Inmigración de Nueva Zelanda deporta a inmigrantes que realizan trabajo sexual ilegal

 

Por LAURA WALTERS

6 de junio de 2018

https://www.stuff.co.nz/national/politics/104458021/immigration-new-zealand-deports-migrants-engaging-in-illegal-sex-work


El ministro de Inmigración, Iain Lees-Galloway, dice que detener la explotación de los inmigrantes es una de sus principales prioridades.
DAVID UNWIN / STUFF

 

El ministro de Inmigración, Iain Lees-Galloway, dice que detener la explotación de los inmigrantes es una de sus principales prioridades.

El ministro de Inmigración Iain Lees-Galloway dice que está “extremadamente preocupado por las numerosas denuncias de trata sexual”, ya que Immigration New Zealand (INZ) deporta docenas de trabajadoras sexuales ilegales.

Durante los últimos tres años, INZ ha notificado avisos de deportación a 38 personas con visas temporales que fueron descubiertas realizando trabajo sexual.

De esas 38 personas, 27 han sido deportadas o se han ido voluntariamente, mientras que las otras 11 esperan la resolución de su caso.

Las deportaciones y advertencias se producen a la vez que el Gobierno sigue haciendo de la explotación de los trabajadores inmigrantes una prioridad, pero el Colectivo de Prostitutas dice que la ley que prohíbe que las personas con visas temporales realicen trabajos sexuales es discriminatoria, y la deportación es estigmatizante.

Lees-Galloway dijo que estaba preocupado por la trata sexual y la explotación de trabajadoras sexuales, y le había pedido al INZ que le diera actualizaciones regulares sobre su trabajo en el área.

“Es un asunto que Immigration New Zealand toma muy en serio y estoy satisfecho de que están haciendo grandes esfuerzos para acabar con estas prácticas.

“Eliminar la explotación de los inmigrantes es una de mis principales prioridades.

“Debemos hacer todo lo posible para proteger a las personas vulnerables mientras están en Nueva Zelanda”, dijo.

La Ley de Reforma de la Prostitución de 2003 prohíbe a cualquier titular de visa temporal en este país realizar servicios sexuales.

El gerente de INZ, Peter Devoy, dijo que la agencia sabía que las inmigrantes temporales que incumplían las condiciones de su visa trabajando en la industria del sexo eran “vulnerables a la explotación por parte de empleadores y clientes sin escrúpulos”.

La agencia tenía procesos de selección para evitar que las personas ingresaran al país, y para rechazar las visas, si hubiera motivos que sugirieran que su verdadera intención al viajar a Nueva Zelanda era trabajar en la industria del sexo.

En este año, hasta febrero de 2018, se había impedido la entrada a Nueva Zelanda a 132 presuntas trabajadoras sexuales ilegales, ya fuera negándoles el embarque en un vuelo o negándoles la entrada a su llegada.

Sin embargo, INZ no sabía que había una preocupación específica de que la gente eligiera a Nueva Zelanda como un destino para trabajar ilegalmente en la industria del sexo, dijo Devoy.


Dama Catherine Healy dice que el Gobierno está estigmatizando a las mujeres deportadas por dedicarse al trabajo sexual.
KEVIN STENT / STUFF

 

Mientras tanto, la coordinadora nacional del Colectivo de Prostitutas, Catherine Healy, dijo que la explotación de las trabajadoras sexuales que violaban sus condiciones de visa era generalizada.

En dos casos, las mujeres habían acudido al Colectivo de Prostitutas para denunciar que habían sido violadas. Otras dijeron que el pago les había sido retenido.

Un informe internacional publicado por la Alianza Global contra el Tráfico de Mujeres (GAATW) no encontró pruebas contundentes de trata de personas en la industria sexual de Nueva Zelanda, y Healy dijo que no conocía que hubiera trata sexual, pero sí abuso contra las trabajadoras sexuales inmigrantes ilegales. .

El Colectivo trabajó con trabajadoras sexuales, policías y profesionales de la salud para asegurarse de que las mujeres tuvieran un lugar seguro donde informar de cualquier problema sin temor a ser estigmatizadas o deportadas.

Healy dijo que el escenario ideal sería cambiar la ley “discriminatoria” para permitir que las personas con visas temporales se dediquen al trabajo sexual, ya que sí estaban autorizadas para participar en cualquier otro tipo de trabajo durante su estancia en Nueva Zelanda.

Las que operaban en la clandestinidad eran más vulnerables a la explotación, dijo.

Este aparente renovado enfoque en aquellas mujeres que operan ilegalmente se produce cuando el gobierno ha prometido acabar con la explotación de trabajadores inmigrantes como parte de su promesa preelectoral, lo que se esperaba que contribuyera en cierta medida a reducir las cifras netas de migración.

Si bien la mayoría de los inmigrantes conocía las reglas cuando se trataba de trabajo sexual, había habido alguna confusión reciente, y el trabajo sexual figuraba en la lista de empleos calificados del sitio web de INZ, según los informes de NZME.

La ocupación no estaba en la lista de escasez de titulaciones, sino en una lista derivada de la lista de clasificación estándar de ocupaciones de Australia y Nueva Zelanda (ANZSCO). La ocupación ha sido eliminada de la lista de empleos calificados.

Healy dijo que, mientras toma medidas enérgicas contra la explotación, el Gobierno estigmatiza a las mujeres que son expulsadas por trabajo sexual. Fueron enviados a casa —algunas eran estudiantes y no pudieron terminar su calificación— con una marca negra junto a su nombre, y el estigma de ser deportadas por dedicarse al trabajo sexual. En algunos países eso tendría un efecto negativo en sus vidas, dijo.

Healy dijo que el gobierno podría hacer cambios en esta área para ayudar a reducir la explotación, sin estigmatizar ni discriminar a las trabajadoras sexuales. Dijo que le gustaría tener la oportunidad de participar en una conversación.

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Hola puta

 

  • Que haya víctimas de trata no hace menos legítimos los reclamos por derechos de las putas en activo
  • Se está llamando esclavas a miles de mujeres que han convertido a la puta en su identidad política

 

Por Gabriela Wiener

10 de diciembre de 2017

https://www.eldiario.es/zonacritica/Hola-puta_6_717138287.html

 

Hace muchos años contraté a una puta. Lo hice con mi marido pero en realidad yo era la más interesada –él tenía sus remilgos– porque me moría de ganas de tener sexo con una mujer in media res y tenía dinero, que ganaba como periodista –ahora con mi sueldo de periodista no podría permitírmelo–. En fin, era un servicio a domicilio. Llamamos por teléfono y vino a casa. En esa época y en ese país donde vivíamos no abundaban las prostitutas que atendieran a hombres y mujeres, ni a parejas, pero al final la encontramos. Aquella vez fue muy lindo. Recuerdo que nos reímos mucho con esa chica, que intercambiamos nuestra ropa sexy como jugando a ser la otra. Volvimos a llamar una vez más, aunque ya no hubo tanto feeling.

La última campaña española contra la prostitución #HolaPutero, me interpeló, porque –aun guardando las distancias entre mi corta experiencia de putera y la de un consumidor habitual de sexo con prostitutas–, me ponía automáticamente en la categoría de alguien que, según el vídeo, había contribuido con su granito de arena a la desigualdad de género en el mundo, “comprando mujeres, comprando esclavitud”.

Mientras no dejaba de parecerme loable que el mensaje viral pusiera por una vez el foco sobre el cliente y no sobre la mujer trabajadora –finalmente, es lo mínimo que podría esperarse de sus creadoras, activistas feministas–, cada vez me iba chirriando más cómo una problemática compleja como la del trabajo sexual se iba reduciendo a un a favor y en contra, e ignorando que en el “hola putero” estaba implícito el “adiós, puta”.

Es lo que, desde que empezó a circular la campaña, han venido señalando, a través de sus redes, las trabajadoras sexuales organizadas: la usurpación de su lugar en esa lucha. Aunque la reivindicación es vieja, hay muchas caras nuevas denunciando la “putofobia” fuera y dentro del feminismo.

Georgina Orellano, la impresionante líder de las prostitutas argentinas, ha dicho más de una vez que “ser feminista es darle derechos a otras mujeres y la oportunidad de elegir cosas que no necesariamente elegiríamos para una”. Según Georgina, todo lo que les pasa no les pasa por ser putas sino por ser mujeres. “¿Tenemos que explicarles otra vez que esto es trabajo?”, clama. “En la calle se sigue llevando la policía a las compañeras. Y en la calle la policía no te pregunta: ‘¿sos abolicionista, sos reglamentarista, sos pro-sex, sos puta feminista? Te llevan presa igual”.

En los países latinoamericanos, abolicionistas de pura cepa, el uso del espacio público para el trabajo sexual está criminalizado. Hasta el 90 por ciento de prostitutas alguna vez ha sido agredida por la policía, que recibe cada semana de ellas su bono para que las dejen trabajar en paz.

 

El video de #HolaPutero parece dirigirse solo al putero –por cierto, como si fuera el macho oficial, cuando sabemos que tenemos al macho en el despacho de nuestro jefe, en la cama, en el partido en que militamos, en el colectivo del que formamos parte y en cada esquina, es más, que el putero y el que está aquí al lado son la misma persona. No pasa desapercibido, sin embargo, que en este video a todas las putas se les llama esclavas. A la vuelta de hoja del criminal está la víctima. Pero, ¿son víctimas todas las prostitutas? Aunque las haya, en un gran porcentaje, la respuesta es no.

Lo que ocurre aquí es que mujeres que no ejercen la prostitución se están arrogando la potestad de llamar a otras esclavas, cuando estas, que son las que ponen el cuerpo, no se identifican de esa manera. Que haya víctimas de trata no hace menos legítimos los reclamos por derechos de las putas en activo. Se está llamando esclavas a miles de mujeres que han convertido a la puta en su identidad política. ¿No es acaso eso negar su empoderamiento? ¿No es desconocer su lucha social concreta por adquirir ciertos derechos, por sindicalizarse, por buscar más protección y mejoras determinadas en su ejercicio laboral mientras nos encaminamos hacia el tan soñado fin del capitalismo cosificador de la mujer? ¿Por qué no hablamos de cómo nos explota a cada una de nosotras el patriarcado y dejamos que ellas hablen de cómo lo padecen en sus carnes? ¿Las seguimos llamando esclavas?

Si nos vamos a tirar las verdades en la cara para ver quién está siendo verdaderamente consecuente en su lucha contra la feminización de un tipo de trabajo como traba para la igualdad de género, me pregunto cuántas feministas tienen a una mujer, menos privilegiada, migrante y racializada, limpiándole la casa, cuidándoles los niños o sacando a pasear a sus padres. ¿Les vamos a negar derechos laborales a las trabajadoras del hogar? Claro que no. ¿Para cuándo un #HolaPatrona? ¿Son todas esas mujeres empleadoras unas esclavistas? No, solo las que mantienen regímenes esclavistas. Mientras llega el comunismo feminista, las putas piden lo mismo, nada más y nada menos.

Hay que diferenciar la crítica a la prostitución como sistema de explotación, que involucra a los proxenetas, a las mafias, al Estado, que perpetúa la desigualdad y la cosificación de nuestros cuerpos, con la estigmatización e invisibilización de las putas, en toda su diversidad, las que ejercen libres y las que sufren la trata, las sindicadas y las no sindicadas.

No reconocer sus derechos como trabajadoras es convertirlas en chivos expiatorios de los dilemas que plantea una institución como esa a la sociedad en su conjunto. Si bien hay consenso en que hay que cuestionar un sistema que nos cosifica a todxs, que nos condena a la explotación o a la autoexplotación, en lo que hay que seguir insistiendo es en la necesidad de que se reconozcan derechos laborales a las mujeres que ejercen y quieren ejercer la prostitución y se ofrezcan alternativas de trabajo a las mujeres que no.

 

“¿Hasta cuándo vamos a seguir discutiendo, compañeras”, dice Georgina, “si las que estamos entre cuatro paredes con el cliente, gozando o no, somos nosotras. Si nosotras no nos ponemos de acuerdo, ¿qué carajos les vamos a pedir al Estado? ¿Qué me estás proponiendo, sacarme de una esquina para llevarme a la fábrica?” Al final de su charla TED, Georgina cuenta que hace unos meses su hijo Santino le contó que a la salida del colegio un amigo suyo quiso molestarlo frente al resto señalándolo y gritando: “la mamá de Santino es una puta”. ¿Qué le contestaste? le preguntó ella con el corazón en la boca. Santino le respondió tranquilamente: “le dije mi mamá no es una puta es la secretaria general de todas las putas del país”. Sí, putísima, re-puta, re-jefa. Si esto no es empoderamiento, nada lo es.

 

Feminismos y prostitución: entre la abolición, la regulación y el reconocimiento de derechos

 

por Sandra Milena Yáñez 

30 de junio de 2018

https://cubaposible.com/feminismos-y-prostitucion-entre-la-abolicion-la-regulacion-y-el-reconocimiento-de-derechos/

Foto: Sergio Uceda

 

¿En qué momento la prostitución se convirtió en un asunto de interés para los feminismos? ¿Por qué hoy se debate en el mundo occidental sobre si se debe prohibir o, por el contrario, se sigue permitiendo el ejercicio de la prostitución? ¿Cómo se conecta ese debate con las reivindicaciones de los distintos feminismos, tanto occidentales como no occidentales?

En el presente artículo proponemos una revisión (no exhaustiva) a los hechos que han dado lugar al debate actual sobre prohibir o no la prostitución, y la postura que el feminismo llamado “hegemónico”, es decir, el feminismo más visible en Occidente y que de cierta manera marca las pautas de acción de los movimientos feministas en el mundo, ha asumido al respecto.

Vale la pena aclarar que la mirada de este artículo se construye, sobre todo, desde lo que está ocurriendo hoy en Europa y América latina en relación a este tema, dejando por fuera muchas de las experiencias en otras partes del planeta.

 

Prostitución, trabajo sexual y trata: aclarando conceptos

¿Son lo mismo la prostitución y la trata de mujeres con fines de explotación sexual?

Aunque la prostitución o el intercambio de servicios sexuales por dinero o bienes entre personas adultas es un oficio tan viejo como la misma humanidad, el concepto “prostitución”, utilizado en las convenciones internacionales, en los medios de comunicación y, por supuesto, en los debates feministas contemporáneos tiene apenas dos siglos, según lo explica la investigadora Laura Agustín 1 . El mercado sexual ha existido en todas las civilizaciones, en algunas con más restricciones que en otras y con fines muy distintos, pero solo es hasta la aparición del concepto de “prostitución”, que proviene del término latino prostituere , que significa literalmente exhibir para la venta, que comienza a enfocarse la atención en una de las dos partes de la transacción sexual, lo que ha terminado por convertir a las llamadas prostitutas (así, en femenino) en el objeto principal de observación y análisis hacia este mercado.

Si esto le sumamos la imposición de un modelo sexual heteronormativo, es decir, un modelo en el que se asumen como “normales” o “naturales” únicamente las relaciones sexuales entre hombres y mujeres, vemos cómo se ha perpetuado hasta ahora, tal como lo afirma Agustín, “el supuesto clásico de mujer-sexoservidora/hombre cliente” 2 , aunque la experiencia demuestre que los intercambios sexuales son de todo tipo y se producen indistintamente entre hombres y mujeres heterosexuales y homosexuales y personas transgénero. Por último, y no menos importante, hemos de señalar que la moral de cada sociedad ha terminado por delimitar la idea de la prostitución, entendiendo este concepto como parte de las conductas sexuales reprochables, con lo que según que actividades, manifestaciones o actitudes sexuales (no siempre mediadas por una transacción económica) pueden ser consideradas delictivas en unas sociedades y en otras no. Esto ha completado el cuadro para que no se llegue a un acuerdo global sobre el sentido del término y, en palabras de Agustín: “Se supone que engloba tantas actividades que al final es mejor prescindir de la palabra”.

En una cosa en la que sí parecen estar de acuerdo los 82 países que han firmado El Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena , una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 1949, es en que, como reza su preámbulo:

“ la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas para fines de prostitución, son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana y ponen en peligro el bienestar del individuo, de la familia y de la comunidad” 3

Aquí nos enfrentamos a lo que ha sido la principal causa de persecución de las personas que se dedican al mercado del sexo: la asimilación, explícita en este convenio, de la prostitución con el tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual, es decir, relacionar intencionadamente el intercambio sexual entre adultos libre y consentido con el tráfico y sometimiento de personas con fines sexuales. Además de esto, no podemos dejar de evidenciar la carga moral que tiene consigo la expresión “la prostitución y el mal que la acompaña”, que deja en el plano de la moralidad el juicio sobre el ejercicio de la prostitución y además lo convierte en la causa directa de la trata de personas. A partir de aquí resulta casi imposible separar el ejercicio de la prostitución del tráfico de personas, con lo que los trabajadores del sexo cargan con un doble estigma desde entonces: el de ofensoras de la moral pública y promotoras de la explotación de otros seres humanos.

Sobre el concepto de trata de personas con fines de explotación sexual es precisamente este convenio el que delimitará su significado y hará un cambio “políticamente correcto” en relación al concepto de “trata de blancas”, una expresión del siglo XIX que hacía alusión al mito del tráfico de mujeres europeas y americanas -blancas- en Asia, África y América para explotarlas sexualmente. 4 Esta alusión directa a las mujeres blancas obedecía a que hasta en ese momento la esclavitud de mujeres negras, asiáticas y aborígenes de los territorios colonizados por Europa no era considerado algo anormal ni delictivo mientras que la transacción con mujeres europeas y americanas blancas sí.

La idea de trata expuesta en el convenio de la ONU resulta problemática para muchos países pues, a diferencia de lo que podríamos creer, no tiene en cuenta el consentimiento de la persona para definir si ha habido explotación o no en contra de su voluntad. En su artículo 1 el convenio llama a castigar a aquellos que “concertaran o explotaran la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de tal persona» con lo que se terminaría por incluir en el delito de la trata al ejercicio sexual que se ejerce libremente y sin coacción con la ayuda de otra y otras personas (burdeles, casas de citas, salas de masaje sexual e incluso apartamentos compartidos con otros trabajadores sexuales). Debido precisamente a esta definición es por lo que, en Alemania, Países Bajos, Nueva Zelanda, Grecia o Turquía, países en los que la prostitución voluntaria es legal y está regulada como una ocupación, no se ha ratificado el convenio.

En el año 2000 la ONU formula El protocolo de para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños , en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional , que redefine el delito de la trata, especificando los casos en que el consentimiento debe obviarse y ampliando el concepto de explotación, yendo más allá de la finalidad sexual:

“ La “trata de personas” puede significar el reclutamiento, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, bajo amenaza o por el uso de la fuerza u otra forma de coerción, secuestro, fraude, engaño, abuso de poder o una posición de vulnerabilidad, o recibir pago o beneficios para conseguir que una persona tenga bajo su control a otra persona, para el propósito de explotación. La explotación puede incluir, como mínimo, la explotación de la prostitución de otros u otra forma de explotación sexual, trabajo forzado o servicios, esclavitud, o prácticas similares a la esclavitud, servidumbre, o remoción de órganos… El consentimiento de las víctimas de la trata de personas hacia sus explotadores establecido [arriba] es irrelevante cuando cualquiera de las formas mencionados [arriba] ha sido usada.”

Esta actualización del concepto ha hecho que 171 países del mundo ratifiquen este protocolo, lo que demuestra que el moralismo, usado como criterio en el convenio del año 1949, no puede seguir siendo utilizado por la ONU a la hora de establecer líneas de actuación para enfrentar el tráfico de personas o cualquier otro delito.

Precisamente de esta Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional surge la creación de un grupo de expertos contra el tráfico de personas en el Consejo de Europa (GRETA), grupo que en su informe sobre España del año 2013 destaca la imperante necesidad de distinguir trata con fines de explotación sexual, por un lado, y prostitución por el otro. En el mismo documento se critica que el Estado Español centra su lucha contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual, pero deja de lado la trata con otros fines de explotación laboral (servicio doméstico, temporeras del campo español, mano de obra de talleres clandestinos, etc.), lo cual resulta muy conveniente para ciertos sectores. Por último, afirma que es erróneo sostener que un 90% de prostitutas sean víctimas de trata, como lo repiten lobbies abolicionistas y medios de comunicación, ya que no existen estudios que avalen esta cifra.

Más adelante veremos que la definición de trata del año 1949 y la mal-intencionada identificación entre dicho concepto y el de prostitución se convertirán en la base de las argumentaciones del lobby feminista abolicionista, nacido en el seno del feminismo hegemónico occidental.

¿Por qué hablar de trabajo sexual en lugar de prostitución?

Para cerrar este apartado nos referiremos al concepto de trabajo sexual, desde el cual el activismo de las y los trabajadores del sector del sexo (prostitutes, operadores de líneas eróticas, actores y actrices porno, dominatrices profesionales, etc.) busca que se les reconozca internacionalmente. El trabajo que al respecto han venido haciendo desde hace más de dos décadas organizaciones como Hetaira y Aprosex de España y la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) empieza a dar sus frutos y son cada vez más las organizaciones, colectivos y medios de comunicación alternativos que hablan de trabajo sexual en lugar de hablar de prostitución.

El sector de los servicios sexuales no sólo está estigmatizado socialmente debido, principalmente, al miedo que sigue causando el tema de la sexualidad libre, sino que además por cuenta de la clandestinidad desde la que tiene que actuar a cuenta de las leyes prohibicionistas no se ha logrado consolidar, como en otros sectores laborales, cuerpos representativos sindicales que le den al trabajador sexual el mismo estatus de cualquier otro trabajador, permitiendo que se reconozcan legalmente sus derechos y también sus obligaciones con el Estado.

El reconocimiento hoy de la condición de trabajadores y trabajadoras sexuales en los países en los que la prostitución y la industria del sexo están permitidas se logró en parte a lo conseguido por las trabajadoras sexuales que, en pleno centro de Lyon, en Francia, ocuparon la iglesia de Saint-Nizier, en la mañana del lunes 2 de junio de 1975, para protestar por las penas de prisión a las que habían sido condenadas unas diez de ellas unos pocos días antes, por supuesta reincidencia en el controversial delito de “captación activa de clientes”. “Esa protesta rechazaba la persecución policial, las leyes represivas y los cánones morales que criminalizaban a las trabajadoras sexuales haciéndolas responsables de una “actitud dirigida a provocar el libertinaje” 5 .

A pesar de que el encierro sólo duró ocho días por el desalojo violento que sufrieron por parte de la policía francesa, la protesta logró visibilizar a nivel internacional la lucha de las prostitutas por sus derechos laborales en una doble condición reivindicativa: la de mujeres y la de trabajadoras, que hasta ese momento no era reconocida por nadie. Sobre este hecho, convertido en un hito por el activismo de los y las trabajadores sexuales, dice la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR): “Éste ha sido uno de los primeros hechos históricos en que las trabajadoras sexuales se atrevieron a discutir los criterios morales dominantes y a luchar contra su estigmatización, a hacer oír su propia voz y a hacer conocer su propia mirada respecto de sus condiciones de vida y, fundamentalmente, a luchar por sus derechos humanos y laborales.” 6

Hablar de trabajo sexual en lugar de hablar de prostitución permite, de una parte, transformar el sentido peyorativo y estigmatizante de la noción de prostitución, asumido durante siglos como una lacra social y que ha culpabilizado y señalado especialmente a las mujeres, y de otra parte, hablar de trabajadores del sexo nos permite entender que hay un mercado del sexo, amplio y diverso, en el que trabajan millones de personas, que merecen ser reconocidas y cuya lucha sindical y por sus derechos no puede ser tratada de forma distinta a otras luchas laborales.

La propia ONU, que ya hemos visto ha tenido un sesgo importante en la definición de la prostitución en el pasado, ha empezado a usar el término trabajador sexual en sus informes: “El término apropiado que se aplica para el trabajo sexual se define mejor en relación con el contexto local. Esta definición puede cambiar con el tiempo a medida que las actitudes evolucionan. Debe darse prioridad a hacerse eco de cómo se perciben a sí mismos en este papel los que están implicados en el trabajo sexual. (…) El término profesional del sexo ha ganado popularidad por encima del de prostituta porque las personas implicadas consideran que es menos estigmatizante y creen que la referencia al trabajo describe mejor su experiencia”. 7

 

Feminismos y prostitución: abolicionismo, regulacionismo y reconocimiento de derechos

En esta segunda parte del texto hablaremos de las tres posturas desde las que diferentes vertientes feministas abordan la cuestión del trabajo sexual, sobre todo el ejercido por las mujeres: abolicionismo, regulacionismo y garantista de los derechos de las y los trabajadores sexuales. La importancia de dichas posturas radica en que las políticas tanto nacionales, como transnacionales (formuladas desde organismos como la ONU) referentes a la reglamentación de la prostitución y la lucha contra la trata de personas están fuertemente influenciadas por las miradas feministas, sobre todo por la del feminismo hegemónico occidental y es urgente revisar críticamente las posturas que se han construido al respecto.

El feminismo hegemónico y el abolicionismo

En el mundo occidental reconocemos por feminismo la lucha librada por las mujeres occidentales, a partir del siglo XVIII, para reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres, denunciar y eliminar tanto la violencia de los varones sobre las mujeres, como ​los roles sociales establecidos según el género. A este feminismo blanco, occidental y muy visible en las agendas mediáticas occidentales, es al que llamamos feminismo hegemónico y es a partir de su hegemonía que se delimitan lo que algunas autoras han denominados “feminismos periféricos”, que son esencialmente los feminismos de raíz no occidental y que en muchos postulados se oponen radicalmente al feminismo hegemónico.

Podemos decir que, desde su surgimiento, con la aparición de la obra “Vindicación de los derechos de la mujer”, de Mary Wollstonecraft (1792), el feminismo occidental se ha ramificado y hoy hablamos ya no de un movimiento homogéneo y claramente identificable, como ocurría en el siglo XVIII, sino de un espacio de lucha heterogéneo en el que incluso muchas posturas pueden ser radicalmente opuestas a otras. A pesar de esto, los medios de comunicación, las agencias internacionales de cooperación y ciertos actores políticos e influenciadores suelen estar alineados con la facción más conservadora del feminismo occidental, heredera de la llamada primera ola del feminismo, por tener posturas que aunque en apariencia son rompedoras, en realidad suponen la continuidad del binarismo de género y de lo que muchos encajan como “normal” en relación con las inclinaciones sexuales, los roles de género y el ejercicio público de la sexualidad.

El abolicionismo surge en el siglo XIX encabezado por un grupo de mujeres que reaccionan frente a las leyes higienistas, muy en boga en toda Europa, que consideraban la prostitución una enfermedad social, crónica e incurable y que reglamentaban su ejercicio no para mejorar las condiciones de las trabajadoras sexuales sino para que su conducta no afectara la vida y la moral de las personas “de bien”. Frente a estas leyes las abolicionistas, dentro de las que destaca la figura de la británica Josephine Butler (1828-1906), reaccionan contra la intromisión estatal en los cuerpos de las mujeres que suponía el reglamentarismo higienista y como una crítica al modelo de sexualidad vigente, reivindicando mayor libertad para las mujeres y el derecho a no ser atacadas sexualmente, incluidas las prostitutas, lo que sin duda era revolucionario para la moral de la época. “Concibieron la prostitución como una cuestión de dignidad de la mujer y de sus derechos. El proyecto abolicionista se inscribía, pues, en un proceso de emancipación de las mujeres de más largo alcance.” Afirma Gemma Nicolás Lazo. 8

Pero, ¿en qué momento el abolicionismo feminista se convierte en un aliado de los sectores más conservadores de la sociedad? Cuando el discurso llega a las instancias de poder encargados de legislar y tipificar los delitos relacionados con las mujeres con respecto a la prostitución el sentido asociado a la reivindicación de los derechos de las prostitutas desaparece y en su lugar se posiciona la idea de que, con la abolición de la prostitución, en reemplazo de la reglamentación, se garantiza la moral y las buenas costumbres y, de paso, se controla la sexualidad de las mujeres “decentes”.

“ Los delitos que acompañaban a la prostitución en los Códigos del diecinueve, y que lo seguirán haciendo durante algún tiempo en el futuro, son el de adulterio, violación, escándalo público y rapto. El bien jurídico a proteger en los delitos contra la honestidad no era los derechos de las mujeres, sino una idea de decencia y decoro proveniente del orden moral establecido. Lo que los dispositivos de poder pretendían, y también el derecho penal en ultima ratio, era garantizar y mantener la “honestidad” de las mujeres “decentes”, es decir, controlar su sexualidad.” 9

Lo más increíble de este giro es que la abolición institucionalizada se leía en el siglo XIX y se sigue leyendo hoy como una reforma moderna y necesaria para los estados introducida por el feminismo, sin que esto lo cuestionen los políticos de izquierdas ni las propias feministas. En lugar de retornar a las reivindicaciones de las primeras abolicionistas, las abolicionistas de hoy se reafirman en los argumentos institucionales que continúan señalando la prostitución como una lacra moral y de la salud pública.

Como mencionábamos en un apartado anterior, el abolicionismo se acompañó, desde muy temprano, de la confusión entre prostitución y trata de mujeres que en el siglo XIX se conocía como “trata de blancas”, un concepto que fue clave para conseguir tres propósitos en ese momento: construir un mito sobre la esclavitud de mujeres blancas en países no occidentales para controlar la autonomía de las mujeres que emprendían procesos migratorios; construir un mito racista sobre la existencia de un mercado de trata manejado por hombres no blancos y profundizar en la idea de que la prostitución es siempre resultado del sometimiento y nunca del ejercicio libre de la sexualidad de las mujeres. (Nicolás lazo, 2009).

Esta relación entre trata y prostitución, como vimos, se refuerza con el Convenio de la ONU para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, de 1949, que además reivindicará que las políticas abolicionistas, sustentadas por el feminismo hegemónico occidental, suponen un avance en la protección de los derechos de las mujeres, por lo cual ningún país puede renunciar a imponerlas en su territorio. Esto, a pesar de demostrarse que la abolición de la prostitución solo tiene beneficios para la institucionalidad colonial, racista y patriarcal y nunca para las trabajadoras sexuales.

José López Riopedre en su artículo “La criminalización de la industria del sexo, una apuesta políticamente correcta” 10 explica muy bien lo conveniente que ha resultado el discurso abolicionista en Europa para, de una parte, camuflar el racismo que desata la presencia masiva de inmigración de las excolonias europeas, en los años 90s, permitiendo la criminalización de dicha población a través de la confusión interesada entre trata y prostitución, y de otra parte ha permitido ampliar el ámbito de intervención y control sobre los ciudadanos, dirigiendo conductas y conduciendo sexualidades (en el mismo sentido en que Foucault habla de la biopolítica y del control estatal e institucional de las sexualidades). “El “eje del mal” del siglo XXI se ha edificado así en torno a una curiosa amalgama de sujetos infames: maltratadores, pederastas, clientes de servicios sexuales, facilitadores, voyeurs, exhibicionistas, dueños de negocios de alterne, arrendadores y arrendatarios de locales de perdición e intermediarios de toda guisa. Son los auténticos monstruos del presente, neo-terroristas de Estado que concentran todas las energías de los nuevos combatientes de la cruzada moral post-moderna. La necesaria y perentoria expiación de sus crímenes aflora durante todo el proceso discursivo donde los estereotipos del tráfico, la deuda y la explotación sexual salen continuamente reforzados gracias a la acción multiplicadora de los medios de comunicación social.” 11

Además de esto hay que agregar, tal como lo dice López Riopedre, que el discurso criminalizador del trabajo sexual por parte del abolicionismo convierte en víctimas a las trabajadoras sexuales, con lo que las objetualiza, despojándoles de su capacidad de decidir sobre sus propios cuerpos y, al mismo tiempo, aunque las señala víctimas, con lo que uno pensaría que hay hacia ellas una trato distinto al destinado al “proxeneta” o al “cliente”, no les garantiza ningún derecho como mujeres víctimas del patriarcado, como si ocurre en los casos de violencia de género. Al final lo que tenemos es un discurso moralizante que ni por asomo reconoce la capacidad de agencia de las trabajadoras sexuales y que sólo las tiene en cuenta si se reconocen como víctimas. 12

Suecia, sin duda, ha sido el país que ha asumido las banderas abolicionistas en Europa, siendo el primer país de la región en tener una ley que prohíbe la compra de servicios sexuales (1999). Su modelo, que supuestamente no actúa contra las prostitutas sino contra los clientes, lo que ha hecho es clandestinizar los servicios sexuales, poniendo en riesgo a los trabajadores sexuales, mientras controla la sexualidad de sus habitantes. Aunque parece contradictorio que el abolicionismo se institucionalice con estos objetivos en un país como Suecia, que se lee como un estado liberal, demócrata y socialmente avanzado, dice López Riopedre, siguiendo a Kulick 13 , que no debemos olvidar que Suecia “posee uno de los ordenamientos jurídicos más severos en cuanto a disciplinamiento de la conducta sexual de sus ciudadanos, por lo que puede entenderse mejor que se haya convertido en el país donde la voluntariedad de los sujetos se halle cada vez más cuestionada a la hora de establecer relaciones sexuales, optando por criminalizar no sólo a la industria del sexo sino también a quienes mantengan contacto íntimo con menores, seropositivos que no informen debidamente acerca de su enfermedad, interviniendo cualquier tipo de remuneración durante el intercambio sexual o bien pueda suscitarse la sombra de la sospecha en cualquier momento de la interacción” 14 .

Ni reglamentarismo ni abolicionismo: apelar al reconocimiento de los derechos de las y los trabajadores sexuales

Las y los trabajadores sexuales, agrupados en organizaciones, cooperativas, sindicatos y asociaciones en todo el mundo participan, día sí y día también, en charlas, debates, congresos, programas de televisión, foros de internet y en otros espacios de divulgación para hacerse oír con respecto a sus reivindicaciones, porque están cansados de que sean siempre otros los que hablen por ellos.

De una parte quieren dejar claro que sus reivindicaciones nada tienen que ver con las de las feministas abolicionistas, que abogan por convertirlas en víctimas para luego salvarlas de las redes del tráfico sexual, con lo que se enriquece lo que Laura Agustín llama “la industria del rescate” 15 . De otro lado también quieren alejarse de la postura reglamentista, que antes era asumida por las políticas higienistas, como vimos, y ahora es abanderada por los dueños de burdeles y clubes de alterne que buscan, con ayuda de sus aliados políticos, que se reglamente el ejercicio de la prostitución de modo que únicamente ellos se vean beneficiados de tal actividad.

Tanto una como otra posición despojan a las trabajadoras sexuales de su capacidad de agencia sobre su cuerpo y su sexualidad y les niegan la posibilidad de ejercer sus derechos como cualquier trabajador occidental. En ese sentido reivindican las declaraciones del documento publicado por Amnistía Internacional en 2015, resultado de su investigación con trabajadores sexuales durante más de dos años en todo el mundo, en el que instan a los gobiernos del mundo a despenalizar el trabajo sexual y proteger los derechos humanos de las y los trabajadores sexuales. En su texto AI aclara la diferencia entre despenalizar, que es lo que piden los trabajadores sexuales, y legalizar el trabajo sexual:

“ Más que la eliminación de las leyes que penalizan a las trabajadoras y los trabajadores sexuales, la legalización supone la introducción de leyes y políticas relativas específicamente al trabajo sexual con el fin de regularlo formalmente. Amnistía Internacional no se opone a la legalización per se, pero los gobiernos deben asegurarse de que el sistema respeta los derechos humanos de las trabajadoras y los trabajadores sexuales. Creemos que todavía hay margen para avanzar en materia de despenalización y contra los abusos de derechos humanos derivados de la legalización, dado que hay trabajadoras y trabajadores sexuales que están quedando al margen de la ley en sistemas en que el trabajo sexual está legalizado.” 16

En este documento Amnistía Internacional insta a los gobiernos a:

“ Garantizar que todas las personas tienen acceso a sus derechos económicos, sociales y culturales, a la educación y a oportunidades de empleo

Eliminar los estereotipos de género perjudiciales y todas las formas de discriminación y las desigualdades estructurales que puedan llevar a grupos marginados a vender servicios sexuales en cantidad desproporcionada

Reformular las leyes relativas al trabajo sexual para eliminar los delitos de carácter muy general que criminalizan la mayoría de los aspectos –si no todos– del trabajo sexual y convertirlas en leyes que brinden protección frente a la coacción (incluida la trata de personas) y los actos de explotación y abuso y prevengan la participación de niños y niñas en el comercio sexual.

Eliminar la regulación penal y cualquier otra regulación punitiva del trabajo sexual con consentimiento entre personas adultas, ya que refuerzan la marginación, el estigma y la discriminación y pueden negar a las personas que se dedican al trabajo sexual el acceso a la justicia bajo el amparo de la ley.

Garantizar la participación de las trabajadoras y los trabajadores sexuales en la elaboración de las leyes y políticas que afectan directamente a su vida y su seguridad.

Garantizar marcos efectivos que permitan a las personas abandonar el trabajo sexual cuando así lo decidan.”

Debido a este posicionamiento con respecto al trabajo sexual AI recibió muchas críticas por parte del feminismo abolicionista europeo y de los gobiernos que son prohibicionistas pues a partir del documento se insinúa, de forma mal intencionada, que despenalizar el trabajo sexual es favorecer a las redes de trata, cuando ya está claro que prostitución y trata no son la misma cosa. Al respecto AI afirma: “Pedir la despenalización del trabajo sexual no significa eliminar las leyes que penalizan la explotación, la trata de personas o la violencia contra las trabajadoras y los trabajadores sexuales. Estas leyes tienen que mantenerse y pueden y deben reforzarse. Significa eliminar las leyes y políticas que penalizan o sancionan el trabajo sexual, entre ellas figuran las leyes y reglamentos relativos a la venta, la compra o la organización de trabajo sexual, como ofrecer servicios sexuales, alquilar establecimientos, “regentar burdeles” y vivir de los beneficios de la “prostitución”.

Despenalizar el trabajo sexual, es decir, descriminalizarlo desde el punto de vista legal, implica para los trabajadores sexuales:

  • Tener acceso a la atención de la salud
  • Poder denunciar los delitos ante las autoridades
  • Poder organizarse y trabajar juntxs para mayor seguridad
  • Poder cotizar en el régimen de la seguridad social como trabajadores sexuales (no con profesiones encubiertas)
  • Desestigmatizar a su familia por “vivir de los beneficios” del trabajo sexual.

En este punto es clave mencionar la situación especial de los trabajadores sexuales inmigrantes que, además de padecer el estigma de cualquier trabajador sexual nativo, corre el riesgo permanente de ser deportado si no logra regularizar su situación como extranjero. Frente a esto, las y los trabajadores sexuales inmigrantes exigen una despenalización que contemple la regularización de aquellos que están en el territorio de manera irregular a través de su propio trabajo, es decir, que no se vean obligados a hacer contratos ficticios para obtener su residencia y su permiso para trabajar.

Vale la pena destacar que la posición de AI la comparten otras organizaciones que apoyan o piden la despenalización del trabajo sexual, entre las que figuran la Alianza Global contra la Trata de Mujeres, la Comisión Global sobre VIH y Derecho, Human Rights Watch, ONUSIDA, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la salud y la Organización Mundial de la Salud. Esto, sumado al reconocimiento del trabajado sexual por parte de sindicatos de todo el mundo y de la consideración de la lucha de las “putas feministas” como una lucha más por parte de muchos feminismos tanto del sur global como de facciones del feminismo occidental, son sin duda pasos muy importantes en la descriminalización del trabajo sexual y la reivindicación de los derechos de las trabajadoras de la amplia industria del sexo, que, después de siglos de ser las víctimas y de soportar que otros y otras hablen por ellas, han decidido no quedarse calladas nunca más. Como dice Georgina Orellano, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR):

“ La gran batalla que damos ahí es marcar la agenda, que nuestras voces sean escuchadas, interpelar al feminismo que no nos reconoce como un sujeto de derechos para que se comprenda que, más allá de que cada una pueda tener una posición sobre la prostitución, abolicionista o a favor del reconocimiento de derechos, lo importante es que el sujeto debe decidir por sí mismo. Creemos importante que, cuando se despliegan políticas punitivas o políticas públicas sobre un sector, sea ese sector el que tenga que decidir, no que otros hablen por él. Ese es el feminismo que nosotras defendemos, la principal ética feminista en torno a la autonomía de las mujeres.” 17

 

Notas:

1 Agustín, laura. La Industria del sexo, los migrantes y la familia europea. Cadernos Pagu (25), julho-dezembro de 2005. PP 107-128

 ídem

3 Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others. Disponible en:http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=VII-11-a&chapter=7&clang=_en

4 Laura Agustín nos habla del origen de esta expresión: “La primera frase tiene su origen en un escándalo en el norte de Europa durante una larga migración de mujeres europeas hacia Argentina, un país receptor al que faltaban mujeres a fines del siglo XIX. Ya que no se quería creer que esas “blancas” pudieran elegir vender servicios sexuales, se creó un concepto conveniente. En: Agustín Laura, La industria del sexo, los migrantes y la familia europea. Cad. Pagu [online]. 2005, n.25, pp.107-128. http://dx.doi.org/10.1590/S0104-83332005000200005 .

5 AMMAR Córdoba y Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual. 40 años de lucha de lxs trabajadorxs sexuales!! Publicado el martes, 2 de junio de 2015. Disponible en: http://redreconocimientotrabajosexual.blogspot.com/2015/06/40-anos-de-lucha-de-lxs-trabajadorxs.html

6 ídem

7 Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA). Trabajo sexual y VIH/SIDA. Actualización técnica. Marzo de 2003. Disponible en: http://data.unaids.org/publications/irc-pub02/jc705-sexwork-tu_es.pdf

8 Nicolás Lazo, Gemma. La tergiversación del abolicionismo: de movimiento de mujeres liberador a defensor de un paternalismo victimizador de las trabajadoras sexuales. En: El trabajo por cuenta ajena y sus fronteras. Compilado por: Agusti Julia Jordi / Pular Beltran Nuria. Albacete, Editorial Bomarzo, 2009.

9 Ídem

10 López Riopedre, José. La criminalización de la industria del sexo, una apuesta políticamente correcta. En: Gazeta de Antropología, 2011, 27 (2), artículo 24 · http://hdl.handle.net/10481/18099

11  Ídem.

12 Véase el caso en España de Amelia Tiganus, víctima de la trata de mujeres en Rumanía, que es usada por el abolicionismo en España como la muestra de que es imposible ejercer el trabajo sexual a menos de que haya coacción. El reconocerse como víctima le ha permitido a Tiganus ser bien vista en los círculos feministas y abolicionistas en España, aunque ella sepa que la trata que la red que la captó nada tiene que ver con el ejercicio libre de la prostitución.

13 Kulick. “Sex in the New Europe: The Criminalization of Clients and Swedish Fear of Penetration”. En: Anthropological Theory, 2003, Sage Publications, vol. 3 (2): 199-218.

14 López Riopedre, José. La criminalización de la industria del sexo, una apuesta políticamente correcta. En: Gazeta de Antropología, 2011, 27 (2), artículo 24 · http://hdl.handle.net/10481/18099

15 Conglomerado de feministas, expertos, instituciones públicas y ongs que viven de “salvar” a las prostitutas de la trata, apoyándose en la idea de que la prostitución voluntaria es asimilable a la trata.

16 Amnistía Internacional. Política de Amnistía Internacional sobre los derechos de las trabajadoras y los trabajadores sexuales. 2015. Disponible en:http://www.amnesty.org/es/qa-policy-to-protect-the-human-rights-of-sex-workers/

17 Ter Garcia. Georgina Orellano: “Las trabajadoras sexuales en Argentina estamos integradas en una central obrera”. Publicado en El salto, edición online, 2017-11-12. Disponible en: http://www.elsaltodiario.com/trabajo-sexual/georgina-orellana_trabajo_sexual_modelo_nueva_zelanda

Fuente: http://cubaposible.com/feminismos-y-prostitucion-entre-la-abolicion-la-regulacion-y-el-reconocimiento-de-derechos/

 

AUTORA: 

Sandra Milena Yáñez

Investigadora predoctoral en Derechos Humanos y Ciudadanía . Universidat de Barcelona. Activista migrante y antirracista.

Centrarse en los derechos de las trabajadoras sexuales

 

Por Chus Álvarez

12 de julio de 2018

https://www.opendemocracy.net/beyondslavery/chus-lvarez/centrarse-en-los-derechos-de-las-trabajadoras-sexuales

 

Sea cual sea tu opinión sobre el trabajo sexual, negar que es un trabajo solo perjudica a quienes lo ejercen. English

 

En 2018 la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW por sus siglas en inglés) publicó el informe «Las trabajadoras sexuales se organizan por el cambio». La investigación se realizó en siete países para documentar cómo las organizaciones de trabajadoras sexuales se enfrentan a los diferentes abusos dentro de la industria del sexo y cómo manejan la discriminación diaria que experimentan. La autora de este artículo llevo a cabo la investigación en España.

 

Durante mucho tiempo el debate sobre el trabajo sexual ha compartido espacio en mi cabeza con los prejuicios y creencias sociales y culturales que tengo como feminista blanca y occidental. Como parte de mi trabajo en la GAATW he leído mucho sobre el tema, desafortunadamente la mayor parte de la bibliografía tiende a confirmar uno de los dos puntos de vista generalizados y extremadamente contrapuestos desde los que se habla de esta cuestión. «En los debates altamente polarizados sobre si el trabajo sexual es inherentemente dañino para las personas que venden servicios sexuales, el activismo a menudo cae en la trampa de presentar dos estereotipos contrarios y simplificados: la mujer prostituida (una víctima explotada sin capacidad de decisión) o la trabajadora sexual (una mujer empoderada e independiente que hizo una elección libre)». Así dice la introducción del nuevo informe de la GAATW «Las trabajadoras sexuales se organizan por el cambio».

Siempre había opinado que un mundo en el que el sexo no estuviera a la venta sería un mundo mejor. Esta opinión estaba basada en mi resistencia a la lógica capitalista que tiende a mercantilizar todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida, y en la idea de que el sexo debería estar relacionado con el amor,  el afecto, o cualquier otro tipo de sentimiento pero no con el dinero. ¿Tengo acaso una noción romántica del sexo? ¿Cómo han influido mi contexto religioso y social en mi opinión?

Realizar este estudio me ha permitido poner a un lado mis propias creencias y supuestos para escuchar atentamente  las realidades y motivaciones de varias trabajadoras sexuales. Hacerlo ha influido extraordinariamente en mi visión sobre el trabajo sexual, desarrollando una percepción mucho más fundamentada en las experiencias de aquellas personas que ejercen el trabajo sexual.

Aunque todavía no puedo responder a las preguntas sobre sexo, amor y dinero, escuchar las experiencias de las trabajadoras sexuales me ha dejado algo muy claro:si hablamos en serio cuando hablamos de proteger los derechos humanos de las mujeres, la criminalización y el estigma no son la respuesta. Los derechos lo son.

Los Derechos de las trabajadoras sexuales son derechos humanos

Proteger los derechos de las trabajadoras sexuales significa proteger los derechos humanos. Tal y como dice Clarisa Velocci de Genera (organización en Barcelona que defiende los derechos de las mujeres), «si se defienden los derechos humanos de las mujeres (…) es un pack completo (…) se defienden los de todas, no los de una sí y los de otras no».

Las trabajadoras sexuales, como cualquier otra trabajadora, tienen la capacidad y el derecho a elegir la forma en que quieren ganarse la vida de entre las opciones que tienen. Esta decisión tiene que ser reconocida y respetada de la misma manera que ha de serlo su trabajo. Lo mismo pasa con sus demandas, que se podrían resumir básicamente en lugares seguros para trabajar, derechos laborales y beneficios sociales tal y como, insisto, cualquier otra trabajadora.

Intercambiar servicios sexuales por dinero les permite pagar el alquiler, comprar comida y ropa, llevar a sus hijas e hijos a la escuela. Hace posible que puedan apoyar a su familia extensa , acceder a asistencia médica, viajar, ir al cine, invitar a cenar a sus amistades, etcétera. En muchas familias, las trabajadoras sexuales son las principales proveedoras.

El trabajo sexual da independencia económica a muchas mujeres. Ignorar esto es ignorar la principal motivación que existe tras el trabajo sexual.

El derecho de las personas trabajadoras de asociarse libremente y negociar de forma colectiva es uno de los cuatro pilares fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. Es más probable que sean las trabajadoras y trabajadores organizados quienes defiendan los derechos laborales, mejoren las condiciones de trabajo y creen sistemas de protección auto-gestionados. Los trabajadores y las trabajadoras organizadas tienen más poder y son menos vulnerables frente a la violación de derechos, el abuso y la explotación, incluyendo la trata de personas. Esto es tan cierto para las trabajadoras sexuales como para las personas en cualquier otro sector laboral. La organización de las trabajadoras sexuales debería ser igualmente reconocida por su poder de transformación. Debería ser encomiada y replicada, y apoyada desde el activismo por los derechos humanos.

Centrarse en los derechos humanos

Sacrificar los derechos de las personas involucradas en el trabajo sexual, incluso por el sueño de lograr un mundo sin trabajo sexual, va en contra del principio fundamental de los derechos humanos. Cuando rascamos más allá de la superficie, traspasando la teoría y los conceptos, nos encontramos de frente con las personas y con el impacto tan negativo que la criminalización y el estigma están teniendo en las trabajadoras sexuales. Se trata de ver las realidades de las trabajadoras sexuales tal y como son, no de cómo nos gustaría que fueran: las trabajadoras sexuales están sufriendo violaciones de sus derechos humanos a diario, no solo en su lugar de trabajo, sino también en la sociedad en general. Sufren humillaciones y ataques a su dignidad mientras hacen cola para renovar su DNI, o mientras esperan para entrar al médico. Incluso cuando van al colegio a recoger a sus hijas e hijos.

Escuchar a las trabajadoras sexuales y desafiar el conocimiento que creemos tener es crucial para abordar las condiciones laborales de las trabajadoras sexuales, incluyendo aquellas situaciones relacionadas con la trata. Necesitamos romper los estereotipos sobre el trabajo sexual y reconocer cómo las trabajadoras sexuales organizadas ya están abogando por la seguridad en el lugar de trabajo, la protección social y la participación en las decisiones que afectan a sus vidas.

Se trata de ver las realidades de las trabajadoras sexuales tal y como son, no de cómo nos gustaría que fueran.

Tenemos que comenzar por aceptar que el trabajo sexual es un trabajo. Es sorprendente ver cómo le cuesta a la gente reconocer que las trabajadoras sexuales se ganan la vida proporcionando servicios sexuales. Eso es lo que hacen. Puede ser que el trabajo que realizan les guste, o puede que no. Puede ser que hacer ese trabajo a ti te parezca bien o no. Pero que un trabajo guste o no, no tiene nada que ver con determinar que una manera de generar ingresos se clasifique como tal. Si así fuera, muchos sectores de la economía dejarían de ser «trabajo». De hecho, según una encuesta de Gallup de 2017, mucha gente odia su empleo pero eso no ha hecho que nadie se pregunte si lo que hace es en realidad trabajo.

Algunas personas argumentan que el trabajo sexual no es trabajo debido a cómo el patriarcado y el neoliberalismo lo influyen y configuran. Pero ¿podría alguna de esas personas nombrar un solo aspecto de nuestras vidas que no se vea influido por el patriarcado y el neoliberalismo?, ¿deberíamos entonces erradicar otros aspectos de la vida afectados tales como el matrimonio o las relaciones de pareja? ¿acaso podemos hacerlo?

En lugar de luchar por la criminalización del trabajo sexual o simplemente debatir si es o no trabajo, invito a quienes quieren erradicarlo a centrarse en eliminar las condiciones que lo convierten en la mejor alternativa de subsistencia para tantas mujeres.

Justo al final de uno de los grupos de discusión con trabajadoras sexuales en España, una de las participantes me preguntó: ¿alguna vez has pensado en ejercer como trabajadora sexual? No pude responder con un simple sí o no. Ser trabajadora sexual nunca ha estado entre mis mejores opciones de trabajo, por lo que por ahora no he tenido que considerar los pros y contras para tomar una decisión. La mujer que me hizo la pregunta no puede decir lo mismo.

Tenemos que retomar el debate, pero esta vez escuchando lo que las trabajadoras sexuales tienen que decir y centrando la atención en sus derechos humanos.

 

 

Acerca de la autora

Chus Álvarez es Oficial de Programa para América Latina con Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW).

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El trabajo sexual, la falta de libertad laboral y la ley

 

Publicado el 13 de junio de 2018 por legalresearch

 

Por la Dra. Katie Cruz, Profesora de Derecho (Facultad de Derecho de la Universidad de Bristol).*

 

https://legalresearch.blogs.bris.ac.uk/2018/06/sex-work-labour-unfreedom-and-the-law/

 

 

 El 2 de junio, trabajadoras sexuales y activistas se reunieron en todo el mundo para celebrar la lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales. El Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales es solo uno de los días del año dedicados a la lucha de las trabajadoras sexuales. Las activistas se reúnen también el 3 de marzo para conmemorar el Día Internacional de los Derechos de las Trabajadoras Sexuales y el 17 de diciembre para conmemorar el Día Internacional para Acabar con la Violencia contra las Trabajadoras Sexuales. Estas fechas ocurren debido a la violencia y a la exclusión, históricas y continuadas, contra las trabajadoras sexuales. Las trabajadoras sexuales están sujetas a formas de violencia interpersonal, de agentes de policía y de clientes, y a la violencia estructural de la justicia penal y las instituciones de inmigración. Son penalizadas y perjudicadas por las leyes y normativas antitrata con frecuencia punitivas, y están sujetas a mayores controles de inmigración, incluida la penalización del movimiento y del trabajo. El entorno hostil del gobierno conservador (del Reino Unido) ha creado capas adicionales de inseguridad institucionalizada para muchas trabajadoras sexuales migrantes, incluidas restricciones al acceso a la vivienda, la atención médica, la educación y los servicios bancarios.

En un artículo que escribí recientemente para Estudios Legales Feministas, defiendo una metodología feminista marxista que sea capaz de describir y oponerse a estas exclusiones y opresiones que se cruzan cuando se aplican a las trabajadoras sexuales inmigrantes en el Reino Unido. Sin embargo, este método se puede utilizar para comprender las condiciones de vida y de trabajo precarias de todas las trabajadoras (sexuales). En este post, hago algunas observaciones en relación con las trabajadoras sexuales ciudadanas en el Reino Unido y Jamaica, donde actualmente estoy realizando trabajo de campo con la Profesora Julia O’Connell Davidson y la Dra. Jacqueline Sánchez Taylor.

Mi punto de partida metodológico son las relaciones capitalistas de (re) producción porque creo que el problema que enfrentamos, como activistas y trabajadoras, son las relaciones explotadoras y alienantes que desarrollamos entre nosotros y la naturaleza cuando interactuamos para (re) producir las necesidades vitales. Nuestra labor, o actividad humana práctica —como el trabajo que hacemos por un salario, en el hogar y en la comunidad— está siendo aprovechada por el capitalismo; estamos siendo explotados, alienados y desposeídos y esto está sucediendo en y mediante el género, la “raza” y la ley.

Yo sostengo que las relaciones capitalistas de (re) producción existen en un continuo de falta de libertad. En un extremo del continuo está el trabajo ‘libre’; las comillas señalan que la libertad dentro del capitalismo no puede existir porque no podemos reproducir familias, comunidades y a nosotros mismos sin desposesión, explotación y alienación. El trabajo “libre”, entonces, se caracteriza por la limitación de la falta de libertad laboral. Existe donde el trabajo asalariado y no asalariado está integrado en un sistema de derechos y protecciones laborales y sociales, incluyendo un salario digno, libertad para cambiar de empleador y para impugnar condiciones, libertad de movimiento, acceso a vivienda asequible, educación, cuidado de niños y ancianos.

Para comprender cómo luchamos por la libertad, las feministas marxistas rechazamos cualquier enfoque que privilegie la “estructura” sobre la ” capacidad de decidir “, la “experiencia” o la “conciencia”. En otras palabras, debido a que nuestras relaciones laborales cotidianas son constitutivas de, y están constituidas por, relaciones capitalistas de (re) producción, es inmanentemente posible para nosotras disputar colectivamente estas mismas relaciones. Esto es particularmente importante en el contexto del trabajo sexual y los debates sobre el trabajo sexual o la “prostitución”. Las voces de las trabajadoras sexuales a menudo no se escuchan y los académicos tienden a centrarse demasiado en las limitaciones o en la elección en lugar de en la interacción dinámica entre la estructura y la capacidad de decidir.

Entonces, ¿qué nos dice esto sobre la expresión legal de las relaciones capitalistas y el trabajo sexual (migratorio)? Empezando con las trabajadoras sexuales inmigrantes en el Reino Unido, la ley de inmigración ha incorporado de forma represiva a estas trabajadoras. Participa en su “otredad” al asociar su trabajo con otros espacios geográficos. Las trabajadoras sexuales migrantes no llegan con una visa para trabajar en la industria del sexo; no están atadas a un empleador. Por el contrario, la exclusión diferenciada de las trabajadoras sexuales migrantes y la intensificación de la intervención policial a través de una combinación de leyes de inmigración, leyes contra la trata de personas y ausencia de protección laboral y social y derechos asocia a las trabajadoras sexuales migrantes con ‘otras’ jurisdicciones y espacios. Esta “alteridad” legal se ve reforzada por los discursos de los medios y los estereotipos prevalecientes de género, sexo y raza en el Reino Unido y en todo el mundo. El estado de “el otro” de las trabajadoras sexuales migrantes es entonces una justificación para su devaluación y abuso por parte del Estado, los empleadores, los intermediarios y los clientes.

Y las trabajadoras sexuales ciudadanas experimentan muchas de las mismas exclusiones legales en el Reino Unido. Por ejemplo, la legislación laboral raramente está directamente involucrada en la mercantilización de los servicios sexuales. Las trabajadoras sexuales ciudadanas que trabajan en entornos administrados (burdeles) experimentan la precariedad laboral; la relación de empleo dominante es el autoempleo falso, por lo que las trabajadoras no tienen certeza de empleo, tienen poco control sobre el proceso laboral, no hay protección regulatoria y, aunque los salarios pueden ser adecuados, no hay certeza de que no surgirá una relación de deuda entre la trabajadora y la gerencia. A menos que las trabajadoras sexuales se registren como trabajadores independientes, no podrán acceder a muchas protecciones de bienestar social que dependen de tener un empleo remunerado.

Como una forma de trabajo que a menudo se lleva a cabo en la esfera “privada” (los “muros gruesos” de la casa, el piso o el burdel), los empleadores, los clientes o el Estado no lo consideran un trabajo “real”. La relación entre el sexismo, el deseo de controlar la sexualidad femenina y la estigmatización de las trabajadoras sexuales también ayuda a explicar la penalización en curso y la renuencia a ver el trabajo sexual como una forma legítima de trabajo de servicio. Esta combinación de invisibilidad, devaluación, penalización y desautorización estatal se combinan para permitir que los gerentes y clientes practiquen altos niveles de explotación, control y abuso. Y a través de conversaciones y de un taller de colaboración con la Asociación de Trabajadores Sexuales de Jamaica, hemos aprendido que las trabajadoras sexuales de Jamaica también se convierten en criminales y ciudadanas de segunda clase en una serie de formas que no llegan a ocasionar un estatus ilegal.

Si existe trabajo “libre” donde todo el trabajo —pagado o no— está integrado en un sistema de protección y derechos laborales y sociales, debemos concluir que la gran mayoría de las trabajadoras sexuales (migrantes) globalmente pueblan el extremo de la falta de libertad. Al mismo tiempo, las feministas marxistas y de reproducción social enfatizan el hecho de que

“los intereses y las dinámicas relacionales pueden competir y lo hacen con el imperativo capitalista. Las luchas por el acceso al aborto, el cuidado de los niños, mejores salarios y agua potable saludable, por ejemplo, reconfiguran las relaciones entre las trabajadoras y el capital, y las de las propias trabajadoras. Si tiene éxito, destruyen las relaciones patriarcales y de otro tipo; si fallan, tienden a reforzar tales relaciones “. [1]

Las trabajadoras sexuales y activistas en el Reino Unido, Jamaica y el mundo entero están discutiendo y exigiendo ‘libertades’ laborales. Luchan por derechos laborales individuales y colectivos en combinación con la regulación de los intermediarios laborales, agencias y burdeles / clubes, la despenalización, el derecho a la asistencia social y la reestructuración radical de los controles fronterizos en reconocimiento de que estas ‘libertades’ transferirán una cantidad significativa de poder a las trabajadoras sexuales (migrantes). En palabras de una trabajadora sexual de Jamaica, es hora de dejar de “usar, abusar y rechazar a las trabajadoras sexuales”.

 

* Este artículo está basada en K Cruz, ‘Beyond Liberalism: Marxist Feminism, Migrant Sex Work, and Labour Unfreedom (2018) 26 (1) Estudios jurídicos feministas 65-92.

___________________________

[1] S Ferguson, ‘Interseccionalidad y Feminismos de Reproducción Social hacia una Ontología

Integrativa’ (2016) 24 (2). Materialismo histórico 38-60, 52.

 

 

 

“Las putas no piden permiso, piden paso’’

 

Por Aurora Revólver Paula Álvarez

9 de julio de 2018

http://www.pikaramagazine.com/2018/07/putas-jornadas-sevilla/

 

El pasado 2 de junio se celebraron en Sevilla las jornadas ‘Desmontando la prostitución: las Putas no piden permiso, piden paso’, organizadas por el Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS) coincidiendo con el día internacional de la Trabajadora Sexual. Prostitutas y aliadas debatieron sobre la situación del colectivo en el Palacio de los Marqueses de la Algaba y en el centro social autogestionado Lanónima. 

 

Foto de familia de trabajadorxs sexuales./ Aurora Revólver

 

Justo a las espaldas de la Alameda, el sitio de moda para visitar la ciudad de Sevilla según la Lonely Planet, ellas siguen allí, en el mismo sitio. Las putas de la plaza de la Mata llevan la historia silenciada del barrio, como la de la humanidad, mientras las parejas de alemanes pasan a su lado incómodas, avergonzadas, pálidas, al igual que la mayoría del vecindario que a pesar de los años que lleva cruzándoselas por las calles, aún no sabe siquiera cómo saludarlas.

El 2 de junio de 1975 se escribía un capítulo de la historia del que poco o nada se habla porque no salía del puño de los vencedores, y no ha interesado mediatizarlo a pesar de que conecta más con nuestro presente que muchos de los grandes episodios que aparecen en los libros de texto. Un grupo de más de 100 trabajadoras sexuales ocupaban la Iglesia de Saint Nizier en Lyon como protesta ante la negativa del gobierno francés de reunirse con ellas, ante la persecución y el acoso policial, ante la negativa de unos conciudadanos a querer incluirlas como parte de la sociedad. ‘’Hace 43 años en un lugar del mundo decían basta, ahora nosotras seguimos diciendo basta también’’. El 2 de junio de 2018, Ariadna Riley, prostituta y miembro del Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS), nos recuerda que, a pesar del paso de los años, la situación de las trabajadoras sexuales no ha cambiado. Que las mismas demandas suenan hoy en el Palacio de los Marqueses de la Algaba que ayer en la Iglesia de Saint Nizier.

“Estamos aquí como ciudadanas, tenemos derecho a estar en este espacio’’, señala María José Barrera, exprostituta y presidenta del CPS. Es la primera vez en la ciudad que en un edificio institucional hablan las trabajadoras sexuales, a pesar de que el Ayuntamiento de Sevilla ha hecho público su rechazo a jornadas de este tipo. A dos días de la celebración del encuentro la concejala de Igualdad organizaba una rueda de prensa para desvincularse de las jornadas y reafirmar su compromiso con la erradicación de la prostitución. Uno de los estandartes políticos del gobierno socialista ha sido la abolición y la identificación de la prostitución con violencia de género y trata. Este blindaje político, que roza el repudio a una parte de la sociedad, no es más que el miedo a lo que el nacimiento de este nuevo sujeto político puede suponer, el miedo a escuchar lo que las putas tienen que decir.

‘’No estamos representadas, pero en todos los espacios se habla de nosotras. Si se habla de nosotras, las putas tenemos que estar. Queremos hablar desde nuestras vivencias, desde nuestros tacones. Que se cuestione si para conseguir la abolición hay que pisotear a tantas mujeres’’. María José Barrera, cierra la presentación de las jornadas haciendo hincapié en uno de los puntos esenciales de las reivindicaciones de las trabajadoras sexuales; que se les escuche, que se cuente con ellas en los debates que les conciernen y que históricamente han sido debatidos y consensuados por todos los actores políticos menos por las propias prostitutas.

Talía Ardana, coordinadora del área de prostitución de la Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) presentó la primera mesa de la mañana recordando la importancia que tiene ‘’abrir un espacio seguro para las trabajadoras sexuales en una ciudad donde el ayuntamiento está cometiendo una auténtica caza de brujas contra las prostitutas’’, en referencia a la aplicación de la Ley Mordaza y a las ordenanzas municipales “antiprostitutas”, una fórmula que se está repitiendo en otras ciudades del estado y que está suponiendo la persecución y represión continua de las trabajadoras sexuales que prestan sus servicios en la calle.

 

Los orígenes históricos del debate sobre el trabajo sexual

Estefanía Acién, profesora del departamento de Antropología social de la Universidad de Almería y miembro de Acción en Red, abrió la mesa con su ponencia Feminismo, sexualidad y prostitución: debates teóricos, consecuencias reales, afirmando que ‘’la lucha por la consecución de los derechos para las putas es importante no solo para el colectivo sino para todas las mujeres’’. La antropóloga reflexionó acerca de los orígenes históricos del debate sobre el trabajo sexual dentro del feminismo. Una contextualización histórica necesaria para no caer en ni reproducir los discursos vacíos que a veces copan las discusiones: ‘’El debate sobre el trabajo sexual no es un debate nuevo, viene de finales del siglo XIX. Estamos en el mismo debate y nos quieren convencer de que es algo nuevo’’.

 

Las falacias del debate abolicionista desde una perspectiva filosófica

En la camiseta de Paula Sánchez, miembro del Colectivo Hetaira, referente en la lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales desde hace 23 años, se puede leer ‘’give me rights” [dame derechos]. Es la camiseta de AFEMTRAS (Agrupación Feminista de Trabajadoras del Sexo), un colectivo feminista de trabajadoras sexuales del distrito madrileño de Villaverde que, a pesar de estar invitado a las jornadas, sus integrantes ‘’no han podido venir por la precariedad a la que les ha sometido la ley Mordaza’’. Paula Sánchez es filósofa e investiga el estigma social de la prostitución desde esta disciplina. Su investigación se centra, entre otras cuestiones, en desmontar lo que en filosofía se conoce como “falacias”, aplicado en su caso, al discurso del abolicionismo. “Para que hablemos de debate tiene que haber posiciones de poder simétricas”, planteó, y evidenció cómo en la cuestión de la prostitución el monopolio del poder, tanto económico, como cultural, social y simbólico está del lado de los posicionamientos abolicionistas.

Partiendo de una visión bourdieuana del poder, expuso que la socialización del estigma de la prostitución es una forma de control social y que la sanción social, que está extremadamente interiorizada en todos los ámbitos de la sociedad, es la violencia sexual. Una de las falacias que analizó Sánchez fue la idea de que “la causa de la trata es la prostitución”. Y en este caso explicó que con estas afirmaciones se está confundiendo correlación con causa. La causa de la trata, sentenció, es la pobreza y el capitalismo, pero sobre todo “el cierre de fronteras, el hecho de que en Europa migrar no sea un derecho humano.”

 

El marco jurídico

Ana Castaño, abogada especializada en derechos humanos, centró su exposición en las normativas jurídicas que rigen el trabajo sexual. A nivel teórico, el Código Penal español no penaliza el ejercicio de la prostitución a quien la ejerce pero sí la explotación derivada de este ejercicio, haciendo que en la práctica se legitime la persecución y el acoso policial a las trabajadoras del sexo. Esta situación de vacío legal, afirmó, es el origen de la ambigüedad legal en la que se encuentra el colectivo.

 

Una aproximación al cliente

El antropólogo Francisco Majuelos compartió sus conclusiones sobre las investigaciones que ha realizado con los clientes del sexo de pago, un campo que no resulta nada fácil de abordar desde una perspectiva feminista y que puede resultar algo hostil y conflictivo para muchas de las que tenemos una postura pro-derechos. Desde una perspectiva etnográfica, Majuelos trazó un perfil del cliente concluyendo que no existen realmente unas características unitarias, y que la creación de un perfil único está relacionada con ‘’la imposición, por quienes pueden crear imaginarios, de un único modelo de sexualidad dominante’’. Apuntó también que desde los años 90 se responsabiliza directamente al cliente con la trata y que en el caso de las trabajadoras sexuales que ejercen libremente la prostitución estamos ante lo que, desde el derecho penal, se conoce como “delitos sin víctimas”, que supone una configuración penal de la moral del delincuente, construyendo de esta forma, la moral pública.

Las putas organizadas

Tras cada ponencia el público, numeroso y atento, debate sobre las cuestiones planteadas a lo largo de la mañana. Las trabajadoras sexuales sevillanas, argentinas, catalanas, se suben a la mesa para cerrar esta primera parte de las jornadas recordando que las putas se están organizando en muchas partes del Estado español y del planeta. Son las dos de la tarde y los empleados de seguridad del Palacio de los Marqueses de la Algaba nos instan a abandonar el edificio, aunque el ambiente de la sala se resiste a cerrar el debate. “Vamos a seguir reivindicando nuestros derechos desde los espacios públicos, porque los pagamos”, sentencia Mª José Barrera. “Quiero reivindicar la participación activa, política, del movimiento social de las trabajadoras sexuales”, manifiesta Paula Ezkerra, trabajadora sexual que participó en el movimiento de las Putas Indignadas en Barcelona. “Porque la participación activa va a deconstruir esta sociedad y la va a transformar en una sociedad diferente, rompiendo con el patriarcado y con el capitalismo.”

El debate entre las trabajadoras sexuales

Es sábado. Hora de la siesta. El sol que se cuela por las rendijas y la atmósfera volátil invita a dormir. Sin embargo el público espera en Lanónima expectante. La ocasión lo merece, no todos los días puede una escuchar con libertad a las protagonistas de una de las cuestiones más polémicas de la sociedad. Hoy no se trata de posicionarse a un lado u otro del debate, de buscar convencer y crear rivalidades. Se trata de acercar posturas, ver dónde se puede confluir, conocer la parte más orgánica y urgente de la cuestión, la que afecta a las personas y no encerrarse en la utopía desde una postura u otra.

La exprostituta y miembro del CPS Carmen de Córdoba modera la mesa de las trabajadoras sexuales. Carmen trabajó más de 30 años en el ayuntamiento de Córdoba después de ejercer la prostitución durante los años 70. “Cobro menos pensión porque me he jubilado anticipadamente, precisamente porque ese tiempo que estuve trabajando de prostituta no cuenta para la vida laboral”. Sus palabras evidencian una de las múltiples consecuencias, reales y encarnadas, de la ausencia de derechos laborales de las trabajadoras sexuales.

Linda Porn, miembro de Aprosex y artista transfeminista, ha vivido su experiencia como trabajadora sexual marcada transversalmente por su condición de migrante. ‘’La ley de extranjería es la verdadera proxeneta, lleva a la mujer migrante a no tener otra salida que la prostitución’’, dura sentencia vivida en la piel, a la que también hacía referencia Ana Castaño en su exposición de las normativas vigentes. Porn señaló la feminización de la pobreza como una de las causas del trabajo sexual. ‘’La mayoría de mujeres somos pobres y es una solución para salir de la precariedad’’. No lo entiende como única opción, sino como la opción que ella ha elegido para ser una superviviente en esta sociedad en la que la precarización laboral femenina es doce veces mayor que la masculina. Una realidad difícil de aceptar en una sociedad en la que los ecos de un modelo único de moralidad aún siguen sonando. 

Camisetas, pegatinas y mermeladas del CPS./ Aurora Revólver

Paula Ezkerra, trabajadora sexual y activista, comenzó su charla reivindicando el trabajo de las Putas Indignadas de Barcelonamovimiento referente en la lucha por los derechos del colectivo que acaba de crear la primera célula sindical de trabajadoras sexuales dentro del Estado español. ‘’No podemos olvidar en nuestra lucha, la lucha de clases y la conciencia de género’’, reivindicó para visibilizar la importancia de la sindicalización del trabajo sexual.

Leo Thunder, fundador del Colectivo Caye, prostituto y actor porno, insistió en su exposición en lo invisible que se encuentra la prostitución masculina. El trabajo sexual masculino no cuenta con estudios, datos, ni un protocolo médico y es un problema que debería atajarse.

Uno de los temas en el que más se profundizó en la mesa fue el del estigma social que supone ejercer la prostitución. “Tú eres siempre puta, aunque hayas ejercido una vez, una semana, un día, eres toda tu vida puta”, apuntó Carmen de Córdoba. También las “prostitutas privilegiadas”, como señaló Ariadna Riley, padecen el estigma en su vida cotidiana. En los centros médicos, donde les exigen continuas pruebas de Enfermedades de Transmisión Sexual; y en todos los ámbitos de la vida, como en el de la maternidad, ya que parece que a las putas se les niega también ese espacio social, el de madres o parejas, porque, como afirma Riley, “o él es tu chulo, o los hijos son fruto de una violación”.

Pero las putas, dice Paula Ezkerra, le dan la vuelta al estigma, que es una forma de controlar los cuerpos de las mujeres –los de todas las mujeres, no sólo los de las putas- y lo utilizan como herramienta de empoderamiento. ” Yo como puta veo la debilidad en la sexualidad del hombre y me aprovecho de esto económicamente, y eso se llama capital erótico”. Es aquí donde entra en el debate un discurso feminista que para muchas es difícil de asimilar: el feminismo puta. Para Porn esta concepción del feminismo tiene que ver, entre otras cosas, con el uso que la sociedad hace de la palabra puta para insultar a las mujeres. A las que se acuestan con muchos hombres, a las que visten con falda corta o a las que utilizan libremente su sexualidad, la sociedad las tacha de “putas”. Por eso, afirma, “las putas son todas las tías que transgreden las leyes patriarcales”.

Saisei-chan, otra de las trabajadoras sexuales que ha acudido a este encuentro, tiene una visión muy clara sobre lo que significa encarnar la identidad de puta feminista. Explica, desde un análisis profundo y meditado, cómo para ella, el feminismo puta parte de la pérdida del miedo a la cultura de la violación, al castigo que suponen las conductas sexuales disidentes de las mujeres. “Hay mujeres a las que es lícito violar, y otras que son víctimas. Y esa es la gran herramienta de control. Es la culpa y es el miedo”. Asumir la identidad de puta feminista “hace que tengas una relación más sólida con tu cuerpo y con tu sexualidad”. Reconocer públicamente que eres puta, es decir, que eres una mujer que se acuesta con muchos hombres, implica para Saisei-chan que el otro ya no te reconozca como sujeto y que dejes de esperar su aprobación, “y entonces empiezas a ser aún menos controlable”.

El público disfruta del debate, comenta, pregunta y escucha con atención las reflexiones y los relatos en primera persona de las trabajadoras sexuales de la sala. Es hora de cerrar, antes de hacerlo, María José Barrera agradece la participación de sus compañeras y vuelve a incidir en los puntos más urgentes: la formación y el acompañamiento a ‘’las compañeras que aún no están empoderadas”; la consecución de derechos sanitarios, sociales y laborales a las que quieran seguir ejerciendo la prostitución y alternativas reales a la prostitución para aquellas que quieran dejar de hacerlo. Un punto que desde un lado u otro del debate no debería siquiera ser discutido.

Hoy se alzaban las voces de putas y aliadas al grito de zorroridad. Exigen ser escuchadas, ser reconocidas como sujetos políticos activos con capacidad de decisión sobre sus propias vidas. Están hartas de repetir que la defensa del trabajo sexual no es una cuestión de libre elección. Que la mayoría de la gente no tiene libertad plena para elegir, y menos aún las mujeres pobres, las migrantes y las trans, a las que la sociedad condena a una precariedad extrema y depredadora. Que escogemos entre las posibilidades que tenemos a nuestro alcance según nuestro contexto social y cultural. Y que para ellas, la prostitución es una de esas opciones. Que la sociedad, sumida en un debate moral, mira para otro lado cuando las putas son asesinadas y violadas. Cuando se les deniegan los derechos más básicos como trabajadoras y como ciudadanas. Y que por eso, lo que urge, no es posicionarse éticamente a favor o en contra de la prostitución sino hacerlo a favor de las personas que la ejercen, para que no sigan siendo agredidas física, simbólica e institucionalmente. Para que puedan llegar a ser ciudadanas y trabajadoras de pleno derecho.

Aurora Revolver

Periodista Andergraund. Potra desbocá que no sabe donde va. Documentalista neonata. Escribo sobre lo que me escuece, poemas también, ‘De Contrabando’ editorial versátiles.

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Paula Alvarez

Periodista audiovisual y feminista. Escribo con la cámara y el papel sobre derechos humanos y feminismo. Trabajo en comunicación participativa en @laluciernagacc

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Definición de dignidad

 

  • “Así, puede elaborarse una definición de la dignidad de la persona humana, según la Constitución española: ‘valor de la persona humana, espiritual o moral y jurídico, que permanece invulnerable o inalterable, y se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida’.” 
  • “En casi todas las decisiones de los tribunales laborales españoles que niegan la posibilidad de que la prostitución se considere como objeto lícito de un contrato de trabajo se hace hincapié en que, en la medida en que esa actividad va en contra de la dignidad de las personas, no cabe reconocer tutela legal alguna a quien la ejerce. Se concluye, pues, afirmando que el individuo no es libre para comprometer su propia dignidad, lo que conlleva la paradoja de que con el fin de proteger la dignidad de las personas se les priva de una parte de la misma, tratándolas como incapaces y negándoles su poder de decisión al suplantar su libre albedrío por el de la colectividad, dado el hecho de que “ésta sabe mejor que aquél lo que es bueno para él”.

https://elestantedelaciti.wordpress.com/2018/07/06/la-prostitucion-posible-objeto-de-un-contrato-de-trabajo-como-una-manifestacion-mas-del-trabajo-sexual/

 

LA DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL ESPAÑOLA

 

Por JOSÉ ENRIQUE MORA

https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/5545/1/JOSE%20ENRIQUE%20MORA.pdf

 

El art.10 nº 1 de la Constitucion española de 1978 dice textualmente: «La dignidad de la persona humana, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social».

Con estas palabras la norma jurídica que sienta las reglas básicas de la convivencia social en España, establece como fundamento o cimiento de las ordenadas relaciones humanas, la dignidad de la persona y los derechos que son inherentes a ella, calificados como inviolables.

 

  1. QUÉ ENTIENDE POR DIGNIDAD HUMANA LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

El Tribunal constitucional español es el intérprete más caracterizado o «supremo» de la Constitución!, puesto que en sus sentencias delimita y define el contenido o alcance de sus preceptos, vinculando a todos los poderes públicos, hasta el punto que la jurisprudencia ordinaria de los tribunales «habrá de entenderse corregida» por la doctrina establecida en sus sentencias2 Además, ostenta preeminencia respecto al Parlamento, pese a que éste es el representante del pueblo, único titular, a su vez, de la soberanía nacional y fuente de los poderes del Estado, puesto que este Tribunal sólo está sometido a la Constitución y a su Ley de organización, ‘no a las demás leyes del Estado3. Por esa preeminencia puede declarar la nulidad de cualquier norma legal, «expulsándola» del ordenamiento jurídico 4

En consecuencia, y por lo que aquí interesa, la definición del concepto de dignidad humana, en el orden jurídico de la convivencia de los españoles, viene dada por la doctrina sentada en las sentencias del Tribunal constitucional.

En la Sentencia 53/85, sobre la ley de parcial despenalización del aborto, se considera la dignidad de la persona como valor moral y como valor jurídico, de la siguiente forma: 

« … la dignidad es un valor espiritual y moral inherente a la persona, que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y que lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los demás» … «Junto al valor de la vida humana y sustancialmente relacionado con la dimensión moral de ésta, nuestra Constitución ha elevado tambien a valor jurídico fundamental la dignidad de la persona… » 5.

Parece por tanto que, para el Tribunal constitucional, la dignidad humana es un valor espiritual y moral «elevado» a valor jurídico fundamental por la Constitución. Y de ese valor moral, «elevado» a jurídico, se deducen, como consecuencia, los derechos humanos fundamentales:

«Indisolublemente relacionado con el derecho a la vida en su dimensión humana se encuentra el valor jurídico fundamental de la dignidad de la persona … germen o núcleo de unos derechos que le son inherentes. La relevancia y la significación superior de uno y otro valor y de los derechos que los encarnan se manifiesta en su colocación misma en el texto constitucional … , lo que muestra que dentro del sistema constitucional son considerados como el punto de arranque, como el prius lógico y ontológico para la existencia y especificación de los demás derechos»6.

En la Sentencia 120/1990, sobre huelga de hambre reivindicativa de presos terroristas, se alternan también ambas consideraciones de la dignidad, la moral y la jurídica:

«Proyectada sobre los derechos individuales, la regla del art. 10 implica que, en cuanto «valor espiritual y moral inherente a la persona», la dignidad ha de permanecer inalterada cualquiera que sea la situación en que la persona se encuentre, … constituyendo, en consecuencia, un mÍnimum invulnerable que todo estatuto jurídico debe asegurar, de modo que, sean unas u otras las limitaciones que se impongan en el disfrute de derechos individuales, no conlleven menosprecio para la estima que, en cuanto ser humano, merece la persona”7.

y en la Sentencia 57/1994, se dice: «… los arts. 15 y 18.1 son proyeccion de la dignidad de la persona que como valor jurídico fun­damental consagra el art. 10.1 8

Son los únicos textos en los que el Alto Tribunal se acerca a una definición del concepto de dignidad de la persona humana, puesto que en otros muchos en los que se refiere a la misma, lo hace, como fundamento de los derechos humanos que le son inherentes, para señalar la incompatibilidad con ella de alguna norma legal, pero sin mención alguna a su significado o concepto.

De esta doctrina constitucional pueden destacarse como notas características de la dignidad de la persona las siguientes:

  • es un valor espiritual y moral inherente a la persona
  • es un valor jurídico fundamental, sustancialmente relacionado con la dimensión moral de la vida humana
  • se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida
  • es un minimum invulnerable, ha de permanecer inalterada, a salvo las limitaciones que se impongan en el disfrute de derechos individuales.

Así, puede elaborarse una definición de la dignidad de la persona humana, según la Constitución española, tal como la interpreta su judicial custodio: valor de la persona humana, espiritual o moral y jurídico, que permanece invulnerable o inalterable, y se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida.

Conforme a lo expuesto, la importancia que se reconoce al concepto de la dignidad humana no va unida a una definicion clara del concepto de persona humana, aunque parece que se parte de una perspectiva de cierta excelencia, habrá de tener una dimensión espiritual, merecer de los demás un respeto máximo y referirse sustancialmente a su libertad, como ejercicio de la inteligencia y voluntad. De lo contrario, la persona humana carecería de ese valor o dignidad que la Ley le reconoce, y que es fuente de sus méritos, de lo que se merece y debe reconocérsele, esto es, de los derechos que le son inherentes.

Desde luego, la dignidad humana ha sido en la historia, y es en la actualidad, en el orden jurídico, el punto de referencia del reconocimiento y afirmación de la dimensión moral de la persona.

 

  1. DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA Y DERECHOS HUMANOS

Las actuales teorías de los derechos humanos, nacidas del iusnaturalismo racionalista de S. Puffendorf!, parten de la idea de dignitas del hombre, como ser éticamente libreIO , y enlazan con la doctrina kantiana, según la cual, la dignidad es la dimensión moral de la personalidad y se fundamenta en la libertad y autonomía del individuo.

Como vemos, no anda lejos de esta concepción el Tribunal constitucional español y la Constitución misma, porque libertad y autonomía se funden en la expresión «autodeterminación consciente y responsable de la propia vida», utilizada en la sentencia 53/85, del aborto, y se convierten en el «libre desarrollo de la personalidad», del art.. 10 de la Constitución, que supone, a su vez, el reconocimiento de la total autodisponibilidad, de· cada ser humano, sin interferencias o impedimentos externos» 11

.Sin embargo, el expuesto art. 10.1 de la Constitución, tampoco está lejos de una base iusnaturalista, según la cual, dice Messner, «el hombre posee la dignidad de persona como ser capaz de responsabilidad, por virtud de su libertad y capacidad de autodeterminación, y por esta razón, la libertad es el rasgo distintivo de su naturaleza»12.

En este sentido, Perez Luño13 afirma que la declaración del art. 10. 1 de nuestra Constitución tiene un «claro matiz iusnaturalista», y cita a Basile, quien entiende que el repetido precepto «recuerda modelos franceses del S. XVIII, pero recibe tambien influencias más recientes sobre todo alemanas e italianas»14. Esta afirmación, para Pérez Luño, equivale a un reconocimiento implícito de la impronta iusnaturalista de dicho artÍculo15.

Hay que admitir, desde luego, en el concepto constitucional de dignidad humana, el rechazo de una visión. totalizadora de la vida social, en el sentido de que no se conciben en él organismos colectivos con fines o vida superiores a los de los individuos que los componen l6. Admite, incluso, el citado autor italiano, que el principio constitucional de dignidad de la persona «podría esconder un potencial subversivo» con relación al sistema económico del Estado social y democrático de Derecho, que la Ley organiza. Algo recuerda esto al llamado «poder renovador»l7 o «carácter revolucionario» del Derecho Natural, o a la idea de «el Derecho Natural como ideología»18

Tambien el neomarxista Blochl9 reconoce que el tema de la dignidad tiene un transfondo iusnaturalista: «Las tesis iusnaturalistas están dirigidas predominantemente a la dignidad … el derecho natural está dirigido, ante todo, a la eliminacion de la humillación humana».

Y, desde una dirección existencialista, Maihofer da relevancia a la dignidad humana como principio guía del Estado de Derecho, afirmando que la dignidad constituye hasta el momento una «tesis no interpretada»20.

Pero el propio Tribunal Constitucional afirma que su misión interpretadora acerca de este precepto, en el que se encuentra el fundamento de los derechos humanos constitucionales, no se sujeta a ninguna concepción previa. Así, dice en la sentencia 150/1991, F. J. 4.°:

« .. .las normas constitucionales relativas a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de la personalidad … si bien integran mandatos objet­vos y tienen un valor relevante en la normativa constitucional, no pretenden la consagración de ninguna construccion dogmática, sea jurídico-penal o de cualquier otro tipo».

Esta afirmación resulta oscura, en cuanto se ignora qué entiende el Tribunal por «construcción dogmática», y desde luego no puede evitar la polémica iusnaturalismo-positivismo, aunque más bien parece que quiere excluir, de forma precisamente dogmática, el reconocimiento del Derecho Natural, en la labor interpretativa del propio Tribunal.

De cualquier forma, es claro que la dignidad humana supone el valor básico fundamentador de los derechos humanos, su principio legitimador!. Con ese sentido aparece también en la Constitución italiana (art. 2,3 y 13) y alemana (art. 1 y 2), donde se alude a los derechos inviolables de la persona, basados en su dignidad.

Lo reconoce expresamente el Tribunal en sentencia 214/1991, EJ. 1:

« … el derecho al honor y otros de los derechos reconocidos en el art. 18, aparecen como derechos fundamentales vinculados a la propia personalidad, derivados, sin duda, de la dignidad de la persona, que reconoce el art. 10».

Precisamente por esto, es de primordial importancia conseguir una definición adecuada del concepto de dignidad de la persona, porque el contenido mismo de los derechos humanos constitucionales, está en relación con ese concepto, tal como se expresa en las siguientes sentencias:

«El art. 10.1 no puede servir de base para una pretensión autónoma de amparo … ( pues) sólo en la medida en que tales derechos sean tutelables en amparo y únicamente con el fin de comprobar si se han respetado las exigencias que, no en abstracto, sino en el concreto ámbito de cada uno de aquellos, deriven de la dignidad de la persona, habrá de ser tomado en consideración como referente» (S. 57/1994, EJ. 3.° a).

Se trata aquí de explicar que de la dignidad humana derivan ciertas exigencias, concretadas en cada derecho fundamental, quedando pendiente de la concrección de esas exigencias: el contenido concreto del derecho fundamental.

Y en la Sentencia 120/1990 (EJ. 3.°), se dice:

« … la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes … no significa ni que todo derecho le sea inherente -y por ello inviolable-, ni que los que se califican como fundamentales sean in toto condiciones imprescindibles para su efectiva incolumidad, de modo que de cualquier restricción que a su ejercicio se imponga, devenga un estado de indignidad».

Por tanto, es decisivo saber cuándo una limitación de un derecho fundamental hace pasar de la dignidad a la indignidad personal. Se deja, tambien aquí, abierto el campo de la determinación del criterio que expresará y diferenciará lo digno de lo indigno de la persona humana.

Además, la necesidad de una definición de la dignidad de la persona humana, a fin de conocer el contenido de los derechos de la persona, se evidencia al examinar las Declaraciones internacionales de Derechos Humanos, que, de una forma u otra, ponen en la dignidad personal, esto es, en el concepto mismo de persona humana, el origen, la fuente, la razón de ser, de los derechos humanos:

« … la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana» (Preámbulo de la Declaracion universal de derechos Humanos, de 10-12-1948)

«Reconociendo que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona humana» (Pactos internacionales de Derechos Civiles y Políticos, y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 19-12­1966)

Estas Declaraciones tienen plena transcendencia jurídica en España, por cuanto, en materia de derechos fundamentales, «hay que interpretar la Constitución de conformidad con la Declaracion Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre la materia ratificados por España»22. En consecuencia, tambien desde esta remisión constitucional a los tratados internacionales, se hace preciso aclarar el concepto de dignidad de la persona humana, que se tiene como fundamento de los derechos humanos.

Si no se profundiza en el concepto de persona, y se define, aclarando cual es su dignidad, se corre el riesgo de que, a la inversa, sea la definición jurídico-positiva del contenido de los derechos humanos, la que conduzca, a modo de precipitado, a un cierto concepto de persona y su dignidad. Así, se ha dicho, muy recientemente:

«Es absolutamente mayoritaria en la doctrina constitucional la opinión de que la fuerza normativa de la proclamación de la dignidad de la persona, impone una configuración neopersonalista de las relaciones individuosociedad. De esta forma, la dignidad de la persona aparece como inspiración y fundamento de los derechos fundamentales .. En otros términos, la dignidad de la persona se materializa en el reconocimiento de los derechos constitucionales inviolables, precisamente por ser inherentes a la propia dignidad. Si esto es así, la dignidad de la persona se configura como un principio dinámico que articula y sistematiza todos y cada uno de los derechos fundamentales. Es obligada por tanto una interpretación articulada y dinámica de los derechos fundamentales, tendente a dar contenido y a afirmar la vigencia del valor­guía dignidad de la persona.. Esta concepción dinámica de la dignidad de la persona se ve refrendada por el reconocimiento del “libre desarrollo de la personalidad”, como verdadera meta de la efectiva vigencia de aquellos derechos …. La clave de bóveda en la interpretación del alcance y límites de protección de los derechos fundamentales es el entendimiento de los mismos como realidades normativas dindmicas, configuradoras de la dignidad de la persona»23.

La dignidad de la persona, quedaría de este modo reducida a un principio inspirador, dinámico, que articula y sistematiza los derechos humanos. Un valor-guía, pero, al mismo tiempo, un resultado configurado por las realidades normativas dinámicas, que son los derechos fundamentales.

Puede consultarse el resto del artículo aquí:

https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/5545/1/JOSE%20ENRIQUE%20MORA.pdf

 


  1. Así lo califica el ano 1 de su Ley reguladora, L.O. 2/79, de 3 de octubre.
  1. Art. 40. 2 de la citada ley.
  1. Art. 1 de la Ley 2/79.
  1. Por ello ha sido llamado «legislador negativo».
  1. Fundamento Jurídico 8.°.
  1. F. J. 3.°.
  1. F. J. 4.°.
  1. F.]. 4.°.
  1. Pufendorf, «De iure naturae et gentium».
  1. PÉREZ LUÑo, A., «Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitucióll», Tec­nos, 1986, p. 49.
  1. PÉREZ LUÑo, ob. cit., p. 318. Citado por este autor y obra, p. 215, 1. KANT, «Ueber den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugr aber nicht für die Praxis».
  1. MESSNER, J., «Etica social política y económica a la luz del Derecho Natural», Rialp, 1967, p. 147.
  1. Ob. cit. p. 325.
  1. BASILE, S., «Los valores superiores, los principios fundamentales y los derechos y li­bertades públicas, en la obra colectiva, «La constitución española de 1978», Civitas, 1981,
  1. Peces Barba, sin embargo, desde una postura que él llama dualista, acerca de la fun­damentación de los derechos humanos, intentando superar iusnaturalismo y positivismo, sostiene que uno es el ámbito de los valores, y otro el de su consagración positiva, de modo que sería «un poder democrático y una sociedad democrática», lo que funda la validez de las normas constitucionales. R. Spaemann denomina a tales proclamaciónes de derechos, «edicto de tolerancia revocable».
  1. BASILE, ob. cit. p. 273.
  1. MESSNER, J., ob. cit. p. 444.
  1. FERNANDEZ-GALlANO y DE CASTRO CID, «Lecciones de Teoría del derecho y Dere­cho Natural», Ed. Universitas, 1995, p. 29l.
  1. E. BLOCH, «Derecho natural y dignidad human:!», Aguilar, 1980, p. 209.
  1. MAIHOFER, W.: «Rechtstaat und menschliche Würde», 1968, p. 10, cit. por PÉREZ LUÑo, ob. cit. p. 318.
  1. PÉREZ LUÑo, ob. cÍt. p. 318.
  1. Sentencias de 15 de octubre y 20 de diciembre de 1982, reiteradas.
  1. MONTALBÁN AVILÉS, A., «El derecho a la vida y la disponibilidad sobre la propia vida. Su constitucionalidad», en Cuadernos de Derecho Judicial, ed. por CGPJ, Madrid, 1993.

 

 

La prostitución: posible objeto de un contrato de trabajo como una manifestación más del trabajo sexual.

 

Autor: Fernando Fita Ortega
Páginas: 91-107
Cargo: Profesor T.U. Universitat de València

https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/prostitucion-trabajo-manifestacion-sexual-314320018

 

ÍNDICE

1. Algunas consideraciones en torno a la posibilidad de considerar la prostitución como objeto del contrato de trabajo.

1.1. La prostitución y la tutela de la libertad.
1.2. La prostitución y la tutela de la dignidad.

2. Una propuesta: la prostitución como objeto de una relación laboral de carácter especial.

 

1 . Algunas consideraciones en torno a la posibilidad de considerar la prostitución como objeto del contrato de trabajo

En el debate abierto acerca del reconocimiento de la prostitución1 como objeto de la relación laboral, son dos, desde mi punto de vista, los aspectos clave sobre los que gira la misma. Se trata de los relativos a la libertad y la dignidad.

 

1.1. La prostitución y la tutela de la libertad

Por lo que se refiere a las interrelaciones entre prostitución y libertad, varias son las aproximaciones que cabe efectuar. Así, de una parte, el análisis de la prostitución desde la perspectiva de la libertad al desempeño de una actividad económica. De otra, el enfoque de la prostitución desde la perspectiva de la libertad sexual.

1 . En cuanto a la primera de estas aproximaciones, la libertad para el ejercicio de las actividades económicas se encuentra recogida en el artículo 35 de la Constitución Española. Este precepto, de modo similar a como lo hacen otros textos constitucionales de países europeos y otras disposiciones supranacionales, reconoce el derecho a la libre elección de la profesión y oficio. Derecho cuyo alcance abarca tanto el derecho de toda persona a no verse obligada a trabajar en aquellas actividades que no hayan sido voluntariamente aceptadas (vertiente negativa del derecho, recogida en el art. 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos2) como el derecho a prestar una actividad en régimen de libertad, sin más limitaciones que las que resulten necesarias y respondan a objetivos de interés general, o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás (vertiente positiva del derecho).

La vertiente negativa del derecho a la libre elección de la profesión y oficio se plasma en la prohibición de la esclavitud y de los trabajos forzados u obligatorios, los cuales han sido identificados como todo trabajo impuesto a una persona contra su voluntad, presentando un carácter injusto u opresivo. Evidentemente, la admisión de la legalidad de la prostitución y su reconocimiento como trabajo sexual pasa por que se trate de una opción que cuente con el consentimiento de la trabajadora, sin que pueda ser una opción impuesta contra su voluntad. Teniendo presente que para valorar el concurso de la voluntariedad -requisito indispensable para poder apreciar la existencia de una relación laboral-, el ordenamiento no atiende más que a la presencia de la libertad formal del individuo -de modo que no quepa apreciar ningún tipo de vicio en el consentimiento prestado- sin que resulte relevante la libertad material, esto es, las condiciones de partida de quien acepta libremente la prostitución como medio de vida, y que pueden haber ‘forzado’ a la persona a la libre aceptación de esa actividad3.

Con relación a esta cuestión cabe destacar que la posibilidad de que exista consentimiento en el ejercicio de la prostitución, y que el mismo pueda ser tenido en cuenta, ha sido, por lo demás, reconocido por el Consejo de la Unión Europea4, que en su Decisión Marco de 19 de julio de 2002, relativa a la lucha contra la trata de seres humanos5, centra su ámbito de actuación a aquellos supuestos en los que el trabajo sexual viene impuesto a la persona6.

Por lo demás, aunque el ejercicio de la prostitución haya sido voluntariamente aceptado, nunca podrá convertirse en objeto de un contrato esclavo, con condiciones leoninas7. Es en estos casos donde la dignidad de las trabajadoras del sexo podrá verse vulnerada, esto es, cuando como consecuencia de la especial situación de vulnerabilidad de la trabajadora se consienten unas condiciones de trabajo inaceptables8, y ello por cuanto prestar un trabajo al que se ha consentido puede constituir perfectamente un trabajo forzado u obligatorio si se trata de un trabajo injusto u opresivo9, lo que puede llegar a justificar la aplicación de la sanción penal a quien impone tales condiciones10.

Respecto a la vertiente positiva del derecho a la libre elección de la profesión y oficio, cabe destacar que el derecho al trabajo, en su manifestación como libertad individual para elegir una profesión u oficio, no es un derecho absoluto -como no lo son ninguno de los derechos consagrados en el texto constitucional- de modo que no cabe derivar de él el derecho a desarrollar cualquier actividad. El respeto al propio ordenamiento jurídico, a los valores y principios inherentes a él, se opondría a semejante conclusión.

Descartado, como luego se expondrá, que el ejercicio de la prostitución como actividad profesional pueda entenderse contrario al principio de la dignidad consagrado en el art. 10 de la Constitución Española, la consideración de la prostitución como una variante legalmente admitida del trabajo sexual es una cuestión que solamente cabe valorar desde la perspectiva de la legalidad infraconstitucional11, quedando en manos del legislador ordinario -a través de ley orgánica- modificar su estatus jurídico12.

Así pues, considerando que el libre ejercicio de la prostitución no es contrario a los valores y principios reconocidos en nuestro ordenamiento y que, por tanto, puede ser un objeto lícito del contrato de trabajo, cabe concluir en este momento señalando que la libertad individual para elegir una profesión u oficio propia de un Estado Democrático y Social de Derecho debe comprender no sólo la prohibición de discriminación, sino también una posición activa frente a los obstáculos que impiden la igualdad, pues así lo impone el artículo 9.2. de la Constitución13. Y en el caso del colectivo de mujeres prostituidas parece claro que la vía más adecuada para lograrlo es la de su reconocimiento legal, restituyendo la debida consideración social, de la que históricamente se han visto privadas, a quienes ejercen esta actividad, de modo que se le reconozcan derechos relacionados con su actividad.

2 . En cuanto a la segunda de las aproximaciones a la prostitución desde la libertad, esto es, desde el punto de vista de la libertad sexual, cabe destacar, en primer lugar, que difícilmente puede encontrarse algún reconocimiento de esta libertad en el ordenamiento español, más allá de lo previsto en la normativa penal. Sin embargo, no puede negarse que, a pesar de ello, la libertad sexual -entendida como la capacidad del individuo a comportarse eróticamente sin más límite que la ausencia de perjuicio para terceros14- se encuentra implícitamente reconocida en la libertad individual en sentido amplio, pudiendo reconducirse al derecho a la intimidad personal consagrado en elartículo 18 de la Constitución15.

La inclusión de la libertad sexual en la esfera del derecho a la intimidad también ha sido reconocida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos16. Así puede apreciarse en dos decisiones de dicho Tribunal relativas a prácticas sadomasoquistas, en las que la Corte se ha basado en la protección de la salud e integridad física para descartar la existencia de una violación, por parte del Estado, del derecho a la vida privada reconocido en el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales17.

En este sentido, en la sentencia Laskey, Jaggard y Brown contra el Reino Unido, de 19 de febrero de 1997, el TEDH estima que una de las funciones que indudablemente corresponden al Estado consiste en la regulación, en virtud del derecho penal, de las prácticas que implican daños corporales siendo irrelevante que estos actos se hayan cometido dentro de un marco sexual o de otro tipo18. De otra parte, en la sentencia K.A. y A.D. contra Bélgica (TEDH 2005, 15, ap. 29) dictada el 17 de febrero de 2005 se afirma que “…si bien una agresión con lesiones voluntaria, incluso causada en el marco de unas prácticas sadomasoquistas, no puede justificarse por el consentimiento de la víctima, sí puede no obstante considerarse excusable en virtud del artículo 8.1 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572). Tal sería el caso cuando no atenta contra la salud de la víctima y cuando ésta consiente en ello legalmente. En estas condiciones, las prácticas sadomasoquistas deberían considerarse pertenecientes a la vida privada, cuyo respeto exigiría que escapasen a la condena pese al hecho de que reuniesen los elementos constitutivos de una agresión con lesiones voluntaria. En este caso, sin embargo, los Tribunales de instancia concluyeron legalmente, a partir del análisis de la relación entre los artículos 392 y 398 del Código Penal, por un lado, y del artículo 8.1 y 8.2 del Convenio, por otro, que la calificación de los actos sadomasoquistas cometidos por los demandantes en concepto de «agresión con lesiones voluntaria» cumplía las exigencias de la noción de «Ley», en el sentido del artículo 8.2, justificando así legalmente la condena de los interesados”. Y respecto de esta cuestión el Tribunal falla entendiendo que la acción punitiva ejercida por el Estado Belga en este caso no suponía una vulneración de lo prevenido en el art. 8 del Convenio porque, en última instancia, no se respetó la voluntad de la ‘víctima’19. De este modo el Tribunal no llega a pronunciarse sobre dos consideraciones que se plantean en la sentencia del tribunal nacional que da pie al recurso ante el TEDH, esto es, si la moral pública y el respeto de la dignidad de la persona humana imponían unos límites que no podían franquearse aprovechándose del «derecho a disponer de sí mismo» o de la «sexualidad consensual»20.

Cuestión distinta es la de que el derecho a la intimidad, en cuya virtud se impide que la norma penal pueda intervenir, en principio, en el ámbito de las prácticas sexuales consentidas que dependen del libre arbitrio de los individuos21, pueda reconocerse en los supuestos de prácticas sexuales mantenidas a cambio de una contraprestación económica22. Opción que ha sido negada por la Comisión Europea de Derechos Humanos que, en su decisión F. contra Suiza, n. 11680/1985, de 10 de marzo de 1988, ha considerado que la incitación a la explotación comercial de la sexualidad es ajena completamente a la vida privada o familiar23.

Se evidencia así, como pone de manifiesto DIANE ROMAN24, que mientras que con el reconocimiento de la libertad sexual se pone el énfasis en la autonomía de la persona, así como en su facultad de realizarse a través de un relación sexual y amorosa libremente consentida -lo que llevaría a los sistemas jurídicos occidentales a proclamar un principio de orientación sexual que, llevado a su grado máximo, debería conducir a admitir toda forma de sexualidad: heterosexual u homosexual, practicada sola o en grupo, conforme a los principios morales tradicionales o contrarios a ciertos tabúes, de forma gratuita o bajo precio- el derecho se opone a ello, manteniendo diversas barreras.

Puede así concluirse que siendo múltiples los aspectos de la libertad sexual (tanto el derecho a mantener relaciones sexuales o de rechazarlas, como el derecho a escoger su naturaleza: sea heterosexual, homosexual, retribuidas o no, sadomasoquistas, etc.)25, lo cierto es que sólo algunas de ellas han ido poco a poco mejorando su tutela legal, resultando que la libertad sexual sigue estando hoy día extremadamente limitada26, siendo que estas restricciones a la libertad sexual resultan a menudo aceptadas en nombre de la moral pública, de la igualdad entre sexos, de la protección de los débiles o de la dignidad humana27.

 

1.2. La prostitución y la tutela de la dignidad

El otro aspecto fundamental en el debate acerca del posible reconocimiento legal de la prostitución como actividad productiva estriba en el derecho a la tutela de la dignidad de las personas.

En casi todas las decisiones de los tribunales laborales españoles que niegan la posibilidad de que la prostitución se considere como objeto lícito de un contrato de trabajo se hace hincapié en que, en la medida en que esa actividad va en contra de la dignidad de las personas, no cabe reconocer tutela legal alguna a quien la ejerce. Se concluye, pues, afirmando que el individuo no es libre para comprometer su propia dignidad, lo que conlleva la paradoja que con el fin de proteger la dignidad de las personas se les priva de una parte de la misma28, tratándolas como incapaces y negándoles su poder de decisión al suplantar su libre albedrío por el de la colectividad, dado el hecho de que “ésta sabe mejor que aquél lo que es bueno para él”29.

Por lo que se refiere a nuestro ordenamiento, es sabido que el artículo 10 de la C.E.reconoce, como fundamento del orden político y de la paz social, la dignidad de la persona así como los derechos inviolables que le son inherentes. La dignidad aparece así reconocida en nuestro texto constitucional como un valor o principio inspirador del ordenamiento jurídico, fuera de la sección expresamente dedicada a los derechos fundamentales, aunque pueda consistir en un sustrato inherente a todos y cada uno de ellos30.

Estrechamente vinculada a la dignidad de las personas se encuentra la prohibición de trata de seres humanos, cuya definición debe incluir la vertiente relacionada con la explotación sexual31. Desde este punto de vista, la idea de dignidad reconduce la problemática al primero de los aspectos analizados, esto es, la necesidad de garantizar la libertad sexual. Y es evidente que en este punto los dos conceptos se interrelacionan, pues no puede sino afirmarse que constituye un atentado contra la dignidad de las personas imponerles una conducta sexual, sin respeto de su libertad de decisión32.

La cuestión que debe, pues, despejarse, es la de si el ejercicio de la prostitución voluntariamente consentida puede suponer un atentado contra la dignidad. En este sentido cabría decir que tal conclusión iría en contra de la configuración que el propio Tribunal Constitucional ha realizado del derecho a la dignidad. En efecto, el Alto Tribunal ha señalado que la dignidad personal del trabajador debe ser entendida como“el derecho de todas las personas a un trato que no contradiga su condición de ser racional igual y libre, capaz de determinar su conducta en relación consigo mismo y su entorno, esto es, la capacidad de autodeterminación consciente y responsable de la propia vida”33. De este modo, la idea de dignidad se pone nuevamente en relación con la de libertad, pero esta vez desde su vertiente positiva. Así lo manifestó el propio Tribunal, en su sentencia 53/1985, de 11 de abril, en la que se afirma que “la dignidad de la persona se halla íntimamente vinculada con el libre desarrollo de la personalidad (art. 10) y los derechos a la integridad física y moral (art. 15), a la libertad de ideas y creencias (art. 16), al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (art. 18.1). Es un valor espiritual y moral inherente a la persona, que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y que lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los demás…”.

Desde esta perspectiva, la respuesta que cabe dar a la premisa planteada no ofrece lugar alguno a la duda: la prostitución libremente aceptada, y en unas condiciones aceptables, en nada puede afectar a la dignidad de quienes la ejercen, pues se trata de un valor subjetivo cuya vigencia se manifiesta frente a los demás, por lo que deberá ser jurídicamente respetada34.

Cuestión distinta es la consideración moral que conllevan las reflexiones que estiman contrario a la dignidad el ejercicio consentido de la prostitución. En este sentido puede apreciarse, como subraya DANIEL BORRILLO, cómo la crisis jurídica del concepto de moralidad y de buenas costumbres, que han perdido su legitimidad en un Estado democrático que implica su neutralidad ética, ha dejado en manos de la dignidad humana y la igualdad de los sexos los argumentos tradicionalmente invocados para justificar los límites a la libertad sexual35, siendo que el argumento de la dignidad resulta peligroso porque descansa sobre el paternalismo del Estado36.

El tema de la dignidad, tan a menudo suscitado por los tribunales laborales a la hora de enjuiciar la legalidad de la actividad de la prostitución, se reconduce así a una cuestión de moralidad, lo que resulta consecuente con la afirmación frecuentemente efectuada por los tribunales laborales cuando abordan la cuestión en el sentido de que, en el caso de la prostitución, el objeto del contrato es ilícito, pues se trata de un objeto contrario a las leyes o a las buenas costumbres (art. 1271 del Código Civil), y de que también lo es la causa, pues resulta ilícita la causa cuando se opone a las leyes o la moral (art. 1275 del Código Civil)37. Así, la moralidad, o lo que ha venido a sustituirla, la dignidad, aparece como un límite a la libertad de la autonomía individual de las personas38.

Desde esta perspectiva, se comprende la tradicional obstinación de entender contraria a la dignidad la actividad de la prostitución, dada la visión absolutamente negativa que de ella se transmite39, que denota cómo la prostitución ha venido siendo una actividad socialmente estigmatizada. Es lo que se pone de manifiesto en la consideración de que“la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas para fines de prostitución, son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana y ponen en peligro el bienestar del individuo, de la familia y de la comunidad40. La prostitución viene así representada como una actividad peyorativa o denigratoria41, que “corrompe en todos los casos”42.

Sin embargo, dentro del campo de la moral sexual, se ha sugerido que, con la liberalización de las costumbres, se ha pasado de una moral substantiva, basada en la noción de las buenas costumbres, a una moral consensuada, privilegiando la libertad de consentimiento, donde la represión de la sexualidad se limite a proteger a los individuos que no se encuentran en condiciones de prestar un consentimiento válido43. Los estigmas, como sugiere MARTHA NUSSBAUM44, varían con el paso del tiempo -aunque, cabría matizar, algunos más rápidamente que otros- siendo necesario que se supere definitivamente la estigmatización de la prostitución (libremente consentida, insisto) pues es a través de dicha estigmatización que verdaderamente se lesiona la dignidad de quienes la ejercen, al negarles, como dice el Tribunal Constitucional en su sentencia 192/2003 antes referida, la “autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y que lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los demás”.

Por otra parte, en la medida en que ninguna legislación es éticamente aséptica, sino que responde a los valores y principios vigentes en la sociedad, se viene atribuyendo a los distintos Estados la potestad de establecer, en función de su propia idiosincrasia, los cánones de moralidad vigentes en los mismos, sin que pueda entrarse a sustituir tales cánones por los prefijados fuera de su propio ámbito45.

Así, el TJCE, en su sentencia Jany, de 20 de noviembre de 2001, dispone que “por lo que se refiere a la inmoralidad de la actividad de prostitución, evocada por el órgano jurisdiccional remitente, procede recordar también que, como ha declarado el Tribunal de Justicia, no le corresponde sustituir por la suya la apreciación de los legisladores de los Estados miembros en los que una actividad supuestamente inmoral se practica legalmente”.

Desde este punto de vista, es a los Estados a quienes compete establecer los parámetros de la moralidad pública, sin que en dicha tarea puedan sustituirse los valores de la colectividad por los individuales de los juzgadores ante quienes se sometan las controversias jurídicas, tal y como puede apreciarse en la actual reticencia de ciertos miembros del poder judicial en la aceptación de la validez del matrimonio de parejas homosexuales o en que éstas puedan adoptar legalmente a menores. El problema reside tanto en descubrir, tal y como afirma DANIÈLE LOCHAK46, en una sociedad democrática, caracterizada por una pluralidad de valores y convicciones, puede alcanzarse un acuerdo en torno a las reglas que restrinjan el libre arbitrio de cada uno sin que las restricciones aparezcan como arbitrarias47, como en aceptar que la moralidad pública dominante no tiene por qué coincidir con la individual48.

Ello se traduce, en el caso del Estado español, en que el legislador no ha intervenido sobre el particular declarando expresamente la legalidad o ilegalidad de la prostitución49, colocándola en una “bolsa de alegalidad”50. Las razones para que ello siga siendo así consisten, probablemente, en que el legislador no ve forma de declarar ilegal una actividad que se encuentra ampliamente extendida y ‘tolerada’ y, por otra, que no se puede apreciar en la actualidad el suficiente consenso en la sociedad como para afrontar el expreso reconocimiento de la prostitución como actividad legal51, por lo que la cuestión queda en manos de la valoración subjetiva de jueces y tribunales52, que suelen aplicar en este punto una doctrina históricamente establecida conforme a un contexto de libertad sexual nada parecido al que actualmente existe y, por tanto, ampliamente superado53.

Así pues, el argumento de que la prostitución no puede ser contemplada por el derecho como una actividad productiva legítima pues atenta a la dignidad de la mujer habría que desterrarlo. Se trata de un argumento de índole moral, pudiendo señalarse, desde un plano igualmente de la valoración ética o moral, que la dignidad -o su contrario, la indignidad- no es predicable respecto de la actividad de la prostitución, sino que estos calificativos pueden atribuirse únicamente a las condiciones en las que aquélla se ejerce. Además, en contra de lo habitualmente argumentado, la plena aceptación de los derechos laborales de las prostitutas, la regulación y tutela de su ejercicio por parte de la normativa laboral, al contribuir a la inclusión social de estas trabajadoras del sexo, coadyuvaría asimismo a restituirles la dignidad que de forma injustificada tradicionalmente se les ha negado54. Puede recordarse, en este sentido, que la extrema pobreza y la exclusión social suponen atentados a la dignidad de las personas, por lo que se hace imprescindible adoptar con urgencia las medidas a nivel nacional e internacional para ponerles fin55.

Por lo demás, otro argumento tantas veces utilizado para denegar a la prostitución el estatus de trabajo digno de protección jurídica, aquél que se refiere a que la industria sexual pudiera legitimarse a través de reconocimiento de la prostitución como objeto lícito de un contrato, desconoce hipócritamente que dicha legitimación ya existe. De este modo, por ejemplo, se ha reconocido sin ningún tipo de problema la relación laboral de las teleoperadoras de teléfonos eróticos56, sin que se haya planteado duda alguna en el ámbito español -por lo menos a mi no me consta- respecto de la licitud del contrato de los actores de espectáculos eróticos o de películas porno, actividad esta última en la que la única diferencia con la actividad de la prostitución radica en que quien abona los servicios a la trabajadora no es el cliente que mantiene la práctica sexual con ella, sino el productor de la película o espectáculo que luego la explota comercialmente, siendo esta circunstancia, precisamente, la que impide incluir a las películas porno dentro del concepto de prostitución, pues en estos casos no se trata de comerciar con el propósito de proporcionar un favor sexual. Así pues, cabe concluir que la prostitución no es sino una manifestación más del trabajo sexual que actualmente se encuentra plenamente reconocido como actividad productiva lícita en otras de sus manifestaciones57.

El único reparo que quizá podría realizarse al normal reconocimiento de la pros-titución como actividad objeto de un contrato de trabajo podría derivar del necesario respeto del principio de igualdad. En este sentido, DANIEL BORRILLO, quien en todo caso destaca que si bien la igualdad podría justificar una limitación de la libertad sexual, debería ser una limitación adecuada a la situación de desigualdad, de manera que si son las mujeres heterosexuales las que se encuentran en situación de inferioridad, lo que debería limitarse no es tanto la libertad sexual en general, sino solamente la de los hombres heterosexuales. Siendo que, como concluye este autor, que la limitación que se impusiera debería ser provisional, mientras se alcanzase una situación de igualdad, sin que tuviera que perpetuarse más allá58. De otra parte hay quien, como MESTRE I MESTRE, sostiene que precisamente el principio de igualdad exige que se garantice que las personas afectadas por el trato desigual participen en la determinación y diseño de las políticas públicas que se les aplican, lo que implica no sólo ejercer una actividad reconocida sino pedir que se reconozca una actividad, “es decir, ser considerado agente social e interlocutor válido; ser considerado sujeto con capacidad para plantear cuestiones y políticas más amplias que el desarrollo de tu propia vida”59.

 

2 . UNA PROPUESTA: LA prostitución como objeto de una relación laboral de carácter especial

La ausencia de un reconocimiento legal expreso de la prostitución como una manifestación de la libertad sexual no puede suponer su necesaria consideración como actividad prohibida o vedada por el ordenamiento jurídico. Teniendo en cuenta esta consideración, y siendo conscientes de que en todo caso únicamente tiene cabida en aquél la prostitución libremente aceptada, podría admitirse la inclusión de esta actividad dentro del ámbito de tutela que dispensa la normativa laboral60, siempre que en su ejecución se den las notas configuradoras de la laboralidad. Con este reconocimiento expreso resultaría innecesario acudir a la artificiosa distinción entre prostitución y alterne, como vienen efectuando los tribunales laborales españoles, en orden a proporcionar cierta protección legal a estas trabajadoras del sexo61. En definitiva, pudiendo apreciarse en el colectivo de las mujeres prostituidas una situación de desigualdad y desprotección similar a la que dio pie al surgimiento del Derecho del Trabajo, no parece descabellado plantearse la extensión de su ámbito de aplicación a este colectivo.

Como ha quedado expuesto en las páginas previas, la idea de que las condiciones de partida de quien ejerce la prostitución anulan su voluntad no puede compartirse. Siendo que el trabajo supone el medio de subsistencia de las personas, aquél nunca será, por definición, una opción libre desde un punto de vista de verdad material. Pero ello con independencia de la actividad a la que cada uno, libremente, de acuerdo con sus posibilidades, decida dedicarse62.

Por lo demás, el reconocimiento expreso de un estatus laboral a la prostitución, dotándola de la debida protección jurídica, no obligaría en modo alguno al Estado a promover el empleo en estas actividades63. En efecto, el Estado no puede promover una moral sexual específica, so pena de transformarse él mismo en inmoral, ya que el Estado debe preservar su imparcialidad moral, lo que constituye una garantía para la libertad de los individuos64. En este sentido, analizando la realidad sociolaboral que nos rodea, puede contemplarse cómo el Estado no promociona todas las actividades que se encuentran plenamente reconocidas y dotadas de cierta protección social65.

En todo caso, esa inclusión expresa de la prostitución en el ámbito de aplicación de las normas laborales exigiría su configuración como una relación laboral de carácter especial. Como es sabido, la existencia de las relaciones laborales de carácter especial obedece a la propia singularidad de la actividad que se somete a tales regímenes especiales y, en el supuesto de la prostitución es dable apreciar semejante singularidad. Sin duda la naturaleza de los servicios a prestar, así como la atenuación de la dependencia de la trabajadora al poder directivo del empresario en este tipo de actividades66, justificaría su tratamiento como una relación laboral de carácter especial.

El régimen de contratación, el salarial, el disciplinario, o, entre otros, las condiciones para acceder y mantener el derecho a las prestaciones por desempleo, requerirían, previsiblemente, una regulación jurídica diferenciada de la establecida con carácter común en el Estatuto de los Trabajadores y demás normativa laboral67.

El reconocimiento de la laboralidad de la actividad de prostitución sería, pues, plenamente posible68y deseable, debiendo regularse su ejercicio para extender la protección de la que están necesitadas las trabajadoras y los trabajadores del sexo así como para asegurar la ausencia de perjuicios para terceros69, lo que de hecho ya se hace70.

 


[1] La prostitución se ha identificado con el ofrecimiento de servicios de naturaleza sexual a cambio de una contraprestación económica. en este sentido, las SSTSJ, (CA) de Galicia, de 25 de noviembre de 1998 (RJCA 4721) y de 24 de febrero de 1999 (RJCA 292) identifican a la prostitución con “la captación para el mantenimiento de relaciones sexuales”. La STSJ (CA) de cataluña de 31 de mazo de 2005 (RJCA 274), la define como la “prestación de servicios de naturaleza sexual mediante precio”. o como dice el diccionario de la real Academia de la Lengua española, la prostitución es“actividad a la que se dedica la persona que mantiene relaciones sexuales con otras, a cambio de dinero”.

[2] El artículo 4 del CEDH, intitulado “prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado”, dispone:
1. Nadie podrá ser sometido a esclavitud o servidumbre.
2. Nadie podrá ser constreñido a realizar un trabajo forzado u obligatorio.
3. No se considera como «trabajo forzado u obligatorio» en el sentido del presente artículo:
a) Todo trabajo exigido normalmente a una persona privada de libertad en las condiciones previstas por el artículo 5 del presente Convenio, o durante su libertad condicional.
b) Todo servicio de carácter militar o, en el caso de objetores de conciencia en los países en que la objeción de conciencia sea reconocida como legítima, cualquier otro servicio sustitutivo del servicio militar obligatorio.
c) Todo servicio exigido cuando alguna emergencia o calamidad amenacen la vida o el bienestar de la comunidad.
d) Todo trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales.

[3] esas condiciones deberán ser evitadas, desde luego, para garantizar el pleno desarrollo del individuo, ofreciéndole alternativas, pero ello pasa por actuar en el entorno, incrementando las oportunidades de obtener medios de vida distintos, sin que pueda admitirse como válida la opción de negar la tutela que dispensa la normativa laboral, de modo que la persona que, por sus circunstancias, se haya visto ‘forzada’ a aceptar esa actividad se vea, además, privada de aquella tutela. sobre este argumento como razón para entender que la prostitución vulnera los derechos fundamentales de las mujeres prostituidas, véase, CARMONA CUENCA, e., ¿es la prostitución una vulneración de los derechos fundamentales , en AA.VV. Prostitución y Trata Marco jurídico y régimen de derechos. tirant Lo blanch. Valencia 2007p. 63. Argumento, en mi opinión, inconsistente tanto por lo expuesto como por el hecho de que no siempre se accede a la prostitución desde situaciones marginales o de necesidad extrema, frente a lo que se apunta en el texto referenciado.

[4] en este sentido, GUAMÁn HERNÁNDEZ, A., La prostitución como actividad económica. La incidencia de la jurisprudencia del TJce sobre la cuestión” en AA.VV.Prostitución y Trata Marco jurídico y régimen de derechoscit., p. 260.

[5] do L 203/2002, de 1 de agosto.

[6] en el artículo primero de esta disposición se dice: “Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para garantizar la punibilidad de los actos siguientes:
La captación, el transporte, el traslado, la acogida, la subsiguiente recepción de una persona, incluidos el intercambio o el traspaso del control sobre ella, cuando:
a) se recurra a la coacción, la fuerza o la amenaza, incluido el rapto, o b) se recurra al engaño o fraude, o c) haya abuso de autoridad o de situación de vulnerabilidad, de manera que la persona no tenga una alternativa real y aceptable, excepto someterse al abuso, o d) se concedan o se reciban pagos o beneficios para conseguir el consentimiento de una persona que posea el control sobre otra persona, con el fin de explotar el trabajo o los servicios de dicha persona, incluidos al menos el trabajo o los servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud o la servidumbre, o con el fin de explotar la prostitución ajena o ejercer otras formas de explotación sexual, incluida la pornografía.
2. El consentimiento de una víctima de trata de seres humanos a la explotación, prevista o consumada, no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a los medios indicados en el apartado 1”.

[7] sobre la ilegalidad de los contratos esclavo, véase la sts (sala 2) 30 de junio de 2000 (RJ 6081).

[8] Lo que, por lo demás, viene vedado por la prohibición de renuncia a los derechos laborales contenida en el artículo 3.5 del estatuto de los trabajadores.

[9] sobre el particular, véase RENUcci, J.F., Droit Européen des Droits de l’Homme. parís, 2002, p. 329.

[10] en este sentido, SAp cantabria, de 23 de junio de 2005 (JUr 264752), relativa a un supuesto de aceptación libre de la prostitución, pero siendo sometidas las trabajadoras a unas condiciones de trabajo abusivas: “…en el supuesto examinado, la conducta delictiva enjuiciada, cuya gravedad no cabe desconocer, consiste en la imposición de unas abusivas fórmulas de explotación sexual de las inmigrantes, sacando partido de la clandestinidad que acompaña a su condición de extranjeras ilegales”. en el mismo sentido, SAp Albacete, de 10 de junio de 2002 (JUr 210633).

[11] en este mismo sentido, rey MARTÍNEZ, MATA MARTÍn y SERRAno ARGÜELLo, que si bien afirman que de la constitución no se desprende un derecho fundamental a practicar la prostitución, o a que ésta sea reconocida como un oficio o profesión, reconocen que tampoco se deriva necesariamente de ella la obligación del legislador de prohibirla porque suponga en todo caso un ataque a la dignidad de las personas que la ejercen, por lo que concluyen que la constitución “permite una amplia libertad de configuración por parte del legislador que puede… en cada momento optar por uno u otro modelo de regulación”. rey MARTÍNEZ, MATA MARTÍn y SERRAno ARGÜELLo,Prostitución y Derecho. Aranzadi. 2004, pp. 70 y 73.

[12] tal y como reconoció la sts (CA) de 28 de mayo de 1996 (RJ 4651), la ilicitud del contrato solamente puede derivar de hecho de que la conducta esté tipificada como ilícito penal.

[13] SILVIA GAy, eÑAUt OTAZo y MARIAn SANZ, en “¿prostitución=profesión Una relación a debate”, Aequalitas. Revista Jurídica de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, n. 13, julio- diciembre 2003, p. 13.

[14] BORRILLo, d., “Liberté érotique et «exception sexuelle»” en AA.VV. La liberté sexuelle. PUF. parís. 2005, p. 38.

[15] en este sentido se ha puesto de manifiesto cómo el derecho a la libertad sexual, desde la perspectiva del respeto a la autonomía de la persona y su derecho a que se le respete la intimidad, arranca del declive de la prescripción moral y la relativa desaparición de la noción de «buenas costumbres». ROMAn, d., «Le corps a-t-il des droits que le droit ne connaît pas La liberté sexuelle et ses juges : étude de droit français et comparé». Recueil Dalloz 2005. chroniques. p. 1508.
No parece posible, por el contrario, vincular la libertad sexual a la libertad de disponer del propio cuerpo, pues si bien el TEDH ha conectado el derecho a mantener relaciones sexuales al derecho de las personas a disponer de su cuerpo (el cual puede entenderse «en el sentido del derecho a efectuar elecciones concernientes a su propio cuerpo» de modo que «la facultad de cada uno de llevar su vida como le parezca puede también incluir la posibilidad de entregarse a actividades consideradas física o moral-mente perjudiciales o peligrosas para su persona». sentencia Pretty contra Reino Unido de 29 abril 2002 -TEDH 2002, 23, ap. 66-) como parte integrante de la noción de autonomía personal, se trata de una libertad limitada por muchas vertientes (así, por el principio de indisponibilidad del cuerpo humano, por la sacralización de la vida y el correspondiente rechazo a la eutanasia activa, por la voluntad de proteger a las personas vulnerables frente a un consentimiento dado de forma excesivamente ligera, etc.) al margen de que tampoco dicha libertad se encuentra reconocida por ningún precepto de derecho positivo. en este sentido, LOCHAK, d., “La liberté sexuelle, une liberté (pas) comme les autres “, en AA.VV. La liberté sexuelle, cit., p. 9.

[16] Así, por ejemplo, en las sentencias Dudgeon contra Reino Unido de 22 octubre 1981 (TEDH 1981, 4, ap. 41); B. contra Francia de 25 marzo 1992 (TEDH 1992, 43, ap. 63) o Burghartz contra Suiza de 22 febrero 1994 (TEDH 1994, 9, ap. 24), se ha destacado que elementos tales como el sexo, la orientación sexual y la vida sexual son componentes importantes del ámbito personal que protege el artículo 8. del mismo modo, el TEDH ha señalado, en su sentencia K.A. y A.d. contra bélgica (TEDH 2005, 15, ap. 85) que El artículo 8 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) protege el derecho a la plenitud de las personas, tanto en forma de desarrollo personal (Sentencia Christine Goodwin contra Reino Unido [GS] de 11 julio 2002 [JUR 2002, 181176] , Repertorio 2002-VI, ap. 90) como bajo el aspecto de la autonomía personal que refleja un principio que subtiende la interpretación de las garantías del artículo 8 (Sentencia Pretty contra Reino Unido de 29 abril 2002 [ TEDH 2002, 23] , Repertorio 2002-III, ap. 61). Este derecho implica el derecho a establecer y mantener relaciones con otros seres humanos y el mundo exterior (ver, por ejemplo, Burghartz contra Suiza, serie A n. 280-B, informe de la Comisión, ap. 47, y Friedl contra Austria, serie A n. 305-B, informe de la Comisión, ap. 45), inclusive en el ámbito de las relaciones sexuales, que es uno de los más íntimos de la esfera privada y se encuentra, a este respecto, protegido por esta disposición (Sentencia Smith y Grady contra Reino Unido de 27 septiembre 1999 [TEDH 1999, 37], Repertorio 1999-VI, ap. 89)”.

[17] el articulo 8 de este convenio, intitulado ‘derecho al respeto a la vida privada y familiar’, dispone:
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia.
2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás.

[18] Apartado 43. puede apreciarse así, en esta sentencia, la negación de las prácticas sadomasoquistas como una realidad amparada dentro del concepto de libertad sexual, y la puesta en relieve de que para reprimir penalmente el masoquismo no hay necesidad de legislar en la materia aun cuando, en principio, no existe crimen sin ley. sobre esta sentencia, tales conclusiones, y la contradicción entre el fallo de la corte, basado en la tutela de la salud, y los hechos que se declaran probados -donde se afirma que las prácticas masoquistas no dieron lugar a lesiones permanentes ni necesitaron la asistencia de un médico-, véase CAYLA, o., “La plaisir de la peine et l’arbitraire pénalisation du plaisir”, en AA.VV. La liberté sexuelle. cit, pp. 89 y ss, en especial pp. 96, 101 y 103.

[19] “En este caso, debido a la naturaleza de los hechos enjuiciados, la injerencia que constituyen las condenas pronunciadas no parece desproporcionada. Si bien una persona puede reivindicar el derecho a ejercer unas prácticas sexuales lo más libremente posible, el límite a aplicar es el del respeto a la voluntad de la «víctima» de tales prácticas, cuyo derecho a la libre elección, en cuanto a las modalidades de ejercicio de su sexualidad, debe también garantizarse. Ello implica que las prácticas se desarrollen en unas condiciones que permitan dicho respeto, lo que no sucedió en el presente caso. En efecto, a la luz concretamente de los elementos admitidos por el Tribunal de apelación, parece que no se respetó el compromiso de los demandantes de intervenir y detener inmediatamente las prácticas en cuestión cuando la «víctima» ya no consintiese en ello. Asimismo, en el curso de los años, desapareció toda organización y todo control de la situación. Se produjo una escalada de violencia y los propios demandantes confesaron que no sabían hasta dónde habría llegado ésta”.

[20] Apartado 23. Un estudio de esta sentencia, con una interesante reflexión sobre el concepto de consentimiento, puede verse en MARZAno, M. y MILon, A., “Le corps transgressé: du consentement au soci de soi” en AA.VV. La liberté sexuelle, cit., pp. 110 y ss.

[21] “De ello resulta que el derecho penal no puede intervenir, en principio, en el ámbito de las prácticas sexuales consentidas que dependen del libre arbitrio de los individuos. Es necesario, por tanto, que existan unos «motivos particularmente graves» para que se justifique, a efectos del artículo 8.2 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572), la injerencia de los poderes públicos en el ámbito de la sexualidad”. Sentencia K.A. y A.D. contra Bélgica (TEDH 2005, 15, ap. 86).

[22] cuestión sobre la que ni la sentencia de instancia que da lugar a la sentencia K.A. y A.D. contra Bélgica (TEDH 2005, 15) ni ésta misma afrontan.

[23] “Il est vrai que le droit au respect de la vie privée consacré par l’article 8 par. 1 (Art. 8-1) de la Convention assure à l’individu un domaine dans lequel il peut poursuivre librement le développement et l’accomplissement de sa personnalité et qu’à cette fin, l’individu doit avoir la possibilité d’établir des relations de différentes sortes, y compris des relations sexuelles, avec d’autres personnes (rapport de la Commission du 12 juillet 1977 dans l’affaire Brüggemann et Scheuten, N. 6959/75, D.R. 10 p. 100 par. 55). Le choix d’affirmer et d’assumer son identité sexuelle tombe dès lors sous la protection de l’article 8 par. 1 (Art. 8-1) de la Convention (No 9369/81, D.R. 32 p. 220; No 5935/72, D.R. 3 p. 49) et toutes les fois que l’Etat édicte ou applique des règles affectant le comportement de l’individu à l’intérieur de ce domaine, il s’ingère dans sa vie privée et doit respecter les conditions de restriction prévues à l’article 8 par. 2 (Art. 8-2) de la Convention (Rapport Comm. Brüggemann et Scheuten précité; No 8307/78, D.R. 21 p. 120; Cour eur. D.H., arrêt Dudgeon du 22 octobre 1981, série A n. 45, pp. 18 y ss., pp. 40 y ss.). Commission observe toutefois qu’en l’espèce les relations sexuelles qui ont constitué la cause de la condamnation de la requérante ont été entreprises contre rémunération et par métier. Elle observe en outre que la requérante entrait en contact avec ses partenaires en passant des annonces dans des revues spécialisées. La Commission estime que les relations sexuelles qui, comme en l’espèce, résultent d’une volonté de rémunération et sont entreprises par métier se présentent comme prostitution et ne relèvent pas de la sphère de la vie privée de l’individu protégée par l’article 8 par. 1 (Art. 8-1) de la Convention”.

[24] ROMAn, d., «Le corps a-t-il des droits que le droit ne connaît pas » cit.

[25] LOCHAK, d., “La liberté sexuelle, une liberté (pas) comme les autres “, en AA.VV.La liberté sexuelle, cit., p. 12.

[26] BORRILLo, d. y LOCHAK, d., “introduction”, en AA.VV. La liberté sexuelle, cit., p. 5.

[27] BORRILLo, d., “Liberté érotique et «exception sexuelle»” cit., 39.

[28] de este modo, como afirma HÉLÈne THOMAs, contrariamente a lo que ocurre con los derechos civiles y cívicos fundamentales del ciudadano, la dignidad aparece como un derecho no exigible por sus titulares. es más, este derecho les puede ser impuesto como una obligación. THOMAs, H., “du lancer de nain comme canon de l’indignité. Le fondement éthique de l’État social”, Raisons Politiques, n. 2, mayo 2002, p. 47.

[29] LOCHAK, d., “La liberté sexuelle, une liberté (pas) comme les autres “, cit., p. 35.

[30] Así se afirma en las consideraciones del presidium a la carta de derechos Fundamentales de la Unión europea, al señalar que “la dignidad humana no sólo es en sí un derecho fundamental sino que constituye la base misma de los derechos fundamentales…” de donde se deduce “en particular, que ninguno de los derechos consignados en la presente Carta podrá utilizarse para atentar contra la dignidad de otras personas y que la dignidad humana forma parte de la esencia de los derechos consignados en la presente Carta. Por lo tanto, no podrá atentarse contra ella, incluso en el caso de limitación de un derecho”.

[31] cabe hacer referencia nuevamente, en este sentido, a las consideraciones del presidium a la carta de derechos Fundamentales de la Unión europea, al señalar que la prohibición de la trata de seres humanos “se deriva directamente del principio de dignidad humana y tiene en cuenta las recientes tendencias en el ámbito de la delincuencia organizada tales como la organización de redes lucrativas de inmigración clandestina o de explotación sexual. En el anexo del convenio Europol figura la definición siguiente referida a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual: “Trata de seres humanos: El acto de someter a una persona al poder real e ilegal de otras personas mediante la violencia o mediante amenazas o abusando de una relación de autoridad o mediante engaño, en particular con objeto de entregarse a la explotación de la prostitución ajena, a formas de explotación y de violencias sexuales respecto de menores de edad o al comercio ligado al abandono de niños”.

[32] en este sentido no cabe sino compartir plenamente el fallo de la STSJ de cataluña de 22 de marzo de 1996 (As 646), que declara nulo el despido de una esteticista por negarse a ejercer la prostitución por cuanto “el artículo 15 de la Constitución garantiza el derecho fundamental a la integridad física y moral, que se vulnera con la decisión de la empresa de proceder a la extinción del vínculo contractual en razón exclusivamente de la negativa de la trabajadora a ejercer la prostitución”.

[33] stc 192/2003, 27 de octubre.

[34] cabe citar en este sentido, la sentencia de la Audiencia provincial de sevilla (sección 5ª) de 11 de enero de 2006, en la que se sostiene que “el honor es un sentimiento esencialmente relativo, integrado por dos aspectos o actitudes íntimamente conexionadas: el de la inmanencia, representada por la estimación que cada persona hace de sí misma, y el de la trascendencia o exterioridad, integrado por elreconocimiento que los demás hacen de nuestra dignidad. Por ello, la intromisión ilegítima se produce cuando una persona se siente lesionada en su dignidad, fama o en la propia estimación” (diario La Ley número 6530. Jueves, 20 de julio de 2006).

[35] BORRILLo d., “Liberté érotique et «exception sexuelle»” en AA.VV. La liberté sexuelle, cit., p. 63.

[36] Así se manifiestan BORRILLo, d. y LOCHAK, d., “introduction”, en AA.VV. La liberté sexuelle, cit., pp. 1 y ss.

[37] sobre la prostitución como un objeto contrario a la moral o las buenas costumbres, véase de LA VILLA de LA SERNA, d., “relaciones laborales de hecho, nulidad del contrato de trabajo y actividades laborales de causa u objeto ilícitos o contrarios a las buenas costumbres. comentario a la doctrina judicial sobre el alterne”. Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social n.º 6 (junio 2004).

[38] Lo que puede apreciarse claramente en artículo 1255 del código civil, cuando dispone que: “los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público”.

[39] Visión negativa que podría quedar explicada por la evolución histórica de la consideración del sexo y de la libertad sexual en occidente (sobre esta aproximación histórica, véase BORRILLo, d., “Liberté érotique et «exception sexuelle»”, cit., pp. 41 y ss. igualmente, chassaing, J.F, “Le consentement. réflexions historiques sur une incertitude du droit penal” en AA.VV. La liberté sexuelle, cit., pp. 65 y ss.).

[40] preámbulo del convenio de naciones Unidas para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena.

[41] como denigratoria la configura la STSJ de Madrid de 15 de noviembre de 2001 (JUr 2002/42031) y también emplea este calificativo la stc 163/2004, de 4 de octubre. en la stc 121/2002, de 30 de mayo se hace referencia a la prostitución como “actividad socialmente reprobada” que proyecta sobre quien la ejerce un juicio negativo.

[42] PACHeco ZERGA, L., “La aplicación del derecho en el caso «Mesalina»” Aranzadi Social, n. 16/2004. en este sentido, las SSJs de Vigo de enero de 2002 (As 260) y 7 de mayo de 2004 (As 1276) señalan que si la prostitución no puede ser considerada un trabajo como cualquier otro, menos aun puede serlo como un trabajo por cuenta ajena,“pues serviría tanto como construir un cauce legal para la trata de mujeres o las redes ilegales de inmigración”.

[43] LOCHAK, d., “La liberté sexuelle, une liberté (pas) comme les autres “, cit., p. 31.

[44] NUSSBAUM, M.c., Sex and Social Justice. oxford University press. nueva york, 1999, pp. 276 y ss. según esta autora, la razón más común para la estigmatización de la prostitución es una razón bien débil, cuando menos como una razón pública: la visión moralística de la sexualidad femenina, que no es mantenida de forma consistente (en el caso del sexo premarital, por ejemplo) y que no parece capaz de justificar la restricción de las actividades de los ciudadanos que tienen distintos puntos de vista de lo que es bueno y apropiado (ibídem p. 286).

[45] Afirmación que, no obstante, no puede realizarse de modo tan tajante en la medida en que cánones impuestos en ciertos estados, en atención a la moralidad en ellos imperante, son sistemáticamente rechazados por ser considerados contrarios a los valores fundamentales de la persona.

[46] LOCHAK, d., “La liberté sexuelle, une liberté (pas) comme les autres “, cit., p. 37.

[47] en todo caso, parece que en esa labor deberían tenerse presente no tanto losderechos del hombre, sino el derecho de los hombres, centrado en un aspecto cualitativo que supone la expresión de aceptación y respeto de la diferencia. en este sentido, MARZAno, M. y MILon, A., “Le corps transgressé: du consentement au soci de soi”, cit., p. 130.

[48] en este sentido, debe tenerse en cuenta que el valor de la dignidad puede verse privado de sentido cuando cada uno puede alegarla para mantener unos u otros postulados en función de su propia ideología. en este sentido, MARZAno, M. y MILon, A., “Le corps transgressé: du consentement au soci de soi”, cit., p. 108.

[49] téngase en cuenta que el actual art. 188 del código penal en redacción dada tras la L.o.11/2003 solamente tipifica la conducta consistente en lucrarse explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma. de este modo, lo único que se tipifica como delito es el rufianismo, no el ejercicio de la prostitución. por otra parte, cabe destacar que algunas interpretaciones doctrinales han venido a afirmar que esta disposición no debe llevar, necesariamente, a entender imposible en el actual panorama normativo que la prostitución pueda ser un objeto lícito del contrato de trabajo. Así, MAQUEDA ABREU, M.L., “Hacia una nueva interpretación de los delitos relacionados con la explotación sexual”, Diario La Ley n. 6430, de 27 de febrero de 2006, donde el concepto de explotación sexual se reconduce a la idea de explotación laboral derivada de la imposición de condiciones abusivas que, no obstante, son aceptadas por quien presta los servicios sexuales, identificándose así explotación con abuso. esta autora avala semejante interpretación con la decisión Marco de la comisión europea relativa a la lucha ante la trata de seres humanos, de mayo de 2001, donde se identificaba el fin de explotación «para la producción de bienes o prestación de servicios» con la «infracción de las normas laborales por las que se regulan los salarios, las condiciones de trabajo y de seguridad e higiene».

[50] Así lo destacan SILVIA GAy, eÑAUt OTAZo y MARIAn SANZ, “Lo que ocurre con la prostitución, en este marco, es una asombrosa paradoja. Sin que haya lesionado ningún bien jurídico (la legislación penal, como veremos, no lo ha previsto como delito) se encuentra, sin embargo, aislada en una bolsa de alegalidad, opaca tanto al Estado Social (irregularidad y clandestinidad de la actividad, negación de derechos socioeconómicos), como al Estado Democrático (lagunas en los derechos fundamentales) como al Estado de Derecho, por la evidente dificultad en acceder a la tutela judicial ordinaria en defensa de sus derechos”. “¿prostitución=profesión Una relación a debate”, cit., p. 14.

[51] sobre las últimas actuaciones en el seno de los poderes públicos, sus motivaciones y frenos, véase, LÓPEZ MORA F., “prostitución y estatuto profesional”, en AA.VV.Prostitución y Trata, cit., pp. 158 y ss.

[52] como destaca DAniÈLe LOCHAK, no cabe la posibilidad de atender a una moralidad objetiva, asentada en valores universalmente válidos, resultando que, en definitiva, son los jueces, los que, desde su consideración subjetiva, determinan de forma soberana el contenido de las buenas costumbres. “Le droit a l’épreuve des bonnes mœurs. puissance et impuissance de la norma juridique”, en Les bonnes moeurs. PUF. 1994, p. 47. Sobre la encrucijada en la que se encuentran los jueces a la hora de valorar las controversias que se pueden llegar a derivar del ejercicio de la prostitución como consecuencia de la inactividad del legislador, BENLLOCH SANZ señala que “en definitiva y como conclusión, sólo podemos reafirmar la dificultad del tema sobre el que gira la sentencia comentada y poner de manifiesto el hecho, tantas veces repetido, de que se ha vuelto a forzar a los tribunales a realizar una incursión en cuestiones que el poder ejecutivo y/o legislativo no quieren o no pueden abordar”. BENLLOCH SANZ, p., en “¿trabajadores del sexo en torno al carácter laboral de la actividad de «alterne». comentario a la sentencia del TSJ de cataluña, de 17 de septiembre de 2003 (As 2003, 3211)”. Aranzadi Social n. 17/2003.

[53] puede comprobarse, como ejemplo de lo afirmado, cómo se ha mantenido una interpretación acerca de la ilicitud de la causa de los contratos para realizar actividades relacionadas con la prostitución -si bien no consistentes en su ejercicio- por ser contrarias a la moral, pese a que cabría sospechar que semejante interpretación“insensible” de la norma no se mantendría (como sostiene de LA VILLA de LA SERNA,op. cit.,, con relación a la doctrina sentada por la stct de 30 de mayo de 1962, que declara la nulidad del contrato del camarero de un prostíbulo, por ser su causa contraria a la moral). Así, pese a tales previsiones, esta doctrina se ha venido a seguir casi treinta años después, en la STSJ de 2 de enero de 1997 (As 340) en un caso en el que los servicios prestados consistían en ser la encargada durante el turno de día del local destinado a la prostitución, realizando funciones de recepción de los clientes, cobro de los servicios prestados por las personas que ejercían la prostitución en el local, atención a las llamadas telefónicas fijando fecha para las citas, limpieza de las habitaciones, etc., y donde la sentencia concluye que “no hay duda, pues, que pese a las notas de ajenidad, dependencia y retribución predicables del vínculo que unió a los litigantes según el contenido de los ordinales primero y segundo de la narración histórica de la sentencia, estamos, en realidad, en presencia de un contrato con causa ilícita y, por ende, nulo de pleno derecho”.

[54] en este sentido efectúan sus consideraciones SILVIA GAy, eÑAUt OTAZo y MARIAn SANZ, en “¿prostitución=profesión Una relación a debate”. Aequalitas. Revista Jurídica de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, n. 13, julio-diciembre 2003, p. 13.

[55] Así lo recuerda, recogiendo lo afirmado por el Alto comisariado de las naciones Unidas, HÉLÈne THOMAs “du lancer de nain comme canon de l’indignité. Le fondement éthique de l’État social”, cit., p. 41.

[56] Así, STSJ de Madrid, de 16 de diciembre de 1999 (As 7235); STSJ de Madrid, de 28 de julio de 2004 (JUr 272587); STSJ de Andalucía, de 5 de febrero de 2002 (As 1274); STSJ de la comunidad Valenciana, de 19 de febrero de 2004 (JUr 2005/12054); o STSJ Galicia, de 19 de diciembre de 2003 (As 2004/243) y STSJ Andalucía, de 31 de marzo de 2005 (As 1238) en las que si bien no se admite que la actividad esté incluida dentro del convenio colectivo de empresas de telemárketing, no se cuestiona en ningún momento la legalidad de dicha actividad. también la SJs de Vigo, de 31 de enero de 2001 (JUr 2002/169980) que, referida a esta actividad, sostiene la legalidad de la actividad consistente en el ofrecimiento de un servicio de fantasía erótica o pornográfico a un tercero, desde el punto de vista del derecho constitucional a la libertad.

[57] incluso la propia prostitución ha sido reconocida como actividad lícita en el caso de ejercerse por cuenta propia. Así se desprende de la SAn de 23 de diciembre de 2003 (As 3692) confirmada posteriormente por la sts de 27 de noviembre de 2004 (RJ 8063) en las que se viene a reconocer que la prostitución libre, desarrollada por mayores de edad, y siempre que su consentimiento no se encuentre viciado, es lícita siempre que se ejerza por cuenta propia. Por otra parte, desde una dimensión comunitaria, y sobre la posibilidad de explotar lícitamente la prostitución por cuenta propia siempre y cuándo la mujer prostituida haya consentido, cabe recordar la jurisprudencia del TJce en los asuntos Adoui y Jani. sobre estas sentencias, véase GUAMÁn HERNÁNDEZ, A., La prostitución como actividad económica. La incidencia de la jurisprudencia del TJce sobre la cuestión”, cit., pp. 255 y ss.

[58] BORRILLo d., “Liberté érotique et «exception sexuelle»” en AA.VV. La liberté sexuelle. cit., p. 63. igualmente, ROMAn, d., «Le corps a-t-il des droits que le droit ne connaît pas cit., quien destaca cómo ya no se trata de proteger expresamente una moral sexual mayoritaria sino de invocar nuevos imperativos entorno a los que las sociedades pluralistas pueden encontrarse: la dignidad de la persona, la protección de la infancia y la igualdad de hombres y mujeres. ROMAn, d., «Le corps a-t-il des droits que le droit ne connaît pas », cit.

[59] Mestre i Mestre r. “trabajo sexual, igualdad y reconocimiento de derechos”, en

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 Ejercían la prostitución libremente, pero las condiciones en las que trabajaban eran de absoluta explotación

 

  • El drama del alterne en Asturias: “Si quería salir del club, tenía que pagar 100 euros”
  • Un Juzgado de Siero archiva las diligencias contra el supuesto dueño del Model’s, pese al relato de abusos y tráfico de drogas de tres mujeres

 

Oviedo, L. Á. Vega

5 de julio de 2018

https://www.lne.es/sucesos/2018/07/05/drama-alterne-asturias-queria-salir/2313453.html

 

Ejercían la prostitución libremente, no como otras mujeres, que estaban obligadas a pagar la fuerte deuda contraída por haber sido traídas a España, pero las condiciones en las que trabajaban eran de absoluta explotación. “Vivía dentro del Model’s y tenía que pagar 50 euros al día, ahora 70. Cuando subía con algún cliente, tenía que pagar 5 euros por las sábanas y los preservativos. J. R. T. G. me decía: ‘Deja al cliente y vete con mi amigo’. Me obligaban a estar en la sala desde la apertura hasta la hora de cierre, no me podía ir antes”, declaró ante un Juzgado C. V. G., de 29 años.

Esta misma mujer aseguró: “Tenía que pagar si no cambiaba las sábanas, si me extralimitaba de tiempo con un cliente también tenía que pagar. Algunas estaban dadas de alta, pero otras teníamos que pagarla. Cuando iba a venir la Policía, el dueño nos avisaba antes y mandaba a las chicas sin papeles que se escondieran. Nunca podía dejar el local cuando me apetecía, tenía que pagar. En el club se vende droga, lo favorece el club, no se puede traer de fuera”.

G., de 33 años, fue más explícita en su declaración en el Juzgado de instrucción número 3 de Siero. “Si J. R. T. G. quería, tenía que irme con sus amigos. Había que pagar por ver la tele, nos ponían multas por comer chicle. Si quería salir del club con un cliente, tenía que pagar 300 euros. Cuando salía con mi novio, de compras o a cenar, tenía que pagar 100 euros. No podía marcharme hasta la hora de cierre, a las cinco de la mañana. El dueño nos avisaba antes de que llegase la Policía, porque tiene amigos. El dueño nos decía lo que teníamos que decir, que estábamos en el hotel y bajábamos a tomar copas. Alguna vez que llegó la Policía, tuvimos que escondernos en los armarios o salir por la puerta de emergencia. En el Model’s se consume droga, la droga viene de dentro, de los camareros y los encargados. El dinero se lo lleva el club. Traían chicas latinas y no las dejaban marchar hasta que pagaban la deuda. He llegado a tener 16 pases en una noche y J. R. T. G. me impedía subir a descansar”, declaró la mujer.

I. B., de 32 años, habló de abusos sexuales. “En algunos cumpleaños, J. R. T. G. obligó a algunas compañeras a prestar sus servicios”, aseguró. E indicó que, si faltaba un día, le ponían una multa. También corroboró la venta de drogas en el club.

Todos estos testimonios no han convencido al magistrado Víctor Luis Martín, titular del Juzgado de instrucción número 3 de Siero, quien ha sobreseído provisionalmente la denuncia presentada por dos particulares contra J. R. T. G. por prostitución, abusos sexuales y tráfico de drogas. Para el juez, los testimonios son imprecisos al no aportar datos concretos de las mujeres que habían tenido que ejercer la prostitución de forma obligada.

En el caso de las tres declarantes, el juez entiende que indicaron taxativamente que no eran “obligadas al ejercicio de la prostitución”. El magistrado considera además que no están acreditados los extremos de la denuncia y que ésta podría responder a motivos espurios, por existir otro litigio entre el denunciado y otra persona que, no obstante, nada tiene que ver con la denuncia.

El letrado de los denunciantes, Miguel Mérida, del Colegio de Abogados de Antequera (Málaga), acaba de presentar un recurso de reforma, al estimar que las declaraciones de las mujeres fueron “elocuentes, concisas y concordantes”. Las mujeres, indica, identificaron a J. R. T. G. como dueño del establecimiento y señalaron que “en ocasiones las forzaba a tener relaciones sexuales con él y con sus amigos”. Para Mérida, “el club Model’s no es un local culinario, se ejerce la prostitución y algunas chicas prestan sus servicio de forma no voluntaria”.

Mérida ha solicitado además la declaración, como testigos protegidos, de dos mujeres, una de las cuales aún trabaja en el club. Esa condición se solicita por el “grave peligro para sus personas y su familia”. Piden además la declaración de otros nueve testigos, tres de ellos conocidos empresarios de Oviedo, que han tenido negocios con J. R. T. G. y han estado en el club. El letrado considera “bochornoso” que no se haya procedido a denegar o admitir las pruebas, solicitadas en el mes de mayo. Y niega que haya “motivos espurios” en la denuncia. Una vez más, el Model’s se libra de un proceso de judicial. Uno de los responsables del club fue absuelto dos veces y condenado una tercera por delitos de trata, fallo que está recurrido.

 

María José Barrera (ex prostituta y presidenta de AMEP): «Quemar toda la ropa que usaba fue una liberación»

 

Por P. MACÍAS

15 de febrero de 2004

https://bit.ly/2MP7nY0

 

María José Barrera era prostituta. Hace un año su vida dio un cambio «de 180 grados», como ella misma dice, y ahora preside la Asociación de Mujeres que Ejercen la Prostitución de Sevilla (AMEP). Con la huella de lo vivido en sus 29 años de edad en la mirada, trabaja ahora, con el entusiasmo que le otorga la certeza de saber que es posible el cambio, para ofrecer una alternativa de vida más justa y digna a las que han sido sus compañeras.

«Muy pocos conocen la dureza de las vidas de las personas que nos adentramos en ese mundo», asevera María José, quien se queja de que la imagen que la sociedad en general tiene de la prostitución está vinculada a los estereotipados conceptos de drogadicción y SIDA y la realidad es «mucho más compleja».

Cuando María José se decidió a dejar la prostitución no estaba convencida de que fuera para siempre. «Nunca sabes si será definitivo o no porque son muchas las dificultades a las que te enfrentas para encontrar trabajo, sin estudios y con poca experiencia laboral».

El entusiasmo con el que María José habla del trabajo que desempeña en la asociación que preside se torna en rabia cuando comienza a explicar como funcionan los clubes y casas de citas que conoció. «Es explotación, así de claro y de sencillo. Comienzas a trabajar a las 5 de la tarde y terminas a las 5 de la madrugada. Pagas tu hospedaje y regresas a tu habitación para limpiarla y no dejar rastro que te recuerde lo que acabas de hacer en ella. Duermes hasta las 3 tres de la tarde. Es muy importante descansar bien, si no, no aguantas toda la noche. No almuerzas. Prefieres dormir que comer. Y cuando despiertas, vuelta a empezar. No tienes vida», sentencia. Las casas de citas no son mejores. «Trabajas desde las 11 hasta las 9 de la noche. Pagas por estar allí, pero la comida corre de tu cuenta, aunque está prohibido cocinar, para que la casa no huela a comida. Sólo tienes para ti dos horas al día. Lo peor es que son turnos de trabajo de 21 días en cada casa, justamente para evitar que estés trabajando durante la menstruación y hagas perder dinero a la dueña de la casa».

Hace un año, María José cumplió con el último ritual con el que se despidió definitivamente de tan sórdido mundo. Aprovechando las hogueras de las fiestas de San Juan quemó toda la ropa que utilzaba en los clubes y casas de citas. «Es toda una liberación», afirma. Ahora María José intenta desde su asociación apoyar al colectivo del que una vez formó parte, «menospreciado y humillado constantemente», para que su extraordinaria y esperanzadora historia no sea una excepción.