POR LAS PROSTITUTAS, CONTRA LA PROSTITUCIÓN

 

Primer comunicado del English Collective of Prostitutes (marzo de1990)

http://prostitutescollective.net/wp-content/uploads/2012/09/For-Prostitutes-Against-Prostitution.pdf

 

 

 

A FAVOR DE LAS PROSTITUTAS Y CONTRA LA PROSTITUCIÓN

CRUZANDO LAS LÍNEAS DIVISORIAS ENTRE LAS TRABAJADORAS SEXUALES Y LAS DEMÁS MUJERES

 

Mujeres: las más pobres de la clase obrera

El cálculo hecho en 1980 por las Naciones Unidas de que las mujeres hacen 2/3 del trabajo mundial a cambio del 5% de los ingresos y el 1% de los activos, explica la verdad básica sobre la prostitución, tanto en el Tercer Mundo como en los países industrializados. Las mujeres —que trabajan al menos el doble que los hombres— obtienen muchos menos ingresos; por lo tanto, las mujeres somos las vendedoras y los hombres son los compradores. Estimamos que el 70% de las mujeres prostitutas en Gran Bretaña son madres, en su mayoría madres solteras, que ejercen para mantenerse a sí mismas y a sus familias. Las discusiones, recomendaciones y políticas sobre la prostitución que pasan por alto la economía al dejar de lado la pobreza de las mujeres, esconden la verdad más grande sobre la vida de las mujeres. Socavan los fundamentos de la lucha contra la injusticia de las leyes de prostitución y la base para que las mujeres prostitutas y las no prostitutas trabajen juntas contra el sexismo que condena a la mayoría de las mujeres del mundo a la pobreza y / o a una jornada laboral de 24 horas.

Las Naciones Unidas confirman la experiencia de nuestra red internacional de que las mujeres están pagando el precio más alto por la crisis económica mundial de los últimos 10 años.

“Las Chlomenl adaptan su comportamiento a los cambios económicos en un intento de amortiguar el impacto de esos cambios en sus familias aumentando la cantidad de tiempo que trabajan en el hogar o en el mercado laboral.

Este comportamiento bien puede ser el efecto más significativo de la crisis, lo que implica que las mujeres hacen que el ajuste sea socialmente posible mediante el aumento de su propia actividad económica, trabajando más duro, mediante la auto abnegación “.(1)

En Gran Bretaña, el gobierno ha congelado el Child Benefit, el único reconocimiento universal de que cada madre es una madre trabajadora cuyo trabajo de cuidado de niños es una contribución crucial a la sociedad. A menudo es el único dinero que las mujeres pueden llamar suyo. También se han recortado los subsidios a la vivienda y otros beneficios, y el gobierno ha introducido el programa de trabajo obligatorio a cambio de prestaciones, lo que lo hace más difícil, especialmente para los jóvenes, reclamar prestaciones de asistencia social. Estas políticas económicas han resultado en un aumento de personas sin hogar y de prostitución. En nuestra encuesta de 101 prostitutas que trabajaban en diferentes áreas de Londres, tanto en la calle como en los locales, la necesidad económica era la razón fundamental dada por la prostitución en más de las tres cuartas partes de las mujeres. Además, otras 22 mujeres dijeron que habían “derivado hacia ella”: lo cual, si no tienes perspectivas económicas serias, como es el caso para la mayoría de las mujeres de la clase trabajadora, también es probable que sea un motivo económico. (2)

El Poll tax recientemente introducido, que se supone que todos los adultos deben pagar independientemente de los ingresos, y al que se han opuesto el 73% de las personas en Gran Bretaña, es probable que aumente aún más la prostitución, en la medida en que mujeres no asalariadas y gente joven se vean obligadas a ganar dinero para pagar el impuesto y cualquier multa que resulte de la falta de pago.

Quiénes somos

El Colectivo Inglés de Prostitutas (ECP, English Collective of Prostitutes) es una organización autónoma dentro de la Campaña Internacional “Salarios para el Trabajo Doméstico”. Junto con el US PROStitutes Collective y el grupo Wages for Housework en Trinidad que trabaja con mujeres prostitutas, formamos International Prostitutes Collective, una red de mujeres de diferentes razas, nacionalidades, edades y antecedentes que trabajan en diferentes niveles de la industria del sexo.

Estamos haciendo campaña por la abolición de las leyes de prostitución que castigan a las mujeres por negarse a la pobreza y / o la dependencia financiera de los hombres, y por los derechos humanos, legales, económicos y civiles de las mujeres prostitutas. También estamos haciendo campaña por que el dinero, la vivienda y otros recursos estén disponibles por igual tanto para las mujeres que ejerzan como para las que quieran dejar de ejercer; por casas seguras para niños y jóvenes fugados donde pueden ser anónimos para protegerlos de ser recogidos por la policía y enviados de vuelta a su casa, a menudo para sufrir más violencia; y por mayores beneficios, subsidios y salarios para que ninguna mujer sea vea forzada a tener relaciones sexuales con nadie por la pobreza, la dependencia financiera y / o la falta de alternativas económicas.

Nos oponemos a la “legalización” como una forma de control policial / gubernamental que institucionaliza a las mujeres en la prostitución. Evidencia de Alemania Occidental y Nevada (EE. UU.) ha demostrado que la legalización aumenta los intermediarios: los proxenetas legalmente reconocidos obtienen su parte del salario de las mujeres; aumentan la carga de trabajo de las mujeres; y segrega a las mujeres de sus familias y comunidades. La mayoría de las mujeres preferirían trabajar ilegalmente antes que estar registradas en un ordenador de la policía para toda su vida y tener que llevar encima sus libretas de salud. Las mujeres, no los hombres y no el Estado, debemos controlar nuestros cuerpos y nuestro dinero.

La línea divisoria legal 

Aunque la prostitución per se no es ilegal en Gran Bretaña, es casi imposible que una mujer trabaje como prostituta sin violar la ley. Es ilegal que una “prostituta común” merodee o solicite en lugar público. Una mujer es etiquetada como “prostituta común” por dos policías antes de comparecer en el tribunal: culpable antes de que se demuestre su inocencia. Las mujeres que comparten el lugar de trabajo con incluso sólo una mujer más pueden ser detenidas por gestión de burdel. Cualquiera que se asocie con una prostituta se convierte en culpable por asociación: esposos y novios pueden ser acusados ​​de proxenetismo, la novias de merodear, gestionar un burdel o controlar a una prostituta.

Las jóvenes trabajadoras a menudo son acusadas de ser “madres no aptas” debido a su ocupación. Muchas mujeres pierden la custodia de sus hijos por servicios sociales prejuiciosos. Una madre soltera de nuestra red describió cómo la policía se llevó a su hija de diez años, que anteriormente no sabía nada de la ocupación de su madre:

“Rompieron la puerta de entrada y rompieron la cerradura. Había alrededor de diez policías en total, tres de los cuales eran mujeres. Mi hija lloraba y gritaba que la rescatara. Se negaron a dejar que la consolara. No me permitieron ningún contacto con ella durante cuatro días. Realmente creía que nunca volvería a verla, y me estaba volviendo loca de preocupación y dolor. . . No podrían haberme lastimado más si hubieran cogido un cuchillo y lo hubieran retorcido en mi corazón. Todo lo que hice fue mejorar nuestro estilo de vida y escapar de la trampa de la “pobreza”. . . Se debe hacer algo para cambiar las leyes que facilitan a la policía invadir nuestra privacidad en nuestros propios hogares y arrebatarnos a nuestros hijos. Es meramente un ‘secuestro legalizado’ “. (3)

Las leyes de prostitución dividen a las mujeres entre quienes somos consideradas “buenas y respetables” y quienes somos consideradas “malas y viciosas” por negarnos a la pobreza al trabajar en la industria del sexo. El dinero, a los ojos de la clase dirigente, hace que las buenas, es decir, las pobres, sean malas. Hace poco protestamos contra la forma en que una mujer asesinada fue sometida a juicio por los medios de comunicación, lo que implicó que sus padres se angustiaran más al descubrir que su hija trabajaba como prostituta que al saber que había sido asesinada. Tal devaluación de la vida de las mujeres prostitutas no es inusual. En 1981, hicimos un piquete en el Tribunal Supremo durante el juicio contra el Destripador de Yorkshire, un asesino en serie que mató a 13 mujeres y atacó a muchas otras. Como en el caso de los asesinatos de Green River en Canadá y Seattle, y los asesinatos de Los Angeles South Side, la policía usó las leyes de prostitución como una excusa para no hacer nada, etiquetando a las mujeres asesinadas como prostitutas, que en todo caso eran negras y / o demasiado pobres para tener importancia. La policía de Yorkshire tomó los asesinatos en serio después de que una mujer “respetable” relativamente de mejor posición fuera asesinada. Muchas más mujeres murieron como resultado, prostitutas y no prostitutas por igual.

En noviembre de 1982, con el apoyo de Mujeres Negras por Salarios para el Trabajo Doméstico y Mujeres contra las Violaciones, el ECP ocupó la Iglesia Holy Cross en el barrio rojo de King’s Cross, Londres, durante 12 días, para protestar por la ilegalidad policial y el racismo contra las mujeres prostitutas. La Ocupación de la iglesia fue el primer asilo en sagrado moderno en Gran Bretaña. La policía estaba deteniendo a mujeres que no estaban trabajando, yendo particularmente a por mujeres negras y mujeres que usaban nuestro servicio legal, Legal Action for Women, para defenderse en el juzgado, mientras rehusaban arrestar a los proxenetas y violadores que denunciábamos. La policía acusó de prostituta a una mujer blanca no prostituta con discapacidad que denunció violación y detuvo a su novio negro por proxenetismo. Más tarde fue declarado inocente, pero el violador nunca fue encontrado.

La Ocupación recibió un amplio apoyo de los residentes locales y de muchas organizaciones, en particular grupos de mujeres negras y de homosexuales. Logró colocar a las mujeres prostitutas en la agenda política como nunca antes, e inspiró a mujeres prostitutas en otros países, comenzando con Canadá. En julio de 1984, las mujeres prostitutas y sus aliados ocuparon la catedral Christ Church de Vancouver para protestar contra la violencia policial y el interdicto provisional que declaraba a las prostitutas una molestia pública. El ECP también ha trabajado con la Alianza de Mujeres en Apoyo a las Prostitutas (WASP), en Halifax.

A favor de las prostitutas y contra la prostitución

El movimiento de mujeres se divide en el tema de las mujeres que trabajan como prostitutas. Cuando comenzamos en 1975 tomamos nuestro nombre del Colectivo de Prostitutas que organizó la huelga nacional de prostitutas de 1975 en Francia, uno de los eventos más dramáticos del movimiento de mujeres a nivel internacional (4). Exigimos que la lucha de las mujeres prostitutas por los mismos derechos humanos, legales y económicos que las demás mujeres sea reconocida como parte del movimiento de mujeres por la independencia financiera y el control de nuestros propios cuerpos, y como parte del movimiento de la clase trabajadora por más dinero y menos trabajo. Conectar la situación de las mujeres prostitutas de esta manera era entonces algo completamente nuevo. Todavía es algo controvertido. La mayoría del Movimiento de Liberación de la Mujer era hostil a la prostitución de mujeres sobre la base de que el intercambio de sexo por dinero era singularmente degradante. Dijeron que alentaba la violación induciendo a los hombres a creer que todas las mujeres están disponibles, olvidando convenientemente que los hombres ya pensaban eso. La industria del sexo no es la única industria que está dominada por hombres y que degrada a las mujeres, pero es una industria basada en el sexo, lo que tiende a soltar muchas cadenas represivas en muchas psiques. En segundo lugar, en esta industria las trabajadoras son ilegales y pueden defender menos públicamente los derechos tanto a sus trabajos como contra sus empleadores. Argumentamos que el que algunas mujeres cobren por lo que se espera que hagan todas las mujeres de forma gratuita es una fuente de poder para que todas las mujeres rechacen cualquier trabajo sexual gratuito cuando deseen rechazarlo.

En 1975, la Campaña Salarios para el Trabajo Doméstico fue la única organización de mujeres que salió en apoyo de las mujeres prostitutas.

“Todo trabajo es prostitución, ya sea que trabajemos por dinero o alojamiento y comida. Todas las mujeres son prostitutas. Ya sea que nos follemos mucho dinero, seamos camareras,empaquetemosr galletas, escribamos cartas, conduzcamos camiones, tengamos hijos, enseñemos en las escuelas o trabajemos en las minas de carbón, todas las mujeres nos vemos obligadas a vender nuestros cuerpos y nuestras mentes. Nuestras vidas enteras nos son robadas por el trabajo. 

. . todas las mujeres se benefician de los intentos exitosos de las prostitutas de recibir efectivo por el trabajo sexual, porque el efectivo deja en claro que las mujeres estamos trabajando cuando estamos jodiendo, vistiéndonos, siendo amables, poniéndonos maquillaje, cada vez que nos relacionamos con los hombres. . . La prostituta, lesbiana o “heterosexual”, rechaza el trabajo emocional y sexual ilimitado (y lavar la ropa) que normalmente acompaña las relaciones con los hombres, a favor de una demanda en efectivo “. (5)

Trabajar en la industria del sexo también ha hecho posible que muchas mujeres obtengan la independencia financiera que necesitan para permitirse vidas de lesbianas: tener relaciones sexuales con hombres en el trabajo a fin de negarse a tener sexo con hombres en sus vidas privadas. Las discotecas y clubes han sido lugares de reunión donde las prostitutas lesbianas se encuentran con otras mujeres lesbianas, pero las mujeres prostitutas rara vez son reconocidas como parte del movimiento lésbico. Tampoco se tiene en cuenta su experiencia en la mayoría de las teorías feministas, lesbianas o no.

Poder para las mujeres versus poder para el Estado

Mientras que los proscritos sexuales socializan entre ellos, el gobierno usa la ambivalencia feminista hacia las mujeres prostitutas para fortalecer los poderes de la policía contra todos. Las campañas contra la pornografía y la legislación restrictiva son dos ejemplos de cómo el feminismo se alimentó del clima represivo económico y sexual de los años ochenta.

Las feministas anti-porno se han concentrado en atacar las actitudes, no las relaciones de poder, culpando de ser violencia contra las mujeres las imágenes de desnudos mientras se ignora la violenta realidad económica que esas imágenes reflejan. Estas feministas le dicen a otras mujeres lo que los hombres siempre nos han dicho: que ignoremos nuestra experiencia real y nos sometamos a sus prioridades. No es el dinero, no es la vivienda, ni siquiera son unas leyes no sexistas, no racistas y no violentas, sino acabar con la pornografía lo que se convierte en la clave del bienestar de toda mujer. Esta obsesión con las “imágenes sucias” ha ocultado el impacto total del ataque del gobierno a los bolsillos de las mujeres de la clase trabajadora: menos independencia económica y, por lo tanto, más violaciones y otros tipos de violencia contra mujeres y niñas. (6)

No es accidental que la pornografía esté prohibida en el apartheid de Sudáfrica. A diferencia de la legislación que considera que la violación en el matrimonio es un crimen, lo que significa más poder en manos de las mujeres, la censura de la pornografía significa más poder en las manos de los gobiernos y de la policía para decidir cómo disfrazar las mentiras y ocultar la verdad, es decir, controlar a qué tipo de información tenemos acceso, sobre el sexo y sobre todo lo demás. (Y, a pesar de sus inconvenientes, la pornografía es a menudo el único material sexualmente explícito disponible para mujeres que desean explorar sus propias necesidades sexuales). Junto con Wages Due Lesbians, hemos trabajado para mostrar que la represión económica y la represión sexual son dos caras de la misma moneda, dividiendo a las mujeres entre sí y a las mujeres de los hombres. Las cazas de brujas anti-porno y anti-lesbianas / homosexuales son parte integral de la estrategia económica del gobierno de realizar recortes en prestaciones, salarios y servicios.

“Para tener éxito, esta estrategia debe ir acompañada de un ataque a nuestros derechos a la autodeterminación y a [el sexo y otros] • en nosotros mismos y entre nosotros: en otras palabras, un ataque a nuestro poder para organizarnos con todo tipo de personas contra la explotación y la represión. Monetarismo —el gobierno controlado por las fuerzas del mercado necesita moralismo—, el gobierno por parte de las fuerzas policiales, en el dormitorio, en el aula y en la calle”: (7)

En 1985, el gobierno de Thatcher introdujo una legislación contra el merodeo (hombres que solicitan a mujeres con fines sexuales) en nombre de la igualdad de las mujeres prostitutas al detener a sus clientes y de la seguridad de otras mujeres al hacer ilegal que los hombres las aborden. Ha igualado a las mujeres por abajo quitando algunos de los derechos que los hombres tenían y por los que las mujeres estaban luchando: en lugar de que las mujeres prostitutas sean detenidas por acercarse a los hombres, los hombres lo son ahora por acercarse a ellas. La legislación restrictiva es similar a la Enmienda C-49 de Canadá (1985) que criminaliza cualquier cosa que la policía decida que es “comunicar para favorecer la prostitución”. Es parte de la iniciativa del gobierno de “limpiar” las zonas urbanas centrales de uno de los efectos más visibles de sus políticas económicas: el aumento de la prostitución; para reprimir la actividad callejera en general; y para defender los valores de las propiedades a expensas de los derechos civiles.

La legislación restrictiva ha fomentado los prejuicios y la hostilidad contra las mujeres prostitutas, y ha extendido a los hombres algunos de los prejuicios que las leyes de prostitución infligen a las mujeres. De la misma manera que la evidencia policial por sí sola es suficiente para condenar a las mujeres prostitutas por merodear y solicitar, es también suficiente para condenar a los hombres acusados ​​de merodear. Una fuerza policial cuya ilegalidad, racismo, sexismo y corrupción se han convertido en noticias cotidianas, ha recibido poderes adicionales para detener a cualquiera que elija. La experiencia nos dice que es más probable que la policía use sus nuevos poderes contra los negros y otros hombres de la clase trabajadora a los que pueden querer culpar por motivos totalmente inconexos. Los residentes de los barrios rojos en nombre de cuyas propiedades se aprobó la legislación contra el merodeo y la solicitación nunca tuvieron que justificar sus acusaciones.

En 1984, iniciamos la Campaña Contra la Legislación del Merodeo (CAKCL): una coalición de organizaciones antiviolación, organizaciones negras y organizaciones de derechos civiles, grupos de prevención del SIDA y drogas, abogados, oficiales de libertad condicional y activistas del Partido Laborista. Nuestra oposición ha demostrado que la legislación contra el merodeo aumenta la vulnerabilidad de las prostitutas y otras mujeres frente a la violencia al forzar a las trabajadoras a permanecer en lugares más escondidos y dedicar la policía más tiempo y recursos a atrapar mujeres prostitutas y rastrear merodeadores que a atrapar violadores y otros hombres violentos. Mientras que la policía ha formado escuadrones especiales y detenido a miles de mujeres y cientos de clientes (¡las mujeres son siempre las primeras en ser detenidas!) en un esfuerzo combinado para “limpiar” los barrios rojos, no han actuado en coordinación contra los asesinos y violadores de mujeres.

El gobierno cuenta ahora con la ambivalencia feminista sobre las trabajadoras de la industria del sexo para introducir el etiquetado electrónico, con la esperanza de que no habrá oposición al etiquetado si “solo” se aplica a las mujeres prostitutas y los merodeadores. Una vez introducido, se puede usar contra cualquier persona, expandiendo en lugar de reducir la población carcelaria al interior de nuestros propios hogares. 

El virus de la represión

La “propagación del SIDA” también ha sido utilizada por los políticos y los medios para fomentar la caza de brujas y profundizar la división entre mujeres retratadas como casadas, monógamas, fieles, limpias y principalmente blancas, frente a mujeres retratadas como solteras, promiscuas, contaminadas / contagiosas y principalmente negras y / o del tercer mundo. La presunción de que las mujeres prostitutas están propagando el virus del VIH no se basa en la evidencia, sino en suposiciones de que las mujeres que tienen relaciones sexuales con (potencialmente) muchas parejas sexuales inevitablemente contraen y transmiten enfermedades; que las mujeres que han “elegido” esta forma de vida son singularmente degradadas e inmorales; y esa “degradación de la mente” inevitablemente trae “degradación del cuerpo”. El estado ilegal de las mujeres prostitutas ha hecho más difícil que las chicas trabajadoras hablen públicamente. en su propia defensa y más fácil que sean despedidas antes que las personas más “respetables”.

La investigación en los países occidentales contradice las afirmaciones de que las prostitutas son “de alto riesgo”. Pero informes aislados y a menudo no confirmados de chicas trabajadoras que dan positivo en el examen de VIH, han sido sensacionalizados para avivar los prejuicios y la hostilidad. La propaganda sobre el llamado origen africano del SIDA y las estadísticas sobre las altas tasas de VIH / SIDA en África, cifras cuya exactitud y confiabilidad están en duda, se utilizan para avivar el racismo contra las personas negras, inmigrantes y prostitutas de todo el mundo.

Dondequiera que los condones y las clínicas sean asequibles y accesibles, las mujeres prostitutas tradicionalmente los han usado y, por lo tanto, pueden correr menos riesgos que otras mujeres. Y a pesar de que los clientes generalmente no desean usar condones, la mayoría de las propuestas para realizar pruebas de detección se han dirigido a las mujeres trabajadoras, no a los clientes. Este doble estándar se extiende a la situación ridícula de las mujeres detenidas y condenadas por prostitución por llevar condones en sus bolsos de mano.

Nuestra organización hermana en San Francisco, US PROStItutes Collective, encabezó la oposición a la legislación que proponía pruebas obligatorias de SIDA para prostitutas y clientes convictos; una sentencia de prisión por delito grave de hasta tres años para cualquier persona condenada por prostitución después de que haya dado positivo al VIH; y la inscripción en un programa de abandono de drogas y / o de empleo. El Proyecto de Ley de Bronzan de 1988 y una legislación similar golpearían más duramente a las mujeres, particularmente mujeres negras. Al menos el 70% de las personas detenidas por prostitución son mujeres, y aunque la mayoría de las mujeres prostitutas en los Estados Unidos son blancas, la policía racista y las sentencias hacen que la mayoría de las mujeres enviadas a prisión por prostitución sean negras. (8)

A medida que las pruebas obligatorias se generalizan, el ECP, Mujeres negras por el trabajo doméstico y WinVisible: mujeres con discapacidades visibles e invisibles (nuestros puntos de referencia en anti-racismo y en racismo anti-discapacidad), nos hemos centrado en exponer las políticas de SIDA de divide y vencerás, un paso crucial hacia la comprensión y la lucha contra el SIDA.

“La información más reciente de EE. UU. muestra que el SIDA, como el cáncer, es una enfermedad de la pobreza, y que las personas negras y otras clases trabajadoras están muriendo de ambas enfermedades en cantidades desproporcionadas. (70% de los casos de SIDA en mujeres ocurrieron entre negras e hispanas … y 90% de bebés nacidos con SIDA son negros o hispanos. (9) 1 Pero en lugar de detener las prácticas militares e industriales que atacan a nuestro sistema inmune —desnutrición, falta de vivienda, sobremedicación, pesticidas, radiación y otros contaminantes, y exceso de trabajo (también conocido como estrés)— gobiernos de todo el mundo están introduciendo pruebas obligatorias de VIH, controles de inmigración más estrictos, detención, deportación, y otras medidas represivas; y engordan los bolsillos de la industria farmacéutica con costosos subsidios de investigación en medicamentos “milagrosos” y vacunas cuyos efectos secundarios pueden ser al menos tan peligrosos como la enfermedad que supuestamente deben curar “. (10) 

La prostituta y la esposa

Sin embargo, a pesar de las divisiones dentro del movimiento de mujeres, cada vez más mujeres se dan cuenta de que sus vidas y su seguridad están ligadas a la vida y la seguridad de sus hermanas ilegales. En diciembre de 1989, el ECP y Mujeres contra la Violación (WAR) apoyaron a una mujer cuyo ex marido, Victor Powell, estaba siendo sentenciado por la violación de una mujer prostituta. Celebramos una vigilia fuera del tribunal para resaltar la vulnerabilidad que las mujeres prostitutas y las esposas comparten a manos de la ley, la policía y los tribunales. El violador tenía condenas previas por violar a otras dos mujeres prostitutas. En este caso, la mujer fue retenida, violada y agredida en su casa. Al beber mucho, finalmente se durmió y la mujer logró llamar a la policía.

  • ¡Tardaron 45 minutos en llegar!

La Encuesta de seguridad de las mujeres de 1985 de WAR, Ask Any Woman (11), descubrió que más de una cuarta parte de las mujeres que habían trabajado como prostitutas habían sido violadas o agredidas sexualmente. Las leyes de prostitución, que criminalizan a las mujeres, son una señal para los hombres de que la violencia contra las mujeres prostitutas será tratada con mayor indulgencia que la violencia contra otras mujeres y que la policía y los tribunales la consideran “parte del trabajo”. Estas leyes también se usan contra otras mujeres. Un policía que fue condenado recientemente por violar a una joven madre soltera negra mientras estaba de servicio, la había amenazado con detenerla por solicitación si se atrevía a denunciar la violación. (12)

Del mismo modo, la violación en el matrimonio, ahora tratada como un crimen en Escocia y en otros países, se considera en el resto del Reino Unido como un derecho del marido. Ask Any Woman encontró que las mujeres tienen más que temer del “violador que paga el alquiler”: una de cada siete esposas había sido violada por sus maridos. (13) La mayoría de las mujeres dieron razones financieras para no separarse. Que la violación en el matrimonio no sea un crimen afecta a si la policía trata con seriedad todas las violencias y violaciones domésticas.

Powell repetidamente rompió las órdenes de alejamiento de su esposa. Ella y sus hijos corrieron peligro debido a las demoras judiciales y a que la policía se negara a actuar antes de recibir una notificación oficial, generalmente dos días después de la orden judicial. Contradiciendo los estereotipos de que las esposas y las prostitutas son enemigas irrevocables, la ex mujer de Powell, que sufrió años de violencia en sus manos, y la prostituta a la que violó, se conocieron en el juicio y se hicieron amigas. Las dos ven el veredicto de culpabilidad y la cadena perpetua aprobada por la violación como una protección. Es una victoria para todas las mujeres cuando la violación de mujeres prostitutas es reconocida como violación. 

Por el reconocimiento del trabajo de las mujeres y la abolición de las leyes de prostitución

También es una victoria para todas las mujeres cuando el trabajo de las prostitutas se reconoce como trabajo. Por esta razón, el ECP ayudó a organizar TIME OFF FOR WOMEN – acciones internacionales de mujeres de base para presionar por la implementación de la decisión de la ONU de 1985 (Párrafo 120 de Estrategias prospectivas para el avance de la mujer hasta el año 2000) de que todo el trabajo de las mujeres, asalariado y no asalariado, en el hogar, en el campo y en la comunidad, deben contabilizarse en el producto interior bruto de cada país. TIME OFF se lleva a cabo cada año durante la semana del 24. Octubre: el aniversario de la huelga general de mujeres de Islandia. Está coordinado por la Campaña Internacional de Salarios para el Hogar. Como organización de prostitutas, queremos asegurarnos de que el trabajo de las prostitutas, que ha sido esencial para la supervivencia de millones de familias, comunidades enteras e incluso países, se haga visible y se reconozca como la contribución económica a la sociedad que realmente es. Las mujeres prostitutas proporcionan parte del bienestar que el Estado no proporciona.

Pero las portavoces oficiales del feminismo se han preocupado más por su propia igualdad con los hombres en la cima o al menos cerca de ella que por romper las divisiones entre las mujeres. Su fijación en su acceso a los mejores empleos en lugar de en la falta de acceso de la mayoría de las mujeres a la riqueza divide aún más a las mujeres, poniendo a algunas mujeres a cargo de explotarnos al resto. En su presentación a la Comisión de la ONU sobre el Estatus de la Mujer (Viena, 1 de marzo de 1990), Housewives in Dialogue, la ONG que dirige el Centro de Mujeres King’s Cross donde se basa ECP, explicó las implicaciones de contabilizar el trabajo no remunerado de las mujeres en el PIB para unir a las mujeres,

. . el tema de contabilizar el trabajo no remunerado de las mujeres es un gran unificador de personas y ununificador de temas. Desde el punto de vista de la enorme carga de trabajo no remunerado de las mujeres, los temas de igualdad, desarrollo y paz son inseparables y, a pesar de las innegables diferencias en el acceso a la riqueza de todo tipo y en el tiempo de trabajo y la carga de trabajo, las mujeres en los países industrializados y del Tercer Mundo están fundamentalmente en el mismo barco: sin salario en su primer empleo, con bajo salario en su segundo empleo y con exceso de trabajo tanto dentro como fuera del hogar. 

. Dado que una parte importante de la riqueza que podría reducir su trabajo está dedicada a lo militar, está claro que el exceso de trabajo de las mujeres está conectado con los recursos que anualmente se dedican a los presupuestos militares, de este a oeste y de norte a sur “.

Contabilizar el trabajo de las mujeres prostitutas revela el trabajo sexual y el trabajo emocional que todas las mujeres están obligadas a hacer: en el hogar, en el trabajo, en la calle: para satisfacer las necesidades y egos sexuales de los hombres con sonrisas, palabras y actos comprensivos y alentadores. Contabilizar el trabajo de todas las mujeres, incluido el trabajo sexual, es una estrategia para cruzar la línea divisoria que separa a las trabajadoras sexuales de las otras mujeres. Una estrategia que fortalece el objetivo de todas las mujeres de conseguir una compensación —en forma de salarios, servicios y otros recursos— por la pobreza y el exceso de trabajo a los que hemos sido forzadas la mayoría de nosotras. Una estrategia que no se puede comprar con carreras para unas pocas mujeres.

A diferencia de las personas que aceptan la prostitución como un mal necesario o una terapia necesaria, nosotras nos estamos organizando para poner fin a la prostitución. Cuando las mujeres seamos capaces de reclamar la devolución de la riqueza que ayudamos a producir, las condiciones económicas que han obligado a millones de mujeres, niños y jóvenes de todo el mundo a vender sus mentes, cuerpos, tiempo y habilidades para sobrevivir o mejorar su nivel de vida dejarán de existir. A medida que las mujeres consigamos los medios financieros necesarios para rechazar el trabajo sexual, la prostitución dejará de ser aceptada o necesaria.

Contabilizarr el trabajo de las mujeres ya está transformando lo que muchos consideraban una utopía en una realidad. Mientras los gobiernos discuten sobre si contabilizar (y cómo hacerlo) el trabajo de las mujeres, y sobre si pueden evitar pagarlo una vez que sea contabilizado y que las mujeres sepamos a cuánto asciende, las mujeres nos estamos uniendo para redefinir lo que nosotras entendemos como trabajo: un primer paso para negarse a hacerlo y, por lo tanto, un primer paso hacia la abolición de la prostitución no solo en la industria del sexo, sino en todas las industrias.

El reconocimiento del trabajo que realizan las mujeres prostitutas es inseparable de la abolición de las leyes de prostitución que criminalizan a las mujeres por negarse a la pobreza y / o a depender económicamente de los hombres. Las leyes ocultan, falsean y devalúan el trabajo sexual y a las trabajadoras sexuales, ocultando así la cantidad de trabajo sexual que todas las mujeres están haciendo. Sin embargo, al igual que cualquier otro trabajador, las mujeres prostitutas están en la mejor posición para decidir cuándo deben defender su derecho a su trabajo para defenderse a sí mismas. Al luchar y conseguir mejores condiciones legales y laborales, las trabajadoras del sexo rechazan el trabajo de ilegalidad, estigmatización y otras formas de violencia y discriminación, y redefinen qué y cuánto trabajo aceptarán o rechazarán.

A menudo escuchamos sobre proyectos para “rehabilitar” a mujeres que trabajan a través de la capacitación u otras tareas. Por bien intencionados que sean estos proyectos, a menudo no apoyan las demandas de las mujeres prostitutas contra las leyes, y se mantienen al margen de la violencia policial y los prejuicios sociales contra las mujeres trabajadoras.

Sin embargo, la abolición de las leyes es una prioridad para millones de mujeres en todo el mundo. Todas las mujeres deben poder controlar sus propios cuerpos y su propio dinero, y negarse a ser institucionalizadas mediante antecedentes penales, zonificación, ordenadores de la policía y / o controles de salud obligatorios. Sólo entonces las trabajadoras de la industria del sexo y las demás mujeres compartirán los mismos derechos humanos, legales, económicos y civiles a la protección contra la violencia y la extorsión de todo tipo. 

 

Nina Lopez-Tones

Punto de referencia para el Colectivo Inglés de Prostitutas y coordinadora de Legal Action for Women, un servicio legal de base para todas las mujeres con sede en el Centro de Mujeres King’s Cross, Londres.

Marzo de 1990

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

——————————————————————————————

 

(1) Encuesta mundial de 1989 sobre el papel de la mujer en el desarrollo, Oficina de las Naciones Unidas en Viena, Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios, Nueva York, 1989, p.21.

(2) Divididas caemos, Nina Lopez-Jones, que se publicará en 1991.

(3) “Secuestro legalizado”, Network – News from the English Collective of Prostitutes, No. 1 July 1983, p.3.

(4) Para una historia de la huelga, lea Prostitutas – Nuestra Vida, Ed. Claude Jaget, con una presentación del ECP, Falling Wall Press, Bristol 1980.

(5) “Por las prostitutas y contra la prostitución”, Power of Women Collective, 1975.

(6) Este tema se amplía en Anti-porn es la teoría, la represión es la práctica, Nina Lopez-Jones, noviembre de 1989.

(7) Fuera de la cláusula en el centro de trabajo – Una visión de las mujeres lesbianas de lo que la cláusula 28 pretende, pretende y promueve, y lo que pretendemos promover en su contra, Wages Due Lesbians, Centro de mesa 7, Centro de mujeres de King’s Cross, Londres 1988, p .36.

(8) Algunos de los puntos de vista, organización y demandas del PCE están registrados en Prostitute Women and AIDS: Resistir el virus de la represión, English Collective of Prostitutes, con una introducción del US FROStitutes Collective, marzo de 1988.

(9) Hora, 27 de abril de 1987.

(10) Carta a The Independent, inédita, Wilmette Brown y Nina Lopez-Jones, 7 de septiembre de 1989.

(11) Pregunte a cualquier mujer: Una investigación de Londres sobre violación y agresión sexual, Ruth E. Hall, Falling Wall Press, Bristol 1985, p.45.

(12) PC Anderson fue declarado culpable de violación y condenado a siete años de prisión el 12 de octubre de 1989. La mujer a la que violó no tiene antecedentes de prostitución.

(: 3) rbid, p.89.

 

Anuncios

“Hermana” abolicionista

 

 

No soy hermana de mujeres que desacreditan a otras mujeres para imponer sus ideas, que tergiversan trata con prostitución y obstruyen la lucha de un colectivo marginado e invisibiliza a las víctimas. Que el abolicionismo hipócrita y egoísta me llame hermana es un insulto y una burla

Kenia García

 

 

 

“Hermanas” abolicionistas institucionales que diseñan leyes donde se nos persigue.

“Hermanas” institucionales que utilizan las asociaciones feministas afines a sus partidos políticos para sacar planes, ordenanzas donde nos acosan.

Entidades “hermanas” que reciben subvenciones para atendernos pero que a nosotras no nos llega esa atención; que las “hermanas” han firmando y renovado convenios sin poner remedio a que no está llegando lo firmado, en pro de sus ideales abolicionistas o en pro de las próximas subvenciones.

“Hermanas” que invierten más dinero en charlas, debates y publicidad en pro de sus ideales abolicionistas que en protección real para las víctimas de trata y alternativas reales para quien desea dejarlo.

“Hermanas” que se dedican a insultar a las trabajadoras sexuales visibles, a desvalorizar su voz por trabajar en diferentes espacios de trabajo con mejores condiciones laborales, por tener conciencia política, feminista, obrera, pro sex, etc. a golpe de teclado.

“Hermanas rojas” que no hacen nada ante la vulneración de derechos que sufrimos a consecuencia de las medidas que toman sus compañeras.

“Hermanas” feministas que nos quieren silenciar en otro espacios sociales donde no hay posicionamiento ante la prostitucion o no está consensuado.

“Hermanas” feministas que quieren parar con un dedo lo que ya no se para: nuestra voz. Cada vez somos más las trabajadoras sexuales que levantamos la voz en todo el mundo en pro del reconocimiento de nuestro trabajo. Cada día sumamos más entidades en defensa de los derechos humanos que están cambiando su posionamiento abolicionista en pro de la trabajadoras sexuales.

Vamos sumando más colectivos de trabajadoras sexuales, más aliadas; cada día nuestras compañeras no visibles están más informadas, empoderadas, más unidas que nunca a través de las redes sociales.

¡¡¡Joder con las “hermanas”!!!

Marijose Barrera Márquez

MANIFESTE DES PROSTITUÉES DE SEVILLE

 

 

La prostitution n’est pas un crime. Nous, les prostituées, nous ne sommes pas des criminelles.

Aucune loi en Espagne n’interdit la vente de services sexuels entre des personnes adultes. La Loi Gag et les ordonnances municipales de Séville ne pénalisent pas la prostitution, puisqu’elles ne peuvent pas le faire. Pourtant, les deux règlements violent le principe de légalité, ainsi que les droits fondamentaux contenus dans la Constitution espagnole et le Statut d’Autonomie d’Andalousie, en privant les travailleuses du sexe des droits fondamentaux tels que le droit de circuler librement. Ils restreindent aussi, au travers de la répression, l’utilisation de l’espace public. Il n’y a pas de différence légale entre les prostituées, leurs clients et le reste des piétons; pour en faire la distinction, on n’utilise que des critères arbitraires de la police nationale et municipale, qui sont devenus une sorte de police morale.

Nous, les prostituées, nous sommes des femmes dignes.

La legitimité de la Constitution est basée sur la reconnaissance que “la dignité de la personne humaine, les droits inviolables qui lui sont inhérents, le libre développement de la personnalité, le respect de la loi et des droits d’autrui sont la base de l’ordre politique et de la paix sociale “.

Et la Cour Constitutionnelle définit la dignité comme «une valeur spirituelle et morale inhérente à la personne, qui se manifeste singulièrement dans l’autodétermination consciente et responsable de sa propre vie et qui s’accompagne de la prétention du respect d’autrui».

Nous, les prostituées, nous sommes des femmes dignes parce que nous déterminons nos vies de manière consciente et responsable et que nous cherchons le respect de la société dans son ensemble. Ceux qui essaient de nous faire devenir des mineures ayant besoin de tutelle s’attaquent directement à notre dignité; ils essaient de nous priver de notre capacité de décision; ils essaient, en somme, d’enlever notre liberté.

Nous, les prostituées, nous réclamons tous nos droits sexuels en tant que femmes.

Nous, les prostituées, nous ne considérons pas que le travail sexuel soit indigne ou que les relations sexuelles consenties entre des adultes hors mariage soient un fléau qui doive être éradiqué. C’est notre conviction, pour laquelle nous exigeons le même respect que nous avons envers ceux qui pensent le contraire. Nous revendiquons notre droit de vivre et de faire de notre sexe et notre sexualité ce que nous en décidons, sans interférence morale.

Nous, les prostituées, nous sommes des travailleuses du sexe.

Le travail du sexe, c’est un travail. En Espagne, la prostitution n’est pas interdite; pourtant, les droits des prostituées sont refusés. Dans cette situation, nous, les travailleuses du sexe, nous sommes assujeties à une situation de travail sans aucun droit. Cependant, l’hypocrisie de cette société ajoute le résultat de notre travail au Produit Intérieur Brut tout en nous refusant le droit du travail pour «défendre notre dignité».

La prostitution, ce n’est pas de la traite ou de la violence de genre.

Il n’est pas possible de faire des comparaisons entre les victimes d’un crime tel que la traite des êtres humains et des femmes qui pratiquent la prostitution librement et de leur propre choix. Cela ne fait que simplifier une réalité beaucoup plus complexe. Cela contribue aussi à l’ignorance sur cette réalité, ainsi qu’à la discrimination, la nuissance et la violation des droits des personnes qui pratiquent la prostitution.

La criminalisation de la prostitution perpétrée, au délà du Parlement espagnol, par le conseil municipal de Séville (entre autres) et par le gouvernement précédent du Parti Populaire avec sa Loi Gag, ne sert qu’à accroître la marginalisation et la faiblesse sociale des prostituées, nous laissant presque absoluement sans défense contre les mafias de la traite des êtres humains et menacent de nous faire devenir ce que les abolitionnistes veulent que nous devenions: des victimes ayant besoin de sauveurs.

Il est absurde de dire que la pénalisation est pour les clients et pas pour les prostituées. Aussi absurde de dire que dans une entreprise c’est l’achat qui est pénalisé, mais pas la vente. Celles qui sont finalement pénalisées, c’est nous, les prostituées, qui voyons ainsi notre survie économique mise en danger. C’est là la vraie violence contre les femmes que nous, les prostituées, nous subissons: la violence abolitionniste..

Nous, les prostituées, nous ne demandons pas de l’aide pour sortir de la prostitution: nous demandons l’abolition de la pauvreté.

Aucune femme n’est née pour être pauvre. La pauvreté est dégradante et coercitive. Une société qui accepte la pauvreté ou qui croit que la pauvreté est inévitable ne respecte pas les femmes. La pauvreté est une forme de violence, une violence qui touche de manière disproportionnée les personnes marginalisées. La pauvreté ne peut être considérée comme un choix qui garantit de la sécurité.

En conséquence, nous, les prostituées de Séville:

Nous demandons:

  • L’abrogation immédiate de la Loi Gag et des ordonnances anti-prostitution du conseil municipal de Séville.
  • La reconnaissance par l’Etat que le travail du sexe est un travail et l’application immédiate du Statut des Travailleurs et d’autres normes qui garantissent les droits des travailleuses.
  • La fin de la campagne de haine contre les prostituées du conseil municipal de Séville et l’affectation immédiate des fonds destinées à cette campagne à la lutte contre la pauvreté feminine à Séville

Nous, les prostituées, nous avons commencé à nous manifester publiquement et nous ne garderons plus le silence!

Vous ne nous embarrasserez plus jamais avec vos campagnes infâmes!

Collectif des prostituées de Séville

MANIFESTO OF THE PROSTITUTES OF SEVILLA

 

 

 

Prostitution is not a crime. Prostitutes are not criminals.

No law prohibits in Spain the sale of sexual services between adults.

The Gag Law and the municipal ordinances of Seville do not sanction prostitution, which they can not do. Both regulations violate the principle of legality, as well as basic rights contained in the Spanish Constitution and the Statute of Autonomy of Andalusia, by depriving sex workers of fundamental rights such as the right to free movement and restricting the use of space. public through repression. There is no legal difference between prostitutes, their clients and the rest of the pedestrians; only the arbitrary criteria of national and municipal police turned into a kind of moral police.

Prostitutes are worthy women.

The Constitution legitimizes itself by recognizing that “the dignity of the human person, the inviolable rights that are inherent to it, the free development of the personality, respect for the law and the rights of others are the foundation of the political order and of social peace “.

And the Constitutional Court defines dignity as “a spiritual and moral value inherent in the person, which manifests itself singularly in the conscious and responsible self-determination of one’s own life and which carries with it the claim to respect by others”.

Prostitutes are worthy women because we self-consciously and responsibly determine our own lives and seek respect from society as a whole. Those who try us to become underage girls in need of guardianship are directly attacking our dignity, they are trying to deprive us of our decision-making capacity, they are trying, in short, to take away our freedom.

Prostitutes claim all of our sexual rights as women.

Prostitutes do not consider sex work to be unworthy nor consensual sexual relations between adults outside of marriage as a blight that must be eradicated. That is our conviction, for which we demand the same respect that we have towards those who think otherwise. We claim our right to live and do with our sex and sexuality what we decide, without moral interference.

Prostitutes are sex workers.

Sex work is work. In Spain, prostitution is not prohibited; they only deny us the rights to prostitutes. Under this situation, we sex workers are subjected to a work situation lacking any right. However, the hypocrisy of this society adds the result of our work to the Gross Domestic Product while denying us labor rights to “defend our dignity”.

Prostitution is not trafficking or gender violence

It is not possible to equal the victims of a crime such as trafficking in persons with women who practice prostitution freely and by their own decision. Doing this only simplifies a reality that is much more complex, contribute to ignorance of this reality and discriminate and harm people who practice prostitution by violating their rights.

The criminalization of prostitution carried out outside the Parliament by the City of Seville (among others) and by the previous government of the Popular Party with its Gag Law, only serves to increase the marginalization and social weakness of prostitutes, leaving us almost absolutely defenseless against the mafias of human trafficking and threatening to become what the abolitionists want us to become: victims in need of saviors.

It is absurd to say that clients are penalized and not prostitutes. It is absurd to say that in a business the purchase is penalized, but not the sale. Those who are ultimately penalized are the prostitutes, which we see endanger our economic survival. That is the real violence against women that prostitutes suffer: abolitionist violence.

Prostitutes do not ask for help to get out of prostitution: we demand the abolition of poverty.

No woman is born to be poor. Poverty is degrading and coercive. A society that accepts poverty or believes that poverty is inevitable does not respect women. Poverty is a form of violence, a violence that disproportionately affects the marginalized. Poverty can not be considered a safe place.

Consequently, the prostitutes of Seville:

We demand:

  • Immediate repeal of the Gag Law and anti-prostitution ordinances of the City of Seville
  • Recognition by the State of the labor nature of sex work and immediate application of the Statute of Workers and other standards that guarantee the rights of women workers.
  • The end of the hate campaign against the prostitutes of the City of Seville and immediate allocation of the funds allocated to that campaign to the fight against poverty among women in the city of Seville.

 

Prostitutes have begun to speak and we will not be silent!

 

You will no longer be ashamed of yours infamous campaigns!

 

Collective of Prostitutes of Seville

Reducir la trata de personas a través de la despenalización del trabajo sexual

 

AMA Journal of Ethics. January 2017, Volume 19, Number 1: 122-126.

 

Erin Albright, JD y Kate D’Adamo, MA

 

http: //journalofethics.ama-assn.org/2017/01/sect2-1701.html

 

Resumen

Para reducir la trata de personas, los trabajadores de la salud deberían apoyar la despenalización total de la prostitución. Al igual que la trata en otros tipos de trabajo, la prevención de la trata en el comercio sexual requiere abordar las diferentes formas de marginación que crean comunidades vulnerables. Al eliminar las leyes punitivas que impiden denunciar la explotación y el abuso, la despenalización permite a las trabajadoras sexuales trabajar de forma más segura, reduciendo así la marginación y la vulnerabilidad. La despenalización también puede ayudar a desestigmatizar el trabajo sexual y ayudar a resistir la marginación política, social y cultural de las trabajadoras sexuales.

 

 

Introducción

 

En agosto de 2016, Amnistía Internacional, manteniendo y reafirmando su enérgica condena de la trata de personas, publicó una orientación política modelo que llama a los países a despenalizar el comercio sexual para proteger mejor la salud y los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual [1]. Como explica Amnistía en la orientación política, la despenalización es el cambio de “delitos comunes que penalizan la mayoría o todos los aspectos del trabajo sexual”, incluidas las leyes que se dirigen a terceros no coercitivos que compran o facilitan el trabajo sexual, a “leyes y políticas que brindan protección a las trabajadoras sexuales de los actos de explotación y abuso “[2]. La política ha sido respaldada por la Organización Mundial de la Salud, ONUSIDA, la Alianza Global contra el Tráfico de Mujeres (GAATW), Human Rights Watch, Lambda Legal, la Unión Americana de Libertades Civiles, Freedom Network USA y muchas otras organizaciones que se enfocan en poblaciones vulnerables, incluidas las víctimas de la trata de personas [3, 4]. Lo que es más importante, es una política abrumadoramente respaldada por las personas que comercian con sexo: la comunidad afectada por estas leyes y políticas [5].

 

En contraste, las organizaciones que ven la despenalización como algo que da permiso e impunidad a los posibles explotadores han criticado esta orientación política, a pesar de la insistencia expresada en ésta en que se mantengan o establezcan leyes contra la trata y las agresiones físicas y sexuales [1]. Sin embargo, estas críticas no logran entablar una conversación matizada sobre el trabajo sexual en lo que respecta a la explotación, la pobreza, la discriminación, los derechos de las trabajadoras y la trata de personas [6]. Más importante aún, la investigación muestra lo contrario: la penalización crea condiciones de impunidad y aumenta las vulnerabilidades de las trabajadoras sexuales a la violencia y la explotación, incluida la trata.

 

Razones para oponerse a la penalización del trabajo sexual

 

El trabajo sexual y la trata sexual no son sinónimos. La participación en el comercio sexual se produce en un espectro constantemente cambiante de elección, circunstancia y coacción. Las víctimas de trata se encuentran en el otro extremo de este espectro, implicadas en el trabajo sexual por la fuerza o la coacción. Si bien es difícil cuantificar el número de personas víctimas de trata en el comercio sexual, sí sabemos, como veremos más adelante, que la penalización del trabajo sexual aumenta la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales a la violencia, la explotación y la trata [7]. De esta forma, aquí, discutimos cuatro razones por las cuales los profesionales de la salud deberían oponerse a la penalización del trabajo sexual.

 

Aumento de la violencia. En primer lugar, la penalización aumenta las oportunidades de violencia que, de facto, no se pueden denunciar [7]; es decir, debido a que el trabajo que realizan se considera una actividad delictiva, las personas que ejercen el trabajo sexual son blancos fáciles de abuso y explotación, incluido la trata. El temor a la detención y otras consecuencias significa que aquellas personas que participan en el trabajo sexual tienen menos probabilidades de denunciar casos de violencia o explotación, lo que resulta en un “clima de impunidad que fomenta que la policía, el sector de la salud y grupos no estatales abusen de los derechos de las trabajadoras sexuales”[8]. Esto es cierto incluso para los llamados marcos de “penalización parcial”, como los que penalizan sólo a los compradores de sexo. Si bien dicha estrategia parece basarse, a primera vista, en el bienestar de las personas que ejercen el trabajo sexual, su puesta en práctica a menudo significa la vigilancia de las áreas donde las trabajadoras sexuales realizan su trabajo. Esto obliga a trabajar en condiciones y lugares más aislados, lo que aumenta la vulnerabilidad física. Interrumpe las estrategias y negociaciones de seguridad críticas, incluidas las técnicas de reducción de daños, como el uso de preservativos, y las redes de pares [7]. Según un estudio publicado en The Lancet, la penalización parcial “crea daños similares a los de la penalización total al impedir la capacidad de las trabajadoras sexuales de proteger su salud y su seguridad, y creando una relación antagónica con la policía que da lugar a un clima de impunidad” [8].

 

Erosión de confianza. En segundo lugar, la penalización socava la confianza en los sistemas de apoyo, incluida la atención de la salud. El temor a ser juzagas moralmente, la discriminación, la menor calidad del servicio y las consecuencias legales impiden que muchas divulguen que están involucradas en el trabajo sexual, independientemente de si se han implicado a través de la elección, las circunstancias o la coacción [9]. Un estudio de 783 trabajadoras sexuales informó que el 70 por ciento nunca había revelado la naturaleza de su trabajo a un profesional de la salud [10]. En una evaluación de necesidades de trabajadoras sexuales que buscan clientes en espacios públicos, a menudo referidas como trabajadoras sexuales callejeras, una mujer explicó: “Fui violada y tenía miedo de ser enjuiciada por el hospital y que llamaran a la policía”. [9]. Interrumpir la relación entre un profesional de la salud y una trabajadora sexual puede significar que no se tengan en cuenta las señales de alarma importantes de la explotación, la violencia y la trata.

 

Aumento de la vulnerabilidad. En tercer lugar, la implicación en el sistema de justicia penal crea consecuencias duraderas, en términos de la evolución de la salud de una persona y la vulnerabilidad a la trata y otras formas de explotación. La incapacidad de ocultar una detención y condena por prostitución hace que la obtención de empleo formal, vivienda, prestaciones sociales y apoyo comunitario sea significativamente más difícil. Las multas y los costos asociados con una detención agravan la pobreza, lo que aumenta significativamente la vulnerabilidad de una persona a la trata y otras formas de explotación.

 

Estigma. Finalmente, la penalización refuerza el estigma, que perpetúa la marginación de las trabajadoras sexuales. Las investigaciones respaldan el hecho de que las trabajadoras sexuales son algunas de las personas más marginadas del mundo, sometidas a violaciones generalizadas de los derechos humanos que incluyen homicidio, violencia física y sexual, encarcelamiento, acoso por parte de las fuerzas del orden y discriminación en el acceso a la atención médica y otras fuentes de apoyo [1] Social, cultural, política y económicamente, las trabajadoras sexuales son estigmatizadas, ignoradas y silenciadas activamente incluso en espacios activistas que debaten sobre las mismas políticas que influyen en sus vidas [11]. Con demasiada frecuencia, se habla de las personas que ejercen el trabajo sexual en lugar de darles una plataforma para hablar por sí mismas, y el resultado es la falta de reconocimiento y cumplimiento de sus derechos humanos básicos.

 

Conclusión

 

La despenalización puede motivar un mayor reconocimiento de los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual y es por tanto un mecanismo de importancia crítica para disminuir la trata. Cuando mejoramos la salud y los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual, también lo hacemos para aquellas que son víctimas de trata sexual. De hecho, los “Principios y directrices recomendados sobre derechos humanos y trata” de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señala que “las violaciones de los derechos humanos son a la vez causa y consecuencia de la trata de personas” y, por lo tanto, es “esencial colocar la protección de todos los derechos humanos en el centro de todas las medidas adoptadas para prevenir y poner fin a la trata “[12]. Al despenalizar el trabajo sexual, las trabajadoras sexuales que sufren violencia pueden buscar ayuda de las fuerzas de orden público, los trabajadores de la salud o incluso amigos, con menos temor a las consecuencias para ellas mismas o para otros. Pueden unirse a redes de pares y emplear técnicas de reducción de daños que les ayuden a mantenerse más seguras, de modo que ya no tengan que arrostrar las consecuencias de una ficha penal simplemente por tratar de sobrevivir.

 

 

Referencias

  1. Amnesty International. Sex workers at risk: a research summary on human rights abuses against sex workers. http://www.amnestyusa.org/sites/default/files/briefing_-_sex_workers_rights_-_embargoed_-_final.pdf. Published May 2016. Accessed September 5, 2016.
  2. Amnesty International, 20.
  3. Women’s rights organization applauds new Amnesty International Policy to protect sex workers’ rights [news release]. Washington, DC: Center for Health and Gender Equity; May 26, 2016. Accessed October 19, 2016.
  4. Koster K. Does Amnesty International’s sex work resolution support “gender Apartheid”? Huffington Post. November 3, 2015. http://www.huffingtonpost.com/katherine-koster/amnesty-sex-work-resolution_b_8447106.html. Accessed October 19, 2016.
  5. Due to the myriad systems that marginalize women, including gender discrimination in the formal workplace and a higher scrutiny for policing under prostitution and loitering laws, women, both cis and transgender, are disproportionately engaged in the sex trade and may experience higher rates of exploitation. See, for example, Bobashev GV, Zule WA, Osilla KC, Kline TL, Wechsberg WM. Transactional sex among men and women in the South at high risk for HIV and other STIs. J Urban Health. 2009;86(suppl 1):32-47.
  6. Critics may also incorrectly use the terms decriminalization and legalization interchangeably, despite important differences in meaning. Legalization involves imposing state control over sex work through regulation, often in ways that perpetuate marginalization of vulnerable people.
  7. World Health Organization. Implementing Comprehensive HIV/STI Programmes with Sex Workers: Practical Approaches from Collaborative Interventions. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2013:24.
    http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/90000/1/9789241506182_
    eng.pdf?ua=1. Accessed September 12, 2016.
  8. Decker R, Crago AL, Chu SK, et al. Human rights violations against sex workers: burden and effect on HIV. Lancet. 2015;385(9963):192.
  9. Neal N, Schrader T, Hyndman, et al. Street based sex workers needs assessment: Toronto, Barrie and Oshwa. Street Health. February 2014:15. http://www.streethealth.ca/downloads/sex-workers-needs-assessment.pdf. Accessed August 25, 2016.
  10. Cohan D, Lutnick A, Davidson P, et al. Sex worker health: San Francisco style. Sex Transm Infect. 2006;82(5):418-422.
  11. Sukthankar A. Sex work, HIV and the law. Paper presented at: 3rd Annual Meeting of the Technical Advisory Group of the Global Commission on HIV and the Law; July 7-9, 2011; Geneva, Switzerland. http://hivlawcommission.org/index.php/report-working-papers?task=document.viewdoc&id=99. Accessed November 11, 2016.
  12. United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights. Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking. http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Traffickingen.pdf. Published 2002:3. Accessed November 18, 2016

 

Erin Albright, JD, es la directora regional de programas en Give Way to Freedom, en Boston. Sus ocho años de experiencia en el campo contra la trata incluyen trabajos para la Unidad de Trata de Personas del Departamento de Policía de Boston, gestión de una red de proveedores de servicios en Nueva Inglaterra, participación y liderazgo para Freedom Network USA y asesoramiento y liderazgo para grupos de trabajo en Nueva Inglaterra y en todo el país. Se especializa en el desarrollo de la capacidad de organización y la colaboración de servicios a través de la capacitación y la consulta con proveedores de servicios, fuerzas del orden público, grupos de trabajo y legisladores.

Kate D’Adamo, MA, es una defensora de políticas nacionales en el Proyecto de Trabajadoras Sexuales en la ciudad de Nueva York, donde trabaja en políticas y apoyo social a nivel estatal, federal e interregional sobre cuestiones que afectan a quienes participan en el comercio sexual, incluida la trata de personas y el VIH. Antes de unirse al Proyecto de Trabajadoras Sexuales, Kate fue una organizadora principal del Proyecto de Extensión de Trabajadoras Sexuales en Nueva York y Sex Workers Action New York, dos organizaciones dirigidas por mandantes que apoyan a quienes comercian con sexo en el área de la ciudad de Nueva York. También ha trabajado en temas como la trata de personas, los derechos laborales, la solidaridad internacional y la migración en la Comisión Internacional de Derechos Laborales, Global Workers Justice Alliance, Open Society Foundation y Freedom Network USA.

Reconocimientos

Los autores desean agradecer a Meg Muñoz, fundadora y directora ejecutiva de Abeni, por su aporte, sabiduría y liderazgo general sobre este tema.

Prostitución y Trabajo: La Legislación Española.

 

José Fernando Lousada Arochena

 

Madrid, 26, 27 y 28 de octubre, 2005

 

http://pmayobre.webs.uvigo.es/pop/archi/profesorado/teresa_conde/prostitucion.pdf

 

SUMARIO: I. UNA APROXIMACIÓN A LOS MODELOS IDEOLÓGICOS Y A LOS SISTEMAS LEGALES SOBRE LA PROSTITUCIÓN. II. EL TRATADO DE LAKE SUCCESS COMO EL PARADIGMA INTERNACIONAL DEL SISTEMA ABOLICIONISTA. III. LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA. IV. LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA SOCIAL: A) LA PROSTITUCIÓN COMO ACTIVIDAD NO LABORALIZABLE. B) PROSTITUCIÓN Y ALTERNE EN LA JUSTICIA SOCIAL. V. LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. VI. LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA CIVIL. VII. LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA PENAL. VIII. ALGUNAS CONCLUSIONES: LA NECESIDAD DE REFORZAR LA POSICIÓN JURÍDICA DE LAS PROSTITUTAS.

 

I. UNA APROXIMACIÓN A LOS MODELOS IDEOLÓGICOS Y A LOS SISTEMAS LEGALES SOBRE LA PROSTITUCIÓN.

Al analizar las respuestas jurídicas al fenómeno social de la prostitución, los/as autores/as enumeran distintos sistemas legales, inspirados en distintos modelos ideológicos, y, aunque no siempre coinciden las categorías utilizadas por unos/as y otros/as autores/as, las categorías más utilizadas –las cuales enunciaremos con una breve explicación con el ánimo de situar dentro de su contexto la legislación española y su aplicación judicial- son las 4 siguientes: el prohibicionismo, la despenalización / reglamentación, la laboralización y el abolicionismo.

1ª. El prohibicionismo obedece a un modelo ideológico donde se mezclan la Moral y el Derecho. La prostitución se concibe como un vicio moral y su ejercicio se prohibe, criminalizando a las prostitutas. Para el prohibicionismo la prostituta es una delincuente, como lo es el proxeneta. Sin embargo, el cliente resulta impune, e incluso su testimonio es válido en algunos países –así en Egipto- como prueba de cargo contra la prostituta.

Trátase el prohibicionista, por incompatible con los principios de un Estado de Derecho, de un sistema superado en los países avanzados –es Irlanda el único país de la Unión Europea donde se criminaliza a la prostituta-, aunque conservado en los no desarrollados, donde, en no pocas ocasiones, se mantiene la doble moral de prohibir la prostitución salvo en centros controlados oficialmente y/o destinados a los turistas extranjeros.

2ª. La despenalización de la prostitución voluntaria es un sistema legal sustentado en una ideología liberal que, hasta el abolicionismo, se ha alternado históricamente con el prohibicionismo, y que se empareja con el reglamentismo, o regulación cuasi-policial de la prostitución despenalizada, aunque el reglamentismo a veces aparezca en países prohibicionistas permisivos del turismo sexual o en países formalmente abolicionistas.

Países reglamentistas son los que, por motivos de salud pública, someten la prostitución a controles oficiales –como en Grecia o en Turquía-, o los que, por motivos de seguridad ciudadana, prohiben la prostitución callejera –como en Inglaterra y, recientemente, en Francia e Italia-, o los que sólo admiten, por motivos de salud pública y por motivos de seguridad ciudadana, la prostitución en prostíbulos registrados –como en Austria-.

3ª. Mientras el sistema despenalizador / reglamentista contempla a la prostituta como un sujeto de deberes derivados del riesgo de daño de otros bienes jurídicos –como la salud pública o la seguridad ciudadana-, la laboralización –un sistema culminación de la ideología liberal-, aparte esos deberes, le atribuye a la prostituta derechos laborales, incluso de Seguridad Social –como ocurre en Holanda o, más recientemente, en Alemania-.

4ª. El abolicionismo equipara la prostitución a la esclavitud –de ahí incluso su denominación- y, en consecuencia, criminaliza a todo lo que rodea a la prostituta, aún si media su consentimiento, pero no criminaliza a la prostituta que, a diferencia del sistema prohibicionista, no es considerada como una delincuente, sino como una víctima, que no debe ser sometida a ningún control oficial y que se debe intentar integrar en la sociedad.

Puede considerarse el sistema abolicionista como el imperante en la normativa internacional, plasmándose sus postulados en el Convenio para la represión de la trata de personas y de la prostitución ajena, adoptado el 2.12.1949 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, habitualmente llamado Tratado de Lake Success. Ratificado por más de 70 países, aunque éstos no suelen ahondar en sus principios y a veces incluso los incumplen.

Suecia representa, desde 1999, una variante del abolicionismo consistente en penalizar a los clientes de las prostitutas. Paralelamente, la legislación sueca profundiza en la política de integración social de las prostitutas. La peculiaridad ideológica del sistema sueco radica en la consideración de la prostitución, no sólo como una forma de esclavitud, sino como una forma de violencia de género, buscando su erradicación.

Resumiendo, la diferencia última de los sistemas legales se encuentra en la consideración de la prostituta derivada de su modelo ideológico inspirador: como una delincuente en el sistema prohibicionista, como una creadora de riesgo para otros bienes jurídicos en el sistema reglamentista, como una trabajadora legítima en el sistema de laboralización, o como una víctima de esclavitud o de violencia de género en el sistema abolicionista.

 

II. EL TRATADO DE LAKE SUCCESS COMO EL PARADIGMA INTERNACIONAL DEL SISTEMA ABOLICIONISTA.

El Convenio para la represión de la trata de personas y de la prostitución ajena, adoptado el 2.12.1949 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, habitualmente llamado Tratado de Lake Success, es la culminación internacional del sistema abolicionista, de ahí que, sin permitir la pena de las prostitutas, sí obliga a las partes contratantes a criminalizar:

 

a) “A toda persona que, para satisfacer las pasiones de otra (1) concertare la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de tal persona (ó 2) explotare la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de tal persona” (artículo 1 del referido Convenio).

 

b) “A toda persona que (1) mantuviere una casa de prostitución, la administrare o a sabiendas la sostuviere o participare en su financiamiento (ó 2) diere o tomare a sabiendas en arriendo un edificio o un local, o cualquier parte de los mismos, para explotar la prostitución ajena” (art. 2).

Se criminaliza “en la medida en que lo permitan las leyes nacionales … toda tentativa de cometer las infracciones mencionadas … y todo acto preparatorio de su comisión” (art. 3) y “la participación intencional en cualquiera de los actos delictuosos mencionados”, añadiéndose que “los actos de participación serán considerados como infracciones distintas en todos los casos en que ello sea necesario para evitar la impunidad” (art. 4).

Para facilitar la punición, y atendiendo a la existencia de tramas internacionales, se regulan cuestiones relativas a reincidencia internacional (art. 7), a extradición (arts. 8 a 10), a comisiones rogatorias (art. 13), a servicios de coordinación (arts. 14 y 15), a control de migración (art. 17), o a repatriación de personas extranjeras dedicadas a la prostitución (art. 19).

El Convenio incluye, aparte de diversas normas técnicas sobre su aplicación (arts. 21 a 28), otras, desperdigadas, sobre la situación jurídica de las prostitutas, y que suponen reconocer una serie de derechos:

 

1º. El “derecho, con arreglo a las leyes nacionales, a constituirse en parte civil en cualquiera de las infracciones mencionadas”, derecho el cual, si se reconociere, se reconocerá igual a extranjeros y nacionales (art. 5).

 

2º. El derecho a la privacidad de las prostitutas, determinante de la imposibilidad de establecer normas para que, quienes se dediquen o se sospeche se dediquen a la prostitución, “tengan que inscribirse en un registro especial, que poseer un documento especial o que cumplir algún requisito excepcional para fines de vigilancia o notificación” (art. 6).

 

3º. La obligación de las partes –determinante del nacimiento de derechos a favor de las víctimas de la prostitución- “a adoptar medidas para la prevención de la prostitución y para la rehabilitación y adaptación social de las víctimas de la prostitución … o a estimular la adopción de tales medidas por sus servicios públicos o privados de carácter educativo, sanitario, social, económico y otros servicios conexos” (art. 16).

 

4º. El derecho a la repatriación si “desearen ser repatriadas” o si “fueren reclamadas por personas que tengan autoridad sobre ellas”, sin perjuicio de la repatriación cuando la ley establezca la expulsión (art. 19).

Por lo demás, según su Protocolo final, “nada en el presente Convenio podrá interpretarse en perjuicio de cualquier legislación que, para la aplicación de las disposiciones encaminadas a obtener la reprensión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, prevea condiciones más severas que las estipuladas por el presente Convenio”.

 

III. LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA.

España ratificó, a 18.6.1962, el Tratado de Lake Success, y ello motivó la reforma del Código Penal –acaecida en 24.1.1963-, adecuando los tipos legales al compromiso internacional. Sin embargo, España nunca ha cumplido adecuadamente con las exigencias del sistema abolicionista, introduciendo aspectos propios del prohibicionismo –especialmente en la época franquista anterior a la Constitución de 1978- o del reglamentismo.

Aunque las prostitutas no estaban penalizadas, la Ley 16/1970, de 4 de agosto, de peligrosidad y rehabilitación social –derogada por el Código Penal de 1995, aunque inaplicada desde la Constitución de 1978-, consideraba peligrosos a “los que habitualmente ejerzan, promuevan, favorezcan o faciliten la prostitución”, imponiéndoles medidas de seguridad de una aflicción cuasipenal –como los arrestos de fin de semana-.

También incumplió los compromisos internacionales –aunque en un sentido totalmente distinto- el Código Penal de 1995, despenalizador de la prostitución voluntaria –véase su artículo 188-, situación corregida a través de las Leyes Orgánicas 11/1999, de 30 de abril, y, sobre todo, 11/2003, de 29 de septiembre, al castigar ésta a “el que se lucre explotando la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de la misma”.

La situación de despenalización motivó la intervención reglamentista de algunos poderes públicos, y así surgieron la Ordenanza Local sobre establecimientos públicos dedicados a la prostitución, aprobada el 12.5.1999 por el Pleno del Ayuntamiento de Bilbao, o el Decreto 217/2002, de 1 de agosto, por el que se regulan los locales de pública concurrencia donde se ejerce la prostitución, aprobado por la Generalitat de Cataluña.

Durante esa etapa –de 1995 a 2003- de despenalización –e incipiente reglamentismo-, los tribunales debieron enfrentarse, desde distintos puntos de vista, a reclamaciones donde se debía dilucidar la laboralidad de la prostitución. Examinaré separadamente en mi exposición la respuesta ofrecida en la justicia social, en la contencioso administrativa, en la civil y en la penal, con la intención de alcanzar algunas conclusiones finales.

 

IV. LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA SOCIAL:  

A) LA PROSTITUCIÓN COMO ACTIVIDAD NO LABORALIZABLE.

Ninguna resolución judicial laboral ha considerado la prostitución como prestación de servicios canalizable a través de un contrato de trabajo, si bien, como ocurre en los demás ámbitos judiciales, las argumentaciones utilizadas no son siempre acordes con el sistema abolicionista, en especial durante esa etapa –de 1995 a 2003- de despenalización –e incipiente reglamentismo-. Así, una STSJ/Galicia de 10.6.2002, JUR 2002 240936, y una STSJ/Andalucía – Sevilla de 23.7.2003, JUR 2004 141849, se limitan a declarar la ausencia de las notas de la relación laboral, cuando podrían haber dicho, sin más argumentación, que no sería lícita la relación laboral. Pero lo decisivo es su solución, totalmente compartible, sin que, de inidóneos argumentos, se derive una posible laboralidad de la prostitución.

Argumentaciones más acordes con el sistema abolicionista son las que vinculan la cuestión a los derechos fundamentales. Resultan interesantes al respecto las SSJS 2 Vigo de 9.1.2002, AS 2002 260, y de 7.5.2004, AS 2004 1276, ésta no sólo confirmada sino ratificada en sus argumentos, en STSJ/Galicia de 10.11.2004, Recurso 3598/2004, donde se afirma “ser la explotación de la prostitución ajena una forma de violencia de género, de esclavitud de las mujeres y de actividad contraria a la moral”.

También es interesante la STSJ/Cataluña de 22.3.1996, AS 1996 646, donde se argumenta que “el artículo 15 de la CE garantiza el derecho fundamental a la integridad física y moral, que se vulnera con la decisión de la empresa de proceder a la extinción del vínculo contractual en razón exclusivamente de la negativa de la trabajadora a ejercer la prostitución”, de ahí sea ratificada la calificación de nulidad del despido de la trabajadora.

Siendo la prostitución una actividad ilícita, no es accidente de trabajo el sufrido por una prostituta al ser trasladada a su domicilio desde el local donde ejercía la prostitución –STSJ/Baleares de 9.1.1992, AS 1992 201-. No obstante sí se ha reconocido, al amparo del artículo 9.2 del ET, la posibilidad de reclamar salarios y liquidación –STSJ/Cataluña de 2.1.1997, AS 1997 340-, solución ésta más justa al hacer pechar a la parte fuerte –el prostituidor-, no a la débil –la prostituta-, con la consecuencia de la ilicitud.

Indudablemente lo más idóneo sería que, por el legislador, se salvasen, en lo posible, las consecuencias de la ilicitud perjudiciales para la parte más débil –la prostituta-, y, en todo caso, esas consecuencias no deberían nunca beneficiar a la parte más fuerte –el prostituidor-. No haciéndolo el legislador –quien podría regular lo que se puede pedir, cómo pedirlo y ante quién pedirlo-, las soluciones judiciales, por su intrínseca eficacia a cada caso concreto, resultarán siempre soluciones insuficientes.

B) PROSTITUCIÓN Y ALTERNE EN LA JUSTICIA SOCIAL

Si la doctrina social ha sido –en sus soluciones prácticamente siempre, en sus argumentaciones más ocasionalmente- coherente con el sistema abolicionista, no debemos de dejar constancia de una importante vía de escape, que es la actividad de alterne, considerada laboral en una reiterada jurisprudencia social que, superando otra anterior donde la ilicitud se derivaba de normas de sobre moral en espectáculos públicos, se remonta a una STS, Sala Social, de 3.3.1981, RJ 1981 1301, y después fue reiterada en diversas SSTS, Sala Social, de 25.2.1984, RJ 1984, 923, de 14.5.1985, RJ 1985 2712, de 21.10.1987, RJ 1987 7172, y de 4.2.1988, RJ 1988 571.

Las referencias judiciales se podrían ampliar con numerosas sentencias dictadas en el ámbito del recurso de suplicación –citando algunas de las más modernas, SSTSJ/Euskadi de 16.6.1998, AS 1998 2024, y de 13.11.2001, AS 2002 1237, SSTSJ/Andalucía – Málaga de 14.7.2000, AS 2000 5724, y de 5.10.2001, JUR 2002 91007, STSJ/Baleares de 28.5.1998, AS 1998 2122, STSJ/Navarra de 15.10.2003, AS 2003 4009, y STSJ/Andalucía – Sevilla de 4.12.2003, AS 2003 3638, con Voto Particular donde se aprecia la muy débil separación entre la prostitución y el alterne-.

Ciertamente –y al margen de otras apreciaciones-, esta jurisprudencia no es contraria a la conciencia social imperante, que admite el elemento de atracción sexual en el sinalagma contractual de profesiones como las de modelo o de actor / actriz. El problema es práctico. La actividad de alterne no suele ser, en la práctica, actividad pura de alterne, sino actividad de alterne asociada a la de prostitución, y la ilicitud de ésta lleva la de aquélla.

Pero los órganos judiciales se suelen limitar a verificar la actividad de alterne, sin entrar a discernir si hay la de prostitución, e incluso –lo que es criticable- llegan a admitir la acumulación de ambas actividades, olvidando que la ilicitud de la actividad de prostitución debiera llevar a la ilicitud de la actividad de alterne –como ocurre en la SJS 1 Granollers de 22.11.2002, confirmada en la STSJ/Cataluña de 17.9.2003, AS 2003 3211-.

 

Una ceguera judicial ante la actividad de la prostitución habitualmente asociada a la actividad de alterne creadora de un resquicio de licitud favorecedora de un asociacionismo de empresarios de locales de alterne permitido en la SAN, Sala Social, de 23.12.2003, AS 2003 3692, confirmada en la STS, Sala Social, de 27.11.2004, RJ 2004 8063, la cual salva, eso sí, las medidas oportunas si la asociación fomenta la prostitución.

 

V. LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

Los tribunales del orden contencioso-administrativo se han enfrentado a la cuestión de la laboralidad de la prostitución a propósito de la aplicación de la antigua legislación de extranjería, donde se exigía al extranjero, para no ser expulsado, un medio lícito de vida, dándosele esa calificación, a los efectos de evitar su expulsión, a la actividad de alterne –SSTS, Sala de lo Contencioso, de 21.7.1995, RJ 1995 3591, de 12.11.2002, RJ 2003 955, de 7.4.2003, RJ 2003 3420, o de 28.4.2003, RJ 2003 4929-.

Pero la actividad de prostitución no se consideró como medio lícito de vida –STS, Sala de lo Contencioso, de 12.11.1999, RJ 1999 10004, en un supuesto donde la constancia del ejercicio de la prostitución se derivó de unas actuaciones penales, circunstancia difícil de engarzar con la atipicidad del ejercicio de la prostitución y con la imposibilidad consiguiente de investigar a las mujeres extranjeras inmigrantes sobre si se prostituyen-.

Conviene precisar que, desde la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, se ha eliminado esta causa de expulsión de la regulación legislativa, debiéndose ahora justificar la expulsión en otras causas legales diferentes, y, además, de manera más coherente con el sistema abolicionista, se establece, en el artículo 59, la posibilidad de dejar de aplicar órdenes de expulsión a víctimas de explotación sexual que colaboran con la Justicia.

Otro acercamiento a la cuestión se ha producido desde la perspectiva de otorgamiento de la nacionalidad española por residencia, al exigir el artículo 22.4 del Código Civil, una buena conducta cívica. Una STS, Sala de lo Contencioso, de 12.11.2002, RJ 2003 955, denegó la nacionalidad por ausencia de esa buena conducta a una dominicana, casada con un español y con hijos españoles, que había sido encausada por un delito de prostitución, del cual se la absolvió, que se había dedicado a la prostitución, siendo en su día expulsada, y que, después de regresar sin cumplir el periodo de expulsión, regentaba un bar de alterne donde había extranjeras sin papeles. Quizás pesó la sospecha de ser, más que una prostituta, una prostituidora.

 

VI. LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA CIVIL

Los tribunales del orden civil no se han enfrentado directamente a la cuestión de la laboralidad de la prostitución, pero sí a la de su ilicitud, considerando su ejercicio por parte del arrendatario como una causa de resolución del contrato de arrendamiento –véase el artículo 27.1.e) de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos-, en atención a su calificación como actividad inmoral –STS, Sala de lo Civil, de 22.5.1993, RJ 1993 3724, y SAP Coruña de 13.10.1993, AC 1993 2166-, o, más actualmente, en atención a su calificación como un ilícito civil, aunque no fuese delito –SAP Guipúzcoa de 19.10.2000, JUR 2001 44291-.

 

VII. LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA PENAL

Los tribunales del orden penal se han enfrentado a la cuestión de la laboralidad de la prostitución a propósito de la aplicación del artículo 312 del Código Penal sobre delitos contra los derechos de los trabajadores, aplicándolo cuando se explota a inmigrantes irregulares en actividad de prostitución –SSTS, Sala de lo Penal, de 30.1.2003, RJ 2003 2027, y de 30.5.2003, RJ 2003 4390-, o en actividad de alterne, considerándola como actividad laboral –STS, Sala de lo Penal, de 8.3.2004, RJ 2004 2678-.

Pero estas sentencias no reconocen la laboralidad de la prostitución, cuestión que eluden en todo momento –salvo en el caso de la actividad de alterne-, utilizando, para eludir ese reconocimiento, una definición de trabajador/a, en los supuestos de migraciones fraudulentas, claramente de futuro, incluyendo tanto a quienes lo sean según las leyes laborales, como a “los extranjeros que desean obtener un puesto de trabajo en nuestro país”.

Incluso la virtualidad práctica de estas sentencias obedece a un sentido radicalmente contrario al reconocimiento de la laboralidad de la prostitución, a saber el de llenar las lagunas de penalidad creadas en los delitos relativos a la prostitución a consecuencia del Código Penal de 1995.

Aunque las argumentaciones utilizadas sean ocasionalmente algo chirriantes con la perspectiva abolicionista, no es así con sus soluciones, ya que, de permitir la impunidad de los tratantes de mujeres por un delito contra los derechos de los trabajadores, se haría de menos la situación de las prostitutas frente a la situación de los trabajadores irregulares, cuando es que unas y otros son igualmente explotados/as por terceras personas.

Dicho en otras palabras y a manera de resumen, esas soluciones, siquiera sustentadas en argumentos diferentes a los utilizados en esas sentencias, son defendibles en una perspectiva abolicionista, no resultando incompatibles con los tratados internacionales, y el camino idóneo para alcanzar esas soluciones es más el legislativo, a través de las oportunas reformas de la legislación penal mejorando las tipicidades, que el judicial.

 

VIII. ALGUNAS CONCLUSIONES: LA NECESIDAD DE REFORZAR LA POSICIÓN JURÍDICA DE LAS PROSTITUTAS

El Derecho es Poder y si, desde siempre, los hombres son quienes ostentan el Poder, la conclusión será la masculinidad del Derecho, y, si esto es así, el Derecho, cuya función básica es satisfacer intereses, satisface los intereses de los que tienen el Poder, esto es los hombres, lo que supone, o que –algo desgraciadamente aún no totalmente erradicado- a las mujeres se les niega a través del Derecho la satisfacción de sus intereses, o que –en el mejor de los casos- el Derecho satisfaga los intereses que piensan los hombres que tienen las mujeres, y no siempre coinciden con los que tienen.

 

No es momento de estudiar las estrategias para acabar con la masculinidad del Derecho, aunque sí de destacar que, si la prostitución es un supuesto de violencia de género, su regulación debe ser abordada aplicando esas estrategias, y, entre ellas, hay dos que nos parecen idóneas:

1ª. Una primera, aplicable al momento de elaboración de la norma jurídica, supone visibilizar la cuestión de género a través de un mayor empoderamiento de las mujeres, algo que se debe entender tanto en el sentido de oír a las prostitutas como directas interesadas como en el sentido de oír a las asociaciones de mujeres como sujetos colectivos interesados.

2ª. Otra segunda, aplicable al momento de aplicación de la norma jurídica, supone atribuir a las prostitutas mayores posibilidades de reclamación –especialmente judicial- frente a la situación de explotación, un terreno inexplorado tanto con relación a las acciones civiles en procesos penales como con relación a las acciones de daños en procesos civiles.

Tal reforzamiento de la posición jurídica de las prostitutas, tanto en el momento de elaboración como en el momento de aplicación de la norma jurídica, es una medida totalmente acorde con el abolicionismo, lo cual nos interesa ahora destacar, ya que, en el actual debate sobre el sistema prostitucional, se ha implantado una tan interesada como errónea contraposición entre laboralización y reconocimiento de derechos a las prostitutas frente a abolicionismo y negación de derechos a las prostitutas.

Cuestión diferente es que, desgraciadamente, los países abolicionistas se limitan –y, en ocasiones, ni eso hacen bien- a transcribir las figuras penales del Tratado de Lake Success –aplicándolas después, las más de las veces, de manera errática a través de ocasionales redadas policiales-, olvidándose los aspectos de política preventiva, las medidas sociales de reinserción o la regulación de acciones judiciales de daños a favor de las víctimas, unos olvidos generadores de sensación de alegalidad.

Defectos expuestos en los cuales incurre nuestro sistema legal prostitucional, que es fragmentario y muy poco efectivo, y eso explica, en gran medida, una aplicación judicial de argumentos inidóneos –aunque, afortunadamente, ello no siempre conduzca a un error en las soluciones-, y a veces errónea en sus soluciones. Corregir esa aplicación judicial obligaría a instaurar un sistema legal coherente que ahondase en el reforzamiento de la posición jurídica de las prostitutas desde una perspectiva abolicionista.

 

BIBLIOGRAFIA UTILIZADA: Benlloch Sanz, Pedro, “¿Trabajadores del sexo?. En torno al carácter laboral de la actividad de alterne”, Aranzadi Social, Número 17, 2003, y Aequalitas, Número 14, 2004. Bonilla, Ana, “Actividad de alterne y carácter laboral de la relación. Comentario a la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 4 de diciembre de 2003”, Aequalitas, Número 14, 2004. Gay, Silvia / Otazo, Eñaut /Sanz, Marian, “¿Prostitución=Profesión?. Una relación a debate”, Aequalitas, Número 13, 2003. Hava García, Esther, “Prostitución y delitos contra los derechos de los trabajadores”, Revista de Derecho Social, Número 11, 2000; “La lucha contra la trata de personas para su explotación sexual. Instrumentos punitivos disponibles y factores criminógenos derivados del sistema”, en el libro colectivo “Mujer y Trabajo”, Editorial Bomarzo, Albacete, 2003. Rey Martínez, Fernando / Mata Martín, Ricardo / Serrano Argüello, Noemí, “Prostitución y Derecho”, Editorial Aranzadi, Navarra, 2004. Sánchez Trigueros, Carmen, “El Tribunal Supremo zanja el Caso Mesalina”, Aranzadi Social, número 21, 2005. Serrano Espinosa, Germán María, “Prostitución y Justicia: el caso español”, Intervención escrita en el Seminario Isadora “La prostitución femenina: propuestas e intervención”, Servicio Galego de Igualdade, Santiago de Compostela, 1 a 3 de Julio 2004.

Las citas de sentencias judiciales se realizan con alusión a la referencia de los Repertorios de Aranzadi con sus habituales abreviaturas (RJ, JUR, AC o AS). Si no estuvieren publicadas en dichos repertorios, las citas de sentencias judiciales se completan, aparte de la fecha, con la referencia al número de recurso.

 

Trabajo sexual frente a trabajo

 

Morgane Merteuil

 

1 de septiembre de 2014

 

http://revueperiode.net/le-travail-du-sexe-contre-le-travail/

 

Para algunos y algunas, el reconocimiento del trabajo sexual como trabajo es un enfoque liberal, equivalente a la mercantilización de los cuerpos. Contrariamente a esta idea errónea, Morgane Merteuil propone examinar el trabajo sexual como una dimensión del trabajo de reproducción de la fuerza de trabajo y reconstituir los vínculos que unen la producción capitalista, la explotación del trabajo asalariado y la opresión de las mujeres. Demuestra que la lucha de las trabajadoras del sexo es una poderosa palanca para desafiar el trabajo en su conjunto y que la represión del trabajo sexual no es más que un instrumento de la dominación de clase, de la división internacional (racista) del trabajo y del estigma de puta que alimenta al patriarcado.


Mientras que en los países de habla inglesa, el término “sexwork” se ha vuelto bastante común, hay una considerable renuencia a hablar de “trabajo sexual” entre los intelectuales y activistas francófonos. Ya sea entre los prohibicionistas, para quienes la prostitución no es un oficio ni un trabajo, sino violencia, un ataque a la dignidad de la mujer1 —como si el “trabajo” y la “violencia” fueran mutuamente excluyentes— o entre aquéllas y aquéllos que, al igual que Lilian Mathieu, se oponen a esta prohibición, manteniendo cierto “escepticismo” frente a la exigencia de reconocimiento del “trabajo sexual”2, esta negativa a hablar de trabajo sexual parece sintomática de las dificultades encontradas por una parte de la izquierda y las feministas al pensar en el trabajo de las mujeres.

Aunque hay un interés creciente en el tema, estas dificultades no son nuevas. Por ejemplo, cuando muchos colectivos feministas lanzaron la campaña de “salarios para el trabajo doméstico” en los años setenta, gran parte del movimiento izquierdista y feminista permaneció hostil a esta demanda. Los salarios para el trabajo de la casa estaban lejos de ser meramente una reclamación programática, sino que eran más bien una invitación a desafiar radicalmente no sólo al sistema capitalista en su conjunto —en la medida en que es al capital al que beneficia la gratuidad del trabajo reproductivo efectuado por las mujeres— sino también a la familia nuclear, como lugar donde se realiza esta explotación.

Mientras que la campaña “Wages for Housework” fue lanzada a principios de los años setenta, hay que tener en cuenta que fue en 1978, cuando las discusiones sobre el trabajo doméstico seguían siendo fuertes, que Carole Leigh, trabajadora sexual y activista feminista estadounidense, creó el término “sexwork”; y si la reivindicación de «Wages for housework» ya no parece tener la misma relevancia hoy que gran parte del trabajo doméstico ha sido mercantilizado —al haber las antiguas amas de casa incorporadas al trabajo delegado en parte en las más pobres y en particular en las mujeres inmigrantes—, la reivindicación de «Sexwork is Work», en vista de los vivos debates que suscita, parece por el contrario más relevante que nunca.

Aquí, teniendo en cuenta los cambios en la configuración del sector reproductivo, será necesario mostrar cómo “el trabajo sexual es trabajo” es una continuación de las luchas por “un salario para el trabajo doméstico”, en otras palabras, para comprender mejor los problemas comunes de las luchas de las mujeres en el hogar y de las trabajadoras del sexo, y reafirmar, pues, tanto la necesaria solidaridad entre mujeres explotadas como el carácter indisociable de las luchas feministas y anticapitalistas. Esto nos permitirá comprender mejor las relaciones entre el trabajo sexual y el capitalismo y afirmar así la necesidad, especialmente para la izquierda y el feminismo, de apoyar estas luchas en nombre del proceso revolucionario al que nos invitan.

El trabajo sexual como trabajo reproductivo

Hay varias razones para afirmar el parentesco de las luchas emprendidas por aquellas que clamaban “Salarios para el trabajo doméstico” y las que se llevan a cabo hoy para hacer reconocer que “el trabajo sexual es trabajo”. En primer lugar, cada una de estas luchas emana de la fuerte movilización, tanto teórica como práctica, del movimiento feminista. Mientras que la pertenencia del movimiento “Salarios para el trabajo doméstico” al movimiento feminista siempre ha parecido obvio, no es el caso para el movimiento de las trabajadoras sexuales. Debe recordarse que fue en una conferencia feminista donde Carole Leigh sintió la necesidad de hablar de “trabajo sexual” 4. Téngase también en cuenta que, según Silvia Federici, el movimiento feminista no sólo ha permitido la aparición del concepto de trabajo sexual, sino que también está vinculado con el aumento del número de prostitutas:

 

Creo que en una una cierta medida […] pero […] en una medida limitada, el aumento del número de mujeres que recurren al trabajo sexual también tiene que ver con el movimiento feminista. Ha ayudado a sacudir esta forma de estigma moral vinculada al trabajo sexual. Creo que el movimiento de mujeres también ha dado el poder, por ejemplo a las prostitutas, de verse a sí mismas como trabajadoras sexuales.

 

No es por casualidad si a continuación del movimiento feminista tenéis el comienzo de un movimiento de trabajadoras del sexo, por ejemplo en Europa. Con el estigma, las feministas atacaron realmente esta hipocresía: la madre santa, esta visión de las mujeres, todo autosacrificio, y la prostituta, que es la mujer que hace el trabajo sexual, pero por dinero 5.

La definición aquí dada de la prostituta como “la mujer que hace el trabajo sexual pero por dinero” nos lleva a las otras razones que justifican la conexión entre las luchas de las mujeres en el hogar y las de las profesionales del sexo: el hecho de que puede haber trabajo allí donde no hay dinero, y el hecho de que el trabajo sexual no es exclusivo de las prostitutas.

 

Una de las grandes aportaciones de las teóricas feministas, especialmente aquéllas de inspiración marxista, ha sido demostrar que no porque una actividad no sea remunerada no es un trabajo funcional en relación con el capitalismo. En otras palabras, no es porque un intercambio parezca gratuito que escapa a la dinámica del capitalismo, sino todo lo contrario. Mediante el análisis de “la historia del capitalismo desde el punto de vista de las mujeres y de la reproducción 6”, teóricas feministas marxistas, como Silvia Federici, han demostrado que el trabajo doméstico realizado por las mujeres —de forma voluntaria, como se considera que su naturaleza les lleva a hacer por amor— sirve, más allá de los que se benefician directamente —los trabajadores, los futuros trabajadores o los extrabajadores— a los intereses de los capitalistas, que no tienen desde ese momento que tener en cuenta el coste de esta reproducción en el valor de la fuerza de trabajo que compran.

 

A partir de nosotras mismas en tanto que mujeres, sabemos que la jornada de trabajo para el capital no produce necesariamente un sueldo y no comienza ni termina a las puertas de la fábrica, y volvemos a encontrar en primer lugar, la naturaleza y extensión de las tareas domésticas en sí mismas. Porque tan pronto como levantamos la cabeza de los calcetines que remendamos y de la comida que cocinamos, y miramos la totalidad de nuestra jornada de trabajo, vemos claramente entonces que no da lugar a un sueldo por nosotras mismas; nosotras producimos el producto más valioso que aparece en el mercado capitalista: la fuerza de trabajo7.

 

Las diferentes tareas y actividades realizadas en el hogar por las mujeres, desde el cuidado de los niños a las comidas que esperan al trabajador que regresa de su jornada de trabajo, pasando por el cuidado de las personas ancianas o enfermas, constituyen claramente un trabajo real que, si no produce mercancías al modo de los proletarios, produce y reproduce lo que es necesario, sin embargo, a cualquier capitalista, lo que le es incluso “lo más preciado”: la fuerza de trabajo que compra al trabajador. Bajo este enfoque, no hay ninguna diferencia fundamental desde la perspectiva de sus funciones en relación con el capitalismo, entre la plancha, la cocina y el sexo: actividades todas que se reagrupan en la categoría más general de trabajo reproductivo; así, continúa Silvia Federici:

 

El trabajo doméstico, de hecho, consiste en mucho más que mantener la casa. Se trata de servir al asalariado físicamente, emocionalmente, sexualmente, lo que lo hace apto para trabajar día tras día por el salario. Se trata de cuidar de nuestros hijos —los futuros trabajadores— ayudarles desde el nacimiento hasta sus estudios y garantizar que se cumpla el papel que se espera de ellos en el capitalismo. Esto significa que detrás de cada fábrica, detrás de cada escuela, detrás de cada oficina o de cada mina, existe el trabajo invisible de millones de mujeres que consumieron su vida, su fuerza de trabajo, para producir la fuerza de trabajo que trabaja en esta fábrica, esta escuela, esta oficina o esta mina.

 

Y aunque se podría pensar que, desde el movimiento de liberación sexual traído por la emergencia del movimiento feminista, el sexo aparece cada vez menos como un servicio que la mujer presta a su consorte, esta “liberación” lo que ha hecho sobre todo es aumentar el peso de la carga que pesaba sobre las mujeres:

 

La libertad sexual no ayuda. Es obviamente importante que no seamos apedreadas hasta la muerte si somos “infieles” o si se constata que no somos “vírgenes”. Pero la “liberación sexual” ha intensificado nuestro trabajo. En el pasado, se suponía que debíamos criar hijos. Ahora se supone que tenemos un trabajo remunerado y además limpiar la casa y tener hijos y, al final de un doble día de trabajo, estar listas para saltar en la cama y ser sexualmente atractivas. Para las mujeres, el derecho a tener relaciones sexuales es el deber de tener relaciones sexuales y disfrutar de ellas (algo que no se espera de la mayor parte de los trabajos), lo que explica por qué ha habido tanta investigación en los últimos años, para saber qué partes de nuestro cuerpo —la vagina o el clítoris— son las más sexualmente productivas.

 

Por último, cabe señalar que si Silvia Federici se refiere principalmente a la familia nuclear heterosexual, tampoco ve salida alguna a la función del sexo como trabajo en la homosexualidad:

 

La homosexualidad y la heterosexualidad son ambas condiciones de trabajo… pero la homosexualidad es el control de la producción por los trabajadores y no el fin del trabajo.10

 

Este enfoque del sexo como parte integral del trabajo reproductivo nos invita a desafiar la idea de que habría una diferencia fundamental entre el llamado sexo gratuito, que tiene lugar dentro de la pareja, y lo que ahora se denomina trabajo sexual, la prostitución. Más exactamente, y recuperando las palabras de Leopoldina Fortunati, “la familia y la prostitución son los principales sectores, la columna vertebral, de todo el proceso [reproductivo]” 11:

 

En los dos sectores principales, los procesos fundamentales de trabajo son: (1) el proceso de producción y reproducción de la fuerza de trabajo y (2) la reproducción específicamente sexual de la fuerza de trabajo masculina. Esto no quiere decir que la familia no incluya la reproducción sexual de la fuerza de trabajo masculina, pero (aunque a menudo se postula como central) es de hecho sólo uno de los muchos “trabajos” comprendidos en el trabajo doméstico.  

 

Fortunati nos invita a pensar en la familia y la prostitución como instituciones no opuestas sino complementarias:” Su función [de la prostitución] debe ser apoyar y completar el trabajo doméstico”.

 

Este enfoque de la prostitución en términos de trabajo reproductivo no sólo nos permite plantear una condición común para las mujeres —más allá de la división entre la madre y la puta, ya que aunque una lo hace de forma gratuita y la otra exige explícitamente dinero, tanto para una como para otra el sexo es un trabajo— pero sobre todo, este enfoque nos permite comprender mejor el lugar del trabajo sexual —remunerado— dentro del sistema capitalista. Mientras que la mayoría de las teorías contemporáneas se centran en la dinámica capitalista dentro de la industria del sexo —a través del análisis de las relaciones de producción y explotación entre las trabajadoras del sexo y sus jefes-proxenetas y / o sus clientes— este enfoque nos invita a no considerar finalmente estas dos figuras más que como intermediarios de una explotación que en última instancia se lleva a cabo en favor del capital. Por lo tanto, es necesario interpretar la represión de las trabajadoras sexuales no como una represión exclusivamente sexual (dinámica obviamente de género y racista), sino como una represión que básicamente sirve a los intereses económicos, que se realizan a través de dinámicas de sexo, de clase y de género

 

Un ejército de putas

 

La posición aparentemente común de las amas de casa y de las trabajadoras sexuales hacia el capital, en tanto que trabajadoras reproductivas, no debe hacernos olvidar una distinción fundamental entre sus situaciones: al contrario que el trabajo doméstico, el trabajo sexual es estigmatizado y criminalizado. Ya sea a través de un régimen prohibicionista como en la mayoría de los Estados estadounidenses, un régimen regulador como Alemania o el llamado régimen abolicionista como en Francia, el trabajo sexual se penaliza en casi todos los países del mundo, con la excepción de Nueva Zelanda y Nueva Gales del Sur (Australia) —dos países que ejercen sin embargo fuertes restricciones sobre el trabajo de las mujeres inmigrantes. Esta situación particular del trabajo sexual dentro de la categoría más amplia de trabajo reproductivo no carece de consecuencias no sólo para las trabajadoras sexuales sino también para todas las mujeres y todos los trabajadores: el tratamiento específico del trabajo sexual, o más precisamente sus evoluciones, entre la criminalización y la liberalización, debe leerse en el contexto más general de las tensiones causadas por las dinámicas del capitalismo, del patriarcado y del racismo, que estructuran nuestra sociedad,

 

Así, Silvia Federici nos invita a un acercamiento histórico según el cual la represión de las prostitutas desde el siglo XVI debe ligarse al surgimiento del modo de producción capitalista, en el seno del cual la gratuidad del trabajo de las mujeres es un fundamento esencial,

 

Pero tan pronto como la prostitución se convirtió en la principal forma de subsistencia de gran parte de la población femenina, cambió la actitud de las instituciones. Mientras que al final de la Edad Media se había admitido oficialmente como un mal necesario, y las prostitutas se habían beneficiado del régimen de salarios elevados, en el siglo XVI la situación se invirtió. En un clima de intensa misoginia, marcado por la progresión de la Reforma Protestante y la caza de brujas, la prostitución fue sometida primero a nuevas limitaciones y luego criminalizada. Por todas partes, entre 1530 y 1560, los prostíbulos municipales fueron cerrados y las prostitutas, especialmente las que trabajaban en las calles, fueron sometidas a nuevos castigos: el destierro, la flagelación y otras formas crueles de castigo. […]

 

¿A qué atribuir este ataque radical contra las trabajadoras? ¿Y cuál es la conexión entre la exclusión de las mujeres de la esfera del trabajo socialmente reconocido y

de las relaciones monetarias, la coacción a la maternidad forzada que se ejerció sobre ellas y la masificación de la caza de brujas?

 

Cuando se observan estos fenómenos desde una perspectiva contemporánea, después de cuatro siglos de sujeción capitalista de las mujeres, las respuestas parecen salir por sí mismas. Incluso si el trabajo asalariado femenino, el trabajo doméstico y el trabajo sexual (remunerado) se estudian demasiado a menudo de manera aislada unos de otros, estamos ahora en una mejor posición para entender cómo la segregación que las mujeres han experimentado dentro de la mano de obra asalariada se originó directamente en su función como trabajadoras en domicilio no remuneradas. Por lo tanto, podemos relacionar la prohibición de la prostitución y la expulsión de las mujeres de los lugares de trabajo organizados con la creación del mujer en casa y la reconstrucción de la familia como lugar de producción de la fuerza de trabajo.

 

En la Francia revolucionaria de1791, que vio extender el dominio del consumo, la prostitución fue despenalizada. Un especialista en prostitución en el período revolucionario, Clyde Plumauzille, señala, con respecto a la organización de la prostitución en el Palais-Royal:

 

La prostitución del Palais-Royal es entonces parte de un conjunto más grande de dispositivos relacionados con la “revolución del consumo que afecta a la sociedad en su conjunto” (Roche, 1997, Coquery, 2011): desarrollo de técnicas publicitarias con directorios de prostitutas, diversificación de la oferta para llegar a un público más amplio, ventanas-escaparates y “mercantilización” de la sexualidad de la prostitución. […] Primer mercado sexual de la capital, el Palais Royal ha facilitado así la creación de una forma de prostitución decididamente consumista, entre la emancipación sexual y económica y la comercialización del cuerpo de las mujeres.15

 

Esta aparente liberalización revela pues mucho menos un debilitamiento del control del cuerpo de las mujeres que una adaptación del mercado a lo que parece inevitable incluso aunque la condición de las mujeres las deja sin otra alternativa que la dependencia de los hombres. Sin embargo, si las cortesanas de los distritos distinguidos son toleradas o incluso apreciadas, no es lo mismo con las prostitutas de las clases trabajadoras, y es sobre todo para responder a esta masificación de la prostitución de las mujeres de las clases trabajadoras que el control policial y el confinamiento de las prostitutas se intensifican nuevamente

 

Para comprender esta represión de la prostitución de masas es preciso aprovechar el nexo entre una prostitución regulada y las relaciones capitalistas de producción. Entre la Revolución Francesa y la Belle Epoque hubo un largo período en que la sociedad francesa adoptó todas las instituciones características del modo de producción capitalista: el Directorio, los dos Imperios y los comienzos de la Tercera República, consolidan las formas de explotación modernas que habían surgido en las últimas décadas del antiguo régimen, ya fueran los sectores agrícolas más avanzados del norte de Francia, o las innovaciones en el sector químico, textil o de extracción del carbón. El siglo XIX estuvo marcado por la generalización de las instituciones de mercado y la dependencia de las clases trabajadoras del mercado y de los empleadores. La prostitución, y la condición de las mujeres en general, no escapan a esta lógica. Con la separación del lugar de trabajo y el lugar de vida, la mecanización del trabajo y la regulación de las industrias, las mujeres están atrapadas entre sectores mal regulados (trabajo en casa, talleres de costura) y su exclusión de la mayoría de los sectores regulados. Cuando están presentes en el mercado de trabajo, las mujeres desempeñan un papel de mano de obra de apoyo para el capital, lo que Marx llama el “ejército industrial de reserva”:

 

Al aplastar la pequeña industria y el trabajo en casa , suprime el último refugio de una masa de trabajadores, convertidos cada día en sobrantes y, por lo tanto, la válvula de seguridad de todo el mecanismo social.17

 

Como muestra un estudio reciente sobre la prostitución en La Goutte d’Or en la Belle Epoque 18, la regulación de la prostitución se enfrentaba a una resistencia considerable por parte de las trabajadoras sexuales, a través de su creciente negativa a trabajar para un empleador exclusivo. La prostitución callejera de las “insumisas” se entiende así como una forma de insubordinación obrera: permitió a las mujeres proletarias adquirir un complemento de renta en el caso de que ejercieran al mismo tiempo un trabajo asalariado y obtener unos ingresos a corto plazo cuando no estaban empleadas. En ambos casos, la prostitución desreglamentada representaba un punto de apoyo para las mujeres trabajadoras, una potencial mejora de su poder de negociación frente al capital y el patriarcado,

 

Este papel de la regulación en relación con el trabajo sexual y de cara a la insubordinación obrera de las prostitutas es revelador. Indica que el trabajo sexual y el trabajo en general no pueden separarse; muestra que las luchas de los profesionales del sexo tienen una dimensión de género y de clase muy precisa; está claro que no puede haber una oposición estricta entre un régimen regulador y un régimen abolicionista / prohibicionista: se trata en ambos casos (y en las formas híbridas entre los dos sistemas) de formas de disciplina y de acción de las mujeres prostituidas, ante las cuales éstas últimas hacen valer sus intereses y tratan de fortalecer su poder de negociación. Antes de regresar a estos aspectos a propósito del período contemporáneo, debemos volver a las razones y al surgimiento de los movimientos abolicionistas:

 

Fue originalmente para denunciar este regulacionismo que, a finales del siglo XIX, grupos de mujeres comenzaron a luchar contra la prostitución: mientras que un pánico moral con respecto a un supuesto comercio de esclavas blancas tuvo éxito internacionalmente, el movimiento abolicionista se encontró con un fuerte eco, llevando en 1946 a la ley Marthe Richard, que ordenaba el cierre de burdeles. El Convenio de la ONU de 1949 para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución de otros establece en su famoso preámbulo que “la prostitución y el mal que la acompaña, a saber, la trata de seres humanos con fines de prostitución, son incompatibles con la dignidad humana y el valor de la persona humana y ponen en peligro el bienestar del individuo, de la familia y de la comunidad”. Según esta misma convención, para ser víctima de la trata, basta con ser engañado, coaccionado o desviado para fines de prostitución. El Protocolo de Palermo (adoptado por las Naciones Unidas en 2000) propone una definición alternativa de trata, definida como “la captación, el transporte, la transferencia, el alojamiento o la recepción de personas, por la amenaza de la fuerza o el uso de la misma u otras formas de coerción, secuestro, fraude, engaño, abuso de autoridad o vulnerabilidad, o por la oferta o aceptación de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tiene autoridad sobre otra para fines de explotación. La explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución de terceros u otras formas de explotación sexual, trabajo o servicios forzados, esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre o extracción de órganos”. Si esta definición es más amplia (cualquier forma de explotación puede ser el propósito de la trata) y más restrictiva (se habla de “explotación de la prostitución” y ya no de “prostitución”, y se tiene en cuenta el ejercicio de alguna forma de coerción o el abuso de una situación vulnerable a las víctimas mayores de edad) que la definición de 1949, permanece deliberadamente imprecisa al no definir el concepto de explotación. Esta difuminación permitió a Francia, cuando introdujo en su código penal y adaptó la definición del Protocolo, traducir la “explotación de la prostitución” por “proxenetismo”. Al ser en Francia la definición del proxenetismo particularmente amplia — permite castigar cualquier tipo de asistencia a la prostitución ajena— el nuevo delito francés de trata no desautoriza por lo tanto la concepción de trata adoptada por la Convención de 1949. En otras palabras, mientras que existen las herramientas del derecho común para responder a la voluntad de sancionar el trabajo forzoso, ya sea en la prostitución o en otro lugar, la prostitución sigue siendo objeto de medidas específicas que la penalizan como tal.

 

¿Cuál es el papel de esta penalización específica? ¿En qué dinámica encaja? ¿Cuáles son las consecuencias? Muchas respuestas se han dado a estas preguntas, pero con demasiada frecuencia, las respuestas se refieren a la represión de la prostitución si no esencializada, al menos ideal, de forma que están luchando para dar cuenta de las tensiones que atraviesan la industria del sexo. Además, una síntesis de las principales teorías sobre la represión del trabajo sexual, con relación a la dinámica general que atraviesa el dominio del trabajo reproductivo, debería permitirnos diagnosticar con precisión los retos de la lucha de las trabajadoras sexuales. Más allá de los enfoques puramente históricos, también es interesante tener en cuenta la función de la represión del trabajo sexual y la estigmatización de las que practican en relación con la economía sexual como tal. Si la represión de la prostitución tiene una función específica en un sistema capitalista que se basa entre otras cosas en la apropiación del trabajo no remunerado de las mujeres, este contexto económico no es suficiente para dar cuenta de las tensiones dentro de las cuales tiene lugar esta represión. El trabajo de Paola Tabet demuestra así que si es el estigma lo que define la prostitución, éste no necesita del sistema capitalista para expresarse. En numerosas sociedades no capitalistas, las mujeres son estigmatizadas como prostitutas, no necesariamente porque participan en un intercambio economico-sexual, sino debido a que participan en un intercambio que escapa a las reglas establecidas del intercambio de mujeres en un sistema patriarcal. Estas obras son una reminiscencia de las llevadas a cabo antes por Gayle Rubin y publicadas bajo el título de “Traffic in Women” en 1975 donde, de nuevo, el reto es explicar la opresión de las mujeres sin subordinarla a su función potencial en el capitalismo. Por encima de todo, es en “Pensar el Sexo” donde Gayle Rubin estudia con más detalle los sistemas de jerarquías sexuales de que estructuran nuestras sociedades:

 

Las modernas sociedades occidentales valoran los actos sexuales según un sistema jerárquico de valor sexual. […] Las personas cuyo comportamiento sexual está en la parte superior de esta jerarquía son recompensadas ​​con un certificado de buena salud mental, respetabilidad, legalidad, movilidad social y física, el apoyo institucional y beneficios de carácter material. A medida que los comportamientos o intereses de los individuos están en un nivel más bajo de esta escala, éstos últimos son objeto de presunción de enfermedad mental, falta de respetabilidad, criminalidad, de una restricción de la libertad de movimiento físico y social, la pérdida de apoyo institucional y sanciones económicas.

 

Un estigma extremo y punitivo mantiene algunos comportamientos sexuales en el nivel más bajo de esta escala, y constituye una sanción eficaz contra los que tienen este tipo de prácticas. La intensidad de este estigma tiene sus raíces en la tradición religiosa occidental. Pero lo esencial de su contenido actual proviene de la estigmatización médica y psiquiátrica”.19

 

En este sentido, la prostitución es castigada y estigmatizada en tanto que desviación, por la misma razón que la homosexualidad, en virtud de un sistema que se opone a diferentes tipos de prácticas sexuales tales como homosexual/heterosexual, gratuito/de pago, etc. La teoría de Gayle Rubin presenta así la represión del trabajo sexual como teniendo una función no necesariamente subordinada a un orden económico, sino teniendo lugar en un sistema sexual autónomo, en el seno del cual convergen intereses externos (económicos, sí, pero también religiosos o médicos).

 

.Elizabeth Bernstein, especialista del neoliberalismo, analiza por su parte la represión del trabajo sexual como una forma de reafirmar las fronteras entre lo íntimo y lo público 20, y por lo tanto considera las campañas del abolicionismo contemporáneo como formando parte de una ” agenda sexual neoliberal”:

 

Yo sitúo estas políticas neoabolicionistas en términos de una agenda sexual neoliberal (en lugar de tradicionalista), que sitúa los problemas sociales en la escala de los individuos desviados en lugar de en la de los niveles de las instituciones oficiales, que busca los remedios sociales a través de intervenciones de justicia penal y no a través del Estado providencial redistributivo, y que defiende la beneficencia de los privilegiados más que el empoderamiento de los oprimidos.

 

De esta forma, la eliminación de la prostitución no aparece sólo como una forma de consolidar un cierto orden económico, sino más bien como un medio para imponer la lógica neoliberal hasta en la misma economía sexual. Y es precisamente porque el trabajo sexual, al igual que otras áreas del trabajo reproductivo o productivo, no es una excepción al neoliberalismo, por más que pueda ser interesante considerarlo a la luz del tratamiento de otras áreas de trabajo reproductivo .En su investigación sobre lo que ella llama el “feminacionalismo”, Sara Farris señala que la inmigración de las mujeres para el sector reproductivo, a diferencia de la de los hombres inmigrantes, es más bien estimulada por el Estado, en un contexto de desentendimiento de éste en relación a servicios tales como el cuidado de niños, y en un contexto de aumento de las mujeres “nacionales” en el sector productivo:

 

No siendo ya percibidas como las que roban el trabajo o se aprovechan de los beneficios de la asistencia social, las mujeres inmigrantes son las “sirvientas” que ayudan a mantener el bienestar de las familias e individuos europeos. Son proveedoras de trabajo y de intereses, ells que al ayudar a las mujeres europeas a liberarse de las diferencias de género al sustituirlas en el hogar, lo que permite a estas mujeres “nacionales” a convertirse en trabajadoras en el mercado de trabajo “productivo “. Además, ellas son los que contribuyen a la educación de los niños y al cuidado físico y emocional de las personas mayores, proporcionando así un estado de bienestar, cada vez menos a cargo del Estado. […] El papel “útil” que las trabajadoras inmigrantes desempeñan en la reestructuración contemporánea de los regímenes de bienestar, y la feminización de los sectores clave de la economía de servicios, gozan de una cierta complacencia de los gobiernos neoliberales y de la compasión engañosa de los partidos nacionalistas hacia las mujeres inmigrantes, en comparación con los hombres inmigrantes. […] En la medida en que se consideran como los cuerpos al servicio de las generaciones futuras, en tanto que madres que juegan un papel crucial en el proceso de transmisión de los “valores sociales”, en tanto que suplentes de las mujeres nacionales en el sector reproductivo, pero también en tanto que posibles esposas para los hombres europeos, las mujeres inmigrantes parecen convertirse en objetivo de una campaña benevolencia engañosa en la que ellas son “necesarias” en tanto que trabajadoras, “toleradas” en tanto que inmigrantes y “animadas” a ajustarse a los valores occidentales en tanto que mujeres22

 

El feminacionalismo, tal como lo define Sara Farris, significa “la movilización contemporánea de las ideas feministas por los partidos nacionalistas y los gobiernos neoliberales bajo la bandera de la guerra contra el patriarcado, que se supone que es del Islam en particular, y de los inmigrantes del Tercer Mundo en general”. En otras palabras, la retórica de los discursos que defienden la integración de las mujeres inmigrantes por el trabajo, tiene finalmente mucho menos por objeto los intereses de las mujeres en cuestión que los de la economía nacional para la que estas trabajadoras a aseguran la reproducción de la fuerza de trabajo a menor coste. En este contexto, las mujeres inmigrantes constituyen no un “ejército de reserva, constantemente amenazado por el desempleo y la expulsión y utilizado para mantener la disciplina salarial”, como era costumbre decir en los años 1970 y 1980 para describir a “las mujeres en tanto que empleadas extra-domésticas”, sino más bien un “ejército regular de mano de obra extremadamente barata”.

 

Así, si el fomento de la inmigración de mujeres destinadas al sector reproductivo parece a primera vista ser una política opuesta a las severas restricciones a la inmigración en contra de las trabajadoras sexuales, estas dos políticas distintas en realidad pueden ser vistas como complementarias: en primer lugar, cabe destacar que el discurso contra la trata y la contra la prostitución en general, con el objetivo de salvar a las mujeres de las redes de migración que se supone que las explotan, insistiendo en la necesidad de “reinserción”, es decir, de inserción en la economía nacional legal (lo que significa, para mujeres que son en su mayoría inmigrantes, una inserción en el sector del trabajo doméstico, de los cuidados, etc.) participan plenamente de los que Sara Farris definió con el término de “feminacionalismo”. A pesar de que el capitalismo globalizado supone desposeer a a las mujeres de sus medios de supervivencia, especialmente hoy en día en los países de África y Asia, y por lo tanto conduce a una masificación de la inmigración (y de la prostitución), la represión de las trabajadoras del sexo, en un contexto de mercantilización del trabajo reproductivo realizado por las inmigrantes, por tener el efecto de mantener a las trabajadoras del sexo en una situación precaria, las constituye, al igual que a las trabajadoras domésticas, como “un ejército regular de mano de obra extremadamente barata”.

 

En otras palabras, la represión de las trabajadoras sexuales, en la medida en que conduce a la precariedad de las trabajadoras sexuales, no sólo da como resultado un equilibrio de poder en favor de clientes, terceros y proxenetas, sino que sirve a todo un sistema económico capitalista, patriarcal y racista que se beneficia del menor costo de este sector de trabajo reproductivo. Más precisamente, es incluso posible analizar el mantenimiento en la precariedad de las trabajadoras sexuales como el medio para su constitución institucionalizada en un ejército de reserva de trabajadoras domésticas y ver así instaurarse un sistema de tres niveles en el trabajo de las mujeres: en un primer nivel, la mano de obra femenina del sector productivo, que sigue cobrando menos que los hombres, es parte de un sistema que sigue imponiendo un modelo heterosexista a las mujeres, ya que el matrimonio aparece como un medio para lograr un nivel de vida que un salario femenino por sí sólo no permite. En el segundo nivel, las políticas migratorias que mantienen bajos precios de la mano de obra doméstica también refuerzan los menores niveles salariales de las mujeres empleadas en el sector productivo. Por último, las trabajadoras sexuales son reprimidas y estigmatizadas como una amenaza para las mujeres que no aceptan las condiciones de explotación del trabajo asalariado, el trabajo doméstico o el matrimonio.

 

En este sentido, los discursos anti trabajo sexual, que no ven más salida a la explotación sexual de las mujeres que el sexo no comercial, y la emancipación económica sólo a través del trabajo legal, y en particular el trabajo en el sector productivo, nos parecen alentar, —contrariamente a lo que anuncian— esta explotación a través de un trabajo que es tanto más explotado porque se presenta como libre, espontáneo, natural. Por el contrario, la reivindicación del trabajo sexual como trabajo nos invita a repensar las relaciones de reproducción con el objetivo de terminar con la explotación, ya sea pagada o no.

 

 

Trabajo sexual frente a trabajo

 

Como hemos intentado demostrar hasta aquí, la cuestión de la “prostitución” no puede ser objeto de una reflexión simplista con el único prisma de las relaciones de género. Por el contrario, es más que necesario que la izquierda aproveche los aspectos políticos del trabajo sexual entendido como un sector del trabajo reproductivo. Es cierto, como señala Silvia Federici en su texto “Reproducción y lucha feminista en la nueva división internacional del trabajo”, que el tema del trabajo reproductivo ha sido demasiado poco investigado por el propio movimiento feminista:

 

No cabe duda de que si el movimiento feminista en Europa y los Estados Unidos se hubiera concentrado en el hecho de que el Estado reconociera el trabajo de reproducción como trabajo y asumiera la responsabilidad financiera por él, no habríamos asistido al desmantelamiento de los pocos servicios disponibles en este campo y a una solución colonial al “problema del hogar”. 24

 

Pero es precisamente por esta razón que los debates sobre el trabajo sexual deberían ser una nueva oportunidad para (re)pensar este tema , y poder construir una oposición real a las políticas liberales que se han hecho dominantes desde hace mucho, con las consecuencias conocidas (feminacionalismo, liberalización de la industria del sexo en beneficio exclusivo de los empleadores y de terceros, el aumento general del trabajo que deben realizar las mujeres tras la retirada del Estado de los servicios públicos, etc.)

 

Afirmar que el trabajo sexual es un trabajo parece en efecto consituir una etapa necesaria tanto en lo que concierne a la lucha contra el capitalismo como en la emancipación de las mujeres y en particular su emancipación sexual. Recuperamos así para calificar la pertinencia política del eslogan “trabajo sexual es trabajo” las palabras utilizadas por Kathi Weeks cuando se refiere al movimiento “Salarios para el trabajo doméstico”: “fue un proyecto reformista con aspiraciones revolucionarias”. Si la lucha contra la penalización del trabajo sexual puede parecer al principio más bien reformista, ya que consiste esencialmente en exigir un cambio legislativo que permita a las trabajadoras trabajar en mejores condiciones, la aprehensión del sexo como trabajo abre por el contrario una perspectiva bastante más ambiciosa en términos de emancipación.

 

Respecto a la lucha contra la criminalización, debe recordarse sin embargo que si bien las trabajadoras sexuales pueden definirse como el ejército de reserva de mujeres explotadas en el trabajo asalariado, del hogar o del matrimonio, entonces mejorar sus condiciones de trabajo sólo puede ser beneficioso para éstas últimas. De la misma manera, si la persistencia del estigma de puta representa una amenaza para todas las mujeres, ya que no se contenta tan sólo con restringir sus libertades, sino que sobre todo, legitima la violencia contra ellas, entonces la lucha contra la estigmatización de las trabajadoras sexuales debería estar por esta razón entre las prioridades de la agenda feminista. Por otra parte, en la medida en que a escala global la lucha contra la “prostitución” tiene lugar esencialmente en forma de lucha contra la “trata” (tal como se define en la Convención de 1949), mediante la financiación por los gobiernos occidentales de las ONGs que trabajan en los países del Sur para “salvar” a las posibles víctimas de la trata, el final de estas políticas significaría el derecho a la autonomía para las trabajadoras sexuales afectadas, víctimas hoy de forma sistemática, en numerosos países, de una forma de imperialismo humanitario a través de las personalidades y ONGs de la “industria del rescate”.

 

Por otra parte, mientras que la gran mayoría de las trabajadoras sexuales de los países occidentales son inmigrantes o trabajadoras no blancas, al igual que la mayoría de aquellas y aquellos que “apoyan” su actividad y por lo tanto son condenables por proxenetismo, la lucha contra la prostitución toma una forma particular en estos países la forma de una ofensiva racista, que participa del encarcelamiento sistémico de las poblaciones no blancas. Si algunos o algunas pueden utilizar este estado de hecho de división racista del trabajo sexual para argumentar que es precisamente necesario penalzar a los hombres que se supone mayoritariamente blancos beneficiarios del trabajo sexual —los clientes27— nos parece por el contrario peligroso querer reequilibrar la balanza reforzando el propio instrumento de este racismo sistémico. Sin embargo, no se trata de plantear una defensa acrítica de terceros y de otros beneficiarios de la industria del sexo: la despenalización del trabajo sexual debe por el contrario ser entendida como un medio de reforzar la autonomía de las trabajadoras sexuales frente a situaciones de clandestinidad más propicias para su explotación. En este contexto, los temores expresados ​​con regularidad de que el reconocimiento del trabajo sexual sólo se daría más peso a la división sexista y racista del trabajo nos parecen no sólo carentes de fundamento, sino sobre todo, creemos que este reconocimiento constituye la condición sine qua non de lucha contra esta división y contra las opresiones que resultan de ella.

 

Negarse a reconocer el trabajo sexual es, en efecto, reforzar la división entre el trabajo “real”, específicamente asalariado, que tiene derecho de ciudadanía en el espacio público, y el “no trabajo”, que se desarrolla en el ámbito privado. Por lo tanto, se trata de dejar de oponer la esfera productiva del trabajo asalariado a los intercambios considerados como pertenecientes a la esfera privada no comercial, ya que esta oposición, que sólo sirve para enmascarar el trabajo realizado pero no compatibilizado en el salario, es rentable sólo para el capital:

 

Marx hace mucho tiempo explicó que el salario ocultaba todo el trabajo no remunerado en el origen del beneficio económico. Pero medir el trabajo por los salarios también vela la extensión de la subordinación de todas nuestras relaciones sociales a las relaciones de producción, el grado en que cada momento de nuestra vida participa en la producción y reproducción del capital. Los salarios, de hecho (y esto incluye la ausencia de salarios), permitieron que el capital oscureciera la duración de nuestro día laborable. El trabajo aparece así como un compartimiento único de la vida cotidiana, que sólo existe en ciertos lugares. El tiempo que pasamos en la fábrica social, preparándonos para el trabajo, o yendo a trabajar, la restauración de nuestros “músculos, nervios, huesos y cerebro” con comidas rápidas, sexo rápido, películas, etc., son otros tantos instantes que se nos presentan como distracciónes, tiempo libre, aficiones individuales.28

 

En otras palabras, se trata de ampliar el alcance del lema “el personal es político” para incluir no sólo reproducción de la dominación masculina dentro del dominio privado, sino también la reproducción de las dinámicas favorables al capitalismo. Esto se debe a que, como nos recuerda Lise Vogel en el trabajo doméstico, la división entre la esfera del trabajo asalariado y la de lo que se considera privado no hace, especialmente en una sociedad patriarcal, más que reforzar las estructuras de dominación:

 

La distinción altamente institucionalizada entre el trabajo doméstico y trabajo asalariado en un contexto de supremacía masculina, forma la base de una serie de potentes estructuras ideológicas, que adquieren una autonomía significativa.29

 

En este contexto, la afirmación de que “el trabajo sexual es trabajo”y, por tanto, que el sexo, pagado o no, puede ser un trabajo, debe abrir la posibilidad de un proceso de desidentificación —tomando prestado el término usado por Kathi Weeks en referencia a la campaña “salarios para el trabajo doméstico— por parte de las mujeres de la sexualidad a la que a menudo están obligadas, en una sociedad capitalista patriarcal ,

 

Reclamar un salario para una práctica “tan identificada con una práctica femenina” nos permite comenzar un proceso de desidentificación: ” Nada más que exigir un salario ya está afirmando que no nos identificamos con este trabajo” (Edmond y Flemming) . Así, “en la medida en que por la lucha [ellas] obtienen el poder de romper [su] identificación capitalista”, las mujeres pueden, según Cox y Federici, al menos determinar lo que “no son”.

 

De la misma manera con “trabajo sexual es trabajo”, si no se trata todavía de saber qué sexualidad (re)construir en el marco de una lucha feminista, se trata por lo menos de saber cuál no se quiere: una sexualidad de servicio organizada según la división sexista del trabajo. Como señala Silva Federici:

 

queremos llamar trabajo a lo que es un trabajo para que eventualmente pudiéramos redescubrir lo que es el amor a fin de crear nuestra sexualidad, cosa que nunca hemos conocido31.

 

No se trata pues, a través del lema “trabajo sexual es trabajo”, de exigir que el trabajo sexual sea considerado como un trabajo “como los demás”, y que, como tal, su despenalización sea considerada como un fin en sí misma. La aplicación de esta política liberal, como hemos visto con los ejemplos alemanes o holandeses, sólo sirve a los intereses de los patronos de la industria del sexo, de modo que estas políticas sólo tienen el efecto de volver a poner en manos de los capitalistas la remuneración de las trabajadoras sexuales. Por el contrario, se trata de reafirmar que si este reconocimiento del trabajo sexual es necesario, es precisamente porque sólo identificándolo claramente como trabajo las mujeres podrán negarse a realizarlo, en el marco de una lucha más general de rechazo del trabajo y por una refundación radical de la sociedad y de sus dinámicas de reproducción.

 

Conclusión

 

El análisis del trabajo sexual en términos de trabajo reproductivo tiene así varias ventajas. En primer lugar, al invitarnos a no considerar la industria del sexo solamente como una mera industria en el seno de la cual se despliegan dinámicas capitalistas, sexistas y racistas, nos permite considerar el papel fundamental de la industria del sexo dentro del sistema capitalista . En otras palabras, no se trata solamente de considerar la explotación de las trabajadoras sexuales por parte de los beneficiarios directos del trabajo sexual —los proxenetas, los terceros, los clientes—, sino más bien de no considerar a éstos más que como los mediadores de la explotación más global de las mujeres por el capital. En segundo lugar, al permitirnos analizar las dinámicas que intervienen en la represión del trabajo sexual —represión que está específicamente relacionada con las cuestiones de la gestión de la inmigración— la introducción de las trabajadoras sexuales en la categoría más general de trabajadoras reproductivas, codo a codo con las trabajadoras domésticas y de cuidados, nos permite comprender los retos de la lucha de las trabajadoras sexuales en términos de lucha contra el neoliberalismo y especialmente contra sus efectos sobre las mujeres inmigrantes o del Tercer Mundo. Finalmente, al invitarnos a repensar la noción misma de “trabajo”, estos análisis nos ofrecen la oportunidad de restablecer una nueva dinámica en la lucha contra la apropiación de éste, una dinámica que nos permite tener en cuenta a los trabajadores y las trabajadoras tradicionalmente excluidos de estas luchas y que, a menudo, se ven reducidos a luchar aisladamente, a pesar y en consecuencia de los efectos desastrosos del capitalismo en sus vidas (trabajadores por cuenta propia precarios, madres solteras, trabajadoras del sexo, trabajadoras domésticas, comadronas, etc.) con miras a un replanteamiento radical de la división del trabajo y de las ideologías —especialmente sexistas y racistas— en las que se basa.

 


 

  1. Este argumento es desarrollado con asiduidad en los textos de autores/as abolicionistas; ver, por ejemplo, para aquéllos que lo formulan de la forma más explícita, un comunicado del AIVI: “¡la prostitución no es un trabajo sino una violencia!”, o la obra de Janice Raymond, “not a choice, not a job”. []
  2. Lilian Mathieu, La fin du tapin, Sociologie de la croisade pour l’abolition de la prostitution, Bourin, 2013, p. 17. []
  3. Para un estudio de los debates entre el movimiento Wages for Housework y los movimientos feministas y de izquierda, ver por ejemplo Silvia Federici et Nicole Cox, « Counterplanning from the Kitchen », in Silvia Federici, Revolution at Point Zero, PM Press, 2012, p. 28-40, réponse au « Women and Pay for Housework » de Carol Lopate. []
  4. Carole Leigh, « inventer le travail du sexe », in Luttes XXX – inspirations du mouvement des travailleuses du sexe, Maria Nengeh Mensah, Claire Thiboutot et Louise Toupin, éd. du remue-ménage, 2011, p. 267-270. []
  5. https://www.youtube.com/watch?v=enpTFJsswWM à partir de 1:10:23.Transcription Ellis Suzanna Slack, traduction Morgane Merteuil. []
  6. Voix du jaguar. []
  7. Silvia Federici et Nicole Cox, « Counterplanning from the Kitchen », in Silvia Federici, Revolution at Point Zero, PM Press, 2012, p.31. []
  8. Silvia Federici et Nicole Cox, « Counterplanning from the Kitchen », in Silvia Federici, Revolution at Point Zero, PM Press, 2012, p.31. []
  9. Silvia Federici, « Why Sexuality is work », in Silvia Federici, Revolution at Point Zero, PM Press, 2012, p.25. []
  10. Silvia Federici, « Wages against Housework », in Silvia Federici, Revolution at Point Zero, PM Press, 2012, p.15. []
  11. Leopoldina Fortunati, The Arcane of Reproduction : housework, prostitution, labour and capital, Autonomedia, p.17. []
  12. Leopoldina Fortunati, The Arcane of Reproduction : housework, prostitution, labour and capital, Autonomedia, p.17. []
  13. Leopoldina Fortunati, The Arcane of Reproduction : housework, prostitution, labour and capital, Autonomedia, p.18. []
  14. Silvia Federici, Caliban et la sorcière : Femmes, corps et accumulation primitive, Entremondes et Senonevero, 2014 pour la traduction française, p.191-192. []
  15. Clyde Plumauzille, Le « marché aux putains » : économies sexuelles et dynamiques spatiales du Palais-Royal dans le Paris révolutionnaire, Revue Genre, Sexualités et Sociétés, n°10 Automne 2013, p. 21/26. []
  16. Voir Henry Heller, The Bourgeois Revolution in France. 1789-1815, Berghahn Books, 2009. []
  17. Karl Marx, Le Capital, Livre I, « Machinisme et grande industrie ». http://www.marxists.org/francais/marx/works/1867/Capital-I/kmcapI-15-9.htm []
  18. Voir Alexandre Frondizi, Histoires de trottoirs. Prostitution, espace public et identités populaires à la Goutte – d’Or, 1870 – 1914, Mémoire de thèse, 2007. []
  19. Gayle RUBIN, “Penser le sexe”, in Surveiller et jouir – Anthropologie politique du sexe, Epel, 2010, traduction Flora Bolter, Christophe Broqua, Nicole-Claude Mathieu et Rostom Mesli, p. 156-157. []
  20. Voir : Elizabeth Bernstein, Temporarily Yours, Intimacy, Authenticity and the Commerce of Sex, The University of Chicago, 2007. []
  21. Elizabeth BERNSTEIN, “the sexual politics of the new abolitionnism”, in Differences : a journal of feminist cultural studies, 18/3, 2007, p. 137 . []
  22. Sara Farris, « Les fondements politico-économiques du fémonationalisme ». []
  23. Sara Farris, « Les fondements politico-économiques du fémonationalisme ». []
  24. Silvia Federici, « reproduction et lutte féministe dans la nouvelle division internationale du travail ». []
  25. Kathi Weeks, The problem with work : feminism, marxism, antiwork politics and postwork imaginaries, Duke University Press, 2011, p. 136. []
  26. Laura Agustin, « Kristof and the Rescue industry, the soft side of imperialism ». []
  27. Yasmin Vafa, « Racial Injustice: The case for prosecuting buyers as sex traffickers » []
  28. Silvia Federici et Nicole Cox, « Counterplanning from the Kitchen », in Silvia Federici, Revolution at Point Zero, PM Press, 2012, p.35-36. []
  29. Lise Vogel, Marxism and the opression of women : Toward a unitary theory, Brill, 2013, p.160. []
  30. Kathi Weeks, The problem with work : feminism, marxism, antiwork politics and postwork imaginaries, Duke University Press, 2011, p.130. []
  31. Silvia Federici, « Wages against Housework », in Silvia Federici, Revolution at Point Zero, PM Press, 2012, p.20. []

 

 

¿Prostitución es trabajo? Consideraciones jurídicas en la sentencia de un juez español

 

 

En la sentencia que sigue, el juez Don Joan Agustí Maragall hace un análisis exhaustivo de la jurisprudencia relativa al carácter laboral o no de la prostitución ejercida por cuenta ajena y, por extensión, de la situación legal de la prostitución hoy en España. Por su interés, he extractado esta segunda parte de la sentencia en la que desarrolla esas consideraciones, omitiendo el caso en sí y sus circunstancias procesales, que en cualquier caso pueden ser consultados en su totalidad en el siguiente enlace.

 

http://www.laboral-social.com/files-laboral/NSJ051287_0.pdf

 

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 10 DE BARCELONA

Sentencia 50/2015, de 18 de febrero de 2015

Rec. n.º 835/2013

SUMARIO:

Naturaleza laboral de la actividad desempeñada. Prestación de servicios de prostitución en centro de masajes a cambio de una retribución. En el actual marco regulador de la prostitución (regulación administrativa y despenalización aplicativa), mientras el Estado Español no asuma las recomendaciones de la Resolución del Parlamento Europeo de 26-2-2014, conforme a la cual no solo la prostitución forzada, sino la simple prostitución y la explotación sexual son cuestiones con un gran componente de género y constituyen violaciones de la dignidad humana contrarias a los principios de igualdad de género y a los contenidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el ejercicio libre, sin coacción y de manera no forzada, de la mencionada actividad, bajo la dirección y dependencia de una empresa, no es motivo de ilícito penal ni de lesión de derechos fundamentales individuales que impidan el reconocimiento de laboralidad postulado.

PRECEPTOS:

Constitución Española, art. 35.

Ley Orgánica 6/1985 (LOPJ), art. 7.

Ley Orgánica 10/1995 (CP), art. 188.

Código Civil, arts. 1.271 y 1.275.

PONENTE:

Don Joan Agustí Maragall.

 

(…)

Se trata, en definitiva, de una prestación voluntaria de servicios sexuales a los clientes de la empresaria demandada, en su local, por cuenta y bajo la dependencia y organización de la misma, a cambio de una retribución previamente convenida.

 

La concurrencia de los rasgos esenciales de todo contrato laboral en la relación descrita resulta evidente y no admite mucha discusión: prestación voluntaria de servicios, retribución, dependencia y ajenidad en los frutos.

 

El único e importante obstáculo para la estimación de la demanda radica en el posible carácter ilícito del objeto del contrato, al tratarse de servicios de prostitución, obstáculo que -por cierto- ni se analiza en la demanda ni ha sido opuesto por la empresaria demandada. Ha sido este magistrado quien, emitido el informe de conclusiones por todas las partes y de conformidad a la previsión del art. 87.3 LRJS, ha planteado tal cuestión a fin de que alegaran al respecto.

 

  1. Distinción jurisprudencial entre relación de alterne y de prostitución.

 

El análisis exhaustivo de las bases de datos jurisprudenciales, salvo error u omisión, ha llevado a este magistrado a la conclusión de que no existen precedentes jurisprudenciales que hayan reconocido como relación laboral la libre prestación de servicios de prostitución por cuenta ajena, aunque sí numerosos pronunciamientos que sí la han apreciado en la denominada “relación de alterne”.

Como es sabido, en la clásica relación de “alterne” la trabajadora recibe del titular del local una retribución exclusivamente por alternar con la clientela y estimularla en el consumo de bebidas; la prestación de servicios sexuales, en su caso, los concierta y presta la trabajadora con el cliente, a iniciativa y por cuenta propia, en el propio local y liquidando al mismo propietario un precio por el alquiler de la habitación.

 

En el presente caso, por contra, nos hallamos ante una relación de prostitución por cuenta ajena clara y diáfana, no enmascarada o interferida por una paralela o confluente relación de alterne.

Hasta el momento, los juzgados y tribunales de lo social han negado categóricamente la posibilidad de que exista y pueda ser válido un contrato de trabajo que dé cobertura a las situaciones de explotación lucrativa de la prostitución, al considerar que para que el contrato de trabajo pueda reputarse válido es imprescindible que su objeto y causa sean lícitos, considerándose que la explotación sexual de una persona no reúne ni puede reunir esta condición, aunque el ejercicio de la prostitución sea una decisión voluntaria de la persona que la ejerce.

 

Exponente de esta doctrina es la sentencia del TSJ de Galicia de 10.11.04, recurso de Suplicación núm. 3598/2004:

 

TERCERO. (….). Pero, en el caso de autos, no estamos ante una situación de alterne, sino, como expresamente se afirma en la fundamentación jurídica de la sentencia de instancia, con evidente valor fáctico, ante una “actividad (que) excede de la consecución de consumiciones ” -Fundamento de Derecho Cuarto-. Si estamos ante una situación de prostitución no existe, en modo alguno, una infracción de la jurisprudencia sobre la laboralidad de la prestación de servicios de alterne, de donde, en conclusión, la denuncia jurídica deberá ser rechazada.

 

A mayor abundamiento, debemos aclarar que, a juicio de la Sala, son totalmente compartibles los argumentos utilizados en la sentencia de instancia sobre la ilicitud de un contrato de trabajo cuyo objeto fuese la prostitución de la supuesta trabajadora al ser la explotación de la prostitución ajena una forma de violencia de género, de esclavitud de las mujeres y de actividad contraria a la moral. Pero es más -y aunque por la fecha de los hechos de autos no le sea aplicable a la sociedad limitada demandada-, actualmente sería un acto delictivo en la medida en que, siguiendo las tesis abolicionistas del Convenio para la reprensión de la trata de personas y de la prostitución ajena, adoptado el 2.12.1949, desde la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, modificadora del artículo 188 del Código Penal, resulta castigado “el que se lucre explotando la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de la misma “.

 

Como ha advertido un sector de la doctrina científica (Raquel Serrano “La despenalización parcial del proxenitismo y sus paradojas”), este criterio de la jurisprudencia plantea un decisivo elemento de desencuentro con la regulación penal del proxenetismo, que se analizará más adelante: la ilicitud del proxenetismo en el ámbito laboral no depende del carácter voluntario/consentido o no de su ejercicio por parte de quien ejerce la prostitución. Dicho de otro modo, el consentimiento de la persona que ejerce la prostitución es irrelevante. La ilicitud derivaría -según el criterio jurisprudencial expuesto- de la propia causa y objeto del contrato: el ejercicio de la prostitución por parte de una persona no puede ser ni objeto ni causa lícita de un contrato de trabajo ya que, por definición, el trabajo asalariado es un trabajo por cuenta ajena y subordinado a las órdenes y ámbito de organización de otra persona, de manera que las notas típicas del trabajo asalariado – la ajenidad y la dependencia – determinan la incompatibilidad absoluta del proxenetismo en régimen laboral con la libertad y la dignidad humanas. En razón de ello, la tutela judicial efectiva de los derechos laborales de las personas que ejercen la prostitución se alcanza a través de una distinción entre la actividad de alterne, donde sí cabe la existencia de una relación laboral o contrato de trabajo, y la actividad de prostitución. Con todo, esta distinción entre ambas actividades se intuye -en ocasiones- artificial o ficticia, en la medida en que la actividad de alterne no deja de ser en la mayoría de los casos meramente instrumental en orden a propiciar relaciones sexuales con los clientes.

 

En el presente caso, por el contrario y como ya se ha avanzado, no concurre una relación paralela de alterne: estamos en presencia -exclusivamente- de una prestación voluntaria de servicios sexuales, a cambio de una retribución, por cuenta de la empresaria, propietaria del prostíbulo (comercializado como “Centro de Masajes”), bajo la dirección y dependencia de la misma, en la persona de su encargada. No cabe, pues, como en la sentencia reproducida (y en tantas otras dictadas por la mayoría de Tribunales Superiores de Justicia), reconocer la laboralidad exclusivamente de una relación paralela de una inexistente relación de “alterne por cuenta ajena”.

 

Ello aboca a este magistrado a tener que resolver si asume o no el criterio de la doctrina expuesta, en el sentido que no puede calificarse como laboral una relación que, a pesar de reunir los rasgos esenciales de laboralidad, tendría una causa y/o objeto ilícito y, además, atentaría frontalmente a derechos fundamentales, cuestiones ambas que se abordan a continuación.

 

V. Primer obstáculo al reconocimiento de laboralidad: la -controvertida- ilicitud de la prostitución libremente ejercida por cuenta ajena.

 

Este primer obstáculo para la calificación como laboral de la relación tendría su fundamento en los artículos 1271 y 1275 del Codigo Civil, ya que -según el primero- sólo se admitiría como “objeto de contrato todos los servicios que no sean contrarios a las leyes o a las buenas costumbres”, mientras que el segundo dispone que “Los contratos sin causa, o con causa ilícita, no producen efecto alguno. Es ilícita la causa cuando se opone a las leyes o a la moral”.

 

El art. 188.1 del Código Penal, desde su reforma del año 2003, incorpora en el delito, denominado “de determinación a la prostitución” también a la ejercida por cuenta ajena, a pesar del libre consentimiento (como ha quedado acreditado en el presente caso) y no solamente cuando fuera “empleando violencia intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima”:

 

“Art. 188. 1º- El que determine, empleando violencia intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, a persona mayor de edad a ejercer la prostitución o a mantenerse en ella, será castigado con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de 12 a 24 meses. En la misma pena incurrirá el que se lucre explotando la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de la misma.”

 

Esta importante modificación supuso la vuelta a la penalización de la explotación de la prostitución, que el legislador de 1995 había despenalizado salvo en supuestos de proxenitismo. El artículo 188.1º del CP, tal y como se ha trascrito, es el que actualmente regula la prostitución de mayores de edad. El citado tipifica de forma incondicional la explotación de esta actividad, con o sin el consentimiento de la prostituta.

 

Es en razón de tal consideración como delictiva de la explotación de la prostitución ajena, aún consentida, la jurisprudencia social ya referida ha entendido -explícita o implícitamenteque se imposibilitaba la posible calificación de laboral ordinaria de la relación de prostitución por cuenta ajena, al tratarse de una explotación económica directa, que quedaría incluida en el tipo previsto en el artículo 188.1º del Código penal. Por tanto quedaría fuera del tráfico jurídico esta actividad, por delictiva, al no poder constituir el objeto de un contrato (incluido el laboral), de acuerdo con lo previsto en el artículo 1975 del Código civil.

 

Considera este magistrado, ello no obstante, siguiendo en esto a la mayoría de la doctrina científica, que el análisis de la propia evolución de la jurisprudencial penal, permiten ahora mismo sostener la conclusión contraria. Exponente de esta evolución o interpretación doctrinal es la STS, Sala de lo Penal, 425/2009, de 14 de abril, que dio un importante paso cualitativo en favor del reconocimiento de la legalidad de la prostitución por cuenta ajena al afirmar que «la cuestión de la prostitución voluntaria, bien por cuenta propia o dependiendo de un tercero que establece unas condiciones de trabajo que no conculquen los derechos de los trabajadores no puede solventarse con enfoques morales o concepciones ético-sociológicas ya que afecta a aspectos de la voluntad que no pueden ser coartados por el derecho…».

 

En la misma línea jurisprudencial, y también en la relación de prostitución por cuenta ajena no coercitiva, sólo cabria hablar del delito de “explotación laboral” cuando detecta condiciones abusivas de trabajo ( STS 651/2006, de 5 de junio) y se refiere a “explotación sexual lucrativa” cuando hay “grave riesgo para los derechos” ( STS 152/2008, de 8 de abril).

 

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo asume, así, una interpretación restrictiva del delito de proxenetismo, con el argumento de que no cabe asociar la misma pena a los actos violentos e intimidatorios que a la acción de lucrarse o vivir a costa de la prostitución ajena. Solo estaría penalmente prohibido el proxenetismo en el marco de la prostitución forzada. Y a tales efectos, el consentimiento de la persona que ejerce la prostitución juega un papel decisivo en cuanto garantía de su libertad sexual, resultando únicamente irrelevante el prestado por una persona que se halle mantenida en el ejercicio de la prostitución mediante el empleo de violencia, intimidación, engaño o como víctima del abuso de superioridad o de su situación de necesidad o vulnerabilidad. O cuando se aprecia delito de “explotación laboral” por concurrir condiciones abusivas de trabajo.

 

Y en el presente caso, como declaró la trabajadora comparecida a pregunta de este magistrado, ejerció la prostitución por cuenta ajena de forma libre, no coaccionada (más allá, obviamente, de la situación social y económica que puede haberla inducido al ejercicio de la prostitución), sin que ni ella, ni la Inspección de Trabajo, ni la TGSS, en su demanda de oficio, hayan puesto de manifiesto “condiciones abusivas de trabajo” o de “grave riesgo para los derechos”. Y, en congruencia con ello, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Barcelona de 5.11.12 se acordó el sobreseimiento y posterior archivo de las diligencias previas incoadas.

 

Por consiguiente, no apreciándose en el presente caso la concurrencia de ilícito penal, a la luz de la expuesta jurisprudencia penal, no podrá entenderse -como obstáculo al pretendido reconocimiento de laboralidad- la ilicitud ni de la causa ni del objeto del contrato.

 

VI. Segundo obstáculo al reconocimiento de laboralidad: la posible lesión de derechos fundamentales y atentado a la dignidad de la persona.

 

1.- La posición de la jurisprudencia social.

 

Quizás mayor complejidad requiere el abordaje y resolución del segundo motivo o razón que ha impedido, hasta ahora, el reconocimiento como laboral de la relación de prostitución por cuenta ajena por parte de la jurisdicción social. Según la jurisprudencia ya referida, toda relación de prostitución, intrínsecamente, es contraria a la dignidad de la persona y a los derechos que le son inherentes (art. 10 CE), y contraviene derechos fundamentales como son la libertad, la igualdad y la integridad física y moral (la referencia al derecho al honor ya prácticamente no se invoca, como derecho lesionado).

 

Así, la sentencia del TSJ de Galicia de 10.11.04 (sup.nº. 3598/2004), considera “la explotación de la prostitución ajena una forma de violencia de género, de esclavitud de las mujeres y de actividad contraria a la moral”, mientras que la sentencia del TSJ de Catalunya de 15.5.2009, (sup. 101/08), se pronuncia categóricamente en los siguientes términos:

 

“ha de confirmar la valoració que fa la magistrada de instància, en el sentit de indicar que l’explotació del negoci de prostitució aliena, en la mesura que atempta contra als drets fonaments de la persona, no pot ser objecte del contracte, i determina la seva nul litat, recordant la vigència del Conveni per a la repressió de la tracta de persones i prostitució aliena, de 2-12-1949, aplicat efectivament des de la Llei Orgànica 11/2003, de 29 de setembre modificadora del Codi penal , que en l’article 188-1 , que penalitza la explotació de la prostitució aliena.

 

Efectivament, excedeix totalment dels límits de mínims de la normativa laboral el fet que l’empresa pugui vendre o disposar de l’ús del cos de les treballadores com a objecte de negoci o intercanvi sexual amb els clients. Aquest principi laboral és dedueix directament de la Constitució Espanyola , quan regula el dret fonamental a la integritat física i moral, sense que en cap cas, puguin ser sotmeses a tortura ni a penes o tractes inhumans o degradants ( art. 15 CE ). També del Estatut dels Treballadors , quan estableix el dret a la integritat física i al respecte a la seva intimitat i a la consideració deguda a la seva dignitat, article 4.1.d) e ) compresa la protecció front al assetjament sexual i al assetjament per raó de sexe.”

 

2.- La antagónica posición mayoritaria de la doctrina científica.

 

Frente a este unánime criterio jurisprudencial, la mayoría de la doctrina científica se posiciona clara y categóricamente en sentido contrario. Exponente de este criterio, desde el ámbito del derecho penal, sería la catedrática M.L. Maqueda Abreu (“Hacia una justicia de los derechos”, Diario La Ley, 16.3.10), en su critica a la “tesis abolicionista”:

 

“La tesis actual es que se están defendiendo derechos constitucionales: la igualdad, la libertad o la dignidad de la mujer serían los que se verían comprometidos con la legalización de la prostitución. Según el nuevo ideario abolicionista, ésta debe seguir siendo negocio ilícito porque consiste en el arrendamiento temporal del cuerpo de la mujer, a la que a cambio de dinero se la despoja de su condición de persona, reduciéndola a mero objeto de placer para el cliente. Es la explicación que ofrece, por ejemplo, el Instituto de la Mujer de la causa de la ilicitud y de la nulidad de cualquier contrato que tuviera a la prostitución por objeto.

 

Hay mucho que cuestionar de una afirmación que parece confundir un contrato sexual con un contrato de esclavitud. Hablando de prostitución voluntaria, que es de lo que hablamos, ¿cómo admitir que un contrato libremente pactado despoje a una de las partes de su condición de persona?, ¿por qué entender que la venta de servicios sexuales atenta contra la dignidad de quien libremente la decide? Y, sobre todo, ¿hay algo más indigno y degradante que no ser reconocido como sujeto capaz de adoptar decisiones libres? Bajo una «política del derecho» y no meramente ideológica, creo que no es posible seguir manteniendo un reconocimiento de la capacidad de autodeterminación personal en el ámbito sexual que se haga depender de una noción de dignidad – selectiva-, que pueda ser negada en el caso de la prostitución. Entre otras razones, porque no parece una lectura compatible con la jurisprudencia constitucional, teniendo en cuenta la vertiente positiva que ésta ofrece de la idea de dignidad -como correlato de la libertad- e igual para todos.

 

Recuérdese, por ejemplo, la STC 192/2003, de 27 de octubre, donde señala que «la dignidad personal del trabajador debe ser entendida como el derecho de todas las personas a un trato que no contradiga su condición de ser racional, igual y libre, capaz de determinar su conducta en relación consigo mismo y su entorno, esto es, la capacidad de autodeterminación consciente y responsable de la propia vida». Resulta inaceptable que esta teoría general pueda ser olvidada en relación con una actividad laboral concreta, como la del trabajo sexual.”

 

En la misma línea, como exponente de la doctrina iuslaboralista, el profesor Fernando Fita (“La prostitución: posible objeto de un contrato de trabajo…”, Revista de Derecho Social nº 47, 2009), recopila y se hace eco de distintos trabajos doctrinales y aborda, para descartarla, la posible colisión de la laboralización de la prostitución no forzada por cuenta ajena, tanto respecto a la libertad como en relación al fundamento constitucional de la “dignidad” .

 

Invirtiendo el orden de su exposición y en relación a la dignidad, descarta la colisión en base a la configuración constitucional del derecho a la dignidad, como “derecho de todas las personas a un trato que no contradiga su condición de ser racional igual y libre, capaz de determinar su conducta en relación consigo mismo y su entorno, esto es, la capacidad de autodeterminación consciente y responsable de la propia vida” (STC 192/03). Considera que la valoración como indigna de la actividad de la prostitución responde a una valoración de tipo moral, que no puede imponerse al libre arbitrio individual, y que solamente sería predicable de las condiciones en las que se ejerce, lo cual quedaría reparado con la regulación y tutela de su ejercicio por parte de la normativa laboral, al contribuir a su inclusión social, coadyuvando a restituirles la dignidad que tradicional e injustificadamente se les ha negado. Y añade que resulta hipócrita negar este estatus de trabajo digno de protección jurídica, cuando dicha legitimación ya existe para los empresarios de la industria sexual.

 

Respecto de la libertad de ejercicio de actividad económica, invoca el art. 35 CE, y el art. 4 del CEDH, con la única limitación del respeto al ordenamiento jurídico y a los valores y principios inherentes al mismo, concluyendo que “en el caso del colectivo de mujeres prostituidas parece claro que la vía más adecuada para lograrlo es la de su reconocimiento legal, restituyendo la debida consideración social…”. Y en relación a la libertad sexual, la considera implícitamente reconocida en la libertad individual en sentido amplio, pudiendo reconducirse al derecho a la intimidad personal consagrado en el art. 18 CE, como han reconocido diversas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (22.10.81, 25.3.92 y 22.2.94).

 

Quedaría por resolver, ello no obstante, la posible colisión de la pretendida regularización con el principio de igualdad, con la necesaria perspectiva de género, cuestión que -a criterio de este magistrado – debe abordarse desde el ámbito comunitario por lo que a continuación se expondrá.

 

3.- El marco comunitario: de la STJCE de 20.11.01 a la Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género.

 

En el acto del juicio, la empresaria demandada, en forma subsidiaria a la negación de la relación de prostitución por cuenta ajena, invocó la la STJCE de 20.11.01 que, si bien referida a la prostitución por cuenta propia, dejó bien claro -en aquel momento- que el entonces TJCE no asumía los presupuestos ideológicos de las posiciones abolicionista y prohibicionista al concluir afirmando que “la prostitución constituye una prestación de servicios remunerada, que está comprendida en el concepto de actividades económicas…. Se trata de una actividad por la que el prestador satisface, con carácter oneroso, una demanda del beneficiario sin producir o ceder bienes materiales…. La actividad de prostitución ejercida de manera independiente puede considerarse un servicio prestado a cambio de una remuneración y, por consiguiente, está incluido en el concepto de actividades económicas por cuenta propia o no salariadas “.

 

Pero este magistrado tiene serias dudas que el actual TJUE ahora mismo mantuviera dicha posición, a la vista de la Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género. Dicha resolución se dicta en base a los artículos 4 y 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948, el Convenio de las Naciones Unidas para la represión de la trata de personas y de explotación de la prostitución ajena, de 1949, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, de 1979, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, de 1993, el Protocolo de Palermo, de 2000, el objetivo estratégico D.3 de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, de 1995, el Convenio (nº 29) relativo al trabajo forzoso u obligatorio de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de Bruselas (11) de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) sobre la prevención y lucha contra la trata de seres humanos, las Recomendaciones del Consejo de Europa en este ámbito, tales como la Recomendación 11 (2000) sobre la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, la Recomendación 5 (2002) sobre la protección de las mujeres contra la violencia y la Recomendación 1545 (2002) relativa a campañas contra la trata de mujeres, el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, la Directiva 2011/36 relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y otras muchas resoluciones.

 

En base a este cuerpo normativo, efectúa -entre otras muchas- las siguientes consideraciones, que se reproducen a continuación por este juzgador por cuanto, como juez comunitario, al considerarlas insoslayables, seleccionando exclusivamente aquellas que hacen referencia -también- a “la prostitución” a secas, obviando las exclusivamente referidas a “trata de personas” o “prostitución forzada”:

 

“A. que la prostitución y la prostitución forzadas son un fenómeno con un componente de género y de dimensión mundial que afecta en torno a 40 – 42 millones de personas en todo el mundo, siendo la inmensa mayoría de las personas que se prostituyen mujeres y niñas y casi la totalidad de los usuarios hombres y que, por lo tanto, es al mismo tiempo causa y consecuencia de la desigualdad de género, lo que agrava aún más el fenómeno;

 

B. Considerando que la prostitución y la prostitución forzada representan formas de esclavitud incompatibles con la dignidad de la persona y con sus derechos fundamentales. (….)

E. Considerando que la prostitución y la prostitución forzada están intrínsecamente ligadas a la desigualdad de género en la sociedad y tienen un efecto en la posición social de las mujeres y los hombres en la sociedad así como en la percepción de las relaciones entre mujeres y hombres y en la sexualidad;(…)

 

H. Considerando que toda política relativa a la prostitución repercute en la consecución de la igualdad de género, afecta a la comprensión de las cuestiones de género y transmite mensajes y normas a la sociedad, incluidos los jóvenes;(…)

K. Considerando que en la prostitución todos los actos íntimos se rebajan a un valor mercantil y el ser humano queda reducido a mercancía o instrumento a disposición del cliente;

 

L. Considerando que la gran mayoría de las personas que ejercen la prostitución proceden de grupos vulnerables;(…)

 

S. Considerando que la presión bajo la cual se ejerce la actividad de prostitución puede ser directa y física, o indirecta, por ejemplo a través de presiones sobre la familia en el país de origen, y puede consistir en una coacción psicológica insidiosa;

 

U. Considerando que la Comisión, en su Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres (2010-2015), declara que «las desigualdades entre mujeres y hombres violan derechos fundamentales»;

 

V. Considerando que hay una enorme divergencia en el modo en que los Estados miembros abordan la prostitución, con dos enfoques fundamentales: un enfoque considera la prostitución como una violación de los derechos de las mujeres – una forma de esclavitud sexual- que da lugar y mantiene la desigualdad de género con respecto a las mujeres; el segundo enfoque sostiene que la prostitución promueve la igualdad de género al fomentar el derecho de la mujer a controlar qué desea hacer con su cuerpo; considerando que en ambos casos los Estados miembros tienen competencia para decidir cómo abordar la cuestión de la prostitución;

 

W. Considerando que, si bien existe una diferencia entre prostitución «forzada» y prostitución «voluntaria»;

 

X. Considerando que el asunto de la prostitución debe abordarse con una visión a largo plazo y según la perspectiva de la igualdad de género;

 

En base a las siguientes consideraciones, el Parlamento adopta -entre otros- los siguientes acuerdos, de entre los cuales se han seleccionado los más relevantes en orden al objeto que ahora nos interesa (la dimensión de género de la prostitución no forzada):

 

1. Reconoce que la prostitución, la prostitución forzada y la explotación sexual son cuestiones con un gran componente de género y constituyen violaciones de la dignidad humana contrarias a los principios de los derechos humanos, entre ellos la igualdad de género, y, por tanto, son contrarias a los principios de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluido el objetivo y el principio de la igualdad de género;

 

2. Señala que debe respetarse la salud de todas las mujeres, incluido el derecho a disponer de su cuerpo y a una sexualidad libre de coacción, discriminación y violencia;

  1. Hace hincapié en que la prostitución es también una cuestión de salud, puesto que tiene efectos perjudiciales en las personas que la ejercen, que tienen más probabilidades de sufrir traumas sexuales, físicos y mentales, ser adictas al alcohol y las drogas, perder el respeto por sí mismas y presentar un mayor índice de mortalidad que la población media; añade y destaca que muchos de los compradores de sexo piden sexo comercial sin protección, lo que incrementa el riesgo de efectos perjudiciales para la salud, tanto para las personas que ejercen la prostitución como para los compradores de sexo;

 

  1. Hace hincapié en que la prostitución forzada, la prostitución y la explotación en la industria del sexo tienen consecuencias físicas y sicológicas devastadoras y duraderas, incluso después de haber cesado la prostitución, para los individuos que se ven implicados en ella, especialmente niños y adolescentes, además de ser, a la vez, causa y consecuencia de la desigualdad de género y de perpetuar los estereotipos de género y el pensamiento estereotipado sobre las mujeres que venden sexo, como la idea de que el cuerpo de las mujeres y mujeres menores de edad está en venta para satisfacer la demanda masculina de sexo;

 

  1. Reconoce que la prostitución y la prostitución forzada pueden tener un impacto en la violencia contra las mujeres en general, ya que las investigaciones sobre los usuarios de servicios sexuales muestran que los hombres que pagan por sexo tienen una imagen degradante de la mujer ; sugiere, por consiguiente, a las autoridades nacionales competentes que la prohibición de comprar servicios sexuales vaya acompañada de una campaña de sensibilización de los hombres;

 

  1. Subraya que las personas prostituidas son especialmente vulnerables desde el punto de vista social, económico, físico, psíquico, emocional y familiar y corren más riesgo de sufrir violencia y daños que en cualquier otra actividad; destaca que se debe alentar, por lo tanto, a la fuerzas de policía nacionales a abordar, entre otras cosas, las bajas tasas de condena por violación de prostitutas; hace hincapié en que las personas prostituidas son asimismo objeto de oprobio público y están socialmente estigmatizadas, incluso si dejan de ejercer la prostitución;

 

  1. Atrae la atención sobre el hecho de que las prostitutas tienen derecho a la maternidad, y a criar y cuidar a sus hijos;

 

  1. Hace hincapié en que la normalización de la prostitución incide en la violencia contra la mujer; señala, en particular, que los hombres que compran sexo son más proclives a cometer actos sexuales coercitivos, así como otros actos de violencia, contra las mujeres y que, con frecuencia, muestran actitudes misóginas;

 

  1. Señala que entre el 80 y el 95 % de las personas que se prostituyen ha sufrido alguna forma de violencia antes de empezar a ejercer la prostitución (violación, incesto, pedofilia), el 62 % declara haber sufrido una violación y el 68 % sufre trastornos de estrés postraumático, un porcentaje similar al de las víctimas de tortura(26) ;

 

  1. Hace hincapié en que la normalización de la prostitución afecta a la percepción de los jóvenes de la sexualidad y de la relación entre hombres y mujeres;

 

  1. Subraya que no debe penalizarse a las personas que ejercen la prostitución y pide a todos los Estados miembros que deroguen la legislación represiva contra las personas que ejercen la prostitución;

 

29.Considera que una manera de luchar contra el tráfico de mujeres y mujeres menores de edad con fines de explotación sexual y de mejorar la igualdad de género es el modelo aplicado en Suecia, Islandia y Noruega (el denominado modelo nórdico), que se está estudiando en diversos países europeos, en el que el delito lo constituye la compra de servicios sexuales, no los servicios de las personas que ejercen la prostitución;

 

  1. Opina que considerar la prostitución como un «trabajo sexual» legal, despenalizar la industria del sexo en general y legalizar el proxenetismo no es la solución para proteger a las mujeres y las mujeres menores de edad de la violencia y explotación, sino que produce el efecto contrario y aumenta el riesgo de que sufran un mayor nivel de violencia, al tiempo que se fomenta el crecimiento de los mercados de la prostitución y, por tanto, el número de mujeres y mujeres menores de edad víctimas de abusos;

 

  1. Condena todo intento o discurso político basado en la idea de que la prostitución puede ser una solución para las mujeres migrantes en Europa;

 

  1. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a poner en marcha los medios y herramientas necesarios para combatir la trata y la explotación sexual y para reducir la prostitución, como violaciones de los derechos fundamentales de las mujeres, en especial de las menores de edad, y de la igualdad de género;

 

  1. Pide a los Estados miembros que transpongan en la legislación nacional lo antes posible, en especial en lo que respecta a la protección de las víctimas, la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JI del Consejo;

 

  1. Insta a los Estados miembros a que evalúen tanto los efectos positivos como negativos que la penalización de la compra de servicios sexuales tiene en la reducción de la prostitución y la trata de personas;

 

  1. Insta a la UE y a sus Estados miembros a que establezcan políticas de prevención específicas en materia de género en los países de origen de las personas prostituidas como consecuencia de trata de seres humanos, dirigidas tanto a los compradores de servicios sexuales como a mujeres y menores, mediante sanciones, campañas de concienciación y educación;

 

  1. Solicita a la UE y a los Estados miembros que adopten medidas para desalentar la práctica del turismo sexual dentro y fuera de la UE.

 

La relevancia de esta Resolución del Parlamento Europeo, a criterio de este juzgador, es obvia:

 

Aún cuando la misma carece, lógicamente, de eficacia normativa, sí reconoce al fenómeno de la prostitución, aún la no forzada, una dimensión de género absolutamente ineludible para el juez nacional, de la que no puede prescindir. Más concretamente, la primera manifestación, conforme ” la prostitución, la prostitución forzada y la explotación sexual son cuestiones con un gran componente de género y constituyen violaciones de la dignidad humana contrarias a los principios de los derechos humanos, entre ellos la igualdad de género, y, por tanto, son contrarias a los principios de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluido el objetivo y el principio de la igualdad de género” integra una valoración que, en aplicación de la LOIEHM 3/07 no puede ser soslayada en la resolución del presente pleito.

 

VII. Conclusión: inexistencia de obstáculo legal o de constitucionalidad para el reconocimiento de laboralidad en el caso enjuiciado, aún desde la obligada perspectiva de género.

 

Recapitulando: le corresponde a este magistrado dilucidar, constatada la concurrencia de los requisitos que conforman toda relación laboral y superado ya el posible obstáculo de la ilicitud de la causa y/o objeto del contrato, si en la relación de prostitución que debe enjuiciar puede apreciarse la concurrencia de lesión de derechos fundamentales que impida el reconocimiento de laboralidad. O -a la vista de la Resolución del Parlamento Europeo de 24.2.14- un mandato comunitario, desde la perspectiva de género, que impida tal reconocimiento.

 

Ciertamente, desde la posición de la única trabajadora comparecida y como ya se ha razonado, en ningún momento ha afirmado o denunciado -ni ella ni su letrada- que en la prestación de servicios sexuales por cuenta de la empresaria demandada viera vulnerados su libertad, su dignidad o el resto de sus derechos fundamentales.

 

Pero tal conclusión, por si sola, no agota el análisis. Este magistrado, de oficio, puede apreciar que en la prestación de los servicios sexuales que debe calificar concurre manifiestamente la vulneración de uno o varios derechos fundamentales, por mandato del art. 7 LOPJ. Y, además, la Ley Orgánica de Igualdad efectiva de mujeres y hombres (LO 3/07) establece que “la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas.”.

 

En razón de tal mandato interpretativo y aplicativo, este magistrado debe asumir el primer punto de 1a resolución del Parlamento Europeo de 26.2.14, conforme al cual no sólo “la prostitución forzada” sino la simple “prostitución”, y “la explotación sexual” “son cuestiones con un gran componente de género y constituyen violaciones de la dignidad humana contrarias a los principios de los derechos humanos, entre ellos la igualdad de género, y, por tanto, son contrarias a los principios de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluido el objetivo y el principio de la igualdad de género”.

 

Pudiera pensarse que, en congruencia con tan categórico pronunciamiento, ello le debiera determinar a desestimar el reconocimiento del carácter laboral de la relación de prostitución sometida a su consideración, atendiendo -además- al apartado 34 de la misma resolución, según el cual el Parlamento Europeo “Opina que considerar la prostitución como un «trabajo sexual» legal, despenalizar la industria del sexo en general y legalizar el proxenetismo no es la solución para proteger a las mujeres y las mujeres menores de edad de la violencia y explotación, sino que produce el efecto contrario y aumenta el riesgo de que sufran un mayor nivel de violencia, al tiempo que se fomenta el crecimiento de los mercados de la prostitución y, por tanto, el número de mujeres y mujeres menores de edad víctimas de abusos”.

 

Pero, precisamente por tratarse de una cuestión de género y por los derechos fundamentales que están implicados, considera este magistrado que en tanto el Estado Español -como ya han hecho diversos países comunitarios- no asuma el “modelo nórdico” de lucha contra la prostitución (recomendado en el apartado 29 de dicha resolución) no puede llegar a tal conclusión, por cuanto -paradójicamente- ello no haría más que agravar la situación, también desde la perspectiva de género, de las trabajadoras afectadas.

 

En efecto, siguiendo a la profesora Raquel Serrano, mientras el Estado Español siga ofreciendo cobertura legal al proxenetismo -vía reglamentación administrativa y despenalización aplicativa- sin ofrecer cobertura jurídica específica (específicos derechos) al ejercicio de la prostitución se agrava el atentado a la dignidad, a la libertad y la discriminación por razón de sexo.

 

En otras palabras: En tanto el Estado Español no asuma las recomendaciones de la indicada resolución en orden a la erradicación absoluta de todas las formas de prostitución, la actual situación de “alegalidad” y el no reconocimiento del carácter laboral de la relación no hace más que agravar enormemente la incuestionable lesión de la dignidad, la libertad y la igualdad que comporta toda relación de prostitución por cuenta ajena, para la inmensa mayoría de las mujeres que la ejercen.

 

Por ello, la conclusión a la que debe llegar este magistrado, asumiendo plenamente las consideraciones de dicha Resolución del Parlamento Europeo y precisamente por ser congruente con las mismas, con la tutela de los derechos fundamentales concernidos y desde la obligada perspectiva de género, es clara: en el actual marco regulador de la prostitución (regulación administrativa y despenalización aplicativa), habiendo quedado plenamente acreditado que las trabajadoras codemandas ejercían libremente, sin coacción y de manera no forzada, la prestación de servicios de prostitución por cuenta de la empresaria demandada, bajo su dirección y dependencia, no son de apreciar motivos de ilicitud penal ni de lesión de derechos fundamentales individuales que impidan el reconocimiento de laboralidad postulado por la TGSS y al que se ha allanado la trabajadora codemandada.

 

Por las razones expuestas, pues, debe ser íntegramente estimada la pretensión declarativa de la demanda.

 

DECIDO

 

Estimar la demanda de oficio interpuesta por TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL contra A, como empresaria, y contra las trabajadoras B, C i D en demanda en PROCEDIMIENTO DE OFICIO, y declarar que la relación existente entre la una y otras tiene o tuvo carácter laboral.

 

 

 

 

 

La prostitución por cuenta ajena es una profesión laboral

http://www.alfredogarcialopez.es/la-prostitucion-por-cuesta-ajena-es-una-profesion-laboral/

El ejercicio de la prostitución por cuenta ajena constituye relación laboral. La sentencia del Juzgado de lo Social nº 10 de Barcelona, de fecha 18 de febrero de 2015, dictada por el magistrado señor Agustí Maragall, es pionera al reconocer por primera vez el carácter laboral de la prostitución, abriendo la puerta a que se les reconozca por tanto derechos laborales.
De esta forma, se les podría reconocer el derecho a formalizar un contrato con el empresario para el que trabajen con la correspondiente alta en la Seguridad Social y el cobro de la prestación de desempleo.

La sentencia argumenta la inexistencia de obstáculo legal o de constitucionalidad para el reconocimiento de laboralidad, aún desde la obligada perspectiva de género.

La sentencia no es firme ya que se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), pero sienta jurisprudencia que podrá alegarse para reclamar por la vía judicial la equiparación en derechos con cualquier otro trabajador.La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) interpuso demanda contra la propietaria de un centro de masajes eróticos de Barcelona y tres empleadas de este local, en la que se instaba al Juzgado que declarase que la que la prestación de servicios de las trabajadoras codemandadas para la empresaria demandada tenía “carácter laboral”.

La empresaria demandada negó la concurrencia de relación laboral, alegando que las codemandadas ejercían su profesión por cuenta propia.

Una de las trabajadoras codemandadas se allanó a la demanda, afirmando el carácter laboral de la prestación de sus servicios.

La sentencia del Juzgado de lo Social estima la petición de la TGSS y concluye declarar que la relación existente entre la una y otras tiene o tuvo carácter laboral.

Comienza el magistrado señalando que la relación de hechos probados se ha establecido en base al acta de infracción levantada por la Inspección de Trabajo que ha originado la posterior demanda de oficio a cargo de la TGSS, plenamente corroborados en juicio.

Analiza posteriormente si concurren los rasgos esenciales de laboralidad, señalando las siguientes circunstancias que lo afirman:

  • Los servicios se ofrecían a través de una página web del centro de masajes propiedad de la empresaria demandada.
  • Las codemandadas prestaban sus servicios en su local, por cuenta y bajo la dependencia y organización de la misma.

Por ello el magistrado concluye que se dan los rasgos esenciales de una relación de carácter laboral “prestación voluntaria de servicios, retribución, dependencia y ajenidad en los frutos”; continua, “el único e importante obstáculo para la estimación de la demanda radica en el posible carácter ilícito del objeto del contrato, al tratarse de servicios de prostitución”.

Los juzgados y tribunales de lo social han negado categóricamente la posibilidad de que exista y pueda ser válido un contrato de trabajo que dé cobertura a las situaciones de explotación lucrativa de la prostitución, al considerar que para que el contrato de trabajo pueda reputarse válido es imprescindible que su objeto y causa sean lícitos.

  • Distinción jurisprudencial entre relación de alterne y prostitución:

El magistrado refiere haber realizado un análisis exhaustivo de la jurisprudencia para concluir que no existen precedentes jurisprudenciales que hayan reconocido como relación laboral la libre prestación de servicios de prostitución por cuenta ajena, aunque sí numerosos pronunciamientos que sí la han apreciado en la denominada “relación de alterne”.

  • Primer obstáculo al reconocimiento de laboralidad: la ilicitud de la prostitución libremente ejercida por cuenta ajena.

El magistrado argumenta que este obstáculo se fundamenta en los arts. 1271 y 1275 del Codigo Civil, ya que -según el primero- sólo se admitiría como “objeto de contrato todos los servicios que no sean contrarios a las leyes o a las buenas costumbres”, mientras que el segundo dispone que “Los contratos sin causa, o con causa ilícita, no producen efecto alguno. Es ilícita la causa cuando se opone a las leyes o a la moral”.

El art. 188.1 del Código Penal, incorpora en el delito, denominado “de determinación a la prostitución” también a la ejercida por cuenta ajena, a pesar del libre consentimiento.

Considera el magistrado sin embargo, que la evolución de la doctrina jurisprudencial de la Sala de lo Penal del TS y la aplicación de un criterio restrictivo en relación con tal delito de prostitución por cuenta ajena no coercitiva, conduciría a concluir que sólo cabría hablar del delito de “explotación laboral” cuando se detectan condiciones abusivas de trabajo.

  • Segundo obstáculo al reconocimiento de laboralidad: la posible lesión de derechos fundamentales y atentado a la dignidad de la persona.

El juez se refiere a una Resolución del Parlamento Europeo, Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género, que considera que toda prostitución (no sólo la forzada) tiene un gran componente de género y constituye una violación de la dignidad humana, pero argumenta que mientras España no erradique todas las formas de prostitución, el no reconocimiento de los derechos laborales agrava aún más la situación.

“Mientras el Estado español siga ofreciendo cobertura legal al proxenetismo –vía reglamentación administrativa y despenalización aplicativa– sin ofrecer cobertura jurídica específica al ejercicio de la prostitución se agrava el atentado a la dignidad, a la libertad y la discriminación por razón de sexo”, argumenta.

Por todo ello, el juez concluye que no hay obstáculo legal o de constitucionalidad para el reconocimiento de laboralidad en el caso enjuiciado, aún desde la obligada perspectiva de género, estimando la demanda del TGSS.

 

 

APDHA Sevilla: El Ayuntamiento de Sevilla “no tiene excusas” cuando identifica prostitución y trata

https://www.apdha.org/ayuntamiento-sevilla-no-excusas-cuando-identifica-prostitucion-y-trata/

 

Sevilla, 22 de septiembre de 2017-. Una vez más vuelve a ser noticia la campaña del Ayuntamiento de Sevilla, en esta ocasión por el Día Internacional Contra la Explotación Sexual y la Trata.

El 23 de septiembre es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Esta fecha fue instaurada por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas en 1999, como estrategia para sensibilizar sobre necesidad de luchar contra esta grave vulneración de derechos fundamentales. Este año, el Ayuntamiento de Sevilla ha decidido por su propia cuenta, añadir la prostitución a la celebración de este día, decidiendo de esta manera conmemorar el Día Internacional contra la Explotación Sexual, la Trata y, también en esta ocasión, la Prostitución. De esta forma, se apropia de un llamamiento acordado a través de una conferencia mundial para adecuarlo a sus propias políticas e intereses anti prostitución.

Y NO HAY EXCUSAS para ello. No sólo por el atrevimiento de esta apropiación, sino porque esta equiparación entre trata y prostitución no tiene ningún tipo de rigor objetivo, es fruto de un punto de vista sesgado y plagado de prejuicios morales, y lo que es aún peor, tiene graves consecuencias sobre las personas que ejercen la prostitución de manera voluntaria y supone una negación de su condición como sujetos de derechos.

Desde la delegación de Sevilla de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, insistimos en que no se puede legislar confundiendo trata con prostitución, porque no beneficia a las víctimas reales y supone una fuerte discriminación y vulneración de derechos para quienes la ejercen de forma voluntaria.

No hay excusas, legislar a través del acoso y criminalizar a los clientes no los resta, y solo favorece a la estigmatización de quienes ejercen el trabajo sexual. Desde APDHA, animamos al ayuntamiento a probar con campañas en positivo  por la educación, más que por la represión.

No hay excusas, y tenemos conocimiento que el propio Ayuntamiento de Sevilla reconoce en una evaluación tardía del Plan para Promover la Erradicación de la Trata, la Prostitución y otras formas de Explotación Sexual, que las medidas tomadas han llevado a la clandestinidad a las personas trabajadoras del sexo, suponiendo así, un agravamiento a su situación de marginalidad.

No hay excusas. Sin contar con las voces de las personas trabajadoras del sexo no se puede tener conocimiento de la realidad. El acoso invisibiliza, estigmatiza y provoca que se desplacen a zonas del extrarradio de la ciudad, más inseguras, o a esconderse en clubes de alterne o ‘salas de fiesta’ donde son más propensas a prestar los servicios para terceros, con condiciones precarias e infrahumanas, donde son más difíciles de atender y de detectar vulneraciones de derechos humanos.

No hay excusas para que la administración ataque a las personas que ejercen el trabajo sexual en la calle, las más visibles y vulnerables, mientras da la espalda y no atiende ni se preocupa por las condiciones de trabajo ni el cumplimiento de derechos laborales en clubes y empresas.

No hay excusas, no hay medidas o recursos efectivos suficientes para aquellas personas que quieran dejar de ejercer la prostitución. No basta con la realización de pruebas del VIH y el reparto de preservativos.

No hay excusas, establecer el miedo y la represión solo aleja a las personas que ofrecen servicios sexuales de las administraciones y las fuerzas de seguridad, por temor a ser estigmatizadas.

No hay excusas. Basta de criminalizar a las personas que libremente prestan servicios sexuales, porque sin dignidad no hay derechos.