Muerte al proxeneta: el futuro del trabajo sexual en América Latina

Las trabajadoras sexuales están organizadas, exigen que se reconozcan sus derechos laborales y acabar con el proxenetismo. En Chile nace una web por y para putas, donde podrán vender sus servicios sin intermediarios y con un sello inclusivo. 

 

Por Greta di Girolamo Harsanyi

18 de marzo de 2021

https://www.vice.com/es/article/akdbnk/muerte-al-proxeneta-el-futuro-del-trabajo-sexual-en-america-latina

 

La revolución puteril está siendo en Sudamérica.

Eso concluyen las cuatro trabajadoras sexuales sentadas a la mesa. Entre ellas está Hirenka, trabajadorx sexual de 20 años, no binarix y mapuche, pueblo indígena del Cono Sur. Es integrante de Fundación Margen, una organización de trabajadoras sexuales de Chile. Lleva el pelo corto decolorado, polera suelta, lentes ópticos, el cuello tatuado con las fases de la luna y tres piercings en la nariz. Hirenka desafía el estereotipo de prostituta que suelen cargar las mentes.

“Cuando dices puta, automáticamente viene a tu cabeza la imagen de una mujer derruida, mal maquillada, cagá de frío en una esquina. Eso es una construcción que se ha hecho. Es muy importante deconstruir este imaginario caricaturesco de trabajadora sexual como una persona miserable y aterrizarlo más bien como personas políticamente informadas que estamos luchando por nuestros derechos y para que nuestro trabajo sea validado como tal. No nos encontramos en papel de víctimas ni delincuentes. El abolicionismo no nos posiciona como sujetos capaces de decidir. Nos patologiza o nos victimiza”, dice Hirenka.

El abolicionismo es su enemigo.

De este son partidarios  los conservadores religiosos, para quienes el trabajo sexual es inmoral y atenta contra las buenas costumbres y un largo etcétera especialmente estricto cuando se trata de la vida sexual de las mujeres.

También  las feministas abolicionistas, que plantean que las mujeres que “venden sus cuerpos” lo hacen porque no han tenido otra oportunidad de subsistencia en la vida y que el porno y la prostitución deben erradicarse porque perpetúan la cosificación de las mujeres.

“El abolicionismo dice que no existe el consentimiento con dinero de por medio porque el consentimiento no se compra. Entonces, que nosotras somos las violadas. Y no. Imagínate eso, que ya ni siquiera yo pueda decir ‘yo consentí’, porque me dicen ‘sos una pobre boluda que no entiende nada y te están violando’. Ni siquiera tenemos autonomía, nos están quitando nuestro derecho a disentir”, dice Pochi, trabajadora sexual  de 30 años y fotógrafa erótica que se ha dedicado a retratar a personas con cuerpos e identidades sexuales no convencionales.

Según la lógica de que si hay dinero de por medio no existe consentimiento real, ¿cuántas personas toman decisiones consentidas, de forma totalmente libre? Lo dice Virgine Despentes en la Teoría King Kong: en un contexto en el cual el patriarcado explota a las mujeres en todos sus quehaceres, la prostitución se abre como un trabajo en el cual pueden ganar más dinero trabajando menos horas. ¿Por qué preferir ser explotada en una fábrica textil o ejercer trabajo doméstico no remunerado en el matrimonio antes que prostituirse? ¿Es más escandaloso solamente porque está implicado lo sexual/genital? ¿Es lo sexual más sagrado que la salud física y mental de las obreras?

“La sociedad ve tan normal comercializar las ideas o prostituir los ideales. Comercializar con el sexo es mi decisión”, dice Olympia Loló, documentalista y trabajadora sexual de 34 años que se ha formado como asistente sexual para atender a personas con diversidad funcional-discapacidad.

Trabajo sexual es trabajo

Además de que es un trabajo más rentable que muchos otros, el trabajo sexual es algo que a varias les apasiona y a través de lo cual encontraron su empoderamiento y autoplacer. Lo que sí es incuestionable es que las trabajadoras sexuales viven en constante precariedad y vulneración.

La Red de Trabajadoras Sexuales de América Latina y El Caribe (RedTrasex) nació en 1997 y agrupa a trabajadoras sexuales y organizaciones de catorce países de la región. Lleva años reuniendo testimonios y haciendo estudios sobre la situación que se vive en la región y todas las conclusiones apuntan a que el gran problema es el estigma social y la clandestinidad en la que están obligadas a trabajar. El objetivo primordial de RedTrasex es conseguir que los estados de la región consideren lo que hacen ellas como cualquier otro trabajo y, por lo tanto, les garanticen ciertos derechos laborales.

“En un futuro no muy lejano el trabajo sexual va a ser reconocido como tal porque no les va a quedar otra. Por la fuerza del movimiento latinoamericano que, te aseguro, no la tiene ningún otro movimiento de ningún otro continente. El compromiso de las trabajadoras sexuales latinoamericanas es admirado por compañeras de varios países del mundo. Con falta de recursos económicos, muy poca cooperación internacional, con fuerza y garras, somos capaces de hacer las cosas que hacemos”, dice Elena Reynaga, trabajadora sexual de 67 años y Secretaria Ejecutiva de la RedTrasex. Y añade: “Esto va a ser como el tema de la ley de aborto: los países van a aflojar de a poco. No pasarán más de tres o cuatro años. Pero no queremos que ningún iluminado nos diga cómo tiene que ser nuestra ley. Lo que queremos es que nos convoquen y nos dejen participar”.


“En un futuro no muy lejano el trabajo sexual va a ser reconocido como tal porque no les va a quedar otra. Por la fuerza del movimiento latinoamericano que, te aseguro, no la tiene ningún otro movimiento de ningún otro continente”.


Para lograr su objetivo, se involucran en  instancias internacionales, como en las asambleas generales de la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que va de la mano con el trabajo territorial en cada país.

En Chile, por ejemplo, la Fundación Margen está impulsando la creación de un gran sindicato nacional de trabajadoras sexuales. “De aquí a dos años más queremos que a nivel nacional y latinoamericano todas lleguemos a formar sindicatos de trabajadoras sexuales”, dice Herminda González, trabajadora sexual de 59 años, directora de Margen y secretaria organizacional de la RedTrasex. Además, están trabajando en un proyecto de ley que propone que trabajadoras sexuales paguen impuestos, tengan derecho a salud y jubilación y sean protegidas frente a proxenetas físicos y virtuales.

Las condiciones legales tienen variaciones según el país, pero en general ocurre lo que pasa en Chile: el trabajo sexual no es del todo ilegal pero tampoco está regularizado. “Hay un vacío legal del que se aprovechan las fuerzas de seguridad para chantajear y el proxenetismo para explotar. Seguimos sin tener derechos laborales, nuestro trabajo está cada día más clandestinizado. Y todas las políticas que hay van dirigidas a la trata, el tráfico y el proxenetismo, eso nos invisibiliza”, dice Elena Reynaga.

En Argentina, por ejemplo, en 2012 se aprobó una modificación a la ley 26.842, que eliminó la posibilidad de que pueda existir consentimiento para dedicarse al trabajo sexual. “Ha mezclado los conceptos de trata de personas con destino a la industria del sexo y trabajo sexual consentido, lo que a su vez ha conducido a allanamientos violentos y coercitivos llevados a cabo por agentes de las fuerzas del orden en domicilios y lugares de trabajo de personas dedicadas al trabajo sexual”, indica un informe de Amnistía Internacional al respecto.

Ammar, organización argentina de trabajadoras sexuales, viene levantando la voz hace años por este tema, alertando que la ley precariza aún más a quienes ejercen el comercio sexual e incluso las lleva a la cárcel. En su página web se lee: “bajo este esquema sólo se escucha a quien se identifica como víctima de explotación sexual mientras que aquellas mujeres que no encajan en ese perfil son consideradas automáticamente como victimarias”.

Otro ejemplo es la ley FOSTA/SESTA. FOSTA es por Fight Online Sex Trafficking Act (Lucha contra el tráfico sexual en línea) y SESTA es por Stop Enabling Sex Traffickers Act (Detener la habilitación a traficantes sexuales). Fue aprobada por Trump en 2018 con el supuesto objetivo de combatir la trata de personas con fines de explotación sexual y su oferta en Internet. Lo que hace es prohibir todo contenido que podría estar relacionado con la prostitución y responsabilizar de su publicación a los dominios estadounidenses. O sea, los .com. O sea, casi todas las páginas que usamos, tipo Facebook o Instagram y también muchas especializadas en contenido erótico.

La ley —que no ha demostrado tener efectividad en el combate contra la trata— ha perjudicado a miles de trabajadoras sexuales. Sin previo aviso ni posibilidad de reclamo, a muchas les cerraron sus cuentas en redes sociales, donde mostraban su trabajo, se comunicaban con clientes, generaban redes de apoyo con otras trabajadoras sexuales y desarrollaban su activismo.

“Lo que genera esta ley es más la marginalización que una lucha real contra la trata de personas”, dice SkinByrd, trabajadora sexual virtual de 31 años, especializada en BDSM.  En 2019 le cerraron sus cuentas de Instagram y Facebook, cercenando muchas de sus redes de contacto, el respaldo de todo su trabajo durante años —que no es otra cosa que su curriculum— y los contratos que tenía como influencer con marcas; sin seguidores, se acaba el acuerdo. “Fue un promedio de 1.500 euros que de un momento a otro se eliminaron en mi cuenta anual”, dice.

Sin la posibilidad de trabajar por su propia cuenta, ya sea accediendo a espacios para atender clientes o promocionando y vendiendo contenido erótico de forma independiente, las trabajadoras sexuales quedan sometidas al yugo del proxenetismo.

Neoproxenetismo 

El proxenetismo se ha reinventado. Están los clubes que, si bien no suelen recortar las ganancias de las trabajadoras sexuales, muchas veces operan con mafias bajo un ambiente de constante amenaza.

“Como el trabajo sexual no está regularizado, pero sí existe y genera mucho dinero, quedamos en manos de mafiosos, gente corrupta, que tiene cero conocimiento de educación sexual y empatía con las trabajadoras sexuales. Hay situaciones nefastas, te arriesgas y a veces trabajas con angustia. No deberíamos estar relacionadas con personas peligrosas o que roban por el solo hecho de querer trabajar en el comercio sexual”, dice Olimpya Loló, que ha trabajado en clubes de Chile, España y Brasil y también en agencias.


“No deberíamos estar relacionadas con personas peligrosas o que roban por el solo hecho de querer trabajar en el comercio sexual”.


Las agencias publican fotos y videos de mujeres. Las que son escogidas por un cliente, van a hoteles o en algunos casos la misma agencia arrienda un espacio donde pueden tener sexo. Ese arriendo también ocurre en otra modalidad que es “trabajo sexual de departamento”. Para que todo salga a cuenta, a veces tienen que atender a más de seis clientes en un día.

Y está el proxenetismo virtual, muy común y muy poco visibilizado. Es el abuso de material erótico, como fotos y videos, ya sea lucrando con él o extorsionando a las mujeres que lo producen, quienes muchas veces lo hacen en secreto. Por alguna de estas situaciones  han pasado muchas trabajadoras sexuales virtuales.

“El proxenetismo virtual es muy rápido, es la sinvergüenzura a la orden del día. Como no podemos ofrecer nuestros servicios en Mercado Libre, por ejemplo, se han creado plataformas específicas para trabajadoras sexuales, que terminan cobrando el 40% de lo que la chica gana. Muchas veces se quedan con videos producidos por compañeras y las chantajean con divulgarlos”, dice Elena.

“Son páginas administradas por hombres hétero-cis. Siempre está el tema de las categorías: culonas, negras, vip… en algunas páginas incluso te pueden poner puntaje y los clientes ponen comentarios como ‘era muy gorda’ o ‘tenía muchos pelos’. Te pueden cerrar la cuenta cuando quieran y se quedan con tus dólares y no hay dónde reclamar. Se lavan las manos”, dice Hirenka.

Para algunas entra en esta etiqueta OnlyFans: plataforma web de venta de contenido exclusivo que ha sido muy utilizada por las trabajadoras sexuales y ha tenido su boom durante la pandemia. Fue fundada por Tim Stokely y es administrada por Fenix International Ltd., cuyo dueño es Leo Radvinsky, un hombre que ha sido demandado por robo y estafa, y acusado de administrar sitios de contenido erótico con etiquetas de búsqueda asociadas a menores de edad. En una entrevista que dio en diciembre de 2020, Stokely aseguró que la plataforma suma 500 mil usuarios por día y deja más de 200 millones de dólares por mes a sus creadores. “Es gente millonaria que se llena los bolsillos gracias a un grupo marginal”, dice Skinbyrd.

Putas autónomas

Muerte al proxeneta.

Muerte al patriarcado.

Muerte al policía.

Muerte al pedófilo.

Todo eso significa, también, MAP: Movimiento Autogestionado de Putas. Una organización que nació el año pasado por la unión de nueve trabajadoras sexuales de Chile y Argentina decididas a terminar de una vez por todas con la precariedad de su trabajo. O al menos disminuirla. Entre ellas están Pochi, Hirenka, Skinbyrd y Olympia Loló.

MAP no es sólo un movimiento, es una empresa inscrita legalmente. Y su proyecto estrella es Erótida, una plataforma web donde las trabajadoras sexuales podrán ofrecer sus diferentes servicios: citas presenciales, fotos, videos, videollamadas e incluso productos de sus emprendimientos, como accesorios eróticos o lencería hecha a mano por ellas. Cada una tendrá su perfil y su calendario para agendar.

“Lo estamos haciendo todo nosotras. No queremos depender de nadie ni que nadie gane plata a costas de nuestro trabajo. Todo lo que no sabemos lo vamos a aprender y lo vamos a hacer nosotras mismas”, dice Pochi, quien lidera la creación de Erótida.


“Lo estamos haciendo todo nosotras. No queremos depender de nadie ni que nadie gane plata a costas de nuestro trabajo”.


Pochi está estudiando diseño de experiencia de usuario, Olympia está aprendiendo after effects y planea tomar un curso animación 3D, Skinbyrd aún no decide si comenzar un curso de marketing digital o uno de project manager.

Las tres están sentadas alrededor de una mesa en una pieza de la casa de Pochi que está habilitada como la primera oficina de Erótida. Están en reunión. En la pared cuelga una hoja con el logo de Erótida: una especie de diablilla rosada con cuernos y botas de taco alto. También una hoja con las posibles paletas de colores y tipografías de la marca. En la mesa también están Hirenka y Cristian. Cristian es algo así como el sugar daddy.

Sugar daddy: Persona (en general hombre) que da regalos, dineros u otros beneficios a cambio de sostener un vínculo sexual y/o afectivo con otra persona (en general mujer). Tipos de sugar daddy y tipos de intercambios hay miles.

Cristian y Pochi se conocieron porque él era su cliente, y han ido profundizando su vínculo. Ahora él es el inversor del proyecto, ha puesto a disposición su plata y su trabajo como ingeniero en informática. Cristian y Pochi son la dupla maestra que está haciendo el diseño y desarrollo web de Erótida, un proyecto que costaría más de 30 mil dólares mandar a hacer.

Hablan en un lenguaje incomprensible, lleno de tecnicismos computines que también están anotados en la pizarra del fondo. Una de las cosas que traducen es esta: por FOSTA/SESTA los servidores gringos son muy restrictivos para el trabajo sexual y por eso buscaron servidores del mundo entero para elegir el más liberal; dieron con uno australiano que les permite publicar y vender contenido erótico sin censura. De hecho, su mayor inspiración es Tryst.link, una página australiana de contenido erótico hecha por trabajadoras sexuales.

Para desarrollar Erótida hicieron un estudio de mercado con una encuesta que contestaron 200 trabajadoras sexuales de distintas edades,  con diferentes ganancias y de distintos países: Chile, Argentina, México Perú, Uruguay y Colombia. La conclusión fue que todas trabajan con inseguridad, no confían en las agencias ni en los sitios web, tienen muchos problemas para retirar su dinero y están cansadas de perder tiempo hablando con tipos que finalmente no les pagan por sus servicios.

La estrategia del equipo Erótida es ofrecer una solución a esos problemas y así, además de ayudar a la comunidad, atraer a las trabajadoras sexuales y que lleven sus clientes a la página. Además de la posibilidad de reunir todos sus servicios y tipo de contenido en un solo sitio, Erótida promete un sistema de seguridad que no permite sacar pantallazos ni descargar contenido sin que haya sido pagado, cero censura, un sistema de dinero virtual con “eroticoins” que les permitirá acceder a sus ganancias de forma fácil y cuando quieran y la confianza de que es dirigido por y para trabajadoras sexuales.

A diferencia de las páginas típicas, el chat no será para que los clientes puedan opinar de culos y pelos, sino un foro interno para generar redes y confianza entre las trabajadoras sexuales. Para que sean ellas las que se pasen los datos de los buenos y malos clientes.

Erótida ya tiene su propia productora audiovisual: Erotida films, a cargo del corto Kill your local rapist, estrenado el año pasado vía streaming y exhibido en el festival de cine Excéntricofest. Planean lanzar un podcast y una revista web, con contenido producido por y para trabajadoras sexuales.

Y ofrecerán asesoría legal, un sistema de ayuda económica y capacitaciones. Todo esto bajo valores de no competencia y tolerancia cero a conductas de odio hacia personas LGBTIQ+.

“Queremos construir comunidad. Reivindicar y visibilizar a las putas, darles voz. Queremos que nuestra red de trabajadoras sexuales crezca y sea más poderosa. Porque solo nos tenemos a nosotras”, dice Pochi.

Erótida se pondrá en marcha en Chile y Argentina durante abril y el plan es expandirla por toda América Latina y el Caribe más adelante.

La visión es esta: en el futuro, el trabajo sexual será normado como trabajo, tendrá un sello inclusivo, quienes lo ejerzan no dependerán del proxenetismo y habrán poderosos sindicatos de trabajadoras sexuales en todos los países de América Latina y el Caribe. Aquí, la palabra puta se cargará con orgullo.

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Para la Justicia española, prostitución es trabajo, no trata ni violencia de género

¿Cómo acredita el tribunal que las prostitutas del Scándalo eran trabajadoras de los clubes de alterne?

La Audiencia de Málaga condena a dos años y dos meses de prisión al propietario y al administrador de tres burdeles

 

Por J.J. Madueño

Málaga, 28 de febrero de 2021

https://sevilla.abc.es/andalucia/malaga/sevi-como-acredita-tribunal-prostitutas-scandalo-eran-trabajadoras-clubes-alterne-202102281732_noticia.html

 

Local cerrado en La Carlota (Córdoba) – R. del Almodóvar

 

A la veintena de procesados en el «caso Scándalo» les llegó a pedir la Fiscalía un total de 4.000 años de prisión por un rosario de graves delitos. Sin embargo, la sentencia emitida por la Audiencia de Málaga sólo considera probado ilícitos contra los derechos de los trabajadores. Por esto, sólo impone condenas de dos años y dos meses de prisión al propietario de los locales en Málaga y La Carlota (Córdaba), así como Las Estrellas de Torremolinos. Al mismo tiempo se impone la misma pena al administrador de los negocios y se desvela la compra de dos burdeles más en Málaga y Santa Fe (Granada), para derribarlos y construir un «hotel» y un «hostal», que es lo que defendieron en el juicio que eran los tres prostíbulos cerrados.

La Audiencia de Málaga sólo se ha conseguido probar que existía una relación laboral encubierta entre las meretrices y los gestores de los tres burdeles. «Todas las mujeres que ejercían la prostitución lo hacían bajo la dependencia y relación laboral encubierta con los responsables de los clubes, insertándose en la organización de trabajo impuestas por los mismos». Comienza

Imposición de horarios y precios

La acusación comienza a probar que las chicas eran empleadas de los clubes porque existía una imposición de horarios de trabajo. Este venía a coincidir con el horario de apertura de los locales. Del mismo modo, las chicas no eran libres para decidir cuáles eran los precios por sus servicios sexuales. Eran los gestores de los clubes los que decidían el coste de los «pases» y también cuánto debía pagar el cliente por las consumiciones a las que eran invitadas las prostitutas. El burdel se llevaba el 50 por ciento.

Los precios de las relaciones sexuales los decidía el club atendiendo al tiempo de duración del encuentro (media hora, una hora…). «Tratándose de precios preestablecidos por los responsables de los clubes, de carácter fijo y estandarizados, sin que por parte de las mujeres pudieran solicitar cantidades distintas», afirma la sentencia.

Control de ingresos

Los clubes llevaban un control de los ingresos de las meretrices por las invitaciones de los clientes, que pagaban más si la copa era para una de las prostitutas. Estas invitaciones en la barra de los burdeles se controlaban por tickets, tarjetas y fichas, que eran entregadas por los camareros a las mujeres (tickets y fichas), o bien eran pasadas por los camareros si el pago era con tarjeta. Al final de la noche, los camareros o las «mamis» (encargadas de las prostitutas) daban a las mujeres la parte proporcional que le correspondía por las consumiciones a las que habían sido invitadas.

Obligación de pagar la «plaza»

Los responsables de los Clubs imponían el gasto diario que tenía que ser abonado por la «plaza», que se pagaba para poder ejercer la prostitución en estos locales. La «plaza» se debía pagar con el primer servicio sexual que se realizaba esa jornada, debiendo pagarse dicha cantidad diariamente, aunque no se acudiese al local a trabajar o no se tuviese ningún cliente al final del día.

Suministro de sábanos y preservativos

Las meretrices debían abonar los gastos derivados del uso de sábanas y preservativos, que suministraba el club antes de que la relación sexual se produjera. El importe del «kit» de sabanas y preservativos eran entregados a las mujeres por encargadas de los locales antes de cada servicio.

Análisis sanitarios

Las mujeres tenían obligación de someterse a analíticas periódicas para la detección de enfermedades de transmisión sexual. Exámenes que eran realizados por los médicos y analistas designados por los responsables de los clubes, no resultando acreditado de una manera cierta e indubitada, si eran las mujeres las que pagaban los análisis, o era el Club. En los registros de la Policía Nacional a los tres burdeles se encontraron facturas de clínicas de exploración o de servicios de radiología.

Casting de meretrices

Los encargados eran quienes decidían quién entraba en sus locales, tanto clientes como meretrices. Eran los que seleccionaban los clientes y a las prostitutas, que tenían que pasar requisitos como analíticas limpias. Para las mujeres se establecía un sistema de rotación entre los tres burdeles, pero principalmente entre los Scándalo de Málaga y La Carlota. Los condenados eran los que decían a que local tenían que ir a trabajar.

Sin derechos laborales

La prostitución se ejercía en condiciones que mermaban los derechos laborales de las mujeres, existiendo un aprovechamiento de la debilidad que representaba la circunstancia de estar trabajando en situación de irregularidad administrativa, y sin permiso de trabajo. Las prostitutas no tenían contrato de trabajo, ni seguros médicos, ni tampoco estaban dadas de alta en la Seguridad Social. Eso a diferencia del resto del personal que trabajaba en los locales, como camareros, seguridad personal de limpieza, cocina, encargados, que sí que estaban dados de alta en la Seguridad Social.

 

Cómo llegamos aquí: la historia del protocolo de Palermo sobre trata

La “trata de personas” no tenía por qué significar lo que significa ahora. Esta es la historia de cómo obtuvo su definición, contada por alguien que estaba en la habitación cuando sucedió.

 

Marjan Wijers

11 de febrero de 2021

https://www.opendemocracy.net/en/beyond-trafficking-and-slavery/how-we-got-here-story-palermo-protocol-trafficking/

 

Marjan Wijers, consultora e investigadora sobre la trata de personas desde hace mucho tiempo, estaba en la sala cuando se negoció el protocolo de Palermo sobre la trata de personas hace 20 años. Nos reunimos con Marjan como parte de nuestro aniversario especial sobre el protocolo para conocer cómo cambió el campo de la lucha contra la trata de personas con Palermo, cómo se desarrollaron esas negociaciones y hacia dónde podemos ir desde aquí. Esta entrevista ha sido editada y condensada para mayor claridad.

 

Joel Quirk (BTS): El protocolo de Palermo se finalizó hace más de 20 años, y para muchas personas que trabajan en los campos de la trata y la explotación laboral hoy en día simplemente siempre ha estado ahí. Pero ese no es realmente el caso. ¿Cómo era el campo antes de que existiera un protocolo de Palermo?

Marjan Wijers: En la década de 1980, grupos feministas con experiencia en cooperación para el desarrollo comenzaron a trabajar en la trata de personas en los Países Bajos. De hecho, se metieron en esto porque estaban investigando el turismo sexual. A través de ese trabajo y sus contactos con organizaciones de mujeres asiáticas, se dieron cuenta de que había un segundo flujo de mujeres al revés, que venían a los Países Bajos y otros países europeos para hacer trabajo sexual, pero también como trabajadoras domésticas y novias por correo. Así fue como se fundó la Fundación contra la Trata de Mujeres (STV) en 1987.

Trabajamos principalmente con mujeres migrantes en la industria del sexo. La mayoría de ellas eran indocumentadas. Algunas originalmente planearon hacer un tipo diferente de trabajo, como trabajo doméstico o modelaje, y terminaron en la industria del sexo. Otras vinieron con la intención de realizar trabajo sexual y terminaron en condiciones laborales abusivas y forzadas. Desde el principio, para nosotras, no se trató de mujeres inocentes obligadas a prostituirse. Se trataba de abordar la explotación y el abuso de las mujeres migrantes en la industria del sexo, independientemente de si se habían visto obligadas a hacerlo o no. De hecho varias de nuestras clientas querían seguir haciendo trabajo sexual, pero ahora por sí mismas.

Si no recuerdo mal, en ese momento solo los Países Bajos y Alemania tenían grupos que trabajaban en el tema de las trabajadoras sexuales migrantes y la trata. Y, en ese momento, realmente a nadie le importaba. Hablábamos de migrantes. Hablábamos de mujeres extranjeras, principalmente del sureste de Asia y América Latina, y mujeres de color. Y estábamos hablando de prostitutas. Todavía no usamos el término trabajadora sexual, que vino después.

Nuestras clientas no tenían derechos, como mujeres, como migrantes y como prostitutas. Tenían menos derechos y oportunidades que los hombres en su país. Y no tenían derechos aquí en Europa Occidental porque la mayoría eran indocumentadas y, sobre todo, no tenían derechos porque eran putas. Utilizo explícitamente la palabra “putas”, ya que realmente no importaba si tomaron su propia decisión de hacer trabajo sexual o si se vieron obligadas a hacerlo. “Una vez puta siempre puta, ¿a quién crees que le importará?”, eso es lo que les decían sus explotadores.

Y eso es precisamente lo que pasó. Incluso si acudían a la policía, los casos no se tomaban en serio. Simplemente eran deportados de regreso a la situación de la que habían intentado escapar, y los casos no eran procesados. Las primeras acciones que emprendimos junto con mujeres que ahora calificarían como “víctimas de la trata” impulsaron cosas como permisos de residencia temporales, la capacidad de presentar cargos y que los casos se investiguen y enjuicien activamente. Creo que fue más o menos lo mismo en Alemania.


Si hubiéramos conocido la historia y las fallas inherentes al concepto de trata en ese entonces, nunca lo hubiéramos usado.


El interés por la trata aumentó rápidamente con la caída del Muro de Berlín en 1989. Hubo varias razones para ello. No quiero ser cínica, pero estoy convencida de que una fue que las víctimas cambiaron de mujeres de color a mujeres blancas, mujeres de Europa del Este. O sea, de “ellos” a “nosotros”. La otra, creo, era que no sabíamos qué tan rápido podríamos reconstruir el muro. Una vez que cayó el muro, todos pudieron viajar libremente de nuevo. Eso estuvo bien, pero, por supuesto, nunca fue la intención. Y luego estaba el temor de que nos inundarían no solo los inmigrantes de Europa del Este, sino también la mafia rusa. La trata proporcionó la justificación perfecta para una agenda anti-migración en nombre de la lucha contra la trata, literalmente bajo la bandera de “si no pueden venir, tampoco pueden convertirse en víctimas”. Se gastó mucho dinero de la trata en la reconstrucción de las fronteras polacas, por ejemplo.

Estos factores ayudaron a impulsar la trata de personas en la agenda política. No fue tanto que la gente se preocupara más por los derechos de las trabajadoras sexuales o los migrantes, o por proteger a las trabajadoras sexuales del abuso. Se debió principalmente a que el argumento de la trata servía perfectamente a varios intereses estatales, que se volvieron urgentes después de la caída del Muro de Berlín.

Al mismo tiempo, se produjo el segundo movimiento feminista. Eso llamó la atención sobre la violencia sexual y el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos. Y desde la década de 1970, las trabajadoras sexuales habían comenzado a organizarse, ese también fue un movimiento que surgió. Entonces, por un lado, teníamos el movimiento por los derechos de las trabajadoras sexuales que reclamaba el derecho a elegir el trabajo que se desea hacer y no ser castigada o criminalizada por ello, y por otro lado, el movimiento contra la trata de personas que reclamaba el derecho a no ser forzada a hacer un trabajo que no quieres hacer. Ambos reclamos se refieren a los derechos humanos, la libertad de elegir la propia profesión y el derecho a ser protegido del trabajo forzoso, y ambos deben ser respetados. Así es como lo veíamos: en nuestra opinión, los derechos a favor y en contra de la violencia eran las dos caras de la misma moneda. Así que desde nuestro principio trabajamos junto con Red Thread, la organización holandesa de derechos de las prostitutas.

Antes de todo esto estaba la cuestión de cómo llamar a este tipo de abusos. Permítanme decirlo así: si hubiéramos conocido la historia y las fallas inherentes al concepto de trata en ese entonces, nunca lo hubiéramos usado. Lo que deberíamos haber hecho habría sido hablar sobre el trabajo forzoso, incluidos los servicios sexuales forzados, las prácticas análogas a la esclavitud y la servidumbre. Deberíamos haber utilizado conceptos que describan las condiciones de vida y de trabajo en las que se encuentran las personas. Estos son conceptos que están definidos en el derecho internacional de los derechos humanos y son algo neutrales. Pero en ese momento no éramos conscientes de todo eso, así que terminamos recurriendo al concepto victoriano de trata de personas del siglo XIX con su enfoque en la pureza y victimización de las mujeres y la protección de las fronteras nacionales. Al hacerlo, sin saberlo, importamos un concepto muy sesgado, dividiendo a las mujeres en víctimas inocentes que necesitan ser rescatadas y culpables que pueden ser abusadas con impunidad, pero también con tintes racistas y nacionalistas.

A pesar de los esfuerzos para contrarrestar estas fallas, esta herencia continúa definiendo el debate sobre la trata hoy, como lo ejemplifica la distinción que el Protocolo de la ONU contra la Trata hace entre la llamada ‘explotación sexual’ y la ‘explotación laboral’ y su enfoque en el reclutamiento y el movimiento en lugar de las condiciones de trabajo. Históricamente, la trata se ha utilizado para controlar la sexualidad y la movilidad de las mujeres y para justificar medidas opresivas contra las trabajadoras sexuales y los migrantes, en lugar de proteger sus derechos humanos. Ya en la década de 1990 quedó claro que esto era lo que estaba sucediendo. Entonces, cuando comenzamos las negociaciones sobre el protocolo de trata, éramos muy conscientes de los problemas del concepto. Y tratamos de abordarlos.

Joel: ¿Entraste en esas negociaciones creyendo que eran una oportunidad, o las abordaste principalmente con inquietud y ansiedad? ¿Ya estaba claro cuáles serían las fallas o te sorprendieron?

Marjan: Ya había habido mucha discusión en torno a la definición de trata cuando alcanzó la cima de la agenda internacional. ¿La trata es solo de mujeres y niñas? ¿La trata solo tiene lugar a través de fronteras o también ocurre dentro de las fronteras? ¿La trata consiste únicamente en obligar a las mujeres a prostituirse o también en prácticas abusivas de contratación para el trabajo doméstico y otros tipos de trabajo? ¿Se trata solo de contratación o también de condiciones de trabajo abusivas y análogas a la esclavitud? Prácticamente todas las preguntas y cuestiones que jugaron un papel en las negociaciones sobre el protocolo de trata ya eran puntos de discusión en el debate político más amplio.

Así que hubo una enorme confusión sobre cuál era el concepto. E incluso si la gente estaba de acuerdo en que el núcleo de la trata era la coacción o la fuerza, no había consenso sobre a qué se refería “fuerza”, especialmente en relación con el trabajo sexual. ¿Se refería tanto a condiciones abusivas de contratación como de trabajo? ¿O se refería únicamente a la forma en que una mujer llegó a prostituirse, como resultado de su propia decisión o forzada por otros (excluyendo así a las mujeres que decidieron conscientemente trabajar en la industria del sexo pero que fueron sometidas a la fuerza y ​​el abuso en el curso de su trabajo)? Y algunos vieron la prostitución en sí misma como una violación de los derechos humanos similar a la esclavitud. Desde este punto de vista, ninguna mujer puede dar su consentimiento voluntario para el trabajo sexual y cualquier distinción basada en el consentimiento o la voluntad de la mujer carece de sentido.

Sabíamos que todas estas discusiones estaban teniendo lugar, así que conocíamos los peligros y sabíamos cuánto se mezclaba el concepto con las agendas anti-prostitución y anti-migración. También sabíamos que era sexista en la forma en que vinculaba el derecho de las mujeres a ser protegidas contra la violencia con su inocencia o pureza sexual. Entonces sabíamos exactamente lo que estaba mal. Quizás no todo el mundo lo hizo, pero la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW), que fue fundada por grupos de mujeres tailandesas y STV a lo largo de la década de 1990, ciertamente lo hizo. Varias organizaciones de derechos humanos lo hicieron y, por supuesto, las organizaciones de trabajadoras sexuales fueron muy conscientes de ello desde el principio.

Joel: ¿El protocolo de Palermo podría haber resultado diferente? ¿O parecía más o menos fijo desde el principio, y lo que obtuviste fue más o menos lo que esperabas?

Marjan: No éramos tan optimistas. Sabíamos cuáles eran los problemas y sabíamos cómo se usaba el concepto contra las trabajadoras sexuales y los inmigrantes. Así que estábamos bien preparadas en ese sentido. Teníamos varios objetivos y nos organizamos a través de movimientos. Reunimos a organizaciones y activistas contra la trata de personas, los derechos humanos y los derechos de las trabajadoras sexuales, liderados por el International Human Rights Law Group y la GAATW. Participé en nombre de la GAATW y la Fundación Holandesa contra la Trata de Mujeres, donde trabajaba en ese momento. La composición de esta alianza fue realmente importante ya que fue la primera vez que estos tres movimientos trabajaron juntos en un lobby conjunto. Especialmente la combinación de activistas y grupos de lucha contra la trata y pro-trabajadoras sexuales fue radical, ya que cerró la brecha histórica entre los dos movimientos causada por la persistente fusión de la trata y el trabajo sexual.

Para el movimiento de las trabajadoras sexuales fue una posición realmente difícil porque estaban claramente en contra del concepto de trata. Ya habían sufrido mucho por eso. Al mismo tiempo, todos sabíamos que era importante intentar controlar el daño tanto como fuera posible. Entonces, las negociaciones sobre el protocolo no fueron como, ‘Oh, esta es una hermosa oportunidad’. Ellas dijeron, ya conocemos el daño y sabemos que puede empeorar, entonces, ¿qué podemos hacer para controlar el daño e intentar para aprovecharlo al máximo? Preparamos nuestros documentos juntas, fuimos juntas a las negociaciones y presionamos juntas.

Al igual que los estados, las ONG estaban profundamente divididas sobre cómo debería definirse la trata, es decir, qué prácticas deberían combatirse. Si bien hicimos una distinción clara entre la trata y el trabajo sexual y sostuvimos que las condiciones de trabajo forzoso en todas las industrias deben abordarse, el otro bloque de ONG, liderado por la Coalición contra la Trata de Mujeres (CATW) con sede en EE.UU. consideraba todo trabajo sexual como trata y quería el protocolo para combatir la prostitución como tal.

En el momento de las negociaciones sobre el protocolo, CATW había existido por un tiempo y habían ganado mucha influencia. Asistí a una de sus conferencias en Nueva York a finales de los 80. En ese momento no tenían ni idea de la trata o la posición y las experiencias de las mujeres migrantes. Se centraron principalmente en la violencia contra las mujeres blancas y la pornografía. Recuerdo a Andrea Dworkin, como una sacerdotisa que pone histéricas a todo un salón de mujeres sobre una mujer a la que su empleador obliga a mirar Garganta profunda, una famosa película porno de la época. Pero durante la década de 1990 obtuvieron mucho dinero de los gobiernos conservadores y se convirtieron en un grupo de presión anti-prostitución rico, importante e influyente con capítulos en varios países asiáticos.

Si mal no recuerdo, no estuvieron presentes en la primera sesión de negociaciones sobre el protocolo, pero desde la segunda sesión en adelante estuvieron allí. Y a partir de ese momento, hubo dos bloques de presión de ONG opuestos. Nuestro bloque, que operaba bajo el nombre de Human Rights Caucus, abogó por una definición amplia e integral de trata con la coerción como elemento central. Queríamos incluir tanto a hombres como a mujeres y niños, para ir más allá de la prostitución e incluir todos los sectores de trabajo en los que las personas podrían terminar en condiciones de esclavitud y trabajos forzados, e incluir la trata tanto transfronteriza como interna. Queríamos ser más amplios, ya que pensamos que esto podría neutralizar las partes problemáticas del concepto tradicional de trata.

El otro bloque, que junto a CATW incluía entre otros el Lobby Europeo de Mujeres y la Federación Abolicionista Internacional Francesa, quería un protocolo que definiera toda prostitución como trata, y que solo se aplicara a mujeres y niñas. Significativamente, operaron bajo el nombre de International Human Rights Network, copiando nuestro nombre y aumentando la confusión sobre quién era quién. Esas fueron las dos posiciones opuestas, y la definición final es un claro compromiso entre esas dos posiciones. Por un lado, establece una clara distinción entre el trabajo sexual y la trata. Cubre a mujeres, hombres y niños, e incluye todos los sectores laborales en lugar de solo la industria del sexo. Por otro lado, la “explotación de la prostitución y la explotación sexual” se destaca como algo separado y diferente de lo que se denominó “explotación laboral”, es decir, trabajo forzoso, prácticas análogas a la esclavitud y servidumbre en otras industrias. Y hemos visto sus efectos dañinos.

Joel: Lo que ha dicho hasta ahora refleja la historia comúnmente contada sobre las negociaciones de Palermo, que es esencialmente una discusión entre dos coaliciones opuestas de ONG y voces de la sociedad civil. Y entiendo que ese fue un punto clave de la discusión. Pero siempre me ha llamado la atención que esta descripción pierde el papel de los estados. Los gobiernos siempre tienen la última palabra en este tipo de negociaciones: la sociedad civil no puede escribir su propio derecho internacional. ¿Podrías decirnos más sobre las posiciones gubernamentales durante las negociaciones?

Marjan: La lucha entre las ONG se reflejó más o menos también en la posición de los gobiernos. Fue hace mucho tiempo, pero por lo que recuerdo, creo que hubo tres cuestiones que dividieron a los estados, y no siempre en la misma línea. Una fue la cuestión moral de la prostitución y la idea de que toda prostitución es trata. Los estados comenzaron con diferentes posiciones sobre la prostitución, pero creo que les resultó relativamente fácil decir: ‘Incluso si no estamos de acuerdo sobre la prostitución, estamos de acuerdo sobre la coerción, así que limitemos este tratado a situaciones de abuso y coerción y no a la prostitución’ como tal. ”Eso resolvió más o menos la cuestión moral, aunque la cuestión moral vuelve a aparecer en otros artículos, por ejemplo, el de combatir la demanda.

Entonces creo que hubo una diferencia con respecto a las fronteras. Los países ricos y pobres se opusieron más en lo que respecta a la migración. Para los países ricos, especialmente, era realmente importante incluir artículos en el protocolo sobre la protección de las fronteras, mientras que para los países pobres las remesas de mano de obra que los migrantes enviaban a casa constituían una parte importante de su ingreso nacional. El tercer punto fueron los derechos de las víctimas. Los países de envío estaban mucho más inclinados a incluir disposiciones de protección a las víctimas, mientras que los países de destino no estaban dispuestos a hacerlo en absoluto.

Eso también se refleja en el protocolo. Hay una serie de disposiciones sobre la protección de las víctimas, pero no son obligatorias. La protección de las víctimas queda a discreción de los estados, mientras que todas las disposiciones de aplicación de la ley son obligatorias. Y allí, creo, el lobby de las ONG realmente fracasó. Nuestra facción sintió que incluso si no estábamos de acuerdo con los demás sobre la prostitución, deberíamos poder estar de acuerdo en la necesidad de disposiciones de protección a las víctimas. Pero la otra parte no quiso cooperar.

Joel: ¿Por qué no?

Marjan: Porque no querían trabajar con nosotras, en parte por lo polarizados que estábamos todos y en parte porque, y probablemente sea desagradable decirlo, no les interesaba. Nosotras éramos las que trabajábamos con las víctimas. Nosotras éramos las que queríamos protección para las víctimas. Tenían una agenda totalmente diferente, impulsada ideológicamente. Querían combatir la prostitución. Y cuál fuere el impacto real de eso en las mujeres, las trabajadoras sexuales, las víctimas, no creo que realmente les importara.

Joel: El protocolo de Palermo es lo que nos da la definición de trata acordada internacionalmente. En el fondo está la idea de que la trata de personas tiene como finalidad la explotación, que es la bisagra de todo el tratado. Sin embargo, la explotación no está definida, solo hay una lista no exhaustiva de ejemplos. ¿Por qué el protocolo en ningún momento dice realmente qué es explotación?

Marjan: No pudieron ponerse de acuerdo.

Joel: ¿No podían ponerse de acuerdo porque la gente quería versiones muy diferentes, o no podían ponerse de acuerdo porque la explotación es muy difícil de definir?

Marjan: Lo que recuerdo es que hubo varios estados y expertos internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Relatora Especial sobre la Violencia contra las Mujeres, la Organización Internacional del Trabajo y nosotras, que dijimos que no uses la palabra explotación. Cíñete al trabajo forzado, la servidumbre, las prácticas análogas a la esclavitud, etc., conceptos aceptados y definidos en el derecho internacional de los derechos humanos. También abogamos por eliminar la palabra “explotación sexual” porque no está definida, es controvertida e innecesaria. La Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer, por ejemplo, señaló que el término ‘explotación sexual’ podría interpretarse de formas muy diferentes, dependiendo de si crees que la prostitución constituye ‘explotación sexual’ per se, o si se refiere a situaciones de violencia forzada. trabajo, servidumbre o prácticas análogas a la esclavitud, que pueden ocurrir en la industria del sexo pero también en el trabajo doméstico o los matrimonios serviles.

Y luego estaba el otro grupo de estados, que incluía a EE.UU., que quería tener la explotación de la prostitución y la explotación sexual en el protocolo independientemente del uso del engaño, la fuerza o la coerción. Realmente querían tener eso en el protocolo. Recuerdo que le escribimos una carta a Madeleine Albright, la secretaria de Estado de Estados Unidos en ese momento, para tratar de discutir la posición de Estados Unidos con ella. Fue firmado por un montón de expertos de diferentes organizaciones en los EE. UU. y en otros lugares, y argumentó que había consenso sobre limitar el protocolo a situaciones forzadas y advirtió que expandirlo para incluir la prostitución voluntaria significaría que varios países se negarían a firmar eso.

El compromiso fue ponerlos a ambos. La frase ‘con el propósito de explotación’ era una especie de término general, y luego bajo ese encabezado se podría poner tanto la explotación de la prostitución como el trabajo forzado, etc. Los términos “explotación del la prostitución ajena” y “explotación sexual” se dejaron intencionalmente sin definir, de modo que los estados pudieran decidir por sí mismos cómo querían abordar la prostitución en sus leyes nacionales. Fue un compromiso político típico en el que ambas partes obtuvieron más o menos lo que querían.

Joel: Mencionaste los efectos dañinos de señalar la explotación sexual como algo diferente del trabajo forzado, las prácticas similares a la esclavitud y la servidumbre. ¿Qué quieres decir con eso?

Marjan: La inclusión de la explotación de la prostitución como un propósito separado del trabajo forzado, etc. reforzó la obsesión histórica por la prostitución y alimentó la vieja fusión de trata y trabajo sexual y la preocupación por la pureza de la mujer. No solo implica que el trabajo sexual no puede ser trabajo, sino que también sugiere falsamente que el trabajo forzado no puede existir en la industria del sexo, lo que priva a las trabajadoras sexuales de la protección contra esa práctica. La OIT siempre había considerado la prostitución forzada como una forma de trabajo forzado, por lo que separarla fue realmente un paso atrás.

El trabajo forzado y las prácticas análogas a la esclavitud no se definen por el tipo de trabajo sino por las condiciones laborales forzadas y no libres. Según la definición del protocolo, esto también debería aplicarse a la trata. Nadie diría nunca que una trabajadora doméstica no puede ser víctima de la trata simplemente porque sabía que haría trabajo doméstico o había trabajado antes como trabajadora doméstica. Pero cuando se trata del trabajo sexual, se ve que en la práctica muchos estados restringen la fuerza para referirse solo a obligar a alguien a prostituirse y no a condiciones de trabajo forzado.

El efecto es que en muchos casos, en lugar de que el delincuente sea juzgado, es la víctima quien tiene que demostrar su “inocencia”, desplazando así el enfoque de los actos del tratante a la moralidad de la víctima. Esta distinción entre mujeres “buenas” que merecen protección y mujeres “malas” que perdieron su derecho a la protección contra el abuso es uno de los principales obstáculos para combatir la trata. No solo implica que las trabajadoras sexuales pueden ser abusadas con impunidad, sino también que el derecho de las mujeres a ser protegidas contra la violencia y el abuso está determinado por su pureza u “honor” sexual. Esto no solo es perjudicial para las trabajadoras sexuales, sino para todas las mujeres.

Este excepcionalismo del trabajo sexual también allanó el camino para estrategias completamente opuestas. Donde todo el mundo está de acuerdo en que es importante fortalecer los derechos y apoyar la sindicalización, organización, etc. para combatir el trabajo forzado o las condiciones laborales abusivas, se promueven estrategias exactamente opuestas cuando se trata de combatir la trata en la industria del sexo. Allí se aboga por una mayor criminalización, que se suma al estigma y deja a las trabajadoras sexuales con menos en lugar de más derechos. Esto se ve reforzado por el artículo del protocolo que llama a los Estados a “desalentar la demanda que fomenta todas las formas de explotación”. Por supuesto, esto se interpreta como que se aplica únicamente al trabajo sexual y sentó las bases para las llamadas campañas de “fin de la demanda” que piden la criminalización de los clientes de las trabajadoras sexuales.


La gente tiende a pensar que el protocolo es un tratado de derechos humanos, pero es obvio que no lo es.


La separación de la explotación sexual de los otros fines también hizo que fuera crucial incluir los medios coercitivos en el protocolo. Sin eso se habría convertido en un tratado contra la prostitución, porque simplemente habría sido reclutamiento, transporte, etc., con el propósito de explotar la prostitución, independientemente del uso de la fuerza o la coacción. Si el propósito solo hubiera sido el trabajo forzado, la esclavitud, etc., no habría necesitado los medios coercitivos o engañosos, ya que aquellos son inherentemente coercitivos. Lo que hemos visto en la práctica es que varios países, como México, han eliminado los medios. Y si borras los medios, conviertes el protocolo contra la trata en un protocolo contra la prostitución.

Un cuarto problema es el enfoque en el movimiento. Desvía la atención del trabajo forzado y los resultados similares a la esclavitud que constituyen las violaciones reales de los derechos humanos. Esto no solo proporciona a los estados una justificación para seguir una agenda de control fronterizo bajo el disfraz de combatir la trata, sino que también crea dos categorías de víctimas: aquellas que llegan en una situación de trabajo forzado o esclavitud a través de la trata y aquellas que llegan de otras maneras. El primer grupo tiene derecho a recibir apoyo, aunque sea bastante mínimo, mientras que el segundo está excluido de cualquier derecho porque no lo consiguió a través de la trata. Desde el punto de vista de los derechos humanos, eso es, por supuesto, inaceptable. De hecho, refleja los primeros tratados sobre la trata de personas alrededor de 1900 que abordaban el reclutamiento transfronterizo de mujeres para lo que entonces se llamaba fines inmorales, pero dejaban de lado explícitamente las condiciones coercitivas dentro de los burdeles. Se consideró que era una cuestión de legislación interna.

Joel: ¿Saliste de las negociaciones sintiéndote feliz o preocupada?

 Marjan: Pienso que un poco las dos cosas. Nos alegró que cubriera a todas las personas en lugar de solo a mujeres y niñas. Nos alegró que cubriera todos los sectores. Nos alegró que, al menos en la definición y explicación del protocolo, estuviera claro que la coacción era un elemento central de la trata. Esa había sido una gran pelea. Así que nos alegramos de que estuviera claro que la coerción, el engaño o la fuerza deben estar presentes para que algo sea trata.

Al mismo tiempo, nos preocupaba mucho la distinción que se hacía entre la explotación de la prostitución y los demás fines de trabajo forzado, etc. Y nuestras preocupaciones han demostrado estar completamente justificadas. También nos decepcionó enormemente la falta de protección de los derechos humanos de las personas objeto de trata. La gente tiende a pensar que el protocolo es un tratado de derechos humanos, pero es obvio que no lo es. Es parte de un tratado sobre la delincuencia organizada, es un instrumento de aplicación de la ley.

Joel: Parece que la gente ha trabajado mucho para ampliar la definición de trata en lo que respecta al trabajo sexual, pero se han mostrado reacios a pensar de manera más amplia en otras áreas. Se han resistido a aplicarlo a los trabajadores migrantes o a los trabajadores de las cadenas de suministro globales, por ejemplo. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Intenta la gente aplicar la trata de manera amplia cuando se trata de trabajo sexual y luego de manera limitada cuando se trata de trabajadores migrantes porque de lo contrario es demasiado inconveniente políticamente?

 Marjan: Bueno, la explotación y la disponibilidad de mano de obra barata y explotable es, de hecho, el núcleo del sistema capitalista. Si realmente quisiéramos abordar la explotación en otras industrias, afectaría nuestros propios intereses en servicios y productos baratos. Tendríamos que pagar más por nuestros teléfonos móviles, por nuestras verduras, por la limpieza de nuestras casas y oficinas, etc. Por tanto, es mucho más atractivo centrarse en el trabajo sexual, que se ajusta a una agenda moral más que económica y es fácil de realizar separadamente de nuestras vidas e intereses diarios.

Abordar la explotación requeriría una agenda de justicia social. Requeriría mejorar la situación económica, social y legal de los migrantes, por ejemplo. Centrarse en la prostitución, por el contrario, permite reducir la cuestión a un marco de delito y castigo. No llega a intentar abordar el sistema económico. Y, por supuesto, rescatar a doncellas inocentes es mucho más sexy. Todo esto expone una vez más cuán defectuoso es todo el concepto. Gastamos millones para combatir la trata, mientras que los tratados de trabajo forzado, que ya se remontan a las décadas de 1930 y 1950, nunca han recibido tanta atención. Eso no ha sucedido por accidente.

Joel: ¿Dirías que el problema está más en el protocolo o en lo que hacen los gobiernos con el protocolo?

Marjan: No puedes separarlos. El protocolo fue un compromiso político entre dos puntos de vista e intereses opuestos. Había una razón para hacer ese compromiso, y esas razones también se reflejan en la forma en que se aplica. Así que no creo que realmente puedas hacer esa distinción. Muchos estados dependen de la mano de obra migrante y sería contrario a sus intereses abordar las condiciones abusivas de los trabajadores migrantes y otros trabajadores mal pagados. Entonces no son muy propensos a hacer eso. Además, es mucho más fácil centrarse en la prostitución, las fronteras y la moralidad de las mujeres. Eso encaja mucho mejor con los intereses del estado que abordar las condiciones laborales abusivas que experimentan los migrantes y otros grupos de trabajadores mal pagados que mantienen su economía en marcha. Entonces, ¿por qué deberías hacerlo?

Joel: ¿Te has vuelto más optimista o pesimista en el tiempo que ha pasado con respecto al valor de la trata de personas como una forma de abordar cuestiones de explotación?

Marjan: Creo que ha pasado lo que temíamos. Ha hecho muy poco para abordar las violaciones reales de los derechos humanos o las causas de la explotación de personas en condiciones de trabajo forzoso o análogas a la esclavitud. Tampoco hizo mucho por los derechos de las víctimas porque, por supuesto, existen abusos. Nadie niega que haya graves abusos contra los derechos humanos de las personas, pero el protocolo hace poco para abordarlos. Al contrario, respalda medidas que agravan los abusos. Las medidas represivas siempre tienen un impacto negativo en los grupos más vulnerables. Cuanto más criminaliza o estigmatiza a los grupos, más vulnerables los vuelve a sufrir abusos y más cierra su acceso a la justicia.


Es posible que el protocolo de Palermo hiciera un poco por una categoría muy pequeña de víctimas, pero perjudicó a grupos mucho más grandes.


Yo diría que la situación ha empeorado para muchos grupos. Eso es ciertamente cierto para las trabajadoras sexuales, pero también para muchos migrantes. El protocolo de Palermo brindó a los estados un instrumento para justificar las medidas represivas que colocan a las personas en posiciones más vulnerables. Y al mismo tiempo, no ayudó mucho a mejorar la situación de las víctimas de abuso. En la mayoría de los estados tienes que cooperar con la fiscalía para beneficiarte como víctima, lo que significa que tienes que ponerte a ti y a tu familia en mayor riesgo. Y si usted es un migrante, es probable que lo deporten una vez que ya no sea útil como testigo. También sabemos que el derecho penal no está hecho para víctimas. El derecho penal es un problema entre los estados y los perpetradores. Básicamente, las víctimas no son más que una huella digital, algo que se guarda en un cajón y se saca si necesitas pruebas. Es así. Es posible que el protocolo de Palermo sirviera un poco para una pequeña categoría de víctimas, pero no mejoró las cosas para la mayoría de ellas y perjudicó a grupos mucho más grandes.

Durante las negociaciones defendimos que la trata debería abarcar tanto las condiciones abusivas de contratación como las condiciones laborales abusivas. El protocolo no hace esto. La trata según el protocolo se limita al proceso de contratación, la forma en que las personas llegan a situaciones de explotación. Esto significa que tenemos millones de personas en condiciones de trabajo forzado en todo el mundo que no llegaron allí a través de la trata, y como no llegaron a través de la trata, carecen completamente de derechos. Es como combatir la trata de esclavos pero no la esclavitud. Si naciste esclavo porque tus padres eran esclavos, está bien, siempre y cuando no hayas llegado allí a través del comercio de esclavos. Intentamos transmitir la necesidad de combatir la explotación en sí, pero eso no sucedió.

Joel: Entonces, ¿a dónde vamos desde aquí? Algunas personas sugieren que debería haber una convención de seguimiento que afirme y amplíe el protocolo de Palermo. Otros argumentan que la trata ha creado tantos problemas que es mejor descartarla y probar otra cosa. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Vale la pena permanecer en el campo de lucha contra la trata y buscar reformas desde adentro? ¿O es mejor elegir un campo de batalla diferente y luchar usando un conjunto diferente de conceptos?

Marjan: Probamos esas estrategias. Intentamos deshacernos de todo el concepto de trata y no lo logramos. Una vez que has abierto la caja de Pandora, ya sabes, está fuera de tu control. Está ahí para quedarse. Hay demasiados otros intereses vinculados al concepto de trata como para deshacerse de él. Y esos no son los intereses de las personas afectadas.

También probamos el control de daños. Aún me halaga la idea de que al menos hicimos algo de control de daños en las negociaciones. Podría haber sido peor, pero eso no lo hace bueno. Y debo decir que después de 30 años de control de daños solo, estoy cansada y no soy solo yo. Hacer control de daños no es lo más inspirador que se puede hacer en la vida.

Mi conclusión es que es mucho mejor trabajar por los derechos. Veo dos caminos a seguir. Uno es trabajar por los derechos de las trabajadoras sexuales, los derechos de los migrantes, etc. Es difícil y vivimos tiempos represivos. Estamos en un período histórico conservador y represivo. No es solo trabajo sexual, son derechos sexuales y reproductivos en general. No son solo los trabajadores migrantes, son los migrantes, los refugiados, etc. Todos los derechos humanos están bajo presión. Pero al menos solían verse como algo por lo que luchar. Ahora se debate la necesidad de los derechos humanos en su conjunto.

Joel: Hablo con muchos activistas diferentes y conozco personas que trabajan en reparaciones por la esclavitud transatlántica, y nunca los invitan a los pasillos del poder. Están en el exterior haciendo afirmaciones que a los gobiernos no les gustan. Y contrasta eso con las personas que trabajan en la lucha contra la trata, que son invitadas a gabinetes y salas de juntas, a quienes se les da una plataforma, que tienen influencia y acceso a los centros de poder. Llevo un tiempo preguntándome qué tan adictivo es ese acceso. Cambiar la conversación significa renunciar a ese acceso, incluido el acceso a la financiación, y eso hace que sea difícil decir: “Esto contra la trata de personas no está funcionando. Necesito trabajar en los derechos de las trabajadoras sexuales, los derechos de los migrantes, los trabajadores sindicalizados y todo este tipo de cosas”. ¿Qué tan fácil crees que es realmente para las personas que trabajan en la lucha contra la trata de personas comenzar a trabajar en otras cosas, dado que el perfil político de esas otras cosas es mucho menos acogedor para el activismo?

Marjan: Es absolutamente cierto. Y también dentro del movimiento contra la trata hay una gran división. Está la parte progresista a la que pertenezco, que se basa en los derechos y a la que pertenece la Alianza Global contra la Trata de Mujeres. Y está el movimiento conservador contra la trata, que está muy feliz de dormir en una cama con el estado y con el poder.

Si quieres conseguir dinero, haz trata. No elijas los derechos de los migrantes o los derechos de las trabajadoras sexuales. Esa es una elección estúpida si quieres dinero e influencia. Y, por supuesto, el dinero es adictivo. Cuando empezamos, a finales de los 80, a nadie le interesaba. Una vez que se convirtió en un gran problema, no sé cuántos cientos de organizaciones se subieron al tren.

Creo que al final, no importa lo difícil que sea enfocarnos en los derechos en lugar de la represión, es lo mejor que podemos hacer. Me alegra que la Organización Internacional del Trabajo haya abordado el tema. Creo que si queremos abordar los abusos, o si queremos abordar la explotación de personas en condiciones de trabajo forzado y análogas a la esclavitud, la OIT es una mejor manera de hacerlo.

Seguiría intentando trabajar junto con la OIT. Les presionaría para que también incluyeran la industria del sexo. Pasaron años antes de que incluyesen a las trabajadoras del hogar, pero al final lo hicieron. Y no es que el mundo cambie cuando se concluye un tratado internacional. Ciertamente no para las trabajadoras domésticas, pero es un paso. Es un pequeño paso, pero al menos un paso hacia los derechos en lugar de la represión. Por tanto, creo que sería importante que la OIT incluyera también la industria del sexo como un área de preocupación sobre las normas laborales.

Si puedes tirar de la OIT, también significa que pasas a conceptos mucho más neutrales. Debemos ser conscientes de cuán corrompidos y defectuosos pueden ser los conceptos, y el gran alcance que tiene la influencia de un concepto. Como dije al principio, si hubiéramos estado al tanto de la historia de la trata y de lo que significó importar ese concepto, no lo habríamos hecho. Realmente tienes que ser muy consciente del lenguaje que usas, los conceptos que importas y tratar de buscar un lenguaje neutral.

La trata no va a desaparecer y no escaparemos a la necesidad de controlar los daños. Tenemos que seguir haciéndolo. Pero al mismo tiempo, como movimiento, es realmente importante conectarse con otros movimientos basados en los derechos. El movimiento por los derechos de los migrantes, el movimiento por los derechos de las trabajadoras sexuales y el movimiento por los derechos humanos deben unirse y desarrollar su propia agenda basada en los derechos.

Entrevista a Kenia García: “Con el 187 bis del Código Penal sufriremos desahucios y persecución”

 

Por Gloria Marín

16 de febrero de 2021

“Con el 187 bis del Código Penal sufriremos desahucios y persecución”

 

Las trabajadoras sexuales llevan años organizándose y defendiendo sus derechos. Entrevistamos a Kenia García, trabajadora sexual y miembro del Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS) para hablar de la situación actual, del movimiento y de los retos más inmediatos. [Aquí se pueden encontrar otros materiales sobre este movimiento publicados en viento sur]

¿Cuál es la situación de las trabajadoras sexuales en el Estado español? Háblanos en primer lugar de los aspectos que ya estaban antes de la pandemia.

Es una situación de falta de derechos. El movimiento de las trabajadoras sexuales en el Estado español hace décadas que viene reivindicando derechos humanos y laborales. Los derechos son herramientas para defendernos ante los abusos y los atropellos. No tenerlos es no tener esas herramientas. Su ausencia provoca explotación, clandestinidad, abusos…

En concreto, la falta de reconocimiento de nuestra actividad como trabajo impide acceder a derechos tan básicos como la vivienda, porque sin nómina no se puede acceder a un alquiler, no se puede pedir una hipoteca…

Además padecemos incluso persecución. Especialmente las compañeras que trabajan en los espacios públicos, que son perseguidas por los Ayuntamientos por medio de las Ordenanzas municipales y por el Estado por la Ley Mordaza…

En resumen la situación era, y es, de abandono, exclusión, marginación y persecución.

¿Y qué ocurre cuando llega la pandemia? ¿Cómo os afecta?

Se añade la violencia económica. Pero no solo para las trabajadoras sexuales, sino en general para trabajadores y trabajadoras precarizadas y de la economía sumergida. Colectivos que quedamos excluidos del escudo social, entre ellos las trabajadoras sexuales.

¿Qué pasa cuando te confinan y no tienes derecho a paro, a ERTE…? Tienes que seguir trabajando, y lo tienes que hacer a costa de poner en peligro tu salud y la salud de la sociedad, porque tienes que elegir entre no comer o arriesgarte a enfermar. Muchas trabajadoras sexuales tienen familia que depende de ellas. Al no estar incluidas en la protección social no les quedó más remedio que seguir trabajando, en una actividad en la que no es posible aplicar las medidas para protegerse de la covid.

Es violencia económica porque se nos dejó sin ingresos. Tenemos un estado negligente. El “Nadie se va quedar atrás” fue solo un lema. Miles de personas se quedaron atrás, entre ellas las trabajadoras sexuales.

Además muchas han vivido otras situaciones añadidas. Hay muchísimas compañeras que viven en los lugares de trabajo porque no pueden alquilar, por no tener nómina, otras por estar en situación administrativa irregular. Esta supone un estado de no persona, de no derecho, no poder tener ni siquiera una cuenta bancaria… lo que les hace depender totalmente de estos sitios. Al cerrarse los clubes se dieron varias situaciones. Algunas negociaron seguir viviendo en ellos, en muchos casos pagando menos que cuando trabajaban, pero en cualquier caso acumulando deudas con los propietarios. En otros, como el del Club Olimpo, quedaron sin agua y sin luz. Y hay otro caso que es paradigmático de lo que supone la falta de reconocimiento como trabajo y de a quién beneficia. Es el caso del Club Paradise de La Jonquera. En marzo se adhirió a un ERTE para 69 empleados: cajeras, guardias de seguridad, limpiadoras… mientras las 90 mujeres que eran la base del negocio se quedaron fuera de él y en la calle —literalmente— porque no estaban reconocidas como trabajadoras. Muchas de las mujeres que trabajan en clubes son migrantes que no tienen una red familiar o social que las acoja.

Otras alquilamos pisos donde vivimos y trabajamos. Algunas conseguimos pagar menos o aplazar el pago, pero otras muchas al no poder pagar se quedaron en situación de sinhogarismo y tuvimos que buscarles albergues. Como los contratos que tenemos son verbales, no tenemos protección legal ni estamos cubiertas por las medidas para proteger los alquileres o evitar los desahucios.

Hablabas de la ley de Extranjería y del estatus de no persona que genera en mucha gente, entre ella las trabajadoras sexuales. ¿Cómo afecta la ley de Extranjería al trabajo sexual?

La ley de Extranjería es un mecanismo perverso que fomenta la economía sumergida; da poder a los delincuentes, a los abusadores; fomenta la trata…

Las mujeres migran por necesidad y por su derecho legítimo a buscar una vida mejor. Ante la imposibilidad de hacerlo por su cuenta tienen que recurrir a traficantes. No pueden pagarse el billete de avión y migrar, las fronteras no son permeables para ellas. Pero sí lo son para las redes. Por eso tienen que pagar muchísimo dinero y endeudarse con las redes para poder cruzar. Ahí empieza el círculo de vulneración de derechos. La Ley de Extranjería da a los proxenetas mucha más oportunidad de explotar a las mujeres, de abusar de ellas. Si una persona pudiera llegar y tener un trabajo, tener una cuenta bancaria, pagar alquiler, pagar impuestos… disminuiría mucho no solo la prostitución, también la economía sumergida. Habría menos abusos.

Esta ley hace que podamos optar solo a trabajos irregulares, entre ellos el trabajado sexual, durante al menos tres años, que suelen convertirse en siete, diez o más. Por una parte porque los ayuntamientos no cumplen su obligación legal de empadronar a todas las personas que realmente viven en él, independientemente de su situación legal o de que tengan contrato de alquiler, por lo que no pueden demostrar la residencia. Además se requiere un contrato de trabajo, que tiene que ser de un año a tiempo completo. Si soy trabajadora sexual, ¿dónde lo consigo? Todo esto más la burocracia prolonga la situación irregular, lo que va ligado a continuar en la prostitución, porque no se puede optar a otros empleos.

Además obliga a las mujeres a “buscar cobijo” en los clubes, porque no pueden alquilar una vivienda. Y eso da poder a los propietarios de los clubes para explotarlas. Esa es la perversidad del círculo vicioso en que nos mete la Ley de Extranjería. Gracias a ella los propietarios pueden explotar más a las mujeres.

El segundo Anteproyecto de ley de Libertad Sexual que está preparando el gobierno incluye como disposición adicional la introducción en el Código Penal del artículo 187 bis que castiga con prisión la tercería locativa, proporcionar un espacio donde se ejerce la prostitución. ¿Qué piensas de esta propuesta?

La idea general de la Ley de Libertad sexual, más conocida como ley del Solo sí es sí, es algo que hace tiempo que el movimiento feminista viene pidiendo y que las trabajadoras sexuales apoyamos. Pero esta ley basa la libertad sexual en el consentimiento de las mujeres y a la vez ignora, no da valor, al consentimiento de las trabajadoras sexuales. El Art. 187 bis criminaliza todo nuestro entorno, “aun con nuestro consentimiento”.

No sabemos en qué se basa el Ministerio de Igualdad para recuperar esta medida, que no es nada novedosa, es lo que había hasta la reforma del Código Penal de 1995. ¿Cuáles son las razones? No se han dado. Ni siquiera ha habido debate público de esta medida que no estaba en el primer Anteproyecto. Con las trabajadoras sexuales, que somos las principales afectadas, no se han reunido en ningún momento. Lo que sabemos es que organismos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la OMS… recomiendan a los gobiernos despenalizar la prostitución eliminando cualquier normativa que la criminalice directa o indirectamente, porque esto pone en peligro los derechos fundamentales de las personas que la ejercen.

En otros países, debido a medidas similares a estas, las mujeres están sufriendo desalojos forzosos, se quedan en la calle, porque los propietarios se ven amenazados de proxenetismo y no les queda más remedio que desalojarlas. En Argentina, que tiene una Ley de Trata —son medidas similares que se insertan en leyes diferentes— hay muchas compañeras que están siendo encarceladas, porque si varias alquilan juntas por seguridad es acusada de proxeneta la compañera que tiene el contrato a su nombre.

Las que trabajamos en pisos que alquilamos estamos con muchísima preocupación. Yo tengo mucho miedo, porque tengo un contrato verbal del estudio donde vivo y trabajo y si sale la ley el propietario me puede decir: tienes que dejar el estudio. ¿Dónde voy si yo no tengo una nómina para poder alquilar? Nos va costar mucho más encontrar un espacio donde trabajar de manera autónoma.

Con la ley Mordaza y con las Ordenanzas han ido contra las compañeras que están en los espacios públicos, con este proyecto de ley van contra las que trabajamos de manera autónoma.

En resumen, la consecuencia va a ser: desalojos, persecución vecinal, persecución policial… Va a estar más en peligro nuestro derecho a la vivienda y nuestra seguridad.

El  movimiento de las trabajadoras sexuales en el Estado español ha dado un salto adelante en los últimos años. El Colectivo de Prostitutas de Sevilla es uno de los más activos. ¿Cómo os organizáis y con qué objetivos?

Es cierto, el movimiento va tomando impulso, poco a poco vamos fortaleciéndonos, pero aún somos pocas. El gran reto que tiene el movimiento a nivel internacional, no solo en el Estado español, es superar el estigma. Es muy difícil dar la cara. Si no hay más mujeres reivindicando, denunciando, es por culpa de esa violencia social que es el estigma, ese es un obstáculo muy grande. No obstante, poco a poco, las trabajadoras sexuales se van organizando.

El Colectivo de Prostitutas de Sevilla nace en 2017 en Sevilla. Desde su inicio busca tejer, articular con otros colectivos, y eso le lleva a conformarse como una plataforma que une a mujeres de Sevilla,  A Corunha, Canarias, Madrid, Almería, Valencia, Asturias, el País Vasco…

Es un experimento social de lo que yo creo que debería ser el feminismo. Es un colectivo de y por las trabajadoras sexuales, somos nosotras quienes tomamos las decisiones y quienes tenemos la voz y el discurso. Pero también hay compañeras de otros ámbitos profesionales, mujeres que se unen porque creen en nuestros derechos. Pienso que eso debería ser el feminismo, que las mujeres deberíamos tejer desde todos los ámbitos sociales.

El CPS nace para hacer una incidencia social y política. Para conseguirlo, para poner en la agenda política el debate sobre la prostitución que necesitamos, primero hay que hacer una concienciación, porque es la sociedad la que tiene que presionar a las y los políticos, tiene que haber un interés en la sociedad. Ese es nuestro objetivo y nuestro trabajo habitual, pero el estado de alarma nos puso patas arriba. Ante las peticiones de auxilio que nos llegaban, nos dedicamos a formar redes de apoyo a nuestras compañeras que se habían quedado en la calle o no tenían ya para comer, para pagar el butano… No tenemos recursos propios y los tuvimos que buscar en nuestras redes.

Has hablado de problemas específicos de las trabajadoras sexuales, como el estigma, y de otros compartidos con otros sectores de la sociedad como la exclusión del escudo social y la Ley de Extranjería. ¿Cómo entendéis la articulación con estos sectores? Más en concreto, eres coportavoz de Regularización Ya, ¿qué significado tiene esta portavocía?¿cómo se llega a ella?

En efecto, muchos de los problemas que sufrimos los sufren también otras trabajadoras, pero la gran diferencia es que su trabajo sí está reconocido. Mientras las compañeras trabajadoras del hogar luchan por mejores condiciones y más derechos, nosotras no tenemos ninguno.

La portavocía es el resultado de un trabajo prolongado. Al CPS nos importan las luchas de las mujeres precarizadas de todos los sectores. Creemos que la manera de tener fuerza es articular los colectivos. Desde la fundación en 2017 siempre estuvimos apoyando a otros colectivos, como reflejan nuestras redes sociales. Esta es la base que ya teníamos. En abril, durante el estado de alarma, se lanza la campaña #RegularizaciónYa, que luego se convierte en movimiento. Las compañeras de SEDOAC, con quien ya teníamos lazos, nos propusieron participar, y también a las Prostitutas Libertarias del Raval. Y ahí entramos. Las portavocías se eligieron por votación de los colectivos, la propuesta de que una de ellas fuera para el CPS fue una de las más votadas.

Para mí este es un movimiento valiente, porque las prostitutas siempre somos consideradas agentes contaminantes. Por eso ni los políticos, ni los colectivos sociales, ni las asociaciones se quieren involucrar con nosotras, por miedo a ser señalados, difamados, por el hecho de apoyarnos. Pero a estas compañeras y compañeros eso no les importó. Creyeron que las trabajadoras sexuales necesitaban también tener voz en el movimiento y tuvieron la valentía de votar esta propuesta, que transmite un mensaje social muy potente: nosotras también formamos parte de las personas que estamos sufriendo esta situación de no persona, de exclusión, de empobrecimiento, de precarización, que provoca la Ley de Extranjería.

¿Cuáles son vuestros planes inmediatos?

Hay mucha incertidumbre y resulta difícil hacer planes. La mayor preocupación en este momento es el debate de la Ley de Libertad Sexual. Nos estamos organizando para pedir el apoyo del movimiento feminista, de las mujeres, de quienes crean que este artículo 187 bis lo que va a hacer es vulnerar nuestros derechos y ponernos en peligro, que es intolerable que una ley que supuestamente pone en el centro el consentimiento de las mujeres, anule el consentimiento de las trabajadoras sexuales. Nos hemos dirigido a la Relatora sobre Derecho a la Salud de Naciones Unidas para manifestarle nuestra preocupación.

Esto es fundamental porque sabemos las consecuencias que va a tener esta medida. Sabemos que con ella va a ser mayor la clandestinidad, el empobrecimiento, la persecución. Dicen que quieren combatir la explotación sexual, pero paradójicamente, lo que van a hacer es fomentarla, porque si no puedes trabajar de manera autónoma, al final buscas la ayuda de terceros. De ahí surge la explotación.

Pero además esto no nos afecta solo a nosotras, es algo que nos compete a todas las mujeres, porque con esto se están recortando libertades sexuales, se jerarquiza a las mujeres, se reproduce la división entre ellas: tú no puedes consentir porque eres una víctima, tú si puedes. Por eso nuestro objetivo es que se retire el 187 bis, y lo tenemos que enfrentar entre todas.

Por otra parte seguimos pidiendo lo mismo que siempre: el Ministerio de Igualdad debería dejar el camino del punitivismo y hacer lo posible para que la Ley Mordaza y las Ordenanzas —aunque estas sabemos que no son su competencia— dejen de penalizar a las trabajadoras sexuales.

Para acabar, ¿quieres añadir algo?

Mandaría un mensaje al Ministerio de Igualdad. Les diría que bajen a hablar con las mujeres de los sectores precarizados. Tenemos una ministra que no ha hablado con las jornaleras, las Kellys, las trabajadoras del hogar, las envasadoras, las aparadoras, las trabajadoras sexuales… Y está diseñando políticas equivocadas en nuestro caso, porque esta política nos va a vulnerar derechos. Las políticas se tienen que diseñar con las personas a quienes afectan, no desde arriba ignorándolas.

Gloria Marín

16/02/2021

 

Pandemia duplicó la prostitución en la Ciudad de México

Especialistas denunciaron que la pandemia visibilizó la importancia de reconocer el trabajo sexual para evitar explotación laboral

 

11 de febrero de 2021

Pandemia duplicó la prostitución en la Ciudad de México

 

La Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, ‘Elisa Martínez’, estimó que el número de trabajadoras sexuales se duplicó debido a la pandemia de COVID-19.

La organización detalló que antes de la pandemia había siete mil 700 trabajadoras sexuales, pero ahora esta cifra se incrementó a 15 mil 200 en la Ciudad de México.

El organismo indicó que de este incremento,  40 por ciento son mujeres que iniciaron a laborar debido a la pandemia de COVID-19.

El 40 por ciento fueron mujeres que regresaron a las calles a laborar y el 20 por ciento restante son mujeres no se encuentran en un punto específico, sino que caminan en vía pública en busca de clientes.

La representante legal de la Brigada Callejera, Arlén Palestina Pandal explicó que estas mujeres han estado olvidadas, son violentadas y estigmatizadas y apuntó que tienen mayores posibilidades de contagio porque no cuentan con espacios especiales para laborar.

Denunció que, a raíz de la pandemia, el Gobierno de México no le ofreció a este grupo de trabajadoras ningún tipo de apoyo.

La organización denunció que la pandemia visibilizó la importancia de reconocer el trabajo sexual para evitar explotación laboral.

Con información de López-Dóriga Digital

 

 

Las 15.000 esclavas holandesas de las Hermanas del Buen Pastor

Una investigación destapa una red de explotación de mujeres en Países Bajos similar a la que funcionó en países como Irlanda. Las víctimas piden compensaciones y reconocimiento

 

Por Isabel Ferrer

La Haya, 12 de junio de 2018

https://elpais.com/elpais/2018/06/11/planeta_futuro/1528708348_796358.html

 

Una ‘lavandería de las Magdalenas’ irlandesa sin identificar: imagen tomada alrededor de 1900.
Imane Rachidi (EFE)

 

“Mi tutora, la señorita Van de Biggelaar, me llevó en tren hasta Almelo [en el este de Holanda]. En Tilburgo, al menos tenía un nombre que coser en la etiqueta de mi ropa, pero al llegar a Almelo me convertí en un número más”, cuenta Jo Keepers, de 76 años. Hija de un padre alcohólico y maltratador, ella es una de las miles de víctimas holandesas de los trabajos forzados no remunerados de la orden católica Hermanas del Buen Pastor.

Al menos 15.000 niñas y mujeres, en su mayoría prostitutas, madres solteras o discapacitadas, trabajaron en condiciones de esclavitud entre 1860 y 1973 en las lavanderías y talleres de costura de esta congregación en Holanda, según una investigación de años realizada por el medio holandés NRC.

Las monjas, establecidas en los llamados “refugios del amor” en las ciudades de Almelo, Tilburgo, Zoeterwoude y Gelderland, vivían de tareas de la costura comercial. Todas las esclavas que tenían a su disposición elaboraron durante décadas todo tipo de indumentarias. Desde ropa de bebé hasta prendas para los militares, pasando por chalecos de fuerza para instituciones psiquiátricas o camisas especiales para compañías determinadas.

Esta orden religiosa ya se vio implicada en un escándalo semejante en Irlanda, donde participaban en la gestión de las llamadas “lavanderías de las Magdalenas”. Allí, unas 10.000 mujeres jóvenes, muchas de ellas madres solteras, fueron detenidas y forzadas a trabajar en las lavanderías que comenzaron a operar en la década de 1920 e incluso seguían vigentes hasta 1996, según un informe del Gobierno de Dublín.


Irlanda: Las órdenes religiosas de las “lavanderías” encabezan la coalición contra el trabajo sexual


A los trabajos de lavandería se sumaba el bordado. Según el Archivo holandés de la Vida Conventual, que guarda también objetos, en El Buen Pastor se bordaba para la Casa Real. “Se presume que para la entonces princesa Juliana (abuela del actual rey Guillermo)”. Parte del lavado y almidonado de manteles del Palacio het Loo, residencia oficial de Juliana, también se hizo en los conventos de la orden.

En el caso holandés, las monjas proveían con sus productos a las fábricas textiles, empresas de moda, hoteles, hospitales, particulares, la Iglesia y el propio Gobierno. La investigación de NRC incluye testimonios de varias víctimas y eleva su cifra a al menos 15.000 personas. Contactadas por Efe, algunas de estas personas explican que por su estado de salud y edad prefieren no rememorar aquella época de nuevo hasta el día que tengan que dar testimonio ante un tribunal.

Una de ellas es Margot Verhagen, de 85 años. Su padre murió en la Segunda Guerra Mundial y su madre falleció en 1950, cuando ella tenía 17 años y seis hermanos. Verhagen se quedó con una de sus tías, pero pocos días después, dos policías y una mujer de protección de menores la trasladaron a la institución del Buen Pastor en Velp, donde las hermanas la pusieron a trabajar desde las seis de la mañana hasta las 10 de la noche, recuerda.

Verhagen, nacida en La Haya, asegura en el medio holandés que no solo fue sometida a los trabajos forzados en las lavanderías —”una cultura normal de esa época”, apostilla— sino que dice haber sido violada por el rector de la institución. El episodio, según ella, quedó impune porque las esclavas no tenían voz, ni voto, ni derecho a quejarse.

Se les consideraba niñas y mujeres “perdidas” cuando quedaban embarazadas fuera del matrimonio, huérfanas, abandonadas, maltratadas, discapacitadas o condenadas por un delito menor. En esos casos, su ingreso en la Hermandad era considerada “la única solución”, refiere Verhagen. Nunca recibieron un salario por esas labores, aunque una vez al año las monjas les entregaban un billete de cartón, una especie de moneda ficticia con la que podían comprar dulces o comida en los puestos del mercado de la Hermandad.


El trabajo de las jóvenes servía para surtir a hoteles, particulares, la Iglesia y el propio Gobierno


Jo Keepers también intentó escapar varias veces del centro de Almelo, pero siempre acababa detenida por la policía y castigada luego por las monjas, hasta que finalmente lo logró el 20 de marzo de 1960, fecha que marca en el calendario como el día de su liberación. Hasta la década de 1970, las niñas, generalmente en contra de su voluntad, fueron colocadas en las instituciones por el Gobierno (como en el caso irlandés), las asociaciones de tutela, protección infantil o los propios padres.

Algunas víctimas recurrieron la semana pasada a los juzgados para exigirle al propio Ejecutivo que reconozca el daño causado por esta Hermandad y les pague los salarios pendientes porque consideran que el Estado es en parte responsable de la falta de humanidad en la que fueron obligadas a trabajar.

Las denuncias efectuadas ahora son formales, pero las críticas contra las prácticas de las Hermanas del Buen Pastor ha aparecido en Holanda en libros y documentales a lo largo del tiempo. El goteo con declaraciones de las afectadas se remonta a 1930, cuando dos de las antiguas esclavas contaron su doloroso pasado. Una decena se animaron luego a hacerlo en diarios, semanarios y libros, pero no hubo reacción oficial por considerarse “propaganda anticatólica”. La Real Biblioteca Nacional guarda todos estos documentos, que constituyen una de las principales fuentes de información histórica de lo ocurrido, Sin embargo, como las autoridades se inhibieron, la situación se prolongó hasta los años setenta. Las monjas se apartaron entonces de los centros que dirigían. Las últimas, ya ancianas, viven en residencias, pero la congregación vendió en el país sus inmuebles y posesiones por millones de euros. Uno de los edificios de su propiedad tenía 14 hectáreas, y en 2004, cerraron un trato con una inmobiliaria dispuesta a construir al menos 83 apartamentos.

Este caso judicial está apoyado por la plataforma holandesa de niños víctimas de abusos religiosos (VPKK, en sus siglas en neerlandés), que también exige al Gobierno que realice una investigación independiente sobre aquella explotación y determine el papel que tuve el Ejecutivo durante esa etapa. En una carta publicada el año pasado, las Hermanas se disculparon ante sus víctimas pero se niegan a pagar las indemnizaciones porque consideran que todo ha prescrito y señalan que han pasado “muchos años”.

El trabajo en los talleres de lavanderías y de costura, un modelo de ingreso que enriqueció a la congregación religiosa, era considerado por las autoridades como un ‘trabajo de terapia’ y penitencia. El jardín del edificio de la Hermandad estaba cercado con alambre para evitar que las chicas escapasen de manos de las religiosas.

El Buen Pastor, llegó a tener cuatro residencias en Holanda y aparece asimismo entre las 800 denuncias estudiadas desde 2016 por la comisión que investiga la violencia en centros de menores. Los casos incluyen abusos, físicos, psíquicos y sexuales desde 1945, y cuatro víctimas de los trabajos forzosos impuestos por las monjas han remitido sus biografías. Como los afectados pueden acudir a la comisión hasta enero de 2019, la orden religiosa ha asegurado que “está dispuesta a ponerse en contacto con los investigadores”. Micha de Winter, catedrático de Pedagogía, dirige ese equipo de expertos y ha reconocido ya el carácter “estructural del abuso”. “Si nos dan su permiso, aprovecharemos sus historias para investigar a fondo la época y lo ocurrido. Si una vez puesta la denuncia precisan ayuda, pueden acudir a la asociación que presta ayuda a víctimas de abusos en el país”, añade.

La VPKK, que apoya a las cinco denunciantes, está compuesta por un grupo de cinco juristas, expertas en ética y pedagogía que dan voz “a las mujeres sometidas también por otras mujeres, además de sacerdotes o capellanes, en internados, congregaciones y otras instancias religiosas”. A través de su cuenta de Facebook anima a las víctimas a ponerse en contacto, “porque algo así puede pasarle a cualquier chica y es preciso contar la verdad de unos hechos bochornosos”. Se ocupan a su vez de los afectados varones porque, según explican “lo peor es que nadie te crea o reconozca lo ocurrido”.

 

Lavar los pecados

Se estima que al menos 10.000 mujeres y jóvenes fueron internadas en instituciones gestionadas por la hermandad del Buen Pastor en Irlanda entre 1922 y 1996. Las religiosas las obligaban a trabajar en condiciones muy duras y sin retribución en lavanderías para que metafóricamente lavaran sus pecados, al mismo tiempo que la congregación religiosa traía beneficios económicos.

Las llamadas Magdalenas eran mujeres consideradas indeseables por la sociedad, como prostitutas y madres solteras, o jóvenes recluidas de manera preventiva, para protegerlas de los peligros (por ejemplo, huérfanas).

Ante el rechazo de la sociedad y el estigma asociado a haber trabajado en las lavanderías, muchas Magdalenas optaban por permanecer durante toda la vida en las instituciones.

Corea del Sur: la pandemia precariza aún más a las trabajadoras sexuales

A diferencia de otros países del sudeste asiático, la prostitución es ilegal en Corea del Sur. Tiene lugar en bares o salones de masaje, que cerraron debido a las restricciones impuestas para frenar la pandemia de COVID-19 precarizando aún más la vida de las trabajadoras sexuales.

 

Texto por: RFI

13 de enero de 2021

https://www.rfi.fr/es/asia-pacifico/20210113-corea-del-sur-la-pandemia-precariza-a%C3%BAn-m%C3%A1s-a-las-trabajadoras-sexuales

 

Trabajadoras sexuales coreanas en una manifestación en Seúl el 22 de septiembre de 2011 para protestar por la represión de las autoridades contra la prostitución. AFP – JUNG YEON-JE

 

Con nuestro corresponsal en Seúl, Nicolas Rocca.

 

“Tan pronto como alcancé la mayoría de edad, me convertí en una trabajadora sexual”, dice Yo Lim, de 26 años. Esta estudiante de comercio, lucha por los derechos de quienes trabajan en este mercado lucrativo: 13 mil millones de dólares generados anualmente. Sin embargo, no son las trabajadoras sexuales quienes cosechan los beneficios, especialmente durante este período turbulento. “La mayoría de los lugares que ofrecían servicios sexuales tuvieron que cerrar en junio-julio. Somos la única industria que ha sido completamente cerrada sin ningún apoyo del gobierno”. Si bien las restricciones sanitarias han ido acompañadas de planes de apoyo del estado para los empresarios, los propietarios de restaurantes, y  los taxistas, entre otros, las trabajadoras sexuales siguen siendo dejadas de lado.

En Corea del Sur, si bien se sabe que algunos barrios son lugares conocidos para ejercer la prostitución, una gran proporción de mujeres trabajan en bares, salones de masaje y clubes de striptease. Era el caso de Yo Lim antes de la pandemia. “En el bar, no tenía sexo con los clientes, era más que nada bailar para ellos. Además, estábamos un poco protegidas. Pero ahora estoy obligada a tener sexo”. Las cientos de miles de trabajadoras sexuales se encuentran en una situación muy precaria. Otras chicas han dejado la actividad, obligándolas a pedir préstamos, en general a la mafia, con tasas de interés extremadamente altas.

Si algunos lugares permanecen abiertos, son los que menos respeto tienen por las mujeres, según Yo Lim. “Algunas mujeres inmigrantes, de China o de otros países del sudeste asiático, trabajan en condiciones aún más precarias. Hay bares donde las mujeres no tienen otra opción que tener sexo”. Con el impresionante sistema de seguimiento de pacientes implementando por el gobierno de Corea del Sur es difícil mantener abierto los comercios. En caso de contaminación, las autoridades rastrean las rutas del paciente y los lugares visitados para encontrar casos de contacto. Y los lugares donde ejercían las trabajadoras sexuales no quieren atraer la atención de las autoridades.

Yo Lim continúa trabajando pero de manera independiente eligiendo clientes que ya conoce. Una práctica más rentable, pero también más peligrosa dado que Yo Lim debe ceder a los deseos del cliente. Su anterior trabajo le pagaba 373 euros al día, suficiente para financiar sus estudios y su apartamento donde vive con su hermana y su marido. Pero ante la pérdida de sus ingresos, se tuvo que adaptar. “Elijo mis citas de acuerdo a las prácticas sexuales solicitadas, la cara del cliente y el precio”, explica Yo Lim. “Obtengo un millón de won (750 euros) por toda la noche, incluyendo cena”. El riesgo para la salud también es importante. “¿Cómo podemos protegernos del coronavirus? “, dice Yo Lim.

Hasta 2004, la prostitución era, de hecho, tolerada, pero la ley contra el comercio sexual puso fin a esta situación. Según un informe de la ONU publicado en 2012, entre 2004 y 2009, 28.000 trabajadoras sexuales fueron arrestadas, junto con 160.000 clientes. Si bien la aplicación de la ley ha aumentado la represión, esta sigue siendo limitada.

La criminalización del trabajo sexual es un tema central para Yo Lim, para quien “la despenalización nos permitiría tener un trabajo reconocido y cambiar la forma en que la sociedad surcoreana nos considera”.

La pandemia de la COVID-19 ha complicado la situación y la preocupación de estas mujeres es palpable. “Me gustaría volver a mi trabajo, la situación me crea mucha ansiedad. Apenas un cliente deja de responderme, me pregunto cómo podré conseguir algo de dinero”. Otro interrogante es cómo serán las condiciones de trabajo una vez que la crisis sanitaria haya terminado. Muchas lugares han cerrado sus puertas para siempre. “Una vez que todo vuelva a abrir, ¿qué tipo de trabajo me veré obligada a tomar? ¿En qué bar? ¿Qué se me pedirá que haga?” se pregunta Yo Lim.

 

 

Los hijos olvidados de Itaipú, investigación sobre la prostitución controlada por la dictadura

Una investigación del sitio de noticias The Intercept revela la forma en que las dictaduras brasileña y paraguaya controlaron un sistema de prostitución en la frontera durante la construcción de Itaipú, lo que dejó miles de nacidos vivos y muertos, abortos, abandonos e hijos sin padres.

 

8 de enero de 2021

https://www.ultimahora.com/los-hijos-olvidados-itaipu-investigacion-la-prostitucion-controlada-la-dictadura-n2922056.html

 

La prostitución se consideró una necesidad para el buen funcionamiento de las obras, un sitio de construcción compuesto principalmente por hombres solteros.Foto: theintercept.com

 

The Intercept, en una investigación periodística sin desperdicios, cuenta sobre cómo el barrio rural de Três Lagoas de Foz de Yguazú, Brasil concentró la mayor cantidad de burdeles en la frontera con Paraguay, donde se estima trabajaron al menos 10.000 mujeres, en más de 30 casas de prostitución.

Según la publicación, las obras de Itaipú hicieron explotar la población de Foz de Yguazú, que pasó de 35.000 habitantes en 1975 a 140.000 en 1984, fechas del inicio de las obras y del inicio de las operaciones de la planta.

Los datos señalan que en el mismo periodo también creció el nacimiento de niños sin el nombre del padre en el registro. En esa década, Foz de Yguazú registró el nacimiento de 4.280 niños vivos y 134 niños nacidos muertos sin paternidad definida.

El medio destaca que esta cifra es al menos cinco veces más alta que en la década anterior a la operación de la central hidroeléctrica. Pero al término de la megarrepresa, la ciudad fronteriza registró 7.605 nacidos vivos y 96 mortinatos sin paternidad reconocida entre 1985 y 1994.

 

The Intercept señala que en aquella época miles de mujeres trabajaban en la zona con el consentimiento de la dictadura militar, que con el dinero de la venta de sus cuerpos ayudaron a financiar armas y municiones para el Estado y que sus hijos son uno de los pocos recuerdos de la época en que la dictadura se benefició de la prostitución.

De acuerdo con la investigación, “Itaipú se negó a asumir ninguna responsabilidad o discutir abiertamente la zona de prostitución, a pesar de que el cambio en la ubicación de los clubes nocturnos se produjo para satisfacer sus intereses”, asegura el sitio de noticias.

Sin embargo, para los investigadores, tanto “la empresa y las autoridades de la ciudad entendieron la necesidad de una zona de tolerancia lo suficientemente alejada del centro de la ciudad, fácilmente accesible por la carretera y lo suficientemente amplia para contener la cantidad de casas necesarias para atender a los miles de trabajadores de la represa que llegarían a la frontera”, como también lo afirmó John Howard White en su tesis doctoral sobre género y trabajo en la frontera entre Brasil y Paraguay.

El trabajo periodístico también recoge la opinión de la geógrafa Patricia Claudia Sotuyo, en su maestría, en la que menciona que los guardias de Itaipú controlaban los burdeles para que no hubiera peleas y los trabajadores no se emborracharan hasta el punto de que al regresar al trabajo pudieran sufrir o provocar un accidente.

Asimismo, señala que la zona de prostitución también era monitoreada de cerca por el Estado. Todas las trabajadoras sexuales de Três Lagoas estaban registradas en la Policía Civil de Paraná. En el inicio se contabilizó alrededor de 700, pero, al final del trabajo de la represa, ese número totalizaba 10.000.

La mujer que trabajaba encargada de un burdel muestra la tarjeta de identificación de aquella época.
Foto: theintercept.com

Siempre según la investigación, el Estado ejerció control sobre los cuerpos de esas miles de mujeres mediante la emisión de la “tarjeta de bailarina”, con foto y datos personales en el anverso y sellos de visita médica en el reverso.

Increíblemente, la Policía Civil, a través del Fondo Especial para la Modernización de la Policía, Funrespol, se encargaba de inspeccionar los exámenes médicos de las mujeres y cobrar los derechos de licencia de los clubes nocturnos.

Eso a pesar de que el Código Penal de Brasil de 1940 considera un delito “aprovecharse de la prostitución ajena, participando directamente de sus ganancias o apoyándose, total o parcialmente, en quienes la ejercen”. La pena de prisión es de uno a cuatro años y multa.

La administración del dinero tuvo un cambio cuando los militares tomaron ell poder, en 1964, con la intención de llevar el proyecto de un “Gran Brasil”, según el libro Devir Puta del antropólogo José Miguel Nieto Olivar, y establecer una sociedad de principios morales, cristianos y conservadores.

“Pero en Itaipú, los militares prefirieron aprovechar la prostitución. El personal de la comisaría de Foz de Yguazú envió informes mensuales de recaudación al comando de la Policía Civil en Curitiba. No se tiene constancia de cuánto dinero aportó a la dictadura militar la prostitución vigilada en Três Lagoas”, destaca la publicación.

En cuanto a los números exactos de niños nacidos de las relaciones entre barrageiros y prostitutas, The Intercep prefiere no arriesgarse a precisar, pero sostiene que unos 12.115 nacimientos se encuentran registrados sin el nombre del padre en solo dos décadas de influencia directa de Itaipú en la demografía de Foz de Yguazú.

Esta situación, donde había tantos bebés, hizo que las familias del barrio rojo hicieran un esfuerzo colectivo para cuidar a los recién nacidos. Varios pobladores contaron que incluso adoptaron más de 30 a 40 niños.

En Paraguay

El material periodístico también reúne información de lo que sucedía, en aquel entonces, en Paraguay. De este lado de la frontera también había adolescentes en las casas del barrio María Magdalena, que contaba con 400 mujeres en 37 discotecas.

“Al igual que en Brasil, del lado paraguayo, cada mujer tenía que pagar una cuota al ayuntamiento para registrarse y otra mensual para trabajar. Los dueños de la discoteca pagaban cada mes para operar, además de un adicional al jefe de policía por “protección especial”, que incluía rescatar a mujeres que pudieran haber huido. “Nadie podía irse”, menciona el sitio con base en los detalles dados por el periodista paraguayo Alcibíades González Delvalle.

Al respecto, el comunicador comentó al medio que las autoridades locales le dieron mucha importancia al comercio sexual de Hernandarias. Mientras que el titular del Centro de Salud también cobraba a las mujeres una cantidad cada 15 días, con el pretexto de la atención clínica. La prostitución en la frontera entró en decadencia con el fin de las obras de Itaipú y la propagación del sida.

La publicación concluye con la reflexión de González Delvalle, quien considera que la prostitución fue parte vital de la construcción de la central hidroeléctrica; mientras que el historiador John Howard White coincide en que los hombres no podrían haber trabajado tantos años correctamente sin relaciones regulares, y la planta hidroeléctrica no podría construirse sin trabajadores en la presa. “En resumen, no podría haber represa hidroeléctrica sin trabajadoras sexuales”.

No obstante, lamentan que ni Itaipú ni los subcontratistas reconocieron a las prostitutas como una categoría legítima de trabajadoras, con los mismos beneficios otorgados a las trabajadoras de la represa.

 

Violencias hacia las personas que ejercen la prostitución en la Región de Murcia

Publicación: 10.12.2020

 

Puede descargarse el artículo completo, en formato PDF, en el siguiente enlace:

https://www.upo.es/revistas/index.php/relies/article/view/5062/4709

 

Resumen

Este estudio se centra en visibilizar las violencias perpetradas hacia las personas que ejercen la prostitución en la Región de Murcia (España), poniendo en relieve a los diferentes colectivos que las protagonizan. La hipótesis de partida es que la salud, las condiciones laborales y las relaciones interpersonales de los y las trabajadoras del sexo están determinadas por la articulación de una cadena de violencias ejercidas por diferentes agentes sociales. La metodología está basada en una serie de entrevistas semidirigidas en las que se han tenido en cuenta dos perspectivas: la de nueve personas que ejercen la prostitución y la de siete expertos/as en investigación e intervención directa con trabajadoras/es del sexo. En el análisis de resultados el contenido se organizó atendiendo a los diferentes grupos que se identificaron como responsables de los actos violentos: profesionales sanitarios/as, trabajadores/as de los servicios sociales, políticos/as, cuerpos de seguridad estatal, entidades del tercer sector, secciones feministas, empresariado de la industria del sexo, clientela, investigadores/as vinculados a la academia, medios de comunicación, familiares, parejas, exparejas, amistades y otros/as responsables.

 

1          Introducción

Cuando se habla de prostitución y de violencias se tiende a pensar en las agresiones ejercidas por los clientes y por el empresariado de la industria del sexo. Incluso, habitualmente se piensa en las mafias relacionadas con la trata, ya que no es infrecuente que se equipare la prostitución con la trata de personas con fines de prostitución forzada2. Es incuestionable la importancia de denunciar los abusos cometidos por la clientela y por los/las responsables de los pisos de contactos y de los clubes, pero el trabajo sexual está sometido a otro tipo de violencias que son menos visibles. El interés de esta investigación reside en que permite describir este tipo de violencias y sus efectos, a la vez que sitúa el foco en la identificación de los diferentes colectivos por los que están protagonizadas. La hipótesis de partida es que la salud (física y psicológica), las condiciones laborales y las relaciones sociales de las personas que deciden ejercer la prostitución (en adelante PDEP) están determinadas por la articulación de una cadena de violencias practicadas por diferentes actores y actrices sociales.

En cuanto a la situación de la prostitución en la Región de Murcia (España), a pesar su disminución en la vía pública, (debido a la proliferación de clubes de alterne y de pisos de contactos) siguen existiendo zonas de prostitución de calle bastante populares, tanto a las afueras de los pueblos como en la ciudad de Murcia. Un ejemplo relevante es el céntrico Barrio del Carmen, en el que se está aplicando la «Ordenanza para luchar contra la prostitución en el municipio de Murcia», la cual tiene por objeto:

“Luchar contra la prostitución, preservando los espacios públicos como lugares de convivencia, civismo e igualdad, evitando actividades de explotación sexual que difunden una imagen del ser humano, muy especialmente de la mujer, como mero objeto sexual y que perturban la convivencia social.” (BORM nº 234, 2013:2).

A pesar de que en dicha ordenanza se afirma que uno de los principales propósitos es el fomento y la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, lo cierto es que mayoritariamente se multa a mujeres migrantes con pocos recursos que captan a su clientela en la vía pública, empeorando así su situación de vulnerabilidad. A partir de dos estudios realizados por el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS, 2014, 2018)3 se ha evidenciado que la aplicación de medidas punitivas anti-prostitución, como la ordenanza o la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana (conocida como ley mordaza), han contribuido al agravamiento de la discriminación y la precarización que ya sufrían las PDEP, tal y como podemos observar en la figura 1

Hay que mencionar, además, la dificultad de proporcionar información precisa sobre el conjunto de las personas que se dedican a una actividad tan estigmatizada y criminalizada como la prostitución, la cual se caracteriza por una gran movilidad de las PDEP y por pertenecer a la economía sumergida (CATS, 2017a). No obstante, a pesar de que no se disponen de datos fiables sobre las personas que ejercen en la Región de Murcia, se pueden tomar a modo de orientación los datos recabados por entidades como el CATS. Entre las personas trabajadoras del sexo atendidas por esta ONG en el año 2017 (1.857 usuarias/os en total), la mayoría procedían de Rumanía (468), seguidas por mujeres de nacionalidad colombiana (241) y marroquí (216). Por otro lado, en los resultados de una investigación-acción participativa desarrollada por la socióloga Sara Oñate (2009) en la Región de Murcia, se mostró un alto grado de autogestión por parte de las personas trabajadoras del sexo. Igualmente, en el presente estudio las PDEP que participaron afirmaron no sentirse obligadas/os por nadie a trabajar, aunque consideraban que era una decisión que estaba condicionada por estructuras socioeconómicas.

 

2          Consideraciones Metodológicas

(…)

3          Marco Teórico: Violencias ejercidas hacia las personas que trabajan en la prostitución.

(…)

 

4          Resultados

4.1     El estigma asociado a la prostitución: la mayor violencia y de la que todas/os somos responsables

La psicóloga Cristina Garaizabal (2007) afirma que lo que mayoritariamente genera las malas vivencias, la angustia o la baja autoestima, no son tanto las prácticas sexuales que se desarrollan en el trabajo sexual, sino la falta de derechos laborales y la devaluación social. Los resultados de esta investigación son coincidentes, ya que prácticamente la totalidad de las personas entrevistadas señalaron que lo que más perjudicaba a las PDEP era tener que llevar una doble vida a raíz del estigma. En cuanto a lo que supone, podemos hablar de un intenso temor ante la idea de que pueda trascender la vida oculta en la vida pública, por lo que las personas que ejercen la prostitución en secreto se ven sometidas a un continuo estado de alerta.

“Lo que más pesa de alguna manera como una violencia es el estigma social. Es lo que transmiten como mayor problema, más allá de la lucha económica vinculada al proyecto migratorio (…). En el estigma social todos somos responsables, porque es una construcción social que forma parte de las diferentes mentalidades que componen esa sociedad. Entonces, en el estigma social todos y todas podemos hacer algo: o incrementarlo o reducirlo” (Educadora social, PR.3)

Uno de los casos de miedo al rechazo y de ocultación del ejercicio de la prostitución es el de TS.9. Esta mujer española de veintisiete años comenzó a ejercer la prostitución cuando se mudó a Barcelona (España) en el 2017. Al cambiar de ciudad se sentía sola, y como le había supuesto mucho esfuerzo hacer amistades no quería perderlas. Por ende, tuvo que ocultar su trabajo tanto en la nueva ciudad de residencia, como ante su familia y las amistades que se encontraban en Murcia.

“Viendo cómo habían reaccionado de mal cuando les conté que me prostituía, tanto mi gente cercana como mis compañeras de piso, pues me daba miedo que las pocas amistades que había hecho me rechazaran, y con lo que me ha costado… pues me callé” (Trabajadora sexual española, TS.9)

Otro testimonio muy relevante respecto a las múltiples consecuencias que conlleva el estigma nos lo compartió TS.6, una mujer peruana de treinta y cinco años con dos hijas a cargo. Esta trabajadora del sexo, a pesar de que tiene muy presentes los beneficios que le proporciona ejercer la prostitución (mayores ingresos, facilidad en la conciliación, disfrute de diversidad de experiencias sexuales, etc.), considera que ha tenido que pagar un alto precio a nivel emocional debido al repudio asociado a su trabajo.

“¡A mí me parece el mejor trabajo del planeta! Por lo menos pa´mí. A lo mejor porque yo puedo elegir (…). Tía, yo no puedo explicar lo bondadosa, lo generosa, lo noble… la experiencia que yo he tenido en la prostitución me ha empoderado sexual y económicamente, porque es muy muy rentable” (Trabajadora sexual peruana, TS.6)

“Es un miedo perpetuo. El tener que estar ocultándoselo a mi familia es terrible. Yo sinceramente pienso que esa es la peor parte de la prostitución. La doble vida es lo peor. No sé… esa es la peor parte, la de no salir del closet [llora y le cuesta hablar] (…). En la prostitución el precio es tu libertad emocional. El precio aquí es tener una doble vida si no vas a salir del armario. Y si sales del armario el precio es aprender a vivir con el estigma. Todo tiene un precio finalmente” (Trabajadora sexual peruana, TS.6)

4.2     Miedos y mentiras durante las visitas a los servicios sociales y a los centros de salud

Algunas de las PDEP participantes evitaban acudir a los servicios sociales porque anticipaban posibles conductas discriminatorias de los/as trabajadoras/es sociales por motivos relacionados con su trabajo, como la retirada de la custodia de sus hijos/as. Ahora bien, cuando decidían asistir a los servicios sociales o a los servicios de la sanidad pública la mayoría ocultaba que se dedicaba a la prostitución, con la finalidad de protegerse de juicios y/o episodios de maltrato como el sufrido por TS.4:

“Una vez tuve una muy mala experiencia con un digestivo, porque yo he tenido siempre problemas del estómago, entonces yo le conté al médico de que yo ejercía la prostitución y me dijo: “ya ves los problemas que usted se acarrea por andar en esas sinvergonzonerías”. Entonces yo me cabreé y le dije: “¿pero usted que tiene que opinar de mi vida personal?”. Después, me levanté de la silla y me fui” (Trabajador sexual ecuatoriano, TS.4)

Situaciones como la vivida por TS.4 ocasionan importantes perjuicios, en vista de que para ciertas problemáticas relacionadas con la salud sería oportuno que las PDEP pudieran hablar con naturalidad de su ocupación. Es, por ejemplo, el caso de las revisiones ginecológicas y andrológicas. Por otro lado, aunque algunos/as entrevistadas/os afirmaron acudir a doctores/as privados/as o a la consulta ginecológica del CATS no podemos conformarnos con este hecho, debido a que no todas las PDEP pueden permitirse pagar la sanidad privada o asistir a la consulta ginecológica del CATS por motivos relacionados con la movilidad laboral.

Con respecto a la salud psicológica, varias de las personas entrevistadas declararon que los/as profesionales sanitarios/as habían relacionado sus problemas de salud mental con el trabajo sexual, por lo que la solución principal que aportaban pasaba por abandonar la prostitución. Es decir, en primera instancia se producía una problematización del trabajo sexual, y los/as profesionales de la psiquiatría y/o la psicología no indagaban en el conjunto de causas que pudieran estar afectando al bienestar psicológico de la persona.

“Sobre todo, me he sentido violentada por profesionales de la salud mental. Hicieron una lectura del tema [trabajar en prostitución] como si me estuviera autodestruyendo, lo psicopatologizaron mucho. Pues cosas de mi vida que no tenían que ver con la prostitución enseguida las relacionaron con prostitución. Con lo cual tampoco estaban yendo a la diana correcta. A raíz de haber sido prostituta psicopatologizaron mucho mi sexualidad, porque consideraban que no era lo suficientemente íntima, monógama, emocional, etcétera. Que no estaba lo suficientemente sujeta a la heteronormatividad y al proyecto de tener una relación de pareja estable con alguien.” (Trabajadora sexual española, TS.1)

4.3     Elaboración e implementación de leyes: todo por las prostitutas, pero sin las prostitutas

La combinación de política abolicionista en materia de trabajo sexual y política migratoria restrictiva limita, en gran medida, la posibilidad de que las PDEP, en especial las migrantes, puedan acceder a derechos civiles y laborales (Oso, 2008). Por otra parte, es reseñable cómo en España los poderes políticos están desoyendo la voz de las trabajadoras del sexo e impidiendo que participen como interlocutoras válidas en la elaboración de las legislaciones que les atañen (Arella et al. 2007). En este sentido, dos de las PDEP entrevistadas resaltaron cómo habían sido ignoradas cuando habían intentado iniciar diálogos con representantes políticos, concretamente se refirieron a miembros del PSOE (Partido Socialista Obrero Español) a nivel regional y estatal.

“Incluso en estas elecciones [elecciones generales de España del 28 de abril de 2019] por más que se insistió en que nos invitaran a los debates, el gobierno se declaró abolicionista, pero sin nunca consultar a las trabajadoras sexuales. Está claro que no estamos dentro de la agenda, ni del feminismo, ni de la política” (Trabajadora sexual mexicana, TS.3)

Por otro lado, los/as profesionales del tercer sector manifestaron que por lo que se sienten más violentadas las mujeres que captan a la clientela en la calle es por la ordenanza para luchar contra la prostitución del municipio de Murcia y por la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana. Aunque mediante la ordenanza se aduce perseguir la igualdad, se está produciendo un aumento de las desigualdades entre las trabajadoras del sexo que ejercen en la vía pública y el resto de la población.

“Ellas se encuentran en una situación de una continua ansiedad y de tener miedo a salir de su casa (…). A las mujeres les causa mucha desazón, porque ellas temen que esa multa les vaya a perjudicar a la hora de sacar sus papeles de residencia que están en trámite, que los tienen que renovar o que se van a iniciar. Eso las victimiza mucho más, por lo que no se aplica la perspectiva de género de la ordenanza.” (Abogada, PR.6)

4.4     Garantes de la seguridad: multas y persecuciones a la hora de comprar el pan

Los/as profesionales del CATS destacaron que durante los primeros meses de la ordenanza antiprostitución las mujeres que captan a su clientela en el Barrio del Carmen se vieron muy acosadas, ya que son vecinas de la zona conocidas por la policía. A raíz de la ordenanza, los/as agentes comenzaron a poner multas a estas trabajadoras cuando salían a comprar, a recoger a sus hijos/as del colegio o cuando estaban paseando. Además, la policía comenzó a realizar sus labores de paisano, con lo que se les vulnera mucho más, porque ya ni siquiera pueden identificar quién es policía y quién no, lo que hace que todavía tengan más miedo. Asimismo, algunas mujeres no pueden pagar las multas, lo cual hace más difícil su ya delicada situación socioeconómica. Es importante destacar que en el Barrio del Carmen las trabajadoras del sexo no se ocupan en la vía pública, sino que captan a la clientela en la calle y prestan sus servicios en pisos.

“Lo resultante de la ordenanza para luchar contra la prostitución es una angustia vital total, o sea, las repercusiones son bestiales. Y eso es de lo que no se da cuenta la gente, el cómo puede afectar a una persona el hecho de tener miedo a bajar a comprar el pan (…). La policía local multa muchísimas veces sin seguir el texto de la ordenanza. O sea, ya tienen nombre y apellidos de las mujeres. O sea, son cuarenta y pico mujeres que se sabe quiénes son y en cuanto bajan de la casa pues las multan, porque saben que son trabajadoras del sexo, cuando ni siquiera están captando un cliente.” (Coordinador, PR1)

Por otro lado, a lo largo de las entrevistas se compartieron testimonios que relataban abusos sexuales por parte de miembros de la policía que se aprovechaban de su posición de poder, sobre todo ante trabajadoras/es del sexo migrantes en situación administrativa irregular.

“A veces, los policías venían de paisano a la barra y toqueteaban a las chicas, sobre todo a las nuevas. Ellas, como tenían miedo de que las deportaran, se dejaban tocar.” (Trabajadora sexual brasileña, TS.8)

“Cuando llegué a España y empecé a prostituirme había un patrullero que se pasaba por la zona dónde yo captaba la clientela. En esa época yo no tenía los papeles y los policías me decían que si no me iba con ellos y se la chupaba me iban a llevar al calabozo (…). Tuve que irme con ellos varias veces en el coche y hacerles lo que me pidieran.” (Trabajador sexual ecuatoriano, TS.4)

4.5     Entidades del tercer sector: del empoderamiento al paternalismo

Las personas entrevistadas afirmaron que el juicio por ser trabajadora sexual existe desde el momento en que lo primero que te ofrecen algunas ONG es una alternativa laboral, antes siquiera de escuchar las demandas de la persona a la que están atendiendo. A lo largo del trabajo de campo se pudo constatar que el principal inconveniente de los recursos ofrecidos por algunas entidades es su carácter discriminatorio, ya que tratan a las personas que ejercen la prostitución como ignorantes, vulnerables e indisciplinadas. Como resultado, la movilidad laboral de las PDEP se dificulta por la idea transmitida de que hay que reeducarlas en habilidades básicas antes de que puedan desempeñar otras tareas diferentes a la prostitución (Juliano, 2002). Por tanto, unos recursos de orientación laboral inapropiados, unidos al rechazo social y a la escasez de empleo, provocan que la inclusión de las PDEP en el mercado laboral reglado de la Región de Murcia se convierta en un objetivo realmente complejo. Así, por ejemplo, una de las trabajadoras sexuales entrevistadas (TS.1) se mostró disgustada tras acudir a Cáritas y preguntar por proyectos dirigidos a trabajadoras sexuales. El motivo fue que le mostraron un programa en el que se les enseñaba a las PDEP a actividades tan elementales como el lavado de la ropa. A pesar de que existen personas que necesitan de este tipo de recursos, resulta inapropiado que se oferten al colectivo de trabajadoras sexuales de forma genérica.

“Fui a Cáritas, y la monja que me atendió me estuvo explicando un montón de programas que tenían y, entre ellos, había un programa para prostitutas en el que les enseñaban a lavar la ropa, a planchar, a cuidar de sus hijos y de vez en cuando las llevaban de excursión al museo. Y yo le dije: “bueno, es que el hecho de que sean prostitutas no significa que no sepan hacer todas esas cosas.” (Trabajadora sexual española, TS.1)

Además, trabajadoras del sexo politizadas sienten que incluso desde las ONG pro-derechos muestran reticencias a la hora de que se autoorganicen, debido a que temen que las PDEP logren un empoderamiento tan sublime que ya no las necesiten, lo que podría desembocar en el cierre de estas entidades y en la pérdida de los empleos vinculados.

“Lo que yo siento, todavía, por parte de las asociaciones pro-derechos es que hay un tutelaje. Todavía no hay espacio para que nosotras tomemos nuestras propias decisiones o nos organicemos, y que las propias organizaciones nos apoyen al 100% sin cuestionar lo que estamos haciendo.” (Trabajadora sexual mexicana, TS.3)

“Las ONG chupan del bote y eso sí me violenta mucho (…). A mí me parece muy fuerte que la gente de las asociaciones tenga 14 pagas al año y yo no llegue a fin de mes.” (Trabajadora sexual mexicana, TS.3).

4.6     “Toda mujer tiene derecho a decidir, mientras no decida ser prostituta”. Feminismos y negación de la capacidad de agencia

Dentro de los feminismos la prostitución se entiende de diversos modos, dando lugar a que unos sectores batallen junto a las trabajadoras del sexo por la conquista de sus derechos, mientras que otros defienden una postura abolicionista/prohibicionista de la prostitución violentando, en ocasiones, al colectivo de mujeres al que afirman proteger. Durante las entrevistas, algunas de las trabajadoras del sexo participantes expresaron que sienten que desde el feminismo más institucionalizado solo hablan de los efectos del patriarcado y el capitalismo en su profesión, como si en las demás no estuviera presente.

“Estar trabajando, como yo, 25 horas a la semana en un restaurante por 500 euros no es ser una esclava del patriarcado ni del capitalismo, ¿verdad?” (Trabajadora sexual española, TS.9)

Por otra parte, en debates y conferencias sobre prostitución se ha producido la negación de los discursos de activistas pro-derechos, debido a que no encajan en el molde del discurso demonizador de la industria del sexo propio del feminismo abolicionista. Asimismo, entidades pro-derechos como el CATS han sido tildadas de proxenetas, mientras que las trabajadoras del sexo politizadas han sido tachadas de malas mujeres al no aceptar el estatus de víctima. El resultado es que muchas PDEP sientan un profundo malestar a la hora de participar en eventos relacionados con los feminismos, como le ocurrió a TS.6 cuando participó en la manifestación del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo del año 2019.

“Cuando yo fui a la manifestación del 8M fui asustadísima, fui con una máscara porque me di cuenta de que la necesitaba (…). Además, yo me sentía muy violentada porque yo no sabía qué personas y qué sector del 8M era el que me apoyaba (…). Hay un colectivo de mujeres, además inmenso, que tiene unos mensajes de odio que lo único que hacen es asustarte de verdad. Yo tenía un montón de miedo en el 8M.” (Trabajadora sexual peruana, TS.6)

4.7     El empresariado de la industria del sexo: el summum de la vulneración de derechos

En el análisis de los datos extraídos se ha mostrado cómo en los clubes de la Región de Murcia se vulneran múltiples derechos laborales: las jornadas de trabajo suelen ser de más de 12 horas; no disponen de vacaciones ni de días libres; el porcentaje de la ganancia en la venta de las copas es cada vez más bajo; los/as empresarios/as dan de alta a las trabajadoras como camareras, pero ellas tienen que pagarse la seguridad social, etc. Por otro lado, las PDEP afirman que el mayor abuso que se comete en los pisos de contactos es que se llevan porcentajes muy altos de su trabajo: al menos del 50%. Además, los empresarios/as de la industria del sexo, en ocasiones, intentan imponer prácticas sexuales y formas de trabajar con las que las PDEP no están de acuerdo.

“Ha habido sitios en los que me han echado del trabajo por no complacer al cliente 100% como los jefes querían que lo hiciera. Me dejaron dinero sin pagar e intentaban imponerme prácticas como sexo sin condón o sexo anal, pero mis apetencias van primero.” (Trabajadora sexual brasileña, TS.8).

4.8     La clientela: dar poco y pedir mucho

Durante el trabajo de campo todas las PDEP se quejaron de que algunos de sus clientes no respetan su trabajo, e intentan regatearles las tarifas para disfrutar de extensos servicios (con todo tipo de prácticas) por muy poco dinero. Por otro lado, tampoco se sienten respetadas cuando clientes con los que acuerdan un servicio no acuden a la cita y no llaman para cancelarla (situación que se torna muy habitual). En este sentido, una de las trabajadoras entrevistadas, aunque piensa que la prostitución es un buen trabajo para ella porque le permite conciliar con su faceta de madre y esposa, en varias ocasiones destacó la falta de consideración de los clientes.

“Igual que todo trabajo, tiene unos costes y unos beneficios, y ellos se piensan que solo tenemos beneficios. No lo paran a pensar y, a veces, solo te ven como un objeto al que follar.” (Trabajadora sexual española, TS.2).

Asimismo, existe un sector minoritario de clientes que abusa sexualmente de las PDEP o intenta chantajearlas para recibir servicios gratis. Cómo comentan desde el CATS, estos comportamientos violentos pueden afectar gravemente en a la salud física y psicológica.

“Hay un sector de clientes que no trata bien a las trabajadoras sexuales y hay algunas a las que le afecta en su propia autoestima. Hablando de violencias y de clientes… estaba pensando en los clientes que se rompen el preservativo. Que por cierto salió hace poco una sentencia en la que, efectivamente, se considera abuso sexual el romper un preservativo o quitarlo cuando se ha acordado una práctica sexual con preservativo (…). Las chicas me cuentan que les pasa, aunque no frecuentemente.” (Ginecóloga, PR.2).

Otra violencia que mencionaron algunas de las personas entrevistadas se refiere a los clientes que acuden a solicitar los servicios de las trabajadoras del sexo con falta de higiene, ya que piensan que por el hecho de pagar todo está permitido.

“Como van a pagar vienen todo mugrosos después de estar todo el día trabajando. Como van a pagar su mierda de 15 o 20 euros vienen todo cochinos a que les chupes la polla.” (Trabajadora sexual ecuatoriana, TS.5).

4.9     Profesionales de los medios de comunicación y de la academia: a la caza del morbo

Los medios de comunicación y las investigaciones académicas, en algunos casos, avivan el estigma asociado a la prostitución, ya que suelen mostrar a PDEP que presentan características como el consumo de drogas, enfermedades de transmisión sexual, problemas de salud mental o conductas delictivas. Durante los encuentros, las PDEP y los profesionales del CATS aludieron a la importancia que los medios de comunicación tienen en la construcción de las imágenes sesgadas sobre las PDEP. Destacan que existe la necesidad de desactivar la carga estigmatizadora que se da en el tratamiento sensacionalista del trabajo sexual, porque se tiende a mostrar una imagen de las/os prostitutas/os asociada con la delincuencia, la drogadicción y la desviación. Asimismo, las PDEP entrevistadas se sienten ignoradas en el desarrollo de investigaciones y debates que tienen que ver con su trabajo.

“Que escuchen a las mujeres trabajadoras. Que nos escuchen. Solo pedimos eso. Que si quieren hacer algún estudio que nadie hable por nosotras. No necesitamos que nadie hable por nosotras. Si hacen algún estudio que nos tomen en cuenta.” (Trabajadora sexual ecuatoriana, TS.5).

4.10          Otros/as responsables, otras violencias

“Yo procuro que lo que hago con una mano no se entere la otra mano. Me da mucha vergüenza y mucho respeto porque tengo familia (…). Si se entera mi familia me quitan hasta el apellido.” (Trabajadora sexual española, TS.7).

En el caso de TS.7, en principio, no podríamos hablar de violencia intrafamiliar que se haya materializado, pero sí de una anticipación al rechazo, lo que desemboca en una profunda autovigilancia y estrés. Esta trabajadora vivía ejercer la prostitución con gran angustia, y destacaba que para ella era una actividad temporal que solo realizaba cuando se encontraba en fuertes apuros económicos. También, se dan situaciones de ocultamiento a parejas y exparejas, sobre todo si hay hijos/as por medio. Y es que el hecho de ejercer la prostitución en manos de padres maltratadores puede utilizarse como chantaje y como una amenaza para la retirada de custodia.

“A partir de que mi exmarido empezó a sospechar que era prostituta fue un acoso constante y a perpetuidad. Tía, no he pasado mayor ansiedad en mi vida, al verle la cara y pensar que iba a agredirme.” (Trabajadora sexual peruana, TS.6).

Habría que mencionar, además, testimonios de PDEP que debido a su trabajo han tenido problemas de convivencia con compañeras/os de piso y con vecinos/os. Personas con los/as que mantenían una buena relación hasta que salió a la luz que se dedicaban a la prostitución.

“Una vez estuve en un piso de alquiler en el que me pusieron hasta cámaras de vigilancia en el pasillo para ver si entraban clientes a mi casa. Tuve enfrentamientos muy grandes con mis vecinos y con mi casero porque estaban vulnerando mi privacidad (…). Yo no entendía tanto revuelo, porque yo sobre todo trabajaba en la calle y a mi piso solo entraban unos pocos clientes de confianza.” (Trabajadora sexual ecuatoriana, TS.5). Como hemos podido comprobar a lo largo de estos diez sub apartados la violencia hacia las PDEP está caracterizada por su complejidad, tanto a nivel de la naturaleza de las agresiones (físicas, psicológicas, sexuales…), como de las/os agentes sociales responsables (cuerpos de seguridad estatal, trabajadoras/es sociales, periodistas…), lo que inserta a las PDEP en un clima de inseguridad ya que, por el hecho de ejercer la prostitución, en ocasiones, no se sienten respaldadas ni por sus redes sociales más íntimas.

 

5          Conclusiones

En el presente estudio el objetivo fundamental ha consistido en visibilizar a los colectivos que ejercen violencias hacia las PDEP, con el fin de situar el foco en las personas estigmatizadoras y responsables de las agresiones, y no tanto en el colectivo estigmatizado: las personas que trabajan en la prostitución. Para ello, se ha abordado desde la violencia física y sexual a la relacionada con la vulneración de derechos humanos, pasando por la vinculada al despojo de la capacidad de agencia mediante la victimización de las PDEP. Como se mencionó con anterioridad, la hipótesis de partida es que las condiciones laborales, la salud y las relaciones interpersonales de las PDEP están determinadas por la articulación de una cadena de violencias ejercidas por diferentes agentes sociales. Dicha hipótesis se ha confirmado, ya que las múltiples violencias abordadas a lo largo del texto no resultan inocuas. El resultado es la exclusión, una forma de violencia estructural que se deriva de las circunstancias del sistema; se trata de un recorrido social a través del cual las personas pierden progresivamente los vínculos que les unen con la sociedad. En este proceso existen factores desencadenantes que se acumulan, y combinan desventajas en los diferentes ámbitos de la vida de las PDEP (Tezanos, 1999).

Por otra parte, la principal violencia que perjudica a las PDEP y que supone el caldo de cultivo de gran parte de las restantes formas de violencia es el estigma de puta4. El rechazo social fruto del estigma se materializa en que algunos/as miembros de los cuerpos de seguridad del estado comentan abusos de poder; en que referentes feministas difamen y silencien a las PDEP; en que las ONG sientan que pueden llevar las riendas de la vida de las PDEP, a las que consideran víctimas carentes de autodeterminación; o en que la academia y los medios de comunicación busquen acumular audiencias y logros a partir del sensacionalismo con el que abordan las vidas y las realidades de las personas que ejercen la prostitución. Para sintetizar los resultados fruto del análisis de las entrevistas podemos observar la tabla 5: una herramienta analítica que identifica el estigma como eje vertebrador de las violencias, así como a los actores y a las actrices que las protagonizan.

En cuanto a las limitaciones de este estudio, destacaría que la accesibilidad al colectivo de trabajadoras/es del sexo que ejercen o han ejercido en la Región de Murcia ha sido compleja debido a la movilidad del colectivo y a la clandestinidad en la que muchas/os ejercen su trabajo. Por ende, la muestra de personas entrevistadas no es representativa y los resultados obtenidos no pretenden ser generalizables. No obstante, se considera que esta aproximación a las violencias que sufren las PDEP puede servir como punto de partida para realizar investigaciones más profundas en el territorio murciano, y para desarrollar estrategias en dos sentidos: en primer lugar, para prevenir las violencias mediante la realización de intervenciones con los actores y actrices que las ejercen y, en segundo lugar, para el diseño de programas destinados a apoyar a las PDEP que lo necesiten en el afrontamiento de estas agresiones.

Libro sobre trabajo sexual revela la dura condición en que viven muchas mujeres –y niños– en Uruguay

“El ser detrás de una vagina productiva” se titula el libro que publicó en noviembre Karina Núñez, trabajadora sexual, activista contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y defensora de los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual. La publicación incluye sus vivencias y las de otras 313 mujeres y mujeres trans de 15 departamentos que la autora entrevistó en los últimos años. Acá y allá las historias se repiten: las fragilidades, las dependencias, los abusos y la condena de una sociedad que, también en esto, muestra su hipocresía.

 

Escribe Amanda Muñoz en Nacional

26 de diciembre de 2017 ·

https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/12/libro-sobre-trabajo-sexual-revela-la-dura-condicion-en-que-viven-muchas-mujeres-y-ninos-en-uruguay/

 

El dicho “a calzón quitado” es de Núñez y es citado en el prólogo por la trabajadora social Andrea Tuana, de la ONG El Paso. Así como Tuana, los otros tres comentaristas del libro –Nancy Penna, Pablo Nalerio y Susette Kok– destacan la sencillez y la sinceridad de Núñez al hablar, al dar talleres, al hablar con autoridades y denunciar situaciones de abuso. Tuana la conoció con profundas heridas causadas por una paliza que recibió –antes de haber sido dejada tirada en una cuneta– “por defender a gurisas explotadas sexualmente”. “La verdad no siempre quiere ser escuchada, la verdad es un problema muy grande para muchas personas”, expresa. Adentrándose en discusiones necesarias, Tuana escribe: “El consumo del sexo pago, la prostitución, el trabajo sexual, la explotación, el abolicionismo, el reglamentarismo, son asuntos pendientes en el debate, asuntos enormes, profundos y complejos en los que tendremos que posicionarnos. La realidad de muchas personas que están en el trabajo sexual hoy en nuestro país es extrema, inhumana, en algunos casos están en régimen de esclavitud. Hay mujeres que entran el viernes a la whiskería y salen el lunes sin un peso y algunas con deudas”.

La trama

El libro es breve. Tiene cuatro capítulos –Prostitución, Meretricio, Trabajo Sexual, Reduccionismo– y al comienzo de cada uno invita a los lectores a escribir qué significa para ellos cada término. Incluye punteos, tres cuentos y un glosario. Núñez empezó a escribirlo en 2008 y en 2015 se decidió a publicarlo, cuando ONU Mujeres propuso hacer una campaña de prevención contra la explotación sexual infantil. Entregó los materiales a organismos internacionales, pero nadie quiso publicarlo. Le decían que no partía de un marco conceptual, aunque los datos fueron usados luego por organismos nacionales, apunta. “El tabú más grande de ellos era que yo no era licenciada ni técnica ni doctora, era simplemente prostituta, más nada”, explicó en diálogo con la diaria. Finalmente, la ONG El Paso la ayudó para pagar la impresión; el libro fue presentado el 29 de noviembre en la Facultad de Psicología. “La tapa es enteramente blanca y con eso quiero significar lo que somos para el Estado: invisibles. Y lo que implica cuando el que consume sexo nos toma por primera vez: nos toma con inocencia, nos toma con la blancura y, a medida que nos va tocando, nos va ensuciando”, adelanta.

Etapas

El libro detalla las diferencias entre la prostitución, el meretricio y el trabajo sexual. Núñez define la prostitución como la etapa en la que se suele ingresar entre los nueve y los 14 años. Remarca que las niñas y adolescentes no cobran en ese momento, pero aceptan cosas a cambio –“drogas, entradas al baile, cigarrillos, paseos en auto o moto”– y, cuando las cuestionan, responden que están experimentando, que eligen con quién salir o que “es lo mismo que hace mamá”.

Núñez resumió así las diferencias entre las tres etapas: “Cuando arrancan siendo prostitutas, por lo general, niegan que sean prostitutas. En el estado de meretricio dicen: ‘Sí, soy puta, pero esa puta vale tanto’, pero aún no consiguen asociar el cuidado integral del cuerpo con el ejercicio de la prostitución; eso recién llega cuando llegan al tercer estadio”, es decir, cuando son trabajadoras sexuales. Esa tercera categoría es la que pauta la Ley 17.515, de Trabajo Sexual. Aprobada en 2002, la norma creó un registro nacional y estableció el requisito de tener un carné sanitario con los controles al día (“la libreta”).

Se refiere a la etapa de prostitución como el “período en el que seremos mayormente penetradas, desconociendo lo que significa nuestra sexualidad, por lo tanto, mayoritariamente no lograremos orgasmos o creeremos tenerlos”, y la fase “en la que contraemos la mayor cantidad de infecciones de transmisión sexual; nos realizamos la mayor cantidad de abortos clandestinos; tenemos la mayoría de nuestros hijos; hacemos un uso indiscriminado de la vagina, exponiéndonos a adquirir hábitos sexuales que no podremos dejar de lado a lo largo de la carrera, siendo los más peligrosos el no adoptar el uso del preservativo” y no negarse a “penetraciones dolorosas” que les acarrearán dolencias en el futuro.

Adicciones

Para la etapa de prostitución, “desde el advenimiento de la pasta base, he visto que es la primera forma que se usa para obtenerla, ya sea recibiendo el dinero para ir comprándola o relacionándonos con quien la está consumiendo para acceder a un ‘pipazo’ o ‘turbinazo’”. Describe que “el sexo es la llave para acceder al ‘mundo soñado’ (chupe, joda, etcétera) y lo disimulamos tontamente con la creencia de que somos valoradas por nuestra belleza, cosa que alimenta el ego y la estupidez a la hora de la prevención”.

Al referirse a la etapa de trabajo sexual, advierte: “Si tengo adicciones, soy presa fácil para la trata y el tráfico de personas, armas, drogas, y para las dueñas y encargadas de establecimientos o sitios a los que ocasionalmente asista a ofertar mis servicios, dado que se quedarán con el dinero que facture en esta condición”.

En la charla, Núñez remarcó que “el consumo y las adicciones son los dos factores relevantes de perpetuidad de la prostitución en cualquiera de sus formas”, y englobó así al consumismo. Respecto de las adicciones, afirmó que muchas veces los técnicos dicen que “tenemos que tratar el tema de la prostitución”, pero ella discrepa: “Cuando estás ante el consumo de drogas, la prostitución es lo de menos; lo que vos tenés cuando la persona está consumiendo algún tipo de droga es un problema mucho más profundo y existencial que el de alquilar su cuerpo. Esa persona está quebrada, no es porque sea prostituta, ya está quebrada desde antes; utiliza la prostitución para conseguir la mercancía, y tenés que tratarla como una persona con adicciones, no como prostituta”.

Consumir drogas es también una forma de resistir largas jornadas. El círculo se va cerrando para algunas. “El deterioro de las compañeras que consumen es atroz, sobre todo por los acotados tiempos en que mantienen los procesos de trabajo sexual, porque por lo general terminan siendo prostituidas en la calle de manera aberrante. Entre las que sobreviven, algunas quedan con secuelas y no pueden levantarse de una cama. Otras se autoeliminan”, lamentó.

Explotadores

Sobre el rol de los proxenetas, Núñez escribe: “En el caso de que seamos detectadas por proxenetas en esta etapa, no tendremos marcha atrás: seremos reclutadas para el negocio de la trata de personas, para lo cual transitaremos por momentos de maltrato físico, psicológico y emocional, por procesos que generarán un vínculo de amor-odio con mi explotador, lo que me impedirá denunciarlo o declarar en su contra en el caso de ser interrogada en algún proceso”. Enumera las formas que permiten liberarse de ellos. Una es por medio de las madres: dice que mayoritariamente intentarán rescatarlas las madres que no hayan ejercido la prostitución. Pero algunas dejarán que se las lleven porque “se están librando de una boca más que mantener”, y otras madres “serán nuestras proxenetas y nos entrenarán para no dejarnos engatusar por los varones”. El afecto familiar juega como protector: “Si mi familia no me juzga por lo que hago, no voy a necesitar buscar el afecto de otros afuera de mi círculo familiar”, escribe.

Capítulo aparte merecen los dueños de los locales. “Difiere dependiendo de la zona del país”, asegura. Señala que la mayoría de las dueñas de las whiskerías son ex trabajadoras sexuales, pero aclara que “son las caras visibles, porque los que están atrás de ellas por lo general son varones que han estado presos por prostitución y por explotación”. Núñez advierte que la dueña que es ex trabajadora sexual sabe cómo oprimir y sacar más rédito: “Te hace un préstamo de 200 pesos para cobrártelo a 500, o te dice que te paga una niñera y si un día no vas te dice que va a dejar a los gurises en la calle. O te dice que te paga el ómnibus y después te lo descuenta de las copas sin decirte nada. O te hace pagar la limpieza del local con copas de la casa, o te hace pagar orquestas”.

En el glosario define el concepto de “copa”: “Vaso con bebida que es solicitado al cliente por meretrices o trabajadoras sexuales en whiskerías y en bares clandestinos, por el cual debieran de recibir la mitad del dinero de la venta, cosa que no sucede así siempre, siendo el dueño quien se lleva la mayor parte”. Como no las pueden obligar a quedarse, hay veces en que los propietarios de las whiskerías “se quedan con tu libreta de trabajo sexual, y sin tu licencia no podés ir a ningún lado. Se ha denunciado, pero al ministro de Salud Pública no le interesa”, observó.

Tareas pendientes

En el relato, Núñez enfatiza el sufrimiento de los niños por la condena de la sociedad hacia el trabajo de sus madres, más presente en localidades chicas, donde todos se conocen. Pide “proteger a hijos e hijas de trabajadoras sexuales para que no los hagan cargar con las mochilas de las estigmatizaciones de sus madres, porque para los gurises es muchísimo más difícil concentrarse en el estudio, generar grupos de trabajo, mezclarse con la población si todo el mundo lo señala todo el tiempo como el hijo de la puta”. Para las mujeres tampoco es fácil: sienten “el estigma”, “no porque no te consuman, sino porque las reglas morales y el doble discurso pesa muchísimo”. “La falencia que tenemos las trabajadoras sexuales es la falta de respeto de las otras mujeres hacia nosotras; no nos respetan y no nos ven como mujeres iguales a ellas, no nos pueden llegar a percibir como personas, tienen todavía el patriarcado adentro y no les permite sacarnos la etiqueta de prostituta”, reprocha.

La educación está presente en el libro. Además de decir que la mujer que tenga mejores estudios tendrá más facilidad de zafar de la calle y acceder a clientes de estratos socioeconómicos altos, Núñez menciona el rol de la escuela para detectar cuándo un niño es explotado sexualmente. En el diálogo, pidió “sensibilizar a maestros y alumnos en que la prostitución no es una condición degradante, sino que es una condición de la que con ayuda todos pueden salir, y que el trabajo sexual es un trabajo”.

Núñez también pide modificar la Ley 17.515, que da a los ministerios de Salud Pública y del Interior las mayores atribuciones. Sostiene que el referente tiene que ser el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. “¿Vos siendo trabajadora tenés que ir a la comisaría a decir que te vas a mudar de trabajo? Nosotras sí. ¿Y eso por qué, si no estamos haciendo nada malo?”, cuestionó. Además reclama crear policlínicas integrales y no específicas para trabajadoras sexuales, y cambiar la libreta por “un carné de salud extendido, que no tengamos que estar yendo a un lugar específico que todo el mundo sepa que ahí a donde hay que ir es por el trabajo sexual, y que vayamos y tengamos un médico de cabecera, que lo podamos elegir, y que esto se pueda llevar adelante por cualquiera de los prestadores de salud”. La normativa pauta controles mensuales, bimensuales y trimestrales; según Núñez, estos estudios sólo pueden hacerse en las capitales departamentales, porque en el interior profundo “depende de la voluntad de la enfermera”.

Núñez se refiere al trabajo sexual como una profesión y no cree que sea realista abolirla. Sí está a favor de que se den las condiciones para que quienes quieran zafar de este trabajo puedan hacerlo. “El tema es que cuando están decididas realmente a salir, no tienen un contexto que las ayude a mantenerse, por eso de los estigmas. O si no, salís a una edad en la que no le dan laburo a nadie: venís a salir a los 45, 50 años del círculo de la prostitución, pero a los 50 a cualquier persona que haya estudiado se le hace difícil conseguir un trabajo, y más a alguien que no tuvo una historia laboral excepto la del trabajo sexual”. Reclamó, también, bajar los años de jubilación para las trabajadoras sexuales y permitirles el retiro de aquellas que tengan más de 30 años de actividad.

 


Presentación del Libro “El Ser detrás de una vagina productiva”

3 de junio de 2018