El triste estado de la investigación académica sobre la trata sexual

Por Daniel Pryor

 

19 de julio de 2017

 

https://www.adamsmith.org/blog/the-sorry-state-of-sex-trafficking-research

 

El mes pasado, tuvo lugar en Irlanda del Norte el primer juicio a un acusado de pagar por servicios sexuales (delito equiparado a crímenes violentos). Después de haber adoptado el «modelo nórdico» de penalización de la compra de sexo en junio de 2015, Irlanda del Norte parece haber inspirado a los políticos del Partido Nacional Escocés para abogar por un enfoque similar en Escocia. El debate sobre la legislación referida al trabajo sexual también se agudiza en el resto del Reino Unido, donde se están logrando progresos marginales en algunas áreas.

La investigación sobre el impacto de las diferentes formas de legislación sobre el trabajo sexual y la trata sexual es un área fascinante, pero muy problemática. La prevalencia de la trata sexual y su relación con diferentes regímenes legales relacionados con el trabajo sexual es uno de los principales campos de batalla para aquellos que buscan la reforma, y ​​es difícil encontrar evidencia confiable sobre este tema tan emotivo.

Un nuevo artículo (1) publicado en línea la semana pasada por el sociólogo Ronald Weitzer —que escribió un excelente artículo (2) sobre la política del trabajo sexual y el tráfico sexual en 2011— da una nueva perspectiva del lamentable estado de la literatura académica sobre estos temas. En primer lugar en su lista de agravios está la falta de fiabilidad de los datos que se utilizan a menudo:

Utilizando información sobre 161 países de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Cho et al. (2013) y Jakobsson y Kotsadam (2013) intentaron determinar si las leyes nacionales de prostitución estaban relacionadas con la prevalencia de la trata de personas. Sin embargo, la ONUDD había advertido de que no se utilizaran sus cifras ni para una nación ni para un estudio comparativo transnacional, ya que “el informe no proporciona información sobre el número real de víctimas” (ONUDD 2006, pp. 37, 44-45). El aviso de la ONUDD se basaba en que las definiciones de trata varían de unos países a otros (algunos de los cuales amalgaman trata, paso ilegal de personas e inmigración irregular); la generalizada falta de transparencia en la recopilación de datos y la presentación de informes; y la dependencia de diferentes fuentes en los 161 países (medios de comunicación, institutos de investigación, agencias gubernamentales, ONGs, OIs). Para algunos países, sólo una de estas fuentes estaba disponible. Los autores reconocen que “los datos subyacentes pueden ser de mala calidad” y son “limitados e insatisfactorios de muchas maneras” (Jakobsson y Kotsadam, 1993, p.93) y que es “difícil, quizás imposible, encontrar pruebas sólidas” de una relación entre la trata y cualquier otro fenómeno (Cho et al., 2013, p.70). No obstante, tratan el informe de la ONUDD como una fuente de datos y extraen conclusiones profundas sobre la relación entre la trata de personas y las leyes nacionales de prostitución, concluyendo que la trata de personas es más frecuente en los países con prostitución legal que en los países donde la prostitución está penalizada.

Datos defectuosos son sólo la punta del iceberg. En el caso de los dos estudios citados anteriormente, el enfoque de los autores para el diseño del estudio también deja mucho que desear:

Se utiliza un diseño de sección transversal (en un solo punto de tiempo) para medir algo que debe examinarse longitudinalmente: la cantidad de trata antes y después de la legalización. Este último enfoque requeriría cifras de referencia fiables para comparar con cifras recientes fiables, ninguna de las cuales existe.

Los autores usan estimaciones agregadas de la trata nacional (que combinan trata laboral, trata sexual y otros tipos de trata) en su intento de evaluar si la prostitución legal marca una diferencia. Esto significa que existe una gran discrepancia entre las cifras de trata y las leyes de prostitución: al evaluar si las leyes de prostitución están relacionadas con la incidencia de la trata, se deben usar solamente cifras sobre la trata sexual, no las cifras totales para todos los tipos de trata. 

Es muy posible que las naciones donde algún tipo de prostitución es legal puedan tener mejores mecanismos para detectar la trata sexual, una variable que falta en ambos estudios.

Un estudio posterior de Cho (2016) utilizando una fuente de datos diferente contiene otro error garrafal. “Utiliza información sobre el nivel de protección de las víctimas de trata de personas (en general) en los países, para correlacionarla con el hecho de que la prostitución esté o no permitida en un país”. ¿La justificación para este truco?

Sin citar ninguna fuente, Cho afirma que “la prostitución está estrechamente ligada a la trata de personas, porque la trata sexual con fines de prostitución es la forma más común de trata de personas y constituye la mayor parte de las víctimas de trata” (Cho 2016, pp. ). Esta afirmación es contradicha por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Según la OIT, “la explotación sexual comercial forzada representa el 11% de todos los casos” de trabajo forzado en todo el mundo (OIT 2005, p.12), y el Departamento de Estado declara que “la mayor parte de la trata de personas en el mundo toma la forma de trata laboral “(USDS 2010, págs. 8-9).

Todos estos problemas son endémicos en el campo de la investigación sobre la trata sexual. El trabajo de Weitzer podría no ser más que un interesante ejercicio académico sobre los peligros del uso de datos de baja calidad y pobre metodología de investigación, si no fuera por el hecho de que las leyes que se promulgan sobre la base de los dos estudios anteriores están haciendo daño a las mujeres marginadas:

… estos dos estudios fueron adoptados por políticos y legisladores en varios países y sirvieron para justificar nuevas leyes de criminalización.

Weitzer también ofrece algunas reflexiones sobre cómo el estado actual de la investigación y el debate público basado en la misma puede persistir sin que se le haga una crítica significativa:

Es fácil hacer afirmaciones generales y desenfadadas sobre la trata y la prostitución cuando 1) faltan datos sólidos, 2) los medios de comunicación se limitan a recapitular afirmaciones “oficiales” sin cuestionarlas o verificarlas, 3) los expertos que cuestionan las afirmaciones oficiales son ignorados o denunciados, y 4) las participantes en el comercio sexual son altamente estigmatizadas y marginadas. Este patrón desafortunado puede verse tanto en las naciones prohibicionistas (por ejemplo, Suecia) como en las naciones que tienen que hacer frente a la oposición a sus actuales leyes [comparativamente] liberales (por ejemplo, Alemania y los Países Bajos).

Estoy seguro de que los lectores de este blog miran todos los titulares de los medios sensacionalistas con un ojo crítico. Sin embargo, cuando se trata de historias alarmistas sobre la epidemia de trata sexual y los acompañantes llamamientos a implantar el “modelo nórdico”, se debe tener precaución adicional.

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1.- https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-55973-5_4

https://books.google.es/books?id=Y9ksDwAAQBAJ&pg=PA47&dq=Legal+Prostitution+Systems+in+Europe+weitzer&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjTjeX0ksrVAhWrCcAKHTYcDtMQ6AEIJjAA#v=onepage&q=Legal%20Prostitution%20Systems%20in%20Europe%20weitzer&f=false

2.- http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=7413&context=jclc

 

 

 

La actualidad del abordaje de la trata de personas para la prostitución forzada en España. El Plan Integral y sus implicaciones para trabajadoras del sexo inmigradas

Estefanía Acién González
Investigadora, Centro de Estudio de las Migraciones y las Relaciones Interculturales, Universidad de Almería, España.
eacien@ual.es

Francisco Checa y Olmos
Profesor Titular de Área de Antropología Social, Universidad de Almería, España.
fcheca@ual.es

 

Puede descargarse el artículo en versión PDF aquí:

http://www.ugr.es/~pwlac/G27_08Estefania_Acien-Francisco_Checa.pdf

 

 

RESUMEN

El Gobierno español, en diciembre de 2008, aprobó el Plan integral contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual,(1) que sienta las bases estratégicas para combatir esa lacra. Este trabajo resumeel plan, muestra críticas que se vertieron sobre el mismo desde entidades que trabajan con población vulnerable a la trata con fines de prostitución forzada, y se presentan algunas consecuencias que está teniendo su aplicación. Se extraen, básicamente, dos conclusiones: Por una parte, la perspectiva abolicionista del Gobierno a la hora de abordar el fenómeno de la trata parece estar desviando las energías a eliminar la prostitución en sí más que a plantear estrategias realistas de detección de víctimas y, por otra, existen razones para dudar de la idoneidad de las actuales estrategias de identificación y protección de posibles víctimas, ya que parece que sirven más al control de fronteras y de la inmigración irregular que a la detección y protección de supuestas víctimas y la garantía de sus derechos humanos.

 

  1. Introducción

En el contexto migratorio que vivimos, los movimientos transnacionales son cada vez más complejos y diversos. Hay quien afirma que esto sucede a través de un proceso de mundialización caracterizado por el incremento de países implicados -de origen, destino y tránsito- y la multiplicación de rutas migratorias. Dentro del fenómeno, decenas de miles de personas procedentes de estados empobrecidos desean trasladarse a otros donde las condiciones económicas son percibidas como capaces de dar salida a sus anhelos de futuro. Para muchas de esas personas conseguir un visado es prácticamente imposible y, por ello, recurren a organizar viajes fuera de la legalidad, encontrando para ello quienes están dispuestos a facilitar su traslado a cambio, muchas veces, de un alto precio. El crecimiento de lo que han llamado la industria de la migración clandestina es uno de los costes más graves de las políticas de control a la inmigración en la actualidad, junto a las tragedias humanas y violencias que se viven en las barreas de entrada, la saturación de los cauces establecidos para demanda de asilo, la fijación de los migrantes en el territorio -por dificultades de movilidad- y problemas de satisfacción legal de demanda de trabajo (Arango 2007: 14).

Así pues, es cada vez más diverso el panorama de las migraciones irregulares, las circunstancias que las acompañan, las formas que adoptan y los niveles de sufrimiento que provocan. Este artículo gira en torno a algunas circunstancias, formas y niveles de sufrimiento muy graves en este sentido y que vulneran de forma más flagrante los derechos humanos: lo que actualmente se conoce como trata de personas y en concreto en su modalidad transnacional (ya que la trata no siempre implica desplazamientos internacionales, también puede darse en el seno de un mismo estado (1)) y la que se da con el objeto de que una persona se convierta en fuente de ingresos a través de su prostitución forzada. A esta realidad se le denomina comúnmente trata de seres humanos con fines de explotación sexual, término no exento de imprecisiones y polémica dependiendo de la perspectiva ideológica que se adopte (Wijers 2001: 254 y sig).

En esta ocasión nuestra reflexión se centra en las estrategias que España como Estado está desarrollando para combatir esta lacra, para ello veremos el Plan integral contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, que entra en vigor a finales de 2008 y pretende desarrollarse hasta finales de 2011. Además, lo contextualizaremos partiendo de sus orígenes en la normativa internacional para después exponer un breve resumen de los aspectos más importantes que sintetizan la estrategia del Gobierno para combatir la trata y ver las principales críticas que se han realizado desde la sociedad civil al Plan. Por último, haremos un discreto balance de su aplicación usando como guía el Informe sobre el estado de la situación del plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, editado por el Ministerio de Igualdad en abril de 2010 e ilustrando la exposición con datos recopilados a través de diversos informes y nuestro propio trabajo de campo en el Poniente almeriense (2).

En este artículo no entraremos en la descripción de las diferentes perspectivas ideológicas desde las que hoy en día se aborda la prostitución, aunque sí es necesario aclarar que el Gobierno español mantiene una postura ideológica muy concreta, la abolicionista (Solana 2008: 138). Y esto tiene mucho que ver con la estrategia de lucha contra la trata. Para nosotros el abolicionismo alberga serios problemas a la hora de sustentar estrategias de combate contra la trata. En primer lugar, se trata de un cuerpo teórico desarrollado en abstracto, es decir, sin basarse necesariamente en el estudio sistemático de la realidad. En segundo lugar, implica considerar la prostitución en sí una violación de los derechos de las mujeres, ya que, según esta perspectiva, todas las que ejercen esta actividad lo hacen de forma forzada (Osborne 1988: 102) y esta generalización es difícilmente defendible en la realidad. Por ello, en tercer lugar, sostener este punto de vista significa vincular inevitablemente prostitución a explotación sexual, término acuñado bajo tales postulados y cuyo uso es altamente arriesgado, al menos desde el punto de vista teórico.

Nosotros pretendemos repasar la línea política que maneja el Gobierno español y aproximarnos al impacto que tiene su puesta en práctica para la realidad de quienes son nuestro objeto de estudio. Nuestra preocupación fundamental es llamar la atención acerca de carencias percibidas, ya que detectamos, de momento, dos problemas fundamentales en el abordaje actual de la trata en nuestro país: Por un lado, creemos que el exceso de celo del Gobierno en situarse desde el abolicionismo afecta al correcto acercamiento al complejo problema de la prostitución forzada a varios niveles -por ejemplo, detectamos un uso tendencioso de los términos en el Plan, marcado por imprecisiones que ignoran la existencia de la trata en sectores ajenos a la industria del sexo y señalan la existencia de la prostitución como único origen del mal que se pretende eliminar, lo que desencadena medidas que afectan negativamente a todas las personas que ejercen esta actividad sean víctimas de trata o no-. Un segundo problema o preocupación es la constatación de que muchas de las medidas adoptadas para la identificación y protección de las víctimas de prostitución forzada parecen anteponer el control de nuestras fronteras y de la inmigración irregular a la garantía de los derechos humanos.

 

  1. La trata. Conceptos y normativa internacional

El ajuste terminológico es precisamente una cuestión no resuelta desde el punto de vista académico, jurídico, político y social, a pesar del consenso existente en el ansia por eliminar la trata. En la base del problema está la delimitación del fenómeno, muy condicionada por la complejidad que presenta y ciertas tensiones ideológicas y morales.

El término trata de seres humanos -o de personas- se encuentra definido en su acepción más aceptada a nivel internacional en el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de naciones unidas contra la delincuencia organizada transnacional de Naciones Unidas, donde aparece como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación” (ONU, 2000, art. 3).

Más recientemente, en el artículo cuarto del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, de 2005, se define de esta manera: “por trata de seres humanos se entenderá el reclutamiento, transporte, transferencia, alojamiento o recepción de personas, recurriendo a la amenaza, uso de la fuerza u otras formas de coerción, el secuestro, fraude, engaño, abuso de autoridad o de otra situación de vulnerabilidad, o el ofrecimiento o aceptación de pagos o ventajas para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con vistas a su explotación. La explotación comprenderá, como mínimo, la explotación de la prostitución de otras personas u otras formas de explotación sexual, el trabajo o los servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extirpación de órganos”.

Hasta llegar a estas definiciones, y desde la segunda mitad del siglo XX, nuestro entorno más cercano (Europa, España) ha conocido múltiples estrategias de abordaje jurídico que han debido lidiar con los disensos en el contenido de la definición determinados por debates ideológicos ante la complejidad de un fenómeno imposible de simplificar.

Uno de los problemas a la hora de aclarar de qué estamos hablando cuando lo hacemos sobre trata de personas para la prostitución forzada ha sido separar ésta de la voluntaria. Una muestra muy clara de ello es el abordaje jurídico internacional, por ejemplo en el Convenio de naciones unidas para la represión de la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena (ONU 1948), donde en el preámbulo se considera que “la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas para fines de prostitución, son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana y ponen en peligro el bienestar del individuo, de la familia y de la comunidad”. Esta percepción de unión entre la prostitución en sí y la trata -el trabajo como tal y su versión forzada- ha sido un clásico en la manera de abordar la cuestión que nos ocupa y determina el debate y la puesta en práctica de medidas efectivas. De hecho, el citado convenio propone estrategias más enfocadas a perseguir a quienes promueven negocios relacionados con la prostitución que a redes criminales de trata, véase como ejemplo la siguiente redacción del artículo 2: “Las partes en el presente convenio se comprometen asimismo a castigar a toda persona que: 1. Mantuviere una casa de prostitución, la administrare o a sabiendas la sostuviere o participare en su financiamiento; 2. Diere o tomare a sabiendas en arriendo, un edificio u otro local, o cualquier, parte de los mismos, para explotar la prostitución ajena” (ONU 1948).

En el siguiente cuadro podemos ver, en orden cronológico, las principales normas de derecho internacional que regulan la lucha contra la trata de seres humanos, el organismo internacional que las promulga y su fecha de ratificación de España. Todas estas normas han ido recogiendo definiciones y concepciones sobre el problema de la trata y es en ellas donde se puede ver la evolución de las formas de abordaje a lo largo de nuestra historia reciente (García 2006).

Cuadro 1. Sucesión de las normativas internacionales contra la trata de mayor repercusión (1948 hasta la actualidad).

 

Año firma Normativa Organismo emisor Ratificación de España
1948 Convenio de Naciones Unidas para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena Naciones Unidas 1962
1948 Declaración Universal de los Derechos Humanos Naciones Unidas 1955
1950 Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales Estados Europeos 1979
1979 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer Naciones Unidas 1984
1989 Convención de los Derechos del Niño Naciones Unidas 1990
2000 Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía Naciones Unidas 2002
2000 Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional Naciones Unidas 2003
2000 Protocolo para Prevenir, reprimir y Sancionar la Trata de Personas Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional Naciones Unidas 2003
2000 Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Emigrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional Naciones Unidas 2003
2002 Decisión Marco relativa a la Lucha contra la Trata de Seres Humanos Unión Europea 2002
2002 Principios, Recomendaciones y Directrices del Alto Comisionado de las naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre los Derechos Humanos y la Trata de personas Naciones Unidas
2003 Plan de acción de la OSCE “Luchando contra la trata de seres humanos” Consejo Ministerial de la OSCE 2003
2004 Directiva relativa a la Expedición de un Permiso de Residencia a nacionales de Terceros Países que sean Víctimas de la Trata de Seres Humanos o hayan sido Objeto de una Acción de Ayuda a la Inmigración Ilegal que Cooperen con las Autoridades Competentes Comunidad Europea 2004
2005 Convenio del Consejo de Europa para la Acción contra la Trata de Seres Humanos Consejo de Europa 2008
2005 Plan de la Unión Europea sobre Mejoras Prácticas, Normas y Procedimientos para luchar contra la Trata de seres Humanos y Prevenirla Unión Europea 2005

 

Fuente: Elaboración propia.

 

Las tres principales normativas que rigen al respecto en España son: el anteriormente citado Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de naciones unidas contra la delincuencia organizada transnacional (comúnmente conocido como “Protocolo de Palermo de Naciones Unidas”); el Convenio del Consejo de Europa para la acción contra la trata de seres humanos y el Plan integral contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, del Gobierno de España.

Nuestra intención es realizar una fotografía del abordaje del fenómeno de la trata de personas para la prostitución forzada partiendo del análisis del Plan, ya que atendiendo al mismo podemos obtener pistas acerca de la aplicación de la normativa internacional en España, los sustratos teóricos de intervención que el Gobierno actual maneja sobre el tema, el momento en que nos encontramos con respecto al debate social y político y, por último, la efectividad e idoneidad de las estrategias que están llevándose a cabo.

Este análisis se va a usar como herramienta para exponer el estado de la cuestión, así que el objetivo rebasa la exposición del Plan y cuestiones tangenciales. Se trata de facilitar la contemplación del escenario actual a través de: primero, las medidas que adopta nuestro ejecutivo, con un Plan que implica a casi todos los Ministerios y a las Comunidades Autónomas; segundo, el estado del debate social partiendo de apoyos y críticas recibidos por el Plan por una parte de la sociedad civil, las ONG que trabajan en contextos de prostitución y, tercero, efectos reales sobre las personas afectadas o que viven de cerca los efectos de las medidas adoptadas.

 

  1. El plan integral contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual (2008-2012)

Según el resumen ejecutivo del Informe mundial sobre la trata de personas de la oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito de 2009 -que contiene información relativa a 155 países y territorios sobre adopción de medidas de lucha contra la trata-, en noviembre de 2008 el 63% de los países habían aprobado medidas contra la trata en general, mientras que el 16% había aprobado medidas para combatir sólo algunos elementos contenidos en el protocolo. Este es el caso de España, donde el desaparecido Ministerio de Igualdad elabora un plan centrándose únicamente en lo que denomina trata de seres humanos para la explotación sexual. Los antecedentes de esta inquietud limitada y excluyente de otras áreas de efecto de la trata podemos encontrarlos en la preocupación del Gobierno actual por problematizar la misma prostitución, siguiendo la línea abolicionista clásica de unir prostitución y trata (ejercicio voluntario y forzado) como si fueran expresiones de una misma realidad.

En el Informe de la Ponencia para el estudio de la situación de la prostitución en nuestro país, elaborado por la Comisión Mixta (Senado-Congreso) de los Derechos de la Mujer y la Igualdad de Oportunidades (BOCG de 13 de abril de 2007), fijó la postura del Gobierno español al respecto. La comisión asumió el ideario abolicionista en sus argumentos y conclusiones (Solana 2008), apareciendo en la redacción diversas manifestaciones claramente tendenciosas como la que sigue: “Nuestro país (…) aborda la prostitución como una clara vulneración de los derechos humanos de las personas que están en esa situación tal como se contempla en el marco del Convenio de Naciones Unidas para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, de 2 de diciembre de 1948” (Comisión Mixta 2007: 4). Conviene resaltar que el enfoque del Convenio de 1948 al que se hace referencia se considera ampliamente superado por medidas internacionales más recientes que se dirigen al combate concreto de las situaciones de trata (como el Protocolo de Palermo), por lo que es conveniente delimitar la definición de prostitución como el ofrecimiento de servicios sexuales a cambio de remuneración. Continuar considerando la prostitución per se una violación de los derechos humanos no es más que un ejercicio ideológico (Acién 2009: 261). Otro ejemplo del desmarque abolicionista del Gobierno es la siguiente manifestación: “nada aporta la distinción entre prostitución libre o forzada que olvida que el ejercicio de la prostitución atenta contra la dignidad de las personas que la ejercen” (Comisión Mixta 2007: 4). Incluso el propio presidente Zapatero, dos años después, proclama públicamente su repudio hacia el sexo venal, declarando: “Siempre tengo una sensación muy de rechazo hacia la prostitución” (La Vanguardia 05/09/2009).

De esta manera, si el Gobierno entiende que la prostitución debe desaparecer, puesto que es equiparable a explotación sexual al mismo tiempo que la ONU exige medidas contra la trata, y el Ministerio de Igualdad español resuelve la ecuación diseñando medidas que cubran ambos objetivos a un tiempo. Este es el contexto de salida del Plan que aquí analizamos.

El plan, que fue aprobado por el Congreso de los Diputados el 12 de diciembre de 2008 y estará vigente hasta finales de 2011, se estructura en tres capítulos. El primero, a modo de preámbulo, centra la definición de trata, cita los acuerdos y convenios en vigor a nivel internacional y pretende repasar lo que supone el fenómeno de la trata “en el mundo y en España”. El segundo, titulado El plan de acción, es una exposición metodológica. Por último, el tercero reúne las cinco áreas de acción: (1) medidas de sensibilización, (2) de prevención e investigación, (3) de educación y formación, (4) de asistencia y protección a las víctimas, legislativas y procedimentales y (4) de coordinación y cooperación.

El primer capítulo comienza aportando generalidades sobre la trata, aunque se centra exclusivamente en el fenómeno de la trata de mujeres con fines de explotación sexual, aludiendo lo siguiente: “La trata de seres humanos con fines de explotación sexual, especialmente de mujeres y de niñas -sus principales víctimas- constituye una de las vertientes más crueles de este ilícito comercio. Es, en realidad, una manifestación más de la situación de desigualdad en la que se encuentran las mujeres en muchos lugares del mundo y constituye una clara expresión de la violencia de género”.

El segundo aspecto reseñable hace referencia a los cuatro principios rectores del Plan: primero, la necesidad de adoptar la perspectiva de género, que se justifica dado que las mujeres “presentan mayor tendencia a convertirse en víctimas debido a la falta de educación y oportunidades profesionales” (3) y a que “En las últimas décadas, hemos visto surgir un negocio sexual basado en el cuerpo de las mujeres como objeto de consumo”. Vemos aquí cómo se rebasa la barrea de la preocupación por la trata para mostrar tensión contra la propia prostitución. El segundo señala la necesidad de considerar la trata una violación de los derechos fundamentales profundizando en la vinculación anteriormente anunciada: “No se puede desvincular el fenómeno de la trata del de la prostitución”, mientras que el tercero se centra en la realidad transnacional del fenómeno y el requerimiento de cooperación internacional. Por último, el cuarto principio cierra con la idea de que la trata supone un delito que hace imprescindible la actuación policial y judicial.

También en este primer capítulo se cita la puesta en marcha en 2000 de la citada Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos suplementarios; adopta, pues, la definición de trata del Protocolo de Palermo y añade su desglose en tres elementos fundamentales: 1) la acción que consiste en la captación, transporte, embarque o recepción de personas; 2) los medios empleados: amenaza, fuerza, engaño, abuso de poder, vulnerabilidad, pago o remuneración a alguien que ejerza un control previo sobre la víctima y 3) la finalidad de explotación, tanto de tipo sexual, como mediante trabajos forzados, esclavitud y prácticas similares o extracción de órganos.

Llama además la atención sobre la necesidad estadística de evitar la mezcla de términos: “Es importante no confundir la trata de seres humanos con el tráfico ilegal de inmigrantes”. Sin embargo, no se llega a zanjar la confusión: “tanto el tráfico ilegal como la trata de seres humanos se producen a través de los cauces establecidos por las redes de inmigración irregular”. Aunque es constatable que algunas rutas usadas por redes de tráfico ilegal transnacional, se utilizan para conducir a personas que van a ser posteriormente forzadas a trabajar (ONU 2009), no todas las realidades de prostitución forzada tienen que ver con el tráfico de migrantes para la inmigración irregular, ya que estaríamos obviando, por ejemplo, a las víctimas nacionales del país donde se las explota.

El capítulo acaba enfatizando la gravedad de la cuestión y con ese fin alude a la falta de datos fiables. Partiendo de que España es un importante país de tránsito y destino, se justifica la inevitabilidad de “eludir la conexión tan relevante de este fenómeno con la prostitución” e insiste: “la trata de mujeres, niñas y niños existe porque existe la prostitución (…) Un porcentaje muy significativo de estas mujeres [refiriéndose a inmigrantes] estarían en manos de redes de trata de seres humanos”. A partir de este punto se realiza una descripción muy genérica, sin ningún tipo de apoyo en investigaciones o datos comprobables, sobre el proceso de funcionamiento de las redes de trata y la situación de las víctimas.

El segundo capítulo del plan hace referencia a aspectos metodológicos y de objetivos. Así, se redacta sobre el interés de dar respuesta a la preocupación social que suscita el fenómeno, el refuerzo de la colaboración administrativa, con las ONG e internacional y la necesidad de mejorar la actuación policial. Se alude a que se han tenido en cuenta las iniciativas parlamentarias (4) y el marco proporcionado por la Unión Europea (Convenio de 2005).

Los objetivos al respecto se concretan en: (1) Sensibilización social, (2) combate de sus causas a través de políticas activas de cooperación internacional, (3) desarrollo de medidas integrales en los ámbitos judicial, social, educativo, policial, administrativo y de inmigración, con participación de las ONG; (4) asistencia y protección a las víctimas; y (5) “luchar decididamente contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y contra la activa intervención en el fenómeno de traficantes y proxenetas”. Finalmente, el capítulo acaba estableciendo su duración, informando de la creación de un Grupo Interministerial de Coordinación para su seguimiento y evaluación y sobre la intención de generar informes semestrales y una memoria anual.

El tercer y último capítulo ya concreta las medidas que dibujan el plan que se dividen en cinco áreas, cada una de ellas provista de una serie de objetivos que, a su vez, albergan acciones concretas. Seguidamente ofrecemos un brevísimo resumen de la propuesta completa.

El área primera propone medidas de sensibilización, prevención e investigación. Así, contempla el cumplimiento de seis objetivos: (1) Profundizar en el conocimiento del fenómeno de la trata y sus dimensiones (5); (2) sensibilizar a la sociedad sobre el problema a través de campañas en los medios de comunicación, conmemoración del 18 de octubre como Día Internacional contra la Trata de Personas y control de los anuncios de contactos en los medios de comunicación; (3) sensibilizar e informar en el medio educativo colaboración con las comunidades autónomas, (4) informar y sensibilizar a empresas, instituciones y organizadores de eventos públicos y profesionales para la prevención del turismo sexual, (5) mejorar los sistemas de prevención y detección temprana adoptando medidas en los países de origen, en el momento de acceder a territorio nacional -mediante el perfeccionamiento de los controles policiales- y en nuestro país -reforzando los mecanismos de denuncia policial, planificando e intensificando la realización de inspecciones policiales en lugares de riesgo y articulando instrumentos de detección y denuncia en los ámbitos sanitario, asistencial y educativo (6)– y, por último (6) mejorar la capacidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad para la investigación y la lucha contra la trata -mediante la formación, la mejora de planteamientos estratégicos y reforzando las estructuras organizativas, el personal especializado y los recursos tecnológicos y financieros-.

El área segunda versa sobre la potenciación de medidas de educación y formación en trata de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, del funcionariado del Ministerio del Interior y funcionariado, así como los profesionales de administraciones e instituciones, públicas y privadas.

El área tercera es de vital importancia, pues se centra en medidas de asistencia y protección a las víctimas con cinco objetivos: en primer lugar, garantizar la protección a las víctimas y a testigos en aplicación de la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales, incluyendo mecanismos para facilitar la protección de familiares en el país origen, mediante la elaboración de protocolos de coordinación entre entidades responsables y la utilización de la declaración de la víctima como prueba anticipada. En segundo lugar, mejorar la información a las víctimas sobre derechos y recursos, elaborando y distribuyendo material divulgativo en los ámbitos policial, legal, sanitario, servicios de extranjería, asilo y fronteras, y servicios sociales (públicos y no gubernamentales). En tercer lugar se pretenden mejorar los servicios de atención a las víctimas, elaborando guías informativas dirigidas a profesionales, facilitando la atención social a las víctimas en situación de aislamiento, primando programas de mediación de las ONG y facilitando la inserción laboral de las víctimas. En cuarto lugar, se propone proporcionar asistencia jurídica especializada y en su propio idioma a las víctimas. Y, por último, proteger integralmente a las víctimas en situación de estancia irregular. Las medidas que se proponen para ello son: (1) agilización y simplificación de los procedimientos administrativos para la concesión de autorizaciones de trabajo y residencia, (2) agilización de los procedimientos de identificación y documentación de las víctimas, (3) transposición de la directiva 2004/81/CE del Consejo de 29 de abril -relativa a la expedición de un permiso de residencia a víctimas extranjeras de trata u objeto de acciones de ayuda a la inmigración ilegal que cooperen con las autoridades-, (4) reconocimiento de un período de reflexión de, al menos, treinta días, para que las víctimas puedan restablecerse y escapar a la influencia de los traficantes y/o decidir su colaboración con las autoridades; (5) establecer una dotación económica que garantice la subsistencia de las víctimas durante el período de reflexión o su posible retorno al país de origen, si lo solicitan; y (6) elaboración de un protocolo de derivación y coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad con los recursos sociosanitarios de atención a las víctimas.

El área cuarta se dedica a las medidas legislativas y procedimentales a adoptar, expuesta en tres objetivos. Uno, perfeccionar los mecanismos legales para proporcionar a la víctima una atención inmediata y adecuada, lo que se pretende reformando la Ley de asistencia jurídica gratuita y de la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social para proporcionar a las víctimas un sistema de asistencia jurídica inmediata y la disponibilidad de intérprete y aprobando el reglamento de desarrollo de la Ley 19/1994, de protección a testigos y peritos en causas criminales. Segundo, impulsar medidas cautelares y en materia de prueba anticipada previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal instruyendo al Ministerio Fiscal y, de nuevo, reformando esta Ley para incluir una mención explícita a las víctimas de trata. Y, por último, privar de sus ventajas económicas a las organizaciones que se dedican a la trata.

Por último, el área quinta se ocupa de las medidas de coordinación y cooperación con cinco objetivos que corresponden a: Cooperación operativa policial, disposición de una herramienta estadística específica sobre el fenómeno, armonizada en el contexto europeo, fortalecimiento de la cooperación en el ámbito internacional realizando acciones de información y sensibilización en los países de origen para evitar la captación de víctimas, mejora de la cooperación en relación con las investigaciones y el enjuiciamiento de casos de trata y, por último, elaboración de mecanismos de coordinación y vínculos efectivos con las ONG e instituciones comprometidas en la lucha contra la trata y en la asistencia a las víctimas, mediante la creación de un foro contra la trata, integrado por las administraciones públicas competentes, las organizaciones no gubernamentales y otras instituciones implicadas.

 

  1. La sociedad civil habla: aportaciones y críticas al Plan

Una vez resumido el contenido del Plan nos centraremos en la respuesta que tuvo por parte de entidades que trabajan con población en contextos de prostitución –supuestamente la más vulnerable a la trata-. Veremos las valoraciones, aportaciones y críticas que se le hicieron al borrador y al texto definitivo desde la Red Española Contra la Trata, Amnistía Internacional, y las asociaciones Genera, Hetaira y Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.

La Red Española contra la Trata (7) tuvo ocasión de revisar el borrador previo al Plan, lo que le dio la posibilidad de preparar un documento de aportaciones titulado Valoración del borrador de las medidas propuestas en el plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Cabe resaltar que es la única entidad de la sociedad civil que aparecía enlazada en la página web oficial del Ministerio de Igualdad y la que, por tanto, se consideraba principal interlocutor para intercambiar información sobre la realidad de quienes son más vulnerables al fenómeno de la trata. En este apartado revisaremos las aportaciones generales que se encuentran al inicio del documento. El resto de aportaciones, área por área del plan, fueron grosso modo atendidas por el Ministerio de Igualdad y pueden contemplarse recogidas en el plan definitivo.

En primer lugar, la Red lanzaba una queja por no haber podido acceder a ciertas partes del borrador (aproximación al fenómeno, antecedentes, justificación, duración, seguimiento y evaluación ni la memoria económica), consideradas de gran importancia, pues en ellas, sobre todo en las tres primeras, se sientan los fundamentos teóricos que tanta polémica suscitan en el debate sociopolítico en la actualidad. Esta crítica de la opacidad con que se llevó a cabo la redacción del plan es común al resto de entidades que citaremos.

Una segunda puntualización se centraba en el escaso peso del enfoque de los derechos humanos de las víctimas en el texto, en contradicción con la centralidad que le otorgan a este aspecto las recomendaciones de Naciones Unidas y la OSCE-ODIHR (2004). Así, afirman: “El propio borrador refleja compromisos mucho más débiles en materia de protección, asistencia, retorno o integración de las víctimas que en materia de investigación policial contra las redes”. Tras la publicación del texto definitivo, esta crítica continuó siendo una de las fundamentales para el resto de las ONG.

La tercera aportación de la Red al borrador del plan se dirigió hacia la necesidad de incluir a todas las víctimas de trata: mujeres, hombres, transexuales, niñas y niños; extranjeros comunitarios y extracomunitarios, españoles -víctimas de la trata tanto interna como internacional- y víctimas de grupos y redes criminales y de agentes individuales. El plan definitivo no atendió a esta demanda y se refiere casi en su totalidad a mujeres, sin diversificar excepto en las escasas menciones a menores.

Otra aportación reseñable era la exigencia de distinción entre tráfico y trata, lo que, como vimos, finalmente el plan sí recogió. También se atendió a la sexta puntualización sobre la necesidad de contemplar la figura de presunta víctima (8). Además, se exigía la creación de un órgano de evaluación y seguimiento y el nombramiento de relatores nacionales y mecanismos independientes para el seguimiento y evaluación del plan, así como la mejora de la estructura para garantizar la implementación de los objetivos, el seguimiento y la evaluación. En el plan definitivo no se recogieron finalmente indicadores claros ni especificaciones en cuanto a establecimiento de plazos concretos para la implementación de las medidas ni para los mecanismos de evaluación.

Por su parte, Amnistía Internacional (9), en su informe de 2009 España una vida sin violencia para mujeres y niñas, las otras víctimas de violencia de género: Violencia sexual y trata de personas, aplaude la existencia del Plan, aunque advierte que no contempla medidas contra la trata hacia otros fines que no sean la explotación sexual, aunque, entre otras cuestiones, denuncia que el Plan no desarrolla medidas en materia de identificación de las víctimas y elabora la crítica que consideramos más profunda al plan: el desatino de condicionar el acceso de las víctimas a las medidas de atención y protección a la interposición de la denuncia y/o colaboración con las autoridades. También llama la atención sobre la ausencia de medidas específicas para víctimas menores de edad y la ausencia de un mecanismo de control independiente. Además, advierte y denuncia que España ha sido declarada incumplidora de la Directiva 2004/81/CE del Consejo de 29 de abril (relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de la trata de seres humanos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal que cooperen con las autoridades competentes) por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sentencia del 14 de mayo de 2009).

A lo largo del citado informe de Amnistía Internacional se vierten críticas de fondo al documento, expresando preocupación por las lagunas que en España existen en el trabajo institucional contra la trata. Seguidamente, intentaremos resumirlas.

En primer lugar, denuncian que no existen procedimientos para garantizar la correcta identificación de las víctimas, más allá de la derivada de la presentación de una denuncia. Además, llaman la atención sobre que el Plan únicamente establece la obligación de garantizar la atención integral a las víctimas extranjeras en situación irregular “que cooperen con las autoridades” lo que puede dejar desprotegidas al resto de víctimas. En tercer lugar, reclaman que el plan no establece medidas adecuadas para garantizar un apoyo económico a las víctimas. Y, finalmente, aunque aplauden el reconocimiento del periodo de reflexión de al menos un mes antes de formalizar una denuncia por parte de la supuesta víctima, recomiendan extenderlo a tres meses.

El interés por adentrarnos ahora en las críticas de las asociaciones Genera, Hetaira y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía no es causal. Por una parte, las críticas de estas tres ONG fueron las más contundentes hacia el plan. Las tres reconocieron la oportunidad del mismo y le daban la bienvenida en un momento en que era absolutamente imprescindible que se tomaran medidas serias de lucha contra la trata en España. No obstante, la posición común es de profundo disenso hacia los elementos que suponen mayor conflicto en el debate público. En suma, la crítica de fondo se dirige a la percepción ante las prioridades centrales del Gobierno, que antepone el control de los flujos migratorios y ganar terreno hacia la desaparición de la prostitución frente a la atención, protección y detección de las víctimas.

Genera (Asociación en Defensa del los Derechos de las Mujeres) (10) accedió al borrador del plan antes de su publicación de forma indirecta, ya que el Ministerio de Igualdad no se lo remitió. Así, su primer documento fue de aportaciones al mismo y comienza quejándose de la poca transparencia del proceso consultivo: “Tememos que una fundamentación confusa pueda generar un posterior uso del Plan en función de teorizaciones ideológicas generales. (…) Esta conceptualización podría derivar no solamente en la mayor vulneración de derechos de las personas que ejercen prostitución sin coacción ni violencia, además podría repercutir en el impacto efectivo de las actuaciones futuras sobre la trata de personas” (Genera 2008: 1). Seguidamente, abogaban por un abordaje basado en los derechos humanos y que no estigmatice la prostitución y bien dotado de medios económicos. Además se señalaba la indefinición de ciertos conceptos como “medidas de protección”, “declaración” y llamaban la atención sobre la sobredimensión del enfoque de seguridad y persecución criminal. Finalmente, se sumaban a la petición -finalmente desatendida- de crear y definir un órgano participativo de supervisión y evaluación del Plan.

Posteriormente, Genera se unió a Hetaira (11) para reclamar una reunión con representantes del Ministerio de Igualdad aportando un nuevo documento de observaciones y propuestas. Este documento ahondaba en las cuestiones centrales: primero, en la necesidad de “dotar de respuestas efectivas y valientes las diversas realidades, sin amalgamar conceptos ni confundir fenómenos tan diferenciados como la prostitución ejercida libremente con la explotación sexual” (12), y segundo, la necesidad de “priorizar la perspectiva de los derechos de las víctimas ante el clásico abordaje desde la persecución del delito”.

Por último y cerrando la parte dedicada a observaciones y críticas al Plan por parte de la sociedad civil, reseñaremos el documento que elaboró APDHA (13) entidad que, además de mostrar su malestar por no haber sido convocados para consultas previas, se unía a la preocupación del resto de entidades por la descompensación entre los puntos dedicados a la mejora de los instrumentos para las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado y los centrados en garantías hacia las víctimas. Por otra parte, la asociación abunda en el temor a que el plan implique un incremento de la presión hacia quienes ejercen la prostitución voluntariamente y se pide un esfuerzo por cuidar los criterios estadísticos a la hora de cuantificar datos procedentes de los fenómenos tráfico y trata.

Así, además de reforzar las críticas del resto de entidades en cuanto a la amalgama teórica y la mezcla de términos, ejemplifica mencionando el objetivo del plan dedicado a evitar el llamado turismo sexual: “Turismo sexual es un término complejo que alude a realidades muy diferentes y que la mayoría de las veces poco tienen que ver con la trata con fines de explotación sexual. Nos da la sensación de que la labor de sensibilización que prima en este plan está más centrada en socializar y normativizar contra la prostitución o cualquier intercambio de sexo por remuneraciones diversas, que en luchar contra la trata”.

Con este documento, la APDHA refuerza otras de las principales quejas de la Red Estatal, Amnistía, Genera y Hetaira, como la conveniencia de poner el acento en la detección de víctimas sin que medie detención previa y así evitar la ansiedad y el estrés que supone poder ser blanco de actuación policial en cualquier momento, aportando la necesidad de complementar la formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado hacia protocolos de actuación respetuosos, cercanos y discretos con las presuntas víctimas de trata, la dotación de medios económicos suficientes a la víctima detectada y la garantía de que ésta tenga capacidad de decisión sobre las estrategias de protección de su persona, lo que unen al requerimiento de un plazo de reflexión más largo y flexible. Por último, se hace un llamamiento a cuidar la coordinación entre Estado y las ONG, “basada en un apoyo a la capacidad de acción de las mismas (…) y que realmente contribuya a mejorar las estrategias de tratamiento de los casos de asistencia a víctimas”.

Como podemos ver, las propuestas y críticas al Plan de las entidades contempladas coinciden ampliamente en la percepción de las carencias en cuanto a protección de los derechos humanos. Su lectura conjunta, sobre todo en el caso de Genera, Hetaira y APDHA, es un llamamiento a evitar la sobredimensión de los aspectos de control de la inmigración irregular y visibiliza la preocupación común porque el Plan se use para reprimir la prostitución en sí y no tenga efectos reales de disminución de la trata.

 

  1. Aplicaciones e impacto del Plan

Nos disponemos ahora a repasar someramente algunos efectos reales del Plan a partir del análisis de algunas actuaciones institucionales. Aquí avanzaremos también parte de las consecuencias de está teniendo en las vidas cotidianas de las mujeres que ejercen la prostitución.

Para ver la aplicación efectiva del plan tomaremos como guión de exposición el Informe sobre el estado de la situación del plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, editado por el Ministerio de Igualdad en abril de 2010 (14).

En el citado Informe se repasa el estado de desarrollo del Plan por áreas y comienza relatando sobre las medidas de sensibilización, prevención e investigación. En este apartado se informa del encargo de tres estudios: un informe para la descripción del fenómeno de la trata de mujeres en España, sobre la base de un estudio anterior del Instituto de la Mujer (entidad que dirige el estudio y que encarga a un consorcio universitario liderado por la Universidad de La Laguna), otro con las comunidades autónomas sobre recursos y consecuencias para las víctimas (15); y un tercero para analizar el tratamiento judicial de los procesos penales, sobre la base del actual marco normativo (elaborado por el Ministerio de Justicia y remitido el 30 de septiembre a la Secretaría General de Políticas de Igualdad). Ninguno de estos tres estudios ha visto la luz hasta el momento de la redacción de este trabajo.

Por otro lado, respecto a la sensibilización el Ministerio de Igualdad promovió un par de exposiciones itinerantes -una nacional y otra internacional-, una campaña de sensibilización que incluye la distribución de material de denuncia y de sensibilización (posavasos -imagen 1- para locales de ocio y pegatinas), la inserción de un anuncio a media página en periódicos bajo el título “No a la explotación sexual” y una línea de productos publicitarios con este mismo lema.

 

Serie de cuatro posavasos que se encuentran en casi 13.000 locales del Estado realizados para el desarrollo del Plan integral de lucha contra la trata se seres humanos con fines de explotación sexual, diseñados por el Ministerio de Igualdad.

Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2009/11/02. Elaboración propia.

 

Una iniciativa que no aparece en el informe de situación, pues es posterior a su presentación, es el spot televisivo contra la trata de seres humanos para la explotación sexual que comenzó a emitirse en España a partir del verano de 2010. La emisión del spot corresponde al apoyo desde el Ministerio de Igualdad a la campaña “Corazón Azul”, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODD).

En el plan también se mencionaba la eliminación de los anuncios de contactos en los medios de comunicación. En el informe de situación del plan de abril de 2010, se aclara que sólo los periódicos La Razón y El Público habían eliminado esta sección. En la actualidad se trata de una de las líneas fuertes de actuación del Estado, que se debate entre la dificultad de prohibirlos, según ley, y la presión constante hacia los medios al respecto. Ante ellos, algunos expertos alertan que se trata en el fondo de una estrategia de represión de la prostitución y que afecta negativamente las trabajadoras del sexo más autónomas que se anuncian en estos medios. Según Garaizábal (2009), “nos consta por nuestra experiencia, que -los anuncios- son un buen instrumento para la captación de clientela de todas aquellas trabajadoras sexuales que, trabajando libremente y de manera autónoma, no quieren exponerse a hacerlo en lugares públicos. Su prohibición implicaría obligarlas a lanzarse a la calle a buscar clientela o a refugiarse en los clubes, donde tendrían que someterse a las imposiciones de los empresarios, ya que no existe una regulación de estas relaciones laborales” (Diagonal, 29 de octubre de 2009). Mientras tanto, el discurso del Gobierno y de las organizaciones abolicionistas es señalar tales anuncios como promoción de la esclavitud sexual. En palabras de la exministra B. Aído (2010): “Este tipo de publicidad atenta contra la dignidad de las personas y banaliza la prostitución” (Europapress 18 de julio de 2010).

En el apartado de formación se elaboró una unidad didáctica junto al Ministerio de Educación para su uso en los centros de enseñanza y se creó una Red de Cooperación entre las Administraciones Educativas del Estado y los Organismos de Igualdad en materia de igualdad de oportunidades y prevención de violencia contra las mujeres (Red Intercambia) que celebró un encuentro en octubre de 2009 (16).

En cuanto a la información y sensibilización específica en el sector turístico, recordemos que el objetivo hacía mención a la prevención del turismo sexual y la actuación consistió, por una parte, en buscar la coordinación entre el Foro Análisis del código ético mundial para el turismo (CEMT) y la OMT con la Red de expertos iberoamericanos en turismo (con integrantes latinoamericanos, españoles y portugueses) y la organización por parte de la Secretaría de Estado de Turismo de actos en torno al lema “Hacia un turismo europeo socialmente responsable” para promover durante la presidencia española de la Unión Europea la firma de una declaración con alusiones al código ético mundial para el turismo de la OMT y a la prevención de cualquier abuso o explotación de los grupos más vulnerables en Europa.

Por otra parte, y muy en relación con la formación de agentes para la identificación de posibles víctimas y prevención, el informe de situación del plan anuncia la inclusión de la trata como tema de estudio en los cursos de formación para cónsules generales, cónsules y encargados de asuntos consulares y de la elaboración de un programa de formación para la identificación de víctimas para profesionales de centros de estancia temporal (CETI) en Ceuta y Melilla, así como un protocolo de derivación de víctimas a servicios especializados. Las medidas de formación se complementan con las que se anuncian sobre los cambios normativos nacionales e internacionales a funcionarios de carrera fiscal y cuerpos de secretarios judiciales, médicos forenses y abogados del Estado, fuerzas de seguridad y defensa destinadas en misiones de paz, organismos implicados en la lucha contra la trata y de la Administración General del Estado y abogados. En el informe de situación no se especifican los contenidos de estos cursos.

Además, en cuanto a la elaboración de protocolos de detección de víctimas en los ámbitos sanitario, social y educativo, el Ministerio del Interior crea un grupo de trabajo para elaborar dichos protocolos en lo que se refiere a la actuación policial “y previo a estos protocolos el Secretario de Estado de Seguridad ha dictado una instrucción en enero de este año- 1/2010- sobre la aplicación transitoria a las víctimas de trata del artículo 59 bis de la ley orgánica 4/2000 de 11 de enero”. En este último documento se recogen cuatro apartados: (1) Identificación de la víctima e inicio del procedimiento para la concesión del período de restablecimiento y reflexión, (2) resolución sobre el período de restablecimiento y reflexión, (3) derivación de la víctima y (4) propuesta de exención de responsabilidad administrativa, autorización de residencia y trabajo por razones excepcionales y retorno asistido (Proyecto Esperanza 2010).

Siguiendo con la detección de la trata, el informe de situación anuncia la medida estrella: el comienzo de los trámites administrativos para un nuevo sistema automatizado de control de fronteras que “permitirá cotejar la huella e imagen facial del portador del documento a través del chip integrado en el mismo y comprobar la existencia de eventuales reclamaciones judiciales o policiales, dejando constancia de los movimientos de entrada y salida”. Además, se confirma el incremento de inspecciones por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en lugares y establecimientos donde se ejerce la prostitución.

Según los datos del propio Ministerio, a través del CICO, en 2009 se desarticularon 158 redes o grupos de traficantes en operaciones en las que se detuvieron hasta 726 personas y “en cuanto a las víctimas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han identificado durante 2009 a 1.301 personas, un 41% más que en 2008. El 95% eran mujeres, el 50% con edades comprendidas entre los 23 y 32 años y 13 menores de edad. El 50% estaba en situación irregular” (17).

Quizá sea este el aspecto que más afecta a la vida cotidiana de las trabajadoras del sexo. A pesar de los esfuerzos por elaborar códigos de buenas prácticas y el estudio del crimen organizado que anuncia el informe de situación, las afectadas por la presión policial mantienen una actitud de rechazo a los cuerpos de seguridad del Estado; a la policía la perciben como una enemiga, en lugar de una aliada a la que acudir. Según Amnistía Internacional “en ausencia de procedimientos adecuados de identificación, el primer contacto de las víctimas con funcionarios/as del Estado se produce habitualmente en el marco de actuaciones policiales de control de la migración irregular, en locales de ejercicio de la prostitución o en la calle. Generalmente, las fuerzas de seguridad, en esta primera intervención, no siguen ningún protocolo de cara a identificar a víctimas de trata y (…) los agentes policiales habitualmente inician desde el primer contacto con las víctimas un procedimiento de expulsión, incluso en los casos en que éstas se muestran interesadas en presentar la denuncia. En este supuesto, el expediente queda en suspenso durante la tramitación del procedimiento judicial” (Amnistía Internacional 2009: 40). A colación de este tema, en el informe de situación que estamos usando como guía, se aporta que la protección de víctimas de estancia irregular se cubre con la inclusión en la Ley de Extranjería el artículo 59bis, donde se contempla el período de restablecimiento y reflexión de 30 días concedido a la víctima de trata dispuesta a colaborar en el procedimiento penal, con autorización de estancia temporal durante el mismo y suspensión del expediente sancionador incoado o de la ejecución de las medidas de expulsión o devolución acordadas. Queda, sin embargo, pendiente, el cumplimiento de la Directiva 2004/81/CE, de 29 de abril de 2004, relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de la trata de seres humanos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal, que cooperen con las autoridades competentes.

Todo esto demuestra que, a pesar de las manifestaciones procedentes del Ministerio en su Informe, sobre la realidad se sigue actuando sin protocolos y usando la detención de irregulares como estrategia para después intentar de identificar víctimas de trata en comisaría. Y ello apunta a que no se innova en la práctica en las estrategias básicas que ya se usaban en 2003: “Las supuestas operaciones desarticuladoras de redes terminan siendo en realidad, al fin y al cabo, operaciones de control de extranjeros enmarcadas en la Ley de Extranjería (…) que muchas veces pueden concluir con la expulsión de las mujeres (…). Paradójicamente, es ahora cuando las mujeres se convierten realmente en víctimas; víctimas de operaciones policiales represivas con las que las fuerzas policiales o algunos de sus máximos responsables buscan titulares de prensa espectaculares, publicitarios y laudatorios” (Solana 2003: 111-112).

Unos meses antes de la redacción primera de este trabajo, finales de mayo de 2010, la UCRIF de la Policía Nacional desarrollaba una actuación en el Poniente almeriense que tuvo amplia difusión en prensa (18). Durante los meses posteriores a esta intervención, nos encontrábamos realizando trabajo de campo en la zona para nuestra investigación, pudiendo contrastar la información aparecida en prensa con algunas mujeres detenidas, otras muy cercanas a ellas y testigos presenciales de los hechos, periodistas que tratan de cubrir la noticia y que consiguen información muy concreta, directamente de la UCRIF, y abogados de oficio que atienden a las detenidas. Así, pudimos saber que, tras varios meses de investigaciones (basadas, sobre todo, en intervención de teléfonos móviles) a raíz de la denuncia de una supuesta víctima de trata, la Policía Nacional encontró conexiones entre personas -nigerianas y españolas- asentadas en Madrid y el Poniente que hablaban explícitamente de movimientos irregulares de mujeres de unos lugares a otros de España. Las investigaciones desencadenaron en la actuación del 20 de mayo de 2010, que consistió en 15 entradas en viviendas diseminadas en el Poniente almeriense y el casco urbano de Roquetas de Mar, con el objetivo de desarticular una red que supuestamente se dedicaba a forzar a mujeres a ejercer la prostitución. El balance de la redada quedó en 54 detenciones por infracciones a la ley de extranjería y 21 por delitos penales (75 detenciones en total). Estos últimos referidos, fundamentalmente, a falsedad documental, asociación ilícita y relativos a la prostitución (proxenetismo), entre otros. En total, fueron 75 personas detenidas.

La totalidad de las mujeres con las que pudimos hablar nos relataron su sensación ante lo que vivieron como agresión: Nos decían “¿Porqué la policía viene y nos trata así? Nosotras buscando la vida, ¡siempre miedo!, ¡miedo de policía!” (nigeriana, 24 años, Roquetas de Mar). Planteaban constantemente preguntas sobre las razones que llevaban a la policía a detener a sus compatriotas, mostrando así su incomprensión y su falta de información sobre el objetivo real de este tipo de intervenciones, que no hacían más que alimentar sus temores más inmediatos: ser detenidas y, en el peor de los casos, deportadas. Algunas mujeres afirmaban que no entendían por qué la policía va directamente a buscarlas a ellas en los locales donde trabajan: “Pero siempre molestan a las chicas, ¿por qué siempre a las chicas?” (nigeriana, 22 años, Roquetas de Mar). Con estas preguntas muestran su percepción de ser más susceptibles de ser detenidas que sus compatriotas hombres y otras mujeres que no ejercen la prostitución. “Sí, sí, pero no estamos haciendo nada, ¡sólo buscando la vida! Por qué viene así, grita a la gente, llevando a la gente a la cárcel, no puedes llamar por teléfono, ¡no puedes recoger tus cosas!” (nigeriana, 22 años, Roquetas de Mar). Se observa, pues, la incoherencia percibida por las mujeres: si el objetivo de la policía es ayudarlas, ¿por qué se las llevan a la cárcel?

De esta manera, constatamos que el uso de la detención como estrategia de detección plantea una gran contradicción, pues dificulta que quienes se ven como posibles objetos de estas intervenciones comprendan las mediadas adoptadas y ello supone -paradójicamente- un obstáculo para combatir la prostitución forzada. Quien debe sentirse objeto de protección se sitúa como víctima de una actuación policial que no entiende y que, por encima de todo, teme.

Otro elemento discordante y que provoca rechazo es el saber que se es susceptible de ser detenida por cometer infracción contra la Ley de Extranjería y que ello puede tener como consecuencia un interrogatorio acerca de quienes han promovido el viaje ilegal a España y sobre las condiciones en que se ejerce la prostitución. La mezcla entre ambas cosas desconcierta y alimenta la sensación de temor hacia la policía.

Por ende, a mujeres potenciales víctimas de trata se les abre muy frecuentemente un procedimiento de expulsión y, si no deciden colaborar con las autoridades, pueden ser expulsadas del país y muestras de que esto forma parte de nuestra cotidianidad son estos titulares periodísticos: “Expulsada una nigeriana embarazada presunta víctima de explotación sexual” (Europapress 17 de marzo de 2010), “Una presunta víctima de trata internada un mes en el CIE de Málaga” (Ameciopress 18 de agosto de 2010).

Volviendo a la aplicación del Plan, una de las propuestas más importantes era la reforma del Código Penal (que ha entrado en vigor el pasado 21 de diciembre de 2010), introduciendo el nuevo Título VII bis, dentro del Libro Segundo, con el art. 177 bis, denominado De la trata de seres humanos, dedicado expresamente a  su tipificación y abordaje y al decomiso de los productos, instrumentos y bienes relacionados con el delito (19). El texto en concreto, que tipifica el delito, reza como sigue:

“1. Será castigado con la pena de cinco a ocho años de prisión como reo de trata de seres humanos el que, sea en territorio español, sea desde España, en tránsito o con destino a ella, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima nacional o extranjera, la captare, transportare, trasladare, acogiere, recibiere o la alojare con cualquiera de las finalidades siguientes: a) La imposición de trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud o a la servidumbre o a la mendicidad; b) La explotación sexual, incluida la pornografía; c) La extracción de sus órganos corporales.

  1. Aun cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado anterior, se considerará trata de seres humanos cualquiera de las acciones indicadas en el apartado anterior cuando se llevare a cabo respecto de menores de edad con fines de explotación.
  2. El consentimiento de una víctima de trata de seres humanos será irrelevante cuando se haya recurrido a alguno de los medios indicados en el apartado primero de este artículo”

Actualmente están en fase de estudio dos reformas más: por una parte, de la Ley de enjuiciamiento criminal y el desarrollo reglamentario de la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de Protección a testigos y peritos en causas criminales, a fin de para ampliar las medidas cautelares en relación con el delito de trata de seres humanos, como el hecho de contemplar expresamente a las víctimas de trata en materia de prueba anticipada y, por otra, la modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia jurídica gratuita, con objeto de proporcionar a las víctimas de trata de seres humanos un sistema de asistencia jurídica inmediata y la rápida disponibilidad de un intérprete.

Además, se han editado folletos para las potenciales víctimas -donde figura información y un teléfono de información y asesoramiento en diversos idiomas- y profesionales. Por otra parte, se realizan convocatorias de subvenciones para la protección y asistencia integral de mujeres víctimas de trata. También, siempre según el informe de situación, el Ministerio de Trabajo ha priorizado los programas dirigidos a mujeres inmigrantes víctimas de trata con fines de explotación sexual.

Los últimos aspectos sobre los que el informe de situación llama la atención son, por un lado, la elaboración de una base de datos, por parte del CICO, específica sobre trata a partir de información remitida tanto por los cuerpos de seguridad del Estado como por la ertzaintza, mossos d’esquadra y policía foral de Navarra; y, por otro, la inclusión en el Plan Director 2009-2012 de Cooperación Española, de determinadas líneas y actuaciones para establecer o reforzar los marcos regulatorios en materia de protección social de las personas migrantes contra la trata.

Finalmente, es subrayable el tono de satisfacción y autocomplacencia del desaparecido Ministerio de Igualdad con respecto a esta fase de aplicación del Plan que se muestra en sus líneas finales: “En definitiva durante el primer año de aplicación del Plan se puede concluir que existen mejores instrumentos legales para la persecución del delito, ha crecido la concienciación y la sensibilización sobre el problema, conocemos mejor el fenómeno, las mujeres cuentan con más recursos de protección y se han podido desarticular más redes ligadas a delitos de crimen organizado”.

 

  1. A modo de conclusión

En España, la puesta en práctica de un Plan contra la trata para la prostitución forzada era un asunto, sin lugar a dudas, necesario, además de un requerimiento internacional imposible de obviar. Sin embargo, creemos que también lo es continuar la andadura sin abandonar la reflexión, la evaluación constante y el espíritu de autocrítica ante resultados adversos.

Por un lado, parece importante profundizar en el uso de los términos, aclarando a qué nos referimos cuando hablamos de trata de seres humanos y cuáles son las consecuencias de centrarse en sólo una parte de este fenómeno. Estas consecuencias no son sólo importantes para el ámbito de la investigación, sino también para el sociopolítico, si realmente nos importan las consecuencias que su desarrollo tiene sobre las personas más vulnerables. El Estado, actualmente, desarrolla un plan de intervención únicamente para lo que llama Trata de seres humanos con fines de explotación sexual, partiendo, además, de una visión abolicionista que señala la mera existencia de la prostitución como origen del problema, lo que ha llevado a adoptar algunas medidas más encaminadas a eliminarla que a detectar situaciones de vulneración de derechos humanos básicos en el ejercicio del mismo.

Por otro lado, tanto las observaciones de entidades de la sociedad civil que se encuentran cerca de las personas más vulnerables a la prostitución forzada (como la Red Española Contra la Trata, o las asociaciones Hetaira, Genera, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Amnistía Internacional), como lo que hemos podido recabar a través de nuestro trabajo de campo, plantean dudas sobre la idoneidad de las estrategias de identificación y protección de posibles víctimas y sobre la jerarquía de prioridades del Estado a la hora de anteponer el control de fronteras y la inmigración irregular a dicha identificación, protección y garantía de los derechos humanos.

 

 

Notas

  1. La UNODC señala precisamente el que la trata pueda darse dentro de un mismo Estado como una de las diferencias fundamentales entre este fenómeno y el tráfico ilícito de migrantes (ONUDD, 2011). En Internet:
    http://www.unodc.org/southerncone/es/trafico-de-pessoas/index.html
  2. Trabajo de campo que emana de la realización de una tesis doctoral por parte de Estefanía Acién, en proceso de redacción, bajo la dirección del Dr. Francisco Checa. Este trabajo surge a partir de una experiencia de intervención social de la mano de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que se remonta al año 2001 (ver Acién y Majuelos, 2003).
  3. Cita que se atribuye en el Plan a la Unión Europea, en abstracto, sin aportar la fuente concreta.
  4. Se citan en especial: (1) las conclusiones y recomendaciones de 2003 aprobadas por la Comisión Mixta Congreso-Senado de los Derechos de la Mujer; (2) “Diversas Proposiciones No de Ley presentadas y aprobadas por los diferentes grupos parlamentarios durante la pasada legislatura y más recientemente”; (3) el Plan de la Unión Europea sobre mejoras prácticas, normas y procedimientos para luchar contra la trata de seres humanos y prevenirla de 2005; y (4) las conclusiones y recomendaciones aprobadas en 2007 por la Ponencia sobre la situación de la prostitución en nuestro país constituida en el seno de la Comisión Mixta Congreso – Senado para los derechos de la mujer y la igualdad de oportunidades.
  5. Incluye tres acciones de investigación: (1) un estudio sobre la trata de mujeres con fines de explotación sexual en tránsito o con destino a nuestro país y su relación con los fenómenos migratorios; (2) un estudio para analizar el tratamiento judicial de los procesos penales relacionados con la trata desde la aprobación de la ley orgánica 11/2003 y (3) elaboración de un estudio sobre las consecuencias de la trata en las víctimas, modelos de intervención para la recuperación y mapa de recursos existentes.
  6. Para ello se propone: (1) la inclusión de la trata de seres humanos como asunto prioritario, en las reuniones del funcionariado consular, agregados/as y funcionariado de enlace del Ministerio del Interior con destino en los países de origen; (2) inclusión del uso de identificadores biométricos en la expedición y verificación de visados y permisos de residencia; (3) implantación en todo el territorio nacional de los nuevos sistemas y mecanismos de control para la detección de situaciones de trata en puertos, aeropuertos y medios de transporte; (4) planificación e intensificación de las inspecciones en lugares de riesgo potencial de TSH; y (5) denuncia de situaciones de trata y explotación en los ámbitos sanitario, social y educativo.
  7. La Red Española contra la Trata está compuesta por organizaciones nacionales e internacionales que trabajan en España y surgió en enero de 2006. Actualmente, en su página web aparecen como miembros catorce organizaciones: Afromujer Andalucía, Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AETI), Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida (APRAMP), Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Fundación Tierra de Hombres, Instituto de estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA), Médicos del Mundo (MdM), Mujeres en Zona de Conflicto (MZC), ONG Rescate Internacional, Proyecto Esperanza, Red Cántabra contra el Tráfico de Personas y la Explotación Sexual, Save the Children y Women’s Link Worldwide. En la red:
    http://www.redcontralatrata.org
  8. Así lo establecía el Plan de acción de la OSCE contra la trata de seres humanos, pág. 18; y se recogía en la Directiva 2004/81/CE del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de la trata de seres humanos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal, que cooperen con las autoridades competentes (art. 5).
  9. Amnistía Internacional es una organización de ámbito universal con sedes en 150 países presente en España desde 1978. Es una organización considerada actualmente punto de referencia por sus denuncias discrecionales y sus rigurosos informes periódicos: http://www.es.amnesty.org
  10. Genera es una ONG que, según sus palaras publicadas en la página web: “busca la redefinición de los roles sociales desde una perspectiva de género a través de la defensa y reivindicación de los derechos de las mujeres partiendo del ámbito del trabajo sexual” (http://www.genera.org.es). Entre sus publicaciones existe el Manual de profesionalización de trabajadoras sexuales (2008) y la revista Punto-G de Información sobre el trabajo sexual, editada para distribuirla fundamentalmente entre trabajadoras del sexo.
  11. Hetaira es una organización madrileña compuesta por mujeres que reivindican derechos para las trabajadoras del sexo (http://www.colectivohetaira.org). Entre sus aportaciones más interesantes al debate social están la promoción de la Plataforma por los Derechos en el Trabajo Sexual y la organización de dos jornadas de debate por los derechos de las prostitutas, en mayo de 2004 (actas editadas por C. Garaizábal y M. Briz en 2007) y recientemente en octubre de 2010.
  12. En cuanto a las definiciones, vuelven a reiterar su preocupación por la confusión entre prostitución y explotación sexual: “podría llevarnos incluso a impedir y coartar el derecho de asociación de muchas personas que ejercen prostitución y que justamente podrían organizarse (asociaciones, cooperativas, sindicatos) contra la trata” y añaden más adelante que “Existe una clara criminalización de las mujeres que ejercen prostitución sin coacción ni violencia que podría tener consecuencias directas e inmediatas en sus derechos elementales” por lo que es necesario “centrar el debate en la propia actividad delictiva que es la trata de persona con fines de explotación sexual”.
  13. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía es una entidad de ámbito andaluz (http://www.apdha.org). En la actualidad los perfiles con los que la organización trabaja más intensamente son: minorías étnicas, pobres, personas inmigradas, presos y sus familiares y trabajadores/as del sexo. El grupo de trabajo sobre prostitución de APDHA se encuentra en cinco provincias andaluzas (Almería, Granada, Málaga, Córdoba y Bahía de Cádiz) y pertenece a la Plataforma por los Derechos en el Trabajo Sexual, siendo la única entidad con fuerza suficiente para ser considerada como referencia de la línea por los derechos en Andalucía.
  14. Véase: http://www.migualdad.es
  15. En el informe de situación del Plan informaban de ciertos resultados preliminares: “Como resultado de este estudio se han identificado en todo el Estado siete centros específicos de atención a víctimas de trata con fines de explotación sexual, concentrados en cinco provincias de tres comunidades autónomas (Madrid [3], Extremadura [2], Cantabria [1], Castilla-La Mancha [1]). Junto a estos siete centros existen otros 55 que atienden a víctimas de explotación sexual junto a mujeres que se encuentran en contextos de prostitución, repartidos en 22 provincias de 16 comunidades autónomas. Por último, se han detectado al menos una docena de instituciones y organizaciones públicas o privadas, que, aunque no ofrecen recursos específicos ni para víctimas de explotación sexual ni para mujeres prostituidas, atienden a estas personas cuando reciben víctimas de estos crímenes. Una vez realizado este mapa, y ya en 2010, se analizarán los modelos de intervención teóricos y prácticos existentes”
  16. Consúltese: http://www.educacion.es/intercambia
  17. Datos de una nota de prensa emitida por el Ministerio de Igualdad anunciando la presentación del Informe de Situación del Plan, el 23 de abril de 2010. Puede encontrarse en la web oficial del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad:
    http://www.migualdad.es
  18. Consúltense, por ejemplo, http://www.cantabriadiario.com, de 24 de mayo de 2010, con el titular: “La Policía Nacional desarticula en Almería una organización dedicada a la trata de mujeres con fines de explotación sexual”. Con idéntica fecha y muy similar contenido:
    http://www.lacerca.com
    También podemos leerlo en la sección de la Unidad de Relaciones Informativas y Sociales de la página web de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil del Ministerio del Interior:
    http://www.policia.es/prensa/100524_1.htm
  19. Disposición 9953, publicada en BOE núm. 152 de 23 de junio de 2010: Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

 

 

Bibliografía

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2009 “Sexualidad, prostitución y migrantes. Concepciones, posiciones y realidad”, en Francisco Checa y Olmos, Juan Carlos Checa Olmos y Ángeles Arjona Garrido (eds.), Las migraciones en el mundo, Barcelona, Icaria: 251-272.

Acién González, Estefanía (y Francisco Majuelos Martínez)
2003 De la exclusión al estigma, Almería, APDHA.

Amnistía Internacional
2009 España, una vida sin violencia para mujeres y niñas, las otras víctimas de violencia de género: Violencia sexual y trata de personas:
http://www.es.amnesty.org

Asociación Pro derechos Humanos de Andalucía
2008 Análisis de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía acerca del “Plan integral contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual”, aprobado por el Congreso de los Diputados el 12 de diciembre de 2008. En Internet:
http://www.apdha.org
2008b Documento sobre prostitución. Reflexiones para el debate. Disponible en:
http://www.apdha.org

Arango Vila-Belda, Joaquín
2007 “Las migraciones internacionales en un mundo globalizado”, La Vanguardia, Dossier nº22, “El continente móvil”:
http://www.ucm.es/info/gemi/articulos.php

Garaizábal Elizalde, Cristina
2009 “Polémica sobre los anuncios de prostitución: Moralina frente a derechos”, Diagonal, nº 112:
http://www.nodo50.org

Garaizábal Elizalde, Cristina (y Mamen Briz) (eds.)
2007 La prostitución a debate. Por los derechos de las prostitutas, Madrid, Talasa.

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2006, Trata de personas y explotación sexual. Granada, Comares.

Genera
2008 Plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Aportaciones al borrador de medidas. Documento mimeografiado.

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2008 Aportaciones al borrador del plan contra la trata de noviembre de 2008, Asociación Genera y Colectivo Hetaira. Documento mimeografiado.

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2007 “Informe de la Ponencia sobre prostitución en nuestro país”, en Boletín Oficial de las Cortes Generales, Sección Cortes generales, nº367, 13 de abril: http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CORT/BOCG/A/CG_A367.pdf

Congreso de los Diputados
2008 Plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual:
http://www.migualdad.es/ss/Satellite?cid=1244647282488&pagename=MinisterioIgualdad
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2005 Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos:
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2004 “Directiva 2004/81/CE del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de la trata de seres humanos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal, que cooperen con las autoridades competentes”, en Diario Oficial de la Unión Europea, 6.8.2004, L 261/19. Disponible en:
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Ministerio de Igualdad
2010 Informe sobre el estado de la situación del plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. En Internet: http://www.migualdad.es/ss/Satellite?cid=1244647282488&pagename=MinisterioIgualdad
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2009 Informe mundial sobre la trata de personas, UNODC:
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2000 Protocolo para la prevención, supresión y castigo del tráfico de personas, especialmente mujeres y niños que complementa la convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. Documento mimeografiado.

Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE)
2004 Plan de acción de la OSCE contra la trata de seres humanos. Disponible en:
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Osborne Verdugo, Raquel
1988 “Debates actuales en torno a la pornografía y la prostitución”, Papers. Revista de Sociología, nº 30: 97-107.

OSCE. Office for Democratic Institutions and Human Rights
2004 National Referral Mechanisms. Joining Efforts to Protect the Rights of Trafficked Persons. A Practical Handbook:
http://www.osce.org

Proyecto Esperanza
2010 Valoración del nuevo marco jurídico contra la trata de seres humanos. Análisis de casos reales y recomendaciones. Disponible en:
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Red Española Contra la Trata
2009 Valoración del borrador de las medidas propuestas en el plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Documento mimeografiado.

Solana Ruiz, José Luis
2008 “El informe de la ponencia para el estudio de la situación actual de la prostitución en España: Análisis, comentarios y evaluación”, en José Luis Solana Ruiz y Estefanía Acién González (eds.), Los retos de la prostitución. Estigmatización, derechos y respeto, Granada, Comares: 77-150.

Wijers, Marjam
2001 “Política de la Unión Europea sobre el tráfico de mujeres”, en Mariagrazia Rossilli (coord.), Políticas de género en la Unión Europea. Madrid, Narcea: 245-274.

 

(1) Puede consultarse el Plan Integral 2015-18 aquí:

http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/planActuacion/planContraExplotacionSexual/docs/Plan_Integral_Trata_18_Septiembre2015_2018.pdf

 

Día mundial de la dignidad de las víctimas de trata de seres humanos: ¡UTSOPI se compromete contra la trata!

 

Unos días después de la detención de Dodo la Saumure por hechos relacionados con explotación sexual y proxenetismo —de lo que UTSOPI se alegra esperando que este autoproclamado defensor de lxs TDS se quede donde está, es decir en prisión—, nos vemos en la obligación de celebrar el día mundial de la dignidad de las víctimas de trata de seres humanos.

 

Obligadxs, porque preferiríamos que este día no hubiera tenido que existir. Obligadxs, porque nos parece que las soluciones están ahí, pero no son aplicadas por falta de valentía y/o de voluntad política. La trata de seres humanos hunde sus raíces en las políticas mundiales que prefieren las situaciones humanas catastróficas a una verdadera toma en consideración de las personas. Hunde sus raíces en declaraciones como las de Theo Francken, secretario de Estado de N-VA, que tiene la indecencia de cuestionarse la pertinencia de las operaciones de Médicos del Mundo en el Mediterráneo.

 

En el trabajo sexual, conocemos las situaciones de explotación humana. La ausencia de derechos, de política global, de pragmatismo no hace más que alimentar la explotación de las personas, hayan elegido o no venir a Bélgica, hayan elegido el trabajo sexual o no. La cuestión de si son víctimas o son culpables ni siquiera se plantea para muchos de nuestros dirigentes. La acción del 17 de diciembre pasado llevado a cabo por UTSOPI en Bruselas en el barrio Alhambra no ha sido más que una pequeña proyección de luz sobre situaciones exactamente igual de difíciles, es decir dramáticas, unas que otras. Mientras no se conceda derechos a las trabajadoras y los trabajadores del sexo, la puerta seguirá abierta a todas las derivas.

 

En cuanto a la dignidad, lo proclamamos alto y fuerte: ¡todas las personas son dignas! El ejercicio de una actividad como el trabajo sexual, la voluntad de huir de determinadas situaciones o de mejorar su posición económica no ponen en absoluto en cuestión la dignidad de las personas. ¡Sí, las trabajadoras y trabajadores del sexo son dignos! ¡Dignos y con la cabeza alta! Las trabajadoras y trabajadores del sexo, independientes o procedentes de redes de migración o de trata, merecen ser tratado(a)s con dignidad y respeto, como seres humanos de pleno derecho. Ellas y ellos merecen ser escuchadxs, que se oigan sus voces, y que ellas y ellos no sean sacrificadxs en el altar de las ideologías. Es por esta razón que recordamos el artículo primero de la declaración universal de los derechos del hombre (1948): “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Están dotados de razón y de conciencia y deben actuar unos con otros con espíritu de fraternidad.”

 

Una vez más, UTSOPI recuerda que nos posicionamos, nos enfrentamos y lucharemos ahora y siempre contra la explotación, contra las violencias, vengan de proxenetas, de clientes o de las mismas autoridades. UTSOPI recuerda que la única vía para mejorar la vida de las trabajadoras y los trabajadores del sexo, para poner fin a la epidemia de VIH/ETS, para conseguir una verdadera dignidad y un verdadero respeto, es la despenalización.

 

Solidaridad con todas nuestras hermanas y hermanos.

 

El colectivo UTSOPI

 

 

 

 

 

Regularizar el trabajo sexual desde un enfoque de derechos humanos

 

Glenys De Jesús Checo

 

12 de julio de 2017

 

http://blogs.publico.es/otrasmiradas/9504/regularizar-el-trabajo-sexual-desde-un-enfoque-de-derechos-humanos/

 

El debate sobre la prostitución (prohibirla o regularla) no parece terminar nunca. Sin embargo, en los últimos años tengo la impresión de que los grupos que abogan por la abolición con medidas tales como el castigo a los clientes, son las únicas que se escuchan o las que más se escuchan. Esta impresión mía contrasta con el mayor nivel de organización que tiene hoy en día el movimiento por los derechos de las y los trabajadores del sexo en todo el mundo. Esta disparidad me ha llevado a escribir estas breves reflexiones sobre el tema.

Primero, tengo la necesidad de sacar mi bandera, soy feminista. Hago esta declaración de entrada porque es importante para afirmar que no todo el feminismo es abolicionista/prohibicionista. Cuando se habla en términos absolutos afirmando que la posición feminista es el abolicionismo se calla de manera interesada a las voces feministas que sostenemos una posición contraria, sembrando la confusión y la desinformación.

La sociedad capitalista contemporánea se caracteriza de forma notable por su comercialización del sexo. El sexo es un producto de venta, prostitución, juguetes sexuales, pornografía, terapias sexuales de todo tipo, entre otras y; al mismo tiempo sirve para vender de todo: hamburguesas, zapatillas, libros. No obstante, se extrae de este mercado a la prostitución como elemento singular que debe ser erradicado.  A esto se une que el concepto mismo de prostitución se encuentra en disputa e incluso se debate qué cuenta como prostitución y qué no. No está nada claro, por lo que determinar qué se prohíbe tampoco lo está. Todo esto hace muy difícil eliminar la sospecha de que a la base se encuentren posiciones moralistas vestidas de interés social en la demolición del patriarcado.

La prostitución es un fenómeno social complejo y multidimensional que debe ser analizado desde un enfoque interseccional que tome en cuenta el sexo, la raza, la etnia, la nacionalidad, la orientación sexual, la identidad de género, la edad, entre otras dimensiones. Los análisis y aproximaciones que ven a la prostitución como una opresión patriarcal fundamentada solo y únicamente en el género, sobre simplifican, otra vez, de forma interesada. Es simple binarismo de género.

A pesar de esto, vamos a aceptar por un momento el argumento de que la prostitución es simple violencia de género contra las mujeres, de tal manera que hay que luchar contra el fenómeno pero con solidaridad hacia las víctimas.  Lo primero que llama la atención es que existen muchas formas de explotación y violencia dentro del capitalismo que afectan de forma mayoritaria a las mujeres y sin embargo es en la lucha contra la explotación sexual en donde todos los esfuerzos se centran. La explotación en la agricultura, la minería, la industria y el servicio doméstico, son tan despiadadas y violentas como las que ocurren en la prostitución;  también se cruzan con la trata de seres humanos y se caracterizan por su feminización. Pero, de forma sorprendente no reciben la misma atención mediática o teórica y es que, el sexo, vende. Lo segundo es que ninguna de estas posiciones propone medidas concretas para operativizar esta solidaridad que no sea el rescate de las “víctimas” subordinadas o arrepentidas para recolocarlas en un lugar de subordinación capitalista-patriarcal.

Lo que me lleva a aclarar que prostitución y trata no son lo mismo. Repito, no son lo mismo, la trata es un delito grave. Confundir ambos términos y mezclarlos en el debate lo inunda de confusión y sirve de arma para acallar las voces del movimiento por los derechos de quienes ejercen trabajo sexual. De manera más dolorosa, la clandestinidad de la prostitución  dificulta la lucha contra las mafias de la trata.

Las posiciones que abogan por la abolición de la prostitución junto a la solidaridad para con las víctimas eliminan, ignoran y entierran en el olvido las voces de las(os) trabajadoras(es) del sexo, sus formas de resistencia y lucha y sus demandas. Es decir, suprimen su autonomía. La justificación es la idea de que no existen prostitutas sino mujeres prostituidas, es decir, mujeres que no han consentido libremente a la prostitución sino que se ven obligadas a la prostitución. Ahora, si bien no es posible negar que la prostitución es de forma mayoritaria una vía de supervivencia y un trabajo escogido como mal menor y no como opción predilecta, las dificultades de la elección  no pueden servir de base para perpetuar la criminalización (de facto o legalmente reconocida). Todo lo contrario. La falta de opciones que nuestras sociedades  dan  a ciertos grupos de personas, por ejemplo a la población trans, debería llevarnos a modificar las estructuras que perpetúan la desigualdad y trabajar a favor de crear condiciones que impidan la exclusión, no llevarnos a tomar medidas que imposibiliten la búsqueda de una vida digna y eliminen la capacidad de agencia.  El trabajo sexual, desde esta óptica, es una vía válida de resistencia dentro de un sistema patriarcal, clasista, capitalisa, heteronormativo y racista.

No incluir la prostitución como una forma de trabajo dentro del mercado laboral normalizado, perpetúa el estigma, la violencia y la explotación. Las y los trabajadores del sexo han sido reconocidos como uno de los grupos más vulnerables del mundo frente a la violencia privada y la violencia estatal. Esta vulnerabilidad no viene dada por el trabajo sexual, sino por las condiciones de exclusión en que se ven obligadas(os) a realizarlo. Es la falta de protección estatal la que cataliza la violencia al colocar a los trabajadores sexuales en los márgenes de la ley, del mercado laboral y de la sociedad normalizada.

En sociedades basadas en el respeto por la dignidad y los derechos humanos es imperdonable que sigamos ignorando y peor aún, justificando que se violen de manera sistemática los derechos más fundamentales. Pero no cualquier regulación es válida, sólo un enfoque pro-derechos ofrece las máximas garantías laborales, sociales, económicas y jurídicas, como bien sostiene el movimiento por los derechos de las trabajadoras(es) del sexo.  En este sentido, las voces de las personas que viven del trabajo sexual son las voces legítimas en esta discusión y señalan cómo, de no tomarse medidas adecuadas, la regularización puede servir para reforzar aún más la subordinación de las personas en la prostitución  o, para alcanzar otros fines como el control migratorio a través de la persecución de las y los trabajadores migrantes en situación administrativa irregular. Pero, en cualquier caso,  la inclusión del trabajo sexual en el mercado laboral es una las demandas por la dignidad más relevante de nuestro tiempo y no debe ser silenciada. La vida de muchas personas depende de esto.

 

La ley de Alemania pone en peligro a las trabajadoras sexuales

Por un grupo diverso de trabajadoras sexuales activistas con sede en Berlín

8 julio 2016

Https://www.opendemocracy.net/beyondslavery/diverse-group-of-berlin-based-sex-worker-activists/german-law-endangers-sex-workers

La “ley de protección a las prostitutas”, aprobada el 7 de julio de 2016 por el parlamento alemán, es un enorme retroceso para los derechos de las trabajadoras del sexo.

 

Photo by Hydra. All Rights Reserved.

El 7 de julio es un día triste en la historia de los derechos de las trabajadoras sexuales en Alemania. El gobierno aprobó la ProstSchG (ley de protección de prostitutas) en el Bundestag alemán.

Somos trabajadoras del sexo de una variedad de lugares de trabajo y de ambientes. Entre nosotras hay profesionales del sexo en las calles y los burdeles, practicantes tántricas, escorts independientes, trabajadoras del BDSM y muchas más, afiliadas o no a uno o más de los grupos de derechos de las trabajadoras sexuales existentes.

Como profesionales del sexo y expertas en nuestro trabajo, condiciones y vidas, hemos sido inflexibles desde el principio: la nueva ley es muy peligrosa para aquellas a las que se supone que va a “proteger”, es decir, nosotras mismas.

Juntas tratamos de luchar contra la futura ley alemana y sus implicaciones. He aquí por qué: a pesar de las severas advertencias de grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional, Deutsche Aidshilfe, Hydra, la organización profesional nacional de profesionales del sexo, y muchos más expertos, la nueva ley hará obligatorio el registro obligatorio de las trabajadoras sexuales en todo el país.

La ley pretende luchar contra la trata de personas. Pero en lugar de ayudar a las víctimas de este crimen, eleva la estigmatización de las trabajadoras sexuales a un nuevo nivel. El registro forzado a través del asesoramiento obligatorio incluye la evaluación del estado mental por una autoridad estatal e implica que las trabajadoras sexuales (casi exclusivamente referidas como mujeres) son percibidas como seres irresponsables, mentalmente incapaces. Nos oponemos a esta opinión discriminatoria y reclamamos nuestra autonomía para tomar decisiones bien informadas sobre nuestras elecciones de vida y nuestra sexualidad. Somos adultas y nos dedicamos al trabajo sexual consensuado.

“¿Es mentalmente capaz de entender lo que el trabajo sexual le hace a usted?”

Nuestro carnet personal de prostituta será un documento emitido por el Estado incluyendo nuestra foto; nuestra profesión (que es “prostituta”, ya que la palabra “trabajadora sexual” es un poco demasiado moderna para el Estado alemán), nuestro verdadero nombre y dirección, y nos identificará como profesionales del sexo aprobadas por el Estado. Para conseguirlo, nos veremos forzadas a visitar un organismo estatal y a recibir asesoramiento. La autoridad gubernamental que tendrá que tratar con nosotras todavía no se ha revelado, pero lo más probable es que sea la policía o el Ordnungsamt (orden público) los que se encargarán de juzgar si somos lo suficientemente estables mentalmente como para asumir la profesión. Lo estáis leyendo bien: un funcionario decidirá en una charla obligatoria si tienes el cerebro suficientemente amueblado para ser una trabajadora del sexo.

Genial.

No olvidemos también esto: sólo se podrá obtener el carnet de puta si se tiene un permiso de trabajo oficial. Esto excluye por completo a las inmigrantes, las solicitantes de asilo y muchas personas de los otros grupos más vulnerables de la sociedad que participan conscientemente en el trabajo sexual para sobrevivir. No tienes permiso de trabajo, no tienes carnet de puta. Si te pillan haciendo trabajo sexual con el fin de sostenerte a tí misma y a tu familia, serás deportada, muy probablemente a un país en el que el trabajo sexual siga siendo criminalizado y judicializado.

Una vez trabajadora sexual, siempre trabajadora sexual. Nuestro estigma ignorado

Genial, imaginad que conseguimos un carnet de puta. Ahora ya estamos oficialmente registradas como prostitutas en una base de datos del Estado. Todos sabemos que las bases de datos protegidas por el Estado que contienen información confidencial nunca se filtran, ni se piratean, ni se usan mal. Bueno, en realidad, sí que lo son.

Todas nos sentimos muy seguras ahora que hay una gran oportunidad de que, por ahora y por siempre, se nos descubra como trabajadoras sexuales. Esperemos que nunca planeemos trabajar en otro campo profesional, adoptar niños, convertirnos en políticos, viajar libremente o reservar alojamiento en unas vacaciones.

Obligar a las trabajadoras del sexo independientes a volverse dependientes

Pretendiendo “salvar” a las trabajadoras sexuales precarias, la nueva ley suprimirá activamente pequeños lugares de trabajo auto-organizados obligando a los propietarios de burdeles a obtener permiso para sus establecimientos. Tan útil como sería asegurarse sencillamente de que los burdeles cumplieran con los estándares básicos de la industria como la higiene o la seguridad de sus trabajadores, esta parte de la ley también hará imposible que las trabajadoras sexuales auto-organizadas trabajen juntas en equipos de dos o tres en pequeños lugares. Las trabajadoras que decidan compartir un pequeño espacio de trabajo serán consideradas como burdeles. Bajo la nueva ley, las trabajadoras sexuales en interiores tendrán sólo tres opciones:

Una, el trabajo en nuestras propias casas, ya sean alquiladas o en propiedad, e invitar a los clientes a nuestros dormitorios privados, lo que nos volverá potencialmente más vulnerables a los clientes abusivos, la violencia y las redadas policiales.

Dos, solicitar una habitación en un burdel regulado y certificado. Es fácil predecir que sólo unos cuantos burdeles podrán obtener la certificación necesaria por parte de las autoridades estatales. Esto conducirá a una escasez artificial de lugares de trabajo legales. Pensemos un momento en la oferta, la demanda, la explotación laboral y quién será el eslabón más vulnerable de esta cadena capitalista. Probablemente no serán los grandes propietarios de burdeles, sino más bien las trabajadoras. Estaremos atrapadas entre las prácticas de explotación de los grandes burdeles y la ilegalidad, donde nos arriesgamos al abuso y al chantaje de terceros.

 

De hecho, la tercera opción, seguramente la menos deseada, será trabajar ilegalmente. Compartir un piso con una colega para garantizar la independencia y la seguridad estará prohibido, a menos que se obtenga una licencia para poseer un burdel. Lástima que esta decisión será muy costosa y por lo tanto increíblemente difícil de lograr. Las leyes alemanas de regulación de edificios no son fáciles de manejar, pensad tan solo en el papeleo. Sólo las trabajadoras sexuales más capacitadas, pudientes y con conocimientos legales podrán obtener permiso.

 

Aquellas de nosotras que sean más vulnerables, pobres y precarias, aquellas que no tengan permiso de trabajo legal y aquellas que no pasen la prueba mental por falta de alfabetización y habilidades de lenguaje se quedarán en gran parte sin otra opción que terminar en la ilegalidad..

 

La nueva ley probablemente también empujará a muchas de nosotras a trabajar en condiciones inseguras e incluso a ofrecer servicios sin protección. Los clientes que buscan servicios desprotegidos o inhumanamente baratos probablemente buscarán trabajadoras sexuales precarias ilegalizadas en lugar de ir a burdeles legales enormes y controlados.

 

Como trabajadoras sexuales y expertas en nuestro trabajo, condiciones y vidas, hemos sido inflexibles desde el principio: la nueva ley es muy peligrosa para aquellas de nosotras que se supone que serán “protegidas” por esta misma ley y sus creadores. Si nos hubieran escuchado, esta ley nunca habría sido aprobada. Pero seguramente no se pide a los que se quiere proteger qué tipo de protección necesitan. Seguramente, los legisladores y los políticos de partido lo saben mejor. Bueno, en realidad, no.

Amsterdam: la mentira de “My Red Light”

 


Felicia Anna
12 de mayo de 2017

 

http://behindtheredlightdistrict.blogspot.com.es/2017/05/the-bullshit-of-my-red-light.html

 
Me prometí a mí misma que nunca más prestaría atención a My Red Light. Pero hoy de nuevo hay una tormenta mediática sobre My Red Light, que me ha molestado tanto que sencillamente necesito escribir sobre ello, a fin de establecer un montón de cosas ciertas.

Comencemos con lo primero y lo más importante. My Red Light debía ser un burdel dirigido por trabajadoras del sexo. Bueno, eso falló. Es tan sencillo como eso. Hay una junta entera de los llamados “expertos” en un “Consejo de Supervisión” que tienen el verdadero poder y control sobre este burdel. Estas personas incluyen a personas de organizaciones de ayuda tales como el Fondo de Ayudas de SOA, HVO Querido, un ex fiscal, un dueño de barra / restaurante y gente de ese tipo. Pero no hay trabajadoras del sexo, aparentemente porque no somos lo suficientemente inteligentes para hacer esto, ¿verdad? No somos lo suficientemente instruídas, ¿verdad? Porque todos siempre tratan de ofrecernos algún tipo de educación, como si fuéramos mudas o sin educación o algo así. ¡Poco saben ellos que muchas trabajadoras del sexo que trabajan en el Distrito de la Luz Roja terminaron sus estudios secundarios, tienen un grado o incluso terminaron la universidad!

Trabajadoras sexuales que participaron en este proyecto desde el principio fueron rechazadas para realizar trabajos de dirección del burdel porque no pasaron el “casting”. En otras palabras, no fueron consideradas “suficientemente buenos” para dirigir el burdel. En lugar de escoger a una trabajadora del sexo con experiencia detrás de las ventanas al menos para ser la gerente, a quien finalmente eligieron para ser gerente de My Red Light fue a uno de los otros operadores de burdel. Estoy confundida. Pensé que esos eran la gente que nos trató tan mal que necesitábamos abrir nuestro propio burdel, y ¿ahora los contratan como gerentes?

Las afirmaciones de que My Red Light es un burdel donde las mujeres no necesitan un chulo y no dependen de los operadores de burdeles son una mentira. En primer lugar, las mujeres en el Distrito de la Luz Roja no necesitan un proxeneta, es por eso que tenemos a la policía. También están sugiriendo que otros burdeles están llenos de chicas con proxenetas y no debería ser así, pero también es una completa mentira. Tienen la misma probabilidad de tener chicas trabajando allí con un proxeneta que cualquier otro burdel.

El argumento de que gracias a My Red Light las trabajadoras del sexo ya no dependerían de un operador de burdel es un argumento que incluso un niño de 3 años puede ver que es falso. My Red Light ES un operador de burdel. Así que sí, todavía seguimos dependiendo de operadores de burdeles, ahora con My Red Light como antes, ¡nada ha cambiado! Sendillamente pretenden ser mejores, lo que también me hace preguntarme por qué necesitan hacer eso, si realmente son mejores.¿Problemas para encontrar chicas para alquilar sus habitaciones, gente? ¿Es ésa quizás la razón que usted necesita para llamar tanto la atención? ¿Y es ésta la razón por la que ninguna de las chicas que conozco quiere trabajar allí?

¿Las condiciones de trabajo serían mejores? Eso también es una mentira. Las condiciones de trabajo son las mismas, ya que hacen exactamente lo mismo que otros operadores de burdeles. No hay nada nuevo en esto. Son sólo otro burdel nuevo, eso es todo. Las condiciones de alquiler son en su mayoría las mismas o mucho peores que con otros burdeles.

Por ejemplo:
Quiero alquilar una habitación. En My Red Light esto me costará 160 euros. Pero dos de los mayores operadores de burdeles me ofrecen una habitación por 150 ó 155. Así que son más caros. ¡Diablos, incluso hay operadores de burdeles que alquilan habitaciones por 130! Así que eso no es ciertamente una mejora, son el precio promedio. Así que no hay mejoras.

Segundo ejemplo:
Quiero alquilar una habitación para toda la semana, pero quiero un día libre. En otros burdeles me dan un día libre y no tengo que pagar, algunos incluso ofrecen 2 días libres. En My Red Light esto es lo mismo.

Tercer ejemplo:
Quiero ir de vacaciones por un mes. En My Red Light no puedo, porque sólo te permiten 3 semanas de vacaciones máximo. Pero con mi prostíbulo actual podría incluso ir por 2 meses tal vez y no sería un problema. Así que eso es mucho peor.

Cuarto ejemplo:
Quiero dejar mi trabajo, porque realmente no quiero seguir haciendo esto. En mi actual operador de burdel puedo irme, sin más. Pero en My Red Light tienes que cancelar tu habitación ¡con una semana de antelación! En resumen, ¡te están obligando a trabajar una semana más! ¡Pensé que este proyecto tenía como objetivo estar en contra de obligar a las mujeres a trabajar, no hacerlo proactivamente!

Quinto ejemplo:
Me enfermo y necesito quedarme en la cama por un par de días. Con mi actual operador de burdel no tengo que pagar por mi habitación. Pero en My Red Light tengo que pagar los dos primeros días que estoy enferma. ¡¿Cómo es esto mejor ?!

Así que las condiciones de alquiler no son mucho mejores, sino ligeramente peores en el mejor de los casos. Incluso te obligan a trabajar cuando quieres dejarlo, por tener que cancelar con una semana de antelación, ¡una regla que ningún otro operador de burdel tiene!

Y por supuesto también te ofrecerán otra vez cursos para hacer otra cosa, un programa de salida básicamente. Como si no hubiera suficientes programas de salida y organizaciones que se ofrecen prostitutas para encontrar otro trabajo. Gente, ¡en serio! ¿Es eso lo único en lo que se os ocurre? ¿Es una prostituta, así que tenemos que rescatarla? Porque las condiciones de alquiler ciertamente no son mejores que en otros burdeles y tampoco lo son sus precios o la forma en que tratasteis a las trabajadoras del sexo involucradas en este proyecto.

Y luego hablemos de la decoración de My Red Light. Un “arquitecto” lo diseñó, como si fuera un programa espacial de la NASA. Vamos gente, es un burdel de ventana, ¡no es tan malditamente difícil! ¡¿Pero adivina que?! ¡Se las arreglaron para incluso joder eso! ¡Hicieron las habitaciones negras! ¡De todos los colores que pudieron haber escogido, eligieron negro como color para una profesión nocturna! Y la única manera en que pudieron compensar sus habitaciones negras, fue bombeando una mierda de luz intensa para ganar algo de atracción. ¡¡¡Pero las luces son apenas perceptibles !!! ¡En una habitación negra!

O lo que es aún peor. En ell callejón que tienen, no hay luces rojas en el exterior. Sólo una linterna grande con luz blanca. Así que la gente va a pasar por ese callejón pensando que no hay nada allí, porque no hay luz roja en ese callejón. Especialmente porque no ha habido nada en este callejón por años. Diablos, solía haber grandes luces rojas en los lados del edificio en este callejón. ¿Por qué no las dejaron ahí? ¿Por qué las quitaron? ¿O al menos reemplazarlas con luces rojas led o algo así? ¿Pero no hay luces rojas en el exterior? ¿Sólo una linterna blanca gigante? Tal vez deberíais haber llamado a este proyecto Mi Luz Blanca. Es la única luz realmente notable que tienes de todos modos.

Y yo tampoco entiendo. Utilizas las mismas enormes linternas de los otros edificios. Pero las luces rojas que has puesto en ellas dan menos luz. Y las tiras de led con luz roja en el interior también son apenas visibles. ¡Qué demonios!, ¿tienen miedo de poner luces rojas en su burdel o algo así?

En serio, todo acerca de este proyecto es jodido. Las condiciones de trabajo son peores. Estáis presionando a otros operadores de burdeles haciéndoles ver como criminales, pero los contratáis para que trabajen para vosotros como gerentes. ¿Pretendéis ser un burdel mejor que otros, cuando vuestras condiciones de alquiler son iguales o peores? Y me estoy hartando mucho por el hecho de que seguís presionando a otros burdeles, y con eso a otras trabajadoras del sexo, para promocionaros vosotros. Si sois realmente tan buenos como decís, no necesitaríais eso. Pero aparentemente es la única manera como sabéis trabajar, chicos. Porque un buen negocio no necesita promoción, es un negocio que se promociona él solo.

Comparecencia de Hetaira en la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de violencia de género

 

Colectivo Hetaira·Martes, 9 de mayo de 2017

 

Madrid, 08/05/2017

 

Gracias al Grupo Confederal de Unidos Podemos, En comú Podem En Marea por la invitación a comparecer en esta Subcomisión. Comparezco en nombre de Hetaira -colectivo que trabaja desde hace ya 22 años en defensa de los derechos de las prostitutas en nuestro país- y que forma parte del Movimiento Feminista de Madrid, de la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW), de la Red Internacional Europea TAMPEP, del Comité Internacional por los Derechos de Trabajador@s Sexuales en Europa (ICRSE), de la Coordinadora Estatal de VIH-Sida (CESIDA), de la Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual, de la Plataforma Estatal por los Derechos de las Personas Trabajadoras del Sexo, de la Plataforma CEDAW Sombra España y de la Plataforma No Somos Delito, entre otras.

 

La creación de esta subcomisión es un paso más para tratar de hacer frente a la violencia machista y esperamos que las recomendaciones que finalmente se hagan llegar al Gobierno sirvan para mejorar la asistencia a las víctimas de violencia de género y evitar más muertes y agresiones machistas. No obstante, no vale con que el Gobierno tome nota de las recomendaciones que de esta subcomisión salgan, sino que éste deberá hacer un esfuerzo para garantizar que algunas medidas se pondrán en marcha dentro un marco legislativo adecuado y que lógicamente contarán con un presupuesto económico. No parece que vaya a ser así a la vista de los Presupuestos Generales del Estado aprobados. Lo lamentamos profundamente. Lamentamos sobre todo que se pierda energía y tiempo en “debatir”, pero no en “poner en práctica” y “en hacer”. Porque también habremos hecho perder recursos a la sociedad española.

 

La ley contra la violencia de 2014 adolecía de algunos problemas. Así se lo hicimos saber en su momento las asociaciones feministas al Gobierno socialista. A pesar de ello, la ley supuso un gran avance y hubo consenso sobre la necesidad de un cambio cultural y de mentalidad. Sin embargo, se abandonaron las propuestas a largo plazo, aquellas basadas en la prevención en la educación o en la formación de profesionales en los diferentes sectores implicados. Lo que quedó en pie, finalmente, fue la parte penal.

 

Tampoco puede servir el Pacto de Estado para pasar a denominarle a cualquier situación discriminatoria contra las mujeres como “violencia machista. Por ejemplo cuando oímos expresiones del tipo: “Cobrar menos por un trabajo de igual valor es violencia”. Creemos que hemos de ser rigurosas, porque si metemos todas las situaciones discriminatorias en un mismo saco estaremos haciéndoles un flaco favor a las “víctimas reales de violencia de género”.

 

El “impulso masculino de dominio” no es el único factor desencadenante de la violencia sexista. Tenemos que seguir poniendo en cuestión, además, las estructuras familiares (núcleo de privacidad que amortigua o genera todo tipo de tensiones); el papel de la educación religiosa y sus mensajes sobre el amor; la falta de educación afectivo-sexual de menores y adolescentes que ayuden a resolver los conflictos futuros, etc.

 

Apostar exclusivamente por la filosofía del castigo sobre el autor concreto de una agresión concreta significa no repensar las sociedades en las que vivimos, no querer ver las responsabilidades de los Gobiernos y de las políticas públicas puestas en marcha por éstos para tratar de evitarlas.

 

La imagen exclusiva de “víctimas” tampoco ayuda a la lucha colectiva por los derechos de las mujeres pues no tiene en consideración nuestra capacidad de resistencia, de hacernos un hueco, de generar autoestima y empuje solidario entre nosotras.

 

Incluso en los casos de violencia de género o de víctimas de trata es importante reforzar la autonomía y la capacidad de decisión de las implicadas. Los movimientos feministas siempre cuestionaron el tutelaje y la falsa protección basada en considerar a las mujeres como “eternas niñas” necesitadas de protección por un Papá/Estado.

 

El conocimiento y el trabajo con mujeres concretas y diversas nos ha enseñado como éstas pueden dar la vuelta, y de hecho se la dan, a las situaciones de subordinación con las que pueden encontrarse. Y como escribía Gayle S. Rubin: “Los márgenes y los bajos fondos pueden ser un lugar de rebeldía”.

 

Contar con los relatos de las víctimas de violencia de género nos sigue pareciendo una de las mejores fórmulas para encontrar estrategias y posibles soluciones. Conocer de primera mano sus necesidades (que pueden ser distintas dependiendo de cada mujer, de cada caso) debería ser una prioridad.

 

Nuestra comparecencia está centrada en materia de trata y prostitución.

 

Trata de personas

 

¿Tiene algún sentido incorporar medidas concretas contra la trata en una ley de violencia de género o en un Pacto de Estado? ¿Se trata de una buena herramienta o, por el contrario, tendríamos que enmarcarla en otro contexto para proteger a las víctimas de trata y luchar contra el delito? Desde Hetaira creemos que tendríamos que separarlo por responsabilidad política y por ser más eficaces a la hora de prevenir y atajar tanto la violencia de género como la trata.

 

La trata de mujeres es una manifestación de la violencia de género. Y figura -gracias a las presiones de muchas ONG’s- como delito en el Código Penal español desde hace unos años. Además puede conllevar otros delitos también tipificados ya en nuestra legislación

 

La trata de personas se da en muchos sectores económicos, no sólo en prostitución. Nos la encontramos en la industria textil, en la agricultura, en la mendicidad, en matrimonios forzosos, en el servicio doméstico. Y son víctimas de trata tanto menores como personas adultas (mujeres y hombres cis, mujeres y hombres trans). La CEDAW pide explícitamente que se tipifiquen todas las manifestaciones de trata (y no sólo aquellas que se dan dentro de la industria del sexo).

 

Una ley integral de lucha contra la trata (que viene reclamándose desde 2012) tendría que garantizar la protección y la recuperación integral de las víctimas y debería abordar la lucha contra la trata desde una perspectiva de derechos humanos. Nos faltan datos, siempre nos falta conocer cuántas personas se encuentran en situación de protección, cuántas personas están viviendo en lugares seguros, cuántas personas han accedido a permisos de trabajo y residencia, cuántas personas consiguieron la condición de asilo por ser víctima de trata (se cuentan con los dedos de una mano, con un poco de suerte, de las dos) cuántas personas han sido indemnizadas por el sufrimiento causado (sabemos que ninguna).

 

La persecución del delito se está haciendo, pero no se está trabajando con el mismo ímpetu en la protección de las víctimas y en poner en primer plano los derechos humanos. Contamos con ejemplos dolorosos, como las expulsiones de posibles víctimas de trata de los CIE’s; víctimas que no han recibido protección sino que han sido contempladas como migrantes sin papeles.

 

Correr el riesgo de saturar los juzgados de violencia de género con casos tan complejos como el de la trata no nos parece una buena idea.

 

Otro problema con el que nos encontraríamos es que el delito de trata, por lo general, traspasa fronteras. Por tanto la persecución del delito fuera de nuestras fronteras exige investigar en otros países y colaborar con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de esos países.

 

Nuestras recomendaciones/propuestas al Gobierno en este punto son las siguientes (exponemos sucintamente algunas cuestiones):

 

. identificación de las víctimas de trata con garantías, no siendo consideradas migrantes sin papeles.

 

. el plan contra la trata debe extenderse a todas las situaciones y dejar de denominarse “de mujeres y niñas con fines de explotación sexual”;

 

. que la colaboración con las autoridades policiales no sea una condición indispensable para poder recibir protección. Es inaudita la existencia de la “contraprestación” en el delito de trata.

 

. indemnizaciones económicas para las víctimas

 

. contar con la opinión y el trabajo de las ONG especializadas.

 

. seguir gastando ingentes cantidades de dinero institucional para explicar que la trata es un delito (algo que toda la sociedad entiende), nos parece un despropósito cuando aún faltan recursos habitacionales para las víctimas, un ingreso mínimo que les permita sobrevivir en un ambiente relajado, etc, etc… Prioricemos los recursos, acojamos a las víctimas, persigamos el delito y transmitamos todo esto a la sociedad. Es la mejor manera de mostrar la realidad y que se comprenda. No podemos delegar el problema de la trata en la “conciencia ciudadana”.

 

. derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana (ley mordaza) que, como bien saben (porque se aprobó en el Parlamento) multa indiscriminadamente a quienes ejercen la prostitución en espacios públicos y a sus clientes. Y en ocasiones, a víctimas de trata.

 

. por último, exigimos recursos públicos, dependientes de las instituciones.

 

La prostitución es un trabajo

 

En la prostitución hay machismo. También hay machismo en la política. Pero Vds. eso ya lo saben, es a lo que se dedican y conocen perfectamente quién se sienta en cada escaño, ¿verdad? Las prostitutas soportan el machismo como lo soportan Vds., las políticas, o las periodistas o las profesoras universitarias o las cajeras de los supermercados. Y se hace lo que se puede, colectiva e individualmente. Vivimos en sociedades machistas. Es lo que tenemos en común.

 

El Gobierno español, en los dos últimos años, ha reducido la deuda gracias al aumento del PIB, un aumento que ha venido por contabilizar la entrada de dinero de la prostitución. ¿No les parece impresentable que no se reconozca legalmente la legitimidad del trabajo sexual, que no se reconozcan los derechos de estas personas y que por el contrario se contabilice el “supuesto” dinero que mueve? A nosotras sí.

 

El grupo de expertos en materia de trata de la Unión Europea, GRETA, insiste en que la prostitución no equivale automáticamente a trata. Esta distinción es imprescindible tanto para abordar la trata en toda su complejidad como para encontrar soluciones a la hora de acabar con la discriminación que sufren las prostitutas.

 

La prostitución por decisión propia no es violencia, es el trabajo, la actividad económica para muchas personas que reorganizan sus vidas en función del intercambio de servicios sexuales por dinero. Este intercambio se produce entre gente adulta y con mutuo consentimiento.

 

¿Tiene algún sentido seguir repitiendo que “la prostitución es violencia de género”, al tiempo que mantenemos la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida por ley mordaza, que multa a quienes ejercen la prostitución en los espacios públicos, el sector más débil?

 

¿tiene sentido mientras seguimos manteniendo discriminadas a las personas que la ejercen: discriminadas a la hora de poder alquilar una vivienda o pedir un crédito, trabajadoras sin derechos laborales, sin derecho al paro, soportando situaciones laborales que contravienen todas las legislaciones posibles, sin derecho a una pensión de jubilación…?

 

¿qué pensamos hacer con las mayores que dejaron su vida en la calle?

 

¿la propuesta de incorporar la prostitución a una ley contra la violencia de género supondría la inmediata supresión de las multas por la ley mordaza?

 

¿supondría que las prostitutas pasarían a ser víctimas de violencia de género? ¿con qué beneficios? ¿tendrían asegurado las prostitutas su nivel económico de ser así?

 

Pero, como bien podrán imaginar, no estamos en absoluto de acuerdo con la incorporación de la “prostitución” en un futuro Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La prostitución decidida no es violencia de género, sino una actividad económica para muchas mujeres que llevan tiempo reclamando derechos laborales para acabar con las malas condiciones en que se ejerce y con el estigma que pesa sobre ellas por dedicarse al trabajo sexual.

 

Amnistía Internacional está pidiendo la despenalización del trabajo sexual a nivel mundial. Sus últimos informes publicados, hace justo ahora un año, recoge a través de sendas investigaciones las violaciones de derechos humanos que sufren las trabajadoras y los trabajadores sexuales en Noruega, Argentina, Hong Kong y Papúa Nueva Guinea. Les recomiendo que lean, al menos el informe sobre Noruega y la persecución que están sufriendo quienes ejercen. Entre otras muchas cosas, sufren “desalojos inmediatos” de sus viviendas y de sus espacios de trabajo.

 

Las trabajadoras del sexo, como la mayoría de nosotras, buscan la manera de vivir lo mejor posible dentro de las opciones que la vida les ofrece. Y, por supuesto, deciden. En esta medida, la oferta de servicios sexuales es un trabajo para ellas, trabajo que debe ser reconocido legalmente, acabando con la hipocresía que hoy existe al respecto y articular los derechos sociales y laborales que se desprenden de ello. Los mismos derechos sociales y laborales de los que ya disfrutan sus señorías (permisos de maternidad, vacaciones pagadas, protección frente al desempleo, días libres, etc…).

 

Seguir negando esto y mantener a las prostitutas en la situación de discriminación actual contribuye, entre otras cosas, a que sigan siendo explotadas laboralmente, perseguidas y acosadas por la Policía y sufriendo abusos y agresiones de cualquiera que se lo proponga.

 

El proceso de estigmatización que sufren las trabajadoras sexuales hace que por el hecho de ejercer la prostitución se las considere una categoría particular de personas: “traumatizadas”, “trastornadas”, “víctimas extremas de las circunstancias” y lo que es peor sin capacidad de decisión sobre sus propias vidas.

 

El aumento de la presencia de migrantes trabajadoras sexuales ha sido la excusa perfecta para el desarrollo de políticas represivas en materia de prostitución y su aceptación por parte de las instituciones políticas. El hecho de que generalmente lleguen de manera irregular, sin papeles, así como el que se dediquen al ejercicio de la prostitución en un país donde no está reconocida como “actividad económica” favorece todo tipo de abusos sobre las inmigrantes que cuentan con menores recursos económicos. Esta situación ha servido de pretexto para definir la prostitución como violencia de género, no teniendo en cuenta las condiciones que favorecen que algunas prostitutas sufran diferentes formas de violencia sino considerando que es la prostitución en sí y, por lo tanto, los hombres con su demanda lo que hace que estos abusos sean posibles.

 

Discriminación es también la invisibilidad que soportan las prostitutas autoafirmadas y organizadas desde hace décadas a nivel mundial. Este sector de mujeres autoafirmadas, profesionalizadas y que se reivindican a sí mismas con orgullo, es el que se quiere ocultar cuando se habla de la prostitución desde una óptica victimista y sobreprotectora, asimilándola toda a violencia de género, al indefinido concepto de “esclavitud sexual” o a la trata. Palabras con fuertes resonancias emocionales pero que sirven de poco para entender las diferentes situaciones que se dan en el ejercicio de la prostitución. Sirven para hacer demagogia pero no para empoderar a las trabajadoras del sexo, a las que se niega su capacidad de decisión, su libertad y su autonomía para hacer con su cuerpo lo que quieran.

 

Para Hetaira lo importante sigue siendo estar cerca de quienes ejercen por decisión propia y entender y apoyar sus estrategias de supervivencia.

 

Hay partidos políticos que abogan por la erradicación de la prostitución. Pero ¿en qué se han concretado sus políticas públicas allá donde han gobernado (en ayuntamientos y comunidades autónomas)?

 

. En sus programas jamás vemos un plan de acción que contemple medidas sociales que puedan beneficiar a las prostitutas que voluntariamente desearan abandonar la prostitución, por los motivos que sea, muchas veces por no soportar el estigma social. Tan sólo se han puesto en marcha, en ocasiones, tímidos talleres y cursos a los que han podido acceder una cantidad ridícula de mujeres y que no les ha permitido abandonar la prostitución. Cursos de formación limitados, en muchas ocasiones, a trabajos precarizados y con una contraprestación económica insuficiente, que impide que dejen la calle.

 

. poniendo en marcha normativas cívicas ciudadanas (que multan a clientes, lo que significa castigar a las mujeres dejándoles sin fuente de ingresos); o normativas que multan a ambos o aplicando la ley mordaza;

 

. gastando cantidades ingentes de dinero público en campañas que “criminalizan a los clientes” y, por ende, a quienes ejercen;

 

 

. escribiendo guías con recomendaciones dirigidas a los medios de comunicación que hasta niegan a las mujeres la posibilidad de autodefinirse como trabajadoras del sexo.

 

. a hacer ruido ante el Consejo de Estado sobre la prohibición de publicidad de los anuncios de prostitución en los medios de comunicación. Intento baldío en el siglo XXI y con Internet al alcance de toda la población.

 

Poca cosa, poco serio, ¿no les parece? Y lo peor, ninguna de estas políticas públicas han tenido nunca en cuenta a sus protagonistas, las trabajadoras del sexo.

 

Cualquier plan contra la violencia hacia las mujeres, pero que suponga más “violencia institucional” contra algunas de ellas, en este caso las prostitutas, será un fracaso, un fracaso del Parlamento y un fracaso del feminismo y jamás contará con nuestro apoyo.

 

Si afirmamos tan contundentemente que la prostitución es violencia de género ¿qué deberíamos exigir para las “supuestas víctimas”, las prostitutas? ¿resarcirles económicamente por el sufrimiento causado?

 

Comparar trata (donde la voluntad de la víctima es nula) con prostitución por decisión propia es un ejercicio de cinismo. Comparar el sufrimiento de la trata frente a la decisión de quienes deciden ejercer la prostitución es pura demagogia.

 

La prostitución no es violencia de género, sin embargo, las prostitutas, en ocasiones (y además de sufrir violencia institucional) sufren y pueden sufrir agresiones por el hecho de ser mujeres. Y en este caso sí reclamamos medidas de protección para ellas.

 

Sólo por recordar, hace años nos vimos obligadas a denunciar que los servicios de atención a las víctimas de violencia de género dependientes del Ayuntamiento de Madrid no estaban atendiendo a mujeres que ejercían la prostitución y que querían denunciar a su compañero afectivo o sentimental, porque se consideraba que se trataba de su “proxeneta”. El estigma de nuevo en marcha. El estigma que considera que una puta no puede tener vida privada, ni una familia ni mucho menos un compañero afectivo.

 

Las políticas públicas nunca contemplaron una sola campaña de sensibilización de no estigmatización a las prostitutas. Exigimos acabar con la estigmatización que pesa sobre ellas (no son delincuentes, no son basura, no se “venden” a nadie), porque esta estigmatización llevará a que más de un indeseable -apoyándose en las propias políticas públicas discriminatorias- decida agredir a alguna de ellas o incluso asesinarla.

 

En la medida en que entendemos la prostitución como trabajo, con características especiales (el estigma entre otros), nuestras recomendaciones al Gobierno pasan por:

 

. normalización del trabajo sexual y derechos laborales y sociales para las prostitutas (de este modo, no ocurriría lo que ocurre a día de hoy día, que los empresarios de clubes de alterne imponen prácticas sexuales y/o clientes, entre otras cosas).

 

. que las migrantes puedan conseguir sus permisos de trabajo y residencia por ser trabajadoras del sexo.

 

. regular las relaciones laborales cuando median terceros. Para ello es fundamental que se derogue la última modificación que se hizo del artículo 188 bis del Código Penal que considera delito “lucrarse explotando la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de la misma”. Este añadido, (“aún con el consentimiento de la misma”) impide los tratos comerciales de las prostitutas en mejores condiciones y enmascara las relaciones que se están dando dentro de los clubes. ¿Por qué no evitar la explotación laboral que sabemos suceden en los clubes? ¿por qué no evitar maratonianas jornadas de trabajo? ¿por qué no normalizar la prostitución como trabajo para garantizar salarios dignos? ¿por qué no prevenir los riesgos laborales? ¿por qué no la existencia de convenios colectivos que regulen la situación?

 

. además de que la ley tenga en cuenta los aspectos básicos como licencias, localización de locales, etc… debería tener también en cuenta los horarios especiales los descansos semanales, separar el lugar del trabajo del lugar donde se vive (algo impensable en cualquier otro tipo de trabajo).

 

. priorizar los locales autogestionados y cooperativas de trabajadoras sexuales.

 

. no conceder licencias a truts o personas individuales que cuenten con antecedentes penales, especialmente por violencia de género o por trata.

 

. la negociación de espacios públicos, a través de políticas persuasivas y no criminalizadoras, de manera que quienes captan a su clientela en la calle puedan trabajar minimizando todo tipo de riesgos (también la de las posibles agresiones de algunos clientes).

 

. respeto al trabajo sexual. Celebración del 2 de Junio, Día Internacional de las Prostitutas.

 

. dípticos y reparto de materiales en lugares de ejercicio de prostitución contra las agresiones machistas, que las prostitutas sepan que tienen a los Ayuntamientos, a las Comunidades Autónomas y a los Gobiernos de su parte (y no en su contra).

 

. retirada inmediata de la ley mordaza, es imposible depositar tu confianza en quien te persigue y te multa día sí, día también.

 

. celebración del 17D, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Trabajadoras del Sexo.

 

. que se contabilicen las agresiones a las y los profesionales del sexo.

 

. es importante que se avance en el respeto al trabajo sexual y dejar de gastar dinero en discursos estériles. Nuestros adolescentes no necesitan que se les diga que no han de ser “consumidores de prostitución”, lo que necesitan es aprender que el RESPETO es el único camino posible para relacionarse en un encuentro sexual, sea pagado o no y siempre que exista previo consentimiento.

 

En 2016, desde Hetaira contabilizamos, a través de los medios de comunicación, al menos cinco asesinatos de trabajadoras del sexo cometidos en nuestro país. Tres de las víctimas eran mujeres trans. Ninguno de estos delitos puede quedar impune. Ningún asesinato puede ser justificado, tampoco el de las prostitutas. Sus muertes merecen ser igualmente lloradas y reclamadas por los movimientos de mujeres.

 

Muchas gracias por su atención.

 

Redadas contra la prostitución, siete años después

 

Hace casi siete años el Gobierno lanzaba una gran campaña mediática contra la prostitución, a propósito de una macrorredada en Madrid que llamaron “Operación Afrodita”. Un año más tarde, el caso fue archivado porque el juez apreció “proxenetismo no coercitivo”, ya que las mujeres declararon que ejercían la prostitución libremente, lo que no impidió que el magistrado señalara que las mujeres eran “sin duda las principales víctimas del sistema, por más que supuestamente lo consintieran”. Las 30 chicas que estaban sin papeles fueron deportadas.

 

Hoy el caso vuelve a ser noticia (1) porque el Supremo ha condenado al “proxeneta no coercitivo” por fraude fiscal. Publico en esta entrada el comunicado que hizo en su día el Colectivo Hetaira.

 

http://bit.ly/2lUriHI

 

 

Redadas contra la prostitución

 

Comunicado de prensa
Hetaira, colectivo en defensa de los derechos de las prostitutas
Madrid, 27 de julio de 2010

Asistimos, con perplejidad, a una nueva puesta en escena mediática contra la prostitución. La última noticia, la macrorredada en Madrid en diferentes pisos y que se saldó con 350 mujeres “liberadas” según fuentes policiales ha demostrado que lo que se persigue es la prostitución que se anuncia en la prensa escrita, independientemente de que ésta se ejerza de manera voluntaria o sean víctimas de trata.

Desde Hetaira hemos investigado poniéndonos en contacto con mujeres que habían trabajado en esos pisos y  los testimonios que hemos recogido nada tienen que ver con lo que ha salido en los medios de comunicación ni en las noticias filtradas por la policía. Según los testimonios de mujeres que en algún momento trabajaron en ellos, lo único criticable eran las habitaciones que utilizaban para descansar, pero siempre respetaban la elección de las mujeres tanto de los turnos de trabajo como de clientes y de servicios sexuales a realizar. No obstante, seguro que las condiciones laborales serían mejores si la  prostitución estuviera reconocida como una actividad económica legítima (tal y como hizo el Tribunal de Luxemburgo de la UE en 2001) y se regularan las relaciones laborales cuando median terceros, como es el caso de estos pisos. Mientras esto no suceda, las trabajadoras del sexo que trabajan en clubes o pisos a cargo de terceros seguirán sufriendo abusos por parte de los empresarios y unas condiciones que no contemplan totalmente los derechos laborales de las trabajadoras. Pero la explotación laboral (algo que sufre un tanto por ciento muy elevado de trabajadores y más en tiempos de crisis como los actuales) no es lo mismo que la trata o la explotación sexual, un concepto que se ha puesto de moda últimamente y que no se sabe exactamente qué quiere decir.

Parece que el Gobierno está más interesado en los “golpes de efecto”  para  preparar las condiciones para la eliminación de los anuncios de contacto que en defender los derechos de las mujeres que trabajan en la prostitución de forma voluntaria.

El Plan Nacional contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexua,l  contempla acertadamente una serie de medidas de protección para las que son obligadas a ejercer la prostitución. No obstante, su puesta en marcha parece más centrada en la represión y persecución de las mafias que en la defensa de las víctimas.  Si tal y como mantiene el Gobierno central “Todas las prostitutas son víctimas de mafias” no entendemos cómo no se les está procurando protección, un lugar donde estar tranquilas y un periodo de reflexión mínimo de 30 días para que se decidan a denunciar a sus captores. La macrorredada organizada en la última semana en Madrid se saldó, según notas policiales, con 350 mujeres “liberadas”, sin embargo no sabemos dónde están estas mujeres  a día de hoy (no se encuentran bajo la tutela de ninguna ONG), si se encuentran internadas en un CIE o bajo custodia policial. Tampoco sabemos si el Gobierno se replanteará esta “obligatoriedad” de denunciar a cambio de protección. Lo que sí conocemos es que al menos 34 se encontraban en “situación administrativa irregular” y , probablemente, tal y como ha sucedido anteriormente, se les aplicará la ley de extranjería estando expuestas a ser expulsadas de nuestro país. ¿Son víctimas de trata de seres humanos o son trabajadoras del sexo sin derechos laborales que serán expulsadas del país?

Palabras, palabras y más palabras vacías de contenido (“prostitución es violencia contra las mujeres”, “la prostitución atenta contra la dignidad de las mujeres”, “víctimas”, “mujeres liberadas”) se acompañan de medidas que causan una mayor desprotección en quienes ejercen la prostitución por decisión propia:

  • las multas en los municipios se multiplican sin que el Gobierno central intente evitarlo. Las prostitutas han de trabajar el doble para poder pagarlas: ¿son los ayuntamientos los nuevos “proxenetas”? No se quiere ver a las prostitutas en las calles, parques y polígonos industriales pero no se les ofrece ninguna alternativa de espacios donde puedan trabajar con tranquilidad y seguridad. Mientras tanto, los grandes empresarios de clubes de alterne se frotan las manos sabiendo que no tendrán competencia en la calle (donde las mujeres se quedan con todos los beneficios que obtienen). ¿Preferimos, tal vez, que se vayan a trabajar a los clubes, fuera de la vista de la sociedad y donde sí sabemos que existe explotación laboral y unas condiciones abusivas?
  • se trabaja en la idea de prohibir la publicación de anuncios de contacto en la prensa escrita como la “gran” medida para acabar con el gravísimo problema de la trata de seres humanos (¿se prohibirán también los anuncios en televisión, en Internet, en revistas especializadas en sexo para personas adultas?). Si hay mafias organizadas que se publiciten, por favor, aprovechen e investiguen caso por caso para acabar con ellas. Tampoco les interesa a los grandes empresarios de clubes de alterne la competencia de los pisos particulares.
  • las prostitutas lo que necesitan son derechos laborales que las protejan: como trabajadoras autónomas del sexo en la calle o en pisos particulares o bien como trabajadoras dependientes de terceros en los clubes (para lo que habría que modificar el artículo 188bis del actual Código Penal que considera a éstos proxenetas).

Así mismo, exigimos que se pongan en marcha las medidas de protección y los recursos necesarios para defender los derechos de aquellas que son víctimas de trata.

No más abusos contra las prostitutas.

No a la criminalización

Ni multas ni expulsiones

Derechos laborales para trabajador@s del sexo

Protección social para quien desee abandonar la prostitución y

Protección real para víctimas de trata de seres humanos.

 

 

 

1.- http://www.elconfidencial.com/espana/2017-03-16/supremo-carcel-rey-prostitucion-lujo-fraude-fiscal_1345377/

 

 

Rebelión en el burdel: Evelyn, la prostituta atrincherada en su habitación porque quieren despedirla

Lleva 15 años ejerciendo para los mismos jefes que ahora la quieren echar del Club Flowers de Las Rozas (Madrid). El despido tiene carácter de desahucio, porque además de trabajar en la habitación 113, Evelyn vive allí. 

 

Evelyn Rochel se ha atrincherado en la habitación 113 del club de alterne en el que trabaja

Evelyn Rochel se ha atrincherado en la habitación 113 del club de alterne en el que trabaja

 

David López Frías @lopezfrias

03.03.2017

http://www.elespanol.com/reportajes/grandes-historias/20170303/197980217_0.html

 

“Me quieren echar de aquí como a un perro, pero no lo voy a consentir. Este no es sólo mi trabajo. Vivo aquí. Este club es mi casa. Y por eso me he atrincherado en mi habitación”.

Lo cuenta Evelyn Rochel desde la habitación 113 del club de alterne Flowers, situado en Las Rozas (Madrid). Evelyn es una colombiana de 41 años que lleva 15 ejerciendo la prostitución en España, casi siempre para los mismos jefes. Un par de conflictos acaecidos en los últimos meses han llevado a la dirección del club a despedirla. Sin finiquito, sin indemnización, sin haber cotizado y sin derecho a paro.

 

DESPIDO Y DESAHUCIO

Evelyn, como la mayoría de las chicas que trabajan en el Flowers, vive allí, por lo que el despido tiene carácter de desahucio. Irse del club le supondría no tener ni un techo donde dormir. Con lo que no contaba nadie era con que Evelyn iniciase su particular rebelión y se hiciese fuerte dentro de su cuarto. Allí dentro lleva metida una semana.

Ella usa la palabra “atrincherarse” y es casi literal. En el suelo hay maletas, bolsos, bolsas, ropa y todo tipo de enseres personales. Todas sus pertenencias están desparramadas por la habitación, a la espera de que un juez determine qué hacer en este caso. Porque cuando le comunicaron su despido y le dijeron que tenía hasta las 6 de la tarde para abandonar el Flowers, Evelyn fue al juzgado y lo denunció. Ese es, cree Evelyn, el motivo por el que sus jefes no han cumplido aún sus amenazas de echarla del edificio.

 

LA PRIMERA REBELIÓN: EL ORIGEN

Las causas del desencuentro definitivo entre Evelyn y los propietarios del burdel se remontan a finales del año pasado. Evelyn cuenta que “nos endurecieron las condiciones laborales. Antes eran más flexibles, pero en noviembre todo cambió. Nos querían obligar a estar en la barra de 5 de la tarde a 5 de la mañana, sin descanso. Nos impedían comer o cenar a la hora que nosotros tuviésemos hambre”, explica mostrando un ticket azul en el que le especifican a qué hora puede ir al comedor. “Nos obligan a nosotras a limpiar la habitación después de estar con los clientes, porque ahora el servicio de limpieza no viene tan a menudo. Nos cargan con la responsabilidad de cobrarle al cliente 5 euros extra más por cada media hora de uso de la habitación. Y si nos olvidamos, lo tenemos que pagar nosotras. ¡Ah! Y el protocolo con el cliente. Cada vez más severo. Siempre sonrientes y siempre dispuestas para ellos. Tenemos que acercarnos, ser amables con ellos y tenerlos contentos. Son órdenes”, enumera.

Ese cúmulo de nuevas obligaciones unilaterales la llevó a empezar la primera rebelión en el burdel. Quiso sentarse con su jefe para negociar, pero la encargada le negó esa cita. Entonces reunió al mas de medio centenar de prostitutas que trabajan en el Flowers. Las espoleó para amenazar con una huelga y lideró las protestas. “Todas me apoyaron. Cuando el jefe se dio cuenta de lo que se le podía venir encima, aceptó hablar con nosotras”. Al parecer, el propietario desistió en aquel momento de incorporar aquellas normas, aunque a Evelyn le consta que con algunas chicas nuevas sí que las está aplicando. Sea como fuere, Evelyn ganó aquella batalla, pero pasó a estar en el punto de mira. “Me convertí en una persona incómoda para ellos”, recuerda ahora.

 

EL SEGUNDO Y DEFINITIVO EPISODIO

El segundo episodio tuvo lugar el viernes pasado. “Yo estaba en la barra con un hombre que me prometió que iba a subir conmigo. Estuvo una hora sobándome y magreándome mientras hablábamos. Cuando se cansó de meterme mano, me dijo que se largaba y me tiró un billete de 10 euros como propina”. Cuenta Evelyn que ese tipo de comportamientos es habitual en los prostíbulos, “pero a mí ese día me pilló cruzada y le insulté. Le dije que yo no funciono con propinas, y que si él me había prometido que íbamos a subir juntos y ahora no lo cumplía, él no era un hombre sino un mierda”.

Ambos se enzarzaron en una fuerte discusión, a la que acudió el encargado del burdel. “Le preguntó a él qué había pasado. Yo quise dar mi versión pero me mandó a callar diciendo que la única versión que le importaba era la del cliente”, cuenta con rabia.

La resolución de aquel conflicto tuvo lugar al día siguiente. “A las dos de la tarde me citó el propietario para comunicarme, de muy mala maneras, que me echaba a la calle. Además, como quería que aquello fuese ejemplarizante, llamó a una persona de cada departamento para que estuvieran presentes: a una de las chicas, una de las limpiadoras, uno de seguridad… Y allí mismo, con todo su público, me dijo que tenía hasta las seis de la tarde para abandonar el edificio. Fue muy humillante”, explica.

 

DENUNCIA EN EL JUZGADO

Visto el carácter definitivo de la medida, Evelyn decidió no acatar la decisión. Se fue al juzgado e interpuso una denuncia por estar sometida a condiciones de esclavitud. Luego volvió a su habitación y comunicó que no pensaba marcharse de allí.

“Lo que hicieron fue, entre otras cosas, anular mi acceso a la máquina de pagar”. Evelyn se refiere al ticket que tiene que adquirir cada día, por 90 euros, en concepto de alquiler de la habitación. Evelyn corrige ese extremo: “Eso es lo que dicen ellos, que es por la habitación. Pero en realidad yo pago 90 euros al día por trabajar. Si fuese por la habitación, a mi me tratarían como a un huésped. Pero no es así. A mí me obligan a bajar a trabajar 12 horas seguidas y me prohíben que vaya a cenar cuando tengo hambre. Si quiero toallas limpias, las tengo que pagar. Si quiero sábanas limpias, lo mismo”.

Anulando su método de pago, los propietarios del burdel podrían echarla por no abonar su estancia. Evelyn se fue a ver al propietario y le dejó los 90 euros en metálico enicma de la mesa, pero él no le quiso coger el dinero. Mantuvieron una tensa reunión y Evelyn acabó llamando a la policía para ponerlos en conocimiento de la situación. “Vinieron y hablaron con él; a mí los agentes me dijeron que no valía la pena denunciarle porque iba a quedar en nada”.

Desde entonces, ha decidido no salir de la habitación 113, que no tendrá más de 15 metros cuadrados. Tiene un baño compartido con otra compañera y un pequeño balcón con unas ‘preciosas’ vistas a la autovía. Tiene miedo a salir por si al volver no la dejan entrar, le han cerrado la puerta o le han cambiado la cerradura. Cuenta que los primeros días eran sus compañeras las que le subían alimentos a escondidas, pero que después le comunicaron desde la dirección del Flowers que le iban a permitir bajar al comedor. Dice que tiene el apoyo moral de sus compañeras, que están bastante nerviosas con todo este asunto. Tiene el apoyo moral pero, en contra a lo que sucedió con la rebelión que ella misma lideró en noviembre, en esto está prácticamente sola.

 

LA PROSCRITA DEL BURDEL

Llegar a la habitación de la proscrita de un burdel no es tarea fácil. Me cito con ella a las 7 de la tarde en el interior club. Como ella no puede bajar hasta la sala a recibirme, urde un plan para que nos veamos: yo tengo que hacerme pasar por un cliente y esperar en la barra. Una compañera suya me identificará y ambos subiremos a la habitación. Pero cuando lleguemos a la primera planta, yo me meteré en la 113 a hacer la entrevista. Evelyn sólo me dice el nombre y el color de pelo de la chica que vendrá a buscarme.

A las 7 de la tarde de un día laboral ya contabilizó a más de una veintena de hombres en la pequeña discoteca que es la planta baja del Flowers; una oscura sala con luces de muchos colores, una gran barra central y el volumen de la música muy alto. Pago 11 euros por una cerveza y me pongo a mirar el pelo de todas las mujeres del lugar. Un pequeño contacto visual (o a veces ni eso) provoca que la chica se acerque sonriente, empiece a hablar conmigo y se ponga a tocarle la espalda. Efectivamente, el protocolo del que me habló Evelyn se cumple a rajatabla.

En 5 minutos rechazo educadamente la compañía de una chica búlgara, una brasileña y otra colombiana. Allí no viene nadie a recogerme. Suena el teléfono y Evelyn me cuenta que su amiga no va a bajar porque está con un cliente. Me toca ir solo. Aunque en este tipo de locales no es normal que un cliente suba a las habitaciones sin compañía, ella me da instrucciones para llegar al ascensor por mi cuenta y me dice que me estará esperando en la primera planta, que no hable a nadie ni mire a nadie por el camino.

Finjo hablar por teléfono y me meto en el ascensor. A la salida me espera una chica rubia en ropa interior que me pregunta dónde voy tan solo. No parece colombiana. Es rubia y tiene acento del este de Europa. A tres metros, otra mujer muy morena me hace señales desde la puerta de la 113. Esa es Evelyn.

 

“PAREZCO UN REFUGIADO”

Entro en la habitación y miro todas sus pertenencias tiradas por el suelo. Sonríe con amargura. “Parezco un refugiado, ¿verdad? Estas son todas mis cosas. Soy como las tortugas, voy con la casa a cuestas”. Me lo dice en voz muy bajita, porque ahora que ella no está autorizada a trabajar allí, no colaría que estuviese con un cliente.

Hablamos en susurros durante dos horas, en las que me cuenta que se vino de Barranquilla (Colombia) al País Vaco hace 18 años, por amor. Que la relación no salió bien y decidió buscarse la vida. Por un cúmulo de circunstancias, acabó dedicándose a la prostitución. “Encontré un libro que se llamaba ‘Guía secreta de España’ en la que salían casi todos los puticlubs del país. Como yo en España ya no tenía a nadie, me daba igual dónde ir. Cerré los ojos y puse el dedo al azar en una página. Me tocó Empuriabrava (Girona). Allí me fui a un club en el que tenía que darle el 40% de lo que cobraba a mis jefes”.

De allí fue a parar al mítico Riviera de Castelldefels, el que fue el prostíbulo más grande de Cataluña y propiedad de los dueños del Flowers. Para ellos ha estado trabajando los últimos 15 años. “Yo estuve en la última redada del Riviera, que la policía nos marcaba a las chicas con rotulador para controlarnos, como los nazis a los judíos”, recuerda. Pasó por otro burdel de los mismos propietarios antes de llegar al Flowers, y aquí ha estado trabajando (y viviendo) los últimos dos años y medio de su vida. “Sábados, domingos, Navidad, fin de año… No es justo que ahora me echen por quejarme de una vejación. Y menos así, como un perro”.

 

SIN PARO NI COTIZACIÓN

Evelyn sabe que esta situación tiene que llegar a su fin, pero no piensa moverse de la 113 hasta que el juez se pronuncie. “Dirá que no es competencia suya, porque lo presenté en un juzgado penal. Pero así al menos hago tiempo”, explica. También reconoce que no tiene objetivos a corto ni a medio plazo. “¿Dónde voy yo? Esto es mi casa. Y oficialmente no he trabajado. No tengo paro ni años cotizados. Como mi trabajo no existe, yo no existo”, lamenta, recordando que “lo que sí me toca es pagar. Yo ejerzo porque estoy dada de alta en autónomos como vendedora. Mentimos por nuestros jefes. Y aquí ahora no me cobran la habitación, pero hasta ahora he estado pagando 2.700 euros al mes por poder trabajar. Les he pagado, según mis cuentas, 109.200 euros en los últimos 4 años y medio y habrán ganado como un millón y medio de euros conmigo desde que trabajo para ellos. Pero el jefe el otro día aún tuvo la cara dura de decirme que lo que estaba haciendo no era ético”.

Lo que sí que tiene claro es que no hay posibilidad de solucionar el conflicto entre ella y su jefe. “Aquí me han humillado y me han tratado como a un animal. Yo no vuelvo a trabajar para él”, asegura. Se enfurece cuando recuerda que “por culpa de mi trabajo estuve a punto de morir en mayo. Como tenemos que lavarnos las partes íntimas muy a menudo, la flora se debilita. Me cogió un dolor intensísimo al vientre que era insoportable. No fueron ni para llamar a una ambulancia. Me montaron en el coche del chico de mantenimiento y me soltaron en el centro de salud, como a un bulto. El médico que me atendió me diagnosticó una peritonitis y me mandó al hospital Puerta del Hierro. Casi me muero. Y así me tratan ahora”.

La pregunta que le suelen hacer a Evelyn es: “¿Por qué no te fuiste?”. Y ella siempre responde lo mismo: “Porque no hay adonde ir. En todos los clubes ponen las mismas condiciones”. Cree que este tipo de problemas vienen “por la situación en la que estamos las prostitutas en España. Recuerdo que en la última redada vino gente de una ONG que ayuda a las chicas. Me dijeron que me buscase un trabajo digno. Mire, mi trabajo ya es digno aunque a usted le moleste. Yo lo único que quiero son los derechos que tiene cualquier persona. Y esto sólo lo consigue la ley. Así no podemos estar. Que sigan con la hipocresía y prohíban la prostitución. O que se conciencien y la regularicen con todas las de la ley. Pero tal y como estamos ahora no podemos seguir. Porque no existimos. No somos personas”.