En el quicio de La Merced: mercado sexual y regulación del espacio público

 

Por Luz Jiménez

11 de junio de 2019

En el quicio de La Merced: mercado sexual y regulación del espacio público

 

En días pasados la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México votó para suprimir las sanciones al ejercicio y la solicitud de servicios sexuales en las calles de la ciudad. Estas sanciones apenas habían sido propuestas en el artículo 27 de la nueva Ley de Cultura Cívica, publicada el pasado ocho de junio de 2019. Los debates abiertos sobre este nuevo intento de sancionar el comercio sexual en la ciudad, en los que favorablemente participaron los grupos de trabajadoras sexuales organizadas, enmarcan mi reflexión en torno a la regulación sexual del espacio público.

Para localizar mi análisis, retomo el caso del barrio de La Merced ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde se sitúa uno de los mercados sexuales callejeros más antiguos de la ciudad. En este espacio, altamente politizado y disputado, se han operado diversas normativas —administrativas y penales— de la mano de un conjunto de intereses económicos que se hicieron más evidentes a finales del siglo XX y principios del XXI, cuando el gobierno de la Ciudad de México inició el proyecto de “rescate integral” del Centro Histórico. Una de las acciones impulsadas para apoyar este proyecto económico fue el reforzamiento de la seguridad pública en la zona, que contribuyó a construir al Centro Histórico como un espacio “seguro” para la gentrificación y turistificación, es decir para la obtención de beneficios comerciales y financieros mediante la apropiación de los escenarios urbanos.

En este sentido, no fue casual que el desarrollo del proyecto de recuperación del Centro Histórico sucediera de manera paralela a la publicación, en 2004, de la antigua Ley de Cultura Cívica, en la cual se sancionaba administrativamente el acto de “invitar a la prostitución o ejercerla” con el objetivo explícito de vigilar el orden público y la convivencia urbana. Si bien el ordenamiento legal intervino en la creación y modificación del ordenamiento espacial, en tanto delimitó las áreas para la realización de transacciones sexo-económicas, éste se transmutó en un ordenamiento moral y sexual del espacio que contribuyó a expulsar a las trabajadoras sexuales de las zonas comprometidas con el proyecto de rescate urbano.

Ilustración: Patricio Betteo

Al igual que la recién publicada, la anterior Ley de Cultura Cívica fue criticada porque introdujo políticas represivas dirigidas a las trabajadoras sexuales de la calle, quienes viven de manera directa los efectos del capitalismo neoliberal, como la pobreza, el desempleo, la falta de acceso a servicios sociales y la flexibilización laboral. Pareciera que la normativa creada para regular el espacio público ha funcionado también como estrategia para justificar la inexistencia de políticas estatales de justicia social dirigidas a las personas que se dedican al comercio sexual callejero.

No obstante, la Ley de Cultura Cívica no es la única legislación cuyo efecto colateral ha sido la criminalización y discriminación de las trabajadoras sexuales de la calle. Esto también ha sucedido con la legislación relativa a la trata de personas y sus mecanismos de operación, que si bien tienen el objetivo de “rescatar, proteger y atender a las víctimas o posibles víctimas del delito”, han tenido efectos concretos en la organización espacial del mercado sexual de La Merced.

Durante los primeros años del siglo XXI, el barrio de La Merced transitó de ser considerado el corazón de la prostitución a ser construido discursivamente como uno de los focos rojos de la trata de personas, específicamente de la trata sexual de mujeres. Tanto en notas periodísticas como en declaraciones oficiales, La Merced fue representada ante la sociedad mexicana —y alrededor de todo el mundo— como el prostíbulo de América Latinael centro de la trata infantil y de mujeres de México o el mayor corredor de prostitución y trata de personas de América Latina.

Para atender la demanda de atención de la trata de personas, en el 2000 se elaboró el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, conocido como Protocolo de Palermo, que forma parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Este es el instrumento legal más importante a nivel internacional para combatir la trata alrededor del mundo en el que se establecieron los lineamientos para la elaboración de políticas institucionales dirigidas a su prevención, atención, sanción y erradicación.

En México, la legislación sobre trata de personas fue elaborada por primera vez en 2007, y desde su creación planteó una ambigüedad sobre lo que debe ser considerado prostitución forzada y otras formas de explotación sexual, ya que ninguna de éstas es definida en el Protocolo. No obstante, las disputas alrededor del comercio sexual como una forma de esclavitud sexual o como un trabajo que debe ser reconocido como tal, han enmarcado la producción de una narrativa dominante que subraya la no distinción entre comercio sexual y trata de personas, lo que ha contribuido a una mayor criminalización de las trabajadoras sexuales.

En el caso mexicano, la operación de la ley antitrata en el espacio de comercio sexual callejero de La Merced comenzó en 2007 con los primeros operativos realizados en los hoteles y cuartos acondicionados para la realización de las transacciones sexoeconómicas. El cierre de hoteles y otros establecimientos donde se realizaba comercio sexual en nombre del combate a la trata sexual de mujeres ha sido interpretado como una “cacería de brujas” para expulsar a las trabajadoras sexuales de zonas comprometidas con el rescate del Centro Histórico de la Ciudad de México, pues a partir de las acciones impulsadas por el gobierno local se han cerrado y procesado una cantidad significativa de inmuebles que podrían ser vendidos a particulares para obtener el dinero que supuestamente estaría destinado para resarcir el daño a las víctimas.

Esto se suma a que en 2012 la legislación anti trata en México se modificó para eliminar la noción de consentimiento, lo que trajo como efecto que todas las personas que se dedican al comercio sexual —así fuera de manera autónoma— fueran consideradas víctimas de trata. Estos cambios fortalecieron la mezcla discursiva entre el comercio de servicios sexuales autónomo y la trata sexual, convirtiendo a la organización del comercio sexual en un delito y a las personas que se dedican a éste automáticamente en víctimas.

En lo que va del siglo XXI, los efectos de las viejas regulaciones alrededor del comercio sexual en las calles de la Ciudad de México, junto con estas nuevas políticas anti trata creadas con el objetivo de proteger a las personas víctimas de este delito, han vulnerado el ejercicio de derechos de las mujeres que comercian servicios sexuales en el espacio público. Estas normativas han traído consigo una mayor clandestinización de los mercados sexuales que ha favorecido la ausencia de condiciones laborales adecuadas y justas; la obstaculización o imposibilidad de constituir sindicatos de trabajadoras sexuales o la organización política y social informal para exigir derechos del gremio; y el aumento de la criminalización del trabajo sexual.

Sin embargo, las trabajadoras sexuales organizadas también han desplegado diversas formas la apropiación, ocupación y uso de los espacios públicos donde se realiza comercio sexual callejero. Una muestra de esta resistencia frente a su criminalización y victimización fue la obtención en 2014, vía un litigio jurídico, de las licencias de trabajadoras no asalariadas para las mujeres que se dedican al comercio sexual callejero por parte de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México. Estas licencias certifican a las mujeres como personas que realizan su actividad laboral en la vía pública sin necesidad de que exista una relación formal obrero-patronal o que reciban un salario fijo, como los lustrabotas, los cuidacoches, los músicos callejeros.

En un contexto en el que se privilegia el aumento del número de mujeres situadas en los márgenes del sistema económico neoliberal, resulta necesario que el proyecto intelectual y político del feminismo se cuestione los efectos que tienen las normativas para regular el espacio público y la legislación antitrata —que promueve la confusión entre comercio sexual y trata—, en el ejercicio de derechos de las personas que comercian servicios sexuales en las calles. Estas estrategias represivas no solo buscan sacar del espacio público al comercio sexual, sino encapsularlo o incluso volverlo cada vez más clandestino, mas no abolirlo como supuestamente argumentan las feministas abolicionistas-prohibicionistas.

Este encapsulamiento y clandestinización impide que las trabajadoras sexuales sean reconocidas como sujetos de derecho e interlocutoras políticas, capaces de dialogar y definir estrategias que atiendan sus necesidades concretas y respeten su derecho a transitar y trabajar en el espacio público. En este sentido, comparto el llamado elaborado por el Grupo Latinoamericano de Análisis/Acción sobre los Mercados Sexuales (GLAMSex), a apoyar una petición en la plataforma Change.com  para que las y los diputados de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México y la Jefa de Gobierno tomen en cuenta las voces de las trabajadoras sexuales organizadas en la discusión sobre sus necesidades y demandas y en la definición de la legislación y las políticas orientadas al reconocimiento del trabajo sexual con total respecto a sus derechos humanos.

 

Luz Jiménez
Feminista. Doctorante en Ciencias Políticas y Sociales, orientación en Sociología, de la UNAM. Integrante del Grupo Latinoamericano de Análisis/Acción sobre Mercados Sexuales (GLAMSex).

 

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Ningún modelo en la práctica: ¿un “modelo nórdico” para responder a la prostitución?

 

 

Crimen, ley y cambio social.

Mayo de 2019, Volumen 71, Número 4, pp 423–439 | Citar como

 

 

 

  • Autores
  • Sarah Kingston
  • Terry Thomas

 

Primera publicación en línea:: 25 de octubre de 2018

https://link.springer.com/article/10.1007/s10611-018-9795-6

 

Resumen

El llamado modelo nórdico para responder a la prostitución ha sido considerado en los debates legislativos en toda Europa e internacionalmente, y algunos lo consideran la mejor práctica para combatir la trata sexual y se cree que apoya la igualdad de género. Sin embargo, cuando cuestionamos la utilización de las leyes de los países nórdicos por los encargados de hacer cumplir la ley, no se está implementando de acuerdo con la ley. Argumentamos que “todo lo que está ocurriendo es la transferencia de retórica e ideología” en estos países ((Stone Politics, 19 (1): 51-59, 1999) en 56). En este artículo, exponemos las grietas en el llamado modelo nórdico, desacreditando así la naturaleza “persuasiva” de un enfoque nórdico unificado de la prostitución. Nos basamos en la transferencia de leyes y en la literatura de derecho comparado para ilustrar los problemas y desafíos de la adopción ingenua de este llamado modelo, argumentando que esto puede llevar a una transferencia no informada, inapropiada e incompleta del modelo nórdico, que luego se convierte en una norma irritante. exacerbando los problemas que trata de resolver.

Introducción

Se ha afirmado que existe un modelo nórdico para responder a la prostitución después de que Suecia, Noruega, Islandia y Finlandia introdujeron una legislación que tipificó como delito la compra de sexo. Este modelo se ha considerado posteriormente como un enfoque político exitoso en muchos países internacionales y europeos, y ha llevado a algunas naciones a promulgar leyes similares. El enfoque adoptado por los países nórdicos se ha identificado como un enfoque de política “neo-abolicionista” a la prostitución [1]. Este enfoque considera que la prostitución es el resultado de la opresión de las mujeres por parte de los hombres y, por lo tanto, el enfoque de política legal que se toma se centra en la penalización de los clientes [2], ya que siempre se asume que son hombres. Este enfoque de política es identificado por algunos como la mejor práctica y, por lo tanto, se ha identificado como un enfoque de política progresivo a seguir internacionalmente. Su consideración generalizada en los debates sobre la prostitución legal y política demuestra la gravedad de un enfoque aparentemente coherente y unificado de la prostitución y que el modelo nórdico tiene importancia internacional.

Por lo tanto, no es sorprendente que otros países hayan buscado inspiración en este modelo. La ministra de Justicia e Igualdad de la República de Irlanda, la diputada Frances Fitzgerald, identificó el modelo como un enfoque a seguir al debatir el proyecto de ley de la República de Irlanda, antes de que se convirtiera en ley [3]. En Canadá, el modelo se discutió a lo largo de los debates parlamentarios antes de que la compra de servicios sexuales se convirtiera en un delito penal [4]. Más recientemente, en las presentaciones del Reino Unido presentadas al Comité de Asuntos Internos de la Cámara de los Comunes (2016), el Tercer informe sobre la prostitución identificó el modelo nórdico como un posible enfoque a seguir [5].

Sin embargo, cuando investigamos las leyes de prostitución de los países nórdicos y la utilización de estas leyes por parte de los encargados de hacer cumplir la ley, es evidente que las leyes no se están implementando. Por lo tanto, esto pone en duda la afirmación de que existe un enfoque unido y convincente de la prostitución. Más bien, la evidencia sugiere que los enfoques en estos países nórdicos son dispares, y que Noruega, Finlandia e Islandia enfrentaron muchos problemas y desafíos cuando adoptaron el enfoque de política adoptado por Suecia. En particular, los encargados de hacer cumplir la ley no utilizan y aplican la ley. En este sentido, afirmamos que “todo lo que está ocurriendo es la transferencia de retórica e ideología” en estos países nórdicos ([6] en 56).

En este artículo, realizamos una revisión sistemática de la implementación de la ley por parte de los países nórdicos para penalizar la compra de sexo. Nuestra contribución original a estos debates se basa en la transferencia de leyes y la literatura de derecho comparado, así como en la investigación académica que ha documentado los debates de implementación post-legislativa. Exponemos las grietas en el llamado modelo nórdico, desacreditando así la naturaleza persuasiva de un enfoque nórdico unificado de la prostitución. Iluminamos los problemas y los desafíos de la adopción ingenua de este llamado modelo, argumentando que esto puede llevar a una transferencia no informada, inapropiada e incompleta del modelo nórdico, que luego se convierte en una norma irritante, lo que exacerba aún más los problemas que trata de resolver. Por lo tanto, instamos a los gobiernos a que aprendan las lecciones de los problemas y desafíos de la adopción del modelo nórdico, en lugar de transferir el enfoque de políticas por razones puramente ideológicas.

Comenzamos el artículo examinando los antecedentes de la afirmación de que existe un modelo nórdico. Luego examinamos la importación internacional del modelo nórdico. Luego cuestionamos la implementación de estas leyes por parte de los encargados de hacer cumplir la ley, así como los problemas y desafíos asociados con la adopción del modelo. Finalmente, el artículo considera las razones por las cuales el modelo nórdico sigue teniendo importancia internacional y las implicaciones que esto tiene.

Antecedentes del modelo nórdico

Se ha sugerido que la introducción de un delito penal por la compra de servicios sexuales en Suecia, seguida más tarde por Noruega e Islandia, y parcialmente en Finlandia, significa un enfoque nórdico unificado de la prostitución [7]. Las afirmaciones de que existe un modelo nórdico se han identificado en los medios de comunicación, los debates políticos y los círculos políticos. La investigación del Comité de Asuntos Internos de la Cámara de los Comunes del Reino Unido (2016) sobre la prostitución ha generado presentaciones escritas que han identificado un modelo nórdico [5]. Las ONG y las organizaciones basadas en los derechos también han hecho referencia a la existencia de este modelo [8], y algunos grupos lo identifican como ‘un enfoque basado en los derechos humanos y la igualdad de género también conocido como el “modelo sueco”‘ ([9] en 1 ).

Este modelo a veces se conoce como el modelo sueco porque Suecia fue el primer país en introducir una legislación que creó un delito para la compra de sexo en 1999 [10]. La ofensa, según lo establecido en el Código Penal Sueco, Capítulo 6 s.11, lo convierte en un delito ‘cualquier persona que: obtiene relaciones sexuales casuales a cambio de un pago, es sentenciada por la compra de servicios sexuales a una multa o prisión que no exceda un año’ ‘[11]. La legislación en Suecia se introdujo para “actuar como un elemento disuasorio para quienes compran servicios sexuales, de modo que el número de compradores disminuya” ([12] en 1). El gobierno sueco creyó que:

Se considera que la prostitución causa graves daños tanto a las personas como a la sociedad en su conjunto. La delincuencia a gran escala, incluida la trata de personas con fines sexuales, las agresiones, la procuración y el tráfico de drogas, también suele asociarse con la prostitución … la penalización de la compra de servicios sexuales podría dificultar que varios grupos o individuos en otros países establezcan actividades más extensas actividades de prostitución organizadas en Suecia (ibid: ([12] en 1).

También se consideró que la existencia de la prostitución socavaba la posición de las mujeres en la sociedad y que la nueva ley enviaría un mensaje importante a nivel internacional:

es vergonzoso e inaceptable que, en una sociedad con igualdad de género, los hombres obtengan relaciones sexuales casuales con las mujeres a cambio de un pago y que Suecia, al introducir una prohibición en la compra de servicios sexuales, también envió una señal importante a otros países destacando nuestra perspectiva sobre la compra. Servicios sexuales y prostitución ([13] en 4).

Se creía que la ley “marca la actitud de Suecia hacia la prostitución”, ya que el gobierno cree que “no es un fenómeno social deseable” ([13] en 9). Se esperaba que esta actitud y enfoque de la prostitución serían adoptados por otros países y, como Levy ha afirmado:

Desde la introducción de la ley, Suecia ha realizado grandes esfuerzos para exportar la legislación, impactar e influir en el derecho, la filosofía política y académica y el debate a nivel internacional ([14] en 1).

El gobierno sueco realizó dos revisiones para demostrar la efectividad de las leyes y su implementación en la práctica después de diez años [13, 15]. La primera revisión comparó la prevalencia supuesta de la prostitución en Suecia con Noruega y Dinamarca antes de la introducción de la prohibición y concluyó que la prevalencia era tres veces mayor en Noruega y Dinamarca que en Suecia después de la prohibición [13]. La segunda revisión fue parte de un plan de acción del Gobierno contra la prostitución y la trata de personas con fines sexuales, y nuevamente concluyó que la demanda se había reducido [15], y que en general “la prohibición de la compra de servicios sexuales ha tenido el efecto deseado y es un instrumento importante para prevenir y combatir la prostitución y la trata de personas con fines sexuales ‘([12] en 1). La evaluación e implementación de la ley para prohibir la compra de servicios sexuales se consideró, por lo tanto, un éxito [16]. Después de implementar leyes similares en 2009, Noruega presuntamente presenció una reducción dramática similar en la prevalencia de la prostitución callejera [16] .1 Es esta emulación de política legal, así como la introducción de un delito similar en Finlandia e Islandia, 2,3 lo que ha llevado a algunos a afirmar que existe un modelo nórdico.

Importacion internacional

El éxito percibido del enfoque de la política nórdica ha llevado a otros países a considerar la transferencia al modelo nórdico. Los llamamientos a adoptar este modelo legal se deben a la creencia de que este enfoque aborda la desigualdad de género, la trata y la explotación. Por ejemplo, la eurodiputada Mary Honeyball y ponente de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo publicó un informe sobre la explotación sexual y la igualdad de género el 3 de febrero de 2014; Entre otras cosas el informe dice que:

Considera que la forma más eficaz de combatir la trata de mujeres y mujeres menores de edad para la explotación sexual y mejorar la igualdad de género es el modelo implementado en Suecia, Islandia y Noruega (el llamado modelo nórdico) [22].

Aunque la Unión Europea siempre ha dicho que las políticas y leyes sobre la prostitución están fuera de su competencia y que, por lo tanto, son un asunto para países individuales, todavía se han hecho intentos para aprobar leyes paneuropeas.4 Por lo tanto, se ha afirmado que hay un fuerte viento que sopla desde Suecia y otros países nórdicos:

Apoyo el modelo sueco (también utilizado en Islandia y Noruega), y he escrito un informe para el comité de mujeres del Parlamento Europeo que lo defiende. Hoy votamos el informe para que llegue al parlamento el próximo mes, enviando una fuerte señal de que el viento sopla en dirección de Escandinavia [23].

Los debates sobre políticas de prostitución internacional se han vuelto cada vez más interesados ​​en lo que se ha denominado el modelo sueco y nórdico. En Escocia y Luxemburgo, aunque los planes para adoptar este modelo fueron rechazados, el modelo sueco y nórdico se identificó en las discusiones políticas y durante las visitas realizadas a Suecia [24, 25, 26, 27, 28]. Este interés se demuestra mediante la introducción de leyes algo similares en Irlanda del Norte5 e Inglaterra y Gales6, donde se penalizó la compra de servicios sexuales de una prostituta sometida a la fuerza. En Francia, después de dos años de debate, el Senado francés introdujo la ley por la que la compra de sexo era un delito y el delincuente es responsable de una multa y otras sanciones [31, 32, 33, 34]. En las etapas de consulta de este proyecto de ley, una delegación de activistas, que formó parte de la Asamblea Nacional en Francia, estableció un grupo de trabajo que, entre otras cosas, realizó una visita a Suecia para comprender cómo se estaba implementando la ley y qué impacto La ley tenía sobre las trabajadoras sexuales [35]. En los debates parlamentarios franceses se reconoció que Finlandia, Noruega e Islandia habían seguido el modelo sueco y esta ley había cambiado las actitudes y comportamientos en estos países [35].

Otros países europeos, como la República de Irlanda, han mostrado sus intenciones de adoptar este enfoque legislativo. En junio de 2013, la Comisión de Justicia, Defensa e Igualdad del Parlamento irlandés emitió un informe en el que recomendaba una reforma de la legislación sobre la prostitución, con disposiciones que penalizan la compra de servicios sexuales [36]. El comité visitó Suecia para ver cómo funcionaba su ‘Ley de Compra de Sexo’ y recibió un gran apoyo para el enfoque sueco de los grupos de campaña en Irlanda.7 En 2017, Irlanda se convirtió en otro país que convirtió la compra de sexo en un delito penal .8 La ministra de Justicia e Igualdad, Frances Fitzgerald declaró en su discurso ante el Departamento de Justicia e Igualdad que “Irlanda será la séptima jurisdicción en introducir leyes dirigidas a la compra y despenalizar a quienes prestan el servicio sexual” ([3] en 1 ).

Al igual que con otros países, las preocupaciones sobre la trata parecen haber dado impulso a esta búsqueda. La ministra de Justicia e Igualdad, la diputada Frances Fitzgerald, declaró: “Mi principal preocupación, al presentar estas disposiciones, es reivindicar los derechos humanos de las personas objeto de trata con fines de explotación sexual”, la ley del comprador sexual dice que es “la más efectiva”. herramienta para prevenir y combatir la trata de seres humanos ‘([37] en 1). Teresa Whitaker, de la Sex Workers Alliance of Ireland , dijo que estos movimientos ignoran a las mujeres que deciden vender sexo y, a su vez, como “este movimiento está arrasando … en toda Europa, se ha convertido en una cruzada moderna” ([38] en 1).

La importación internacional del modelo nórdico sigue siendo considerada por otros países de Europa. Sin embargo, el grado en que existe un modelo nórdico coherente es cuestionable, sobre todo porque las leyes nórdicas operan en contextos diferentes y no están implementadas en la legislación existente o por los profesionales de la misma manera. Por lo tanto, el grado en que se puede afirmar que existe un modelo de política nórdica debe considerarse con cautela. Para examinar críticamente si existe un llamado modelo nórdico unificado entre los países nórdicos, la siguiente parte del artículo considerará estas leyes en su entorno regulatorio.

 Ningún modelo en la práctica: falla de implementación

Las afirmaciones de que existe un modelo nórdico deben verse con escepticismo cuando examinamos la implementación de los fundamentos de la ley en el entorno regulatorio. Aunque parece haber un argumento razonado de que existe un enfoque de política común para la prostitución, ‘una vez que interroguemos el entorno regulatorio, es probable que encontremos que las normas que realmente guían el trato diario son bastante diferentes a las reglas que se han logrado. La notoriedad en los libros de leyes ‘([39] en 199). De hecho, una vez que examinamos la implementación de la ley, es evidente que estos países nórdicos han experimentado problemas posteriores a la transferencia, cuando aquellos cuya función es aplicar la ley no lo hacen. Por lo tanto, el contexto en el que se transfiere una norma legal es fundamental para su implementación y adopción exitosas. Como explica Hage, el funcionamiento de los fundamentos de la ley depende de cómo los agentes legales lo utilizan en su trabajo. Y esto, a su vez, depende de la cultura general del país o región dentro del cual la ley y los agentes legales deben funcionar “([40] en 50). Por lo tanto, aunque se ha introducido una legislación para que sea un delito pagar por el sexo, no necesariamente se está implementando, lo que socava la afirmación de que en la práctica existe un “modelo” coherente.

Como resultado, Dolowitz y Marsh afirman que las transferencias de leyes pueden llevar al fracaso de la ley [41]. Sugieren que hay tres factores que pueden llevar al fracaso de la ley: transferencia no informada, transferencia incompleta y transferencia inapropiada. La primera, transferencia no informada, surge cuando un país toma prestada la ley de otro pero no tiene información suficiente sobre cómo funciona. La segunda, transferencia incompleta, se produce cuando no se transfieren los elementos clave de la ley. En tercer lugar, la transferencia inapropiada tiene lugar cuando el país prestatario pasa por alto o ignora los contextos económicos, políticos, sociales e ideológicos críticos. Zweigert y Kotz identifican que cuando se considera una transferencia de una ley de un país a otro, se deben hacer dos preguntas importantes: primero si ha resultado satisfactoria en su país de origen y, segundo, si funcionará en el país donde se ha propuesto adoptarla ‘([42] en 17). La siguiente parte del artículo, por lo tanto, examinará la ley en contexto para explorar si existe un modelo coherente en la práctica.

¿Transferencia no informada?

La adopción del enfoque sueco de la prostitución sin tener en cuenta la información suficiente sobre los efectos negativos podría llevar a la transferencia no informada de la política legal, ya que “si hubiera habido un análisis más exhaustivo … es probable que el gobierno se hubiera dado cuenta de algunos de los inconvenientes”. ‘([41] en 18–19). Una consecuencia de la transferencia mal informada de la política legal, podría llevar a lo que Teubner describe como un “irritante legal” [43], ya que “la transferencia intentada no solo fracasará sino que exacerbará aún más los problemas a los que se dirige una ley” ([44] en 228). Las investigaciones han demostrado que el enfoque sueco tiene una serie de consecuencias negativas que deberían ser consideradas por los países prestatarios, así como el impacto negativo que este enfoque ha tenido en otros países nórdicos.

Los efectos negativos del enfoque sueco han incluido el aumento de la vulnerabilidad de quienes venden servicios sexuales y de víctimas de la trata. Algunos incluso han afirmado que el gobierno sueco ignora y hace la vista gorda a los efectos negativos de la ley. Como dijo un entrevistado en el estudio de Levy, “no pensaron realmente en los efectos que esto tendrá en la vida de las personas”. Y aún cierran sus ojos y oídos ante el efecto que ha tenido “([24] en 64). En Suecia, se ha argumentado que, en lugar de reducir la explotación y el abuso, la ley ha hecho que las trabajadoras sexuales sean más vulnerables a la explotación [45]. Se ha demostrado que quienes venden servicios sexuales en la calle en Suecia tardan menos tiempo en negociar con los clientes, lo que reduce su capacidad para evaluar los riesgos potenciales [46]. Estudios previos en Suecia y el Reino Unido han demostrado que la aplicación de la ley puede llevar a la industria a la clandestinidad, lo que puede conllevar mayores riesgos tanto para las trabajadoras sexuales como para sus clientes mientras intentan evadir el procesamiento policial [47, 48, 49]. Del mismo modo, en Francia, las investigaciones de Le Bail y Giametta han demostrado cómo la penalización de los clientes en Francia ha incrementado los niveles de violencia y los riesgos que enfrentan quienes venden sexo y cambió la relación de poder en favor de los clientes que se sienten más capaces de hacer demandas e imponer condiciones [50].

Los efectos negativos de adoptar el enfoque sueco también se pueden observar en Noruega, donde el informe Pro Sentret indicó que la ley para penalizar a los clientes hace que las trabajadoras sexuales sean mucho más susceptibles a la violencia porque la industria del sexo se oculta aún más para evitar el enjuiciamiento penal [51]. Según este informe de 2012, el 59% de las participantes dijeron que habían experimentado violencia después de la introducción de la ley de compra de sexo ([51] en 4). Al responder al informe, la miembro del Parlamento del Partido Conservador, Anniken Hauglie afirmó que “la realidad es que la ley ha dificultado las cosas para las mujeres en la prostitución” [52]. En contraste, la investigación ha demostrado que la despenalización en Nueva Zelanda ha permitido a quienes venden sexo determinar qué servicios proporcionarán y cuáles no, a qué clientes prestarán servicios, así como a negociar prácticas sexuales más seguras [53]. Su posición legal significa que, cuando se producen casos de explotación, pueden llevar su caso a un tribunal de derechos humanos o mediante otros procesos legales [54].

Otro problema asociado con el enfoque sueco es la base de evidencia sobre la cual se ha racionalizado. Se ha sugerido que su introducción era necesaria para combatir la trata sexual. La creencia sostenida es que al reducir la demanda de prostitución, la trata sexual se reduciría. Esta es una suposición interesante cuando exploramos investigaciones realizadas donde la compra de sexo no está tipificada como delito, como en Nueva Zelanda, que encontró que solo el 4% de las trabajadoras sexuales encuestadas informaron que habían sido obligadas a trabajar [55]. En cambio, los críticos del modelo sueco han argumentado que la penalización de la compra de sexo en Suecia no ha conducido a una reducción en el alcance de la trata. Como la Alianza Global contra el Tráfico de Mujeres ha afirmado, “no hay pruebas de que criminalizar o penalizar de otro modo a los clientes de las trabajadoras sexuales ha reducido la trata de personas o el trabajo sexual” ([56] en 1). En cambio, la penalización de los clientes ha hecho que las trabajadoras sexuales sean más vulnerables a la explotación [45], y las víctimas de la trata de personas son más reacias a denunciar su explotación a la policía por temor a las represalias de los tratantes y por su inherente desconfianza hacia las autoridades. Además, en Finlandia, el sargento jefe Kenneth Eriksson afirma que la ley finlandesa es contraproducente ya que los clientes son disuadidos de reportar posibles evidencias de trata sexual y explotación a la policía, ya que ellos mismos temen el procesamiento penal ([57] en 28). A pesar de estas consecuencias negativas, un informe encargado por el Ministerio de Justicia de Finlandia indicó claramente su apoyo a una prohibición total de la compra de sexo (actualmente, en Finlandia opera una prohibición “parcial”). Su preferencia es seguir el modelo sueco, que se considera que tiene pocos problemas, es menos ambiguo y tiene poco impacto negativo en las trabajadoras sexuales [20].

La afirmación de que “la prohibición de comprar servicios sexuales ha reducido la demanda de sexo y, por lo tanto, ha contribuido a reducir el alcance de la prostitución en Noruega” ([58] 11), también se ha sometido a un examen crítico. Por ejemplo, aunque la investigación ha identificado que la prevalencia de la compra de sexo tiende a ser mayor en países donde la prostitución es legal, los autores también resaltan que es probable que las tasas de autoinforme sean más bajas en un país donde la prostitución es ilegal y esto explica por lo tanto estas tasas de prevalencia más bajas [59]. De hecho, las investigaciones han demostrado que en los países donde la prostitución es ilegal, la industria se oculta más a medida que los involucrados tratan de evitar ser identificados o procesados ​​por las autoridades [48, 60]. Una consecuencia de esto puede ser el “cambio espacial” donde la prostitución se desplaza a espacios menos visibles: gracias a los desarrollos tecnológicos, quienes venden sexo no abandonan la industria, sino que adaptan sus prácticas para evitar el procesamiento [61]. Por lo tanto, la aparente reducción de la prostitución es simplemente un reflejo de la invisibilidad de la industria desde espacios públicos o visibles.

El cambio espacial y el deseo de evitar el enjuiciamiento también pueden ayudar a explicar la investigación que ha identificado que en los países donde la prostitución es legal, las tasas de trata también son más altas [62]. Las investigaciones sobre clientes masculinos del sexo comercial han indicado su renuencia a reportar casos de posible explotación o abuso a las autoridades en el Reino Unido porque pueden enfrentar un proceso judicial [63]. Además, aunque la investigación realizada por Kotasdam y Jakobsson encontró que las tasas de trata sexual son más altas en los países donde la prostitución es legal, también reconocen que, en los países con una gran cantidad de recursos, las capacidades mejoradas de aplicación de la ley y los sistemas legales pueden estar en mejores condiciones para detectar y procesar la trata sexual [64]. La investigación también ha demostrado que algunas migrantes que venden servicios sexuales han reclamado su condición de víctima para obtener acceso a los recursos y evitar la deportación, lo que complica aún más los hallazgos de las tasas de prevalencia de la trata sexual [46, 65].

La ineficacia y legitimidad potencial del enfoque de política legal sueca o nórdica, sin embargo, no ha sido ignorada por otros países. Por ejemplo, en Luxemburgo, el gobierno luxemburgués rechazó un proyecto de ley que penalizaría la compra de sexo en 2014 porque se creía que la ley podría aumentar los peligros para las trabajadoras sexuales, ya que serían más propensas a trabajar solas si la ley era aprobada [28]. Según el eurodiputado luxemburgués Cécile Hemmen “No vamos a aplicar el modelo sueco u otro. En cuanto a la prostitución, la idea del gobierno es encontrar un enfoque adaptado a Luxemburgo ‘[66]. Del mismo modo, Dinamarca, país nórdico, no ha tipificado como delito penal la compra de sexo a pesar de las campañas de los grupos de mujeres y políticos para cambiar la ley [67].

Transferencia incompleta e inapropiada

La simple adopción de un modelo de otro país, porque parece funcionar, no tiene en cuenta los problemas sociales más amplios y, por lo tanto, puede no funcionar en otro país. La transferencia de leyes puede ser un proceso diverso y multifacético que puede estar plagado de muchos desafíos y problemas, y puede estar mediado por un contexto social, histórico, cultural particular. Canton y McFarlane argumentan:

Al igual que cada ley es única, diferentes áreas de la política pública plantean sus propios desafíos para la transferencia. Esto es cierto de la justicia penal. Hay variaciones considerables entre las diferentes naciones en sus puntos de vista sobre los orígenes del crimen y sobre cómo el Estado y la comunidad deben responder a los delincuentes … Cada vez se reconoce más que la trayectoria del desarrollo de leyes de justicia penal depende de una amplia gama de normas, leyes y políticas económicas e influencias sociales, culturales y emocionales, interactuando entre sí de manera incierta ([68] en 1-2).

Los problemas que puede la transferencia de políticas legales pueden incluir “organización económica”, “diferencias en contextos institucionales políticos”, “el papel desempeñado por los medios de comunicación” y “un conjunto particular de ‘rasgos culturales’” ([69] en 442 –3). Como argumentan Stenson y Edwards, “si se debe evitar la emulación ingenua de leyes, se debe prestar mayor atención … al concepto de “filtro social”([44] en 228). De hecho, el intento de adopción del modelo nórdico puede ser rechazado por la nación anfitriona debido a su incompatibilidad con los valores sociales y culturales de ese país. Esto se observó en el Reino Unido cuando los acuerdos de Estados Unidos de acceso abierto al registro de delincuentes sexuales, conocido como ‘Notificación a la Comunidad’ (o ley de Megan) fueron rechazados en el parlamento en 1997. Como Alun Michael (por la oposición) afirmó ‘Podemos aprender algunas lecciones de los Estados Unidos [pero] … nuestra cultura, ley, servicio de policía y otros servicios son diferentes ‘[70].

Muchos estudios legales comparativos han demostrado que las leyes transferidas o copiadas no han funcionado debido a la resistencia a la plena aplicación de la ley o debido al incumplimiento por parte de los legisladores o los encargados de hacer cumplir la ley [39]. Utilizando el ejemplo del mercado de consumo en Europa y las crecientes directivas de armonización del mercado para los consumidores, Brownsword describe cómo “aunque se pueden copiar las directivas, no se copian en la práctica de la misma manera” ([39] en 198 ).

Por lo tanto, los problemas con la implementación del modelo nórdico también pueden ocurrir después de la transferencia cuando aquellos cuya función es utilizar la ley no lo hacen porque no pueden, no quieren o son ineptos. A pesar del enfoque legal de la aplicación de la ley centrada en los clientes en Francia, quienes venden sexo son aún procesadas con más frecuencia ​​y enfrentan la intimidación y amenazas de la policía [50]. En Suecia, a pesar de que la venta de sexo no es un delito penal, las investigaciones han demostrado la manera parcial y discriminatoria en que la policía responde y trata con quienes venden servicios sexuales [71]. La creencia de que una persona que vende servicios sexuales no puede ser violada fue expresada por los oficiales de policía en la investigación de Levy en Suecia [14], y se hizo eco en una investigación en Inglaterra [72]. En Inglaterra y Gales, Kingston y Thomas descubrieron que la policía no estaba usando la ley parcial que penalizaba a los hombres por comprar servicios sexuales a mujeres víctimas de trata. La policía no pudo detectar si una trabajadora sexual era víctima de explotación o coerción porque la ley tampoco es necesaria, la policía no recibió la capacitación adecuada para identificar a las víctimas o debido a la incapacidad / falta de voluntad de las trabajadoras sexuales para denunciar su victimización a la policía [ 73]. Por lo tanto, aunque la falta de pagar por el sexo puede ser procesada, aquellos cuya función es hacer cumplir esta ley, la policía, no lo están haciendo.

De manera similar, en Noruega, a pesar del éxito aparente de los grupos de activistas para lograr un cambio en la ley, los críticos han argumentado que ha habido una falta de apoyo político a la ley y la consiguiente falta de implementación de la legislación por parte de la policía [74] . En septiembre de 2013, los partidos políticos noruegos como el Partido Liberal (Venstre), el Partido Conservador (Høyre), el Partido del Progreso populista de derecha (Fremskrittspartiet) y el Partido Verde (Miljøpartiet de Grønne) hicieron todo lo necesario para revocar la Ley de Compra de Sexo. Durante su campaña electoral [74]. Stø y Håland afirmaron que faltaba apoyo político para que la ley penalizara a los clientes ([74] en 4). Como afirman:

Nunca podríamos haber imaginado cuán fuerte sería la oposición a la Ley de Compra de Sexo de Noruega cuando se implementó por primera vez el 1 de enero de 2009: por parte de la policía, que apenas la aplica; por los políticos, que han hecho de levantar la prohibición parte de sus promesas electorales; y por los medios de comunicación, que proporcionan una plataforma para los opositores de la ley y para quienes elogian la prostitución… No es ningún secreto que se implementó la Ley de Compra de Sexo contra la voluntad de los líderes del Partido Laborista y del Partido de la Izquierda Socialista. El ministro de Justicia en ese momento, Knut Storberget, era un fuerte opositor a la nueva ley y al que estaba dispuesto a implementarla. Sabiendo esto, puede que no sea una sorpresa que la ley se haya aplicado de manera muy relajada.

En Islandia, Stø y Håland informan que el movimiento feminista todavía está luchando para que la policía utilice la ley contra los compradores de servicios sexuales [74]. Un grupo clandestino llamado “Stóra Systir” (“Big Sister”) publicó anuncios falsos en sitios web como einkamal.is, mypurplerabbit.com., Raudatorgid.is y publicó anuncios clasificados que ofrecían “masajes” en el diario Fréttabladid. Obtuvieron los nombres de 56 hombres, 117 números de teléfono y detalles de 29 correos electrónicos de hombres que habían mostrado interés en comprar servicios sexuales durante un período de tres semanas. El grupo afirmó que habían decidido tomar medidas y exponer a los hombres debido a la inacción de la policía [75].

En Suecia, del trabajo de Levy se desprende claramente que hay muchos profesionales que no apoyan la ley sueca y han criticado duramente la evaluación de la ley por parte del gobierno sueco [14]. Como afirmó un participante de su estudio, “con mucho es la peor mierda que he leído entre los informes comisionados … es extremadamente pobre y está lleno de contradicciones e inconsistencias” ([14] en 55). El Instituto Sueco también ha reconocido la evidencia de la falta de apoyo a la ley y la división en la opinión pública en Suecia, quienes afirman que:

A pesar de la posición oficial, todavía hay un debate en Suecia sobre las actitudes hacia la prostitución. Quienes defienden la prostitución argumentan que es posible diferenciar entre prostitución voluntaria y no voluntaria, que los adultos deberían tener el derecho de vender libremente y comprar sexo libremente, y que la prohibición de la compra de servicios sexuales representa una posición obsoleta basada en la moralidad sexual ([13] en 5).

Al igual que con las leyes que se instauran, su implementación por parte de los profesionales no es automática. Esto se puede ver muy claramente en el caso de la Ley de delitos y trastornos del Reino Unido de 1998 (ss. 14 a 15) que permite a las autoridades locales solicitar órdenes de toque de queda locales para niños menores de 10 años en áreas específicas. Posteriormente, ninguna autoridad local en Inglaterra y Gales ha tratado de usar este poder. Se podría argumentar que la adopción y transferencia del enfoque de la política legal sueca fue una forma de “transferencia coercitiva” ([76] en 344), y ha resultado en un “fracaso de implementación” ([41] en 21). Como no hay apoyo para su introducción en algunos países, se ha producido un fallo en su implementación por parte de los profesionales. Estos debates de implementación posteriores a la transferencia evidentemente resaltan la utilización fragmentada, inconsistente e incoherente de la ley por parte de los encargados de hacer cumplir la ley y la falta de apoyo por parte de otros profesionales. Como resultado, la función de la ley no se pone en práctica.

Discusión

La transferencia de políticas legales y públicas sigue siendo vista como una estrategia útil a emplear y se afirma que su uso ha crecido en el contexto de los avances en la tecnología que ha permitido la comunicación internacional y el aprendizaje mutuo mucho más fácil [41]. En un mundo cada vez más interconectado y dependiente, puede que no sea sorprendente que hayan surgido políticas globales para abordar problemas como las presiones económicas mundiales, ya que los responsables de legislar van a otras naciones para ver cómo funcionan las leyes, los procesos y las instituciones para enfrentar los problemas sociales. Como lo sugieren Zweigert y Kotz, “el aislamiento nacional está en decadencia” [42].

La influencia de los “procesos de política global” en el desarrollo de la política de prostitución no es nada nuevo, ya que Skilbrei y Holmstrom señalan que los países no son circuitos cerrados en los que se hacen leyes [7]. “Copiar”, la política de otro país y “promulgar un programa más o menos intacto” ([77] en 27) no se limita a la ley de prostitución; se ha observado en muchas áreas de la reforma del bienestar, la justicia penal y la política pública [41, 76]. Esto ha llevado a algunos a argumentar que es un “fenómeno en crecimiento” ([41] en 5). Su existencia también se ha documentado en áreas de control de delitos, y se puede observar en áreas como “correcciones privatizadas, vigilancia de”tolerancia cero” y sentencias de “tres huelgas”([78] en 129); estrategias de lucha contra el terrorismo [79]; y la justicia juvenil [80]. Asimismo, la transferencia de políticas legales ha sido bien documentada dentro de Europa. De hecho, Zweigert y Kotz han sugerido que “la armonización de las leyes … tiene un significado cada vez mayor” ([42] en 24).

Por lo tanto, es probable que seamos testigos del continuo interés internacional en adoptar el modelo nórdico. No solo por el papel fundamental que los grupos feministas continúan desempeñando en las discusiones políticas internacionales sobre la prostitución. La desigualdad de género, los derechos de las mujeres y las preocupaciones sobre la trata sexual a menudo han constituido la razón para que los países consideren la adopción del enfoque nórdico. De hecho, en Noruega, Finlandia e Islandia está claro que los grupos feministas hicieron campaña en los respectivos gobiernos para penalizar la compra de sexo y estas iniciativas tuvieron éxito. En Noruega, las campañas de grupos feministas, como el Frente de Mujeres de Noruega y otros grupos como la Confederación de Sindicatos de Noruega, trataron de persuadir al gobierno noruego durante muchos años de que legislara para hacer que la compra de sexo fuera ilegal [81]. La influencia de los grupos de activistas también se puede ver en Islandia, cuando la primera ministra Jóhanna Sigurðardóttir afirmó que Islandia había seguido el camino sueco para hacer que la compra de sexo fuera ilegal, después de una campaña de nueve años de duración del movimiento de mujeres y parlamentarias ([82 ] a las 8). Sigurðardóttir explicó más tarde:

Llevó aproximadamente diez años aprobar una ley en el Parlamento para prohibir la prostitución o, más bien, pagar favores sexuales. Esto se debió a un gran esfuerzo de los movimientos de mujeres de los partidos políticos y también al fuerte apoyo de un grupo que lucha contra la violencia sexual. Las encuestas de opinión pública también mostraron que la mayoría de la población islandesa quería que se aprobara esta ley, ya que el 70 por ciento quería prohibir la prostitución. Esta fue una legislación muy importante y detener la trata de personas fue una motivación clave detrás de esta lucha ([83] en 1).

Posteriormente, Islandia prohibió los clubes de striptease en 2010, lo que llevó a algunos a afirmar que Islandia era el “país más feminista del mundo” ([84] en 1).

En los Estados Unidos, los grupos feministas han hecho campaña contra la legalización de la prostitución durante muchos años, argumentando que es una forma de violencia contra las mujeres y que los clientes son “malvados” [85]. Del mismo modo, en el Reino Unido, la campaña de grupos como Object Now ha hecho campaña al gobierno durante muchos años para avanzar hacia la creación del delito de pagar por sexo y no limitar el delito a quienes pagan por tener relaciones sexuales con alguien que es obligado o forzado.

En el momento de redactar este informe, la investigación del Comité de Asuntos Domésticos de la Cámara de los Comunes del Reino Unido (2016) sobre la prostitución y la investigación del Ministerio del Interior en este campo aún están en curso. La investigación del Comité, entre otros términos de referencia autoimpuestos, buscaba discutir si las sanciones penales en relación con la prostitución deberían seguir afectando más a quienes venden sexo, en lugar de a quienes lo compran. De las pruebas escritas enviadas a la investigación ya se desprende claramente que el modelo nórdico se presenta como una posible forma de avanzar. La investigación también ha identificado en sus términos de referencia el reconocimiento de la prostitución por parte del Servicio de Prosecución de la Corona como violencia contra las mujeres. Al igual que con la retórica ideológica evidente en los debates políticos nórdicos, las preocupaciones sobre la trata sexual, la desigualdad de género y la posición de las mujeres en la sociedad parecen haber alimentado este enfoque sobre aquellos que compran sexo, pero específicamente en los hombres.

En esta etapa, se podría sugerir que Inglaterra y Gales se encuentran actualmente en una fase de aprendizaje de lecciones sobre la transferencia de leyes, ya que el Ministerio del Interior ha reconocido algunas de las desventajas de los diferentes modelos de leyes de prostitución. El aprendizaje de la lección se describe como aprender de las posibles consecuencias negativas de adoptar una ley y, por lo tanto, el cambio institucional no siempre tiene lugar [76]. Sin embargo, también se podría sugerir que Inglaterra y Gales ya han adoptado un enfoque híbrido, similar a Finlandia, cuando introdujo el s.14 de la Ley de Policía y Crimen de 2009. Esta ley hizo un delito de pagar los servicios sexuales de una prostituta que ha sido objeto de conducta explotadora; esta ofensa es una de “responsabilidad estricta”. Investigaciones anteriores ya han identificado la no implementación de esta ley por parte de los encargados de hacer cumplir la ley [73]. Por lo tanto, instamos a la Oficina central a realizar más investigaciones sobre el uso de esta ley existente antes de considerar si se debe introducir una prohibición total en la compra de servicios sexuales para evitar una transferencia no informada, inapropiada e incompleta.

Observamos con interés las deliberaciones y recomendaciones que se presentarán y la respuesta del gobierno del Reino Unido a su debido tiempo. Aunque se ha demostrado que no existe un modelo nórdico coherente, la importación internacional del supuesto modelo nórdico continúa a medida que los países buscan en estas naciones una solución legal a la trata sexual y a la desigualdad de género y una reducción general de la prostitución. Sin embargo, si los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley utilizarán una ley para penalizar la compra de sexo requiere una mayor consideración, ya que, si no se hace, esto puede llevar a una transferencia no informada del modelo nórdico y, por lo tanto, a una transferencia incompleta por parte de los profesionales.

 Conclusión

Los comentaristas han sugerido que la adopción del modelo sueco por Islandia, Finlandia y Noruega demuestra la existencia de un modelo nórdico para lidiar con la prostitución. Aunque hay diferencias entre las leyes en estos países nórdicos, las leyes siguen desempeñando la misma función: que la compra de sexo es un delito penal. En este sentido, Noruega, Finlandia e Islandia han emulado el enfoque de política legal adoptado en Suecia, conservando la funcionalidad de la ley pero haciéndolo de formas ligeramente diferentes [77]. Sin embargo, cuando comenzamos a examinar estas leyes en su entorno regulatorio, comenzamos a ver que la función de la ley no está totalmente cumplida; socavando así la afirmación de que existe un modelo nórdico coherente.

Este artículo ha demostrado que existe un modelo nórdico en la ley pero que no se está implementando, ya que aquellos que están asignados para implementar la legislación no lo están haciendo y no apoyan la ley, socavando la afirmación de que existe un modelo coherente. En cambio, argumentamos que las variaciones en el entorno regulatorio de estos países nórdicos no se tienen en cuenta cuando se afirma que existe un modelo nórdico. Más bien, lo que hemos visto es que hay un fuerte apoyo político para la tipificación como delito penal porque se cree que eso ayuda en la lucha contra la trata sexual y la desigualdad de género en general, pero hay falta de voluntad o capacidad para implementar esta ley. Claramente entonces, ‘las reclamaciones de leyes y prácticas de transferencia deben ser tratadas con cierto escepticismo si todo lo que está ocurriendo es la transferencia de retórica e ideología’ ([6] en 56).

El artículo también ha demostrado las razones por las cuales el modelo nórdico no está funcionando. Primero, el modelo nórdico no reduce la demanda, la trata sexual, la violencia o la explotación. Más bien, actúa como una ley irritante que exacerba estos problemas. El modelo tampoco contribuye a la igualdad de género, porque la base de evidencia en la que se basa el enfoque de la ley no reconoce la investigación que muestra que las mujeres y las parejas pagan por sexo y que los hombres y las personas trans venden servicios sexuales [86]. Si los países prestatarios tampoco consideran estos temas, afirmamos que esto se traduce en una transferencia no informada. Finalmente, la falta de implementación de la ley por parte de los encargados de hacer cumplir la ley resulta en una transferencia incompleta e inadecuada debido a la falta de apoyo a la ley por parte de los profesionales y la falta de implementación. Estas grietas identificadas en el modelo nórdico, aparentemente unificado y coherente, como su nombre sugiere, por lo tanto socavan su capacidad de persuasión. Por lo tanto, instamos a los países a que aprendan lecciones de los problemas y desafíos de la adopción del modelo nórdico que se han documentado aquí.

 

Notas al pie

 

  1. 1. El Código Penal Civil General de Noruega se modificó en 2009 con una nueva Sección 202a que “en efecto penaliza (ed) la compra de actividad sexual o un acto sexual” ([17] en 1).

 

  1. 2. La sección 8 del Código Penal de Finlandia tipificó como delito comprar sexo a una persona explotada o obligada a ejercer la prostitución en 2006 [18]. Bajo este delito, una víctima se define como alguien que está “controlada para obtener ganancias” o es una víctima de trata [18, 19]. Esta prohibición parcial surgió como un compromiso después de intensos debates parlamentarios en los que el modelo sueco fue considerado como un enfoque para su promulgación en Finlandia [20].

 

  1. 3. En 2009, Islandia modificó su Código Penal para incluir el delito de pagar por servicios sexuales. El Código Penal lo convierte en un delito: “Cualquier persona que pague, o se comprometa a pagar o prestar consideración de otro tipo, por prostitución será multada o encarcelada por hasta 1 año” (Capítulo XXII. [Delitos sexuales], Ley 40 / 1992, Art. 12, citado en [21]).

 

  1. 4. Véase, por ejemplo, un intento de aprobar una moción para una resolución de conformidad con la Regla 120 del Reglamento por el eurodiputado italiano Lorenzo Fontana en julio de 2013 sobre la implementación de un marco común para gestionar y regular la prostitución (B7–0372 / 2013, 18.7 .2013).

 

  1. 5. El artículo 64A de la Orden sobre delitos sexuales de 2008, enmendado por el Proyecto de ley sobre la trata y la explotación de personas [29].

 

  1. 6. s.14 La Ley de Policía y Delincuencia de 2009 [30].

 

  1. 7. Ver por ejemplo http://www.turnofftheredlight.ie/).

 

  1. 8. La Ley de Derecho Penal (Delitos Sexuales) de 2017, Parte 4, sección 25, modificó la Ley de Derecho Penal de 1993 mediante la inserción de S.7A Pago, etc., por la actividad sexual con una prostituta.

 

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¿ES ÉSTE EL ABOLICIONISMO QUE QUIERO?

Publicado 6th February por ambar il

https://supervivientesdeprostitucion.blogspot.com/2019/02/es-este-el-abolicionismo-que-quiero.html

 

 

Me llamo Ambar. Soy superviviente de trata y prostitución. Como tal soy muy consciente de los condicionantes que me llevaron a entrar en esa espiral, (en mi caso los abusos sexuales que sufrí en mi infancia), y de todo lo que implicó en mi vida.
Y por ello quiero la abolición de los condicionantes que llevan a la prostitución.

Precisamente por haberla vivido durante tantos años, también soy consecuente y reconozco la que era mi realidad en esos momentos (y la que es ahora), lo que hubiera necesitado (y necesito), y lo que me perjudicó (y perjudica) basándome en ella, en esa y en esta realidad.

Este abolicionismo que llevo viendo, escuchando y leyendo desde hace dos años, cuando empecé a romper el silencio acerca de esta etapa de mi vida en la prostitución, no aborda como propuesta abolicionista uno de los grandes condicionantes previos de entrada a la prostitución, para muchas niñas y mujeres, incluso para muchos chicos y trans: la prevención de los abusos y agresiones sexuales en la infancia, entre otros.
Y sí, siempre he sido muy crítica con ello. Siempre.

Este abolicionismo también quiere perseguir el proxenetismo y la trata, esto es genial y lo aplaudo porque hay que prohibir, condenar y erradicar ambas.
Pero no aplaudo el que quiera sancionar y multar al putero, al menos no como está ahora la situación de la prostituta (escasez de prevención, de ayudas y alternativas), y sin estudiar previamente donde aplicar esta medida.

Si eres o has sido puta sabes perfectamente que la persecución al putero implica en muchos casos la persecución a la prostituta. Por eso creo necesario estudiar en que ámbito aplicar esta penalización.

Ni a mi ni a muchas otras mujeres nadie nos ayudó a no acabar en ello previamente. Tampoco hasta ahora, nadie nos ofreció ni ofrece alternativas de salida. Nadie nos ayuda a reconstruir nuestra vida después, cuando, quieres o consigues salir SOLA de esa espiral.

Entonces, me planteo, que si mi realidad en ese momento era esa porque no tenía, porque no quería otra, ¿qué pasa si lo único para lo que me habían hecho creer que era válida y que era lo único que quería o me veía capaz de hacer, con lo que sobrevivía y vivía, fuera perseguido por la policía y tuviera que esconderme más aún para hacerlo?

Como puta, ¿en que me solucionaría la vida que se multe al putero? Ni estando explotada por proxenetas, porque probablemente en muchos casos como también me ocurrió a mi, no queda otra opción que “elegir” ser explotada sexualmente por terceros, (porque no tienes ni derecho a alquilarte una vivienda ni a ser sujeto social ni de derecho), voy a ver alternativas, ni ayuda de ningún tipo porque NO las hay, o son muy escasas y/o están mal enfocadas.

La multa al putero estaría bien si fuera rodeada de medidas REALES, preventivas antes de llegar a ello, para que se evitara que niñas, mujeres, trans, acabaran en la prostitución. Educación sexual y emocional en las escuelas. Medidas de apoyo y protección a la prostituta cuando ya estuvieras en ella. No criminalizarlas y convertirlas en objetivos de una caza de brujas.
Alternativas de salida y ayudas factibles para reconstruir tu vida.
En definitiva, repito, ayuda a la prostituida y prostituta antes, durante y después.

Pero por ahora no es así. Esta solución en concreto que propone el abolicionismo puede perjudicar más que beneficiar.

Me pregunto también si el dinero incautado a los puteros va destinado a las prostitutas.

¿El estado qué hace con el dinero de las supuestas multas? ¿Es una ayuda directa a las putas? Ya te digo yo que no. Intermediarios de por medio, a la prostituta le llega poco o nada. ¿No es acaso esto proxenetismo también?
Teniendo en cuenta que si lo multas a él y a mi me sigues dejando tirada y olvidada antes, durante y después, ¿que coño hago yo con mi vida si no veo ni tengo otra salida? ¿Alguien se plantea esta cuestión? ¿Los países se plantean esta cuestión?

Pienso que la abolición debería llevarse a cabo de manera natural, progresiva, no a golpe de multas. Con políticas fuertes de prevención de los condicionantes previos, TODOS, con educación emocional y sexual, con medidas reales y efectivas por parte del estado, de ayuda a las prostituidas y prostitutas, no revictimizándolas, precarizándolas y marginándolas más, como ocurre en muchos casos y en los que, como ex-prostituta me incluyo.

La abolición debería abordarse, junto con la persecución y condena de proxenetas y la explotación sexual, de la mano sobretodo de nosotras, las propias prostitutas y ex-prostitutas.
Siendo coherentes TODAS con las realidades de nuestras historias y con la realidad de lo que implica la prostitución y eso sí, pidiendo y pudiendo ser escuchadas TODAS por igual, no castigando ni silenciando a las que su realidad no coincide con la que se quiere oír.
Tendiendo puentes y encontrando puntos en común por los que luchar al unísono en favor del eslabón más débil, la prostituta, para que no tenga que llegar a ello y si llega, protegerla y ayudarla a salir si así lo desea.
No abandonarla antes, durante y después como está ocurriendo ahora.

En conclusión, soy plenamente consciente de que mis palabras a lo mejor no gustarán a algunos sectores del feminismo y/o del abolicionismo, pero estoy cansada de toda una vida sometida y violentada por unas circunstancias o por otras, por unas personas o por otras.
Cansada de no poder decir lo que pienso o como lo siento desde la propia experiencia porque al final tu vida es eso, tu vida, tu historia y nadie quiere ni va a ponerse en tu lugar, ni para lo bueno, ni mucho menos para lo malo.

Ámbar IL.

 

Publicado 6th February por ambar il

 

Barcelona es también sus trabajadoras sexuales

Por Miquel Missé

Sociólogo, activista trans y miembro del Eje de Feminismos y LGTBI de Barcelona en Comú.

11 de mayo de 2019

https://blogs.publico.es/otrasmiradas/20144/barcelona-es-tambien-sus-trabajadoras-sexuales/

 

Muchas personas piensan que no vale la pena responder a una nueva provocación del movimiento abolicionista, que eso les da más bombo, que no es estratégico. Pero a pesar de eso algunas y algunos activistas de Barcelona hemos decidido que sí, porque nos hemos hartado de la impunidad de su beligerancia y de la complicidad que suponen nuestros propios silencios. Cuando hace unas semanas leímos que un convoy de activistas abolicionistas venía hoy, 11 de mayo, en procesión desde lugares distintos del Estado a nuestra ciudad, anunciando que se pasearían por las calles donde se ejerce el trabajo sexual a decirle a nuestras vecinas que ser puta no está bien y que hay que hacer desaparecer esa lacra de nuestras calles, alguna gente decidimos decir basta. Definitivamente basta.

Las trabajadoras sexuales son nuestras vecinas, son parte de nuestra comunidad, son nuestras amigas, son a veces nuestras hermanas, nuestros compañeros de piso, son las otras madres del parque o las que se manifiestan por otras causas. Son también esta ciudad, una ciudad que debemos mantener firme frente al acoso, la estigmatización, la criminalización, la victimización y demás estrategias que tienen como objetivo anular su voz. Y a pesar de saber todo esto, las hemos dejado en la estacada muchísimas veces frente a la violencia y los insultos de un movimiento que se jacta de venir a salvarlas. Salvarlas aunque tengan que barrerlas de las calles, salvarlas aunque tengan que amordazarlas para no escuchar lo que están diciendo. Abolir la prostitución aunque eso implique abolir la autonomía de todas esas mujeres y hombres que han decidido ejercerla.

Por todo esto, muchos movimientos, colectivos, entidades y activistas de Barcelona nos hemos unido para decir que aquí no son bienvenidas iniciativas como esta manifestación abolicionista estatal en el comunicado “Barcelona. Ciudad Pro-derechos”. No en nuestra ciudad, en nuestras calles, en nuestras plazas. No contra nuestras vecinas y vecinos cuyo único delito es su agencia para decidir como van a sobrevivir económicamente. Por todo eso más de 100 organizaciones feministas, LGTBI, migrantes y de derechos humanos y más de 300 activistas de la ciudad dicen hoy basta.

Escribo para compartir aquí algunas ideas para quienes todavía dudansobre si vale la pena mojarse con la que está cayendo. Porque sí, está diluviando, y los movimientos en defensa del trabajo sexual están aislados bajo la lluvia. Así que bajemos a la calle de una vez, con nuestros paraguas rojos, y comprometámonos con esta lucha.

El tono. Hace tiempo que las organizaciones abolicionistas de la prostitución dejaron de plantear un debate político real para instalarse en una campaña de acoso y derribo contra cualquiera que formulara críticas a su argumentario. Acoso a las y los activistas que defienden el derecho a ejercer el trabajo sexual y acoso a las representantes políticas que buscan fórmulas para establecer esos derechos mediante políticas públicas. Difamaciones, insultos, troleo en redes, publicación sin consentimiento de datos privados. Eso hace tiempo que no es un debate. No normalicemos actitudes totalmente inaceptables en un debate político democrático. Para empezar porque no se deja espacio al activismo que reivindica más derechos en el trabajo sexual para exponer sus posiciones. Las putas solo merecen ser escuchadas si es para nombrarse como víctimas. Pero cuando alzan la voz para reclamar más derechos, entonces son unas colaboracionistas del patriarcado financiadas por las mafias. Abandonemos ya el mantra de que éste es un debate eterno e irresoluble del feminismo. No lo es. Se resolverá con consensos, propuestas y escucha. Pero depende de nosotras y nosotros sacarlo del hastío en el que se encuentra. Y vamos tarde.

Llegará.  Ahora que hemos entendido que es fundamental defender los derechos de las trabajadoras internas, a las camareras de pisos, a las trabajadoras del ámbito doméstico y del cuidado, estoy convencido de que es ahora el momento también de las trabajadoras sexuales. De combatir el estigma de puta, de apostar por su profesionalización para lograr su empoderamiento, de asegurar derechos laborales y sociales para una pensión digna, el paro o una baja médica. ¿Si no es ahora, cuando? Más allá de eso, los derechos de las trabajadoras sexuales son una conquista que nos beneficia a todas las personas. Dice algo enormemente positivo de nuestra sociedad y es que creemos de verdad en la agencia y en la libertad de la gente por encima del paternalismo y el asistencialismo.

Los derechos laborales y sociales en el trabajo sexual llegarán. No tengo ningún atisbo de duda.  Supongo que cada uno y cada una deberá preguntarse en qué lugar quiere estar durante el proceso. ¿En qué lugar quiere estar cuando le pregunten qué hacía cuando en nuestro país se demonizaba el trabajo sexual, cuando se negaba la presencia de activistas en los debates, se las expulsaba de las manifestaciones, y se las perseguía con multas, ordenanzas o demás promesas de salvación?

Y las alianzas. Siento que los movimientos LGTBI pero especialmente los movimientos trans nos hemos comprometido demasiado poco, demasiado tímidamente, con estas reivindicaciones y es inexplicable. Si yo puedo ser un activista trans es porque hace 30 años mis compañeras trans trabajadoras sexuales se organizaron para visibilizar esta posibilidad de existencia. Aquí en Barcelona, la primera asociación de personas trans que se organizó, en la década de los ’90, fueron compañeras trabajadoras sexuales trans que  frente al estigma de sus identidades y también de sus trabajos alzaron la voz. Nuestro movimiento no estaría donde está si no fuera por Beatriz Espejo, Norma Mejía, Natalia Parés y tantas otras que no dudaron un segundo en afirmar con dignidad que la transexualidad no era nada monstruoso y que el trabajo sexual era una forma de subsistencia digna y merecedora de derechos. Pero parece que se nos ha olvidado todo en nuestra euforia colectiva de banderas y siglas. Y no podemos permitirnos eso. El empoderamiento de nuestras comunidades no puede permitirse dejar a nadie atrás. Y así está siendo. Es preocupante que la cuestión del trabajo sexual ya no forme parte de la agenda política de nuestros movimientos. Este año especialmente, en el que se cumplen 50 años de la revuelta de Stonewall en las calles de Nueva York, veremos cómo se enarbola esa causa para el decorado de todos los Orgullos. Pero lamentablemente, aunque la luchas de las y los trabajadores sexuales es inseparable de esa revuelta, 50 años después somos capaces de celebrarla sin ni siquiera nombrarla. Reivindicamos a Marsha P. Johnson y a Sylvia Rivera pero solo por su estética radical que nos reconcilia con algo que fuimos.  Como si nos diera igual el hecho de que sus vidas serian hoy igual de precarias que entonces. Es injusto, es problemático, pero estamos a tiempo de recuperar esas reivindicaciones si lo decidimos ahora. Hagámoslo. Los derechos de los y las trabajadores sexuales tienen que ser parte de la agenda política de las luchas LGTBI o realmente no estaremos a la altura de la transformación social que ellas prometieron.

 

Patsilí Toledo: “El abolicionismo favorece la explotación sexual”

 

Un centenar de entidades secundan un manifiesto que reclama no estigmatizar ni criminalizar a un colectivo ya de por sí vulnerable

 

REDACCIÓN CRÓNICA GLOBAL @cronicaglobal

11 de mayo de 2019

https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/abolicionismo-prostitucion-explotacion-sexual_243993_102.html

 

Patsilí Toledo, una de las impulsoras del manifiesto contra la explotación sexual ‘Barcelona ciudad pro-derechos’ / UB

 

Patsilí Toledo es una de las impulsoras del manifiesto contra la explotación sexual Barcelona ciudad pro-derechos, al que se han adherido un centenar de entidades. Un texto que defiende a los que deciden ejercer la prostitución y alerta contra el uso electoralista de la marcha abolicionista que se organiza a escala estatal y que se celebrará enBarcelona. “Activistas, movimientos feministas y vecinales nos hemos unido para manifestar que esta es una ciudad en la que pedimos que se vele por los derechos de las mujeres. De las que ejercen la prostitución de manera voluntaria y también de las que son víctimas de trata”, explica aCrónica Global. Además, esta doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) advierte que “el abolicionismo de la prostitución favorece la explotación sexual”.

Estigma

“Las que hemos promovido este documento hemos hablado mucho del discurso que simplifica las perspectivas feministas ante los trabajos sexuales. No hay un único feminismo que sea abolicionista”, sostiene. El texto critica la deriva autoritaria que toma cierto activismo al no respetar a los que de manera libre escogen ser trabajadores sexuales, y pide no estigmatizar más a un colectivo ya de por sí “muy vulnerable”.

Toledo, que es miembro del colectivo Novembre Feminista, denuncia que las posturas abolicionistas contribuyen a “criminalizar a las mujeres”, aumentan el riesgo de clandestinidad, y de explotación. “Lo que nos mueve a impulsar el manifiesto es que se respeten los derechos humanos de todas las personas que ejercen un trabajo sexual”, reivindica, y también que “se persiga las mafias que se enriquecen con la explotación de las mujeres”.

Trata de personas

“Tiene que ver con la clandestinización de la inmigración. Si el Estado cierra las fronteras, tenemos a personas más vulnerables ante mafias y traficantes que las explotan. No podemos hacer un discurso vacío en el que solo hablemos de prostitución sin hablar de la ley de extranjería. Muchas víctimas de trata están sufriendo las consecuencias de políticas y leyes que supuestamente están para defenderlas”, denuncia esta activista.

Trabajadoras sexuales

En ocasiones, se rechaza la prostitución porque se vincula a la totalidad de trabajadores sexuales con víctimas de explotación. “Esta es la perspectiva de los organizadores de la marcha abolicionista. Niegan que las mujeres tomen esa decisión. Y las acusan de forman parte del lobbyproxeneta, como acusaron al colectivo feminista Ca la Dona”, explica. No se puede meter en el mismo saco la trata de personas y el trabajo sexual. No solo hay mujeres en la calle, hay trabajo online, telefónico; muchas formas”, explica.

“Entender que todo es lo mismo; no solo es un discurso falso, sino interesado políticamente. Los discursos abolicionistas están en auge en algunos países de Europa. Los Gobiernos promueven leyes que, supuestamente, penalizan a los clientes –como el modelo sueco– que, en la práctica, hacen desaparecer la prostitución de la calle. Y eso, para mucha gente es muy agradable, porque no quieren ver a la personas racializadas, a las mujeres inmigrantes africanas en la calle”. ¿Qué sucede? “Hace que las mujeres estén explotadas, pero de manera clandestina“.  Razón por la que este tipo de discursos, señala esta activista, los aprovechan los que tienen “una agenda más racista”, y lo que consiguen este tipo de políticas es que los trabajos sexuales se llevan a cabo de manera oculta y eso beneficia a las mafias.

Xenofobia

“El discurso contra la trata es que el utilizan los Estados que no quieren más inmigración. El argumento a favor de prohibir la prostitución se utiliza para intentar frenar las llegadas”, explica. Unos intereses que no están, en absoluto, enfocados al bienestar de las mujeres. Toledo explica que es lícito y lógico que exista un debate sobre si es positivo o no que exista la prostitución, pero también señala que existen intereses políticos tras esa postura: “Los discursos xenófobos se aprovechan del abolicionismo de la prostitución”.

Pone como ejemplo Estados Unidos. “Uno de los pilares de la política exterior es la lucha contra la trata, porque significa lucha contra la inmigración”, sostiene. ¿Aquí pasa lo mismo? “Mientras más bloqueas la migración puedes recubrirlo de una pátina de inocencia diciendo que es lucha contra el tráfico de personas”, sostiene.

Explotación sexual

Algunas de estas mujeres que sufren explotación sexual en España “están encerradas en Centros de Internamiento para Extranjeros (CIEs) y las deportan”, critica. “Venden que las salvan y, en ocasiones, esas mismas mujeres, contactan de nuevo con una mafia para regresar a nuestro país”, sostiene.

“El problema central está relacionado con la migración, porque la ley de extranjería favorece la proliferación de mafias”, explica. Una problemática que va más allá de estar a favor o en contra del trabajo sexual. “Tenemos un problema muy grave, y esta postura abolicionista que dice que toda prostitución es explotación es muy útil para los discursos antiinmigración”, subraya.

Mujeres clandestinas

¿Cuál es la situación que las lleva a ejercer la prostitución? Ese es el problema de raíz que se debe combatir. “Una mujer sin papeles, una mujer clandestina, indocumentada, es mucho más vulnerable a la explotación que no una de aquí”, sostiene.

“Cuando los problema son complejos, no podemos aplicar soluciones fáciles. Y el abolicionismo es un discurso fácil, y no incluye matices. Dicen la prostitución es muy machista, y entonces estamos en contra y así se nos escapan muchas cosas. Primero es muy importante escuchar a la gente que está viviendo esta situación, no se trata de discutir si la prostitución es machista o no, eso lo podemos abordar desde un debate teórico, pero a pie de calle, uno ve como la explotación afecta a las mujeres y la complejidad que conlleva”, relata Toledo.

Feminismo inclusivo

Esta profesora de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) reivindica unfeminismo inclusivo, en el que existan posturas diferentes acerca de la prostitución. “Es necesario garantizar los derechos de las mujeres”, revindica, “y sobretodo luchar contra la estigmatización ”.

 

Barcelona Ciudad Pro Derechos

 

Todas las mujeres, todos los cuerpos, todos los derechos, todos los días

 

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Col·lectiu i fons feminista, LGTB i queer a Can Batlló
EL ALETEO DESEQUILIBRADO de CONTRABANDA FM
Associació Ciutadana Anti-sida de Catalunya
Cooperacció
Associació Cooptècniques
CGT UB
Creación Positiva
Cultura Trans
Comitè 1r de Desembre
Dones Llibertàries
Dones x Dones
Associació de Drets Sexuals i Reproductius
Editorial Virus
Associació Cultural el Raval – El Lokal
Eje de Precariedad y Economía Feminista de Madrid
Entrepobles (Barcelona)
Escola Bollera
Espacio del Inmigrante
FAGC
Fem Bandada
Feministes Indignades
FLG Associació de Famílies LGTBI
Fundació Àmbit Prevenció-Servei Àmbit Dona
Fundació Aroa
Fundació ICEERS. International Center of Ethnobotanical Estudies Research and Services
Fractalitats de la Investigació Crítica de UAB
Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC)
GAIS POSITIUS
Gatamaula. Col·lectiu de dones feministes
GENERA – Associació en defensa dels drets de les dones.
GENEREM
Grup de dones Artemis de Santa Coloma de Gramenet
Hèlia
Federació D’Altres Activitats de la IAC (Intersindical Alternativa de Catalunya)
Fundació Socialisme sense fronteres
IAC-FAA
JIS Joves per l’ Igualtat i la Solidaritat
La Brotada, Assemblea Feminista de Vallcarca
La Electrodoméstica
Las Bajas Pasiones
Asociación cultural “Las Mirillas”.
LesBiCat
Liquen Data Lab – Consultoría feminista & Data Lab & Design Justice
Luciérnagas Arte en Acción
Marikas Llibertàries Transfeministes de BCN
Marxa Mundial de Dones Catalunya
Masala
MEDEAK
METZINERES “Entorns d’aixopluc per dones que usen drogues, Sobrevivint violències”
Associació La Morada
Mujeres Palante
Mujeres Migrantes Diversas
Mujeres Cannábicas
Negreta Feminista
(N)O.M.A.D.A.S – oficina migración y atención a la diversidad afectivo sexual
Novembre Feminista
Observatori Contra l’Homofòbia (OCH)
Post-Op
Precarias Empoderadas
Projecte Vaca, Asociacio creadores esenciales
Projecte X
Prostitutas Sevilla
Putas Libertarias Raval
REMA. Red de Mujeres Antiprohibicionistas
Assemblea Revuelta Trans
Secció Sindical CGT CCMA
SIDA STUDI
Simbiosis Kolective
Sindicato Lab
Stop Sida
SUDS – Associació Internacional de Solidaritat i Cooperació
Tamaia
Talaiar salut. Psicoanàlisi
Espai de Salut de la Teixidora (Col.lectiu)
Asociación T.I.C.T.A.C. , Taller de Intervenciones Críticas Transfeministas Antirracistas Combativas
TekillArt Fanzine
Asamblea Transmaricabollo de Sol
Tribade
Sindicato popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona
Unitat PSICOGÈNERE. S.P.L. Facultat de Psicologia. UAB
XADUD. Xarxa de Dones que Usen Drogues
Xarxa de Consum Solidari
Xarxa Feminista
Xarxa DDiPAS
I més de 350 persones!
Abraham Mesa Barroso Activista Marika Transfeminista, integrante del Movimiento Marika de Madriz (MMM)
Adriana Irurita González
Adriana Nicosia
Adriana Rosa Kaplan Marcusán Cátedra de Transferencia del Conocimiento, Directora Fundación Wassu-UAB
Adriana Sabaté Muriel educadora social i activista feminista
Àfrica Garcia-rincón Activista feminista de Sindillar
Agnès Vayreda Duran Docent UOC, Grup de Recerca MEDUSA
Alba castro Educadora social
Alba Garcia Sanchez Activista Feminista i Sindicalista
Alba Gràcia Martínez Militant anarcofeminista
Albert Recio Andreu Professor de la UAB, Revista Mientras Tanto
Alec Tosquella Alvarez Activista
Alejandra Outomuro Metgessa
Alejandro Forero Cuellar Professor Dret Penal i Criminología, i Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals UB
Alexandre Guillamon Lloret Coordinador de Entrepobles, Activista Social y DDHH
Alicia Cobo Peña activista veina
Alicia Dujovne Ortiz Escriptora
Alicia Rodriguez Activista
Alicia Sanchez Advocada
Amaia Peralto Treballadora Social
Ana Fábregas Martínez Activista
Ana G. Aupi Poeta Feminista
Ana Hernando Atorrasagasti miembro de la Asamblea Feminista de Madrid
Ana Mª Rivas Rivas Docent de la Universitat Complutense de Madrid
Ana Mañas
Ana Montero Novembre Feminista
Ana Nicolás Garrido Vecina
Ana Ramos Activista e integrante del colectivo antirracista Repensandones
Ana Varela Mateos Inspectora de Trabajo y Seguridad Social
Andrea Nunes Brions
Ángel J. Gordo López Docent Universitat Complutense de Madrid
Ángeles Poves Vecina
Anna Cervera Veïna de Barcelona
Anna Gabarró Sindicalista i feminista
Anna Jódar Corredera Feminista y educadora
Anna Miñarro Professional
Anna Moreno Integrant d’un col.lectiu
Anna Moreno Gómez Activista
Anna Romaguera Martinez de Castilla Integradora social a la fundacio ambit prevencio
Anna Sala Vila
Antoni Folguera Bonjorn Mestre
Antonia Raya Tena
Apen Ruiz Activista Feminista i Docent
Araceli Aiguaviva Baulies
Ares Batlle Manonelles activista feminista i investigadora predoctoral en criminologia feminista a la Universitat Pompeu Fabra
Ariadna Cases Treballadora sexual
Aura Roig Forteza Directora de Metzineres
Barbara Biglia Professora de la Universitat Rovira i Virgili
Bárbara Ramajo Membre de Bollos en Teoría
Bart Bloem Herraiz Activista por los derechos trans, integrante del Bloque Andaluz de Revolución Sexual, vecine de la ciudad de Bcn
Bart López Activista
Beatriz San Román Sobrino
Beka Iglesias (Calafou) Integradora Social.
Bel Olid Escriptora
Belén de la Rosa Fisioterapeuta,terapeuta gestalt trabajadora se educación y activista Q
Betlem Cañizar Bel Activista Feminista
Brigitte Vasallo
Carla Molina Fort trabajadora en el ámbito de Drogas y Género en el barrio del Raval
Carla Secondi Veïna de Barcelona
Carme Alemany Sociòloga
Carme Ambròs Ceron activista i veïna del Raval
Carme López
Carme Murias
Carme Porta Abad
Carmen García Vara Jubilada
Carmen Romero Bachille Feminista i professora de la Universitat Complutense de Madrid
Carolina Álvarez Rossat Fundación Wassu-UAB
Carolina Egio Artal Activista
Cecilia Carrillo activista veïnal a 9 Barris
Chiara Dalla Vecchia XADUD
Cinta Tort – Zinteta Artista i artivista feminista
Clara Fernández Psicóloga y educadora pro-derechos
Clarisa Velocci Activista Pro Drets
Claudia Conde Fisas veïna
Consuelo Álvarez Plaza Profesora Universidad Complutense de Madrid
Conxa Regañó
Coral Cuadrada professora de la URV
Cristina Conde Eujen Activista veïna
Cristina Fernández Bessa
Cristina Garaizabal Elizalde
Cristina Hernández Filósofa
Cristina Sanchez Edo veïna
Dámaris García Carbonell Activista Feminista
DANIEL PARDO RIVACOBA Vecino
Daniel Raventós Panyella professor de la UB y editor de Sin Permiso
David Casassas Marquès Professor Sociologia de la UB
David Jiménez Militant marika
Deborah Maire
Diego Marchante
Dolo Pulido León Activista feminista i personal d’administració i serveis de la Universitat de Barcelona
Edurne Jiménez Pérez activista, educadora i investigadora feminista
Elena Longares Hernández
Elia Martínez-Cava Carrasco Veïna feminista de Sants
Elisa Arenas Lopez trabajadora social
Elisa Felip Feminista y anarcovegana
Elisabet Almeda Samaranch Catedratica Sociologia Universitat de Barcelona
Empar Pineda Erdozia
Encarna Bodelón Professora de Filosofia del Dret
Encarna Laza Izquierdo Feminista, Técnica Sanitaria en el sistema públic de salut
Esperanza Aguila Ducet Infermera i activista feminista
Estrella Pineda Menor Activista veïnal
Estrella Ramil Paz Feminista
Eva Abril Chaigne Activista Cuir
Eva Fernández Antropóloga, activista feminista i veïnal
Fabiola Romera Rodríguez veïna
Fina Rubio Presidenta de Surt. Creu de Sant Jordi
Flavia Anconetani
Francesc Matas Salla Estrateg i activista.
Francesca Malloci Vecina activista
Gabriela Serra Frediani Activista Social
Gabrielle Royant Activista feminista pro derechos
Gal·la Llobet PiquerC
Garazi Rodríguez proyecte Metzineres
Gemma Torres Delgado Historiadora
Gerard Coll-Planas Director del Centre d’Estudis Interdisciplinaris de Gènere. Universitat de Vic
Glòria Roig i Gimenez Dones x Dones i Feministes per la Independència
Gracia Trujillo socióloga y activista feminista queer
Griselda Piñero Delledonne Jubilada
Helena Nuviala de Miguel Activista feminista
Iñaki Rivera Beiras Director de l’Observatori del Sistema penal i els Drets Humans de la Universitat de Barcelona
Inés Massot professora titular Departament MIDE, Universitat de Barcelona
Irene Zapata Rubio
Isabel Carreras Molina feminista, dona lliure
Isabel Holgado
Isabel Moga Sampere Metgessa Jubilada
Isabel Muntané activista
issa archs aunion activista
Itsasne Gaubeca Vidorreta Sociòloga
Itziar Ziga Escritora y feminista
Janet Mérida Treballadora Sexual
Jara Henar delegada a Catalunya de l’ONG Alianza por la Solidaridad
Javier Sáez Activista lgtb y feminista
Joan Bover i Alonso. aturat i simpatitzant de Entrepobles.
Joan Font Perez Associació DEMÀ
Joana Garcia Grenzner Periodista
Joana Garcia Grenzner Periodista i activista feminista
Joaquim Roqueta Manen Activista
Jokin Azpiazu Carball profesor e investigador de la Universidad del Pais Vasco
Jokin Azpiazu Carballo Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)
Jordi Arcarons Bullich Catedràtic d’Econometria, Estadística i Economia Aplicada UB
Jordi Bonet Martí Professor Universitat de Girona (UdG)
Jordi Ferré Virgili Economista Jubilat
Jordi Muñoz i Burzon mestre
Josefa Calbet Monserrat
Josefina Jiménez Betancor
Josep Maria Moragriega Andrés Docent
Juan Diego Ortega Persona
Juanjo Lavergne Integrante Colectiu RidersxDerechos
Judith Juanhuix Gibert Presidenta de Generem
Júlia Abelló Vilalta Antropòloga feminista, tècnica d’inclusió i gènere
Julia Montilla Campillo Trabajadora Cultural
Júlia Ojuel Médica de família feminista
Karla Arranque Candal Socióloga
Koldo Arostegui Bailarín
Laia Alsina Periodista
Laia Fargas Fursa Activista en la Defensa dels DDHH
Laia Otero Serrado Veïna
Laia Rossich psicòloga experta en l’abordatge de les violències masclistes
Laia Serra Perelló Advocada
Laura Labiano Ferré Militant de l’esquerra independentista i activista pro-drets
Laura Macaya-Andres Militant anarcofeminista i especialista en atenció a violències de gènere.
Laura Viladevall Corominas Activista
Lidia Sandalinas Félez Feminista, sindicalista de CCOO, sòcia de Ca la Dona, activista de Novembre Feminista
Lola Badenes Antropòloga, activista feminista
Lola Benítez Méndez
Lola Blesa Activista
Lorena Garrido Jurista
Lourdes Ponce Noria Activista Veïnal i dels Drets de les persones migrades
Lucía Egaña Rojas Artista visual y docente del Programa de Estudios Independientes del MACBA
Lucía Estrella Serra
Luis Royo Muñoz
Luis Villegas Negró activista y trabajador social (Stop Sida)
Lupicinio Íñiguez Rueda Profesor
M Carme Navarro Cardenete Activista feminista
M. Carme Catalan Piñol Transfeminista Antirracista Combativa
M. Dolores Fumanal Laplana. Professora jubilada, feminista
M. Gabriela Serra Frediani Activista social
M. Pilar Martín Bonaga Integrant col.lectiu
M.Carme Folguera Bonjorn Veïna
Mairê Costa de Carli
Mamen Briz periodista y activista pro derechos
Manuel Miguel Sepúlveda Profesor de artes plásticas y audiovisuales
Mar Zapata Integrante de un colectivo
Marcela Lamas Gomez Individual
Margarita López Carrillo Documentalista de salut
Margarita Sanchez Romeo Soc activista
Margot Pujal i Llombart Professora de la UAB
Mari Carmen Fernández Molina
Maria Antonia Arnau activista social a Gràcia i en defensa dels DDHH
Maria Barcons Campmajó Doctora en Dret – investigadora del Grup de recerca Antígona (UAB)
Maria Berzosa Activista feminista
Maria de la Fuente consultora
María Dolores Juliano Corregido Professora titular jubilada Antropologia UB
Maria Feliu i Gil estudiant i educadora
Maria Ginard Rodríguez tècnica auxiliar d’igualtat i activista feminista (membre del col.lectiu Fúria Feminista)
María Isabel Jociles Rubio Docent Universitat Complutense de Madrid
Maria Jesús Núñez González Treballadora de la UB
Maria Llopis
Maria Lopez Ruiz Activista Feminista
María Luisa Maqueda Abreu Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Granada
Maria Mateu Soc veïna i activista
Maria Morales Armayones
Maria Morales Codina Artista
Maria Moron Martin activista feminista
María Palomares Arenas Cabral
Maria Rodó de Zárate investigadora i activista feminista
María Rodriguez Metzineres
Maria Rosa Dalurzo
María Royo Díaz
Maria Teresa Cocciarini
Maria viñolo berenguel Activista
Marielle Paon Veïna
Marisa Cebrian Batalla Infermera
Marisa Iglesias Vila professora de Filosofia del Dret de la Universitat Pompeu Fabra
Marisela Montenegro Universitat Autònoma de Barcelona
Marta Busquets Gallego Derecho, género y salud
Marta Carrera Plans Activista Feminista i en Defensa de la Salut Pública
Marta Castro Zaera
Marta Farrés Anglada Activista feminista i educadora
Marta Jorba Investigadora en filosofia a la Universitat del País Basc (UPV/EHU) i activista feminista.
Marta Morató Contreras
Marta Padrós Castells Professora de la UAB
Marta Padrós Castells Integrant d’un col·lectiu
Marta Ruiz de Arcaute Naudí Costurera
Marta Sales Romero Educadora i activista feminista
Marta Villar Sexòloga feminista
Martí Caussa Calvet Redactor de la revista Viento Sur i activista de Stop mare mortum
Mercè Claramunt Bielsa Advocada
Mercè Compte Martínez Espai feminista de Sants
Mercè Espelleta actriu actriu
Mercè Fernàndez activista feminista
Mercè Meroño Salvador coordinadora del servei Àmbit Dona del Raval.
Mercè Molina Garcia Advocada
Mercè Nebot Ventura
Mercè Otero Vidal Docent. Creu de Sant Jordi
Mercè Redón Zorita mestra persones adultes jubilada
Merce Tafalla Veina
Meri Rodríguez Lourenço proyecto Metzineres
Miquel Àngel Garcia Àlvarez No
Miquel Missé Activista trans i sociòleg
Mireia Foradada Villar Investigadora i activista feminista
Mireia Redondo
Miren Etxezarreta Economista. Profesora jubilada
Miriam Aleman Calatayud Activista Feminista
Miriam Alemany Gómez Professora Licenciada en Comunicació i documentació, jubilada de Formació Professional
Miriam Sol i Torelló
Miriam Solà Activista e investigadora feminista
Mistress Nereida
Mistress Nicole
Monica Penas Activista feminista i sindicalista
Mónica Redondo Professora de matemàtiques i activista transmaricabollo
Monica Vargas Collazos Activista Social
Mónica Viviana Muro Activista
Montse Milà Estrada Treballadora Social i Activista Veïnal
Montse Puig Garrido Pedagoga i clown
Montse Vila
Montserrat Ballart Macabich
Montserrat Benito Soriano Activista Feminista i en defensa dels Drets humans
Montserrat Cervera Rodon Activista Feminista
Muntsa OV activista feminista
Nadina Bértolo Sanjuan Deseñadora gráfica
Nagore García Fernández Investigadora i activista feminista
Nagore Iturrioz Profesora
Natalia Esberti activista ddhh.
Nati Murguialday feminista
Natxo perez Veí
Nerea Abella Pinto
Neus Llop Rodríguez Educadora social y parte de LiquenDataLab
Neus Moreno Sáenz activista feminista i sindicalista
Nizaiá Cassián Yde
Noemí Elvira Marín Feminista
Noemi Parra Abaúnza Activista feminista y profesora asociada de la ULPGC
Nora Ancarola Artista Visual
Nora Miralles Periodista i investigadora en gènere i conflictes
Norma Falconi Fabara Papeles para Todos y Todas
Núria Balada Cardona Presidenta de l’Institu Català de les Dones i del Consell Nacional de Dones de Catalunya
Núria Casals Feministes per l’independència
Núria Escudé Massip Feminista
Núria Sadurní Balcells Investigadora psicosocial i activista feminista
Núria Vergés Bosch Investigadora Sociòloga Feminista
Olga Sahún Activista
Oriol Alfambra Serrano Riders X Derechos i IAC
Pam Rodríguez Pérez coordinadora de servei d’atenció especialitzat en violència de gènere
Patri Bert
Patricia Gonzalez Prado Profesora Master Interuniversitario de Estudios de Género, Mujeres y Ciudadanía, Universidad Autónoma de Barcelona
Patrícia Martínez i Àlvarez Historiadora i Feminista
Patsilí Toledo Vásquez Docent UPF i integrant del Grup de Recerca Antígona de la UAB
Pau Canals Activista Marica i Investigador psicosocial
Pau Pérez Professor
Paul B. Preciado Filósofo y Activista Trans
Paula Arce Becerra professora UAB i Membre de l’Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans
Paula Ezkerra Delegada sindical de la sección sindical de trabajo sexual de IAC-FAA
Paula Rodríguez. Educadora Social
Paula Sánchez Perera activista e investigadora
Pauline Ezkerra activista y vecina
Pilar Díaz García-Mauriño
Pol Galofre Molero
R. Lucas Platero Méndez Profesor de Intervención Sociocomunitaria, Comunidad de Madrid
Rafaela Subías de la Fuente
Raquel Rey Blanco Activista
Raquel Sánchez García
Raúl Quiroz Barreto Jubilado
Ricard Martínez i Muntada treballador de la UAB
Rocío Medina Martín Professora Filosofía del Dret (UAB), Grupo Antígona
Rommy Arce Legua Militante anticapitalista
Rosa Bofill
Rosa Isart Margarit Auxiliar d’arxiu i dramaturga
Rosa Lázaro Castellanos vecina
Rosa María Armario Grau ASIHD
Rosa Maria Palencia Villa. Periodista i professora UAB
Rosa Mestres Núñez Sóc veïna integrant d’un col·lectiu
Rosa Miró Rodríguez Feminista de l’economia social
Rosa villanueva maurell Soc veïna
Rosalia Molina professora i feminista
Rosalia Molina Activista de Dones Llibertaries de Cgt
Rosario Galarza
Rosario Galarza Comissió laboral 8M
Roser Pineda Casademont
Roser Pineda Casademont Dones Libertaries
Roser Rius camps
Sandra Sánchez Enfermera
Sara Barrientos Carrasco Terapeuta, formadora y activista feminista
Sara Cagliero Investigadora Departament de Pedagogia, URV
Sejo Carrascosa activista cuir
Sergi Raventós Panyella Treballador social
Sílvia Bofill Mas Docent
Silvia López Gil Professora de Filosofía i feminista
Sílvia Merino i Navalón Educadora, dissident sexual i feminista
Sílvia Moreira da Silva Psicòloga, Àmbit Dona
Silvina Monteros Obelar Universidad de Granada y ESCODE
Sira Vilardell Directora General de Surt
Sofia Bengoetxea Activista Trans
Sonia Sanchez Busques Personal d’administració i serveis de la Universitat Autònoma de Barcelona
Sonya Torres Planells Historiadora i docent
Sonya Torres Planells Activista feminista
Susana Batle Activista
Tània Verge Docent UPF
Teo Pardo Activista Trans
Teresa Sanz Coll professora de llengua i literatura, jubilada i activista feminista.
Teresa Serrano Pascual Mestra d’adults jubilada
Tina Caballero Mateo Feminista y muchas más cosas
Tiphaine Leurent Activista
Tjasa Kancler
VaneLaVane Feminista Perriferika’h
Vanesa Muñoz Educadora social
Vera Rodriguez Donante en Derechos Humanos
Verena Stolcke professora emérita UAB
Verónica Boero Doctora en Psicologia Social UAB
Veronika Arauzo activista pro derechos de TS y Transfeminista
Vicky Moreno Campon Dones x Dones i Feminisites per l’independència
Violeta Assiego Abogada de DDHH Y Activista LGTB+
VLADIMIR SOLÁ Docente
Xavi Tallon Soc activista
Xavier Domènech Historiador i ex-portaveu parlamentari
Xavier Giró Martí Director de recerca Observatori de la Cobertura de Conflictes de la UAB
Xavier Montagut President de la xarxa de Consum Solidari
Yolanda Dalmau Carreño Veïna

 

Por qué el trabajo sexual es un auténtico trabajo

 

“No creo que sea correcto o justo que las personas que intercambian servicios sexuales por dinero sean penalizadas y no lo creo por lo que hago”.

Por la Dra.Tlaleng Mofokeng

26 de abril de 2019

https://www.teenvogue.com/story/why-sex-work-is-real-work

 

En este artículo de opinión, Tlaleng Mofokeng, MD, fundadora de Nalane para la Justicia Reproductiva, explica por qué cree que el trabajo sexual debe ser despenalizado en todo el mundo.

 

 

El gobierno de Ámsterdam, una ciudad conocida mundialmente por su Barrio Rojo, prohibirá las populares visitas guiadas a través de esa área a partir de 2020. La prohibición se debe en parte a quejas que consideran las visitas una molestia que lleva a la congestión en las estrechas calles del canal. . Pero los funcionarios de la ciudad también han dicho que la prohibición es por respeto a las trabajadoras sexuales. “En esta era ya no es aceptable ver a las trabajadoras sexuales como una atracción turística”, dijo el concejal de la ciudad, Udo Kock, según The Guardian. Hay un problema: muchas trabajadoras sexuales se oponen a este plan.

El trabajo sexual es legal en Ámsterdam, pero no en muchos otros lugares, aunque algunas personas están trabajando para que así sea. En Sudáfrica, donde estoy basada, por ejemplo, las trabajadoras del sexo están pidiendo la despenalización y la reforma legal. Argumentan que el trabajo sexual es un trabajo, como ha afirmado la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un organismo especializado de las Naciones Unidas. Esta situación en Amsterdam, y la penalización continua de las trabajadoras sexuales en todo el mundo, es otro ejemplo de cómo ignoramos las necesidades y opiniones de las personas más afectadas por las leyes. Pero más aún, es otro ejemplo de cómo entendemos mal lo que realmente es el trabajo sexual. Soy una médica, una experta en salud sexual, pero cuando lo piensas, ¿no soy una trabajadora sexual? Y de alguna manera, ¿no lo somos todos?

Entonces, ¿qué es exactamente el trabajo sexual? No todas las trabajadoras sexuales se dedican al sexo con penetración, sin embargo, innegablemente es una parte importante del trabajo sexual. Los servicios de trabajadoras sexuales entre adultos que consienten pueden incluir compañía, intimidad, juegos de rol no sexuales, baile, acompañamiento y desnudarse. Estas funciones a menudo están predeterminadas y todas las partes deben sentirse cómodas con ellas. Muchas trabajadoras asumen múltiples roles con sus clientes, y algunos pueden ser más físicos, mientras que otras interacciones que pueden haber comenzado como sexuales podrían evolucionar hacia vínculos emocionales y psicológicos.

Los clientes que buscan trabajadoras sexuales varían, y no son solo hombres. La idea de comprar intimidad y pagar por los servicios puede ser positiva para muchas personas que necesitan conexión humana, amistad y apoyo emocional. Algunas personas pueden tener fantasías y preferencias kinks que pueden realizar con los servicios de una trabajadora sexual.

Me parece interesante que como médica, yo intercambio pagos en forma de dinero con personas para brindarles asesoramiento y tratamiento para problemas relacionados con el sexo; terapia para el rendimiento sexual, asesoramiento y terapia para problemas de pareja y tratamiento de infecciones de transmisión sexual. ¿No es esto básicamente un trabajo sexual? No creo que sea correcto o justo que las personas que intercambian servicios sexuales por dinero sean penalizadas y no lo creo por lo que hago. ¿Es realmente un título médico la medida correcta de quién merece dignidad, autonomía, seguridad en el lugar de trabajo, comercio justo y libertad de empleo? No. Esto no debería ser así. Aquellas que se dedican al trabajo sexual también merecen esas cosas.

Hoy en día, los espacios y las aplicaciones en línea hacen que las interacciones y negociaciones sean más seguras para las trabajadoras sexuales, en lugar de solicitar sexo al aire libre, donde la amenaza del acoso por la comunidad y la policía sigue siendo una preocupación. (Sin embargo, la legislación reciente en los Estados Unidos que dificulta que las trabajadoras sexuales realicen anuncios en línea ha complicado esto). Las aplicaciones también hacen que sea menos intimidante para las mujeres que son clientes seleccionar y conocer a las trabajadoras sexuales potenciales para satisfacer sus necesidades.

Sin embargo, la penalización continua del trabajo sexual y las trabajadoras sexuales es una forma de violencia por parte de los gobiernos y contribuye al alto nivel de estigma y discriminación. Una revisión sistemática y un metanálisis dirigido por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres (LSHTM, por sus siglas en inglés), por ejemplo, encontró que las trabajadoras sexuales que han experimentado una “acción policial represiva” (incluida la detención, la extorsión y la violencia de la policía) son tres veces más propensas a experimentar violencia sexual o física.

Pero los gobiernos a menudo no aceptan la evidencia de las bases económicas y sociales del trabajo sexual; la OIT estima que “las trabajadoras sexuales sostienen a entre cinco y ocho personas más con sus ingresos. Las trabajadoras sexuales también contribuyen a la economía”. Los gobiernos ignoran las historias y contextos matizados en diferentes países y, por lo tanto, continúan ofreciendo erróneamente soluciones globales y modelos de “rescate” que abogan por la despenalización parcial o la penalización continua. También ignoran los deseos de las trabajadoras sexuales, quienes desean una despenalización total, como lo apoyan la Comisión Global sobre el VIH y la Ley, y The Lancet, así como organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional.

Los esfuerzos globales hacia la despenalización han estado creciendo en algunos países, como Sudáfrica. Aquí, está liderado por el mayor movimiento de trabajadoras sexuales, Sisonke, y el trabajo de defensa y políticas de SWEAT. Estos esfuerzos son reflejados por la Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual (NSWP) y la Unión Holandesa de Trabajadores Sexuales, PROUD.

En julio de 2018, en la Conferencia Internacional sobre el SIDA en Ámsterdam, me uní a colegas y aliados y marché en solidaridad con PROUD cuando entregaron un memorando a los funcionarios de la ciudad, exigiendo la protección del derecho de las trabajadoras sexuales a trabajar en condiciones de trabajo seguras. El momento fue importante para revitalizar el movimiento global para la despenalización.

Las trabajadoras sexuales deben ser respaldadas a través de la defensa y la protección de sus derechos humanos a la autonomía, la dignidad, las prácticas laborales justas y el acceso a la atención basada en la evidencia. Es por esta y muchas otras razones por las que creo que el trabajo sexual y los derechos de las trabajadoras sexuales son los derechos de las mujeres, los derechos de salud, los derechos laborales y la prueba de fuego para el feminismo interseccional.

Además, el impacto de la penalización continua de la mayoría de las trabajadoras sexuales, la mayoría de las cuales son mujeres cisgénero y mujeres transgénero, significa que los derechos de las trabajadoras sexuales son un tema feminista. Si apoyas los derechos de las mujeres, te insto a que respaldes la demanda mundial de despenalización del trabajo sexual y que financies pruebas y programas intersectoriales basados ​​en los derechos dirigidos a las trabajadoras sexuales y sus clientes.

Debemos apoyar los esfuerzos para abordar las barreras estructurales y asegurar la implementación de un paquete integral de servicios de salud para trabajadoras sexuales según lo aconsejado por la Organización Mundial de la Salud, y financiar campañas públicas para reducir el estigma. La evidencia, no la moral, debería guiar las reformas legales y la política de trabajo sexual para conseguir la total despenalización del trabajo sexual.

Feminismo antifeminista

 

 

 

No hay problema con el término feminismo para quienes saben lo que es. Pero, al intentar definirlo, nos encontramos con el problema de que, para unas feministas, otras feministas son enemigas de las mujeres, es decir, antifeministas, y viceversa.

Así que podemos decir que un feminismo es el antifeminismo del otro y el único término que puede denominar a ambos conjuntamente, es decir, a la totalidad del feminismo, es el de feminismo antifeminista, cuya definición sería doble:

1.- Feminismo es la defensa del derecho de las mujeres a prostituirnos

2.- Feminismo es la negación del derecho de las mujeres a prostituirnos

En esta contradicción reside la fuerza renovadora del feminismo. Esta es la cuestión crucial.

 

En respuesta a @CitereaAnadiome

Son ideologías con intereses muy diferentes: Feminismo original/1ra ola, se basa en un sentido de justicia. Feminismo radical, se basa en relaciones de poder que buscan resolver a toda costa pasando por encima de la misma libertad, por lo que ni debería denominarse feminismo.

 

Ambas ideologías comparten el nombre de feminismo y son secundadas como tal por dos conjuntos de mujeres que mutuamente se excluyen como antifeministas. La corriente mayoritaria en España es la que tú y yo consideramos antifeminismo y que, a su vez, nos considera antifeministas.

La cuestión es: ¿tenemos o no las mujeres derecho a prostituirnos? Y esa cuestión hay que contestarla en un marco más amplio que el del feminismo antifeminista: en el marco de los derechos humanos, que no hace distinción de sexos. Y una vez resuelta ahí, volver al feminismo.

Actualmente, como parte del modelo abolicionista seguido por el Estado español, la ley nos reconoce ese derecho, en concordancia con el respeto a la dignidad humana (y la consecuente libertad sexual) que proclama la Constitución. Sin embargo, el antifeminismo radical nos lo quiere quitar, en nombre de una moral dogmática “feminista” antifeminista. El sector mayoritario del feminismo quiere desposeer mediante la violencia del Estado al sector minoritario de su derecho fundamental a la autodeterminación personal, a la dignidad.

Por eso, el sector de mujeres más marginado, más oprimido, más explotado, más escarnecido por el sistema antifeminista, las putas, deben liberarse de la red que les ha tendido la rama antifeminista del feminismo con su “ideología de genero” que las sacrifica en aras de su ansia de poder político y económico y, tomando conciencia de su absoluta dignidad humana, venciendo el estigma, organizarse para hacer frente al zarpazo prohibicionista que se nos viene encima y encabezar la resistencia de las oprimidas, liberando el feminismo de antifeministas.

Demandas y Reivindicaciones Feministas sobre el Trabajo Sexual en España

 

Aliadas TransFeministas

25 de abril de 2019

https://aliadastransfeministas.wordpress.com/2019/04/25/demandas-y-reivindicaciones-feministas-sobre-el-trabajo-sexual-en-espana/

 

 

La situación actual de la prostitución en España resulta incongruente: Nos encontramos ante una actividad que no posee ningún tipo de reconocimiento legal ni de derechos, pero se contabiliza a la hora de calcular el PIB nacional como cualquier otro sector. A su vez, los y las trabajadoras sexuales somos perseguidas y acosadas a través de las ordenanzas municipales y de la Ley Mordaza (Ley Orgánica de protección de Seguridad Ciudadana). Somos un colectivo atravesado por todo tipo de discriminaciones e injusticias y, sin embargo, se nos ha mantenido al margen de toda consideración, participación y análisis. Sobre las putas se mantienen diversas atribuciones peyorativas y desvalorizantes que hasta hace poco se extendían a todas las mujeres. En ámbitos en los que las mujeres como grupo han batallado durante años para la consecución de los derechos, las putas continúan siendo discriminadas 1. Aún siendo el nuevo sujeto político de este país, ningún partido aborda en profundidad la cuestión del trabajo sexual en sus programas electorales ni de gobierno, ningún partido ha escuchado y tenido en cuenta nuestras reivindicaciones y necesidades. Deciden su posicionamiento sin contar con nosotras. Algunos pretenden una abolición y/o prohibición imposible que nos estigmatiza aún más, criminaliza nuestro entorno de trabajo y nos condena a la precariedad. Otros evitan posicionarse y hay quien pretende instrumentalizarnos. Todos estos posicionamientos tienen como resultado más beneficios para los empresarios mientras se nos siguen negando derechos básicos como trabajadoras.

Las trabajadoras sexuales, existimos, tenemos voz y demandamos derechos. NO estamos de acuerdo con el Modelo Regulacionista cuyos fines exclusivamente recaudatorios y de contención social, derivados de concepciones sexófobas, racistas y machistas perpetúan la discriminación y el estigma. Ejemplos de ello son el modelo Alemán u Holandés. Ciertos sectores del feminismo institucional y salvacionista identifican nuestras demandas con dichos modelos, con el objetivo de silenciarnos y mantener puestos y subvenciones a nuestra costa. Este tipo de regulación prima el “apartarnos” a lugares controlados, que gestionan empresarios que explotan a las trabajadoras, sobretodo a las migrantes en situación irregular. Lo que queremos y necesitamos es un modelo basado  en el reconocimiento de derechos y la plena participación en el diseño de las políticas que nos afectan. Sólo los derechos garantizarán que podamos defendernos de los abusos. A pesar del estigma, del abandono y de las políticas bienpensantes que nos violentan, tenemos capacidad de decisión y agencia, y somos las protagonistas de nuestras vidas. Reclamamos la despenalización completa del trabajo sexual, lo cual supone el acceso inmediato a los derechos fundamentales, y la derogación de todas las leyes y normativas que nos criminalizan. Exigimos que las políticas que se implementen sobre la prostitución se diseñen con nuestra participación y desde una perspectiva de derechos humanos y de reducción del daño. Para ello, es necesario tener en cuenta los siguientes puntos, que consideramos mínimos e imprescindibles, y que nos parecen debieran ser de consenso si realmente interesan nuestras vidas y nuestra dignidad.

El reconocimiento de derechos pasa necesariamente por la distinción entre prostitución y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

En un contexto político marcado por la utilización del debate de la prostitución dentro del feminismo, así como la utilización con fines electorales de asesinatos y casos de víctimas de trata, violencia de género y/o institucional, se tiende a eliminar la distinción entre prostitución y trata con el objetivo de silenciar e impedir la participación de aquellas personas que hemos decidido ejercer este trabajo. Incluso se ha llegado a difamar y comprometer la seguridad e intimidad de algunas de nosotras. Esta tergiversación forma parte del discurso que provoca un doble efecto negativo sobre las mujeres. Por un lado, no se llega a combatir la trata de manera real y no se protege a las víctimas de la misma. Por el otro, se criminaliza y se vulneran los derechos de quienes, independientemente de lo que nos haya llevado a ello, decidimos dedicarnos a la prostitución.

Es por ello que exigimos que cualquier intervención vaya acompañada de un marco legal que no confunda trata y prostitución y que sea capaz de dar respuestas reales a las diferentes situaciones de las personas que ejercen el trabajo sexual . Dentro de este marco legal entendemos que deben existir medidas específicas sobre prostitución y medidas específicas para combatir la trata. Las administraciones públicas necesariamente deben tener en cuenta la diferencia a la hora de intervenir, ya que las respuestas a cada situación no son en absoluto las mismas.

Medidas sobre trabajo sexual

 Alternativas laborales reales y no precarizadas ni feminizadas para las mujeres que quieren abandonar la prostitución. El acceso a las mismas no debe implicar el visibilizarse como prostituta, a fin de evitar los efectos del estigma a nivel laboral, social y personal.

– Necesitamos cursos de formación becados y de calidad, que permitan un progreso social y económico y que no condenen a las mujeres a empleos precarios, feminizados, donde van a ser explotadas y empobrecidas. Proponemos rescatar el perfil de Mediadora Social y de Salud que durante un tiempo se implementó en Andalucía, donde las ex prostitutas realizaban la intervención social en los contextos de trabajo de sus compañeras, y que posteriormente  fue tomada por organizaciones institucionales de corte abolicionista.

– Garantizar el efectivo empadronamiento y el acceso al sistema de salud de las migrantes, porque este es un derecho universal, al margen de que su situación administrativa esté o no regularizada. Establecer mecanismos que posibiliten el efectivo empadronamiento de las personas migrantes trabajadoras sexuales que residen en nuestro país.  Garantizar el acceso al sistema sanitario público de todas las personas migrantes, independientemente a su situación administrativa, en todo el estado español y con todas las garantías y derechos.

– Cese de las ordenanzas municipales que multan a prostitutas y/o clientes, y de la Ley Mordaza.Ésta suele implementarse para multar allí donde no hay ordenanza municipal. Estas prácticas criminalizan y empobrecen más a las mujeres y las condena a mayor vulnerabilidad (como ya lo ha demostrado en su reciente investigación el Grupo Antígona de la UAB*2) al tener que ir a lugares más aislados, con menos tiempo y capacidad de negociación, para evitar las multas. La criminalización y la precariedad a la que nos aboca, además, contribuye a que terminemos trabajando para terceros, ya sea en clubes o pisos, donde la explotación económica y laboral es mayor por carecer de derechos frente a los empresarios. En dicho orden, exigimos que se anulen todas las multas a trabajadoras sexuales no pagadas hasta hoy como acto de reparación.

– Sentar bases y criterios para que el debate sobre prostitución se produzca realmente, podamos escucharnos y llegar a acuerdos. Para ello, resulta necesario que se tengan en cuenta y respeten todas las voces y es imprescindible la participación activa de las prostitutas.

– Acceso a los servicios sociales: Las mujeres que ejercen la prostitución, especialmente si son madres, se enfrentan a una institución que, si no se asumen como víctimas dispuestas a ser salvadas, las estigmatiza, criminaliza y, les quita la custodia de sus hijes. Necesitamos poder acceder a los servicios sociales y sus recursos de forma segura, en pie de igualdad al resto de las personas con algún tipo de vulnerabilidad social. Necesitamos que las y los trabajadores sean sensibles frente al estigma que sufrimos, no que nos juzguen en base a una determinada moral *3.

– Derechos y protecciones laborales para las personas que han escogido ejercer la prostitución.Carecer de derechos laborales dificulta, y a veces incluso impide, el acceso a derechos civiles y sociales, abocándonos a una situación de indefensión social y jurídica. Como ha demostrado la experiencia neozelandesa en sus ulteriores revisiones por entidades de derechos humanos, academia y magistratura, esta es la única vía para reducir la vulnerabilidad de nuestro colectivo y aumentar nuestra autonomía en el trabajo *4.

 Trabajo a terceros:  En espacios de trabajo a terceros, la ausencia de cualquier tipo de derecho se traduce en un poder ilimitado por parte del empresariado, con los consecuentes abusos que eso acarrea. Muchas prostitutas no tienen la posibilidad de trabajar de manera autónoma por diversas razones, ya sea por su situación irregular u otros motivos personales y de preferencia. Necesitamos medidas que nos permitan organizarnos en espacios autogestionados y derechos para protegernos de los abusos del sector patronal y empresarial en todas sus modalidades.

– El Trabajo Sexual (TS) es diverso al igual que las personas que se dedican a ello,  y no solamente comprende un tipo determinado de prostitución: TS callejero , TS online/telefónico, TS independiente, TS a terceros, TS indoor, TS outdoor, y TS audiovisual, así como el TS masculino. Necesitamos medidas específicas para cada sector, pactadas y negociadas con sus agentes protagonistas, según sus necesidades y demandas.

Medidas contra la trata

El situarnos en un marco legal que establezca de manera clara y real la distinción entre trata y prostitución permitirá articular medidas concretas contra este gravísimo delito. También es necesario distinguir trata de las redes de tráfico de personas. Éstas últimas se aprovechan de las políticas de fronteras de la Europa fortaleza para lucrarse a costa de las personas migrantes. Ni todas las mujeres extranjeras vienen a través de una red de tráfico ni todas las que vienen a través de una red de tráfico han sido tratadas, sino que deciden dentro de las escasas opciones laborales que les quedan, prefiriendo gastar sus ahorros para venir a Europa a ejercer la prostitución que quedarse en sus países a merced de la violencia, el hambre o la guerra.

Es urgente y necesario cambiar el enfoque que se da a la trata. Es decir, la trata debería dejar de ser un instrumento de control migratorio para, en cambio, darle prioridad a los derechos humanos de las víctimas. Con ello, apostamos por que la víctima pueda acceder a derechos y a una protección independientemente de si denuncia o no al tratante. Además de esto, son necesarias otras actuaciones como:

– Que se tengan en cuenta todas las modalidades de trata que existen. De acuerdo con el último informe del Consejo de Europa, España vulnera sistemáticamente los derechos de las víctimas de trata laboral, que no se detectan, encontrándose infra representada. Los datos que proporcionó el Gobierno para este mismo Informe muestran que la trata laboral en España tiene las mismas proporciones que la trata con fines de prostitución forzada.

– Cese de las redadas dirigidas a las migrantes en situación irregular que ejercen la prostitución. Son la mayoría y (a pesar de que para ciertos sectores feministas prohibicionistas todas son tratadas) se les aplica la ley de extranjería, sufriendo continuamente controles llevados a cabo por motivos de discriminación racial y de país de origen. Como la prostitución no tiene estatus legal, no pueden cumplir con las restricciones que impone la ley y, por lo tanto, se ven obligadas a permanecer en un círculo de clandestinidad del que no pueden salir, ni tampoco acceder a otros trabajos si así lo desearan. Si cabe la posibilidad de que sean víctimas de trata: ¿por qué son expulsadas en lugar de ser protegidas?

– Cese de deportaciones y órdenes de expulsión: apoyo real sin límite de tiempo con garantías sociales y jurídicas para que las víctimas puedan denunciar. Actualmente tienen 90 días para reflexionar, sin ningún tipo de atención. Si no denuncian (lo cual es muy probable debido al miedo y las amenazas de los tratantes a sus familias) son trasladadas a los CIEs.

– Garantizar el asilo político a las víctimas de trata: en los 10 últimos años sólo se han concedido 25 asilos para las víctimas de trata de todos los sectores (agricultura, servicio doméstico, textil, explotación sexual).

– Que se garantice la indemnización a las víctimas por parte del Estado. En la mayoría de los sistemas legales, incluido el español, se reconoce el derecho de las víctimas a reclamar ante la justicia una compensación por los daños materiales y morales sufridos. Sin embargo, en la práctica, persisten muchos obstáculos para que lleguen a obtener una reparación efectiva. En el caso de las víctimas de trata de personas las posibilidades reales de que lleguen a obtener una indemnización es muy baja *5.

– Cierre inmediato de los CIEs: El funcionamiento del sistema carcelario de  los CIES incide de manera diferente entre mujeres y hombres. Las mujeres son también usadas como mano de obra en estos centros de internamiento y pueden permanecer arrestadas durante un tiempo ilimitado si las necesidades de mantenimiento de estos centros así lo requieren.

– Modificación de la actual Ley de Extranjería. Esta ley es responsable de las situaciones de abuso que viven las prostitutas migrantes de países extracomunitarios. Es necesario tener en cuenta que una política migratoria restrictiva como la que tenemos favorece la proliferación y el recrudecimiento de las redes de trata y sus métodos. Las dificultades de acceso a una regularización documental por parte de las personas migrantes en España, también afecta a las trabajadoras sexuales migrantes limitando sus opciones y poniendo obstáculos a sus proyectos migratorios.

Nuestras demandas no perjudican a nadie, no hay que elegir entre nuestros intereses y los de otro sector de la sociedad. Nos situamos de lleno en el feminismo, un feminismo que tiene en cuenta los diferentes ejes de opresión de las mujeres reales, y por tanto se ocupa también de fronteras y de horarios y de bajas por enfermedad. Consideramos que son compatibles con cualquier posición sobre lo que debería ocurrir con la prostitución en la sociedad futura a la que cada una aspiramos, son demandas para poner en marcha ahora mismo, en la sociedad y realidades que vivimos en el presente. El debate no consiste en decidir entre prostitución sí o no, la realidad es: trabajo sexual con derechos y protección, o trabajo sexual clandestino , con todas las consecuencias que eso conlleva.


*1 Palabras de Dolores Juliano
*2 “Las ordenanzas municipales: entre la regulación y la sanción de la prostitución en España”http://revistes.ub.edu/index.php/CriticaPenalPoder/article/view/26785
*3 Linda Porn “El hombre del saco”: https://www.pikaramagazine.com/2019/03/el-hombre-del-saco/ 
*4 United Nations Office on Drugs and Crime: “Global Report on Trafficking in Persons 2018”https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTiP_2018_BOOK_web_small.pdf
*5 Informe “Valoración del Nuevo Marco Jurídico contra la Trata de Seres Humanos. Análisis de Casos Reales y Recomendaciones”, Proyecto ESPERANZA:  http://www.proyectoesperanza.org/materiales/Informe_Nuevo_Marco_Juridico_Documento.pdf

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COLECTIVOS FIRMANTES:

AFEMTRAS – Agrupación Feminista de Trabajadoras Sexuales

APROSEX – Asociación de Profesionales del Sexo

Colectivo Caye

CPS – Colectivo de Prostitutas de Sevilla

IAC-FAA Secció Sindical Treballadores Sexuals

Putes Llibertaries del Raval

Sindicato OTRAS

ADHESIONES DE COLECTIVOS

Acciónenred Andalucía

Acciónenred Madrid

APDHA – Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía

Asamblea de mujeres de Granada “Mariana Pineda”

Asamblea Transmaricabollo de Sol, Madrid

Asociación Genera

CAMPA (Colectivo de apoyo a mujeres presas de Aragón)

Colectivo #NuncaSinNosotras Zaragoza

C.A.T.S. – Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo

Fundación de Los Comunes

Mujeres Progresistas por la Diversidad en Granada

Nociones Comunes Zaragoza.

(N)O.M.A.D.A.S – Oficina de Migración y Atención a la Diversidad Afectivo Sexual, Valencia

Synusia

 

Manifestación Feminista del #8M por los derechos laborales de las trabajadoras sexuales

 

http://www.tiffotos.com/trabajo-sexual/?fbclid=IwAR352snDwziZBkdIHvd7zqMF8OXq0zplJY2Len7TXATcodUVjw46DtcCD38

Trabajadoras sexuales en lucha por el reconocimiento de sus derechos

 

Durante la manifestación por el 8 de Marzo, Día de la Mujer Trabajadora, en Madrid, la Asociación Feminista de Trabajadoras Sexuales AFEMTRAS y la Organización de Trabajadores Sexuales, el sindicato OTRAS, acudieron con sus pancartas a reivindicar su derecho a la dignidad y sus derechos como trabajadores. Tienen que arriesgarse a dar la cara ellas mismas, ya que el movimiento feminista les da la espalda y les niega cualquier reconocimiento. Les acusa de promover la violación y el proxenetismo. Las líderes abolicionistas pretenden criminalizar aun más la prostitución.

Según antropólogos, el origen de la explotación de las mujeres se situaría en las raíces de nuestro desarrollo evolutivo. Las antiguas tribus de cazadores recolectores, de pocos indivíduos, recurrirían al intercambio de mujeres con otras tribus. De este modo evitarían la endogamia en los pequeños clanes al introducir nuevos genes en las descendencias. También se cree que se procuraba la compañía de las mujeres de la tribu a los viajeros como signo de hospitalidad, que también aportaría nuevos genes al clan. Esta hospitalidad se agradecería con regalos para el clan por parte de los viajeros, lo que marcaría el origen del proxenetismo, más que de la prostitución.

 

Mariano Tudela sitúa el origen de la prostitución en los rituales religiosos de Caldea:

“(…)Vayamos por partes. Indiquemos que hospitalidad y prostitución van muy unidas en los primeros tiempos; casi se puede decir que se complementan. Pero no nos precipitemos, empero, y digamos que las dos partes de Caldea, al unirse por mandato de Nemrod, exhiben, como característica más acusada, la recién inventada y descubierta prostitución. Y, además, la prostitución primitiva con sus dos vertientes perfectamente diferenciadas: la hospitalaria y la religiosa. “

La evolución al neolítico incorporó a la cultura el concepto de propiedad en los asentamientos estables. Se empezó a practicar la apropiación de las mujeres por parte de los hombres, y su sometimiento a los trabajos domésticos, evidencias de esto se encuentran en los hayazgos arquológicos. En las escavaciones de los asentamientos más antiguos aparecen restos femeninos con las articulaciones deformadas, lesiones relacionadas con actividades concretas, señal de una vida de trabajo intenso e ininterrumpido, que no se aprecian en los restos masculinos. Es el origen del patriarcado y la represión sexual (los hombres ya no desean criar herederos descendientes de terceros e impiden a sus mujeres relacionarse con otros varones), una forma de organización social que implica el abuso que se ha ido perpetuando hasta la actualidad. Este sistema se asimila como un valor cultural inspirado en los modelos de comportamiento difundidos entre la mitología local.

 

Bien entrados en el siglo XXI, aun tenemos que convivir con legislaciones influenciadas por las antiguas tradiciones y las supersticiones nacidas de los primeros ejercicios de propaganda política, como la que contempla nuestro universo sexual, que nos define como especie, como espiritualmente nocivo para poder justificar la represión sexual hacia el colectivo femenino y su sometimiento a los caprichos de los hombres. Arabia Saudí es un ejemplo conocido por todos.

El movimiento abolicionista, compuesto por colectivos que se oponen a la descriminalización y normalización de los servicios sexuales, está arraigado en el poso del abrahamismo original. Se entiende desde un prisma moralista que ignora todos los estudios sobre biología, anatomía humana, psicología, sociología, e incluso la Historia. Las investigaciones sólo corroboran lo positivo que es mantener relaciones sexuales con naturalidad, bueno para el indivíduo y, consecuentemente, para toda la comunidad. En una sociedad heterogénea, que abraza el enriquecimiento de la diversidad cultural, es ridículo insistir en que las relaciones entre adultos deban ceñirse al modelo tradicional propuesto desde los colectivos más supersticiosos.

En las sociedades civilizadas, la tolerancia a la diversidad sexual es un hecho. En las sociedades más primitivas, la represión sexual todavía se practica con extrema crueldad, y siempre contra las mujeres. Son las mujeres que reivindican su libertad, su sexualidad y su derecho a disfrutarla quienes son objeto de ataques y vejaciones.

En España no estamos alejados de las culturas menos desarrolladas. Aun se estigmatiza a las personas que disfrutan abiertamente de su libertad sexual (recién adquirida hace apenas 40 años, con la caída del régimen católico franquista, tras un período de transición cultural revolucionaria). Y en este contexto, las personas que ofrecen servicios sexuales, además de estar estigmatizadas, se ven condenadas a la marginalidad, a la indefensión legal y el desamparo al no recibir protección por parte de las autoridades. Sin sus derechos reconocidos, las trabajadoras sexuales son vulnerables ante los malos tratos, las estafas, los abusos policiales y las redes de trata de las mafias del sector. Miles de trabajadoras sexuales son violadas, asesinadas, torturadas o simplemente desaparecen cada año en todo el mundo sin que se investiguen sus casos.

El estigma de la prostitución es acusado. En el sector del trabajo sexual es extraño encontrar trabajadores que se atrevan a reconocer su actividad públicamente, por las graves repercusiones que pueda tener, y muy raro encontrar valientes que levanten la cara para defender su dignidad y sus derechos básicos como personas. Luchar para filtrar el poso cultural del patriarcado, encostrado en nuestras más profundas raíces evolutivas, no está siendo fácil ni agradecido. Es un combate doloso y lleno de sacrificios, pero se van consiguiendo avances por todo el mundo. Los trabajadores sexuales están aprendiendo a organizarse para defender su derecho a la dignidad y el reconocimiento de su actividad como un aporte importante y necesario para la sociedad.

El sindicato OTRAS nace en España ante la necesidad de las trabajadores sexuales de una organización capaz de representarles con poder para negociar convenios colectivos, así mejorar las condiciones de los trabajadores sexuales que trabajan por cuenta propia o ajena en hoteles o clubs, garantizar el respeto por sus derechos laborales, protección y amparo por parte de las instituciones responsables de la seguridad.

Citando a Conxa Borrell, Secretaria General de OTRAS:

-“Nuestros derechos los conseguimos a través del sindicalismo, como se han conseguido los derechos de todos los trabajadores y todas las trabajadoras a nivel global. Sin sindicatos no habría una jornada de 8 horas, sin sindicatos no habría fines de semana, sin sindicatos no habría pagas dobles, sin sindicatos no habría vacaciones. Por lo tanto, la importancia de crear un sindicato en este sector era muy fuerte, y era una demanda que las trabajadoras del sector nos venían haciendo desde hace mucho tiempo. No es fácil crear un sindicato, no es fácil crear algo desde la nada, y crear un sindicato de trabajo sexual no ha sido fácil. No está siendo fácil. Pero estamos seguras de una cosa, y es de que la fuerza de la razón nos acompaña (…)”-

 

Web del sindicato OTRAS:

http://sindicatootras.org/

 

Contacto con AFEMTRAS en Facebook:

https://www.facebook.com/Afemtras-1073000382756369/

Sindicato OTRAS en el B.O.E.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-B-2018-40130.pdf

 

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