CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, ESTADO SOCIAL Y DERECHOS DE LAS MUJERES QUE EJERCEN LA PROSTITUCIÓN

 

Magdalena Lorenzo Rodríguez-Armas

 

Universidad Carlos III de Madrid

 

Fecha de recepción: 21-9-2008. Fecha de aceptación: 30-9-2008.

 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/11671/1/Feminismos_12_10.pdf

 

 

  1. Introducción1

 

El objeto principal del presente escrito ha sido realizar un análisis sobre la problemática que gira en torno a la regulación de la prostitución y, de manera secundaria, reflexionar acerca de si la regulación de la misma puede favorecer, o no, la protección de las personas que ejercen la prostitución frente a la infección por VIH/SIDA.

 

El ámbito de estudio principal ha sido el español, para conocer en qué situación nos encontramos actualmente en nuestro país. Para llevar a cabo este trabajo, se han analizado los distintos modelos que desde el siglo die­cinueve han ofrecido un marco de regulación, más o menos complejo, de la prostitución en España. Nota característica de todos estos modelos es que la regulación que se ha realizado en ningún caso ha castigado, a excepción de la denominada «Ley de peligrosidad» de 1970 2, el ejercicio de la prostitución por cuenta propia.

 

Pero si la constatación del dato anterior es cierta, no menos cierto es que, hasta la fecha, no se conoce en nuestro país una regulación de la prostitución que parta de una previa regulación de los derechos de contenido sexual de la mujer, que permita construir un marco jurídico de regulación específico sobre este ámbito y que, por lo tanto, la regulación histórica que recibe esta actividad jamás ha tenido en cuenta ni la voz de sus protagonistas, ni la consideración de éstas como nuevos sujetos de derechos fundamentales 3.

 

Realizadas estas aclaraciones iniciales, el enfoque que hemos querido dar a este estudio parte de la consideración de las mujeres que ejercen la prosti­tución como tales sujetos de derechos fundamentales y, por lo tanto, sujetos a los que el Estado social deberá garantizar aquellos derechos, entre los que, sin duda, deberán recogerse todos aquellos que contribuyan a dotar de plenitud, de contenido jurídico recognoscible, su dignidad como personas y, al mismo tiempo, posibiliten el desarrollo pleno de su personalidad. Entre tales derechos entendemos que es hora de que el Estado social regule en positivo los derechos sexuales; lo que se quiere decir con esto es que los derechos de las mujeres en relación a su sexualidad y capacidad reproductiva merecen un reconocimiento legal específico en positivo, y no una exclusiva regulación de conductas tipificadas por la legislación penal en relación a la libertad sexual como la que se realiza en el vigente Código Penal, dentro de su Título VIII.

 

  1. El Estado social y los derechos de los «colectivos débiles»

 

2.1. El Estado como Estado social

 

El Estado español se caracteriza como «social y democrático de Derecho», fórmula de cuño constitucional que abre la regulación de la Constitución española de 1978 (en adelante CE): Art. 1.1 CE: «España se constituye en un Estado social y democrático de derecho (…)». El enfoque desde el que abordamos el presente trabajo pone el acento en el carácter social del Estado. Por Estado social se entiende, desde la perspectiva del Derecho constitucional, aquél que, además del reconocimiento de los derechos en su texto consti­tucional, garantiza su cumplimiento a través de mecanismos normativos y jurisdiccionales, con el impulso de políticas públicas encaminadas a la consecución de los «valores superiores del ordenamiento jurídico» y en particular, en esta materia, del valor (y, a la vez, derecho fundamental y principio de actuación de los poderes públicos) de la Igualdad.

 

En segundo lugar y, como consecuencia de lo anterior, es preciso enunciar como complemento fundamental de la caracterización del Estado como social, el principio recogido en el art. 9.2 del texto constitucional de 1978, en virtud del cual, el reconocimiento de los derechos básicos de sus ciudadanos, pilar fundamental del ordenamiento constitucional, sobrepasa el recono­cimiento formal realizado en el Título I de la Constitución (arts. 10 a 55 CE) y se completa con el principio de actuación de los poderes públicos en pro de la consecución material de aquellos derechos (art. 9.2 CE). No interesa en este momento la discusión doctrinal surgida en torno a la distinción entre Igual­dad de Iure e Igualdad de facto4 y las consecuencias que se derivan respecto de deducir de ellas derechos sustantivos, pero sí nos interesa que, junto al reconocimiento y garantía de los Derechos Fundamentales operado en el Tí­tulo I de la Constitución, ésta establece en su art. 9.2 que «corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social».

 

En tercer lugar, si atendemos al concepto de Estado social enunciado lí­neas atrás, se aprecia una vinculación directa con la idea de la Igualdad. La Constitución española regula la igualdad desde una triple perspectiva:

 

  1. La igualdad como valor superior del ordenamiento jurídico:

 

-art. 1.1: «España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político».

 

  1. La igualdad como derecho fundamental:

 

-art. 14: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discrimi­nación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».

 

  1. La igualdad como principio de actuación de los poderes públicos (art. 9.2 antes citado).

 

Una manifestación reciente del impulso de políticas públicas encaminadas a la consecución de la Igualdad, en este caso de mujeres y hombres, que ha ensanchado el marco regulador y protector del actual Estado social en nues­tro país, es la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres (en adelante LOIMH). En su exposición de motivos destaca «la necesidad de la acción normativa dirigida a combatir todas las manifestaciones aún subsistentes de discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y a promover la igualdad real de mujeres y hombres». Con esta regulación la LOIMH desarrolla el precepto constitucional de la igualdad como derecho fundamental, complementándolo con la plasmación en un texto normativo con rango de ley orgánica de una serie de derechos que, si bien la necesidad de su regulación trae causa de la desigualdad existente entre mujeres y hombres respecto de todos los ámbitos de la vida (social, laboral, político, económico y cultural), va a beneficiar a ambos sexos en el ejercicio y disfrute de los mismos. Es importante hacer referencia a una ley de estas características, porque incide en el catálogo de derechos de las mujeres en re­lación con la conciliación de la vida familiar y laboral, la igualdad en el ámbito laboral, paridad, etc.

 

  • 2. Estado social y derechos de los «colectivos débiles»: en especial, los derechos de las mujeres que ejercen la prostitución

 

Hoy día nuestros sistemas jurídicos pueden hacer gala de haber superado fa­ses ya históricas de reconocimiento de los derechos de los ciudadanos en sus textos constitucionales. También la introducción de garantías normativas y jurisdiccionales ha contribuido a dar un salto de gigante en la historia de ese reconocimiento, y ello es, sin duda, conditio sine qua non para la modernización de los textos constitucionales vigentes. Sin embargo, si bien el Estado ha alcanzado un grado óptimo de formalización de ese reconocimiento y sus garantías, le quedan aún pasos importantes que dar respecto a la garantía de los derechos de determinados sectores sociales menos favorecidos, a los que se ha dado en llamar, colectivos débiles5. Así, si el Estado tiene la res­ponsabilidad de garantizar la realización efectiva de los derechos respecto de sus ciudadanos, esta responsabilidad se acusa aún más respecto de aquellos que, por diferentes circunstancias, se encuentran en situación de desventaja social, como es el caso de determinados colectivos como son la infancia, la tercera edad, los discapacitados, los enfermos, los homosexuales, etc. Dentro de estos grupos, parte de la doctrina constitucionalista ha catalogado al grupo formado por las mujeres, considerándolo un colectivo de los «más débiles». Desde nuestro punto de vista, las mujeres no pueden ser consideradas un colectivo, si por tal entendemos la definición recogida en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: «Perteneciente o relativo a una agrupa­ción de individuos». No parece correcto, al menos no desde una perspectiva demográfica, equiparar a las mujeres con un grupo minoritario de características similares, como puede darse en los supuestos recogidos anteriormente. Las mujeres conforman la mitad de la raza humana, por lo que denominarle colectivo en el sentido de minoría, no es ajustado. Lo que sí es evidente es que en determinados grupos, las situaciones de discriminación que puedan producirse, se ven agravadas cuando se dan respecto de esa mitad de la raza humana que conforman las mujeres.

 

Volviendo al argumento anterior, aquellos ciudadanos conforman secto­res de la sociedad que, históricamente y por distintos motivos, han padecido un tratamiento social y jurídico discriminatorio, y por lo tanto, la respon­sabilidad del Estado por corregir ese desequilibrio de base que sufren estos colectivos y garantizar al mismo nivel que el resto de ciudadanos sus dere­chos y libertades, debe ser mayor6. En el apartado siguiente trataremos la discriminación sexual de la mujer de manera más específica. A continuación nos preguntamos cuáles son los derechos de las mujeres que ejercen la prosti­tución comprometidos en este estudio, y su relación con el carácter social del Estado. Pensamos que en el cuadro de derechos habría que reunir al menos los siguientes7:

Primer bloque

Derecho a la igualdad (art. 14 CE) y principio de no discriminación por razón de sexo.

Derecho a la libertad (art. 17 CE): entre los que cabe regular,

  • – Derechos a la libertad sexual (libertad de decidir sobre su sexualidad y reproducción).

Cabe hablar, respecto de la mujer, de un contenido propio de su derecho a la libertad en el que habría que incluir los derechos sexuales. Por derechos sexuales entendemos todos aquellos relativos a la sexualidad de la mujer, su capacidad engendradora y reproductora y su libertad sexual, esto es, la libertad para mantener relaciones sexuales dentro y fuera de relación afectiva más o menos duradera. Para lograr una posición social de la mujer completamente equilibrada en derechos a la del hombre y que repercuta en todas las facetas de la vida, el Estado deberá reconocer esos derechos sin subsumir dicho reco­nocimiento en normas jurídicas aparentemente neutras. Sólo desde el recono­cimiento de la igualdad y libertad sexual de las mujeres y dejando ahora a un lado las consideraciones de orden económico relativas a la prostitución (por lo que a empoderamiento de las mujeres prostitutas se refiere8) cabe entender la posición que sostenemos respecto al ejercicio de la prostitución.

Por lo demás, estos derechos sexuales deberán ser desarrollados en textos legales que contemplen un régimen de garantías (normativas y jurisdicciona­les) para su ejercicio, que beneficien a todas las mujeres.

 

Segundo bloque

 

Derechos laborales y sociales.

– Derecho al trabajo (art. 35) (y los demás del art. 35).

– Derechos asistenciales y prestaciones sociales (art. 41 CE).

– Derecho a la salud (art. 43 CE).

 

El ejercicio libre e igual de estos derechos y libertades respecto de cual­quier ser humano, y en el caso que nos ocupa, respecto de las mujeres que ejercen la prostitución, darán plenitud al dictado del art. 10. 1 CE, donde se determina, como núcleo axiológico, raíz valorativa que fundamenta el orden político y la paz social de todo el ordenamiento jurídico español, entre otros, la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes y el libre desarrollo de la personalidad y en ningún caso, cuando se habla de la prostitución ejercida de forma libre por persona adulta, cabrá hablar ante el reconocimiento de estos derechos de atentado contra su dignidad como per­sona9. Dicho de otra forma, el reconocimiento de los derechos de las mujeres que pertenecen a la minoría de las que ejercen la prostitución, incluidos los derechos sexuales, contribuyen a dotar a la dignidad humana (a la dignidad como personas de esas mujeres) de un contenido jurídico recognoscible que en absoluto permite hablar de atentado contra esa dignidad10.

 

Por otro lado, el reconocimiento específico de derechos sexuales a las mujeres, acompañado de políticas sociales concretas de sensibilización en el ámbito educativo y en el sanitario, encaminadas a la garantía en el ejercicio de los mismos del derecho a la salud de las mujeres (entre otros), contribuirá también a que aquéllas que deciden, en un momento determinado de su exis­tencia, dar un uso económico a su sexualidad, lleven al extremo la precaución ante la posible contracción de enfermedades infecto-contagiosas como el VIH/ SIDA. Sin poder entrar a analizar los aspectos sanitarios que una regulación de la específica actividad de la prostitución podría comprender, entendemos que la regulación de la prostitución beneficiaría a la mujer prostituta con medidas sanitarias adaptadas a su actividad laboral, como controles sanitarios específicos con cobertura social, derecho a prestaciones sociales equiparables a las de otros sectores laborales, etc.

 

  • 3. Estado social, prostitución y estudios de género

 

2.3.1. Prostitución y estudios de género

 

En este estudio abordamos los derechos de las mujeres que ejercen la prosti­tución, por lo que, si a la condición de mujeres, discriminadas social, política, económica y jurídicamente a lo largo de la historia de la humanidad, suma­mos la de mujeres que ejercen la prostitución, nos encontramos todavía con una mayor dificultad para garantizar sus derechos. En este sentido la LOIMH se­ñala que el Estado deberá tener una «especial consideración con los supuestos de doble discriminación, y las singulares dificultades en que se encuentran las mujeres que presentan especial vulnerabilidad, como son todas las que per­tenecen a minorías, las mujeres migrantes y las mujeres con discapacidad», sin hacer mención alguna a las mujeres que ejercen la prostitución sobre las que recae no ya una doble sino, en muchos supuestos, incluso una triple discriminación (la que viene aparejada por su condición de mujer, prostituta y, en muchos casos, pobre.) 11.

 

En consecuencia con lo anterior, entendemos que al tratar de los derechos de las mujeres que se prostituyen, debemos analizar el asunto desde la pers­pectiva de los estudios de género, de manera que se aborde la problemática existente en torno a su discutida regulación desde la óptica de la Igualdad ma­terial del art. 9.2 CE, complemento necesario de la igualdad formal del art. 14 CE como sostuvimos líneas atrás. En este sentido, parece necesario introducir en el debate sobre la regulación de los derechos de quienes ejercen la pros­titución todas las categorías propias del Derecho antidiscriminatorio (trans­versalidad, carácter integral de las medidas y principio de acción proactiva de los poderes públicos) para continuar avanzando en la investigación de género (social, jurídica, económica, cultural) integrando, también, estudios acerca de la actividad de las mujeres que, de forma libre y voluntaria, optan por el ejercicio de la prostitución. Y antes de abordar el análisis de los mismos, es conveniente hacer una reflexión al menos sobre dos de los siguientes asuntos:

 

  1. El lenguaje que se emplea al hablar de la prostitución y quienes la ejercen
  2. Reflexionar sobre la estigmatización que recae sobre la prostitución
  3. Reconstrucción del rol de la mujer en la sociedad
  4. Reconstrucción del rol del hombre en la sociedad

 

Es importante realizar a continuación un breve análisis de los dos primeros elementos enunciados. Hay que recordar que el lenguaje es un vehículo transmisor de ideas, de valores, de forma de entender el mundo y la vida (esa comprensión vital-total a la que los alemanes denominan die Weltansschauung o «concepción del mundo y de la vida») que se manifiesta respecto de la pros­titución como un elemento determinante en lo que a su consideración social se refiere (plano social) y, determinante también, en el lenguaje jurídico, es decir, en el tratamiento normativo que recibe la prostitución (plano jurídico). Para empezar a discutir acerca de los derechos de las mujeres que ejercen la prostitución, es necesario cuestionar los términos con que tradicionalmente se ha denominado, debido a la enorme carga estigmatizante que comportan. Baste mencionar y reflexionar sobre alguna de las denominaciones que reci­be hoy día la mujer que ejerce la prostitución: puta, ramera, mujer pública, mujer de la calle, etc. En este sentido, se afirma que es más correcto hablar de mujeres que ejercen la prostitución (por cuanto no consolida a una persona en el ejercicio de una actividad) que de prostitutas12, que parece que consolida, posiciona a la mujer en esa actividad de por vida13.

 

En el plano social, el estigma que recae sobre la mujer que ejerce la prostitución (puta, ramera, mujer pública, mujer de la calle) es tan pesado, que se afirma que no existe punto de retorno, es un status social, con independencia de que se produzca un cambio de actividad.

 

En el plano jurídico, el lenguaje que emplea el legislador en la redacción de las normas (CE y todas las demás) debe adecuarse a la distinta realidad del sujeto de derecho «mujer»14, y no quedarse en la mera extensión de la eficacia de las normas redactadas «en masculino» a sujetos de derechos diferenciados; es fundamental en este sentido y, como se ha dicho ya desde otras disciplinas del conocimiento humano, «nombrar en femenino». Es preciso recoger en la letra de la ley «la otra manera de ser» (andersartigkeit según el Tribunal Cons­titucional federal alemán) de las mujeres, de lo contrario, como la realidad jurídico-social del hombre y lo relativo a su sexualidad no son extensibles a la mujer, se adecuan las de la segunda al primero, produciendo el resultado de la desigualdad material de mujeres y hombres.

 

2.3.2. Tipos de prostitución

 

Existe hoy día debate acerca de si cabe o no hablar de distintos tipos de pros­titución. Sin la convicción acerca de la existencia de diferentes tipos de pros­titución, no cabe hablar de modelos de regulación. Desde este punto de vista, entendemos que conviene partir de una necesaria distinción entre tipos de prostitución15: a) la prostitución que supone la explotación de personas, que tiene una componente clara de discriminación sexual y, por lo tanto, se co­rresponde con la situación de sumisión de la mujer que es forzada o inducida por el hombre a prostituirse y b) la prostitución libre y voluntaria, ejercida por personas mayores de edad y capaces.

 

Por otro lado conviene definir qué entendemos por prostitución, proxe­netismo, rufianismo y actividad de alterne. Se entiende por prostitución la venta de servicios sexuales a cambio de dinero u otro tipo de retribución. Por proxenetismo entendemos la determinación a la prostitución de otra persona y lucro a costa de esa actividad; el rufianismo es sinónimo de vivir a expensas de persona que se dedica a la prostitución y, finalmente, por actividad de al­terne se entiende la encaminada a estimular a los clientes a consumir y a hacer gasto en su compañía, percibiendo a cambio un porcentaje sobre las consumi­ciones realizadas en determinados clubes, bares y salas de fiesta.

 

 

  1. prostitución y su regulación en España

 

3.1. Modelos de regulación en general

 

Se distinguen tres modelos de tratamiento de la prostitución en los Estados de nuestro ámbito euroatlántico: el prohibicionismo, el abolicionismo y el regla­mentarismo o reglamentismo en sus vertientes decimonónica y actual. El pro­hibicionismo considera delictivo el ejercicio de la prostitución pues entiende que las prostitutas son mujeres desviadas, depravadas, ruines, delincuentes. Se penaliza a todos los que intervienen en la prostitución y por lo tanto se persigue tanto la oferta (prostituta y quien organiza o fuerza la prostitución, proxeneta y/o rufián) como la demanda (cliente).

 

En el abolicionismo se persigue el proxenetismo, sea individual u organi­zado, pero no se persigue la prostitución, que es entendida como una cuestión de desequilibrio de poder entre hombres y mujeres, que refleja el dominio de los primeros sobre las segundas. La prostituta es víctima de un sistema de explotación sexual y de desigual distribución de la riqueza y los recursos. Se pena al proxeneta y al cliente, pero no a la mujer prostituta.

 

Por su parte, el modelo reglamentarista o reglamentista es el que se decan­ta por dictar normas reglamentarias puntuales para regular algunos aspectos de la prostitución. Este modelo, desarrollado a lo largo del S. XIX y primera mitad del XX considera la prostitución una realidad social inevitable, un mal para la sociedad, pero «un mal menor» que viene a cubrir determinadas ne­cesidades al amparo de la afirmación de una naturaleza sexual distinta del hombre respecto de la mujer y no satisfecha en las relaciones matrimoniales existentes durante el siglo diecinueve. Por lo tanto, la práctica de la prostitu­ción es tolerada pero se considera que hay que regularla porque su práctica genera problemas de orden público (salud pública y bienestar ciudadano).

El reglamentarismo actual considera que el Estado no debe intervenir por tratarse de un asunto sexual y por lo tanto privado. Sólo lo deberá hacer para regular el aspecto económico y para terminar con situaciones de coacción. Al mismo tiempo, establecerá la obligatoriedad de controles sanitarios y policia­les de zonificación. Las medidas que implanta este modelo son, entre otras, la inscripción de las prostitutas en un registro específico, la vigilancia y visita médica obligatoria con el registro en cartillas sanitarias específicas de los con­troles médicos y la posibilidad de la hospitalización obligatoria si la prostituta padece enfermedades de transmisión sexual. Se deberán igualmente regular las zonas, que serán discretas y convenientemente acotadas, donde podrá ubi­carse la prostitución en las ciudades. Se regulará, por último, lo relativo al establecimiento y actividad de las «casas de tolerancia» o mancebías.

 

3.2. Modelos de regulación en Europa: síntesis de los modelos sueco, francés, holandés y alemán16

 

El modelo sueco de regulación de la prostitución es el denominado neoaboli­cionista, implantado por la «Ley de prohibición de compra de servicios sexua­les» de 1 de enero de 1999. En virtud de este modelo se castiga a todo aquél que «obtenga una relación sexual ocasional a cambio de dinero», esto es, al cliente; y se mantiene la prohibición ya existente del proxenetismo. Con este modelo se prohíbe la prostitución por el lado de la demanda, con el objeto de acabar eliminando también la oferta y lograr el fin de la abolición de la prostitución. Se acompaña esta legislación con un amplio paquete de medidas de reinserción socio-laboral de las mujeres prostitutas, a las que se considera víctimas.

 

En Francia se sigue un modelo prohibicionista, que ha introducido con la Ley núm. 2003-239, de 18 de marzo importantes modificaciones en la legisla­ción penal en materia de prostitución, ampliando las conductas sancionables penalmente en relación a ella. Se introducen nuevas formas de proxenetismo y conductas afines como el rufianismo, se penaliza el racolage o «captador de clientes» y se hace prácticamente inviable cualquier modalidad de estableci­miento público dedicado a la prostitución. Asímismo, se penaliza al cliente en determinados casos, como cuando mantenga relaciones sexuales remu­neradas con personas que presenten una vulnerabilidad relacionada con una enfermedad, una deficiencia física o psíquica, o una situación de embarazo.

 

Si en los dos ejemplos anteriores el objeto de las legislaciones es terminar con la prostitución, en los dos modelos siguientes la finalidad de su normativa es el reconocimiento y garantía de los derechos de las personas que ejercen la prostitución. En Holanda, primer país de la Unión Europea en regular la pros­titución como trabajo asalariado o como trabajo ejercido de forma autónoma, se reguló a través de la Ley de 27 de septiembre de 2000, que suprimió la pro­hibición general de los burdeles, regulándose su ubicación y su autorización administrativa a través de licencias municipales. Este modelo contempla el alta de quienes ejercen la prostitución en la Seguridad Social y la sujeción de su actividad al derecho laboral. Mientras, en Alemania, la legalización de la prostitución vino de la mano de la Ley para regulación de las relaciones jurídi­cas de las personas prostituidas de 20 de diciembre de 2001, conocida común­mente como la «Ley de prostitución». Esta norma fue complementada con la modificación del Código Penal alemán, que suprimió el delito de fomento o promoción de la prostitución y lo sustituyó por el de explotación de las per­sonas prostituidas. Esta ley reconoce la validez de la relación contractual de quien ejerce la prostitución y su cliente (y por lo tanto se considera el objeto del contrato lícito) y, en línea con lo anterior, se considera la prostitución co­mo un empleo a efectos del alta en la Seguridad Social.

 

3.3. Regulación en España

 

3.3.1. Etapa reglamentarista (S. XIX y XX – 1956)17

 

Durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX se sigue en España el modelo de reglamentarismo decimonónico antes expuesto. Comienza el tra­tamiento con normas de rango reglamentario que tuvieron en la mayoría de los casos un ámbito de aplicación local (municipal o provincial) y que hasta la primera década del siglo XX no será regulada en normas de carácter gene­ral o estatal. Todas ellas contenían disposiciones en materia de salud y orden público. Son ejemplo de la primera el Reglamento especial de la Sección de Higiene de la prostitución de Madrid de 1877; de la segunda es representativo el Reglamento de Higiene de la Prostitución aprobado por la Real Orden de 1 de marzo de 1908.

 

Por su parte, la legislación penal se limitaba a regular como faltas la «in­fracción de los reglamentos de policía en lo concerniente a mujeres públicas» (Códigos Penales de 1948 y 1870) y sólo a partir de 1904 los códigos penales recogerán un amplio catálogo de conductas tipificadas como delito en rela­ción a la prostitución (trata de blancas y prostitución de menores).

 

3.3.2. Etapa abolicionista (1956-1995)

 

A partir del Decreto-Ley de 3 de marzo de 1956 y de las reformas del Código Penal de 1961 y 1963 se producirá una nueva regulación de delitos relativos a la prostitución en cumplimiento del Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, firmado en el seno de Naciones Unidas, en Lake Success (Nueva York) el 2 de diciembre de 1949. En dicho convenio se prohíbe el proxenetismo y la prostitución ajena con las siguientes palabras:

 

Artículo 1: Las partes en el presente Convenio se comprometen a castigar a toda persona que, para satisfacer las pasiones de otra:

  1. Concertare la prostitución de otra persona, la indujere a la prostitu­ción o la corrompiere con objeto de prostituirla, aun con el consentimiento de tal persona;
  2. Explotare la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de tal persona.

Artículo 2: Las Partes en el presente Convenio se comprometen asimis­mo a castigar a toda persona que:

  1. Mantuviere una casa de prostitución, la administrare o a sabiendas la sostuviere o participare en su financiamiento;
  2. Diere o tomare a sabiendas en arriendo, un edificio u otro local, o cual­quier parte de los mismos, para explotar la prostitución ajena.

 

 

Y añade en su «Artículo 6: Cada una de las Partes en el presente Convenio conviene en adoptar todas las medidas necesarias para derogar o abolir cual­quier ley, reglamento o disposición administrativa vigente, en virtud de la cual las personas dedicadas a la prostitución o de quienes se sospeche que se dedican a ella, tengan que inscribirse en un registro especial, que poseer un documento especial o que cumplir algún requisito excepcional para fines de vigilancia o notificación».

 

A la luz de este convenio, en España se declara la prostitución como actividad ilícita y se prohíben las mancebías y casas de tolerancia. Por otra parte, para supervisar el control del cumplimiento de esta nueva ley sobre prostitución, se encomienda al Patronato para la Protección de la Mujer la tutela y reeducación de las prostitutas y su reinserción laboral y se crearán instituciones especializa­das, de carácter no penitenciario, para llevar a cabo medidas de prevención en este terreno. Por último, y por lo que respecta a la legislación penal, el Código Penal sufrirá una modificación importante que incluirá, junto a la tipificación de la prostitución de menores y la prostitución coactiva, la prostitución ejerci­da por cuenta ajena y diversas formas de proxenetismo y rufianismo.

 

Así, el Código Penal, tras su última modificación18, operada en esta etapa (año 1963) castiga, en sus artículos 452 bis d) y 452 bis c), al «dueño, ge­rente, administrador o encargado del local, abierto o no al público, en el que se ejerza la prostitución u otra forma de corrupción, y toda persona que a sabiendas participe en su financiamiento»; y «a quien a sabiendas, sirviera a los mencionados fines en los referidos locales», así como a «los que dieren o tomaren en arriendo un edificio o local, o cualquier parte de los mismos, para explotar la prostitución o corrupción ajenas» (proxenetismo), incluyendo en este concepto amplio de proxenetismo «cualquier forma organizada o empre­sarial del ejercicio de la prostitución»; castigaba, también, a «quien viviere en todo o en parte a expensas de la persona o personas cuya prostitución o corrupción explote» (rufianismo). Sin embargo, no se prohíbe la prostitución ejercida de forma independiente por personas adultas si bien se consideraba «tráfico ilícito», por lo que no podía ser regulada ni por el derecho público ni por el derecho privado.

 

Es significativa en esta etapa otra ley que sí avanza en la incriminación de la mujer que ejerce la prostitución. Nos referimos a Ley 16/1970, de 4 de agosto, sobre peligrosidad y rehabilitación social. En esta ley se considerará «sujeto peligroso» y por lo tanto susceptible de aplicación de determinadas «medias de seguridad», además de a los «rufianes y proxenetas», a las «perso­nas que ejerzan habitualmente la prostitución». Esta Ley, como es sabido, fue derogada con la modificación del Código Penal de 1995.

 

 

3.3.3. Etapa de tolerancia normativa (1995-2003)

 

El Código Penal de 1995 abandona la corriente abolicionista y reduce los tipos delictivos en relación a la prostitución: el artículo 187.1 Cp castiga al que «induzca, promueva, favorezca o facilite la prostitución de una persona menor de edad o incapaz» y «la determinación a que alguien ejerza la pros­titución a través de coacción, engaño o abuso de una situación de necesidad o superioridad». Por su parte, el artículo 188 Cp castiga a quien «determine, coactivamente, mediante engaño o abusando de una situación de necesidad

o superioridad, a persona mayor de edad a ejercer la prostitución o a man­tenerse en ella…», y a quienes lo hagan «prevaliéndose de una condición de autoridad pública, agente de éste o funcionario público».

 

Despenaliza la prostitución voluntaria, el rufianismo y las diversas formas de proxenetismo no viciado por coacción. Al amparo de este código se dictaron reglamentos que permitían la prostitución por cuenta ajena, como la Ordenanza Local sobre establecimientos públicos destinados a la prostitución, de 12 de mayo de 1999 en el Ayuntamiento de Bilbao o el Decreto 217/2002, de 1 de agosto por el que se regulan los Locales de pública concurrencia donde se ejerce la prostitución de la Generalitat de Cataluña. A raíz de esta legislación penal se abre el debate sobre una supuesta liberalización de la prostitución por cuenta ajena, la realizada en clubes o locales de alterne.

 

Ello impulsa la creación de asociaciones de «empresarios del sexo» que reclaman el pleno reconocimiento y la regulación legal de su actividad19.

 

3.3.4. Retorno al abolicionismo

 

La modificación del Código penal introducida mediante la LO 11/1999, de 30 de abril, incorpora en el artículo 188 los conceptos de intimidación y vul­nerabilidad como nuevos elementos susceptibles de viciar el consentimiento de quien se prostituye. Así el artículo 18820 castiga al que «determine, em­pleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, a persona mayor de edad a ejercer la prostitución o a mantenerse en ella, será castigado con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses». La modificación que se realiza mediante la LO 11/2003, de 29 de septiembre, incorpora el delito de lucrarse explotando la prostitución de otra persona aún con el consentimiento de ésta, aparejándole la misma pena que la prevista

para el delito de determinación a la prostitución. Establece el artículo 188 que «el que determine, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la vícti­ma, a persona mayor de edad a ejercer la prostitución o a mantenerse en ella, será castigado con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de 12 a 24 meses». En la misma pena incurrirá el que se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma.

 

Con esta última legislación se vuelve a los postulados abolicionistas del Convenio de Nueva York. Sin embargo, la legislación no es unívoca en la in­terpretación que de ellas hacen los tribunales al aplicarla, porque sólo castiga el proxenetismo que conlleva explotación y no la prostitución ejercida por cuenta propia, en la que no existe vínculo de subordinación de la prostituta con quien le sirve una infraestructura o local y le cobra por ello.

 

Los Tribunales de Justicia del orden social han hecho en su interpretación diferenciación entre la actividad de alterne (permitida) y la de prostitución por cuenta ajena (penalizada) y han entrado a la valoración acerca del carácter laboral o no de la prostitución. En términos generales se considera la activi­dad de alterne lícita y se asimila a la conducta de «quien trata a los clientes, para estimularles a consumir y hacer gasto en su compañía, percibiendo un porcentaje sobre las consumiciones (salas de fiesta, bares)».

 

Con todo, el panorama legal actual de la prostitución en España se re­sume hoy con lo siguiente: se distingue la prostitución por cuenta propia y por cuenta ajena, entendiendo que hay tolerancia legislativa respecto de la primera, esto es, la prostitución por cuenta propia ejercida de forma libre y voluntaria por persona mayor de edad y capaz. Respecto de la prostitución por cuenta ajena se interpreta como actividad de explotación (determinación, inducción, coacción, situación de especial vulnerabilidad) y por lo tanto es ilegal, si bien queda fuera de esta consideración la denominada «actividad de alterne» (como se ha visto declarada «lícita» por la jurisprudencia de ámbito social) que se interpreta ajustada a una relación laboral y por lo tanto el objeto de su actividad es considerado lícito y no equiparable a la prostitución por cuenta ajena.

 

Conviene recordar la legislación civil vigente en España en relación al objeto de los contratos y a la causa de los mismos. Establece el Código Civil en su artículo 1.271 que podrán ser «objeto de contrato todos los servicios que no sean contrarios a las leyes o a las buenas costumbres» y que es ilíci­ta la causa del contrato «cuando se opone a las leyes o a la moral». En este sentido se entiende que la prostitución, que tiene por objeto la prestación de servicios sexuales, es ilícita, y por lo tanto no puede ser desarrollada como actividad laboral mediante ley, por ser dicho objeto «contrario a las buenas costumbres»… o «a la moral». En este punto nos parecería interesante que se suscitase un debate social sobre qué se entiende en la actualidad por «buenas costumbres» o por «moral».

 

En definitiva, la situación legal actual de la prostitución en España es la impunidad de la ejercida por cuenta propia, mientras que se persiguen penalmente determinados hechos cometidos por terceras personas en el entorno de las conductas mismas de prostitución. Ni la Constitución prohíbe la prostitución, ni impide su eventual prohibición legislativa, ni obliga a su reconocimiento jurídico como trabajo sino que permite una amplia libertad de configuración por parte del legislador 21. En este sentido, entiende la doctrina que la configuración/determinación de los perfiles válidos del ejercicio de la prostitución puede venir de la mano de la jurisprudencia de los tribunales ordinarios y del Tribunal Constitucional. No obstante esto, y como hemos venido afirmando a lo largo de estas páginas, una regulación en positivo de los derechos sexuales, evitaría colocar a la justicia en el papel del legislador. En este sentido, es relevante la doctrina del Tribunal Constitucional que, en su sentencia 129/1996 recuerda que «es tarea del legislador determinar la re­gulación relativa a la prostitución» y, declara que «tan conforme es a la Cons­titución… que un hecho que hasta un determinado momento es penalmente típico deje de serlo, o viceversa, o que sobre él, el legislador establezca una diferente pena en el aspecto cualitativo o en el cuantitativo. Los procesos de auténtica criminalización y descriminalización, o de aumento o reducción de penas, responden a una serie de circunstancias que generalmente afectan a la sensibilidad social frente a determinados comportamientos, que al ser captada por el legislador en cada momento histórico, da lugar a una distinta reacción del ordenamiento jurídico, desde la perspectiva penal (…)». En línea con esta doctrina, consideramos necesario que el legislador afronte su responsabilidad en esta materia, y saque del limbo jurídico el ejercicio de la prostitución libre y voluntaria, realizada por persona mayor de edad y capaz, y dé cobertura legal mediante la regulación de los derechos sexuales a dicha actividad, para garantizar los derechos del orden laboral, social y económico de las mujeres que optan por esta actividad.

 

  1. Consideraciones finales a modo de conclusión

 

Como reflexión final entendemos que el Estado de Derecho debe perseve­rar en su lucha contra la prostitución forzada y el tráfico de personas, para erradicar las situaciones de violaciones de derechos existentes en las socieda­des actuales y, en el ámbito de este estudio, debe luchar de manera especial contra la explotación sexual para acabar con la discriminación que por razón de sexo ha sufrido la mujer a lo largo de la historia. En esta línea, el Estado social del S. XXI debe reconocer y regular sobre derechos sexuales no explici­tados en el texto constitucional español, si pretende lograr la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. A este respecto, el reconocimiento de los derechos sexuales previo a la regulación sobre la prostitución libre, garantizará el ejer­cicio de los derechos fundamentales, principalmente del orden social a las personas que ejercen la prostitución, contribuyendo con ello a la protección de, entre otros, su derecho a la salud frente a la contracción de enfermedades de transmisión sexual como el VIH/SIDA.

 

En suma, consideramos que el Estado de Derecho tiene que superar la histórica aversión a la posibilidad de una regulación legal de la prostitución libre, para lo cual es necesario contribuir a generar un debate social amplio, en el que se implique a todos los actores sociales y se posibilite dialogar acerca de los valores y principios de nuestra sociedad, partiendo de los postulados propios de todo Estado social y democrático de derecho y que incluya a todos los ciudadanos, independientemente de sus creencias religiosas.

 

Para finalizar, nos sumamos a quien, como Mestre i Mestre, sostiene que la respuesta a la prostitución, en clave de igualdad, puede darse no sólo en términos de abolición, sino en términos de reconocimiento de derechos.

 

 

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Feminismo, prostitución y Estado

 

Feminism, Prostitution and the State: The Politics of Neo-Abolitionism

(Routledge Studies in Gender and Global Politics) 1st Edition

by Eilis Ward (Editor), Gillian Wylie (Editor)

 

 

http://www.readcube.com/articles/10.4324/9781315671437?author_access_token=CxraL-EyfweRmqUaUzp2mQLBIUWHziPdsn0vlMIwK3ThNDVrYF1U09lJam69h-SodlczmV0NZUKK01qmtoYPJFef4Z75mtJ9an59l6BUqDhUsnvQESsuxF-4WBPTmZ-U

 

INTRODUCCIÓN

Ellis Ward y Gillian Wylie

Introducción al neoabolicionismo: definición, conductores y debates

Cuando el gobierno sueco adoptó su Ley de Compra de Sexo en 1999, era difícilmente imaginable que la medida daría prestigio al Estado sueco al presentarlo como un supermodelo global para las políticas de prostitución en las décadas siguientes.

Aunque tradicionalmente las políticas de prostitución no han recibido mucha atención política —con algunas notables excepciones, como Nueva Zelanda y los Países Bajos—, los Estados del mundo occidental han empezado recientemente a debatir el comercio sexual como una prioridad urgente y un ámbito de acción imperioso. Dentro de estos debates, una opinión es siempre vociferante y de hecho domina en varias organizaciones internacionales y Estados-nación: que criminalizar a los que compran sexo está funcionando en Suecia y forzosamente lo hará en otros lugares para reducir el comercio sexual y, lo que es más importante, reducir la trata con fines de explotación sexual.

Para los académicos hay mucho que analizar en este fenómeno y mucha complejidad que es necesario desenredar. Una cuestión central que requiere un análisis es la pregunta a menudo planteada: ¿cómo ha llegado a dominar este modelo neoabolicionista la forma en que muchos gobiernos y organizaciones de la sociedad civil piensan acerca de la prostitución y el comercio sexual? Esta pregunta está en el corazón de este libro.

Este libro intenta ofrecer algunas explicaciones para la influencia creciente del neoabolicionismo, documentadas en estudios de casos de activismo político y prácticas estatales en un número selecto de jurisdicciones. Nuestro interés está en una evaluación crítica del surgimiento y ascenso del neoabolicionismo y su fundamento en un conjunto de creencias sobre su éxito en el ejemplo, es decir, Suecia. La política de Suecia ha sido legitimada a su vez por un fuerte discurso internacional que ha influido con éxito en cómo actores políticos y civiles piensan en la prostitución y el comercio sexual a principios del siglo XXI.

Ahí radica el desafío tanto para los responsables de la política como para los académicos. Mientras que los defensores del neoabolicionismo —sean activistas feministas radicales, grupos de presión religiosos o políticos— afirman que ésta es la única respuesta a las cambiantes circunstancias del comercio sexual de hoy, otras voces critican tanto las suposiciones contenidas en el modelo como su idoneidad como una respuesta de ‘talla única para todos”. Por lo tanto, el debate se ha polarizado y la compleja realidad de reconocer múltiples posiciones, múltiples situaciones y la relevancia del contexto al crear políticas alrededor del comercio sexual se ha vuelto algo desorientada. De hecho, el poder ejemplar de Suecia como modelo se refleja en el foco central de este libro en sí mismo: cómo explicar la manera en que este enfoque ha llegado a establecerse como la norma contra la cual todos los demás son medidos.

Antes de entrar en las discusiones que siguen, es necesario aclarar lo que se entiende por neoabolicionismo. El neoabolilionismo puede concebirse como una nueva versión de un enfoque establecido de la prostitución, el abolicionismo, que busca cerrar los espacios y lugares donde se practica el sexo comercial. Esto funciona criminalizando las actividades relacionadas con el trabajo sexual como el proxenetismo, la especulación, el vivir de los ingresos de la prostitución, la organización, y así sucesivamente. Podemos pensar en esto como un régimen que intenta estrangular el “suministro” criminalizando sus tecnologías, humanas o de otro tipo, pero que, sobre el papel al menos, no castiga a la vendedora.

El neoabolicionismo continúa argumentando que los Estados deben intentar abolir la prostitución, pero cambia la atención hacia la demanda como el pivote para este objetivo final. Si la demanda de sexo comercial es un crimen, entonces la oferta se marchitará en la vid. Este cambio se adoptó por primera vez en el mundo occidental en Suecia como parte de su programa de feminismo radical y postuló el sexo comercial, en el cual las mujeres eran vendedoras y compradoras de hombres, como una expresión inaceptable y violenta del patriarcado, que requería una intervención estatal mejorada. Así pues, se concibió como una política destinada a abolir la prostitución per se. A través de un proceso descrito en otro lugar (véase Swanstrom en este volumen), rápidamente se reelaboró nuevamente para incluir el objetivo de combatir la trata de mujeres con fines de explotación sexual, en respuesta a la presencia de mujeres inmigrantes en el comercio sexual sueco y convirtiéndose así en una premonición de los marcos internacionales de lucha contra la trata que luego emergieron en la ONU, la UE y otros lugares.

Esta breve historia social de la idea aísla los dos temas que definen el neoabolicionismo. En primer lugar, entiende la prostitución en sí como una forma de violencia contra la mujer, de acuerdo con los relatos feministas radicales de las relaciones de género y el poder de género. En segundo lugar, considera que la prostitución y la trata sexual son inseparables tanto desde el punto de vista conceptual (cómo pensamos en ellas) como en términos de leyes (cómo los Estados responden a ellas). Por lo tanto, el neoabolicionismo desagrega la “trata sexual” de otras formas de trata (como la laboral o el tráfico de órganos) y, en términos de política, desvincula la prostitución de los marcos de política social tales como la reducción de daños y las medidas contra la pobreza y se centra en cambio en las respuestas de la justicia penal y la aplicación de la ley.

Desde que la Ley de Suecia entró en vigor en 1999, Finlandia y Noruega, Irlanda del Norte, Francia y la República de Irlanda han adoptado o están a punto de adoptar el neoabolicionismo, aunque no siempre fielmente. En Irlanda del Norte, por ejemplo, las mujeres que venden sexo en grupos de más de una persona pueden ser procesadas ​​por propietarias de prostíbulos, produciendo así una extraña variante del neoabolicionismo que concibe a la persona que vende sexo como víctima y perpetradora de un delito al mismo tiempo, lo que sin duda es una profunda contradicción.

Mientras que la defensa del neoabolicionismo debe mucho al feminismo radical, es notable que otros grupos de presión , muy diferentes, también apoyan la idea. Más obviamente en el contexto de Estados Unidos, pero también en otros lugares como Irlanda del Norte, están en juego las fuerzas religiosas conservadoras y fundamentalistas (Bernstein 2012: Weitzel 2007; Zimmerman 2013). La improbable colaboración del feminismo y el fundamentalismo se manifiesta en una forma de gobernanza feminista (Halley 2006) o “feminismo carcelario” (Bernstein 2012) y se ha convertido en un componente clave de la política exterior de Estados Unidos con implicaciones directas en las relaciones internacionales. El compromiso contra la prostitución exigido a los beneficiarios de ayuda de los EE.UU. durante la administración Bush es un ejemplo clave de este impacto.

Aquí encontramos un aspecto adicional e inicialmente quizá desconcertante de la popularidad del neo-aboficionismo: su alianza con el neoliberalismo como una forma de gobierno y un conjunto de ideas o un ideal. Evidencia de esta convergencia se encuentra, por ejemplo, en la crítica de Bumiller (2008) a la alianza del feminismo radical con el Estado neoliberal en relación con la violencia sexual y en relación con la ley y las regulaciones sexuales de manera más general (Halley 2006). Desde este punto de vista, la formulación de la prostitución como una forma de violencia contra la mujer encaja con ciertos valores neoliberales o, al menos, no causa problemas a los Estados neoliberales. Por ejemplo, la influencia del neoabolicionismo en los programas de salida de la prostitución en los Estados Unidos encaja bien con un paradigma neoliberal de desviar la responsabilidad del bienestar social del Estado hacia los individuos, a los que se hace hiperresponsables (Leon Crysanthi, Shdaimah y Corey 2012: 269) Tema también identificado en relación con el Reino Unido (Scouter y O’Neill 2007: Carlin y Scouter en este volumen). Ejemplos como éstos dan peso a un argumento convincente de que las ideas feministas radicales, en particular sobre la violencia de género (incluyendo la prostitución en sí misma), han encontrado un hogar cómodo en el Estado neoliberal punitivo (Halley 2006. BumiIler 2008: 160).

Sin embargo, aunque el neoabolicionismo parece florecer en contextos neoliberales, un examen superficial no revela ningún patrón de correspondencia entre el tipo de Estado y el tipo de régimen de prostitución. De hecho, la tesis neoliberal parece estar confundida por el caso tanto de Suecia como, al otro extremo del espectro, de Nueva Zelanda. Suecia es un Estado de bienestar “feminista de Estado” y la prohibición de compra de sexo es parte integral de su agenda de igualdad intervencionista. Entiende que el Estado puede intervenir en los actos sexuales entre adultos para reparar y reequilibrar las desigualdades de género y está profundamente arraigado culturalmente en la larga historia de Suecia (Carson y Edwards, 2011). En cambio, Nueva Zelandia tiene una política completamente diferente que no criminaliza el acto de comprar o vender sexo y, en cambio, trata de regular la actividad a través de otros temas como los relacionados con la fiscalidad, la salud y la seguridad, la violencia sexual y el acoso, etc. Nueva Zelanda, en efecto, rechazó la idea de una prohibición de compra de sexo, pero Harrington argumenta que, contra los autores citados anteriormente, su régimen se ajusta cómodamente a las ideas de la mercantilización de la economía y de la sociedad inherentes al neoliberalismo del Estado (Hanington, 2012). De hecho, a menudo se argumenta que el neoliberalismo es bueno para las trabajadoras sexuales porque su privilegio del individualismo y las fuerzas del mercado pueden racionalizar el tipo de normas sociales dentro de las cuales las mujeres que se dedican al comercio sexual pueden hacerlo sin necesariamente ser estigmatizadas. En este enfoque, la venta de sexo se convierte por lo tanto, en un acto equivalente a vender cualquier otro “producto”.

El hecho de que no exista una relación directa entre los regímenes neoliberales y el neoabolicionismo puede estar en función de las contradicciones que existen dentro de la idea del neoliberalismo en sí mismo. Wendy Brown (2015) sostiene que el neoliberalismo es un concepto polémico, caracterizado por la ambigüedad. Es un fenómeno global, pero es inconsistente y no sistemático en su manifestación. Sin embargo, la manera en que regímenes del trabajo sexual diametralmente diferentes pueden “encajar” en los marcos neoliberales tiene sentido cuando concebimos al neoliberalismo no como una ideología, un conjunto de prácticas estatales singulares, coherentes y políticamente liberales, sino como conteniendo contradicciones y dinámicas complejas (Lamer 2000) que incluyen tendencias hacia ideologías políticas conservadoras y liberales.

Dejando a un lado la gran teoría, este libro sugiere que el mejor enfoque para considerar por qué el neoabolicionismo se ha vuelto tan influyente en el mundo occidental contemporáneo es, en efecto, construir la teoría desde el principio, basándose en estudios de casos concretos. Mientras que el neoabolicionismo tiende a ofrecer las mismas prescripciones políticas donde quiera que sea escuchado, en contextos variables debe adaptarse a las condiciones, historias y subjetividades locales. Sin embargo, no siempre ha tenido éxito precisamente debido a esas condiciones locales, como ilustran algunos de nuestros casos. De este modo, la historia de la organización de las trabajadoras sexuales en Nueva Zelanda seguramente es la principal barrera al neoabolicionismo allí. Mientras que las estructuras del gobierno australiano y la división relacionada de los poderes legislativos (O’Brien en este volumen) hacen extremadamente difícil para el activismo neoabolicionista tomar posiciones allí a pesar de una marea de apoyo a su agenda.

Aquí sugerimos, a partir de los estudios de caso presentados en este libro, un conjunto de conductores —factores, actores, fuerzas e instituciones— del neoabolicionismo. Sin embargo, es posible que no se encuentren en todas partes, o que de hecho funcionen de manera contraria dependiendo de las particularidades de cada contexto. Los lectores observarán que estos conductores se reflejan de una forma u otra a través de los capítulos a seguir.

 

Los conductores del neoabolicionismo

 

1 Suecia como supermodelo

Esto puede parecer un punto obvio dado la omnipresencia de las referencias al “modelo sueco” por sus defensores, pero es un punto insuficientemente reconocido y hay razones por las que la “suecidad” del modelo es particularmente influyente. Una de ellas es la percepción internacional generalizada de Suecia como una economía equitativa y justa desde el punto de vista moral. Gracias al estatus de Suecia como un “buen ciudadano internacional”, el neoabolicionismo gana legitimidad por asociación. Una segunda razón por la que el modelo se promueve tan exitosamente radica en el impacto de la acción consciente del Estado sueco. El Estado pone fondos y recursos políticos en la promoción del modelo en el extranjero (en la UE, por ejemplo) y en la acogida de delegaciones parlamentarias en el país, como lo atestiguan algunos de los capítulos del libro. El papel de Suecia en promover activamente su enfoque, como parte de su propia creación de imagen en el ámbito internacional, no puede ser subestimado al explicar la capacidad de la idea de obtener acogida en otras partes.

2 Redes transnacionales en la política internacional

La mayor parte de este libro toma como base la aproximación a la política del neoabolicionismo dentro de cada país “desde cero”. No cabe duda de que las redes transnacionales de promoción han sido actores influyentes en la difusión de la idea. Utilizando los espacios creados para ejercer presión en torno a las organizaciones mundiales y regionales, las redes de activistas neoabolicionistas han influido en marcos internacionales sobre la trata sexual, vinculando el tema estrechamente a las políticas de prostitución y abordando “el lado de la demanda”. Muchos de estos grupos de promoción transnacional están asociados con el movimiento mundial de lucha contra la violencia contra la mujer, que ha crecido cada vez más desde la Conferencia de Pekín de 1995 y ahora está integrado en grupos de presión transnacionales como el Lobby Europeo de Mujeres (EWL) cuyo papel clave en la promoción del abolicionismo en Europa es significativo. Los activistas locales de la sociedad civil, que intentan domesticar los ideales neoliberales en sus propios contextos, buscan a los aliados de la sociedad civil global como EVVL y la Coalición contra la Trata de Mujeres, para reforzar su posición.

3 Movimientos contra la violencia contra las mujeres en la política nacional

Mientras que el feminismo ha tenido un debate largo y continuo sobre sus posiciones en el trabajo del sexo, el neoabolicionismo, que postula el trabajo del sexo como intrínsecamente una forma de violencia, logró adaptarse con precisión a los avances hechos por movimientos contra la violencia contra las mujeres en diversos ambientes políticos nacionales. Si bien están vinculadas a organizaciones transnacionales como el EVVL (su Observatorio de la Violencia Contra la Mujer, por ejemplo), como se mencionó anteriormente, muchas organizaciones pequeñas y locales de mujeres han incorporado la idea de la intervención estatal y asegurado el financiamiento estatal para trabajar en contra de la violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer. Estos grupos afilaron sus dientes a través de muchos años de activismo a nivel local y nacional para conseguir refugios, programas de educación pública y muchas otras iniciativas. El neoabolicionismo se basó fácilmente en estos esfuerzos y en la experiencia de los grupos de presión para legitimar y popularizar su agenda.

4 Normas de moralidad anticuadas

Un elemento importante del atractivo de la retórica abolicionista consiste en recurrir a valores simplistas del bien contra el mal en lugar de ofrecer un análisis racional de las políticas basado en datos rigurosos. El conocimiento empírico sobre la naturaleza y la extensión del sexo comercial a menudo carece de rigor, o reconocimiento de la complejidad, en muchos contextos nacionales. Por el contrario, los debates sobre la prostitución y el trabajo sexual están a menudo cargados emocionalmente, ofrecen resistencia a los hechos fehacientes, están gobernados por una ideología muy explícita, concurridos por informantes con conocimientos limitados, preeminentemente preocupados por el simbolismo, y finalmente sujetos a cambios abruptos (Wagenaar y Mink 2012). Desde esta perspectiva, por lo tanto, el éxito del neoabolicionismo puede explicarse como una función de la dinámica particular de la formación de normativas de prostitución, tal vez distintas a las de otros ámbitos normativos (como el medio ambiente o el transporte) en la que las preocupaciones morales a menudo triunfan sobre la evidencia. Este argumento sugiere, pues, que es el poder discursivo del neoabolicionismo, su carga moral, lo que le lastra, junto (como ilustran algunos capítulos) a la convergencia de la “anticuada” moralidad sexual conservadora con su primo cercano cuando se trata del comercio sexual: el más a la moda feminismo radical.

5 El imaginario de la trata

El pensamiento neoabolicionista depende en gran medida de la creación de una equivalencia irreductible entre la prostitución y la trata sexual y el poder de la idea de que la trata sexual es un fenómeno enorme y abrumador. Esto no quiere decir que la explotación de las personas que se mueven global o localmente en el comercio sexual no tenga lugar (sería absurdo negar esto) sino que la idea de “trata sexual” se ha utilizado con gran efecto político de la misma manera que la trata de blancas funcionó en la primera parte del siglo XX (Doezema 2010, Soderlund 2013). El imaginario contemporáneo traza una equivalencia entre la prostitución y lo que se denomina trata sexual, porque ambos se entienden fundados en la violencia y la imposibilidad de consentimiento. Confiar en el imaginario de la víctima de trata —inocente, mujer, explotada— supera todos los otros enfoques, incluyendo aquellos que buscan incluir debates sobre la libertad en relación con el cuerpo sexual o la autonomía corporal. A pesar de las estadísticas impugnadas y la complejidad de la “trata” (véase, por ejemplo, Sharma 2003), el poder de este imaginario apunta a las dificultades encontradas para llevar la evidencia empírica al debate. Las víctimas de la trata son, por definición, invisibles y como tal siempre presentes e irrefutables. En virtud de su supuesta inocencia y victimización, siempre triunfarán frente a una trabajadora sexual cuyo estatus es tradicionalmente, aunque con algunas excepciones, considerado política, social y moralmente problemático, incluso dentro de la teoría feminista (Beloso 2012). El imaginario de la trata ha sido particularmente poderoso en los Estados Unidos, permitiendo al Estado asumir el papel de protector benevolente para hacerlo encajar con sus propios intereses territoriales (Soderlund 2005). Sorprendentemente, Portugal está solo entre los Estados miembros más antiguos de la UE como carente de pensamiento neoabolitionista a pesar de la presencia tanto de un movimiento feminista fuerte como de un comercio del sexo. Un fenómeno posiblemente explicado por el hecho de que la “trata” no es un problema para el Estado.

6 El evangelismo religioso

Las neoabolicionistas feministas se han encontrado como extraños compañeros de cama con los cristianos evangélicos en la lucha contra la prostitución / trata sexual. En el contexto americano, los cristianos evangélicos de derecha sostienen ideales neoabolicionistas a pesar de partir de puntos de vista diametralmente diferentes a los de las feministas radicales. Los evangélicos están preocupados por apuntalar la vida familiar heterosexual nuclear y oponerse a la “esclavitud” porque niega a la gente la libertad de seguir a Cristo (Zimmerman, 2013). Se podría argumentar que esta poderosa alianza entre el feminismo radical y la derecha religiosa aseguró la prevalencia del neoabolicionismo en los Estados Unidos. Además, otras tradiciones dentro del cristianismo también pueden conducir al respaldo del neoabolicionismo, como en Francia, donde el neoabolicionismo actual implica una convergencia del feminismo y los movimientos católicos históricos de rescate y justicia social (Mathieu 2016).

7 La cultura política nacional dominante

Como se mencionó anteriormente, el pensamiento neoliberal es un ideal y un conjunto de prácticas encontrados entre las democracias avanzadas discutidas en este libro. Sin embargo, como también se admitió anteriormente, el contexto neoliberal puede funcionar en ambos sentidos en relación con el comercio sexual. El libre mercado puede legitimar el sexo comercial, así como la transferencia de la responsabilidad del bienestar desde el Estado a los individuos puede promover una confluencia entre el abolicionismo neto y los enfoques de usar la justicia penal para tratar la prostitución. Por otra parte, las contradicciones internas del neoliberalismo también son evidentes en el deseo de los Estados liberales de permitir el libre mercado de los bienes a la vez que se evitan con determinación los movimientos transfronterizos de personas. La tendencia común de los Estados capitalistas avanzados a buscar el control de la inmigración en nombre de la seguridad puede crear una causa común con aquellos que buscan criminalizar a los tratantes de sexo y a los compradores de sexo. Dentro de estas corrientes políticas globales, por lo tanto, la importancia del neoabolicionismo en lugares particulares todavía depende mucho de la intersección entre el ideal y las culturas políticas locales. Así, la resistencia al neoabolicionismo puede provenir del individualismo histórico de Nueva Zelanda, mientras que la empatía con la idea se puede encontrar en el feminismo estatal de Suecia, en la historia del regulacionismo moral en Irlanda o en el cambio hacia la responsabilidad personal en Inglaterra y Gales. Las diferencias nacionales, incluidas las culturas y las instituciones políticas, por lo tanto, jugarán un papel en cómo el neoabolicionismo es conducido y quién lo conduce.

8 Política consensuada entre partidos

Un tema llamativo del éxito del neoabolicionismo es el grado de consenso entre los distintos partidos alcanzado en diferentes sistemas políticos. En Suecia. Inglaterra y Gales, Irlanda y los Países Bajos, partidos de todo el espectro, por lo general divididos en otros temas de moralidad privada (sobre cuestiones de derechos de aborto, por ejemplo, o más tradicionalmente sobre la homosexualidad) han encontrado suficiente causa común para trascender lo que los científicos políticos habitualmente denominan escisiones políticas . Donde esto ha ocurrido, es realmente difícil que las opiniones contrarias sean aireadas y / o legitimadas.

9 La fuerza o debilidad relativa de las organizaciones de trabajadoras sexuales

Por último, cualquier discusión sobre los factores conductores del neoabolicionismo necesita referirse a la presencia o ausencia de organizaciones de trabajadoras del sexo y su influencia estratégica o política dentro de cualquier forma de gobierno. Es una tentadora simetría argumentar que cuando hay organizaciones de trabajadoras sexuales fuertes y políticamente astutas el neoabolicionismo por lo menos tendrá ante sí un hueso duro de roer. En este sentido, podríamos argumentar, para poner de manifiesto un punto obvio, que su ausencia se convierte en un impulsor del neoabolicionismo. En los países donde estos movimientos son fuertes, Nueva Zelanda, Australia y los Países Bajos, la política neoabolicionista no ha alcanzado una posición dominante.

Sin embargo, como se trata en el capítulo de los Países Bajos más adelante, se trata de una simetría que no se puede asumir. Igualmente, en los Estados Unidos (la patria, después de todo, de una de las organizaciones originales de trabajadoras sexuales, COYOTE), otros factores, como los identificados anteriormente, han eclipsado el poder y la legitimidad de las organizaciones de trabajadoras sexuales. En este sentido, podemos identificar más correctamente las organizaciones de trabajadoras sexuales quizá como una variable importante en el conjunto en lugar de un conductor diferenciado. Nuestros estudios de caso aquí de nuevo parecen indicar que la mezcla de particularidades locales, incluyendo el poder relativo y el estatus de las organizaciones de trabajadoras sexuales, será significativa en la determinación del resultado de cualquier proceso de reforma de leyes o regulaciones.

 

CONCLUSIÓN


El feminismo carcelario, el Estado y la trabajadora sexual
En una era globalizada, ¿de quién es el poder?

Eilis Ward y Gillian Wylie

Introducción

Las ideas y políticas neoabolicionistas se han vuelto omnipresentes En muchas partes del mundo, está sencillamente dado como hecho probado que criminalizar la compra de sexo reducirá el trabajo sexual y automáticamente provocará una reducción de la demanda que, según se argumenta, es trata con fines de explotación sexual. Por lo tanto, de un solo golpe, junto con la abolición de la prostitución, también se pondrá fin a la trata sexual. Como ilustran los capítulos de este libro, estas ideas en la actualidad animan marcos políticos internacionales y dan forma a muchas políticas estatales hacia el trabajo sexual. Incluso en contextos de países aparentemente inmunes al atractivo de la idea, los activistas neoabolicionistas se conectan con determinación en la esfera pública, impactando en la política local y en las sociedades civiles. Pero, como también ilustra este libro, hay muchos problemas y desafíos en esta línea de argumentación y estos problemas se vuelven a su vez más complejos por las interacciones entre los ideales neoabolicionistas y los regímenes internacionales, las culturas políticas locales y los valores en pugna. A modo de conclusión, ofrecemos algunas reflexiones sintetizadoras sobre el análisis de la trayectoria del neoabolicionismo, reflexiones que se encuentran en los capítulos de este libro, así como algunas reflexiones sobre las implicaciones políticas y sociales de este proyecto feminista radical.

 

Afirmaciones y conductores neoabolicionistas

La afirmación de que “Suecia funciona” es un importante grito de reivindicación y legitimidad para el activismo neoabolicionista, y al que nos referimos al comienzo de este libro. Sin embargo, a lo largo de los capítulos, la idea de que existe una fuerte base de evidencia para el modelo sueco o las prohibiciones de compra del sexo se demuestra repetidamente que es frágil, no menos en el capítulo de Yvonne Swanstrom que señala la falta de una evaluación apropiada de la prohibición de la compra del sexo. A lo largo del libro se cuestiona la base empírica para abogar por criminalizar la demanda masculina. Por ejemplo, el capítulo sobre Irlanda muestra que las estadísticas a menudo citadas en defensa de la posición neoabolicionista son dudosas. En general, la confluencia de la cuestión de la trata sexual con la prostitución es una presunción central del neoabolicionismo porque la imagen predominante de la víctima de la trata como una mujer violada e inocente refuerza las llamadas a criminalizar la demanda y a superar cualquier preocupación “liberal” con la reducción del daño, la libertad de elección o la autonomía personal o las llamadas de atención en cuanto a la complejidad y diversidad dentro del comercio sexual y la viabilidad de la propuesta. Pero también aquí la evidencia sobre la naturaleza y extensión de la trata sexual es altamente problemática y politizada (Feingold 2010; Vance 2011). Lo que estamos sugiriendo aquí es que la influencia generalizada del neoabolicionismo no puede ser explicada en términos de “hechos” establecidos o eficacia probada de esa normativa, sino que su ascenso indudable tiene raíces políticas e ideológicas. Este libro intentó descubrir esas raíces y la interacción entre una idea muy poderosa (el relato feminista radical del comercio sexual) con los procesos políticos y las instituciones de los Estados seleccionados aquí.

Al comienzo de este libro identificamos una serie de conductores del neoabolicionismo, derivados de una visión general de los capítulos aportados. Sugerimos que estos conductores: el ejemplo sueco; el activismo transnacional feminista radical; la violencia contra las mujeres; las normas anticuadas de moralidad; el “imaginario de la trata”; el cristianismo evangélico; las culturas políticas mundiales y locales; y la fuerza del activismo del trabajo sexual, todos se intersectan para producir diversos grados de tracción para el neoabolicionismo en diferentes contextos Esperamos que, ahora al final del libro, la forma específica en que estos conductores combinados ejercen influencia dentro de cada contexto se haya vuelto más claro para los lectores y ayude a dar un sentido analítico a por qué el neoabolicionismo florece o falla en uno u otro lugar.

 

El activismo neoabolicionista tiene un alcance global que se desprende del impacto del activismo feminista transnacional en la ONU y en la UE y en las alianzas estratégicas que los activistas llevan a cabo con los Estados nacionales impulsando su agenda internacionalmente. Después de Palermo y su seguimiento en organizaciones regionales como la UE, los Estados-nación se vieron presionados para adoptar nuevos marcos de lucha contra la trata que a menudo están estrechamente asociados con las medidas neoabolicionistas para frenar la demanda de sexo comercial. Sin embargo, las nuevas normas internacionales no se traducen exactamente a los Estados-nación (Acharya 2004). Aquí los otros conductores también son cruciales en términos de alianzas, estratégicas o de más largo plazo, entre feministas radicales, grupos religiosos y partidos políticos, la presencia o ausencia de contraofertas y la naturaleza de las estructuras políticas, las políticas predominantes y las costumbres políticas. De Suecia a Nueva Zelanda, de los Estados Unidos a Australia y de los países situados en medio, el libro ha sugerido que necesitamos estudiar cada lugar “desde cero” y, con miras a su situación internacional, analizar por qué el neoabolicionismo arraiga o no a través de una lectura contextualizada de estos factores entremezclados.

Por supuesto, es necesario introducir aquí la advertencia usual que “se necesita más investigación”. Nuestro alcance en términos de estudios de casos y contenido de cada capítulo fue necesariamente limitado por el espacio y es posible que otros conductores se estén también presentes en los contextos en estudio. El papel de los medios de comunicación, por ejemplo, se menciona a lo largo de los capítulos, pero está fuera del enfoque del libro y quizá requiere una atención específica. Por otra parte, nuestro escrito se centra en los estados democráticos liberales avanzados y dentro de ese grupo en solamente un puñado seleccionado. Es necesario explorar las experiencias de organizaciones de otros Estados como Grecia, Italia y Hungría, y de Estados de América Latina, Asia y África. Se necesita , de hecho, más investigación, pero sugerimos que los conductores identificados aquí proporcionan un marco útil para ayudar a la investigación comparativa.

Prostitución, feminismo y Estado

Si bien el énfasis en este libro está en las lecturas matizadas del impacto del neoabolicionismo en lugares y espacios particulares, existe una preocupación general, incluida en el título del libro, de explorar lo que todos estos casos nos dicen acerca de las relaciones entre “prostitución, feminismo y Estado” en las democracias contemporáneas, avanzadas y liberales. Como queda claro en cada discusión, el neoabolicionismo lee la prostitución como una encarnación de la desigualdad de género y una forma de violencia contra las mujeres. También vincula la prostitución contemporánea con el imaginario de la trata sexual que se fundamenta en un tosco binario. Este binario niega la posibilidad de consentimiento o autonomía a las que venden sexo y presenta al tratante o al comprador de sexo como siempre hombre, poderoso y criminal. Esta lectura legitima las respuestas estatales al comercio sexual punitivas y procesales, con la ira del Estado (y de las feministas) ostensiblemente dirigida a los hombres pero, más a menudo, creando situaciones cada vez más complicadas para quienes venden sexo. Como tales neoabolicionistas son ejemplos arquetípicos de feministas carcelarias (Bernstein 2010), aliándose con los Estados para criminalizar a aquellos a quienes ven como los autores de la desigualdad. Sin embargo, al hacer estas alianzas con los Estados, terminan por sumarse a políticas a) diseñadas para promover enfoques neoliberales a los problemas sociales y b) promotoras de la exclusión de los trabajadores inmigrantes.

El capítulo británico de Scoular y Carline ofrece un ejemplo de la primera de estas tendencias. Aunque no es un régimen totalmente neoabolicionista, la regulación de la prostitución en Inglaterra y Gales se está moviendo en esta dirección con medidas cada vez más punitivas contra compradores masculinos. Estas políticas son paralelas a las medidas neoliberales de responsabilidad dirigidas a las mujeres que venden sexo, con la esperanza de que se autorreformen. Sin embargo, como hemos señalado al principio, la complejidad de cada caso significa que otras formas de feminismo también pueden encontrarse compinchadas con las políticas estatales de bienestar bajo condiciones de neoliberalismo generalizado, como ilustra la larga tradición del feminismo de Estado en Suecia.

Casi todos los capítulos incluyen una enseñanza de las maneras en que el neoabolicionismo feminista juega en la segunda de estas tendencias. Sobre todo tras el entrelazamiento del pensamiento sobre la prostitución con suposiciones sobre la trata sexual transnacional, las políticas neoabolicionistas pueden terminar implicadas en la justificación de un enfoque carcelario de la política fronteriza. Esto es muy claro, por ejemplo, en el capítulo de O’Brien sobre Australia que demuestra cómo los discursos de la criminalidad y la ilegalidad de la inmigración, ejemplificados por la trata, alinean las aspiraciones neoabolicionistas con la legitimación de las políticas migratorias de exclusión. Swanstrom sugiere que el uso de la prohibición de compra de sexo para desarrollar la política de inmigración y trata no era el objetivo de sus defensoras feministas, preocupadas por sus ideales de igualdad de género. Sin embargo, Halley (2006) sugiere que la determinación de las “feministas de gobernanza” de “recorrer los pasillos del poder” y abogar por los enfoques carcelarios tiene consecuencias problemáticas que deberían haber previsto. De nuevo, sin embargo, es importante reconocer que otras influencias dentro del feminismo también pueden enfocarse como colaboradoras (intencionalmente o no) con la política de control migratorio. El capítulo de Heumann y otros sobre los Países Bajos revela que el ímpetu político para la legalización de la prostitución procedía de la intención de separar a las trabajadoras locales legales de las extranjeras irregulares en lugar de un compromiso purista con los derechos de las trabajadoras sexuales. Irónicamente, el enfoque sueco de “imagen en espejo” también puede producir una jerarquía de víctimas del comercio sexual, dividiendo a las víctimas “nativas” de las trabajadoras sexuales “extranjeras” (Skilbrei y Holmstrom, 2013).

Por lo tanto, el libro muestra cómo el feminismo radical, revitalizado como activismo neoabolicionista, ha llevado al feminismo y a muchas organizaciones y movimientos de mujeres a una conexión preocupante con las agendas estatales y neoliberales. Además, las consecuencias negativas del neoabolicionismo para las mujeres que venden sexo y para las mujeres lnmigrantes en el mundo contradictorio de la globalización neoliberal parecen claras.

 

Conclusión

Las historias contadas en este libro tratan por tanto de los movimientos y alianzas de muchas ideas grandes e instituciones poderosas. Tratan del movimiento de una idea feminista radical en el seno de los aparatos de justicia penal del Estado. Tratan de los cambios profundos que se han producido en el comercio sexual provocados por la innovación tecnológica y los desafíos que ello implica tanto a la policía como a nuestras opiniones de justicia, derechos, moralidad, inclusión y exclusión. Tratan de la toma de posición estatal ante la inmigración y las desigualdades globales. Tratan de la tensa relación entre la evidencia y la formulación de políticas en un ámbito político que se ve afectado por la producción de conocimiento. También son historias sobre cómo algunos Estados (Suecia y los Estados Unidos) utilizan ciertas ideas para sus propios propósitos de Estado en las relaciones internacionales. Sin embargo, a lo largo de todo este libro y en las preocupaciones de los autores, no se encuentra el imaginario sino la realidad de la trabajadora sexual y en particular de la trabajadora sexual inmigrante. Nuestro enfoque en lo político, lo ideológico y lo institucional en el libro, necesariamente miró más allá de esta realidad y abarcó las narrativas más sociológicas y personales necesarias para explorar este campo. Sin embargo, queremos concluir reuniendo de nuevo todos estos ámbitos, desde el cuestionamiento del poder estatal, el feminismo de gobernanza y las ideas sobre el neoliberalismo hasta la realidad cotidiana de las trabajadoras sexuales. Dada la agenda liberal e inclusiva del feminismo, su rechazo de las políticas de dominación y su valoración de la subjetividad, es más preocupante que la “lógica primaria” del feminismo radical (Sandbeck 2012) dentro del neoabolicionismo sea una agenda de orden público, de mecanismos de justicia penal, encarcelamientos, actuación estatal prioritaria y avance de la política neoliberal. El feminismo radical ha permitido al poder del Estado reducir a un estereotipo, cosificar y victimizar los cuerpos de las trabajadoras sexuales inmigrantes y de todas las trabajadoras sexuales.

Referencias

Acharya, A. (2004) ‘How Ideas Spread: Whose Norms Matte?? Norm Localization and Institutional Change in Asian Regionalism’, International Organization, 58(2): 239-275.

Bernstein, E. (2010) ‘Militarized Humanitarianism Meets Cameral Feminism: The Politics of Sex, Rights and Freedom in Contemporary Anti-trafficking campaigns’, Signs, 36(1): 45-71.

Feingold, D. (2010) ‘Trafficking in Numbers: the Social Construction of Human Trafficking Data’ in P. Andreas and K. Greenhill (eds) Sex, Drugs, and Body Counts: The Politics of Numbers in Global Crime and Conflict. New York Cornell University Press, pp. 46-74.

Halley, J. (2006) Split Decisions: How and Why to Take a Break from Ferninian. Princeton, NJ and Oxford: Princeton University Press.

Sandbeck, S. (2012) ‘Towards an Understanding of Carceral Feminism as Neo-liberal Biopower’ unpublished paper delivered at the annual conference of the Canadian Political Science Association, University of Alberta, Canada.

Skfibrei, M. L. and Holmstrom, C. (2013) Prostitution Policy in the Nordic Region: Ambiguous Sympathies Farnham and Burlington, VA: Ashgate.

Vance, C. (2011) ‘States of Contradiction: Twelve Ways to Do Nothing About Trafficking while Pretending to’, Social Research, 78(3): 933-948.

Resistencia al estigma del trabajo sexual

 

Ronald Weitzer

Universidad George Washington, EE.UU.

Enero de 2017

 

https://www.academia.edu/31011252/Resistance_to_Sex_Work_Stigma_2017_?auto=download

 

Resumen

El estigma es omnipresente en el trabajo sexual y está bien documentado en estudios de trabajadoras sexuales. Pero rara vez los estudiosos han examinado la cuestión vital de si el estigma puede reducirse o eliminarse de cualquier tipo de trabajo sexual (stripping comercial, pornografía, prostitución, etc.). Después de una breve revisión de los temas relacionados con el estigma, este comentario propone un conjunto de condiciones previas para la reducción y, en última instancia, la eliminación del estigma del trabajo sexual.

 

 

El estigma es uno de los problemas más importantes en el trabajo sexual. Es omnipresente en el comercio sexual, aunque su contenido e intensidad varían un tanto por género, por sector ocupacional y por contexto nacional. Las investigaciones sobre las profesionales del sexo, sus directivos y sus clientes ofrecen abundantes pruebas de las consecuencias nocivas de la estigmatización.

 

El estigma se ha descrito como una imputación de estatus inferior a aquellos que tienen un rasgo desacreditador visible (por ejemplo, discapacidad física) o algún defecto moral percibido. Erving Goffman define el estigma como “un atributo que es profundamente desacreditador”, pero lo que es clave no es el atributo en sí: el estigma es producto de una relación entre al menos dos actores, no algo inherente a un tipo de comportamiento o condición física (Goffman, 1963: 3). Se aplica a categorías enteras de personas (por ejemplo, homosexuales, traficantes de drogas), así como a individuos específicos. Se manifiesta en las encuestas de opinión pública, las representaciones de los medios de comunicación, el discurso político, los encuentros cara a cara y las maneras en que los individuos internalizan los estereotipos, ocultan su identidad estigmatizada y llevan vidas dobles.

 

 

El libro de referencia de Goffman, Stigma (1963), ofrece un análisis convincente de las dimensiones clave del estigma. Pero el libro tiene una sorprendente deficiencia: no dice casi nada sobre la posibilidad de resistencia (por individuos o colectividades) ni considera si el estigma puede ser reducido o eliminado con el tiempo. Estas lagunas se reflejaban en las formulaciones originales de la teoría del etiquetado, que ignoraban la posibilidad de desafío por parte de los individuos que eran etiquetados como desviados, lo que John Kitsuse (1980) llamó posteriormente “desviación terciaria” y Edwin Schur (1980) examinó a nivel de grupo en su discusión de los “movimientos de liberación de la desviación”. Goffman y los fundadores de la teoría del etiquetado parecen haber asumido que una vez que un individuo o categoría de personas había sido estigmatizado, es internalizado por ellos y es básicamente permanente. La pegajosidad es quizá una función del período de tiempo en el que escribieron Goffman y los teóricos del etiquetado temprano (1951-1963) en la medida en que veían pocos ejemplos en ese momento de resistencia por parte de personas estigmatizadas o una política de identidad más amplia.

 

En lugar de desafío, Goffman se centra en las formas en que los individuos manejan el estigma: ocultándolo de los demás (“pasar” por normal); revelándolo selectivamente a algunas personas (“cobertura”); aislándose dentro de un grupo de otros igualmente estigmatizados; retener información biográfica sobre sí mismos; o de otra manera hacer frente a lo que él llamó una “identidad estropeada.” Los individuos estigmatizados se presentan como resignados a su estado devaluado, y su agencia consiste en limitar creativamente la exposición. Otro rasgo llamativo del libro de Goffman es el descuido de los orígenes y funciones del estigma hacia categorías particulares de personas -por ejemplo, las formas en que la estigmatización refuerza las normas convencionales y promueve intereses dominantes legitimando las jerarquías de poder establecidas (Link y Phelan, 2001; , 1980). El examen de las causas estructurales del estigma podría haber llevado a Goffman a explorar los corolarios de cómo el estigma puede reducirse. En vez de eso, nos quedamos con un análisis bastante estático, en el que los individuos internalizan las atribuciones desacreditantes de otros y hacen frente a ellos en la vida cotidiana.

 

Dos reseñas bibliográficas destacadas mencionan la cuestión del cambio, pero sólo de pasada y con escepticismo con respecto al potencial de erosión del estigma (Link y Phelan, 2001; Pescosolido y Martin, 2015). Y los pocos estudios que han examinado la resistencia se limitan en gran medida al nivel psicológico individual (por ejemplo Thoits, 2011) e ignoran la cuestión más amplia de cómo el estigma puede reducirse o eliminarse frente a una categoría entera de personas (excepciones incluyen a Anspach, 1979, De Young, 1988, Estro y otros, 2004, Schur, 1980). Un libro reciente discute programas diseñados para reducir el estigma hacia los enfermos mentales, incluyendo la iniciativa de la Asociación Mundial de Psiquiatría de 1996, Open the Doors Global Program para combatir el estigma debido a la esquizofrenia y campañas nacionales similares (Stuart et al., 2012). Dichos programas buscan difundir conocimientos, disminuir los prejuicios y poner fin a la discriminación contra quienes padecen una enfermedad mental. Estos programas han sido dirigidos menos al público en general que a grupos específicos como jóvenes, periodistas , policías, funcionarios de salud y encargados de formular políticas. Estos programas parecen haber tenido cierto éxito en la reducción de los estereotipos entre los grupos objetivo.

 

 

Estigma en el comercio sexual

 

El campo del trabajo sexual refleja la literatura académica más amplia en la que el propio estigma rara vez se problematiza. Una vez más, el defecto es tratarlo como una constante inmutable, no una variable, y asumir que es utópico imaginar su erosión. El estigma es universal en el ámbito del trabajo sexual: está bien documentado en la investigación sobre pornografía, prostitución y stripping comercial como un obstáculo que las trabajadoras sexuales y sus asociados enfrentan regularmente. Varía en intensidad, siendo generalmente más severo en prostitución (especialmente prostitución de calle) que en stripping comercial y pornografía. Varía un poco según la sociedad, y algunas naciones adoptan un enfoque más tolerante que otras, aunque el estigma sigue siendo un riesgo ocupacional para las trabajadoras sexuales en todas las naciones (Abel y Fitzgerald, 2010; Weitzer, 2012). Es más fácil para las trabajadoras sexuales inmigrantes protegerse del tipo de estigma que más les preocupa – el descubrimiento por familiares y amigos en su país de origen – que para las trabajadoras domésticas que viven con la amenaza diaria de detección de personas que conocen ( Scambler, 2007). Pero la nube negra del estigma afecta también a las trabajadoras sexuales migrantes. Y persiste incluso después de que una persona deje de vender sexo (por ejemplo, Sallmann, 2010). Su omnipresencia es evidente en las formas en que las trabajadoras sexuales llevan su vida laboral y personal: típicamente ocultan el tipo de trabajo que hacen de sus familias, conocidos, vecinos e incluso algunos amigos; niegan que están involucrados en el comercio sexual cuando se les pregunta; usan seudónimos en el trabajo y fabrican biografías personales; y llevan vidas dobles de otras maneras (Abel y Fitzgerald, 2010, Koken, 2012, Koken et al., Morrison y Whitehead, 2005, Sanders, 2005). Algunos analistas pueden considerar estas técnicas como una resistencia implícita (Sallmann, 2010), pero sigo argumentando que es mejor considerarlas como una forma de gestión del estigma y no una lucha contra el mismo. Las pocas prostitutas excepcionales que han “salido” en público sólo ilustran que las estrategias predominantes de afrontamiento son las de pasar por normales o hacer una revelación muy selectiva a los personas de confianza.2

 

También se estigmatizan los asociados de las trabajadoras sexuales: sus parejas, clientes y terceros que los ayudan o administran (por ejemplo, Birch 2015, Hammond, 2015). Los dueños de los burdeles, los directores de clubes de striptease, los distribuidores porno y otros terceros son a menudo reacios a revelar la naturaleza de su ocupación a extraños. Las personas que participan en empresas ilegales se ven obligadas a operar en el mercado negro o a ocultar la fuente de sus ingresos en la apertura de cuentas bancarias, de las autoridades fiscales y en otros negocios convencionales. Pero incluso los propietarios legales, gerentes y otros terceros se enfrentan rutinariamente con el estigma (Weitzer, 2012). Por último, sabemos que algunos investigadores que estudian el trabajo sexual han sido estigmatizados, sometidos a comentarios despectivos y a denuncias infundadas, marginados por los colegas, han sufrido altercados en reuniones profesionales y un nivel excepcional de escrutinio por parte de juntas de revisión institucionales que ha veces ha desembocado en negación de permiso para realizar investigaciones sobre la base de presunciones infundadas sobre el estudio propuesto (Dewey y Zheng, 2013, Hammond y Kingston, 2014, Siegel y de Wildt, 2015).

 

Mientras que esta literatura documenta la existencia del estigma en todo el campo del trabajo sexual, refleja a Goffman centrándose casi enteramente en cómo los individuos manejan sus identidades contaminadas, en lugar de preguntarse si algunos de ellos resisten activamente a las expresiones del prejuicio y la discriminación directa en encuentros cara a cara o colectivamente como miembros de organizaciones que buscan cambiar actitudes populares y políticas públicas. Existe una literatura de investigación sobre las organizaciones de derechos de las trabajadoras del sexo en diferentes países, que documenta las luchas a nivel de grupo por la normalización. Estas organizaciones se discuten más adelante en el artículo.

 

 

Reducción del estigma

 

La desestigmatización es un asunto tanto académico como político. Políticamente, podemos identificar un conjunto de estrategias prácticas para combatir el estigma, basadas en la táctica de los movimientos de liberación de desviación (Schur, 1980). Académicamente, podemos identificar un conjunto de condiciones previas para reducir y, en última instancia, eliminar el estigma de una categoría de personas. Link y Phelan (2001) señalan que ese cambio requiere un enfoque multifacético, pero no dicen nada acerca de en qué consisten estos cambios. A nivel individual, la resistencia por parte de una trabajadora sexual puede tomar las siguientes formas: anunciar que tenía plena autonomía al entrar en el trabajo sexual; estar actualmente en control de sus condiciones de trabajo e interacciones con los clientes; definir el trabajo como una profesión de servicio como cualquier otra o como una forma de apoyo o terapia para los clientes; negar el daño; condenar a los estigmatizadores; o distinguir su nivel (por ejemplo, escort ) de lo que consideran formas deshonestas de trabajo sexual (por ejemplo, la prostitución callejera). La evidencia de cada una de estas prácticas está esparcida por toda la literatura sobre el trabajo sexual, pero, de nuevo, estos esfuerzos tienden a limitarse al nivel psicológico o individual (por ejemplo, Koken et al., 2004; Morrison y Whitehead, 2005; Y Harred, 1992). Los actos aislados de resistencia de los individuos pueden tener poco o ningún impacto en la sociedad en general y también pueden ser peligrosos para los resistentes si sus acciones provocan ataques de otros.

 

En el plano social, el filósofo Lars Ericsson (1980: 362, 366) escribe que reducir el estigma requiere permitir que la prostitución funcione en un clima social libre de prejuicios emocionales … Para mejorar la prostitución debemos mejorar nuestras actitudes hacia ella . Su argumento es algo limitado -desatendiendo la cuestión crucial de cómo mejorar las actitudes de la sociedad- pero sí resalta un requisito central para la normalización. El cambio de actitud fundamental y generalizado es una condición necesaria, pero no suficiente, para la desestigmatización. A continuación, esbozo algunas condiciones previas adicionales para reducir el estigma.

 

 

Lenguaje neutro

 

Los nombres derogatorios deben ser borrados del discurso público y privado para la normalización de cualquier condición o comportamiento estigmatizados. Como Michel Foucault observó, las relaciones de poder están embebidas en el lenguaje, con grupos dominantes típicamente dedicados a “nombrar y avergonzar” a los subordinados. Palabras como prostituta, puta y putero deben ser reemplazadas por trabajadora y cliente. Cabe señalar que los grupos desacreditados a veces expropian términos peyorativos: pueden llamarse a sí mismos «putas» o «puteros» a efectos de obtener un valor de choque y reclamar e invertir los identificadores negativos. Ejemplos de ello son la Convención Mundial de Putas de 1985 en Bruselas; los eventos de baile de Hookers Ball que COYOTE patrocinó en San Francisco en la década de 1970; las revistas Whorezine y Johnzine publicadas por profesionales del sexo estadounidenses en los años noventa; y la defensa de los clientes de Chester Brown (2013) en su libro Paying For It: Una crónica en cómic sobre cómo ser un putero. Se puede argumentar que aquellos que participan en el comercio sexual deben ser libres para llamarse a sí mismos lo que quieran. Pero para reducir el estigma, otros deben dejar de usar términos despectivos debido a la relación de poder asimétrica que su uso reproduce con el tiempo.

 

 

Los medios de comunicación

 

En su mayor parte, hay un sesgo de negatividad en las representaciones que hacen los medios de comunicación de masas del trabajo sexual. Los medios de comunicación ponen de relieve los peores casos de abuso, confunden la prostitución con el tráfico humano y rara vez ofrecen una imagen positiva (o incluso neutral) de las profesionales del sexo y sus clientes. Los noticiarios de televisión, los periódicos y las noticias en línea suelen centrarse en la victimización, los daños, la prostitución callejera, la trata, las detenciones o las redadas en los “círculos” de la prostitución o los negocios relacionados con la misma (Farvid y Glass, 2014, Van Brunschot Et al., 2000). Los informes de prensa y los artículos de revistas raramente ofrecen un panorama contrastante, aunque algunos medios destacados lo han hecho en ocasiones (por ejemplo, Economist, 2014; Goldberg, 2014). La mayoría de los documentales también destacan la explotación económica y la victimización física, representada con la ayuda de imágenes extremadamente emotivas. Y las mismas representaciones sesgadas penetran los medios de entretenimiento. Algunos largometrajes y programas de televisión romantizan el trabajo sexual, pero éstas son excepciones en el cuadro dominante de presentación como cuentos de advertencia sórdidos (Campbell, 2006). La estigmatización requiere una representación más equilibrada de lo que se suele describir en los medios de comunicación. Por ejemplo, los documentales sobre la prostitución pueden representar una serie de escenarios, escalas y experiencias de las trabajadoras, en lugar de concentrarse exclusivamente en un solo tipo, por lo general presentado despectivamente. Al examinar arreglos radicalmente diferentes en varios países, los documentales Red-Light Districts del canal A & E (1997) y el documental de la National Geographic Television Prostitution (2010) resaltan la variación transcultural, lo que puede ayudar a reducir las generalizaciones estigmatizantes. El documental de CNBC Dirty Money: The Business of High End Prostitution (2008) y National Geographic American Escort Girls (2014) también contienen representaciones positivas de las personas que trabajan en el sector de las escorts. Y la serie de televisión Showtime e ITV2, Diario Secreto de una Escort, incluye aspectos eróticos y rutinarios de una escort, además de encuentros con una variedad de clientes, lo que también puede tener algún efecto normalizador sobre la percepción de la audiencia del sector de escorts. Los medios de comunicación de masas también pueden usarse como un vehículo para la educación pública, incluyendo Anuncios de Servicio Público o anuncios pagados en televisión basados en evidencia. Un ejemplo de esto último son los anuncios colocados en los medios canadienses por el grupo de abogacía, Stepping Stone, en 2011 (Griner, 2011). Y el Proyecto Paraguas Rojo ha llevado a cabo sesiones de capacitación para que profesionales del sexo defiendan mejor sus derechos cuando se relacionen con los medios combatiendo las caricaturas estereotipadas.

 

 

Despenalización

 

La experiencia del movimiento por los derechos de los homosexuales muestra que la derogación de leyes discriminatorias es de vital importancia pero no es suficiente para la normalización. Esto se aplica también al trabajo sexual. En los lugares donde el estriptis comercial, la producción de pornografía y la prostitución son legales y regulados por el Estado, el estigma persiste, aunque sea en forma diluida. Las encuestas de Gallup muestran que sólo el 29% de los británicos (en 2008) y el 31% de los estadounidenses (en 2013) piensan que ver pornografía es “moralmente aceptable” (Gallup, 2015). El estado de Nevada legalizó los prostíbulos rurales en 1971, pero tres décadas más tarde, sólo una ligera mayoría de los nevadenses (52%) apoyó la conservación de este sistema y sólo el 35% respaldó la idea de permitir que los burdeles legales operaran en la ciudad de Las Vegas (donde son ilegales bajo la ley estatal (citado en Weitzer, 2012: 51)). El estigma persiste también en las naciones que más recientemente han despenalizado la prostitución (por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, Alemania y los Países Bajos), aunque puede estar un poco acallada en esos lugares en comparación con las naciones donde la penalización reina. 4 En el área del trabajo sexual debemos esperar un retardo en el cambio cultural después de la reforma legal: puede llevar un tiempo considerable que las normas sociales se ajusten a las normas legales. La despenalización es una condición necesaria, pero no suficiente, para la desestigmatización.

 

 

Movilización de la industria

 

Los propietarios y gerentes de negocios eróticos pueden desempeñar un papel importante en el apoyo a la desestigmatización y la presión por los derechos. La industria de la pornografía en los Estados Unidos, por ejemplo, tiene sus propias organizaciones de apoyo y red de apoyo legal (Voss, 2015). Los propietarios de burdeles legales y agencias de escorts en algunos países también tienen organizaciones que abogan no sólo por sus propios intereses sino también por las trabajadoras sexuales en la medida en que sus intereses se superponen (Weitzer, 2012). Una advertencia importante es que algunos de los intereses de los dueños de negocios pueden entrar en conflicto con los de las trabajadoras sexuales. Los primeros persiguen naturalmente sus intereses económicos, que pueden entrar en conflicto con los de las trabajadoras sexuales. Pueden encontrarse alineados en algunas cuestiones, como combatir lo que consideran regulaciones injustificadas, pero pueden ser oponentes en otras cuestiones, como la de si los propietarios deben ser obligados a proporcionar beneficios de seguridad social a las trabajadoras. Sin embargo, la búsqueda de la desestigmatización se hará en la medida en que los propietarios de empresas eróticas abogan por la normalización de la industria y en la medida en que las élites de la industria (por ejemplo, Hugh Hefner y Larry Flynt) apoyen públicamente los derechos de las trabajadoras sexuales y aporten recursos para acabar con la discriminación legal y social.

 

 

Activismo de las trabajadoras sexuales

 

El cambio de política puede ser un proceso de arriba hacia abajo, orquestado por el Estado. Algunos legisladores han iniciado proyectos de despenalización con poca presión de las beneficiarias (por ejemplo, en Nevada, República Checa, Australia Occidental). Pero el cambio legal también ha sido catalizado desde abajo – por individuos y organizaciones. Para tener éxito, la investigación muestra que los grupos de derechos de las trabajadoras del sexo requieren:

 

  • Líderes inteligentes o carismáticos que sean capaces de soportar contraataques;
  • Recursos suficientes (material, personal);
  • Conexiones con organizaciones de medios de comunicación;
  • Alianzas con otras organizaciones y movimientos sociales; y
  • Apoyo generalizado de los beneficiarios (profesionales del sexo, clientes, empresarios).

 

Las organizaciones de trabajadoras del sexo en algunos países han disfrutado de uno o dos de estos factores (por ejemplo, una líder carismática), pero no todas ellas. Tales organizaciones tienden a estar muy poco financiadas, carecen de un liderazgo fuerte, reclutan a pocas trabajadoras sexuales como miembros, son marginadas por aliados potenciales (organizaciones de mujeres, sindicatos) y tienen pocas conexiones con los principales medios de comunicación (Gall, 2010; Majic, 2014, Mathieu, 2003, Oselin y Weitzer, 2013, Weitzer, 1991, West, 2000). Las trabajadoras sexuales carecen de solidaridad a través de la jerarquía del trabajo sexual; muchas ven su trabajo como temporal, no están inclinadas al activismo; y la mayoría percibe poca ventaja en la sindicalización, especialmente si son autónomas (Gall, 2010; van der Poel, 1992).

 

Hay excepciones importantes. El Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelandia, por ejemplo, desempeñó un papel instrumental en el proceso que condujo a la despenalización parlamentaria en 2003 y continúa influyendo en la política a través de su asiento permanente en el Comité de Revisión de la Prostitución del país que revisa periódicamente políticas y prácticas relacionadas con la prostitución . Respecto a los aliados, en 1973 la principal organización de derechos de las mujeres de Estados Unidos -la Organización Nacional de Mujeres- aprobó una larga resolución de despenalización declarando que NOW “se opone a las leyes prohibitivas continuas con respecto a la prostitución, creyendo que son punitivas” y por tanto apoya la derogación de todas las leyes relacionadas con el acto de prostitución “(NOW, 1973). Tal apoyo de una organización influyente dominante hizo poco para avanzar en la búsqueda de los derechos de las trabajadoras del sexo en los Estados Unidos (ahora no participan en ningún esfuerzo de reforma posterior), pero este tipo de apoyo, sin embargo, puede ser considerado vital para la desestigmatización. Amnistía Internacional, la Organización Mundial de la Salud, la Unión Americana de Libertades Civiles y la Comisión Mundial de las Naciones Unidas sobre el VIH y la Ley han defendido la despenalización, lo que bien divulgado puede ayudar a desafiar el estigma asociado con el trabajo sexual. En mayo de 2016, Amnistía Internacional apoyó formalmente la despenalización como una forma de reducir la victimización y la marginación de las trabajadoras sexuales. La decisión fue ampliamente divulgada y se considera como una gran victoria para la comunidad de trabajadoras del sexo (Amnistía Internacional, 2016).

 

Algunas acciones recientes ilustran las maneras en que las trabajadoras sexuales han intentado desestigmatizar el trabajo sexual, junto con otras metas. En 2001, una organización de San Francisco que proporciona atención médica a las trabajadoras sexuales (la St James Infirmary) publicó anuncios en autobuses urbanos que incluían fotos de profesionales del sexo y citas destinadas a desafiar los estereotipos: “los derechos de las trabajadoras sexuales son derechos humanos” “El trabajo sexual es un trabajo real” y “alguien que usted conoce es una trabajadora sexual” (Schreiber, 2015: 256). En septiembre de 2015 la organización escocesa de trabajadoras del sexo Scot-Pep lanzó una propuesta (con el miembro del Parlamento escocés Jean Urquhart) de una legislación que despenalizaría la prostitución, siguiendo el modelo de Nueva Zelanda. La Ley de Reforma de la ley de Prostitución de Escocia cuestiona la posición actual del Gobierno de Escocia de que el trabajo sexual equivale a la “explotación sexual comercial” y busca derogar las leyes contra la solicitud, el rastreo de clientes y el mantenimiento de burdeles. El proyecto de ley permitiría que más de una trabajadora sexual trabajara en las mismas instalaciones (la ley actual restringe esto a una trabajadora) y aumentaría las penas contra quienes coaccionan a las trabajadoras sexuales. En noviembre de 2015, el Colectivo Inglés de Prostitutas, junto con defensores de los derechos de las trabajadoras del sexo de otras naciones, testificó en un simposio especial sobre la despenalización en la Cámara de los Comunes británica.

 

Las demandas que cuestionan la constitucionalidad de las leyes de prostitución son otra estrategia que siguen los activistas de las trabajadoras sexuales. Un caso judicial importante de esta naturaleza tuvo éxito en Canadá en 2013, cuando la Corte Suprema dictaminó inconstitucionales las tres leyes de prostitución de la nación.5 En los Estados Unidos se presentó recientemente un recurso legal similar, que desafiaba las leyes de prostitución de California. En la medida en que el público es consciente de estos esfuerzos legislativos y judiciales, al ser cubiertos por los medios de comunicación, las iniciativas pueden tener algún efecto en el desafío de los conceptos erróneos populares sobre el trabajo sexual. Otros acontecimientos recientes mueven la política en una dirección más represiva. La legislación del Parlamento francés es un ejemplo, con la Asamblea y el Senado proponiendo diferentes proyectos de ley en 2013 y 2015: uno implementaría el sistema sueco de criminalización del cliente mientras que el otro lo rechazaría y mejoraría las penas contra las prostitutas que solicitaban en las calles. El proyecto de ley de criminalización de los clientes, aprobado en abril de 2016, fue rechazado por una variedad de organizaciones y más de 70 celebridades francesas, y la gran mayoría del público francés se opone a la criminalización de los clientes.6 Cientos de profesionales del sexo organizaron una protesta en las calles de París y una activista (Franceline Lepany) declaró: “Este proyecto de ley trata de estigmatizar aún más a las prostitutas” .7 Las activistas de las trabajadoras sexuales también han sido activas en la oposición a proyectos de penalización de clientes en Canadá en 2014, el Parlamento Europeo en 2014, e Irlanda del Norte en 2015. Todas las medidas fueron aprobadas a pesar de la oposición vocal de los críticos. Pero su impacto en el estigma del trabajo sexual puede ser mixto, ya que todas y cada una de las iniciativas provocaron la oposición de las trabajadoras sexuales y sus partidarios – resistencia que puede ayudar a iluminar al público y generar un mayor apoyo a las demandas de las trabajadoras sexuales.

 

 

La comunidad académica

 

La comunidad académica puede desempeñar un papel importante en la desestigmatización del comportamiento no convencional. En 1973, la Asociación Americana de Psiquiatría eliminó la homosexualidad de su compendio de enfermedades mentales (el Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales) y la Organización Mundial de la Salud siguió su ejemplo en 1990. Asociaciones profesionales y académicas pueden ayudar a reducir el estigma aprobando resoluciones en apoyo a grupos marginados o patrocinando directamente campañas contra el estigma, como lo han hecho varias organizaciones de salud mental. Este tipo de intervención es poco frecuente en el ámbito del trabajo sexual, pero hay al menos un ejemplo destacado: En octubre de 2011 la junta directiva de la Sociedad para el Estudio de Problemas Sociales aprobó una resolución declarando su apoyo formal a: ) La legislación bipartidista para despenalizar la prostitución, 2) la información al público sobre los costos de emplear a la policía para controlar a las trabajadoras del sexo, y 3) la normalización de esta ocupación.8 Otras asociaciones académicas y profesionales podrían aprobar resoluciones similares, que pueden ser ampliamente publicadas después. Los eruditos pueden intervenir de otras maneras, tales como escribir columnas para fuentes de noticias, aparecer en programas de entrevistas, y publicar los resultados de la investigación que demontan las falacias predominantes. Esto sucede en cierta medida ahora – p.ej., los académicos participaron en el simposio parlamentario británico mencionado anteriormente – pero una implicación más robusta del experto ofrecería un correctivo basado en la evidencia a las políticas basadas en mitos con respecto al trabajo del sexo.

 

 

Conclusión

 

Esta lista de condiciones previas no es exhaustiva, pero sí cubre las principales áreas en las que se necesita un cambio. Como se mencionó anteriormente, el estigma es frecuentemente mencionado por académicos y activistas en el campo del trabajo sexual, pero típicamente no se problematiza como una variable sujeta a cambio. Este Comentario pretende catalizar análisis más directos de las condiciones para reducir el estigma para todos los participantes en el comercio sexual.

 

Es importante señalar que cualquier esfuerzo de normalización tendrá la oposición de las instituciones establecidas si el contexto jurídico nacional es uno en el que la prostitución está penalizada, el ordenamiento jurídico en sí mismo agrava la estigmatización y las autoridades tienen interés por considerar el trabajo sexual como una desviación. Además de esto, sabemos que las principales instituciones sociales y muchos grupos de interés poderosos y bien organizados están empeñados no sólo en bloquear la normalización del sexo comercial, sino también en perpetuar e intensificar la estigmatización. El movimiento contra la prostitución es fuerte y está creciendo en la mayoría de las partes del mundo, reforzado por su exitosa equiparación de prostitución y trata (Weitzer, 2007). Y hay también un creciente movimiento anti-pornografía que ha logrado imponer nuevas restricciones sobre material y espectáculos eróticos en algunas naciones (Gran Bretaña, Islandia, India) (Attwood y Smith, 2010; Burke, 2015; Helgado’ttir, 2014 ). Pero como el estigma no es inherente a ningún tipo de comportamiento y es en cambio una construcción social, puede ser contrarrestado y desconstruido. Y esa desestigmatización puede tener consecuencias importantes para otros aspectos del trabajo sexual: si se permite a la prostitución “funcionar en un clima social libre de prejuicios emocionales” (Ericsson, 1980: 362), entonces resulta “imaginable que la prostitución pueda ser practicada siempre, como ocasionalmente es incluso ahora, en circunstancias de relativa seguridad, libertad, higiene y control personal “(Overall, 1992: 716). Este ensayo ha esbozado algunas condiciones previas para una normalización más amplia.

 

 

Agradecimientos

 

Una versión de este artículo fue presentada en la conferencia COST Action IS1209, “Troubling Prostitution: Exploring Intersections of Sex, Intimacy and Labour” en Viena, Austria, 18 de abril de 2015. La acción COST se conoce como Comparación de las políticas europeas de prostitución : Entendiendo Escalas y Culturas de Gobierno (Prospol) (www.propol.eu). Agradezco a Susan Dewey, Juline Koken y Sharon Oselin por sus comentarios sobre una versión anterior de este artículo.

 

 

Notas

 

  1. Goffman (1963: 7) escribe: “El individuo estigmatizado tiende a tener las mismas creencias acerca de la identidad que que las que tenemos nosotros; éste es un hecho fundamental “. Él menciona, pero sólo de paso, algunos ejemplos de intentos de los representantes de una categoría estigmatizada para dar voz a sus sentimientos compartidos (Goffman, 1963: 24-27).

 

 

  1. Esto se aplica menos a las personas cuyo trabajo es muy visible, como las estrellas porno y los intérpretes de webcam, que ya están ” fuera del armario” en virtud de sus apariciones en pantalla.

 

 

  1. Después de que 50 académicos firmaran una carta a la legislatura estatal de Rhode Island (Estados Unidos) oponiéndose a una nueva ley de prostitución en 2009 (Associated Press, 2009), dos activistas antiprostitución atacaron los motivos de los académicos, que fueron etiquetados como “radicales sexuales”. “Los radicales sexuales están tomando como objetivo a Rhode Island para su propia agenda libertaria sexual extrema de prevenir cualquier límite legal a cualquier comportamiento sexual “(Brooks y Hughes, 2009: 3). La carta de los académicos, que coescribí con Elizabeth Wood, no contiene nada que pudiera justificar esta conclusión y en cambio se organizó en torno a los principios de reducción de daños y derechos laborales (Carta a los Honorables Miembros de la Legislatura del Estado de Rhode Island, Re: Prostitution Law Reform Bill, 31 de julio de 2009).

 

 

  1. La Encuesta Mundial de Valores documenta actitudes más tolerantes hacia la prostitución en las naciones que han legalizado la prostitución que donde la prostitución es ilegal (ver Weitzer, 2012: 80). Sin embargo, incluso en los países donde la penalización es la norma, la opinión pública puede cambiar con el tiempo: según la Encuesta Mundial de Valores, la perspectiva de que la prostitución “nunca se justifica” ha disminuido sustancialmente en Estados Unidos: de 63% en 1981 a 40 % En 2006: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp (se accede el 25 de mayo de 2015).

 

 

  1. Bedford c. Canadá, ONSC 4264, Tribunal Superior de Justicia de Ontario, 28 de septiembre de 2010. El caso fue oído por un tribunal de apelaciones en 2012 y culminó con una sentencia del Tribunal Supremo en 2013 (Canadá [Fiscal General] v. Bedford, 2013 SCC 72, Tribunal Supremo de Canadá, 20 de diciembre de 2013).

 

 

  1. En cinco encuestas realizadas entre 2011 y 2013, del 70% al 82% de los encuestados franceses desaprobaron la idea de penalizar a los clientes, y una encuesta de 2013 informó que el 74% de los encuestados favoreció la “reapertura de burdeles” en el país (Weitzer, 2015).

 

  1. Esto fue citado en France24.com (se accedió el 3 de junio de 2015).

 

 

 

  1. Resolución 3, Sex Work: disponible en: http://www.sssp1.org/index.cfm/pageid/1516/m/ 392 # R3 (se accede el 20 de mayo de 2015).

 

 

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Ronald Weitzer is a professor of sociology at George Washington University. He has published extensively on sex work, including his books Sex For Sale: Prostitution, Pornography, and the Sex Industry (2000 and 2010) and Legalizing Prostitution: From Illicit Vice to Lawful Business (2012). In 2014 he co-edited a volume on human tra.cking for the Annals of the American Academy of Political and Social Science.

Manuela Carmena, el Papa Francisco y la prostitución

El Vaticano organizó los días 21 y 22 de julio de 2015 un foro sobre el “Cambio climático y nuevas formas de esclavitud moderna”. Sobre ecologismo y prostitución debatieron Manuela Carmena, el Papa Francisco y el alcalde de Nueva York Bill de Blasio.

 

Clara Mallo

 

Madrid | @ClaraMallo

 

Martes 28 de julio de 2015

 

http://www.izquierdadiario.es/spip.php?page=movil-nota-3510&id_article=21121

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La cita estuvo organizada por Academia Pontificia Ciencias Sociales del Vaticano y por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En el foro intervinieron más de 70 participantes entre alcaldes y alcaldesas de todo el mundo como los de Nueva York, París, Bogotá, Buenos Aires, o Madrid y representantes de la ONU.

El objetivo del Papa Francisco es buscar aliados. Así en su discurso se dirigió a los más de 70 participantes con estas palabras: “La Santa Sede o tal país podrán hacer un buen discurso en la ONU, pero si no hay trabajo desde la periferia al centro, no tendrá efecto. Y ahí, en la periferia, es donde está el trabajo de los alcaldes”. Con ello Bergoglio cuenta poder influir en las decisiones de la Cumbre sobre el Clima que la ONU celebrará a finales de año.

Pero no solo el Papa pidió “conciencia ecológica” sino que el otro de los puntos del encuentro fue los “nuevos modos de esclavitud moderna”. Entre los diferentes temas, la prostitución fue uno de los debatidos en este foro vaticano.

Manuela Carmena sobre la prostitución: un tema a evitar

Manuela Carmena intervino en el foro sobre esta cuestión, centrándose en una reflexión sobre los motivos del “consumo de la prostitución”. “Si queremos evitar el terrible crimen de la esclavitud sexual, tenemos que reflexionar con sinceridad sobre las causas”, dijo la recientemente electa alcaldesa de Madrid, a la vez que señaló que “hay que entender la sexualidad desde la cultura de los cuidados“.

En el programa de Ahora Madrid presentado para las elecciones del 24M, la formación encabezada por Carmena propuso un proyecto piloto para el “reconocimiento de los derechos laborales de las trabajadoras del sexo”, un tema en torno al que hay debates “eternos, que nunca concluyen”, según aseguró Carmena en su momento. La propuesta giraba en torno a la voluntad de “buscar algún tipo de estructura de apoyo muy grande para el sector que está en contra de la legalización y otra de ensayo de una cierta legalización y sobre todo de reconocimiento de derechos laborales de protección“, pero parecía no concretar en propuestas.

No obstante, por el momento Manuela y su equipo se han limitado a mantener el “Plan contra la Explotación Sexual” iniciado por la anterior alcaldía del PP en la anterior legislación, ya que como afirmó la portavoz del Ayuntamiento Rita Maestre (dirigente de Podemos), lo consideran “muy interesante”.

El plan impulsado por Botella y avalado por Carmena reza “erradicar la demanda de prostitución y prestar atención a las mujeres que la ejercen ofreciéndoles recursos y alternativas viables para el abandono de la prostitución”. Un plan que fue criticado por algunas asociaciones que trabajan con mujeres en situación de esclavitud sexual y que lo definían como un plan nefasto principalmente porque con él “las prostitutas han sufrido un mayor acoso policial”, como expresó Cristina Garaizabal, cofundadora de Hetaira, un colectivo que trabaja con mujeres en situación de explotación sexual.

La ingenuidad de Carmen y la frivolidad de Bergoglio

El intento de capitulación por parte del Vaticano de la lucha por los Derechos Humanos en el último periodo, ha hecho que algunos vean a esta como una nueva etapa de la Iglesia Católica. Pero el mismo Bergoglio que organiza un encuentro en el que debatir la explotación sexual hacia las mujeres es el autor de declaraciones que arremeten contra derechos básicos de las estas como el aborto, o en contra de la diversidad sexual, alegando que las personas LGTB “no reconocen el orden de la creación”.

En los últimos tiempos el Vaticano ha buscado mostrarse con un nuevo rostro. Para ello ha utilizado una serie de discursos sociales con declaraciones en los distintos foros de gestión capitalista. Sus declaraciones en el Parlamento Europeo sobre la recuperación de los “viejos valores”, la lucha contra el cambio climático en la ONU y las declaraciones en su última visita a algunos estados latinoamericanos donde expresó “ningún poder fáctico o constituido tiene derecho a privar a los países pobres del pleno ejercicio de su soberanía”, son ejemplo de ello.

Todo esto es parte de un discurso que busca lavarle la cara a la Iglesia, fuertemente desprestigiada por los casos de corrupción y abusos a menores que saltaron públicamente en los últimos años. Una Iglesia que durante años fue fiel impulsora de las políticas neo liberales y adoctrinó en base a los pilares de la familia y el patriarcado.

Este nuevo discurso de “buenas intenciones” genera unas falsas expectativas que parece han causado efecto en ciertos líderes de algunas formaciones que se reivindican herederas de los movimientos sociales. Los cuales han visto en el Papa un aliado para sus políticas de mejora social. Primero fue Pablo Iglesias que mostró en varias ocasiones su admiración y voluntad de acercamiento a Bergoglio, y ahora es Manuela Carmena que ve voluntad en las “buenas intenciones” de la Iglesia.

Resulta paradójico (y no menos cínico) que una institución como la Iglesia Católica que desde hace 2000 años niega a las mujeres sus derechos más básicos, como el derecho a decidir sobre la maternidad o sobre la orientación sexual de las personas, discuta sobre la libertad de las mujeres. La discusión sobre esta cuestión en el seno de la Santa Sede solo puede perpetuar y fortalecer la situación de opresión y explotación que sufren millones de mujeres en todo el mundo.

La Iglesia junto con los gestores locales de los negocios capitalistas y la ONU, son instituciones que sostienen el orden mundial capitalista y, como la Iglesia, apoyan las bases del sistema patriarcal que lleva a las mujeres a las peores situaciones humanas posibles como la esclavitud sexual, el feminicidio, y les niega derechos como la educación, la libre sexualidad y el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos.

Ni con un plan redactado por el PP, ni debatiendo con el Papa, puede abrirse camino para discutir sobre la cuestión de la explotación sexual. Solo un debate amplio independiente del Estado y de los intereses de la Iglesia podrá avanzar en temas como el de la esclavitud sexual y llevar a cabo medidas para comenzar a acabar con ello.

Pero terminar definitivamente con la opresión de género no será posible sin un movimiento fuerte de trabajadoras, jóvenes, estudiantes, precarias, inmigrantes, LGTBI, que, junto al conjunto de la clase obrera, entierre definitivamente al sistema capitalista que la sostiene.

 

Alerta: ¡penalización = sida!

 

Comunicado de prensa del Collectif Droits & Prostitution

 

1 de diciembre de 2016

http://droitsetprostitution.fr/1/index.php/actualite-mobilisation/42-alerte-penalisation-sida

 

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Con ocasión del 1º de diciembre, Día mundial de lucha contra el sida, el colectivo Droits & Prostitution interpela de nuevo a las asociaciones, instituciones, autoridades públicas y políticos a propósito de la situación sanitaria de las trabajadoras del sexo.

Desde que se aprobó la ley antiprostitución del 16 de abril de 2016, constatamos un aumento de la precarización, de los desplazamientos inducidos por la penalización, un poder creciente de los clientes en detrimento de las trabajadoras del sexo en la negociación de las prácticas, de la utilización del preservativo y de las tarifas. Según los testimonios que recogemos, hay un menor uso del preservativo y un aumento de los casos de violencia. Todas estas situaciones son reconocidas como factores de vulnerabilidad en el último informe de la Alta Autoridad de la Salud [1] así como en el conjunto de la literatura científica [2] que trata de la epidemiología del VIH/sida en lo que concierne a las trabajadoras del sexo. Por tanto, tememos un próximo aumento de las ETS y de los embarazos no deseados.

Constatamos igualmente que la mayor movilidad de las trabajadoras del sexo, en adelante necesaria para mantener su nivel de ingresos, lleva a un seguimiento médico menos bueno de las seropositivas o de las compañeras que toman un tratamiento profiláctico PrEP. Observamos en efecto que algunas compañeras interrumpen sus tratamientos antirretrovirales o PrEP por no poderlos renovar fácilmente cuando ellos/ellas son obligadas a desplazarse para trabajar. A causa de estos desplazamientos y del mayor aislamiento, es por otra parte más difícil para nuestras asociaciones garantizar sus misiones de prevención y de acceso a la atención médica destinadas a identificar y acompañar a las compañeras en sus trámites administrativos, sociales y de salud.

Si bien la penalización de los clientes ha entrado efectivamente en vigor tras la aprobación de la ley, el decreto de Reducción de riesgos referente a la salud nunca ha sido publicado y nos encontramos aún más desprotegidas frente a problemas crecientes. La ideología abolicionista y las políticas de penalización son incompatibles con la salud pública. Sufrimos hoy un retroceso de treinta años hasta aquella época en la que se nos pedía convencer a nuestra comunidad de que cesara el trabajo sexual en lugar de buscar autoprotegerse y autoorganizarse en defensa de su salud y sus derechos. Cuando las asociaciones abolicionistas son en este momento favorecidas política y financieramente en detrimento de las asociaciones de salud y/o de lucha contra el VIH, es evidente que el gobierno tiene por objetivo matar la salud comunitaria y, haciendo eso, contraviene el conjunto de recomendaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud y de ONUSIDA .[3]

 

Exigimos:

– la derogación de la ley de 13 de abril de 2016, que penaliza a nuestros cliente y condiciona cualquier ayuda que se nos preste al cese de nuestra actividad.

– la puesta en marcha inmediata de una  política pública realista de reducción de riesgos en materia de salud sexual y de lucha contra las ETS, y de una  política realista de financiación de estas actuaciones.

 

Asociaciones de prostitutas denuncian que sufren “vejaciones” de algunos agentes en el polígono de Villaverde

Por EUROPA PRESS
MADRID| 29/11/2016

 

http://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/prostitucion/Asociaciones-prostitutas-denuncian-vejaciones-Villaverde_0_976403781.html

 

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Acusan a Delegación del Gobierno de “someterlas a un largo proceso de mentiras para hacer lo que anunció que no haría: perseguir, acosar y multar”

 

La Agrupación Feminista de Trabajadoras del Sexo (AFEMTRAS) y el colectivo Hetaira ha denunciado este martes el “silencio y la complicidad de las instituciones” hacia los “abusos policiales y vejaciones” que aseguran estar sufriendo por parte de algunos agentes las prostitutas del polígono de Villaverde.

Critican casos de supuestos abusos de poder por parte de algunos agentes del grupo XI de la Unidad Central contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) que operan en el polígono; la misma Unidad que se encarga de investigar los delitos de trata.

La portavoz de AFEMTRAS, Marcela, ha relatado que algunos policías “las hostigan a diario” en diferentes situaciones. “Nosotras, las prostitutas, somos juzgadas en muchas ocasiones por algunos agentes como ‘malas madres’. Nos cuestionan con frases como ‘qué dirán tus hijos’, porque la carga moral está presente en el momento en que nos extienden las multas”, critican.

Además, aseguran que las mujeres que “ya no les queda ningún lugar seguro” en el polígono. “Los agentes ordenan que nos situemos en ciertos lugares con la garantía de que allí no seremos multadas y después recibimos la multa igualmente. Nos mienten diciéndonos que han visto en su base de datos que no tenemos la documentación en regla y nos amenazan con no poder renovar la documentación. Nos vejan cuando nos rompen nuestros resguardos de documentos de identidad tirando los restos al suelo o nos tiran los documentos de identidad a los pies para que tengamos que recogerlos del suelo tras una identificación”, denuncian.

La asociaciones de meretrices detallan que muchas mujeres que han recibido frases como: “¡Vete a zorrear a tu país!”; “A España se viene a trabajar, no a putear” u “Os voy a llevar presas”. “Violan nuestra privacidad constantemente, nuestros datos personales son utilizados para rellenar el formulario de la multa de nuestros clientes, nos piden nuestros números de teléfono en identificaciones rutinarias”, continúa Marcela.

CRÍTICAS A LA ‘LEY MORDAZA’

La Agrupación Feminista de Trabajadoras del Sexo y el colectivo Hetaira han achacado estos comportamientos a la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que “se está cebando especialmente con las trabajadoras del sexo que captan su clientela en el polígono de Villaverde, uno de los colectivos más castigados en la ciudad de Madrid”.

Hetaira considera la llamada ‘Ley Mordaza’ como “una forma encubierta de prohibir la prostitución en el espacio público, un instrumento para expulsar a las mujeres de la calle sin contar con su opinión, sin ofrecerles una alternativa y sin preocuparse lo más mínimo por las consecuencias negativas que provoca en las trabajadoras del sexo”.

“Esta ley se vendió como una herramienta de protección de las mujeres y prevención de la trata. Una fórmula muy hipócrita para justificar la criminalización con una supuesta preocupación por el bienestar y la protección de las mujeres cuando el efecto que provoca es totalmente opuesto”, ha sentenciado una de las portavoces de Hetaira, Elisa Arenas.

La asociación critica que la desobediencia a la autoridad es “la fórmula encubierta que se le ha ocurrido al Gobierno para penalizar a las mujeres por ejercer la prostitución, como si no fuera obvio que la única desobediencia es simplemente ser prostitutas”.

Por su parte, AFEMTRAS argumenta que “esta persecución no ayuda en nada en la lucha contra la trata, sino que la fomenta y que conlleva clandestinidad; y la clandestinidad lleva al abuso”. “Precariza más nuestra situación y nos expone a más peligros. Tenemos que escondernos más para realizar los servicios y tenemos menos capacidad de negociación del preservativo, de los servicios, del precio, porque estamos más pendientes de la Policía y su agresiva actuación que de nuestra seguridad en el trabajo”, explican en el comunicado.

Las meretrices de Marconi se sienten “las grandes ninguneadas del derecho, víctimas de una constante violencia institucional”. “La Policía debería preservar y garantizar nuestra integridad como al resto de la ciudadanía, ya que la prostitución no es un delito”, asegura Marcela.

CRÍTICAS A LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO Y AL AYUNTAMIENTO

Hetaira denuncia que hace más de 6 meses que Delegación de Gobierno DE Madrid tiene conocimiento de estos hechos y que también lo habían puesto en conocimiento del Ayuntamiento de Madrid (representantes de Ahora Madrid y PSOE). Pero que a día de hoy afirman que no han recibido ninguna respuesta institucional y los problemas siguen siendo los mismos.

“La Delegación de Gobierno nos ha sometido a un largo proceso de mentiras y manipulación informativa para finalmente hacer lo que anunció que no haría: perseguir, acosar y multar las trabajadoras del sexo”, aseveran.

Por todo ello, tanto AFEMTRAS como Hetaira han exigido la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana. “Las políticas públicas deberían ir dirigidas a garantizar los derechos de las trabajadoras del sexo, no a criminalizarlas a través de legislaciones punitivas de control más típicas de regímenes totalitarios que de un Estado de derecho”, han explicado.

También han reclamado una “respuesta contundente hacia los agentes que han cometido estos delitos” y al Ayuntamiento de Madrid que “deje de ignorar a las trabajadoras del sexo y se comprometa con los derechos humanos y facilite un proceso democrático de participación de todos los agentes que operan en el espacio público, vecindario, empresariado y trabajadoras del sexo”.

Por último, las asociaciones en defensa de las prostitutas han presentado una campaña que firman conjuntamente con la Plataforma No Somos Delito llamada ‘Un año de leyes mordaza: No hay malas mujeres. Solo hay malas leyes. Juntas contra el acoso policial”, un lema inspirado en campañas de otros colectivos de trabajadoras del sexo en todo el mundo.

 

El papel del Estado y la Ley en la trata y la esclavitud moderna

 

Los editores de Más allá de la Esclavitud presentan este volumen (1) sobre el Estado y la Ley, elementos que no solo definen la esclavitud sino que configuran las vías por las que es combatida

 

Prabha Kotiswaran y Sam Okyere

 

El papel del Estado, y de la legislación nacional en particular, es absolutamente crucial en el debate sobre la “esclavitud moderna”. Esto a causa de que tanto la construcción del concepto de “esclavitud moderna” como las respuestas legales al “problema” descansan en primer lugar en los Estados individuales y en las organizaciones internacionales y regionales que constituyen entre ellos. La legislación nacional y las convenciones legales internacionales determinan las condiciones bajo las que los fenómenos son de forma incoherente construidos o no como casos de “esclavitud moderna”. De la misma forma, la autoridad estatal y sus apoyos determinan cuándo el movimiento forzado de individuos y grupos a través de las fronteras en escenarios y condiciones no deseados es clasificado o no como “deportación” (y por tanto aceptable) o “trata de seres humanos” y una forma de “esclavitud moderna”. Lo que avanzamos aquí es que las relaciones sociales y prácticas clasificadas como esclavitud moderna existen hoy de forma muy parecida a como han existido históricamente en todas partes, pero su clasificación legal como delitos, “esclavitud moderna” o como fenómenos completamente diferentes, tiene lugar exclusivamente bajo el mandato del Estado. Para plantearlo crudamente, sin el Estado y las leyes que crea, la “esclavitud moderna” no habría podido llegar a ser una categoría legal de la forma que han hecho posible legislaciones tales como la Ley de Esclavitud Moderna 2015 del Reino Unido (UK Modern Slavery Act 2015).

 

Teniendo esto en mente, los abolicionistas modernos han presionado desde hace tiempo a políticos y gobiernos en un intento de legitimar su propia forma de ver las formas contemporáneas de esclavitud (2). El resultado es que hoy el abolicionismo moderno aparece como uno de los pocos espacios en el que los más extraños compañeros de cama logran hallar un terreno común: políticos de izquierdas y de derechas, instituciones corporativas, grupos de consumidores éticos, activistas pro derechos humanos, académicos y agentes de lo que ha sido denominada la “industria del rescate”. Estos agentes están unidos en sus reclamaciones a los Estados para que hagan leyes (o las apliquen, en su caso) pensadas para prevenir la “esclavitud moderna” y perseguir y castigar a aquellos que se considera que están contribuyendo al fenómeno.

 

Muchos Estados se han visto obligados a ello. Sin embargo, como los artículos de este volumen ampliamente demuestran, estas reclamaciones comienzan a desmoronarse cuando las leyes son sometidas a cualquier tipo de escrutinio real. Algunas de estas leyes han sido cuestionadas sobre la base de que no consiguen combatir las causas raíces de la vulnerabilidad, tales como la pobreza humillante, la persecución o el conflicto sociopolítico, que son las que llevan a muchas personas a las circunstancias definidas como “esclavitud moderna”. Otras leyes deben hacer frente a una vehemente oposición, incluso por aquellos a los que se proponen beneficiar, a causa de sus adversas consecuencias y a su no reconocimiento de cualquier tipo de libertad de elección o autonomía por parte de las así llamadas “víctimas”. Y sobre todo, el examen de estas leyes muestra que aunque el poder del Estado y la legislación pueden ser usados para fines positivos, pueden igualmente ser utilizados en la búsqueda de medidas que vayan en sentido contrario a la defensa de los derechos humanos.

 

El problema real que identificamos es que la “esclavitud moderna” es un asunto enteramente político que ha sido despolitizado por los modernos abolicionistas y por el Estado. Lo que ha sido definido como “esclavitud moderna” y las leyes que en consecuencia se han redactado para combatirla, reflejan y promueven ciertos intereses o preocupaciones políticos y socioeconómicos de políticos y gobiernos nacionales. A lo largo de Norteamérica, Europa Occidental y otras partes del hemisferio norte, lejos de servir exclusivamente a los intereses de los derechos humanos, la legislación “antitrata” y las medidas relacionadas tales como la militarización de las fronteras han creado de hecho las condiciones que han llevado a un gran sufrimiento humano y a muertes innecesarias. En muchos casos, las acciones u omisiones del Estado se ha visto que están directamente unidas a la creación de las condiciones que supuestamente buscan erradicar.

 


1.- State and the Law / Beyond Trafficking and Slavery Short Course / Volume 3   https://drive.google.com/file/d/0B2lN4rGTopsaRWF3eFdXOXdYNVE/view

 

2.- En este mismo volumen se incluye el artículo de Carol Leigh Campañas contra la trata, trabajadoras sexuales y los orígenes del daño https://elestantedelaciti.wordpress.com/2015/04/30/campanas-contra-la-trata-trabajadoras-sexuales-y-los-origenes-del-dano/

 

 

 

 

 

Hetaira alerta de las consecuencias de la aplicación de políticas sobre prostitución en mujeres

Viernes, 7 de Octubre de 2016

 

http://www.noticiasdenavarra.com/2016/10/07/sociedad/navarra/alertan-consecuencias-sobre-mujeres-de-algunas-politicas-sobre-prostitucion

 

PAMPLONA. La portavoz del colectivo Hetaira, Silvia García, ha denunciado hoy que la aplicación de algunas políticas públicas sobre prostitución, como la Ley Mordaza o distintas ordenanzas municipales, tiene consecuencias “muy graves” sobre las mujeres.

García se ha pronunciado en este sentido en declaraciones a Efe momentos antes de su comparecencia en una sesión de trabajo en sede parlamentaria, en la que ha explicado “cómo afectan algunas políticas públicas que se han puesto en marcha en materia de prostitución a la vida de las mujeres”.

Entre ellas, ha destacado diversas ordenanzas municipales “que han ido proliferando en diferentes ciudades del país” y la afección de la Ley Mordaza, que se está aplicando “con toda la contundencia en el polígono de Villaverde de Madrid”.

“Todo esto tiene consecuencias muy graves sobre las mujeres”, ha lamentado García, que ha asegurado que, cuando se están aplicando estas políticas institucionales, “nadie se preocupa” por los derechos que están viendo vulnerados, ni la situación concreta.

En cuanto a Navarra, ha remarcado que hay una parte “de calle, muchísima precariedad y controles policiales”, lo cual supone “vivir con bastante angustia y ansiedad”.

“La ley Mordaza se puede aplicar en cualquier momento que se considere oportuno, con todas las consecuencias que eso conlleva”, ha trasladado.

Además, ha puesto de relieve que “una parte muy importante tiene que ver con locales y pisos”, la cual “está más invisibilizada y escondida”.

“Dentro, las mujeres tampoco tienen reconocido ningún derecho y no se puede reconocer la relación laboral que existe con los dueños de los clubes, -ha advertido-, con lo cual, no hay herramientas jurídicas para la protección de las mujeres ni en la calle ni dentro de los locales”.

De esta forma, ha considerado que tanto las ordenanzas como la Ley Mordaza lo que hacen es “prohibir la prostitución en la calle”, empujando de alguna manera “a que solo se ejerza en locales”, donde “el problema sigue existiendo para ellas”.

García ha propuesto una “intervención social teniendo en cuenta la situación de las mujeres”, así como su diversidad, ya que “puede haber mujeres en situación de trata pero también muchas que deciden voluntariamente ejercer la prostitución”.

Así, ha apostado por “dar otras oportunidades de empleo a las mujeres que deseen abandonar el ejercicio” y “tener en cuenta la diversidad y los derechos para todas, no solo para una parte”.

“Las políticas públicas se tienen que desarrollar en base a un proceso democrático ordinario en el que se tenga en cuenta la voz de las implicadas”, ha reivindicado García que, aunque ha reconocido que “no es una garantía de éxito”, aumenta las posibilidades “de acertar”.

 

LA TRATA DE SERES HUMANOS

 

Intervención ante la Asamblea de Madrid

 

Cristina Garaizabal

Colectivo Hetaira

Mayo 2013

 

http://www.colectivohetaira.org/web/images/docs/asamblea%20de%20madrid%202013.pdf

 

Buenas tarde señoras y señores parlamentarios:

En primer lugar quiero agradecerles, desde Hetaira (Colectivo en Defensa de los Derechos de las Prostitutas), la invitación a esta Comisión. Una Comisión que nos llena de esperanza pues creemos que las Comunidades Autónomas tienen una gran labor por delante en la protección de las víctimas de Trata así como en la persecución de este delito.

Mi intención es valorar cómo se ha llevado la lucha contra la trata en estosúltimos años desde que se implementó el Plan Integral aprobado en diciembre de 2008, viendo los retos que se nos plantean en la actualidad.

La trata de seres humanos es una grave violación de los derechos humanos, una lacra en sociedades democráticas como la nuestra y un vestigio horrible de los tiempos en que la esclavitud era tolerada. Además, la trata de mujeres y niñas con el fin de obligarlas a prostituirse es una forma extrema de violencia de género.

El Convenio aprobado por la UE en 2005 es el que ha inspirado las políticas públicas en nuestro país. Además este Convenio tiene un gran valor porque pone los derechos humanos de las víctimas en primer plano. Eso implica, como ya se señaló en el año 2002 por parte del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que debe cuidarse que las medidas concretas contra la trata no conculquen los derechos humanos, especialmente de las víctimas. Y esto, en las leyes de nuestro país y sobre todo en su aplicación práctica no siempre se tiene en cuenta.

 

El Plan Integral Contra la trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual

En nuestro país, para combatir la Trata y proteger a las víctimas, contábamos desde diciembre de 2008 con El Plan Integral contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, así como con una serie de reformas legislativas que el Plan contemplaba y que ya han sido desarrolladas (art. 59 bis de la LOEX y art. 177 bis del Código Penal). Y un primer problema es que este Plan duraba hasta finales de 2012 y, de momento, no sabemos si se está elaborando otro Plan o una Ley integral que cubra el hueco legislativo que en la actualidad existe.

El Plan era un instrumento necesario ya que contemplaba una serie de medidas sociales, policiales y legislativas positivas para la protección y defensa de las víctimas de trata, así como para la persecución de este delito. Entre ellas las más importantes son: la coordinación internacional de los estamentos judiciales y policiales; el decomiso de los bienes de las organizaciones mafiosas y la creación de un fondo que luego pudiera servir de ayuda a las propias víctimas; el aumento de los díasde reflexión para que éstas decidan si denuncian ante la policía (aunque, como se ha demostrado, no está claro el procedimiento para ofrecerlo y sigue siendo un tiempo excesivamente corto para las dos fases de restablecimiento y .reflexión); las medidas de información a las víctimas, de servicios de atención, de asistencia jurídica y de protección integral (aunque, en principio solo fueran para las que han denunciado); las medidas legislativas y procedimentales que tratan de perfeccionar los mecanismos legales para la atención inmediata de las víctimas, entre ellas la de que éstas puedan testificar antes del juicio y, por lo tanto, no tengan que encontrarse en la situación violenta de estar presentes en él ante los mafiosos; la tipificación concreta del delito de trata en el C.P. o la posibilidad de que las víctimas de trata que son inmigrantes y se hallan en situación irregular en nuestro país sean protegidas y se paralice su expulsión…

No obstante, el Plan presentaba una serie de deficiencias y unilateralidades que han socavado su eficacia. En ello ha influido, por un lado, la presencia muy visible de un alto porcentaje de mujeres inmigrantes que ejercen la prostitución y que frecuentemente es considerado homogéneamente víctima de los tratantes, permaneciendo invisibles otros sectores en los que también se trata con personas, porejemplo, el campo o los talleres de confección clandestinos.

Junto al Plan hay que tener en cuenta, también, las conclusiones de la Comisión Mixta Congreso-Senado para el estudio de la prostitución de abril de 2007. Conclusiones en las que se planteaba que no tenía sentido diferenciar la prostitución coaccionada y la prostitución voluntaria, ya que la prostitución voluntaria era muy minoritaria o prácticamente inexistente. Estos prejuicios, basados fundamentalmente en la idea de que la prostitución es algo deleznable que no puede ser ejercida por voluntad propia y no en datos objetivos (las propias conclusiones reconocen que no existen estudios fiables que demuestren esta afirmación) han estado muy presentes en la lucha contra la trata de manera que a pesar de que en 2010 un estudio de Naciones Unidas concluía que “1 de cada 7 prostitutas son víctimas de trata en Europa”, esto no se ha tenido presente y se han realizado redadas y acosado a las trabajadoras del sexo inmigrantes aunque no existieran indicios previos de que hubiera trata.

Esta permanente asimilación de la prostitución con la trata de seres humanos lleva a que las medidas de concienciación sobre la existencia de trata hayan quedado totalmente desdibujada en la lucha contra la prostitución.

Así, por ejemplo, se hizo de la prohibición de anuncios de prostitución un elemento importante en la lucha contra la trata pero esto ha sido completamente ineficaz porque hay que ser serios ¿Cuándo se ha visto que una actividad ilegal se publicite? ¿Realmente se piensa que la mayoría de las que se anuncian son víctimas de Trata? Nuestra experiencia nos dice que no es así y los datos que se dan de las redadas policiales así lo corroboran: la mayoría de personas detenidas en las supuestas redadas contra la trata, acaban siendo acusadas de “explotación sexual”. Un concepto, por otra parte, más que discutible si nos atenemos a lo que plantea GAATW (Alianza Global contra la Trata de Mujeres) “No existe una definición internacional del término”explotación sexual”, con lo que cada país puede definir y abordar ésta como considere apropiado, teniendo así un gran margen de actuación”. Por su parte la OIT cuando se elaboró el Protocolo de Palermo ya recomendó eliminar este término o El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de NNUU que en junio de 1999 también recomendó suprimir el término “explotación sexual” para “evitar las dificultades de implementación inherentemente asociadas a los términos vagos, imprecisos y emotivos como “explotación sexual” cuando estos son utilizados refiriéndose a los adultos”.

Pero siguiendo con el Plan contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, otro de los problemas que se planteaba era que estaba dirigido a combatir, de manera exclusiva, la trata con fines de explotación sexual. Esto implica dejar desasistidas a las víctimas de trata que son explotadas en régimen de servidumbre en otros sectores laborales como la agricultura, el servicio doméstico, la construcción, la mendicidad, los matrimonios forzosos, etc.

Ahora bien, el problema mayor del Plan es que no está elaborado teniendo una perspectiva completa de defensa de los derechos humanos. Aunque en la declaración de intenciones así se plantea, las medidas propuestas no están del todo en consonancia con esta declaración inicial y no colocan a las personas objeto de trata en el centro de atención ni se valoran las estrategias a seguir en función del efecto que pueden tener sobre ellas.

Por el contrario, la política de este país ha sido la de poner el acento en el papel que las víctimas de trata pueden cumplir como testigos y, en general, no han sido consideradas como personas que han sufrido un grave atentado a sus derechos más fundamentales, y que, por lo tanto, deben ser protegidas y merecen una reparación por parte del Estado.

Los Convenios internacionales1, establecen que «una víctima en un delito es una víctima de delito siempre, independientemente de que colabore o no con la policía». En contra de estas recomendaciones el Gobierno español ha optado por anteponer la persecución de las redes criminales a la defensa total de las víctimas, planteando la denuncia y la colaboración con la policía como condición para poder acceder a las medidas de asistencia y protección que el Plan contempla.

En correspondencia con ello, la identificación de las víctimas se deja en manos de las Fuerzas de Seguridad, dependiendo la participación de las ONG’s del requerimiento de la policía. 2

Desde nuestro punto de vista, la defensa de las víctimas, tal y como contemplan los art. 10 y 12 del Convenio Europeo, implicaría protección y derechos, independientemente de su colaboración con la justicia; implicaría mecanismos eficaces de detección de las víctimas a través de agentes sociales y no solo de la policía o la judicatura; implicaría permisos de residencia y de trabajo para las víctimas, y derecho de asilo sin todas las trabas que hoy existen para ello; y, especialmente, potenciar la autonomía y la capacidad de decisión de las víctimas. De hecho, algunas recomendaciones internacionales instan a contemplar el principio de proporcionalidad en las medidas, es decir, tener en cuenta que las medidas restrictivas y represivas en la lucha contra la trata no redunden en contra de los derechos, de la autonomía y de la libertad de las personas que son objeto de trata. Creo que la vía por la que se está yendo en nuestro país deja muchos interrogantes en relación con esto que acabo de decir.

No poner los derechos de las víctimas en primer plano implica, como ha denunciado GAATW (Alianza Global Contra la Trata de Mujeres), que en ocasiones las medidas antitrata provoquen una serie de “daños colaterales”, así llamados porque estas medidas se acaban volviendo contra las personas que pretenden proteger, en este caso, las mujeres que ejercen la prostitución bajo coacción y en una condiciones parecidas a la esclavitud.

En la actualidad, después de casi 5 años desde la aprobación del Plan, los daños colaterales sobre las víctimas de trata son patentes, así como las insuficiencias de la actuación institucional. Las medidas sociales y judiciales encaminadas a una mayor protección de las víctimas casi no han sido implementadas. Lo más visible ha sido el aumento de las redadas en clubes de alterne para la detención y desarticulación de redes relacionadas con la prostitución. En algunos de los clubes que han sido cerrados, es discutible que sus trabajadoras fueran víctimas de trata, como se ha podido ver en el caso del macro club de Castelldefels (Catalunya) o en la operación Afrodita en Madrid en julio de 2010. Operación cuyo resultados fueron: 315 mujeres “liberadas” (según las instituciones y la prensa) o sin lugares donde poder trabajar (según las trabajadoras del sexo); 34 mujeres en situación administrativa irregular a quienes se ha aplicado la ley de extranjería; 1 mujer denunció encontrarse en situación de trata (no sabemos si finalmente se la protegió o no) y una decena de personas, detenidas por proxenetismo tras la redada y que se encuentran desde mediados de septiembre de ese año en libertad con cargos.

En ambos casos, las trabajadoras del sexo implicadas salieron públicamente afirmando que su trabajo en esos lugares era voluntario y que no se daban coacciones por parte de los empresarios. Pero incluso en los casos en los que realmente se han desarticulado redes de trata existen enormes dudas sobre el destino que han sufrido las presuntas víctimas y si realmente han sido protegidas por el estado como deberíahaberse hecho3. Por las noticias de la prensa, más bien parece que muchas de las mujeres detenidas en las redadas han sido detenidas por estancia ilegal, enviadas a los CIES y posteriormente retornadas a su país, sin que esté claro su voluntariedad para ello.

Es decir, que no sólo no se protege a las víctimas de trata sino que, en la mayoría de ocasiones, éstas son tratadas como delincuentes.

La lucha contra la trata, en nuestro país, se ha instrumentalizado para combatir la inmigración, especialmente de mujeres, y para intentar acabar con la prostitución en general y especialmente aquella más visible, la que capta su clientela en la calle. Al calor de las ideas y los planteamientos institucionales sobre la trata se han desarrollado normativas municipales en la mayoría de ciudades de nuestro país, que persiguen la prostitución que capta la clientela en la calle, bien penalizando a clientes y prostitutas bien penalizando sólo a los primeros. Estas Normativas incrementan, revalorizan y favorecen el mercado clandestino del sexo, en detrimento de las trabajadoras que ven así cómo aumenta su vulnerabilidad. Así lo reconoce un informe del Parlamento Europeo del año 2000 que considera que “el régimen de prohibición directa e indirecta de la prostitución vigente en la mayoría de Estados miembros crea un mercado clandestino monopolizado por la delincuencia organizada que expone a las personas implicadas, sobre todo a los inmigrantes, a la violencia y la marginación”4

 

Propuestas

Para Hetaira es fundamental diferenciar entre prostitución coaccionada (Trata) y prostitución voluntaria para poder defender y garantizar de manera realista y consecuente los derechos de unas y otras. El no reconocimiento legal de la prostitución voluntaria implica, como decía antes, abonar el terreno para que los traficantes de mujeres con fines de prostitución forzada campen a sus anchas en el magma de la alegalidad del conjunto de la prostitución. En este sentido creemos que el Gobiernoautonómico debería instar al Gobierno Central a elaborar una Ley integral de lucha contra la trata de seres humanos:.

  • Que contemple todo tipo de trata, independientemente del sexo de las víctimas y del sector laboral al que va encaminada.
  • Que diferencie la trata de la prostitución voluntaria y de la explotación sexual, un concepto tan opaco que da pie a todo tipo de interpretaciones..
  • Que ponga los derechos de las víctimas en el centro de la actuación

Así mismo, desde el Gobierno autonómico debería de contemplarse el desarrollo de todos los recursos sociales que se preveían en el Plan vigente hasta el año pasado y que no han sido desarrollados. Contemplando que para acceder a ellos no sea necesaria la denuncia previa, como han hecho otros gobiernos autonómicos con la Violencia de Género.

En relación a la detección e identificación de víctimas se debería contemplar que las ONG’s fueran el instrumento imprescindible para la detección y la identificación de víctimas, en colaboración con la policía, pues tal y como demuestran diversos informes que valoran la implementación de las políticas anti-trata en nuestro país, queda mucho por avanzar en la consideración, información sobre sus derechos y tratamiento a las posibles víctimas de trata5.

También consideramos fundamental la transparencia en la información sobre la situación en la que se encuentran las víctimas de trata identificadas para saber cuántas se han acogido al periodo de reflexión y si éste ha sido concedido. Tan sólo en el II Informe del Plan Integral de Lucha contra la Trata, a pie de página, se recoge que, en el año 2010, a “523 mujeres víctimas potenciales en situación irregular se les ofreció el Período de Restablecimiento y Reflexión, únicamente 43 aceptaron su tramitación”. En esta información se echan de menos datos sobre a cuántas víctimas de las 43 que solicitaron dicho período les fue concedido. En 2011, según datos facilitados por laSecretaría de Estado de Seguridad, se ofrecieron 763 periodos de restablecimiento y reflexión, de los que 680 fueron denegados o rechazados por las víctimas y 98 concedidos. Como se puede ver la información de 2011 es más explícita sobre el nº de permisos concedidos pero no está claro de los 680 cuantos fueron denegados y cuantos rechazados. En general, es costoso acceder a la información sobre este particular ya que según hemos podido saber a través de entrevistarnos con la UCRIF y con la Delegada para la Violencia de Género en Madrid, los datos no están disponibles ni tan siquiera para ellos.

Otro aspecto que nos suscita enormes dudas es cómo se ha informado a las mujeres de sus derechos. Los procesos de identificación son largos y complejos y la información debe darse en un ambiente de comodidad y seguridad para las víctimas. Las comisarías o los juzgados o los CIES son los sitios menos apropiados para ello, dada la comprensible desconfianza que tienen estas mujeres.

Para que las víctimas de trata puedan ejercer realmente sus derechos es necesario un buen proceso de identificación y para ello es fundamental la formación de los profesionales que pueden entrar en contacto con posibles víctimas: Fuerzas de Seguridad, profesionales de la medicina, abogacía, trabajo social… así como la coordinación real y efectiva de todos los agentes sociales que intervienen con las víctimas: ONG’s, Fuerzas de Seguridad, jueces, Fiscalía, servicios de asistencia, etc..siendo esta la única manera de garantizar la eficacia de las medidas de protección.

Por último quisiera mencionar el aspecto económico, necesario para quecualquier Plan se pueda llevar a cabo. En el Plan integral que ha vencido se contemplaba el decomiso de los bienes de las mafias y la creación, con este dinero, de un Fondo destinado a la protección de las víctimas. También sabemos que la política del Gobierno central anterior fue la de potenciar, a través de subvenciones, la creación de los servicios sociales necesarios para la atención a estas mujeres, en lugar de crearlos directamente. Teniendo en consideración estos dos factores nos preocupa especialmente por un lado que no se haya creado este Fondo y por otro la falta de transparencia en la concesión de las subvenciones. En relación a esto último consideramos que no están claros los criterios por los cuales se conceden subvenciones a organizaciones que nunca han trabajado ni con mujeres víctimas de trata ni en contextos, como el de la prostitución, donde puede ser más probable la existencia de indicios de trata. Esta falta de transparencia nos parece especialmente preocupante. Mucho nos tememos que una buena parte del dinero que supuestamente está destinado a la prevención, atención y protección de las víctimas está siendo malgastado con fines ideológicos, concediéndoselo a organizaciones que solo hacen “incidencia política” como dicen. En esta línea, buena parte del dinero de las subvenciones no repercute directa y positivamente en aquellas mujeres que lo que necesitan no son proclamas ideológicas sino una atención desprejuiciada, profesional, basada en la escucha y el respeto y que tenga como finalidad su empoderamiento y no su revictimización.

Sabemos que la prostitución es un tema muy controvertido. Pero la trata es una grave vulneración de los derechos humanos de las personas. Y no podemos dar la espalda a todas aquellas mujeres, niñas, niños y hombres que son víctimas de trata con fines diferentes a la prostitución y que según recoge el Informe del Departamento de Estado del Gobierno de EEUU de 2010  “Algunos estudios recientes demuestran que la mayor parte de la trata de personas en el mundo se realiza con fines de trabajos forzados. La OIT calcula que por cada víctima de trata sometida a la prostitución forzada, hay nueve personas que son forzadas a trabajar”.

Y en relación a la que tiene por fines la prostitución forzada es necesario implementar políticas públicas que defiendan de manera eficaz a las mujeres que están en una situación más vulnerable. Y para que esto sea posible es necesario garantizar los derechos de todas las trabajadoras del sexo, diferenciando quienes están en situación de trata de quiénes están explotadas laboralmente aunque hayan decidido trabajar en ello. Para estas segundas, asimilar su situación a la de las víctimas de trata o considerarlas víctimas de un delito tan vago y poco concreto como el de “explotación sexual”, no es la solución. Se necesitan leyes laborales que les reconozcan sus derechos y reduzcan las posibilidades de ser explotadas por los dueños de clubes. La actual situación de confusión entre trata, prostitución voluntaria, explotación sexual y explotación laboral deja desprotegidas a todas las mujeres que ejercen la prostitución, aumenta la vulnerabilidad de éstas y dificulta enormemente la identificación de las víctimas de trata. Son necesarias leyes que ayuden a este sector de mujeres luchar contra las terribles injusticias que hoy siguen sufriendo.

Muchas gracias por su atención

 


1 El artículo 12.6 del propio Convenio europeo y la Declaración de Naciones Unidas de 1985 sobre principios fundamentales de justicia para las víctimas de delito y abusos de poder

2 Aunque en la Reforma de la Ley de Extranjería se incluyó en el último momento la propuesta de la Red española contra la Trata, de que se podrá detener la expulsión y conceder permisos excepcionales de residencia y trabajo también atendiendo a “la situación personal de la víctima” esta consideración en la práctica no está siendo contemplada en las actuaciones concretas ni de las Fuerzas de Seguridad ni de la Fiscalía. Plantear la protección en función del proceso judicial implica una presión muy fuerte para las personas víctimas de trata, muchas de las cuales no pueden afrontar ese proceso porque es el momento de mayor riesgo.

3 Así, Europa Press (2 de febrero de 2010) informaba que en la desarticulación de una red de prostitutas brasileñas en Andalucía “según fuentes de la Subdelegación del Gobierno se habían detenido a ocho mujeres por estancia ilegal en España, que se encuentran en estos momentos en el CIE de Málaga”. O El País (29/7/2010) ante la operación de Madrid recogía que según fuentes del Mº de Interior “a estas personas se les ha incoado el procedimiento administrativo para expulsarlas de España. En los casos más graves, en los que ya tenían el decreto judicial aprobado y estaban pendientes de que se les asignase un vuelo, han ingresado en el centro de internamiento de extranjeros (CIE) de Aluche hasta que abandonen el país.”

4 Informe del Parlamento Europeo. Mayo 2000

5 Informe sobre trata de personas 2011. España elaborado por el Gobierno de EEUU

Paula Ezkerra: “Combatir el estigma de puta es el próximo paso en la lucha feminista”

    

Joana García Grenzner
Jueves, 5 de mayo 2016

 

http://www.elcritic.cat/entrevistes/paula-ezquerra-combatre-estigma-de-puta-es-la-propera-passa-en-la-lluita-feminista-9326

 

Paula Ezquerra

Foto: Ivan G. Costa

 

Paula Ezkerra es consejera de la CUP en el Distrito de Ciutat Vella de Barcelona, y la primera trabajadora sexual que llega a la política municipal desde su activismo como prostituta feminista, que esgrime con orgullo. Miembro de la Asamblea pro Derechos de las Trabajadoras Sexuales de Cataluña, Ezkerra trabaja por la derogación de la Ordenanza de civismo de 2006, que persigue la oferta y demanda de servicios sexuales en las calles de la ciudad, y participa en redes europeas para la despenalización de la prostitución en la calle. Además, traza vínculos con los “nuevos feminismos” para superar la “visión política asistencialista” y el “estigma social” hacia la prostitución, que conlleva “criminalización y malos tratos para las trabajadoras sexuales”.

Llegaste a Barcelona hace 16 años. ¿Podías imaginarte que serías consejera de Ciutat Vella por la CUP?

Está claro que no [risas] … No tenía ninguna expectativa ni buscaba una meta económica, como piensa tanta gente, sino otra cultura, cosas diferentes. Quería conocer el movimiento ‘okupa’. Venía con una base de movimiento feminista. En Argentina iba a todas las manifestaciones de las Madres de Plaza de Mayo y había tenido programas de radio sobre la violencia institucional y la exclusión de los movimientos sociales, porque allí era mucho más duro. Hasta que fui mayor de edad, estuve bastante veces a la cárcel y ni siquiera mis padres me podían sacar.

Y aquí pasaste a encarnar la identidad política de trabajadora sexual.
No es una identidad política: es la lucha por el reconocimiento y la descriminalización de mi profesión. Sentirme orgullosa de ser trabajadora sexual ha sido un proceso muy largo, porque no estaba contenta conmigo misma. No había hecho una reflexión, me había creído el mensaje de que ser puta estaba mal, me autoboicoteaba y castigaba. Barcelona me cambió la vida porque casi inmediatamente hice muchas amistades, hubo muchas oportunidades. Trabajé en otras cosas, pero sentía que no me hacían feliz y me planteé qué es la dignidad en el trabajo. Veía que era muy estresante trabajar fuera de la prostitución, que se ganaba muy poco dinero para lo que yo ganaba en aquella época. Ser puta empezaba a no molestarme. Cuando hacía de camarera, eran muchas horas, mucho estrés, en un bar moderno donde a la gente le encantaba ir y el dueño era muy guapo, pero me sentía explotada. Todo el mundo me decía: “¡Qué suerte, que trabajas aquí!” Y yo no lo entendía. Vivía en el Centro Social Okupado La Lokeria, en Hospitalet de Llobregat. En el metro, cuando volvía a casa, miraba a la gente y empecé a entender el mal humor que genera la explotación laboral.

Y ¿cómo das el paso?

En 2005 me invitaron a un encuentro de trabajadoras sexuales en Bruselas y en principio dije que no me interesaba: “No quiero reivindicar nada de la prostitución, no sé si esto es patriarcal y machista…”. Sinceramente, fui a conocer Bruselas. Pero conocí mujeres maravillosas y escuché discursos poderosos que encajaban en el análisis de la explotación laboral, que tenían que ver con el empoderamiento sobre tu cuerpo; con el hecho de dejar de sentirte culpable toda la vida, porque al final, si estás trabajando, ni siquiera lo pasas mal. Y ganas dinero, y lo haces como tú quieres. Mi cerebro comenzó a hacer fuegos artificiales. Poco a poco cambié mi perspectiva sobre el trabajo sexual, a defenderlo y hablar con compañeras del movimiento.

¿La CUP ha hecho una apuesta real por la defensa del trabajo sexual?
La CUP ha hecho una apuesta bastante coherente de apoyo a luchas populares como las de las trabajadoras sexuales de Putas Indignades o la Asamblea pro Derechos de las Trabajadoras Sexuales. Hace casi un año que participo. Se necesitan unas políticas más profundas. El trabajo sexual, la palabra ‘puta’, lo que representamos, es muy transformador para la sociedad, no sólo para conseguir un reconocimiento laboral. Cambiar el imaginario de las mujeres, romper el estigma de la sociedad patriarcal y machista de que ser puta es lo peor que le puede pasar a una mujer sería una transformación absoluta. Es el momento de tomárselo más en serio. Presionamos por ello continuamente, yo a mi manera, porque no soy una política experimentada. Eso sí, todo con afecto. Las relaciones políticas a las que estoy acostumbrada y sigo tejiendo son las del afecto y del cuidado, sea con hombres o con mujeres. Mayormente es con mujeres, claro.

Compañeras de Prostitutas Indignadas trabajaban para mantenerte mientras hacías campaña para la CUP. Hay una solidaridad muy fuerte entre las trabajadoras sexuales. Preciosa. Tengo la maravillosa oportunidad de ser parte de esta familia de luchadoras y luchadores, de crecer y sentirme acompañada en todo momento.

¿El trabajo sexual es una realidad derivada de las desigualdades de clase, o interaccionan otras desigualdades?

El estigma de puta atraviesa a todas las mujeres. A nosotros nos une, y nuestra necesidad de luchar juntas nos ha hecho crecer. La mayoría de las trabajadoras sexuales que yo conozco vienen de la clase obrera pobre. Pero también hay gente que, sin ser ricas, nunca han sido pobres y han tenido educación formal. Yo vengo de una clase media baja, pero no pobre. No pasé hambre, fui a una escuela privada, y otros también. Una ha sido profesora de catequesis; la otra tiene formación universitaria; yo he vivido en los barrios más caros del mundo. Viajamos por todo el planeta; la mayoría hablamos más de una lengua … Es otro nivel de clase. En todo caso, la pobreza ahora va creciendo.

Eres migrante y trabajadora sexual, y has presenciado situaciones de trata. ¿Cómo se puede luchar efectivamente?

Soy migrante argentina, pero bastante privilegiada. He viajado muchos años sin pasaporte europeo y nunca jamás me han pedido los papeles. Entraba por Suiza, que es uno de los países más estrictos, y nunca me detuvieron. Entonces tampoco sentía la presión añadida que siente mucha gente que migra. Cuando decidí tener papeles, fue complejo y duro, pero los conseguí. He trabajado con compañeras en situación de trata desde pequeña, aquí y en Argentina, y me he dado cuenta de que confiamos en nosotras mismas, en otra que está trabajando igual que tú. Se puede ayudar desde dentro. De hecho, para no alejarme de ellas, quiero volver a la prostitución porque entiendo que estando continuamente generas un referente real, no uno acomodado en el que te pueden decir que “tú no estás aquí mamándola”. Las chicas creen más en ti, se sienten más seguras, se genera una red de contención y las puedes ayudar. Que no las obligues a decir quién las llevó, porque detrás de esto hay una mafia, familias, hijos y gente amenazada, cosas terribles. No se puede ser tan superficial de creer que haces algo cuando en realidad arruina la vida de toda una familia. Nadie acepta trabajar para otros porque sí; hay algo muy grande detrás. Y tiene que ver con la corrupción, que hay mucha, y la voluntad política real de erradicarla porque no es verdad que no se sepa quiénes son los ‘chulos’ o que no haya herramientas. La policía no hace avances porque las mafias tienen unos contactos muy poderosos. Si es tan difícil entrar sin papeles aquí, ¿por qué entran? Porque hay una puerta trasera para los mafiosos que trafican con mujeres, entre ellos los clubes, que tienen muchos propietarios de partidos políticos.

Algunas trabajadoras sexuales reivindicáis el capital erótico. ¿Qué llamáis capital erótico?
Tiene que ver con cómo se construye el erotismo femenino. Las trabajadoras sexuales somos muy transmisoras de un juego de sensualidad. El capital erótico no es la belleza 90-60-90, rubia con el pelo largo. Tiene que ver con el uso de la feminidad, con la seguridad que una tiene y se da cuenta cómo transmite energía. Cómo juegas con las palabras cuando te mueves, cuando te sientas, con la ropa, los gestos, las exposiciones del cuerpo … Los hombres tienen capital erótico, pero más los gays que los heterosexuales. Pero, al menos culturalmente e históricamente, se valora mucho más el cuerpo de una mujer (y se castiga también, vestida o desnuda) que el de un hombre, que no tiene una carga moral tan grande. Utilizar el capital erótico, aprovecharse de él, también es romper con el patriarcado. El capital erótico da incluso miedo a los hombres. No soy ninguna diosa, y, aún así, cuando voy a la cama con uno, lo veo: “¡Uau, con quién follas!”. Pues follaràs con una puta.

En el libro ‘La prostitución’, Beatriz Gimeno dice que los hombres que están con trabajadoras sexuales extraen “plusvalía de género”, un concepto de Donna Haraway, y de esta forma refuerzan la masculinidad tradicional que históricamente ha tenido más poder.

Las mujeres tenemos más poder; por ello esta construcción en la que ejercemos más la prostitución que los hombres, aunque hay algunos países donde la prostitución masculina está creciendo porque tienen otros parámetros económicos y otros niveles de relación entre hombres, diferentes de la relación hombre-mujer que nosotros tenemos históricamente . Como trabajadora sexual, lo que siento es que los hombres te piden permiso para todo. En esta sociedad, un hombre que te conquista sin dinero siente que es el triunfador. El hombre que no tiene conquistas, no. Y no es que él pague y yo sea débil. “Tú me estás pagando porque me necesitas, me deseas, quieres mi cuerpo. Yo te lo doy, de acuerdo, pero bajo mis condiciones “. Es una situación comercial, pero también de poder, tiene que ver con el capital erótico, y con cómo el hombre da valor al cuerpo de una mujer, esta necesidad no sé si hormonal o cultural, o un poco de ambas cosas. Yo también estoy caliente a veces y, en cambio, no voy a pagarle a nadie … pero no es verdad que los hombres tengan más necesidades sexuales que las mujeres.

Alguna vez has dicho que el abolicionismo criminaliza la sexualidad masculina.
En cierto modo, el abolicionismo criminaliza el hombre y la libre decisión de una mujer sobre su cuerpo. Somos mujeres empoderadas, estamos atravesadas por el feminismo y utilizamos estas herramientas para cambiar una situación que nos ha castigado durante muchos años. En vez de ser objeto de los hombres, nos apropiamos el sujeto que es nuestro propio cuerpo y decimos: “No te beneficiarás de mí. Me beneficiaré yo de mi cuerpo “. Aunque entre todas pusiéramos fin al patriarcado y al machismo, y existiera un mundo perfecto donde hubiera trabajos económicamente iguales para todas las mujeres, seríamos sólo las trabajadoras sexuales las que podríamos decidir si queremos seguir ejerciendo o no. Porque, una vez más, somos nosotras quienes debemos decidir sobre nuestras vidas. Nos hace hervir la sangre que digan que no tenemos capacidad de decisión. O que nos presenten como débiles y violadas. El sexo no sólo es decisión o patrimonio de los hombres; también nos pertenece y lo vivimos y disfrutamos. Cuando hablan de ‘prostituidas’, nos describen como muñecas hinchables sin capacidad de reacción y con miedo a los hombres. Esto es contradictorio con el discurso del feminismo; aún más: es absolutamente infantilizador y patriarcal.

Uno de los servicios que haces es la asistencia a personas con diversidad funcional.
Los chicos y las chicas que tienen diversidad funcional dicen que la asistencia es como la extensión de su propio cuerpo para masturbarse, y hablan de asistencia sexual. Por supuesto, me parece superválido que haya personas que sean la continuidad del cuerpo de otra, y dar afecto y todo lo demás. Es maravilloso. He estado con clientes con diversidad funcional que no sienten absolutamente nada en todo el cuerpo, y simplemente lo que quieren es afecto y que los toquen, como lo queremos todas las personas. Nada extraño ni de otro planeta. En este caso, sí es una asistencia; sin embargo, cuando te tocan o te dan un beso, no. Más allá de esto, también hay trabajo sexual. Hay mucha gente que no liga que no tiene una diversidad funcional. Hay mucha vulnerabilidad en la sexualidad. Cuando tú estás con una persona, debe sentirse muy cuidada y respetada, hay que ser muy profesional y muy fuerte y transmitir afecto, seducción, hacerla sentir deseada y amada. Yo he aprendido mucho de la fragilidad de los hombres. Y creo que se han de animar a ser más frágiles, no sólo en la sexualidad, sino en la humanidad. Si aprendieran y rompieran con el miedo que tienen a decir que son frágiles y se permitieran sentir el afecto y el tacto, todo sería más fácil.

¿Cómo se desmonta el estigma de puta?
Compartiéndolo entre todas las mujeres. Asumiendo la carga que significa que te digan puta para todo: si miras a alguien, si llevas minifalda, si te gusta mucho el sexo, si te corres demasiado, si tienes muchos fluidos, si tienes pocos… Una campaña muy potente que diga “Bueno, soy puta, y qué?”. ¿Qué quiere decir? Ser puta significa romper con las imposiciones patriarcales que hemos tenido todas, incluyendo las feministas: “Me tapo los pechos, el acceso a mi coño está cerradp, y el culito ni hablar”. Combatir el estigma de puta es el siguiente paso en la lucha del feminismo. Y apoderarnos desde la libertad que significa disfrutar de nuestro cuerpo. Llevarlo con el coño por delante, con fuerza, ganas, seducción, alegría, afecto y respeto, claro. Y no permitir que nadie nos diga qué hacer o no con nuestra vagina, y menos el Estado. El Estado tiene que acompañar, no castigar. Las instituciones son imprescindibles, porque los cambios cruciales a veces hay que forzarlos. No vienen solos. Las mujeres que estamos en política no podemos dejar pasar oportunidades. Los movimientos no se hacen de un día para otro: el de trabajadoras sexuales tan poderoso que se está creando en Cataluña y del que se habla en todo el mundo, cuando en otros países también están organizadas, no es casual. Si la sociedad se hace eco, significa que hay una necesidad de que el colectivo sea respetado y cuidado, que está preparada para el cambio. Pero hay que darle un empujón. Y esto es una campaña mediática poderosa, clara, sin miedo. Los niños entienden perfectamente qué es el cuerpo. Son los grandes los que inculcan miedos y prejuicios. Una chica de 10 años no sabe qué es una chica con minifalda plantada aquí a las diez de la mañana. En el imaginario no existe el trabajo sexual como transmisión cultural; los padres no tienen la herramienta para transmitir cultura con naturalidad. Pues esta chica necesita sobrevivir y se fue con un hombre falto de afecto a cambio de dinero. Por eso está trabajando.

Pero esto, junto con la mendicidad y otras prácticas, está multado en Barcelona desde hace diez años por la Ordenanza de civismo.
Debemos derogarla. Por un lado, no podemos permitir que unos cuantos que se han comprado casas a bajo precio en un proceso de gentrificación, que han especulado con la pobreza y la amargura de echar a mucha gente sin prestar atención a lo que pasaba con ella, después quieran que se regulen los espacios públicos para dormir tranquilamente. Esta mujer debe luchar por un plato de comida y tú quieres dormir tranquilo. No digo que no, pero deja también que ella lleve comida a casa. Por otra parte, el espacio público no se puede privatizar de ninguna de las maneras. Por supuesto, en la calle no se puede matar a nadie, pero sobrevivir si no hay otra alternativa o por propia elección… Se dice que la ordenanza castiga a los clientes, pero nos persiguen a nosotras. Algunos partidos dicen que despenalizar la prostitución en la vía pública produciría un efecto llamada. No se plantean que las que nos prostituimos para sobrevivir recibimos multas enormes. Para ello generamos espacios de enlace y acompañamiento desde las instituciones para la despenalización. Europa es un referente primermundista; si lo conseguimos aquí, será un efecto dominó. Pero sin copiar ningún modelo de otras partes del mundo, porque las realidades son diferentes.

En cuanto a la mendicidad, he reciclado comida en la calle y en la basura; comprendo esta realidad. No se puede castigar a un ser humano que ocupa un espacio para pedir para comer, aunque a mí me moleste. Para que tenga casa y comida y esté tranquila no puedo olvidar el dolor de la gente. Está claro que hay cosas que no me gustan, pero eso no quiere decir que creemos leyes para que sean perseguidas. Debemos derogar la Ordenanza cívica. Y luego crear una renta básica mínima. No digo una paga de 100 o 200 euros, sino de 600. Hay quien dice que esto es una falta de respeto, que es alimentar a los vagos que no quieren trabajar. No es verdad, porque no hay tantos trabajos bien pagados. Todo el sistema económico de productividad está mal estructurado. Por más que creemos miles de puestos de trabajo, siempre habrá gente que se quede fuera de las oportunidades, porque no encaja en los imaginarios de una economía blanca y europea, y no tiene por qué ser castigada ni excluida. Si vamos a hacer el mundo perfecto, pero con el imaginario capitalista, entonces saca dinero de la población mucho más rica que paga menos impuestos y da al resto una renta mínima y digna, para que todos podamos tener techo y comida, que nuestros hijos puedan ir a la escuela, que las escuelas tengan comedores gratuitos, que la salud y la educación sean gratuitas… porque, si no, es imposible sobrevivir.

El anterior alcalde, Xavier Trias, se negó a cederos un edificio de propiedad municipal para crear una cooperativa de trabajadoras sexuales. Y ahora, ¿cómo está la propuesta?
El cooperativismo es una fórmula bastante buena y bonita de llevar adelante proyectos económicos para la supervivencia y para pensar una sociedad más colaborativa, aunque complicada. Lo estamos estudiando; es una idea muy a largo plazo, compleja y difícil. Pensábamos que podíamos hacer una cooperativa de servicios, un centro en el que las compañeras puedan estar, con un bar donde puedan comer, y un espacio donde descansar si no tienen donde ir o si trabajan por la noche, e incluso si quieren dejar a sus hijos. Esto generaría trabajo para otras compañeras que no se quieren prostituir más.

¿Cómo os planteáis construir una red de sostenimiento y de apoyo en los momentos de vejez y de enfermedad?
Bueno, si llevas toda una vida sin cotizar, te puedes poner a trabajar en la prostitución a saco durante cuatro o cinco años para ahorrar, pero esto significa un esfuerzo y desconexión absoluta del resto de las actividades. Lo ideal sería un reconocimiento, como una jubilación para las amas de casa. A nosotras no se nos reconoce nuestra profesión. La prostitución está vinculada al trabajo de cuidados que hacemos las mujeres en la sociedad a nuestros padres y madres, a nuestros hijos, que no se paga, ni se valora. Si eres una mujer moderna, pagas a alguien para que te cuide tu hijo o tu hija. Pero el Estado no te paga para que te quedes en casa a darle educación y afecto, y el capitalismo no reconoce esta tarea imprescindible en la que descansa toda una humanidad y sin la cual no podemos sobrevivir. Por lo tanto, debemos reconocer que, aunque sean por amor, son trabajos y se deben respetar y pagar como tales, y nos debemos replantear cómo remunerarlos.