No retrocedamos en el tema del trabajo sexual

Editorial

8 Ago 2017

El Espectador

 

http://www.elespectador.com/opinion/editorial/no-retrocedamos-en-el-tema-del-trabajo-sexual-articulo-707012

 

En el Congreso se debate un proyecto de ley, presentado por la representante a la Cámara Clara Rojas, que significaría un retroceso en los pocos avances que Colombia ha tenido en la regulación del trabajo sexual, y que adopta la posición condescendiente y poco efectiva de quienes no diferencian entre la trata de personas y la prostitución. El resultado, de aprobarse, es que no se solucionarían los problemas graves que enfrenta el país en estos temas y se pondría aún en mayor riesgo a las mujeres que ejercen el trabajo sexual.

La propuesta de Rojas es sancionar a los clientes de las trabajadoras sexuales con multas desde $98.300 en los primeros dos años y que llegarán hasta $786.900. El dinero recaudado estaría destinado a un fondo de atención para las personas que ejerzan la prostitución, administrado por el Ministerio de Salud. El objetivo, según la representante, es minimizar la ocurrencia de esta práctica y evitar que Colombia sea un destino de turismo sexual.

La idea de un fondo en el área de la salud pública es la muestra de la condescendencia que motiva a la posición de la representante y sus partidarios. En entrevista con El Tiempo, Rojas dijo que la prostitución “es realmente una explotación, porque atenta contra los derechos humanos”. Es decir, que las trabajadoras sexuales bajo ninguna condición son mujeres libres que ejercen control sobre su cuerpo. Esta idea no es aislada. El proyecto de Rojas viene inspirado por la legislación sueca, donde opera la sanción a los clientes. También abundan las posiciones en el mundo que creen que por las condiciones de desigualdad de género no hay forma de que las mujeres sean libres en el momento de elegir el oficio del trabajo sexual.

Sin embargo, incluso bajo estas razones, sancionar a los clientes resulta inútil. La experiencia en otros países demuestra que esto fomenta que el trabajo sexual se vuelva aún más clandestino. La regulación, entonces, se vuelve cómplice del silencio que las trabajadoras deben adoptar para no perder su fuente de ingresos. Esto genera que los múltiples abusos que son comunes en esta población se queden en la impunidad.

Además, aprobar la propuesta de Rojas genera una disonancia cognitiva no menor: ¿qué hacemos con las mujeres que reivindican el trabajo sexual como una forma de vida? También en El Tiempo, Fidelia Suárez, líder de un sindicato de trabajadoras sexuales, dijo: “No podemos igualar el trabajo sexual, que es una actividad legal, con la trata de personas, que es un delito. La población que ejerce trabajo sexual tiene bien claro cuál es su oficio”.

Por eso, en Colombia la Corte Constitucional ha venido llenando los vacíos legislativos en cuanto al trabajo sexual, reconociéndolo como oficio y pidiendo que se proteja como tal. Las autoridades y el Congreso, como es habitual en temas similares, han demostrado ser ineficientes en su deber de regulación, dejando a esta población en el limbo jurídico, lo que facilita los abusos que se vienen denunciando. El año pasado fueron asesinadas 51 trabajadoras sexuales.

La trata de personas es un problema que Colombia debe enfrentar, pero no sirve unirlo a la prostitución. Al contrario: una regulación clara, integral y eficiente del trabajo sexual podría proteger a las mujeres que lo ejerzan, así como ayudar permitir que las autoridades se concentren en interrumpir las dinámicas perversas de la trata. La condescendencia de Rojas en este debate es un retroceso que le haría daño al país.

 

Colombia: Clara Rojas arremete contra las putas

 

Por. Mar Candela*

 

9 de agosto de 2017

 

http://www.elespectador.com/opinion/clara-rojas-arremete-contra-las-putas-columna-707175

 

Esta es la gran pregunta que me surge al enterarme de que la congresista  ha decidido realizar un proyecto de ley en materia de prostitución  con el argumento cliché  de que las prostitutas todas están ahí  victimas de tráfico sexual,  proxenetismo y similares. ¿Se trata de un delirio  mesiánico  o  de oportunismo político?

Aún no ha dicho que  las prostitutas son responsables de que se acaben hogares o que  por la prostitución voluntaria existen flagelos como la pedofilia y otras injusticias  humanas, como dicen tantas personas abolicionistas. No obstante, nada de raro  sería escucharla decir  algo así. Le triné confrontando su absurda idea de sancionar a los clientes de las prostitutas con multas exuberantes, según la explicación  en la revista Semana, hasta de 23 millones de pesos; me escribió que:

“Sancionar al ‘cliente’ desestimula la práctica y genera las condiciones del entorno para terminar un negocio que no las beneficia a ellas”.

¿Ellas quiénes?  Las mujeres que no    están dispuestas a  vender  panecillos o artesanías ni a partirse  la espalda  limpiando  pisos y prefieren vender atención sexual  porque ganan más dinero y les queda más tiempo para vivir, entre otras cosas, o porque simplemente les da la gana tener sexo con ánimo de lucro? ¿Quién es Clara Rojas para decirle a una mujer  adulta que paga sus impuestos  qué trabajo le conviene o no? Evidentemente hablamos de una mujer  que desde su delirio de superioridad moral  considera que toda prostituta es indigna por su trabajo y ella debe rescatarlas aun cuando  no pocas  rechacen su salvación. O podemos estar hablando de una oportunista política más que sabe que el tema de  la  prostitución  en un país godo doble moralista  levanta mucha popularidad y puede desembocar en  muchos votos.

Hoy nuevamente pongo el pecho  por los derechos integrales de las prostitutas voluntarias y rechazo  enérgicamente  el tráfico sexual, el proxenetismo  y la prostitución marginal despojada de derechos humanos. La congresista Clara Rojas importa una ley que mete  a las putas en un armario para decir que ya no existen. Para quedar como la gran salvadora  que acabo con la prostitución en Colombia.

En un segundo trino me respondió que esta  ley ha sido implementada con éxito en otros países. Quienes conocemos realmente la situación sabemos de los estudios realizados por quienes embuten el tema de tráfico sexual, explotación sexual y proxenetismo en el mismo paquete de prostitución adulta, consiente y decidida y que, agregado a eso, lo hacen por intereses meramente económicos y personales porque a nivel internacional  los Estados destinan muchos recursos económicos a proyectos  de este tipo que nutren imaginarios sociales sobre  lo inmoral e indigno que es decidir ganarse el pan con  el sexo y no con las manos. ¿Por qué es más digno ganar dinero tejiendo por horas a 40.000 pesos diarios, que  follando  20 minutos por 40.000 pesos,  por ejemplo? ¿Por qué la dignidad de las mujeres habita en lo que hacen con su sexo y no en  lo que  hacen con su vida?

Más allá de todas esas estadísticas amañadas  con pericia por académicos y  organizaciones internacionales  que giran en torno de los dineros que se destinan para este tipo de proyectos,  las personas que no ganamos un solo centavo haciendo proyectos de ley ni abriendo organizaciones para “rehabilitar prostitutas” sino que con las uñas trabajamos y a la víctima de abusos y le ayudamos a buscar otro trabajo sin sancionar a quienes están conformes con  sostener sexo con ánimo de lucro, quienes queremos derechos para todas las formas de ser mujer  sin distingo y no devengamos por ese trabajo, quienes no necesitamos  usar a las prostitutas para  llamar más  atención en la opinión publica y así ganar más votos, sabemos perfectamente que no existen datos estadísticos ni fidedignos que demuestren que esta ley ha funcionado realmente en los países donde ha sido implementada. Lo que han hecho es invisibilizar.

Es una medida perversa esta propuesta de ley.  La prostitución en persona ajena, tráfico y trata o similar  son delitos de lesa humanidad  La prostitución voluntaria  de personas adultas que pagan impuestos y no desean sexo  por razones afectivas o lúdicas sino con ánimo de lucro no debe ser castigada. Les  voy a dejar un solo ejemplo de lo que sucede con esa ley. Les dejaré el ejemplo de Francia:  la ley Najat Vallaud-Belkacem  el nombre que se le dio  a la ley que  penaliza a los clientes de las prostitutas: https://elestantedelaciti.wordpress.com/2017/07/24/la-ley-francesa-de-prostitucion-un-ano-despues-esto-vuelve-loco-a-todo-el-mundo/

Países como Suecia, Noruega, Islandia, Francia, Norte de Irlanda, Canadá (entre otros) tampoco son países sin prostitución. Son países con prostitutas en el armario despojadas de todo derecho. Ni siquiera pueden denunciar abusos porque su trabajo es ilegal. Sancionar a los clientes vulnera el derecho a decidir de las mujeres y el derecho al trabajo. También el derecho legítimo de las personas  a una sexualidad  autónoma. Tengo derecho a vivir mi sexualidad con ánimo de lucro. Cada persona tiene derecho a decidir cómo y en qué condiciones ejercer su libre sexualidad.

¿Puta o no puta? Lo decido yo. Ni el Estado ni la Iglesia. Puta o no puta, mis derechos no se disputan. Putas o no. Somos putamente libres.

Multarán a los clientes hasta con 23 millones de pesos. ¿Quiénes pierden? Las putas voluntarias de clases medias y bajas. Las de clases altas ni siquiera saben que son putas y reciben millones en premios por ser “amigas sexuales”, digo,  amigas con derechos. Joyas, viajes, casas, carros y contando más y más regalitos de amigos.  ¡Hipócritas! Abolicionistas que  solo castigan a las putas que no tienen poder, clase ni dinero. Estado proxeneta que quiere entrar a lucrarse del sexo de las mujeres que se prostituyen  por decisión personal con multas exuberantes a sus  clientes con la excusa de que están ayudando en algo al país. Sepan que no solucionan nada. Sepan que algunas personas vemos que lo único que hacen es lucrarse del trabajo sexual. Y que no aceptamos que digan que tráfico sexual, proxenetismo y pedofilia son lo mismo que una persona que decide tener sexo con ánimo de lucro.

La propuesta de Clara Rojas estimula a un Estado proxeneta que se lucre de la prostitución como cualquier chulo común.

* Ideóloga, Feminismo Artesanal

 

La criminalización de los clientes

 

 

Se puede descargar el PDF completo aquí:


http://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/Criminalisation_Spanish.pdf

 

La criminalización de los clientes de las personas que ejercen el trabajo sexual se reivindica normalmente por ser parte de un nuevo marco legal para erradicar el trabajo sexual y la trata de personas con “el fin de la demanda”. En 1999, Suecia criminalizó a los clientes de las personas que ejercen el trabajo sexual y mantuvo la criminalización a terceras partes como propietarios/as de burdeles, encargados/as, y empleados de seguridad y de apoyo1. Los individuos vendiendo sexo permanecieron legales. Este modelo es normalmente llamado el modelo “sueco”, “nórdico” o el “fin de la demanda”. Hay una fuerte presión en muchos países para promover estas medidas legales y políticas. Las consecuencias dañinas de este modelo en la salud, los derechos o las condiciones de vida de las personas que ejercen el trabajo sexual son raramente discutidas.

 

La lógica equivocada detrás del “fin de la demanda”

 

La premisa básica para criminalizar la compra de sexo es que la demanda de los clientes es la responsable de la entrada y de que la mujer se quede en el trabajo sexual. En este marco, los hombres y las personas transgénero que ejercen el trabajo sexual son raramente reconocidas, mientras que las mujeres trabajadoras sexuales son frecuentemente mezcladas con niños/as2 o “proxenetas” y traficantes humanos3 en lo que son a menudo relatos anti-migrantes4. Simultáneamente, las mujeres trabajadoras sexuales son etiquetadas como víctimas sin opción – y perjudiciales para todas las mujeres, familias y toda la nación5.

 

Muchos defensores de la criminalización del cliente la promueven como parte del “neo-abolicionismo-feminista”6 o de la ideología del “feminismo fundamentalista”7 donde el trabajo sexual es equiparado a la violencia en contra de las mujeres, la explotación y la trata. Los clientes son vistos como “abusadores” que deben ser arrestados y penalizados. Esta lógica deriva de los marcos legales del “abolicionismo” de finales del siglo XIX, que aún está presente en algunos países europeos y de Latinoamérica. Los “abolicionistas” creían que criminalizando a aquellos que reclutaban o se aprovechaban de las mujeres trabajadoras sexuales, la prostitución sería erradicada. Se suponía que ninguna mujer aceptaría un intercambio sexual por sí misma. Dado que esto no ha tenido éxito, las feministas neoabolicionistas/fundamentalistas han extendido su objetivo a los clientes, relacionándolos como la raíz última de la causa del trabajo sexual.

 

Esta visión se superpone con las visiones de los grupos prohibicionistas, incluyendo a los conservadores religiosos y a los grupos anti-feministas. Los prohibicionistas tradicionalmente han estado a favor de la criminalización de todas las partes relacionadas con el trabajo sexual, ahora están fomentando el modelo sueco y se llaman a si mismos “neoabolicionistas”8. Esta amplia selección de facciones políticas comparten la creencia básica que el trabajo sexual es inherente a la degradación, a la violencia y a lo incorrecto y consideran al estado responsable de la erradicación del trabajo sexual.

 

La línea que separa a las feministas fundamentalistas y los grupos prohibicionistas es borrosa. A menudo trabajan juntos para promover leyes y políticas en contra del trabajo sexual, un ejemplo claro son las coaliciones americanas para acabar con la demanda9. La superposición en sus posiciones se puede explicar. Los prohibicionistas a menudo consienten evitar la criminalización de las personas que ejercen el trabajo, pero están de acuerdo con una rehabilitación obligatoria. En cambio, los abolicionistas han tendido a mantener propuestas que continúan penalizando o encarcelando a las personas que ejercen el trabajo sexual que rechazan la rehabilitación. El resultado de esto está resumido por Pye Jakobsson, una trabajadora sexual sueca: “Queremos salvarte. Y si no lo aprecias, te castigaremos”.10

 

El impacto de la ley y de la política basada en esta propuesta tiene consecuencias devastadoras para las personas que ejercen el trabajo sexual.

 

Variaciones del modelo sueco y la presión para su implementación.

 

La criminalización de los clientes no es ni mucho menos un fenómeno nuevo. En muchos países, medidas legales para eliminar el trabajo sexual se han implementado durante más de un siglo. Estas incluyen leyes que directamente criminalizan la compra de sexo11. Otras leyes criminalizan o penalizan a los clientes indirectamente. A través de leyes que criminalizan a gente que se encuentra en burdeles o a través de leyes en contra de pedir limosna, comunicar el propósito de la prostitución o de pedir servicios desde el coche12. Las leyes relacionadas con la conducta en espacios públicos, enmarcadas como “la reducción de la molestia social” o “la protección del orden público”, también son frecuentemente usadas para penalizar a los clientes13. Mientras que el marco teórico del modelo sueco es bastante único, las experiencias de las personas que ejercen el trabajo sexual sobre la criminalización de los clientes en diferentes contextos se unen al gran número de datos sobre las consecuencias vividas de tales medidas.

 

Suecia, en 1999, fue le primer país en usar un argumento radical feminista – Ej.: El trabajo sexual es inherente a la violencia masculina en contra de las mujeres – para justificar la nueva legislación que criminaliza comprar sexo, mientras que vender sexo sigue siendo legal14. El gobierno sueco ha mantenido las leyes que criminalizan los burdeles si se benefician del trabajo sexual15. Desde su implantación, a través del Instituto Nacional Sueco, el país ha invertido extensamente en exportar este marco legal a otros países16. De acuerdo con Gunilla Ekberg, la actual agente del gobierno responsable de la política de prostitución en Suecia,

 

Una de mis tareas es también “exportar” las estrategias suecas de antiprostitución – o sea, influenciar a los legisladores y grupos de mujeres en otros países para hacer campaña a favor de leyes similares. Y hemos visto grandes cambios. Por ejemplo, Corea del Sur, Sudáfrica, Noruega y otros países han promulgado la misma legislación que criminaliza al comprador 17.

 

Ciertamente en los últimos años, la criminalización (o el aumento de criminalización) de los clientes se ha discutido entre los legisladores en India, Francia, Estonia, Finlandia, Croacia, Filipinas, España, Italia, el Reino Unido y Canadá18. Las justificaciones han diferido a veces de la conceptualización sueca, pero todas están basadas en la creencia que las personas que ejercen el trabajo sexual están dañadas por el trabajo sexual, y a su vez, dañan a la sociedad.

 

El gobierno de Estados Unidos es otro y una fuente más influyente de presión internacional en la represión del trabajo sexual. En 2003 el gobierno americano se convirtió en un gran adherente al fin de la demanda para luchar contra lo que se denomina la “esclavitud sexual”. Nueva York e Illinois han adoptado desde entonces leyes que penalizan severamente a los clientes. El mismo año el Departamento de Estado de los Estados Unidos empezó a publicar un Índice Anual de Trata de Personas. Es un sistema de tres categorías, que evalúa a los países aparentemente de acuerdo con sus acciones de prevención de trata. Muy a menudo, sin embargo, premia a los países por intensificar sus ofensivas sobre trabajo sexual y migración ilegal19. Cuando un país es clasificado en la categoría más baja puede tener su ayuda internacional revocada. Este índice ha puesto mucha presión a muchos gobiernos para reprimir el trabajo sexual20. En 2011 el índice hizo una llamada para la criminalización de los clientes en todo el mundo21.

 

Muchos países, incluyendo Guatemala, Camboya y Corea del Sur, han aprobado las leyes de trata sobre las premisas tanto de un punto de vista abolicionista o prohibicionista, que mezcla el trabajo sexual con la trata. Éstas están siendo despiadadamente implantadas, para cerrar burdeles e inhabilitar a las personas que ejercen el trabajo sexual a trabajar22. En estos casos de Corea del Sur y Guatemala, han criminalizado también algunas o todas las formas de pagar por sexo.

 

A veces, las leyes han cambiado como resultado de fuerzas combinadas de presiones por parte de actores locales, del apoyo sueco y de la presión americana. Cada vez más, la noción del fin de la demanda está ganado sitio en las Naciones Unidas, parcialmente debido a las presiones suecas y americanas23

 

Las leyes emergentes no son uniformes. A pesar de una investigación de la policía noruega refutando los éxitos del modelo sueco, Noruega ha criminalizado la compra de sexo24 y ha preservado sus leyes existentes en contra de los burdeles25. En 2009, Islandia criminalizó la compra de sexo mientras mantuvo las leyes existentes en contra de los burdeles26. Además, en 2010 el gobierno islandés prohibió los clubs de strip.

 

A veces, los clientes son perseguidos para cerrar burdeles. Guatemala introdujo nuevas leyes en contra de los burdeles y criminalizó clientes que pagan a un intermediario para trabajo sexual. Vender sexo sigue decriminalizado27.

 

Mientras se hace la compra de sexo ilegal, muchos países han mantenido o han aumentado la criminalización de las personas que ejercen el trabajo sexual. Por ejemplo,

 

◗ Las nuevas leyes de Corea del Sur criminalizan a los clientes y a los/ as propietarios/as a la vez que mantienen la criminalización de las personas que ejercen el trabajo28.

 

◗ Sudáfrica ahora criminaliza a los clientes pero ha mantenido las leyes que criminalizan a los/as propietarios/as de los burdeles y a las personas que ejercen el trabajo sexual29.

 

◗ Lituania extendió la penalización a los clientes, mientras que la mantuvo a las personas que ejercen el trabajo sexual30.

 

◗ En los EEUU, la Coalición del Fin de la Demanda tuvo éxito al incrementar la sentencia tanto para clientes como para personas que ejercen el trabajo sexual en el estado de Illinois31. Las sanciones por comprar sexo han aumentado en Nueva York mientras aquellas para los que vendían sexo se han mantenido32.

 

◗ Los clientes de las personas que ejercen el trabajo sexual son ahora criminalizados en Escocia e Italia. Las personas que ejercen el trabajo sexual siguen criminalizadas a través de delitos relacionadas con pedir limosna.

 

Un nuevo número de leyes también se aplican transnacionalmente33. Por ejemplo Noruega ha hecho ilegal la compra de sexo en el extranjero, incluyendo a aquellos en el servicio militar. El Departamento de Defensa Americano ha reescrito el Código de Uniforme de la Justicia Militar para incluir el “patrocinio de una prostituta” como un delito criminal para los/ as soldados34. La ONU ha prohibido a las fuerzas de paz comprar servicios sexuales, y de frecuentar zonas o establecimientos donde pueda haber trabajo sexual35

 

El impacto de los marcos legales del fin de la demanda en las personas que ejercen el trabajo sexual

 

Aumento de la represión de las personas que ejercen el trabajo sexual

 

Muchos seguidores del modelo sueco dicen que la decriminalización del trabajo sexual es un principio básico de su visión. Sin embargo está claro que la mayoría de los países que están implementando el modelo sueco han ido más allá declarando ilegal el trabajo sexual. En el estado de Illinois por ejemplo, las leyes para acabar con el fin de la demanda han resultado en elevar el vender sexo a un delito grave de ofensa, penalizado con hasta un año de prisión36. En 2002, casi 3.500 personas que ejercen el trabajo sexual fueron arrestadas en Corea del Sur. Después de las reformas de ley inspiradas en Suecia, este número llegó a 16.951 en 2004 y a 18.508 en 200537

 

Tanto en Corea del Sur como en EEUU, la única manera para que una persona que ejerce el trabajo sexual evite el encarcelamiento es aceptando la rehabilitación. En Corea del Sur, el poder judicial o el agente de policía decide si la mujer es digna de rehabilitación, basado en su “carácter” y en los motivos del caso38.

 

Incluso en los contextos donde vender sexo es legal, si las mujeres trabajan en un local cerrado, y pagan por el alquiler o gastos, pueden ser criminalizadas bajo las leyes en contra de mantener un burdel o beneficiarse de la prostitución39

 

Es común para las personas que ejercen el trabajo sexual a ser desproporcionadamente objeto de arrestos bajo leyes no relacionadas. En Suecia y Noruega, a pesar de que vender sexo no es un delito criminal, la intensidad de la represión de la policía en contra de las personas que ejercen el trabajo sexual ha llevado a que un gran número sea

arrestada y deportada por inmigración ilegal40. De hecho, durante el primer año de la nueva ley en Suecia, los fiscales no pudieron acusar a numerosas personas que ejercían el trabajo sexual porque habían sido deportadas antes de que sus declaraciones fueran grabadas.41

 

Además, las personas que ejercen el trabajo sexual experimentan niveles más altos de acoso debido a la vigilancia de los clientes en la calle42. Los agentes de policía en Suecia a menudo graban clandestinamente a las mujeres teniendo relaciones sexuales para obtener pruebas en contra de los clientes. Las mujeres están por lo tanto sujetas a investigaciones invasivas43. Las personas que ejercen el trabajo sexual no tienen los derechos del acusado ni de las víctimas en los juicios en contra de los clientes44. En Suecia y en Corea del Sur, la policía registra las casas y los lugares de trabajo de las mujeres sospechosas de ejercer el trabajo sexual45

 

El aumento de la violencia y la discriminación.

 

La mayor afirmación del gobierno sueco es que la criminalización de los clientes ha reducido significantemente el número de personas que ejercen el trabajo sexual. Esta reafirmación está basada en el declive del número de personas que ejercen el trabajo sexual en la calle, un hecho que numerosos investigadores atribuyen a la crecida de otras formas “escondidas” de trabajo sexual46.

 

Ciertamente, en muchos países, se ha observado que la vigilancia de la policía y el arresto de los clientes ha desplazado a las personas que ejercen el trabajo sexual. Las personas que ejercen el trabajo sexual han informado del aumento del uso de Internet para buscar clientes o de tener que moverse a lugares que se hacen pasar por otros negocios como salones de masajes, peluquerías u hoteles47.

 

Sin embargo, las personas que ejercen el trabajo sexual que viven en condiciones precarias son habitualmente incapaces de trabajar en sectores de la industria del sexo que requieren establecer rutinas, poner en marcha inversiones o familiarizarse con la tecnología. En Suecia, las mujeres que trabajan en la calle han informado de una competencia mayor, un declive de los precios o condiciones más duras48. Para compensar que hay menos clientes, las mujeres aceptan clientes que están borrachos, agresivos o que rechazan el uso del preservativo49. Desde la criminalización del cliente en Suecia, las personas que ejercen el trabajo sexual están expuestas a un riesgo más alto de violencia50 y de enfermedades infecciosas51.

 

La vigilancia de las patrullas de policía centrada en localizar a clientes conlleva a las personas que ejercen el trabajo sexual a desplazarse a lugares menos públicos donde pueden ser más vulnerables a la violencia. En el caso de que ocurriese violencia, no conseguirían tener ayuda52. En la ciudad de Edimburgo, Escocia, las personas que ejercen el trabajo sexual informaron de 66 incidentes de violencia en 2006, comparado con 126 después de la implantación de las medidas en contra de solicitar los servicios de una persona que ejerce el trabajo sexual desde el coche del siguiente año53. En Montreal, durante un periodo de tres meses de amplios barridos anti-clientes en 2001, las personas que ejercen el trabajo sexual informaron de tres veces más de incidentes violentos, y de cinco veces más de incidentes violentos con armas mortales que en los previos barridos54

 

Las personas que ejercen el trabajo sexual se enfrentan a más obstáculos para reportar violencia y coerción, dado que revelarse como personas que ejercen el trabajo sexual a la policía puede llevar a más acoso y al riesgo de deportación55. Del mismo modo, un cliente que encuentra a una persona que ejerce el trabajo sexual que ha sido coaccionada, o que está en peligro, es poco probable que lo reporte a la policía por miedo a incriminarse a si mismo. La Junta Nacional de Policía Noruega descubrió que la ley sueca ha hecho más complicado reunir pruebas en contra de individuos que han coaccionado o explotado a las personas que ejercen el trabajo sexual56. Además, la Junta Nacional de Salud y de Bienestar Sueca demostró que la criminalización de los clientes puede llevar a un incremento en la explotación de las personas que ejercen el trabajo sexual por terceros57

 

Las personas tailandesas que ejercen el trabajo sexual han informado igualmente que desde la prohibición a comprar sexo de los soldados americanos, sus condiciones de trabajo se han vuelto más peligrosas. A menudo, los soldados sólo se reunen con las personas que ejercen el trabajo sexual en sitios aislados o piden que una mujer dé servicio a múltiples soldados para evitar llamar la atención58.

 

No hay pruebas de que la ley sueca haya reducido la trata de personas en la industria del sexo59. En una evaluación de la ley sueca en 2010, siete personas que ejercen el trabajo sexual fueron entrevistadas. Todos declararon que el estigma en contra de ellas había aumentado desde la implantación de la ley. Desafortunadamente, fue reportado como un desarrollo positivo ya que podría disuadir a las mujeres a ejercer el trabajo sexual60.

 

Reducción al acceso de servicios de salud y sociales

 

Las leyes criminalizando a los clientes, y las leyes en contra de los burdeles, impiden la habilidad de las personas que ejercen el trabajo sexual a proteger su salud en el trabajo. En Suecia, un estudio de la Junta Nacional de Policía Noruega desmostró que muchas de las personas que ejercen el trabajo sexual en la calle compensan la pérdida de ingresos, como resultado de la criminalización de los clientes, no usando preservativos61. En Corea del Sur, los locales como salones de masajes tienden a no tener preservativos porque puede ser relacionado como prueba de trabajo sexual62.

 

Los acosos de la policía obligan a muchas personas que ejercen el trabajo sexual a cambiar frecuentemente de áreas o a trabajar en lugares escondidos. Esto dificulta su habilidad para contactar con servicios de salud y sociales. En Corea del Sur y Suecia, las autoridades de salud han expresado preocupación sobre las consecuencias negativas de la ley en la salud de las personas que ejercen el trabajo sexual63. Además, los investigadores en Corea del Sur han descubierto una correlación entre las nuevas leyes de prostitución y un aumento de las infecciones de transmisión sexual64.

 

La financiación de los proyectos de salud que apoyan los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual está seriamente comprometido por la tendencia del fin de la demanda. Las intervenciones más exitosas contra el VIH hasta la fecha han sido aquellas que son dirigidas por pares, apoyándose en el empoderamiento individual o colectivo para mejorar las condiciones de trabajo y de vida de las personas que ejercen el trabajo sexual65. Sin embargo, estos tipos de proyectos reciben muy poca o ninguna financiación o apoyo de los gobiernos, o de otras agencias que han sido delatadas con modelos que interpretan el trabajo sexual como violencia. En Corea del Sur y Suecia, sólo los proyectos que están dirigidos a que las mujeres abandonen el trabajo sexual reciben fondos. Estos proyectos son inherentemente discriminatorios ya que el acceso a cursos educacionales y vocacionales, servicios de asesoramiento y de salud dependen del abandono del trabajo sexual.

 

Reducción del acceso a la vivienda y a la protección

 

Las leyes en contra de la compra de sexo, del beneficio del trabajo sexual, o en contra del alquiler a un espacio para trabajo sexual, pueden hacer a los dueños/as de apartamentos y hoteles susceptibles de ser perjudicados/as. En muchos países, los dueños/ as tienen el derecho legal de rescindir el alquiler y desalojar sin previo aviso a los individuos sospechosos de ejercer el trabajo sexual – incluso cuando vender sexo no es un crimen66. Esto también afecta a los individuos que viven con ingresos bajos en viviendas sociales, en los cuales puede tener un impacto particularmente importante67. En Noruega, se sabe que la policía se hace pasar por clientes y llaman a los anuncios de las personas que ejercen el trabajo sexual para saber donde viven. Entonces amenazan a los propietarios/as bajo la ley de proxenetismo si no desahucian a la persona que ejerce el trabajo sexual de manera inmediata. Las mujeres normalmente pierden sus depósitos, lo cuales pueden ser la cantidad del alquiler de tres meses68. Una vez en la lista de personas que ejercen el trabajo sexual desalojadas, es difícil alquilar una nueva casa. En 2011, esto fue parte de una campaña organizada por la policía de Oslo llamada Acción Sin Techo69

 

En Noruega, la policía ha notificado a todas las cadenas de hoteles que se enfrentarán a cargos por alquilar habitaciones a mujeres que son conocidas como trabajadoras sexuales. Como resultado, las cadenas de hoteles han prohibido a las personas que ejercen el trabajo sexual registrarse en ninguno de sus hoteles. Algunos han sido denunciados que no permiten la admisión a mujeres que creen trabajadoras sexuales de forma racialmente sesgada70.

 

En resumen, no hay pruebas evidentes para sugerir que las medidas legales que criminalizan a los clientes, a los propietarios/as de los burdeles, a los encargados/as y al personal de apoyo en la industria del sexo, eliminen o reduzcan significantemente el trabajo sexual. Las pruebas disponibles sugieren lo contrario, que estas medidas incrementan la represión, la violencia y la discriminación en contra de las personas que ejercen el trabajo sexual. Esto disminuye el acceso a los servicios de salud, cuidado, vivienda y sociales de las personas que ejercen el trabajo sexual.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ley francesa de prostitución, un año después: “esto vuelve loco a todo el mundo”

 Por Patricia Neves

 

Publicado el 10/07/2017

 

https://www.marianne.net/societe/loi-prostitution-lille-ca-rend-fou-tout-le-monde

 

Un año después de su adopción definitiva, la ley Najat Vallaud-Belkacem sobre la prostitución, que penaliza a los clientes, sigue siendo motivo de división. Reportaje en Lille donde los actores sobre el terreno denuncian en su mayor parte una precarización del oficio.

Avenue du Peuple Belge, en la parte vieja de Lille. Un vehículo se para de repente en medio del tráfico, a algunos metros de una joven apoyada contra las puertas de un hermoso jardín. Ataviada con un vestido ceñido color carne, se aproxima al conductor. Pero el hombre vuelve a arrancar. Falsa alarma. No era un cliente. Sandy, de 35 años, prostituta desde hace un poco más de dos años, vuelve sobre sus pasos, desilusionada. Desde la adopción, en abril de 2016, de la última ley para “la lucha contra el sistema prostituyente” los clientes son, confía, cada vez más escasos.

Defendido por la antigua ministra de Derechos de las mujeres, Najat Vallaud-Belkacem, el texto —que ha derogado también el delito de captación pasiva, emblema de la era Sarkozy— penaliza, tras cuatro años de debate y controversias, a los clientes de las prostitutas con una multa que puede llegar a los 3.750 euros en caso de reincidencia. Según las cifras oficiales, cerca de un millar de ellos habrían sido ya denunciados en toda Francia. En Lille, serían sin embargo menos de una centena.

¿Es realmente disuasoria la ley? ¿Protege más a las 37.000 prostitutas con las que cuenta el país? Un poco más de un año tras su entrada en vigor, los actores sobre el terreno se muestran escépticos e incluso enfadados. Comenzando por las propias chicas. “Esta ley vuelve loco a todo el mundo, cuenta Celia, una colega de Sandy, en sus cuarenta. Hoy hay menos clientes y más agresiones, incluso entre las chicas”.

Una nueva relación de fuerzas

Es sencillo, añade Sandy, “antes yo me hacía 200 euros por día, pagaba el hotel, ahorraba dinero, compraba mis cigarrillos… Hoy, si vuelvo a casa con 60 euros puedo estar contenta”. Su teléfono suena. La joven se aleja, descalza, bajo el calor agobiante. Sobre el murete del jardín, Celia, cuya mirada aparece disimulada por lentillas de color azul y varios retoques de rimel, vuelve púdicamente sobre sus “días difíciles”.

Desde hace dos o tres meses, se lamenta, las agresiones de los clientes se han multiplicado. La culpable, según ella: la nueva ley. Intenta mostrar en su teléfono la fotografía de una placa de matrícula tomada hace unos días a la caída de la tarde. “De entrada, el hombre era muy educado. Salvo que durante la semana había agredido ya a cinco chicas y estaba armado”. Así que ahora Sandy y Celia están “todo el tiempo en pareja y fotografían las matrículas” de los coches a los que se suben por turnos. Así es más seguro. E incluso así, no siempre consiguen librarse de los golpes. “¿Te acuerdas de cuando me rompieron la nariz?”, pregunta Sandy, con cara de niña.

Menos clientes, más agresiones

“Ah, sí, volví bien averiada”, recuerda Celia antes de enumerar los insultos que reciben a diario, los hombres por ejemplo que pasan delante de ellas, en coche, “cascándosela”. “Es dura la calle”, musita. Originaria del norte de Francia, Celia, madre de tres chicos, ha llegado a la Avenue du Peuple Belge —lugar central de la prostitución de Lille— hace dos años, poco después de un divorcio marcado por violencias conyugales. En aquel momento, dejó el hogar familiar y durmió durante seis meses en su coche, estacionado delante del Ikea. Al final, “me había convertido en un esqueleto”, resume, vestida con una blusa roja sin mangas que todavía hoy deja adivinar su delgadez.

Sandy, por su parte, fue a juicio contra su marido violento “pero no hubo aplicación de pena”. Madre de siete hijos, de edades que van de los 2 a los 15 años, la joven se prostituye desde entonces para sobrevivir. Celia también. Rápidamente, cada una comenzó a ganar varios cientos de euros por día, una suma que les permitió alquilar un pequeño apartamento pero que las expone día tras día a la violencia. Y la nueva ley de prostitución no ha hecho, según ellas, más que empeorar las cosas.

Pues la relación de fuerzas ha sido diferente a partir de ese momento. Los clientes son menos numerosos —“más teniendo Bélgica al lado”— y exigen más. En la cuestión de precios, revisados a la baja, o incluso en lo referente al uso de preservativo. “Los sin-capucha son ahora nueve coches de cada diez, y esto no para”, suspira Celia. “Yo tengo una frase hecha, sonríe Sandy. Les digo que hay una nueva enfermedad que hace que se hinche la picha y meen de color amarillo fosforito”. Las dos mujeres ríen y vuelven al trabajo, por la acera del parque, bajo un sol de plomo. Sin clientes en el horizonte.

Clandestinidad de la actividad

Entre las asociaciones, algunos intervinientes llegan a la misma conclusión. “Desde finales del año pasado, en cada intervención que hacemos sobre el terreno, es decir tres veces por semana, recibimos información de una situación de violencia”, constata en Nantes Irène Aboudaram por Médecins du Monde, organización que se opone a la ley. “Ahora, como hay menos clientes, las chicas trabajan más tiempo. Pueden hacer de las 22h a las 6h. Por temor a una denuncia, prosigue, se suben al coche sin tomarse el tiempo necesario, como antes, para identificar a las personas, evaluar los riesgos, negociar los precios”.

Así que, para Irène Aboudaram, la nueva ley no permite por tanto desmantelar las redes de prostitución, ya que la propia ley empuja a los intermediarios a organizarse fuera de la vía pública, sobre todo proporcionando el alojamiento donde tendrán lugar los pases. “Esto tiene más bien el efecto de una clandestinidad de la actividad. Las mujeres se vuelven menos accesibles. Esto amenaza con comprometer el trabajo sobre el terreno de las asociaciones e incluso de las autoridades”, previene la militante.

Castigar al cliente para atacar las redes

Si Médecins du Monde se concentra en el efecto que la ley Najat Vallaud-Belkacem tiene sobre la salud de las prostitutas, otros, como la organización católica Le Mouvement du Nid, comparten por el contrario el espíritu del texto, que pretende, en última instancia, terminar con la prostitución. “Es algo bueno que el cliente sea perseguido, estima en efecto Bernard Lemettre, responsable regional del Mouvement du Nid en la región Nord-Pas-de-Calais, porque el cliente, mediante su acto, ningunea a las mujeres, y no sólo físicamente. Poque alimenta indirectamente las redes. Los tratantes no reunirían chicas en las aceras de Lille si no hubiera demanda”.

De las 300 chicas seguidas por Le Mouvement du Nid, en Lille, la gran mayoría sería de hecho de origen africano, víctimas de trata de seres humanos. Algunas de las cuales tienen que reembolsar a los que las han ayudado a pasar varios miles de euros, entre 60.000 y 90.000. Con el otro gran eje de la ley, un bono social que instaura “un circuíto de salida” de la prostitución, se da pues un primer paso “hacia otro futuro para estas mujeres”, se felicita Bernard Lemettre. Porque “la ley inventa un sistema por el que es obligatorio salir de la prostitución, detalla, mediante el pago de una prestación y un seguimiento personalizado. Lamenta sin embargo que la prestación propuesta no exceda de algunos cientos de euros. “No se puede vivir con 300 ó 400 euros”, reconoce.

Más allá de esta ayuda financiera, a la que se añade la promesa incierta de un permiso de residencia de 6 meses, la obligación para las chicas de dejar de prostituirse para poder beneficiarse del “circuíto de salida” —que todavía no se ha puesto nunca en práctica en Lille— puede suponer un obstáculo para aquellas que obtienen la totalidad de sus ingresos de la prostitución. Como Sandy y Celia, antigua empleada de un gran operador de telecomunicaciones.

De la calle a los sitios de internet

Cerca del parque, donde ellas siguen esperando, por fin se para un coche. “¿Puedo llevaros a algún sitio?”, pregunta un joven treintañero con camiseta blanca, que se describe a sí mismo como un cliente ocasional. También él ha “oído hablar” de la nueva ley, pero la verdad es que ésta no le ha hecho “cambiar sus costumbres”. En Lille, las autoridades constantan sin embargo “una disminución del fenómeno que no está necesariamente ligada a la penalización del cliente, sino más probablemente a la evolución del oficio. Desde hace dos o tres años, las chicas abandonan la calle y se pasan a internet. Basta con ir a los sitios especializados, tipo Vivastreet [objeto de una investigación por proxenetismo agravado, ndlr]. El número de anuncios se ha disparado, sencillamente porque es más discreto, en particular para los proxenetas.”

Por lo que respecta a Sandy y Celia, ellas no piensan en internet. “Demasiado peligroso, no sabes con quién vas a caer”. En su trozo de acera, prefieren escoger a sus clientes. Uno de ellos ya ha sido denunciado dos veces, le han notificado una multa y tiene cita en el juzgado. Tal vez será uno de los primeros clientes de Lille que tendrán que acudir, a partir de septiembre, a los totalmente novedosos cursos de sensibilización que se suponen que permitirán una toma de conciencia sobre la violencia ejercida sobre las prostitutas. Pero a algunos metros apenas de la salida del tribunal de última instancia de Lille, situado en la Avenue du Peuple Belge, las chicas esperan ya…

 

“Mi cuerpo es mío”. Debates y disputas de los feminismos argentinos en torno al aborto y al sexo comercial

Santiago Morcillo y Karina Felitti

 

1 de julio de 2017

 

 

http://amerika.revues.org/8061

 

Introducción

1“Mi cuerpo es mío” es una consigna que está presente en las movilizaciones feministas contemporáneas y un tema de estudio en la academia que se ocupa de temas de género y sexualidad (Correa y Petchesky, 1999). La vinculación de este lema con el liberalismo ha llevado a resaltar que la defensa del cuerpo como propiedad no implica dejar de lado la responsabilidad colectiva, ni la reflexión teórica y política constante (Petchesky, 1995 ; Phillips, 2013). El reclamar el derecho a la propiedad del propio cuerpo nos enfrenta a una paradoja :

aunque luchemos por los derechos sobre nuestros propios cuerpos, los cuerpos por los que luchamos nunca son lo suficientemente nuestros. El cuerpo tiene una dimensión invariablemente pública. Constituido en la esfera pública como fenómeno social, mi cuerpo es y no es mío (Butler, 2006 : 52).

2En la Argentina este lema está presente en las luchas por la legalización del aborto y también en los reclamos por el reconocimiento del trabajo sexual. En el primer caso, existe un consenso entre los diferentes feminismos sobre la necesidad y relevancia de esta demanda. Cuando se trata de defender la autonomía en relación al sexo comercial, en cambio, el tema los divide. Estas discusiones están inscriptas en un escenario en donde el feminismo ha ganado presencia pública y se realizan multitudinarias manifestaciones contra la violencia de género1. A su vez, desde comienzos del nuevo siglo algunos derechos reproductivos y sexuales fueron reconocidos legalmente –acceso a la anticoncepción (incluida la quirúrgica), educación sexual, matrimonio igualitario, identidad de género, entre otros–, pero la ambigüedad prima en torno al aborto y a la prostitución.

3Interrumpir voluntariamente un embarazo ha sido ilegal desde fines del siglo XIX y según el artículo 86 del Código Penal, solo se considera no punible si tiene el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la “madre” y “si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”. Aún en estos casos aparecen diferentes obstáculos que impiden este acceso y generan las reacciones de organismos de derechos humanos y feministas. Frente a esto, en 2012, la Corte Suprema de Justicia (2012) aclaró que toda mujer que resultara embarazada como producto de una violación, debía tener acceso a un aborto no punible sin necesidad de intervención judicial y exhortó a que cada jurisdicción redactase su propio protocolo de atención para garantizarlo, lo que resultó un avance en un contexto todavía restrictivo (Ramos ; Romero y Aizemberg, 2014 ; Ramón Michel, Ramos y Romero, 2013)2.

4La prostitución no aparece directamente como ilegal en la legislación, pero desde 1921 el Código Penal sanciona la explotación de la prostitución ajena. Además, en la mayoría de las provincias hay normativas de menor alcance (códigos contravencionales) que construyen un complejo patchwork y sancionan el sexo comercial callejero – aún cuando sea autónomo–, principalmente bajo la figura de “prostitución escandalosa” (Morcillo y Justo, 2012). En la última década, la lucha contra la “trata de personas con fines de explotación sexual” habilitó enfoques que se acercan al prohibicionismo. La última modificación de la ley de trata en 2012, amplía el espectro de casos que pueden ser considerados como “trata” y desestima el consentimiento, así borra la posibilidad de que el sexo comercial sea una opción y devalúa las voces de las mujeres. En este marco, se han multiplicado las normas que prohíben la habilitación de cabarets y la publicación de avisos para ofertar servicios sexuales.

5Este artículo pone en relación estos dos debates del feminismo argentino contemporáneo, el que rodea a la legalización del aborto y el que se enfoca en el sexo comercial, subrayando las diferentes interpretaciones que puede adquirir la consigna “mi cuerpo es mío”. Se describen estos dos escenarios y se los pone en relación, subrayando las diferentes interpretaciones que puede presentar la idea de propiedad privada del cuerpo en los feminismos, a partir del análisis de algunas de sus producciones teóricas, documentos escritos, sitios web, declaraciones en medios de prensa y redes sociales.

El derecho al aborto : quiénes, cómo, dónde

 

6Como dijimos, desde la salida de la crisis del 2001 en la Argentina se avanzó en el campo de los derechos sexuales y reproductivos pero no se logró legalizar el aborto, lo que constituye para los feminismos una “deuda de la democracia” (Belucci, 2014)3. El activismo religioso anti derechos sexuales y reproductivos ha tenido un rol clave en esta rémora (Pecheny, Jones y Ariza, 2016 ; Esquivel 2009 ; Vaggione 2010 ; Irrazábal 2016 ; Felitti, 2011 ; Vacarezza, 2013) y tampoco los/as representantes políticos incluyen el tema en la agenda de discusiones parlamentarias. Una estrategia de los grupos anti derechos ha sido asociar al aborto con el terrorismo de estado y así reclamar por la vida de los “bebés desaparecidos en democracia” (Gudiño Bessone 2013, Felitti 2011), vinculación que, como veremos más adelante, también se plantea en relación a la cuestión de la trata de personas.

7Dentro de los feminismos una forma de visibilizar la necesidad de la legalización es exponer los datos estadísticos que muestran la cantidad de muertes que se producen por abortos clandestinos, destacando que es la primera causa individual de muerte materna (DEIS, 2016 :126). Lo que se destaca así es el problema de salud pública que implica la ilegalidad y la obligación del Estado de garantizar el derecho a la salud de las mujeres.

8El otro argumento, que en general va de la mano, se concentra en el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo : aunque no hubiera una sola mujer muerta por aborto éste debería ser legal y gratuito. Si bien este enfoque pone el acento en la autodeterminación personal y evita colocar a las mujeres en un lugar de víctimas, la opinión pública suele ser más sensible frente a la primera descripción. Según una encuesta, existe mayor consenso en rechazar la penalización que en apoyar la legalización : la mujer no debería ir a la cárcel pero el aborto no debería ser legal. El apoyo aumenta cuando peligra la vida o la salud de la mujer o si se trata de un embarazo producto de una violación, y baja en situaciones como fallas en la anticoncepción, razones económicas o la voluntad de la mujer de no tener hijos (Andia, Brown y Pecheny, 2011). En relación a esta discrepancia, Marta Lamas, referente del proceso de legalización del aborto en la Ciudad de México en 2010, señaló :

Si yo digo ‘mi cuerpo es mío y hago lo que quiero con él’, de alguna manera estoy irritando a mucha gente, porque si tu cuerpo es tuyo el señor de enfrente no se siente comprometido. Si yo en cambio digo ‘el aborto es un problema de salud pública, un problema de justicia social y un problema de la democracia’, voy a encontrar que hay mucha gente que se siente tocada o aludida (citada en Monfort, 2010).

 

9La puesta en vigencia de los protocolos de atención en casos de aborto no punible ha hecho posible también que algunos se realicen en hospitales, algunos de los cuales cuentan con consejerías de atención pre y post aborto (Dosso, 2013). Fuera de este sistema, existen organizaciones feministas o sociales que informan y acompañan a las mujeres durante la interrupción de sus embarazos utilizando misoprostol4 y algunas de ellas fueron pioneras en esta tarea. En 2009 la agrupación Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto lanzó la línea telefónica “Más información, menos riesgo” y produjo el manual Todo lo que querés saber sobre cómo hacerse un aborto con pastillas. Luciana Sánchez, una de sus referentes, explicaba su rechazo a la victimización : “Si las mujeres la pasan mal, es por los obstáculos que se les pone para concretarlo y, aun así, cuando lo politizás desde la mirada lesbiana del aborto, lo que sentís es orgullo” (Guzmán, 2013). Sánchez cuestionaba al feminismo heteronormativo, al que ligaba a una clase que podía pagar un aborto quirúrgico ; el “aborto popular” que la organización reclamaba, en cambio, era el que se podía hacer en la casa5. En su crítica aparecía la cuestión sobre los sujetos del aborto :

Desde el paradigma heterosexual del aborto no se plantea que las lesbianas aborten, que los varones trans aborten, que las travestis tengan una participación activa en actuar, hacer y pensar los abortos. Es pensar el sexo desde lo heterosexual, desde la cohabitación, la repetición, la penetración. Lo vemos en esta idea de que si a la gente la llenamos de anticonceptivos, se acaba el aborto. Eso es falso y atenta contra la autonomía de las personas. (Lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto, 2014).

 

10En esta línea, en la contratapa de una edición del manual, aparece la muñeca Barbie relatando que le fue “Bárbaro” con las pastillas de misoprostol. El empoderamiento, la agencia y la libertad que puede expresar el aborto, se personifica en un icono de la cultura de masas -denunciado por el feminismo por promover ideales corporales imposibles- que al relatar su propio aborto asume un lugar ya no anclado en su belleza estereotípica sino en su capacidad de decisión6.

11Las Socorristas en red. Feministas que abortamos son una red de activistas articuladas en torno a su trabajo como “socorristas”. Los “socorros rosas” toman el nombre en clave genealógica y recuperan la experiencia de acompañamientos que hacían las feministas italianas, francesas y estadounidenses en las décadas del ´60 y del ’70.7 Su sitio web muestra una estética juvenil y descontracturada : pares de zapatillas de un modelo de moda y color fucsia, dan una idea de movimiento, de rapidez, de disposición para salir al socorro de las mujeres que las necesiten.8 Al igual que la contratapa con la imagen de Barbie, la propuesta es sacar al aborto de las sombras y de lo sombrío para considerarlo un episodio de la vida sexual y (no) reproductiva de las mujeres. Con ese objetivo, en 2015 produjeron un libro que recoge las experiencias de varias mujeres a quienes acompañaron. En el prólogo Nayla Vacarezza destaca :

más que detenerse en el temor y el arrepentimiento, los relatos muestran otros afectos que provoca en las protagonistas el saberse privadas por la ley penal de la posibilidad de decidir sobre sus cuerpos”, pero también, los escritos muestran “hasta qué punto se hace más amable cuando se puede vivir junto con otros y otras, generando alianzas impensadas entre suegras, madres e hijas, profesoras y estudiantes, profesionales, comerciantes, migrantes, pobres y no tan pobres. De eso se trata esta ética feminista donde el afecto se comparte, y donde más que decir importa atender llamados y disponerse a escuchar (2015: 140).

12En este conjunto de relatos la reapropiación del cuerpo pasa por un proceso de alianzas y en ese sentido rompe el caparazón individual: sostener que “mi cuerpo es mío” se hace posible por una ligazón entre mujeres, por una red.

13Otro ejemplo de estas solidaridades es la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito, organizada a partir del el XVIII Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario (2003)9, impulsada por grupos feministas, del movimiento de mujeres y mujeres de movimientos políticos y sociales. La Campaña articula argumentos al postularlo como una cuestión de salud pública, de justicia social y de derechos humanos de las mujeres. El espacio central que éstas ocupan en la Campaña también ha suscitado debates sobre el lugar de los varones y personas trans en esta lucha (Chaher, 2014), pero aún así, el reclamo por la legalización del aborto no se pone en cuestión, incluso entre las activistas feministas de izquierda –por ejemplo, Las Rojas del partido Nuevo MAS–, que en cambio si son reactivas a las posiciones que ellas llaman “pro-sexo”.

¿Durmiendo con el enemigo? La polarización de los feminismos argentinos en torno a la prostitución

14Desde la década de 1980, la prostitución comenzó a ser objeto de un debate, primero en el ámbito euro-norteamericano y luego global. Las posiciones han tendido a polarizarse : una legitima la prostitución y la concibe como “trabajo sexual” y otra la entiende como una forma de violencia de género y pretende abolirla. En torno a la primera postura, se articulan los movimientos de prostitutas que surgieron en los años 70’ para luchar contra el hostigamiento policial y la estigmatización de las putas. Justamente la activista y prostituta Carol Leigh, explica que acuñó la expresión “sex worker” por los problemas que causaba presentarse como “prostituta” en contextos feministas. Otras, como la brasilera Gabriela Leite, sostuvieron la idea de reivindicarse directamente como “putas” y cambiar el sentido degradante de este significante (Pheterson, 1989).

15En los 80’ los movimientos de prostitutas emergen en América Latina y en la década siguiente se mundializan bajo la influencia de la epidemia de VIH/sida (Lamas, 1993), el feminismo –aunque dividido–, el aumento de las migraciones a nivel global y la apertura de los sindicatos a nuevas formas de organización y profesiones (Gall, 2007).

16En esa época, en la Argentina, el debate no estaba tan polarizado. Por ejemplo, Marta Fontenla, reconocida abolicionista, apoyaba los intentos de organización de algunas prostitutas : “La prostitución ES ahora una institución social, basada en la explotación de las mujeres, aunque clandestina y reprimida ¿Y qué otra forma tiene un explotado/a de luchar por su liberación que organizarse para esta lucha ?” (1985 : 29-30 énfasis en el original).

17Incluso a mediados de los 90’, las concepciones sobre el uso del cuerpo y la sexualidad podían ponerse entre paréntesis a la hora de construir articulaciones contra el hostigamiento policial, como se demostró en la lucha contra los edictos policiales de Buenos Aires en la que se articularon, entre otras, la organización abolicionista “Asamblea Raquel Liberman” y las trabajadoras sexuales de AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina) que nucleaba desde 1995 a las prostitutas (Morcillo y Varela, 2017)10.

18Una particularidad del movimiento de prostitutas argentino fue su temprano acercamiento a las fuerzas sindicales, especialmente a la CTA (Central de Trabajadores de la Argentina) y una relación más tardía con algunas vertientes del feminismo. La alianza con este “nuevo sindicalismo” posibilitó sumar a los usos tácticos de la idea del “trabajo” un repertorio de reivindicaciones ligadas a los/as trabajadores/as y el mundo del trabajo. Así, la idea de “trabajo sexual” se cargó de un discurso obrerista y de una lógica más colectiva que la que parecía primar entre sus pares del norte (Morcillo, 2014). Por contrapartida, así como las prostitutas activistas en San Francisco enarbolaban la idea del sex work con una fuerte dosis de crítica a la moral sexual burguesa –y no tanto hacia la ética laboralista del capitalismo–, en Argentina las trabajadoras sexuales hacían clara su pertenencia a la clase obrera, aunque sin lanzar (aún) un cuestionamiento más explícito hacia las posibilidades de reapropiación de la sexualidad femenina. Elena Reynaga, una de las fundadoras de AMMAR, se definía así : “No soy puta, no soy prostituta, no soy trapo ni jinetera. No soy cuero, no soy meretriz ni ramera, tampoco cortesana. Soy una mujer trabajadora, una mujer trabajadora sexual”11.

19Es en paralelo al endurecimiento de las posiciones abolicionistas en el feminismo vernáculo que las prostitutas profundizan sus críticas de género y se preguntan por su lugar en las filas del feminismo. A su vez, uno de los vectores que acelera la polarización de los debates es la reaparición de la cuestión de la “trata de personas con fines de explotación sexual” que toma fuerza a partir del 2000. Aquí resuenan elementos de la lucha del abolicionismo contra la “trata de blancas” de 150 años atrás : las alianzas con los sectores religiosos conservadores y la adopción de una retórica que plantea la lucha como una cruzada, un clima de pánico moral y la sobredimensión del fenómeno. Esta reaparición produce un aplanamiento de las distintas inserciones en el mercado sexual y su homogeneización bajo la idea de trata (Doezema, 2000 ; Weitzer, 2007). La construcción de este tema como una cuestión supranacional y los mecanismos implementados desde la administración Bush en EE.UU., junto a la fuerte mediatización de casos devenidos emblema y a la producción de cifras de “víctimas rescatadas”, fueron algunos de los elementos que coadyuvaron al resurgimiento del discurso anti-trata en Argentina (Justo von Lurzer, 2011 ; Morcillo y Varela, 2017 ; Varela, 2015a ; Varela y Gonzalez, 2015).

20Como vimos en relación al aborto, el discurso de los derechos humanos es utilizado por ambas posiciones : “las trabajadoras sexuales tenemos derechos básicos que nos asisten como seres humanos, como mujeres y como trabajadoras” se lee en el sitio web de AMMAR ; mientras que el feminismo abolicionista traza paralelos entre las víctimas de trata y las desparecidas de la dictadura (Varela, 2015b). En esta línea, Sonia Sanchez, ex-prostituta y reconocida militante abolicionista sostiene

La prostitución tiene todos los síntomas de un campo de concentración. Y de hecho, hoy las mujeres que desaparecen en la prostitución, y no hablo de desaparecidas simbólicas sino concretas, desaparecen con la trata de personas […] Cuando hablo de campo de concentración es porque veo que los penes son picanas. Y cuando una mujer se mete en un hotel transitorio para ser penetrada bucal, anal y vaginalmente, se está jugando la vida. La marca que se deja a la puta, como a los judíos con el número, es la vergüenza. Por eso las putas tienen otros nombres. No tienen verdadera identidad. Y al dolor lo maquillan con ese orgullo que implica el discurso de “con ese dinero yo les doy de comer a mis hijos” o “yo pongo el precio”, etc… (entrevista Radio Kermes, 2015).

21Este discurso sin matices posiciona a las prostitutas organizadas como trabajadoras sexuales como el principal enemigo, aliadas de los proxenetas o directamente “fiolas sindicalistas” (Galindo y Sanchez, 2007).

22Estas concepciones habilitan el efecto metonímico que aparece cuando se plantea que en la prostitución “se vende el cuerpo”. En una retórica donde resuena el feminismo radical norteamericano, Sánchez sostiene que “cuando convierten a una mujer en puta, no la reducen a un cuerpo, sino a boca, vagina y ano”12. La negación total de cualquier capacidad de agencia para las mujeres que venden sexo va incluso más allá de la apropiación del cuerpo por el patriarcado, ahora este cuerpo aparece reducido a orificios, la autonomía en relación al cuerpo desaparece completamente. La puta es vista como un sujeto arrasado, para Sánchez, “no hay prostitución autónoma, puedes disfrazarla como quieras, pero autonomía en la prostitución no hay, una puta es una persona cosificada (…) es una persona destruida totalmente” (entrevista en La cultura nuestra, 2015).

23Por su parte, las trabajadoras sexuales organizadas han trazado distinciones entre la trata de personas y el trabajo sexual, sin negar las situaciones extremas pero señalando diversos márgenes de autonomía. No obstante, la perspectiva jurídica del consentimiento remite a una concepción liberal donde la elección aparece como un acto individual y así constituye un terreno complejo para construir una argumentación que dé cuenta de las vulnerabilidades y opresiones sin anular completamente los grados de autonomía.

24La respuesta de AMMAR articula su inserción de clase y el cuestionamiento a los significados asociados a la sexualidad :

nos resulta hasta gracioso que nos digan que nosotras vendemos nuestro cuerpo y hasta el momento todas tenemos nuestro cuerpo entero, en todo caso sufrimos la explotación que cualquier mujer sufre en un sistema injusto y patriarcal, o las obreras textiles que trabajan en las maquilas nos son explotadas ?, ¿y por eso debemos considerarlas indignas ? (AMMAR, 2006).

25A su vez, Georgina Orellano, la actual secretaria general de AMMAR, ha buscado matizar ciertas interpretaciones de la trabajadora sexual como absolutamente libre :

ningún trabajador va a trabajar feliz todos los días, en ningún mercado laboral. Un trabajador no elige, termina siendo explotado porque el sistema capitalista termina explotando. Por eso también existen los sindicatos, se agrupan y organizan. Pero en vez de prohibir nuestra actividad, en vez de controlar cuerpos ajenos, a la vez el Estado tiene que dar un marco regulatorio, otorgar derechos laborales, mejorar las condiciones para quienes sí queremos seguir en la actividad pero en mejores condiciones. El Estado podría atender a los dos sectores : la reinserción de quien no quiere ejercer más esta actividad, pero atender a quienes sí (Entrevista en Radio Kermes, 2016).

26Aquí también busca desarmar el antagonismo con las que se autodenominan “mujeres en situación de prostitución” nucleadas en AMADH (Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos)13 que demandan asistencia al Estado y una reinserción laboral, planteando que esta política puede convivir con la despenalización y la regulación con derechos laborales para las que quieren continuar en el mercado sexual.

 

AMMAR en la manifestación “Tetazo” 8-2-2017 en Buenos Aires14

Stencil callejero en Buenos Aires “mi cuerpo no tiene precio”15

27Recientemente el discurso de las trabajadoras sexuales ha calado en las camadas de jóvenes feministas con la identificación de “Puta feminista”. En el discurso de Orellano se nota tanto la vuelta a la reapropiación del significante puta como la tensión que este puede tener con una sexualización no politizada :

Somos putas. Putas por elección. Nos gusta, no para acostarnos con 30 tipos por día, pero sí elegimos ejercer el trabajo sexual porque reditúa mejor económicamente que otros trabajos. Los otros trabajos a que acceden mujeres de sectores populares, son todos mal pagos. Elegimos el trabajo sexual y lo queremos seguir ejerciendo con mejores condiciones laborales. (Entrevista en Radio Kermes, 2016).

28Desde el abolicionismo, en cambio, la venta de sexo jamás puede ser una forma de la libertad sexual :

Nosotras somos partidarias de la verdadera libertad sexual. Nosotros fuimos hijas de los 60. ¿Qué quiere decir eso ? Ir contra todos los estereotipos, en contra del sometimiento del ama de casa, la domesticación de la sexualidad heteronormativa y patriarcal de adentro de los hogares. Estamos en contra de eso y del uso del cuerpo de las mujeres para la prostitución (“Las razones del abolicionismo” en Página 12, 2015).

29También las mujeres de AMADH han planteado cuestionamientos en relación a la posibilidad de considerar que las mujeres puedan usar su cuerpo sexualmente para obtener rédito económico “En cualquier trabajo, vos usás tus manos. Cuando limpiás un inodoro, vos manejás tus manos. Pero si te están pagando para usar tu cuerpo, no es tu cuerpo. Es de él, porque está pagando. No es trabajo bajo ningún punto de vista”.(Entrevista en Razón y revolución, 2015).

30Se disputa por los sentidos de la sexualidad y qué formas de reapropiación del cuerpo aparecen como válidas dentro de los marcos de interpretación feministas. Las trabajadoras sexuales han explicitado su apoyo a la lucha por la legalización del aborto, desde allí ponen en cuestión los límites del “mi cuerpo es mío” :

¿Por qué decirme a mí lo que yo tengo que hacer o decirnos que no nos consideran trabajadoras, porque el cuerpo no es mercancía ? El cuerpo es mío, lo único mío que tengo. Nosotras trabajamos en contra de la violencia hacia las mujeres y después resulta que nos dicen “yo no te considero a vos trabajadora”. Eso es violento, eso no es democrático, es patriarcal. (Entrevista a Elena Reynaga, Razón y revolución, 2015)

31La lectura de los posicionamientos de ciertos sectores del feminismo que apoyan la reapropiación del cuerpo en el caso del aborto, pero no cuando este es usado laboral y sexualmente es leído como un doble estándar. Así Orellano plantea “No es de Feminista andar diciéndole a otra mujer lo que debería hacer con su propio cuerpo. Si mi cuerpo es mío y yo decido, porqué no puedo cobrar por mi sexo, porque no puedo ser Puta ? No me voy a cansar de decirlo. Basta de dobles discurso”16.

Reflexiones finales

32La descripción de dos espacios de debate feminista, sobre el aborto y la prostitución, permite reflexionar sobre distintas apropiaciones de la consigna “mi cuerpo es mío” y sobre las dinámicas de articulación o antagonismo de las organizaciones. A partir de este recorrido, nos preguntamos qué tan efectiva ha sido hasta hoy la consigna en cada caso y si es posible superar la lectura liberal individualista que rodea la idea de propiedad privada del cuerpo. Hemos visto que las organizaciones y referentes aquí citadas han planteado reapropiaciones de la consigna desde una lectura colectiva. En la lucha por la legalización del aborto, las organizaciones que sostienen la idea del derecho a abortar cimentada en el “mi cuerpo es mío” han tratado de pensar la experiencia del aborto como un evento que traza solidaridades entre mujeres y trasciende la lógica individual. “Yo aborté” es una forma de afirmarse, de visibilizar, pero la sororidad de los “socorros rosas”, del acceso gratuito a información en la web, de la atención de un número telefónico, de organizaciones conectadas en red, de relatos de experiencias escritos en primera persona pero compartidos, remiten a lo colectivo, un “aborto en manada”. La inclusión plantea también sus dilemas en tanto que “feministas que abortamos” deja fuera a feministas que por diferentes razones no abortan, así como la idea del aborto como derecho de las mujeres plantea qué sucede por fuera de las identidades cis sexuales y de las prácticas con consecuencias reproductivas. Aun así, la defensa de la autonomía del cuerpo de las mujeres frente a la injerencia religiosa –“saquen sus rosarios de nuestros ovarios” –, y la necesidad de la legalización aunque después se discuta si es el hospital o la casa el mejor lugar para abortar, reúne y une a diferentes feminismos y movimientos socio-sexuales.

33Por su parte, las trabajadoras sexuales reclaman que si “mi cuerpo es mío” esto debería incluir el derecho a vender servicios sexuales, especialmente para aquellas mujeres que, como proletarias, sólo tienen su cuerpo como propiedad, pero por ello mismo se organizan como colectivo atravesado no sólo por las opresiones de género sino también de clase. También aquí se da una apropiación colectiva de la consigna y en este caso, no solo contestan a la ingerencia religiosa sobre sus cuerpos sino también a la de ciertos feminismos que, propugnando la “verdadera libertad sexual”, parecen dictar qué hacer y qué no con los cuerpos de las mujeres.

34¿Por qué estos escenarios son tan diferentes ? Una explicación cabal de estos procesos excede los límites de este artículo de objetivos más modestos. Sin embargo queremos dejar señalados algunos interrogantes. En primer lugar debemos pensar cómo se liga la mayor sexualización presente en el comercio sexual por comparación al aborto. Si bien la lectura lésbica y trans del aborto que proponen algunos grupos lo insertaría en una trama de sexualidades, en el caso del comercio sexual su sexualización es ineludible, tanto que las trabajadoras sexuales deben constantemente señalar su lectura laboral. Evidentemente, a diferencia de los temas más ligados a la salud reproductiva o al mercado laboral, las sexualidades siguen generando controversias mucho más fuertes en el feminismo. Si el autonomismo del “mi cuerpo es mío” genera tensiones en la lucha por el aborto, cuando ese cuerpo se sexualiza, genera rupturas. A la par de la expansión de los debates feministas –especialmente ligados a la violencia de género- en el seno de una sociedad cuya cultura aparece cada vez más sexualizada crece el interrogante sobre cómo construir concepciones de sexualidad que contengan un elemento crítico pero sin perder la polifonía.

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Documentos públicos y de organizaciones

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Artículos periodísticos

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Entrevista a Elena Reynaga “Somos parte de la clase explotada”, en Razón y Revolución, 4 de septiembre de 2015 http://razonyrevolucion.org/somos-parte-de-la-clase-explotada-entrevista-a-elena-reynaga-ammar-cta/

Entrevista con Georgina Orellano “ La prostitución en debate : ¿explotación sexual o trabajo ?, Radio Kermes, 8 de junio 2016, http://www.radiokermes.com/index.php/component/k2/item/5231-la-prostitucion-en-debate-trabajo-o-explotacion-sexual

Entrevista a M. Peralta y A. Ascona (AMADH) “Exigimos al Estado una salida laboral” en Razón y Revolución, 4 de septiembre de 2015 http://razonyrevolucion.org/exigimos-al-estado-una-salida-laboral-entrevista-a-m-peralta-y-a-ascona-ammar-capital/

Entrevista con Sonia Sánchez “¿Qué derecho tiene una puta ?”, Revista La cultura nuestra, 12 junio 2015, http://laculturanuestra.com/entrevista-con-sonia-sanchez-que-derecho-tiene-una-puta/

Entrevista con Sonia Sánchez “La trata de personas y el proxenetismo son socios del discurso de trabajo sexual” en Radio Kermes, 1 de junio 2016, http://www.radiokermes.com/index.php/component/k2/item/2897-la-trata-de-personas-y-el-proxenetismo-necesitan-y-son-socios-del-discurso-de-trabajo-sexual

Guzmán, Andrea, “Lesbianas por la vida”, Soy, Página 12, 23 de agosto 2013

https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-3070-2013-08-28.html

Lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto, “El aborto lesbianiza”, Soy, Página 12, 19 de abril 2014

Monfort, Flor “La mala fama. Entrevista a Marta Lamas”. Las 12. Página 12, 17 de diciembre. 2010

Santoro, Sonia “Las razones del abolicionismo”, Página 12, 7 de septiembre de 2015, https://www.pagina12.com.ar/diario/dialogos/21-281077-2015-09-07.html

Sitios web

AMMAR http://www.ammar.org.ar/-Quienes-somos-.html

 

Notas

1 Con epicentro en Buenos Aires y en las principales capitales provinciales, en junio de 2015, junio de 2016 y en octubre de 2016 se realizaron movilizaciones bajo la consigna Ni Una Menos, que incluyeron dos huelgas de mujeres (en octubre de 2016 y el 8 de marzo de 2017), acciones que tuvieron gran difusión internacional.

2 En 2004 el Ministerio de Salud nacional había publicado en 2004 una “Guía para el mejoramiento de la atención post-aborto” y en 2007 un protocolo de atención de embarazos no punibles, que se actualizó en 2015.

3 Para un análisis histórico del tema ver Felitti 2015.

4 El misoprostol es una droga utilizada para la prevención y tratamiento de las úlceras gástricas y duodenales, y también para la inducción del parto vaginal y abortos medicamentosos. La OMS incluyó al aborto con medicamentos en la guía técnica y de políticas para sistemas de salud “Aborto sin riesgos”, en el año 2003.

5 Si bien aquí no nos ocupamos de analizar los casos de abortos espontáneos, también existe una literatura feminista que recomienda tener un aborto en casa y no en un “frio hospital” (Llopis, 2015).

6 La portada del libro, de color rosa, con el arcoíris que representa al activismo LGBT y las caritas sonrientes de “Smile” son otras formas gráficas de aportar a la “desdramatización” de la práctica. Cabe aclarar que Barbie ha sido aggiornada en el postfeminismo por su mismo fabricante –por ejemplo, con el modelo Barbie presidenta- y sigue siendo objeto de investigación de la academia, y a la vez utilizada por artistas y activistas con diferentes reapropiaciones, como el corto animado porno de la argentina Albertina Carri, Barbie también puede estar triste (2002).

7 La experiencia de socorrismo fue iniciada por la Colectiva La Revuelta, una organización feminista de la provincia de Neuquén, en 2010, primero de “boca a boca”, para garantizar seguridad y evitar posibles persecuciones y luego de manera pública (Zurbriggen, Trpin y Grosso, 2013).

8 http://socorristasenred.org/

9 Sobre estos Encuentros puede consultarse Masso, 2007 y Alma y Lorenzo, 2009.

10 Incluso a fines de los 90 podemos leer una mirada más matizada en el abolicionismo, que todavía sospechaba de las derivas prohibicionistas y las alianzas con la derecha religiosa del feminismo radical en EE.UU (Vasallo, 1999).

11 En 2003 en el Foro de VIH/Sida en La Habana

12 Esto recuerda a la definición de Dworkin : “La prostitución no es una idea. Es la boca, la vagina, el recto, penetrados usualmente por un pene, a veces por manos, a veces por objetos, por un hombre y luego por otro, y luego por otro, y luego por otro, y luego otro” (1993 : 1).

13 En 2002 un grupo de mujeres comenzó a funcionar autónomamente como AMMAR Capital y acabaron escindiéndose. Al año siguiente abandonaron la CTA, fueron a un espacio cedido por la Iglesia Evangélica Metodista de Flores y pasaron a autodenominarse “mujeres en situación de prostitución”. Ellas entablaron desde su escisión vínculos con organizaciones del feminismo abolicionista.

14 https://articulos.elmeme.me/as%C3%AD-se-vivi%C3%B3-el-tetazo-en-el-obelisco-47097a83ce8d

15 https://soyunachicamala.wordpress.com/2014/06/18/mi-cuerpo-no-tiene-precio/

16 https://www.facebook.com/georgina.orellano/posts/1168378023230460 [22.11.2016]

 

 

Autores

Santiago Morcillo

Universidad de Buenos Aires (UBA)
Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA) ; Licenciado y Profesor en Sociología por la Universidad Nacional de San Juan. Investigador asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina (CONICET) y docente de Psicología Social en la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires.
santiagomorcillo@gmail.com

Karina Felitti

Universidad de Buenos Aires (UBA)
Doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Docente de posgrado de esa universidad y en FLACSO Argentina). Es investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina (CONICET) en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género (IIEGE) de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
karinafelitti@gmail.com

 

 

El feminismo y el cuerpo de la mujer

·       La oposición organizada a la gestación subrogada se basa en prejuicios ideológicos o morales

·       En cierto modo, la reacción de estos colectivos feministas ante las madres de alquiler es similar a la que tienen ante la prostitución. Consideran que la manera más fácil y efectiva de afrontar el problema es la mano dura, sacrificando alegremente la libertad de las personas. Decretan que las mujeres no deben poder prestar servicios sexuales –es igual que quieran o no quieran– ni tampoco han de poder, en el caso del que hoy hablamos, actuar como madres por sustitución. En cambio, hay que dar facilidades y proteger la libertad de quien desea abortar.

 

Marçal Sintes

Periodista. Profesor de Blanquerna-Comunicación (URL)

Jueves, 29 de junio del 2017

 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/feminismo-cuerpo-mujer-por-marcal-sintes-6137243

 

Un grupo de mujeres –aunque se entremezcla algún hombre– eleva el volumen de los gritos cada vez que alguna pareja o alguna persona sola entra por la puerta del Hotel Weare de Madrid. Los que llegan ponen una cara a medio camino entre la sorpresa y el temor. No habían contado con las feministas. Ellos solo quieren informarse sobre la gestación subrogada. Son personas, heterosexuales, homosexuales a veces, que tienen la ilusión y la esperanza de ser padres o madres.

Era el 7 de mayo, que fue cuando tuvo lugar en el hotel la feria sobre gestación subrogada Surrofair 2017. Las feministas pertenecían a la Red Estatal Contra el Alquiler de Vientres (RECAV, por sus siglas en español) y habían llevado infructuosamente a la feria ante la justicia alegando que las madres de alquiler no son legales en España.

FOTOS PARA LA PERPLEJIDAD

En las fotografías se observa a dos activistas desnudas de cintura para arriba, con lemas pintados en sus cuerpos –como No se vende o No se alquila–, al frente de la protesta. Es algo que extraña, que recurran a sus pechos para atraer la atención de los periodistas y de los medios de comunicación. Utilizan sus cuerpos, de alguna manera los mercantilizan, lo mismo que reprochan a las madres por sustitución (o vientres de alquiler, dicho despectivamente).

Más allá de la perplejidad, no tengo mucho que decir sobre el hecho de desnudarse para llamar la atención. Tampoco es el objeto de estas líneas. Hay que admitir que aparentemente guarda coherencia con las reivindicaciones feministas sobre el aborto. Reivindicaciones que se han condensado en el eslogan Nosotras parimos, nosotras decidimos.

Y aquí uno llega a una segunda paradoja, a una segunda extrañeza. Si, según proclaman, la mujer ha de poder decidir cuando se trata del aborto –circunstancia dramática y que implica poner fin a una futura vida–, ¿por qué, en cambio, no ha de poder cuando de lo que se trata es de generar una nueva vida?

Intento hacer un ejercicio de empatía. Es decir, ponerme en la piel de feministas como las que protestaban en Madrid. Examino los argumentos. Uno de los más repetidos es que la mayoría de madres de alquiler –y los intermediarios y las clínicas– cobran por este servicio, aunque existe también la subrogación altruista. No me convence, aunque intuyo el estereotipo detrás de este elemento. Ellas imaginan a gente rica y poderosa, con mucho dinero (en los países donde está permitida la subrogación puede costar alrededor de 60.000 euros), que, poco menos que por capricho, quiere comprar un hijo. Al otro lado, una persona obligada por la pobreza y la mala suerte a hacer algo poco menos que repugnante. Esgrimía justamente el riesgo de explotación de las mujeres la exministra González-Sinde hace unos días en EL PERIÓDICO para oponerse a las madres de alquiler.

OPCIÓN POR LA MANO DURA

Las feministas contrarias a la subrogación –entiendo que existen las que son indiferentes o favorables– no piden, al revés de lo que podría parecer lógico, que el Estado haga asequible la subrogación para personas con pocos recursos. No exigen, como sí hacen sistemáticamente con el aborto, que la subrogación sea libre y gratuita. O que la Administración regule esta práctica para proteger tanto a los adultos como, sobre todo, a los niños.
Quieren la prohibición. Punto final. Y que se persiga, incluso, a los que informan de cómo funciona la gestación subrogada, permitida en otras latitudes, como Estados Unidos, Canadá o Grecia.

En cierto modo, la reacción de estos colectivos feministas ante las madres de alquiler es similar a la que tienen ante la prostitución. Consideran que la manera más fácil y efectiva de afrontar el problema es la mano dura, sacrificando alegremente la libertad de las personas. Decretan que las mujeres no deben poder prestar servicios sexuales –es igual que quieran o no quieran– ni tampoco han de poder, en el caso del que hoy hablamos, actuar como madres por sustitución. En cambio, hay que dar facilidades y proteger la libertad de quien desea abortar.

CURIOSAS FRATERNIDADES

Todo ello cuesta mucho de entender si no se incluyen en la ecuación creencias o prejuicios ideológicos o morales. Sobre ellos, sin embargo, puede decirse bien poco. Todo el mundo tiene los suyos, a veces sin saber muy bien ni cómo ni por qué.

Las creencias y prejuicios, por su propia naturaleza, pueden dar lugar a curiosas combinaciones, a curiosas fraternidades. Es lo que ocurre aquí. Contra la prostitución y la subrogación, las feministas radicales y los sectores religiosos más cerrados se manifiestan ruidosamente desde la misma acera. Sin embargo, si optamos por cambiar de tercio y nos ponemos a hablar del aborto, entonces los religiosos se quedan donde están, pero las feministas corren a situarse en la acera contraria.

 

¿Feminismo y trabajadoras sexuales? Una alianza ¿posible – necesaria?

Talía Ardana  

06/06/2017

http://www.eldiario.es/andalucia/APDHA/Feminismo-trabajadoras-sexuales-alianza-necesaria_6_651694843.html

 

En la APDHA concebimos que una sociedad igualitaria sólo puede ser construida con la participación de todas las voces. Por ello, nos une al feminismo la preocupación por mejorar las condiciones de vida de las mujeres, de todas las mujeres, y entre ellas están, por supuesto, las trabajadoras sexuales. El hablar de éstas últimas separa a las feministas – de ahí el intenso debate- y las formas para conseguirlo: desde el reconocimiento de su actividad como un trabajo legítimo y la defensa de sus derechos laborales o desde el objetivo final de la abolición de la prostitución.

Desde que en APDHA  empezamos a trabajar con personas que ejercen el trabajo sexual nos dimos cuenta de que, si queríamos acercarnos a su realidad compleja, el principal obstáculo que teníamos que superar sería el de nuestros propios prejuicios. Y es que, cuando hablamos de la sexualidad, sobre todo de las mujeres, nos encontramos con un sinfín de juicios morales que nos llevan a rechazar la idea de que una mujer pueda hacer uso de su sexualidad para obtener beneficios económicos de forma libre, legítima y digna.

Por ello, antes de marcarnos ninguna intervención concreta, decidimos acercarnos al colectivo sin más  estrategia ni intención que la de escuchar/observar/conversar.

De esta forma hemos ido conociendo a mujeres con muy diferentes situaciones y formas de sentir y vivir la prostitución, que intentan tirar hacia delante en un mundo lleno de desigualdades y para las que el trabajo sexual supone una estrategia para, dentro de las situaciones concretas que les ha tocado vivir, mejorar sus condiciones de vida. Nos hablan también de las condiciones de abuso, injusticia, rechazo y desigualdad en las que viven y desarrollan su trabajo.  Y es esto lo que consideramos indigno, una sociedad que continúa censurando su medio de vida a través del estigma, no reconocimiento y criminalización. Y es que ellas nos han enseñado que la prostitución en sí no es indigna, como afirma el feminismo abolicionista, y como dicen: “no hay malas mujeres, solo hay malas leyes”.

El feminismo debe luchar por la autonomía de las mujeres, con capacidad de decisión y, aunque no todas tenemos las mismas opciones, debemos contribuir a que se amplíen estas mismas opciones, que ganemos en autonomía y poder. Para ello es necesario partir de la realidad de cada persona, no sólo por la defensa de la dignidad de las mujeres en abstracto, olvidándonos y dejando de lado a las mujeres concretas.

Victimizar a las mujeres no ayuda. Todas las mujeres tenemos, aun en las situaciones más dramáticas, cierta capacidad para rebelarnos, por ello, las opciones por las que cada una opte deben ser respetadas. Considerar a todas las trabajadoras sexuales como víctimas, faltas de autonomía y capacidad, necesitadas de protección y sin validez en sus decisiones, impide que veamos las estrategias que se emplean para vivir en un mundo lleno de desigualdades. Sólo reconociéndolas y apoyándolas podremos contribuir a desarrollar su capacidad de decisión.

El feminismo ha luchado por la libertad sexual de las mujeres, por el respeto y la libre decisión de cómo cada una quiera vivir su sexualidad. Las vulneraciones de derechos que sufren las trabajadoras sexuales tienen mucho que ver con las desigualdades de género (el estigma, el no reconocimiento, los abusos…) y las situaciones de subordinación que vivimos todas las mujeres, lo que debemos intentar es apoyarnos para combatirlas.

El trabajo sexual supone para muchas mujeres una estrategia de supervivencia, independencia económica o mejora de su situación, por ello instamos a que la lucha por mejorar las condiciones en que desarrollan el trabajo sexual sea una lucha feminista, y no la lucha por abolir su opción.

Talía Ardana, coordinadora área de Trabajo Sexual de APDHA.

 

Sin trabajadoras sexuales no hay feminismos

23 mayo, 2017

 

http://www.apdha.org/cadiz/?p=1720

 

El feminismo ha luchado por la libertad sexual de las mujeres, por el respeto y la libre decisión de cómo cada una quiera vivir su sexualidad.

Nos une a todas las feministas la preocupación por mejorar las condiciones de vida de las trabajadoras sexuales, pero nos separa, y de ahí el intenso debate, las formas para conseguirlo: desde la defensa y reivindicación de los derechos de las prostitutas o desde la abolición de la prostitución.

Para la APDHA la dignidad y el respeto por la autonomía y decisiones de las personas está por encima de la actividad que realicen. Por ello decidimos acercarnos a las personas que ejercen el trabajo sexual y escucharlas.

Las trabajadoras sexuales nos hablan de las condiciones de abuso, de injusticia y desigualdad en las que desarrollan el trabajo sexual.  Desde la APDHA estamos convencidas que, escuchando a las trabajadoras sexuales, denunciando estas condiciones y luchando por la dotación de derechos en esta actividad, es la vía para mejorar las condiciones de vida de las personas que la ejercen.

El feminismo debe luchar por la autonomía de las mujeres, con capacidad de decisión y, aunque no todas tenemos las mismas opciones, debemos contribuir a que se amplíen estas mismas opciones, que ganemos en autonomía y poder. Para ello es necesario partir de la realidad de cada persona, no por la defensa de la dignidad de las mujeres en abstracto olvidándonos y dejando de lado a las mujeres concretas.

Victimizar a las mujeres no ayuda, todas las mujeres tenemos, aun en las situaciones más dramáticas, cierta capacidad para rebelarnos, por ello, las opciones por las que cada una opte deben ser respetadas. Considerar a todas las trabajadoras sexuales como víctimas, faltas de autonomía y capacidad, necesitadas de protección y sin validez en sus decisiones, impide que veamos las estrategias que se emplean para vivir en un mundo lleno de desigualdades. Sólo reconociéndolas y apoyándolas podremos contribuir a desarrollar su capacidad de decisión.

Las vulneraciones de derechos que sufren las trabajadoras sexuales tienen mucho que ver con las desigualdades de género (el estigma, el no reconocimiento, los abusos…), pero todas las mujeres vivimos situaciones de subordinación, y lo que debemos intentar es apoyarnos para combatirlas.

El trabajo sexual supone para muchas mujeres una estrategia de supervivencia, independencia económica o mejora de su situación, por ello instamos a que la lucha por mejorar las condiciones en que desarrollan el trabajo sexual sea una lucha feminista, y no la lucha por abolir su opción.

 

Comparecencia de Hetaira en la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de violencia de género

 

Colectivo Hetaira·Martes, 9 de mayo de 2017

 

Madrid, 08/05/2017

 

Gracias al Grupo Confederal de Unidos Podemos, En comú Podem En Marea por la invitación a comparecer en esta Subcomisión. Comparezco en nombre de Hetaira -colectivo que trabaja desde hace ya 22 años en defensa de los derechos de las prostitutas en nuestro país- y que forma parte del Movimiento Feminista de Madrid, de la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW), de la Red Internacional Europea TAMPEP, del Comité Internacional por los Derechos de Trabajador@s Sexuales en Europa (ICRSE), de la Coordinadora Estatal de VIH-Sida (CESIDA), de la Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual, de la Plataforma Estatal por los Derechos de las Personas Trabajadoras del Sexo, de la Plataforma CEDAW Sombra España y de la Plataforma No Somos Delito, entre otras.

 

La creación de esta subcomisión es un paso más para tratar de hacer frente a la violencia machista y esperamos que las recomendaciones que finalmente se hagan llegar al Gobierno sirvan para mejorar la asistencia a las víctimas de violencia de género y evitar más muertes y agresiones machistas. No obstante, no vale con que el Gobierno tome nota de las recomendaciones que de esta subcomisión salgan, sino que éste deberá hacer un esfuerzo para garantizar que algunas medidas se pondrán en marcha dentro un marco legislativo adecuado y que lógicamente contarán con un presupuesto económico. No parece que vaya a ser así a la vista de los Presupuestos Generales del Estado aprobados. Lo lamentamos profundamente. Lamentamos sobre todo que se pierda energía y tiempo en “debatir”, pero no en “poner en práctica” y “en hacer”. Porque también habremos hecho perder recursos a la sociedad española.

 

La ley contra la violencia de 2014 adolecía de algunos problemas. Así se lo hicimos saber en su momento las asociaciones feministas al Gobierno socialista. A pesar de ello, la ley supuso un gran avance y hubo consenso sobre la necesidad de un cambio cultural y de mentalidad. Sin embargo, se abandonaron las propuestas a largo plazo, aquellas basadas en la prevención en la educación o en la formación de profesionales en los diferentes sectores implicados. Lo que quedó en pie, finalmente, fue la parte penal.

 

Tampoco puede servir el Pacto de Estado para pasar a denominarle a cualquier situación discriminatoria contra las mujeres como “violencia machista. Por ejemplo cuando oímos expresiones del tipo: “Cobrar menos por un trabajo de igual valor es violencia”. Creemos que hemos de ser rigurosas, porque si metemos todas las situaciones discriminatorias en un mismo saco estaremos haciéndoles un flaco favor a las “víctimas reales de violencia de género”.

 

El “impulso masculino de dominio” no es el único factor desencadenante de la violencia sexista. Tenemos que seguir poniendo en cuestión, además, las estructuras familiares (núcleo de privacidad que amortigua o genera todo tipo de tensiones); el papel de la educación religiosa y sus mensajes sobre el amor; la falta de educación afectivo-sexual de menores y adolescentes que ayuden a resolver los conflictos futuros, etc.

 

Apostar exclusivamente por la filosofía del castigo sobre el autor concreto de una agresión concreta significa no repensar las sociedades en las que vivimos, no querer ver las responsabilidades de los Gobiernos y de las políticas públicas puestas en marcha por éstos para tratar de evitarlas.

 

La imagen exclusiva de “víctimas” tampoco ayuda a la lucha colectiva por los derechos de las mujeres pues no tiene en consideración nuestra capacidad de resistencia, de hacernos un hueco, de generar autoestima y empuje solidario entre nosotras.

 

Incluso en los casos de violencia de género o de víctimas de trata es importante reforzar la autonomía y la capacidad de decisión de las implicadas. Los movimientos feministas siempre cuestionaron el tutelaje y la falsa protección basada en considerar a las mujeres como “eternas niñas” necesitadas de protección por un Papá/Estado.

 

El conocimiento y el trabajo con mujeres concretas y diversas nos ha enseñado como éstas pueden dar la vuelta, y de hecho se la dan, a las situaciones de subordinación con las que pueden encontrarse. Y como escribía Gayle S. Rubin: “Los márgenes y los bajos fondos pueden ser un lugar de rebeldía”.

 

Contar con los relatos de las víctimas de violencia de género nos sigue pareciendo una de las mejores fórmulas para encontrar estrategias y posibles soluciones. Conocer de primera mano sus necesidades (que pueden ser distintas dependiendo de cada mujer, de cada caso) debería ser una prioridad.

 

Nuestra comparecencia está centrada en materia de trata y prostitución.

 

Trata de personas

 

¿Tiene algún sentido incorporar medidas concretas contra la trata en una ley de violencia de género o en un Pacto de Estado? ¿Se trata de una buena herramienta o, por el contrario, tendríamos que enmarcarla en otro contexto para proteger a las víctimas de trata y luchar contra el delito? Desde Hetaira creemos que tendríamos que separarlo por responsabilidad política y por ser más eficaces a la hora de prevenir y atajar tanto la violencia de género como la trata.

 

La trata de mujeres es una manifestación de la violencia de género. Y figura -gracias a las presiones de muchas ONG’s- como delito en el Código Penal español desde hace unos años. Además puede conllevar otros delitos también tipificados ya en nuestra legislación

 

La trata de personas se da en muchos sectores económicos, no sólo en prostitución. Nos la encontramos en la industria textil, en la agricultura, en la mendicidad, en matrimonios forzosos, en el servicio doméstico. Y son víctimas de trata tanto menores como personas adultas (mujeres y hombres cis, mujeres y hombres trans). La CEDAW pide explícitamente que se tipifiquen todas las manifestaciones de trata (y no sólo aquellas que se dan dentro de la industria del sexo).

 

Una ley integral de lucha contra la trata (que viene reclamándose desde 2012) tendría que garantizar la protección y la recuperación integral de las víctimas y debería abordar la lucha contra la trata desde una perspectiva de derechos humanos. Nos faltan datos, siempre nos falta conocer cuántas personas se encuentran en situación de protección, cuántas personas están viviendo en lugares seguros, cuántas personas han accedido a permisos de trabajo y residencia, cuántas personas consiguieron la condición de asilo por ser víctima de trata (se cuentan con los dedos de una mano, con un poco de suerte, de las dos) cuántas personas han sido indemnizadas por el sufrimiento causado (sabemos que ninguna).

 

La persecución del delito se está haciendo, pero no se está trabajando con el mismo ímpetu en la protección de las víctimas y en poner en primer plano los derechos humanos. Contamos con ejemplos dolorosos, como las expulsiones de posibles víctimas de trata de los CIE’s; víctimas que no han recibido protección sino que han sido contempladas como migrantes sin papeles.

 

Correr el riesgo de saturar los juzgados de violencia de género con casos tan complejos como el de la trata no nos parece una buena idea.

 

Otro problema con el que nos encontraríamos es que el delito de trata, por lo general, traspasa fronteras. Por tanto la persecución del delito fuera de nuestras fronteras exige investigar en otros países y colaborar con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de esos países.

 

Nuestras recomendaciones/propuestas al Gobierno en este punto son las siguientes (exponemos sucintamente algunas cuestiones):

 

. identificación de las víctimas de trata con garantías, no siendo consideradas migrantes sin papeles.

 

. el plan contra la trata debe extenderse a todas las situaciones y dejar de denominarse “de mujeres y niñas con fines de explotación sexual”;

 

. que la colaboración con las autoridades policiales no sea una condición indispensable para poder recibir protección. Es inaudita la existencia de la “contraprestación” en el delito de trata.

 

. indemnizaciones económicas para las víctimas

 

. contar con la opinión y el trabajo de las ONG especializadas.

 

. seguir gastando ingentes cantidades de dinero institucional para explicar que la trata es un delito (algo que toda la sociedad entiende), nos parece un despropósito cuando aún faltan recursos habitacionales para las víctimas, un ingreso mínimo que les permita sobrevivir en un ambiente relajado, etc, etc… Prioricemos los recursos, acojamos a las víctimas, persigamos el delito y transmitamos todo esto a la sociedad. Es la mejor manera de mostrar la realidad y que se comprenda. No podemos delegar el problema de la trata en la “conciencia ciudadana”.

 

. derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana (ley mordaza) que, como bien saben (porque se aprobó en el Parlamento) multa indiscriminadamente a quienes ejercen la prostitución en espacios públicos y a sus clientes. Y en ocasiones, a víctimas de trata.

 

. por último, exigimos recursos públicos, dependientes de las instituciones.

 

La prostitución es un trabajo

 

En la prostitución hay machismo. También hay machismo en la política. Pero Vds. eso ya lo saben, es a lo que se dedican y conocen perfectamente quién se sienta en cada escaño, ¿verdad? Las prostitutas soportan el machismo como lo soportan Vds., las políticas, o las periodistas o las profesoras universitarias o las cajeras de los supermercados. Y se hace lo que se puede, colectiva e individualmente. Vivimos en sociedades machistas. Es lo que tenemos en común.

 

El Gobierno español, en los dos últimos años, ha reducido la deuda gracias al aumento del PIB, un aumento que ha venido por contabilizar la entrada de dinero de la prostitución. ¿No les parece impresentable que no se reconozca legalmente la legitimidad del trabajo sexual, que no se reconozcan los derechos de estas personas y que por el contrario se contabilice el “supuesto” dinero que mueve? A nosotras sí.

 

El grupo de expertos en materia de trata de la Unión Europea, GRETA, insiste en que la prostitución no equivale automáticamente a trata. Esta distinción es imprescindible tanto para abordar la trata en toda su complejidad como para encontrar soluciones a la hora de acabar con la discriminación que sufren las prostitutas.

 

La prostitución por decisión propia no es violencia, es el trabajo, la actividad económica para muchas personas que reorganizan sus vidas en función del intercambio de servicios sexuales por dinero. Este intercambio se produce entre gente adulta y con mutuo consentimiento.

 

¿Tiene algún sentido seguir repitiendo que “la prostitución es violencia de género”, al tiempo que mantenemos la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida por ley mordaza, que multa a quienes ejercen la prostitución en los espacios públicos, el sector más débil?

 

¿tiene sentido mientras seguimos manteniendo discriminadas a las personas que la ejercen: discriminadas a la hora de poder alquilar una vivienda o pedir un crédito, trabajadoras sin derechos laborales, sin derecho al paro, soportando situaciones laborales que contravienen todas las legislaciones posibles, sin derecho a una pensión de jubilación…?

 

¿qué pensamos hacer con las mayores que dejaron su vida en la calle?

 

¿la propuesta de incorporar la prostitución a una ley contra la violencia de género supondría la inmediata supresión de las multas por la ley mordaza?

 

¿supondría que las prostitutas pasarían a ser víctimas de violencia de género? ¿con qué beneficios? ¿tendrían asegurado las prostitutas su nivel económico de ser así?

 

Pero, como bien podrán imaginar, no estamos en absoluto de acuerdo con la incorporación de la “prostitución” en un futuro Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La prostitución decidida no es violencia de género, sino una actividad económica para muchas mujeres que llevan tiempo reclamando derechos laborales para acabar con las malas condiciones en que se ejerce y con el estigma que pesa sobre ellas por dedicarse al trabajo sexual.

 

Amnistía Internacional está pidiendo la despenalización del trabajo sexual a nivel mundial. Sus últimos informes publicados, hace justo ahora un año, recoge a través de sendas investigaciones las violaciones de derechos humanos que sufren las trabajadoras y los trabajadores sexuales en Noruega, Argentina, Hong Kong y Papúa Nueva Guinea. Les recomiendo que lean, al menos el informe sobre Noruega y la persecución que están sufriendo quienes ejercen. Entre otras muchas cosas, sufren “desalojos inmediatos” de sus viviendas y de sus espacios de trabajo.

 

Las trabajadoras del sexo, como la mayoría de nosotras, buscan la manera de vivir lo mejor posible dentro de las opciones que la vida les ofrece. Y, por supuesto, deciden. En esta medida, la oferta de servicios sexuales es un trabajo para ellas, trabajo que debe ser reconocido legalmente, acabando con la hipocresía que hoy existe al respecto y articular los derechos sociales y laborales que se desprenden de ello. Los mismos derechos sociales y laborales de los que ya disfrutan sus señorías (permisos de maternidad, vacaciones pagadas, protección frente al desempleo, días libres, etc…).

 

Seguir negando esto y mantener a las prostitutas en la situación de discriminación actual contribuye, entre otras cosas, a que sigan siendo explotadas laboralmente, perseguidas y acosadas por la Policía y sufriendo abusos y agresiones de cualquiera que se lo proponga.

 

El proceso de estigmatización que sufren las trabajadoras sexuales hace que por el hecho de ejercer la prostitución se las considere una categoría particular de personas: “traumatizadas”, “trastornadas”, “víctimas extremas de las circunstancias” y lo que es peor sin capacidad de decisión sobre sus propias vidas.

 

El aumento de la presencia de migrantes trabajadoras sexuales ha sido la excusa perfecta para el desarrollo de políticas represivas en materia de prostitución y su aceptación por parte de las instituciones políticas. El hecho de que generalmente lleguen de manera irregular, sin papeles, así como el que se dediquen al ejercicio de la prostitución en un país donde no está reconocida como “actividad económica” favorece todo tipo de abusos sobre las inmigrantes que cuentan con menores recursos económicos. Esta situación ha servido de pretexto para definir la prostitución como violencia de género, no teniendo en cuenta las condiciones que favorecen que algunas prostitutas sufran diferentes formas de violencia sino considerando que es la prostitución en sí y, por lo tanto, los hombres con su demanda lo que hace que estos abusos sean posibles.

 

Discriminación es también la invisibilidad que soportan las prostitutas autoafirmadas y organizadas desde hace décadas a nivel mundial. Este sector de mujeres autoafirmadas, profesionalizadas y que se reivindican a sí mismas con orgullo, es el que se quiere ocultar cuando se habla de la prostitución desde una óptica victimista y sobreprotectora, asimilándola toda a violencia de género, al indefinido concepto de “esclavitud sexual” o a la trata. Palabras con fuertes resonancias emocionales pero que sirven de poco para entender las diferentes situaciones que se dan en el ejercicio de la prostitución. Sirven para hacer demagogia pero no para empoderar a las trabajadoras del sexo, a las que se niega su capacidad de decisión, su libertad y su autonomía para hacer con su cuerpo lo que quieran.

 

Para Hetaira lo importante sigue siendo estar cerca de quienes ejercen por decisión propia y entender y apoyar sus estrategias de supervivencia.

 

Hay partidos políticos que abogan por la erradicación de la prostitución. Pero ¿en qué se han concretado sus políticas públicas allá donde han gobernado (en ayuntamientos y comunidades autónomas)?

 

. En sus programas jamás vemos un plan de acción que contemple medidas sociales que puedan beneficiar a las prostitutas que voluntariamente desearan abandonar la prostitución, por los motivos que sea, muchas veces por no soportar el estigma social. Tan sólo se han puesto en marcha, en ocasiones, tímidos talleres y cursos a los que han podido acceder una cantidad ridícula de mujeres y que no les ha permitido abandonar la prostitución. Cursos de formación limitados, en muchas ocasiones, a trabajos precarizados y con una contraprestación económica insuficiente, que impide que dejen la calle.

 

. poniendo en marcha normativas cívicas ciudadanas (que multan a clientes, lo que significa castigar a las mujeres dejándoles sin fuente de ingresos); o normativas que multan a ambos o aplicando la ley mordaza;

 

. gastando cantidades ingentes de dinero público en campañas que “criminalizan a los clientes” y, por ende, a quienes ejercen;

 

 

. escribiendo guías con recomendaciones dirigidas a los medios de comunicación que hasta niegan a las mujeres la posibilidad de autodefinirse como trabajadoras del sexo.

 

. a hacer ruido ante el Consejo de Estado sobre la prohibición de publicidad de los anuncios de prostitución en los medios de comunicación. Intento baldío en el siglo XXI y con Internet al alcance de toda la población.

 

Poca cosa, poco serio, ¿no les parece? Y lo peor, ninguna de estas políticas públicas han tenido nunca en cuenta a sus protagonistas, las trabajadoras del sexo.

 

Cualquier plan contra la violencia hacia las mujeres, pero que suponga más “violencia institucional” contra algunas de ellas, en este caso las prostitutas, será un fracaso, un fracaso del Parlamento y un fracaso del feminismo y jamás contará con nuestro apoyo.

 

Si afirmamos tan contundentemente que la prostitución es violencia de género ¿qué deberíamos exigir para las “supuestas víctimas”, las prostitutas? ¿resarcirles económicamente por el sufrimiento causado?

 

Comparar trata (donde la voluntad de la víctima es nula) con prostitución por decisión propia es un ejercicio de cinismo. Comparar el sufrimiento de la trata frente a la decisión de quienes deciden ejercer la prostitución es pura demagogia.

 

La prostitución no es violencia de género, sin embargo, las prostitutas, en ocasiones (y además de sufrir violencia institucional) sufren y pueden sufrir agresiones por el hecho de ser mujeres. Y en este caso sí reclamamos medidas de protección para ellas.

 

Sólo por recordar, hace años nos vimos obligadas a denunciar que los servicios de atención a las víctimas de violencia de género dependientes del Ayuntamiento de Madrid no estaban atendiendo a mujeres que ejercían la prostitución y que querían denunciar a su compañero afectivo o sentimental, porque se consideraba que se trataba de su “proxeneta”. El estigma de nuevo en marcha. El estigma que considera que una puta no puede tener vida privada, ni una familia ni mucho menos un compañero afectivo.

 

Las políticas públicas nunca contemplaron una sola campaña de sensibilización de no estigmatización a las prostitutas. Exigimos acabar con la estigmatización que pesa sobre ellas (no son delincuentes, no son basura, no se “venden” a nadie), porque esta estigmatización llevará a que más de un indeseable -apoyándose en las propias políticas públicas discriminatorias- decida agredir a alguna de ellas o incluso asesinarla.

 

En la medida en que entendemos la prostitución como trabajo, con características especiales (el estigma entre otros), nuestras recomendaciones al Gobierno pasan por:

 

. normalización del trabajo sexual y derechos laborales y sociales para las prostitutas (de este modo, no ocurriría lo que ocurre a día de hoy día, que los empresarios de clubes de alterne imponen prácticas sexuales y/o clientes, entre otras cosas).

 

. que las migrantes puedan conseguir sus permisos de trabajo y residencia por ser trabajadoras del sexo.

 

. regular las relaciones laborales cuando median terceros. Para ello es fundamental que se derogue la última modificación que se hizo del artículo 188 bis del Código Penal que considera delito “lucrarse explotando la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de la misma”. Este añadido, (“aún con el consentimiento de la misma”) impide los tratos comerciales de las prostitutas en mejores condiciones y enmascara las relaciones que se están dando dentro de los clubes. ¿Por qué no evitar la explotación laboral que sabemos suceden en los clubes? ¿por qué no evitar maratonianas jornadas de trabajo? ¿por qué no normalizar la prostitución como trabajo para garantizar salarios dignos? ¿por qué no prevenir los riesgos laborales? ¿por qué no la existencia de convenios colectivos que regulen la situación?

 

. además de que la ley tenga en cuenta los aspectos básicos como licencias, localización de locales, etc… debería tener también en cuenta los horarios especiales los descansos semanales, separar el lugar del trabajo del lugar donde se vive (algo impensable en cualquier otro tipo de trabajo).

 

. priorizar los locales autogestionados y cooperativas de trabajadoras sexuales.

 

. no conceder licencias a truts o personas individuales que cuenten con antecedentes penales, especialmente por violencia de género o por trata.

 

. la negociación de espacios públicos, a través de políticas persuasivas y no criminalizadoras, de manera que quienes captan a su clientela en la calle puedan trabajar minimizando todo tipo de riesgos (también la de las posibles agresiones de algunos clientes).

 

. respeto al trabajo sexual. Celebración del 2 de Junio, Día Internacional de las Prostitutas.

 

. dípticos y reparto de materiales en lugares de ejercicio de prostitución contra las agresiones machistas, que las prostitutas sepan que tienen a los Ayuntamientos, a las Comunidades Autónomas y a los Gobiernos de su parte (y no en su contra).

 

. retirada inmediata de la ley mordaza, es imposible depositar tu confianza en quien te persigue y te multa día sí, día también.

 

. celebración del 17D, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Trabajadoras del Sexo.

 

. que se contabilicen las agresiones a las y los profesionales del sexo.

 

. es importante que se avance en el respeto al trabajo sexual y dejar de gastar dinero en discursos estériles. Nuestros adolescentes no necesitan que se les diga que no han de ser “consumidores de prostitución”, lo que necesitan es aprender que el RESPETO es el único camino posible para relacionarse en un encuentro sexual, sea pagado o no y siempre que exista previo consentimiento.

 

En 2016, desde Hetaira contabilizamos, a través de los medios de comunicación, al menos cinco asesinatos de trabajadoras del sexo cometidos en nuestro país. Tres de las víctimas eran mujeres trans. Ninguno de estos delitos puede quedar impune. Ningún asesinato puede ser justificado, tampoco el de las prostitutas. Sus muertes merecen ser igualmente lloradas y reclamadas por los movimientos de mujeres.

 

Muchas gracias por su atención.

 

Ahora es el momento de despenalizar el trabajo sexual en Canadá

 

Sandeep Prasad, Directora Ejecutiva de Acción Canadá para la Salud y los Derechos Sexuales

24/04/2017

http://www.huffingtonpost.ca/sandeep-prasad/decriminalizing-sex-work_b_16211160.html


El gobierno de Trudeau ha abordado varios elementos claves de su estrategia de reforma de la ley penal, pero hace mucho tiempo que tenía que haber despenalizado el trabajo sexual.

 
Ser elegido para dirigir nuestro país implica algo más que victorias fáciles y asuntos políticamente oportunos “agradables a la gente”. El gobierno de Trudeau tiene la obligación moral de garantizar la salud pública y la seguridad de todos sus ciudadanos. El peso de la mayoría liberal debe respaldar la salud y la seguridad de todas las personas en Canadá, incluyendo las trabajadoras sexuales.

 
En 2017, las trabajadoras sexuales de Canadá continúan viviendo y trabajando en condiciones inseguras, enfrentándose a la violencia predatoria y estatal, las redadas de inmigración, la deportación, la vigilancia y el arresto, así como a la violación de sus derechos humanos. El hecho de no haber solucionado esto todavía sugiere que esta cuestión de los derechos humanos es intencionalmente dejada fuera de la agenda legislativa, lo que constituye una seria preocupación.

 
La reforma de la ley sobre el trabajo sexual es importante en Canadá. Entre los interesados, el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la salud ha condenado la penalización total o asimétrica del trabajo sexual como una violación del derecho a la salud al crear barreras para el acceso de las trabajadoras sexuales a los servicios de salud.

 
Los gobiernos tienen la obligación de demostrar la debida diligencia en la protección de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, incluido su derecho a la salud y a no verse sometidos a la violencia. Las leyes y regulaciones deben estar basadas en la evidencia y abordar los sistemas de opresión cruzados y estratificados que afectan las experiencias de las trabajadoras sexuales. Esto sólo puede comenzar cuando nuestro gobierno tome las medidas necesarias para despenalizar el trabajo sexual en Canadá.

 
En diciembre de 2013, la victoria estuvo casi al alcance. La Corte Suprema de Canadá anuló unánimemente las leyes perjudiciales que obstaculizaban la protección efectiva de las trabajadoras sexuales y de la comunidad en general.

 
El avance hacia la despenalización fue respaldado por miles de páginas de evidencias y testimonios de expertos, así como décadas de informes e investigaciones de comisiones patrocinadas por el gobierno, encabezadas por el activismo implacable de las organizaciones de base.

 

La decisión Bedford de la Corte Suprema marcó un gran paso en el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras sexuales específicamente, y de los derechos humanos en Canadá de manera más general. Durante más de treinta años, las trabajadoras sexuales habían pedido a Canadá que derogara las leyes que les atañen a ellas, a sus clientes y a las personas con las que trabajan, señalando el daño ocasionado por la penalización de los elementos del trabajo sexual y la incapacidad de las leyes de prostitución para protegerlas de la violencia. Muchas vidas se perdieron esperando esta victoria.

 
Casi de inmediato, el gobierno de Harper comunicó su intención de introducir nuevas leyes. Un cambio hacia un discurso que amalgamaba el trabajo sexual y la trata de seres humanos pronto se puso en marcha e introdujo la idea de las trabajadoras sexuales como víctimas para justificar la continua regulación agresiva del trabajo sexual y de las trabajadoras sexuales. En diciembre de 2014, el proyecto de ley C-36, Ley de protección de las comunidades y personas explotadas, se convirtió en ley.

 
Al igual que las leyes puestas en marcha en 2013, este nuevo régimen regulatorio no cumple con la Carta de Derechos y Libertades y con los requisitos establecidos por el Tribunal Supremo de Canadá en su decisión Bedford.

 
Este giro de los acontecimientos golpeó seriamente a las directamente afectadas por la penalización del trabajo sexual, algunas de los cuales habían pasado décadas luchando por sus derechos y se les decía que esperaran una vez más. Las evidencias de las ciencias sociales de Canadá y de todo el mundo indican claramente que la penalización de la industria del sexo — ya sean clientes, terceros o trabajadoras del sexo— continúa enviando a la industria del sexo a las sombras, restringiendo el acceso de las trabajadores sexuales a importantes mecanismos de seguridad y tiene profundas consecuencias negativas sobre la salud, la seguridad, la igualdad y los derechos humanos de las trabajadoras sexuales.

 
El Partido Liberal de Canadá, entonces un partido de oposición, denunció claramente la nueva ley. Tomaron una postura clara y expresaron serias preocupaciones sobre la nueva legislación que no protege adecuadamente la salud y la seguridad de las personas vulnerables, en particular las mujeres.

 
Durante la campaña electoral en 2015, la entonces crítica de salud liberal Hedy Fry dijo a un foro de igualdad de mujeres de todos los candidatos que su partido mantenía su firme oposición al proyecto de ley C-36 y planeaba desecharlo. Cuando el Partido Liberal ganó su gobierno mayoritario, prometieron un cambio real y calificaron al nuevo primer ministro de Canadá como feminista. ¿Dónde está el cambio?

 
Una vez elegido, el gobierno de Trudeau tomó la medida sin precedentes de publicar públicamente todas las cartas de mandato ministeriales. Estos documentos proporcionan un marco para lo que se espera que cumplan los ministros, incluyendo los objetivos políticos específicos y los retos a abordar. La carta de mandato público recibida por el nuevo Procurador General de Justicia de Canadá y el Ministro de Justicia, la Honorable Jody Wilson-Raybould, no mencionaba el trabajo sexual; no se incluyó un cronograma para abordar la penalización del trabajo sexual.

 
El gobierno de Trudeau se ha promocionado como uno que promueve, respeta y lucha por los derechos de la Constitución; sin embargo, su respuesta a los derechos constitucionales de las trabajadoras sexuales es lamentable hasta la fecha: un año y medio más tarde, seguimos esperando.

 
La ministra de Justicia, Jody Wilson-Raybould, debe iniciar rápidamente un proceso de reforma de la ley del trabajo sexual que culmine en la despenalización del trabajo sexual como parte de la estrategia de reforma del derecho penal de este gobierno. El momento es ahora. De hecho, el momento fue hace mucho tiempo.