Resistencia al estigma del trabajo sexual

 

Ronald Weitzer

Universidad George Washington, EE.UU.

Enero de 2017

 

https://www.academia.edu/31011252/Resistance_to_Sex_Work_Stigma_2017_?auto=download

 

Resumen

El estigma es omnipresente en el trabajo sexual y está bien documentado en estudios de trabajadoras sexuales. Pero rara vez los estudiosos han examinado la cuestión vital de si el estigma puede reducirse o eliminarse de cualquier tipo de trabajo sexual (stripping comercial, pornografía, prostitución, etc.). Después de una breve revisión de los temas relacionados con el estigma, este comentario propone un conjunto de condiciones previas para la reducción y, en última instancia, la eliminación del estigma del trabajo sexual.

 

 

El estigma es uno de los problemas más importantes en el trabajo sexual. Es omnipresente en el comercio sexual, aunque su contenido e intensidad varían un tanto por género, por sector ocupacional y por contexto nacional. Las investigaciones sobre las profesionales del sexo, sus directivos y sus clientes ofrecen abundantes pruebas de las consecuencias nocivas de la estigmatización.

 

El estigma se ha descrito como una imputación de estatus inferior a aquellos que tienen un rasgo desacreditador visible (por ejemplo, discapacidad física) o algún defecto moral percibido. Erving Goffman define el estigma como “un atributo que es profundamente desacreditador”, pero lo que es clave no es el atributo en sí: el estigma es producto de una relación entre al menos dos actores, no algo inherente a un tipo de comportamiento o condición física (Goffman, 1963: 3). Se aplica a categorías enteras de personas (por ejemplo, homosexuales, traficantes de drogas), así como a individuos específicos. Se manifiesta en las encuestas de opinión pública, las representaciones de los medios de comunicación, el discurso político, los encuentros cara a cara y las maneras en que los individuos internalizan los estereotipos, ocultan su identidad estigmatizada y llevan vidas dobles.

 

 

El libro de referencia de Goffman, Stigma (1963), ofrece un análisis convincente de las dimensiones clave del estigma. Pero el libro tiene una sorprendente deficiencia: no dice casi nada sobre la posibilidad de resistencia (por individuos o colectividades) ni considera si el estigma puede ser reducido o eliminado con el tiempo. Estas lagunas se reflejaban en las formulaciones originales de la teoría del etiquetado, que ignoraban la posibilidad de desafío por parte de los individuos que eran etiquetados como desviados, lo que John Kitsuse (1980) llamó posteriormente “desviación terciaria” y Edwin Schur (1980) examinó a nivel de grupo en su discusión de los “movimientos de liberación de la desviación”. Goffman y los fundadores de la teoría del etiquetado parecen haber asumido que una vez que un individuo o categoría de personas había sido estigmatizado, es internalizado por ellos y es básicamente permanente. La pegajosidad es quizá una función del período de tiempo en el que escribieron Goffman y los teóricos del etiquetado temprano (1951-1963) en la medida en que veían pocos ejemplos en ese momento de resistencia por parte de personas estigmatizadas o una política de identidad más amplia.

 

En lugar de desafío, Goffman se centra en las formas en que los individuos manejan el estigma: ocultándolo de los demás (“pasar” por normal); revelándolo selectivamente a algunas personas (“cobertura”); aislándose dentro de un grupo de otros igualmente estigmatizados; retener información biográfica sobre sí mismos; o de otra manera hacer frente a lo que él llamó una “identidad estropeada.” Los individuos estigmatizados se presentan como resignados a su estado devaluado, y su agencia consiste en limitar creativamente la exposición. Otro rasgo llamativo del libro de Goffman es el descuido de los orígenes y funciones del estigma hacia categorías particulares de personas -por ejemplo, las formas en que la estigmatización refuerza las normas convencionales y promueve intereses dominantes legitimando las jerarquías de poder establecidas (Link y Phelan, 2001; , 1980). El examen de las causas estructurales del estigma podría haber llevado a Goffman a explorar los corolarios de cómo el estigma puede reducirse. En vez de eso, nos quedamos con un análisis bastante estático, en el que los individuos internalizan las atribuciones desacreditantes de otros y hacen frente a ellos en la vida cotidiana.

 

Dos reseñas bibliográficas destacadas mencionan la cuestión del cambio, pero sólo de pasada y con escepticismo con respecto al potencial de erosión del estigma (Link y Phelan, 2001; Pescosolido y Martin, 2015). Y los pocos estudios que han examinado la resistencia se limitan en gran medida al nivel psicológico individual (por ejemplo Thoits, 2011) e ignoran la cuestión más amplia de cómo el estigma puede reducirse o eliminarse frente a una categoría entera de personas (excepciones incluyen a Anspach, 1979, De Young, 1988, Estro y otros, 2004, Schur, 1980). Un libro reciente discute programas diseñados para reducir el estigma hacia los enfermos mentales, incluyendo la iniciativa de la Asociación Mundial de Psiquiatría de 1996, Open the Doors Global Program para combatir el estigma debido a la esquizofrenia y campañas nacionales similares (Stuart et al., 2012). Dichos programas buscan difundir conocimientos, disminuir los prejuicios y poner fin a la discriminación contra quienes padecen una enfermedad mental. Estos programas han sido dirigidos menos al público en general que a grupos específicos como jóvenes, periodistas , policías, funcionarios de salud y encargados de formular políticas. Estos programas parecen haber tenido cierto éxito en la reducción de los estereotipos entre los grupos objetivo.

 

 

Estigma en el comercio sexual

 

El campo del trabajo sexual refleja la literatura académica más amplia en la que el propio estigma rara vez se problematiza. Una vez más, el defecto es tratarlo como una constante inmutable, no una variable, y asumir que es utópico imaginar su erosión. El estigma es universal en el ámbito del trabajo sexual: está bien documentado en la investigación sobre pornografía, prostitución y stripping comercial como un obstáculo que las trabajadoras sexuales y sus asociados enfrentan regularmente. Varía en intensidad, siendo generalmente más severo en prostitución (especialmente prostitución de calle) que en stripping comercial y pornografía. Varía un poco según la sociedad, y algunas naciones adoptan un enfoque más tolerante que otras, aunque el estigma sigue siendo un riesgo ocupacional para las trabajadoras sexuales en todas las naciones (Abel y Fitzgerald, 2010; Weitzer, 2012). Es más fácil para las trabajadoras sexuales inmigrantes protegerse del tipo de estigma que más les preocupa – el descubrimiento por familiares y amigos en su país de origen – que para las trabajadoras domésticas que viven con la amenaza diaria de detección de personas que conocen ( Scambler, 2007). Pero la nube negra del estigma afecta también a las trabajadoras sexuales migrantes. Y persiste incluso después de que una persona deje de vender sexo (por ejemplo, Sallmann, 2010). Su omnipresencia es evidente en las formas en que las trabajadoras sexuales llevan su vida laboral y personal: típicamente ocultan el tipo de trabajo que hacen de sus familias, conocidos, vecinos e incluso algunos amigos; niegan que están involucrados en el comercio sexual cuando se les pregunta; usan seudónimos en el trabajo y fabrican biografías personales; y llevan vidas dobles de otras maneras (Abel y Fitzgerald, 2010, Koken, 2012, Koken et al., Morrison y Whitehead, 2005, Sanders, 2005). Algunos analistas pueden considerar estas técnicas como una resistencia implícita (Sallmann, 2010), pero sigo argumentando que es mejor considerarlas como una forma de gestión del estigma y no una lucha contra el mismo. Las pocas prostitutas excepcionales que han “salido” en público sólo ilustran que las estrategias predominantes de afrontamiento son las de pasar por normales o hacer una revelación muy selectiva a los personas de confianza.2

 

También se estigmatizan los asociados de las trabajadoras sexuales: sus parejas, clientes y terceros que los ayudan o administran (por ejemplo, Birch 2015, Hammond, 2015). Los dueños de los burdeles, los directores de clubes de striptease, los distribuidores porno y otros terceros son a menudo reacios a revelar la naturaleza de su ocupación a extraños. Las personas que participan en empresas ilegales se ven obligadas a operar en el mercado negro o a ocultar la fuente de sus ingresos en la apertura de cuentas bancarias, de las autoridades fiscales y en otros negocios convencionales. Pero incluso los propietarios legales, gerentes y otros terceros se enfrentan rutinariamente con el estigma (Weitzer, 2012). Por último, sabemos que algunos investigadores que estudian el trabajo sexual han sido estigmatizados, sometidos a comentarios despectivos y a denuncias infundadas, marginados por los colegas, han sufrido altercados en reuniones profesionales y un nivel excepcional de escrutinio por parte de juntas de revisión institucionales que ha veces ha desembocado en negación de permiso para realizar investigaciones sobre la base de presunciones infundadas sobre el estudio propuesto (Dewey y Zheng, 2013, Hammond y Kingston, 2014, Siegel y de Wildt, 2015).

 

Mientras que esta literatura documenta la existencia del estigma en todo el campo del trabajo sexual, refleja a Goffman centrándose casi enteramente en cómo los individuos manejan sus identidades contaminadas, en lugar de preguntarse si algunos de ellos resisten activamente a las expresiones del prejuicio y la discriminación directa en encuentros cara a cara o colectivamente como miembros de organizaciones que buscan cambiar actitudes populares y políticas públicas. Existe una literatura de investigación sobre las organizaciones de derechos de las trabajadoras del sexo en diferentes países, que documenta las luchas a nivel de grupo por la normalización. Estas organizaciones se discuten más adelante en el artículo.

 

 

Reducción del estigma

 

La desestigmatización es un asunto tanto académico como político. Políticamente, podemos identificar un conjunto de estrategias prácticas para combatir el estigma, basadas en la táctica de los movimientos de liberación de desviación (Schur, 1980). Académicamente, podemos identificar un conjunto de condiciones previas para reducir y, en última instancia, eliminar el estigma de una categoría de personas. Link y Phelan (2001) señalan que ese cambio requiere un enfoque multifacético, pero no dicen nada acerca de en qué consisten estos cambios. A nivel individual, la resistencia por parte de una trabajadora sexual puede tomar las siguientes formas: anunciar que tenía plena autonomía al entrar en el trabajo sexual; estar actualmente en control de sus condiciones de trabajo e interacciones con los clientes; definir el trabajo como una profesión de servicio como cualquier otra o como una forma de apoyo o terapia para los clientes; negar el daño; condenar a los estigmatizadores; o distinguir su nivel (por ejemplo, escort ) de lo que consideran formas deshonestas de trabajo sexual (por ejemplo, la prostitución callejera). La evidencia de cada una de estas prácticas está esparcida por toda la literatura sobre el trabajo sexual, pero, de nuevo, estos esfuerzos tienden a limitarse al nivel psicológico o individual (por ejemplo, Koken et al., 2004; Morrison y Whitehead, 2005; Y Harred, 1992). Los actos aislados de resistencia de los individuos pueden tener poco o ningún impacto en la sociedad en general y también pueden ser peligrosos para los resistentes si sus acciones provocan ataques de otros.

 

En el plano social, el filósofo Lars Ericsson (1980: 362, 366) escribe que reducir el estigma requiere permitir que la prostitución funcione en un clima social libre de prejuicios emocionales … Para mejorar la prostitución debemos mejorar nuestras actitudes hacia ella . Su argumento es algo limitado -desatendiendo la cuestión crucial de cómo mejorar las actitudes de la sociedad- pero sí resalta un requisito central para la normalización. El cambio de actitud fundamental y generalizado es una condición necesaria, pero no suficiente, para la desestigmatización. A continuación, esbozo algunas condiciones previas adicionales para reducir el estigma.

 

 

Lenguaje neutro

 

Los nombres derogatorios deben ser borrados del discurso público y privado para la normalización de cualquier condición o comportamiento estigmatizados. Como Michel Foucault observó, las relaciones de poder están embebidas en el lenguaje, con grupos dominantes típicamente dedicados a “nombrar y avergonzar” a los subordinados. Palabras como prostituta, puta y putero deben ser reemplazadas por trabajadora y cliente. Cabe señalar que los grupos desacreditados a veces expropian términos peyorativos: pueden llamarse a sí mismos «putas» o «puteros» a efectos de obtener un valor de choque y reclamar e invertir los identificadores negativos. Ejemplos de ello son la Convención Mundial de Putas de 1985 en Bruselas; los eventos de baile de Hookers Ball que COYOTE patrocinó en San Francisco en la década de 1970; las revistas Whorezine y Johnzine publicadas por profesionales del sexo estadounidenses en los años noventa; y la defensa de los clientes de Chester Brown (2013) en su libro Paying For It: Una crónica en cómic sobre cómo ser un putero. Se puede argumentar que aquellos que participan en el comercio sexual deben ser libres para llamarse a sí mismos lo que quieran. Pero para reducir el estigma, otros deben dejar de usar términos despectivos debido a la relación de poder asimétrica que su uso reproduce con el tiempo.

 

 

Los medios de comunicación

 

En su mayor parte, hay un sesgo de negatividad en las representaciones que hacen los medios de comunicación de masas del trabajo sexual. Los medios de comunicación ponen de relieve los peores casos de abuso, confunden la prostitución con el tráfico humano y rara vez ofrecen una imagen positiva (o incluso neutral) de las profesionales del sexo y sus clientes. Los noticiarios de televisión, los periódicos y las noticias en línea suelen centrarse en la victimización, los daños, la prostitución callejera, la trata, las detenciones o las redadas en los “círculos” de la prostitución o los negocios relacionados con la misma (Farvid y Glass, 2014, Van Brunschot Et al., 2000). Los informes de prensa y los artículos de revistas raramente ofrecen un panorama contrastante, aunque algunos medios destacados lo han hecho en ocasiones (por ejemplo, Economist, 2014; Goldberg, 2014). La mayoría de los documentales también destacan la explotación económica y la victimización física, representada con la ayuda de imágenes extremadamente emotivas. Y las mismas representaciones sesgadas penetran los medios de entretenimiento. Algunos largometrajes y programas de televisión romantizan el trabajo sexual, pero éstas son excepciones en el cuadro dominante de presentación como cuentos de advertencia sórdidos (Campbell, 2006). La estigmatización requiere una representación más equilibrada de lo que se suele describir en los medios de comunicación. Por ejemplo, los documentales sobre la prostitución pueden representar una serie de escenarios, escalas y experiencias de las trabajadoras, en lugar de concentrarse exclusivamente en un solo tipo, por lo general presentado despectivamente. Al examinar arreglos radicalmente diferentes en varios países, los documentales Red-Light Districts del canal A & E (1997) y el documental de la National Geographic Television Prostitution (2010) resaltan la variación transcultural, lo que puede ayudar a reducir las generalizaciones estigmatizantes. El documental de CNBC Dirty Money: The Business of High End Prostitution (2008) y National Geographic American Escort Girls (2014) también contienen representaciones positivas de las personas que trabajan en el sector de las escorts. Y la serie de televisión Showtime e ITV2, Diario Secreto de una Escort, incluye aspectos eróticos y rutinarios de una escort, además de encuentros con una variedad de clientes, lo que también puede tener algún efecto normalizador sobre la percepción de la audiencia del sector de escorts. Los medios de comunicación de masas también pueden usarse como un vehículo para la educación pública, incluyendo Anuncios de Servicio Público o anuncios pagados en televisión basados en evidencia. Un ejemplo de esto último son los anuncios colocados en los medios canadienses por el grupo de abogacía, Stepping Stone, en 2011 (Griner, 2011). Y el Proyecto Paraguas Rojo ha llevado a cabo sesiones de capacitación para que profesionales del sexo defiendan mejor sus derechos cuando se relacionen con los medios combatiendo las caricaturas estereotipadas.

 

 

Despenalización

 

La experiencia del movimiento por los derechos de los homosexuales muestra que la derogación de leyes discriminatorias es de vital importancia pero no es suficiente para la normalización. Esto se aplica también al trabajo sexual. En los lugares donde el estriptis comercial, la producción de pornografía y la prostitución son legales y regulados por el Estado, el estigma persiste, aunque sea en forma diluida. Las encuestas de Gallup muestran que sólo el 29% de los británicos (en 2008) y el 31% de los estadounidenses (en 2013) piensan que ver pornografía es “moralmente aceptable” (Gallup, 2015). El estado de Nevada legalizó los prostíbulos rurales en 1971, pero tres décadas más tarde, sólo una ligera mayoría de los nevadenses (52%) apoyó la conservación de este sistema y sólo el 35% respaldó la idea de permitir que los burdeles legales operaran en la ciudad de Las Vegas (donde son ilegales bajo la ley estatal (citado en Weitzer, 2012: 51)). El estigma persiste también en las naciones que más recientemente han despenalizado la prostitución (por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, Alemania y los Países Bajos), aunque puede estar un poco acallada en esos lugares en comparación con las naciones donde la penalización reina. 4 En el área del trabajo sexual debemos esperar un retardo en el cambio cultural después de la reforma legal: puede llevar un tiempo considerable que las normas sociales se ajusten a las normas legales. La despenalización es una condición necesaria, pero no suficiente, para la desestigmatización.

 

 

Movilización de la industria

 

Los propietarios y gerentes de negocios eróticos pueden desempeñar un papel importante en el apoyo a la desestigmatización y la presión por los derechos. La industria de la pornografía en los Estados Unidos, por ejemplo, tiene sus propias organizaciones de apoyo y red de apoyo legal (Voss, 2015). Los propietarios de burdeles legales y agencias de escorts en algunos países también tienen organizaciones que abogan no sólo por sus propios intereses sino también por las trabajadoras sexuales en la medida en que sus intereses se superponen (Weitzer, 2012). Una advertencia importante es que algunos de los intereses de los dueños de negocios pueden entrar en conflicto con los de las trabajadoras sexuales. Los primeros persiguen naturalmente sus intereses económicos, que pueden entrar en conflicto con los de las trabajadoras sexuales. Pueden encontrarse alineados en algunas cuestiones, como combatir lo que consideran regulaciones injustificadas, pero pueden ser oponentes en otras cuestiones, como la de si los propietarios deben ser obligados a proporcionar beneficios de seguridad social a las trabajadoras. Sin embargo, la búsqueda de la desestigmatización se hará en la medida en que los propietarios de empresas eróticas abogan por la normalización de la industria y en la medida en que las élites de la industria (por ejemplo, Hugh Hefner y Larry Flynt) apoyen públicamente los derechos de las trabajadoras sexuales y aporten recursos para acabar con la discriminación legal y social.

 

 

Activismo de las trabajadoras sexuales

 

El cambio de política puede ser un proceso de arriba hacia abajo, orquestado por el Estado. Algunos legisladores han iniciado proyectos de despenalización con poca presión de las beneficiarias (por ejemplo, en Nevada, República Checa, Australia Occidental). Pero el cambio legal también ha sido catalizado desde abajo – por individuos y organizaciones. Para tener éxito, la investigación muestra que los grupos de derechos de las trabajadoras del sexo requieren:

 

  • Líderes inteligentes o carismáticos que sean capaces de soportar contraataques;
  • Recursos suficientes (material, personal);
  • Conexiones con organizaciones de medios de comunicación;
  • Alianzas con otras organizaciones y movimientos sociales; y
  • Apoyo generalizado de los beneficiarios (profesionales del sexo, clientes, empresarios).

 

Las organizaciones de trabajadoras del sexo en algunos países han disfrutado de uno o dos de estos factores (por ejemplo, una líder carismática), pero no todas ellas. Tales organizaciones tienden a estar muy poco financiadas, carecen de un liderazgo fuerte, reclutan a pocas trabajadoras sexuales como miembros, son marginadas por aliados potenciales (organizaciones de mujeres, sindicatos) y tienen pocas conexiones con los principales medios de comunicación (Gall, 2010; Majic, 2014, Mathieu, 2003, Oselin y Weitzer, 2013, Weitzer, 1991, West, 2000). Las trabajadoras sexuales carecen de solidaridad a través de la jerarquía del trabajo sexual; muchas ven su trabajo como temporal, no están inclinadas al activismo; y la mayoría percibe poca ventaja en la sindicalización, especialmente si son autónomas (Gall, 2010; van der Poel, 1992).

 

Hay excepciones importantes. El Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelandia, por ejemplo, desempeñó un papel instrumental en el proceso que condujo a la despenalización parlamentaria en 2003 y continúa influyendo en la política a través de su asiento permanente en el Comité de Revisión de la Prostitución del país que revisa periódicamente políticas y prácticas relacionadas con la prostitución . Respecto a los aliados, en 1973 la principal organización de derechos de las mujeres de Estados Unidos -la Organización Nacional de Mujeres- aprobó una larga resolución de despenalización declarando que NOW “se opone a las leyes prohibitivas continuas con respecto a la prostitución, creyendo que son punitivas” y por tanto apoya la derogación de todas las leyes relacionadas con el acto de prostitución “(NOW, 1973). Tal apoyo de una organización influyente dominante hizo poco para avanzar en la búsqueda de los derechos de las trabajadoras del sexo en los Estados Unidos (ahora no participan en ningún esfuerzo de reforma posterior), pero este tipo de apoyo, sin embargo, puede ser considerado vital para la desestigmatización. Amnistía Internacional, la Organización Mundial de la Salud, la Unión Americana de Libertades Civiles y la Comisión Mundial de las Naciones Unidas sobre el VIH y la Ley han defendido la despenalización, lo que bien divulgado puede ayudar a desafiar el estigma asociado con el trabajo sexual. En mayo de 2016, Amnistía Internacional apoyó formalmente la despenalización como una forma de reducir la victimización y la marginación de las trabajadoras sexuales. La decisión fue ampliamente divulgada y se considera como una gran victoria para la comunidad de trabajadoras del sexo (Amnistía Internacional, 2016).

 

Algunas acciones recientes ilustran las maneras en que las trabajadoras sexuales han intentado desestigmatizar el trabajo sexual, junto con otras metas. En 2001, una organización de San Francisco que proporciona atención médica a las trabajadoras sexuales (la St James Infirmary) publicó anuncios en autobuses urbanos que incluían fotos de profesionales del sexo y citas destinadas a desafiar los estereotipos: “los derechos de las trabajadoras sexuales son derechos humanos” “El trabajo sexual es un trabajo real” y “alguien que usted conoce es una trabajadora sexual” (Schreiber, 2015: 256). En septiembre de 2015 la organización escocesa de trabajadoras del sexo Scot-Pep lanzó una propuesta (con el miembro del Parlamento escocés Jean Urquhart) de una legislación que despenalizaría la prostitución, siguiendo el modelo de Nueva Zelanda. La Ley de Reforma de la ley de Prostitución de Escocia cuestiona la posición actual del Gobierno de Escocia de que el trabajo sexual equivale a la “explotación sexual comercial” y busca derogar las leyes contra la solicitud, el rastreo de clientes y el mantenimiento de burdeles. El proyecto de ley permitiría que más de una trabajadora sexual trabajara en las mismas instalaciones (la ley actual restringe esto a una trabajadora) y aumentaría las penas contra quienes coaccionan a las trabajadoras sexuales. En noviembre de 2015, el Colectivo Inglés de Prostitutas, junto con defensores de los derechos de las trabajadoras del sexo de otras naciones, testificó en un simposio especial sobre la despenalización en la Cámara de los Comunes británica.

 

Las demandas que cuestionan la constitucionalidad de las leyes de prostitución son otra estrategia que siguen los activistas de las trabajadoras sexuales. Un caso judicial importante de esta naturaleza tuvo éxito en Canadá en 2013, cuando la Corte Suprema dictaminó inconstitucionales las tres leyes de prostitución de la nación.5 En los Estados Unidos se presentó recientemente un recurso legal similar, que desafiaba las leyes de prostitución de California. En la medida en que el público es consciente de estos esfuerzos legislativos y judiciales, al ser cubiertos por los medios de comunicación, las iniciativas pueden tener algún efecto en el desafío de los conceptos erróneos populares sobre el trabajo sexual. Otros acontecimientos recientes mueven la política en una dirección más represiva. La legislación del Parlamento francés es un ejemplo, con la Asamblea y el Senado proponiendo diferentes proyectos de ley en 2013 y 2015: uno implementaría el sistema sueco de criminalización del cliente mientras que el otro lo rechazaría y mejoraría las penas contra las prostitutas que solicitaban en las calles. El proyecto de ley de criminalización de los clientes, aprobado en abril de 2016, fue rechazado por una variedad de organizaciones y más de 70 celebridades francesas, y la gran mayoría del público francés se opone a la criminalización de los clientes.6 Cientos de profesionales del sexo organizaron una protesta en las calles de París y una activista (Franceline Lepany) declaró: “Este proyecto de ley trata de estigmatizar aún más a las prostitutas” .7 Las activistas de las trabajadoras sexuales también han sido activas en la oposición a proyectos de penalización de clientes en Canadá en 2014, el Parlamento Europeo en 2014, e Irlanda del Norte en 2015. Todas las medidas fueron aprobadas a pesar de la oposición vocal de los críticos. Pero su impacto en el estigma del trabajo sexual puede ser mixto, ya que todas y cada una de las iniciativas provocaron la oposición de las trabajadoras sexuales y sus partidarios – resistencia que puede ayudar a iluminar al público y generar un mayor apoyo a las demandas de las trabajadoras sexuales.

 

 

La comunidad académica

 

La comunidad académica puede desempeñar un papel importante en la desestigmatización del comportamiento no convencional. En 1973, la Asociación Americana de Psiquiatría eliminó la homosexualidad de su compendio de enfermedades mentales (el Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales) y la Organización Mundial de la Salud siguió su ejemplo en 1990. Asociaciones profesionales y académicas pueden ayudar a reducir el estigma aprobando resoluciones en apoyo a grupos marginados o patrocinando directamente campañas contra el estigma, como lo han hecho varias organizaciones de salud mental. Este tipo de intervención es poco frecuente en el ámbito del trabajo sexual, pero hay al menos un ejemplo destacado: En octubre de 2011 la junta directiva de la Sociedad para el Estudio de Problemas Sociales aprobó una resolución declarando su apoyo formal a: ) La legislación bipartidista para despenalizar la prostitución, 2) la información al público sobre los costos de emplear a la policía para controlar a las trabajadoras del sexo, y 3) la normalización de esta ocupación.8 Otras asociaciones académicas y profesionales podrían aprobar resoluciones similares, que pueden ser ampliamente publicadas después. Los eruditos pueden intervenir de otras maneras, tales como escribir columnas para fuentes de noticias, aparecer en programas de entrevistas, y publicar los resultados de la investigación que demontan las falacias predominantes. Esto sucede en cierta medida ahora – p.ej., los académicos participaron en el simposio parlamentario británico mencionado anteriormente – pero una implicación más robusta del experto ofrecería un correctivo basado en la evidencia a las políticas basadas en mitos con respecto al trabajo del sexo.

 

 

Conclusión

 

Esta lista de condiciones previas no es exhaustiva, pero sí cubre las principales áreas en las que se necesita un cambio. Como se mencionó anteriormente, el estigma es frecuentemente mencionado por académicos y activistas en el campo del trabajo sexual, pero típicamente no se problematiza como una variable sujeta a cambio. Este Comentario pretende catalizar análisis más directos de las condiciones para reducir el estigma para todos los participantes en el comercio sexual.

 

Es importante señalar que cualquier esfuerzo de normalización tendrá la oposición de las instituciones establecidas si el contexto jurídico nacional es uno en el que la prostitución está penalizada, el ordenamiento jurídico en sí mismo agrava la estigmatización y las autoridades tienen interés por considerar el trabajo sexual como una desviación. Además de esto, sabemos que las principales instituciones sociales y muchos grupos de interés poderosos y bien organizados están empeñados no sólo en bloquear la normalización del sexo comercial, sino también en perpetuar e intensificar la estigmatización. El movimiento contra la prostitución es fuerte y está creciendo en la mayoría de las partes del mundo, reforzado por su exitosa equiparación de prostitución y trata (Weitzer, 2007). Y hay también un creciente movimiento anti-pornografía que ha logrado imponer nuevas restricciones sobre material y espectáculos eróticos en algunas naciones (Gran Bretaña, Islandia, India) (Attwood y Smith, 2010; Burke, 2015; Helgado’ttir, 2014 ). Pero como el estigma no es inherente a ningún tipo de comportamiento y es en cambio una construcción social, puede ser contrarrestado y desconstruido. Y esa desestigmatización puede tener consecuencias importantes para otros aspectos del trabajo sexual: si se permite a la prostitución “funcionar en un clima social libre de prejuicios emocionales” (Ericsson, 1980: 362), entonces resulta “imaginable que la prostitución pueda ser practicada siempre, como ocasionalmente es incluso ahora, en circunstancias de relativa seguridad, libertad, higiene y control personal “(Overall, 1992: 716). Este ensayo ha esbozado algunas condiciones previas para una normalización más amplia.

 

 

Agradecimientos

 

Una versión de este artículo fue presentada en la conferencia COST Action IS1209, “Troubling Prostitution: Exploring Intersections of Sex, Intimacy and Labour” en Viena, Austria, 18 de abril de 2015. La acción COST se conoce como Comparación de las políticas europeas de prostitución : Entendiendo Escalas y Culturas de Gobierno (Prospol) (www.propol.eu). Agradezco a Susan Dewey, Juline Koken y Sharon Oselin por sus comentarios sobre una versión anterior de este artículo.

 

 

Notas

 

  1. Goffman (1963: 7) escribe: “El individuo estigmatizado tiende a tener las mismas creencias acerca de la identidad que que las que tenemos nosotros; éste es un hecho fundamental “. Él menciona, pero sólo de paso, algunos ejemplos de intentos de los representantes de una categoría estigmatizada para dar voz a sus sentimientos compartidos (Goffman, 1963: 24-27).

 

 

  1. Esto se aplica menos a las personas cuyo trabajo es muy visible, como las estrellas porno y los intérpretes de webcam, que ya están ” fuera del armario” en virtud de sus apariciones en pantalla.

 

 

  1. Después de que 50 académicos firmaran una carta a la legislatura estatal de Rhode Island (Estados Unidos) oponiéndose a una nueva ley de prostitución en 2009 (Associated Press, 2009), dos activistas antiprostitución atacaron los motivos de los académicos, que fueron etiquetados como “radicales sexuales”. “Los radicales sexuales están tomando como objetivo a Rhode Island para su propia agenda libertaria sexual extrema de prevenir cualquier límite legal a cualquier comportamiento sexual “(Brooks y Hughes, 2009: 3). La carta de los académicos, que coescribí con Elizabeth Wood, no contiene nada que pudiera justificar esta conclusión y en cambio se organizó en torno a los principios de reducción de daños y derechos laborales (Carta a los Honorables Miembros de la Legislatura del Estado de Rhode Island, Re: Prostitution Law Reform Bill, 31 de julio de 2009).

 

 

  1. La Encuesta Mundial de Valores documenta actitudes más tolerantes hacia la prostitución en las naciones que han legalizado la prostitución que donde la prostitución es ilegal (ver Weitzer, 2012: 80). Sin embargo, incluso en los países donde la penalización es la norma, la opinión pública puede cambiar con el tiempo: según la Encuesta Mundial de Valores, la perspectiva de que la prostitución “nunca se justifica” ha disminuido sustancialmente en Estados Unidos: de 63% en 1981 a 40 % En 2006: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp (se accede el 25 de mayo de 2015).

 

 

  1. Bedford c. Canadá, ONSC 4264, Tribunal Superior de Justicia de Ontario, 28 de septiembre de 2010. El caso fue oído por un tribunal de apelaciones en 2012 y culminó con una sentencia del Tribunal Supremo en 2013 (Canadá [Fiscal General] v. Bedford, 2013 SCC 72, Tribunal Supremo de Canadá, 20 de diciembre de 2013).

 

 

  1. En cinco encuestas realizadas entre 2011 y 2013, del 70% al 82% de los encuestados franceses desaprobaron la idea de penalizar a los clientes, y una encuesta de 2013 informó que el 74% de los encuestados favoreció la “reapertura de burdeles” en el país (Weitzer, 2015).

 

  1. Esto fue citado en France24.com (se accedió el 3 de junio de 2015).

 

 

 

  1. Resolución 3, Sex Work: disponible en: http://www.sssp1.org/index.cfm/pageid/1516/m/ 392 # R3 (se accede el 20 de mayo de 2015).

 

 

Referencias

 

Abel G and Fitzgerald L (2010) Decriminalization and stigma. In: Abel G, Fitzgerald L and Healy C (eds) Taking the Crime Out of Sex Work: New Zealand Sex Workers’ Fight for Decriminalization. Bristol: Policy Press, pp. 239–258.

Amnesty International (2016) Policy on State Obligations to Respect, Protect, and Fulfill the Human Rights of Sex Workers. Policy 30/4026/2016.

Anspach R (1979) From stigma to identity politics: Political activism among the physically disabled and former mental patients. Social Science and Medicine 13(3): 765–773.

Associated Press (2009) Academics oppose banning indoor prostitution in Rhode Island. Boston Herald, 3 August.

Attwood F and Smith C (2010) Extreme concern: Regulating ‘dangerous pictures’ in the United Kingdom. Journal of Law and Society 37(1): 171–188.

Birch P (2015) Why Men Buy Sex. London: Routledge.

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Prostitutas de Europa del Este desafían la política de inmigración de Reino Unido

 

 

  • Las mujeres señaladas por la Operación Nexus, que tiene por objetivo expulsar delincuentes extranjeros, aseguran que son trabajadoras autónomas legales
  • Miles de personas han sido deportadas de Reino Unido en el marco de la Operación Nexus desde 2012, aunque el Ministerio de Interior se ha negado a dar un número concreto

 

 

The Guardian – Owen Bowcott

 

02/05/2016

 

http://www.eldiario.es/theguardian/Trabajadoras-Europa-inmigracion-Reino-Unido_0_511649120.html

 

Una política enfocada a deportar a criminales de “alto riesgo” procedentes de la Unión Europea y a aquellos que no tienen derecho a permanecer en Gran Bretaña será recurrida por trabajadoras sexuales que sostienen que son trabajadoras autónomas legales.

Aunque la libertad de circulación está garantizada en la Unión Europea, el derecho a permanecer en otro país –después de los tres primeros meses– depende de los recién llegados “que ejercen sus derechos previstos en los tratados”, por ejemplo, trabajando o estudiando.

La Operación Nexus, una iniciativa de la policía combinada con los servicios de inmigración, ha puesto en el punto de mira a delincuentes extranjeros y a aquellos sospechosos de violar la ley desde el año 2012. Entre los detenidos y los que han recibido papeles de deportación ha incrementado el número de mujeres de Europa del Este que han trabajado en la calle y el los locales de alterne de Londres y Manchester. Muchas de ellas sin antecedentes.

La prostitución es legal en Reino Unido, aunque algunas de las actividades que se le asocian como el kerb-crawling (conducir lentamente en busca de prostitutas), el proxenetismo o poseer un burdel sí que son crímenes. Algunas de las mujeres detenidas por los agentes fueron sorprendidas durante operaciones contra las redes de trata.

Las mujeres, sobre todo procedentes de Rumanía, han recibido cartas de deportación de los oficiales de la Operación Nexus avisando de que durante un mes son susceptibles de ser detenidas o deportadas de vuelta a Bucarest.

Para conseguir impugnar esta sanción administrativa sobre el incumplimiento de los derechos de ciudadanía de la Unión Europea, pueden alegar que están estudiando, trabajando, buscando trabajo, decir que son autónomas o que son autosuficientes económicamente para permanecer en Reino Unido. Si son deportados, los ciudadanos de la Unión Europea no pueden volver a entrar en Reino Unido en 12 meses.

Varias mujeres luchan ahora contra la deportación y lo están haciendo junto al Colectivo Inglés de Prostitutas (ECP): “Hubo una redada en la que se suponía que se iban a liberar a víctimas de trata”, explica una mujer joven que prefiere permanecer en el anonimato.

“La policía se llevó dinero y documentación. Les pedí algún tipo de comprobante y me dijeron que estaba siendo impertinente. Querían saber si había sido víctima de trata y le preguntaron a un cliente si yo estaba tomando drogas. Él contestó que no”, explica. “No me detuvieron pero dijeron que debería ser deportada y me pidieron que fuera a la comisaría. Fui con un abogado y presenté un certificado que muestra que estaba estudiando inglés”. El riesgo de ser deportada ha desaparecido.

A María (no es su nombre real) la detuvieron en la calle y la llevaron a una comisaría de policía. “Me retuvieron durante 24 horas”, explica esta chica de 25 años. “Una semana después recibí la carta diciendo que podía ser deportada”. Victoria (es también un seudónimo) fue detenida en su apartamento e interrogada sobre el funcionamiento de un burdel. “Nunca fui acusada –asegura la chica de 24 años– pero me enviaron una carta. Se llevaron mi pasaporte y me dijeron que si mi apelación salía mal sería deportada”. “Aquí puedes ganar dinero más fácil que en Rumanía. Puedes tener un futuro. Yo no he podido encontrar un trabajo normal”, confiesa.

Algunas de las mujeres a las que enviaron la carta de deportación están planeado recurrirlas alegando que están ejerciendo los derechos previstos en los tratados como autónomas en la industria del sexo. En la Unión Europea existen precedentes de derecho en los que se ha establecido que la prostitución se considera empleo por cuenta propia.

“Esta política deliberada de deportaciones y miseria se dirige a las mujeres migrantes, las que por culpa de la criminalización y del estigma asociado al trabajo sexual, se encontrarán con muchas dificultados a la hora de defenderse”, lamenta Niki Adams, portavoz de ECP. “Todas las mujeres que son madres terminaron en la prostitución porque los salarios en otros trabajos era demasiado bajos para alimentar y vestir a sus hijos o porque se tuvieron que enfrentar al racismo de los empresarios”, sostiene Adams.

Emma Louhg, abogada especialista en derecho europeo en el Centro Aire de Londres, explica que “a menudo, la gente recibe las actas de deportación del Ministerio de Interior después de las informaciones elaboradas por los agentes de policía de la Operación Nexus que, según se ha demostrado, tienen un un impacto desproporcionado sobre ciertos grupos y las trabajadoras sexuales es uno de ellos”.

También dice que “la legislación de la Unión Europea reconoce a los trabajadores sexuales como ‘trabajadores’ pero es muy difícil tener una evidencia de ello para demostrar que estás ejerciendo tus derechos. Es difícil mostrar registros de empleo”.

“El proceso de esta ordenanza administrativa muestra que no se están ejerciendo los derechos del tratado. Vemos a muchas chicas de 19 o 20 años que han vivido en Reino Unido la mayor parte de sus vidas, que quedan atrapadas en el mundo de las drogas y de los delitos menores, y ahora tienen que hacer frente a una deportación a un país en el que no hablan siquiera el idioma”, explica la especialista.

Según Louhg, “el Ministerio de Interior tiene que demostrar que algunas personas pueden suponer un riesgo para la sociedad para justificar la deportación”. “Sin embargo, hemos visto decisiones basadas que se basan en muy bajos niveles de riesgo y que no consideran adecuadamente los posibles daños”, apunta.

El Centro Aire también está preparando un recurso separado sobre la legitimidad de la Operación Nexus basada en otros casos, no relacionados con la prostitución. La Operación Nexus se articula con la incorporación de oficiales de inmigración dentro de las comisarías. Sus objetivos son tanto los delincuentes extranjeros como aquellos que incumplen las leyes de inmigración.

Miles de personas –muchas de ellas con antecedentes penales– han sido deportadas de Reino Unido en el marco de la Operación Nexus desde 2012 aunque el Ministerio de Interior se ha negado a dar un número concreto. La cooperación entre la policía y los servicios de inteligencia de inmigración se ha expendido a fuerzas de seguridad más allá de Londres.

Traducido por Cristina Armunia Berges

 

Resumen de la Ley de Reforma de la Prostitución de Nueva Zelanda

 

Dibujo
11 de junio de 2009
Catherine Healy

Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda

info@nzpc.org.nz
http://prostitutescollective.net/2009/06/11/summary-of-the-new-zealand-prostitution-reform-act/

 

Querido Colectivo Inglés de Prostitutas,

 
Adjunto más abajo la información que me habéis solicitado acerca de la Ley de Reforma de la Prostitución que despenalizó la prostitución en Nueva Zelanda hace seis años.

 
En resumen, la ley dice que las trabajadoras sexuales de calle pueden ejercer sin ninguna restricción legal su trabajo sexual, pero deben respetar las normas de orden público, no hacer ruido, no tirar basura, etc, igual que todas las demás personas; y que hasta un máximo de cuatro trabajadoras sexuales pueden trabajar juntas como iguales sin necesidad de obtener un certificado. Solo si alguien tiene a su cargo una (o más de una) trabajadora sexual se necesita un certificado. Los certificados son guardados de forma confidencial por el juzgado, y ni siquiera la policía puede tener acceso a los nombres de las personas que han obtenido certificados. Esto proporciona anonimato y protege a aquellas trabajadoras sexuales que cambian alternativamente entre ser trabajadoras sexuales y ser directoras y no quieren aparecer en ninguna base de datos accesible al público.

 
Veréis que el documento contiene un listado de las pruebas académicas y de otros tipos usados por el Comité para la Revisión de la Ley de Prostitución y que trata temas como derechos humanos, salud, seguridad, condiciones laborales, jóvenes y las razones por las que las personas entran y salen de la industria del sexo.

 
Esperamos que esto sea útil para informar a los parlamentarios del Reino Unido y al público en general de los beneficios y el progreso que creemos que se han conseguido con esta Ley.

 

Con mis mejores deseos
Catherine Healy

 

 

RESUMEN DE LA LEY DE REFORMA DE LA PROSTITUCIÓN

 

La Ley de Reforma de la Prostitución (LRP) entró en vigor en Nueva Zelanda en junio de 2003. La LRP despenalizó la prostitución, creó un marco legal para salvaguardar los derechos humanos de las trabajadoras sexuales; promovió el bienestar y la salud laboral y la seguridad de las trabajadoras sexuales; y prohibió el uso en prostitución de personas menores de 18 años. La LRP estableció también un régimen de certificación para los directores de burdeles y un marco para que las autoridades territoriales pudieran hacer reglamentos.

 
La LRP está disponible online aquí:
http://www.legislation.govt.nz/act/public/2003/0028/latest/DLM197815.html

 
A la implementación de la LRP se adjuntó un proceso de revisión a los cinco años y se estableció el Comité de Revisión de la Ley de Prostitución (CRLP) para llevar a cabo esta revisión. Sus conclusiones pueden verse en:
http://www.justice.govt.nz/prostitution-law-review-committee/publications/plrc-report/tables.html?search=true

 

El CRLP reconoce que la LRP fue un cambio desde un enfoque moralista de la prostitución a un enfoque de salud y derechos humanos. Su informe estuvo sustentado en una investigación basada en la evidencia, recurriendo a la investigación del Centro de Investigación Crimen y Justicia (CICJ) de la Universidad Victoria, de Wellington (Nueva Zelanda) y de la Escuela de Medicina de Christchurch (EMC), de Christchurch (Nueva Zelanda).

 
Las entrevistas con los informantes clave del CICJ para la Revisión de la Ley de Reforma de la Prostitución 2003 pueden verse aquí:
http://www.justice.govt.nz/prostitution-law-review-committee/publications/key-informant-interviews/index.html

 

El informe de la EMC sobre el efecto de la Ley de Reforma de la Prostitución sobre las prácticas de salud y de seguridad de las trabajadoras sexuales puede verse aquí:
http://www.justice.govt.nz/prostitution-law-review-committee/publications/impact-health-safety/.

 

Este resumen de la LRP está basado en el Informe del Comité de Revisión de la Ley de Prostitución sobre el funcionamiento de la Ley de Reforma de la Prostitución, 2003, del CICJ, y resalta los siguientes aspectos: LRP y derechos humanos; salud, seguridad y bienestar de las trabajadoras sexuales; salida de la industria del sexo; el sistema de certificación del director de burdel; el uso de menores de edad en la prostitución; las trabajadoras sexuales de calle; la respuesta de las autoridades territoriales a la LRP; y las condiciones laborales de las trabajadoras sexuales.

 

LRP y derechos humanos:

La LRP salvaguarda el derecho de las menores de 18 años a no ser utilizadas en el trabajo sexual; el derecho de las adultas a no ser forzadas a hacer trabajo sexual, incluyendo el derecho a rehusar un cliente en particular o una práctica sexual determinada; y el derecho a no verse sometidas a prácticas de empleo explotadoras. La comisión de investigación para la revisión halló que el 90% de las trabajadoras sentían que ahora tenían derechos legales bajo la LRP y más del 60% sentían que les era más fácil negarse a proporcionar servicios sexuales comerciales. La LRP ha empoderado a las trabajadoras sexuales al eliminar la ilegalidad de su trabajo, permitiéndolas así acceder con más libertad a la ayuda de la policía y a los procesos de resolución de empleo.

 

Salud, seguridad y bienestar de las trabajadoras sexuales:

 

La LRP trajo a la industria del sexo al ámbito de la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo, 1992. La investigación señala que existe un alto nivel de conciencia de los requisitos de Salud y Seguridad Ocupacionales (SSO) en la industria del sexo, pero que no se puede medir su cumplimiento ya que no existe un sistema de inspecciones regulares de los burdeles por funcionarios médicos de salud y por el Departamento de Trabajo. La mayoría de las trabajadoras sexuales entrevistadas por la EMC dijeron que ahora se sentían más predispuestas a denunciar a la policía incidentes de violencia.

 
Los directores de burdeles deben adoptar y promover ahora prácticas sexuales más seguras. Si se encuentra que no han tomado todas las medidas razonables para asegurar que los servicios de sexo comercial cuenten con preservativos u otros métodos de barrera apropiados, o no han proporcionado la correcta información sanitaria, pueden ser sentenciados a una multa que no exceda de $2.000. (Al Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda le preocupa que esta disposición pueda ser usada contra las trabajadoras sexuales).

 

Entrada y salida de la industria del sexo:
De acuerdo con la investigación, las razones para entrar y salir de la industria del sexo son diversas y complejas, aunque la razón que se expresó con más frecuencia para entrar en la industria de sexo fue financiera: 93% de las trabajadoras sexuales encuestadas por la EMC mencionaron el dinero como una razón tanto para entrar como para permanecer en la industria del sexo. Las barreras más significativas para salir de la industria del sexo son la falta de ingresos alternativos, el rechazo a perder el horario laboral flexible, y el sentimiento de pertenencia y camaradería que declaran algunas trabajadoras sexuales. Hasta el momento no se ha desarrollado ningún modelo de mejor práctica para ayudar a las trabajadoras sexuales a dejar la industria del sexo.

 

El sistema de certificación de director de burdel:
Todo director de un negocio de prostitución debe tener un certificado expedido según lo establecido en la sección 35 de la LRP; cualquier persona que no tenga dicho certificado y esté dirigiendo un burdel está sometido a una condena y multa que no exceda los $10.000. Los certificados se obtienen en el Registro del Juzgado de Distrito de Auckland (Nueva Zelanda) y son válidos por tres años. Diversas delitos identificados en la Ley (Subsección 2 de la sección 36) descalifican a las personas que los hayan cometido para obtener un certificado de director de burdel. El CRLP concluyó que el actual régimen de certificación de burdel es efectivo, aunque sugirió que se añadiera un criterio al proceso, según el cual toda persona que tuviera el certificado deberia estar dispuesto a facilitar la inspección por el Departamento de Trabajo de los burdeles que regente. (El Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda está preocupado porque el sistema de certificación es demasiado restrictivo y hace que solo unas pocas personas puedan conseguir certificados). La certificación no se aplica a los burdeles dirigidos por pequeños propietarios, (BDPP), definidos por la LRP como aquellos burdeles en los que no trabajan más de cuatro trabajadoras sexuales y en los que ellas mismas controlan sus ingresos.

 

El uso de menores de edad en la prostitución:
La LRP tipifica como delito organizar o acoger, o facilitar o recibir un pago por los servicios de sexo comercial de una persona menor de 18 años. No comete delito la persona menor de 18 años que proporcione servicios de sexo comercial. La LRP ha proyectado luz sobre este tema, y parece que solo 1,3% del total de trabajadoras sexuales es menor de 18 años, y que muy pocas personas jóvenes que pueden ser consideradas “de riesgo” están implicadas en trabajo sexual. Lo más importante es que las trabajadoras sexuales menores de 18 años ya no son procesadas por su implicación en el trabajo sexual.

 

Trabajadoras sexuales de calle:
El sector de trabajo sexual localizado en la calle constituye el 11% de la industria del sexo, y es el sector más pequeño de dicha industria.
La investigación encontró que el número de trabajadoras sexuales de calle ha permanecido estable desde la implantación de la LRP. El CICJ ha sugerido una respuesta en tres frentes a los problemas potenciales con el trabajo sexual de calle: medidas proactivas tomadas por los gobiernos locales tales como la provisión de iluminación y limpieza de calle, la presencia de policía para prevenir las conductas desordenadas y servicios adecuados proporcionados por las ONGs.

 

Respuesta de las autoridades territoriales a la LRP:
La encuesta hecha por la EMC a las Autoridades Territoriales en relación al impacto de la LRP, ha encontrado que las Autoridades Territoriales no han tenido problemas con la industria del sexo y han recibido pocas quejas. Poco después de la instauración de la LRP cierto número de Autoridades Territoriales establecieron ordenanzas municipales o hicieron cambios en sus planes de distrito en relación al trabajo sexual comercial. Estas Autoridades Territoriales han impuesto un sistema de licencias, tanto para los burdeles grandes como para los dirigidos por pequeños propietarios, (definidos estos como aquellos en los que no trabajan más de cuatro trabajadoras sexuales que, además, controlan sus ingresos). Ha habido preocupación porque estas medidas pudieran potencialmente recriminalizar a aquellas trabajadoras sexuales que, por diversas razones, no pudieran adaptarse a ellas. Ciertos puntos de algunas de estas ordenanzas municipales, en particular los relativos a la localización de los burdeles, han sido derogados desde entonces, ya que se vio que violaban la LRP.

 

Condiciones de trabajo de las trabajadoras sexuales:
Para los fines del Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (DSST), una trabajadora sexual está “activa” cuando está proporcionando servicios sexuales. Se han desarrollado guías de seguridad y salud por parte del DSST, previa consulta con el Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda, las trabajadoras sexuales y los directores de burdeles.

 
Estas guías están disponibles aquí: http://www.osh.govt.nz/order/catalogue/235.shtml

 
La situación de ilegalidad de las actividades relacionadas con el trabajo sexual con anterioridad a la implantación de la LRP hacía que las trabajadoras sexuales se vieran expuestas a coacción y explotación por sus empleadores. El CICJ afirma que “la implantación de la LRP ha empoderado a las trabajadoras sexuales al quitar de su ocupación el tinte de criminalidad”. Los estudios indican que tras la LRP ha habido cierta mejora en las condiciones de empleo de las trabajadoras sexuales. El CICJ sugiere que, a la vez que deberían desarrollarse modelos de buena práctica de contratos de empleo para la industria del sexo, también es importante mantener un enfoque flexible del estatus de empleo. Algunas trabajadoras sexuales pueden preferir la seguridad del estatus de empleada y otras la flexibilidad del estatus de contratante independiente. Es necesario más trabajo para elaborar modelos de buena práctica en relación al empleo, y las condiciones de salud y seguridad, consultando con el Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda, las trabajadoras sexuales, los directores de burdeles, el Departamento de Trabajo y el DSST.

Elecciones en Inglaterra: Dónde se posicionan los partidos en relación a la seguridad y la despenalización de las trabajadoras sexuales

 

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6 de mayo de 2015

http://prostitutescollective.net/2015/05/06/parties-stand-sex-workers-safety-decriminalisation/

 
En la víspera de las elecciones, las trabajadoras sexuales anuncian el resultado de su campaña por internet para saber dónde se posicionan los candidatos electorales respecto a la priorización de la seguridad de las trabajadoras sexuales mediante la despenalización de la prostitución.

Laura Watson, del English Collective of Prostitutes, ha dicho:

“¡Nuestros resultados están listos! Hemos obtenido respuestas de muchas partes del Reino Unido, incluyendo Escocia y Gales. Los que han respondido van desde ex-ministros a candidatos que se presentan por primera vez. Todos los candidatos expresaron preocupación por la seguridad de las trabajadoras sexuales, algunos reconocieron el aumento de la prostitución como consecuencia de la austeridad y al menos la mitad de los encuestados apoyaron la total despenalización del trabajo sexual.”

El Partido Verde es el único partido que incluye la despenalización de la prostitución en su programa, y sus candidatos confirman la política del partido de que “todos los aspectos del trabajo sexual que impliquen a adultos en consenso deberían ser despenalizados”. Su líder Natalie Bennett hizo públicos sus puntos de vista en su blog, defendiendo el “modelo neozelandés” de despenalización: “yo siempre he estado a favor de ofrecer apoyo a las voces de las trabajadoras sexuales, que quieren seguridad y reducción del estigma”.

 
La política de los Demócratas Liberales apoya la despenalización y muchos candidatos demostraron tener una buena comprensión de los temas. Uno dijo: “la evidencia de Nueva Zelanda sugiere que la despenalización puede ayudar a hacer más seguro el trabajo sexual y a reducir el riesgo de violencia”, añadiendo que uno de los beneficios “es que las trabajadoras sexuales son habilitadas para organizarse entre ellas como lo crean conveniente. Esto puede ayudar a aumentar la confianza con la policía y mejorar las relaciones con ella, lo que a su vez puede llevar a mejorar las denuncias, la detección y el castigo de los abusos.” Sus objeciones a una “ley de compra de sexo” estuvieron también bien informadas, con los candidatos diciendo que una ley así “no detendría la violencia contra las trabajadoras en la industria del sexo y desviaría importantes recursos de la lucha contra delitos más graves”.

La Coalición de Sindicalistas y Socialistas fue inequívoca en su apoyo a la despenalización: “a las trabajadoras sexuales se les deberían reconocer exactamente los mismos derechos y el mismo respeto en el trabajo que a cualquier otro trabajador, incluyendo el derecho a sindicarse y a un salario digno, negociación de condiciones laborales y seguridad. Obviamente, esto último NO es compatible con que una persona sea penalizada por hacer tu trabajo”. Los candidatos expresaron preocupación porque “la industria del sexo esté creciendo a causa de la aguda presión económica provocada por la ‘austeridad’”.

El Partido Laborista ha cambiado. John McDonnell, candidato parlamentario en Hayes y Harlington, ha trabajado con nosotras por muchos años encabezando la oposición parlamentaria a cualquier intento de aumentar la criminalización de la prostitución y continúa ofreciendo su apoyo, de palabra y de principios. Los laboristas, sin embargo, cuando estuvieron en el gobierno aumentaron la penalización tanto de trabajadoras sexuales como de clientes, y tan recientemente como el año pasado, algunos diputados laboristas intentaron que se aprobara legislación para penalizar a los clientes. Pero ahora sus candidatos están diciendo de forma casi unánime que quieren volver a examinar la evidencia existente. Una opinión representativa fue esta: “aunque aún no puedo comprometerme con una despenalización al por mayor, doy la bienvenida a la convincente evidencia que esta campaña ha proporcionado respecto a los potenciales beneficios de la despenalización”. La jefe de grupo parlamentaria Harriet Harman “reconoció que la actual epidemia de inseguridad económica, en particular para las mujeres, puede aumentar el número de ellas que confían en el trabajo sexual para sobrevivir. Los recortes en los servicios y los bajos sueldos pueden aumentar la probabilidad de que las personas se vuelvan hacia el trabajo sexual —los recortes en los servicios a los sin hogar y en la vivienda social pueden empujar a más personas hacia este trabajo para sobrevivir”. Uno de sus candidatos escoceses apuntó a los “1,1 millones de personas [que] se dirigieron a los bancos de alimentos en todo el Reino Unido durante el año pasado”.

El Partido Conservador dejó claro que no apoyan un cambio legislativo para penalizar a los clientes de las trabajadoras sexuales y citaron pruebas aportadas por “Mujeres Contra la Violación y el Colectivo Inglés de Prostitutas que demuestran que el ‘modelo nórdico’ puede animar a vendedoras y compradores de sexo a operar aún más a escondidas, exponiéndoles a un mayor riesgo de violencia”. Conversaciones informales con candidatos que buscan la reelección indicaron apoyo a la despenalización entre un número determinado de antiguos ministros. Desafortunadamente, ningún candidato hizo comentario alguno sobre la evidencia de que la creciente pobreza ha impulsado a más personas, particularmente madres y otras mujeres, hacia la prostitución.

El Partido Nacional Escocés no tiene política definida hacia la prostitución, pero su oposición a la austeridad fue alabada por los electores cuando escribieron a los candidatos. Los candidatos indicaron que su prioridad era “garantizar la seguridad de las mujeres que trabajan como trabajadoras sexuales”. El Secretario de Justicia, Michael Matheson, estuvo de acuerdo con reunirse con las personas que estaban realizando la campaña para “informar de la posición del partido respecto a la despenalización del trabajo sexual.”

UKIP dijo que no tienen una política de partido hacia el trabajo sexual, pero que creen que la ley debería castigar solo aquellos actos que claramente dañan a otros. La política de UKIP respecto a la inmigración fue objeto de crítica por los votantes, preocupados porque la “caza de brujas” de las personas inmigrantes estuviera poniendo en peligro las vidas y el sustento de las mujeres, y podría ser usada para justificar ataques a las trabajadoras sexuales inmigrantes y para aumentar las redadas policiales y las detenciones.

Apoyen la moción en defensa de las trabajadoras sexuales, apoyen la total despenalización del trabajo sexual

https://www.change.org/p/nus-national-executive-committee-support-the-motion-to-stand-up-for-sex-workers-support-full-decriminalisation-of-sex-work

Dibujo

Lauren Tapp Edinburgh, Reino Unido

 

Estimado Comité Ejecutivo Nacional del NUS,

Nosotros, los abajo firmantes, les rogamos que apoyen la moción que insta a la National Union of Students (NUS) a apoyar a las estudiantes trabajadoras sexuales defendiendo la total despenalización del trabajo sexual. La evidencia que respalda esta moción está informada por una extensa investigación académica y, lo más importante, por las experiencias vitales de las trabajadoras sexuales que son las mejor situadas para saber qué medidas son precisas para mejorar sus vidas. Nos unimos a otros expertos, tanto trabajadoras sexuales como investigadores y expertos legales de todo el mundo, y urgimos a la NUS a secundar las decisiones del SCOT-PEP, la Sex Worker Open University, el English Collective of Prostitutes, la Organización Mundial de la Salud, la Campaña Mundial contra el SIDA, la Comisión Global sobre VIH y Legislación, el Royal College of Nurses, el Gobierno de Nueva Zelanda, la Corte Suprema de Canadá, ONU Mujeres, la Campaña de Mujeres de Escocia del NUS y la Campaña de Estudiantes Discapacitados del NUS, y defender la despenalización del trabajo sexual como un enfoque crítico basado en la evidencia que garantiza la seguridad, la salud y los derechos humanos de las trabajadoras sexuales. Un extenso cuerpo de evidencia científica obtenida en Canadá, Suecia y Noruega (países en los que los clientes y las terceras partes son penalizados) y en el resto del mundo demuestra claramente que las leyes penales que persiguen la industria del sexo tienen abrumadoras consecuencias negativas para las trabajadoras sexuales, tanto desde el punto de vista social, como desde el sanitario y de derechos humanos, incluyendo un aumento de la violencia y el abuso, del estigma, de la incidencia de VIH y la imposibilidad de acceder a protecciones críticas de tipo social, sanitario y legal. Estos daños afectan de forma desproporcionada a las trabajadoras sexuales marginadas, incluyendo a las de clase trabajadora, a las inmigrantes, indocumentadas, LGBT, de color, incapacitadas y de calle, que afrontan las mayores tasas de violencia y asesinatos en nuestro país. Por contraste, en Nueva Zelanda, desde la aprobación de una ley que despenalizó el trabajo sexual en 2003, los investigadores y la propia evaluación del gobierno han documentado acentuadas mejoras en la seguridad, la salud y los derechos humanos de las trabajadoras sexuales.

 

Aunque algunos miembros de la NUS pueden opinar que esta moción es un tema demasiado específico para ser tratado en el Comité Ejecutivo Nacional y debería ser relegado a la Campaña de Mujeres, nosotros alegamos que este punto de vista está condicionado por suposiciones racistas, heteronormativas eufemistas y cis-sexistas que la NUS proclama combatir activamente. Como hemos observado, las trabajadoras sexuales a menudo se significan en la totalidad de las campañas de liberación que la NUS organiza y, ciertamente, las trabajadoras sexuales que actúan así son las que más riesgo tienen de sufrir agresiones policiales y violencia de Estado.

 

Las trabajadoras sexuales son dejadas a un lado, ignoradas y silenciadas por aquellos que una y otra vez manifiestan en los debates ser quienes más saben de su seguridad, bienestar y elección laboral, y pedimos que la NUS no siga ese dañino y peligroso camino.

 

Aquí está el enlace a la moción:

https://docs.google.com/…/1Fg4G_G63EPz65ZPkO9xR0kMdgH…/edit…

La Sección Británica de Amnistía Internacional apoya la despenalización del trabajo sexual en su Asamblea General Anual

Enviado por NSWP el 30 de mayo de 2014

http://www.nswp.org/news-story/amnesty-international-uk-branch-supports-the-decriminalisation-sex-work-their-annual-gene

 

La consulta política de Amnistía Internacional (AI)  sobre la propuesta de adoptar una política formal de defensa de la despenalización del trabajo sexual ha atraído mucha atención en los últimos meses. AI explica así su decisión de llevar a cabo esta consulta:

Iniciamos el proceso de consulta política porque hemos visto datos que sugieren que la penalización del trabajo sexual lleva a la marginación social y al aumento del riesgo de que los trabajadores y trabajadoras sexuales sufran abusos contra los derechos humanos. Los datos sugieren también que la despenalización podría ser el mejor modo de proteger los derechos de los trabajadores y trabajadoras sexuales, y de garantizar que estas personas reciben la atención médica, la asistencia jurídica y la protección policial adecuadas.”

Cada una de las secciones nacionales de Amnistía Internacional es responsable de alcanzar su propia postura al respecto antes de contribuir al proceso de toma de decisión emprendido por el Secretariado Internacional. La Sección Británica de AI llevó a cabo recientemente su Conferencia Nacional y Asamblea General Anual (AGA) en la Universidad Herriot Watt de Edimburgo los días 12 y 13 de abril de 2014. La política hacia el trabajo sexual fue objeto de un intenso debate durante el evento y hubo una fuerte representación de las organizaciones dirigidas por trabajadoras sexuales radicadas en el Reino Unido y de miembros de NSWP, SCOT-PEP, la Sex Worker Open University y el English Collective of Prostitutes.

Tres resoluciones fueron presentadas para su consideración a la AGA. La primera era que “Amnistía Internacional debería adoptar una posición política de defensa de la despenalización de las actividades relacionadas con la compra o venta de sexo consentido entre adultos”. La segunda resolución sugería en cambio que la penalización de la compra de sexo (el así llamado “modelo sueco”) era la mejor política a defender. La tercera resolución pedía sencillamente que no se adoptara ninguna posición sobre la compra y venta de servicios sexuales, lo que en la práctica dejaría la cuestión abierta para más discusión en una etapa posterior.

En conjunto, los resultados de las votaciones fueron positivos y estimulantes para los derechos de las trabajadoras sexuales. La resolución que pedía apoyo a la plena despenalización fue aprobada con holgura por la AGA y la resolución que pedía el apoyo al modelo sueco fue ampliamente rechazada. La resolución que pedía que no se adoptara ninguna postura fue aprobada con una exigua mayoría de solo 5 votos. Aunque fue decepcionante que esta última resolución llegara a ser aprobada, lo cierto es que lo hizo con dicha exigua mayoría. Por el contrario, la política de despenalización recibió un apoyo abrumador. El Consejo Británico de AI considerará ahora ambas resoluciones para decidir qué postura adoptará la Sección Británica en el proceso de consulta. Una de las trabajadoras sexuales activistas presentes en la AGA tuvo esto que decir acerca de su experiencia:

La presencia de trabajadoras sexuales en la AGA de la Sección Británica de Amnistía Internacional fue vital para lograr que las voces de las trabajadoras sexuales fueran oídas en un debate acerca de una política que las afecta a ellas directamente. Quedó claro que muchos de los presentes no habían oído nunca a una trabajadora sexual hablar en nombre de sí mismas y no habían oído nunca lo que el modelo sueco significa realmente para las trabajadoras sexuales. Creo firmemente que nuestra presencia con ejemplos de la vida real que muestran cómo el modelo sueco es malo para las trabajadoras sexuales fue un factor significativo que contribuyó al hecho de que la resolución que defendía el modelo sueco fuera derrotada de forma abrumadora. No es de extrañar que los activistas anti trabajo sexual pongan tanto empeño en silenciar a las trabajadoras sexuales (en activo y retiradas) que defienden la total despenalización del trabajo sexual”.

 

Las redadas del Soho nos muestran que el auténtico problema con el trabajo sexual no es el sexo: es el propio trabajo mal pagado

 

La cruzada moral contra el comercio del sexo, sea llevada a cabo por la policía o por feministas de alto nivel que nunca han hecho trabajo sexual, cumple la misma función que ha cumplido siempre, escribe Laurie Penny

POR LAURIE PENNY publicado el 11 de diciembre de 2013

http://www.newstatesman.com/2013/12/real-problem-sex-work-is-low-waged-work-itself

El 4 de diciembre, cientos de policías, algunos con equipamiento de antidisturbios, allanaron más de 25 pisos en el centro de Londres. Bajo el pretexto de buscar bienes robados y combatir la trata y el tráfico de drogas, allanaron las viviendas de las prostitutas y las sacaron a la calle. Invitaron a representantes de la prensa a ser testigos de cómo detenían a las mujeres y confiscaban su dinero y sus posesiones, todo ello a fin de “salvarlas” de una vida de prostitución.

Gran Bretaña no es el único país europeo que está llevando a cabo una política de dureza contra el trabajo sexual en estos momentos. Francia acaba de aprobar una ley que hace ilegal pagar por sexo, a pesar de las protestas de las prostitutas que dicen que las leyes que penalizan a los clientes hacen su trabajo más peligroso, llevándolas a la clandestinidad. Alemania, que ha tenido leyes progresistas sobre la prostitución desde 2002, está considerando revertirlas tras un debate nacional sobre el tema. En un momento en que millones de mujeres y chicas a lo largo y ancho del continente están siendo obligadas a tomar difíciles decisiones de tipo económico —incluyendo la prostitución— ¿por qué el principal debate público feminista todavía gira acerca de si es o no moral tener sexo a cambio de dinero y de si la mujer que lo tenga debería ser encerrada y deportada?

La humillación pública de las trabajadoras sexuales ha sido una característica de los recientes años de austeridad en Europa. Para la prensa, es un espectáculo que funciona bien con lectores atraídos por un poco de indignación excitada. Si no puedes obtener las fotos del fichaje policial de las mujeres, puedes ilustrar tus noticias con fotos de archivo de piernas sin cuerpo en minifaldas y con tacones, informando a los lectores de que ese artículo les hará enfadarse, calentarse, o las dos cosas a la vez.

Las recientes redadas en el Soho no fueron la primera ocasión en la que periodistas y fotógrafos han sido invitados por la policía a cubrir la noticia. “¿Qué señal más clara necesitamos de que la policía está más interesada en exhibir a estas mujeres que en ‘salvarlas’?”, pregunta Melissa Gira Grant, autora del libro de próxima publicación Playing the Whore: the Work of Sex Work (Hacer de puta: el trabajo del trabajo sexual). “ ¿Cómo se pone ahora en peligro su seguridad con estas imágenes que también son difundidas en internet?

La noticia que no se está dando junto a las fotos de los antidisturbios allanando burdeles es que estos policías están autorizados a quedarse con un porcentaje del dinero que quiten a las prostitutas. Bajo la Proceeds of Crime Act,  el dinero y los objetos de valor confiscados a las trabajadoras sexuales —incluyendo lo que tuvieran reservado para pagar el alquiler, las medicinas y la comida de sus hijos— se reparten entre la policía, el Crown Prosecution Service y la HMRC.

Y lo que es peor, las trabajadoras sexuales que son también inmigrantes, a menudo se ven entregadas a la UK Border Agency (UKBA) a continuación de estas “compasivas” redadas. El Colectivo Inglés de Prostitutas afirma que, durante las recientes redadas del Soho, “algunas mujeres inmigrantes fueron detenidas bajo el pretexto de que podían ser víctimas de trata, a pesar de sus protestas de que no estaban siendo obligadas a trabajar”.

Si la lucha contra la trata de seres humanos es una prioridad, detener a las supuestas víctimas, quitarles el dinero y entregarlas a la UKBA parece una forma bastante rara de lucha. En otras partes, la humillación pública de trabajadoras sexuales tiene un propósito político más explícito. En Grecia, en la primavera de 2012, la prensa de derecha hizo circular historias culpando a las trabajadoras sexuales de la expansión del VIH. La tasa de infección había ciertamente crecido un 60% en solo un año: pero no debido a la prostitución. Más bien, el aumento de la infección fue un resultado directo de los durísimos recortes en el presupuesto de sanidad, incluyendo la suspensión de los programas de intercambio de jeringuillas.

Hemos pasado por esto muchas veces antes. Fue Emma Goldman la que primeró advirtió, en 1910, que: “Siempre que hay que apartar la atención de la gente de una gran injusticia social, se lanza una cruzada contra la indecencia”. La idea de que los peligros e indignidades de ciertos tipos de trabajo pueden ser separados de las circunstancias económicas de ese trabajo es seductora pero, como nos recuerda Goldman, “¿Cuál es la causa del comercio sexual en las mujeres? No solo de las mujeres blancas, sino también de las amarillas y las negras. La explotación, desde luego; el despiadado Moloch del capitalismo que engorda a expensas del trabajo mal pagado, llevando así a miles de mujeres y chicas a la prostitución”.

La mayor parte del debate público acerca del aumento del trabajo sexual en Europa, particularmente entre las mujeres pobres e inmigrantes, da por supuesto que es una consecuencia de leyes inmorales, mujeres inmorales o ambas cosas. La noción de que cinco años de austeridad, desempleo creciente y control de gastos en todo el continente puedan tener algo que ver con ello raramente es mencionada.

Separar la prostitución de todos los otros trabajos y llevarla a la clandestinidad no hace daño solo a las trabajadoras sexuales. También permite que la gente se imagine que por el hecho de estar ganándose la vida sirviendo patatas fritas o limpiando retretes en lugar de teniendo sexo están preservando de alguna forma su dignidad: pueden estar exhaustos, enajenados y empobrecidos, pero al menos no están vendiendo sexo. Las mujeres que trabajan como prostitutas a veces sufren abusos en el trabajo, y también las mujeres que deciden trabajar como limpiadoras nocturnas, cuidadoras contratadas y camareras. La elección auténticamente penosa que tienen que hacer ahora mismo millones de mujeres y trabajadoras emigrantes en toda Europa es entre trabajo mal pagado y agotador —y eso cuando hay trabajo— e indigencia.

Incluso si aceptamos la noción torpemente argumentada de que la mayor parte de las mujeres que deciden trabajar como prostitutas lo hacen porque han sido traumatizadas de niñas, de ello no se deduce que tengan que ser desposeídas de su autonomía, se las niegue su privacidad, se les roben sus pertenencias y se las detenga.

La humillación pública de las trabajadoras sexuales es un fenómeno global y una gran parte de los medios son cómplices. La cruzada moral contra el comercio sexual, sea llevada a cabo por la policía o por feministas de alto nivel que nunca han hecho trabajo sexual, cumple la misma función que ha cumplido siempre. El problema con el trabajo sexual no es el sexo, sino el trabajo.

Colectivo Inglés de Prostitutas

 

Dibujo

Colectivo Inglés de Prostitutas

El “Sindicato de las chicas” 

Somos mujeres que trabajamos o hemos trabajado en diferentes áreas de la industria del sexo, tanto en las calles como en locales. Desde 1975, hemos estado haciendo campaña por la despenalización y la seguridad de las trabajadoras sexuales. 

http://prostitutescollective.net/_wp/wordpress-content/uploads/2012/02/A5-leaflet-for-web1.pdf 

Luchamos contra que se nos trate como a criminales. Hemos ayudado a mujeres y a otros trabajadores sexuales a ganar en los tribunales contra cargos de solicitación, órdenes de cierre, órdenes de conducta antisocial, posesión y control de  burdeles —estos dos últimos cargos usados casi siempre contra mujeres que están allí por su seguridad. Y luchamos también por vivienda, más ayudas económicas y mejores salarios que nos permitan dejar la prostitución si lo queremos y cuando lo queramos. 

Ganamos la primera acusación por violación hecha por mujeres en Inglaterra y Gales después de que las autoridades rehusaran iniciar el proceso judicial, poniendo entre rejas a un violador en serie cuyo objetivo eran trabajadoras sexuales. En 1982 ocupamos durante 12 días una iglesia de Londres para protestar por la ilegalidad y el racismo de la policía contra las trabajadoras de calle. 

Tras el asesinato de cinco mujeres en Ipswich en 2005, lanzamos la Safety First Coalition (Coalición Seguridad lo Primero) —que incluye el Royal College of Nursing, Women Against Rape, residentes de barrios rojos, gente de Iglesia, activistas antipobreza, reformadores de prisiones, abogados, trabajadoras sexuales y proyectos de rehabilitación de drogodependientes. 

Nosotras encabezamos la campaña contra la Policing and Crime Act que daba a la policía mayores poderes para detenernos por solicitación, forzarnos a hacer “rehabilitación”, hacer redadas en nuestros pisos, desalojarnos y robar nuestros ingresos y propiedades. También penalizaba a los clientes. 

Desde que esta ley fue aprobada, las redadas y persecuciones contra las mujeres que trabajan juntas han aumentado —para prevenir la detención, más mujeres están teniendo que arriesgar sus vidas trabajando en aislamiento y en zonas más peligrosas. Los ataques han aumentado y hay menos trabajadoras sexuales que denuncien violaciones y otros tipos de violencia por miedo a ser procesadas. Pero nuestra campaña ha tenido un gran impacto y hay ahora más personas que apoyan nuestra demanda de despenalización para que podamos trabajar con mayor seguridad. 

Nos hemos opuesto también a la “Welfare Reform” que recorta subsidios, vivienda y otros recursos vitales. La mayor parte de las trabajadoras sexuales somos madres que intentamos hacer lo mejor por nuestros hijos. La ayuda a la maternidad debería ser defendida. Si necesitas nuestra ayuda o quieres apoyar nuestro trabajo, ponte en contacto con nosotras, por favor. Dinos qué está pasando donde vives y qué estás haciendo. Hay muchas cosas que podemos hacer juntxs. 

Puedes ayudar también haciendo una donación: mediante cheque o a través de nuestra web.

020 7482 2496 ecp@prostitutescollective.net www.prostitutescollective.

Lo que propugnamos: 

  • Despenalización de las trabajadoras sexuales —en la calle y en locales— como en Nueva Zelanda. Las leyes nos arrojan a la cárcel, nos separan de nuestras familias y amigos, nos hacen vulnerables a la violencia, nos aislan —separadas nunca es lo mismo. Los antecedentes penales nos atrapan en la prostitución.
  • Protección frente a las violaciones y otros actos de violencia.
  • Fin de la brutalidad, la corrupción, el racismo y otras actuaciones ilegales de la policía. Enjuiciamiento de los policías que infrinjan la ley.
  • Nada de zonas, de licencias, de burdeles legalizados —no son más que guetos y proxenetismo estatal.
  • Autodeterminación. Somos las trabajadoras sexuales las que tenemos que decidir cómo queremos trabajar, no la policía, las autoridades locales, los proxenetas, las madamas y gerentes que se aprovechan de nuestro trabajo.
  • Fin del racismo y de cualquier otro tipo de discriminación en la industria del sexo.
  • Las trabajadoras sexuales deben tener los mismos derechos que los demás trabajadores: derecho a una pensión y a unirse en sindicatos. Los sindicatos son para los trabajadores, no para los jefes.
  • No a la penalización de los clientes. El sexo consentido entre adultos no es un delito.
  • Servicios de salud gratuítos y accesibles para todos: nada de exámenes de salud obligatorios o pruebas de VIH.
  • Derecho de las mujeres a organizarse independientemente de los hombres, incluídos los trabajadores sexuales masculinos.
  • Alternativas económicas: nadie debería verse obligado por la pobreza al trabajo sexual.  Las personas que quieran abandonar la industria del sexo (o cualquier otra industria) deberían tener acceso a ayudas económicas.
  • Centros de acogida y ayudas económicas para niños y jóvenes, de forma que no tengan que mendigar o prostituírse para sobrevivir. Los niños deben ser protegidos, no penalizados.
  • Nada de planes de “rehabilitación” que nos castiguen o nos obliguen a realizar trabajos mal pagados.
  • Fin de los alquileres de habitación extorsionadores y de todo otro tipo de especulación a nuestra costa.
  • Derecho a la libertad de circulación dentro del país y entre países. Fin del uso de las leyes antitrata para deportar a trabajadoras sexuales.