Ahora es el momento de despenalizar el trabajo sexual en Canadá

 

Sandeep Prasad, Directora Ejecutiva de Acción Canadá para la Salud y los Derechos Sexuales

24/04/2017

http://www.huffingtonpost.ca/sandeep-prasad/decriminalizing-sex-work_b_16211160.html


El gobierno de Trudeau ha abordado varios elementos claves de su estrategia de reforma de la ley penal, pero hace mucho tiempo que tenía que haber despenalizado el trabajo sexual.

 
Ser elegido para dirigir nuestro país implica algo más que victorias fáciles y asuntos políticamente oportunos “agradables a la gente”. El gobierno de Trudeau tiene la obligación moral de garantizar la salud pública y la seguridad de todos sus ciudadanos. El peso de la mayoría liberal debe respaldar la salud y la seguridad de todas las personas en Canadá, incluyendo las trabajadoras sexuales.

 
En 2017, las trabajadoras sexuales de Canadá continúan viviendo y trabajando en condiciones inseguras, enfrentándose a la violencia predatoria y estatal, las redadas de inmigración, la deportación, la vigilancia y el arresto, así como a la violación de sus derechos humanos. El hecho de no haber solucionado esto todavía sugiere que esta cuestión de los derechos humanos es intencionalmente dejada fuera de la agenda legislativa, lo que constituye una seria preocupación.

 
La reforma de la ley sobre el trabajo sexual es importante en Canadá. Entre los interesados, el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la salud ha condenado la penalización total o asimétrica del trabajo sexual como una violación del derecho a la salud al crear barreras para el acceso de las trabajadoras sexuales a los servicios de salud.

 
Los gobiernos tienen la obligación de demostrar la debida diligencia en la protección de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, incluido su derecho a la salud y a no verse sometidos a la violencia. Las leyes y regulaciones deben estar basadas en la evidencia y abordar los sistemas de opresión cruzados y estratificados que afectan las experiencias de las trabajadoras sexuales. Esto sólo puede comenzar cuando nuestro gobierno tome las medidas necesarias para despenalizar el trabajo sexual en Canadá.

 
En diciembre de 2013, la victoria estuvo casi al alcance. La Corte Suprema de Canadá anuló unánimemente las leyes perjudiciales que obstaculizaban la protección efectiva de las trabajadoras sexuales y de la comunidad en general.

 
El avance hacia la despenalización fue respaldado por miles de páginas de evidencias y testimonios de expertos, así como décadas de informes e investigaciones de comisiones patrocinadas por el gobierno, encabezadas por el activismo implacable de las organizaciones de base.

 

La decisión Bedford de la Corte Suprema marcó un gran paso en el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras sexuales específicamente, y de los derechos humanos en Canadá de manera más general. Durante más de treinta años, las trabajadoras sexuales habían pedido a Canadá que derogara las leyes que les atañen a ellas, a sus clientes y a las personas con las que trabajan, señalando el daño ocasionado por la penalización de los elementos del trabajo sexual y la incapacidad de las leyes de prostitución para protegerlas de la violencia. Muchas vidas se perdieron esperando esta victoria.

 
Casi de inmediato, el gobierno de Harper comunicó su intención de introducir nuevas leyes. Un cambio hacia un discurso que amalgamaba el trabajo sexual y la trata de seres humanos pronto se puso en marcha e introdujo la idea de las trabajadoras sexuales como víctimas para justificar la continua regulación agresiva del trabajo sexual y de las trabajadoras sexuales. En diciembre de 2014, el proyecto de ley C-36, Ley de protección de las comunidades y personas explotadas, se convirtió en ley.

 
Al igual que las leyes puestas en marcha en 2013, este nuevo régimen regulatorio no cumple con la Carta de Derechos y Libertades y con los requisitos establecidos por el Tribunal Supremo de Canadá en su decisión Bedford.

 
Este giro de los acontecimientos golpeó seriamente a las directamente afectadas por la penalización del trabajo sexual, algunas de los cuales habían pasado décadas luchando por sus derechos y se les decía que esperaran una vez más. Las evidencias de las ciencias sociales de Canadá y de todo el mundo indican claramente que la penalización de la industria del sexo — ya sean clientes, terceros o trabajadoras del sexo— continúa enviando a la industria del sexo a las sombras, restringiendo el acceso de las trabajadores sexuales a importantes mecanismos de seguridad y tiene profundas consecuencias negativas sobre la salud, la seguridad, la igualdad y los derechos humanos de las trabajadoras sexuales.

 
El Partido Liberal de Canadá, entonces un partido de oposición, denunció claramente la nueva ley. Tomaron una postura clara y expresaron serias preocupaciones sobre la nueva legislación que no protege adecuadamente la salud y la seguridad de las personas vulnerables, en particular las mujeres.

 
Durante la campaña electoral en 2015, la entonces crítica de salud liberal Hedy Fry dijo a un foro de igualdad de mujeres de todos los candidatos que su partido mantenía su firme oposición al proyecto de ley C-36 y planeaba desecharlo. Cuando el Partido Liberal ganó su gobierno mayoritario, prometieron un cambio real y calificaron al nuevo primer ministro de Canadá como feminista. ¿Dónde está el cambio?

 
Una vez elegido, el gobierno de Trudeau tomó la medida sin precedentes de publicar públicamente todas las cartas de mandato ministeriales. Estos documentos proporcionan un marco para lo que se espera que cumplan los ministros, incluyendo los objetivos políticos específicos y los retos a abordar. La carta de mandato público recibida por el nuevo Procurador General de Justicia de Canadá y el Ministro de Justicia, la Honorable Jody Wilson-Raybould, no mencionaba el trabajo sexual; no se incluyó un cronograma para abordar la penalización del trabajo sexual.

 
El gobierno de Trudeau se ha promocionado como uno que promueve, respeta y lucha por los derechos de la Constitución; sin embargo, su respuesta a los derechos constitucionales de las trabajadoras sexuales es lamentable hasta la fecha: un año y medio más tarde, seguimos esperando.

 
La ministra de Justicia, Jody Wilson-Raybould, debe iniciar rápidamente un proceso de reforma de la ley del trabajo sexual que culmine en la despenalización del trabajo sexual como parte de la estrategia de reforma del derecho penal de este gobierno. El momento es ahora. De hecho, el momento fue hace mucho tiempo.

 

Cuando las trabajadoras sexuales experimentan placer con sus clientes

Una aportación al debate sobre la prostitución que puede cuestionar estereotipos y prejuicios. ¿Pueden disfrutar estas personas con su trabajo? Si sí, ¿cómo es ese placer?

 

Raquel Márquez

 

02.01.2017

 

 

http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2017-01-02/placer-que-experimentan-las-trabajadoras-sexuales-protitutas-con-sus-clientes_1306941/

 

Estamos en un momento crítico del debate sobre el trabajo sexual. Muchos creen que se trata de una explotación imperdonable y discuten sobre quién tiene la culpa y cómo castigarlo. Otros afirman que la libertad individual tiene que ser el criterio supremo, y defienden que es una carrera profesional no más peligrosa ni indigna que otras, por lo que debería regularse, con seguridad social, análisis médicos (¿obligatorios?), nómina e impuestos.

Dentro de los movimientos feministas, la división es tan grande como en el resto de la sociedad. Patriarcado para unos, empoderamiento y liberación de los yugos tradicionales para otros. Una tercera vía, la más moderada y también quizá la menos popular, aboga por una despenalización de los tratos privados entre prostituta (o prostituto) y cliente, pero no como actividad económica sino como elección íntima, sin normalizar la figura del proxeneta (o la madame).

Un estudio reciente, llamado “It gets very intimate for me’: Discursive boundaries of pleasure and performance in sex work“, de Elizabet Megan Smith, puede arrojar luz sobre estas cuestiones. Aunque la muestra no es estadísticamente significativa, han hablado a fondo con nueve mujeres que realizan su actividad en Victoria, Australia. Basándose en la idea de Foucault del nexo entre poder, conocimiento y discurso, ha querido averiguar cómo es la intimidad de estas trabajadoras con sus clientes y hasta qué punto el placer entra en la ecuación, tanto en su vida profesional como en la privada.

Víctimas o frívolas

Con ello en mente, la investigadora afirma que su análisis viene a apoyar la tercera ola del feminismo en cuanto al trabajo sexual. Se trata de un espacio complejo en el que el discurso de dominación y sumisión se mezclan. Un asunto que no ha sido representado correctamente en los medios y en la cultura popular.

Las feministas tienden a hablar de las prostitutas como empoderadas, o bien como explotadas, sin grises en medio. O son felices y despreocupadas o son drogadictas empujadas por chulos a hacer ejercer en contra de su voluntad. Desde el cristianismo, la biomedicina y el psicoanálisis, las prostitutas también se suelen considerar víctimas.

La tercera ola, que suscribe Smith, cree que el trabajo sexual puede ser seguro o peligroso, liberar o explotar, ayudar a perpetuar relaciones de poder injustas o todo lo contrario.

Mientras que se ha estudiado mucho cómo las prostitutas ponen fronteras entre su vida personal y la profesional, el placer es un campo más inexplorado, sobre todo en el caso de las trabajadoras femeninas. En los hombres, nos cuenta, se ha introducido una mayor gama de grises, entre otras cosas porque tradicionalmente se ha considerado que su deseo es inevitable y que está siempre presente. Eso hace que no parezca tan contradictorio e incorrecto hablar de su deseo cuando están ‘actuando’ para sus clientes.

También es complicado hablar del placer de la prostituta porque, para muchas feministas, esto supone desandar el camino anterior para librarlas del estigma de pecadoras. “Si disfrutas en la cama y además te pagan, ¿de qué te quejas?”. Por otro lado, ellas pueden tener vergüenza a la hora de confesar cosas así, y hasta es difícil pedir para este tipo de estudios la aprobación de los comités éticos de las universidades. Si se da este placer, para algunas feministas radicales (según palabras de Smith) ha de ser por connivencia con sus opresores. Una especie de síndrome de Estocolmo que no puede ser llamado auténticamente placer.

Veremos que las cosas son… lo dicho, más complejas que eso. Los nombres de estas mujeres son alias que ellas eligieron, así que no se hacen publicidad por el hecho de aparecer en el estudio.

Kate

Kate (treinta y pocos) solo había trabajado unos meses como trabajadora sexual cuando participó en estas entrevistas, para pagar sus deudas antes de quedarse embarazada. Con anterioridad había tenido problemas para experimentar placer con sus parejas masculinas, porque le daban “miedo” y “se tenía que obligar a sí misma” a hacerlo. Pensó que iba a ser similar y que odiaría cada segundo, pero para su sorpresa su primer cliente le resultó “muy atractivo”. “No podía entender que no tuviera cien novias deseando pasar la noche con él. No me lo creía. Pensé: ¿es una broma? Era un entrenador personal y ‘stripper’ tuve el mejor sexo de los últimos diez años (sonríe). Casi no podía aceptar el dinero”.

Los siguientes no fueron una lotería semejante, pero del siguiente dice que era “muy dulce y encantador” y que estableció con él una “amistad fabulosa”. “Tiene tanto sobrepeso que no puede hacerlo con penetración”, pero dice también que “es realmente buen amante en otros aspectos, sabe lo que hace y me da mucho placer”. Además, dice que ese distanciamiento (que no hubiera la conexión emocional que sí experimentaba antes con sus parejas) le ha ayudado a dejarse llevar.

Natalie y Melina

Tampoco a Natalie podemos meterla fácilmente en el saco de las explotadas, al menos según lo que dijo a la investigadora. Ella tiene alrededor de 35 años pero no es novata, lleva más de diez como trabajadora sexual. Dijo a Smith que prefiere a hombres, sobre todo a trabajadores manuales. Prefiere no contarle a sus novios esta parte de su vida. “A veces el tipo con la pinta más imbécil del mundo puede hacer que te corras, y es más probable que ocurra cuando estoy soltera que cuando tengo una relación”.

Como Kate, Melina esperaba “hombres asquerosos y daños psicológicos” y se encontró con que en el burdel donde trabajaba era posible experimentar placer con ellos y llegar al orgasmo. “No es solo que se corran, es liberación, intimidad y sensualidad“. Melina coincide con Kitty: “no están allí solo para correrse”, dice. “La mayoría de los tíos buscan una conexión“.

Kitty

Kitty es estudiante de arte, tiene treinta y pocos años y lleva en distintas actividades del sector desde que tenía 17. No lo oculta y ha hecho espectáculos artísticos relacionados con el sexo. Para ella explorar el sexo de esta forma está relacionado con la espiritualidad oriental.

Está a caballo entre el trabajo y lo personal, es muy íntimo para mí. Ellos no están allí solo para correrse, la mayoría buscan una conexión

Contó a Smith que tiene sesiones tántricas en las que intenta disfrutar ella misma y que sus clientes experimenten la ‘iluminación’ y encuentren su lado femenino, negando la visión pecaminosa del sexo de la tradición judeocristiana. Para ella lo que hace está a caballo entre el trabajo y el placer personal.

April y Sara

Para April, que llevaba diez años ejerciendo en el momento de la entrevista, hay muchas cosas que los trabajadores sexuales pueden aprender de su propia sexualidad.

Ella marca mucho las diferencias entre el sexo que vive en el trabajo y en sus citas personales: “Es un enfoque muy distinto. En mi vida personal estoy espiritual y emocionalmente dispuesta a abrirme físicamente de otra forma con mi compañero”. El amor profundo lo cambia todo, y dice que aunque las acciones puedan parecer las mismas, sus motivaciones y deseos son muy distintos, porque busca el compromiso con la otra persona.

Sara, como Kitty, también ha querido liberarse de las creencias morales sobre sexualidad que preocupan a otras prostitutas. Se supone que las mujeres no deben ser promiscuas, que deben “ser monógamas y sentirse mal al practicar el sexo con otras personas“.

Samantha

Samantha está en la cincuentena y lleva 20 años ejerciendo de forma privada y tiene su propio negocio sexual, además de dirigir una empresa “normal” de cuidado de mascotas. Cuando la entrevistaron vivía con su pareja masculina y con una compañera de piso. Cuida mucho su salud, su forma física y su alimentación.

Hasta que no me pongo mi pijama y dejo de oler a perfume no me siento en mi piel. La lencería es como un uniforme de trabajo

Algunos de sus clientes llevan con ella desde que empezó. Según su testimonio para ellos es: “una novia, o una esposa extra. Han estado conmigo durante sus divorcios, la muerte de su mujer… montones de cosas. Me he convertido en algo muy parecido a familia para ellos”.

Ella ha construido un personaje en su trabajo y dice que no se trata de ser sexy sino de “manipular a los hombres“. En lugar de crear un estereotipo de trabajadora sexual, tras estudiar y reflexionar: “decidí una estrategia de marketing. Parezco muy joven y soy muy mona, así que traté de ser la típica chica de al lado. Siempre visto de forma conservadora y llevo un maquillaje muy mínimo”.

Lilith y Cherry

El caso de Lilith es similar al de Samantha. Su placer es algo muy distinto a su trabajo y al hablar de lo que hace se centra en la creación de su personaje: “Cuando trabajo siempre llevo lencería, braguitas sexys… Hasta que no me doy una buena ducha, me pongo mi pijama y dejo de oler a perfume para oler a mí misma no me siento en mi piel. La ropa interior es como un uniforme de trabajo”. Y lo compara con los bomberos, que seguramente no se sientan sexys aunque lo estén. Ella con su pijama de franela se siente más sexy, porque no está trabajando.

 

Confesiones de una ex SWERF

 

Taryn De Vere

 

29 de marzo de 2017

 

https://medium.com/@taryndevere/confessions-of-a-former-swerf-be0892f0fd30

Ok, puede que no fuera del todo una SWERF, ya que no quería quitar derechos a las trabajadoras del sexo, pero yo pensaba que el trabajo sexual era explotador y un resultado directo de siglos de patriarcado. Pensaba que cualquier persona que intentara comprar sexo de otra persona debía ser criminalizada, porque yo ingenuamente creía que eso acabaría con la demanda. También pensaba que todo el mundo que trabajaba en la industria estaba allí bajo coacción. Y todas estas suposiciones estaban basadas en una ignorancia completa y absoluta.

Desde entonces he tenido la suerte de conocer a mucha gente que trabaja en la industria del trabajo sexual (la mayoría de ellas mujeres). ¡Cómo me ha abierto eso los ojos! He visto destrozadas muchas de mis ideas e ilusiones. Una de mis amigas se vio obligada a trabajar en el sexo cuando era una adolescente y su experiencia fue horrible. Pero aparte de esa amiga —y yo diría que ella fue víctima de esclavitud sexual, no una trabajadora sexual— todas las otras mujeres que conozco que son trabajadoras sexuales han elegido su línea de trabajo.

Para algunas mujeres la elección es financiera. A otras mujeres lo único que les pasa es que les gusta jodidamente (disculpen el juego de palabras). Algunas mujeres que conozco encuentran que el trabajo sexual es un trabajo enormemente gratificante y agradable. ¡Lo sé! ¿No es asombroso? Yo también me sorprendí cuando me di cuenta de que no todo el mundo es como yo! (Estoy siendo sarcástica, por supuesto, pero sobre todo hacia mi antiguo yo).

Reunirme con trabajadoras sexuales y ex trabajadoras del sexo y escucharlas me abrió los ojos sobre por qué la gente trabaja en el trabajo sexual, y cómo la gente se siente al respecto, pero ¿qué pasa con el patriarcado? ¿Cómo reconciliar la venta del cuerpo femenino siguiendo siglos de degradación, sexualización y explotación de género? Como actualmente vivimos en un mundo patriarcal, es casi imposible saber si el trabajo sexual todavía existiría si viviéramos en un mundo equitativo, o incluso en un mundo que no fuera tan dependiente de la vergüenza, el miedo y el secreto. Tengo la sensación de que incluso si la sociedad fuera equitativa en todos los sentidos y no hubiera miedo o vergüenza en torno al sexo, todavía habría personas que querrían ser trabajadoras sexuales. Estoy basando este sentimiento en la sensación genuina de alegría y satisfacción que algunas trabajadoras sexuales dicen que obtienen de su trabajo y porque la mayoría de las mujeres que conozco que son trabajadoras sexuales me dicen que están contentas con el trabajo que han elegido.

Nunca olvidaré la pregunta que hice a una trabajadora sexual (que ahora se ha convertido en una amiga) cuando la conocí por primera vez:

    “¿Estás diciendo que algunas personas eligen activamente el trabajo sexual?”

“Sí”, dijo ella.

“Pero ¿algunas mujeres no lo hacen porque no pueden permitirse no hacerlo?”, le pregunté.

“Sí. Hay gente a la que no les gusta su trabajo, no importa qué trabajo estén haciendo, como hay limpiadoras que no quieren ser limpiadoras, pero que son forzadas por la pobreza “, dijo.     “Sólo porque usamos otras partes de nuestro cuerpo para hacer nuestro trabajo, ¿significa que no debemos tener los mismos derechos y la misma seguridad que tú?”

No pude rebatir eso. Y ese fue el final de mi SWERFenismo.

Sé que muchas mujeres son anti trabajo sexual y para mí estas personas son muy parecidas a las antielección. Desean negar a las mujeres su propia autonomía y experiencias y muestran poco interés en abordar los temas centrales que hacen que algunas mujeres asuman el trabajo sexual, tales como pobreza, elevadas tasas universitarias o costos de cuidado infantil. ¿Por qué las SWERFs no luchan duro para acabar con la pobreza, para proporcionar más apoyos a las madres solas o para bajar los costes universitarios? ¿Por qué en su lugar atacan a las mujeres que — como el resto de nosotras— sólo están tratando de ganarse la vida? Sé de mujeres que no elegirían el trabajo sexual si tuvieran suficiente seguridad financiera, pero como no la tienen, el trabajo sexual es la opción que han elegido para llevar la comida a la mesa. Y por supuesto están las mujeres que quieren ser trabajadoras sexuales y disfrutan siéndolo. ¿Por qué estas mujeres deben ser criminalizadas, estigmatizadas y negadas, sólo por el tipo de trabajo que han elegido hacer (y sin importar por qué lo han elegido)?

Hay una paradoja esencial en ser una SWERF: ¿cómo puedes realmente ser una feminista si no escuchas y crees en las experiencias de otras mujeres? ¿Cómo puedes adoptar una visión tan paternalista de las trabajadoras del sexo y pensar que sabes lo que es mejor para ellas, incluso cuando están claramente diciendo lo contrario? Mis propios puntos de vista de SWERF vinieron de la ignorancia y de una clase condescendiente de ambiente de cruzada moral: “sé lo que es lo mejor para vosotras, mujeres caídas. Vamos y os ayudaremos a salir de vuestra terrible vida”. Nunca dije eso o lo pensé, pero estaba en la raíz de las creencias que tenía sobre el trabajo sexual y las trabajadoras sexuales. Me estremece pensarlo ahora: qué condescendiente, qué arrogante, qué ofensivo. Estoy expiando públicamente por mis anteriores y espantosas maneras de SWERF y esperando que al hacerlo pueda llegar a algunas personas que están abiertas a nuevas ideas sobre las trabajadoras del sexo.

Había un montón de voces de SWERF encantadas por la implantación del modelo sueco/nórdico en Irlanda. Y, sin embargo, este modelo no ha reducido la venta de sexo en Suecia y sólo lo ha hecho más peligroso para las trabajadoras sexuales, por lo que se plantea la pregunta ¿a quién está sirviendo y por qué se sentiría nadie feliz por su implantación? Las SWERFs parecen felices de ignorar la evidencia y la investigación que muestran las muchas fallas peligrosas del modelo sueco/nórdico. He argumentado anteriormente que las SWERFs deberían ser llamadas SWERs, ya que no puedo encontrar ningún rastro de feminismo en un dogma que elimina las voces y la autonomía de las mujeres objeto de discusión y que son las más afectadas. Nuestras hermanas trabajadoras del sexo no deben ser arrojadas bajo el autobús por el bien de unos pocos moralizantes.

 

Me encantaría saber cómo las SWERFs reconcilian su “feminismo” con creencias que están perjudicando y en algunos casos matando mujeres. Tal vez, como me pasaba a mí, la mayoría de las SWERF nunca han conocido a una trabajadora del sexo o han pensado mucho en lo peligrosas e hirientes que son sus ideas. Espero que algunas de vosotras consideréis uniros a mí para apoyar los derechos de todas las mujeres, independientemente de la profesión que hayan elegido para sí.

 

 

  • Una nota sobre la trata: La trata y el trabajo sexual son discutidos a menudo juntos como si las dos cosas fueran lo mismo, pero las trabajadoras sexuales consensuales no son lo mismo que alguien forzado a la esclavitud sexual. No conozco a nadie que piense que la trata de seres humanos está bien. Y ninguna trabajadora sexual que conozca quiere obligar a nadie a trabajar en el trabajo sexual contra su voluntad. El consentimiento es clave en el trabajo sexual (y en el sexo). Luchar por la despenalización del trabajo sexual y la seguridad de las trabajadoras sexuales no es una victoria para los traficantes. Se sale un poco de los límites de este artículo el tema, pero podéis encontrar un gran trabajo sobre los problemas con el modelo nórdico vinculándolo a la trata aquí (1) y la diferencia fundamental entre el trabajo sexual y el tráfico humano explicada maravillosamente aquí (2).

 

Quiero reconocer y agradecer a todas las mujeres que han dado tanto de su tiempo y su energía a enseñarme a mí y a otros acerca del trabajo sexual, (con un agradecimiento especial a Lucy Smith de Ugly Mugs que es una Shero total).

 

 

 

 

1.- https://elestantedelaciti.wordpress.com/2017/02/14/asi-que-no-quieres-creer-a-amnistia-internacional-pues-mira-esto/

 

2.- http://thoughtsonliberty.com/stop-using-the-terms-sex-trafficking-and-sex-work-interchangeably

Feminismo y prostitución: la persistencia de una amarga disputa

Debate Feminista

Volume 51, June 2016, Pages 18–35

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0188947816300287

 

Resumen

La liberalización de las costumbres sexuales en el capitalismo tardío, junto con la desregulación neoliberal de los mercados, alentó la expansión de un mercado sexual donde algunos negocios funcionan de manera criminal, como ocurre con la trata de personas. En estas páginas reflexiono sobre la contraposición entre las feministas que impulsan el nuevo abolicionismo y las que abogan a favor de reconocer nuevas formas de organización del trabajo y de los derechos laborales para las personas que llevan a cabo trabajo sexual. Tal oposición es una expresión significativa de las “guerras en torno a lsexualidad” (Sex Wars) que se han venido dando sobre todo en Estados Unidos en paralelo con el desarrollo del feminismo y cuya influencia teórica y política ha enmarcado el debate feminista en todo el mundo. A ello se suma el giro punitivo de la política criminológica y judicial sobre el comercio sexual, que ensancha aún más la fractura política entre las feministas.

 

Palabras clave

  • Comercio sexual;
  • Trata de personas;
  • Feminismo;
  • Neoliberalismo;
  • Sex Wars

 

Las “guerras en torno a la sexualidad”

En el capitalismo tardío, la búsqueda de placer sexual ha transformado el paradigma de la sexualidad y se ha pasado del sexo procreativo al sexo recreativo. En la sexualidad, y en concreto en las relaciones sexuales, se organiza la vida social y las personas son clasificadas según esquemas que valoran o estigmatizan ciertas prácticas y conductas. Por eso una relación sexual nunca es simplemente el encuentro de dos cuerpos, sino que también es una puesta en acto de las jerarquías sociales y de las concepciones morales de una sociedad (Illouz, 2014).

Desde finales de la década de 1960 e inicios de la de 1970, la libertad sexual de las mujeres fue una reivindicación sustantiva de la segunda ola feminista. Y desde muy temprano surgieron profundas diferencias en la conceptualización de la llamada “prostitución”.1 Si bien las Sex Wars han ocurrido principalmente en el movimiento feminista estadounidense, su influencia teórica y política ha enmarcado la disputa feminista en todo el mundo. Esto responde a lo que Bolívar Echeverría (2008) calificó como la “americanización de la modernidad”, o sea a que la tendencia principal de desarrollo en el conjunto de la vida económica, social y política es la americana. Por eso no es rara la americanización del debate feminista mundial, por el papel determinante que han tenido las publicaciones y el activismo de las feministas estadounidenses.

A finales de 1971, en una conferencia en Nueva York sobre “La eliminación de la prostitución” se dio una álgida confrontación entre feministas y trabajadoras sexuales, a la que asistió Kate Millet. Dicha confrontación dividió a las feministas, y algunas secundaron la postura reivindicativa del trabajo sexual de las hookers. Dos años después, Millet publicaría The Prostitution Papers, 2 donde consigna que “las feministas ven esta objetivización sexual como deshumanizante y degradante, y la degradación peor es la que experimentan las mujeres que venden sus cuerpos para ganarse la vida” (Millet, 1973, p. 13).3

Para esas feministas neoyorkinas el problema de fondo era la brutal comercialización de los cuerpos de mujeres por el patriarcado capitalista, mientras que del otro lado de la Unión Americana, en California, surgiría una distinta reflexión política: la necesidad de activismo a favor de los derechos de las trabajadoras sexuales. En 1972, varias amas de casa —entre las que había lesbianas y prostitutas— fundan Whores, Housewives and Others (WHO) en California para luchar contra “la hipocresía de las leyes que controlan la sexualidad femenina, especialmente la prostitución” ( Chateauvert, 2013, p. 22). Diez años después, en 1982, la National Organization for Women formó un comité sobre derechos de las “prostitutas” al mismo tiempo que estalló la confrontación pública entre feministas durante la famosa Conferencia sobre Mujeres y Sexualidad, realizada en Barnard. 4 Dicha conferencia visibilizó públicamente las profundas diferencias entre las feministas que veían toda relación sexual (incluso la mercantil) como liberadora y las que la conceptualizaban como opresiva, y se exhibió la confrontación entre feministas pro-trabajadoras sexuales y feministas anti-prostitución. El contraste entre esas dos posturas se sostiene hasta la fecha.

El naciente movimiento de liberación de la mujer tendría gran impacto entre trabajadoras sexuales de muchos países. Entre 1975 y 1985, diversas organizaciones de “prostitutas” surgieron en Europa, casi siempre vinculadas a las feministas.5 Hacia mediados de la década de 1980, los grupos ya conectados entre sí empezaron a realizar foros y encuentros. En 1984 se llevó a cabo el Women’s Forum on Prostitutes Rights en Estados Unidos. En 1985 se realizó en Amsterdam el Primer Congreso Mundial de Prostitutas, y ahí mismo se fundó el International Committee on Prostitutes Rights (ICPR). Al segundo congreso, verificado en Bruselas en octubre de 1986, asistió Tatiana Cordero, de la Asociación de Mujeres Trabajadoras Autónomas de Ecuador que había surgido en 1982 en la provincia de El Oro y logró su estatus oficial en 1987 ( Abad, Briones, Cordero, Manzo y Marchán, 1998). Esta será la primera asociación con un proceso organizativo en América Latina; las demás despuntaron después, cuando se conformó la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe.6

En 1986, en una sesión del Parlamento Europeo, el debate sobre una resolución sobre la violencia contra las mujeres (documento A2-44/86), que incorporaba la distinción planteada por el International Committee on Prostitutes Rights (ICPR), entre el trabajo sexual en sí mismo y la violencia del tráfico de mujeres, y recogía no solo las demandas de autorrepresentación y protección de los derechos civiles de las “prostitutas”, sino además planteaba la exigencia a los gobiernos europeos de incluir a estas mujeres en sus deliberaciones sobre las políticas respecto a la prostitución, significó un triunfo parcial de las trabajadoras sexuales. Digo parcial, pues en la concepción que se hizo del problema se caracterizó la “prostitución” como una forma de explotación de las mujeres, y el documento quedó ambiguo: apoyaba el derecho de las mujeres a trabajar de “prostitutas”, pero al mismo tiempo hablaba de la necesidad de disuadirlas (Pheterson, 1989).

Mientras que los diputados conservadores manifestaban su indignación por que en el Parlamento “se le diera la palabra a las putas”, el grupo Women’s Organization for Equality (WOE), que reunía a feministas de varios países residentes en Bruselas y que se comunicaban entre sí en inglés, se juntó varias veces con el International Committe on Prostitutes Rights. Después de escuchar a las “prostitutas”, unas feministas aceptaron que si las propias mujeres insistían en trabajar y en que no habían sido engañadas, había que respetar su decisión, mientras que otras siguieron convencidas de que la “prostitución” era una actividad degradante ( Pheterson, 1989). Mientras las feministas se dividían, el International Committee on Prostitutes Rights emitió una declaración donde separaba conceptual y discursivamente la trata de mujeres y el trabajo sexual elegido. 7 Varios grupos feministas europeos denunciaron la hipocresía y el puritanismo en relación con el comercio sexual e insistieron en la necesidad de distinguir las prácticas abusivas de otras formas de coordinación y administración del trabajo sexual, e inclusive propusieron cooperativas manejadas por las propias trabajadoras. Pese a ello, la confrontación entre las dos posturas feministas ya estaba en marcha y los avances logrados en relación con la organización internacional, los derechos laborales y la sindicalización se detuvieron ante el activismo de un sector del movimiento feminista que cuestionó duramente “la prostitución” y cuyo discurso fue el vínculo sexualidad/violencia, lo que definió las tomas de posición.

Entre tanto, en Estados Unidos lo que fortalecería sustantivamente a las abolicionistas fue la política anti-sexualidad de Reagan (1981-1989), que se prolongaría con Bush padre (1989-1993) y Bush hijo (2001-2009) en la presidencia de Estados Unidos. Esa política conservadora iba no solo en contra de la pornografía y la prostitución, sino también contra la educación sexual, los servicios anticonceptivos, la despenalización del aborto, la autonomía sexual y el derecho a la privacidad de los adolescentes. Los conservadores religiosos condenaban la sexualidad fuera del matrimonio por considerarla pecaminosa; veían la “prostitución” como una amenaza para la institución de la familia y, por lo tanto, como una fuente de decadencia moral en la sociedad. El marco interpretativo de la postura abolicionista respecto al comercio sexual lo estableció Kathleen Barry8 al definir la prostitución como “esclavitud sexual”. Barry impulsaría la fundación en 1988 de la organización abolicionista Coalition Against Trafficking in Women (CATW), y también ese año aparecería el libro de Carole Pateman (1989)El contrato sexual, que plantea que al contrato social lo subyace un “contrato sexual”: los hombres dominan a las mujeres y ellas deben otorgarles servicios sexuales y domésticos. Así se constituye el patriarcado moderno, con ese contrato sexual que sostiene el contrato social establecido entre hombres. Según Pateman, “comercio sexual” es un eufemismo que oculta la esclavitud sexual de las prostitutas.

Muchas feministas coincidieron con Barry en su planteamiento en Esclavitud sexual de la mujer (1979), donde sostiene que los valores que las mujeres siempre le han atribuido a la sexualidad habían sido distorsionados y destruidos conforme habían sido “colonizadas” a través tanto de la violencia sexual como de la supuesta liberación sexual. Según Barry, las mujeres vinculan el sexo con el amor, por lo que la experiencia “positiva” del sexo debe basarse en la intimidad; de ahí que el sexo no deba comprarse ni obtenerse por medio de la fuerza. Esta postura, que descarta totalmente la idea de una sexualidad recreativa en busca de placer, sirvió para unir a muchas feministas con los religiosos puritanos en una cruzada moral para “abolir” el comercio sexual.

Será justamente a inicios de la década de 1990 cuando el discurso feminista en contra de la violencia hacia las mujeres se fortalezca con la reflexión de Catharine MacKinnon.9 La famosa abogada anti-pornografía afirmó en 199210 que: “las mujeres son prostituidas precisamente para ser degradadas y sometidas a un tratamiento cruel y brutal sin límites humanos; eso es lo que se intercambia cuando las mujeres son vendidas y compradas para tener sexo” (1993, p. 13). Ella equipara la prostitución con una “violación repetida” (repeated rape), retoma de Barry la idea de que la prostitución es una “esclavitud sexual femenina” y plantea que una prostituta es legalmente una “no persona” (legal non person). También afirma: “Ninguna institución social la excede (a la prostitución) en violencia física” ( MacKinnon, 1993, p. 25). De entonces a la fecha MacKinnon ha ido desarrollando una impactante estrategia discursiva que asocia la “prostitución” con la violación y la desigualdad social (MacKinnon, 2011).

Cuando una cruzada moral logra cierto éxito con respecto a su objetivo fundacional, pone la mirada en otros problemas que asocia con su razón de ser. A esto se denomina expansión del dominio ( Weitzer, 2014). Eso ocurrió con la cruzada moral —iniciada por Reagan y continuada por los Bush— que intentó establecer el límite de lo decente, lo bueno, lo normal y lo moral respecto a la sexualidad (abstinencia antes del matrimonio y fidelidad) y se expandió para condenar toda forma de comercio sexual. Como la postura del gobierno de Estados Unidos se configuró como una reacción en contra de todo intercambio sexual comercial, su agencia de cooperación, la USAID, condicionó el otorgamiento de fondos para los grupos de activistas contra el sida a que no trabajaran con “prostitutas”.11

Dicha cruzada moral aprovechó el tema de la migración indocumentada, con flujos de mujeres que ocupaban los trabajos desechados por las mujeres locales en el sector de servicios, tanto en el trabajo sexual como en el doméstico. Las inmigrantes, impulsadas no solo por la pobreza sino también por el anhelo de independencia, o en su huida de la violencia, buscaban a las redes organizadas de tráfico de personas para salir de sus países y encontrar mejores condiciones de vida, y algunas serían víctimas de organizaciones criminales.12 La amalgama discursiva del comercio sexual con la trata habla indistintamente de “mujeres traficadas” o “mujeres explotadas sexualmente” como “víctimas de trata”, pero prostitución y trata son distintos. Para distinguir entre la trata y el lenocinio, o su equivalente funcional, la explotación de la prostitución ajena, la abogada Claudia Torres (2016) aclara que los delitos de lenocinio y explotación de la prostitución ajena son distintos e independientes del delito de trata, pues castigan a los terceros que se benefician de la prostitución independientemente de las condiciones en que esta se ejerza, e incluyen casos en los que todos los participantes, de manera voluntaria, ejercen la prostitución y se benefician de ella.

A partir del establecimiento del Protocolo de Palermo,13 y con el apoyo económico de USAID, la cruzada abolicionista de la CATW contra la trata y el tráfico de mujeres despegó con fuerza. Y aunque la definición de trata de personas en el protocolo internacional incluye el trabajo en la maquila, el doméstico y el del campo, los casos que generan mayor escándalo son los vinculados al trabajo sexual, aunque estadísticamente su número sea bastante menor que los de otras formas de trabajo forzado o coercitivo. Cuando se discute con el abolicionismo, no se niega la existencia de un horrendo delito (la captación y el traslado de mujeres para la venta de sexo con engaño, amenaza o violencia) que debe ser combatido, sino que se discrepa respecto de su origen y dimensiones ( Weitzer, 2014).14 A ello se suma que hay inconsistencias sustanciales en cómo se define la trata y cómo se identifica a las víctimas y se les certifica como tales ( O’Connell Davidson, 2014). Pero las declaraciones amarillistas son estratégicas, porque las dimensiones de un problema social importan para atraer la atención de los medios de comunicación, los financiamientos y el interés de los responsables de las políticas públicas.

Las feministas abolicionistas armaron un repertorio de historias sobre mujeres inocentes a quienes les fueron confiscados sus documentos, las obligaron a vender sus cuerpos y las engañaron y explotaron. Esas sobrecogedoras narraciones de victimización consolidaron una representación mediática de la trata que tiene las tres características centrales que Ronald Weitzer (2014) encuentra en los discursos de las cruzadas morales:

1.

Inflación de la magnitud de un problema (por ejemplo, el número de víctimas, el daño a la sociedad) y argumentos que exceden con mucho la evidencia existente.

2.

Historias de horror, en las que los casos más terribles se describen con mórbido lujo de detalle y se presentan como si fueran típicos y prevalecientes.

3.

Convicción categórica: los integrantes de la cruzada insisten en que cierto mal existe en la medida exacta en la que ellos la describen y se niegan a reconocer cualquier escala de grises.

Este tipo de discurso no solo se aleja de los casos predominantes a nivel empírico, sino que provoca pánico moral. Creer que el comercio sexual deriva ineluctablemente en trata es un pánico moral contemporáneo que ha sido estimulado por el activismo anti-prostitución (Hunt, 2011, p. 60). El pánico social es la forma extrema de la indignación moral (Young, 2009, p. 7) y lo caracterizan dos elementos: su irracionalidad y su conservadurismo. La indignación moral produce una reacción ante lo que se vive como una amenaza a los valores o a la propia identidad; de ahí que los pánicos morales suelan transformarse después en batallas culturales, como ha ocurrido con el comercio sexual. La prensa juega un papel importante en la formación de la opinión pública, y la representación distorsionada de ese fenómeno conduce a la indignación pública y a llamados para que el Estado ejerza un mayor control social.

Con este tipo de estrategias se pretende justificar la total erradicación de cualquier forma de comercio sexual. Así, una batalla legítima e indispensable contra la trata se traduce en la represión indiscriminada contra todas las personas vinculadas con el trabajo sexual, con operativos policiacos (razzias) para “rescatar víctimas”. Desde Estados Unidos existe una política de premiación a quienes “rescaten” más víctimas que ha derivado —al menos en la Ciudad de México— en la práctica de detener a trabajadoras sexuales y presionarlas para que se “declaren” víctimas, pues si no, son consideradas “cómplices”. 15

La materia de la disputa

La cruzada abolicionista visualiza el fenómeno del comercio sexual en blanco y negro, sin reconocer sus matices y complejidades. Para empezar, persiste un hecho indiscutible: el trabajo sexual sigue siendo una actividad que eligen millones de mujeres en el mundo, básicamente por su situación económica. Incluso, aunque las migrantes experimenten condiciones laborales desagradables o de explotación en el lugar de destino (Kempadoo, 2012), algunas de ellas creen que son “preferibles a permanecer en casa, en donde las amenazas a su seguridad —en forma de violencia, de explotación o directamente de privación alimenticia— son mucho mayores” (O’Connell Davidson, 2008, p. 9). Indudablemente, muchas trabajadoras eligen “el menor de los males” dentro del duro y precario contexto en que viven. Por eso, más que un claro contraste entre trabajo libre y trabajo forzado, lo que existe es un continuum de relativa libertad y relativa coerción. Como las mujeres están ubicadas en lugares sociales distintos, con formaciones diferentes y con capitales sociales diversos, en ciertos casos el trabajo sexual puede ser una opción elegida por lo empoderante y liberador que resulta ganar dinero, mientras que en otros casos se reduce a una situación de una precaria sobrevivencia que causa culpa y vergüenza.

Al tiempo que existe el problema de la trata aberrante y criminal, con mujeres secuestradas o engañadas, también existe un comercio donde las mujeres entran y salen libremente, y donde algunas llegan a hacerse de un capital, a impulsar a otros miembros de la familia e incluso a casarse. Es decir, quienes sostienen que es un trabajo que ofrece ventajas económicas tienen razón, aunque no en todos los casos; y quienes declaran que la prostitución es violencia contra las mujeres también tienen razón, pero no en todos los casos (Bernstein, 1999, p. 117). Igual ocurre del otro lado de la industria del sexo. Los padrotes y madrotas funcionan como los empresarios: hay buenos y hay malos. Lo mismo pasa con los clientes: hay clientes malos —los violentos, los drogados— y clientes buenos, “decentes” y amables.

Al igual que en cualquier otro empleo, oficio o profesión, del trabajo sexual se extrae plusvalía. Solo que la explotación de una actividad de servicios que se encuentra al margen de la regulación laboral se da sin derechos laborales y con formas que generan exclusión y violencia. En el discurso de las abolicionistas es frecuente escuchar la expresión “explotación sexual”. ¿En qué consiste la explotación? En su Modelo Integral de Intervención contra la Trata Sexual de Mujeres y Niñas, el UNFPA (2013, p. 47) hace una importante aclaración: “la explotación de la prostitución, que se da cuando el dinero ganado mediante la prostitución llega a manos de cualquier persona que no sea la que se prostituye, es intrínsecamente abusiva y análoga a la esclavitud”. Ese no suele ser el caso de las trabajadoras sexuales, que se quedan con un porcentaje —entre el 25 y el 50%— de lo que se cobra por servicio, porcentaje que ninguna mesera, vendedora o incluso profesora recibe cuando realiza su trabajo. El término de “explotación sexual” tiene una connotación negativa que no se aplica a los demás trabajos, donde también existe explotación. Una trabajadora sexual de La Merced me dijo: “¿Explotada? Sí, cuando trabajaba ocho horas al día con salario mínimo de 70 pesos. Aquí en unas horas me hago entre 300 y 500 pesos”. Lamentablemente, los medios de comunicación saben que vende más hacer un reportaje sobre “esclavas sexuales” o “víctimas explotadas sexualmente” que hacerlo sobre “obreras o empleadas explotadas laboralmente”.

Frente al contexto de pobreza y desempleo que orilla a muchas mujeres al trabajo sexual, habría que buscar estrategias redistributivas en lo material y exigir más y mejores trabajos, en lugar de “rescatar” víctimas con operativos policiacos. El énfasis en lo laboral es precisamente lo que Martha Nussbaum (1999) alega cuando señala la necesidad de cuestionar nuestras creencias respecto de la práctica de recibir dinero por el uso del cuerpo, y la importancia de hacer una revisión de las opciones y alternativas de las mujeres pobres. Para esta filósofa, que una mujer con muchas opciones laborales elija la prostitución no nos debería preocupar. Es la ausencia de opciones para las mujeres pobres las que convierten la prostitución en la única alternativa posible, y eso es lo verdaderamente preocupante (Nussbaum, 1999, p. 278). El punto candente que plantea la prostitución es el de las oportunidades laborales de las mujeres de escasos recursos y el control que pueden tener sobre sus condiciones de empleo (Nussbaum, 1999, p. 278). A Nussbaum le preocupa que el interés de las feministas esté demasiado alejado de la realidad de las condiciones laborales, como si la sexualidad se pudiera sacar del contexto de las tácticas de las mujeres pobres para sobrevivir, y por lo tanto considera que la lucha debería promover la expansión en las posibilidades laborales a través de la educación, la capacitación en habilidades y la creación de empleos. Por eso se plantea que la legalización del trabajo sexual mejora las condiciones de aquellas mujeres que, para empezar, tienen muy pocas opciones.

Ahora bien, el sexual no es un trabajo como cualquier otro. Si evaluamos las relaciones políticas y sociales que el comercio sexual sostiene y respalda, y si examinamos los efectos que produce en las mujeres y los hombres, en las normas sociales y en el significado que imprime a las relaciones entre ambos, vemos que el comercio sexual refuerza una pauta de desigualdad sexista y contribuye a la percepción de las mujeres como objetos sexuales y como seres socialmente inferiores a los hombres. El estigma expresa esta diferencia. El mercado del sexo es lo que Deborah Satz (2010) califica de “mercado nocivo”, pero ella misma dice que aunque los mercados nocivos tienen efectos importantes en quiénes somos y en el tipo de sociedad que desarrollamos, prohibirlos no es siempre la mejor respuesta. Al contrario, si no se resuelven las circunstancias socioeconómicas que llevan al comercio sexual, prohibirlo o intentar erradicarlo hundiría o marginaría aún más a quienes se dedican a vender servicios sexuales.

A esta problemática laboral se suma el puritanismo de quienes consideran que la liberalización de las costumbres sexuales es negativa. En el escozor producido por la “prostitución”, lo que más conflictúa tiene que ver con el uso del cuerpo femenino en una actividad que subvierte la idea tradicional de lo que deberían ser las mujeres. La prostitución femenina produce reacciones adversas porque atenta contra el ideal cultural de castidad y recato de la feminidad (Leites, 1990), y la venta de servicios sexuales ofende o irrita a muchas personas que creen que “degrada” la dignidad de la mujer. El asunto de fondo es justamente la existencia de una doble moral: la sexualidad de las mujeres es valorada de manera distinta de la de los hombres.16

Precisamente porque la actividad sexual de las mujeres es un desafío a la doble moral, que considera que las transacciones sexuales de las mujeres son de un orden distinto a las transacciones sexuales de los hombres, el trabajo sexual obliga a debatir sobre dicha doble moral y el estigma que genera. En ese sentido, algo que también está en juego en la contraposición entre abolicionistas y defensoras de los derechos laborales de las trabajadoras sexuales es la definición de una conducta sexual apropiada. ¿Quién debe definir la conducta sexual de los ciudadanos? ¿El Estado, los grupos religiosos, las feministas? Ahí el tema del consentimiento cobra relevancia. Y no es nada fácil de resolver. Anne Phillips dice: “El borramiento de los límites entre la prostitución y la trata, y el deseo aparente de considerar a todas las trabajadoras sexuales como víctimas, resta importancia a la agencia de aquellas que deciden trabajar en el mercado sexual y hace de la coerción la preocupación central, incluso la única” (Phillips, 2013, p. 6). ¿Qué es consentir? ¿Qué es coerción? ¿Consienten a su explotación las obreras o son también coercionadas económicamente?

Ahora bien, si una mujer vende servicios sexuales por necesidad económica o por cualquier otra razón, ¿debe el Estado “rescatarla”? ¿Por qué el Estado no se propone “rescatar” a otras mujeres, obreras o empleadas, también forzadas a trabajar en cosas que no les gustan o que incluso son peligrosas? En el capitalismo, todas las personas que trabajan viven una presión económica tanto por cubrir su subsistencia como por acceder a cierto tipo de consumo. ¿El Estado debería garantizarles a todas las personas un piso de seguridad social y empleo para que ninguna persona trabaje coercionada, amenazada u obligada? Y si el Estado garantizara mínimos de sobrevivencia, ¿debería entonces controlar la sexualidad de la ciudadanía?

La compra-venta de servicios sexuales está vinculada con la precariedad laboral que, más que un fenómeno transitorio, es una condición estructural del capitalismo. Por ello contrasta la preocupación escandalizada ante la “explotación sexual” de cara a la indiferencia por la explotación de las obreras, las empleadas del hogar, las campesinas, las enfermeras, las taquilleras, las meseras, las de la maquila, las barrenderas y tantas otras trabajadoras que también son explotadas. Y no hay coaliciones feministas para abatir otras formas de explotación de la fuerza de trabajo femenina, ni para rescatar a víctimas de condiciones deleznables de la brutal explotación laboral. Por eso creo que en el escándalo respecto de la “explotación sexual” un elemento fundamental es la creencia en que la creciente industria del sexo comercial altera las relaciones de género y crea tentaciones sexuales extrafamiliares para los hombres, poniendo en riesgo la familia como esfera de seguridad y protección. Así, lo que empezó como una confrontación entre feministas, inserta en las “guerras en torno a la sexualidad”, ha desembocado en una preocupación social angustiada que ha alentado el pánico moral y ha derivado en la demanda de endurecer el sistema de justicia penal.

Hace rato que se viene dando una reflexión sobre cómo la excesiva intervención del sistema penal ante problemas sociales termina criminalizando a quienes más los padecen (Larrauri, 1991; Larrauri, 2007; Ferrajoli, 1999; Zaffaroni, 2000 ;  Wacquant, 2013). La criminología crítica anglosajona inició ese debate, y la feminista española Elena Larrauri, que introdujo esa discusión entre las feministas hispanohablantes, ha reflexionado críticamente sobre la excesiva intervención del sistema penal para abordar la violencia de género. Larrauri discute con el feminismo al que califica de “oficial”, pues una de sus características “es su plena confianza en el derecho penal” (Larrauri, 2007, p. 66), al que critica por su

reacción frente a las opiniones discrepantes. Parece existir la convicción de que quien duda de alguna de las medidas sugeridas para atajar la violencia doméstica, es porque no se toma suficientemente en serio el dolor de las víctimas; y así cualquier discusión pretende zanjarse apelando a la extrema gravedad del problema o al número de mujeres muertas, recurriendo con ello a la equívoca identificación de que solo quien está a favor de penas más severas defiende los intereses de las mujeres (Larrauri, 2007, p. 68).

El análisis de Larrauri es implacable sobre lo que significa reorientar los objetivos políticos del feminismo hacia fines punitivos. En nuestro continente, sería Haydée Birgin (2000), abogada feminista argentina, quien retomó dicha perspectiva y planteó que ese giro punitivo está inserto en pautas más generales de transformación cultural y política. Birgin difundió en América Latina la reflexión de la criminología crítica feminista en contra del creciente reclamo feminista por endurecer y ampliar el sistema punitivo.17 Otras prosiguieron esa perspectiva, como Patricia Laurenzo (2009) y María Luisa Maqueda (2009), y en México lo haría Lucía Núñez (2011). En Estados Unidos la lista es larga, pero destaca Elizabeth Bernstein (2014), quien señala que el discurso feminista que conceptualiza el comercio sexual como una forma de violencia hacia las mujeres ha sido funcional para el neoliberalismo y su política carcelaria. Según ella, un elemento clave de este proceso es el uso creciente del discurso de “la víctima” para designar a sujetos que en realidad son producto de la violencia estructural y de prácticas de exclusión inherentes al capitalismo neoliberal. A Bernstein le preocupa el vínculo del feminismo con la política neoliberal, pues fortalece un paradigma político conservador sobre el género y la sexualidad. Ese vínculo es justamente el que Nancy Fraser (2013) califica de una “amistad peligrosa” del movimiento feminista con el Estado neoliberal, con ideas muy lejanas a lo que alguna vez fue una visión radical del mundo.

Las especialistas en violencia doméstica y violación sexual que han rastreado el surgimiento de la postura que aboga por la política carcelaria dentro del feminismo han descrito como las campañas feministas contra la violencia sexual han sido ingredientes fundamentales para el endurecimiento de la justicia penal (Larrauri, 2007 ;  Núñez, 2011). En esas campañas es la sexualidad masculina la que se perfila como la mayor amenaza, y las instituciones patriarcales, como el Estado y la policía, se reconfiguran como aliados y salvadores de las mujeres. En el contexto actual de reproducción de la desigualdad entre mujeres y hombres, la precariedad generada por la economía política neoliberal es manejada por el Estado mediante un duro giro punitivo y una vulneración de los derechos sociales. Justo por eso la política neoliberal está provocando lo que Loïc Wacquant llama una “remasculinización del Estado” ( Wacquant, 2013, p. 410), que consiste en un fortalecimiento del esquema patriarcal, con una perspectiva hacia las mujeres como “víctimas que deben ser protegidas” y no como trabajadoras desempleadas o con salarios miserables. Mientras que la voracidad financiera neoliberal erosiona los salarios, la sindicalización y los derechos laborales, el discurso gubernamental plantea que el acceso a bienes y servicios sociales es una excepción destinada exclusivamente a sujetos y grupos que demuestren un grado de daño, es decir, víctimas. Esto ha desmovilizado a las activistas feministas en relación con los derechos laborales y, en su lugar, ha alentado la movilización de víctimas que exigen reparación por la violencia sufrida.

¿Qué pasa en México?

En México las feministas no se han confrontado en “guerras” como las Sex Wars, al menos no con la fuerza y la publicidad de otros países. Ha habido disputas internas entre distintas perspectivas, pero no han generado la multitud y variedad de publicaciones de otras partes, especialmente Estados Unidos. Creo que esto se debe principalmente a dos cuestiones. La primera es que en nuestro país la “prostitución” en sí misma no es ilegal y nuestra cultura es menos puritana que la estadounidense. 18 La segunda cuestión es que, frente a nuestro desgarrador y ominoso contexto de violencia —los feminicidios, las desapariciones forzadas, los asesinatos y las muertes por “estar en el lugar equivocado”, o sea, en la “guerra” contra el crimen organizado (Saucedo y Huacuz, 2011)—, la “prostitución” no ha tenido tanta importancia. Incluso quienes estudian la violencia contra las mujeres en “múltiples ámbitos” (Agoff, Casique y Castro, 2013) o la analizan con amplitud teórica (Martínez de la Escalera, 2013) no incluyen la “prostitución” en sus reflexiones, lo cual me parece acertado.

En nuestro país, la mayoría de las feministas han encauzado sus energías políticas e intelectuales a investigar, denunciar y tratar de comprender esa forma brutal de violencia hacia las mujeres que es el feminicidio (Gutiérrez, 2004; Monárrez, 2007; Monárrez, 2009; Monárrez, 2011; Belausteguigoitia y Melgar, 2007; Melgar, 2011; Huacuz, 2011 ;  Saucedo y Huacuz, 2011). La violencia hacia las mujeres, cuya denuncia y combate se ha convertido desde hace años en la gran reivindicación de la mayoría de las feministas mexicanas, se ha centrado, además de los feminicidos, en otras expresiones de violencia (doméstica e institucional) (Torres Falcón, 2001; Saucedo, 2002; Castro y Casique, 2008 ;  Ramos, 2011) y, más recientemente, en la trata (Torres Falcón, 2010 ;  Saucedo, 2011). Esta lucha ha tenido gran visibilidad y ha contado con un fuerte apoyo de todas las posiciones políticas, incluido el gobierno y las Iglesias; ninguna de las otras causas feministas ha logrado más leyes, recursos y propaganda mediática. Algunas feministas críticas han señalado que tal interés institucional es más bien una puesta en escena que una realidad, pues las mujeres asesinadas siguen apareciendo (Saucedo y Huacuz, 2011; Huacuz, 2011 ;  Melgar, 2011).

Esto explica que en México sea escasa la publicación de libros y artículos en torno a la disputa por la “prostitución”. Existen, sin duda, espléndidas investigaciones históricas sobre la “prostitución”19 y muy serias investigaciones sobre distintos aspectos del comercio sexual,20 además de los trabajos clásicos sobre el tema: las tesis universitarias de distintas disciplinas que abordan aspectos específicos del comercio sexual. Sin embargo, en nuestro país casi no hay reflexiones políticas y teóricas que den cuenta de la disputa entre abolicionistas y defensoras de los derechos de las trabajadoras sexuales.21

La visibilidad abolicionista en la disputa la tiene Lydia Cacho, la feminista más importante de México en la lucha contra la trata, con una trayectoria personal de gran compromiso y riesgo personal. Preocupada por la violencia hacia las mujeres, fundó el Centro Integral de Atención a las Mujeres en Cancún, y su trabajo la llevó a registrar y denunciar el abuso sexual a niñas y adolescentes,22 lo cual le ocasionó una brutal persecución —que puso, y hasta la fecha sigue poniendo, en peligro su vida— tanto por parte de los delincuentes como de los políticos que los protegen. Lydia Cacho es un caso excepcional en la defensa de los más vulnerables, y en su libro Esclavas del poder. Un viaje al corazón de la trata sexual de mujeres y niñas en el mundo ( Cacho, 2010) lleva a cabo un alegato en contra de la trata abusiva y criminal en varias partes del mundo, México incluido. Pese a su valentía e integridad personal, su trabajo periodístico mezcla conceptualmente prostitución y trata, además de que carece de ciertos soportes de rigor académico, como el de citar sus fuentes o poner bibliografía. Esta mezcla hace que su trabajo resulte sesgado y, en ocasiones, panfletario. No obstante, su arrojo le ha ganado admiración como heroína en la lucha contra la trata.

Una figura emblemática en la lucha contra la violencia hacia las mujeres en México es Marcela Lagarde. Ya desde su tesis doctoral de antropología (Lagarde, 1990), en la que construye el concepto de “cautiverio” como “la expresión político-cultural de la condición subalterna de la mujer”, Lagarde habla de la prostitución de dos maneras distintas. Una, en la que coincido con ella, cuando usa el concepto de “puta” como una categoría de la cultura política patriarcal que sataniza el erotismo de las mujeres, y plantea: “Puta es un concepto genérico que designa a las mujeres definidas por el erotismo, en una cultura que lo ha construido como tabú para ellas” (Lagarde, 1990, p. 543). Pero en la otra, de la cual discrepo, la vincula con la violencia y asume una perspectiva abolicionista: “La prostitución presenta afinidad con otro tipo de relación entre el hombre y la mujer. Se trata de la violación” (Lagarde, 1990, p. 555). Por eso Lagarde considera que:

La violación y la prostitución tienen en común el placer implícito del hombre (violador o cliente), la relación de dominación absoluta, la no-continuidad de la relación social o afectiva, después de la relación erótica […]. La cosificación de las mujeres por ambas relaciones sintetiza y aclara el carácter patriarcal de las relaciones y de la trama social basada en la existencia de una ley de propiedad genérica: la propiedad de todas las mujeres por todos los hombres (Lagarde, 1990, p. 555).

El trabajo fundamental de Lagarde se ha centrado en los feminicidios, sin ampliar su activismo al campo del comercio sexual. Sin embargo, en ocasiones ha hecho comentarios respecto de la trata, con una postura cercana al abolicionismo.23

En nuestro país la disputa feminista en relación con el comercio sexual cobró visibilidad en 2014, luego de que una jueza federal ordenó a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno del Distrito Federal (GDF) otorgar a las personas que trabajan en el comercio sexual callejero la licencia de “trabajadores no asalariados”.24 Esta resolución judicial25 fue la culminación de una larga lucha de un grupo de trabajadoras/es sexuales que tuvo que recurrir a un juicio de amparo, pues con anterioridad el GDF se había negado a otorgarles dicho reconocimiento laboral. La primera entrega de las licencias se realizó el 10 de marzo de 2014 en las instalaciones de la Secretaría, y cuando la prensa la dio a conocer, la sección latinoamericana de la Coalition Against Trafficking in Women (CATWLAC) desató en twitter una campaña en contra de la entonces secretaria, Patricia Mercado (véase Lamas, 2014). Esa reacción de la CATWLAC y otras feministas abolicionistas, que atacan e intentan denigrar cualquier iniciativa que tienda hacia la regulación (como es el otorgamiento de las licencias), me impulsaron a entrar en la disputa pública.

En el número de septiembre de la revista Nexos publiqué un artículo titulado “¿Prostitución, trata o trabajo?” ( Lamas, 2014) que causó comentarios a favor y en contra. Intrigada por el desacuerdo de algunas compañeras feministas, convoqué y coordiné una mesa de discusión interna: “Perspectivas críticas sobre el tráfico de mujeres: un diálogo entre académicas feministas”.26 Ahí Ana Amuchástegui27 me invitaría a colaborar en un panel internacional en el cual varios académicos expondrían sus resultados de investigaciones empíricas sobre los efectos negativos en la situación de las trabajadoras sexuales del llamado “combate contra la trata con fines de explotación sexual”. Al Foro “Sexo, poder y dinero: perspectivas críticas sobre la trata de mujeres”,28 que se llevó a cabo el 18 de marzo del 2015, asistieron jóvenes investigadoras, y a partir de ahí, y también por iniciativa de Amuchástegui, se conformó en 2016 un grupo de trabajo desde una perspectiva no abolicionista, titulado “Placer y peligro: política neoliberal, sexualidad y género”.29

Pero lo que verdaderamente cimbró a nivel mundial la disputa entre feministas fue la declaración que en agosto de 2015 hizo Amnistía Internacional (AI) sobre la necesidad de despenalizar el comercio sexual para defender los derechos humanos de las y los trabajadores sexuales (Amnesty International, 2015). Dicha declaración cayó como una bomba entre los grupos abolicionistas. El escándalo fue mayúsculo y feroz en Estados Unidos, donde muchas actrices de Hollywood usaron sus espacios mediáticos para protestar contra AI, con declaraciones donde afirmaban que la despenalización conduce siempre a la trata y que el comercio sexual siempre es violencia hacia las mujeres. AI enfatizó que condena enérgicamente todas las formas de trata de personas, incluida la trata con fines de explotación sexual, que constituye una violación inadmisible a los derechos humanos y debe ser penalizada. También explicó que la despenalización del trabajo sexual no significa eliminar las sanciones penales para la trata de personas, e insistió en que no hay estudios ni indicios serios que sugieran que la despenalización da lugar a un aumento de la trata.30 AI señaló que defiende todos los aspectos del sexo consentido entre adultos que no incluyan coerción, explotación o abuso, al tiempo que declaró que hay que proporcionar una mayor protección a los derechos humanos de las/os trabajadoras/es sexuales, pues el estigma del trabajo sexual contribuye a la discriminación y marginación de quienes se dedican a él. En el convencimiento de que criminalizar expone a los y las trabajadores sexuales a mayores riesgos para su vida, AI declaró que el derecho penal no es la respuesta.

A guisa de conclusión

El avance cada vez mayor de una conciencia sobre los derechos humanos de las personas que realizan trabajo sexual se contrapone al pánico social alentado por el abolicionismo, mismo que ha llevado a un endurecimiento de las acciones punitivas. En México es indispensable una regulación del comercio sexual que preserve la independencia y la seguridad de las personas que se dedican al trabajo sexual, y que les otorgue los mismos derechos laborales que a las demás trabajadoras. Esto requiere que se acepten legalmente formas grupales de organización del trabajo (pequeñas empresas o cooperativas) donde la organización de varias personas para hacer negocio no se interprete como lenocinio.31 El reclamo de las trabajadoras independientes y la resolución de la jueza García Villegas obligan a que el sistema judicial realice un minucioso análisis de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, pues esta ley es utilizada para impedir el pleno reconocimiento del trabajo sexual, entendido como actividad sexual remunerada, voluntaria y entre adultos. Quienes administran justicia no distinguen entre trabajo sexual, lenocinio, explotación sexual y trata, y muchos funcionarios han asumido la perspectiva abolicionista, que supone que la prostitución necesariamente constituye una expresión de violencia sexual extrema. Además, amparándose en esa Ley los operativos que dicen “rescatar” víctimas fincan el delito de trata, aunque no se den los tres elementos de captación, traslado y amenaza/uso de fuerza.

Hoy, las feministas en México van a tener que definir su postura ante un fenómeno que despunta con fuerza: la reivindicación pública de trabajadoras sexuales que plantean su libertad de establecer contratos laborales en el marco de la defensa de sus derechos. Las compañeras que lograron las licencias son excepcionales en el uso político que le dan a una situación que se considera “vergonzosa”. Estas trabajadoras sexuales feministas y politizadas, que reivindican su derecho a “elegir”, se desmarcan de los dos estereotipos culturales —el de la pecadora y el de la víctima— e inauguran una manera distinta de asumirse públicamente. Esto pone a las feministas en una disyuntiva: o bien apoyar la posición que exige la libertad en el uso del propio cuerpo, o bien secundar la que condena utilizar la sexualidad como mercancía. Este dilema está entretejido en una madeja conceptual cuyos elementos hay que desenredar, y creo que es posible hacerlo usando los argumentos de Nussbaum y Satz.

A mí lo que más me intriga en esta disputa es por qué el fantasma de la violencia sexual sigue siendo un vehículo cultural de tal eficacia.32 El abolicionismo se alimenta del espectro de la violencia sexualizada, y vale la pena explorar el abuso que las feministas están haciendo de la figura de la víctima, así como la asociación entre la violación y la prostitución, que persiste en el imaginario feminista.33 Este “pánico moral” impide ver las variedades de situaciones en las que se encuentran las trabajadoras sexuales, con distintos niveles de decisión personal y de ganancia respecto al trabajo sexual, y dificulta la elaboración de políticas públicas que partan de la defensa de sus derechos laborales.

Además, la disputa en torno a la “prostitución” favorece la fragmentación política del feminismo. Un problema social como la precariedad laboral forzada por la economía política neoliberal ya de por sí divide a los distintos grupos como para que, además, la disputa confronte a las activistas que podrían estar luchando unidas. Es obvio que el problema no son las distintas tendencias del feminismo, sino que quienes luchan por rescatar a las víctimas y castigar a los hombres prostituyentes estén colaborando con el ascenso de las políticas de “mano dura” del proyecto económico del capitalismo neoliberal, que avanza despiadadamente, con el giro punitivo y carcelario del que he hablado, hacia la erosión de las libertades individuales y los derechos laborales. Si bien la lucha política del movimiento feminista contra la violencia hacia las mujeres tiene otro objetivo, está atrapada en el paradigma de la gobernanza neoliberal: castigar a los pobres ( Wacquant, 2013). Esto es evidente en la forma en que las abolicionistas insisten en acabar con el sustento de las trabajadoras sexuales pobres, sin ofrecerles una alternativa económica equiparable. Y por eso la disputa feminista en torno a la “prostitución” parece ser la punta de un iceberg cuya parte menos visible es nada menos que la disputa por el modelo de sociedad a la cual se aspira y por la cual se lucha. Eso hace que la disputa sea tan irreconciliable y amarga.

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Citing articles (72)

  • o El discurso feminista y el poder punitivo
  • o Birgin (Ed.), Las trampas del poder punitivo, Biblos, Buenos Aires (2000)

La revisión por pares es responsabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México.

1

No me gusta hablar de prostitución porque es un término que únicamente alude de manera denigratoria a quien vende servicios sexuales, mientras que comercio sexual da cuenta del proceso de compra-venta, que incluye también al cliente. Por eso en estas páginas pongo el término entre comillas.

2

El pequeño libro (Millet, 1973) consta de una reflexión y 4 entrevistas a “prostitutas”.

3

La traducción es mía.

4

Carol Vance (1984) publicó una antología con una selección de los textos presentados en dicha conferencia.

5

Una relación de los grupos europeos se encuentra en Pheterson (1989).

6

En Uruguay en 1985 se crea la Asociación de Meretrices Profesionales del Uruguay (AMEPU) y logra su reconocimiento jurídico en 1988. En 1987, en Brasil, Gabriela Leite funda la Asociación Nacional de Prostitutas, con sede en Río de Janeiro, y lleva a cabo la Primera Conferencia de Prostitutas; en octubre de ese mismo 1987, en San José Costa Rica se establece la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex) donde hoy participan organizaciones de trabajadoras sexuales de 15 países. A lo largo de la década de 1990 surgirán más grupos organizados, como la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) en 1994; en República Dominicana, el Movimiento de Mujeres Unidas (MODEMU) nació en noviembre de 1997; en México, la Organización Mujer Libertad de Querétaro, en 1997, y en 1998 mujeres de 18 estados de la república fundan la Red Mexicana de Trabajo Sexual; en Chile la fundación Margen aparece en 1998.

7

Los nueve puntos que planteaba eran: 1: autonomía financiera; 2: elección ocupacional; 3: alianza entre mujeres; 4: autodeterminación sexual; 5: desarrollo infantil sano; 6: integridad; 7: pornografía; 8: migración y tráfico, y 9: un movimiento para todas las mujeres. Además, se pronunciaba contra la prostitución de menores (Pheterson, 1989).

8

Autora de Female Sexual Slavery (1979) ( Barry, 1987), libro que luego se amplió y se convirtió en The Prostitution of Sexuality. Global Exploitation of Women ( Barry, 1995).

9

Analizar y debatir a MacKinnon requeriría un ensayo por sí solo. Aquí solamente registro su decisiva influencia en la disputa feminista.

10

En un simposio del Michigan Journal of Gender and Law sobre “Prostitution: From Academia to Activism” con una ponencia sobre la prostitución y los derechos civiles que sería publicada al año siguiente en esa misma revista ( MacKinnon, 1993).

11

En 2003, Bush decreta un plan emergente contra el sida que dispone de 15 billones de dólares, cuyo objetivo incluye la “erradicación de la prostitución” al considerarla “propagadora” del VIH. Así prohíbe que se otorgue dinero a los grupos organizados que trabajan con “prostitutas”. Para recibir financiamiento las organizaciones debían firmar un Anti-Prostitution Pledge ( Weitzer, 2007).

12

La evidencia indica que el fenómeno de migración para dedicarse al trabajo sexual es diverso y complejo. Hay varias trayectorias migratorias y distintas experiencias de trabajo que pueden implicar mucha coerción o explotación, o buena información e intencionalidad consciente de parte de la migrante ( Kempadoo, 2012 ;  Chang, 2013).

13

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, llamada Convención de Palermo, tiene tres protocolos: uno para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños; otro sobre el contrabando de migrantes, y el tercero contra la fabricación y el tráfico ilegal de armas. La definición en el Protocolo de trata implica tres cuestiones: 1) conductas (captación, transporte, traslado, acogida o recepción de la persona); 2) medios (amenaza, uso de la fuerza, engaño), y 3) fines (explotación) (ONU, 2000).

14

Según Ronald Weitzer, un investigador especializado, los abolicionistas afirman que hay cientos de miles —si no es que millones— de víctimas en todo el mundo, y que este problema ha alcanzado niveles epidémicos, afirmaciones que han sido reproducidas —sin corroborar— por funcionarios gubernamentales de Estados Unidos y otras naciones. Luego de recopilar investigaciones con cifras de distintas fuentes oficiales sobre las víctimas de trata, de analizarlas minuciosamente y compararlas con cifras sobre víctimas registradas, Weitzer declara que existe una total discrepancia entre ambas. Por ello afirma que las cifras que denuncian la magnitud del problema no son confiables en lo más mínimo y que las alarmistas declaraciones de que la magnitud del problema es inmensa y va en aumento no tienen sustento empírico alguno. Incluso los estimados generales son dudosos, dada la naturaleza ilegal y clandestina del comercio sexual; existen además otros focos rojos: las cifras oficiales han fluctuado bastante en un corto periodo y relativamente pocas víctimas de trata han sido localizadas ( Weitzer, 2005; Weitzer, 2007; Weitzer, 2012 ;  Weitzer, 2014).

15

Varios testimonios de trabajadoras sexuales en la Ciudad de México describen los “operativos de rescate” que llegan a los antros y cabarets, durante los cuales les dicen a las mujeres: “Todas las víctimas pónganse aquí” y a la trabajadora que responde “Yo no soy víctima” se le contesta: “Entonces eres cómplice”. Ante tal acusación, muchas aceptan declararse “víctimas”.

16

Esto lleva a interrogarse con rigor sobre las circunstancias en que las mujeres acceden a una relación sexual. ¿Qué tan diferentes son entre sí las mujeres que se venden abiertamente de quienes acceden a distintas formas de intercambio de servicios sexuales por seguridad, por una posición, por regalos o promociones laborales? Además, aunque la llamada “prostitución” es la actividad exclusiva de un grupo determinado de mujeres, no hay que olvidar que también es una actividad complementaria de un grupo muy amplio de amas de casa, estudiantes y trabajadoras que se “ayudan” económicamente o colaboran con el ingreso familiar de esa manera.

17

Birgin publicó más tarde varias compilaciones de ensayos jurídicos, en especial una sobre las trampas del poder punitivo de la ley (véase Birgin, 2000).

18

En Estados Unidos el comercio sexual es ilegal, tanto para quien vende como para quien compra. Solamente en Nevada es legal desde 1971. Ahí los burdeles cumplen con estrictas medidas de seguridad (botones de alarma, supervisión continua con micrófonos ocultos), lo que los convierte en lugares muy seguros para trabajar (Dewey y Kelly, 2011).

19

Como las de Ana María Atondo (1992), Fernanda Núñez (1996) y, más recientemente, Pamela Fuentes (2015).

20

Como la de Elena Azaola (2003) sobre prostitución infantil y la de Gustavo Fondevila (2009) sobre la moral pública en las decisiones judiciales respecto a la prostitución.

21

Una excepción es el libro coordinado por Angélica Bautista y Elsa Conde sobre el trabajo sexual en La Merced, con reflexiones de ellas y de otros autores sobre los derechos humanos y la desigualdad de género (Bautista y Conde, 2006). Otro, más centrado en la denuncia que en el análisis, es el de Andrea Reyes Parra, que ofrece una interpretación sobre lo ocurrido en el Centro de Atención Interdisciplinaria y Servicios (CAIS) de la CDHDF (Reyes, 2007).

22

Su libro Los demonios del Edén es un desgarrador relato sobre el abuso de niños/as y adolescentes y la forma en que el poder político protege a los pederastas abusadores (véase Cacho, 2005).

23

Por ejemplo, en el IV Congreso Latinoamericano de Antropología (octubre de 2015) hubo una mesa redonda en torno a los “Aportes de la antropología feminista al análisis de la trata de personas y la violencia de género”, donde Lagarde reiteró la idea de la creciente violencia hacia las mujeres víctimas.

24

El Reglamento para los Trabajadores No Asalariados del Distrito Federal existe desde 1972, y con él se registra a personas que laboran en la vía pública sin una relación patronal ni un salario fijo, como los lustrabotas, los cuidacoches, los músicos callejeros, los vendedores de billetes de lotería y 10 oficios más.

25

Correspondió a la jueza Paula María García Villegas Sánchez Cordero, del Décimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, quien concedió el amparo el 31 de enero de 2014. (Véase Madrid, Montejo e Icela, 2014.)

26

Se llevó a cabo en el programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM el 1 de diciembre de 2014.

27

Amuchástegui (Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco) es integrante del Neoliberalism and Sexualities Working Group (NSWG), coordinado por las doctoras Elizabeth Bernstein y Janet Jacobson, del Center for Research on Women del Barnard College; entre sus integrantes se encuentran Sealing Cheng (University of Hong Kong), Mark Padilla (Florida International University), Mario Pecheny (Universidad de Buenos Aires) y Kerwin Kaye (Wesleyan College).

28

Auditorio Mario de la Cueva de la Torre II de Humanidades de la UNAM, convocado por el Barnard Center for Research on Women, la UAM-Xochimilaco, la Cátedra Extraoridinaria sobre Trata de Personas de la UNAM y el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM.

29

Las integrantes son Luz del Carmen Jiménez Portillo, Jessica Gutiérrez, Melisa Cabrapan, Lucía Núñez, Nancy Lombardini, Azucena Ojeda, Ana Amuchástegui y yo. El nombre “Placer y peligro” retoma el título de la famosa Conferencia de Barnard (1982), que marcó un giro en las “guerras en torno a la sexualidad”.

30

Esta declaración la hizo AI luego de realizar una sólida investigación y consulta con una diversidad de organizaciones y personas, desde la Organización Mundial de la Salud, ONUSIDA, ONU Mujeres, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Anti-Slavery International y Human Rights Watch, Open Society Institution (OSI), la Alianza Global contra la Trata de Mujeres, hasta la recopilación de testimonios de más de 200 trabajadores/as y ex trabajadoras/es sexuales, policías y funcionarios de gobierno en Argentina, Hong Kong, Noruega y Papúa Nueva Guinea. Además, las oficinas nacionales de AI en todo el mundo contribuyeron realizando consultas locales con grupos de trabajadoras/es sexuales, grupos que representan a supervivientes de trata, organizaciones abolicionistas, feministas y otros representantes de los derechos de las mujeres, activistas LGBTI, organismos contra la trata de personas, activistas que trabajan sobre el VIH/sida y muchos más.

31

Si tres o cuatro amigas decidieran trabajar juntas, a quien rente el departamento se le podría acusar de lenona. Igual ocurre con los familiares (madres, hermanos, hijos) que acompañan a las mujeres que trabajan. Las denuncias por lenocinio no tocan las altas esferas de la “prostitución”, y para lo único que sirven es para controlar a las trabajadoras sexuales, que necesitan trabajar acompañadas de amistades o parientes. Es necesario que se acepten otras formas de organización del trabajo sexual, para que el delito de lenocinio no se pueda aplicar contra las personas que acompañan a las trabajadoras.

32

Utilizo el término fantasma en su sentido psicoanalítico, como fantasía, representación, guión escénico imaginario, ensoñación que pone en escena de manera más o menos disfrazada un deseo (Chemama, 1998, p. 157).

33

Es significativo que, desde las primeras reflexiones feministas, se vinculó la prostitución con la violación. (Véase Brownmiller, 1972.)

© 2016 Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Biología.

 

Apoyo a las trabajadoras sexuales de Noruega

 

 

Apoyo para PION
Oslo, 9 de marzo de 2017

 

http://blikk.no/index.php/2017/03/09/stotte-til-pion/

El acoso a las trabajadoras sexuales no lleva ninguna parte. El Comité 8 de marzo debe tratar a PION y a las personas que venden sexo con respeto.

Es necesario que termine la tradición del Comité 8 de marzo de prohibir a PION y a las trabajadoras sexuales participar en la manifestación del 8 de marzo.

El 8 de marzo un representante del comité ejecutivo del Comité 8 de marzó envió a PION (organización de las trabajadoras sexuales en Noruega) el mensaje de que debían irse de la plaza Youngstorget. Como PION no se fue, la representante del Comité 8 de marzó rompió la pancarta de PION. La pancarta decía “derechos de las trabajadoras sexuales = derechos humanos”.
Un representante de las organizadoras quiso negar el derecho de las trabajadoras sexuales a expresarse por sí mismas y a reunirse, lo que pensamos que es muy inquietante. Nos preocupa que el Comité 8 de marzo impida directamente la libertad de expresión y la libertad de reunión de las trabajadoras sexuales y el derecho de organizarse por sí mismas a fin de procurarse una vida digna en sus propios términos.

Desde FRI Oslo y Akershus apoyamos el mensaje de PION de que los derechos humanos deben ser garantizados para aquellas de nosotras que venden sexo y defendemos el derecho de PION de participar en la manifestación del 8 de marzo.

FRI Oslo y Akershus
Viljar Eidsvik y His Heen Sikkeland


 

http://www.pion-norge.no/

Hetaira responde a Lidia Falcón

 

dibujo

Estimada Ana Pardo de Vera, directora del diario “Público”:

 

Colectivo Hetaira·Martes, 28 de febrero de 2017

Le escribimos desde Hetaira, colectivo en defensa de los derechos de las prostitutas, para solicitarle un espacio en el periódico digital que dirige de forma que podamos responder de algún modo a Lidia Falcón por la publicación de su entrada titulada: “¿Para qué el pacto de estado sobre la violencia?” (28 de febrero de 2017) en su blog “La verdad es siempre revolucionaria”. Tal vez en el espacio “Cartas de los lectores. Un espacio público para dejar oír tu voz” (y que bien podría sustituirse por “Cartas de quienes nos leen. Un espacio público para dejar oír tu voz” por usar un lenguaje más inclusivo).

 

En el mismo vertía la siguiente aseveración sobre nuestra asociación:

 

“Así, el más escandaloso de los casos, están invitadas las llamadas Hetairas que se han dedicado durante dos décadas a hacer apología de la prostitución, reclamando su legalización por tratarse de un trabajo “igual a otro cualquiera”, que denominan a las mujeres prostituidas “trabajadoras del sexo” y que incluso han montado una “Escuela de prostitución” en Barcelona, para enseñar a las neófitas a proporcionar a los hombres el placer al que tienen derecho. Como si prostitución no fuera una de las mayores manifestaciones de la violencia contra las mujeres”.

 

Hetaira es una organización declarada de utilidad pública por el Ministerio del Interior.

 

En 2003 recibió el Premio René Cassin por la defensa de los derechos humanos por parte del Gobierno vasco. Tenemos un Goya en nuestro local por nuestra participación en la película Princesas, que recogió una prostituta de manos de la Academia de Cine Español. Y hemos quedado finalistas, recientemente, en los Premios Impulsa tu País de Podemos por nuestro proyecto Chat Indoors. Realizamos multitud de conferencias y ponencias, te señalamos solo una de ellas, por ser reciente, que contó con la colaboración de Ahora Madrid del distrito de Arganzuela y que tuvo lugar en sus dependencias municipales el día 17 de diciembre de 2016, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Trabajadoras del Sexo. Participamos en esta mesa redonda en Madrid, organizada por AFEMTRAS, APROSEX, COGAM y el Colectivo Hetaira: http://www.colectivohetaira.org/WordPress/el-respeto-a-los-derechos-humanos-en-el-trabajo-sexual/).

 

Hetaira forma parte de la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW, http://www.gaatw.org/), de la Red Internacional Europea TAMPEP (http://tampep.eu/), del Comité Internacional por los Derechos de Trabajador@s Sexuales en Europa (ICRSE, http://www.sexworkeurope.org/es), de la Coordinadora Estatal de VIH-Sida (CESIDA, www.cesida.org), de la Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual (NSWP, http://www.nswp.org/es), de la Plataforma Estatal por los Derechos de las Personas Trabajadoras del Sexo, de la Plataforma CEDAW Sombra España y de la Plataforma No Somos Delito.

 

Nuestras memorias de actividades son públicas. La última, de 2015, se encuentra disponible en http://www.colectivohetaira.org/WordPress/wp-content/uploads/2016/06/memoria2015.pdf.

 

Tiene muchísima más información de nuestra organización y sobre nuestro trabajo en: http://www.colectivohetaira.org/WordPress/.

 

Entendemos que pueda haber diferencia de pareceres entre los diferentes movimientos feministas, pero no hay lugar para la descalificación de una organización del modo en que Lidia Falcón lo hace. Sus ideas no nos representan ni a asociaciones como nosotras ni a otras similares, entre otras cosas porque hace lo mismo con las prostitutas que el heteropatriarcado: discriminarnos y no tener en cuenta jamás nuestras opiniones y, por supuesto, negarnos derechos.

 

Tal vez no conozca que Amnistía Internacional está exigiendo la despenalización del trabajo sexual en todos los países, también en la Unión Europea, es muy interesante su informe sobre la situación de las prostitutas en Noruega (le dejamos el enlace por si fuera de su interés: https://www.amnesty.org/es/documents/eur36/4130/2016/es/).

 

Por último, la “Escuela de prostitución” a la que hace referencia en su texto no existe. Sí existen los cursos titulados Prostitución: nociones básicas para la profesionalización, que imparte otra de las organizaciones pro derechos que existen en nuestro país, la Asociación de Profesionales del Sexo (APROSEX, http://www.aprosex.org/) de Barcelona, creados para dar respuesta a la necesidad que expresaban las propias trabajador@s del sexo. Es para nosotras un orgullo que nos los adjudique Lidia Falcón, pero ni es correcto ni es justo que nos hagamos con la iniciativa que han sacado adelante de nuestras compañeras con tanto esfuerzo.

 

Atentamente y en espera de su respuesta

 

Hetaira

 

Se equivocan las abolicionistas

 

 

Se equivocan las abolicionistas si creen que van a acabar con la prostitución. Y no porque sea imposible, sino porque no han adoptado la táctica adecuada. Hacer la guerra a la prostitución “manu militari”, como se hace la guerra a las drogas o al terrorismo, solo llevará a un mayor sufrimiento de las mujeres y a un mayor enriquecimiento de las mafias, estatales y no estatales, para mayor gloria del feminismo carcelario.

La forma de acabar con la prostitución es llevar a cabo una guerra comercial que hunda los precios y arruine a la competencia. Esta guerra debería enfocarse en la demanda, por una parte, y en la oferta, por otra.

Acabar con la demanda de sexo pagado es fácil: basta con ofrecer sexo gratis. Y a esto las feministas abolicionistas no deberían objetar nada, ya que defienden el derecho a hacer con el propio cuerpo lo que se quiera y tienen muy claro que la fidelidad conyugal y la castidad virginal son instituciones patriarcales. Ahí están las Femen, usando sus tetas como arma de combate. Ya veo a las cohortes de feministas abolicionistas recorriendo los polígonos y haciendo que pagar por sexo sea lo más estúpido de este mundo.

Y en cuanto a la oferta, terminar con ella no puede ser asimismo más fácil: basta con ofrecer a cada prostituta una renta equivalente a sus ganancias y en las mismas condiciones, es decir, no hacer nada más que acostarse con quien le de la gana y cuando le de la gana.

Si no se pone fin a la prostitución es porque las abolicionistas no quieren.

Ellas sabrán por qué quieren llevar adelante una guerra que solo beneficia a las mafias.

El coste humano de “machacar” el mercado: la penalización del trabajo sexual en Noruega

 

Amnistía Internacional

 

Publicado en 2016

 

https://www.amnesty.org/es/documents/eur36/4130/2016/es/

 

RESUMEN EJECUTIVO

 

“El año pasado viví un verdadero infierno.” Así es como Mercy, una trabajadora sexual nigeriana, describió sus experiencias de discriminación, exclusión social y abusos contra los derechos humanos en Noruega. Su caso culminó con el desalojo forzoso de su casa en 2014. El hecho de que la dejasen sin hogar, sin el debido proceso ni notificación alguna, constituye una violación de derechos humanos en virtud del derecho internacional. Que el desalojo forzoso se produjera como consecuencia directa de haber denunciado una violación y un robo violento de los que había sido víctima hace aún más atroz el trato que recibió como trabajadora sexual en Noruega. Mercy contó a Amnistía Internacional:

 

“Llegó a la casa un tipo bajo que llevaba una navaja. Yo le abrí la puerta. En la casa éramos nueve. Nos amenazó con una navaja y nos robó el dinero y los teléfonos […] Nos obligó a mantener relaciones sexuales con él. La policía tardó dos o tres horas en llegar. Nos llevaron a todas al hospital y nos buscaron un hotel para dos noches. Luego volvimos a la casa y, dos días después, el arrendador nos echó a la calle […] La policía lo presionó. Nos dio medio día para irnos […] Estuve deambulando por Oslo durante horas con mi equipaje, hasta que encontré un lugar donde quedarme”.

 

El de Mercy no es un caso aislado. Amnistía Internacional supo de otro robo violento del que habían sido víctimas tres mujeres que vendían servicios sexuales alrededor de esos mismos días de marzo de 2014, a las que expulsaron rápidamente del país tras denunciar el incidente a la policía.

 

Amnistía Internacional siente honda preocupación por que las trabajadoras y los trabajadores sexuales, grupo que, según se reconoce globalmente, corre un mayor riesgo de sufrir estigmatización, marginación y violencia, puedan ser penalizados en Noruega cuando denuncia delitos graves. Noruega es un país que se jacta de su sólido historial de derechos humanos tanto en el ámbito nacional como en el internacional, y es Estado Parte en todos los principales tratados de derechos humanos europeos y de la ONU pertinentes a las cuestiones que se abordan en el presente informe. Noruega es también un país que, en décadas recientes, ha debatido cuestiones relacionadas con el trabajo sexual y reformado su marco jurídico.

 

El modelo jurídico adoptado por el gobierno noruego se promociona como un modelo que fomenta la protección de las personas que venden servicios sexuales, las blinda de la penalización y, en su lugar, desplaza la carga penal de la culpa a quienes compran servicios sexuales. Pese a ello, Amnistía Internacional ha hallado indicios de abusos contra los derechos de personas que venden servicios sexuales en Noruega, que se ven agravados y, en algunos casos, están directamente causados por el marco jurídico. Amnistía Internacional habló con trabajadoras sexuales que habían sufrido violaciones del derecho a la vivienda, el derecho a la seguridad de la persona, el derecho a protección igualitaria ante la ley, el derecho a la salud, el derecho a no sufrir discriminación y el derecho a la intimidad. Las cuestiones expuestas en este informe demuestran que Noruega no está cumpliendo sus obligaciones internacionales de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos de las personas que venden servicios sexuales.

 

CÓMO REALIZAMOS NUESTRA INVESTIGACIÓN

 

Este informe es el resultado de una serie de entrevistas realizadas en Oslo (Noruega) durante tres semanas entre noviembre de 2014 y febrero de 2015, así como de investigaciones documentales. Amnistía Internacional realizó un total de 54 entrevistas, 30 de ellas a mujeres que venden o han vendido servicios sexuales. Tres de las mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional describieron experiencias de trata. Amnistía Internacional también se reunió con representantes de diversos organismos que proporcionan servicios de apoyo social a personas que venden servicios sexuales. Se realizaron entrevistas a representantes de organismos gubernamentales, incluido el Ministerio de Justicia y de Seguridad Pública noruego, el Departamento de Policía de Oslo, la Fiscalía Regional de Oslo y la Oficina de Defensa por la Igualdad y contra la Discriminación. Amnistía Internacional también se reunió con varias organizaciones de la sociedad civil, así como con profesionales de la abogacía y del ámbito de la investigación académica/social.

 

LA AMPLIACIÓN DEL MARCO JURÍDICO

 

En décadas recientes, el gobierno noruego ha realizado reformas legislativas para ampliar el ámbito de intervención y control policial en el mercado del comercio sexual. Ha ampliado el alcance de la ley contra la “promoción” del comercio sexual, lo que significa que ahora está tipificada como delito una amplia gama de actividades relacionadas con la organización del trabajo sexual, como alquilar lugares para ejercerlo o ejercerlo con otras personas. En el ámbito nacional, las nuevas iniciativas promovidas por el gobierno noruego para abordar la trata de personas se han centrado en la reducción/erradicación del trabajo sexual como medio principal para prevenir la trata en el sector de los servicios sexuales, y eso pese a la preocupación —expresada por diversos órganos de la ONU y grupos que luchan contra la trata— de que el equiparar el trabajo sexual de personas adultas realizado con consentimiento con la trata de personas ayuda poco a reducir la trata y da lugar a violaciones de derechos humanos.

 

En 2009, Noruega se convirtió en el tercer país nórdico en tipificar la compra de servicios sexuales como delito, medida que, en combinación con la derogación de legislación que penaliza el acto directo de vender servicios sexuales recibe generalmente el nombre de “modelo nórdico”. Esta medida había sido rechazada de forma sistemática durante las dos décadas anteriores. No obstante, la preocupación por los cambios en el mercado del comercio sexual —especialmente la llegada a partir de 2003 de un número creciente de mujeres migrantes nigerianas que venden servicios sexuales en las calles de Oslo— intensificó el temor a la migración no deseada, la delincuencia organizada y la trata de personas, y ayudó a impulsar el apoyo a la nueva ley.

 

LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES SEXUALES, CADA VEZ MÁS EXPUESTOS A SANCIONES Y CONTROL POLICIAL

 

Las afirmaciones según las cuales, en virtud del “modelo nórdico”, en Noruega no se penaliza ni se imponen sanciones a las trabajadoras y los trabajadores sexuales, y el grado de daño y estigma que sufren es reducido, no reflejan la realidad del terreno. Amnistía Internacional ha hallado indicios de que muchas personas dedicadas al trabajo sexual continúan siendo objeto de una actuación policial muy intensa y son acosadas y sancionadas por la policía de formas múltiples y entrecruzadas. Un proveedor de servicios sociales contó a Amnistía Internacional que:

 

“Ningún otro grupo social está sometido a un grado tan elevado de atención policial, y tiene que soportarlo pese a no estar haciendo nada ilegal. Esta atención no está ni siquiera justificada por el delito en el que incurren los clientes, menos aún cuando las trabajadoras y los trabajadores sexuales no están infringiendo la ley”.

 

En los últimos diez años la policía de Oslo ha adoptado un enfoque de “intervención preventiva” en relación con el trabajo sexual que lleva aparejada la aplicación de sanciones por infracciones menores como “métodos de estrés” para perturbar, desestabilizar y aumentar la presión sobre quienes operan en el sector de los servicios sexuales. Una investigadora académica describe que los agentes policiales “de Oslo utilizan a menudo expresiones como que van a ‘machacar’ o ‘estrangular’ el mercado [de la prostitución] y desestabilizar, presionar y estresar a la gente del sector”. Un ejemplo de este enfoque es la “Operación Sin Techo”, iniciativa que se centraba en aplicar con mayor dureza la ley contra la “promoción” del trabajo sexual, que tipifica como delito “alquilar inmuebles […] para la prostitución”. La “Operación Sin Techo” duró cuatro años, entre 2007 y 2011, y dio lugar a desalojos sistemáticos e inmediatos de trabajadoras y trabajadores del sexo de sus lugares de trabajo y sus domicilios. (Véase el capítulo 3.3. infra) Aunque la “Operación Sin Techo” se suspendió en 2011, Amnistía Internacional entrevistó a mujeres, como Mercy, que habían sido desalojadas forzosamente desde entonces.

 

Amnistía Internacional también ha hallado indicios de que muchas personas dedicadas al trabajo sexual continúan sometidas a un grado elevado de vigilancia policial, como medio para aplicar la ley contra la “promoción” —lo que da lugar a redadas y desalojos posteriores— y para identificar y “señalar” a las trabajadoras y los trabajadores sexuales con el fin de identificar a quienes compran servicios sexuales para multarlos. Esto hace recaer una carga injustificada en quienes se dedican al trabajo sexual y da lugar a posteriores redadas, desalojos y otras formas de sanción. Un abogado entrevistado por Amnistía Internacional expresó preocupación porque:

 

“La policía centra todos sus esfuerzos en desmontar a las mujeres, porque es la forma más sencilla de deshacerse del problema”.

 

Las pruebas recopiladas por Amnistía Internacional también indican que las trabajadoras y los trabajadores sexuales de la calle son sometidos periódicamente a paradas, interrogatorios y controles de identidad policiales, tras los que con frecuencia se les imponen sanciones. Esas sanciones incluyen la detención o la expulsión, el desalojo de su apartamento, la imposición de multas por no facilitar la dirección a la policía o la emisión de órdenes de alejamiento que les exigen abandonar la zona de inmediato para no ser sancionadas. Wendy, una joven de origen africano, explicó a nuestro equipo de investigación que la habían parado agentes vestidos de civil:

 

“Iba caminando por la calle. No estaba trabajando. Estaba charlando con mis amigas. Pensé que eran hombres violentos, y me asusté. La policía me pidió los papeles, y se los enseñé. Luego les hicieron preguntas a mis amigas: si tenían preservativos y por qué. Nos dijeron que nos fuéramos, y que sería mejor que no nos vieran en la calle, que como volviéramos por allí durante las siguientes 24 horas nos llevarían a comisaría”.

 

Amnistía Internacional escuchó testimonios de proveedores de servicios sociales y personas dedicadas al trabajo sexual que describían que mujeres que venden servicios sexuales habían sido interrogadas por la policía por llevar consigo preservativos, o temían llevarlos por si ello daba lugar a actuaciones policiales en su contra. Un representante del Departamento de Policía de Oslo confirmó a Amnistía Internacional que la existencia de preservativos en lugares cerrados se consideraría una prueba coadyuvante de que en el lugar se estaban vendiendo servicios sexuales. Este enfoque penaliza de facto la posesión de preservativos por las trabajadoras y los trabajadores sexuales, y representa un obstáculo a la protección efectiva de su derecho a la salud sexual y reproductiva.

 

LA VIOLENCIA CONTRA LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES SEXUALES

 

Como ocurre en muchos países, en Noruega las trabajadoras y los trabajadores sexuales corren un riesgo elevado de sufrir violencia y abusos. Sufren violencia a manos de diversos perpetradores, incluidos clientes, ciudadanos de a pie, terceros que participan en el trabajo sexual y bandas organizadas que los explotan, aprovechándose de su aislamiento y su situación de marginación. No obstante, en lugar de ser un grupo compuesto por personas con quienes la policía fomenta su relación para minimizar su marginación y ofrecerles protección, muchas de ellas, dependiendo de sus circunstancias, han de soportar ser desalojadas, sometidas a vigilancia policial, perder su medio de sustento o ser expulsadas si acuden a la policía.

 

No sorprende, pues, que muchas de las mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional declararan ser sumamente reticentes a acudir a la policía para denunciar un delito. Casi todas las mujeres a las que entrevistó Amnistía Internacional dijeron que sólo considerarían acudir a la policía en última instancia, a menudo sólo en circunstancias extremas que constituyeran una amenaza inmediata para su vida. Un estudio de 2012 realizado por el mayor proveedor de servicios sociales a trabajadoras y trabajadores sexuales de Noruega halló que solo el 16% de las 123 mujeres participantes declaró haber recibido ayuda de la policía tras un incidente violento. María, trabajadora sexual en ámbitos privados, contó a Amnistía Internacional:

 

“Si un cliente se porta mal contigo, al final tienes que solucionarlo tú misma. Sólo llamas a la policía en caso de peligro de muerte. Si llamas a la policía, corres el riesgo de perderlo todo”.

 

LA SEGURIDAD, COMPROMETIDA

 

Las medidas que adoptan las propias personas que ejercen el trabajo sexual para aumentar su seguridad también se están viendo comprometidas. Las trabajadoras sexuales a las que entrevistó Amnistía Internacional mencionaron varios grados y formas de reducir los riesgos en su trabajo. Por ejemplo, Celin, trabajadora sexual en ámbitos privados noruega, contó a Amnistía Internacional:

 

“Hago distintas cosas para mantenerme segura. Nunca voy a domicilios particulares, y en ningún caso la primera vez que atiendo a un cliente. No sé quién va a estar esperándome allí. Tu propia casa y los hoteles son mucho más seguros que el apartamento de un cliente. Tampoco atiendo llamadas de números ocultos. Quiero tener los números de los clientes para que, en caso de que tenga que acudir a la policía, puedan localizarlos”.

 

Mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional que trabajaban en la calle describieron que realizaban sus propias evaluaciones cuando comenzaban a trabajar con un cliente, principalmente mediante conversaciones cortas que les permitían valorar sus motivaciones. Muchas también identificaron el desplazamiento al domicilio del cliente con correr un riesgo importante y como algo que deseaban evitar. No obstante, la mayoría de las entrevistadas afirmaron que los clientes les pedían que fueran a sus casas para evitar que la policía los detuviera. Las mujeres que trabajaban en la calle mencionaban con más frecuencia que visitaban los domicilios de los clientes. En los testimonios recogidos por Amnistía Internacional, esto se asociaba estrechamente a actos de violencia. Ninguna de las trabajadoras de la calle con las que habló Amnistía Internacional poseía un lugar en propiedad, y estaban expuestas a sufrir un desalojo si la policía descubría que llevaban a los clientes a sus propias casas. Tina, trabajadora sexual nigeriana que ejerce en la calle, dijo a Amnistía:

 

“Algunos clientes te pueden hacer daño en sus apartamentos. Y eso es porque saben que te da miedo ir a la policía. Tenemos que obedecer sus reglas porque estamos en sus casas. No los podemos traer a la nuestra”.

 

Varios de los proveedores de servicios sociales con los que habló Amnistía Internacional expresaron preocupación por que la prohibición de la compra había creado un “mercado de clientes” que comprometía la seguridad de las trabajadoras y los trabajadores sexuales. Un representante de la Policía de Oslo contó a Amnistía Internacional que creía que se había reducido el número de compradores que, con mayor probabilidad, respetaban el acuerdo con la persona que efectuaba la venta:

 

“Muchos de los clientes buenos —los que respetan la ley, la generación más joven— ya no están ahí. Pero los clientes malos siguen estando”.

 

La evaluación de la prohibición de comprar servicios sexuales, realizada por Vista Analysis, consultoría de ciencias sociales, en nombre del gobierno noruego, reconoce que:

 

“Las mujeres del mercado de la calle declaran tener menos poder de negociación y un mayor temor por su seguridad ahora que antes de que se aprobara la ley. En el mercado de espacios cerrados, las prostitutas manifiestan recelos ante las ‘llamadas para trabajar fuera’. Prefieren que los clientes las visiten en su apartamento o en su habitación de hotel”.

 

Los proveedores de servicios sociales y la policía informaron a Amnistía Internacional de que se estaba interpretando que la ley contra la “promoción” se aplicaba al uso de habitaciones de hotel, lo que significaba que los hoteles podían ser considerados responsables de “promoción” cuando el trabajo sexual se realizaba en sus instalaciones. Casi todas las trabajadoras sexuales migrantes entrevistadas por Amnistía Internacional denunciaron haber sido identificadas como tales o excluidas por los hoteles.

 

Casi todas las trabajadoras del sexo con las que habló Amnistía, con independencia de dónde prestaran sus servicios, identificaron que una forma de aumentar su seguridad sería trabajar con otras personas. No obstante, la definición de “promoción” en virtud de la ley es lo bastante amplia para penalizar a las trabajadoras y los trabajadores sexuales que trabajan juntos o con cualquier otra persona, como personal de limpieza, recepción o seguridad.

 

El objetivo del “modelo nórdico”, desplazar la carga del delito de quien vende a quien compra, no se está cumpliendo para muchas personas que venden sexo en Noruega, en particular las más marginadas. En términos de gravedad, en muchos casos, la amenaza y el impacto del desalojo forzoso, la expulsión y la pérdida de los medios de sustento en las personas que venden servicios sexuales supera con creces las implicaciones de la multa de entre 15.000 y 25.000 coronas noruegas (alrededor de entre 1.700 y 2.850 dólares estadounidenses) que se impone a los compradores. La penalización del trabajo sexual en Noruega y la consiguiente reticencia de muchas personas que ejercen el trabajo sexual a acudir a la policía para denunciar un delito también están dando lugar a una situación en la que los responsables de actos de violencia contra trabajadoras y trabajadores sexuales, entre ellos clientes maltratadores, disfrutan de relativa impunidad por delitos graves.

 

Pese a reconocer que el enfoque jurídico actual en Noruega ha socavado el poder de negociación de las personas que venden servicios sexuales en la calle y ha aumentado su dependencia de clientes maltratadores, Vista Analysis concluyó que la presión creciente en el sector de los servicios sexuales:

 

“[…] era acorde con las intenciones de la ley y […] por tanto no se consideraba un efecto secundario indeseado […]”.

 

Del mismo modo, un experto asesor del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública contó a Amnistía Internacional que:

 

“Al final la cuestión es ‘si se considera un problema que las personas que se prostituyen lo tengan difícil’. En la esfera política, nadie ha dicho que queramos que las prostitutas estén bien al mismo tiempo que intentamos erradicar la prostitución”.

 

UNA CULTURA DE ESTIGMA Y DISCRIMINACIÓN

 

Los proveedores de servicios sociales y algunas trabajadoras del sexo entrevistadas por Amnistía Internacional expresaron preocupación por el endurecimiento en años recientes de las actitudes hacia las personas que venden servicios sexuales, y citaron información publicada en los medios de comunicación, investigaciones y experiencias de personas dedicadas al trabajo sexual como pruebas de que las actitudes negativas hacia este colectivo son ahora más habituales. La trabajadora sexual en ámbitos privados Ellie describió a Amnistía Internacional el cambio que, según ella, se había producido:

 

“Cuando el gobierno ilegalizó la prostitución, hizo que la gente nos viera como ilegales. La gente empezó a mirarnos con ojos distintos”.

 

Un estudio de 2011 que exploraba el efecto que había tenido en las actitudes de la opinión pública noruega la entrada en vigor de la ley que penaliza la compra de servicios sexuales halló que, aunque había indicios de un creciente apoyo a la penalización de la compra de servicios sexuales en algunas zonas, “la sociedad noruega se hizo más propensa a pensar que debía ilegalizarse la venta de servicios sexuales frente a lo que lo habría sido de no darse el cambio jurídico”. Los autores reconocían que este cambio de actitud era “lo contrario de lo que los legisladores pretendían conseguir”.

 

Con frecuencia, las trabajadoras del sexo entrevistadas por Amnistía Internacional mencionaron experiencias negativas con ciudadanos de a pie. La discriminación que describieron las mujeres, especialmente en el caso de las trabajadoras sexuales migrantes nigerianas, estaba, a menudo, entremezclada con sentimientos racistas y contra las personas migrantes. Mary contó a Amnistía Internacional:

 

“Son sobre todo las mujeres las que nos insultan, [pero] a veces también lo hacen los hombres. Pasa muchas veces. [Dicen cosas como] ‘puta, vuelve a tu país’. ‘Quítate de una puta vez de mi vista’”.

 

LA CRECIENTE EXPOSICIÓN A LA EXPLOTACIÓN

 

Siete mujeres migrantes que ejercían el trabajo sexual contaron a Amnistía Internacional que, después de que las desalojaran, no tenían adónde ir, y tuvieron que depender de amigos, socios, extraños, refugios para personas sin techo o el espacio público para dormir hasta que encontraron otro lugar donde quedarse. Amnistía Internacional también halló indicios de que la penalización del trabajo sexual deja a algunas personas que ejercen el trabajo sexual expuestas a sufrir explotación a manos de arrendadores que ofrecen no denunciarlas a la policía a cambio de alquileres más elevados, entre otras cosas, o de socios que explotaron su situación de falta de hogar tras el desalojo. Un informe de 2012 sobre las experiencias de mujeres que ejercían la prostitución en Noruega identificaba la falta de estabilidad en la vivienda como un factor determinante para incrementar su vulnerabilidad a la explotación:

 

“La vivienda ha sido un factor clave en el desarrollo de la explotación; varias de las mujeres de Europa del Este que llegaron aquí poco después del cambio de milenio dependían de la ayuda de otras personas para algo tan básico como acceder a una vivienda, pero también para publicitarse y organizar otros aspectos de la prostitución. En cuando se hicieron con su propia red de contactos y lograron organizarse por su cuenta, varias de ellas comenzaron a operar de forma independiente.”

 

UNA RESPUESTA INEFICAZ A LA TRATA

 

Amnistía Internacional se reunió con tres mujeres sobrevivientes de trata de personas para el comercio sexual en Noruega. Relataron diversas experiencias de coacción, explotación y, en algunos casos, violencia extrema. Amnistía Internacional también se reunió con una organización que presta servicios de apoyo a sobrevivientes de trata.

 

La trata de personas constituye un grave abuso contra los derechos humanos. En virtud del derecho internacional, Noruega tiene un serie de obligaciones relativas a impedir la trata, proteger a las víctimas de trata y garantizar la investigación y el procesamiento efectivos de los delitos de trata. Para cumplir adecuadamente las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional, Noruega debe hacer efectiva su estrategia contra la trata sin violar los derechos humanos.

 

La magnitud y las formas de intervención punitiva en el mercado del comercio sexual que el gobierno y el marco jurídico noruegos apoyan actualmente comprometen la seguridad de muchas personas que venden servicios sexuales y contribuyen directamente a violaciones de sus derechos humanos. Al mismo tiempo, las pruebas en que las autoridades noruegas se han basado para justificar las medidas de represión punitivas como iniciativas efectivas contra la trata son fundamentalmente deficientes y se ven menoscabadas por pruebas alternativas que demuestran que, con frecuencia, la represión policial en el mercado del trabajo sexual tiene efectos negativos en las víctimas de trata.

 

Pese a que se promocionan como medidas contra la trata, no queda claro hasta qué punto iniciativas como la “Operación Sin Techo” han contribuido a identificar a las víctimas y a los responsables de trata. De los 280 casos de trata de personas para el comercio sexual denunciados en Noruega entre 2006 y 2014, sólo 32 han dado lugar a sentencias condenatorias de los responsables. En Oslo, la tasa anual de sentencias condenatorias ha oscilado entre cero (en 2010, 2012 y 2014) y tres (en 2011).

 

La aplicación del marco legislativo y el enfoque de “actuación policial preventiva” en el trabajo sexual están incrementando la vulnerabilidad de las personas que venden servicios sexuales en Noruega, exponiéndolas a un mayor riesgo de sufrir explotación. La expulsión estratégica de muchas mujeres migrantes que venden sexo, algunas de las cuales podrían ser víctimas de trata, también da lugar a que no se detecte la trata ni se identifique a las víctimas, lo que expone a las personas a volver a ser objeto de trata. Significa además que los responsables de esos casos no comparecen ante la justicia. La medida simplista del éxito que Noruega aplica a su trabajo contra la trata —a saber, la reducción general del mercado del comercio sexual— significa que, en la práctica, el gobierno puede presentar como exitosa la expulsión de víctimas de trata a otros países. Un representante del Departamento de Policía de Oslo reconocía lo siguiente: “Expulsa[n] a víctimas de trata. Muchas de ellas no saben que son víctimas, pero, con arreglo a la ley , lo son”.

 

Además, la conclusión general de que en Noruega la incidencia del trabajo sexual y, por asociación, de la trata, ha disminuido sustancialmente por la adopción del llamado “modelo nórdico” ha sido cuestionada sistemáticamente por especialistas en ese campo, que señalan “demasiadas incertidumbres” en los datos utilizados para argumentar el éxito de este enfoque.

 

Las mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional describieron motivos diversos para dedicarse al trabajo sexual. Para muchas, el trabajo sexual constituía un medio para abordar las dificultades económicas a las que se enfrentaban ellas o sus familias. La exclusión social, la marginación y la pobreza pueden ser factores en la decisión de comenzar a ejercer el trabajo sexual. Los Estados tienen la obligación de abordar esta injusticia social y económica respetando y protegiendo los derechos económicos, sociales y culturales de todas las personas. Para garantizar que las personas no tienen que depender de la venta de servicios sexuales para satisfacer sus necesidades inmediatas ni las de sus familias, los Estados deben tomar medidas que garanticen que las personas disfrutan de sus derechos humanos, como el derecho a un nivel de vida adecuado, a la educación, a la salud y a no ser discriminadas, entre otros. Los Estados también deben garantizar que las personas pueden participar libremente en la sociedad, sin injerencias indebidas ni represión del Estado.

 

En lugar de dar prioridad a la realización de los derechos humanos de las personas que venden servicios sexuales como objetivo central de la elaboración de políticas en este ámbito, el gobierno noruego ha adoptado un enfoque basado en la penalización. Esencialmente, este enfoque apoya la reducción/erradicación del mercado del comercio sexual por encima de todos los demás objetivos, por lo que, con frecuencia, ignora su impacto en los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual o le concede menos importancia que al objetivo de la reducción/erradicación.

 

Por tanto, Amnistía Internacional pide a las autoridades noruegas que cambien de enfoque y basen su respuesta al comercio sexual en la protección de los derechos humanos de todas las personas que venden servicios sexuales. Amnistía Internacional pide al gobierno noruego que emprenda un programa de reformas jurídicas que despenalice el trabajo sexual de personas adultas ejercido con consentimiento y garantice a las personas que venden servicios sexuales salvaguardias jurídicas frente a la explotación que cumplan las normas internacionales de derechos humanos. Amnistía Internacional recomienda que el gobierno noruego desarrolle y publique un Libro Blanco que formule recomendaciones sobre el establecimiento de un marco legislativo, normativo y regulador que haga efectivos los derechos humanos de las personas que venden servicios sexuales en Noruega, y que financie un proyecto de investigación a largo plazo que proporcione conocimiento sobre las condiciones de vida de las trabajadoras y los trabajadores del sexo en Noruega.

 

Amnistía Internacional también recomienda que el próximo plan nacional de actuación sobre la trata confirme la distinción entre el trabajo sexual de personas adultas ejercido con consentimiento y la trata de personas, y garantice que las medidas contra la trata no afectan negativamente a los derechos humanos y la dignidad de ninguna persona, en particular de las víctimas de trata, las que venden servicios sexuales, las migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. Amnistía también pide el cese inmediato en el uso de las prácticas de actuación policial como “método de estrés” contra las personas que venden servicios sexuales en Noruega.

 

Al final de la versión íntegra del presente informe figuran recomendaciones adicionales.

 

 

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EL COSTE HUMANO DE “MACHACAR” EL MERCADO:

LA PENALIZACIÓN DEL TRABAJO SEXUAL EN NORUEGA

 

RESUMEN EJECUTIVO

 

En 2009 Noruega se convirtió en el tercer país nórdico en penalizar la compra de servicios sexuales. Aunque la venta directa de servicios sexuales no es ilegal, el código penal prohíbe la “promoción” del trabajo sexual. Esta prohibición se aplica a una amplia gama de actividades asociadas con la organización del trabajo sexual, como el alquiler de lugares seguros o el ejercicio junto con otras personas por seguridad.

 

Con la adopción de un enfoque de “actuación policial preventiva”, la policía ha pretendido “machacar” el mercado del comercio sexual mediante la imposición de sanciones por infracciones menores para desestabilizar a quienes operan en él. Esto dio lugar a desalojos sistemáticos e inmediatos de los lugares de trabajo y domicilios de muchas personas dedicadas al trabajo sexual . Las personas que ejercen el trabajo sexual denuncian que están obligadas a correr mayores riesgos para proteger a sus clientes frente a la detención policial, como visitarlos en sus domicilios o disponer de menos tiempo y oportunidades para evaluar los riesgos de atender a potenciales clientes maltratadores. Puesto que el denunciar abusos y actos violentos expone a las trabajadoras y los trabajadores sexuales a un posible desalojo y, en algunos casos, a la expulsión, muchos de esos actos quedan sin denunciar. En Noruega el trabajo sexual continúa estando muy estigmatizado, lo que contribuye a que quienes se dedican a él sean objeto de discriminación, marginación y explotación.

 

El presente informe formula recomendaciones para que se reforme la legislación actual y medidas que adoptar para proteger los derechos humanos de las trabajadoras y los trabajadores del sexo en Noruega.

 

 

 

 

 

Resistencia al estigma del trabajo sexual

 

Ronald Weitzer

Universidad George Washington, EE.UU.

Enero de 2017

 

https://www.academia.edu/31011252/Resistance_to_Sex_Work_Stigma_2017_?auto=download

 

Resumen

El estigma es omnipresente en el trabajo sexual y está bien documentado en estudios de trabajadoras sexuales. Pero rara vez los estudiosos han examinado la cuestión vital de si el estigma puede reducirse o eliminarse de cualquier tipo de trabajo sexual (stripping comercial, pornografía, prostitución, etc.). Después de una breve revisión de los temas relacionados con el estigma, este comentario propone un conjunto de condiciones previas para la reducción y, en última instancia, la eliminación del estigma del trabajo sexual.

 

 

El estigma es uno de los problemas más importantes en el trabajo sexual. Es omnipresente en el comercio sexual, aunque su contenido e intensidad varían un tanto por género, por sector ocupacional y por contexto nacional. Las investigaciones sobre las profesionales del sexo, sus directivos y sus clientes ofrecen abundantes pruebas de las consecuencias nocivas de la estigmatización.

 

El estigma se ha descrito como una imputación de estatus inferior a aquellos que tienen un rasgo desacreditador visible (por ejemplo, discapacidad física) o algún defecto moral percibido. Erving Goffman define el estigma como “un atributo que es profundamente desacreditador”, pero lo que es clave no es el atributo en sí: el estigma es producto de una relación entre al menos dos actores, no algo inherente a un tipo de comportamiento o condición física (Goffman, 1963: 3). Se aplica a categorías enteras de personas (por ejemplo, homosexuales, traficantes de drogas), así como a individuos específicos. Se manifiesta en las encuestas de opinión pública, las representaciones de los medios de comunicación, el discurso político, los encuentros cara a cara y las maneras en que los individuos internalizan los estereotipos, ocultan su identidad estigmatizada y llevan vidas dobles.

 

 

El libro de referencia de Goffman, Stigma (1963), ofrece un análisis convincente de las dimensiones clave del estigma. Pero el libro tiene una sorprendente deficiencia: no dice casi nada sobre la posibilidad de resistencia (por individuos o colectividades) ni considera si el estigma puede ser reducido o eliminado con el tiempo. Estas lagunas se reflejaban en las formulaciones originales de la teoría del etiquetado, que ignoraban la posibilidad de desafío por parte de los individuos que eran etiquetados como desviados, lo que John Kitsuse (1980) llamó posteriormente “desviación terciaria” y Edwin Schur (1980) examinó a nivel de grupo en su discusión de los “movimientos de liberación de la desviación”. Goffman y los fundadores de la teoría del etiquetado parecen haber asumido que una vez que un individuo o categoría de personas había sido estigmatizado, es internalizado por ellos y es básicamente permanente. La pegajosidad es quizá una función del período de tiempo en el que escribieron Goffman y los teóricos del etiquetado temprano (1951-1963) en la medida en que veían pocos ejemplos en ese momento de resistencia por parte de personas estigmatizadas o una política de identidad más amplia.

 

En lugar de desafío, Goffman se centra en las formas en que los individuos manejan el estigma: ocultándolo de los demás (“pasar” por normal); revelándolo selectivamente a algunas personas (“cobertura”); aislándose dentro de un grupo de otros igualmente estigmatizados; retener información biográfica sobre sí mismos; o de otra manera hacer frente a lo que él llamó una “identidad estropeada.” Los individuos estigmatizados se presentan como resignados a su estado devaluado, y su agencia consiste en limitar creativamente la exposición. Otro rasgo llamativo del libro de Goffman es el descuido de los orígenes y funciones del estigma hacia categorías particulares de personas -por ejemplo, las formas en que la estigmatización refuerza las normas convencionales y promueve intereses dominantes legitimando las jerarquías de poder establecidas (Link y Phelan, 2001; , 1980). El examen de las causas estructurales del estigma podría haber llevado a Goffman a explorar los corolarios de cómo el estigma puede reducirse. En vez de eso, nos quedamos con un análisis bastante estático, en el que los individuos internalizan las atribuciones desacreditantes de otros y hacen frente a ellos en la vida cotidiana.

 

Dos reseñas bibliográficas destacadas mencionan la cuestión del cambio, pero sólo de pasada y con escepticismo con respecto al potencial de erosión del estigma (Link y Phelan, 2001; Pescosolido y Martin, 2015). Y los pocos estudios que han examinado la resistencia se limitan en gran medida al nivel psicológico individual (por ejemplo Thoits, 2011) e ignoran la cuestión más amplia de cómo el estigma puede reducirse o eliminarse frente a una categoría entera de personas (excepciones incluyen a Anspach, 1979, De Young, 1988, Estro y otros, 2004, Schur, 1980). Un libro reciente discute programas diseñados para reducir el estigma hacia los enfermos mentales, incluyendo la iniciativa de la Asociación Mundial de Psiquiatría de 1996, Open the Doors Global Program para combatir el estigma debido a la esquizofrenia y campañas nacionales similares (Stuart et al., 2012). Dichos programas buscan difundir conocimientos, disminuir los prejuicios y poner fin a la discriminación contra quienes padecen una enfermedad mental. Estos programas han sido dirigidos menos al público en general que a grupos específicos como jóvenes, periodistas , policías, funcionarios de salud y encargados de formular políticas. Estos programas parecen haber tenido cierto éxito en la reducción de los estereotipos entre los grupos objetivo.

 

 

Estigma en el comercio sexual

 

El campo del trabajo sexual refleja la literatura académica más amplia en la que el propio estigma rara vez se problematiza. Una vez más, el defecto es tratarlo como una constante inmutable, no una variable, y asumir que es utópico imaginar su erosión. El estigma es universal en el ámbito del trabajo sexual: está bien documentado en la investigación sobre pornografía, prostitución y stripping comercial como un obstáculo que las trabajadoras sexuales y sus asociados enfrentan regularmente. Varía en intensidad, siendo generalmente más severo en prostitución (especialmente prostitución de calle) que en stripping comercial y pornografía. Varía un poco según la sociedad, y algunas naciones adoptan un enfoque más tolerante que otras, aunque el estigma sigue siendo un riesgo ocupacional para las trabajadoras sexuales en todas las naciones (Abel y Fitzgerald, 2010; Weitzer, 2012). Es más fácil para las trabajadoras sexuales inmigrantes protegerse del tipo de estigma que más les preocupa – el descubrimiento por familiares y amigos en su país de origen – que para las trabajadoras domésticas que viven con la amenaza diaria de detección de personas que conocen ( Scambler, 2007). Pero la nube negra del estigma afecta también a las trabajadoras sexuales migrantes. Y persiste incluso después de que una persona deje de vender sexo (por ejemplo, Sallmann, 2010). Su omnipresencia es evidente en las formas en que las trabajadoras sexuales llevan su vida laboral y personal: típicamente ocultan el tipo de trabajo que hacen de sus familias, conocidos, vecinos e incluso algunos amigos; niegan que están involucrados en el comercio sexual cuando se les pregunta; usan seudónimos en el trabajo y fabrican biografías personales; y llevan vidas dobles de otras maneras (Abel y Fitzgerald, 2010, Koken, 2012, Koken et al., Morrison y Whitehead, 2005, Sanders, 2005). Algunos analistas pueden considerar estas técnicas como una resistencia implícita (Sallmann, 2010), pero sigo argumentando que es mejor considerarlas como una forma de gestión del estigma y no una lucha contra el mismo. Las pocas prostitutas excepcionales que han “salido” en público sólo ilustran que las estrategias predominantes de afrontamiento son las de pasar por normales o hacer una revelación muy selectiva a los personas de confianza.2

 

También se estigmatizan los asociados de las trabajadoras sexuales: sus parejas, clientes y terceros que los ayudan o administran (por ejemplo, Birch 2015, Hammond, 2015). Los dueños de los burdeles, los directores de clubes de striptease, los distribuidores porno y otros terceros son a menudo reacios a revelar la naturaleza de su ocupación a extraños. Las personas que participan en empresas ilegales se ven obligadas a operar en el mercado negro o a ocultar la fuente de sus ingresos en la apertura de cuentas bancarias, de las autoridades fiscales y en otros negocios convencionales. Pero incluso los propietarios legales, gerentes y otros terceros se enfrentan rutinariamente con el estigma (Weitzer, 2012). Por último, sabemos que algunos investigadores que estudian el trabajo sexual han sido estigmatizados, sometidos a comentarios despectivos y a denuncias infundadas, marginados por los colegas, han sufrido altercados en reuniones profesionales y un nivel excepcional de escrutinio por parte de juntas de revisión institucionales que ha veces ha desembocado en negación de permiso para realizar investigaciones sobre la base de presunciones infundadas sobre el estudio propuesto (Dewey y Zheng, 2013, Hammond y Kingston, 2014, Siegel y de Wildt, 2015).

 

Mientras que esta literatura documenta la existencia del estigma en todo el campo del trabajo sexual, refleja a Goffman centrándose casi enteramente en cómo los individuos manejan sus identidades contaminadas, en lugar de preguntarse si algunos de ellos resisten activamente a las expresiones del prejuicio y la discriminación directa en encuentros cara a cara o colectivamente como miembros de organizaciones que buscan cambiar actitudes populares y políticas públicas. Existe una literatura de investigación sobre las organizaciones de derechos de las trabajadoras del sexo en diferentes países, que documenta las luchas a nivel de grupo por la normalización. Estas organizaciones se discuten más adelante en el artículo.

 

 

Reducción del estigma

 

La desestigmatización es un asunto tanto académico como político. Políticamente, podemos identificar un conjunto de estrategias prácticas para combatir el estigma, basadas en la táctica de los movimientos de liberación de desviación (Schur, 1980). Académicamente, podemos identificar un conjunto de condiciones previas para reducir y, en última instancia, eliminar el estigma de una categoría de personas. Link y Phelan (2001) señalan que ese cambio requiere un enfoque multifacético, pero no dicen nada acerca de en qué consisten estos cambios. A nivel individual, la resistencia por parte de una trabajadora sexual puede tomar las siguientes formas: anunciar que tenía plena autonomía al entrar en el trabajo sexual; estar actualmente en control de sus condiciones de trabajo e interacciones con los clientes; definir el trabajo como una profesión de servicio como cualquier otra o como una forma de apoyo o terapia para los clientes; negar el daño; condenar a los estigmatizadores; o distinguir su nivel (por ejemplo, escort ) de lo que consideran formas deshonestas de trabajo sexual (por ejemplo, la prostitución callejera). La evidencia de cada una de estas prácticas está esparcida por toda la literatura sobre el trabajo sexual, pero, de nuevo, estos esfuerzos tienden a limitarse al nivel psicológico o individual (por ejemplo, Koken et al., 2004; Morrison y Whitehead, 2005; Y Harred, 1992). Los actos aislados de resistencia de los individuos pueden tener poco o ningún impacto en la sociedad en general y también pueden ser peligrosos para los resistentes si sus acciones provocan ataques de otros.

 

En el plano social, el filósofo Lars Ericsson (1980: 362, 366) escribe que reducir el estigma requiere permitir que la prostitución funcione en un clima social libre de prejuicios emocionales … Para mejorar la prostitución debemos mejorar nuestras actitudes hacia ella . Su argumento es algo limitado -desatendiendo la cuestión crucial de cómo mejorar las actitudes de la sociedad- pero sí resalta un requisito central para la normalización. El cambio de actitud fundamental y generalizado es una condición necesaria, pero no suficiente, para la desestigmatización. A continuación, esbozo algunas condiciones previas adicionales para reducir el estigma.

 

 

Lenguaje neutro

 

Los nombres derogatorios deben ser borrados del discurso público y privado para la normalización de cualquier condición o comportamiento estigmatizados. Como Michel Foucault observó, las relaciones de poder están embebidas en el lenguaje, con grupos dominantes típicamente dedicados a “nombrar y avergonzar” a los subordinados. Palabras como prostituta, puta y putero deben ser reemplazadas por trabajadora y cliente. Cabe señalar que los grupos desacreditados a veces expropian términos peyorativos: pueden llamarse a sí mismos «putas» o «puteros» a efectos de obtener un valor de choque y reclamar e invertir los identificadores negativos. Ejemplos de ello son la Convención Mundial de Putas de 1985 en Bruselas; los eventos de baile de Hookers Ball que COYOTE patrocinó en San Francisco en la década de 1970; las revistas Whorezine y Johnzine publicadas por profesionales del sexo estadounidenses en los años noventa; y la defensa de los clientes de Chester Brown (2013) en su libro Paying For It: Una crónica en cómic sobre cómo ser un putero. Se puede argumentar que aquellos que participan en el comercio sexual deben ser libres para llamarse a sí mismos lo que quieran. Pero para reducir el estigma, otros deben dejar de usar términos despectivos debido a la relación de poder asimétrica que su uso reproduce con el tiempo.

 

 

Los medios de comunicación

 

En su mayor parte, hay un sesgo de negatividad en las representaciones que hacen los medios de comunicación de masas del trabajo sexual. Los medios de comunicación ponen de relieve los peores casos de abuso, confunden la prostitución con el tráfico humano y rara vez ofrecen una imagen positiva (o incluso neutral) de las profesionales del sexo y sus clientes. Los noticiarios de televisión, los periódicos y las noticias en línea suelen centrarse en la victimización, los daños, la prostitución callejera, la trata, las detenciones o las redadas en los “círculos” de la prostitución o los negocios relacionados con la misma (Farvid y Glass, 2014, Van Brunschot Et al., 2000). Los informes de prensa y los artículos de revistas raramente ofrecen un panorama contrastante, aunque algunos medios destacados lo han hecho en ocasiones (por ejemplo, Economist, 2014; Goldberg, 2014). La mayoría de los documentales también destacan la explotación económica y la victimización física, representada con la ayuda de imágenes extremadamente emotivas. Y las mismas representaciones sesgadas penetran los medios de entretenimiento. Algunos largometrajes y programas de televisión romantizan el trabajo sexual, pero éstas son excepciones en el cuadro dominante de presentación como cuentos de advertencia sórdidos (Campbell, 2006). La estigmatización requiere una representación más equilibrada de lo que se suele describir en los medios de comunicación. Por ejemplo, los documentales sobre la prostitución pueden representar una serie de escenarios, escalas y experiencias de las trabajadoras, en lugar de concentrarse exclusivamente en un solo tipo, por lo general presentado despectivamente. Al examinar arreglos radicalmente diferentes en varios países, los documentales Red-Light Districts del canal A & E (1997) y el documental de la National Geographic Television Prostitution (2010) resaltan la variación transcultural, lo que puede ayudar a reducir las generalizaciones estigmatizantes. El documental de CNBC Dirty Money: The Business of High End Prostitution (2008) y National Geographic American Escort Girls (2014) también contienen representaciones positivas de las personas que trabajan en el sector de las escorts. Y la serie de televisión Showtime e ITV2, Diario Secreto de una Escort, incluye aspectos eróticos y rutinarios de una escort, además de encuentros con una variedad de clientes, lo que también puede tener algún efecto normalizador sobre la percepción de la audiencia del sector de escorts. Los medios de comunicación de masas también pueden usarse como un vehículo para la educación pública, incluyendo Anuncios de Servicio Público o anuncios pagados en televisión basados en evidencia. Un ejemplo de esto último son los anuncios colocados en los medios canadienses por el grupo de abogacía, Stepping Stone, en 2011 (Griner, 2011). Y el Proyecto Paraguas Rojo ha llevado a cabo sesiones de capacitación para que profesionales del sexo defiendan mejor sus derechos cuando se relacionen con los medios combatiendo las caricaturas estereotipadas.

 

 

Despenalización

 

La experiencia del movimiento por los derechos de los homosexuales muestra que la derogación de leyes discriminatorias es de vital importancia pero no es suficiente para la normalización. Esto se aplica también al trabajo sexual. En los lugares donde el estriptis comercial, la producción de pornografía y la prostitución son legales y regulados por el Estado, el estigma persiste, aunque sea en forma diluida. Las encuestas de Gallup muestran que sólo el 29% de los británicos (en 2008) y el 31% de los estadounidenses (en 2013) piensan que ver pornografía es “moralmente aceptable” (Gallup, 2015). El estado de Nevada legalizó los prostíbulos rurales en 1971, pero tres décadas más tarde, sólo una ligera mayoría de los nevadenses (52%) apoyó la conservación de este sistema y sólo el 35% respaldó la idea de permitir que los burdeles legales operaran en la ciudad de Las Vegas (donde son ilegales bajo la ley estatal (citado en Weitzer, 2012: 51)). El estigma persiste también en las naciones que más recientemente han despenalizado la prostitución (por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, Alemania y los Países Bajos), aunque puede estar un poco acallada en esos lugares en comparación con las naciones donde la penalización reina. 4 En el área del trabajo sexual debemos esperar un retardo en el cambio cultural después de la reforma legal: puede llevar un tiempo considerable que las normas sociales se ajusten a las normas legales. La despenalización es una condición necesaria, pero no suficiente, para la desestigmatización.

 

 

Movilización de la industria

 

Los propietarios y gerentes de negocios eróticos pueden desempeñar un papel importante en el apoyo a la desestigmatización y la presión por los derechos. La industria de la pornografía en los Estados Unidos, por ejemplo, tiene sus propias organizaciones de apoyo y red de apoyo legal (Voss, 2015). Los propietarios de burdeles legales y agencias de escorts en algunos países también tienen organizaciones que abogan no sólo por sus propios intereses sino también por las trabajadoras sexuales en la medida en que sus intereses se superponen (Weitzer, 2012). Una advertencia importante es que algunos de los intereses de los dueños de negocios pueden entrar en conflicto con los de las trabajadoras sexuales. Los primeros persiguen naturalmente sus intereses económicos, que pueden entrar en conflicto con los de las trabajadoras sexuales. Pueden encontrarse alineados en algunas cuestiones, como combatir lo que consideran regulaciones injustificadas, pero pueden ser oponentes en otras cuestiones, como la de si los propietarios deben ser obligados a proporcionar beneficios de seguridad social a las trabajadoras. Sin embargo, la búsqueda de la desestigmatización se hará en la medida en que los propietarios de empresas eróticas abogan por la normalización de la industria y en la medida en que las élites de la industria (por ejemplo, Hugh Hefner y Larry Flynt) apoyen públicamente los derechos de las trabajadoras sexuales y aporten recursos para acabar con la discriminación legal y social.

 

 

Activismo de las trabajadoras sexuales

 

El cambio de política puede ser un proceso de arriba hacia abajo, orquestado por el Estado. Algunos legisladores han iniciado proyectos de despenalización con poca presión de las beneficiarias (por ejemplo, en Nevada, República Checa, Australia Occidental). Pero el cambio legal también ha sido catalizado desde abajo – por individuos y organizaciones. Para tener éxito, la investigación muestra que los grupos de derechos de las trabajadoras del sexo requieren:

 

  • Líderes inteligentes o carismáticos que sean capaces de soportar contraataques;
  • Recursos suficientes (material, personal);
  • Conexiones con organizaciones de medios de comunicación;
  • Alianzas con otras organizaciones y movimientos sociales; y
  • Apoyo generalizado de los beneficiarios (profesionales del sexo, clientes, empresarios).

 

Las organizaciones de trabajadoras del sexo en algunos países han disfrutado de uno o dos de estos factores (por ejemplo, una líder carismática), pero no todas ellas. Tales organizaciones tienden a estar muy poco financiadas, carecen de un liderazgo fuerte, reclutan a pocas trabajadoras sexuales como miembros, son marginadas por aliados potenciales (organizaciones de mujeres, sindicatos) y tienen pocas conexiones con los principales medios de comunicación (Gall, 2010; Majic, 2014, Mathieu, 2003, Oselin y Weitzer, 2013, Weitzer, 1991, West, 2000). Las trabajadoras sexuales carecen de solidaridad a través de la jerarquía del trabajo sexual; muchas ven su trabajo como temporal, no están inclinadas al activismo; y la mayoría percibe poca ventaja en la sindicalización, especialmente si son autónomas (Gall, 2010; van der Poel, 1992).

 

Hay excepciones importantes. El Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelandia, por ejemplo, desempeñó un papel instrumental en el proceso que condujo a la despenalización parlamentaria en 2003 y continúa influyendo en la política a través de su asiento permanente en el Comité de Revisión de la Prostitución del país que revisa periódicamente políticas y prácticas relacionadas con la prostitución . Respecto a los aliados, en 1973 la principal organización de derechos de las mujeres de Estados Unidos -la Organización Nacional de Mujeres- aprobó una larga resolución de despenalización declarando que NOW “se opone a las leyes prohibitivas continuas con respecto a la prostitución, creyendo que son punitivas” y por tanto apoya la derogación de todas las leyes relacionadas con el acto de prostitución “(NOW, 1973). Tal apoyo de una organización influyente dominante hizo poco para avanzar en la búsqueda de los derechos de las trabajadoras del sexo en los Estados Unidos (ahora no participan en ningún esfuerzo de reforma posterior), pero este tipo de apoyo, sin embargo, puede ser considerado vital para la desestigmatización. Amnistía Internacional, la Organización Mundial de la Salud, la Unión Americana de Libertades Civiles y la Comisión Mundial de las Naciones Unidas sobre el VIH y la Ley han defendido la despenalización, lo que bien divulgado puede ayudar a desafiar el estigma asociado con el trabajo sexual. En mayo de 2016, Amnistía Internacional apoyó formalmente la despenalización como una forma de reducir la victimización y la marginación de las trabajadoras sexuales. La decisión fue ampliamente divulgada y se considera como una gran victoria para la comunidad de trabajadoras del sexo (Amnistía Internacional, 2016).

 

Algunas acciones recientes ilustran las maneras en que las trabajadoras sexuales han intentado desestigmatizar el trabajo sexual, junto con otras metas. En 2001, una organización de San Francisco que proporciona atención médica a las trabajadoras sexuales (la St James Infirmary) publicó anuncios en autobuses urbanos que incluían fotos de profesionales del sexo y citas destinadas a desafiar los estereotipos: “los derechos de las trabajadoras sexuales son derechos humanos” “El trabajo sexual es un trabajo real” y “alguien que usted conoce es una trabajadora sexual” (Schreiber, 2015: 256). En septiembre de 2015 la organización escocesa de trabajadoras del sexo Scot-Pep lanzó una propuesta (con el miembro del Parlamento escocés Jean Urquhart) de una legislación que despenalizaría la prostitución, siguiendo el modelo de Nueva Zelanda. La Ley de Reforma de la ley de Prostitución de Escocia cuestiona la posición actual del Gobierno de Escocia de que el trabajo sexual equivale a la “explotación sexual comercial” y busca derogar las leyes contra la solicitud, el rastreo de clientes y el mantenimiento de burdeles. El proyecto de ley permitiría que más de una trabajadora sexual trabajara en las mismas instalaciones (la ley actual restringe esto a una trabajadora) y aumentaría las penas contra quienes coaccionan a las trabajadoras sexuales. En noviembre de 2015, el Colectivo Inglés de Prostitutas, junto con defensores de los derechos de las trabajadoras del sexo de otras naciones, testificó en un simposio especial sobre la despenalización en la Cámara de los Comunes británica.

 

Las demandas que cuestionan la constitucionalidad de las leyes de prostitución son otra estrategia que siguen los activistas de las trabajadoras sexuales. Un caso judicial importante de esta naturaleza tuvo éxito en Canadá en 2013, cuando la Corte Suprema dictaminó inconstitucionales las tres leyes de prostitución de la nación.5 En los Estados Unidos se presentó recientemente un recurso legal similar, que desafiaba las leyes de prostitución de California. En la medida en que el público es consciente de estos esfuerzos legislativos y judiciales, al ser cubiertos por los medios de comunicación, las iniciativas pueden tener algún efecto en el desafío de los conceptos erróneos populares sobre el trabajo sexual. Otros acontecimientos recientes mueven la política en una dirección más represiva. La legislación del Parlamento francés es un ejemplo, con la Asamblea y el Senado proponiendo diferentes proyectos de ley en 2013 y 2015: uno implementaría el sistema sueco de criminalización del cliente mientras que el otro lo rechazaría y mejoraría las penas contra las prostitutas que solicitaban en las calles. El proyecto de ley de criminalización de los clientes, aprobado en abril de 2016, fue rechazado por una variedad de organizaciones y más de 70 celebridades francesas, y la gran mayoría del público francés se opone a la criminalización de los clientes.6 Cientos de profesionales del sexo organizaron una protesta en las calles de París y una activista (Franceline Lepany) declaró: “Este proyecto de ley trata de estigmatizar aún más a las prostitutas” .7 Las activistas de las trabajadoras sexuales también han sido activas en la oposición a proyectos de penalización de clientes en Canadá en 2014, el Parlamento Europeo en 2014, e Irlanda del Norte en 2015. Todas las medidas fueron aprobadas a pesar de la oposición vocal de los críticos. Pero su impacto en el estigma del trabajo sexual puede ser mixto, ya que todas y cada una de las iniciativas provocaron la oposición de las trabajadoras sexuales y sus partidarios – resistencia que puede ayudar a iluminar al público y generar un mayor apoyo a las demandas de las trabajadoras sexuales.

 

 

La comunidad académica

 

La comunidad académica puede desempeñar un papel importante en la desestigmatización del comportamiento no convencional. En 1973, la Asociación Americana de Psiquiatría eliminó la homosexualidad de su compendio de enfermedades mentales (el Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales) y la Organización Mundial de la Salud siguió su ejemplo en 1990. Asociaciones profesionales y académicas pueden ayudar a reducir el estigma aprobando resoluciones en apoyo a grupos marginados o patrocinando directamente campañas contra el estigma, como lo han hecho varias organizaciones de salud mental. Este tipo de intervención es poco frecuente en el ámbito del trabajo sexual, pero hay al menos un ejemplo destacado: En octubre de 2011 la junta directiva de la Sociedad para el Estudio de Problemas Sociales aprobó una resolución declarando su apoyo formal a: ) La legislación bipartidista para despenalizar la prostitución, 2) la información al público sobre los costos de emplear a la policía para controlar a las trabajadoras del sexo, y 3) la normalización de esta ocupación.8 Otras asociaciones académicas y profesionales podrían aprobar resoluciones similares, que pueden ser ampliamente publicadas después. Los eruditos pueden intervenir de otras maneras, tales como escribir columnas para fuentes de noticias, aparecer en programas de entrevistas, y publicar los resultados de la investigación que demontan las falacias predominantes. Esto sucede en cierta medida ahora – p.ej., los académicos participaron en el simposio parlamentario británico mencionado anteriormente – pero una implicación más robusta del experto ofrecería un correctivo basado en la evidencia a las políticas basadas en mitos con respecto al trabajo del sexo.

 

 

Conclusión

 

Esta lista de condiciones previas no es exhaustiva, pero sí cubre las principales áreas en las que se necesita un cambio. Como se mencionó anteriormente, el estigma es frecuentemente mencionado por académicos y activistas en el campo del trabajo sexual, pero típicamente no se problematiza como una variable sujeta a cambio. Este Comentario pretende catalizar análisis más directos de las condiciones para reducir el estigma para todos los participantes en el comercio sexual.

 

Es importante señalar que cualquier esfuerzo de normalización tendrá la oposición de las instituciones establecidas si el contexto jurídico nacional es uno en el que la prostitución está penalizada, el ordenamiento jurídico en sí mismo agrava la estigmatización y las autoridades tienen interés por considerar el trabajo sexual como una desviación. Además de esto, sabemos que las principales instituciones sociales y muchos grupos de interés poderosos y bien organizados están empeñados no sólo en bloquear la normalización del sexo comercial, sino también en perpetuar e intensificar la estigmatización. El movimiento contra la prostitución es fuerte y está creciendo en la mayoría de las partes del mundo, reforzado por su exitosa equiparación de prostitución y trata (Weitzer, 2007). Y hay también un creciente movimiento anti-pornografía que ha logrado imponer nuevas restricciones sobre material y espectáculos eróticos en algunas naciones (Gran Bretaña, Islandia, India) (Attwood y Smith, 2010; Burke, 2015; Helgado’ttir, 2014 ). Pero como el estigma no es inherente a ningún tipo de comportamiento y es en cambio una construcción social, puede ser contrarrestado y desconstruido. Y esa desestigmatización puede tener consecuencias importantes para otros aspectos del trabajo sexual: si se permite a la prostitución “funcionar en un clima social libre de prejuicios emocionales” (Ericsson, 1980: 362), entonces resulta “imaginable que la prostitución pueda ser practicada siempre, como ocasionalmente es incluso ahora, en circunstancias de relativa seguridad, libertad, higiene y control personal “(Overall, 1992: 716). Este ensayo ha esbozado algunas condiciones previas para una normalización más amplia.

 

 

Agradecimientos

 

Una versión de este artículo fue presentada en la conferencia COST Action IS1209, “Troubling Prostitution: Exploring Intersections of Sex, Intimacy and Labour” en Viena, Austria, 18 de abril de 2015. La acción COST se conoce como Comparación de las políticas europeas de prostitución : Entendiendo Escalas y Culturas de Gobierno (Prospol) (www.propol.eu). Agradezco a Susan Dewey, Juline Koken y Sharon Oselin por sus comentarios sobre una versión anterior de este artículo.

 

 

Notas

 

  1. Goffman (1963: 7) escribe: “El individuo estigmatizado tiende a tener las mismas creencias acerca de la identidad que que las que tenemos nosotros; éste es un hecho fundamental “. Él menciona, pero sólo de paso, algunos ejemplos de intentos de los representantes de una categoría estigmatizada para dar voz a sus sentimientos compartidos (Goffman, 1963: 24-27).

 

 

  1. Esto se aplica menos a las personas cuyo trabajo es muy visible, como las estrellas porno y los intérpretes de webcam, que ya están ” fuera del armario” en virtud de sus apariciones en pantalla.

 

 

  1. Después de que 50 académicos firmaran una carta a la legislatura estatal de Rhode Island (Estados Unidos) oponiéndose a una nueva ley de prostitución en 2009 (Associated Press, 2009), dos activistas antiprostitución atacaron los motivos de los académicos, que fueron etiquetados como “radicales sexuales”. “Los radicales sexuales están tomando como objetivo a Rhode Island para su propia agenda libertaria sexual extrema de prevenir cualquier límite legal a cualquier comportamiento sexual “(Brooks y Hughes, 2009: 3). La carta de los académicos, que coescribí con Elizabeth Wood, no contiene nada que pudiera justificar esta conclusión y en cambio se organizó en torno a los principios de reducción de daños y derechos laborales (Carta a los Honorables Miembros de la Legislatura del Estado de Rhode Island, Re: Prostitution Law Reform Bill, 31 de julio de 2009).

 

 

  1. La Encuesta Mundial de Valores documenta actitudes más tolerantes hacia la prostitución en las naciones que han legalizado la prostitución que donde la prostitución es ilegal (ver Weitzer, 2012: 80). Sin embargo, incluso en los países donde la penalización es la norma, la opinión pública puede cambiar con el tiempo: según la Encuesta Mundial de Valores, la perspectiva de que la prostitución “nunca se justifica” ha disminuido sustancialmente en Estados Unidos: de 63% en 1981 a 40 % En 2006: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp (se accede el 25 de mayo de 2015).

 

 

  1. Bedford c. Canadá, ONSC 4264, Tribunal Superior de Justicia de Ontario, 28 de septiembre de 2010. El caso fue oído por un tribunal de apelaciones en 2012 y culminó con una sentencia del Tribunal Supremo en 2013 (Canadá [Fiscal General] v. Bedford, 2013 SCC 72, Tribunal Supremo de Canadá, 20 de diciembre de 2013).

 

 

  1. En cinco encuestas realizadas entre 2011 y 2013, del 70% al 82% de los encuestados franceses desaprobaron la idea de penalizar a los clientes, y una encuesta de 2013 informó que el 74% de los encuestados favoreció la “reapertura de burdeles” en el país (Weitzer, 2015).

 

  1. Esto fue citado en France24.com (se accedió el 3 de junio de 2015).

 

 

 

  1. Resolución 3, Sex Work: disponible en: http://www.sssp1.org/index.cfm/pageid/1516/m/ 392 # R3 (se accede el 20 de mayo de 2015).

 

 

Referencias

 

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Ronald Weitzer is a professor of sociology at George Washington University. He has published extensively on sex work, including his books Sex For Sale: Prostitution, Pornography, and the Sex Industry (2000 and 2010) and Legalizing Prostitution: From Illicit Vice to Lawful Business (2012). In 2014 he co-edited a volume on human tra.cking for the Annals of the American Academy of Political and Social Science.

Sobre la “Visión Guía” de la Marcha de Mujeres y la inclusión en la misma de las trabajadoras sexuales

 

Por Janet Mock

 

17 de enero de 2017

 

http://janetmock.tumblr.com/post/156017232338/womens-march-sex-worker-inclusion

 

 
12002879_10153679845561522_1277412846731015915_nMe siento orgullosa del trabajo que he realizado como parte de la mesa de políticas de la Marcha de Mujeres (un grupo de mujeres y gente comprometida en el trabajo crucial de la justicia feminista, racial y social a través de varias intersecciones en nuestro país). Ayudé a redactar la visión y escribí la línea “… y nos solidarizamos con los movimientos de derechos de las trabajadoras sexuales”. No es una declaración que me sea polémica porque como una mujer trans de color que creció en comunidades de bajos ingresos y que defiende, resiste, sueña y escribe junto a estas comunidades, sé que las economías subterráneas son partes esenciales de la realidad vivida de la mujer y la gente. Sé que el trabajo sexual es trabajo. No es algo sobre lo que tenga que andar de puntillas. No es una declaración radical. Es un hecho. Mi trabajo y mi feminismo rechazan la política de la respetabilidad, la putofobia, la vergüenza de puta y la idea errónea de que las trabajadoras sexuales o las personas que participan en los intercambios sexuales por elección o circunstancia necesitan ser salvadas, que están en colusión con el patriarcado “vendiendo sus cuerpos”. Rechazo el borrado continuo de las trabajadoras sexuales de nuestros feminismos porque seguimos combinando el trabajo sexual con la brutal realidad de la coacción y la trata. Rechazo la vigilancia dentro y fuera de los movimientos de mujeres que avergüenza, convierte en chivos expiatorios, rechaza, borra y elude a las trabajadoras sexuales. No puedo hablar de los conflictos internos en la Marcha de Mujeres que han llevado a borrar la línea que escribí para nuestra visión colectiva, pero me han asegurado que la línea permanecerá en NUESTRO documento. Los conflictos que pudieron haber llevado a su edición temporal no desaparecerán hasta que, como feministas, respetemos los derechos de cada mujer y persona a hacer lo que quieran con su cuerpo y sus vidas. No seremos libres hasta que las más marginadas, más policiadas, más ridiculizadas, rechazadas y juzgadas dejen de estarlo. No hay personas desechables, y espero que todas las trabajadoras sexuales que se hayan sentido avergonzadas por este borrado momentáneo se manifiesten en su marcha local y mantengan al colectivo responsable ante nuestras vastas, diversas y complicadas realidades.