¿Qué derecho(s)? Las prostitutas y trabajadoras del sexo como actoras colectivas

 

Por GESP el 25 noviembre, 2020

25/11/2020 – María Martínez (UNED)

https://blogs.uned.es/gesp/trabajadoras-del-sexo-como-actoras-colectivas/

 

  • ¿Qué derechos va a demandar quien ni siquiera es considerado sujeto? ¿Es pensable que quien es negado como sujeto reclame derechos?
  • Los procesos de negación de la condición de sujetos y ciudadanas, incluso de humanas, de las prostitutas me hace plantear si el primer derecho a demandar no debe ser el mismo derecho a existir, el derecho mismo a tener derechos. Eso no es algo, sin embargo, que tenga que ser concedido por otros, sino que estas prostitutas y trabajadoras del sexo, con su mera auto-organización colectiva y su presencia en el espacio público, están obligándonos a reconocerlas como sujeto de derechos.

 

En agosto de 2018 se inscribe en Barcelona el sindicato OTRAS (Organización de TRAbajadoras Sexuales). Su constitución provocó un revuelo en el gobierno y buscó por todos los medios la forma de anularlo. Así, y tras sólo 3 meses después de su inscripción oficial, sus estatutos fueron invalidados por la Audiencia Nacional. Era la primera vez que se registraba en España un sindicato de trabajadoras sexuales de ámbito estatal. Ahora bien, no era la primera sección sindical ni la primera organización de prostitutas y trabajadoras del sexo en este país. De hecho, unos meses antes, en mayo del mismo año, se había constituido en Cataluña una sección sindical de trabajadoras y trabajadores sexuales dentro del sindicato Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC). Y desde la década de 2010, trabajadoras del sexo y prostitutas han venido conformando en España organizaciones propias: AFEMTRAS (Agrupación Feminista de Trabajadoras del Sexo) en Madrid; Aprosex, Putas Indignadas y Putas Libertarias del Raval en Cataluña; Colectivo de Prostitutas de Sevilla; o el colectivo Caye, formado por trabajadores sexuales, en Asturias. La novedad está, entonces, en la auto-organización de las prostitutas, pues desde 1995 con la constitución de Hetaira (Colectivo en Defensa de los Derechos de las Trabajadoras del Sexo) en Madrid, o más tarde, ya en los años 2000, la creación de CATS (Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo) en Murcia, o de Genera en Barcelona se venía constituyendo una red de apoyo a este colectivo. En parte fueron esas redes de apoyo las que propiciaron primero algunas acciones colectivas (en Montera la primera manifestación de prostitutas se organizó ya en 2003 y probablemente ha habido más que no están registradas), y han servido de apoyo para la ahora auto-organización de las trabajadoras del sexo.

Las teorías de los movimientos sociales tendrían mucho que decir sobre la organización autónoma de este colectivo, pero han estado silentes, al menos en nuestro país; lo mismo sucede con la movilización en general de las mujeres (Martínez, 2019), especialmente las situadas en los márgenes (víctimas, trabajadoras del hogar, mujeres racializadas…) y de otros colectivos subalternos[1]. La primera pregunta que desde los estudios de los movimientos sociales nos podemos hacer es: ¿por qué ahora la organización de prostitutas y trabajadoras del sexo? ¿por qué no hace 10, 20 ó 30 años? Esta pregunta tiene, además, su sentido si analizamos cómo a nivel internacional la organización de prostitutas y trabajadoras del sexo tiene más largo recorrido —recordemos la ocupación de iglesias por prostitutas que comenzó en Lyon (Francia) en 1975 y se extendió por ese país— y ha sido analizada en varios trabajos (por citar algunos: Mac y Smith, 2020; Mathieu, 2009; Osborne, 1991; Pheterson, 1989). Así, Lilian Mathieu (2009) hace uso de la Teoría de la Movilización de Recursos para explicar por qué el movimiento de prostitutas surgió en Francia en 1975 y concluye que en ese momento consiguieron acumular los recursos políticos —conocimiento práctico de las formas de la protesta, los canales de comunicación con las autoridades o los medios de comunicación, etc.— gracias, en parte, a las redes que habían desarrollado, lo que les permitió organizarse y empezar a actuar colectivamente. Y esos recursos fueron eficaces incluso ante una Estructura de Oportunidades Políticas, como afirma también Mathieu, cerrada. Esta explicación es plausible para el caso de España. Por poner un ejemplo, el colectivo AFEMTRAS surge precisamente en reacción a la conocida como Ley Mordaza (Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana), contra las multas que la policía les estaba imponiendo auspiciada bajo esa ley y un movimiento abolicionista de la prostitución con una creciente proyección pública —esto se podría considerar una Estructura de Oportunidad Política cerrada—. En este contexto el papel de algunas organizaciones de apoyo a las prostitutas, en concreto de Hetaira, fue clave para acumular esos recursos políticos y apoyar su auto-organización.

La segunda pregunta común cuando se analizan movimientos sociales suele ser: ¿cuáles son sus demandas? Y, junto a ella, ¿qué vías de reclamación (repertorios de acción) se utilizan? Aunque las propuestas de las organizaciones de prostitutas y trabajadoras del sexo son diversas, dos podemos indicar cómo las grandes demandas: la despenalización del trabajo sexual impidiendo que se multe, y por supuesto que se castigue penalmente, a las personas que ejercen la prostitución; y, el reconocimiento del trabajo sexual en sus diferentes formas como trabajo. La primera gran demanda se concretaría en la derogación de leyes y normativas que criminalizan a las personas que ejercen la prostitución, entre otras las ordenanzas municipales que tan impacto negativo han tenido (Bodelón y Arce, 2018). La segunda —reconocimiento del trabajo sexual como un trabajo— implicaría el reconocimiento de derechos laborales. Aquí es donde las divergencias comienzan: algunas organizaciones (OTRAS) apuestan por diferentes modos de regulación laboral (por cuenta propia, por cuenta ajena), mientras que la sección sindical de la IAC tiene una postura más radical y sólo considera el trabajo realmente autónomo (para un debate sobre esta cuestión se puede consultar el siguiente vídeo). A pesar de esas divergencias, en un manifiesto firmado por la totalidad de las organizaciones de trabajadoras del sexo indicadas se afirmaba: “Lo que queremos y necesitamos es un modelo basado en el reconocimiento de derechos y la plena participación en el diseño de las políticas que nos afectan. Sólo los derechos garantizarán que podamos defendernos de los abusos.” (manifiesto consultable aquí). Así, se está de acuerdo con que, en nuestras sociedades de ciudadanía laboral, de los derechos laborales dependen otros muchos en cascada: derechos sociales, derecho a una jubilación, derecho a paro, derechos sanitarios, derecho a la vivienda, derechos a un ingreso mínimo, etc. A estas demandas se suman otras como la distinción entre prostitución y trata con fines de explotación sexual y desarrollo de programas de atención específicos para las personas tratadas, la derogación de la ley de extranjería pues muchas prostitutas y trabajadoras del sexo son extranjeras viéndose afectadas de manera particular, y la concienciación social sobre el estigma que sufre quien ejerce la prostitución (Juliano, 2004).

Los repertorios de acción que usan para articular sus demandas no difieren mucho de los puestos en marcha por otros movimientos sociales: manifestaciones, concentraciones, performances, lobby político, talleres de sensibilización, participación en foros institucionales, el mantenimiento de la apertura de los clubes ahora que se ha pedido su cierre en tiempos de pandemia, etc. En el caso de las organizaciones que han tomado la forma de sindicatos, como OTRAS, a esto se une el trabajo sindical común: negociación y mediación entre trabajadoras y empresarios, la mejora de las condiciones laborales especialmente en trabajos por cuenta ajena. Pero hay un tipo de acción menos visible y quizás más comúnmente olvidado en los estudios de los movimientos sociales pues no tiene como objeto el “gobierno” o las instituciones y es la constitución misma de estas organizaciones como espacios colectivos en los que trabajar sobre el estigma que las atraviesa y apoyarse en la lucha por la supervivencia. Así, y en tiempos de confinamiento debido al covid-19, estas organizaciones han puesto en marcha, ante su exclusión de la Renta Mínima de Inserción, bancos de alimentos y recaudado fondos para ayudarse, para sostenerse, para cuidarse.

Me gustaría cerrar este texto con una última reflexión que saca el análisis de la organización y acción colectiva de prostitutas del terreno tradicional de los estudios de movimientos sociales. Es una pregunta sobre el sujeto colectivo que todo movimiento social requiere para articular demandas y desarrollar repertorios de acción. La pregunta se podría concretar en lo que sigue: ¿Qué derechos va a demandar quien ni siquiera es considerado sujeto? ¿Es pensable que quien es negado como sujeto reclame derechos? Las prostitutas y trabajadoras del sexo están permanentemente siendo expulsadas (Maqueira, 2017) —del lugar donde ejercen la prostitución, sobre todo si es la calle, de la ciudadanía-laboral pues no se les reconoce como trabajadoras, etc.—, no son nunca reconocidas como sujetos individuales y mucho menos colectivos. Como afirma Georgina Orellano, líder del movimiento de meretrices argentino: “Las consecuencias que tiene la clandestinidad y la criminalización de nuestro trabajo es que no existimos…” (extraído del muro de Facebook de la organización AMMAR el 18 de noviembre de 2020). En este marco adquiere sentido la pregunta por el “derecho a tener derechos” que he escuchado en varias conferencias sobre la auto-organización de prostitutas y trabajadoras del sexo (entre otras, esta). La primera vez que la oí vino a mi cabeza, como no, el trabajo de Arendt (2006/1951) con su discusión de la imposibilidad de conceder derechos a quien no pertenece, en su caso los apátridas, a un Estado-Nación, a quien no existe. Los procesos de negación de la condición de sujetos y ciudadanas, incluso de humanas, de las prostitutas me hace plantear si el primer derecho a demandar no debe ser el mismo derecho a existir, el derecho mismo a tener derechos. Eso no es algo, sin embargo, que tenga que ser concedido por otros, sino que estas prostitutas y trabajadoras del sexo, con su mera auto-organización colectiva y su presencia en el espacio público están obligándonos a reconocerlas como sujeto de derechos (Butler, 2017). Y ese es, por supuesto, el primer paso para su “reconocimiento como sujeto político” (Entrevista a Putas Libertarias del Raval, en la revista “Todo por hacer”, consultable aquí), como actoras colectivas.

 

Referencias

Arendt, H. (2006/1951). Los orígenes del totalitarismo. Madrid: Alianza Editorial.

Bodelón González, E., y Arce Becerra, P. (2018). La reglamentación de la prostitución en los Ayuntamientos: una técnica de ficticia seguridad ciudadana. Revista Critica Penal y Poder, 15, 71-89.

Butler, J. (2017). Cuerpos aliados y lucha política. Hacia una teoría performativa de la asamblea. Barcelona-Buenos Aires-México: Paidos.

Juliano, D. (2004). Excluidas y marginales: Una aproximación antropológica. Barcelona: Cátedra.

Mac, J., y Smith, M. (2020). Putas insolentes. La lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales. Madrid: Traficantes de sueños.

Martínez, M. (2019). Identidades en proceso. Una propuesta a partir del análisis de las movilizaciones feministas contemporáneas. Madrid: CIS.

Mathieu, L. (2001). Mobilisations de prostituées. Paris: Belin.

Osborne, R. (1991). Las prostitutas: una voz propia (crónica de un encuentro). Barcelona: Icaria Editorial.

Pheterson, G. (Comp.). (1989). Nosotras, las putas. Madrid: Talasa.

Piven, F., & Cloward, R. (1977). Poor people’s movements: Why they succeed, how they fail. US: Vintage.

 

[1] Esto es algo que recorre los trabajos de movimientos sociales como ya pusieran sobre la mesa Piven y Cloward en 1977 al analizar por qué este ámbito de estudio no había analizado lo que ellos llamaban “movimientos de pobres” (movimiento de parados, de trabajadores industriales, de derechos civiles y del Estado providencia).

 

Georgina Orellano: «Entre el abolicionismo y el regulacionismo, quienes estamos en medio somos las trabajadoras sexuales»

 

Por Guillermo Martínez

@Guille8Martinez

23 de agosto de 2019

https://ethic.es/2019/08/georgina-orellano-trabajo-sexual-clandestinidad/

 

 

¿Abolir la prostitución o regularla? El debate en torno al llamado ‘oficio más antiguo del mundo’ atraviesa la opinión pública desde todas sus aristas y posiciones, de la economía al feminismo. Georgina Orellano (Morón, Buenos Aires, 1986) procede de de una familia trabajadora y actualmente es la Secretaria General Nacional de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR). Desde esta entidad, integrada en la segunda central sindical más grande del país, reivindica que la organización del colectivo es indispensable para conseguir la despenalización del trabajo sexual.

 

Existe un alto porcentaje de trata de mujeres en torno a la prostitución.

Nosotras creemos que sí hay trata de personas. La verdad es que reducir esa discusión a que la culpa la tiene el trabajo sexual o la prostitución es quitarle la responsabilidad al Estado. Hay trata de personas porque hay una complicidad del poder judicial, policial, y del ejecutivo para que haya trata de personas en el siglo XXI. En todo caso, lo que posibilita que en el trabajo sexual haya explotación es justamente la criminalización y clandestinidad de nuestro trabajo: cuanto más clandestino sea, más se posibilita que se creen mercados paralelos que subsisten a través de la precarización de nuestras vidas. Arrogar que se va a combatir la trata de personas cuando se combata la prostitución me parece que es olvidarnos del lugar de pertenencia dentro de la clase trabajadora. La solución debería pasar por pensar,  justamente, en dar mejores condiciones laborales como herramienta transformadora de este mundo laboral. Eso lo aprendí dentro de la CTA. Por ejemplo, los compañeros que trabajan en los talleres textiles. Nunca se planteó desde el Estado ni desde el feminismo terminar con el trabajo textil como una forma de combatir la trata, sino todo lo contrario: se llegó a la conclusión de que había que combatir la trata en el trabajo textil, pero asegurando que ese combate no perjudicara el trabajo de los demás compañeros. Lo que sucede en la discusión entre trabajo sexual y trata de personas es que no se incluyen nuestras voces en la toma de decisiones, y sí se incluyen las de expertos y expertas que desde la academia y desde la teoría construyen soluciones posibles, pero no lo han vivido nunca en primera persona.

En muchos casos se puede dar la situación de que una prostituta esté dando un servicio y el cliente se sienta impune al realizar algo no consensuado. ¿Cómo salir de una situación así?

Lo primordial es romper con la idea de la víctima y de la sumisión a la que nos someten algunas miradas de la sociedad. Nosotras creemos que las mujeres, los cuerpos feminizados, en muchas relaciones que tenemos con los hombres en esta sociedad –y en múltiples espacios– no son consensuadas. Y no solamente pasa en el trabajo sexual: hay relaciones en los noviazgos que no lo son, igual que en el matrimonio o dentro de la institución familiar, en tu trabajo (jefe-empleada), incluso en ámbitos políticos (referente político-militante mujer).

Sería volver a preguntarse por qué se pone el foco en la prostitución cuando ocurre lo mismo en otros ámbitos relacionales.


«La criminalización y clandestinidad del trabajo sexual posibilita la explotación y la trata»


Claro. Lo que pasa es que la institución matrimonial y el amor romántico son dos instituciones totalmente patriarcales desiguales para la vida de nosotras porque siempre nos van a dejar relegadas. Ahí cumplimos un rol fundamental que es ceder nuestra voluntad ante el deseo siempre de otro. La idea de la sexualidad y el disfrute sexual está orientado hacia la procreación, cumpliéndose el mandato de que todas tenemos que ser madres. Por eso me parece que una forma de empoderamiento es combatir el patriarcado en todos sus ángulos, y no solamente fijándonos en un grupo y un sector. Por supuesto que reconocemos que los clientes de las trabajadoras sexuales son machistas, pero ¿quién no es machista en esta sociedad patriarcal?

El porcentaje de hombres que contratan servicios de mujeres prostitutas es mucho mayor que si lo pensamos a la inversa. ¿Debería nivelarse? ¿Qué aspectos son los que desencadenan que no haya apenas hombres que presten sus servicios a mujeres?

Los aspectos son principalmente la culpa y la vergüenza que nos ha generado el patriarcado en las mujeres, y que nosotras, las lesbianas, travestis y trans, no podemos ser las propias conductoras de nuestro placer sexual. Yo lo veo cuando vienen clientas mujeres, que son muy pocas en comparación de los hombres, porque llegan con mucha culpa: antes de pedir el servicio están argumentando el por qué están ahí, como pidiendo perdón por lo que están haciendo. Por otro lado, creo importante la desigualdad económica que hay entre los hombres y las mujeres. Los hombres ganan mucho más dinero y disponen de él, y las mujeres ganamos menos y encima el dinero que disponemos lo tenemos que invertir en mil cosas antes que en los propios placeres.

Las prostitutas no tienen derechos a día de hoy, pero tampoco pagan impuestos. ¿Crees que se podría dar el caso de aquella trabajadora sexual que prefiera seguir viviendo con un nivel de vida más alto antes que pagar impuestos?

Lo que nosotras creemos es que vamos a seguir viviendo muchos años en el sistema, y pensar que solo las trabajadoras sexuales tenemos que cambiarlo me parece que es una lucha desigual. Hay muchos trabajadores que se sientan con la patronal y no por eso están defendiendo el sistema capitalista, sino que comprendieron la lógica de que hay muchos trabajadores y trabajadoras que no pueden esperar a que lleguemos a esa sociedad utópica de vivir en una sociedad justa, libre e igualitaria. Vivimos en una sociedad desigual, machista y patriarcal, y hay muchas compañeras que no pueden esperar, que tienen 60 años y no se pueden jubilar, que tienen un montón de problemas de salud y no tienen una obra social que les blinde cobertura médica…

La pregunta estaba más orientada a si consideras que hay alguna trabajadora sexual que prefiera que el sector siga desregulado para poder tener más ingresos.

Existen distintos casos por los que una prostituta no quiere figurar como tal y todos los casos son válidos. Defendemos que el trabajo sexual tiene que estar reconocido como tal. Después, la ley no debería contemplar como obligatorio que todas se inscriban y todas se registren, porque ahí estaríamos cometiendo un grave error: hay muchas compañeras que no quieren que su nombre aparezca registrado como trabajadora sexual porque todavía no han podido contar a su entorno verdaderamente a qué se dedican. Sí tiene que haber unos mínimos para que no se persiga más a las trabajadoras sexuales y eso lo lograremos con la despenalización del trabajo sexual y con el reconocimiento. Después, quien se quiera inscribir bajo la categoría de trabajadora sexual que lo haga, pero que eso no sea un requerimiento obligatorio para todas.

Tú lo argumentas en lo que se refiere al estigma social, pero si fuera por el mero hecho de no pagar impuestos, ¿qué mecanismos podría tener la administración para discernir entre las dos posibilidades?


«Abandonamos algunos espacios por creer, desde los pocos conocimientos que teníamos entonces, que solo existía un feminismo»


Ese mecanismo es un rol que debe adquirir la propia organización, al generar conciencia de clase entre todas sus afiliadas y afiliados y entender que tenemos que aportar. Nosotras siempre lo decimos: preferimos aportar a las arcas públicas que a la policía, porque aportar nosotras siempre aportamos. Por más que seas prostitutas VIP, en algún momento pagaste una coima [soborno, en Argentina] para que no te clausuraran tu piso, y esa coima fue a parar a una caja clandestina de las fuerzas de seguridad. O sea, la trabajadora sexual siempre aportó, pero lo que queremos es clarificar que ese dinero no vaya a la policía sino que vaya al Estado. Tenemos que hacer entender que nosotras también formamos parte del Estado y exigir que, si nosotras aportamos, también debemos disfrutar de las políticas públicas que se hacen con nuestro dinero.

¿Qué crees que se impondrá? ¿La abolición o la regulación?

Yo creo que ninguna de las dos. En Argentina, el abolicionismo –en los más de 100 años que tiene de historia–, lo que ha generado ha sido precarización total de la vida de las trabajadoras sexuales, clandestinidad, peores condiciones laborales, persecución policial. En el momento en que Argentina reguló el trabajo sexual también reguló los establecimientos, lo que generó condiciones propicias para que nuestras compañeras perdieran su autonomía dentro del trabajo. Nosotras queremos que sea un gran salto: ni el abolicionismo que pretende un feminismo blanco, hegemónico, ni el regulacionismo basado en legislaciones que el Estado piensa sin incluirnos a nosotras, orientadas para beneficio de los empresarios. Para romper con esta dicotomía, las propias trabajadoras sexuales tienen que abogar por un movimiento superador. En nuestro país, teniendo en cuenta las condiciones laborales, las políticas anti trata que equipararon esta con trabajo sexual, las legislaciones vigentes… creemos que el modelo superador es la despenalización del trabajo sexual. Eso es lo que queremos: que no se persiga a las trabajadoras sexuales y que haya un mínimo de reconocimiento. El abolicionismo confronta con el regulacionismo y quienes quedamos siempre en el medio somos las trabajadoras sexuales, entonces somos nosotras las verdaderas protagonistas que tenemos que dar un gran salto.

¿Qué necesidades teníais las trabajadoras sexuales en el momento en que empezaste a ejercer la prostitución?

Lo primero que me encontré fueron historias de otras mujeres que estaban atravesadas por mucha precarización laboral y por situaciones de violencia con sus parejas o ex parejas. También vi que la gran mayoría eran madres solteras y que su mayor necesidad era poder trabajar de manera tranquila sin que la policía las persiguiera para que todos los días pudiesen volver a sus casas y estar con sus hijos. Ahí aprendí que el imaginario instalado en la sociedad con respecto a las trabajadoras sexuales responde a la pretensión de representar nuestras vidas pero desde miradas muy victimizantes. Más allá de que muchas de mis nuevas compañeras habían atravesado situaciones de violencia de género, abusos en su núcleo familiar, precarización laboral, pérdida del empleo… yo lo que veía era mucha fortaleza, y no veía que victimizaran estas historias, sino que las relataban desde la óptica de la superación.

Que AMMAR entrara en la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) tuvo que suponer un gran paso a nivel mundial para el reconocimiento de la prostitución.


«En la discusión entre trabajo sexual y trata de personas no se incluyen nuestras voces, pero sí las de expertos que no lo han vivido en primera persona»


AMMAR va a cumplir 25 años. En 1995, AMMAR ingresa en la CTA, primero utilizándolo como un lugar de reuniones. Antes de utilizarlo como espacio seguro, empezaron reuniéndose en bares hasta que la policía se enteró de lo que hacían y entraban en estos bares a reprimirlas. Ese espacio de reunión en la central sindical terminó siendo un lugar de unión semanal. Es en el 2001 cuando se discute la idea de conformar AMMAR como un sindicato adscrito a la CTA porque vimos que nosotras queremos tener lo que los demás trabajadores y trabajadoras tienen. Con esto no solo me refiero a condiciones laborales, aunque sean lo principal, sino a terminar con el estigma social, donde está la gran batalla cultural. La lucha no se basa solo en presentar leyes, sino en ocupar un montón de espacios, hablar y romper con ese imaginario social instalado durante siglos en torno a nuestras vidas que dice que siempre nos tutelaron desde afuera y nos humillaron al plantear la vida de las trabajadoras sexuales como objeto de uso y como víctimas a lo largo de la historia.

En ocasiones se hace hincapié de las diferencias entre trabajadoras sexuales, en relación a aquellas que pueden elegir a sus clientes y las que no.

Quienes fundaron AMMAR hasta el presente, quienes conducen la organización, somos compañeras que venimos de los estratos más populares. Somos trabajadoras que no elegimos verdaderamente qué trabajo ejercer, sino a qué optamos de las poquitas opciones que tenemos justamente por pertenecer a la clase trabajadora y por ser mujer. Centrarnos en que hay trabajadoras sexuales que pueden elegir sus clientes y poner sus condiciones y otras que no es hacer una división dentro de todo un colectivo y un movimiento en las cuales tenemos que pensar básicamente las cosas que nos unen. Tanto la que eligen el cliente y la trabajadora sexual pobre que sufre violencia institucional no tienen reconocimiento de derechos laborales, no tiene obra social [organismo argentino encargado de prestar atención médica a los trabajadores de las diferentes ramas obreras] y no se va a poder jubilar.

Antes mencionabas la persecución policial que sufren las prostitutas. ¿En qué tipo de acciones se materializa esta persecución?

La policía apela al grado de desconocimiento que tiene la trabajadora sexual con respecto a las legislaciones vigentes en nuestro país, y esa es una de las cosas que aprendimos y desarrollamos activamente dentro de AMMAR. Damos herramientas a nuestras compañeras: así como yo sé que el trabajo sexual no es delito y conozco lo que puede y no puede hacer la policía, lo tienen que saber todas. Ese conocimiento que me dio el sindicato es el conocimiento que tienen que tener todas, porque tener conocimiento es disponer del poder.

¿Qué ha mejorado en estos últimos años y qué queda por hacer?

La organización vence al tiempo. Yo creo que lo que mejoró fue el romper con esa idea de que nadie se preocupa por los derechos de las prostitutas. Supimos hacer ver que las primeras que nos preocupamos por ello fuimos nosotras mismas. A modo de autocrítica, considero que abandonamos algunos espacios por creer, desde los pocos conocimientos que teníamos, que solo existía un feminismo, único y hegemónico en nuestro país, que tenía una postura ya tomada con respecto a nuestro trabajo. Si no hubiéramos actuado así quizá hubiera cambiado un poco la historia. Es ahora cuando la estamos cambiando, cuando vemos cómo otras feministas más jóvenes levantan la bandera de las trabajadoras sexuales.

 

¿Sería mucho soñar con una ley que regule el trabajo sexual?

 

Por Amarú Varela

3 de febrero de 2021

https://www.aimdigital.com.ar/politica/sera-mucho-soar-con-una-ley-que-regule-el-trabajo-sexual.htm

 

 

Por Amarú Varela, de Revista PPV, especial para AIM. Primero, aclaremos que se entiende al trabajo sexual como el intercambio simultáneo o inmediato y autónomo de servicios de índole sexual a cambio de una retribución para beneficio propio, pero que el concepto se modifica a través del tiempo y las sociedades.

Segundo, es necesario diferenciar la despenalización de la legalización: la primera significa eliminar las leyes y políticas que penalizan o sancionan el trabajo sexual. La legalización, por otro lado, plantea la regulación expresa de una determinada situación de hecho para darle un marco normativo, a fin de resguardar los derechos de les trabajadores sexuales.

Desde los años 70, las trabajadoras sexuales, para que su milenario oficio fuera considerado un trabajo legal, en diversas partes del mundo armaron conferencias y encuentros internacionales en diversas partes del mundo para debatir sobre sus condiciones de regulación, e incluso algunas hicieron huelgas de hambre y amenazaron con dar a conocer el nombre de sus clientes.

Hasta mediados de la década de los 80´ hubo progresos en distintos frentes: sindicalización, derogación de leyes discriminadoras, debates sobre la libertad sexual y establecimiento de alianzas con otros movimientos y grupos.

Pero a partir de los años 90, el avance se frenó en muchos países y por distintas cuestiones, en su mayoría por la presión de la Iglesia Católica y grupos de derecha, junto con los gobiernos neoliberales que se limitaban a negar derechos sociales y laborales.

Pese a que se fueron debilitando los procesos de autoorganización de les trabajadores sexuales, en varios países, algunos grupos han seguido reivindicando su quehacer como una cuestión laboral, y han desarrollado diversas estrategias para obtener los derechos correspondientes.

El por qué de la necesidad de una Ley del Trabajo Sexual

Legalizar el trabajo sexual, traería beneficios a les trabajadores sexuales y también límites para aquellos que no sólo se benefician —directa o indirectamente— de ese mismo trabajo (por ejemplo, los policías que exigen coimas a les trabajadores en una clara extorsión), sino que además violan los derechos humanos de les trabajadores sexuales mediante el maltrato al que son sometidas a diario.

Si pensamos en la normalización del trabajo sexual autónomo, mediante su regulación por una ley nacional, podemos fundamentar esta decisión por tres ejes fundamentales: primero, el trabajo sexual es una cuestión de libertad individual y autonomía de las mujeres y de les trabajadores sexuales; segundo, las mujeres y les trabajadores sexuales tienen derecho a ofrecer sus servicios sexuales (equiparándolo a cualquier otro servicio que se pueda ofrecer en un mundo capitalista donde ponemos el cuerpo a diario para ganar lo que llamamos “salario” y que sólo alcanza para subsistir) y, por último, regular este servicio garantizará el reconocimiento de derechos humanos básicos de las mujeres y trabajadores sexuales que eligen esta actividad diariamente.

Así, Georgina Orellano, como titular de Ammar (Asociación de Meretrices de la República Argentina) a nivel nacional, hace hincapié en que la lucha del colectivo es la lucha de cualquier trabajador o trabajadora: una obra social, el acceso al crédito y a una cuenta bancaria para ingresar al sistema formal de bancarización, y sobre todo una situación laboral digna, libre de discriminación y de agresiones.

En nuestro país son aproximadamente 80.000 las personas que ejercen el trabajo sexual, las que en su mayoría son jefas de hogar.

Además, la legalización llevaría a una mejora de la situación sanitaria de este colectivo y le permitiría contar con elementos de cobertura estándar del mercado laboral, como seguros, programas de salud, seguridad ocupacional, y reglas de comercio justo. Además, un reclamo que se agudizó en tiempos de pandemia, fue la necesidad de acceder a una vivienda digna que tiene el colectivo de les trabajadores sexuales, lo cual es casi imposible, ya que las condiciones para alquilar vivienda son muchos más estrictas para estas personas debido a que no cuentan con recibos de sueldo ni constancias de ingreso alguno.

Una ley en este sentido garantizaría el libre ejercicio de la actividad en el territorio nacional y separaría a la actividad lícita de delitos, como son la trata de personas y la explotación sexual por parte de proxenetas.

Además, se brindaría un marco legal al trabajo sexual donde les trabajadores podrían acceder a derechos actualmente vedados.

¿No dice nuestra Constitución Nacional en el Art. 19 que “las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados”?

Haciendo una interpretación conjunta con la del art. 15 de la Ley de Profilaxis N.º 12.331 (de 1936) que explicita que “queda prohibido en toda la República el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución, o se incite a ella, con excepción de aquellos cuyo funcionamiento fuera autorizado por la Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia Social con aprobación del Ministerio del Interior. Estas autorizaciones sólo deberán otorgarse atendiendo a necesidades y situaciones locales, limitando su vigencia al tiempo que las mismas subsistan, con carácter precario, debiendo los establecimientos autorizados sujetarse a las normas sanitarias que se impongan por la reglamentación” y su artículo 17: “Los que sostengan, administren o regenteen, ostensible o encubiertamente casas de tolerancia, serán castigados con una multa (…). En caso de reincidencia sufrirán prisión de 1 a 3 años, la que no podrá aplicarse en calidad de condicional”, entendemos por el simple ejercicio del trabajo sexual autónomo por la mujer u hombre en su domicilio privado, en forma individual e independiente y dentro del marco de la privacidad personal, sin afectar el orden público, la moral y las buenas costumbres, no constituye violación a los mencionados artículos.

El trabajo sexual en los Códigos Contravencionales argentinos y su anacronismo

Es sabido que a les trabajadores sexuales se les sigue deteniendo y dejando preses por muchos días (desde cinco hasta 20 o 30 días como lo prevé la contravención en Provincia de Buenos Aires) sólo por el hecho de ejercer el trabajo sexual en la calle. Este mecanismo de crimininalización del trabajo sexual tiene una base legal que está en jaque desde hace varios años y que es necesario reformar para evitar los abusos policiales actuales.

Existen grandes discusiones acerca de la constitucionalidad de los códigos contravencionales de nuestro país. A lo largo de los años, diversos actores sociales y políticos se han encargado de afirmar que los códigos contravencionales y de faltas fomentan y legitiman violaciones a los derechos humanos, vulnerando las garantías constitucionales y los Tratados Internacionales en la materia. No sólo porque criminalizan conductas que no lesionan bienes jurídicos específicos, sino porque —en algunos casos— permiten que determinadas acciones sean castigadas sin siquiera la intervención de un juez o un defensor, operando a modo de trámite administrativo e incumpliendo con el debido proceso legal.

Las faltas y contravenciones son conductas sancionadas con menos lesividad que implican una transgresión menor a los cánones de la vida común. Esta legislación está bajo la potestad de las provincias argentinas. Es decir, son estas las encargadas de su redacción, sanción y juzgamiento. En algunas provincias no existen juzgados contravencionales, por lo que el Poder Judicial no interviene en la imposición de este tipo de pena, que aunque menor, no deja de ser un castigo estatal.

El trabajo sexual ejercido libremente no es penalizado por el Código Penal de la Nación Argentina, es decir, la prostitución libre no es un delito. Sin embargo, desde el comienzo de la redacción de los Códigos de Faltas y Contravenciones provinciales, se ha incorporado el ejercicio de esta actividad como una conducta perseguida y castigada con arresto, multa y quizás —en los códigos más modernos— con trabajos comunitarios.

La realidad muestra que la mayoría de les trabajadores sexuales se ven sometidas a arbitrariedad y discriminación del poder policial y judicial mediante la imposición de la pena —en la mayoría de los casos— de arresto o multa.

Además, alrededor de la penalización de la prostitución existen otras conductas castigadas como es el hecho de “circular por la vía pública con ropa indecente, el travestismo y el homosexualismo”, conductas que claramente hablan del anacronismo que presentan los códigos y la gran carga de corrección social que sostienen. Este tipo de faltas y contravenciones, muchas veces van de la mano con la criminalización del trabajo sexual del Colectivo Travesti y Trans, que desde hace largo tiempo reclama el libre ejercicio de sus derechos y la adecuación de la legislación heteronormativa.

Por estas cuestiones, vemos que la legislación prohibicionista del trabajo sexual lo único que genera es la estigmatización y criminalización de un trabajo válido, resultado de la libre elección de las trabajadoras sexuales. En cuestión de derechos, no puede permitirse una solución moral.

Un Registro para les Trabajadores Sexuales

Como avance para el reconocimiento del trabajo sexual también es necesaria la creación de un Registro de Trabajadores Sexuales. Este registro debería tener como objeto relevar a les trabajadores sexuales y tener información sobre sus ingresos, condiciones laborales, habitacionales y de seguridad social, entre otros.

Como antecedente podemos mencionar el registro uruguayo que dio resultados positivos, ya que les trabajadores sexuales luego de inscribirse -respetando los requisitos legales para ser trabajadora sexual- obtienen una libreta sanitaria, que les permite la atención médica y que, además, sirve como documento para poder demandar en instancias judiciales a los clientes que no cumplen con la prestación en el intercambio del servicio sexual. Es un claro reconocimiento del trabajo sexual autónomo con herramientas que permiten la defensa de sus derechos.

En el mes de junio de 2020, el Ministerio de Desarrollo Social, al anunciar el lanzamiento del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (Renatep), había incluido la categoría de “trabajadores sexuales”, lo que devendría en uno de los primeros reconocimientos institucionales a esa actividad en nuestro país. A las pocas horas, el Ministerio dio marcha atrás con la medida.

Fallos con Perspectiva de género a favor de les trabajadores sexuales

En el año 2012, el Tribunal Oral Criminal de La Plata hizo lugar en la Causa 1910, a una acción de amparo interpuesta por Ammar a favor de les trabajadores sexuales de la Provincia de Buenos Aires, reconociendo el trabajo sexual como trabajo autónomo y declarando la inconstitucionalidad del art. 68 del decreto ley 8031/73 (Código de Faltas de Buenos Aires). En el fallo se exhortó al ministerio de Seguridad de esa provincia para que apliquen debidamente la ley 13.482 a fin de que el personal policial no discrimine al colectivo de les trabajadores sexuales.

Lo importante de este fallo es que el tribunal se encargó de sentenciar que la prostitución no es un delito, y que con la norma antes mencionada solamente se castiga “a quien honestamente ejerce la prostitución”. Así, la prohibición se dirige a sancionar acciones privadas y la moral pública no puede ser el patrón para medir estas acciones. El tribunal además afirmó que la “oferta de sexo por sí misma carece de entidad suficiente para configurar el daño a terceros que se debería exigir para prohibirla legítimamente sin afectar el principio de reserva ni legalidad”. Además, se dijo que el articulo 68 afectaría al artículo 18 y 19 de nuestra Constitución Nacional, en una clara violación del derecho de libertad, dignidad, por cuanto restringe la posibilidad de elección y de acción de la persona humana, avasallando la igualdad y la no discriminación.

En el año 2015, la jueza Natalia Molina, del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, declaró ilegítimo el procedimiento del Gobierno porteño para imponer la clausura y multas en domicilios de trabajadoras sexuales y sostuvo en el fallo que la falta de regulación es una deuda con la sociedad para con este colectivo de trabajadores.

La inexistencia de una ley nacional sobre el trabajo sexual autónomo facilita la violencia policial, el abuso y la extorsión, y perpetúa el estigma y la discriminación que sufren les trabajadores sexuales a manos de funcionarios públicos, prestadores de atención médica y la comunidad en general.

Las sanciones punitivas contra el trabajo sexual también perpetúan estereotipos negativos que impiden el acceso de les trabajadores sexuales a servicios de atención médica y a una vivienda adecuada, y hacen que trabajen en condiciones más precarias. Además, el temor de les trabajadores sexuales hacia las autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes también merma su capacidad de buscar protección frente a la violencia y el delito.

Podemos elegir entre un derecho al trabajo sexual autónomo reconocido o un trabajo clandestino, con sus violencias y sus violaciones de derechos humanos; podemos elegir entre el reconocimiento de derechos o la persecución policial y judicial de les trabajadores sexuales; podemos elegir entre un trabajo registrado o la coima y la extorsión policial; podemos elegir entre reconocer y ampliar derechos o simplemente negarlos.

Dice Gerda Lerner: “cuando en el proceso de lucha, y en ciertos momentos históricos, las mujeres toman conciencia de las contradicciones de su relación con la sociedad y el proceso histórico, las perciben correctamente y las denominan privaciones que ellas comparten en cuanto a que son un colectivo. Esta toma de conciencia de las mujeres se convierte en la fuerza dialéctica que las empuja a la acción a fin de cambiar su condición y entablar una nueva relación con una sociedad dominada por los varones”. Eso misma pasa con la lucha feminista de las trabajadoras sexuales.

 

Argentina. Cómo se organizaron las trabajadoras sexuales para enfrentar la crisis sanitaria y socioeconómica

 

Por Georgina Orellano y Natalia Arenas

23 de julio de 2020

Argentina – Cómo se organizaron las trabajadoras sexuales para enfrentar la crisis sanitaria y socioeconómica. [Georgina Orellano – Natalia Arenas]

 

Georgina Orellano, secretaria general nacional de la Asociación Mujeres Meretrices de la Argentina en Acción por Nuestros Derechos (Ammar), cuenta sobre las estrategias colectivas para apoyar a las mujeres más precarizadas y obviadas por el sistema de respuesta oficial.

Las trabajadoras sexuales pertenecen a uno de los sectores económicos informales que más salvajemente están padeciendo las consecuencias de la pandemia de coronavirus en Argentina. Desde el 23 de marzo, el gobierno de Alberto Fernández decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio.

Más allá de la decisión sanitario-política frente a la inexistencia de una vacuna contra la covid-19, y con base en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud con respecto a que la única manera de no contagiarse es mantener una higiene extrema y, sobre todo, aislarse, la cuarentena expuso en algunos casos y recrudeció en otros la emergencia alimentaria y habitacional de las y los trabajadores informales. “Informales” porque no están registrados (ni siquiera como monotributistas), y eso hace que carezcan de todo derecho laboral.

Las y los trabajadores informales en Argentina están en todos los rubros: desde domésticas que no son registradas por sus empleadores, plomeros, gasistas, electricistas que ejercen su oficio de manera independiente, hasta trabajadores de la construcción y vendedores ambulantes, por nombrar algunos. Las trabajadoras sexuales también pertenecen a este grupo. Pero con una contra adicional: la clandestinidad.

Si bien en Argentina la prostitución no es considerada ilegal ni está penada por el Código Penal –que sí pena el proxenetismo y la trata de personas–, existen normas que criminalizan el trabajo sexual autónomo. Como los códigos contravencionales de las provincias, que les dan poder a la Justicia (y en muchos casos, a falta de fiscales en las calles, a la Policía) para multar y arrestar a las trabajadoras sexuales en la vía pública.

Esta especie de “limbo legal” es el que permite la clandestinidad. Y, como en una rueda sin fin, la clandestinidad es la que deriva en la emergencia recrudecida hoy por la pandemia.

“Todos los meses que llevamos de cuarentena se traducen en deudas. Muchas con alquileres, hoteles de familia, que superan los 60.000 pesos”, dice Georgina Orellano, secretaria general nacional de la Ammar.

Para poner en contexto: hablamos de alquileres de habitaciones o en hoteles de familia que la mayoría de las veces se dan de manera irregular: no se firma nada, se arregla de palabra, no hay recibos, se aumenta cuando el dueño quiere y se desaloja de la misma manera. Por eso, algunas trabajadoras mantienen ahora su techo entregando objetos de valor para que no las desalojen.

En la vida legal, el presidente firmó un decreto que prohíbe los desalojos por falta de pago hasta el 30 de setiembre. Pero en la clandestinidad, todo vale.

En palabras de Orellano: “Hay algo que se queda estancado en las discusiones de los feminismos en cuanto al trabajo sexual. Muy pocas veces podemos contar cuál es nuestra realidad por ejercer un trabajo que si bien no es ilegal en nuestro país, no estamos registradas en ningún lado. Hay una mirada social estigmatizada y muchas de nosotras terminamos pagando el triple de un alquiler o directamente no nos quieren alquilar por miedo, porque creen que nuestra actividad está relacionada a algo delictivo”.

“La prostitución consentida y voluntaria existe”, dicen las trabajadoras sexuales, y la diferencian de la explotación sexual y la trata de personas. En este punto el debate se vuelve similar al de la legalización del aborto en Argentina. No sólo por las cuestiones personales y morales que se ponen en juego, sino por la intención de una parte de la sociedad de querer negar lo que ya existe.

“Creemos que no hay voluntad política para legislar un tema que está atravesado por cuestiones morales”, dice Orellano. “Lo planteamos como legislación laboral, pero tenemos que comenzar a desandar antes mil prejuicios”.

¿Es la sociedad argentina abolicionista? Para Orellano ese es, más bien, un país punitivista. “Todo lo que no quiere ver y quiere ocultar lo hace apelando a endurecer las penas, dándole más poder a la Policía y aliándose con el derecho penal”.

Las putas organizadas

Los primeros días de marzo, cuando en Argentina el coronavirus todavía se consideraba un virus asiático-europeo, en la Ammar se encendieron las alarmas. “Como estamos en contacto permanente con organizaciones europeas, nos empezaron a contar casos de compañeras a las que la situación de no poder salir a trabajar las agarró de sorpresa”, cuenta Orellano.

Entonces, desde la Ammar empezaron a pensar estrategias para tener respuestas concretas a la demanda del colectivo de trabajadores sexuales. Así fue que crearon el Fondo Nacional de Emergencia, una campaña que apeló a la solidaridad de otras organizaciones y de la sociedad en general.

Con los primeros aportes que recibieron en sus propias cuentas, por Mercado Pago o Pay Pal, compraron mercadería y armaron bolsones. Las primeras semanas había 50 compañeras anotadas para recibirlos.

Actualmente están desbordadas: la demanda que están supliendo no sólo es de alimentos, sino también de remedios, frazadas, estufas, ropa. Con o sin pandemia, las más perjudicadas siempre son las trabajadoras migrantes, travestis y trans. Según el último informe de la Red Latinoamericana de Personas Trans, 80% del colectivo trans travesti se dedica a la prostitución.

En el contexto de aislamiento social durante la pandemia, varias trabajadoras sexuales se volcaron por completo a la virtualidad y así logran sobrevivir. Pero no es el caso de la mayoría: muchas trabajadoras no tienen acceso a internet y varias más, ni siquiera celular. Esto no sólo las complica a la hora de generar dinero, sino también al momento de tramitar DNI, subsidios, pensiones. Ese acompañamiento también lo están realizando desde la Ammar, con una asistente social y un abogado que una vez por semana atienden en las sedes.

Los lugares donde viven también son un riesgo en medio de una pandemia. ¿Qué pasa si vivís en un hotel donde compartís baño y cocina con otras 60 familias? Para reducir los riesgos, las delegadas de la Ammar se organizaron para hacer también jornadas semanales de limpieza en los hoteles.

La mayoría de las demandas se concentran en la Ciudad de Buenos Aires, donde está la sede principal de la Ammar, la Casa Roja, en el barrio de Constitución, y otra en el barrio de Flores. Pero también tienen sedes en otras 12 provincias y en siete municipios de la provincia de Buenos Aires.

El registro de la discordia

A principios de junio se dio una situación insólita: el Ministerio de Desarrollo Social habilitó un formulario online de Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular. Por primera vez, aparecía la categoría “trabajadores sexuales”.

“Que día Peronista, compañeras”, tuiteó Orellano. “El Ministerio de Desarrollo Social creó el Registro Nacional de Trabajadorxs de la Economía Popular y nuestro trabajo aparece en el formulario de inscripción. Ya no debemos ocultamos ni inscribirnos con categorías engañosas”.

La noticia se viralizó y el viejo debate entre abolicionistas y regulacionistas volvió a instalarse en las redes sociales. Las regulacionistas y las que van por la despenalización y el reconocimiento de derechos (como las trabajadoras sexuales agrupadas en la Ammar) celebraron el gesto político y concreto. Las abolicionistas denunciaban que el gobierno “estaba reconociendo a la explotación sexual y/o trata de personas como trabajo”.

Para las trabajadoras sexuales el festejo por la posibilidad no sólo de recibir algún tipo de subsidio, sino de por primera vez estar registradas en un formulario estatal, duró unas horas: el escándalo que se generó en las redes y las propias internas entre funcionarias y funcionarios hizo que el ministerio bajase el formulario. Antes de que lo diera de baja, en tan sólo unas horas, se habían inscrito unas 800 trabajadoras y trabajadores sexuales.

La desprolijidad del ministerio para manejar la situación también fue tema de debate en las redes y en los medios de comunicación.

Unas días después el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, recibieron a un grupo de trabajadoras sexuales. Allí les contaron que estaban armando una comisión de trabajo especial para discutir de qué manera incluirlas en el registro. Es una comisión a la que fueron invitadas a participar.

“Nosotras aprovechamos para contarles todas las dificultades con las que nos encontramos y decirles que todas las demandas que absorbimos son demandas que le corresponde al Estado absorber y que deberíamos poder canalizar a través del ministerio”, contó Orellano.

Ese canal de diálogo que se abrió es histórico y beneficioso para las trabajadoras sexuales del país. Y ya tuvo sus primeros frutos: por ejemplo, en provincias como San Juan y Mendoza, donde nunca las habían escuchado, las llamaron a los pocos días para asistirlas. Lo mismo en el municipio de Mar del Plata, de la provincia de Buenos Aires.

 

 

 

Nace una nueva escuela de feminismo inclusivo, crítica con la Rosario Acuña

El movimiento promueve tejer alianzas con los colectivos LGTB y hace suya la defensa de los derechos de «todas las mujeres»

 

Cartel de la nueva escuela de pensamiento feminista impulsada por la Asamblea Moza d’Asturies

 

s.d.m.

30 de junio de 2020

https://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2020/06/29/nace-nueva-escuela-feminismo-inclusivo-critica-rosario-acuna/00031593451539933390806.htm

 

No surge para polemizar pero sí para confrontar. «La Escuela de Pensamiento Feminista Para Todas nace para abrir un espacio de reflexión inclusivo que siga la estela del 8-M y apueste por una cultura de debate que permita superar las lógicas de confrontación y negación de derechos de la Escuela Rosario Acuña». Así presenta la Asamblea Mozad’Asturies el programa de actividades que va a desarrollar el próximo fin de semana, durante los días 4 y 5 de julio, a través de su canal de Youtube. «En estos momentos en los que vivimos un clima de debates encarnizados por redes sociales, en los que se caricaturizan teorías y se hacen muñecos de paja, toca ser valientes, abrir un espacio de reflexión para entrar a fondo en las cuestiones y promover otra cultura del debate que nos permita construir y avanzar», explican.

Esta nueva escuela que nace en Asturias apuesta por un feminismo no identitario, que teja alianzas con la lucha LGTB y con otros colectivos y luchas sociales, desde el concepto más amplio e inclusivo posible. Se presenta como un feminismo que habla de la sexualidad también desde el placer y no solo desde el peligro y sin caer en lo que considera «nuevas normatividades sexuales», porque la idea es tener en cuenta, como compañeras, a todas las mujeres, para luchar por los derechos de todas. «No queremos negar derechos a nadie, queremos juntarnos para mejorar los de todas», argumentan sus fundadoras.

¿Dónde radica la novedad de su mensaje? La Escuela Feminista Rosario Acuña ha sido hasta ahora la referencia, pero la edición del año pasado estuvo rodeada de polémica. Xega Asturias y la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) denunciaron los «múltiples mensajes tránsfobos, especialmente contra las mujeres transexuales» lanzados y hasta exigieron una rectificación. Ambas asociaciones reclamaron al Ayuntamiento de Gijón, que financia la escuela, que garantice que «no destinará más dinero público a este tipo de actos». Para que su reivindicación llegase más gente, incluso recogieron firmas a través de la plataforma change.org.

La polémica parte, fundamentalmente, porque en la Escuela Feminista Rosario Acuña se sostiene la tesis de que conceder derechos a las mujeres transexuales pone en riesgo a lo que consideran las «auténticas mujeres». Cuestiona derechos sexuales, reproductivos y civiles de minorías sexuales. En la edición del verano pasado se realizaron declaraciones como que las mujeres transexuales son «actrices de género»

Frente a esta posición, Asamblea Mozad’Asturies promueve el «Feminismo para todas». Su cartel cuenta con ponentes de la talla de Clara Serra, Cristina Garaizabal, Miquel Missé, Paloma Uría, Georgina Orellano, Soraya Calvo, Silvia Agüero y María Rodríguez entre otras. Las ponencias serán telemáticas debido a la crisis del coronavirus, pero la intención de las organizadoras es que las siguientes ediciones sean presenciales. Anuncia que no será, por tanto, puntual sino que surge con vocación de futuro.

La Escuela Rosario Acuña 2020 empieza, precisamente, mañana, 1 de julio, bajo el título Ética y Agenda Feminista del Tiempo presente. Es decir, que ambas se desarrollarán en la misma semana. Volverá a impartir la conferencia inaugural Amelia Valcarcel, Ética feminista: cuerpos y sociedades. 

De hecho, la organización ha remitido cartas tanto a la director general de Igualdad, Nuria Varela; a la alcaldesa de Gijón, Ana González; y a la propia Valcarcel invitándolas a participar, desde la discrepancia. «Creemos que, a pesar de los profundos desacuerdos que mantenemos, es imprescindible escucharnos entre nosotras con cordialidad y voluntad de entendimiento, huyendo de las descalificaciones y burdas mofas que hemos escuchado anteriormente en conferencias financiadas por el Ayuntamiento de Xixón», señala en esa misiva que, hasta el momento, no ha encontrado respuesta.

El programa íntegro

Sábado 4 de julio

-11.45 horas. Presentación de la Escuela.

-12.00 horas. Mesa I: Debates feministas sobre la sexualidad. Con Clara Serra y Cristina Garaizabal. Modera Sara Combarros.

-16.00 horas. Mesa II: Un feminismo más allá de la identidad. Con Miquel Missé, Paloma Uría y Georgina Orellano. Modera Janni Rozada.

Domingo 5 de julio

-12.00 horas. Mesa III: Placeres y fantasías como herramientas feministas. Con Soraya Calvo y María Rodríguez. Modera Xana Ebrecht.

-14.00 horas. Feminismo no payo para todas. Con Silvia Agüero y Melissa Cicchetti.

 

Georgina Orellano: «La embajada de Estados Unidos financia abolicionistas»

Luego de que el Ministerio de Desarrollo Social diera marcha atrás con la categorización de trabajadoras sexuales dentro del Registro Nacional de la economía popular, la secretaria general de las prostitutas alerta sobre el posible vínculo local con la embajada estadounidense y la postura prohibicionista. Además, afirma que se inició un diálogo claro con el Estado.

 

Por Stephanie Peuscovich

10 de junio de 2020

https://marieclaire.perfil.com/noticias/sociedad/georgina-orellano-ammar-formulario-vera-freijo-abolicionistas-ammar.phtml

 

Georgina Orellano

 

El viernes pasado el Ministerio de Desarrollo Social incluyó la categoría trabajadora y trabajador sexual dentro del flamante Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (ReNaTEP).

De esta manera el Estado reconocía por primera vez a la prostitución como un trabajo. Pero 48 horas después ese registro dejó de estar disponible en la web.

Georgina Orellano, secretaria general de AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina) y militante activa por la regulación del trabajo sexual, comenzó a evidenciar la fuerza que habían realizado abolicionistas de distintos ámbitos, que incluyó desde feministas hasta ex legisladores, que coparon las redes bajo la consigna trabajo sexual no es trabajo.

Luego del pedido de esos sectores por no reconocer a las y los trabajadores sexuales como tales el formulario se bajó del registro. Cabe aclarar dicho registro dejó de funcionar por completo y no solo para las personas que ejercen la prostitución.

Horas antes 670 trabajadoras sexuales se habían inscripto y celebraban un hecho histórico.

¿Cómo continúa la situación respecto a la baja del formulario?, ¿Qué pasa con las trabajadoras que ya se inscribieron?

La respuesta oficial del Ministerio de Desarrollo Social es que frente a todo el debate y las distintas opiniones que se generaron con respecto a las categorías que se incluyeron en ese registro del ReNaTEP van a habilitar una mesa de diálogo compuesta por cinco Ministerios y Organizaciones Sociales para poder generar un consenso. Entonces el registro queda en stand by hasta que se habilite esta mesa de diálogo y se comience a trabajar en la inclusión o no de ciertas categorías.

Desde la organización nosotras contabilizamos que hasta las 19 horas del día domingo se registraron 760 trabajadoras sexuales. La gran mayoría guardó la respuesta del Registro, muchas sacaron capturas de pantalla una vez registradas. Porque para muchas era muy emocionante y sorprendente encontrarse con la categoría trabajadora, trabajador sexual. Entonces nosotras estamos recolectando todo eso y analizando qué otra acción e iniciativa podemos llevar adelante desde el área legal de la organización.

¿Qué acciones?

Es todo tan reciente y está todo tan tensionado que decir exactamente qué vamos a hacer es muy difícil. Porque actualmente se generó un canal de diálogo con el Estado. Y nosotras apelamos a seguir teniéndolo y a que esto se resuelva de la mejor manera posible. Dialogando con todos los sectores pero con nosotras sentadas en esa mesa.

Para nosotras es impensado que se abra un canal de diálogo con el Estado en donde se dispute la categoría de trabajo sexual. El peor escenario era quedarnos con el tweet y lo que ocurrió en las redes sociales.

Pero hoy la discusión pasa por una cuestión de que nos reconozcan. Estamos en otro lugar y otro escenario y lo celebramos. Al final se discute si nosotras podemos ser trabajadoras o si tenemos que estar registradas. Ya no se discute en relación a la trata de personas o explotación. Sino que se discute un registro de trabajo informal.

Georgina Orellano es la secretaria general de AMMAR

¿Osea que a pesar de que el formulario se bajó, el hecho fue positivo porque desde el propio Estado se inició el debate? 

Totalmente.

Respecto al lobby abolicionista que se hizo sentir muy fuerte en las redes sociales, ¿por qué crees que es tan fuerte la representación de la no regulación del trabajo sexual en el país?

Me parece que quedaron totalmente reflejadas las alianzas que tiene el abolicionismo que no solamente están dentro del feminismo sino también dentro de la iglesia y el Estado, con una perspectiva arcaica y también anticlerical.

Y esta visibilidad nos da la razón. Siempre dijimos que el abolicionismo tiene alianzas con otros sectores que no vienen del lado del feminismo. Incluso la embajada de Estados Unidos financia organizaciones con perspectivas abolicionistas para que incidan en el Estado nacional y se penalicen todas las formas de trabajo sexual.

Hasta ahora que quedó claro con este funcionario que está al frente del comité de lucha contrata la trata de personas que celebra que todos los trabajadores informales estemos en la clandestinidad.

Cuando en realidad él debería celebrar el registro: que es una herramienta para luchar contra la explotación laboral, la trata de personas y la servidumbre. Entonces nos parece muy fuerte que haya personas celebrando la clandestinidad. Porque eso muestra una posición muy antiderechos y de derecha.

¿Por qué crees que Estados Unidos financia la postura abolicionista?

En Estados Unidos la perspectiva del trabajo sexual es prohibicionista. No solo financia a la Argentina en este sentido sino que también lo hace con un montón de otros países. Y de hecho es el único país que saca informes de manera anual para puntuar al resto de las naciones que recibieron financiamiento desde las Embajadas estadounidenses.

Argentina recibió una calificación y han entregado a premios a algunas referentes abolicionistas en su lucha contra la prostitución y contra la trata. Todo eso es visible. Lo conocemos quienes estamos en el tema pero hoy lo puede saber otro tipo de personas. Estas alianzas siempre existieron.

 

Día de la Trabajadora Sexual: “Las putas estamos cansadas de llenar los índices de pobreza de nuestro país”

Repasamos una entrevista con Georgina Orellano, secretaria General de Ammar, en la que da cuenta de la situación de trabajadoras y trabajadores sexuales durante la pandemia de coronavirus y la asistencia que dan a 5 mil personas en todo el país, 400 de ellas en Rosario.

 

Por Arlen Buchara

1 de junio de 2020

“Las putas estamos cansadas de llenar los índices de pobreza de nuestro país”

 

 

El 2 de junio de 1975 más de 100 prostitutas francesas tomaron la iglesia Saint-Nizier en la ciudad de Lyon y se declararon en huelga. La medida de fuerza llegaba para visibilizar la violencia y la situación en la que estaban las trabajadoras sexuales. En la década del 70 en Francia la vigilancia sobre esta actividad había crecido a tal punto que las represalias de la Policía obligaban a las mujeres a ejercer en secreto, lo que hacía que fueran un blanco fácil de violencia. La decisión de la toma llegó después de dos asesinatos y de la falta de voluntad del gobierno de generar políticas públicas que regularan la actividad. Dicen que hasta Simone de Beauvoir pasó por la iglesia de Lyon a solidarizarse con las putas. Después de 8 días de huelga la iglesia fue allanada por la Policía, que reprimió a las manifestantes. Desde entonces, el 2 de junio quedó instalado en el calendario feminista como el Día Internacional de la Trabajadora Sexual, por considerar que la fecha fue uno de los puntos de partida del movimiento por los derechos de las trabajadoras sexuales.

En Argentina la lucha de las trabajadoras y trabajadores sexuales tomó forma en el sindicato Ammar, que desde hace más de 25 años integra la CTA y que en la última década entró de lleno en el movimiento feminista. La llegada a los feminismos no fue fácil y sigue siendo un tema que divide aguas entre quienes apoyan la despenalización del trabajo sexual y quienes dicen que debe ser abolido porque no es un trabajo. A principios de febrero, el tema “Puta” de Jimena Barón abrió este debate no saldado. Desde algunos sectores del feminismo, criticaron las acciones que llevaba adelante Ammar y tildaron a sus integrantes de proxenetas. Desde el gremio repetían que la discusión no era trabajo sexual sí o trabajo sexual no, sino que se trataba, como en el aborto, de dar derechos a quienes lo ejercen y alternativas a quienes no quieren hacerlo.

En ese momento, nadie imaginaba que un mes y medio más tarde un virus llegaría al mundo y a la Argentina para poner en evidencia la fragilidad de las economías informales. Es que sin ningún derecho laboral, la crisis del covid-19 llegó para poner en evidencia la precaria situación de trabajadoras y trabajadores sexuales que viven del día a día. Las putas tuvieron que dejar de trabajar sin poder generar ingresos para pagar comida, alquileres, servicios y cualquier gasto. Por esta crítica situación, Ammar, desbordó de demandas: hambre, desalojos en hoteles y viviendas con condiciones insalubres, falta de insumos de salud y de elementos de higiene básicos, hijas e hijas que no pueden alimentar, violencia institucional acrecentada.

A fines de abril, El Ciudadano publicó un informe sobre la situación de trabajadoras y trabajadores sexuales en el contexto de la pandemia del coronavirus en el que Georgina Orellano, secretaria general de Ammar y referente feminista, explicó cómo hacían frente a la crisis sin derechos laborales. Para dar contención, la organización sindical creó un fondo propio de emergencia a través de una colecta de dinero, alimentos e insumos. En total, 5 mil personas que ejercen la prostitución reciben algún tipo de ayuda alimentaria, sanitaria o económica del gremio en contextos de pandemia. En Rosario, la filial local ayuda a 400 mujeres, varones, trans y travestis de distintos barrios de la ciudad.

 “Las putas estamos cansadas de llenar los índices de pobreza”

Apenas comenzó la expansión de la pandemia de Covid-19 en Europa, desde Ammar hablaron con sindicalistas de Italia, España y Francia para ver cómo afrontaban la crisis económica. “Las compañeras nos contaron la precarización a la que estaban expuestas, la violencia, la desesperación de muchas que estaban imposibilitadas de regresar a sus hogares, quedando encerradas y teniendo que vivir en cabarets, whiskerías, la casa de cita o clubes. Además, nos decían que las medidas sociales llevadas adelante por los gobiernos de la Unión Europea dejaban por fuera a las trabajadoras sexuales. En España se implementó una política pero que revictimiza a las compañeras y elimina la identidad como trabajadora sexual dándole poder de tutelaje a miradas asistencialistas, abolicionistas y punitivas sobre nuestro trabajo”, explicó Georgina Orellano.

Con ese panorama en mente, desde el sindicato decidieron adelantarse y buscar la forma de generar fondos propios para afrontar la crisis. Lanzaron el Fondo de Emergencia para Trabajadorxs Sexuales, una colecta a nivel nacional de alimentos, de insumos de salud e higiene y de dinero, que cualquier persona puede depositar en la cuenta del sindicato. Con esos fondos hoy están ayudando trabajadoras y trabajadores sexuales en todo el país. No dan abasto. Todos los días reciben llamados y mensajes de distintos lugares del país, muchos de los cuáles no tienen presencia sindical. “Un grupo de 50 trabajadoras sexuales se comunicó con nosotras porque la estaban pasando muy mal, no tenían para comer literalmente”, dijo Georgina Orellano a modo de ejemplo.

Además de la colecta, desde Ammar hacen acompañamiento ante violencia institucional, dan asesoría legal, jurídica y gratuita, y facilitan el acceso a subsidios habitacionales. Trabajan con el Inadi y con la Defensoría LGBT para impedir desalojos en hoteles porque muchos dueños y dueñas dicen desconocer que están abarcados por el decreto que suspende desalojos hasta el 30 de septiembre y muchas trabajadoras sexuales tampoco saben su alcance.

“La actual emergencia sanitaria que atravesamos a nivel mundial ha afectado enormemente a nuestro colectivo, dejando en evidencia más que nunca nuestra precarización laboral. Nos ha arrojado una realidad que queda mucho más en evidencia en este contexto de emergencia sanitaria, pero que nosotras ya sabíamos que era la situación que atraviesan nuestras compañeras por no tener un reconocimiento laboral a nuestro trabajo y por la clandestinidad del mismo. El 90 por ciento de quienes ejercemos el trabajo sexual sólo tenemos el ingreso que generamos a partir del día a día. Frente a la imposibilidad de trabajar nos enfrentamos a una precarización de nuestras vidas, nos endeudamos días, semanas y meses por los pagos de alquileres, ya sea en hoteles de familia o de las casas que sostenemos. Además, al ser informales, los alquileres nos cuestan tres veces más que a cualquier persona cuyo trabajo esté aceptado socialmente y no esté atravesado por la criminalización, el estigma y la discriminación”, explicó.

La líder sindical agregó que es particularmente crítica la situación de trabajadoras sexuales trans, travestis y migrantes: “Muchas vieron interrumpidos sus tratamientos hormonales ya que la asistencia sanitaria tiene prioridad para Covid-19. Hay un montón que necesitan acompañamiento psicológico y una respuesta ante el no acceso a su medicación, y las expone a mayor vulnerabilidad de sus derechos. También hay muchas sin documentación, que hace que sean un blanco de la Policía”.

La violencia institucional es otro de los problemas que desde el gremio vienen registrando, con un aumento y recrudecimiento de los abusos por parte de las fuerzas de seguridad. También, explica Georgina Orellano, notan un crecimiento del estigma por parte de vecinos y vecinas: “Creemos que no es esa la respuesta que tiene que llevar adelante el Estado para paliar el hambre y la incertidumbre. Nuestras compañeras han denunciado situaciones de violencia institucional cuando se dirigían a hacer filas a los comedores, en el pago fácil, para comprar barbijo o alcohol en gel o para entrar al supermercado. La mayoría son compañeras del colectivo travesti-trans migrante, que justamente son señaladas en este contexto de pánico sanitario como personas peligrosas. Nosotras ya cargábamos con un estigma, asociadas siempre a delitos criminales. En esta mirada sanitarista que está teniendo la sociedad, volvemos a ser objeto de persecución por la mirada social y por la respuesta de las fuerzas de seguridad. Hay denuncias de vecinos y vecinas que al ver a una compañera trans caminando por la calle la denuncian por incumplir la cuarentena en vez de preguntarle si necesita algo, si tiene para comer. Apelan siempre a un sistema punitivo como respuesta a todo y ese sistema se ha reforzado en este contexto”.

Para la secretaria general de Ammar, la garantía de la salud requiere de recursos económicos: “Nos preocupa la profundización de la crisis económica. Para quienes venimos de los sectores populares es una cuestión de salud vivir en una vivienda digna, tener un techo donde pasar una cuarentena en condiciones no insalubres. También es una cuestión de salud tener dinero para poder comprar un jabón, alcohol en gel y barbijo. También es salud poder garantizarle a nuestros hijos e hijas al menos un plato de comida al día. Nos preocupa mucho qué va a pasar después del levantamiento de la cuarentena. El objetivo de nuestra organización es que quedemos lo más desendeudadas posibles y no más precarizadas de lo que ya estamos y de lo que ya somos. Estamos cansadas de ser nosotras las que llenemos el índice de pobreza de nuestro país, cuando los ricos van a seguir siendo ricos y los pobres vamos a ser más pobres, con condiciones de insalubridad, precariedad, viviendas hacinadas, y en contextos donde se recrudece aún más la violencia institucional”.

 Sandra Cabrera y el sindicalismo en Rosario

En los 2000, Sandra Cabrera era la secretaria general de Ammar Rosario. Fue quien propuso por primera vez el taller “mujeres y trabajo sexual” en la comisión organizadora del Encuentro Nacional de Mujeres de 2003, que se hizo en Rosario. Hasta ese momento, todas las ediciones habían evitado hablar de prostitución en esos términos y los talleres existentes seguían una tradición abolicionista. Cuando ella hizo la propuesta, la comisión organizadora la apoyó. El taller se hizo ese año y no pudo volver a replicarse en ninguna de las ediciones siguientes por la oposición del sector abolicionista. Recién en 2016, cuando el ENM volvió a desembarcar en Rosario, el taller de “mujeres y trabajo sexual” se reeditó de la mano de la nueva conducción de Ammar.

Sandra fue asesinada el 27 de enero de 2004. Le dispararon por la espalda en la nuca frente a una casa de Iriondo al 600, a dos cuadras de la Terminal de Ómnibus, la zona en la que trabajaba. Había denunciado a la Policía por la complicidad en el crimen organizado y la explotación sexual de niñas y adolescentes. La habían amenazado con matarla a ella y a su hija Macarena, que en ese entonces tenía 8 años. El único imputado en el homicidio fue Diego Víctor Parvluczyk, ex subjefe de Drogas de la Policía Federal en Rosario. Era también el último vínculo afectivo de Sandra. Lo absolvieron por falta de pruebas y en 2007 quedó sobreseído a pesar de los testimonios de las trabajadoras sexuales que lo incriminaban. En el documental de Lucrecia Mastrángelo que relata la historia de Sandra Cabrera el abogado defensor de Parvluczyk reconoció que esos testimonios se habían desestimado porque eran de las putas y a las putas no se les creía.

Después del femicidio fue difícil sostener el gremio. Las trabajadoras sexuales tenían miedo de acercarse y participar porque no querían correr con la misma suerte. Igualmente, durante casi 10 años el grupo que quedó de la comisión directiva se juntaba y hacía recorridas. En abril de 2010 sus integrantes sintieron que llegaba un poco de recompensa cuando celebraron desde los balcones de la Legislatura de Santa Fe la derogación de los artículos del Código de Faltas que permitían llevarlas detenidas por ejercer en la calle. Para 2012 el gremio se había desintegrado. Recién en 2019 y después de varios intentos de reorganización volvió a funcionar con una nueva conducción, que surgió de la unión de integrantes de la vieja camada con las más jóvenes.

Hoy Ammar Rosario funciona en La Toma (Tucumán al 1300). Durante la pandemia da asistencia a más de 400 trabajadores y trabajadoras sexuales. Lo hace en un trabajo conjunto con amplios sectores del movimiento feminista y del colectivo travesti y trans de Rosario. La colaboración mutua entre todas estas diversidades da cuenta de la construcción transversal e inclusiva que es característica de los feminismos de Rosario.

 

Las putas a la intemperie

  • Trabajadoras sexuales en el aislamiento tienen interrumpida su fuente de trabajo 
  • La precarización de las vidas de trabajadoras sexuales en el marco de las medidas tomadas por el gobierno motivó el reclamo desde varios sectores por sus derechos. 

 

Por Sonia Tessa

18 de marzo de 2020

https://www.pagina12.com.ar/253823-las-putas-a-la-intemperie

 

“Trabajo Sexual es Trabajo”, dicen las trabajadoras de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) para recordar que el reconocimiento de derechos puede hacer la diferencia entre sobrevivir o no. La organización envió una carta a Alberto Fernández en la que expresan que “lamentablemente dejar de trabajar para nosotras no es una opción, nuestra economía informal se genera día a día, de la cual depende todo nuestro entorno familiar; el 86 por ciento somos madres y jefas de hogar. Suspender nuestra actividad implicaría dejar de pagar el alquiler, no podríamos darle de comer a nuestros hijos ni acceder a medicación entre tantas cosas”. También le escribió al presidente Violeta Ríos Alegre, para alertar sobre la extrema vulnerabilidad de la población travesti trans.

“Desde sábado no paran de llegarnos mensajes de compañeras en las redes sociales o en los celulares contándonos la alarmante situación. Hay compañeras que no pueden trabajar, porque están entre la población de riesgo y muchas de ellas son sostén de familia”, contó Georgina Orellano, quien apeló al Secretario de la Economía Popular, Emilio Pérsico, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En articulación con la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, AMMAR obtuvo el salario social complementario para 60 mujeres, y hay otras 70 en lista de espera. “En este momento de emergencia, quisiéramos que la mayor cantidad de trabajadoras sexuales puedan acceder a esta prestación”, dijo Orellano. También pidieron una reunión con la ministra de Mujeres, Igualdad y Género, Elizabeth Gómez Alcorta, que prometió recibirlas en los próximos días.

En las recorridas que realizan desde AMMAR, encontraron que “muchas están viendo de modificar cómo realizan el trabajo sexual, algunas que laburan en redes sociales o en su departamento pueden tomar más precauciones. Nos preocupan las compañeras que trabajan en la calle, que no cuentan con un baño para lavarse las manos, no pueden ventilar sus viviendas porque son muy precarias, que tienen que compartir el baño y la cocina con otras personas, porque muchas viven en hoteles de familia”, agregó.

Por eso, decidieron escribirle al presidente para que “el gobierno implemente políticas públicas que contemplen a nuestro sector”. La cuenta bancaria es la 191-001-086085/2, a nombre de la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas, CUIT 30-71022166-5 y CBU 1910001855000108608528.

También Violeta Ríos Alegre envió una carta al presidente a través de redes sociales. En Instagram, en un solo día, recibió casi mil me gusta y cientos de comentarios apelando al presidente. “Si bien nos encontramos en una coyuntura que nos da esperanzas para el avance de nuestros derechos, somos conscientes también que el cambio social llevará tiempo. Por ese motivo, la falta de acceso a Derechos Humanos fundamentales como el trabajo, la educación, la vivienda y la salud continúan siendo una realidad alarmante para nuestra población. Casi el 90 por ciento de nuestra comunidad encuentra como único sustento la prostitución”, dice el texto y agrega que “el soporte para nuestra alimentación y vivienda requiere obligadamente el contacto con otras personas, fundamentalmente en el intercambio de servicios sexuales. En esta particular coyuntura, la demanda no ha disminuido, lo que pone en riesgo tanto a quienes contratan esos servicios (que mayormente tienen familias) y a nosotras que desconocemos el origen de esas personas, pero que no tenemos más alternativas para garantizar nuestra supervivencia”. Pide que “por favor garantice la alimentación y la vivienda a través de un subsidio de emergencia para nuestra población”.

En Córdoba, la organización autónoma AMMAR Córdoba apela a la comunidad, mientras clama por respuestas estatales. En su sede brindan distintos servicios. “Es muy tremendo lo que está pasando, desolador. Tuvimos que cambiar los horarios, suspender actividades y tenemos que garantizar sí o sí la comida para los más peques. Estamos con la colecta, hemos recibido algunas donaciones de mercadería de particulares, pero realmente es poco”, contó Eugenia Aravena, referente de AMMAR Córdoba. “Esta situación de pandemia ha generado psicosis, no hay clientes, no hay trabajo y es desesperante. Hay compañeras que tienen que pagar la pieza por día, que tienen hijes, y no están teniendo ingresos. Hay desesperación y la precariedad es absoluta”, dijo la dirigente. La cuenta para donaciones de Ammar Córdoba es CBU 1410929455042900521764 del Banco Credicoop.

 

AMMAR: proyecto para legalizar el trabajo sexual en el país

ADN  NacionalesÚltimas Noticias

18 de febrero de 2020

AMMAR: proyecto para legalizar el trabajo sexual en el país

 

(ADN).- La Asociación Meretrices de la Argentina en Acción por Nuestros Derechos (AMMAR) anunció que llevará adelante un proyecto de ley para la legalización del trabajo sexual, y pidió al Estado la implementación de “políticas públicas y alternativas laborales para aquellas personas que quieran otra opción”.

“No vamos a retroceder los 25 años que llevamos de organización sindical”, sostuvo la secretaria General Nacional de AMMAR, Georgina Orellano, en una conferencia de prensa. Adelantó también que pedirán la “reforma de la Ley de Trata que criminaliza a muchas compañeras por el solo hecho de organizarse”.

Orellano afirmó que AMMAR “es parte de un movimiento obrero” y acusó a los que estigmatizan y generan una “criminalización hacia la única herramienta que es la sindical, que como trabajadores y trabajadoras supimos construir”.

“La única salida es colectiva, sindical y política” sostuvo, y agregó que “el Estado no debe mirar para otro lado”.

La secretaria de AMMAR informó que “en el próximo mes haremos un plenario para acelerar el proceso de discusión en el Congreso Nacional para la despenalización social del trabajo sexual y en un marco más legislativo para seguir trabajando en mejores condiciones laborales”.

“En una o dos semanas más no se hablará más de nuestra vida, no han mejorado las condiciones laborales ni le han salvado la vida a nadie”, afirmó Orellano en referencia a la repercusión mediática que tuvo la viralización de la campaña de publicidad que realizó la actriz y cantante Jimena Barón para promocionar su nuevo tema denominado “Puta”, en la se la podía ver posando al lado de un afiche con la estética que utilizan las redes de prostitución.

“Nos solidarizamos con Jimena Barón y que nunca más se hostigue a nadie que quiera levantar la bandera de los derechos a decidir sobre nuestros propios cuerpos”, finalizó Orellano.

 

El pánico moral

 

Por Marta Dillon

9 de febrero de 2020

https://www.pagina12.com.ar/246492-el-panico-moral

 

 

Cuando era adolescente y mi padre suponía que estaba a punto de iniciar —o en riesgo de— mi vida sexual con otras personas —varones, por supuesto—, él tomó coraje y tuvo conmigo “la charla”. No fue una conversación de profilaxis, no existía aun el sida y ni siquiera se animó a hablar de anticoncepción. Lo que él quería transmitirme era una postura ética. Me dijo que no estaba mal tener relaciones pre matrimoniales, siempre que después hubiera matrimonio. Yo estaba acostada, él sentado en el borde de la cama, cuando terminó su frase célebre lo miré azorada. No sabía si reír o abrazarlo, me estaba autorizando a coger aunque a los 16 ya estaba en eso con una buena dosis de culpa. Lo del matrimonio me había parecido una ingenuidad propia de vacas y asnos dando calor a un bebé que cayó del cielo a un pesebre y se parió sin dolor, no como los de las mortales, como en el cuento de Navidad. Le dí un beso y tomé el atajo, que él creyera que cada vez elegía al hombre de mi vida, con el que iba a tener hijos —así era todo entonces, universal masculino— y al que iba a amar hasta que la muerte nos separe. Ya se iba a olvidar.

A la vez, en la escuela que mi padre había elegido para mí, me hablaban de mi cuerpo como un templo, expropiado desde el vamos, el templo es la casa de dios, sea quién fuere, yo era apenas una portera, la guardiana del ocupa a cargo de la vigilancia de las entradas al recinto, violadas una y otra vez en mis exploraciones a solas o con novies mientras espantaba la culpa como a moscas o las entregaba en confesión antes de volver a acumularlas. Nada más feo que quedarse callada en el confesionario; algo siempre hay que entregar.

De estos relatos entrelazados, mi medio hermana —y lo digo así porque el vínculo no se sostuvo en la edad adulta— había sacado una conclusión: si te tocaban las tetas y no gozabas, no era pecado. Lo mismo valía para otras partes. Si no sentías, estabas incolumne, el problema en todo caso no eran los manoseos en la entrada del templo sino mantener impoluto el interior.

Estos relatos ahora delirantes volvieron en cascada en estos días en que el pánico moral a la sexualidad llenó de imágenes de terror las pantallas y los teclados. El sexo es sagrado y si no lo sacralizas te van a pasar cosas horribles, vas a tener traumas peores que los de los veteranos de guerra, de ese afiche, Jimena Barón, te vas a arrepentir toda tu vida —leánse los tuits enfurecidos de @aguirrecaro, guionista de Polka—. El cuerpo, parece, o sus orificios privilegiados para el goce, siguen siendo sagrados y hay gente que se queda desvelada pensando en una figura por lo menos extraña como la de la “violación consentida” —¿eh?— y escucha una y otra vez testimonios crudos como los de Sonia Sánchez, sobreviviente de la prostitución, según su propia manera de definirse, para abrir sus ojos celestes y mojados a los videos de Instagram para insistir en que la prostitución es la “peor de las violencias” contra las mujeres, es donde “se funda el patriarcado” —veáse la cuenta de Instagram de María Florencia Freijo @florfreijo— dejando caer por el túnel de su pánico moral a nuestros cuerpos como fábricas de bebés para nosotras o para otras o para las fábricas, los trabajos precarizados y los ejércitos, olvidando cuanta caca lavamos, cuantos siglos pasamos ofreciendo sexo gratis porque es la prerrogativa del marido —qué alegría haber tomado siempre la carrera del desvío—, qué poco se nos paga si limpiamos la caca ajena. “¿A ver, a ustedes les gustaría que en la orientación vocacional les dijeran a sus hijas si prefieren ser carpinteras, abogadas o putas?”, dice Freijo. ¿Y si en vez de putas les ofrecemos, carpinteras, abogadas o limpiadoras por casi nada de la caca ajena? Ni una cosa es peor que la otra, ambas son expresiones de la división sexual del trabajo; estaría bien gestionar eso y dejarnos de horrorizar porque hay transacciones comerciales por sexo. También hay transacciones comerciales por masajes, que a veces pueden calentarte incluso, porque es lindo y no está mal, y te dejás tocar desnuda, pero claro, no se meten por la puerta del templo y todo bien. Aunque a veces sobre la puerta del templo te pongan la cera caliente y salgas chocha con la depilación completa, pero bueno, ahí sufriste y eso lava todas las culpas ¿O no?

Porque sufrir es la que vale, ahí, como dice una amiga, sí te creo hermana. Si la pasaste mal, te creo hermana. Si te gusta vivir del trabajo sexual, no te creo, no sabes lo que te pasa, sos una boluda con síndrome de Estocolmo por esa serie de secuestradores dominadores que te alquilan para mearte en la cara. Ah, ¿no les permitís eso? ¿y cómo vas a impedirlo débil mujercita? Y si no sos débil, si sos tan brava ¿no será que sos el enemigo? ¡Proxeneta! Como le dijeron a Georgina Orellano, presidenta de AMMAR Nacional, en la escena de máxima crueldad posible, con amenazas de muerte incluidas y pedidos de que muestre su prontuario públicamente, cosa que hizo; qué papelón para todos los feminismos haber generado esa escena.

Ni Una Menos y el proceso de los últimos años que viene sembrándose de manera sostenida desde la vuelta de la democracia, colectivo, diverso, contestatario, rebelde, plurinacional, interseccional, definitivamente alejado del biologicismo nos permitió a todas, a todes, salir del lugar de la pura víctima, hacer de los feminismos un lugar de goce, ese al que nos empuja el deseo. No estamos indefensas, somos un montón. Aprendimos a nombrarnos y a nombrar en voz alta todas las violencias que ya no están naturalizadas; también aprendimos a cuestionar las maneras de nombrar, de denunciar y de hacer una Justicia Feminista porque los estrados ahora se están cayendo tanto como le damos mazazos al patriarcado (y sí, están leyendo otra vez esa palabra) y sólo en muy pocos casos podemos tener la confianza de que una causa Será Justicia.

Pero este rezumar de violencia como líquidos de pozo ciego, esa pasión por definir quién, cómo y cuánto es feminista en coro enardecido y con sed de sangre, destilando babas de insultos sobre los teclados que lograrán acumular tuits hasta que un nombre llegue al lugar del sacrificio o a la lista de los trending topics (de lo que todos hablan en el ágora de los nosecuántos caracteres) que rápidamente pasará de allí a la picota de las radios y los portales de noticias. Ese mecanismo y su belicosidad dan cuenta de un deseo de exterminio que no cesa, que es pánico moral porque se vuela el techo de lo que creíamos casa y no sabemos cómo nos cobijaremos. Y es, aquí y ahora, pánico moral frente al poder erótico del que hablaba Audrey Lorde, de ese vendaval que te convierte en guerrillerx y constructorx de mundos otros, sin tanto pensar en orificios y mecánicas, fricción y encastre sino en la potencia del deseo que empuja y busca aquello que todavía no sabe de sí, esa jugosa fruta de la sabiduría.