EL ESTADO PROXENETA: El control sanitario del VIH e ITS entre trabajadoras sexuales entre la indecencia y la legalidad en la 4ª transformación

 

Por Elvira Madrid Romero, Jaime Montejo y Rosa Icela Madrid

Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, “Elisa Martínez”, A.C.

Tapachula, Chiapas y Ciudad de México, 12 de noviembre a 2 de diciembre de 2018.

 

http://brigadaac.mayfirst.org/EL-ESTADO-PROXENETA

 

 

(Material de discusión)

 

 

La columna de Marta Lamas del 10 de noviembre de 2018 en la revista Proceso, “Una sociedad decente”, retoma los planteamientos de Avishai Margalit sobre una “sociedad correcta”, “aquélla que se atiene a la ley y el debido proceso” y una “sociedad decente”, que no humilla a las personas. También refiere que una sociedad puede ser justa pero insensible con quienes están fuera de ella, y ejemplifica con los migrantes. Menciona cómo haberlos rociado con un desinfectante (en Huixtla, Chiapas) en el marco de la caravana éxodo centroamericano, es humillante y denota desprecio.

Trataremos de utilizar algunos planteamientos de dicha columna periodística y aplicarlos al control sanitario recaudatorio de las trabajadoras sexuales en México.

La falta de certeza y seguridad jurídica del trabajo sexual, convierte a quienes lo ejercen en “contribuyentes sin derechos”, cuando no en “siervos o esclavas” de instituciones públicas municipales como la Tesorería de cada ayuntamiento constitucional, que recauda ingresos sobre el cuerpo de las mujeres, sin ningún tipo de miramiento ético. Ingresos que muchas veces ni siquiera benefician a las trabajadoras sexuales que los generaron, sino a los recaudadores y a la obra social que estos implementan en otros sectores mejor atendidos por la autoridad.

Una obra pública realizada con ingresos retenidos a las trabajadoras sexuales, a través del control sanitario o de las multas que se les aplica, no es otra cosa que lavar dinero producto del abuso impuesto a estas prestadoras de servicios y mostrarlo como bien habido.

Esta característica recaudatoria que descansa sobre la espalda y los genitales de las trabajadoras sexuales, es lo que ha provocado que algunos grupos feministas abolicionistas y pro derechos, coincidamos al hablar de un Estado con vocación proxeneta.

Hay un déficit de decencia hacia las trabajadoras sexuales, a quienes la Tesorería a nombre de cada presidente o presidenta municipal, cobra altos tributos, no sólo los marcados por la ley, reglamento o acuerdo de cabildo; sino también por la costumbre, que ve a las trabajadoras sexuales como las cajas chicas de administradores o administradoras de turno a cargo de “la política fiscal” de los municipios.

Es el caso del municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que en la pasada administración de Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor de 2015 a 2018, gracias a la denuncia y movilización de trabajadoras sexuales y de la intervención de la regidora feminista Paulina Conde y la Brigada Callejera, hicieron posible que el costo de la tarjeta de control sanitario y de la entrada a la zona de tolerancia que pagan los clientes, bajaran; entre otras mejoras como el cambio del médico encargado del control sanitario, señalado por abusos sexuales y malos manejos económicos, el cambio de administradores, la instalación de un equipo de gimnasio, la implementación de varias de jornadas de salud, la aplicación de pruebas rápidas de VIH y sífilis y entrega de condones totalmente gratuitos por parte de la Brigada Callejera, frente al cobro de condones y pruebas rápidas del sector salud por parte de servidores públicos del municipio.

El control sanitario del VIH/Sida e infecciones de transmisión sexual (ITS) como la sífilis, además de discriminatorio e ineficaz, es humillante porque parte de la idea que señala a las trabajadoras sexuales como focos de la infección y no sus clientes quienes no son sometidos a dicha regulación, han señalado no pocas trabajadoras sexuales a la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, “Elisa Martínez”, en sus 29 años de activismo a favor de los derechos de este sector de mujeres.

El costo económico que deben cubrir las trabajadoras sexuales para pagar las tarjetas o controles sanitarios, el alto costo de las pruebas de VIH y sífilis, así como Papanicolaou, que son servicios gratuitos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) del Seguro Popular; convierten a los ayuntamientos en verdaderos padrotes que sólo buscan recaudar recursos para la hacienda municipal, sin tomar en cuenta que las trabajadoras sexuales integran uno de los grupos más marginados y susceptibles a todo tipo de violencia, como la violencia económica perpetrada por el Estado mexicano, a través del control sanitario recaudatorio o no, que es una de sus instituciones más patriarcales y discriminadoras de este sector de mujeres.

Las altas multas por ejercer el trabajo sexual donde lo prohíben reglamentos de policía y buen gobierno o instrumentos jurídicos similares, el alto costo de los documentos del control sanitario, la venta de condones gratuitos del sector salud, el cobro de pruebas rápidas de VIH y sífilis del sector salud también gratuitas, el pago de cuotas a inspectores de salud de los ayuntamientos o de las jurisdicciones sanitarias estatales “para evitarles ir a realizar dicho trámite obligatorio”, la extorsión por parte de personas que se sienten dueñas de la calle y les cobran derecho de piso, ante el silencio y la falta de justicia por parte de instituciones como la Fiscalía General de Justicia del estado de Chiapas, donde personal de dicha dependencia se ha negado a perseguir dicho delito en Tapachula por tratarse de trabajadoras sexuales, mujeres trans trabajadoras sexuales o trabajadoras sexuales migrantes.

Dichas prácticas no son más que abusos económicos, equiparables a conductas mencionadas en la “Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas”, que tipifica como delito la explotación de la prostitución ajena.

A diversos servidores públicos puede parecerles “justo y eficiente” el control sanitario y los costos que se imponen a las trabajadoras sexuales, meseras y bailarinas, (muchas veces al margen de la ley, como parece estar ocurriendo en este momento en Huixtla, Chiapas, donde se conquistó en Cabildo, la gratuidad en la administración anterior -2015 a 2018-, gracias al apoyo de mujeres regidoras de tres partidos políticos). Sin embargo, esa práctica recaudatoria, va en contra de cualquier ética que busque “atender problemas de salud pública como el VIH/Sida e ITS”, y al mismo tiempo, reducir la violencia hacia las mujeres para que puedan ejercer sus derechos sin paternalismo alguno.

Dicha práctica mercantil deshumanizante, que descansa sobre el cuerpo de las mujeres trabajadoras sexuales, sólo toma en cuenta un prejuicio económico que se constituye en un acto de violencia institucional: que las mujeres dedicadas al comercio sexual ganan muy bien, que su actividad es muy fácil y por ello, lo que se les cobre estará siempre bien justificado.

Según dicho prejuicio, las trabajadoras sexuales ganan lo suficiente para pagar lo que las autoridades, generalmente masculinas y en todo caso al servicio de una masculinidad que tiene el control de instituciones públicas, les indiquen, esto es, lo que se tenga que pagar para poder seguir ganándose la vida; aunque dichos pagos no se apeguen a la ley, sino al capricho o necesidad económica de los nuevos administradores, hombres o mujeres, que ven a las trabajadoras sexuales con ojos de agiotista y de cliente sexual que algunas veces siente que no debería pagar “tanto” por un servicio y a la inversa, desde el municipio se ve que, “como ganan tanto, se les puede cobrar lo que sea”.

La referencia a los agiotistas, es por los cobros abusivos, apegados a derecho o no, que hacen ver a las autoridades municipales como prestamistas del derecho a trabajar en el sexo, mismo que se cobran con intereses muy altos, que afectan la economía familiar de las trabajadoras sexuales, humilladas y explotadas por este tipo de política pública.

—Explotación sexual institucionalizada:

¿Hasta cuándo continuará la explotación sexual institucionalizada en las estructuras burocráticas de los diferentes ayuntamientos y en las legislaciones estatales que van a dar inicio a la “Cuarta Transformación en México”, o que sólo van a ser oposición en este sexenio?

Uno de los costos simbólicos que trae consigo el control sanitario recaudatorio, es cobrarle a las trabajadoras sexuales con altos réditos, el haber pasado por alto a “la moral y las buenas costumbres”, o el ser consideradas un foco de infección, al contrario de lo que las estadísticas señalan en México, donde son las amas de la casa, el grupo de mujeres más afectadas por el VIH/Sida y no las trabajadoras sexuales.

Ojalá los secretarios de salud municipal y estatal y directores de salud y subdirectores de riesgo sanitario, los cabildos municipales, las asesoras en materia de declaratorias de violencia de género y los diferentes congresos estatales, inicien las nuevas administraciones nacidas en 2018, haciendo un poco de justicia a las trabajadoras sexuales. Ojalá se decidan por reconocer a las trabajadoras sexuales como trabajadoras no asalariadas y ojalá dejen de recaudar ingresos cobrando cuotas inmorales, producto de la prostitución ajena.

Decía Marta Lamas en su columna “Una sociedad decente”, “(q)ue si México no es una sociedad justa con sus habitantes, menos lo es con quienes no forman parte” como los migrantes y parecería ser que las trabajadoras sexuales tampoco son consideradas personas con derechos, por dedicarse a dicha actividad, condenada al estigma que señala que “esas mujeres ganan mucho dinero con facilidad”, y por ello hay que cobrarles sus faltas a la moral y a la salud pública. Ahora si se hablamos de trabajadoras sexuales migrantes, la exclusión abre un abismo inmenso que impide el ejercicio de muchos derechos civiles como el acceso a la salud.

Situación, nada más alejada de la realidad en un país como México, donde la prevalencia de VIH/Sida es más alta entre elementos de corporaciones policíacas que entre trabajadoras sexuales, como lo indicó la doctora Andrea González Rodríguez, directora del programa de VIH/Sida de la Ciudad de México el 5 de noviembre del año en curso, cuando se presentó el libro “Putas, activistas y periodistas” en el auditorio de la Clínica especializada Condesa.

¿Por qué las nuevas autoridades no le apuestan a un trato decente hacia las trabajadoras sexuales, que no esté instrumentado por el dinero?

¿Por qué no dejar de explotar a las trabajadoras sexuales, con el pretexto de salvaguardar la salud pública?

¿Por qué no dejar de cosificar a las trabajadoras sexuales como contribuyentes sin derechos?

—El Estado proxeneta:

El concepto del Estado proxeneta o lenón, desde una visión pro derechos de las trabajadoras sexuales que la Brigada Callejera ha planteado desde 1995.

Brigada Callejera ha reflexionado sobre algunas características que le dan forma al Estado, institución patriarcal, en su especificidad proxeneta, esto es, que saca provecho de las trabajadoras sexuales, a través de la humillación y la recaudación fiscal de ingresos; sin tomar en cuenta las necesidades económicas de este grupo de mujeres.

El Estado proxeneta, es una institución patriarcal que realiza una mediación entre las trabajadoras sexuales y sus clientes en nombre de la salud pública, sin ninguna evidencia de la eficacia del control sanitario impositivo. Institución pública donde se decide cómo “proteger” la salud pública del VIH e infecciones de transmisión sexual (ITS), imponiendo el control sanitario recaudatorio, que exprime ingresos a las trabajadoras sexuales que lesionan su economía familiar y que por lo general no aplica esos recursos recaudados para beneficio de quienes hicieron ese aporte, forzadas por normas jurídicas injustas, que cosifican a las trabajadoras sexuales, al utilizarlas como parte visible de un mecanismo de resolución de un problema de salud y moral pública.

Los mecanismos que implementa el Estado proxeneta para controlar y vigilar el ejercicio de la sexualidad de las trabajadoras sexuales, son arbitrarios y humillantes, no están basados en evidencia alguna sino en juicios de valor unilaterales y al final, muestran el desprecio hacia las trabajadoras sexuales y en general hacia todas las mujeres, al establecer que ellas son un foco de infección y las causantes de la propagación del VIH e ITS.

Las medidas que establecen los sistemas de control sanitario, son arbitrarias, aunque adornadas de diferentes conceptos salubristas atrasados, que nos remiten al Código Higienista que el emperador Maximiliano de Habsburgo exportó desde Francia en el año 1865 para proteger a las tropas invasoras de la sífilis, en ese entonces una “enfermedad venérea” incurable y que incluía un registro deshonroso de “mujeres públicas”.

Los ingresos recaudados por el Estado proxeneta le permiten vivir de los ingresos de las trabajadoras sexuales, a un grupo notable de burócratas y también de recursos aportados por mujeres sometidas a prostitución forzada o explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, quienes son las primeras que aparentan estar dispuestas a realizar cualquier tipo de aporte económico, cuya “actitud aprendida”, agrada a servidoras/as públicas/os de ocasión.

El Estado proxeneta, tiene una vocación clientelar que busca favorecer, sin otra justificación que la defensa de sus propios intereses, a determinadas personas, grupos o sectores, para lograr su apoyo. Por ello recluta voluntades entre trabajadoras sexuales y organizaciones que centran su atención en ellas para mantenerlas dividirlas y poder imponerles sus determinaciones.

Dicho reclutamiento clientelar, implementado por las diferentes instituciones públicas que confluyen en el control sanitario, incluye medidas como bajar el costo de dicho sistema e incluso decretar su gratuidad para mantener una vigilancia permanente sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres que ofrecen servicios sexuales para poder mantener una tutela gubernamental sobre ellas.

En todo caso, el clientelismo se fortalece con mentiras y descalificaciones de quienes se oponen a este tipo de sistema de control del comercio sexual.

El Estado proxeneta mantiene su carácter tributario unilateral al no reconocer derechos de las contribuyentes, incluso al fijar altos costos del control sanitario y altas multas por ejercer el comercio sexual en lugares no autorizados, así como establecer en los códigos civiles y familiares, la perdida de la patria potestad de los hijos de 12 años de mujeres que ejercen la prostitución, dejándolas a merced de padrotes que las amenazan con denunciarlas ante el DIF (Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia) para que les quiten la patria potestad, coadyuvando así dicha institución encargada de la protección de niñas, niños a adolescentes, con la trata de personas y la explotación sexual.

El Estado proxeneta protege la salud del cliente de las trabajadoras sexuales y no la salud de quienes trabajan en el sexo; utilizando la salud como pretexto para invadir el primer y último territorio de las trabajadoras sexuales, esto es, su propio cuerpo y así expropiadas de su propia intimidad para someterlo a control policíaco y extorsión.

En ese sentido, el control sanitario se erige como un mecanismo de humillación y desprecio, de señalamiento y negación de derechos sexuales y laborales, apostándole a la muerte social de este sector.

—Diferencia con el abolicionismo de la prostitución:

¿Dónde está la diferencia de estos planteamientos, con respecto a posturas abolicionistas que dan pie a la militarización e invasión de los cuerpos de las trabajadoras sexuales para obligarlas a abandonar el comercio sexual?

Pensar que las trabajadoras sexuales no lo son y sólo constituyen “mujeres en situación de prostitución” que deben ser liberadas del control sanitario y ser vinculadas “al mercado laboral” (no sexual), después de ser rescatadas de las calles y burdeles donde no es posible establecer derechos laborales como prestadoras de servicios, las deja a merced de tratantes y proxenetas y en la práctica coadyuva con la explotación económica de dicho sector de mujeres.

El concepto “mujeres en situación de prostitución”, define a un grupo humano a partir de una sola circunstancia de su vida, cancelando otras dimensiones vitales como el aspecto laboral que se encuentra implícito en el intercambio de sexo por dinero, en sus vertientes asalariada o no asalariada.

“Mujeres en situación de prostitución”, niega otros abordajes posibles sobre el comercio sexual, como el de la certeza y seguridad jurídica de quienes se dedican a dicha actividad para ganarse la vida. No permite abordar relaciones laborales explotadoras comunes a otras actividades reconocidas por el derecho laboral internacional. Así mismo, dicha categoría de análisis centra su atención en liberar a las mujeres de la relación social que les esclaviza y deja intactas las relaciones obrero patronales, reconocidas o no legalmente de quienes tienen un patrón en la industria sexual y reconocen que su fuerza de trabajo es libre de contratarse donde puedan hacerlo.

Es así como algunos grupos abolicionistas de la prostitución que atacan la organización de las trabajadoras sexuales e impugnan sus conquistas laborales, se constituyen en el verdadero lobby proxeneta y en uno de los pilares fundamentales del lenocinio, al cual se deben para poder mantener vivas sus iniciativas.

La industria del rescate abolicionista se retroalimenta de la industria sexual y sólo puede vivir gracias al comercio sexual.

Hace casi doce años, la Brigada Callejera difundió un ensayo titulado “Los siete pilares del lenocinio” en el libro “El color de la sangre. Propuesta sectorial de la Red Mexicana de Trabajo Sexual para el programa nacional de lucha de la otra campaña”, donde nos queda claro que la lucha es por la abolición de todo tipo de trabajo como medida para garantizar la erradicación de la propiedad privada y de todas aquéllas relaciones fundamentadas en dicha institución, base y fundamento del capitalismo.

Por otro lado, sabedoras de la contradicción que trae consigo el uso de la palabra “lenocinio”, que criminaliza el derecho a trabajar en el sexo libremente, al considerar delitos conductas como facilitar condiciones para el ejercicio de la prostitución, administrar un burdel o sacar provecho económico de la prostitución ajena; el énfasis lo hacemos en “sacar provecho económico”, como el que cualquier otro empresario obtiene de sus trabajadores en todos y cada uno de los sectores industriales al extraerles lo que Marx llamó plusvalía y por ello remarcamos que es necesario hilar resistencias feministas, antisistémicas y anticapitalistas para destruir al capital en toda la extensión de la palabra y que un grupo privilegiado de la población, deje de explotar a toda la clase trabajadora.

Por ello en algún momento dimos prioridad a la conformación de cooperativas integradas por trabajadoras sexuales para que dejara de extraerse beneficio económico al servicio de algún empresario en particular y no de quienes generan la riqueza, que son quienes ponen sus cuerpos para ganarse la vida, como cualquier otro trabajador o trabajadora.

Aclaramos que en este análisis nos hermanamos con reflexiones abolicionistas, sólo que nuestra organización aplaude que las trabajadoras sexuales conquisten sus derechos laborales, formen sindicatos, emplacen a huelga general y pongan en jaque al Estado proxeneta y entonces cuando todo el pueblo organizado vele por el bienestar común, abolir al Estado, la propiedad privada y matrimonio monogámico heterosexual, que dieron origen a la prostitución y estamos seguras que cuando ocurra prevalecerán intercambios sexuales públicos y privados, con modalidades diferentes a las actuales, sin servidumbre marital ni explotación sexual comercial.

También indicamos que no nos asquea el trabajo sexual. Sin embargo, hay personas a quienes les causa náusea y lástima que haya mujeres que se dediquen a labores de enfermería y limpien heces fecales. Sabemos de hombres y mujeres que recogen desechos y basura (pepenadores), y que otras personas se asquean de dicha actividad. Manipular carne de reses, asquea a no pocas personas. Reprimir marchas, nos asquea en general a muchas activistas.

Plantear que cuando una mujer se ve forzada a dedicarse al comercio sexual, estamos hablando de prostitución forzada y que por eso hay que rescatarles de dicha práctica patriarcal, aunque las protagonistas no estén de acuerdo por el influjo de la “falsa conciencia”; implicaría plantear el rescate de toda la clase trabajadora, cuyos integrantes, hombres y mujeres, “rentan sus cuerpos y mentes” por necesidad y no por amor al arte y los grupos abolicionistas no lo hacen.

Muchas mujeres se dedican al trabajo doméstico por necesidad, o al trabajo agrícola, a la maquila, a los cuidados de otras personas, a labores de limpieza en diferentes empresas, a la recolección de basura o hasta a la mendicidad y las feministas abolicionistas y grupos confesionales no van en su rescate. Otras mujeres se casan o se unen a hombres por necesidad y para tener un sustento y muchas son sometidas a servidumbre marital y los grupos abolicionistas que atacan a las trabajadoras sexuales, no van por la abolición de la institución social del matrimonio.

Si bien es cierto que el trabajo sexual implica diferentes riesgos sobre la salud y la vida como toda actividad laboral, es más peligroso trabajar en la construcción según indica la Organización Internacional del Trabajo al expresar que “(a)l menos 108,000 trabajadores (de la construcción) mueren en el lugar de trabajo cada año, una cifra que representa alrededor del 30 por ciento de todas las lesiones mortales en el (mundo del) trabajo” y no por ello grupos feministas dejan de promover la capacitación de muchas mujeres en oficios no tradicionales para las mujeres como el de albañilería.

En México es más peligroso dedicarse al periodismo, ser defensor o defensora de derechos humanos o postularse a cargos de elección popular en lugares donde diferentes grupos del crimen organizado se disputan el control de la plaza. Con respecto al VIH/Sida, donde monjas abolicionistas han señalado irresponsablemente que la prostitución enferma de Sida a las “mujeres en situación de prostitución”, en México, hay una prevalencia más alta entre amas de casa y policías, que obligaría a incautos a plantear la abolición de dichas instituciones por dicha razón.

— Los siete pilares del lenocinio o del Estado proxeneta, son los siguientes:

EL PRIMER PILAR DEL ESTADO PROXENETA, erigido como patrón (ante la falta de una legislación laboral en este sector económico) por encima de los dueños de los establecimientos mercantiles donde se oferta y demanda sexo comercial; es la imposición de representantes que controlen los intercambios del comercio sexual, como último eslabón del Estado proxeneta entre trabajadoras y clientes y otros integrantes de la cadena productiva, sin embargo, dicha obligación, no otorga derechos laborales. Las representantes juegan el mismo papel que en su momento tuvieron las madronas encargadas de mantener el orden entre las trabajadoras sexuales, impedir abusos por parte de la clientela y negociar la gobernabilidad de la calle con las autoridades respectivas. El encarcelamiento de dichas representantes, está dejando dichas vacantes libres para ser ocupadas por policías de rango y ministeriales que se han aliado al crimen organizado para fortalecer sus finanzas personales y corporativos.

EL SEGUNDO PILAR DEL ESTADO PROXENETA, es la obligatoriedad de realizarse pruebas de detección de VIH e ITS que cada nueva administración pública desea imponer donde no está contemplada, colocarle un costo donde es gratuito o aumentar su valor. Por lo general dicho control sanitario, es recaudatorio y afecta la economía de las trabajadoras sexuales. Sin embargo, dicha obligación, no otorga derechos laborales. Una de sus modalidades es la imposición de contar con una historia clínica en los servicios de salud municipales, con independencia de la condición de salud o enfermedad que esté presente.

EL TERCER PILAR DEL ESTADO PROXENETA, es la obligación de las trabajadoras de tramitar una tarjeta de control sanitario, carnet o código, donde se acredite que están libres de VIH e ITS o portar un documento que certifique a quien lo porte que está libre de ITS o está atendiendo su salud, cuyo costo suele ser excesivamente alto. Sin embargo, dicha obligación, no otorga derechos laborales. Cabe indicar que la credencial de trabajo no asalariado y su licencia respectiva expedida por la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México, rompe con el control del trabajo sexual que han tenido dependencias de salud y cuerpos policiacos, abriendo la posibilidad real con la Sentencia 112/2013 del Poder Judicial de la Federación (PJF) de que las trabajadoras sexuales formen sindicatos para que defiendan sus intereses de clases, enfrenten abusos y combatan la trata de personas y la explotación sexual en mejores condiciones.

EL CUARTO PILAR DEL ESTADO PROXENETA, es el empadronamiento de las trabajadoras sexuales, bajo diferentes sistemas de control sanitario del trabajo sexual, que las señala como vectores de diferentes enfermedades como la tuberculosis, el VIH/Sida e ITS. Es una práctica discriminatoria que expone a las trabajadoras al linchamiento público y que se acompaña de otros estigmas asociados a las trabajadoras sexuales, como son el considerarlas propensas a delinquir, a ser malas madres y mujeres fatales, robamaridos, que atentan contra la unidad de muchas familias. Sin embargo, dicha obligación, no otorga derechos laborales. En ese sentido, hay que hacer la diferencia entre el manejo de listados de trabajadoras no asalariadas por parte de las autoridades laborales con respecto a los padrones sanitarios, que se instituyen como prácticas estigmatizantes que humillan a quienes allí se encuentran mencionadas.

EL QUINTO PILAR DEL ESTADO PROXENETA, es la imposición de puntos y zonas de tolerancia como únicas unidades organizativas del comercio sexual autorizadas, para que se contenga el VIH/Sida e ITS y no se altere la moral y las buenas costumbres de una comunidad o ciudad, donde dicho sea de paso se explota a las mujeres trabajadoras sexuales como a las obreras en las maquilas, como a las trabajadoras del hogar en cada cedula familiar, como a enfermeras, como a personal de intendencia en un hospital, entre otros ejemplos. Sin embargo, dicha obligación, no otorga derechos laborales. De esta manera, se garantiza el monopolio del comercio sexual en pocas manos y la impunidad de los abusos que se cometan en dichos establecimientos mercantiles. Con las legislaciones anti-trata, se clausuran dichos lugares de trabajo despojándose de diferentes fuentes laborales a las trabajadoras sexuales, sometiéndolas a desplazamiento forzado y dejándoles como única opción trabajar en manos del crimen organizado que está refundado la prostitución forzada y explotación sexual adolescente, a lo largo y ancho de toda la república.

EL SEXTO PILAR DEL ESTADO PROXENETA, es obligar a las trabajadoras sexuales a participar en programas sociales para intentar reinsertarlas a otras opciones laborales. Hoy, estos programas de rehabilitación se presentan de manera diferente, como una opción frente a las clausuras de los establecimientos donde se laboraba, que bajo el pretexto del combate a la trata de personas, han cerrado sus puertas y dejado en manos del crimen organizado a muchas trabajadoras sexuales. Sin embargo, no son iniciativas donde se obtengan ingresos dignos para mantener a una familia y tampoco están a la disposición de la mayoría de mujeres que las procuradurías han dicho que han rescatado. Así mismo, dicha obligación, no otorga derechos laborales.

EL SÉPTIMO PILAR DEL ESTADO PROXENETA, es la legislación actual que sustenta las facultades de dicha institución colonial de invadir, colonizar y desechar cuerpos de trabajadoras sexuales para imponer el terror y así poder explotar, reprimir, despojar y despreciar a un grupo importante de trabajadoras sexuales. Están leyes estatales y reglamentos municipales de salud que establecen la obligatoriedad del control sanitario del VIH e ITS. Los códigos civiles y familiares que facultan al DIF para despojar a las trabajadoras sexuales de la patria potestad de sus hijos/as menores de 12 años de edad. Los reglamentos de policía y buen gobierno, que prohíben el ejercicio del trabajo sexual y castigan la violación de dicho precepto. Y desde el año 2012, está la “Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas”, la prohibión del table dance en varios estados de la república (Chiapas, estado de México, Coahuila, Guanajuato, municipio de Querétaro) que confunde trabajo sexual voluntario o table dance, con trata de personas y explotación sexual e impide el reconocimiento pleno de las obligaciones patronales de quienes hoy contratan en secreto y verbalmente a trabajadoras sexuales, que de darse, traería consigo implicaciones judiciales, detenciones, encarcelamiento y extinción de dominio de diferentes bienes e inmuebles, perpetuando la explotación laboral de las trabajadoras sexuales y convirtiéndose en la práctica en el verdadero lobby proxeneta, fortalecido por organizaciones, legislación y políticas públicas abolicionistas que constituyen a la industria del rescate que no puede existir sin su contraparte, la industria sexual.

— Violencia institucional hacia las trabajadoras sexuales en México:

Las más de 800,000 trabajadoras sexuales que laboran en México, han sido objeto de todo tipo de abuso en un lugar donde debería estar garantizada su dignidad para evitar que se incurra en trata de personas, explotación sexual y otros abusos.

Si bien es cierto que las trabajadoras sexuales son violentadas por algunos/as vecinos/as, periodistas, predicadores/as, empresarios/as y familiares, así como padrotes y madrotas, en esta ocasión nuestra reflexión se centrará en las diferentes expresiones de la violencia institucional contra las trabajadoras sexuales, sin dejar de abordar a otros actores sociales responsables de infringirles violencia.

—Violencia institucional:

La violencia institucional, es realizada por servidoras y servidores públicos pertenecientes a cualquier institución pública mexicana, que ha tenido como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan sus derechos humanos previstos en diferentes ordenamientos jurídicos.

La violencia institucional incluye el ordenamiento judicial que discrimina a las trabajadoras sexuales, así como la implementación de diversos ordenamientos jurídicos.

Esta violencia Incluye leyes estatales y reglamentos municipales de salud que establecen la obligatoriedad del control sanitario del VIH e ITS que puede incluir o no un carácter recaudatorio que explota la prostitución ajena, entre otras normas jurídicas más:

  1. a) Los códigos civiles y familiares que facultan al DIF para despojar a las trabajadoras sexuales de la patria potestad de sus hijos/as menores de 12 años de edad. Los reglamentos de policía y buen gobierno, que prohíben el ejercicio del trabajo sexual y castigan la violación de dicho precepto.

Los códigos civiles de Baja California, Nuevo León y Puebla, contemplan como causal de perdida de patria potestad, que una mujer se dedique o ejerza la prostitución (En el caso de Puebla, que lo haga de forma pública).

En 24 entidades federales y en el Código Civil Federal, una de las causales de pérdida de patria potestad, es la tener costumbres perversas. En el Distrito Federal, es una causal, que no se tenga un modo honesto de vida o desamparo (para poblaciones callejeras). En Guerrero, es causal tener una conducta irresponsable. En Jalisco, las malas costumbres y no tener un modo de vivir decente. En Morelos, comprometer la moralidad de sus hijos. Sólo en Sinaloa, San Luis Potosí y Quintana Roo, no existen dichas causales de pérdida de patria potestad.

Las causas de pérdida de patria potestad señaladas en este párrafo, son utilizadas contra las trabajadoras sexuales y contra el interés superior de sus hijos de tener a su madre a su lado. También, en toda la república, el que una persona ejerza la prostitución, aunque el código civil no lo diga explícitamente, es causal de pérdida de patria potestad; porque a juicio de los jueces de lo familiar, atenta contra el desarrollo de la personalidad, compromete el adecuado desarrollo del menor o afecta el desarrollo psico social del menor.

El que una trabajadora sexual pierda la patria potestad de sus hijos por ganarse la vida con el ejercicio de la prostitución, ha sido utilizado por tratantes, padrotes, madrotas y otros proxenetas, para amenazarlas con quitarles a sus hijos y enviarlos al DIF (Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia), sino les entregan las cuotas de extorsión exigidas. En estos casos, el DIF en la práctica ha coadyuvado con la trata sexual. Esto es, la maternidad de las trabajadoras sexuales es utilizada, como un mecanismo de control en situaciones de trata sexual y el DIF es la institución gubernamental encargada de aplicar estos preceptos jurídicos.

 

  1. b) Desde el año 2012, está la “Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas”, que confunde trabajo sexual con trata de personas y que tipifica la trata de personas con la sola presencia de los fines de explotación (sexual), pasando por alto las conductas (amenazas, engaño) y hasta los medios (captar, transportar, acoger).

 

  1. c) La prohibición del table dance en varios estados de la república (Chiapas, estado de México, Coahuila, Guanajuato, municipio de Querétaro) que confunde trabajo sexual voluntario o table dance, con trata de personas y explotación sexual e impide el reconocimiento pleno de las obligaciones patronales de quienes hoy contratan en secreto y verbalmente a trabajadoras sexuales, que de darse, traería consigo implicaciones judiciales, detenciones, encarcelamiento y extinción de dominio de diferentes bienes e inmuebles, perpetuando la explotación laboral de las trabajadoras sexuales y convirtiéndose en la práctica en el verdadero lobby proxeneta, fortalecido por organizaciones, legislación y políticas públicas abolicionistas que constituyen a la industria del rescate que no puede existir sin su contraparte, la industria sexual.

 

  1. d) Las altas multas por ejercer el trabajo sexual donde lo prohíben Reglamentos de Policía y Buen Gobierno o instrumentos jurídicos similares, el alto costo de los documentos del control sanitario, la venta de condones gratuitos del sector salud, el cobro de pruebas rápidas de VIH y sífilis del sector salud también gratuitas, el pago de cuotas a inspectores de salud de los ayuntamientos o de las jurisdicciones sanitarias estatales “para evitarles ir a realizar dicho trámite obligatorio”, la extorsión por parte de personas que se sienten dueñas de la calle y les cobran derecho de piso, ante el silencio y la falta de justicia por parte de instituciones como la Fiscalía General de Justicia del estado de Chiapas, donde personal de dicha dependencia se ha negado a perseguir dicho delito en Tapachula por tratarse de trabajadoras sexuales, mujeres transgénero trabajadoras sexuales o trabajadoras sexuales migrantes.

 

  1. e) El uso de condones nuevos o usados como prueba indiciaria de la trata de personas, lenocinio e incluso delincuencia organizada, como ha ocurrido en la Ciudad de México, Chiapas, Jalisco, Oaxaca, Hidalgo, Tlaxcala, Sinaloa y estado de México, entre otras entidades. Práctica ministerial promovida y popularizada por la fiscalía de trata de personas del Gobierno de la Ciudad de México.

 

  1. f) El retraso sistemático en la expedición de las licencias y credenciales de trabajadoras no asalariadas a trabajadoras/es sexuales cis y transgénero en la Ciudad de México por parte de la secretaría del trabajo del Gobierno de la Ciudad de México.

 

  1. g) La violencia contra el derecho de las trabajadoras sexuales a organizarse y dar la cara para defender sus intereses ciudadanos legítimos, con el pretexto de la lucha contra la trata que ha criminalizado a organizaciones defensoras de trabajadoras sexuales como la Cooperativa Por Mejores Condiciones de Trabajo y Salud, desmantelada en un operativo anti-trata en la calzada de Tlalpan en el año 2010, que se tradujo en los asesinatos y feminicidios de cuatro de sus integrantes.

 

La criminalización de las trabajadoras sexuales ha traído aparejada la detención y encarcelamiento de decenas de mujeres visibles en la Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, estado de México, Chiapas y Jalisco, por ejemplo.

Sobresalen las detenciones de Alejandra Gil Cuervo, presidenta de Aproase y vicepresidenta de la Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual, Network of Sex Work Projects NSWP, detenida, procesada y condenada en la Ciudad de México; así como el caso de la señora María Patricia Jara Carrillo detenida, procesada y condenada en Guadalajara, Jalisco.

  1. h) La violencia gineco-obstetra hacia las trabajadoras sexuales, es aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo de las mujeres, en particular sobre los procesos de reproducción de la vida humana (embarazo, parto y puerperio,) que incluye la exigencia de presentar pruebas médicas de no gravidez para implementar la prohibición de laborar durante el embarazo y no el ejercicio de una prestación social como ocurre con las demás trabajadoras de otros oficios.

Así mismo, la violencia gineco-obstetra, también incluye el abordaje de la presencia de las infecciones de transmisión sexual como riesgos sanitarios, que se deben vigilar entre las trabajadoras sexuales sin respetar al carácter voluntario, confidencial y consentimiento informado que le rige en México, sin involucrar de igual forma a sus clientes, como sí ocurre con ellas.

Dicha violencia se expresa en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización, patologización de los procesos naturales, cobros excesivos de los servicios y documentación del control sanitario, acoso sexual, violación, humillación, difusión de la condición de salud – enfermedad de las mujeres, venta de condones y pruebas rápidas de VIH y sífilis del sector salud que son gratuitas, al igual que el cobro de cuotas ilegales para que las trabajadoras sexuales con algún padecimiento puedan laborar y evadir el sistema de control sanitario.

La violencia gineco–obstetra aplicada a las trabajadoras sexuales, concentra varios tipos y modalidades de violencia hacia las mujeres y es perpetrada por personal de instituciones públicas.

  1. i) La violencia o brutalidad policiaca, implica “el uso excesivo de fuerza física, asalto, ataques verbales y amenazas por policías y otras fuerzas del orden público” (Wikipedia).

Las trabajadoras sexuales son objeto de brutalidad policiaca todo el tiempo por falta de certeza y seguridad jurídica y padecen todo tipo de violencia por parte de elementos policiacos y ministeriales en toda la república mexicana sin excepción alguna.

Un ejemplo son las detenciones de trabajadoras sexuales en la Ciudad de México, por violación de las disposiciones de la fracción VII del artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, así como las denunciadas por trabajadoras sexuales de otras ciudades como Tapachula, Chiapas, Ecatepec, estado de México y Chihuahua, entre otras más.

Otra modalidad de violencia policíaca es la deportación de mujeres migrantes que laboran en bares, cantinas, cabarets, cuarterías y hoteles de paso como meseras, bailarinas o trabajadoras sexuales, pese a tener hijos/as nacidos/as en México.

  1. j) La violencia militar como la padecida por trabajadoras sexuales el 11 de julio de 2006, cuando militares a cargo del resguardo de material electoral, violaron, golpearon y amenazaron con ejecutar a 13 trabajadoras sexuales de Castaños, Coahuila, situación que generó que la Red Mexicana de Trabajo Sexual, estableciera esa fecha como el Día Nacional de la Trabajadora Sexual.

Otro ejemplo es el sufrido por al menos dos trabajadoras sexuales en Tlatlaya, estado de México, que señalan que estaban secuestradas por narcotraficantes cuando el ejército mexicano implementó una masacre y a ellas las acusó de ser integrantes del crimen organizado. Las dos trabajadoras sexuales fueron encarceladas en el Penal Federal de “El Rincón”, Nayarit.

—Violencia laboral:

La violencia laboral, caracterizada por discriminarles en los ámbitos de trabajo públicos en este caso y obstaculizar su acceso a su empleo, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre su salud, maternidad, condición migratoria, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo.

También se considera violencia laboral contra las trabajadoras sexuales, cualquier tipo de hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora o grupo de ellas, con el fin de lograr su exclusión laboral, como ocurre en muchos lugares en México.

La violencia laboral es perpetrada en gran escala por servidores públicos y se fundamenta en reglamentos que contienen disposiciones discriminatorias e inconstitucionales; sin olvidar que algunos patrones están involucrados en esta modalidad.

Un ejemplo es detener a trabajadoras sexuales por violar las disposiciones de la fracción VII del artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, que señala que es infractor cívico quien ofrece o solicita servicios sexuales; cuando ya se emitió la sentencia 112/2013 del Poder Judicial de la Federación que consideró inconstitucional dicha disposición.

También está incluida la explotación laboral a que son sometidas las trabajadoras sexuales que se ocupan para establecimientos mercantiles, ya que al amparo de la aplicación de la “Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas”, así como del delito de lenocinio por regentear, administrar o sostener un burdel, podría criminalizarse a los empresarios que reconocieran sus derechos laborales.

Dicha explotación laboral, es posible porque la prostitución, sexoservicio o trabajo sexual, tampoco está incluida con claridad en la Ley Federal del Trabajo vigente en México.

—Violencia reproductiva:

Violencia contra la libertad reproductiva, al negarles a las mujeres, la posibilidad de trabajar en el sexo si se encuentran embarazadas por disposiciones de reglamentos municipales y leyes estatales de salud. Dejar de trabajar es un derecho que se expresa con licencias con goce de sueldo, no una prohibición.

La violencia reproductiva, es una práctica discriminatoria que quienes la implementan la justifican señalando el bienestar del producto del embarazo, que queda a la merced del desempleo abierto de la trabajadora sexual embarazada expulsada de su centro de trabajo sin ningún tipo de ayuda económica o prestación social.

—Violencia psicológica:

La violencia psicológica, con la que se daña la estabilidad psicológica de las trabajadoras sexuales, que ha consistido en negligencia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a las trabajadoras sexuales a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio.

Los operativos policíacos contra bares, cantinas, cabarets, cuarterías y hoteles, en el marco de una reforma constitucional en el estado de Chiapas, que en el año 2014 prohibió el baile erótico, lanzó a la vía pública a cientos de bailarinas y meseras que si no se dedicaban al trabajo sexual, debieron hacerlo obligadas por las circunstancias.

Dichos operativos provocaron el suicidio de una mujer hondureña que presionada por las deudas y por no poder enviar dinero a sus familiares, se vio obligada por estos actos de autoridad, a quitarse la vida.

Incitar al sentimiento de culpa entre las trabajadoras sexuales, es violencia psicológica perpetrada por predicadores, religiosas, servidores públicos y familiares, al hacerlas sentir culpable por lo que les ocurre, por haber adquirido una infección de transmisión sexual, por “transmitir” el VIH/Sida, por no tener una pareja estable, por “dejarse” explotar por sus clientes y patrones, por alterar la moral y buenas costumbres, por ser una mala imagen en la calle, por “aliarse” con rateros y carteristas, por ser “malas” madres, entre otras razones.

—Violencia física:

La violencia física, donde se ha usado la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que han provocado o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas. Los perpetradores son generalmente policías, algunos clientes, madrotas y patrones o encargados, así como delincuentes y vecinos.

La complicidad de las autoridades ministeriales de no pocas Fiscalías Generales de Justicia como la de Chiapas y Procuradurías Generales de Justicia como la de Jalisco, ante denuncias de violencia física de que son objeto trabajadoras sexuales, que no son atendidas con la debida diligencia.

Así mismo, el silencio cómplice de comisiones o procuradurías “autónomas” de derechos humanos que pasan por alto dichas omisiones de las autoridades ministeriales y que de totas formas no garantizan el derecho de no repetición.

—Violencia económica:

Violencia económica, como el cobro indebido de cuotas por tarjeta de control sanitario, que no corresponden a las establecidas legalmente, cobro de condones del sector salud y de pruebas rápidas de detección de VIH y sífilis que son de distribución gratuita.

Otros actores sociales que perpetran violencia económica son la policía, funcionarios de diferentes niveles de salud pública, el crimen organizado que somete a cobro de derecho de piso a las trabajadoras sexuales en muchas ciudades mexicanas, las y los tratantes y explotadores.

—Violencia sexual:

La violencia sexual, que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de las trabajadoras sexuales, a cambio de permitirles seguir laborando como ha ocurrido en la zona galáctica o de “constatar” que reúnen las condiciones de salud que el control sanitario exige en el municipio.

También es ejercida por algunos clientes que violan a las trabajadoras sexuales, por algunas de sus parejas sentimentales, por policías que al detenerlas las someten y las obligan a tener coitos con ellos, por algunos encargados de lugares donde ellas laboran, por vecinos y por miembros de la delincuencia organizada o no.

En muchas ocasiones, las autoridades respectivas se niegan a iniciar investigaciones penales por dicho delito, al considerar que como las trabajadoras sexuales se dedican a ofrecer servicios íntimos, están obligadas a “satisfacer” cualquier ocurrencia de sus clientes, no contemplada en el contrato verbal establecido entre ambas partes.

—Violencia simbólica:

“La violencia simbólica es esa coerción que se instituye por mediación de una adhesión que el dominado no puede evitar otorgar al dominante (y, por lo tanto, a la dominación) cuándo sólo dispone para pensarlo y pensarse o, mejor aún, para pensar su relación con él, de instrumentos de conocimiento que comparte con él y que, al no ser más que la forma incorporada de la estructura de la relación de dominación, hacen que ésta se presente como natural… (Piere Bourdieu)”.

La violencia simbólica hacia las trabajadoras sexuales se ejerce a través de diferentes estigmas.

El primero es considerar a las trabajadoras sexuales como responsables de la transmisión del VIH/Sida e infecciones de transmisión sexual, que deben ser vigiladas y castigadas con la expulsión de su centro laboral, si adquieren dichos padecimientos.

Ello justifica todo el andamiaje del control sanitario recaudatorio y la criminalización del VIH en códigos penales que consideran dicha conducta como delito.

Otro estigma, no menos violento es caracterizar a las trabajadoras sexuales como malas madres que no pueden garantizar el bienestar de sus hijos e hijas menores de 12 años y que produjo disposiciones en códigos civiles y familiares donde pierden la patria potestad.

También se les representa como “mujeres fatales” o malas mujeres, que rompen la unidad familiar de muchas familias y que atentan contra la moral y las buenas conductas, razón que da pie a las sanciones contenidas en reglamentos de policía y buen gobierno y Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal.

No puede faltar el que se les considere propensas a delinquir o a ser cómplices del delito, motivo por el cual muchos clientes las acusan de manera infundada de robo y fueron encarceladas porque el ejercicio de su oficio “daba pie” a las autoridades a condenarlas previamente.

Otro estigma que está en boga, es considerarlas víctimas de la prostitución, equiparando trabajo sexual con trata de personas y considerarlas incapaces de haber tomada la decisión libre y soberana de ejercer el trabajo sexual.

Está de moda proponer la criminalización del cliente sexual y esto genera un choque de estigmas. Por un lado se busca establecer tipos penales que conviertan al cliente de las trabajadoras sexuales en delincuente o infractor administrativo para “castigar” a quienes “violan” y cometen otros abusos al contratar servicios sexuales, resaltando el carácter de víctima de las llamadas “mujeres en situación de prostitución”.

Sin embargo, la violencia simbólica se hace presente con otro estigma muy sutil, que convierte a las trabajadoras sexuales que no denuncien a sus clientes, en cómplices de trata de personas, aunque no se proceda penalmente contra ellas.

Al criminalizar al cliente de las trabajadoras sexuales, se les tacha a ellas de víctimas y se construye el andamiaje de cómplices del delito, nada más contradictorio y violento.

—Violencia feminicida:

Violencia feminicida, que ha ocurrido en diferentes años, sin garantía de no repetición, donde son privadas de la vida trabajadoras sexuales por diferentes actores sociales involucrados en la guerra contra el crimen organizado iniciada en el sexenio del presidente de la república Felipe Calderón Hinojosa.

* Los feminicidios por violencia represiva, incluyen los asesinatos de trabajadoras sexuales que denuncian la violencia policíaca, quienes se organizan contra la represión de la policía o rechazan la extorsión de los cuerpos policíacos o la impunidad que éstos le suministran a explotadores y tratantes sexuales. Estos le han ocurrido a varias integrantes de cooperativas del DF de la Red Mexicana de Trabajo Sexual.

* Los feminicidios por explotación sexual, laboral, económica u obrero patronal, llevados a cabo por padrotes, enganchadores, encargados o dueños de los negocios donde se ofertan servicios sexuales. Crímenes típicos en la zona de la Merced, en el Distrito Federal.

* Los feminicidios por discriminación, debido a que la ocupación que desempeñan las trabajadoras sexuales es considerada impropia de mujeres de bien, y por tanto no merecen seguir viviendo y pueden ser asesinadas por cualquier hombre, como ha ocurrido en la Plaza del Sol en Zapopan, Jalisco.

* Los feminicidios por despojo, donde las trabajadoras sexuales son asesinadas por negarse a ser despojadas de su fuente laboral en la vía pública o en algún espacio cerrado, como ha sucedido en los proyectos de rescate de los centros históricos en todo el país. También están los casos de trabajadoras, previamente asaltadas y/o violadas por delincuentes, que sabían a qué se dedicaban y por ello las robaron y asesinaron.

 

* Ahora, los feminicidios por violencia criminal o conflicto armado, que padecemos en México en este momento, Brigada Callejera los cataloga de la siguiente manera:

 

  1. a) Feminicidios por efectos colaterales de la intervención policíaco–militar, de las trabajadoras sexuales que murieron en el cruce de disparos entre diferentes actores armados en conflicto, como los acaecidos, por ejemplo, en bares y centros nocturnos de Hidalgo, Durango, Tamaulipas y Nuevo León.

 

  1. b) Feminicidios por el control de la plaza donde se tiran granadas en centros nocturnos, se balacea a quienes se encuentren en ellos, se incendian los establecimientos económicos o se acalla a presuntas informantes de la autoridad o de grupos rivales, como los sobrevenidos en Chihuahua, Jalisco, San Luis Potosí y Quintana Roo.

 

  1. c) Feminicidios por violencia en el reclutamiento de trabajadoras sexuales como “panteras” del crimen organizado u orejas del régimen, en la incorporación forzada de trabajadoras sexuales, migrantes y mujeres en general, para ser marcadas con tatuajes y constreñidas a la esclavitud sexual, como ocurre con las mujeres migrantes en Oaxaca y Veracruz, que al negarse a ser prostituidas, no atender “satisfactoriamente” a los clientes o porque ya no constituyan un buen negocio, son asesinadas con extrema saña.

 

  1. d) Feminicidios por ejecuciones extrajudiciales de trabajadoras sexuales que han sido víctimas, testigos o se han solidarizado con quienes han sido objeto de violencia criminal, al señalar o acusar al crimen organizado, así como a tratantes y lenones, en particular como ocurrió en la calzada de Tlalpan, después del operativo del hotel Palacio en el año 2009.

 

  1. e) Feminicidios corporativos como los de Ciudad Juárez (Segato); con la diferencia que en Tlaxcala, Puebla y Oaxaca son las mafias históricas dedicadas al enganche, traslado y explotación sexual de mujeres, niñas y adolescentes, que han diversificado sus negocios y actualmente incluyen la venta de armas y el narcotráfico, como lo ha denunciado el “Centro de Derechos Humanos Fray Julián de Garcés” en varias de sus publicaciones.

 

—¿Qué hacer ante este panorama?

Qué podemos hacer, además de conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este 25 de noviembre de 2018.

No quedarnos con las manos cruzadas. Organizarnos y movilizarnos contra la violencia hacia las trabajadoras sexuales y en general hacia las mujeres de todas las edades y condiciones sociales. Impulsar políticas públicas no discriminatorias ni recaudatorias. Promover reformas legales que reconozcan a las trabajadoras sexuales independientes como trabajadoras no asalariadas, como ocurrió con la reforma del Código Municipal del estado de Coahuila que incluyó al trabajo sexual.

En la Ciudad de México falta que el Congreso de la Ciudad de México, derogue de una vez por todas las disposiciones de la fracción VII del artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica que señala que “Invitar a la prostitución o ejercerla, así como solicitar dicho servicio. En todo caso solo procederá la presentación (sic) probable infractor cuando exista queja vecinal,”, por haber sido declarada inconstitucional por el Poder Judicial de la Federación.

Así mismo, hace falta que el congreso nacional promulgue una Ley federal de trabajo no salariado, que incluya al trabajo sexual y se base en el Reglamento de Trabajadores No Asalariados del Distrito Federal, propuesta en su momento por el entonces secretario federal del trabajo, Porfirio Muñoz Ledo.

—Frente a las declaratorias de violencia de género:

Algunas medidas de protección de trabajadoras sexuales y de otras trabajadoras de bares, cantinas, hoteles, cabarets y zonas de tolerancia.

1.-) Reconocer dónde se ubican las trabajadoras sexuales, así como los bares, cantinas, hoteles y cabarets donde se pueda realizar el comercio sexual.

2.-) Documentar casos de violencia hacia trabajadoras sexuales en los lugares donde se ha decretado la alerta de género, entre ellos los denunciados por las mismas mujeres, tales como extorsión policíaca, las detenciones arbitrarias desencadenadas por no pagar dichas cuotas, agresiones de clientes, conflictos entre las mismas mujeres, ataques de proxenetas, entre otras más.

3.-) Que las patrullas rosas entren en contacto con las trabajadoras sexuales, cualquiera que sea su orientación sexual, su sexo biológico, su identidad y expresión de género, para escuchar en primera voz cuáles son las necesidades que tienen para salvaguardar su integridad de ataques de vecinos, clientes, parejas, policías, transeúntes y otras autoridades.

4.-) Realizar mesas de trabajo tendientes a garantizar la seguridad de las trabajadoras sexuales, con organizaciones que protegen sus derechos, personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de Derechos Humanos, servidores públicos que tengan que ver con el tema.

5.-) Difundir la cartilla de derechos humanos de trabajadoras sexuales de la Comisión Nacional de los derechos Humanos.

6.-) Proponer algunas medidas de protección tales como instalar botones de pánico en los lugares donde hay puntos de encuentro de trabajadoras sexuales en la vía pública, así como alarmas silenciosas de la policía en bares, cantinas, cabarets y cuartos de hotel donde ellas se ocupan con sus clientes.

7.-) Fomentar que mujeres policías impartan talleres de defensa personal a trabajadoras sexuales.

8.-) Indagar qué trabajadoras sexuales han sido víctimas de agresiones cuando están con sus clientes para saber qué medidas deben tomar en cada habitación, como la instalación de espejos, la ubicación de la parte superior de su cuerpo para poder escapar de un ataque.

9.-) Como la mejor medida de protección es la que se puede ofrecer en grupo, indicarles que no es ilegal que puedan coordinarse entre compañeras para guardarse seguridad unas a otras.

10.-) Involucrar, a través de acuerdos bilaterales a dueños, encargados y personal de los negocios donde puede haber trabajo sexual en el monitoreo permanente de las habitaciones donde las trabajadoras sexuales se ocupan para inhibir agresiones.

11.-) Donde hay control sanitario obligatorio, garantizar la gratuidad de todos sus servicios, trámites y documentos para que ese sistema no se convierta en un mecanismo de explotación sexual de las trabajadoras sexuales, meseras, bailarinas, afanadoras y otras trabajadoras de bares, cantinas, cabarets y hoteles.

12.-) Donde el código civil o familiar quita la patria potestad de las mujeres por ejercer la prostitución, indicarles que hay una sentencia de un juicio de amparo que considera que dicha determinación es discriminatoria.

13.-) Comprometer a la policía municipal o a la estatal donde haya muchas quejas de abusos contra la primera, de realizar rondines que no atemoricen a los clientes ni a las trabajadoras sexuales para salvaguardar su integridad. Esto incluye que las interesadas puedan contar con los números de celular de los elementos encargados de cada zona.

14.-) Que las autoridades respectivas, garanticen luminarias y transporte rosa para las trabajadoras sexuales en los lugares donde ellas laboran.

15.-) Que se cuenten con espacios físicos para dar cobijo a trabajadoras sexuales, meseras, bailarinas y otras trabajadoras de bares, cantinas, cabarets y hoteles, donde puedan estar seguras, sin que el hecho de estar bajo el influjo de drogas o alcohol, sea un impedimento como ha ocurrido en repetidas ocasiones en Tapachula, Chiapas.

16.-) Garantizar que quienes deseen regresar a sus lugares de origen puedan hacerlo.

17.-) Acompañar a mujeres extranjeras para que sea regularizada su situación migratoria.

18.-) Garantizar que mujeres que forman parte de poblaciones callejeras, cuenten con espacios seguros dónde pasar la noche.

19.-) Facilitar el acceso a guarderías y estancias infantiles, a hijos e hijas de trabajadoras sexuales.

20.-) Invitar a trabajadoras sexuales a instituciones donde puedan aprender a leer y escribir, terminar su primaria y secundaria y estudiar alguna carrera técnica de forma gratuita, cuando ellas lo deseen.

21.-) Promover que las trabajadoras sexuales tengan acceso a programas sociales sin discriminación.

22.-) Asegurar la aplicación de la justicia y el castigo a los responsables en casos de feminicidio, violación y otras agresiones.

23.-) Garantizar que en el caso de violaciones, las trabajadoras sexuales tengan acceso a la anticoncepción de emergencia y a medicamento antirretroviral contra el VIH, Sida para prevenir dicha infección.

24.-) Asegurarse que una trabajadora sexual que haya adquirido el VIH, reciba tratamiento antirretroviral para que llegue a ser INDETECTABLE en carga viral y ya no transmita el VIH.

25.-) Comprometerse a no utilizar los condones como prueba indiciaria para fincar delitos como trata de personas, delincuencia organizada o lenocinio; porque al hacerlo se ejerce violencia institucional a trabajadoras sexuales, al atentar contra su derecho a la salud.

—La Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, “Elisa Martínez”, A.C., produjo un cómic sobre este tema en el año 2004, que todavía tiene vigencia en este tema y se titula “Violencia hacia las trabajadoras sexuales”.

La liga de este cómic es la siguiente:

 

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Salud psicológica de las trabajadoras sexuales (Suiza)

 

 

Las trabajadoras sexuales tienen dificultades para acceder a la atención médica, y mucho más a un seguimiento psicológico. ¿Qué pasa con su salud psíquica? ¿Tienen vulnerabilidades particulares? ¿De qué recursos disponen? La diversidad de las prácticas de trabajo sexual es un primer obstáculo para un análisis homogéneo de la salud psicológica de las personas afectadas.

 

Por CHLOÉ VEUTHEY

10 de julio de 2019

https://lecourrier.ch/2019/07/10/sante-psychique-des-travailleuses-du-sexe/

 

Según las asociaciones de apoyo, la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático y el agotamiento son los trastornos mentales a los que están más expuestos las trabajadoras sexuales. KEYSTONE

 

 

Según un estudio encargado por la Oficina Federal de Policía1, la prostitución callejera representa alrededor del 5% de la actividad; una gran parte de la profesión ejerce en clubes, o independientemente. Las condiciones de trabajo no son las mismas. Horario nocturno, ritmo de vida irregular, preocupación por tener un techo bajo el que ejercer, falta de autonomía, violencia, trabajo bajo presión, inseguridad, competencia intensa… Como en cualquier actividad, el ambiente de trabajo tiene un impacto sobre la salud. Además, el malestar psicológico puede encontrar su origen en muchas causas: migración u otras experiencias difíciles de la vida, problemas de salud, consumo de drogas o alcohol, etc.

Se han realizado algunos estudios sobre este tema, pero el contexto plantea dificultades metodológicas. Es una población muy móvil, a veces en situación precaria, que no se confía fácilmente. En una sociedad donde su actividad es extremadamente estigmatizada, las trabajadoras sexuales a menudo viven en una gran soledad, ocultando su actividad a su entorno, cuando tienen uno. El impacto de este estigma en la salud mental parece ser reconocido por unanimidad. Sin embargo, “decir que el trabajo sexual es un problema no sería justo para las personas que practican este trabajo sin vergüenza”, dice Sandrine Devillers, responsable de comunicación de la asociación Fleur de Pavé, que trabaja en apoyo y defensa. de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras sexuales, en Lausana.

Conocer los códigos

La depresión, los trastornos de ansiedad, el estrés postraumático, el agotamiento… son los trastornos más citados por los profesionales que trabajan sobre el terreno y por los estudios disponibles. “Las personas que trabajan con prostitutas están sensibilizadas con respecto a los problemas de salud mental y pueden ofrecer una entrevista de salud o un apoyo social si se identifica una necesidad”, dice Mireille Wehrli, enfermera de atención comunitaria de la asociación Aspasie, la homóloga en Ginebra de Fleur de Pavé. En los próximos meses, Fleur de Pavé propondrá un enfoque adicional abriendo una plataforma semanal dedicada a temas relacionados con la salud mental, con la presencia de un psicólogo. “Queremos brindar la oportunidad de acceder a una escucha activa destinada a apoyar lo mejor posible a las beneficiarias y dirigirlas hacia la atención adecuada”, dice Sandrine Devillers.

APRENDER A ESCUCHARSE

“El trabajo sexual puede llevar a un conflicto cognitivo”, dice Zoe Blanc-Scuderi, fundadora de Sexopraxis, un centro multidisciplinario sobre sexualidad, ubicado en Lausana. “Si me gusta mi trabajo, pero la sociedad lo considera horrible, ¿también yo soy horrible?” El estigma del trabajo sexual parece ser un factor clave en la salud mental de quienes lo practican. No solo por el aislamiento social que causa, sino también por el conflicto que puede experimentar la persona que lo ejerce voluntariamente y que se pregunta: “¿Soy normal?” Además, una prostituta que dice que le gusta su trabajo debe “amarlo” y nunca quejarse de él, dice Zoé Blanc-Scuderi. Sin embargo, como en cualquier otro trabajo, puede suceder que tenga un mal día de trabajo, o un cliente con el que salga mal. Pero el estigma de esta actividad obliga a las trabajadoras al silencio y les impide hablar de su sufrimiento “. CVY

Si darse cuenta de la necesidad de atención es un primer paso, las dificultades no se detienen allí. Mireille Wehrli señala que “las trabajadoras sexuales encuentran dificultades recurrentes para acceder a la atención. Algunas no tienen seguro o tienen franquicias muy altas, y no tenemos muchas opciones para ofrecer”. Sin embargo, Aspasie trabaja en colaboración con la Asociación Pluriels, en Ginebra, que permite a las beneficiarias un seguimiento psicológico a pagar de acuerdo con sus posibilidades.

“Seguir una psicoterapia puede, por otra parte, llevar a no poder seguir trabajando”, dice la enfermera de atención comunitaria. A veces, el procedimiento aumenta la sensibilidad de la persona, hasta el punto de serle intolerable volver a ejercer esa misma noche. “En general, ella encuentra que es “difícil hacer que estas personas busquen atención por problemas psicológicos, pues tienen otras urgencias. Algunas se encuentran en situaciones muy precarias, y muchas son el sostén de su familia.”

Además de los costos, el marco propuesto para la terapia puede ser incompatible con la práctica del trabajo sexual. Estas personas son extremadamente móviles; una buena parte de ellas alternan períodos de trabajo en Suiza y estancias en su país. Además, existe la barrera del idioma y el estigma asociado al trabajo sexual, también entre los trabajadores de la salud. Por esta razón, es esencial que éstos estén específicamente formados y conozcan los códigos del medio.

“La acción de un psicólogo no formado en estas cuestiones puede incluso ser contraproducente”, dice Penélope Giacardy, coordinadora de la asociación Aspasie. Existe el riesgo de que se concentre en la actividad del trabajo sexual, mientras que el malestar psíquico de la persona puede estar relacionado con otras cosas, como la falta de estatus legal o problemas familiares. Finalmente, entre las prostitutas, como en el resto de la población, la “psicofobia”, el temor de ir a ver a un terapeuta, sigue viva.

El acceso a la atención también se ve obstaculizado por el hecho de que en algunos clubes, las trabajadoras sexuales rara vez salen. “En los clubes, sucede que haya presiones ejercidas por el o la gerente del establecimiento, informa Penélope Giacardy. Por miedo a perder un cliente, las prostitutas limitan sus salidas. Permanecen confinadas en un universo cerrado, donde la luz del día a menudo está oculta y el aire está lleno de humo, lo que constituyen otros tantos factores de riesgo para su salud. Algunas mujeres trabajan y viven en la misma habitación, lo que dificulta la diferenciación entre la vida privada y la profesional, cosa que es esencial”.

Enlaces e intercambio de experiencias

Alrededor del 90% de las trabajadoras sexuales son migrantes. Algunas de ellas están en una situación ilegal, por lo que temen acudir a la policía en caso de violencia, por ejemplo. Su desconocimiento del sistema administrativo y de salud, así como del lenguaje, refuerza su aislamiento y precariedad.

En abril de 2018, se restringió drásticamente el perímetro donde las prostitutas pueden practicar en el distrito de Sévelin, en Lausana. Desde entonces, se ha observado una disminución en el número de profesionales en el sector, con una gran pregunta: ¿a dónde fueron? Presente cinco noches por semana en las calles de la prostitución en Lausana, el autobús itinerante de Fleur de Pavé observó una caída en la frecuentación: muchos contactos que se han perdido. Frente a este fenómeno, y para no perder el vínculo con quienes promocionan sus servicios en Internet, las asociaciones Aspasie y Fleur de Pavé crearon a finales de 2018 un sitio de anuncios eróticos gratuitos, «Call me to play». Éste contiene una gran cantidad de información y mensajes de prevención, entre los que se encuentra la sensibilización a las señales de agotamiento profesional. La plataforma también ofrece foros, uno de los cuales está reservado para profesionales, para crear enlaces y fomentar el intercambio de experiencias.

Información e intercambio es también lo que proponen las sesiones impuestas por la ley ginebrina a las personas que inician su actividad en el trabajo sexual en el cantón, durante las cuales también se aborda la salud psíquica. “Todas llegan a empujones, pero se van con una impresión positiva”, constata Penelope Giacardy, basándose en las evaluaciones recopiladas entre las interesadas. Estas sesiones responden a la necesidad que sienten de romper el aislamiento y compartir sus experiencias “. Continúa: “Las prostitutas tienen una función terapéutica para algunos clientes que usan sus servicios para satisfacer fantasías, pero también para compartir su malestar. Son como un aliviadero de problemas, pero no tienen un supervisor ni momentos para compartir esas cosas difíciles, y eso puede ser muy difícil de vivir”. La experiencia ayuda a manejar mejor este tipo de situaciones. Sin embargo, para evitar el desbordamiento, el intercambio entre pares es una gran ayuda.

 

NOTAS

  1. ↑ “Erotikbetriebe y Einfallstor für Menschenhandel? Eine Studie zu Ausmass und Struktur de Sexarbeits-marktes in der Schweiz “, Lorenz Biberstein, Martin Killias, 2015.
  1. ↑ Si bien existe la prostitución masculina, es, sin embargo, minoritaria. Por eso, en este texto, se usa el femenino.

Artículo publicado en Diagonales n ° 129, mayo-junio de 2019, bimestral del Grupo de Recepción y Acción Psiquiátrica (Graap), http://www.graap.ch

Trabajo sexual, derechos laborales y sindicación

Inscripción obligatoria: otras@sindicatootras.org

Barcelona Ciudad Pro Derechos

 

Todas las mujeres, todos los cuerpos, todos los derechos, todos los días

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIuCwyh7BGf3m5ZyMqKAZNWDFFpEOa_g4by4cu4YHT1J3XMw/formResponse

 

Més de 110 col·lectius i entitats ja s’han adherit!
ACATHI
Actuavallès
Grup AFIN de la UAB
Almena Cooperativa Feminista
Cooperativa l’Apòstrof, SCCL
ARA Associació de Serveis i Formació Socioeducativa.
Assemblea de la Kasa de la Muntanya
Associació CA LA DONA
Associació GOGARA
Associació Hèlia
Atc llibertat
Colectivo Al hanan. Acciones contra la exclusión. Barcelona.
Aliadas Transfeministas
ARSU
Asamblea 8M proderechos Valencia
Asaupa’m
Assamblea Feminista de Gracia
Assemblea feminista La Filadora del Poblenou
Assemblea Feminista de Sants
Atzagaia
Ateneu Llibertari de Gràcia
Ateneu La Zitzània
Averlasailas Teatrodeloposible
La Bonne
Bilgune Feminista
Calala Fondo de Mujeres
Can Masdeu
C.A.M.P.A
CATNPUD. Xarxa Catalana de Persones que Usen Drogues
Cooperativa Candela, acció comunitària i feminista sccl
Las Ciclobollos
La Ciutat Invisible, SCCL
Ciutat Vella No Està En Venda
Col·lectiu i fons feminista, LGTB i queer a Can Batlló
EL ALETEO DESEQUILIBRADO de CONTRABANDA FM
Associació Ciutadana Anti-sida de Catalunya
Cooperacció
Associació Cooptècniques
CGT UB
Creación Positiva
Cultura Trans
Comitè 1r de Desembre
Dones Llibertàries
Dones x Dones
Associació de Drets Sexuals i Reproductius
Editorial Virus
Associació Cultural el Raval – El Lokal
Eje de Precariedad y Economía Feminista de Madrid
Entrepobles (Barcelona)
Escola Bollera
Espacio del Inmigrante
FAGC
Fem Bandada
Feministes Indignades
FLG Associació de Famílies LGTBI
Fundació Àmbit Prevenció-Servei Àmbit Dona
Fundació Aroa
Fundació ICEERS. International Center of Ethnobotanical Estudies Research and Services
Fractalitats de la Investigació Crítica de UAB
Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC)
GAIS POSITIUS
Gatamaula. Col·lectiu de dones feministes
GENERA – Associació en defensa dels drets de les dones.
GENEREM
Grup de dones Artemis de Santa Coloma de Gramenet
Hèlia
Federació D’Altres Activitats de la IAC (Intersindical Alternativa de Catalunya)
Fundació Socialisme sense fronteres
IAC-FAA
JIS Joves per l’ Igualtat i la Solidaritat
La Brotada, Assemblea Feminista de Vallcarca
La Electrodoméstica
Las Bajas Pasiones
Asociación cultural “Las Mirillas”.
LesBiCat
Liquen Data Lab – Consultoría feminista & Data Lab & Design Justice
Luciérnagas Arte en Acción
Marikas Llibertàries Transfeministes de BCN
Marxa Mundial de Dones Catalunya
Masala
MEDEAK
METZINERES “Entorns d’aixopluc per dones que usen drogues, Sobrevivint violències”
Associació La Morada
Mujeres Palante
Mujeres Migrantes Diversas
Mujeres Cannábicas
Negreta Feminista
(N)O.M.A.D.A.S – oficina migración y atención a la diversidad afectivo sexual
Novembre Feminista
Observatori Contra l’Homofòbia (OCH)
Post-Op
Precarias Empoderadas
Projecte Vaca, Asociacio creadores esenciales
Projecte X
Prostitutas Sevilla
Putas Libertarias Raval
REMA. Red de Mujeres Antiprohibicionistas
Assemblea Revuelta Trans
Secció Sindical CGT CCMA
SIDA STUDI
Simbiosis Kolective
Sindicato Lab
Stop Sida
SUDS – Associació Internacional de Solidaritat i Cooperació
Tamaia
Talaiar salut. Psicoanàlisi
Espai de Salut de la Teixidora (Col.lectiu)
Asociación T.I.C.T.A.C. , Taller de Intervenciones Críticas Transfeministas Antirracistas Combativas
TekillArt Fanzine
Asamblea Transmaricabollo de Sol
Tribade
Sindicato popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona
Unitat PSICOGÈNERE. S.P.L. Facultat de Psicologia. UAB
XADUD. Xarxa de Dones que Usen Drogues
Xarxa de Consum Solidari
Xarxa Feminista
Xarxa DDiPAS
I més de 350 persones!
Abraham Mesa Barroso Activista Marika Transfeminista, integrante del Movimiento Marika de Madriz (MMM)
Adriana Irurita González
Adriana Nicosia
Adriana Rosa Kaplan Marcusán Cátedra de Transferencia del Conocimiento, Directora Fundación Wassu-UAB
Adriana Sabaté Muriel educadora social i activista feminista
Àfrica Garcia-rincón Activista feminista de Sindillar
Agnès Vayreda Duran Docent UOC, Grup de Recerca MEDUSA
Alba castro Educadora social
Alba Garcia Sanchez Activista Feminista i Sindicalista
Alba Gràcia Martínez Militant anarcofeminista
Albert Recio Andreu Professor de la UAB, Revista Mientras Tanto
Alec Tosquella Alvarez Activista
Alejandra Outomuro Metgessa
Alejandro Forero Cuellar Professor Dret Penal i Criminología, i Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals UB
Alexandre Guillamon Lloret Coordinador de Entrepobles, Activista Social y DDHH
Alicia Cobo Peña activista veina
Alicia Dujovne Ortiz Escriptora
Alicia Rodriguez Activista
Alicia Sanchez Advocada
Amaia Peralto Treballadora Social
Ana Fábregas Martínez Activista
Ana G. Aupi Poeta Feminista
Ana Hernando Atorrasagasti miembro de la Asamblea Feminista de Madrid
Ana Mª Rivas Rivas Docent de la Universitat Complutense de Madrid
Ana Mañas
Ana Montero Novembre Feminista
Ana Nicolás Garrido Vecina
Ana Ramos Activista e integrante del colectivo antirracista Repensandones
Ana Varela Mateos Inspectora de Trabajo y Seguridad Social
Andrea Nunes Brions
Ángel J. Gordo López Docent Universitat Complutense de Madrid
Ángeles Poves Vecina
Anna Cervera Veïna de Barcelona
Anna Gabarró Sindicalista i feminista
Anna Jódar Corredera Feminista y educadora
Anna Miñarro Professional
Anna Moreno Integrant d’un col.lectiu
Anna Moreno Gómez Activista
Anna Romaguera Martinez de Castilla Integradora social a la fundacio ambit prevencio
Anna Sala Vila
Antoni Folguera Bonjorn Mestre
Antonia Raya Tena
Apen Ruiz Activista Feminista i Docent
Araceli Aiguaviva Baulies
Ares Batlle Manonelles activista feminista i investigadora predoctoral en criminologia feminista a la Universitat Pompeu Fabra
Ariadna Cases Treballadora sexual
Aura Roig Forteza Directora de Metzineres
Barbara Biglia Professora de la Universitat Rovira i Virgili
Bárbara Ramajo Membre de Bollos en Teoría
Bart Bloem Herraiz Activista por los derechos trans, integrante del Bloque Andaluz de Revolución Sexual, vecine de la ciudad de Bcn
Bart López Activista
Beatriz San Román Sobrino
Beka Iglesias (Calafou) Integradora Social.
Bel Olid Escriptora
Belén de la Rosa Fisioterapeuta,terapeuta gestalt trabajadora se educación y activista Q
Betlem Cañizar Bel Activista Feminista
Brigitte Vasallo
Carla Molina Fort trabajadora en el ámbito de Drogas y Género en el barrio del Raval
Carla Secondi Veïna de Barcelona
Carme Alemany Sociòloga
Carme Ambròs Ceron activista i veïna del Raval
Carme López
Carme Murias
Carme Porta Abad
Carmen García Vara Jubilada
Carmen Romero Bachille Feminista i professora de la Universitat Complutense de Madrid
Carolina Álvarez Rossat Fundación Wassu-UAB
Carolina Egio Artal Activista
Cecilia Carrillo activista veïnal a 9 Barris
Chiara Dalla Vecchia XADUD
Cinta Tort – Zinteta Artista i artivista feminista
Clara Fernández Psicóloga y educadora pro-derechos
Clarisa Velocci Activista Pro Drets
Claudia Conde Fisas veïna
Consuelo Álvarez Plaza Profesora Universidad Complutense de Madrid
Conxa Regañó
Coral Cuadrada professora de la URV
Cristina Conde Eujen Activista veïna
Cristina Fernández Bessa
Cristina Garaizabal Elizalde
Cristina Hernández Filósofa
Cristina Sanchez Edo veïna
Dámaris García Carbonell Activista Feminista
DANIEL PARDO RIVACOBA Vecino
Daniel Raventós Panyella professor de la UB y editor de Sin Permiso
David Casassas Marquès Professor Sociologia de la UB
David Jiménez Militant marika
Deborah Maire
Diego Marchante
Dolo Pulido León Activista feminista i personal d’administració i serveis de la Universitat de Barcelona
Edurne Jiménez Pérez activista, educadora i investigadora feminista
Elena Longares Hernández
Elia Martínez-Cava Carrasco Veïna feminista de Sants
Elisa Arenas Lopez trabajadora social
Elisa Felip Feminista y anarcovegana
Elisabet Almeda Samaranch Catedratica Sociologia Universitat de Barcelona
Empar Pineda Erdozia
Encarna Bodelón Professora de Filosofia del Dret
Encarna Laza Izquierdo Feminista, Técnica Sanitaria en el sistema públic de salut
Esperanza Aguila Ducet Infermera i activista feminista
Estrella Pineda Menor Activista veïnal
Estrella Ramil Paz Feminista
Eva Abril Chaigne Activista Cuir
Eva Fernández Antropóloga, activista feminista i veïnal
Fabiola Romera Rodríguez veïna
Fina Rubio Presidenta de Surt. Creu de Sant Jordi
Flavia Anconetani
Francesc Matas Salla Estrateg i activista.
Francesca Malloci Vecina activista
Gabriela Serra Frediani Activista Social
Gabrielle Royant Activista feminista pro derechos
Gal·la Llobet PiquerC
Garazi Rodríguez proyecte Metzineres
Gemma Torres Delgado Historiadora
Gerard Coll-Planas Director del Centre d’Estudis Interdisciplinaris de Gènere. Universitat de Vic
Glòria Roig i Gimenez Dones x Dones i Feministes per la Independència
Gracia Trujillo socióloga y activista feminista queer
Griselda Piñero Delledonne Jubilada
Helena Nuviala de Miguel Activista feminista
Iñaki Rivera Beiras Director de l’Observatori del Sistema penal i els Drets Humans de la Universitat de Barcelona
Inés Massot professora titular Departament MIDE, Universitat de Barcelona
Irene Zapata Rubio
Isabel Carreras Molina feminista, dona lliure
Isabel Holgado
Isabel Moga Sampere Metgessa Jubilada
Isabel Muntané activista
issa archs aunion activista
Itsasne Gaubeca Vidorreta Sociòloga
Itziar Ziga Escritora y feminista
Janet Mérida Treballadora Sexual
Jara Henar delegada a Catalunya de l’ONG Alianza por la Solidaridad
Javier Sáez Activista lgtb y feminista
Joan Bover i Alonso. aturat i simpatitzant de Entrepobles.
Joan Font Perez Associació DEMÀ
Joana Garcia Grenzner Periodista
Joana Garcia Grenzner Periodista i activista feminista
Joaquim Roqueta Manen Activista
Jokin Azpiazu Carball profesor e investigador de la Universidad del Pais Vasco
Jokin Azpiazu Carballo Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)
Jordi Arcarons Bullich Catedràtic d’Econometria, Estadística i Economia Aplicada UB
Jordi Bonet Martí Professor Universitat de Girona (UdG)
Jordi Ferré Virgili Economista Jubilat
Jordi Muñoz i Burzon mestre
Josefa Calbet Monserrat
Josefina Jiménez Betancor
Josep Maria Moragriega Andrés Docent
Juan Diego Ortega Persona
Juanjo Lavergne Integrante Colectiu RidersxDerechos
Judith Juanhuix Gibert Presidenta de Generem
Júlia Abelló Vilalta Antropòloga feminista, tècnica d’inclusió i gènere
Julia Montilla Campillo Trabajadora Cultural
Júlia Ojuel Médica de família feminista
Karla Arranque Candal Socióloga
Koldo Arostegui Bailarín
Laia Alsina Periodista
Laia Fargas Fursa Activista en la Defensa dels DDHH
Laia Otero Serrado Veïna
Laia Rossich psicòloga experta en l’abordatge de les violències masclistes
Laia Serra Perelló Advocada
Laura Labiano Ferré Militant de l’esquerra independentista i activista pro-drets
Laura Macaya-Andres Militant anarcofeminista i especialista en atenció a violències de gènere.
Laura Viladevall Corominas Activista
Lidia Sandalinas Félez Feminista, sindicalista de CCOO, sòcia de Ca la Dona, activista de Novembre Feminista
Lola Badenes Antropòloga, activista feminista
Lola Benítez Méndez
Lola Blesa Activista
Lorena Garrido Jurista
Lourdes Ponce Noria Activista Veïnal i dels Drets de les persones migrades
Lucía Egaña Rojas Artista visual y docente del Programa de Estudios Independientes del MACBA
Lucía Estrella Serra
Luis Royo Muñoz
Luis Villegas Negró activista y trabajador social (Stop Sida)
Lupicinio Íñiguez Rueda Profesor
M Carme Navarro Cardenete Activista feminista
M. Carme Catalan Piñol Transfeminista Antirracista Combativa
M. Dolores Fumanal Laplana. Professora jubilada, feminista
M. Gabriela Serra Frediani Activista social
M. Pilar Martín Bonaga Integrant col.lectiu
M.Carme Folguera Bonjorn Veïna
Mairê Costa de Carli
Mamen Briz periodista y activista pro derechos
Manuel Miguel Sepúlveda Profesor de artes plásticas y audiovisuales
Mar Zapata Integrante de un colectivo
Marcela Lamas Gomez Individual
Margarita López Carrillo Documentalista de salut
Margarita Sanchez Romeo Soc activista
Margot Pujal i Llombart Professora de la UAB
Mari Carmen Fernández Molina
Maria Antonia Arnau activista social a Gràcia i en defensa dels DDHH
Maria Barcons Campmajó Doctora en Dret – investigadora del Grup de recerca Antígona (UAB)
Maria Berzosa Activista feminista
Maria de la Fuente consultora
María Dolores Juliano Corregido Professora titular jubilada Antropologia UB
Maria Feliu i Gil estudiant i educadora
Maria Ginard Rodríguez tècnica auxiliar d’igualtat i activista feminista (membre del col.lectiu Fúria Feminista)
María Isabel Jociles Rubio Docent Universitat Complutense de Madrid
Maria Jesús Núñez González Treballadora de la UB
Maria Llopis
Maria Lopez Ruiz Activista Feminista
María Luisa Maqueda Abreu Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Granada
Maria Mateu Soc veïna i activista
Maria Morales Armayones
Maria Morales Codina Artista
Maria Moron Martin activista feminista
María Palomares Arenas Cabral
Maria Rodó de Zárate investigadora i activista feminista
María Rodriguez Metzineres
Maria Rosa Dalurzo
María Royo Díaz
Maria Teresa Cocciarini
Maria viñolo berenguel Activista
Marielle Paon Veïna
Marisa Cebrian Batalla Infermera
Marisa Iglesias Vila professora de Filosofia del Dret de la Universitat Pompeu Fabra
Marisela Montenegro Universitat Autònoma de Barcelona
Marta Busquets Gallego Derecho, género y salud
Marta Carrera Plans Activista Feminista i en Defensa de la Salut Pública
Marta Castro Zaera
Marta Farrés Anglada Activista feminista i educadora
Marta Jorba Investigadora en filosofia a la Universitat del País Basc (UPV/EHU) i activista feminista.
Marta Morató Contreras
Marta Padrós Castells Professora de la UAB
Marta Padrós Castells Integrant d’un col·lectiu
Marta Ruiz de Arcaute Naudí Costurera
Marta Sales Romero Educadora i activista feminista
Marta Villar Sexòloga feminista
Martí Caussa Calvet Redactor de la revista Viento Sur i activista de Stop mare mortum
Mercè Claramunt Bielsa Advocada
Mercè Compte Martínez Espai feminista de Sants
Mercè Espelleta actriu actriu
Mercè Fernàndez activista feminista
Mercè Meroño Salvador coordinadora del servei Àmbit Dona del Raval.
Mercè Molina Garcia Advocada
Mercè Nebot Ventura
Mercè Otero Vidal Docent. Creu de Sant Jordi
Mercè Redón Zorita mestra persones adultes jubilada
Merce Tafalla Veina
Meri Rodríguez Lourenço proyecto Metzineres
Miquel Àngel Garcia Àlvarez No
Miquel Missé Activista trans i sociòleg
Mireia Foradada Villar Investigadora i activista feminista
Mireia Redondo
Miren Etxezarreta Economista. Profesora jubilada
Miriam Aleman Calatayud Activista Feminista
Miriam Alemany Gómez Professora Licenciada en Comunicació i documentació, jubilada de Formació Professional
Miriam Sol i Torelló
Miriam Solà Activista e investigadora feminista
Mistress Nereida
Mistress Nicole
Monica Penas Activista feminista i sindicalista
Mónica Redondo Professora de matemàtiques i activista transmaricabollo
Monica Vargas Collazos Activista Social
Mónica Viviana Muro Activista
Montse Milà Estrada Treballadora Social i Activista Veïnal
Montse Puig Garrido Pedagoga i clown
Montse Vila
Montserrat Ballart Macabich
Montserrat Benito Soriano Activista Feminista i en defensa dels Drets humans
Montserrat Cervera Rodon Activista Feminista
Muntsa OV activista feminista
Nadina Bértolo Sanjuan Deseñadora gráfica
Nagore García Fernández Investigadora i activista feminista
Nagore Iturrioz Profesora
Natalia Esberti activista ddhh.
Nati Murguialday feminista
Natxo perez Veí
Nerea Abella Pinto
Neus Llop Rodríguez Educadora social y parte de LiquenDataLab
Neus Moreno Sáenz activista feminista i sindicalista
Nizaiá Cassián Yde
Noemí Elvira Marín Feminista
Noemi Parra Abaúnza Activista feminista y profesora asociada de la ULPGC
Nora Ancarola Artista Visual
Nora Miralles Periodista i investigadora en gènere i conflictes
Norma Falconi Fabara Papeles para Todos y Todas
Núria Balada Cardona Presidenta de l’Institu Català de les Dones i del Consell Nacional de Dones de Catalunya
Núria Casals Feministes per l’independència
Núria Escudé Massip Feminista
Núria Sadurní Balcells Investigadora psicosocial i activista feminista
Núria Vergés Bosch Investigadora Sociòloga Feminista
Olga Sahún Activista
Oriol Alfambra Serrano Riders X Derechos i IAC
Pam Rodríguez Pérez coordinadora de servei d’atenció especialitzat en violència de gènere
Patri Bert
Patricia Gonzalez Prado Profesora Master Interuniversitario de Estudios de Género, Mujeres y Ciudadanía, Universidad Autónoma de Barcelona
Patrícia Martínez i Àlvarez Historiadora i Feminista
Patsilí Toledo Vásquez Docent UPF i integrant del Grup de Recerca Antígona de la UAB
Pau Canals Activista Marica i Investigador psicosocial
Pau Pérez Professor
Paul B. Preciado Filósofo y Activista Trans
Paula Arce Becerra professora UAB i Membre de l’Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans
Paula Ezkerra Delegada sindical de la sección sindical de trabajo sexual de IAC-FAA
Paula Rodríguez. Educadora Social
Paula Sánchez Perera activista e investigadora
Pauline Ezkerra activista y vecina
Pilar Díaz García-Mauriño
Pol Galofre Molero
R. Lucas Platero Méndez Profesor de Intervención Sociocomunitaria, Comunidad de Madrid
Rafaela Subías de la Fuente
Raquel Rey Blanco Activista
Raquel Sánchez García
Raúl Quiroz Barreto Jubilado
Ricard Martínez i Muntada treballador de la UAB
Rocío Medina Martín Professora Filosofía del Dret (UAB), Grupo Antígona
Rommy Arce Legua Militante anticapitalista
Rosa Bofill
Rosa Isart Margarit Auxiliar d’arxiu i dramaturga
Rosa Lázaro Castellanos vecina
Rosa María Armario Grau ASIHD
Rosa Maria Palencia Villa. Periodista i professora UAB
Rosa Mestres Núñez Sóc veïna integrant d’un col·lectiu
Rosa Miró Rodríguez Feminista de l’economia social
Rosa villanueva maurell Soc veïna
Rosalia Molina professora i feminista
Rosalia Molina Activista de Dones Llibertaries de Cgt
Rosario Galarza
Rosario Galarza Comissió laboral 8M
Roser Pineda Casademont
Roser Pineda Casademont Dones Libertaries
Roser Rius camps
Sandra Sánchez Enfermera
Sara Barrientos Carrasco Terapeuta, formadora y activista feminista
Sara Cagliero Investigadora Departament de Pedagogia, URV
Sejo Carrascosa activista cuir
Sergi Raventós Panyella Treballador social
Sílvia Bofill Mas Docent
Silvia López Gil Professora de Filosofía i feminista
Sílvia Merino i Navalón Educadora, dissident sexual i feminista
Sílvia Moreira da Silva Psicòloga, Àmbit Dona
Silvina Monteros Obelar Universidad de Granada y ESCODE
Sira Vilardell Directora General de Surt
Sofia Bengoetxea Activista Trans
Sonia Sanchez Busques Personal d’administració i serveis de la Universitat Autònoma de Barcelona
Sonya Torres Planells Historiadora i docent
Sonya Torres Planells Activista feminista
Susana Batle Activista
Tània Verge Docent UPF
Teo Pardo Activista Trans
Teresa Sanz Coll professora de llengua i literatura, jubilada i activista feminista.
Teresa Serrano Pascual Mestra d’adults jubilada
Tina Caballero Mateo Feminista y muchas más cosas
Tiphaine Leurent Activista
Tjasa Kancler
VaneLaVane Feminista Perriferika’h
Vanesa Muñoz Educadora social
Vera Rodriguez Donante en Derechos Humanos
Verena Stolcke professora emérita UAB
Verónica Boero Doctora en Psicologia Social UAB
Veronika Arauzo activista pro derechos de TS y Transfeminista
Vicky Moreno Campon Dones x Dones i Feminisites per l’independència
Violeta Assiego Abogada de DDHH Y Activista LGTB+
VLADIMIR SOLÁ Docente
Xavi Tallon Soc activista
Xavier Domènech Historiador i ex-portaveu parlamentari
Xavier Giró Martí Director de recerca Observatori de la Cobertura de Conflictes de la UAB
Xavier Montagut President de la xarxa de Consum Solidari
Yolanda Dalmau Carreño Veïna

 

Declaración de la Asociación CATS ante el 1º de Mayo

 

Asociación CATS

1 de mayo de 2019

https://bit.ly/2J4trPC

 

 

Hoy, 1° de mayo, el Día Internacional de las y los trabajadoras/es, no podemos pasar por alto a las personas que se dedican al ejercicio del Trabajo Sexual.

Provienen de muchos países y contextos diferentes, pero en todas partes se enfrentan a los mismos problemas en el trabajo y en la vida privada: La hipocresía de la sociedad que hace uso de sus servicios pero considera ilegal su trabajo, la hipocresía de la sociedad que las victimiza y criminaliza sin pararse a escucharlas, la hipocresía de la sociedad que las culpa de ser malas mujeres por no cumplir los cánones establecidos por un sistema heteropatriarcal mientras que dice luchar contra él, la hipocresía de una sociedad que grita “Nosotras decidimos” pero a ellas se lo prohíbe, la hipocresía de una sociedad que no considera que tengan capacidad para decidir por ellas mismas pero sí que la sociedad puede decidir por las trabajadoras del sexo…

Mientras la sociedad nos victimiza y criminaliza, queremos recordar que con la moral no se come, pero con el trabajo sexual se come bien.

Este maltrato consciente condena a lxs Trabajadorxs del Sexo al ocultismo, a no denunciar la violencia contra nosotras a la carencia de derechos, a un desigual trato ante la ley, al acoso y abuso de poder por parte de los agentes de la autoridad… Todo mientras la sociedad mira para otro lado o lo justifica diciendo que ellas no quieren este trabajo, que son esclavas, mujeres tratadas, mujeres sumisas…, pero sin escucharlas. Nosotras sí queremos escucharlas, por eso traemos algunas de las reivindicaciones realizadas por trabajadoras del sexo procedentes de 26 países durante la Conferencia Europea sobre Trabajo Sexual, Derechos Humanos, Trabajo y Migración:

“La primera aclaración que realizan y que todas deberíamos grabarnos a fuego: el trabajo sexual es por definición sexo consentido. El sexo no consentido no es trabajo sexual, sino violencia sexual o esclavitud”

Hoy, nuestras demandas son:

– Exigimos que dejen de excluir a lxs Trabajadorxs Sexuales de la sociedad.
– Exigimos que todas las decisiones acerca del trabajo sexual se tomen consultando con nosotrxs.
– Reivindicamos nuestro derecho a sindicarnos.
– Reivindicamos nuestro derecho a manifestarnos públicamente.
– Reivindicamos nuestro derecho a estar presentes en cualquier espacio público.
– Exigimos que el sistema judicial se tome en serio los delitos de los que somos víctimas y nuestras declaraciones sin que esto tenga las malas consecuencias para nosotras.
– Es inaceptable que se sacrifique a lxs trabajadorxs del sexo debido a la moral religiosa o sexual. Todo el mundo tiene derecho a vivir sus propios principios morales o religiosos pero esos principios no se deben imponer a terceros ni influir en las decisiones políticas.

 

¡EL TRABAJO SEXUAL ES TRABAJO, POR UN PRIMERO DE MAYO DE TODXS LXS TRABAJADORXS!

 

Demandas y Reivindicaciones Feministas sobre el Trabajo Sexual en España

 

Aliadas TransFeministas

25 de abril de 2019

https://aliadastransfeministas.wordpress.com/2019/04/25/demandas-y-reivindicaciones-feministas-sobre-el-trabajo-sexual-en-espana/

 

 

La situación actual de la prostitución en España resulta incongruente: Nos encontramos ante una actividad que no posee ningún tipo de reconocimiento legal ni de derechos, pero se contabiliza a la hora de calcular el PIB nacional como cualquier otro sector. A su vez, los y las trabajadoras sexuales somos perseguidas y acosadas a través de las ordenanzas municipales y de la Ley Mordaza (Ley Orgánica de protección de Seguridad Ciudadana). Somos un colectivo atravesado por todo tipo de discriminaciones e injusticias y, sin embargo, se nos ha mantenido al margen de toda consideración, participación y análisis. Sobre las putas se mantienen diversas atribuciones peyorativas y desvalorizantes que hasta hace poco se extendían a todas las mujeres. En ámbitos en los que las mujeres como grupo han batallado durante años para la consecución de los derechos, las putas continúan siendo discriminadas 1. Aún siendo el nuevo sujeto político de este país, ningún partido aborda en profundidad la cuestión del trabajo sexual en sus programas electorales ni de gobierno, ningún partido ha escuchado y tenido en cuenta nuestras reivindicaciones y necesidades. Deciden su posicionamiento sin contar con nosotras. Algunos pretenden una abolición y/o prohibición imposible que nos estigmatiza aún más, criminaliza nuestro entorno de trabajo y nos condena a la precariedad. Otros evitan posicionarse y hay quien pretende instrumentalizarnos. Todos estos posicionamientos tienen como resultado más beneficios para los empresarios mientras se nos siguen negando derechos básicos como trabajadoras.

Las trabajadoras sexuales, existimos, tenemos voz y demandamos derechos. NO estamos de acuerdo con el Modelo Regulacionista cuyos fines exclusivamente recaudatorios y de contención social, derivados de concepciones sexófobas, racistas y machistas perpetúan la discriminación y el estigma. Ejemplos de ello son el modelo Alemán u Holandés. Ciertos sectores del feminismo institucional y salvacionista identifican nuestras demandas con dichos modelos, con el objetivo de silenciarnos y mantener puestos y subvenciones a nuestra costa. Este tipo de regulación prima el “apartarnos” a lugares controlados, que gestionan empresarios que explotan a las trabajadoras, sobretodo a las migrantes en situación irregular. Lo que queremos y necesitamos es un modelo basado  en el reconocimiento de derechos y la plena participación en el diseño de las políticas que nos afectan. Sólo los derechos garantizarán que podamos defendernos de los abusos. A pesar del estigma, del abandono y de las políticas bienpensantes que nos violentan, tenemos capacidad de decisión y agencia, y somos las protagonistas de nuestras vidas. Reclamamos la despenalización completa del trabajo sexual, lo cual supone el acceso inmediato a los derechos fundamentales, y la derogación de todas las leyes y normativas que nos criminalizan. Exigimos que las políticas que se implementen sobre la prostitución se diseñen con nuestra participación y desde una perspectiva de derechos humanos y de reducción del daño. Para ello, es necesario tener en cuenta los siguientes puntos, que consideramos mínimos e imprescindibles, y que nos parecen debieran ser de consenso si realmente interesan nuestras vidas y nuestra dignidad.

El reconocimiento de derechos pasa necesariamente por la distinción entre prostitución y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

En un contexto político marcado por la utilización del debate de la prostitución dentro del feminismo, así como la utilización con fines electorales de asesinatos y casos de víctimas de trata, violencia de género y/o institucional, se tiende a eliminar la distinción entre prostitución y trata con el objetivo de silenciar e impedir la participación de aquellas personas que hemos decidido ejercer este trabajo. Incluso se ha llegado a difamar y comprometer la seguridad e intimidad de algunas de nosotras. Esta tergiversación forma parte del discurso que provoca un doble efecto negativo sobre las mujeres. Por un lado, no se llega a combatir la trata de manera real y no se protege a las víctimas de la misma. Por el otro, se criminaliza y se vulneran los derechos de quienes, independientemente de lo que nos haya llevado a ello, decidimos dedicarnos a la prostitución.

Es por ello que exigimos que cualquier intervención vaya acompañada de un marco legal que no confunda trata y prostitución y que sea capaz de dar respuestas reales a las diferentes situaciones de las personas que ejercen el trabajo sexual . Dentro de este marco legal entendemos que deben existir medidas específicas sobre prostitución y medidas específicas para combatir la trata. Las administraciones públicas necesariamente deben tener en cuenta la diferencia a la hora de intervenir, ya que las respuestas a cada situación no son en absoluto las mismas.

Medidas sobre trabajo sexual

 Alternativas laborales reales y no precarizadas ni feminizadas para las mujeres que quieren abandonar la prostitución. El acceso a las mismas no debe implicar el visibilizarse como prostituta, a fin de evitar los efectos del estigma a nivel laboral, social y personal.

– Necesitamos cursos de formación becados y de calidad, que permitan un progreso social y económico y que no condenen a las mujeres a empleos precarios, feminizados, donde van a ser explotadas y empobrecidas. Proponemos rescatar el perfil de Mediadora Social y de Salud que durante un tiempo se implementó en Andalucía, donde las ex prostitutas realizaban la intervención social en los contextos de trabajo de sus compañeras, y que posteriormente  fue tomada por organizaciones institucionales de corte abolicionista.

– Garantizar el efectivo empadronamiento y el acceso al sistema de salud de las migrantes, porque este es un derecho universal, al margen de que su situación administrativa esté o no regularizada. Establecer mecanismos que posibiliten el efectivo empadronamiento de las personas migrantes trabajadoras sexuales que residen en nuestro país.  Garantizar el acceso al sistema sanitario público de todas las personas migrantes, independientemente a su situación administrativa, en todo el estado español y con todas las garantías y derechos.

– Cese de las ordenanzas municipales que multan a prostitutas y/o clientes, y de la Ley Mordaza.Ésta suele implementarse para multar allí donde no hay ordenanza municipal. Estas prácticas criminalizan y empobrecen más a las mujeres y las condena a mayor vulnerabilidad (como ya lo ha demostrado en su reciente investigación el Grupo Antígona de la UAB*2) al tener que ir a lugares más aislados, con menos tiempo y capacidad de negociación, para evitar las multas. La criminalización y la precariedad a la que nos aboca, además, contribuye a que terminemos trabajando para terceros, ya sea en clubes o pisos, donde la explotación económica y laboral es mayor por carecer de derechos frente a los empresarios. En dicho orden, exigimos que se anulen todas las multas a trabajadoras sexuales no pagadas hasta hoy como acto de reparación.

– Sentar bases y criterios para que el debate sobre prostitución se produzca realmente, podamos escucharnos y llegar a acuerdos. Para ello, resulta necesario que se tengan en cuenta y respeten todas las voces y es imprescindible la participación activa de las prostitutas.

– Acceso a los servicios sociales: Las mujeres que ejercen la prostitución, especialmente si son madres, se enfrentan a una institución que, si no se asumen como víctimas dispuestas a ser salvadas, las estigmatiza, criminaliza y, les quita la custodia de sus hijes. Necesitamos poder acceder a los servicios sociales y sus recursos de forma segura, en pie de igualdad al resto de las personas con algún tipo de vulnerabilidad social. Necesitamos que las y los trabajadores sean sensibles frente al estigma que sufrimos, no que nos juzguen en base a una determinada moral *3.

– Derechos y protecciones laborales para las personas que han escogido ejercer la prostitución.Carecer de derechos laborales dificulta, y a veces incluso impide, el acceso a derechos civiles y sociales, abocándonos a una situación de indefensión social y jurídica. Como ha demostrado la experiencia neozelandesa en sus ulteriores revisiones por entidades de derechos humanos, academia y magistratura, esta es la única vía para reducir la vulnerabilidad de nuestro colectivo y aumentar nuestra autonomía en el trabajo *4.

 Trabajo a terceros:  En espacios de trabajo a terceros, la ausencia de cualquier tipo de derecho se traduce en un poder ilimitado por parte del empresariado, con los consecuentes abusos que eso acarrea. Muchas prostitutas no tienen la posibilidad de trabajar de manera autónoma por diversas razones, ya sea por su situación irregular u otros motivos personales y de preferencia. Necesitamos medidas que nos permitan organizarnos en espacios autogestionados y derechos para protegernos de los abusos del sector patronal y empresarial en todas sus modalidades.

– El Trabajo Sexual (TS) es diverso al igual que las personas que se dedican a ello,  y no solamente comprende un tipo determinado de prostitución: TS callejero , TS online/telefónico, TS independiente, TS a terceros, TS indoor, TS outdoor, y TS audiovisual, así como el TS masculino. Necesitamos medidas específicas para cada sector, pactadas y negociadas con sus agentes protagonistas, según sus necesidades y demandas.

Medidas contra la trata

El situarnos en un marco legal que establezca de manera clara y real la distinción entre trata y prostitución permitirá articular medidas concretas contra este gravísimo delito. También es necesario distinguir trata de las redes de tráfico de personas. Éstas últimas se aprovechan de las políticas de fronteras de la Europa fortaleza para lucrarse a costa de las personas migrantes. Ni todas las mujeres extranjeras vienen a través de una red de tráfico ni todas las que vienen a través de una red de tráfico han sido tratadas, sino que deciden dentro de las escasas opciones laborales que les quedan, prefiriendo gastar sus ahorros para venir a Europa a ejercer la prostitución que quedarse en sus países a merced de la violencia, el hambre o la guerra.

Es urgente y necesario cambiar el enfoque que se da a la trata. Es decir, la trata debería dejar de ser un instrumento de control migratorio para, en cambio, darle prioridad a los derechos humanos de las víctimas. Con ello, apostamos por que la víctima pueda acceder a derechos y a una protección independientemente de si denuncia o no al tratante. Además de esto, son necesarias otras actuaciones como:

– Que se tengan en cuenta todas las modalidades de trata que existen. De acuerdo con el último informe del Consejo de Europa, España vulnera sistemáticamente los derechos de las víctimas de trata laboral, que no se detectan, encontrándose infra representada. Los datos que proporcionó el Gobierno para este mismo Informe muestran que la trata laboral en España tiene las mismas proporciones que la trata con fines de prostitución forzada.

– Cese de las redadas dirigidas a las migrantes en situación irregular que ejercen la prostitución. Son la mayoría y (a pesar de que para ciertos sectores feministas prohibicionistas todas son tratadas) se les aplica la ley de extranjería, sufriendo continuamente controles llevados a cabo por motivos de discriminación racial y de país de origen. Como la prostitución no tiene estatus legal, no pueden cumplir con las restricciones que impone la ley y, por lo tanto, se ven obligadas a permanecer en un círculo de clandestinidad del que no pueden salir, ni tampoco acceder a otros trabajos si así lo desearan. Si cabe la posibilidad de que sean víctimas de trata: ¿por qué son expulsadas en lugar de ser protegidas?

– Cese de deportaciones y órdenes de expulsión: apoyo real sin límite de tiempo con garantías sociales y jurídicas para que las víctimas puedan denunciar. Actualmente tienen 90 días para reflexionar, sin ningún tipo de atención. Si no denuncian (lo cual es muy probable debido al miedo y las amenazas de los tratantes a sus familias) son trasladadas a los CIEs.

– Garantizar el asilo político a las víctimas de trata: en los 10 últimos años sólo se han concedido 25 asilos para las víctimas de trata de todos los sectores (agricultura, servicio doméstico, textil, explotación sexual).

– Que se garantice la indemnización a las víctimas por parte del Estado. En la mayoría de los sistemas legales, incluido el español, se reconoce el derecho de las víctimas a reclamar ante la justicia una compensación por los daños materiales y morales sufridos. Sin embargo, en la práctica, persisten muchos obstáculos para que lleguen a obtener una reparación efectiva. En el caso de las víctimas de trata de personas las posibilidades reales de que lleguen a obtener una indemnización es muy baja *5.

– Cierre inmediato de los CIEs: El funcionamiento del sistema carcelario de  los CIES incide de manera diferente entre mujeres y hombres. Las mujeres son también usadas como mano de obra en estos centros de internamiento y pueden permanecer arrestadas durante un tiempo ilimitado si las necesidades de mantenimiento de estos centros así lo requieren.

– Modificación de la actual Ley de Extranjería. Esta ley es responsable de las situaciones de abuso que viven las prostitutas migrantes de países extracomunitarios. Es necesario tener en cuenta que una política migratoria restrictiva como la que tenemos favorece la proliferación y el recrudecimiento de las redes de trata y sus métodos. Las dificultades de acceso a una regularización documental por parte de las personas migrantes en España, también afecta a las trabajadoras sexuales migrantes limitando sus opciones y poniendo obstáculos a sus proyectos migratorios.

Nuestras demandas no perjudican a nadie, no hay que elegir entre nuestros intereses y los de otro sector de la sociedad. Nos situamos de lleno en el feminismo, un feminismo que tiene en cuenta los diferentes ejes de opresión de las mujeres reales, y por tanto se ocupa también de fronteras y de horarios y de bajas por enfermedad. Consideramos que son compatibles con cualquier posición sobre lo que debería ocurrir con la prostitución en la sociedad futura a la que cada una aspiramos, son demandas para poner en marcha ahora mismo, en la sociedad y realidades que vivimos en el presente. El debate no consiste en decidir entre prostitución sí o no, la realidad es: trabajo sexual con derechos y protección, o trabajo sexual clandestino , con todas las consecuencias que eso conlleva.


*1 Palabras de Dolores Juliano
*2 “Las ordenanzas municipales: entre la regulación y la sanción de la prostitución en España”http://revistes.ub.edu/index.php/CriticaPenalPoder/article/view/26785
*3 Linda Porn “El hombre del saco”: https://www.pikaramagazine.com/2019/03/el-hombre-del-saco/ 
*4 United Nations Office on Drugs and Crime: “Global Report on Trafficking in Persons 2018”https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTiP_2018_BOOK_web_small.pdf
*5 Informe “Valoración del Nuevo Marco Jurídico contra la Trata de Seres Humanos. Análisis de Casos Reales y Recomendaciones”, Proyecto ESPERANZA:  http://www.proyectoesperanza.org/materiales/Informe_Nuevo_Marco_Juridico_Documento.pdf

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COLECTIVOS FIRMANTES:

AFEMTRAS – Agrupación Feminista de Trabajadoras Sexuales

APROSEX – Asociación de Profesionales del Sexo

Colectivo Caye

CPS – Colectivo de Prostitutas de Sevilla

IAC-FAA Secció Sindical Treballadores Sexuals

Putes Llibertaries del Raval

Sindicato OTRAS

ADHESIONES DE COLECTIVOS

Acciónenred Andalucía

Acciónenred Madrid

APDHA – Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía

Asamblea de mujeres de Granada “Mariana Pineda”

Asamblea Transmaricabollo de Sol, Madrid

Asociación Genera

CAMPA (Colectivo de apoyo a mujeres presas de Aragón)

Colectivo #NuncaSinNosotras Zaragoza

C.A.T.S. – Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo

Fundación de Los Comunes

Mujeres Progresistas por la Diversidad en Granada

Nociones Comunes Zaragoza.

(N)O.M.A.D.A.S – Oficina de Migración y Atención a la Diversidad Afectivo Sexual, Valencia

Synusia

 

La juez del mayor caso sobre prostitución imputa a un guardia civil más de 70 delitos

 

La instructora propone a la Xunta personarse como acusación y avisa al Estado de que es responsable subsidiario de la actuación del agente que demandaba sexo a cambio de papeles

 

SILVIA R. PONTEVEDRA

26 de marzo de 2019

https://elpais.com/sociedad/2019/03/25/actualidad/1553538224_348830.html

 

La testigo protegida DPA 123 B llegó a España, desde Brasil, en situación irregular el 19 de octubre de 2006 y el 29 de noviembre conoció su primera redada. Pero aquella no era una auténtica inspección y de ella no quedó constancia policial alguna. El cabo primero de la Guardia Civil Armando Lorenzo Torre, miembro del Equipo de Personas y Emume (mujeres y menores) de Lugo, se presentó presuntamente en el Club Sirena proclamando que era “jefe de extranjería” y ordenó a un compañero fotografiar a las mujeres de una en una. Ellas iban pasando a la cocina para ser retratadas y dar sus datos personales. Y cuando le tocó el turno a DPA 123 B, Lorenzo le preguntó: “¿Qué hace una chica tan guapa ejerciendo la prostitución?”. Ella respondió que lo hacía “por necesidad”. Y el cabo mandó a su compañero que le tomara fotos de cuerpo entero. Después, le pidió a la mujer su número de móvil. Y ahí empezó todo.

Lo siguiente fueron las reiteradas llamadas a la chica y la visita al domicilio de esta, el 18 de diciembre, por parte de Armando Lorenzo. Según un par de testigos él sacó su pistola; la posó sobre una mesa. Le dijo “vengo de deportar a 20 o 30 compatriotas tuyas”, “tus días en España como legal se están terminando, dame el pasaporte que yo te arreglo para tres meses más”. A continuación, aunque ella se negaba, cuenta que la obligó a practicarle una felación y luego la penetró “sin preservativo”. Todo esto se relata en la Operación Carioca, la mayor investigación contra las mafias de proxenetismo que ha tenido lugar en España (310 tomos, 377 testigos) y que hunde sus raíces precisamente en la denuncia de esta joven. Después de una década de instrucción, la juez hace repaso de las actividades del agente (uno de los principales entre los 89 imputados que llegó a sumar la causa desguazada en 50 piezas) y propone en un auto de más de 200 folios el procesamiento del cabo por más de 70 delitos.

La magistrada Pilar de Lara ordena, además, notificar a otras 23 mujeres que tienen derecho a ayudas para personarse en calidad de víctimas de violencia de género. Ofrece a la Xunta de Galicia ejercer la acusación popular y toma una medida nunca aplicada hasta ahora: avisar al abogado del Estado de que la Dirección General de la Guardia Civil es responsable subsidiaria de los presuntos delitos cometidos por este agente y también por su jefe, el brigada Julio Baquero, al que atribuye omisión y cohecho. La juez se basa en que sus actividades eran “ampliamente conocidas por sus superiores jerárquicos”.

El auto de transformación de las actuaciones en proceso sumario dispone el inminente procesamiento de estos dos agentes y de tres proxenetas, entre ellosJosé Manuel García Adán, dueño de los clubes Queen’s y Colina, situado en el epicentro de la trama Carioca. Después el caso pasará a manos de la Audiencia Provincial de Lugo, que debe ratificar la conclusión y ordenar la apertura de juicio oral. La detención de Armando Lorenzo, que entró en prisión y luego quedó en libertad provisional con la prohibición de residir en Galicia, convulsionó a la sociedad lucense.

Una veintena larga de delitos que le atribuía la juez han prescrito o se sobreseen por falta de pruebas, pero entre los que todavía siguen en pie están la supuesta agresión sexual con intimidación y amenaza a la testigo protegida, y 21 delitos de cohecho en relación a otras mujeres a las que presuntamente requería favores sexuales a cambio de regularizarlas para no ser deportadas. De Lara también lo considera autor de delitos de extorsión y de cohecho con respecto a los dueños de los burdeles, por brindarles trato de favor si recibía a cambio beneficios económicos. Le atribuye igualmente revelación de secretos, tráfico de influencias o falsedad documental en la elaboración, por ejemplo, de denuncias falsas contra propietarios de prostíbulos que supuestamente se negaban a pagarle. Por último, la juez tiene en cuenta una docena de supuestos delitos continuados de omisión del deber de perseguir delitos y varios cargos vinculados al “favorecimiento de la prostitución”.

Según la titular del juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, el guardia civil no solo hacía funciones de “taxista” en el coche oficial del cuerpo al transportar a mujeres hasta el Queen’s para evitar posibles controles y deportaciones. También se encargaba de derivar a este y al otro burdel que regentaba el proxeneta García Adán a muchas trabajadoras de los clubes en los que había redadas, en vez de llevarlas a “una casa de acogida o una ONG”, reprocha la instructora.

“La actividad presuntamente delictiva del cabo Armando Lorenzo se remonta a su anterior destino en la Unidad Orgánica de Policía Judicial adscrita a la Audiencia Provincial de Lugo, en el que se habría granjeado la confianza y amistad de algún magistrado”, apunta la juez. En el otro mundo que frecuentaba el agente, había mujeres que “rozaban la indigencia”, señala. “La inmensa mayoría eran extranjeras”, jóvenes, “vulnerables”, “se encontraban en España en situación irregular, necesitaban enviar dinero a sus hijos, padres, hermanos y uno de sus principales temores eran las redadas, en las que podrían ser detenidas y expulsadas del país”.

En los clubes trabajan mujeres que “han sufrido violaciones o malos tratos, o simplemente han tratado de escapar de la pobreza de sus países y labrarse un futuro mejor”, recuerda. En consecuencia, defiende De Lara, Lorenzo “abusaba de su superioridad”, pedía favores sexuales para él, para amigos e incluso para los “socios de su hijo”, a veces en fiestas en pisos y otras veces en los clubes. Y se valía, supuestamente, de su estrecha relación con responsables de Extranjería de la Policía Nacional para amañar las órdenes de expulsión y los permisos.

El sumario recoge seguimientos, pinchazos telefónicos y SMS que revelan su supuesta debilidad por mujeres legalmente vulnerables. Mensajes en los que combina las referencias físicas con sus presuntas gestiones burocráticas.

La testigo protegida relató que desde el momento en el que se negó a mantener más contactos con el guardia civil “comenzó a sufrir una situación de acoso por parte de la policía nacional”, hasta que en septiembre de 2008 fue identificada en su domicilio y se le incoó un expediente de expulsión, que se llevó a efecto en marzo de 2009. Armando Lorenzo, asegura la juez, ejercía su influencia, especialmente, en una docena de clubes de la provincia y llegó a cobrar dinero de unos siete. En algunos casos, apunta De Lara, parecía uno más, “como si estuviera en nómina”. Y así, durante años, “construyó una creencia generalizada de que él tenía capacidad para arreglar todo tipo de papeles y documentación relativa a la situación administrativa de extranjeros en España”.

“Antes de acostarme con usted me meto en cemento”

Una mujer venezolana que trabajaba como encargada de un prostíbulo declaró en el juzgado que se sintió “humillada por el abuso de poder”: “¿Cómo es posible que a los que tienes que pedir auxilio sean los que abusan de ti? Es como si vas a tu madre a pedir ayuda y te mete una puñalada”; “no se puede hundir más a los que ya estamos hundidos”. Según esta supuesta víctima del cabo primero, el hombre reclamó sus servicios sexuales y ella se negó. “Tú no quieres colaborar, no te quieres portar bien… pues se te va a acabar el negocito”, la amenazó él presuntamente. “Máteme, pero antes de acostarme con usted me meto en cemento”, asegura ella que le respondió en una ocasión. “Armando cumplió finalmente sus amenazas”, concluye la juez, “porque ella sufrió una redada de la Inspección de Trabajo, que impuso al local una multa elevada, tras lo cual siguieron las redadas y su detención”.

Los clubes que no accedían a las demandas de Armando Lorenzo sufrían “persecución”, “extorsión” y “amenazas”, asegura De Lara. Según la juez, el cabo utilizó a algunas mujeres, en ocasiones bajo “presiones insoportables”, para que testificasen hechos falsos contra propietarios de burdeles y así “eliminar a la competencia en una guerra entre clubes”. Otra testigo venezolana declaró que un día el agente la llevó al cuartel, le dijo que si no cooperaba con una denuncia (falsa) la expulsaría. Y que si lo hacía le daría los papeles, la haría testigo protegida, cobraría una pensión de 300 euros al mes y recibiría ayuda para conseguir un piso.

 

Evelin contra Goliat

 

La sentencia que da la razón a una trabajadora de un local de alterne muestra que regular la prostitución no es equiparable a las posturas proderechos

 

Por Paula Sánchez Perera (Colectivo Hetaira)

3 de Abril de 2019

https://ctxt.es/es/20190403/Politica/25377/Paula-Sanchez-Perera-prostitucion-alterne-sentencia-tribunal-superior-de-Madrid-Evelin-Rochel.htm?utm_campaign=lecturas-de-fin-de-semana-115-5-de-marzo&utm_medium=email&utm_source=acumbamail

 

Salón de la Rue des Moulins (1894).
Henri de Toulouse-Lautrec

 

A principios de mayo del pasado año, en un Juzgado de lo social de Madrid, un juez espetaba: “Si quieren ustedes hacer activismo, váyanse a la calle con pancartas, pero no en los juzgados, hombre”. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón a Evelin Rochel: entre ella y el club de alterne Flowers sí había una relación laboral.

Evelin, trabajadora sexual del alterne por cuenta ajena y de la prostitución por cuenta propia, mujer migrante colombiana e integrante del sindicato OTRAS, comenzó su andadura sindicalista ya a finales de 2016. Entonces el club quiso endurecer las condiciones laborales y Evelin lideró una protesta, organizando a unas cincuenta compañeras para finalmente negociar con el jefe que aquellas condiciones no se les aplicarían a las trabajadoras antiguas. Pero Evelin ya estaba en el punto de mira. A mediados de febrero de 2017 una discusión con un cliente se convirtió en la excusa perfecta para despedirla. El empresario la citó en su despacho, junto a una persona de cada departamento –trabajadoras de alterne, limpieza, seguridad, etc.– para dar ejemplo, y le dijo que tenía hasta esa misma tarde para abandonar el club. Sin embargo, Evelin no cedió y se atrincheró en su habitación durante una semana, pero le negaron el cobro de la habitación porque sabían que no pagar la estancia en un “hotel-discoteca” es motivo de sobra para echarla. Si era una huésped, como dicen los empresarios, ¿por qué tenía que trabajar 12 horas seguidas en el local? Si no era una asalariada, ¿cómo se puede despedir a alguien que no trabaja para ti? Finalmente, abandonó el club escoltada por la Guardia Civil. El despido es también un desahucio porque, como es habitual para todo el colectivo de trabajadoras sexuales, sin contrato laboral no pueden alquilar y terminan viviendo en su habitación de trabajo. Despido sin finiquito ni indemnización ni derecho a paro después de quince años trabajando para el mismo grupo, eso sí, habiendo cotizado pagándose su seguridad social como falsa autónoma.

En 1995 la reforma del Código Penal despenalizó el proxenetismo no coactivo, pero desde 2003 la presión del movimiento abolicionista consiguió de nuevo tipificarlo. Así, si en aquellos años la inspección de trabajo comprobaba que las mujeres brindaban servicios laborales de alterne bajo la dirección del empresario –remunerados a través de las comisiones por el consumo de copas–, se multaba a la empresa y se le obligaba a darles de alta en la seguridad social. A partir de 2007 se va generalizando la estrategia maestra: sustituir el sistema de la retribución del 50% de las copas por el de las “plazas de hotel”, pasando a pagarles ellas a los empresarios por el alquiler de la habitación. Así, si no existe remuneración, tampoco relación laboral, las mujeres seguirían trabajando bajo sus condiciones y encima gratis. Brillante. La misma jurisprudencia les avalaba en su actuación porque los tribunales de manera recurrente concluían que la ilicitud del contrato de prostitución lastraba la validez del contrato del alterne. Así las cosas, como se prostituyen en el mismo espacio en el que alternan no pueden darlas de alta y cumplen la ley porque en España el alquiler de habitaciones no se considera proxenetismo. (En Francia y en Suecia, por ejemplo, sí, por eso a las prostitutas se las desahucia y desaloja de sus propias casas).

Sin embargo, la novedosa sentencia del TSJ de Madrid recoge varios hechos probados que certifican que Evelin, como sus compañeras, trabajaban bajo las directrices de la empresa, sujetas a un horario y a una jornada laboral: no se podían acercar a un cliente hasta que este consumiera; se hacían sorteos a las cinco de la tarde con la habitación gratis como premio para incitarlas a iniciar la jornada laboral; y se realizaban registros en las habitaciones para que no guardasen alcohol. Primero, los beneficios de la empresa, pues, como reconoce la sentencia, los empresarios que se dedican a la venta de alcohol, se lucraban del trabajo de las prostitutas. Así, concluye la sentencia sobre este punto: “y es que considerar que se trataba de un trabajo sin derecho a contraprestación, sería tanto como admitir la esclavitud”.

La sentencia, estimatoria en parte, reconoce la relación laboral aun cuando se ejerza la prostitución en el mismo local y aun cuando no se produzca remuneración, pues entiende que la falta de remuneración, más que invalidar la relación laboral, constituye una vulneración más. Además, esta sentencia abre la veda para el encuadre en un convenio laboral, como podría ser la categoría profesional de auxiliar de servicios del convenio colectivo de hospedaje de la Comunidad de Madrid, según la propuesta de Juan Jiménez-Piernas, abogado laboralista de Evelin y activista del Colectivo Hetaira. Esta sentencia, de sentar jurisprudencia, ampararía a las trabajadoras bajo la cobertura de la Seguridad Social y favorecería la regularización de muchas migrantes. También implicaría que pudieran contar con una prestación y unos derechos laborales básicos (salario, nocturnidad, descansos, etc.), ayudaría a reducir la vulnerabilidad del colectivo y facilitaría, en el caso de que así lo deseen, poder abandonarla. En otras palabras, les posibilitaría la salida del círculo vicioso de la indefensión social y jurídica y la clandestinidad. Sin embargo, todos estos beneficios acabarán en papel mojado si el Supremo no ratifica la sentencia. Hay varias razones para pensar que tenemos las de perder porque no nos enfrentamos a cualquiera. El dueño del local implicado, el Flowers, Antonio Herrero Lázaro, ya fue absuelto en el 2015 por el Supremo de un supuesto delito –entre otros– de soborno a policías para que le avisaran de las redadas. En vez de la posible pena de 8 años de cárcel se le impuso una multa que no llegaba a los 1.000 euros.

Gracias a la identificación habitual de la postura proderechos con el regulacionismo –posturas no solo diferentes, sino antagónicas– en lugar de que el foco de atención esté situado en los empresarios y en el genuino regulacionismo, recae en cambio sobre las trabajadoras que se organizan. Solo así se explica que en 2004, cuando se legalizó la patronal del alterne, ningún colectivo abolicionista llevase ante la Audiencia Nacional a esa patronal –Mesalina–. En cambio, cuando el Ministerio de Trabajo aprobó los estatutos del sindicato OTRAS sí se intentó ilegalizar por esta vía. Mientras se cree a pies juntillas que estos señores esperan con ansia la regularización, no se advierte que la situación actual les resulta muchísimo más beneficiosa: un limbo jurídico con una mayoría migrante sin acceso a derechos civiles y sociales sale muy, muy rentable. Por eso el estribillo recurrente que escuchábamos en aquellos juicios laborales incidía en que el club solo era una discoteca independiente y las trabajadoras, meras huéspedes del hotel. Por otro lado, esa insistencia invisibiliza que España ya presenta de facto ingredientes definitorios de una regulación, como la zonificación del ejercicio. Como denuncia Evelin, existe una conexión perversa entre sancionar la prostitución callejera mientras se dan licencias a los clubes de alterne, de modo que se obliga a las mujeres a trabajar para terceros, bajo sus condiciones, pero sin reconocimiento de la relación laboral. Esta es justo la fórmula perfecta que tantos años lleva reclamando la patronal del alterne ANELA: prohibir la prostitución callejera y tener a las mujeres en sus clubes como falsas autónomas. Si se regulase a la alemana por y para los empresarios, mejor para ellos, pero descriminalizar, otorgar derechos y trabajar por incrementar las alternativas laborales es otra cosa bien distinta. Esta es la diferencia básica entre las posturas regulacionistas y las proderechos. Es decir, las regulaciones son leyes específicas del comercio sexual pensadas desde una mentalidad de orden y salud públicas con el objetivo de beneficiarse de los ingresos de la prostitución, mientras las posiciones proderechos buscan la despenalización de todo su universo –a excepción de la trata de personas y la prostitución de menores–, y el reconocimiento de derechos, cuyo modelo definitivo ha de ser diseñado por sus protagonistas. La diferencia estriba en dónde se pone el foco, si en beneficiar a los empresarios y a la población bienpensante o a las mujeres que la ejercen.

En los juicios de Evelin nosotras éramos retratadas por la patronal como abolicionistas. Así, las testigos insistían en que habían decidido ejercer la prostitución y el pleito giraba en torno a esta discusión bizantina, la de la libertad, mientras la vulneración de derechos y el abuso de poder quedaban en segundo plano. Este es el resultado de simplificar los discursos hasta reducirlos a un par dicotómico, abolición o regulación, que viene muy bien para hacer campaña electoral, pero no para realizar análisis políticos a la altura de la complejidad de las circunstancias. La cooptación de nuestros discursos alcanzó tal punto, que el abogado de la defensa llegó a citar a una de las nuestras, a Lucía Fernández, para revalidar su posición, al tiempo que afirmaba que “no están desamparadas, ganan hasta 15.000 euros al mes, ¿qué tipo de explotación es esa?”. Los derechos laborales no cuentan en prostitución, porque en este terreno de blancos y negros del debate mediático –de libres o esclavas– solo aquella que no la escogió, la víctima de trata –que tiene su reputación sexual intacta–, puede ser una buena víctima. El resto, aunque sean víctimas de explotación laboral, no cuentan. Si se piensa que la solución estriba en prohibir definitivamente el alterne, háganse cargo de las mujeres que retornarán a las colas del hambre, de los servicios sociales, o peor, a espacios todavía más clandestinos a merced de proxenetas.

Se puede reconocer la capacidad de decisión de la Otra, como un ser humano pleno, vulnerable pero agente activo a la vez, y eso es distinto a convertir esa libertad en un argumento político como hace Ciudadanos. Porque una cosa es despenalizar y dotar de derechos a un colectivo, acabar con la criminalización y la estigmatización del sector, y otra diferente es defender una regulación específica del mercado con sus impuestos, también especiales, y tan altos que en la práctica solo puedan asumirla los empresarios, como en Alemania. Porque una cosa es una ley hecha y evaluada por las putas desde una perspectiva de derechos humanos y reducción del daño como en Nueva Zelanda, y otra blindar la prostitución a terceros, como en Holanda. El feminismo blanco fue desde su cuna liberal y burgués, pero un feminismo interseccional, que reconozca las múltiples opresiones que nos atraviesan, entiende que a menudo pesa más el racismo institucional y el miedo a la deportación que el lastre de tener que trabajar para un tercero. Un feminismo con conciencia de clase entiende que decir que algo es un trabajo no significa decir que sea maravilloso, porque cierta izquierda curiosamente solo romantiza el trabajo y obvia la explotación inherente al capital cuando habla de prostitución. A quienes se les acusa de estar financiadas por proxenetas –como a Hetaira o a integrantes del sindicato OTRAS– son paradójicamente las que llevan a los empresarios a juicio. Cuando la gente deje de escuchar el ruido de lo que las putas feministas “son” para oír lo que dicen, entonces comprenderemos que las vidas de las mujeres mejoran a fuerza de conquistar derechos.

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Paula Sánchez Perera es activista del Colectivo Hetaira.

 

 

¡YA ESTÁ AQUI LA FANZINE PRODERECHOS! 

 

 

 

Este símbolo se va hacer visible durante #8M en muchas ciudades donde el movimiento feminista inclusivo hará visible su apoyo a la lucha #TransMaricaBolloPuteril SIN LAS PUTAS, LAS TRANS, LAS RACIALIZADAS, LAS INDÍGENAS, LAS GITANAS, LAS MORAS… NO HAY FEMINISMO. FORMAMOS PARTE DE ÉL, NO PEDIMOS PERMISO, NO PEDIMOS PASO, EXIGIMOS OKUPAR NUESTRO ESPACIO LEGÍTIMO DENTRO DEL FEMINISMO. Estamos en un momento histórico en el movimiento feminista donde las alianzas tienen la responsabilidad de visibilizar a estos colectivos. Nos avalan años de lucha, defendiendo nuestro derechos y apoyando hasta a quien no nos consideran feministas. Este #8M las putas volverán a las calles como siempre, pero este año será diferente porque muchas ciudades no necesitarán putas organizadas para alzar la voz por nuestros derechos, estaremos presentes a través de nuestras #aliadas #SinPutasNoHayFeminismo

Marijose Barrera Marquez

Cofundadora del Colectivo de Prostitutas de Sevilla

 

 

https://aliadastransfeministas.wordpress.com/2019/03/05/descarga-fanzine/

 

En esta primera edición llena de zorroridad, hemos recopilado textos y materiales de compañeras trabajadoras sexuales y aliadas en la lucha proderechos de todas las mujeres, todos los días. Puedes descargar la versión para imprimir aquí. Esta es una fanzine colaborativa de libre reproducción, distribución y venta para cubrir costes de impresión.

¡IMPRIME Y DIFUNDE!

 

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@AliadasTransFem

 

María José Barrera: “Las putas no pedimos permiso; pedimos paso”

 

Por Anna Solé Sans

Barcelona. Viernes, 8 de marzo de 2019

https://www.elnacional.cat/es/sociedad/huelga-feminista-maria-jose-barrera-putas-pedimos-paso_361374_102.html

 

Foto: Sergi Alcàzar

 

 

“A las putas nos quieren sacar del movimiento feminista porque políticamente no interesamos”. Así se expresa la exprostituta y fundadora del Colectivo de Prostitutas de Sevilla, Maria José Barrera. “El movimiento feminista no quiere que las trabajadoras sexuales formemos parte de él”.

Barrera explica que no las dejan participar y opina que el 8-M es abolicionista. “Estamos diciendo que el 8-M haremos huelga de consumo, de educación, pero nadie dice nada de las putas”. Cuenta que el año pasado, fueron a la manifestación de Sevilla con sus hijos con las caras tapadas: “No éramos bienvenidas. Nos hacían fotos como si fuésemos algo raro, nos mapeaban en las redes sociales. El día del orgullo salimos con una pancarta y vinieron en busca de nosotras. Las abolicionistas parecían paparazzis”.

Así, reclama que “no somos un colectivo vulnerable porque tenemos unos ovarios como dos carretas. Somos un colectivo marginado por la sociedad. Por los políticos, por los colectivos feministas, estamos olvidadas por los sindicatos…”.

Los estudios indican que hasta el 90% de las prostitutas que ejercen esta actividad lo hacen de manera forzada. Pero Barrera no está de acuerdo. “¿Estos datos de dónde los sacan? Los da la policía. ¿Y cómo cuentan? 1, 2, 3, 4 y 45 son víctimas de trata. Cuando lo seríamos todas. Las ‘víctimas de trata’ son inmigrantes no documentadas. Nosotras no hablamos. Entran y te separan”. Y expone que “cuando llegan, no sé si te habrás dado cuenta, pero en las redadas las mujeres salen menos difuminadas. Al hombre y a la mujer les tapan la cara, pero a las mujeres menos. Y cuando las enseñan apuntan a la ropa, tetas y culo. ¿Eso no cosifica el cuerpo?”.

Barrera cuenta que el ejercicio libre y consentido de la prostitución no es delito y que quiénes la trabajan no son víctimas. Resalta que simplificar y confundir la trata de seres humanos o la violencia de género con la prostitución, no contribuye a proteger a las verdaderas víctimas de estos delitos.

“¿A mí sólo me invaden mi cuerpo cuando soy puta?”, se pregunta. “Mira, no. También cuando mi novio me obliga a follar. También cuando vives con un maltratador y estás aguantando sabiendo que es un maltratador y tienes que mantener relaciones sexuales con él. No lo dejas porque no tienes alternativa laboral. Cuando decidimos que con nuestro cuerpo hacemos lo que nos da la gana es porque tenemos derechos. Las putas pedimos derechos”.

“Nos hacen las pruebas del sida en guetos”

Barrera comenta que las prostitutas evitan ir a los servicios sociales por miedo a que les quiten sus hijos. Aun así, remarca que se pueden organizar “como cualquier mujer monoparental. Un niño va al cole a tomar las clases lectivas, pero ¿cuántas hacemos uso de la guardería, del comedor o alguna extraescolar para ganar más tiempo?”.

“Y no he terminado”, subraya. Porque tomar la decisión de ir a los servicios sociales o no, no es para Barrera lo más difícil. Una de las otras cosas que preocupa a las trabajadoras sociales es el hecho de ir al médico. “Tú llegas allí y le dices que eres puta. A partir de entonces,todo lo que tu tengas está relacionado con el coño. Te duele una muela y está relacionado con eso. ¿Te duele la garganta? Pues también. ¿Tienes problemas psicológicos? Eso es porque eres puta. A ti, te joden en tu trabajo, vienes con problemas laborales y te dan la baja por ansiedad. A mí se me señala”.

No vamos a los servicios sociales porque tenemos miedo de que nos quiten a nuestros hijos

“Nos hacen las pruebas del sida en guetos” y destaca que ir a hacerse un análisis es complicado. Ir al médico, para ellas, “no sólo tiene que ver con el sida o las enfermedades de transmisión sexual. Quizá estaría bien una revisión ginecológica”, reclama.

Barrera también echa de menos educación y pedagogía en los clientes y en los clubes. Asegura que no ha “visto jamás un cartel en las puertas de los clubes diciendo que el condón no se negocia”, y se queja que “nadie educa al cliente, pero a nosotras nos enseñan a poner condones con la boca”. Aunque éste no es el único problema con el que se encuentran las trabajadoras sexuales en los clubes donde trabajan. Según explica, las comidas son un problema. “Tenemos una alimentación de mierda. He visto los huevos cambiar tres veces de color”. “Si trabajamos hasta las 5 de la mañana, ¿quién baja a desayunar a las 7 o las 8?”, demanda.

“No he visto jamás un cartel en las puertas de los clubes diciendo que el condón no se negocia”

El estigma social que recae sobre las trabajadoras sexuales llega, sin embargo, a todos los niveles. Así, explica que no reciben el mismo trato que otras chicas. “Cuando te violan, no es lo mismo si eres puta. La gente no sale a protestar por ello”. “Hay un estigma muy fuerte”, remarca. “Hay víctimas de primera y víctimas de segunda. Y las putas somos víctimas de segunda”. Precisamente por eso, la consigna y la petición que resalta Barrera es bien clara: “Las putas no pedimos permiso, pedimos paso”.

Ni Ámsterdam ni Alemania

“No lo queremos. Ninguna quiere Ámsterdam. Las putas no queremos Alemania. Nosotras estamos de acuerdo con el derecho de las putas”. Según su opinión, en Ámsterdam se ha regulado la prostitución para terceros, es decir, para empresarios. “Las putas de ahí no están ni organizadas ni representadas. Están en asociaciones y en clubes”.

“En Ámsterdam te dan un carné como puta y hay clientes que le han hecho fotos”. “Ámsterdam es una vergüenza. Eso no es prostitución. Eso no es trabajo sexual. Eso es ocio y libertinaje y gente riéndose de las putas”, sentencia