecida y urgió a los miembros de la audiencia a “traer a sus maridos, hijos y hermanos” a futuras reuniones.  El modelo de prostitución y trata que las panelistas de CATW invocaron tenía poca, si alguna, conexión con factores estructurales o económicos, haciendo la prostitución totalmente atribuible a las acciones de un pequeño subgrupo de hombres malos: maridos dentro de la familia que podrían buscar los servicios sexuales de mujeres fuera de ella, u hombres malos fuera de la familia que podrían incitar a las mujeres y chicas de la misma a abandonarla. Aunque CATW se ve a sí misma como una organización feminista progresista, sus miembros no vacilaron, sorprendentemente, en sus demandas de un aparato punitivo estatal. Ni mostraron mucha conciencia de los fundamentos políticos y económicos de la singular forma de intimidad heterofamiliar que defendieron (ver, p.ej., Bernstein 2007b; Padilla et al. 2007). 

A nivel legislativo, la posición feminista de izquierda sobre la trata es expresada de la forma más clara por la representante Carolyn Maloney, congresista demócrata por Nueva York previamente conocida por su activismo en temas tales como la diferencia de salarios entre sexos y la salud reproductiva de las mujeres. Maloney ha tomado un papel dirigente en la campaña feminista contemporánea contra la trata sexual, patrocinando cambios legislativos enfocados a reprimir a los clientes de las trabajadoras sexuales y a eliminar cualquier distinción entre prostitución forzada y voluntaria en la ley antitrata federal. Ha trabajado también estrechamente con grupos feministas tales como la National Organization for Women y Equality Now, así como con Horowitz, del Hudson Institute, y con organizaciones cristianas conservadoras como Evangelicals for Social Action. En un capítulo de su reciente libro, reveladoramente titulado “The Pretty Woman Myth” (dejando así claro que la única forma de trata que la interesa es la prostitución heterosexual; Maloney 2008), dos cosas en particular merecen ser resaltadas. El primer aspecto llamativo de la discusión de Maloney es la elevación moral de la familia nuclear heterosexual, en contraste con la esclavitud sexual femenina que describe desgarradoramente. Aunque Maloney menciona el incesto sufrido por niñas en el seno de la familia como una vía corriente hacia la prostitución, en su análisis el incesto no supone en sí una violación de los derechos humanos tan grave como la esclavitud sexual, un término que reserva para las formas extrafamiliares de violencia. Un segundo elemento clave en el libro de Maloney es la extensión con la que la política carcelaria y la política de género se implican mutuamente. En su conclusión a “The PrettyWoman Myth”, Maloney insiste en que la mejor manera de combatir la esclavitud es mediante la detención y encarcelamiento de puteros y chulos, junto con una protección más vigilante de los niños. 

Los ejemplos anteriores ponen de relieve una importante alianza entre el feminismo y el Estado carcelario, una alianza que se extiende más allá que las recientes colaboraciones feministas con la derecha religiosa. En su reciente libro en el que documenta la coemergencia de la atención prestada por la segunda ola feminista a la violencia sexual y de las agendas neoliberales de encarcelamiento, Kristin Bumiller (2008) ha demostrado igualmente los aspectos en los que el miope enfoque feminista sobre la criminalización de la violación y la violencia doméstica durante los años 1990 contrastó con las preocupaciones de las feministas de base y las de los comienzos de la segunda ola acerca del empoderamiento social y económico de las mujeres. Argumentando que el imperativo carcelario neoliberal ha tenido un impacto devastador sobre los modos en que se ha construido el compromiso feminista contra la violencia sexual, Bumiller demuestra que lo recíproco es también verdad: una vez que el feminismo quedó fatalmente modulado por las estrategias neoliberales de control social, ello pudo servir como una inspiración eficaz para campañas más amplias de criminalización. Bumiller observa que en los primeros años del siglo la agenda neoliberal del feminismo contra la violencia sexual fue siendo exportada cada vez más como parte de la política de derechos humanos de los Estados Unidos, consolidando el imperativo carcelario dentro del feminismo estadounidense y extendiendo a lo largo y ancho del mundo el paradigma del feminismo-como-control-del-crimen (ver también Grewal 2005). 

La evidencia sugiere ciertamente que las campañas antitrata de los Estados Unidos han tenido mucho más éxito en criminalizar a poblaciones marginadas, reforzar el control de fronteras y medir el grado de respeto a los derechos humanos de otros países por su represión de la prostitución, que en conseguir cualquier beneficio concreto para las víctimas (Chapkis 2005; Chuang 2006; Shah 2008). Como argumenta Bumiller, no es sólo una cuestión de “consecuencias indeseadas”, sino que ha sido el resultado de que las feministas hayan unido directamente sus fuerzas al proyecto neoliberal de control social (2008, 15). Esto es cierto tanto dentro de Estados Unidos, donde los chulos pueden ahora recibir sentencias de noventa y nueve años de prisión por trata sexual y las trabajadoras sexuales son crecientemente detenidas y deportadas por su propia “protección” (ver Bernstein 2007a, 2007b), como en cualquier otra parte del mundo, donde la clasificación de otros países por parte de Estados Unidos ha llevado a un control más estricto de las fronteras a nivel internacional y a la implementación de políticas punitivas antiprostitución en numerosos países (Sharma 2005; Shah 2008; Cheng 2010). 

Muy recientemente, con la creciente atención feminista a las formas “domésticas” de trata (que películas como Very Young Girls han tratado de inflamar), se ha vuelto claro que el desplazamiento desde las formas locales de violencia sexual al terreno internacional y de vuelta  al interés por las actuaciones policiales en el interior de las ciudades estadounidenses (esta vez, bajo la apariencia de proteger los derechos humanos de las mujeres) ha proporcionado un circuíto crítico para la agenda feminista carcelaria. Según la abogada Pamela Chen (2007), actualmente la mitad de los casos federales de trata conciernen a mujeres menores de edad que ejercen la prostitución callejera en el interior de las ciudades.  Esto ha llevado a una campaña policial sin precedentes contra gente de color implicada en la economía sexual callejera —incluyendo chulos, clientes y trabajadoras sexuales por igual (Bernstein 2007a). 

El compromiso feminista carcelario con los valores de la familia heteronormativa, del control del crimen y de los supuestos rescate y rehabilitación de las víctimas (o lo que Janet Jakobsen ha glosado aliterativamente como “matrimonio, militarismo y mercados”; 2008) y el amplio atractivo social de esta agenda, lo ilustra poderosamente la reciente película Very Young Girls. La película ha sido proyectada no sólo en diversos locales feministas, sino también en el Departamento de Estado, en varias megaiglesias evangélicas, y en el conservador Christian King’s College. Bajo el pretexto de reflejar la trata en el interior del país, la película busca granjear simpatías para las jóvenes afroamericanas que se encuentran atrapadas en la economía sexual callejera. Presentando a las mujeres como “chicas muy jóvenes” (en el cartel promocional de la película, la protagonista es tan pequeña que, sentada, sus pies no llegan al suelo) y como las víctimas inocentes del abuso sexual (una categoría que ha sido reservada históricamente para víctimas blancas no trabajadoras sexuales), la película puede convincentemente presentar su perspectiva como antirracista y progresista. Aunque la inocencia de las jóvenes en la película se consigue a costa de demonizar completamente a los jóvenes afroamericanos que se aprovechan de sus ganancias y que son presentados como irredimiblemente criminales y subhumanos. 

La película despoja sin cesar de humanidad a los jóvenes afroamericanos implicados en la economía callejera junto con la compleja maraña de factores más allá de la prostitución (incluyendo racismo y pobreza) que conforman la vida de las chicas. En una proyección de la película a la que asistí en una selecta firma de abogados en Nueva York, al acabar la película algunos espectadores pidieron que los chulos fueran no sólo encerrados de por vida, sino agredidos físicamente. En Very Young Girls como, de forma más general, en el feminismo carcelario, la visión de la justicia social como justicia criminal y de los sistemas punitivos de control como los mejores elementos disuasorios para la mala conducta de los hombres, sirve como un punto crucial de conexión con políticos, evangélicos y otros que han abrazado la causa antitrata.