Las mentiras, las grandes mentiras y las estadísticas sobre prostitución

Glòria Poyatos Matas*

24.08.2014

 

https://blogs.elconfidencial.com/espana/tribuna/2014-08-24/las-mentiras-las-grandes-mentiras-y-las-estadisticas-sobre-prostitucion_179597/

 

“Sólo me creo las estadísticas  que yo, personalmente, he manipulado” (atribuida a Winston Churchill).

 

“Prostitución, drogas y tráfico de armas dejan la ilegalidad estadística para entrar en el PIB”. Con ese titular se supo a principios de año que, a la vuelta del verano, el INE tendría en cuenta estas actividades ilegales a la hora de calcular el PIB. El 10 de mayo, la Junta Directiva de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado aprobaba a este respecto un extenso informe titulado Reforma fiscal española y agujeros negros del fraude. Propuestas y recomendaciones, en el que abogaba por la incorporación en el sistema tributario español de actividades denominadas ‘ilícitas’, como la prostitución, y se aplaudía esa inclusión, aunque sea estadísticamente, en la contabilidad europea.

Los países de la Unión estarán obligados a incluir en la medición del PIB el impacto del consumo de drogas, el contrabando y la prostitución en virtud del SEC 2010 (Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales), que reemplaza al SEC 1995. Se trata de una nueva metodología en la elaboración de la contabilidad nacional de los Estados de la UE -impuesta a través del Reglamento  nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de fecha 21 de mayo de 2013- aunque no en el mundo, pues este sistema ya funciona desde hace años en Japón, Estados Unidos, Australia, Canadá e incluso en países de nuestro entorno, como Suecia, Noruega, Austria, Estonia, Eslovenia u Holanda.

El INE ya se ha puesto en marcha para acometer esta ardua tarea aplicada al paradigma de uno de los negocios más sumergidos, el de la prostitución. Los datos estadísticos resultantes saldrán a la luz el 25 de septiembre, pero provisionalmente se prevé un aumento del PIB que oscilará entre un 2,7% y un 4,5%, con la consecuente repercusión sobre el déficit nacional.

Sin embargo, las estadísticas son una constelación de tentaciones a la manipulación. Por ello, en el presente caso, deben seguir las recomendaciones metodológicas que desde el Eurostat, la oficina estadística de la UE, se han establecido para armonizar la actuación de los Estados miembros, exigiéndose el consentimiento entre ambas partes en este tipo de transacciones para poder ser objeto de valoración económica, esto es, quedan fuera de esta nueva metodología de medición económica las actividades delictivas, como la trata de personas o el proxenetismo coactivo.

Datos fiables… y otros no tanto

Personalmente, me sorprendió el estruendo mediático que se dio a esta noticia, pues la prostitución es uno de los negocios más ‘estadisticados’, eso sí, en esta espinosa materia deben diferenciarse las estadísticas serias, esto es, las avaladas por estudios y organismos reconocidos por la comunidad internacional, de aquellas otras que siempre se aportan hueras de fuentes que las sostengan. Estas últimas suelen acompañarse de nudas valoraciones y un grave déficit transversal de argumentación racional.

Un ejemplo sería el eterno porcentaje de que más del 95% de las mujeres que ejercen la prostitución lo hacen bajo coacción o bien son víctimas de trata. Esta ‘estadística’ colisiona frontalmente con los datos obtenidos por la ONU en un extenso estudio llevado a cabo en 2010 en Europa (Trata de personas hacia Europa con fines de explotación sexual), entre cuyas conclusiones se asevera que una de cada siete mujeres que ejercen la prostitución en Europa son víctimas de trata, esto es, aproximadamente un 15%. Sin duda alguna, es una cifra abominable y demasiado elevada, en un entorno autocalificado de progresista y protector de la mujer frente a una de las delincuencias más repugnantes y, desgraciadamente, mejor organizadas, pero un 15% no es un 95%. Hay, por tanto, un 80% de mujeres desterradas a la invisibilidad y al ostracismo de derechos, lo que aumenta su fragilidad frente al empoderamiento de los clientes y la patronal del sexo.

Siguiendo con las estadísticas serias, debe destacarse el informe de la OIT The Sex Sector: The economic and social bases of prostitution in Southeast Asia, de 1998, diseñado por Lin Lean Lim sobre el sector del sexo en Asia sudoriental. Tal informe fue el resultado de un laborioso trabajo de investigación sobre la prostitución en cuatro países asiáticos: Filipinas, Tailandia, Malasia e Indonesia. De él se extrajeron conclusiones como que, a pesar de no hallarse regularizada, la industria sexual en dichos países alcanzaba económicamente el 14% del PIB. Y se concluyó con una recomendación clara a los países para regularizar la prostitución, porque sólo si se obtiene un rendimiento fiscal de esa actividad podrá incluirse en programas de ayuda y protección social, y solo si se visibiliza se permitirá a las trabajadoras sexuales acceder a toda la protección del sistema y a disponer de derechos en materia de seguridad y salud en el trabajo.

El caso español

Ya en nuestro país, en 2006, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales subvencionó un extenso y detallado informe (firmado por Graciela Malgeseni, del Escode) sobre el impacto de una posible normalización profesional de la prostitución en la viabilidad y sostenibilidad futura del sistema de pensiones. El resultado fue que la regularización de la actividad (autónoma) de la prostitución conllevaría un potencial incremento de afiliaciones a la Seguridad Social del 0’6%; el impacto recaudatorio de cuotas elevaría el existente en un 0’4% ; el IRPF, en un 0’85%; y el IVA en un nada desdeñable 0’78%.

En 2007 tuvo lugar otro abordaje estadístico de la actividad sexual remunerada, con motivo de la creación de una comisión parlamentaria para el estudio de la situación actual de la prostitución en España, en cuyo informe final, de fecha 13 de marzo de 2007, se concluye que los españoles se gastan 50 millones de euros todos los días en prostitución, que hay unas 400.000 prostitutas y que, según los datos aportados por los propietarios de los clubs de alterne, el negocio mueve en España 18.000 millones de euros. Los ingresos por prostituta y año ascienden a unos 45.000 euros.

Por último, entre los trabajos de investigación sobre el tema debe hacerse referencia necesariamente (a pesar de la escasa publicidad que se le dio, quizás porque los resultados obtenidos no fueron los inicialmente pretendidos) al extenso estudio teórico y práctico titulado La prostitución femenina en la Comunidad de Valencia, patrocinado por la Conselleria de Bienestar. Se realizó entre 2006 y 2007, con la participación de cuatro universidades valencianas públicas. En él, se cuestionan seriamente algunos de los datos estadísticos obtenidos hasta el momento, y se concluye que en la comunidad trabaja el 10% (10.000 mujeres) del total de las que ejercen la prostitución en nuestro país; la demanda está constituida por 130.000 clientes, es decir, algo más del 6% de la población valenciana de sexo masculino mayor de 15 años; la oferta anual de servicios sexuales se cuantifica aproximadamente en 3.120.000 servicios; y el volumen del negocio de la prostitución en la comunidad ascendió en 2006 a 230.462.353 euros, lo que en relación al PIB valenciano para ese mismo año (que era de casi 95.000 millones), suponía un 0’24%.

Las estadísticas y datos contables que se conocerán en unas semanas nos indicarán, finalmente, el impacto que tiene la actividad de la prostitución en el PIB español. No es un secreto que el personal del INE se encuentra actualmente confeccionando sus datos, lo que incluye visitas a los locales de alterne, las calles y las sedes de las asociaciones de trabajadoras sexuales más importantes de este país. Todo apunta a que las esperadas estadísticas se situarán en el grupo de las serias (esperemos que sea así), al igual que las que se citan en este artículo.

*Glòria Poyatos Matas es jueza decana de Lanzarote y autora de ‘La prostitución como trabajo autónomo’ (ed. S.A. Bosch).

 

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Resistencia al estigma del trabajo sexual

 

Ronald Weitzer

Universidad George Washington, EE.UU.

Enero de 2017

 

https://www.academia.edu/31011252/Resistance_to_Sex_Work_Stigma_2017_?auto=download

 

Resumen

El estigma es omnipresente en el trabajo sexual y está bien documentado en estudios de trabajadoras sexuales. Pero rara vez los estudiosos han examinado la cuestión vital de si el estigma puede reducirse o eliminarse de cualquier tipo de trabajo sexual (stripping comercial, pornografía, prostitución, etc.). Después de una breve revisión de los temas relacionados con el estigma, este comentario propone un conjunto de condiciones previas para la reducción y, en última instancia, la eliminación del estigma del trabajo sexual.

 

 

El estigma es uno de los problemas más importantes en el trabajo sexual. Es omnipresente en el comercio sexual, aunque su contenido e intensidad varían un tanto por género, por sector ocupacional y por contexto nacional. Las investigaciones sobre las profesionales del sexo, sus directivos y sus clientes ofrecen abundantes pruebas de las consecuencias nocivas de la estigmatización.

 

El estigma se ha descrito como una imputación de estatus inferior a aquellos que tienen un rasgo desacreditador visible (por ejemplo, discapacidad física) o algún defecto moral percibido. Erving Goffman define el estigma como “un atributo que es profundamente desacreditador”, pero lo que es clave no es el atributo en sí: el estigma es producto de una relación entre al menos dos actores, no algo inherente a un tipo de comportamiento o condición física (Goffman, 1963: 3). Se aplica a categorías enteras de personas (por ejemplo, homosexuales, traficantes de drogas), así como a individuos específicos. Se manifiesta en las encuestas de opinión pública, las representaciones de los medios de comunicación, el discurso político, los encuentros cara a cara y las maneras en que los individuos internalizan los estereotipos, ocultan su identidad estigmatizada y llevan vidas dobles.

 

 

El libro de referencia de Goffman, Stigma (1963), ofrece un análisis convincente de las dimensiones clave del estigma. Pero el libro tiene una sorprendente deficiencia: no dice casi nada sobre la posibilidad de resistencia (por individuos o colectividades) ni considera si el estigma puede ser reducido o eliminado con el tiempo. Estas lagunas se reflejaban en las formulaciones originales de la teoría del etiquetado, que ignoraban la posibilidad de desafío por parte de los individuos que eran etiquetados como desviados, lo que John Kitsuse (1980) llamó posteriormente “desviación terciaria” y Edwin Schur (1980) examinó a nivel de grupo en su discusión de los “movimientos de liberación de la desviación”. Goffman y los fundadores de la teoría del etiquetado parecen haber asumido que una vez que un individuo o categoría de personas había sido estigmatizado, es internalizado por ellos y es básicamente permanente. La pegajosidad es quizá una función del período de tiempo en el que escribieron Goffman y los teóricos del etiquetado temprano (1951-1963) en la medida en que veían pocos ejemplos en ese momento de resistencia por parte de personas estigmatizadas o una política de identidad más amplia.

 

En lugar de desafío, Goffman se centra en las formas en que los individuos manejan el estigma: ocultándolo de los demás (“pasar” por normal); revelándolo selectivamente a algunas personas (“cobertura”); aislándose dentro de un grupo de otros igualmente estigmatizados; retener información biográfica sobre sí mismos; o de otra manera hacer frente a lo que él llamó una “identidad estropeada.” Los individuos estigmatizados se presentan como resignados a su estado devaluado, y su agencia consiste en limitar creativamente la exposición. Otro rasgo llamativo del libro de Goffman es el descuido de los orígenes y funciones del estigma hacia categorías particulares de personas -por ejemplo, las formas en que la estigmatización refuerza las normas convencionales y promueve intereses dominantes legitimando las jerarquías de poder establecidas (Link y Phelan, 2001; , 1980). El examen de las causas estructurales del estigma podría haber llevado a Goffman a explorar los corolarios de cómo el estigma puede reducirse. En vez de eso, nos quedamos con un análisis bastante estático, en el que los individuos internalizan las atribuciones desacreditantes de otros y hacen frente a ellos en la vida cotidiana.

 

Dos reseñas bibliográficas destacadas mencionan la cuestión del cambio, pero sólo de pasada y con escepticismo con respecto al potencial de erosión del estigma (Link y Phelan, 2001; Pescosolido y Martin, 2015). Y los pocos estudios que han examinado la resistencia se limitan en gran medida al nivel psicológico individual (por ejemplo Thoits, 2011) e ignoran la cuestión más amplia de cómo el estigma puede reducirse o eliminarse frente a una categoría entera de personas (excepciones incluyen a Anspach, 1979, De Young, 1988, Estro y otros, 2004, Schur, 1980). Un libro reciente discute programas diseñados para reducir el estigma hacia los enfermos mentales, incluyendo la iniciativa de la Asociación Mundial de Psiquiatría de 1996, Open the Doors Global Program para combatir el estigma debido a la esquizofrenia y campañas nacionales similares (Stuart et al., 2012). Dichos programas buscan difundir conocimientos, disminuir los prejuicios y poner fin a la discriminación contra quienes padecen una enfermedad mental. Estos programas han sido dirigidos menos al público en general que a grupos específicos como jóvenes, periodistas , policías, funcionarios de salud y encargados de formular políticas. Estos programas parecen haber tenido cierto éxito en la reducción de los estereotipos entre los grupos objetivo.

 

 

Estigma en el comercio sexual

 

El campo del trabajo sexual refleja la literatura académica más amplia en la que el propio estigma rara vez se problematiza. Una vez más, el defecto es tratarlo como una constante inmutable, no una variable, y asumir que es utópico imaginar su erosión. El estigma es universal en el ámbito del trabajo sexual: está bien documentado en la investigación sobre pornografía, prostitución y stripping comercial como un obstáculo que las trabajadoras sexuales y sus asociados enfrentan regularmente. Varía en intensidad, siendo generalmente más severo en prostitución (especialmente prostitución de calle) que en stripping comercial y pornografía. Varía un poco según la sociedad, y algunas naciones adoptan un enfoque más tolerante que otras, aunque el estigma sigue siendo un riesgo ocupacional para las trabajadoras sexuales en todas las naciones (Abel y Fitzgerald, 2010; Weitzer, 2012). Es más fácil para las trabajadoras sexuales inmigrantes protegerse del tipo de estigma que más les preocupa – el descubrimiento por familiares y amigos en su país de origen – que para las trabajadoras domésticas que viven con la amenaza diaria de detección de personas que conocen ( Scambler, 2007). Pero la nube negra del estigma afecta también a las trabajadoras sexuales migrantes. Y persiste incluso después de que una persona deje de vender sexo (por ejemplo, Sallmann, 2010). Su omnipresencia es evidente en las formas en que las trabajadoras sexuales llevan su vida laboral y personal: típicamente ocultan el tipo de trabajo que hacen de sus familias, conocidos, vecinos e incluso algunos amigos; niegan que están involucrados en el comercio sexual cuando se les pregunta; usan seudónimos en el trabajo y fabrican biografías personales; y llevan vidas dobles de otras maneras (Abel y Fitzgerald, 2010, Koken, 2012, Koken et al., Morrison y Whitehead, 2005, Sanders, 2005). Algunos analistas pueden considerar estas técnicas como una resistencia implícita (Sallmann, 2010), pero sigo argumentando que es mejor considerarlas como una forma de gestión del estigma y no una lucha contra el mismo. Las pocas prostitutas excepcionales que han “salido” en público sólo ilustran que las estrategias predominantes de afrontamiento son las de pasar por normales o hacer una revelación muy selectiva a los personas de confianza.2

 

También se estigmatizan los asociados de las trabajadoras sexuales: sus parejas, clientes y terceros que los ayudan o administran (por ejemplo, Birch 2015, Hammond, 2015). Los dueños de los burdeles, los directores de clubes de striptease, los distribuidores porno y otros terceros son a menudo reacios a revelar la naturaleza de su ocupación a extraños. Las personas que participan en empresas ilegales se ven obligadas a operar en el mercado negro o a ocultar la fuente de sus ingresos en la apertura de cuentas bancarias, de las autoridades fiscales y en otros negocios convencionales. Pero incluso los propietarios legales, gerentes y otros terceros se enfrentan rutinariamente con el estigma (Weitzer, 2012). Por último, sabemos que algunos investigadores que estudian el trabajo sexual han sido estigmatizados, sometidos a comentarios despectivos y a denuncias infundadas, marginados por los colegas, han sufrido altercados en reuniones profesionales y un nivel excepcional de escrutinio por parte de juntas de revisión institucionales que ha veces ha desembocado en negación de permiso para realizar investigaciones sobre la base de presunciones infundadas sobre el estudio propuesto (Dewey y Zheng, 2013, Hammond y Kingston, 2014, Siegel y de Wildt, 2015).

 

Mientras que esta literatura documenta la existencia del estigma en todo el campo del trabajo sexual, refleja a Goffman centrándose casi enteramente en cómo los individuos manejan sus identidades contaminadas, en lugar de preguntarse si algunos de ellos resisten activamente a las expresiones del prejuicio y la discriminación directa en encuentros cara a cara o colectivamente como miembros de organizaciones que buscan cambiar actitudes populares y políticas públicas. Existe una literatura de investigación sobre las organizaciones de derechos de las trabajadoras del sexo en diferentes países, que documenta las luchas a nivel de grupo por la normalización. Estas organizaciones se discuten más adelante en el artículo.

 

 

Reducción del estigma

 

La desestigmatización es un asunto tanto académico como político. Políticamente, podemos identificar un conjunto de estrategias prácticas para combatir el estigma, basadas en la táctica de los movimientos de liberación de desviación (Schur, 1980). Académicamente, podemos identificar un conjunto de condiciones previas para reducir y, en última instancia, eliminar el estigma de una categoría de personas. Link y Phelan (2001) señalan que ese cambio requiere un enfoque multifacético, pero no dicen nada acerca de en qué consisten estos cambios. A nivel individual, la resistencia por parte de una trabajadora sexual puede tomar las siguientes formas: anunciar que tenía plena autonomía al entrar en el trabajo sexual; estar actualmente en control de sus condiciones de trabajo e interacciones con los clientes; definir el trabajo como una profesión de servicio como cualquier otra o como una forma de apoyo o terapia para los clientes; negar el daño; condenar a los estigmatizadores; o distinguir su nivel (por ejemplo, escort ) de lo que consideran formas deshonestas de trabajo sexual (por ejemplo, la prostitución callejera). La evidencia de cada una de estas prácticas está esparcida por toda la literatura sobre el trabajo sexual, pero, de nuevo, estos esfuerzos tienden a limitarse al nivel psicológico o individual (por ejemplo, Koken et al., 2004; Morrison y Whitehead, 2005; Y Harred, 1992). Los actos aislados de resistencia de los individuos pueden tener poco o ningún impacto en la sociedad en general y también pueden ser peligrosos para los resistentes si sus acciones provocan ataques de otros.

 

En el plano social, el filósofo Lars Ericsson (1980: 362, 366) escribe que reducir el estigma requiere permitir que la prostitución funcione en un clima social libre de prejuicios emocionales … Para mejorar la prostitución debemos mejorar nuestras actitudes hacia ella . Su argumento es algo limitado -desatendiendo la cuestión crucial de cómo mejorar las actitudes de la sociedad- pero sí resalta un requisito central para la normalización. El cambio de actitud fundamental y generalizado es una condición necesaria, pero no suficiente, para la desestigmatización. A continuación, esbozo algunas condiciones previas adicionales para reducir el estigma.

 

 

Lenguaje neutro

 

Los nombres derogatorios deben ser borrados del discurso público y privado para la normalización de cualquier condición o comportamiento estigmatizados. Como Michel Foucault observó, las relaciones de poder están embebidas en el lenguaje, con grupos dominantes típicamente dedicados a “nombrar y avergonzar” a los subordinados. Palabras como prostituta, puta y putero deben ser reemplazadas por trabajadora y cliente. Cabe señalar que los grupos desacreditados a veces expropian términos peyorativos: pueden llamarse a sí mismos «putas» o «puteros» a efectos de obtener un valor de choque y reclamar e invertir los identificadores negativos. Ejemplos de ello son la Convención Mundial de Putas de 1985 en Bruselas; los eventos de baile de Hookers Ball que COYOTE patrocinó en San Francisco en la década de 1970; las revistas Whorezine y Johnzine publicadas por profesionales del sexo estadounidenses en los años noventa; y la defensa de los clientes de Chester Brown (2013) en su libro Paying For It: Una crónica en cómic sobre cómo ser un putero. Se puede argumentar que aquellos que participan en el comercio sexual deben ser libres para llamarse a sí mismos lo que quieran. Pero para reducir el estigma, otros deben dejar de usar términos despectivos debido a la relación de poder asimétrica que su uso reproduce con el tiempo.

 

 

Los medios de comunicación

 

En su mayor parte, hay un sesgo de negatividad en las representaciones que hacen los medios de comunicación de masas del trabajo sexual. Los medios de comunicación ponen de relieve los peores casos de abuso, confunden la prostitución con el tráfico humano y rara vez ofrecen una imagen positiva (o incluso neutral) de las profesionales del sexo y sus clientes. Los noticiarios de televisión, los periódicos y las noticias en línea suelen centrarse en la victimización, los daños, la prostitución callejera, la trata, las detenciones o las redadas en los “círculos” de la prostitución o los negocios relacionados con la misma (Farvid y Glass, 2014, Van Brunschot Et al., 2000). Los informes de prensa y los artículos de revistas raramente ofrecen un panorama contrastante, aunque algunos medios destacados lo han hecho en ocasiones (por ejemplo, Economist, 2014; Goldberg, 2014). La mayoría de los documentales también destacan la explotación económica y la victimización física, representada con la ayuda de imágenes extremadamente emotivas. Y las mismas representaciones sesgadas penetran los medios de entretenimiento. Algunos largometrajes y programas de televisión romantizan el trabajo sexual, pero éstas son excepciones en el cuadro dominante de presentación como cuentos de advertencia sórdidos (Campbell, 2006). La estigmatización requiere una representación más equilibrada de lo que se suele describir en los medios de comunicación. Por ejemplo, los documentales sobre la prostitución pueden representar una serie de escenarios, escalas y experiencias de las trabajadoras, en lugar de concentrarse exclusivamente en un solo tipo, por lo general presentado despectivamente. Al examinar arreglos radicalmente diferentes en varios países, los documentales Red-Light Districts del canal A & E (1997) y el documental de la National Geographic Television Prostitution (2010) resaltan la variación transcultural, lo que puede ayudar a reducir las generalizaciones estigmatizantes. El documental de CNBC Dirty Money: The Business of High End Prostitution (2008) y National Geographic American Escort Girls (2014) también contienen representaciones positivas de las personas que trabajan en el sector de las escorts. Y la serie de televisión Showtime e ITV2, Diario Secreto de una Escort, incluye aspectos eróticos y rutinarios de una escort, además de encuentros con una variedad de clientes, lo que también puede tener algún efecto normalizador sobre la percepción de la audiencia del sector de escorts. Los medios de comunicación de masas también pueden usarse como un vehículo para la educación pública, incluyendo Anuncios de Servicio Público o anuncios pagados en televisión basados en evidencia. Un ejemplo de esto último son los anuncios colocados en los medios canadienses por el grupo de abogacía, Stepping Stone, en 2011 (Griner, 2011). Y el Proyecto Paraguas Rojo ha llevado a cabo sesiones de capacitación para que profesionales del sexo defiendan mejor sus derechos cuando se relacionen con los medios combatiendo las caricaturas estereotipadas.

 

 

Despenalización

 

La experiencia del movimiento por los derechos de los homosexuales muestra que la derogación de leyes discriminatorias es de vital importancia pero no es suficiente para la normalización. Esto se aplica también al trabajo sexual. En los lugares donde el estriptis comercial, la producción de pornografía y la prostitución son legales y regulados por el Estado, el estigma persiste, aunque sea en forma diluida. Las encuestas de Gallup muestran que sólo el 29% de los británicos (en 2008) y el 31% de los estadounidenses (en 2013) piensan que ver pornografía es “moralmente aceptable” (Gallup, 2015). El estado de Nevada legalizó los prostíbulos rurales en 1971, pero tres décadas más tarde, sólo una ligera mayoría de los nevadenses (52%) apoyó la conservación de este sistema y sólo el 35% respaldó la idea de permitir que los burdeles legales operaran en la ciudad de Las Vegas (donde son ilegales bajo la ley estatal (citado en Weitzer, 2012: 51)). El estigma persiste también en las naciones que más recientemente han despenalizado la prostitución (por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, Alemania y los Países Bajos), aunque puede estar un poco acallada en esos lugares en comparación con las naciones donde la penalización reina. 4 En el área del trabajo sexual debemos esperar un retardo en el cambio cultural después de la reforma legal: puede llevar un tiempo considerable que las normas sociales se ajusten a las normas legales. La despenalización es una condición necesaria, pero no suficiente, para la desestigmatización.

 

 

Movilización de la industria

 

Los propietarios y gerentes de negocios eróticos pueden desempeñar un papel importante en el apoyo a la desestigmatización y la presión por los derechos. La industria de la pornografía en los Estados Unidos, por ejemplo, tiene sus propias organizaciones de apoyo y red de apoyo legal (Voss, 2015). Los propietarios de burdeles legales y agencias de escorts en algunos países también tienen organizaciones que abogan no sólo por sus propios intereses sino también por las trabajadoras sexuales en la medida en que sus intereses se superponen (Weitzer, 2012). Una advertencia importante es que algunos de los intereses de los dueños de negocios pueden entrar en conflicto con los de las trabajadoras sexuales. Los primeros persiguen naturalmente sus intereses económicos, que pueden entrar en conflicto con los de las trabajadoras sexuales. Pueden encontrarse alineados en algunas cuestiones, como combatir lo que consideran regulaciones injustificadas, pero pueden ser oponentes en otras cuestiones, como la de si los propietarios deben ser obligados a proporcionar beneficios de seguridad social a las trabajadoras. Sin embargo, la búsqueda de la desestigmatización se hará en la medida en que los propietarios de empresas eróticas abogan por la normalización de la industria y en la medida en que las élites de la industria (por ejemplo, Hugh Hefner y Larry Flynt) apoyen públicamente los derechos de las trabajadoras sexuales y aporten recursos para acabar con la discriminación legal y social.

 

 

Activismo de las trabajadoras sexuales

 

El cambio de política puede ser un proceso de arriba hacia abajo, orquestado por el Estado. Algunos legisladores han iniciado proyectos de despenalización con poca presión de las beneficiarias (por ejemplo, en Nevada, República Checa, Australia Occidental). Pero el cambio legal también ha sido catalizado desde abajo – por individuos y organizaciones. Para tener éxito, la investigación muestra que los grupos de derechos de las trabajadoras del sexo requieren:

 

  • Líderes inteligentes o carismáticos que sean capaces de soportar contraataques;
  • Recursos suficientes (material, personal);
  • Conexiones con organizaciones de medios de comunicación;
  • Alianzas con otras organizaciones y movimientos sociales; y
  • Apoyo generalizado de los beneficiarios (profesionales del sexo, clientes, empresarios).

 

Las organizaciones de trabajadoras del sexo en algunos países han disfrutado de uno o dos de estos factores (por ejemplo, una líder carismática), pero no todas ellas. Tales organizaciones tienden a estar muy poco financiadas, carecen de un liderazgo fuerte, reclutan a pocas trabajadoras sexuales como miembros, son marginadas por aliados potenciales (organizaciones de mujeres, sindicatos) y tienen pocas conexiones con los principales medios de comunicación (Gall, 2010; Majic, 2014, Mathieu, 2003, Oselin y Weitzer, 2013, Weitzer, 1991, West, 2000). Las trabajadoras sexuales carecen de solidaridad a través de la jerarquía del trabajo sexual; muchas ven su trabajo como temporal, no están inclinadas al activismo; y la mayoría percibe poca ventaja en la sindicalización, especialmente si son autónomas (Gall, 2010; van der Poel, 1992).

 

Hay excepciones importantes. El Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelandia, por ejemplo, desempeñó un papel instrumental en el proceso que condujo a la despenalización parlamentaria en 2003 y continúa influyendo en la política a través de su asiento permanente en el Comité de Revisión de la Prostitución del país que revisa periódicamente políticas y prácticas relacionadas con la prostitución . Respecto a los aliados, en 1973 la principal organización de derechos de las mujeres de Estados Unidos -la Organización Nacional de Mujeres- aprobó una larga resolución de despenalización declarando que NOW “se opone a las leyes prohibitivas continuas con respecto a la prostitución, creyendo que son punitivas” y por tanto apoya la derogación de todas las leyes relacionadas con el acto de prostitución “(NOW, 1973). Tal apoyo de una organización influyente dominante hizo poco para avanzar en la búsqueda de los derechos de las trabajadoras del sexo en los Estados Unidos (ahora no participan en ningún esfuerzo de reforma posterior), pero este tipo de apoyo, sin embargo, puede ser considerado vital para la desestigmatización. Amnistía Internacional, la Organización Mundial de la Salud, la Unión Americana de Libertades Civiles y la Comisión Mundial de las Naciones Unidas sobre el VIH y la Ley han defendido la despenalización, lo que bien divulgado puede ayudar a desafiar el estigma asociado con el trabajo sexual. En mayo de 2016, Amnistía Internacional apoyó formalmente la despenalización como una forma de reducir la victimización y la marginación de las trabajadoras sexuales. La decisión fue ampliamente divulgada y se considera como una gran victoria para la comunidad de trabajadoras del sexo (Amnistía Internacional, 2016).

 

Algunas acciones recientes ilustran las maneras en que las trabajadoras sexuales han intentado desestigmatizar el trabajo sexual, junto con otras metas. En 2001, una organización de San Francisco que proporciona atención médica a las trabajadoras sexuales (la St James Infirmary) publicó anuncios en autobuses urbanos que incluían fotos de profesionales del sexo y citas destinadas a desafiar los estereotipos: “los derechos de las trabajadoras sexuales son derechos humanos” “El trabajo sexual es un trabajo real” y “alguien que usted conoce es una trabajadora sexual” (Schreiber, 2015: 256). En septiembre de 2015 la organización escocesa de trabajadoras del sexo Scot-Pep lanzó una propuesta (con el miembro del Parlamento escocés Jean Urquhart) de una legislación que despenalizaría la prostitución, siguiendo el modelo de Nueva Zelanda. La Ley de Reforma de la ley de Prostitución de Escocia cuestiona la posición actual del Gobierno de Escocia de que el trabajo sexual equivale a la “explotación sexual comercial” y busca derogar las leyes contra la solicitud, el rastreo de clientes y el mantenimiento de burdeles. El proyecto de ley permitiría que más de una trabajadora sexual trabajara en las mismas instalaciones (la ley actual restringe esto a una trabajadora) y aumentaría las penas contra quienes coaccionan a las trabajadoras sexuales. En noviembre de 2015, el Colectivo Inglés de Prostitutas, junto con defensores de los derechos de las trabajadoras del sexo de otras naciones, testificó en un simposio especial sobre la despenalización en la Cámara de los Comunes británica.

 

Las demandas que cuestionan la constitucionalidad de las leyes de prostitución son otra estrategia que siguen los activistas de las trabajadoras sexuales. Un caso judicial importante de esta naturaleza tuvo éxito en Canadá en 2013, cuando la Corte Suprema dictaminó inconstitucionales las tres leyes de prostitución de la nación.5 En los Estados Unidos se presentó recientemente un recurso legal similar, que desafiaba las leyes de prostitución de California. En la medida en que el público es consciente de estos esfuerzos legislativos y judiciales, al ser cubiertos por los medios de comunicación, las iniciativas pueden tener algún efecto en el desafío de los conceptos erróneos populares sobre el trabajo sexual. Otros acontecimientos recientes mueven la política en una dirección más represiva. La legislación del Parlamento francés es un ejemplo, con la Asamblea y el Senado proponiendo diferentes proyectos de ley en 2013 y 2015: uno implementaría el sistema sueco de criminalización del cliente mientras que el otro lo rechazaría y mejoraría las penas contra las prostitutas que solicitaban en las calles. El proyecto de ley de criminalización de los clientes, aprobado en abril de 2016, fue rechazado por una variedad de organizaciones y más de 70 celebridades francesas, y la gran mayoría del público francés se opone a la criminalización de los clientes.6 Cientos de profesionales del sexo organizaron una protesta en las calles de París y una activista (Franceline Lepany) declaró: “Este proyecto de ley trata de estigmatizar aún más a las prostitutas” .7 Las activistas de las trabajadoras sexuales también han sido activas en la oposición a proyectos de penalización de clientes en Canadá en 2014, el Parlamento Europeo en 2014, e Irlanda del Norte en 2015. Todas las medidas fueron aprobadas a pesar de la oposición vocal de los críticos. Pero su impacto en el estigma del trabajo sexual puede ser mixto, ya que todas y cada una de las iniciativas provocaron la oposición de las trabajadoras sexuales y sus partidarios – resistencia que puede ayudar a iluminar al público y generar un mayor apoyo a las demandas de las trabajadoras sexuales.

 

 

La comunidad académica

 

La comunidad académica puede desempeñar un papel importante en la desestigmatización del comportamiento no convencional. En 1973, la Asociación Americana de Psiquiatría eliminó la homosexualidad de su compendio de enfermedades mentales (el Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales) y la Organización Mundial de la Salud siguió su ejemplo en 1990. Asociaciones profesionales y académicas pueden ayudar a reducir el estigma aprobando resoluciones en apoyo a grupos marginados o patrocinando directamente campañas contra el estigma, como lo han hecho varias organizaciones de salud mental. Este tipo de intervención es poco frecuente en el ámbito del trabajo sexual, pero hay al menos un ejemplo destacado: En octubre de 2011 la junta directiva de la Sociedad para el Estudio de Problemas Sociales aprobó una resolución declarando su apoyo formal a: ) La legislación bipartidista para despenalizar la prostitución, 2) la información al público sobre los costos de emplear a la policía para controlar a las trabajadoras del sexo, y 3) la normalización de esta ocupación.8 Otras asociaciones académicas y profesionales podrían aprobar resoluciones similares, que pueden ser ampliamente publicadas después. Los eruditos pueden intervenir de otras maneras, tales como escribir columnas para fuentes de noticias, aparecer en programas de entrevistas, y publicar los resultados de la investigación que demontan las falacias predominantes. Esto sucede en cierta medida ahora – p.ej., los académicos participaron en el simposio parlamentario británico mencionado anteriormente – pero una implicación más robusta del experto ofrecería un correctivo basado en la evidencia a las políticas basadas en mitos con respecto al trabajo del sexo.

 

 

Conclusión

 

Esta lista de condiciones previas no es exhaustiva, pero sí cubre las principales áreas en las que se necesita un cambio. Como se mencionó anteriormente, el estigma es frecuentemente mencionado por académicos y activistas en el campo del trabajo sexual, pero típicamente no se problematiza como una variable sujeta a cambio. Este Comentario pretende catalizar análisis más directos de las condiciones para reducir el estigma para todos los participantes en el comercio sexual.

 

Es importante señalar que cualquier esfuerzo de normalización tendrá la oposición de las instituciones establecidas si el contexto jurídico nacional es uno en el que la prostitución está penalizada, el ordenamiento jurídico en sí mismo agrava la estigmatización y las autoridades tienen interés por considerar el trabajo sexual como una desviación. Además de esto, sabemos que las principales instituciones sociales y muchos grupos de interés poderosos y bien organizados están empeñados no sólo en bloquear la normalización del sexo comercial, sino también en perpetuar e intensificar la estigmatización. El movimiento contra la prostitución es fuerte y está creciendo en la mayoría de las partes del mundo, reforzado por su exitosa equiparación de prostitución y trata (Weitzer, 2007). Y hay también un creciente movimiento anti-pornografía que ha logrado imponer nuevas restricciones sobre material y espectáculos eróticos en algunas naciones (Gran Bretaña, Islandia, India) (Attwood y Smith, 2010; Burke, 2015; Helgado’ttir, 2014 ). Pero como el estigma no es inherente a ningún tipo de comportamiento y es en cambio una construcción social, puede ser contrarrestado y desconstruido. Y esa desestigmatización puede tener consecuencias importantes para otros aspectos del trabajo sexual: si se permite a la prostitución “funcionar en un clima social libre de prejuicios emocionales” (Ericsson, 1980: 362), entonces resulta “imaginable que la prostitución pueda ser practicada siempre, como ocasionalmente es incluso ahora, en circunstancias de relativa seguridad, libertad, higiene y control personal “(Overall, 1992: 716). Este ensayo ha esbozado algunas condiciones previas para una normalización más amplia.

 

 

Agradecimientos

 

Una versión de este artículo fue presentada en la conferencia COST Action IS1209, “Troubling Prostitution: Exploring Intersections of Sex, Intimacy and Labour” en Viena, Austria, 18 de abril de 2015. La acción COST se conoce como Comparación de las políticas europeas de prostitución : Entendiendo Escalas y Culturas de Gobierno (Prospol) (www.propol.eu). Agradezco a Susan Dewey, Juline Koken y Sharon Oselin por sus comentarios sobre una versión anterior de este artículo.

 

 

Notas

 

  1. Goffman (1963: 7) escribe: “El individuo estigmatizado tiende a tener las mismas creencias acerca de la identidad que que las que tenemos nosotros; éste es un hecho fundamental “. Él menciona, pero sólo de paso, algunos ejemplos de intentos de los representantes de una categoría estigmatizada para dar voz a sus sentimientos compartidos (Goffman, 1963: 24-27).

 

 

  1. Esto se aplica menos a las personas cuyo trabajo es muy visible, como las estrellas porno y los intérpretes de webcam, que ya están ” fuera del armario” en virtud de sus apariciones en pantalla.

 

 

  1. Después de que 50 académicos firmaran una carta a la legislatura estatal de Rhode Island (Estados Unidos) oponiéndose a una nueva ley de prostitución en 2009 (Associated Press, 2009), dos activistas antiprostitución atacaron los motivos de los académicos, que fueron etiquetados como “radicales sexuales”. “Los radicales sexuales están tomando como objetivo a Rhode Island para su propia agenda libertaria sexual extrema de prevenir cualquier límite legal a cualquier comportamiento sexual “(Brooks y Hughes, 2009: 3). La carta de los académicos, que coescribí con Elizabeth Wood, no contiene nada que pudiera justificar esta conclusión y en cambio se organizó en torno a los principios de reducción de daños y derechos laborales (Carta a los Honorables Miembros de la Legislatura del Estado de Rhode Island, Re: Prostitution Law Reform Bill, 31 de julio de 2009).

 

 

  1. La Encuesta Mundial de Valores documenta actitudes más tolerantes hacia la prostitución en las naciones que han legalizado la prostitución que donde la prostitución es ilegal (ver Weitzer, 2012: 80). Sin embargo, incluso en los países donde la penalización es la norma, la opinión pública puede cambiar con el tiempo: según la Encuesta Mundial de Valores, la perspectiva de que la prostitución “nunca se justifica” ha disminuido sustancialmente en Estados Unidos: de 63% en 1981 a 40 % En 2006: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp (se accede el 25 de mayo de 2015).

 

 

  1. Bedford c. Canadá, ONSC 4264, Tribunal Superior de Justicia de Ontario, 28 de septiembre de 2010. El caso fue oído por un tribunal de apelaciones en 2012 y culminó con una sentencia del Tribunal Supremo en 2013 (Canadá [Fiscal General] v. Bedford, 2013 SCC 72, Tribunal Supremo de Canadá, 20 de diciembre de 2013).

 

 

  1. En cinco encuestas realizadas entre 2011 y 2013, del 70% al 82% de los encuestados franceses desaprobaron la idea de penalizar a los clientes, y una encuesta de 2013 informó que el 74% de los encuestados favoreció la “reapertura de burdeles” en el país (Weitzer, 2015).

 

  1. Esto fue citado en France24.com (se accedió el 3 de junio de 2015).

 

 

 

  1. Resolución 3, Sex Work: disponible en: http://www.sssp1.org/index.cfm/pageid/1516/m/ 392 # R3 (se accede el 20 de mayo de 2015).

 

 

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Ronald Weitzer is a professor of sociology at George Washington University. He has published extensively on sex work, including his books Sex For Sale: Prostitution, Pornography, and the Sex Industry (2000 and 2010) and Legalizing Prostitution: From Illicit Vice to Lawful Business (2012). In 2014 he co-edited a volume on human tra.cking for the Annals of the American Academy of Political and Social Science.

El trabajo sexual y la violencia institucional: vulneración de derechos y abuso de poder

 

Investigación con mujeres trabajadoras sexuales de 14 países de Latinoamérica y el Caribe.

ARGENTINA

Puede descargarse aquí en formato PDF:

http://www.ammar.org.ar/IMG/pdf/informe_violencia_institucional_ammar_argentina.pdf

 

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El tiempo de los reformatorios de mujeres ha pasado: no es lo mismo trata que prostitución

“El arma principal para combatir la trata es concienciar a los clientes”

¿Quién habla de penalizarlos?

 

Apoyando a las víctimas de trata  “Los hombres [que pagan por estos servicios] consideran que no se van a encontrar con esas situaciones, ya que están acostumbrados a que las mujeres solo les sonrían y no les cuenten nada”, destaca el estudio. “Por eso, los datos nos ayudan a acercarnos a estos clientes. Porque el arma principal para combatir la trata es concienciarlos a ellos”.

Eso dice Carmen Meneses, una de las investigadoras que ha participado en el informe titulado Apoyando a las Víctimas de Trata, según el artículo que publica El País.1
“‘El cliente es el primero que puede dar la alerta, por eso su papel es muy importante, ha advertido Meneses“, según la noticia difundida por la agencia EFE. 2
¡Qué distinta es esta apreciación del papel del cliente en la lucha contra la trata de esta otra!:

Deslegitimización social y pública, cárcel y multas. Esta es la respuesta que el Grupo Municipal de Ganemos Palencia exige para todos aquellos palentinos que utilicen los servicios de prostitutas.” 3
Ganemos Palencia (formación de la que está ausente Podemos) está dirigida por Izquierda Unida y expresa la política abolicionista de la prostitución compartida por muchos partidos y ONGs en España.

Entonces, ¿quién está defendiendo los derechos de las víctimas de trata? Porque esas dos propuestas —la del equipo académico de la Universidad de Comillas y la de los abolicionistas— son contradictorias. Y lo que es más llamativo, gran número de las ONGs que han respondido al cuestionario de la Universidad de Comillas como agentes en primera línea en la lucha contra la trata son abolicionistas y comparten el objetivo de Izquierda Unida: la abolición de la prostitución mediante la aplicación en España del “modelo sueco”, es decir, la penalización de los clientes.

El informe, que se puede descargar aquí: http://bit.ly/1TWpNFI, ha sido elaborado por investigadores de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE para la Delegación del Gobierno para Violencia de Género del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Y estas son las referencias que hace de los clientes:

“En definitiva, hay un sector importante de los hombres que pagan servicios sexuales que colaborarían y ayudarían a las mujeres que ejercen la prostitución coactivamente o son víctimas de trata. En unos casos porque desconocen la realidad de muchas mujeres que ejercen la prostitución y al saberla las ayudarían. Por ello, merecería la pena realizar una campaña de sensibilización contra la trata adaptada a las circunstancias de los clientes de prostitución, para que sea lo más eficaz posible.” (Pág 151)

“Es necesario diseñar y plantear una campaña de información y sensibilización contra la trata. En las encuestas y entrevistas realizadas para el estudio se observa que los hombres que residen en España han oído hablar de la trata pero desconocen el delito, y solo perciben un único tipo de prostitución: la voluntaria. Las campañas deberían ir dirigidas a tres tipos de colectivos masculinos de forma diferenciada, para que los mensajes tengan los contenidos oportunos y sean más eficaces:

· En primer lugar a hombres de población general, que ha oído hablar de la trata por los medios de comunicación social de forma superficial.

· En segundo lugar, a los jóvenes a partir de 17 años, que es cuando suelen comenzar a hacer uso de servicios sexuales de pago dado que se considera un rito de masculinidad. Estos jóvenes se están socializando en la mercantilización de las relaciones sexuales y afectivas.

· En tercer lugar, a los clientes de prostitución ofreciéndoles información precisa sobre diferentes aspectos (trata, salud, necesidad de protección en las prácticas sexuales…).

A los tres grupos se debe ofrecer información neutra, rigurosa y precisa para que si tienen la oportunidad de ayudar a alguna víctima de trata sepan cómo hacerlo.”
(Pág. 189)

Es evidente que el informe está desautorizando implícitamente la penalización de los clientes como forma de combatir la trata, y ello es coherente con los estudios que demuestran cómo la penalización de los clientes en Suecia ha supuesto una dificultad añadida en la lucha contra la trata.

Como dicen las investigadoras Susanne Dodillet y Petra Östergren en su trabajo sobre la Ley de Prostitución sueca 4 :

“Por lo que se refiere a los clientes, parece que ahora son menos proclives a colaborar como testigos en los casos en los que son procesados proxenetas que explotan el trabajo sexual de otros, ya que ahora se sienten ellos mismos culpables de un delito”.

Y otra práctica que se ha introducido subrepticiamente en España bajo la forma de ordenanzas municipales, al margen de la legislación estatal, como es la penalización de prostitutas en la calle (y a veces de sus clientes) merece esta consideración en el estudio, en el apartado de “necesidades de las víctimas”:

”Existen ciudades en donde se llega a sancionar el ejercicio de la prostitución en la calle. Las consecuencias para ellas son terribles, especialmente para aquellas que son tratadas, dado que la multa se une a la deuda que tienen con sus tratantes, y teniendo que incrementar sus ingresos en la prostitución a costa de opciones no deseadas o perjudiciales para su salud”

Es evidente entonces que las medidas que proponen los “abolicionistas” de la prostitución son medidas que dificultan la lucha contra la trata, dañan los intereses de las víctimas y solo favorecen los intereses de los tratantes.

¿Cómo es posible que organizaciones que se declaran enemigas de la trata de personas y que han colaborado incluso en la elaboración de este estudio, propongan medidas tan contraproducentes para los objetivos que dicen perseguir?

La explicación se encuentra en el mismo informe:

“Dos modelos teóricos coexisten en las ONGs que trabajan en contextos de trata y explotación sexual:

1. La que sustenta sus entidades, impregnada por la filosofía identitaria que marca sus valores, creencias y modo de acción; y

2. la que se relaciona y centra en la atención a las mujeres víctimas de trata”

Esa “filosofía identitaria que marca sus valores, creencias y modo de acción” es, en el caso de algunas de estas organizaciones, una agenda moral, religiosa o ideológica que supone la condena de la prostitución como un mal en sí misma y la estigmatización de las mujeres que la ejercen como mujeres afectas de algún tipo de disminución mental que hace que sean incapaces de tomar decisiones libremente y deban, por tanto, ser tuteladas como lo son los menores de edad o los incapacitados por decisión judicial.

Esta doble agenda, la de lucha contra la trata (que implica recibir “fondos públicos para mantener los servicios que prestan, bien a través de subvenciones para el desarrollo de programas propios, bien a través de alguna de las formas previstas en el ordenamiento jurídico para la gestión de los servicios públicos” (pág. 12)) y la de lucha contra la prostitución (en aplicación de sus creencias particulares) supone una contradicción, como hemos visto en los párrafos precedentes, que se manifiesta con toda crudeza cuando leemos en el informe:

“En general casi todos los servicios que plantean una ayuda a las víctimas conllevan el abandono de la prostitución, entre otras razones porque resulta más difícil ofrecerles protección si están ejerciendo la prostitución ya que pueden ser localizadas con mayor facilidad. Este es un problema que han planteado informantes de distintas provincias.

“Pues hay un problema económico. Es decir, una chica que está gastando 3.000€, que esté ganando 3.000€, que tenga una…sobre todo en el caso de las sudamericanas, que tengan unas cargas familiares en su país de origen, si van a un Centro de Protección, va a ganar cero. Sobre todo que ahí suele haber bastante control. (Policía)

Y en ese sentido, cuando las chicas ponen una denuncia sí, pero no quieren dejar de ejercer la prostitución porque tienen que mandar dinero a su país…Este es el caso, que nos pasa con chicas, principalmente, nigerianas. Y las ONG no las cogen si siguen ejerciendo. Con lo cual…eso lo tienen clarísimo y es una norma del centro. (Policía)” Pág 118

Lo que “tienen clarísimo y es una norma del centro” esas organizaciones es que su objetivo fundamental es erradicar la prostitución y no proteger a las víctimas de trata, y por tanto no dudan en usar los medios que el Estado ha puesto a su disposición con este último fin para extorsionar a las mujeres que quieren practicar libremente su trabajo –libres ya de explotadores– para subvenir a sus necesidades y a las de sus familias. “O bajo nuestra protección y sin prostitución, o con prostitución y bajo la ‘protección’ de los tratantes”, parece ser su lema.

Mientras no quede claro que no es lo mismo vender servicios sexuales —desde el derecho a decidir que tenemos todas las mujeres— que ser víctimas de extorsión y explotación por un tercero, no se podrá combatir de forma eficaz la trata. Porque solo defendiendo los derechos humanos y laborales de las trabajadoras sexuales, combatiendo con todos los medios el “estigma de puta”, se conseguirá que ellas mismas alcancen su emancipación.

Hay que desconfiar profundamente del enfoque paternalista que desposee a las víctimas de su característica humana más esencial, de su capacidad de decidir, para utilizarlas al servicio de agendas morales y religiosas que nada tienen que ver con la defensa de los derechos humanos y sí mucho con su conculcación.

El tiempo de los reformatorios de mujeres ha pasado.

 

________________________________________________________
1.- http://politica.elpais.com/politica/2016/02/19/actualidad/1455886808_324206.html

2.- http://www.elmundo.es/sociedad/2016/02/19/56c6f6fc46163f91788b45e5.html

3.- http://www.diariopalentino.es/noticia/Z327BED5B-9A6E-05E9-0FF29E60A6187E83/20160217/ganemos/pide/carcel/multas/palentinos/recurran/prostitucion

4.- https://elestantedelaciti.wordpress.com/2016/02/17/la-ley-de-compra-de-sexo-sueca-exito-proclamado-y-resultados-documentados/


ANEXO

Subvenciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para proyectos de atención a víctimas de trata con fines de explotación sexual (2016)

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http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/otrasFormas/trata/subvenciones/pdf/EntidadesSubvencionadas2016.pdf

Crítica de las trabajadoras sexuales a la política hacia la prostitución en Suecia

Por Petra Östergen

http://www.petraostergren.com/pages.aspx?r_id=40716
Petra Östergren El artículo Crítica de las trabajadoras sexuales a la política hacia la prostitución en Suecia apareció originalmente en mi web en 2003. Aunque nunca fue formalmente publicado en una revista académica, ha sido citado y discutido por activistas y académicos interesados en los efectos de la ley sueca de prohibición de compra de sexo.

 

 
Como la prostitución es un tema controvertido, con extensas implicaciones morales, legales y políticas, no es sorprendente que mi artículo haya sido criticado por los defensores de la Ley de Compra de Sexo, y por activistas y académicos que trabajan por abolir la prostitución. Considero que su crítica está mal informada, está distorsionada y a veces es tendenciosa.

 

 
El material empirico en que se basó el siguiente artículo fue utilizado también en mi tesis de máster (2003) y apareció más tarde en mi libro Porn, Whores and Feminists (2006). Como se muestra en estos dos trabajos y en el artículo que sigue, yo nunca he dicho que documentara las opiniones de todas las trabajadoras sexuales de Suecia, sino solo las de aquellas a las que había entrevistado.

 

 
Además, las opiniones de trabajadoras sexuales acerca de la política hacia la prostitución sueca expresada en este artículo difícilmente pueden ser consideradas exclusivas. Están en línea con las preocupaciones expresadas por las trabajadoras sexuales en los medios de comunicación suecos, en blogs, artículos, informes y libros desde 1998 en adelante (para una compilación de fuentes, tanto publicadas como no, hasta 2011, ver el ejemplo de Claimed Success and Documented Effects, pp.109-138, en http://www.petraostergren.com/upl/files/115299.pdf).

 

 
Aunque los defensores de la Prohibición de Compra de Sexo me han atacado a mí personalmente, tratándome como si fuera alguna clase de instrumento de la industria del sexo, existe una serie de informes adicionales que revelan similares críticas a la política hacia el trabajo sexual sueca desde una perspectiva de trabajadoras sexuales. Estos otros informes incluyen el estudio de Rose Alliance En annan horisont, el trabajo de Pye Jakobsson y Jay Levy, y el estudio Charlotte Holmström 2015. Desafortunadamente, gran parte de este trabajo de investigación está disponible hasta ahora solo en sueco. Los activistas antiprostitución suecos y los investigadores que promueven la prohibición de compra de sexo están muy familiarizados con este trabajo, incluso si prefieren ignorarlo.

 

 
Los estudios que muestran que las propias trabajadoras sexuales se oponen a la prohibición de compra de sexo, o que la propia ley no ha sido eficaz, han sido criticados como “sesgados” por los abolicionistas y los defensores de la prohibición. Su afirmación se basa en su opinión de que la violencia, las desigualdades de poder, la victimización y el abuso sufridos por algunas trabajadoras sexuales es la situación dominante para todas las personas que venden servicios sexuales. Por tanto, aquellas trabajadoras sexuales que critican una ley cuyo propósito ostensible es protegerlas son consideradas como constituyentes de una minúscula minoría, no representativas o, en el mejor de los casos, vistas como enfermas de alguna clase de falsa conciencia o trauma relacionados con su propia condición de víctima.

 

 
Lamentablemente, el enfoque de paradigma de la opresión hacia el trabajo sexual (en lugar de un paradigma polimorfo), así como el rechazo de la crítica de las trabajadoras sexuales a la política hacia la prostitución sueca, es una señal de que el trabajo sexual y las trabajadoras sexuales están aún fuertemente estigmatizados. Esta estigmatización debe ser adecuada y firmemente abordada y cuestionada.

 

 
Cuando se trata de estudiar, desarrollar y evaluar una norma, es absolutamente esencial comenzar por las necesidades del grupo al que vaya dirigida, tal como sean expresadas por las personas que consituyen dicho grupo. Esto también se aplica a las trabajadoras sexuales. Las normas o leyes sobre la prostitución deben poner a las propias trabajadoras sexuales en el centro de ese proceso.
Esta postura no es una máscara bajo la que se oculte una actitud “proprostitución”. Su intención es proteger los derechos de las trabajadoras sexuales.

 

 
Petra Östergren Mayo de 2015

 
Crítica de las trabajadoras sexuales a la política hacia la prostitución en Suecia

 

Petra Östergren (sin fecha)

 

http://www.petraostergren.com/upl/files/115326.pdf

 

En este artículo no trataré del complejo tema de si la prostitución es deseable, ya sea desde un punto de vista social o desde cualquier otro punto de vista. Este artículo busca más bien documentar algunas de las experiencias y opiniones de trabajadoras sexuales en Suecia. Me ha preocupado el hecho de que muchas mujeres que están en el centro de la política hacia la prostitución sean tan raramente escuchadas y se sientan tan a menudo adversamente discriminadas. Si la igualdad de derechos para todas las mujeres es importante, entonces la experiencia de las propias trabajadoras sexuales debe, sin duda, estar en el centro de nuestra discusión, independientemente de la posición que cada uno adopte respecto a la prostitución.

La ley contra la provisión de servicios sexuales (ya sea promoción u obtención de beneficio de la prostitución) y una reciente ley que prohibe la compra de servicios sexuales, implantada en 1999, son las dos formas principales como el Estado sueco considera que está “combatiendo” la prostitución. Los políticos y las feministas suecos están orgullosos de la política hacia la prostitución desarrollada por el Estado. Insisten en que tiene efectos positivos. Las trabajadoras sexuales opinan de otra forma. La mayor parte de las trabajadores sexuales suecas que he entrevistado hacen una fuerte crítica de su situación legal y social. Se sienten adversamente discriminadas, puestas en peligro por las mismas leyes que buscan protegerlas y se sienten sometidas a un intenso estrés emocional como consecuencia de dichas leyes.

El material usado en este artículo procede de mis entrevistas, charlas informales y correspondencia llevados a cabo con aproximadamente veinte trabajadoras sexuales desde 1996, así como de entrevistas con trabajadoras sexuales publicadas y radiadas en los medios suecos. También de entrevistas con personas que trabajan con mujeres que venden sexo para mantener un consumo de drogas (la mayor parte de las cuales son también personas sin hogar).

Este artículo contiene también un sumario de informes realizados por las autoridades suecas tras la aplicación de la nueva legislación (la penalización de clientes).

 

 
La venta de servicios sexuales no es trabajo

 
El trabajo sexual no es oficialmente considerado trabajo en Suecia. En su lugar, la prostitución es vista como una lacra social y una forma de violencia de los hombres contra las mujeres. Las mujeres que venden sexo son consideradas víctimas que necesitan ser protegidas por el Estado. De los trabajadores sexuales masculinos o transexuales raramente se habla. En la tarea de crear una sociedad mejor y más igualitaria, el Estado sueco ha determinado que la prostitución tiene que ser abolida. Esta es una opinión que raramente se pone en cuestión.

 

La ley contra la provisión

 
La ley contra la provisión hace ilegal trabajar en interiores, trabajar con otros, aprovecharse del trabajo sexual de otros y anunciar. Algunas mujeres entrevistadas expresan satisfacción con el efecto que esta ley ha tenido contra chulos explotadores, ya que ha habido relativamente pocos en Suecia en las últimas dos décadas. Otras trabajadoras sexuales consideran esta ley discriminatoria. Creen que ellas, igual que cualquier otro trabajador o persona de negocios, deberían tener derecho a un entorno laboral razonable, trabajar colectivamente, anunciarse o abrir un negocio, etc.

A causa de la ley contra la provisión, las trabajadoras sexuales se ven obligadas o bien a mentir para alquilar locales o bien a tener que pagar alquileres exorbitantes. Tanto en un caso como en otro, están constantemente preocupadas por el temor de ser descubiertas. También informan de que con frecuencia tienen que trasladarse (cuando son descubiertas) y de que son tratadas de mala manera por los arrendadores y “chulos de arrendamiento”. Algunas mujeres prefieren contactar con sus clientes en la calle. Otras trabajadoras sexuales consideran esto demasiado humillante.

La mayor parte de las mujeres con las que he hablado desean poder trabajar junto con otras. Esto es para garantizar la seguridad y ayudarse unas a otras. Encuentran injusto no poder hacerlo y se sienten asustadas cuando tienen que trabajar solas.

Esta ley también hace difícil para las trabajadoras sexuales cohabitar con un compañero, ya que es ilegal recibir algo de las ganancias de una trabajadora sexual. Hasta tan solo el hecho de tener una familia es difiícil para una trabajadora sexual, ya que las trabajadoras sexuales son consideradas madres incapaces y por tanto pueden perder la custodia de sus hijos si se descubre que venden sexo.

 

 
La ley contra la compra de servicios sexuales
La nueva ley que prohibe el acto de comprar servicios sexuales es seriamente criticada por las trabajadoras sexuales. Encuentran la ley paradójica, ilógica y discriminatoria. Obstruye aún más su trabajo y las expone a estrés y peligro.

Las mujeres con las que he hablado dicen que los argumentos en los que se basa la ley carecen de sentido para ellas. ¿Cómo pueden los políticos decir que solo están siendo castigados los clientes y que ellas están siendo protegidas? El efecto de la ley es en general negativo para la trabajadora sexual. Algunas señalan que incluso si unos pocos hombres son multados, la mayoría seguirá comprando servicios sexuales como de costumbre y, como de costumbre, son las mujeres y las trabajadoras sexuales las que se verán afectadas de forma más adversa.

Como resultado de la nueva legislación, las trabajadoras sexuales dicen que ahora es más difícil para ellas evaluar a los clientes. Los clientes están más estresados y asustados y la negociación en la calle debe ser hecha de forma más rápida. La probabilidad de terminar dando con un cliente peligroso es por tanto mayor.

Debido a la ley, las trabajadoras sexuales se sienten cazadas en la calle por la policía, los trabajadores sociales, los medios de comunicación e incluso los activistas antiprostitución. Encuentran esto inaceptable. Una trabajadora sexual comentó que ningún otro grupo vocacional aceptaría que la policía “patrullara su lugar de trabajo”.

Otra consecuencia es que las trabajadoras sexuales sienten ahora más aprensión a buscar ayuda de la policía cuando tienen problemas con un cliente abusivo. No quieren verse obligadas a denunciar al cliente.

Dado que el número de trabajadoras sexuales en las calles ha descendido y que ahora están más asustadas, las anteriores redes informales entre trabajadoras sexuales se han debilitado. El resultado es que ya no pueden avisarse entre ellas de clientes peligrosos o prestarse entre ellas la misma ayuda que antes.

Las mujeres también informan de que otra consecuencia de la ley son los bajos precios en las calles, ya que hay menos clientes y más competencia. Esto significa que las mujeres que tienen una necesidad de dinero más desesperada se implicarán en sexo no seguro y en actividades sexuales que habitualmente no realizarían. Esto a su vez lleva a una autoestima más baja y a la exposición a infecciones. Otras mujeres que han recurrido a internet para anunciarse refieren un efecto positivo para ellas, ya que han podido subir los precios. Pero nótese que esto solo beneficia a algunas trabajadoras sexuales. Las trabajadoras sexuales más vulnerables parecen ser las que se han visto afectadas de forma más negativa por la ley.

Las mujeres que trabajan en las calles en algunas de las ciudades más grandes dicen que ahora hay un mayor porcentaje de clientes “pervertidos” y que han desaparecido los clientes “agradables y amables”. Un cliente “pervertido” es el que pide formas de sexo más violentas, sexo con heces y orina, y que es más proclive a humillar, degradar y violar a la trabajadora sexual. También se niega con mayor frecuencia a usar condones. Dado que hay menos clientes en las calles, muchas mujeres que venden sexo para financiarse un consumo de drogas no pueden ya rehusar estos clientes, como hacían antes. Estas mujeres dicen que los clientes “amables” o se han cambiado a internet en la busca de servicios sexuales o han sido detenidos por la policía. Por el contrario, los clientes “pervertidos” saben qué hacer para no ser detenidos y multados: les basta con negarlo, ya que raramente hay pruebas sólidas.

 
Trato social

Otra queja expresada a menudo es cómo se sienten tratadas las trabajadoras sexuales por las autoridades y por la sociedad en general. Todas las trabajadoras sexuales con las que he hablado mencionan el estigma unido a la prostitución, en virtud del cual la trabajadora sexual es vista como débil, sucia, enferma mental, adicta a las drogas y al alcohol y considerada una víctima. Unido a la difícil situación legal, esto hace que las trabajadoras sexuales tengan miedo de que se exponga públicamente que venden sexo, así que hacen todo lo que pueden para garantizar su anonimato. Esto incluye para algunas mujeres mentir a amigos, familia y vecinos. Las trabajadoras sexuales dicen que se sienten incapacitadas por el Estado y que no se las respeta. Mantienen que sus derechos como ciudadanas son violados. Varias de ellas afirman que son una parte importante de la sociedad, que contribuyen a ella, pero que son activamente excluídas de ella. También piensan que a las trabajadoras sexuales se les niega los beneficios del Estado de bienestar, beneficios que están garantizados a todos los demás ciudadanos suecos.
Varias trabajadoras sexuales dicen que se sienten utilizadas por los políticos, las feministas y los medios de comunicación. Piensan que las trabajadoras sexuales solo son escuchadas y se les presta atención si dicen las cosas políticamente correctas, es decir, que encuentran la prostitución espantosa, que son víctimas, que han dejado de vender sexo y nunca lo volverán a hacer, y que están agradecidas a la actual política hacia la prostitución y a los legisladores.

Las trabajadoras sexuales se sienten ignoradas en los procesos de toma de decisiones relativos a cambios jurídicos, etc., algo que consideran no democrático. Preguntan si algún otro grupo social habría sido tan sistemáticamente excluído de cualquier proceso relevante de adopción de medidas políticas.

Las trabajadoras sexuales refieren haber tenido muy poca o ninguna ayuda de las autoridades sociales y, en algún caso, fueron más bien abandonadas por dichas autoridades. Algunas creen que las mujeres que desean dejar el trabajo sexual pueden, en algunos casos, lograr una ayuda adecuada de las autoridades sociales.

La mayor parte de las trabajadoras sexuales a las que he entrevistado rechazan la idea de que haya algo intrínsecamente malo en su profesión, o que debieran ser sometidas a terapia o recicladas para trabajar en alguna otra cosa. Consideran también que este es un tratamiento que no se impondría a otros grupos profesionales. Las trabajadoras sexuales dicen que, contrariamente a la creencia oficial, no son víctimas de sus clientes, sino víctimas del Estado. Y esto no solo debido a que no son escuchadas, o a que el Estado las coloca en situaciones peligrosas y fuerza a algunas de ellas a incorporarse al mundo criminal, sino también porque la situación general las hace imposible mostrarse abiertas acerca de su trabajo, levantar la voz contra la injusticia y organizarse por sí mismas.

 

 
Cuestiones de salud
Todas las mujeres con las que he hablado refieren sentimientos de estrés emocional debido a su situación legal y a cómo son tratadas socialmente. Tienen que ocultarse, mentir y mantener dobles identidades. Sienten que ellas mismas, sus hijos y sus parejas, son objeto de acoso y repulsión.

El estrés emocional deriva también de una situación financiera vulnerable y poco clara. Dado que la mayor parte de las mujeres no pagan tasas, tienen miedo de lo que les pasará cuando se retiren. Sus pensiones serán bajas y apenas adecuadas para vivir. Cuando caen enfermas, tienen que seguir trabajando o recurrir a los ahorros que puedan tener, en lugar de disfrutar del derecho a la compensación que tienen los trabajadores. La situación legal respecto a los impuestos no está clara, y varía de ciudad a ciudad. Algunas autoridades fiscales dejarán en paz a las trabajadoras sexuales, otras las buscarán y las impondrán impuestos según una estimación arbitraria. Esto preocupa a las trabajadoras sexuales. Algunas han sido sometidas a este procedimiento con consecuencias financieras desastrosas. Otras tan solo han oído hablar de ello y temen que les pase a ellas.
Las trabajadoras sexuales refieren un aumento de su estrés emocional subsecuente a la implantación de la nueva ley. Las trabajdoras sexuales dicen que ahora están más preocupadas porque las encuentren, así como más preocupadas por sus ingresos futuros. Varias de ellas refieren que ahora tienen más ansiedad, problemas de sueño y problemas de concentración, así como problemas relacionados con trastornos del apetito, alcohol y drogas.

Las trabajadoras sexuales que he entrevistado refieren tener sentimientos más intensos de impotencia y resignación ahora que antes de la implantación de la nueva legislación. Opinan que parece que “no tiene sentido” intentar cambiar el sistema (o sus consecuencias directas sobre sus vidas) y que nadie las apoya o habla en su favor.

 
Lo que quieren
Las trabajadoras sexuales expresan indignación hacia los políticos suecos que, en su opinión, en su relación con otros países se jactan y dicen mentiras acerca de los efectos de la nueva ley. Desean que otros países puedan ver “la verdad” de los efectos de la ley. También desaconsejan enérgicamente a otros países adoptar una legislación similar.

Incluso si solo unas pocas de las trabajadoras sexuales con las que he hablado dicen conocer los detalles de la nueva legislación relativa a la prostitución en Holanda y Alemania, todas ellas hablan positivamente de ella. Desearían que la prostitución en Suecia fuera legalizada (o, al menos, despenalizada), que hubiera sindicatos y organizaciones para trabajadoras sexuales, que desapareciera el estigma que las rodea y que tuvieran garantizados los mismos derechos y obligaciones que las demás mujeres y los demás ciudadanos.

Las mujeres que venden sexo para costearse un hábito de drogas parecen menos proclives a mirar el trabajo sexual como una experiencia positiva o como un trabajo. Pero son exactamente igual de críticas con las leyes y las normas suecas. Les gustaría tener mejor acceso a los programas de metadona o buprenorfina, que es algo que ahora solo tiene un número limitado de personas.

 
Informes oficiales

Críticas similares a las hechas por mis encuestadas fueron oídas en los tres informes oficiales hechos desde que se implantó la ley contra la compra de servicios sexuales. Un año después de su instauración, el Consejo Nacional para la Prevención del Crimen (Brottsförebyggande rådet), llevó a cabo una investigación de la aplicación de la nueva ley y los problemas que habían sido encontrados.

El Consejo Nacional de Salud y Bienestar (Socialstyrelsen), publicó también un informe un año después de la implantación de la ley. Su trabajo consistió en documentar el conocimiento existente de la extensión de la prostitución. El Consejo Nacional de Policía (Rikspolisstyrelsen) publicó un informe basado en la información obtenida de los dos primeros años de aplicación de la nueva ley. Su trabajo consistió en evaluar la aplicación de la ley y hacer sugerencias acerca de nuevos métodos en el trabajo de la policía contra la prostitución.

Todos estos informes hallaron que la prostitución de calle descendió inmediatamente tras la implantación de la ley. Sugieren también que la captación de clientes fue menor, aunque el Consejo Nacional para la Prevención del Crimen declara que el número exacto de prostitutas en, por ejemplo, Estocolmo era difícil de estimar debido a que la prostitución de calle se había desplazado a otras calles y tomado posiciones en un área más amplia que la anterior. Todas las autoridades dicen que no existen pruebas de que haya menos prostitución en general. Por el contrario, la prostitución escondida habría aumentado probablemente.

Todos los informes tratan los problemas que han emergido tras la implantación de la nueva ley. El Consejo Nacional de Policía escribe que las trabajadoras sexuales que todavía hacen prostitución de calle están pasando tiempos difíciles. Esto se debe, explican, a que hay menos clientes, los precios son más bajos y la competencia entre las mujeres mayor. Esto lleva a que haya más mujeres que venden sexo sin protección de condones, y a que tengan que aceptar más clientes que antes (ya que los precios son más bajos). Los encuestados en el estudio del Consejo Nacional de Salud y Bienestar (entre los que no se encuentra ninguna trabajadora sexual) creen que las trabajadoras sexuales ahora experimentan más dificultades y están más expuestas que antes. Los compradores son “peores” y más peligrosos, y las mujeres que no pueden dejar su oficio o cambiar de lugar dependen de estos hombres más peligrosos, ya que no pueden permitirse rechazarlos como antes. Incluso los compradores que fueron entrevistados opinaron que la ley afectaba sobre todo a las ya socialmente marginadas mujeres. De acuerdo con el Consejo Nacional de Policía, el sistema de salud está preocupado por el declive de la salud entre las trabajadoras sexuales y la diseminación de enfermedades de transmisión sexual.

El Consejo Nacional de Policía ha encontrado tambén que la ley supone un obstáculo a la hora de perseguir a los aprovechados que explotan el trabajo sexual de otros. Anteriores casos judiciales contra tales hombres podían ser defendidos a veces gracias a los testimonios de los compradores de sexo. Pero estos hombres ya no están dispuestos a colaborar, ya que ellos mismos son ahora culpables de cometer un delito. El informe del Consejo de Policía señala también que las trabajadoras sexuales han caído en una posición difícil, construída socialmente y ambigua, con relación a la nueva ley. La trabajadora sexual vende sexo, pero esto no es un acto criminal. Sin embargo, debido a que la compra de servicios sexuales es ahora un delito, la trabajadora sexual puede ser obligada a presentarse como testigo en el proceso judicial. Y de esta forma, no tiene ni los derechos del acusado ni los de la víctima. El informe del Consejo de Policía discute también el hecho de que las trabajadoras sexuales se ven sometidas a registros e interrogatorios invasivos, en un intento de conseguir las pruebas contra los clientes in fraganti.

 

Informes oficiales

RPS (Rikspolisstyrelsen) 2001. Rapport. “Lag (1998:408) om förbund mot köp av sexuella tjänster. Metodutveckling avseende åtgärder mot prostitution.” Av Nord, Anders och Rosenberg, Tomas. Polismyndigheten i Skåne. ALM 429-14044/99. 2001. POB -429-4616/99 SoS (Socialstyrelsen) 2000. “Kännedom om prostitution 1998-1999.” SoS rapport 2000:5.BRÅ (Brottsförebyggande Rådet) 2000. Brå rapport 2000:4. “Förbud mot köp av sexuella tjänster. Tillämpningen av lagen under första året.” Brottsförebyggande rådet. Stockholm.

 


 

Acerca de Petra: http://www.petraostergren.com/pages.aspx?r_id=40697

¿Querrían los ciudadanos que la prostitución fuera legal?

A juzgar por la evidencia disponible, que no es mucha, se puede conjeturar que la opinión pública está más bien a favor de legalizar la prostitución. Desde el punto de vista de los valores, se muestran especialmente favorables las personas laicas y tolerantes en todas las materias sexuales. Desde el punto de vista social la oposición a la legalización crece sobre todo entre los más jóvenes, pero también entre las mujeres, entre los obreros no cualificados y entre los inmigrantes.

 

 

Alberto Penadés
17/02/2015 –

 

http://www.eldiario.es/piedrasdepapel/Querrian-ciudadanos-prostitucion-legal_6_357374301.html

 

¿Cuál es la actitud de los ciudadanos españoles hacia la prostitución? ¿Está el ciudadano mediano a favor de legalizarla o prefiere alguna alternativa persecutoria? ¿Quienes son más propensos a la legalización? La verdad es que sabemos relativamente poco de eso, pero voy a intentar sacar a la luz algo de lo que hay. Sabemos poco porque los estudios que se han hecho o bien se interesan por la conducta (el comercio de servicios sexuales) pero desdeñan las opiniones, o bien se interesan solo por colectivos especiales, o bien recogen información cualitativa que, siendo valiosa para orientarse en delimitar tipos de actitudes (condena, estigma, tolerancia, disculpa…), que ya es difícil, no sirve para responder a las preguntas que abren el párrafo.

 
No voy a discutir las alternativas políticas públicas al respecto ni voy a valorarlas. Espero hacerlo en otro momento, con los mejores datos posibles y los mejores razonamientos que se me ocurran. Eso sería mucho más difícil que lo de hoy, contar lo que me parece que piensan los demás.

 
En realidad solo hay una encuesta relativamente reciente en la que se pregunte por actitudes hacia la prostitución a toda la población, un estudio del CIS de enero de 2008, y de ahí extraigo mis datos. Se trata de una encuesta general (telefónica) sobre actitudes y prácticas sexuales. La pregunta que se escogió entonces es de las que no se te quita el disgusto en un mes, pero aun así transmite una impresión bastante elocuente. Se preguntaba por el grado de acuerdo con esta afirmación: La prostitución es inevitable y por tanto debería ser legalizada. El 36,7% se mostraba “muy de acuerdo”, el 40,9% “bastante de acuerdo”, el 4% “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, el 10,7% “bastante en desacuerdo” y el 4,8% “muy en desacuerdo” (el 3% no daba información, en lo sucesivo nos atendremos solo a quienes dieron una respuesta).

 
Nuestro mejor amigo para entender a la opinión pública es el CIS, y como a veces pasa con los amigos, nos dan ganas de darle capones. (No se lo tomen personalmente en la casa). El lector con un mínimo de recelo entenderá que no se pueden hacer preguntas dobles –nunca- porque no se sabe si la gente responde a una afirmación, a la otra o a la conexión entre ambas. En este caso, además, el primer enunciado proporciona un marco de respuesta al segundo, ofreciéndole una razón a la persona entrevistada para asentir. Lo peor de lo peor.

 
¿Deberíamos rechazar el dato? Solo si tuviéramos otro más neutral, porque las diferencias son tan altas que da la impresión de que habría que forzar mucho una pregunta de este tipo (tal vez asociándola con términos como “esclavitud”, “violencia” o “tráfico”, como se hace a veces en algunos estudios-denuncia) para invertir las proporciones. Es decir, creo que la pregunta ofrece un indicio razonable de que hay una mayoría a favor de legalizar la prostitución. No es una evidencia tan concluyente como podría ser si se hubiera hecho una pregunta correcta, pero no es despreciable.

 
En el pasado más bien remoto el CIS ya hizo alguna incursión azarosa en este asunto, lo que nos sirve para validar la impresión de que la prostitución se considera aceptable en España, aunque dé un poco de miedo ver cómo se planteaba la cuestión entonces. Además de algunas encuestas sobre “seguridad ciudadana” que no dejaron ningún dato interesante, en 1986 y en 1994 el CIS preguntó por una lista de conductas “socialmente indeseadas” (sic) en las que se incluía la prostitución junto con, por ejemplo, la homosexualidad, el adulterio, el consumo de drogas, el aborto o la evasión de impuestos. Menos mal que la población se crece en momentos como este y nos redime un poco. La prostitución resultaba en ambos casos una de las conductas más aceptadas socialmente (menos indeseadas en la escala de valoración del CIS): de hecho la cuarta, en una lista de 20 cosas que en 1994 debían parecer típicas malas al responsable de la encuesta, solo por detrás del “divorcio” (5,8 puntos en la escala de aceptabilidad con mínimo en cero) la “homosexualidad” (4,9) y de la eutanasia (4,8). Con 3,9 puntos la prostitución le parecía más “tolerable” que el aborto al ciudadano medio (3,7 puntos). La encuesta de 1986 presentaba un panorama muy parecido (salvo por el aborto), pero se hacía solo a menores de 25 años.

 

Sin duda, tanto la prostitución como el aborto son cuestiones que causan rechazo moral en muchos ciudadanos, pero sabemos que el deseo de utilizar la ley para proscribirlo es minoritario en el caso del aborto (con independencia de lo ilegítima que nos parezca esa aspiración) y no encuentro razón para suponer que el deseo de ilegalizar la prostitución pueda ser mayor en la opinión pública (también con independencia de cómo se juzgue su legitimidad).

 
¿Quiénes están más o menos a favor de legalizar de la prostitución? Desde el punto de vista de las actitudes, el rechazo a la legalización de la prostitución (entendida como desacuerdo con la pregunta del CIS de 2008) está asociado con la religiosidad y con el conservadurismo en materia sexual. (Desgraciadamente no se preguntaron actitudes políticas en esta encuesta). Las personas religiosas tienen una probabilidad significativamente menor de favorecer la legalización (75%, como suma de los que están muy o bastante de acuerdo) que las no creyentes o ateas (84%). También puede verse que quienes creen que están muy de acuerdo con que los límites de lo que se puede hacer en las relaciones sexuales son los que marca la doctrina de la Iglesia están mucho menos a favor (60%) que quienes están muy en desacuerdo con tal limitación (81%). En cuanto al liberalismo sexual, la actitud de aceptar la legalización de la prostitución está correlacionada positivamente con la de aceptar que todo en el sexo es bueno si no daña a nadie o con la de afirmar que todo lo que mejora la vida sexual es bueno; y se correlaciona negativamente con la creencia de que ciertos actos sexuales son ilícitos. Se trata, pues, de una actitud laica y liberal en cuestión de costumbres.

 
Es digno de mención que estas son las únicas actitudes relevantes. Por ejemplo, no parece tener ninguna importancia si uno cree que los hombres tienen mayor deseo sexual que las mujeres o lo contrario, lo que a veces se menciona como una especie de “justificación naturalista” del trabajo sexual. Tampoco importa mucho lo que cada quien piensa sobre su propio atractivo sexual (si uno cree que tiene más o menos opciones de atraer a otros), si se tiene una vida sexual más activa o menos, o si se está más o menos feliz con ello. Hay diferencias, pero no son significativas (y tienden a ser las personas más célibes y con opiniones más clásicas sobre el sexo masculino las menos propensas a legalizar la prostitución).

 
Socialmente hay algunas cosas esperadas y otras que no lo son tanto. Los jóvenes son el grupo que mayor rechazo (menor apoyo) ofrece a la legalización de la prostitución. Solo el 57% de los menores de 25 años están (estaban) de acuerdo según la pregunta del CIS (el 86% entre 35 y 44, que es la edad pico). La legalización también encuentra más rechazo, o menor apoyo, entre las mujeres (73% de asentimiento) que entre los hombres (82%). Menos esperado, tal vez, es que sean los trabajadores no cualificados y las personas de origen inmigrante quienes menos conformes se muestran con legalizar el trabajo sexual. Tal vez sea empatía, tal vez conservadurismo, es difícil de saber. Pero incluso teniendo en cuenta el liberalismo sexual y la religiosidad de los encuestados, los jóvenes, las mujeres, los obreros más “proletarios” y los inmigrantes son quienes menos simpatizan con la noción de legalizar la prostitución (los efectos son robustos en un análisis multivariado).

 
De todo esto, el efecto más importante, junto con el conservadurismo religioso, es el de la edad. Los jóvenes entrevistados en esta encuesta piensan de una forma bastante distinta al resto. Es posible que se trate de un efecto de cohorte, y por tanto que anuncie una actitud más hostil hacia la legalización de la prostitución en el futuro, o es posible que se trate de un efecto de edad propiamente dicho, y que las actitudes se modifiquen con la madurez. En lo primero pueden poner sus esperanzas quienes quieren emplear la ley contra la prostitución, en lo segundo quienes, como yo mismo, desean lo contrario.