La indefensión de las prostitutas

Por Ninfa

 

19 de Mayo de 2017 (19:04 h.)

 

 

http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/indefension-prostitutas/20170519175159140006.html

 

 

Soy trabajadora del sexo. Desde hace algunos años contacto con mis clientes en la calle. Empecé en esta actividad allá por el año 1997, en los tiempos en que la Casa de Campo de Madrid estaba abierta a todas horas al público. En aquellos tiempos, recuerdo, trabajábamos sin más problemas que los que se pudieran presentar en la cotidianidad: que si la lluvia, que si el cliente borracho, que si el maleducado… La Policía estaba continuamente pidiendo la documentación y no todas tenían “los papeles en regla”, eran frecuentes las redadas en busca de “sin papeles”.

Las trabajadoras del sexo captábamos a la clientela al pie de la vía y los servicios los realizábamos, como norma general, en los propios vehículos, cerca de donde nos ubicábamos. Después, poco a poco, nos lo pusieron más difícil. Primero colocaron vallas de maderas. Las autoridades explicaron que se trataba de “barreras protectoras”. La consecuencia fue que los coches ya no podían parar al lado de la vía. Nos trasladamos entonces a las zonas de parking, a un lugar más alejado. Pero las vías fueron cerrándose poco a poco. Cada vez contábamos con menos espacio para trabajar y lo hacíamos en lugares menos seguros, menos transitados.

Las incursiones policiales se acrecentaron. Actuaban conjuntamente la Policía Municipal y la Policía Nacional, concretamente de migración. Sufrimos cortes de tráfico y desvíos caprichosos de la circulación, calles cortadas a determinadas horas, redadas a las mujeres que se encontraban en “situación irregular”, insistentes controles de alcoholemia a los clientes, multas de tráfico injustificadas a horas intempestivas, etc. Es decir, poco a poco, las autoridades consiguieron poner en marcha la “diáspora” de prostitutas por Madrid. Tuvimos que desplazarnos a otros lugares como por ejemplo Capitán Haya y Paseo de la Castellana, Pintor Rosales y Parque del Oeste, Polígono de Villaverde (conocido también como Polígono Marconi), Montera y zona centro. Sitios, como éste último, que contaban con los inconvenientes consabidos: enfrentamientos y discrepancias con el vecindario, comerciantes, etc. Por si fuera poco, se colocaron cámaras en la vía pública que ahuyentaron a nuestros clientes. Las prostitutas nos vimos obligadas a demandar nuestras reivindicaciones ante el consistorio municipal y nos manifestamos exigiendo nuestros derechos en la calle de la Montera, en la zona centro de Madrid.

Particularmente, decidí desplazarme a trabajar hasta la localidad de Torrejón de Ardoz (Madrid) y estuve en sus inmediaciones cerca de 3 años. El inicio de obras de acceso a Torrejón, en la parte Este, me obligó a trasladarme al polígono conocido como Electrolux de Alcalá de Henares, donde se ejercía desde años antes. Poco duró la calma. El Ayuntamiento alcalaíno, liderado por el Partido Popular en aquel entonces, preparó una ordenanza municipal y entre sus puntos había uno que asestaba un golpe duro a la prostitución callejera y que contemplaba la prohibición de “ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o indirectamente de servicios sexuales retribuidos en el espacio público de la ciudad de Alcalá de Henares, en todo su término municipal.”  Las sanciones van de 300 a 3.000 euros de multa tanto para los clientes como para las trabajadoras del sexo. Esta ordenanza municipal, que entró en vigor en diciembre de 2010, desembocó en hostigamiento, persecución y acoso permanentes hacia nosotras. Ni siquiera podemos subirnos a un coche, a veces ni al propio. Desde entonces estamos penalizadas por ser prostitutas, independientemente de si estamos ejerciendo en ese momento o no.

La normativa trajo como consecuencia una mayor precarización:  A partir de ahí, al no contar con tiempo y tranquilidad para negociar los servicios, debemos apurar los acuerdos, desplazarnos más lejos para realizar los servicios sexuales acordados (con el consabido peligro que eso conlleva), estar pendientes de nuestros móviles porque, entre nosotras, nos alertamos mediante llamadas perdidas de la presencia policial.

Por las condiciones geográficas, no podemos subir a un coche ni para ir a tomar algo a las cafeterías próximas a la zona (cosa muy común) porque los efectivos policiales dan por sentado que vamos a dar un servicio. De nada sirve pararse a explicarles nada. Las multas van tanto para el conductor como para nosotras. Estamos absolutamente estigmatizadas por ejercer nuestro oficio. El Colectivo Hetaira ha sido testigo en directo, a veces, y vía telefónica, otras, de estas experiencias. Hubo una ocasión, en que por el solo hecho de encontrarme dentro de mí vehículo aparcado en el lugar, matando el tiempo de aburrimiento y jugando con mi dispositivo móvil, fui multada. Además nos influye mucho la intimidación que sufren los clientes; nos sentimos impotentes e indefensas.

 

La ley mordaza

Algunas compañeras, debido a la presión, cambiamos de lugar de trabajo. Decidí trasladarme al polígono de Villaverde, pero allí también se estaba preparando una normativa municipal similar a la de Alcalá de Henares que no llegó a aplicarse porque el Gobierno del Partido Popular aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza, que penaliza tanto a clientes como a trabajadoras del sexo. Dicha ley, que entró en vigor el 1 de julio de 2015, ha venido acompañada de consecuencias terribles: más estigmatización para nosotras, más hostigamientos, más actas de denuncias constantes por cualquier cosa: por pararnos aquí, por pararnos allá, por nuestras vestimentas (da igual cómo vistas, cualquier escote, falda, pantalón corto, largo o ceñido al cuerpo, blusa, vestido). Todo vale y justifica su denuncia impuesta, tanto si vas vestida como si no, si te encuentra en la acera como si no, si estás hablando, si vas en coche con alguien, si estás esperando el bus para marcharte, si estás parada o si estás en sitios estratégicos de la zona realizando servicios. Nosotras, las prostitutas somos juzgadas, en ocasiones, por la policía, juzgadas como “males madres”. Pueden soltarte tranquilamente la dichosa frase de “¿qué dirán tus hijos?”, porque la carga moral está presente en el momento que extienden la denuncia. Aquí no se salva nadie, ni el señor que vende los preservativos, ni el señor al que compramos los bocadillos, ni el cunda que nos hace de taxi. Todos son calificados de “puteros”, tratados como “criminales”… Y nosotras, vapuleadas, y nuestros datos personales utilizados para rellenar las denuncias hechas contra nuestros clientes o contra las personas que tratan de buscarse la vida en el polígono vendiendo bocadillos.

 

Reacción

Con esta ley en ejecución las putas llegamos a comprender lúcidamente que siempre se ha perseguido la prostitución, que se ha utilizado la ley de migración como excusa para perseguirnos y expulsarnos del país. Ahora ya hay un instrumento a nivel estatal. Días antes de la entrada en vigor de la ley mordaza, algunos policías de migración, concretamente del Grupo XI, nos lo advertían de manera pletórica y triunfal: “la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana acabaría con nuestra actividad”. Y se cumplió lo que nos habían prometido: las denuncias impuestas contra nosotras, las monsergas y reproches -casi peores‒ que acompañaban a las mismas.

En esta difícil situación –con más de 30 denuncias en una sola tarde‒ vimos la necesidad de protestar, gritar y hacernos escuchar. Así nació la Agrupación Feminista de Trabajadoras Sexuales (AFEMTRAS), conformada por mujeres cis, mujeres trans y travestidos. El colmo fue que el foco mediático sólo apuntaba hacia un objetivo: la denuncia de que una “posible víctima de trata” pudiera estar siendo multada. Porque para las autoridades sólo existen las “víctimas de trata”, nosotras no existimos. Y para los medios de comunicación, en ocasiones, tampoco. Y cuando existimos, se nos criminaliza por nuestra actividad.

Como AFEMTRAS estamos dando a conocer nuestra situación y nuestro descontento a medidas injustas, desproporcionadas e ineficaces. Ponemos el acento en las consecuencias negativas de la aplicación de leyes injustas sobre nuestras vidas. Asistimos, asombradas e indignadas, al descrédito que se hace de nuestro oficio y a la perversión que supone confundirla -intencionadamente‒ con la trata de personas.

Las trabajadoras del sexo apoyamos sin fisuras a las víctimas de trata y somos las primeras en ver “indicios” de trata y ponerlo en conocimiento de las asociaciones con quienes colaboramos. Quiero señalar también que son muchas veces los clientes quienes contactan con las autoridades y las asociaciones cuando detectan posibles casos de trata.

Pero, nosotras, profesionales del sexo estamos demandando a los consistorios espacios donde podamos trabajar sin molestar y sin ser molestadas. Las multas nos perjudican y las multas a nuestros clientes nos perjudican de manera flagrante (podemos no castigar a un comerciante por su actividad, pero si multamos a quienes entren en su establecimiento, le estamos perjudicando directamente). Tenemos la obligación de defender y “desdemonizar” a nuestros clientes porque entendemos que existe un contrato verbal de intercambio de servicios sexuales por dinero con el consentimiento de dos personas adultas y el Estado no debería de intervenir -y menos hacerlo con una moralidad propia de otros siglos-.

Por tanto, exigimos que las autoridades diferencien entre “trabajo sexual” y “trata de personas”. Si no es así, las víctimas de trata reales continuarán desprotegidas y nosotras soportando la indefensión y sin que nuestros derechos sociales y laborales sean reconocidos. Acaso, ¿alguien vive mejor sin derechos?

 

Comparecencia de Hetaira en la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de violencia de género

 

Colectivo Hetaira·Martes, 9 de mayo de 2017

 

Madrid, 08/05/2017

 

Gracias al Grupo Confederal de Unidos Podemos, En comú Podem En Marea por la invitación a comparecer en esta Subcomisión. Comparezco en nombre de Hetaira -colectivo que trabaja desde hace ya 22 años en defensa de los derechos de las prostitutas en nuestro país- y que forma parte del Movimiento Feminista de Madrid, de la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW), de la Red Internacional Europea TAMPEP, del Comité Internacional por los Derechos de Trabajador@s Sexuales en Europa (ICRSE), de la Coordinadora Estatal de VIH-Sida (CESIDA), de la Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual, de la Plataforma Estatal por los Derechos de las Personas Trabajadoras del Sexo, de la Plataforma CEDAW Sombra España y de la Plataforma No Somos Delito, entre otras.

 

La creación de esta subcomisión es un paso más para tratar de hacer frente a la violencia machista y esperamos que las recomendaciones que finalmente se hagan llegar al Gobierno sirvan para mejorar la asistencia a las víctimas de violencia de género y evitar más muertes y agresiones machistas. No obstante, no vale con que el Gobierno tome nota de las recomendaciones que de esta subcomisión salgan, sino que éste deberá hacer un esfuerzo para garantizar que algunas medidas se pondrán en marcha dentro un marco legislativo adecuado y que lógicamente contarán con un presupuesto económico. No parece que vaya a ser así a la vista de los Presupuestos Generales del Estado aprobados. Lo lamentamos profundamente. Lamentamos sobre todo que se pierda energía y tiempo en “debatir”, pero no en “poner en práctica” y “en hacer”. Porque también habremos hecho perder recursos a la sociedad española.

 

La ley contra la violencia de 2014 adolecía de algunos problemas. Así se lo hicimos saber en su momento las asociaciones feministas al Gobierno socialista. A pesar de ello, la ley supuso un gran avance y hubo consenso sobre la necesidad de un cambio cultural y de mentalidad. Sin embargo, se abandonaron las propuestas a largo plazo, aquellas basadas en la prevención en la educación o en la formación de profesionales en los diferentes sectores implicados. Lo que quedó en pie, finalmente, fue la parte penal.

 

Tampoco puede servir el Pacto de Estado para pasar a denominarle a cualquier situación discriminatoria contra las mujeres como “violencia machista. Por ejemplo cuando oímos expresiones del tipo: “Cobrar menos por un trabajo de igual valor es violencia”. Creemos que hemos de ser rigurosas, porque si metemos todas las situaciones discriminatorias en un mismo saco estaremos haciéndoles un flaco favor a las “víctimas reales de violencia de género”.

 

El “impulso masculino de dominio” no es el único factor desencadenante de la violencia sexista. Tenemos que seguir poniendo en cuestión, además, las estructuras familiares (núcleo de privacidad que amortigua o genera todo tipo de tensiones); el papel de la educación religiosa y sus mensajes sobre el amor; la falta de educación afectivo-sexual de menores y adolescentes que ayuden a resolver los conflictos futuros, etc.

 

Apostar exclusivamente por la filosofía del castigo sobre el autor concreto de una agresión concreta significa no repensar las sociedades en las que vivimos, no querer ver las responsabilidades de los Gobiernos y de las políticas públicas puestas en marcha por éstos para tratar de evitarlas.

 

La imagen exclusiva de “víctimas” tampoco ayuda a la lucha colectiva por los derechos de las mujeres pues no tiene en consideración nuestra capacidad de resistencia, de hacernos un hueco, de generar autoestima y empuje solidario entre nosotras.

 

Incluso en los casos de violencia de género o de víctimas de trata es importante reforzar la autonomía y la capacidad de decisión de las implicadas. Los movimientos feministas siempre cuestionaron el tutelaje y la falsa protección basada en considerar a las mujeres como “eternas niñas” necesitadas de protección por un Papá/Estado.

 

El conocimiento y el trabajo con mujeres concretas y diversas nos ha enseñado como éstas pueden dar la vuelta, y de hecho se la dan, a las situaciones de subordinación con las que pueden encontrarse. Y como escribía Gayle S. Rubin: “Los márgenes y los bajos fondos pueden ser un lugar de rebeldía”.

 

Contar con los relatos de las víctimas de violencia de género nos sigue pareciendo una de las mejores fórmulas para encontrar estrategias y posibles soluciones. Conocer de primera mano sus necesidades (que pueden ser distintas dependiendo de cada mujer, de cada caso) debería ser una prioridad.

 

Nuestra comparecencia está centrada en materia de trata y prostitución.

 

Trata de personas

 

¿Tiene algún sentido incorporar medidas concretas contra la trata en una ley de violencia de género o en un Pacto de Estado? ¿Se trata de una buena herramienta o, por el contrario, tendríamos que enmarcarla en otro contexto para proteger a las víctimas de trata y luchar contra el delito? Desde Hetaira creemos que tendríamos que separarlo por responsabilidad política y por ser más eficaces a la hora de prevenir y atajar tanto la violencia de género como la trata.

 

La trata de mujeres es una manifestación de la violencia de género. Y figura -gracias a las presiones de muchas ONG’s- como delito en el Código Penal español desde hace unos años. Además puede conllevar otros delitos también tipificados ya en nuestra legislación

 

La trata de personas se da en muchos sectores económicos, no sólo en prostitución. Nos la encontramos en la industria textil, en la agricultura, en la mendicidad, en matrimonios forzosos, en el servicio doméstico. Y son víctimas de trata tanto menores como personas adultas (mujeres y hombres cis, mujeres y hombres trans). La CEDAW pide explícitamente que se tipifiquen todas las manifestaciones de trata (y no sólo aquellas que se dan dentro de la industria del sexo).

 

Una ley integral de lucha contra la trata (que viene reclamándose desde 2012) tendría que garantizar la protección y la recuperación integral de las víctimas y debería abordar la lucha contra la trata desde una perspectiva de derechos humanos. Nos faltan datos, siempre nos falta conocer cuántas personas se encuentran en situación de protección, cuántas personas están viviendo en lugares seguros, cuántas personas han accedido a permisos de trabajo y residencia, cuántas personas consiguieron la condición de asilo por ser víctima de trata (se cuentan con los dedos de una mano, con un poco de suerte, de las dos) cuántas personas han sido indemnizadas por el sufrimiento causado (sabemos que ninguna).

 

La persecución del delito se está haciendo, pero no se está trabajando con el mismo ímpetu en la protección de las víctimas y en poner en primer plano los derechos humanos. Contamos con ejemplos dolorosos, como las expulsiones de posibles víctimas de trata de los CIE’s; víctimas que no han recibido protección sino que han sido contempladas como migrantes sin papeles.

 

Correr el riesgo de saturar los juzgados de violencia de género con casos tan complejos como el de la trata no nos parece una buena idea.

 

Otro problema con el que nos encontraríamos es que el delito de trata, por lo general, traspasa fronteras. Por tanto la persecución del delito fuera de nuestras fronteras exige investigar en otros países y colaborar con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de esos países.

 

Nuestras recomendaciones/propuestas al Gobierno en este punto son las siguientes (exponemos sucintamente algunas cuestiones):

 

. identificación de las víctimas de trata con garantías, no siendo consideradas migrantes sin papeles.

 

. el plan contra la trata debe extenderse a todas las situaciones y dejar de denominarse “de mujeres y niñas con fines de explotación sexual”;

 

. que la colaboración con las autoridades policiales no sea una condición indispensable para poder recibir protección. Es inaudita la existencia de la “contraprestación” en el delito de trata.

 

. indemnizaciones económicas para las víctimas

 

. contar con la opinión y el trabajo de las ONG especializadas.

 

. seguir gastando ingentes cantidades de dinero institucional para explicar que la trata es un delito (algo que toda la sociedad entiende), nos parece un despropósito cuando aún faltan recursos habitacionales para las víctimas, un ingreso mínimo que les permita sobrevivir en un ambiente relajado, etc, etc… Prioricemos los recursos, acojamos a las víctimas, persigamos el delito y transmitamos todo esto a la sociedad. Es la mejor manera de mostrar la realidad y que se comprenda. No podemos delegar el problema de la trata en la “conciencia ciudadana”.

 

. derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana (ley mordaza) que, como bien saben (porque se aprobó en el Parlamento) multa indiscriminadamente a quienes ejercen la prostitución en espacios públicos y a sus clientes. Y en ocasiones, a víctimas de trata.

 

. por último, exigimos recursos públicos, dependientes de las instituciones.

 

La prostitución es un trabajo

 

En la prostitución hay machismo. También hay machismo en la política. Pero Vds. eso ya lo saben, es a lo que se dedican y conocen perfectamente quién se sienta en cada escaño, ¿verdad? Las prostitutas soportan el machismo como lo soportan Vds., las políticas, o las periodistas o las profesoras universitarias o las cajeras de los supermercados. Y se hace lo que se puede, colectiva e individualmente. Vivimos en sociedades machistas. Es lo que tenemos en común.

 

El Gobierno español, en los dos últimos años, ha reducido la deuda gracias al aumento del PIB, un aumento que ha venido por contabilizar la entrada de dinero de la prostitución. ¿No les parece impresentable que no se reconozca legalmente la legitimidad del trabajo sexual, que no se reconozcan los derechos de estas personas y que por el contrario se contabilice el “supuesto” dinero que mueve? A nosotras sí.

 

El grupo de expertos en materia de trata de la Unión Europea, GRETA, insiste en que la prostitución no equivale automáticamente a trata. Esta distinción es imprescindible tanto para abordar la trata en toda su complejidad como para encontrar soluciones a la hora de acabar con la discriminación que sufren las prostitutas.

 

La prostitución por decisión propia no es violencia, es el trabajo, la actividad económica para muchas personas que reorganizan sus vidas en función del intercambio de servicios sexuales por dinero. Este intercambio se produce entre gente adulta y con mutuo consentimiento.

 

¿Tiene algún sentido seguir repitiendo que “la prostitución es violencia de género”, al tiempo que mantenemos la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida por ley mordaza, que multa a quienes ejercen la prostitución en los espacios públicos, el sector más débil?

 

¿tiene sentido mientras seguimos manteniendo discriminadas a las personas que la ejercen: discriminadas a la hora de poder alquilar una vivienda o pedir un crédito, trabajadoras sin derechos laborales, sin derecho al paro, soportando situaciones laborales que contravienen todas las legislaciones posibles, sin derecho a una pensión de jubilación…?

 

¿qué pensamos hacer con las mayores que dejaron su vida en la calle?

 

¿la propuesta de incorporar la prostitución a una ley contra la violencia de género supondría la inmediata supresión de las multas por la ley mordaza?

 

¿supondría que las prostitutas pasarían a ser víctimas de violencia de género? ¿con qué beneficios? ¿tendrían asegurado las prostitutas su nivel económico de ser así?

 

Pero, como bien podrán imaginar, no estamos en absoluto de acuerdo con la incorporación de la “prostitución” en un futuro Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La prostitución decidida no es violencia de género, sino una actividad económica para muchas mujeres que llevan tiempo reclamando derechos laborales para acabar con las malas condiciones en que se ejerce y con el estigma que pesa sobre ellas por dedicarse al trabajo sexual.

 

Amnistía Internacional está pidiendo la despenalización del trabajo sexual a nivel mundial. Sus últimos informes publicados, hace justo ahora un año, recoge a través de sendas investigaciones las violaciones de derechos humanos que sufren las trabajadoras y los trabajadores sexuales en Noruega, Argentina, Hong Kong y Papúa Nueva Guinea. Les recomiendo que lean, al menos el informe sobre Noruega y la persecución que están sufriendo quienes ejercen. Entre otras muchas cosas, sufren “desalojos inmediatos” de sus viviendas y de sus espacios de trabajo.

 

Las trabajadoras del sexo, como la mayoría de nosotras, buscan la manera de vivir lo mejor posible dentro de las opciones que la vida les ofrece. Y, por supuesto, deciden. En esta medida, la oferta de servicios sexuales es un trabajo para ellas, trabajo que debe ser reconocido legalmente, acabando con la hipocresía que hoy existe al respecto y articular los derechos sociales y laborales que se desprenden de ello. Los mismos derechos sociales y laborales de los que ya disfrutan sus señorías (permisos de maternidad, vacaciones pagadas, protección frente al desempleo, días libres, etc…).

 

Seguir negando esto y mantener a las prostitutas en la situación de discriminación actual contribuye, entre otras cosas, a que sigan siendo explotadas laboralmente, perseguidas y acosadas por la Policía y sufriendo abusos y agresiones de cualquiera que se lo proponga.

 

El proceso de estigmatización que sufren las trabajadoras sexuales hace que por el hecho de ejercer la prostitución se las considere una categoría particular de personas: “traumatizadas”, “trastornadas”, “víctimas extremas de las circunstancias” y lo que es peor sin capacidad de decisión sobre sus propias vidas.

 

El aumento de la presencia de migrantes trabajadoras sexuales ha sido la excusa perfecta para el desarrollo de políticas represivas en materia de prostitución y su aceptación por parte de las instituciones políticas. El hecho de que generalmente lleguen de manera irregular, sin papeles, así como el que se dediquen al ejercicio de la prostitución en un país donde no está reconocida como “actividad económica” favorece todo tipo de abusos sobre las inmigrantes que cuentan con menores recursos económicos. Esta situación ha servido de pretexto para definir la prostitución como violencia de género, no teniendo en cuenta las condiciones que favorecen que algunas prostitutas sufran diferentes formas de violencia sino considerando que es la prostitución en sí y, por lo tanto, los hombres con su demanda lo que hace que estos abusos sean posibles.

 

Discriminación es también la invisibilidad que soportan las prostitutas autoafirmadas y organizadas desde hace décadas a nivel mundial. Este sector de mujeres autoafirmadas, profesionalizadas y que se reivindican a sí mismas con orgullo, es el que se quiere ocultar cuando se habla de la prostitución desde una óptica victimista y sobreprotectora, asimilándola toda a violencia de género, al indefinido concepto de “esclavitud sexual” o a la trata. Palabras con fuertes resonancias emocionales pero que sirven de poco para entender las diferentes situaciones que se dan en el ejercicio de la prostitución. Sirven para hacer demagogia pero no para empoderar a las trabajadoras del sexo, a las que se niega su capacidad de decisión, su libertad y su autonomía para hacer con su cuerpo lo que quieran.

 

Para Hetaira lo importante sigue siendo estar cerca de quienes ejercen por decisión propia y entender y apoyar sus estrategias de supervivencia.

 

Hay partidos políticos que abogan por la erradicación de la prostitución. Pero ¿en qué se han concretado sus políticas públicas allá donde han gobernado (en ayuntamientos y comunidades autónomas)?

 

. En sus programas jamás vemos un plan de acción que contemple medidas sociales que puedan beneficiar a las prostitutas que voluntariamente desearan abandonar la prostitución, por los motivos que sea, muchas veces por no soportar el estigma social. Tan sólo se han puesto en marcha, en ocasiones, tímidos talleres y cursos a los que han podido acceder una cantidad ridícula de mujeres y que no les ha permitido abandonar la prostitución. Cursos de formación limitados, en muchas ocasiones, a trabajos precarizados y con una contraprestación económica insuficiente, que impide que dejen la calle.

 

. poniendo en marcha normativas cívicas ciudadanas (que multan a clientes, lo que significa castigar a las mujeres dejándoles sin fuente de ingresos); o normativas que multan a ambos o aplicando la ley mordaza;

 

. gastando cantidades ingentes de dinero público en campañas que “criminalizan a los clientes” y, por ende, a quienes ejercen;

 

 

. escribiendo guías con recomendaciones dirigidas a los medios de comunicación que hasta niegan a las mujeres la posibilidad de autodefinirse como trabajadoras del sexo.

 

. a hacer ruido ante el Consejo de Estado sobre la prohibición de publicidad de los anuncios de prostitución en los medios de comunicación. Intento baldío en el siglo XXI y con Internet al alcance de toda la población.

 

Poca cosa, poco serio, ¿no les parece? Y lo peor, ninguna de estas políticas públicas han tenido nunca en cuenta a sus protagonistas, las trabajadoras del sexo.

 

Cualquier plan contra la violencia hacia las mujeres, pero que suponga más “violencia institucional” contra algunas de ellas, en este caso las prostitutas, será un fracaso, un fracaso del Parlamento y un fracaso del feminismo y jamás contará con nuestro apoyo.

 

Si afirmamos tan contundentemente que la prostitución es violencia de género ¿qué deberíamos exigir para las “supuestas víctimas”, las prostitutas? ¿resarcirles económicamente por el sufrimiento causado?

 

Comparar trata (donde la voluntad de la víctima es nula) con prostitución por decisión propia es un ejercicio de cinismo. Comparar el sufrimiento de la trata frente a la decisión de quienes deciden ejercer la prostitución es pura demagogia.

 

La prostitución no es violencia de género, sin embargo, las prostitutas, en ocasiones (y además de sufrir violencia institucional) sufren y pueden sufrir agresiones por el hecho de ser mujeres. Y en este caso sí reclamamos medidas de protección para ellas.

 

Sólo por recordar, hace años nos vimos obligadas a denunciar que los servicios de atención a las víctimas de violencia de género dependientes del Ayuntamiento de Madrid no estaban atendiendo a mujeres que ejercían la prostitución y que querían denunciar a su compañero afectivo o sentimental, porque se consideraba que se trataba de su “proxeneta”. El estigma de nuevo en marcha. El estigma que considera que una puta no puede tener vida privada, ni una familia ni mucho menos un compañero afectivo.

 

Las políticas públicas nunca contemplaron una sola campaña de sensibilización de no estigmatización a las prostitutas. Exigimos acabar con la estigmatización que pesa sobre ellas (no son delincuentes, no son basura, no se “venden” a nadie), porque esta estigmatización llevará a que más de un indeseable -apoyándose en las propias políticas públicas discriminatorias- decida agredir a alguna de ellas o incluso asesinarla.

 

En la medida en que entendemos la prostitución como trabajo, con características especiales (el estigma entre otros), nuestras recomendaciones al Gobierno pasan por:

 

. normalización del trabajo sexual y derechos laborales y sociales para las prostitutas (de este modo, no ocurriría lo que ocurre a día de hoy día, que los empresarios de clubes de alterne imponen prácticas sexuales y/o clientes, entre otras cosas).

 

. que las migrantes puedan conseguir sus permisos de trabajo y residencia por ser trabajadoras del sexo.

 

. regular las relaciones laborales cuando median terceros. Para ello es fundamental que se derogue la última modificación que se hizo del artículo 188 bis del Código Penal que considera delito “lucrarse explotando la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de la misma”. Este añadido, (“aún con el consentimiento de la misma”) impide los tratos comerciales de las prostitutas en mejores condiciones y enmascara las relaciones que se están dando dentro de los clubes. ¿Por qué no evitar la explotación laboral que sabemos suceden en los clubes? ¿por qué no evitar maratonianas jornadas de trabajo? ¿por qué no normalizar la prostitución como trabajo para garantizar salarios dignos? ¿por qué no prevenir los riesgos laborales? ¿por qué no la existencia de convenios colectivos que regulen la situación?

 

. además de que la ley tenga en cuenta los aspectos básicos como licencias, localización de locales, etc… debería tener también en cuenta los horarios especiales los descansos semanales, separar el lugar del trabajo del lugar donde se vive (algo impensable en cualquier otro tipo de trabajo).

 

. priorizar los locales autogestionados y cooperativas de trabajadoras sexuales.

 

. no conceder licencias a truts o personas individuales que cuenten con antecedentes penales, especialmente por violencia de género o por trata.

 

. la negociación de espacios públicos, a través de políticas persuasivas y no criminalizadoras, de manera que quienes captan a su clientela en la calle puedan trabajar minimizando todo tipo de riesgos (también la de las posibles agresiones de algunos clientes).

 

. respeto al trabajo sexual. Celebración del 2 de Junio, Día Internacional de las Prostitutas.

 

. dípticos y reparto de materiales en lugares de ejercicio de prostitución contra las agresiones machistas, que las prostitutas sepan que tienen a los Ayuntamientos, a las Comunidades Autónomas y a los Gobiernos de su parte (y no en su contra).

 

. retirada inmediata de la ley mordaza, es imposible depositar tu confianza en quien te persigue y te multa día sí, día también.

 

. celebración del 17D, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Trabajadoras del Sexo.

 

. que se contabilicen las agresiones a las y los profesionales del sexo.

 

. es importante que se avance en el respeto al trabajo sexual y dejar de gastar dinero en discursos estériles. Nuestros adolescentes no necesitan que se les diga que no han de ser “consumidores de prostitución”, lo que necesitan es aprender que el RESPETO es el único camino posible para relacionarse en un encuentro sexual, sea pagado o no y siempre que exista previo consentimiento.

 

En 2016, desde Hetaira contabilizamos, a través de los medios de comunicación, al menos cinco asesinatos de trabajadoras del sexo cometidos en nuestro país. Tres de las víctimas eran mujeres trans. Ninguno de estos delitos puede quedar impune. Ningún asesinato puede ser justificado, tampoco el de las prostitutas. Sus muertes merecen ser igualmente lloradas y reclamadas por los movimientos de mujeres.

 

Muchas gracias por su atención.

 

Redadas contra la prostitución, siete años después

 

Hace casi siete años el Gobierno lanzaba una gran campaña mediática contra la prostitución, a propósito de una macrorredada en Madrid que llamaron “Operación Afrodita”. Un año más tarde, el caso fue archivado porque el juez apreció “proxenetismo no coercitivo”, ya que las mujeres declararon que ejercían la prostitución libremente, lo que no impidió que el magistrado señalara que las mujeres eran “sin duda las principales víctimas del sistema, por más que supuestamente lo consintieran”. Las 30 chicas que estaban sin papeles fueron deportadas.

 

Hoy el caso vuelve a ser noticia (1) porque el Supremo ha condenado al “proxeneta no coercitivo” por fraude fiscal. Publico en esta entrada el comunicado que hizo en su día el Colectivo Hetaira.

 

http://bit.ly/2lUriHI

 

 

Redadas contra la prostitución

 

Comunicado de prensa
Hetaira, colectivo en defensa de los derechos de las prostitutas
Madrid, 27 de julio de 2010

Asistimos, con perplejidad, a una nueva puesta en escena mediática contra la prostitución. La última noticia, la macrorredada en Madrid en diferentes pisos y que se saldó con 350 mujeres “liberadas” según fuentes policiales ha demostrado que lo que se persigue es la prostitución que se anuncia en la prensa escrita, independientemente de que ésta se ejerza de manera voluntaria o sean víctimas de trata.

Desde Hetaira hemos investigado poniéndonos en contacto con mujeres que habían trabajado en esos pisos y  los testimonios que hemos recogido nada tienen que ver con lo que ha salido en los medios de comunicación ni en las noticias filtradas por la policía. Según los testimonios de mujeres que en algún momento trabajaron en ellos, lo único criticable eran las habitaciones que utilizaban para descansar, pero siempre respetaban la elección de las mujeres tanto de los turnos de trabajo como de clientes y de servicios sexuales a realizar. No obstante, seguro que las condiciones laborales serían mejores si la  prostitución estuviera reconocida como una actividad económica legítima (tal y como hizo el Tribunal de Luxemburgo de la UE en 2001) y se regularan las relaciones laborales cuando median terceros, como es el caso de estos pisos. Mientras esto no suceda, las trabajadoras del sexo que trabajan en clubes o pisos a cargo de terceros seguirán sufriendo abusos por parte de los empresarios y unas condiciones que no contemplan totalmente los derechos laborales de las trabajadoras. Pero la explotación laboral (algo que sufre un tanto por ciento muy elevado de trabajadores y más en tiempos de crisis como los actuales) no es lo mismo que la trata o la explotación sexual, un concepto que se ha puesto de moda últimamente y que no se sabe exactamente qué quiere decir.

Parece que el Gobierno está más interesado en los “golpes de efecto”  para  preparar las condiciones para la eliminación de los anuncios de contacto que en defender los derechos de las mujeres que trabajan en la prostitución de forma voluntaria.

El Plan Nacional contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexua,l  contempla acertadamente una serie de medidas de protección para las que son obligadas a ejercer la prostitución. No obstante, su puesta en marcha parece más centrada en la represión y persecución de las mafias que en la defensa de las víctimas.  Si tal y como mantiene el Gobierno central “Todas las prostitutas son víctimas de mafias” no entendemos cómo no se les está procurando protección, un lugar donde estar tranquilas y un periodo de reflexión mínimo de 30 días para que se decidan a denunciar a sus captores. La macrorredada organizada en la última semana en Madrid se saldó, según notas policiales, con 350 mujeres “liberadas”, sin embargo no sabemos dónde están estas mujeres  a día de hoy (no se encuentran bajo la tutela de ninguna ONG), si se encuentran internadas en un CIE o bajo custodia policial. Tampoco sabemos si el Gobierno se replanteará esta “obligatoriedad” de denunciar a cambio de protección. Lo que sí conocemos es que al menos 34 se encontraban en “situación administrativa irregular” y , probablemente, tal y como ha sucedido anteriormente, se les aplicará la ley de extranjería estando expuestas a ser expulsadas de nuestro país. ¿Son víctimas de trata de seres humanos o son trabajadoras del sexo sin derechos laborales que serán expulsadas del país?

Palabras, palabras y más palabras vacías de contenido (“prostitución es violencia contra las mujeres”, “la prostitución atenta contra la dignidad de las mujeres”, “víctimas”, “mujeres liberadas”) se acompañan de medidas que causan una mayor desprotección en quienes ejercen la prostitución por decisión propia:

  • las multas en los municipios se multiplican sin que el Gobierno central intente evitarlo. Las prostitutas han de trabajar el doble para poder pagarlas: ¿son los ayuntamientos los nuevos “proxenetas”? No se quiere ver a las prostitutas en las calles, parques y polígonos industriales pero no se les ofrece ninguna alternativa de espacios donde puedan trabajar con tranquilidad y seguridad. Mientras tanto, los grandes empresarios de clubes de alterne se frotan las manos sabiendo que no tendrán competencia en la calle (donde las mujeres se quedan con todos los beneficios que obtienen). ¿Preferimos, tal vez, que se vayan a trabajar a los clubes, fuera de la vista de la sociedad y donde sí sabemos que existe explotación laboral y unas condiciones abusivas?
  • se trabaja en la idea de prohibir la publicación de anuncios de contacto en la prensa escrita como la “gran” medida para acabar con el gravísimo problema de la trata de seres humanos (¿se prohibirán también los anuncios en televisión, en Internet, en revistas especializadas en sexo para personas adultas?). Si hay mafias organizadas que se publiciten, por favor, aprovechen e investiguen caso por caso para acabar con ellas. Tampoco les interesa a los grandes empresarios de clubes de alterne la competencia de los pisos particulares.
  • las prostitutas lo que necesitan son derechos laborales que las protejan: como trabajadoras autónomas del sexo en la calle o en pisos particulares o bien como trabajadoras dependientes de terceros en los clubes (para lo que habría que modificar el artículo 188bis del actual Código Penal que considera a éstos proxenetas).

Así mismo, exigimos que se pongan en marcha las medidas de protección y los recursos necesarios para defender los derechos de aquellas que son víctimas de trata.

No más abusos contra las prostitutas.

No a la criminalización

Ni multas ni expulsiones

Derechos laborales para trabajador@s del sexo

Protección social para quien desee abandonar la prostitución y

Protección real para víctimas de trata de seres humanos.

 

 

 

1.- http://www.elconfidencial.com/espana/2017-03-16/supremo-carcel-rey-prostitucion-lujo-fraude-fiscal_1345377/

 

 

¿Así que no quieres creer a Amnistía Internacional? Pues mira esto

 

Publicado el 29 de mayo de 2016 por Wendy Lyon

 

https://feministire.com/2016/05/29/so-you-dont-want-to-take-amnestys-word-for-it-okay/

 

CN: cosas que podrías encontrar en Google buscando porno masculino cishetero de baja calidad

 

La semana pasada, Amnistía Internacional publicó finalmente su posición política completa sobre el trabajo sexual. La reacción de las feministas anti trabajo sexual ha sido la predecible: un montón de vitriolo, velas en forma de pene y difamaciones de proxenetismo, pero poco o ningún compromiso con los argumentos reales de Amnistía. El informe de 101 páginas sobre las investigaciones de Amnistía en Noruega (1) ha sido casi totalmente ignorado, aparte de algunas sugerencias de que Amnistía está demasiado comprometida para que su investigación sea fiable.

Bueno, gran noticia, defensoras del “modelo nórdico” : ya no hace falta 29994638que creáis a Amnistía. Porque el super policía sueco Simon Haggstrom —al que conoceréis por sus frecuentes visitas a otros países (2) para hacer proselitismo de la prohibición de compra de sexo— ha publicado ahora sus memorias (3). Sólo en sueco, por desgracia, pero es por eso que Dios creó el Traductor de Google. Éstos son algunos de sus puntos de vista sobre cómo la ley realmente funciona en la práctica. Vamos a abordarlos temáticamente, ¿de acuerdo?

Sobre si la ley está “funcionando” para acabar con la demanda

 

“Al cabo de todos estos años, solo hay una cosa que sigue sorprendiéndome y es que la la gente permite que siga adelante este comercio. Año tras año las mujeres son transportadas dentro y fuera de Suecia. Aquí están una temporada vendiendo y luego se van al siguiente país. En política hablamos de la trata de seres humanos como un tema prioritario… pero el número de personas que trabajan con problemas concretos es extremadamente bajo en la mayor parte de las ciudades de Suecia; casi no hay nadie. Esto me entristece, porque soy dolorosamente consciente de que la mayoría de las víctimas que han sido arrastradas a esto nunca irán a una comisaría de policía y… nunca veremos fin a este comercio de esclavas.

” Pero lo que más me provoca siguen siendo los compradores. Hay cientos de ellos… ¿Recordáis lo que pasó el año pasado con esa chica de 15 años que puso un anuncio de sexo en internet y recibió 600 respuestas en 48 horas? De todos los cientos de anuncios que aparecen solo podemos investigar unos pocos cada semana. La pregunta que nos tenemos que hacer todos los días es: ¿cuál de todas esas personas necesita más recibir una visita del Grupo de Prostitución? De una cosa estoy seguro en todos los casos. Los del Grupo de Prostitución no estaremos nunca sin nada que hacer. Y nunca pensaremos que estamos de sobra.”


Sobre el “efecto normativo” de la ley sobre los jóvenes suecos

 

“Cuando yo empecé en la lucha contra la prostitución el comprador de sexo típico era un hombre mayor sueco. Año tras año su nombre solía ser algo así como Sven, Gustav Anders, Ulf, His o Ingemar, y tenía 45 años o más. Pero algo pasó hace unos tres años, en 2013. Los compradores de sexo que deteníamos eran cada vez más jóvenes, y así ha seguido siendo. Hoy detenemos a hombres de entre 18 y 25 años —a veces más jóvenes aún— casi todas las semanas. Desde mi perspectiva en primera línea, puedo atestiguar que la edad del comprador medio de sexo se ha reducido en un período relativamente corto.”


Sobre si las prostitutas siguen siendo molestadas por la policía

 

—No necesito a la policía. Márchense.

—No podemos. Hemos arrestado a un total de seis hombres que han estado contigo.

—No hago nada ilegal. ¿Por qué habláis conmigo?

—Porque eres testigo de varios delitos. Escúchame, antes o después tenemos que hablar contigo, así que lo mejor es que lo hagamos ahora. Así no correremos el riesgo de que algún vecino vea u oiga que la policía está a tu puerta y no la dejas entrar. No queremos estropearte nada.

Nótese la amenaza sutil en lo anterior, explicitada en lo siguiente:

 

Sobre si las trabajadoras sexuales son criminalizadas de facto

 

“Tienes que venir con nosotros a la comisaría. No eres una delincuente y no estás detenida, pero tenemos que hablar contigo. Queremos saber por qué estás aquí, porque sospechamos que estás implicada en prostitución. Y, si es posible, queremos ayudarte. Si no quieres nuestra ayuda, lo más probable es que seas enviada de vuelta al país en el que vives. Lo siento, pero no tienes opción. Tienes que seguirnos a comisaría. Por favor, haz lo que te decimos. No sois delincuentes, pero aún así tenéis que hacer lo que decimos nosotros.”

Consejo profesional: preguntad a cualquier persona en un estado de inmigración precaria en su país si eso suena como una solicitud para ayudar voluntariamente en una investigación policial. O no.

 

Sobre si las trabajadoras sexuales son tratadas respetuosamente y con dignidad durante las redadas

 

¿Confiscando sus tampones usados y mostrándolos como “evidencia”? Tú decides.
img_2482Sí, esta es una imagen real del libro

 

Sobre si la ley está más interesada en prevenir o en castigar la “explotación”

 
“A veces me pregunto por qué no detenemos el suceso antes. ¿Por qué dejamos que vaya tan lejos?¿Cómo podemos esperar y ver cómo estas mujeres están siendo explotadas?…

“El delito llamado ‘compra de servicios sexuales’ es castigable en una fase de intento, lo que en teoría significa que ya el acuerdo verbal de sexo a cambio de pago constituye una infracción de la ley…

“Pero si intervenimos en una etapa de negociación, es muy difícil probar una compra de sexo… Esta es la razón principal por la que a menudo intervenimos en mitad del acto.”

De hecho, sería disculpable pensar que la “razón principal” es algo totalmente diferente. Si los policías intervienen antes de que tenga lugar sexo, Simon se perdería todas las partes buenas:

”Nos colocamos fuera de la habitación 539 uno a cada lado y apretando las orejas contra la puerta de la habitación de hotel. Tratar de escuchar a través de las puertas es siempre una lotería. A veces puedes oír claramente lo que está ocurriendo al otro lado, pero en otros casos la puerta parece una pared de cemento… Al principio no identifiqué los cachetes y sorbetones. Al cabo de unos segundos me di cuenta de que era el sonido de unos besos intensos… Un momento después, los sonidos habían sido reemplazados por un fuerte gruñido de hombre y un quejido de mujer. Y todo ese sonido como de aplausos que ocurre cuando dos personas tienen sexo una con otra. El golpeteo de la piel.”


”Al fondo está Emilia. Tiene los jeans bajados hasta las rodillas y está inclinada hacia delante. Detrás hay un hombre de pie, de mi misma edad… Se mueve hacia delante y hacia atrás. Tiene relación con Emilia por detrás, y está totalmente enfrascado en lo que hace. Dos pasos adelante… El hombre se gira, dándose cuenta en ese momento de que le han pillado… Enseño mi credencial de policía y el hombre se retira inmediatamente de Emilia.”


“El hombre cierra los ojos. Disfrutando. Piensa cuánto le gusta estar aquí. Cuánto tiempo ha esperado. Que sea a la vez prohibido y malo lo hace tan excitante… Tiene el control de la situación. La posee. Hace lo que quiere. Más deprisa… Y más duro. El sudor comienza a correr por su frente. Pero hacía mucho tiempo que estaba caliente para resistir más de unos minutos… Está muy cerca ahora. Más duro. Más rápido. El momento del placer alcanza su climax… y toda la vida del hombre está destruída. Sombras negras salen corriendo hacia él… Somos de la policía. Estás detenido.”


“No puedo creer que lo que tengo en mis manos es real…’Escort sueca embarazada con FOTOS genuinas…’ Estaba completamente convencido de que el anuncio era falso… Lo único que podíamos hacer era llegar antes de que el primer comprador de sexo llegara a su vez delante de la puerta, esperando a que le dejaran entrar. En solo unas pocas horas habíamos detenido a cinco, y aquí estábamos, esperando al sexto… De dentro del apartamento oímos los gruñidos y gemidos de un hombre y una mujer, y el cacheteo regular que ocurre cuando choca piel contra piel. ¡Oh, me viene, me viene, me corro!”


”La mujer mueve la cabeza adelante y atrás y él disfruta mientras su miembro se vuelve más y más duro. El hombre piensa. ¿Por qué es tanto más agradable cuando le chupa una puta que cuando lo hace su esposa? ¿Es la emoción? ¿O es porque las putas lo hacen muy a menudo y por tanto se vuelven tan condenadamente buenas haciéndolo? Parece lógico. Si haces algo el número suficiente de veces te vuelves sencillamente el mejor en eso…”


”Quiero follarte ahora. ¿Puedo follarte sin condón?…

“La mujer saca un condón del bolso y rompe suavemente el envoltorio por la mitad. Se inclina hacia delante y pone el condón en el pene erecto del hombre. Mirando…

“Cuando se pone de pie se baja las bragas, pero solo hasta las rodillas. La mujer se encarama a la gran lápida, apoyándose en ambas manos, separa las piernas y se inclina hacia delante. El hombre viene por detrás, tomándola firmemente por la cintura y gimiendo cuando la penetra.”


“Ocultos por la oscuridad, nos deaslizamos en silencio, rápida y cuidadosamente a través del aparcamiento de grava. El coche todavía se balancea arriba y abajo cuando llegamos a la puerta trasera. Todavía no nos han descubierto… Me aprieto contra la fría puerta del coche y empiezo a levantarme lentamente. Unos pocos centímetros cada vez. Al llegar a la ventanilla veo la espalda de una mujer desnuda en el asiento trasero. Kristyna. Se mueve arriba y abajo sobre un hombre, también desnudo. La mujer está cabalgando al hombre intensamente… —¡Fóllame más fuerte, más fuerte, putita! La mujer responde con un gruñido más fuerte y el coche se mueve cada vez con más fuerza… Ahora es el momento… Golpeo en la ventanilla y grito ¡POLICÍA!”

 

Y si todo eso no fuera suficiente para responder, una última pregunta …

 

Quién se beneficia exactamente de esta ley

 
“Me gustaba mi trabajo como agente de narcóticos… Pero había algo que yo pensaba que era aún más excitante, y era la recurrente lucha contra la prostitución. Encontré que tanto el ambiente como los contactos con esa gente, tanto las que venden sexo como quienes lo compran, eran increíblemente interesantes. Y los frecuenté tanto como pude… Tenía que empezar a abrir la puerta de un mundo que no habría podido imaginar ni en mi imaginación más salvaje.”

 

Bueno, ahí está la respuesta: proporciona a la policía “excitación” y un montón de material para hacerse pajas, material en el que ellos mismos desempeñan un papel protagonista en la acción. Irónico, cuando se considera que son los de Amnistía los acusados de privilegiar los deseos sexuales de los hombres.

Así que vamos a recapitular. Según uno de los principales agentes encargados de la aplicación de esa ley, ésta no ha cambiado las actitudes de los hombres. No les disuade de pagar por sexo. No se trata de impedir que las mujeres vendan sexo (de hecho, tienen que participar en un acto sexual antes de que se pueda aplicar la ley). Las está sometiendo a interacciones no deseadas con la policía, incluida la detención y la deportación para aquellas que se niegan a aceptar la “ayuda” de la policía. Eso … suena muy parecido a lo que Amnistía encontró en Noruega, ¿no?

Pero incluso Amnistía podría sorprenderse del torpe y rastrero porno con el que Haggstrom ilustra sus historias —más de lo que parecen sorprenderse las trabajadoras sexuales suecas, lo que posiblemente habla por sí mismo. ¿Es de extrañar que sea un defensor de esa ley? Sin ella, tendría que volver a correrse solo con su imaginación.

Agradezco a Lucy Smyth por sus traducciones y capturas de pantalla.


1.- https://elestantedelaciti.wordpress.com/2017/02/06/el-coste-humano-de-machacar-el-mercado-la-penalizacion-del-trabajo-sexual-en-noruega/

 

2.- http://www.pressreader.com/spain/la-vanguardia/20151121/282441347993761

 

3.- http://www.goodreads.com/book/show/29994638-skuggans-lag

 

 

 

El coste humano de “machacar” el mercado: la penalización del trabajo sexual en Noruega

 

Amnistía Internacional

 

Publicado en 2016

 

https://www.amnesty.org/es/documents/eur36/4130/2016/es/

 

RESUMEN EJECUTIVO

 

“El año pasado viví un verdadero infierno.” Así es como Mercy, una trabajadora sexual nigeriana, describió sus experiencias de discriminación, exclusión social y abusos contra los derechos humanos en Noruega. Su caso culminó con el desalojo forzoso de su casa en 2014. El hecho de que la dejasen sin hogar, sin el debido proceso ni notificación alguna, constituye una violación de derechos humanos en virtud del derecho internacional. Que el desalojo forzoso se produjera como consecuencia directa de haber denunciado una violación y un robo violento de los que había sido víctima hace aún más atroz el trato que recibió como trabajadora sexual en Noruega. Mercy contó a Amnistía Internacional:

 

“Llegó a la casa un tipo bajo que llevaba una navaja. Yo le abrí la puerta. En la casa éramos nueve. Nos amenazó con una navaja y nos robó el dinero y los teléfonos […] Nos obligó a mantener relaciones sexuales con él. La policía tardó dos o tres horas en llegar. Nos llevaron a todas al hospital y nos buscaron un hotel para dos noches. Luego volvimos a la casa y, dos días después, el arrendador nos echó a la calle […] La policía lo presionó. Nos dio medio día para irnos […] Estuve deambulando por Oslo durante horas con mi equipaje, hasta que encontré un lugar donde quedarme”.

 

El de Mercy no es un caso aislado. Amnistía Internacional supo de otro robo violento del que habían sido víctimas tres mujeres que vendían servicios sexuales alrededor de esos mismos días de marzo de 2014, a las que expulsaron rápidamente del país tras denunciar el incidente a la policía.

 

Amnistía Internacional siente honda preocupación por que las trabajadoras y los trabajadores sexuales, grupo que, según se reconoce globalmente, corre un mayor riesgo de sufrir estigmatización, marginación y violencia, puedan ser penalizados en Noruega cuando denuncia delitos graves. Noruega es un país que se jacta de su sólido historial de derechos humanos tanto en el ámbito nacional como en el internacional, y es Estado Parte en todos los principales tratados de derechos humanos europeos y de la ONU pertinentes a las cuestiones que se abordan en el presente informe. Noruega es también un país que, en décadas recientes, ha debatido cuestiones relacionadas con el trabajo sexual y reformado su marco jurídico.

 

El modelo jurídico adoptado por el gobierno noruego se promociona como un modelo que fomenta la protección de las personas que venden servicios sexuales, las blinda de la penalización y, en su lugar, desplaza la carga penal de la culpa a quienes compran servicios sexuales. Pese a ello, Amnistía Internacional ha hallado indicios de abusos contra los derechos de personas que venden servicios sexuales en Noruega, que se ven agravados y, en algunos casos, están directamente causados por el marco jurídico. Amnistía Internacional habló con trabajadoras sexuales que habían sufrido violaciones del derecho a la vivienda, el derecho a la seguridad de la persona, el derecho a protección igualitaria ante la ley, el derecho a la salud, el derecho a no sufrir discriminación y el derecho a la intimidad. Las cuestiones expuestas en este informe demuestran que Noruega no está cumpliendo sus obligaciones internacionales de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos de las personas que venden servicios sexuales.

 

CÓMO REALIZAMOS NUESTRA INVESTIGACIÓN

 

Este informe es el resultado de una serie de entrevistas realizadas en Oslo (Noruega) durante tres semanas entre noviembre de 2014 y febrero de 2015, así como de investigaciones documentales. Amnistía Internacional realizó un total de 54 entrevistas, 30 de ellas a mujeres que venden o han vendido servicios sexuales. Tres de las mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional describieron experiencias de trata. Amnistía Internacional también se reunió con representantes de diversos organismos que proporcionan servicios de apoyo social a personas que venden servicios sexuales. Se realizaron entrevistas a representantes de organismos gubernamentales, incluido el Ministerio de Justicia y de Seguridad Pública noruego, el Departamento de Policía de Oslo, la Fiscalía Regional de Oslo y la Oficina de Defensa por la Igualdad y contra la Discriminación. Amnistía Internacional también se reunió con varias organizaciones de la sociedad civil, así como con profesionales de la abogacía y del ámbito de la investigación académica/social.

 

LA AMPLIACIÓN DEL MARCO JURÍDICO

 

En décadas recientes, el gobierno noruego ha realizado reformas legislativas para ampliar el ámbito de intervención y control policial en el mercado del comercio sexual. Ha ampliado el alcance de la ley contra la “promoción” del comercio sexual, lo que significa que ahora está tipificada como delito una amplia gama de actividades relacionadas con la organización del trabajo sexual, como alquilar lugares para ejercerlo o ejercerlo con otras personas. En el ámbito nacional, las nuevas iniciativas promovidas por el gobierno noruego para abordar la trata de personas se han centrado en la reducción/erradicación del trabajo sexual como medio principal para prevenir la trata en el sector de los servicios sexuales, y eso pese a la preocupación —expresada por diversos órganos de la ONU y grupos que luchan contra la trata— de que el equiparar el trabajo sexual de personas adultas realizado con consentimiento con la trata de personas ayuda poco a reducir la trata y da lugar a violaciones de derechos humanos.

 

En 2009, Noruega se convirtió en el tercer país nórdico en tipificar la compra de servicios sexuales como delito, medida que, en combinación con la derogación de legislación que penaliza el acto directo de vender servicios sexuales recibe generalmente el nombre de “modelo nórdico”. Esta medida había sido rechazada de forma sistemática durante las dos décadas anteriores. No obstante, la preocupación por los cambios en el mercado del comercio sexual —especialmente la llegada a partir de 2003 de un número creciente de mujeres migrantes nigerianas que venden servicios sexuales en las calles de Oslo— intensificó el temor a la migración no deseada, la delincuencia organizada y la trata de personas, y ayudó a impulsar el apoyo a la nueva ley.

 

LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES SEXUALES, CADA VEZ MÁS EXPUESTOS A SANCIONES Y CONTROL POLICIAL

 

Las afirmaciones según las cuales, en virtud del “modelo nórdico”, en Noruega no se penaliza ni se imponen sanciones a las trabajadoras y los trabajadores sexuales, y el grado de daño y estigma que sufren es reducido, no reflejan la realidad del terreno. Amnistía Internacional ha hallado indicios de que muchas personas dedicadas al trabajo sexual continúan siendo objeto de una actuación policial muy intensa y son acosadas y sancionadas por la policía de formas múltiples y entrecruzadas. Un proveedor de servicios sociales contó a Amnistía Internacional que:

 

“Ningún otro grupo social está sometido a un grado tan elevado de atención policial, y tiene que soportarlo pese a no estar haciendo nada ilegal. Esta atención no está ni siquiera justificada por el delito en el que incurren los clientes, menos aún cuando las trabajadoras y los trabajadores sexuales no están infringiendo la ley”.

 

En los últimos diez años la policía de Oslo ha adoptado un enfoque de “intervención preventiva” en relación con el trabajo sexual que lleva aparejada la aplicación de sanciones por infracciones menores como “métodos de estrés” para perturbar, desestabilizar y aumentar la presión sobre quienes operan en el sector de los servicios sexuales. Una investigadora académica describe que los agentes policiales “de Oslo utilizan a menudo expresiones como que van a ‘machacar’ o ‘estrangular’ el mercado [de la prostitución] y desestabilizar, presionar y estresar a la gente del sector”. Un ejemplo de este enfoque es la “Operación Sin Techo”, iniciativa que se centraba en aplicar con mayor dureza la ley contra la “promoción” del trabajo sexual, que tipifica como delito “alquilar inmuebles […] para la prostitución”. La “Operación Sin Techo” duró cuatro años, entre 2007 y 2011, y dio lugar a desalojos sistemáticos e inmediatos de trabajadoras y trabajadores del sexo de sus lugares de trabajo y sus domicilios. (Véase el capítulo 3.3. infra) Aunque la “Operación Sin Techo” se suspendió en 2011, Amnistía Internacional entrevistó a mujeres, como Mercy, que habían sido desalojadas forzosamente desde entonces.

 

Amnistía Internacional también ha hallado indicios de que muchas personas dedicadas al trabajo sexual continúan sometidas a un grado elevado de vigilancia policial, como medio para aplicar la ley contra la “promoción” —lo que da lugar a redadas y desalojos posteriores— y para identificar y “señalar” a las trabajadoras y los trabajadores sexuales con el fin de identificar a quienes compran servicios sexuales para multarlos. Esto hace recaer una carga injustificada en quienes se dedican al trabajo sexual y da lugar a posteriores redadas, desalojos y otras formas de sanción. Un abogado entrevistado por Amnistía Internacional expresó preocupación porque:

 

“La policía centra todos sus esfuerzos en desmontar a las mujeres, porque es la forma más sencilla de deshacerse del problema”.

 

Las pruebas recopiladas por Amnistía Internacional también indican que las trabajadoras y los trabajadores sexuales de la calle son sometidos periódicamente a paradas, interrogatorios y controles de identidad policiales, tras los que con frecuencia se les imponen sanciones. Esas sanciones incluyen la detención o la expulsión, el desalojo de su apartamento, la imposición de multas por no facilitar la dirección a la policía o la emisión de órdenes de alejamiento que les exigen abandonar la zona de inmediato para no ser sancionadas. Wendy, una joven de origen africano, explicó a nuestro equipo de investigación que la habían parado agentes vestidos de civil:

 

“Iba caminando por la calle. No estaba trabajando. Estaba charlando con mis amigas. Pensé que eran hombres violentos, y me asusté. La policía me pidió los papeles, y se los enseñé. Luego les hicieron preguntas a mis amigas: si tenían preservativos y por qué. Nos dijeron que nos fuéramos, y que sería mejor que no nos vieran en la calle, que como volviéramos por allí durante las siguientes 24 horas nos llevarían a comisaría”.

 

Amnistía Internacional escuchó testimonios de proveedores de servicios sociales y personas dedicadas al trabajo sexual que describían que mujeres que venden servicios sexuales habían sido interrogadas por la policía por llevar consigo preservativos, o temían llevarlos por si ello daba lugar a actuaciones policiales en su contra. Un representante del Departamento de Policía de Oslo confirmó a Amnistía Internacional que la existencia de preservativos en lugares cerrados se consideraría una prueba coadyuvante de que en el lugar se estaban vendiendo servicios sexuales. Este enfoque penaliza de facto la posesión de preservativos por las trabajadoras y los trabajadores sexuales, y representa un obstáculo a la protección efectiva de su derecho a la salud sexual y reproductiva.

 

LA VIOLENCIA CONTRA LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES SEXUALES

 

Como ocurre en muchos países, en Noruega las trabajadoras y los trabajadores sexuales corren un riesgo elevado de sufrir violencia y abusos. Sufren violencia a manos de diversos perpetradores, incluidos clientes, ciudadanos de a pie, terceros que participan en el trabajo sexual y bandas organizadas que los explotan, aprovechándose de su aislamiento y su situación de marginación. No obstante, en lugar de ser un grupo compuesto por personas con quienes la policía fomenta su relación para minimizar su marginación y ofrecerles protección, muchas de ellas, dependiendo de sus circunstancias, han de soportar ser desalojadas, sometidas a vigilancia policial, perder su medio de sustento o ser expulsadas si acuden a la policía.

 

No sorprende, pues, que muchas de las mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional declararan ser sumamente reticentes a acudir a la policía para denunciar un delito. Casi todas las mujeres a las que entrevistó Amnistía Internacional dijeron que sólo considerarían acudir a la policía en última instancia, a menudo sólo en circunstancias extremas que constituyeran una amenaza inmediata para su vida. Un estudio de 2012 realizado por el mayor proveedor de servicios sociales a trabajadoras y trabajadores sexuales de Noruega halló que solo el 16% de las 123 mujeres participantes declaró haber recibido ayuda de la policía tras un incidente violento. María, trabajadora sexual en ámbitos privados, contó a Amnistía Internacional:

 

“Si un cliente se porta mal contigo, al final tienes que solucionarlo tú misma. Sólo llamas a la policía en caso de peligro de muerte. Si llamas a la policía, corres el riesgo de perderlo todo”.

 

LA SEGURIDAD, COMPROMETIDA

 

Las medidas que adoptan las propias personas que ejercen el trabajo sexual para aumentar su seguridad también se están viendo comprometidas. Las trabajadoras sexuales a las que entrevistó Amnistía Internacional mencionaron varios grados y formas de reducir los riesgos en su trabajo. Por ejemplo, Celin, trabajadora sexual en ámbitos privados noruega, contó a Amnistía Internacional:

 

“Hago distintas cosas para mantenerme segura. Nunca voy a domicilios particulares, y en ningún caso la primera vez que atiendo a un cliente. No sé quién va a estar esperándome allí. Tu propia casa y los hoteles son mucho más seguros que el apartamento de un cliente. Tampoco atiendo llamadas de números ocultos. Quiero tener los números de los clientes para que, en caso de que tenga que acudir a la policía, puedan localizarlos”.

 

Mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional que trabajaban en la calle describieron que realizaban sus propias evaluaciones cuando comenzaban a trabajar con un cliente, principalmente mediante conversaciones cortas que les permitían valorar sus motivaciones. Muchas también identificaron el desplazamiento al domicilio del cliente con correr un riesgo importante y como algo que deseaban evitar. No obstante, la mayoría de las entrevistadas afirmaron que los clientes les pedían que fueran a sus casas para evitar que la policía los detuviera. Las mujeres que trabajaban en la calle mencionaban con más frecuencia que visitaban los domicilios de los clientes. En los testimonios recogidos por Amnistía Internacional, esto se asociaba estrechamente a actos de violencia. Ninguna de las trabajadoras de la calle con las que habló Amnistía Internacional poseía un lugar en propiedad, y estaban expuestas a sufrir un desalojo si la policía descubría que llevaban a los clientes a sus propias casas. Tina, trabajadora sexual nigeriana que ejerce en la calle, dijo a Amnistía:

 

“Algunos clientes te pueden hacer daño en sus apartamentos. Y eso es porque saben que te da miedo ir a la policía. Tenemos que obedecer sus reglas porque estamos en sus casas. No los podemos traer a la nuestra”.

 

Varios de los proveedores de servicios sociales con los que habló Amnistía Internacional expresaron preocupación por que la prohibición de la compra había creado un “mercado de clientes” que comprometía la seguridad de las trabajadoras y los trabajadores sexuales. Un representante de la Policía de Oslo contó a Amnistía Internacional que creía que se había reducido el número de compradores que, con mayor probabilidad, respetaban el acuerdo con la persona que efectuaba la venta:

 

“Muchos de los clientes buenos —los que respetan la ley, la generación más joven— ya no están ahí. Pero los clientes malos siguen estando”.

 

La evaluación de la prohibición de comprar servicios sexuales, realizada por Vista Analysis, consultoría de ciencias sociales, en nombre del gobierno noruego, reconoce que:

 

“Las mujeres del mercado de la calle declaran tener menos poder de negociación y un mayor temor por su seguridad ahora que antes de que se aprobara la ley. En el mercado de espacios cerrados, las prostitutas manifiestan recelos ante las ‘llamadas para trabajar fuera’. Prefieren que los clientes las visiten en su apartamento o en su habitación de hotel”.

 

Los proveedores de servicios sociales y la policía informaron a Amnistía Internacional de que se estaba interpretando que la ley contra la “promoción” se aplicaba al uso de habitaciones de hotel, lo que significaba que los hoteles podían ser considerados responsables de “promoción” cuando el trabajo sexual se realizaba en sus instalaciones. Casi todas las trabajadoras sexuales migrantes entrevistadas por Amnistía Internacional denunciaron haber sido identificadas como tales o excluidas por los hoteles.

 

Casi todas las trabajadoras del sexo con las que habló Amnistía, con independencia de dónde prestaran sus servicios, identificaron que una forma de aumentar su seguridad sería trabajar con otras personas. No obstante, la definición de “promoción” en virtud de la ley es lo bastante amplia para penalizar a las trabajadoras y los trabajadores sexuales que trabajan juntos o con cualquier otra persona, como personal de limpieza, recepción o seguridad.

 

El objetivo del “modelo nórdico”, desplazar la carga del delito de quien vende a quien compra, no se está cumpliendo para muchas personas que venden sexo en Noruega, en particular las más marginadas. En términos de gravedad, en muchos casos, la amenaza y el impacto del desalojo forzoso, la expulsión y la pérdida de los medios de sustento en las personas que venden servicios sexuales supera con creces las implicaciones de la multa de entre 15.000 y 25.000 coronas noruegas (alrededor de entre 1.700 y 2.850 dólares estadounidenses) que se impone a los compradores. La penalización del trabajo sexual en Noruega y la consiguiente reticencia de muchas personas que ejercen el trabajo sexual a acudir a la policía para denunciar un delito también están dando lugar a una situación en la que los responsables de actos de violencia contra trabajadoras y trabajadores sexuales, entre ellos clientes maltratadores, disfrutan de relativa impunidad por delitos graves.

 

Pese a reconocer que el enfoque jurídico actual en Noruega ha socavado el poder de negociación de las personas que venden servicios sexuales en la calle y ha aumentado su dependencia de clientes maltratadores, Vista Analysis concluyó que la presión creciente en el sector de los servicios sexuales:

 

“[…] era acorde con las intenciones de la ley y […] por tanto no se consideraba un efecto secundario indeseado […]”.

 

Del mismo modo, un experto asesor del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública contó a Amnistía Internacional que:

 

“Al final la cuestión es ‘si se considera un problema que las personas que se prostituyen lo tengan difícil’. En la esfera política, nadie ha dicho que queramos que las prostitutas estén bien al mismo tiempo que intentamos erradicar la prostitución”.

 

UNA CULTURA DE ESTIGMA Y DISCRIMINACIÓN

 

Los proveedores de servicios sociales y algunas trabajadoras del sexo entrevistadas por Amnistía Internacional expresaron preocupación por el endurecimiento en años recientes de las actitudes hacia las personas que venden servicios sexuales, y citaron información publicada en los medios de comunicación, investigaciones y experiencias de personas dedicadas al trabajo sexual como pruebas de que las actitudes negativas hacia este colectivo son ahora más habituales. La trabajadora sexual en ámbitos privados Ellie describió a Amnistía Internacional el cambio que, según ella, se había producido:

 

“Cuando el gobierno ilegalizó la prostitución, hizo que la gente nos viera como ilegales. La gente empezó a mirarnos con ojos distintos”.

 

Un estudio de 2011 que exploraba el efecto que había tenido en las actitudes de la opinión pública noruega la entrada en vigor de la ley que penaliza la compra de servicios sexuales halló que, aunque había indicios de un creciente apoyo a la penalización de la compra de servicios sexuales en algunas zonas, “la sociedad noruega se hizo más propensa a pensar que debía ilegalizarse la venta de servicios sexuales frente a lo que lo habría sido de no darse el cambio jurídico”. Los autores reconocían que este cambio de actitud era “lo contrario de lo que los legisladores pretendían conseguir”.

 

Con frecuencia, las trabajadoras del sexo entrevistadas por Amnistía Internacional mencionaron experiencias negativas con ciudadanos de a pie. La discriminación que describieron las mujeres, especialmente en el caso de las trabajadoras sexuales migrantes nigerianas, estaba, a menudo, entremezclada con sentimientos racistas y contra las personas migrantes. Mary contó a Amnistía Internacional:

 

“Son sobre todo las mujeres las que nos insultan, [pero] a veces también lo hacen los hombres. Pasa muchas veces. [Dicen cosas como] ‘puta, vuelve a tu país’. ‘Quítate de una puta vez de mi vista’”.

 

LA CRECIENTE EXPOSICIÓN A LA EXPLOTACIÓN

 

Siete mujeres migrantes que ejercían el trabajo sexual contaron a Amnistía Internacional que, después de que las desalojaran, no tenían adónde ir, y tuvieron que depender de amigos, socios, extraños, refugios para personas sin techo o el espacio público para dormir hasta que encontraron otro lugar donde quedarse. Amnistía Internacional también halló indicios de que la penalización del trabajo sexual deja a algunas personas que ejercen el trabajo sexual expuestas a sufrir explotación a manos de arrendadores que ofrecen no denunciarlas a la policía a cambio de alquileres más elevados, entre otras cosas, o de socios que explotaron su situación de falta de hogar tras el desalojo. Un informe de 2012 sobre las experiencias de mujeres que ejercían la prostitución en Noruega identificaba la falta de estabilidad en la vivienda como un factor determinante para incrementar su vulnerabilidad a la explotación:

 

“La vivienda ha sido un factor clave en el desarrollo de la explotación; varias de las mujeres de Europa del Este que llegaron aquí poco después del cambio de milenio dependían de la ayuda de otras personas para algo tan básico como acceder a una vivienda, pero también para publicitarse y organizar otros aspectos de la prostitución. En cuando se hicieron con su propia red de contactos y lograron organizarse por su cuenta, varias de ellas comenzaron a operar de forma independiente.”

 

UNA RESPUESTA INEFICAZ A LA TRATA

 

Amnistía Internacional se reunió con tres mujeres sobrevivientes de trata de personas para el comercio sexual en Noruega. Relataron diversas experiencias de coacción, explotación y, en algunos casos, violencia extrema. Amnistía Internacional también se reunió con una organización que presta servicios de apoyo a sobrevivientes de trata.

 

La trata de personas constituye un grave abuso contra los derechos humanos. En virtud del derecho internacional, Noruega tiene un serie de obligaciones relativas a impedir la trata, proteger a las víctimas de trata y garantizar la investigación y el procesamiento efectivos de los delitos de trata. Para cumplir adecuadamente las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional, Noruega debe hacer efectiva su estrategia contra la trata sin violar los derechos humanos.

 

La magnitud y las formas de intervención punitiva en el mercado del comercio sexual que el gobierno y el marco jurídico noruegos apoyan actualmente comprometen la seguridad de muchas personas que venden servicios sexuales y contribuyen directamente a violaciones de sus derechos humanos. Al mismo tiempo, las pruebas en que las autoridades noruegas se han basado para justificar las medidas de represión punitivas como iniciativas efectivas contra la trata son fundamentalmente deficientes y se ven menoscabadas por pruebas alternativas que demuestran que, con frecuencia, la represión policial en el mercado del trabajo sexual tiene efectos negativos en las víctimas de trata.

 

Pese a que se promocionan como medidas contra la trata, no queda claro hasta qué punto iniciativas como la “Operación Sin Techo” han contribuido a identificar a las víctimas y a los responsables de trata. De los 280 casos de trata de personas para el comercio sexual denunciados en Noruega entre 2006 y 2014, sólo 32 han dado lugar a sentencias condenatorias de los responsables. En Oslo, la tasa anual de sentencias condenatorias ha oscilado entre cero (en 2010, 2012 y 2014) y tres (en 2011).

 

La aplicación del marco legislativo y el enfoque de “actuación policial preventiva” en el trabajo sexual están incrementando la vulnerabilidad de las personas que venden servicios sexuales en Noruega, exponiéndolas a un mayor riesgo de sufrir explotación. La expulsión estratégica de muchas mujeres migrantes que venden sexo, algunas de las cuales podrían ser víctimas de trata, también da lugar a que no se detecte la trata ni se identifique a las víctimas, lo que expone a las personas a volver a ser objeto de trata. Significa además que los responsables de esos casos no comparecen ante la justicia. La medida simplista del éxito que Noruega aplica a su trabajo contra la trata —a saber, la reducción general del mercado del comercio sexual— significa que, en la práctica, el gobierno puede presentar como exitosa la expulsión de víctimas de trata a otros países. Un representante del Departamento de Policía de Oslo reconocía lo siguiente: “Expulsa[n] a víctimas de trata. Muchas de ellas no saben que son víctimas, pero, con arreglo a la ley , lo son”.

 

Además, la conclusión general de que en Noruega la incidencia del trabajo sexual y, por asociación, de la trata, ha disminuido sustancialmente por la adopción del llamado “modelo nórdico” ha sido cuestionada sistemáticamente por especialistas en ese campo, que señalan “demasiadas incertidumbres” en los datos utilizados para argumentar el éxito de este enfoque.

 

Las mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional describieron motivos diversos para dedicarse al trabajo sexual. Para muchas, el trabajo sexual constituía un medio para abordar las dificultades económicas a las que se enfrentaban ellas o sus familias. La exclusión social, la marginación y la pobreza pueden ser factores en la decisión de comenzar a ejercer el trabajo sexual. Los Estados tienen la obligación de abordar esta injusticia social y económica respetando y protegiendo los derechos económicos, sociales y culturales de todas las personas. Para garantizar que las personas no tienen que depender de la venta de servicios sexuales para satisfacer sus necesidades inmediatas ni las de sus familias, los Estados deben tomar medidas que garanticen que las personas disfrutan de sus derechos humanos, como el derecho a un nivel de vida adecuado, a la educación, a la salud y a no ser discriminadas, entre otros. Los Estados también deben garantizar que las personas pueden participar libremente en la sociedad, sin injerencias indebidas ni represión del Estado.

 

En lugar de dar prioridad a la realización de los derechos humanos de las personas que venden servicios sexuales como objetivo central de la elaboración de políticas en este ámbito, el gobierno noruego ha adoptado un enfoque basado en la penalización. Esencialmente, este enfoque apoya la reducción/erradicación del mercado del comercio sexual por encima de todos los demás objetivos, por lo que, con frecuencia, ignora su impacto en los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual o le concede menos importancia que al objetivo de la reducción/erradicación.

 

Por tanto, Amnistía Internacional pide a las autoridades noruegas que cambien de enfoque y basen su respuesta al comercio sexual en la protección de los derechos humanos de todas las personas que venden servicios sexuales. Amnistía Internacional pide al gobierno noruego que emprenda un programa de reformas jurídicas que despenalice el trabajo sexual de personas adultas ejercido con consentimiento y garantice a las personas que venden servicios sexuales salvaguardias jurídicas frente a la explotación que cumplan las normas internacionales de derechos humanos. Amnistía Internacional recomienda que el gobierno noruego desarrolle y publique un Libro Blanco que formule recomendaciones sobre el establecimiento de un marco legislativo, normativo y regulador que haga efectivos los derechos humanos de las personas que venden servicios sexuales en Noruega, y que financie un proyecto de investigación a largo plazo que proporcione conocimiento sobre las condiciones de vida de las trabajadoras y los trabajadores del sexo en Noruega.

 

Amnistía Internacional también recomienda que el próximo plan nacional de actuación sobre la trata confirme la distinción entre el trabajo sexual de personas adultas ejercido con consentimiento y la trata de personas, y garantice que las medidas contra la trata no afectan negativamente a los derechos humanos y la dignidad de ninguna persona, en particular de las víctimas de trata, las que venden servicios sexuales, las migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. Amnistía también pide el cese inmediato en el uso de las prácticas de actuación policial como “método de estrés” contra las personas que venden servicios sexuales en Noruega.

 

Al final de la versión íntegra del presente informe figuran recomendaciones adicionales.

 

 

AMNISTÍA INTERNACIONAL ES UN MOVIMIENTO GLOBAL DE DERECHOS HUMANOS. LAS INJUSTICIAS QUE AFECTAN A UNA SOLA PERSONA NOS AFECTAN A TODAS Y A TODOS.

 

 

CONTÁCTANOS

 

info@amnesty.org

 

+44 (0)20 7413 5500

 

 

ÚNETE A LA CONVERSACIÓN

 

http://www.facebook.com/AmnestyGlobal

 

@AmnestyOnline

 

 

 

EL COSTE HUMANO DE “MACHACAR” EL MERCADO:

LA PENALIZACIÓN DEL TRABAJO SEXUAL EN NORUEGA

 

RESUMEN EJECUTIVO

 

En 2009 Noruega se convirtió en el tercer país nórdico en penalizar la compra de servicios sexuales. Aunque la venta directa de servicios sexuales no es ilegal, el código penal prohíbe la “promoción” del trabajo sexual. Esta prohibición se aplica a una amplia gama de actividades asociadas con la organización del trabajo sexual, como el alquiler de lugares seguros o el ejercicio junto con otras personas por seguridad.

 

Con la adopción de un enfoque de “actuación policial preventiva”, la policía ha pretendido “machacar” el mercado del comercio sexual mediante la imposición de sanciones por infracciones menores para desestabilizar a quienes operan en él. Esto dio lugar a desalojos sistemáticos e inmediatos de los lugares de trabajo y domicilios de muchas personas dedicadas al trabajo sexual . Las personas que ejercen el trabajo sexual denuncian que están obligadas a correr mayores riesgos para proteger a sus clientes frente a la detención policial, como visitarlos en sus domicilios o disponer de menos tiempo y oportunidades para evaluar los riesgos de atender a potenciales clientes maltratadores. Puesto que el denunciar abusos y actos violentos expone a las trabajadoras y los trabajadores sexuales a un posible desalojo y, en algunos casos, a la expulsión, muchos de esos actos quedan sin denunciar. En Noruega el trabajo sexual continúa estando muy estigmatizado, lo que contribuye a que quienes se dedican a él sean objeto de discriminación, marginación y explotación.

 

El presente informe formula recomendaciones para que se reforme la legislación actual y medidas que adoptar para proteger los derechos humanos de las trabajadoras y los trabajadores del sexo en Noruega.

 

 

 

 

 

Trabajadoras sexuales de Amsterdam: las víctimas imprevistas de la gentrificación

3840
El plan del gobierno holandés de “limpiar” el distrito rojo de Ámsterdam y eliminar de la zona el crimen organizado ha obligado al cierre de muchas ventanas de burdeles, el desplazamiento de trabajadoras sexuales y el abandono de valiosos edificios.

 

https://www.theguardian.com/cities/2016/jan/15/amsterdam-sex-workers-unlikely-victims-gentrification-red-light-district

Viernes 15 Enero 2016

Beulah Maud Devaney

 

Un grupo de unicornios rosados se asoma a la ventana, agarrando sus teléfonos y discutiendo sobre la mejor manera de llegar a Leidseplein. Está lloviendo afuera, y los disfraces de felpa de los unicornios están empapados y fangosos en los tobillos. Las despedidas de soltero son una espectáculo frecuente en los alrededores del Oude Kerk, el corazón del barrio rojo de Amsterdam. Aparece otro grupo, vistiendo camisetas a juego diciendo “El castigo de Dave: solo pintas y stripers”. Ellos también, miran fijamente.

 
Este escrutinio es irritante pero comprensible; Estoy sentado en la ventana del Centro de Información de Prostitución de Amsterdam (PIC). A dos puertas de distancia, las mujeres escasamente vestidas se sientan en las ventanas, buscando clientes. El PIC es un café oscuro, cálido, repleto de artículos históricos sobre la prostitución, junto con brillantes decoraciones de Navidad. Al igual que el distrito de la luz roja, es una combinación de campamento sugestivo y comercialismo llamativo. Establecida por la ex trabajadora sexual y autora Mariska Majoor como un recurso de información, negocio de turismo y pastelería, es el tipo de lugar donde se puede pedir una tercera rebanada de tarta de manzana o la tarifa local de una mamada al mismo tiempo.

 
Sin embargo, cuánto durará esta política de hechos consumados hacia el seso en Amsterdam es algo que tiene a Majoor muy preocupada. Un plan gubernamental denominado Proyecto 1012 se propuso “limpiar” el distrito rojo y, desde que comenzó en 2007, se estima que se han cerrado 126 ventanas, provocando protestas de los propietarios de burdeles, una manifestación ante la alcaldía y acusaciones de que los políticos usan el comercio del sexo como chivo expiatorio para justificar un flagrante expolio de terreno. Un respiro llegó para aquellas que protestaron cuando se anunció a finales de 2015 que el ayuntamiento dejaría de cerrar las ventanas. Pero para algunas de las residentes del distrito de la luz roja, el daño ya había sido hecho.

 
Con el nombre del código postal del distrito, el proyecto 1012 pretende reemplazar las ventanas de burdeles por boutiques de lujo, cafés de lujo y proyectos de arte. La idea es hacerla menos atractiva a la ya creciente delincuencia organizada, y atraer un turismo de clase superior (bajo la suposición algo cuestionable de que la gente rica no visita a las trabajadoras sexuales). Dos nuevas empresas, la emisora de radio Red Light y el museo Red Light Secrets, son la avanzada de este proyecto gentrificador, que ha jugado bien en la prensa nacional holandesa. Pero muchos lugareños todavía necesitan ser convencidos.

1996
“No es tan fácil gentrificar una zona”, dice Majoor. “Todos los viejos se deben ir y toda la gente nueva y elegante debe ser atraída. [El gobierno] sabía que esto no sería fácil de hacer en un área tan famosa y complicada. Pero la trata de personas y el crimen organizado son cosas que nadie quiere, así que centraron el debate en eso “.

Cuando se anunció el Proyecto 1012, rápidamente quedó claro que muchas personas sacarían provecho del mismo, excepto las trabajadoras sexuales. Bajo la justificación de combatir el crimen, el gobierno forzó a los propietarios de burdeles a vender sus contratos de arrendamiento en este inmenso y valioso suelo. (Toda la tierra en Amsterdam es propiedad del gobierno y arrendada a los terratenientes). Si bien no hay duda de que algunos de los propietarios de burdeles estaban involucrados en actividades ilegales —gran parte del distrito rojo se cree que está controlado por el crimen organizado— Proyecto 1012 recompensó a todos, propietarios de negocios legítimos y presuntos delincuentes por igual, con una serie de beneficios multimillonarios.

 
No hay cifras disponibles públicamente sobre cuánto el gobierno pagó por edificios individuales, ni por el monto gastado en subsidiar a nuevas empresas para mudarse a los burdeles vacantes. Justificando el gasto, Joris Bokhove, coordinador del proyecto 1012, dijo: “Tratamos de apoyar a los jóvenes empresarios tanto como podamos, aunque nuestros recursos son limitados. En algunos casos hemos sido capaces de subvencionar las startups, y los socios inmobiliarios están dispuestos a bajar el alquiler para el período de inicio. Conectamos a los empresarios entre sí para alentar nuevas asociaciones, y participar activamente en el desarrollo de la vecindad “.
3834
Las únicas personas que no obtuvieron tierra, dinero o nuevas oportunidades fueron las mujeres que trabajaban en las ventanas —la misma gente que debía beneficiarse de la iniciativa de lucha contra la trata del Proyecto 1012. Aunque ha habido numerosos procesos contra los tratantes de personas en Ámsterdam, sólo una docena de ellos han caído dentro del alcance del proyecto, aunque se han cerrado más de 100 ventanas. Lo que sugiere que la represión del crimen o la seguridad de las trabajadoras sexuales era meramente una excusa conveniente.

La liquidación envió ondas de confusión a través del distrito rojo. Los dueños de los burdeles empezaron a preocuparse de que si no vendían inmediatamente, su negocio se cerraría forzosamente en una fecha posterior. La sospecha de quién estaba vendiendo y quién se mantendría se convirtió en algo que separó a una comunidad muy unida que hasta la década de 1990 había estado dirigida principalmente por pequeños empresarios locales. Esta comunidad resiliente fue puesta a prueba hace un par de décadas cuando un número de propietarios de prostíbulo de Europa oriental (el grupo más acusado de trata) se trasladó a la zona.

 

Varios de los trabajadores de los burdeles holandeses con los que hablé mencionaron a sus homólogos de Europa oriental como la verdadera causa del Proyecto 1012. A pesar de estas acusaciones, está claro que el Proyecto 1012 no estaba dirigido sólo a los propietarios extranjeros; los propietarios holandeses también fueron abordados por el gobierno y presionados para vender sus edificios.

 

Majoor no condena a los propietarios de burdeles que vendieron. “Cuando se recibe una gran oferta de dinero y no se tiene seguridad sobre el futuro del negocio, es muy tentador decir que sí”. Sin embargo, cree que todos han subestimado la importancia de las ventanas. “Las trabajadoras del sexo deben tener más voz en esta discusión”, dice. “El distrito de la luz roja es más que sexo, drogas y rock’n’roll, pero toda la vecindad se apoya en los burdeles de las ventanas.”

1830

En abril de 2015, más de 200 trabajadoras del sexo, encabezados por PIC y PROUD, los sindicatos holandeses de trabajadoras sexuales, marcharon por el centro de la ciudad de Amsterdam para protestar por la demonización de su industria y el cierre de las ventanas. La protesta más grande de la historia holandesa llamó la atención de la opinión pública sobre los posibles inconvenientes de la gentrificación del barrio rojo. Según Majoor fue como una vuelta a la solidaridad en el área.

 

“Cerrar las ventanas dificulta que las trabajadoras sexuales encuentren trabajo”, dice Felicia, una trabajadora sexual de Rumania que dirige el popular blog Behind the Red Light District y trabaja en las ventanas alrededor de Oude Kerk, a sólo unas pocas puertas de la PIC. “Hay muchas chicas ya que pasean de noche, buscando trabajo, porque ahora hay más chicas que ventanas”.

 

No todo el mundo está de acuerdo en que el barrio rojo tiene un sentido de comunidad que vale la pena preservar. Dana (no su verdadero nombre) fue trasladada a Amsterdam desde Bulgaria en 2008. Seis meses más tarde, escapó de sus captores, pero decidió seguir trabajando en las ventanas para poder enviar dinero a casa de su madre y su hermano menor. Nos conocimos en una cafetería ligera y aireada en la orilla del río Amstel, entre vecinos bronceados disfrutando del sol.

 

“¿Cómo pueden estas personas preocuparse por alguien como yo?”, pregunta Dana, señalando a nuestros compañeros clientes, uno de los cuales se da cuenta y nos da una tostada bastante incierta. “Trabajar en las ventanas es sólo un trabajo. Las personas que viven aquí no se preocupan por las prostitutas y no nos importa. Sólo nos valoran porque traemos dinero a la zona. Pero no hay comunidad aquí. A menos que usted llame ‘comunidad’ a no hablar más que con otras prostitutas porque nadie más le hablará.

 

“A pesar de su aversión a los residentes del área, Dana todavía apoya el esfuerzo del PIC para hacer campaña contra el Proyecto 1012. Puede que no le guste el distrito rojo , pero al trabajar allí paga el alquiler del apartamento de su madre en Bulgaria. Sin los ingresos fijos de los burdeles de las ventanas, Dana se preocupa de que ella tendrá que trabajar desde su propio apartamento (lo que violaría su contrato de alquiler) o mudarse a lugares más aislados, con menos clientes (y menos protección de la policía).

 

Existe un resentimiento palpable entre las trabajadoras sexuales del barrio rojo porque el gobierno utilizó el tema de la trata de personas para comprar algunos de los edificios más valiosos del área. Mujeres como Dana que han sido víctimas de trata se quedan preguntándose por qué los dueños de negocios que supuestamente traficaron con ellos se les están ofreciendo pagos masivos. Las organizaciones holandesas que trabajan con las víctimas de la trata de personas han condenado el proyecto por hacer menos accesibles a las mujeres vulnerables. Mientras tanto, los residentes como Majoor y Felicia están viendo un área que les encanta ser dividida y vendida, junto con su sentido de la comunidad.

 

¿Majoor piensa que las protestas detendrán la liquidación? “Siempre tendremos prostitución de ventanas y teatros sexuales en el distrito de la luz roja”, dice. “Se mantendrá un distrito rojo, sólo que más pequeño. Ellos quieren mantener la imagen de una ciudad excitante y seductora … Pero menos atemorizante para las personas lujosas que vengan aquí a gastar mucho dinero.”

MARCHA DE MUJERES SOBRE WASHINGTON: Visión guía y definición de principios

http://bit.ly/2jgAc3N

marcha

DESCRIPCIÓN GENERAL Y FINALIDAD

La Marcha de Mujeres sobre Washington es un movimiento liderado por mujeres que reúne a personas de todos los géneros, edades, razas, culturas, afiliaciones políticas y antecedentes en la capital de nuestra nación el 21 de enero de 2017 para afirmar nuestra humanidad compartida y pronunciar nuestro valiente mensaje de resistencia y autodeterminación.

Reconociendo que las mujeres tienen identidades que se cruzan y por lo tanto son impactadas por una multitud de temas de justicia social y derechos humanos, hemos esbozado una visión representativa de un gobierno que se base en los principios de libertad y justicia para todos. Como dijo el Dr. King, “No podemos caminar solos. Y mientras caminamos, debemos hacer el compromiso de que siempre marcharemos adelante. No podemos volver atrás.

Nuestra liberación está unida entre nosotras. La Marcha de Mujeres sobre Washington incluye líderes de organizaciones y comunidades que han estado construyendo las bases para el progreso social por generaciones. Damos la bienvenida a la vibrante colaboración y honramos el legado de los movimientos que nos han precedido —las sufragistas y abolicionistas, el Movimiento por los Derechos Civiles, el Movimiento Feminista, el Movimiento Indígena Americano, Ocupar Wall Street, Igualdad Matrimonial, Black Lives Matter y otros—empleando una estructura descentralizada con un liderazgo completo, y centrándonos en una agenda ambiciosa, fundamental y global.

#WHYWEMWEMARCH

Estamos legitimados por las legiones de líderes revolucionarios que allanaron el camino para marchar y reconocemos a aquellos alrededor del mundo que luchan por nuestras libertades. Honramos a estas mujeres y muchas más. Son #WHYWEMARCH.

Bella Abzug • Corazon Aquino • Ella Baker • Grace Lee Boggs

Berta Cáceres • Rachel Carson • Shirley Chisholm

Angela Davis • Griffin Gracy • LaDonna Harris

Dorothy I. Height • bell hooks • Dolores Huerta • Marsha P. Johnson

Barbara Jordan • Yuri Kochiyama • Winona LaDuke

Audre Lorde • Wilma Mankiller • Diane Nash • Sylvia Rivera

Barbara Smith • Gloria Steinem • Hannah G. Solomon

Harriet Tubman • Edith Windsor • Malala Yousafzai

VALORES Y PRINCIPIOS

  • Creemos que los Derechos de la Mujer son Derechos Humanos y Derechos Humanos son Derechos de la Mujer. Este es el principio básico y original del cual surgen todos nuestros valores.
  • Creemos que Justicia de Género es Justicia Racial es Justicia Económica. Debemos crear una sociedad en la que las mujeres, en particular las mujeres, en particular las negras, las nativas, las pobres, las inmigrantes, las musulmanas y las mujeres queer y trans, sean libres y puedan cuidar a sus familias, cualquiera que sea su forma, en ambientes seguros y saludables libres de impedimentos estructurales.
  • Las mujeres merecen vivir una vida plena y saludable, libre de violencia contra nuestros cuerpos. Una de cada tres mujeres ha sido víctima de alguna forma de violencia física por parte de una pareja íntima durante su vida; y una de cada cinco mujeres ha sido violada. Además, cada año, miles de mujeres y niñas, en particular las negras, las indígenas y las mujeres y niñas transgénero, son secuestradas, traficadas o asesinadas. Honramos la vida de aquellas mujeres que fueron llevadas antes de tiempo y afirmamos que trabajamos por un día en que se eliminan todas las formas de violencia contra las mujeres.
  • Creemos en la rendición de cuentas y en la justicia por la brutalidad policial y la eliminación del perfil racial y la selección de comunidades de color. Las mujeres de color son asesinadas en custodia policial a tasas más altas que las mujeres blancas y son más propensas a ser agredidas sexualmente por la policía. También pedimos el fin inmediato de armar a la policía con armas de grado militar y tácticas militares que están causando estragos en las comunidades de color. Ninguna mujer o madre debe tener que temer que sus seres queridos sean dañados a manos de quienes armamos para que los protejan.
  • Creemos que es nuestro imperativo moral desmantelar las desigualdades de género y raciales dentro del sistema de justicia penal. La tasa de encarcelamiento ha crecido más rápido para las mujeres que para los hombres, aumentando en un 700% desde 1980 y la mayoría de las mujeres en prisión tienen un hijo menor de 18 años. Las mujeres encarceladas también enfrentan una alta tasa de violencia y agresión sexual. Nos comprometemos a garantizar el acceso a una programación que tenga en cuenta las cuestiones de género y una atención sanitaria específica, incluido el tratamiento del abuso de sustancias, y los servicios de salud mental y materna para las mujeres encarceladas. Creemos en la promesa de justicia restaurativa y alternativas al encarcelamiento. También estamos comprometidos a interrumpir el oleoducto de la escuela a la prisión que prioriza el encarcelamiento sobre la educación al canalizar sistemáticamente a nuestros niños —particularmente a los niños de color, los jóvenes queer y trans, los niños de crianza temporal y las niñas— al sistema de justicia.
  • Creemos en la Libertad Reproductiva. No aceptamos retrocesos, cortes o restricciones federales, estatales o locales sobre nuestra capacidad de acceder a servicios de salud reproductiva de calidad, control de la natalidad, atención y prevención del VIH / SIDA, o educación sobre sexualidad adecuada médicamente. Esto significa acceso abierto a un aborto seguro, legal y asequible y control de la natalidad para todas las personas, independientemente de sus ingresos, ubicación o educación. Entendemos que sólo podemos tener justicia reproductiva cuando la atención de la salud reproductiva sea accesible a todas las personas independientemente de su ingreso, ubicación o educación.
  • Creemos en la Justicia de Género. Debemos tener el poder de controlar nuestros cuerpos y estar libres de las normas, expectativas y estereotipos de género. Debemos liberarnos a nosotras mismas y a nuestra sociedad de la institución de otorgar poder, agencia y recursos desproporcionadamente a la masculinidad, con exclusión de otros.
  • Declaramos firmemente que los Derechos de LGBTQIA son Derechos Humanos y que nuestra obligación es elevar, expandir y proteger los derechos de nuestros hermanos y hermanas homosexuales, lesbianas, bisexuales, transgéneros o de género no conforme. Esto incluye el acceso a servicios de salud integral, sin excepciones ni limitaciones; acceso a cambios de nombre y género en los documentos de identidad; completa protección contra la discriminación; acceso a la educación, empleo, vivienda y prestaciones sociales; y el fin de la violencia policial y estatal.
  • Creemos en una economía impulsada por la transparencia, la rendición de cuentas, la seguridad y la equidad. Creemos que la creación de oportunidades de trabajo que reduzcan la discriminación contra las mujeres y las madres permite que las economías prosperen. Las naciones y las industrias que apoyan e invierten en el cuidado y las protecciones básicas del lugar de trabajo —incluyendo beneficios como el permiso familiar pagado, acceso asequible a cuidado de niños, días de enfermedad, asistencia sanitaria, pago justo, tiempo de vacaciones y ambientes de trabajo saludables— han mostrado crecimiento y mayor capacidad.
  • Creemos en la igualdad de remuneración por el mismo trabajo y el derecho de todas las mujeres a ser pagadas equitativamente. Debemos poner fin a la discriminación de pago y contratación que las mujeres, particularmente las madres, las mujeres de color, las lesbianas, las queer y las mujeres trans siguen enfrentando cada día en nuestra nación. Muchas madres siempre han trabajado y en nuestra fuerza de trabajo moderna; y las mujeres son ahora el 50% de todos los que llevan el pan a la familia. Estamos porque el 82% de las mujeres que se convierten en madres, en particular las madres de color, sean pagadas, juzgadas y tratadas de manera justa. La igualdad de remuneración por un trabajo igual sacará a las familias de la pobreza y aumentará la economía de nuestra nación.
  • Reconocemos que las mujeres de color tienen la carga más pesada en el panorama económico global y doméstico, particularmente en la economía del cuidado. Afirmamos además que todo el trabajo de cuidado —cuidar a los ancianos, cuidar a los enfermos crónicos, cuidar a los niños y apoyar la independencia de las personas con discapacidad— es trabajo y que la carga de la atención recae desproporcionadamente sobre los hombros de las mujeres, en particular mujeres de color. Defendemos los derechos, la dignidad y el trato justo de todas las cuidadoras no remuneradas y pagadas. Debemos reparar y reemplazar las disparidades sistémicas que permean el cuidado en todos los niveles de la sociedad.
  • Creemos que todas las trabajadoras —incluidas las trabajadoras domésticas y las trabajadoras agrícolas— deben tener el derecho de organizarse y luchar por un salario mínimo vital, y que los sindicatos y otras asociaciones sindicales son fundamentales para una economía sana y próspera para todos. Las trabajadoras indocumentadas y migrantes deben ser incluidas en nuestras protecciones laborales, y nos solidarizamos con los movimientos de derechos de las trabajadoras sexuales.
  • Creemos que los Derechos Civiles son nuestro derecho de nacimiento. Nuestro gobierno constitucional establece un marco para proveer y expandir los derechos y las libertades, no restringirlas. Para ello, debemos proteger y restituir todos los derechos consagrados por la Constitución a todos nuestros ciudadanos, incluidos los derechos de voto, la libertad de adorar sin temor a intimidación o hostigamiento, la libertad de expresión y la protección de todos los ciudadanos sin distinción de raza, sexo o edad o discapacidad.
  • Creemos que es hora de una enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. La mayoría de los estadounidenses creen que la Constitución garantiza la igualdad de derechos, pero no es así. La 14 ª Enmienda ha sido socavada por los tribunales y no puede garantizar la equidad real sobre la base de la raza y / o el sexo. Y en una verdadera democracia, el voto de cada ciudadano debe contar igualmente. Todos los estadounidenses merecen garantías de igualdad en la Constitución que no pueden ser eliminadas o ignoradas, reconociendo la realidad de que las desigualdades se cruzan, se interconectan y se superponen.
  • Enraizados en la promesa de la llamada de América a las masas anhelantes de respirar libremente, creemos en los derechos de inmigrantes y refugiados sin importar su estatus o país de origen. Es nuestro deber moral mantener a las familias unidas y capacitar a todos los aspirantes a estadounidenses a participar plenamente en, y contribuir a, nuestra economía y la sociedad. Rechazamos la deportación en masa, la detención familiar, las violaciones del debido proceso y la violencia contra migrantes queer y trans. La reforma migratoria debe establecer un camino a la ciudadanía, y proveer oportunidades iguales y protecciones de trabajo para todos. Reconocemos que el llamado a la acción para amar a nuestro prójimo no se limita a los Estados Unidos, porque hay una crisis migratoria global. Creemos que la migración es un derecho humano y que ningún ser humano es ilegal.
  • Creemos que cada persona y cada comunidad en nuestra nación tiene el derecho a agua limpia, aire limpio y acceso y disfrute de las tierras públicas. Creemos que nuestro medio ambiente y nuestro clima deben ser protegidos y que nuestras tierras y recursos naturales no pueden ser explotados para ganancia o avaricia corporativas , especialmente si se pone en riesgo de la seguridad y salud pública.

ACERCA DE ESTE DOCUMENTO

La visión orientadora y la definición de principios fueron preparadas por un amplio y diverso grupo de líderes. La Marcha de la Mujer sobre Washington agradece a todos las contribuyentes, que figuran y no figuran, por su dedicación en la elaboración de esta agenda.

Monifa Bandele, Vicepresidenta, MomsRising

Zahra Billoo, Consejo de Relaciones Islámicas Estadounidenses – Área de la Bahía de San Francisco

Gaylynn Burroughs, Directora de Política e Investigación, Fundación de la Mayoría Feminista

Melanie L. Campbell, Coordinadora, Mesa Redonda de Mujeres Negras, Presidente y CEO de NCBCP

Sung Yeon Choimorrow, Directora Ejecutiva Interina, Foro Nacional de Mujeres de Asia y el Pacífico

Alida Garcia, Defensora de Derechos y Diversidad de los Inmigrantes

Alicia Garza, Alianza Nacional de Trabajadores Domésticos

Carol Jenkins, Junta de Directores, Coalición ERA

Dr. Avis Jones-DeWeever, Presidente Incite Unlimited, LLC

Carol Janet Mock, activista y autora de Redefinir la realidad y sobrepasar la certeza

Jessica Neuwirth, Presidenta de la Coalición ERA

Terry O’Neill, Presidenta de la Organización Nacional para la Mujer (NOW)

Carmen Perez, Directora de Proyecto de Trabajo para Familias Trabajadoras, Valores Familiares @ Directora Ejecutiva, Reunión para la Justicia

Jody Rabhan, Directora de Operaciones de Washington, Coordinadora Nacional de Mujeres Judías

Kelley Robinson, Directora Nacional Organizadora de la Federación de Planificación de la Familia

Kristin Rowe-Finkbeiner, Directora Ejecutiva y Fundadora, MomsRising

Linda Sarsour, Fundadora , MPower Change

Heidi L. Sieck, Co-Fundadora / CEO, #VOTEPROCHOICE

Emily Tisch Sussman, Directora de Campaña, Centro de Progreso Americano

Jennifer Tucker, Asesora Principal de Política, Mesa Redonda de Mujeres Negras

Winnie Wong, Activista, Organizadora y Cofundadora, People for Bernie

¿Prostitución, trata o trabajo?

1 septiembre, 2014

Marta Lamas

http://www.nexos.com.mx/?p=22354

 

“Todo lo que nos incomoda nos permite definirnos”.
—Cioran

 

En 1989 empecé una relación de acompañamiento político a unas trabajadoras sexuales de vía pública en la ciudad de México, que después derivó en la realización de una investigación antropológica sobre algunos aspectos de sus vivencias y su organización del trabajo.1 De entonces a la fecha he visto cambios sorprendentes en cómo se habla y discute sobre el comercio sexual. En especial, me impacta que la propuesta de reglamentación del trabajo sexual se ha ido transformando en un alegato a favor de su total erradicación. En estas páginas intento aclarar mi posición, ante la postura de quienes insisten en “abolir” toda forma de comercio sexual, usando como excusa el combate a la trata.

Prostitución es un término que únicamente alude de manera denigratoria a quien vende servicios sexuales, mientras que comercio sexual da cuenta del proceso de compra-venta, que incluye también al cliente. Respecto a esta actividad persisten dos paradigmas: uno es el que considera que la explotación, la denigración y la violencia contra las mujeres son inherentes al comercio sexual y por lo tanto habría que abolir dicha práctica, y otro el que plantea que tal actividad tiene un rango de formas variadas de desempeño que deberían regularse así como reconocerse los derechos laborales de quienes se dedican a ella.2

A pesar de que a lo largo de los últimos 30 años muchas trabajadoras3 han reivindicado su quehacer como una cuestión laboral, desarrollando diversas estrategias para obtener derechos correspondientes, en la última década se ha multiplicado una perspectiva que califica a todas las mujeres que trabajan en el comercio sexual de “víctimas”. Hoy en día es patente el crecimiento y la expansión del comercio sexual, lo que expresa no sólo un fenómeno económico sino también una transformación cultural. Este notorio aumento viene de la mano de la liberalización de las costumbres sexuales y de la desregulación neoliberal de los mercados, que han permitido la expansión de las industrias sexuales como nunca antes, con una proliferación de nuevos productos y servicios sexuales: shows de sexo en vivo, masajes eróticos, table dance y strippers, servicios de acompañamiento (escorts), sexo telefónico y turismo sexual. Aunque la droga y el SIDA la han impactado dramáticamente, la industria mundial del sexo se ha convertido en un gran empleador de millones de personas que trabajan en ella, y que atraen igualmente a millones de clientes. Los empresarios tienen agencias de reclutamiento y sus operadores vinculan a los clubes y burdeles locales en varias partes del mundo, en un paralelismo con las empresas transnacionales de la economía formal. Y al igual que éstas, algunas se dedican a negocios criminales, como el mercado negro de la trata.

Las feministas que han reflexionado sobre el tema están divididas al respecto: hay quienes subrayan la autonomía en la toma de tal “decisión” mientras que del otro lado están quienes insisten en la “explotación” y coerción. Ahora bien, no son excluyentes: puede haber decisión y explotación, autonomía para ciertos aspectos y coerción para otros (Widdows 2013). Unas feministas argumentan que ninguna mujer “elige” prostituirse, que siempre son engañadas u orilladas por traumas infantiles de abuso sexual; otras aseguran que la mayoría lleva a cabo un análisis del panorama laboral y toma la opción de un ingreso superior a las demás posibilidades que están a su alcance. “Elegir” en este caso no implica una total autonomía, ni siquiera supone optar entre dos cosas equiparables, sino preferir, no un bien, sino el menor de los males.

En México en el contexto de la precarización laboral (el desempleo, la ausencia de una cobertura de seguridad social y la miserabilidad de los salarios) la llamada “prostitución” es una forma importante de subsistencia para muchas mujeres. Es un hecho que las necesidades económicas llevan a la gente sin recursos a hacer todo tipo de cosas, incluso algunas muy desagradables, como limpiar excusados o trabajar en los camiones de basura. La coerción económica es fundamental.4 Anne Phillips (2013a) dice que hay algo en el uso de las partes íntimas del cuerpo que vuelve la presión del dinero inaceptablemente coercitiva en el caso de la prostitución mientras que Martha Nussbaum (1999) señala que la compulsión económica es problemática, pero que la presión del dinero no se vuelve más coercitiva o inaceptablemente coercitiva sólo porque conduzca a un acceso íntimo en el cuerpo. Como las mujeres están ubicadas en lugares sociales distintos, con formaciones diferentes y con capitales sociales diversos, en ciertos casos el trabajo sexual puede ser una opción elegida por lo empoderante y liberador que resulta ganar buen dinero, mientras que en otros casos se reduce a una situación de una precaria sobrevivencia, vivida con culpa y vergüenza. Además, así como muchas mujeres ingresan por necesidad económica, otras son inducidas por la droga, y viven situaciones espantosas. Sin embargo, no hay que olvidar que también hay quienes realizan una fría valoración del mercado laboral y usan la estrategia de vender sexo para moverse de lugar, para independizarse, incluso para pagarse una carrera universitaria o echar a andar un negocio.

El trabajo sexual es la actividad mejor pagada que encuentran cientos de miles de mujeres en nuestro país, y más que un claro contraste entre trabajo libre y trabajo forzado, existe un continuum de relativa libertad y coerción. Y, al mismo tiempo que existe el problema de la trata aberrante y criminal con mujeres secuestradas o engañadas, también existe un comercio donde las mujeres entran y salen libremente, y donde algunas llegan a hacerse de un capital, a impulsar a otros miembros de la familia e incluso a casarse. Por eso, “quienes sostienen que es un trabajo que ofrece ventajas económicas tienen razón, pero no en todos los casos, y quienes insisten en que la prostitución es violencia contra las mujeres, también tienen razón, pero no en todos los casos” (Bernstein 1999: 117).

Aunque desde la perspectiva del liberalismo político no hay razón para estar en contra del comercio sexual mientras lo que cada quien haga con su cuerpo sea libremente decidido, muchas personas consideran que el comercio sexual es de un orden distinto de otras transacciones mercantiles. La venta de servicios sexuales ofende, irrita o escandaliza de una manera diferente que la situación de otras mujeres que venden su fuerza de trabajo, en ocasiones en condiciones deleznables, como las obreras de la maquila, las empleadas domésticas, incluso algunas meseras, enfermeras y secretarias. Cuando se denuncia la “explotación” de las trabajadoras sexuales no se menciona siquiera a tantas otras trabajadoras que también son explotadas. Muchas personas ven la “prostitución” como la degradación a la dignidad de la mujer. Pero no hay reacciones tan indignadas o escandalizadas ante formas aberrantes de explotación de la fuerza de trabajo en otro tipo de industrias. Tal vez porque lo que más molesta de la “prostitución” voluntaria es que atenta contra el modelo de feminidad.5

Sí, la prostitución femenina subvierte el paradigma de castidad y recato inherente a la feminidad (Leites 1990). Jo Doezema ha planteado que la distinción entre prostitución “forzada” y “voluntaria” reproduce la división entre “putas” y “santas” dentro de la propia categoría de prostituta, siendo la “puta” la que se dedica voluntariamente a dicha actividad mientras la “santa” es la forzada y, al ser una “víctima”, queda exonerada de ser despreciada (1998: 41). Como la expectativa cultural respecto de la sexualidad de las mujeres es que solamente tengan sexo dentro del marco de una relación amorosa (por lo que también se rechaza que las mujeres tengan sexo casual con “desconocidos”, aunque no cobren) la mayoría de las trabajadoras tiene dificultades para asumirse públicamente como tales. No obstante, algunas trabajadoras sexuales han caracterizado la prostitución como un acto transgresor y liberador.6 Lo que provoca el estigma, y muchas de las dificultades y discriminaciones que enfrentan las trabajadoras derivadas de él, es justamente la doble moral: la sexualidad de las mujeres es valorada de manera distinta de la de los hombres. Por eso hace muchos años Mary McIntosh dijo: “la prostitución implica, al mismo tiempo, un desafío y una aceptación de la doble moral del statu quo. Como tal, no puede ser ni condenada totalmente ni aceptada con entusiasmo” (1996: 201). Sí, la actividad sexual comercial de las mujeres es, al mismo tiempo, un desafío a la doble moral, que considera que las transacciones sexuales de las mujeres son de un orden distinto a las transacciones sexuales de los hombres, y una aceptación de dicha doble moral, porque persiste el estigma.

En el debate sobre cuál debería ser el estatus legal de la llamada “prostitución” es posible ver que las implicaciones7 para las políticas públicas que se derivan tanto de la penalización como de la despenalización pueden tener el efecto de exacerbar las desigualdades de género. Como ambas posturas tienen consecuencias en las vidas de las trabajadoras sexuales, resulta complicado hablar en abstracto del comercio sexual, sin ubicarlo en el contexto concreto e histórico en que ocurre y sin distinguir tanto el capital social de las trabajadoras como las condiciones laborales en que realizan su trabajo, en especial su libertad de movimiento. Una rápida mirada sobre la situación mundial muestra que la mayoría de las prostitutas son muy pobres. La brecha económica y social entre las de la calle y las call girls8 es sideral. Estas call girls, que no son engañadas, ni drogadas, ni secuestradas, y que seguramente podrían conseguir otro tipo de trabajo, están en el comercio sexual porque obtienen ganancias enormes. Ellas son, económicamente hablando, privilegiadas y representan una faceta distinta del fenómeno. Para las demás, que son la gran mayoría, la venta de servicios sexuales en contextos laborales de trabajos precarios, salarios miserables y gran desempleo, les permite sobrevivir y a algunas cuantas ganar en un día la misma cantidad de dinero que ganarían en semanas en otro tipo de desempeño laboral, si es que lo consiguieran.

Por eso algunas investigadoras sostienen que el comercio sexual no siempre tiene consecuencias negativas, y que con frecuencia es un medio importante de movilidad económica y de liberación personal (Agustín 2007; Day 2010; Kempadoo 2012). Sin embargo, ciertas filósofas y politólogas feministas, dentro de una reflexión sobre que algunas actividades humanas9 deberían estar fuera del mercado, piensan lo contrario (Phillips 2013a y 2013b; Widdows 2013). Ellas insisten en que el comercio sexual tiene un efecto negativo en la justicia social, en especial en cómo estructura las opciones vitales de las mujeres, pues su ejercicio obstaculiza las relaciones igualitarias.

Como se sabe, el mercado no es un mecanismo neutral de intercambio, y sus transacciones dan forma a las relaciones sociales. Si el mercado no sólo desata procesos económicos, sino que también da forma a la cultura y a la política, entonces hay que analizar cómo ciertas transacciones mercantiles frustran o impiden el desarrollo de las capacidades humanas (Sen 1996) mientras que otras determinan ciertas preferencias problemáticas. La ONU ha señalado que las creencias y mandatos de género en la economía estructuran y validan las relaciones desiguales entre los hombres y las mujeres de manera absolutamente funcional para la marcha del sistema social (ONU Mujeres 2012). Las relaciones de género “marcan el terreno sobre el que ocurren los fenómenos económicos y ponen las condiciones de posibilidad de los mismos” (Pérez Orozco 2012). De ahí que para evaluar un mercado laboral sea necesario evaluar también las relaciones políticas y sociales que sostiene y respalda, y examinar los efectos que tal transacción produce en las mujeres y los hombres, en las normas sociales y en el significado que imprime en las relaciones entre ambos. Hay mercados con consecuencias negativas para las relaciones de género, como el trabajo sexual y el servicio doméstico. La industria del sexo no toma en consideración el contexto de desigualdad social y económica entre mujeres y hombres por lo que refuerza la pauta de opresión patriarcal y contribuye a la percepción de las mujeres como objetos sexuales y, en ocasiones, incluso como seres socialmente inferiores a los hombres.

Se habla de “mercados nocivos” cuando impulsan y sostienen no sólo cuestiones económicas sino también éticas y políticas, y respaldan relaciones jerárquicas y/o discriminatorias totalmente objetables (Satz 2010).10 A los mercados que producen más desigualdad que otros se los califica de nocivos; por ejemplo, es obvio que el mercado de las verduras resulta mucho más inocuo que el del comercio sexual. Y aunque en principio muchos mercados pueden convertirse en nocivos, algunos tienen más posibilidades de hacerlo cuando hay una distribución previa e injusta de recursos, ingresos y oportunidades laborales (Satz 2010).

Pero aunque los mercados nocivos tienen efectos importantes en quiénes somos y en el tipo de sociedad que desarrollamos, no siempre la mejor política es prohibirlos. La mejor manera de acabar con un mercado nocivo es modificar el contexto en que surgió, o sea, con una mejor redistribución de la riqueza, más derechos y oportunidades laborales (Satz 2010). Las prohibiciones pueden llegar a intensificar los problemas que condujeron a que se condenara tal mercado.11 En ese sentido Satz señala que es menos peligrosa la prostitución legal y regulada que la ilegal y clandestina, pues ésta aumenta la todo tipo de peligros, tanto para las mujeres como para los clientes. Lo que en verdad debería preocupar es que en general el comercio sexual está rodeado de gran vulnerabilidad porque en muchos casos es una actividad con altos riesgos de violencia y de contagio de infecciones de transmisión sexual (ITS), en especial de VIH-SIDA.12 De ahí que consideraciones fundamentales para una política de salud pública (Gruskin et al. 2013) respaldan la importancia de una regulación que saque de la clandestinidad a quienes interactúan en esa dinámica de compra-venta.

Justamente por todo lo anterior, las prohibiciones y restricciones al trabajo sexual no son una solución, además de que van contra la libertad constitucional de las mujeres y son “maternalistas”.13 Como lo que impulsa a las trabajadoras a dedicarse a tal actividad suele ser la necesidad económica, prohibirla sin garantizarles un ingreso similar, ni la más mínima seguridad social, les quita una “tablita de salvación”. Si no se resuelven las circunstancias socioeconómicas que las llevan a tal actividad, penalizar para erradicar el comercio sexual las hundiría o marginaría aún más. Regular el comercio sexual no evita los problemas de violencia ni de discriminación por el estigma, pues como señaló hace años Nanette Davis: “No puede haber una política racional hacia la prostitución mientras exista la discriminación de género” (1993: 9). Sin embargo, comprender que la regulación es la forma en que las trabajadoras están más protegidas, no impide entender que el hecho de que ellas elijan la “prostitución” como el trabajo mejor pagado que pueden encontrar no es, en sí mismo, una confirmación de que se trata de una práctica deseable.

Además la regulación ha demostrado ser una excelente estrategia para combatir la trata (Kempadoo 2012). Por eso, es un error plantear la abolición del comercio sexual, como lo hace la Coalition Against Traffic in Women (CATW). Como integrante de esa extraña alianza entre religiosos puritanos y feministas radicales unidos en su misión abolicionista (Scoular 2010), la CATW agita discursivamente contra lo que considera que es la “esclavitud sexual”, término que aplica no sólo a las mujeres víctimas de trata sino a toda mujer en el comercio sexual. Las formas que toma esta cruzada son múltiples, y dependen de las tradiciones políticas y culturales de cada país, pero el eje de la política que impulsan es “salvar a las mujeres”: rescatarlas (Agustín 2007). Aunque el discurso público sobre prostitución muestra una amplia variación entre los países (Vanwesenbeeck 2001: 274), la política alentada por las abolicionistas de CATW se ha difundido ampliamente en oposición a las investigaciones académicas que dan evidencia empírica de que tal política viola los derechos civiles y laborales de las trabajadoras, aumenta el poder de terceros sobre las trabajadoras (clientes, padrotes, traficantes) y pone en riesgo su salud y su bienestar ¡sin jamás lograr el objetivo de abolir la prostitución!

La CATW, que “pretende eliminar el comercio sexual con el argumento de que la prostitución estimula el tráfico” (O’Connell y Anderson 2006: 14) no tiene nada que ver con otra organización internacional, la Global Alliance Against Trafficking in Women (GAATW). Este frente mundial distingue entre trabajo y trata y hace una labor de prevención y combate a la trata entre trabajadores(as) sexuales a partir de impulsar formas de regulación que respeten sus derechos.14 Mientras las trabajadoras sexuales y los activistas de derechos humanos argumentan a favor de la regulación, señalando que si la prostitución se prohíbe o penaliza es imposible establecer estándares laborales y sanitarios, y que precisamente la ausencia de regulación alienta formas de trabajo forzado, la CATW y su sucursal latinoamericana y caribeña CATWLAC lanzan discursos flamígeros contra el comercio sexual, impulsan una cruzada moralista que alienta el “pánico moral”.15

El tráfico de seres humanos es un pavoroso flagelo criminal, del cual el tráfico con fines de explotación sexual es sólo una parte (Casillas 2013; Chang 2013). Sin embargo, de acuerdo a Kamala Kempadoo, “El tráfico sexual ha surgido como una metáfora del estado de degradación de la humanidad en el siglo XXI y se ha convertido en el eje principal de la crítica académica a una variedad de relaciones sociales de poder contemporáneas, tanto a nivel local como mundial” (2012: viii). En México están documentados casos de traslado de mujeres de un lugar a otro dentro y fuera del territorio mexicano así como las distintas formas de coerción (droga, retención de hijos, amenazas) para que den servicios sexuales. Pero aunque esa práctica nefasta es una parte mínima de la industria del sexo,16 la cobertura mediática ha magnificado el fenómeno de la trata pues es más rentable hablar de “esclavas sexuales” que de mujeres pobres. Investigaciones académicas analizan cómo el discurso incendiario de las abolicionistas sobre los cuerpos “violados” o “explotados” de las mujeres traficadas es también parte de una política xenófoba de “seguridad nacional” contra migrantes, y encuentran que el clima de miedo a la inmigración es el telón de fondo de muchas de las políticas en contra del comercio sexual (Kulick 2003; Agustín 2007; Scoular 2010; Weitzer 2010; Kempadoo 2012).

La cruzada moralista de la CATW ha logrado instalar mundialmente un discurso apocalíptico sobre la trata y el tráfico, que ya circula en nuestro país a través de la CATWLAC. Hablar solamente de mujeres víctimas de trata sin reconocer la existencia de otras trabajadoras sexuales favorece posturas fundamentalistas, que desvían la imprescindible lucha contra el tráfico hacia el absurdo proyecto de abolir todo el comercio sexual. Y así como no hay que confundir la situación de las mujeres obligadas a tener sexo a través de engaños, amenazas y violencia con la de otras mujeres que realizan trabajo sexual por razones económicas, tampoco hay que confundir a los clientes. Si bien hay cómplices indiferentes de ese atentado brutal contra la libertad y la dignidad que es la trata, en el comercio sexual también los hay respetuosos y atentos, como relatan las propias trabajadoras; algunos incluso se vuelven clientes “regulares” y desarrollan relaciones sentimentales que duran años. Es imperativo deslindar el comercio sexual de la trata con fines de explotación sexual, pues dicha confusión se expresa en actos discursivos que logran un cierto efecto en la sociedad y en el gobierno.

Hay que combatir la trata, pero respetar a las personas que se dedican al comercio sexual, y apoyar a las que quieren tener otra ocupación.17 Pero lo que priva hoy en día es lo que Kempadoo (2012) denomina “la aplanadora antitráfico”: una estrategia discursiva que tiene como fin último abolir toda forma de comercio sexual. Un elemento de dicha estrategia es el de calificar a las personas que defienden los derechos de las trabajadoras sexuales como “pro prostitución” y decir que con tal postura se favorece la trata.18

Nuestra Constitución y nuestro sistema político democrático garantizan la libertad individual, incluso la de vender y de comprar servicios sexuales. Sin embargo, al revisar la situación del comercio sexual en México el panorama es deprimente pues el esquema con que funciona —al menos en el Distrito Federal— refleja los distintos y complejos intereses de los grupos organizados que están implicados en el negocio, ya que la legislación vigente está llena de omisiones e incongruencias. En la ciudad de México la prostitución es legal pero se penaliza el lenocinio. La definición de lenocinio del Código Penal Federal no ha sido modificada desde 1931: el lenocinio se comete contra personas menores de 18 años o que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo. En cambio, el Código Penal del DF (reformado en 2007) declara que se castigará por cometer lenocinio al que:

  1. Habitual u ocasionalmente explote el cuerpo de una persona u obtenga de ella un beneficio por medio del comercio sexual.
  2. Induzca a una persona para que comercie sexualmente su cuerpo con otra o le facilite los medios para que se prostituya.

III. Regentee, administre o sostenga prostíbulos, casa de citas o lugares de concurrencia dedicados a explotar la prostitución, u obtenga cualquier beneficio con sus productos.

¿Qué significa “explotar el cuerpo de una persona”? ¿A qué se llama “obtener un beneficio por medio del comercio sexual”? Bajo esa ambigüedad cabe cualquier cantidad de actividades. La imprecisión coincide con la deliberadamente confusa redacción del Protocolo de Palermo,19 y con ella se puede consignar a cualquier familiar, socio, empresario, hotelero o amistad que realice alguna tarea o apoyo de cualquier forma a una persona que se dedique al trabajo sexual.

De esa manera el delito de lenocinio, cuya moderna acepción es la de “trata”, sirve para manifestar discursivamente un rechazo moralista al comercio sexual, mientras que en los hechos dificulta establecer formas legales de organización del trabajo sexual de quienes quieren trabajar independientemente, sin padrotes ni madrotas. Por ejemplo, si un grupo de trabajadoras decidiera rentar un local donde dar servicios sexuales, a quien firme el contrato de alquiler se la podría acusar de “lenona” o “tratante”. Así se persigue a quien trabaja en la calle al mismo tiempo que se le impide organizarse en locales cerrados. Esta ambigüedad hipócrita obstaculiza la autoorganización de las trabajadoras y el desarrollo de formas más discretas y seguras de ofrecer el servicio. Además, a esta incongruencia legal se suma el sórdido entramado de corrupción y abuso que rodea al comercio sexual, donde no sólo los que controlan el negocio logran inmensas ganancias sino también algunas autoridades delegacionales, policiacas y judiciales. Y quienes intentan trabajar por fuera de las mafias, y sin dar mordidas, enfrentan no sólo dificultades enormes sino grandes peligros.

Para empezar a “limpiar” el terreno donde se lleva a cabo el comercio sexual y para garantizar los derechos de quienes trabajan en ese sector hay que ir más allá de las posturas fundamentalistas del abolicionismo y regular el negocio. Hay que apoyar a las trabajadoras más vulnerables para que, mientras cambian las condiciones educativas y laborales de nuestro país, puedan trabajar sin riesgos y de manera independiente de las mafias o, si lo desean, capacitar para realizar otro tipo de trabajo. Además de ampliar el marco legal con nuevas formas de organización laboral es indispensable mejorar la seguridad de la mayoría de quienes se dedican a esa actividad con formas de supervisión que no permitan la extorsión. Son muchas las cuestiones que hay que analizar y debatir, especialmente porque la postura abolicionista sostenida por la CATWLAC inhibe una discusión civilizada al responsabilizar a quienes están por la regulación de ser instrumentales en la proliferación de la trata. Esto atemoriza a cualquiera, pero más a políticos y funcionarios.

Por ello es imprescindible impulsar un debate público sobre la regulación del comercio sexual, y analizar cómo el puritanismo que se ha filtrado en la discusión alimenta lo que Elizabeth Bernstein (2012) denomina el “giro carcelario” de la política neoliberal.20

Al reconceptualizar el comercio sexual como “tráfico de mujeres”, el activismo feminista abolicionista ha transnacionalizado un discurso que alienta una política punitiva, que Bernstein denomina “carcelaria”. Esta autora analiza cómo el movimiento feminista llamado “antitráfico”, que usa un discurso sobre las víctimas, facilita un control creciente sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres y produce una “remasculinización del estado”. Bernstein encuentra que anteriormente las feministas en contra de la violencia sexual tomaron la vía del activismo de base para combatirla, pero ahora acuden cada vez más al terreno judicial. La penalización legal es concebida por esas feministas como lo más eficaz para frenar a los clientes y los padrotes: “Necesitamos leyes que hagan que los varones se lo piensen antes de entrar al negocio de la explotación sexual comercial” (2012: 241). Bernstein critica que el feminismo abolicionista le haya dado la espalda a una reflexión más crítica sobre las causas estructurales (económicas y culturales) del fenómeno, y que al denunciar la “prostitución” como una forma de violencia sexual se hayan decantado hacia la penalización otorgando un respaldo ideológico al modelo punitivo neoliberal. Ella concluye que al ampliar y fortalecer la intervención judicial, en lugar de insistir en que el Estado se enfoque en las condiciones de la explotación de la fuerza de trabajo, se desplaza la problemática de la “prostitución” de los factores estructurales a las personas “delincuentes”. Esto, que ha tenido un impacto devastador en quienes se dedican al trabajo sexual, también alimenta el ascenso del modelo carcelario.

Como se ve, el debate es complejo y abarca mucho más que los argumentos sobre “las víctimas” y los “degenerados”, que es lo que se suele ventilar cuando se discute sobre comercio sexual en nuestro país. Obvio que la compraventa de sexo seguirá produciendo conflictos y desacuerdos, y que seguiremos discutiendo y discrepando en torno a estas cuestiones. Obvio también que no hay que dejar de lado ni el combate contra la trata ni las políticas de salud contra el SIDA y las ITS. Pero en última instancia los grandes cambios económicos y la creciente fluidez en el movimiento de personas, capital y servicios que provoca la reestructuración globalizada del capitalismo no deben de hacernos olvidar lo que también significa simbólicamente el comercio sexual. Liv Jessen, una trabajadora social directora del Pro Centre, un centro nacional para prostitutas en Noruega, dice: “La prostitución es una expresión de las relaciones entre mujeres y hombres, de nuestra sexualidad y los límites que le ponemos, con nuestros anhelos y sueños, nuestro deseo de amor e intimidad. Tiene que ver con la excitación y con lo prohibido. Y tiene que ver también con el placer, la tristeza, la necesidad, el dolor, la huída, la opresión y la violencia” (2004: 201). Reflexionar sobre esto es una de las maneras de acercarnos a una mejor comprensión de la condición humana y, por ende, a mejores formas de convivencia.

 

Marta Lamas
Antropóloga. Directora de la revista Debate Feminista y profesora-investigadora del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM. Su más reciente libro es Cuerpo, sexo y política.

Bibliografía

Agustín, Laura María (2007): Sex at the Margins. Migration, Labour Markets and the Rescue Industry, London, Zed Books.

Barry, Kathleen (1987): Esclavitud sexual de la mujer, laSal, edicions de les dones, S.A., Barcelona.

Bernstein, Elizabeth (1999): “What´s Wrong with Prostitution? What´s Right with Sex Work? Comparing Markets in Female Sexual Labor”, en Hastings Women´s Law Journal, vol. 10:1, Winter 1999.

Bernstein, Elizabeth (2012): “Carceral politics as gender justice? The ‘traffic in women’, and neoliberal circuits of crime, sex and rights” en Theor Soc 41, pp. 233-259.

Brigada Callejera (2013): ABC de la trata de personas, Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez” A.C., México.

Casillas, Rodolfo (coord.) (2013): Aspectos sociales y culturales de la trata de personas en México, México, INACIPE.

Chang, Grace (2013): “This is What Trafficking Looks Like”, en Inmigrant Women Workers in the neoliberal age, editado por Nilda Flores-González, Anna Romina Guervarra, Maura Toro Morn y Grace Chang.

Davis, Nanette (1993): Prostitution. An international handbook on trends, problems and policies, London, Greenwood Press.

Day, Sophie y Helen Ward (2009): Sex Work, Mobility and Health in Europe, London, Routledge.

Day, Sophie (2010): “The reemergence of “trafficking”: sex work between slavery and freedom”, en Journal of the Royal Anthropological Institute, número16, pp. 816-34.

Delacoste, Frédérique y Priscilla Alexander (comps.) (1987): Sex Work. Writings by Women in the Sex Industry, San Francisco, Cleis Press.

Doezema, J. (1998): “Forced to choose: Beyond the voluntary vs. forced prostitution dichotomy”, en Global Sex Workers: Rights, resistance and redefinition, editado por K. Kempadoo y J. Doezema, New York, Routledge.

Dworkin, Andrea (1997): Intercourse, Touchstone Books, USA.

Gruskin Sofía, Gretchen Williams y Laura Ferguson (2013): “Realigning Government Action with Public Health Evidence: The Legal and Policy Environment Affecting Sex Work and HIV”, en Journal of Culture, Health and Sexuality, DOI:10.

ILO (1998): The Sex Sector. The economic and social bases of prostitution in Southeast Asia, editado por Lin Lean Lin, International Labour Office, International Labour Organization, Geneve.

Jessen, Liv (2004): “Prostitution seen as violence against women”, en Sex Work, Mobility and Health in Europe, editado por Sophie Day y Helen Ward, London, Kegan Paul,

Kempadoo, Kamala y Jo Doezema (1998): Global Sex Workers. Rights, Resistance and Redefinition, New York, Routledge.

Kempadoo, Kamala (coord.) (2012a): Trafficking and Prostitution Reconsidered. New Perspectives on Migration, Sex Work and Human Rights, London, Paradigm Publishers.

Kempadoo, Kamala (2012b): “The Anti-Trafficking Juggernaut Rolls On”, en Trafficking and Prostitution Reconsidered, editado por Kamala Kempadoo con Jyoti Sanghera y Bandana Pattanaik, London, Paradigm Publishers.

Kulick, Don (2003): “Sex in the New Europe: The Criminalization of Clients and Swedish Fear of Penetration”, en Anthropological Theory, Sage Publications online, vol. 3, núm. 2, pp. 199-218.

Leites, Edmund (1990): La invención de la mujer casta. La conciencia puritana y la sexualidad moderna, Siglo XXI de España Editores, Madrid.

Sumi Madhok, Anne Phillips y Kalpana Wilson (coords.) (2013): Gender, Agency and Coercion, London, Palgrave Macmillan.

McIntosh, Mary (1996): “Feminist debates on prostitution”, en Sexualising the social: Power and the organization of sexuality, compilado por L. Adkins y V. Merchant, London, MacMillan Press.

Mackinnon, Catherine (1993): “Prostitution and Civil Rights”, en Michigan Journal of Gender and Law 13 (1). Se puede leer en internet en: http://www.prostitutionresearch.com/ mackinnon1.html

Nengeh Mensah, María, Claire Thiboutot y Louise Toupin (2011): Lutes XXX. Inspirations du mouvement des travailleuses du sexe, Québec, Les éditions du remue-ménage.

Nussbaum, Martha (1999): “Whether from Reason or Prejudice. Taking Money for Bodily Services”, en Sex and Social Justice, Oxford, Oxford University Press .

O’Connell Davidson, Julia y Bridget Anderson (2006): “The Trouble with ‘Trafficking’ ”, en Trafficking and Women’s Rights, editado por Christien L. van den Anker y Jeroen Doomernik, Hampshire, Palgrave.

ONU Mujeres (2012): La economía feminista vista desde América Latina. Una hoja de ruta sobre los debates actuales en la región, ONU Mujeres, Santo Domingo.

Pérez Orozco, Amaia (2012): “Prólogo”, en La economía feminista vista desde América Latina. Una hoja de ruta sobre los debates actuales en la región, ONU Mujeres, Santo Domingo.

Pheterson, Gail (comp.) (1989): A Vindication of the Rights of Whores, Seattle, The Seal Press. Hay una versión española como Nosotras, las putas, Talasa Ediciones, Madrid.

Phillips, Anne (2013a): Whose body? Whose Property?, London, Palgrave.

Phillips, Anne (2013b): “Does the Body Make a Difference?”, en Gender, Agency and Coercion, editado por S. Madhok, A. Phillips y K. Wilson, London, Palgrave, Macmillan.

Rekart, Michael (2005): “Sex-work harm reduction”, en The Lancet, vol. 366 diciembre, pp. 2123-34.

Satz, Debra (2010): Why Some Things Should Not Be for Sale. The Moral Limits of Markets, Oxford, Oxford University Press.

Scoular, Jane (2010): “What’s Law Go To Do With It? How and Why Law Matters in the Regulation of Sex Work”, en Journal of Law and Society, vol. 37, núm. 1, marzo 2010.

Sen, Amartya (1996): “Capacidad y bienestar”, en La calidad de vida, Nussbaum y Sen compiladores, México, Fondo de Cultura Económica.

Skilbrei, May-Len y Charlotta Holmström (2011): “Is There a Nordic Prostitution Regime?”, en Crime and Justice, vol. 40, núm. 1, The University of Chicago Press, pp. 479-517.

Vanwesenbeeck, Ine (2001): “Another Decade of Social Scientific Work on Sex Work: A Review of Research 1990-2000”, en Annual Review of Sex Research 2001, Research Library 12, pp. 242-289.

Weitzer, Ronald (2009): “Sociology of Sex Work”, en Annual Review of Sociology 35, pp. 213-234.

Weitzer, Ronald (2010): “The Movement to Criminalize Sex Work in the United States”, en Journal of Law and Society, vol. 37, núm. 1, marzo 2010.

Welldon, Estela (1993): Madre, virgen, puta. Idealización y denigración de la maternidad, Siglo XXI de España Editores, Madrid.

Widdows, Heather (2013): “Rejecting the Choice Paradigm: Rethinking the Ethical Framework in Prostitution and Egg Sale Debates”, en Gender, Agency and Coercion, editado por S. Madhok, A. Phillips y K. Wilson, London, Palgrave, Macmillan.

1 De esa experiencia nacieron algunos ensayos y mi tesis de maestría en etnología “La marca del género. Trabajo sexual y violencia simbólica”, ENAH, 2003.

2 Hay muchísimo publicado desde ambas posturas. Las autoras paradigmáticas de la postura que considera que siempre es violencia contra las mujeres son Barry 1987; McKinnon 1993; Dworkin 1997; mientras que en la otra destacan Agustín 2007; Day 2010; Scoular 2010; Kempadoo 2012. Una revisión de la literatura de ciencias sociales sobre trabajo sexual de 1990 a 2000 se encuentra en Vanwesenbeeck 2001, y un análisis sociológico al respecto en Weitzer 2009.

3 Si bien también hay hombres que se dedican a la venta de sexo, la dinámica y la problemática de las mujeres es muy distinta. Tanto mi investigación como mi activismo político han sido con mujeres y fundamentalmente me referiré a ellas a lo largo de estas páginas. Para escritos de las propias trabajadoras sexuales: ver Delacoste y Alexander 1987; Pheterson 1989; y Nengeh Mensah, Thiboutot y Toupin 2011.

4 Aunque las mujeres eligen la venta de sexo fundamentalmente por cuestiones económicas, también existen casos donde son las razones psíquicas las que las impulsan. Por eso también se ha investigado y reflexionado sobre los condicionantes psicológicos. Ver Welldon 1993.

5 No ocurre lo mismo con la prostitución masculina, que no subvierte el paradigma de masculinidad. La valoración de la masculina toma como “natural” y valioso que a los varones les guste el sexo.

6 Básicamente algunas organizaciones estadunidenses, como COYOTE, y muchas trabajadoras sexuales europeas. Ver Pheterson 1989 y Nengeh Mensah et al., 2011.

7 Una implicación sustantiva es la relativa a la salud pública, que no analizaré en estas páginas pero que sin duda mueve a muchos gobiernos a tomar la postura de la regulación (Rekart 2005; Day y Ward 2009; Gruskin, Williams y Ferguson 2013).

8 Uso el término call girls para referirme a quienes trabajan en departamentos, aunque en ocasiones las acompañantes (escorts) también trabajan así.

9 Este debate se ha centrado en si permitir o prohibir transacciones vinculadas al cuerpo, como la venta de órganos, el alquiler de úteros, y también la prostitución. Ver S. Madhok, A. Phillips y K. Wilson 2013.

10 Debra Satz analiza los mercados nocivos, donde incluye al del sexo, establece cuatro parámetros relevantes para valorar un intercambio mercantil y los aplica al trabajo sexual: 1) vulnerabilidad, 2) agencia débil, 3) resultados individuales dañinos y 4) resultados sociales dañinos. La vulnerabilidad y la agencia débil aluden a lo que las personas aportan en la transacción; la vulnerabilidad aparece cuando las transacciones se dan en circunstancias de tal pobreza o desesperación que las personas aceptan cualquier condición, y la agencia débil se da cuando en las transacciones una parte depende de las decisiones de la otra parte. Los otros dos parámetros (daños individuales y sociales) son característicos de los resultados de ciertos mercados cuando posicionan a los participantes en circunstancias extremadamente malas, por ejemplo, en las que son despojados o en las que sus intereses básicos están aplastados. También eso produce resultados extremadamente dañinos para la sociedad, pues socava el marco igualitario que requiere una sociedad y alienta relaciones humillantes de subordina- ción. Ver Satz 2010.

11 Me sorprende el paralelismo que se da con el aborto. No es que a quienes luchamos por la despenalización del aborto nos parezca tal intervención la mejor de las prácticas, y propongamos su regulación para que más mujeres aborten, sino que pensamos que la penalización produce males mayores, que la regulación abate.

12 Para un panorama sobre los riesgos sanitarios que tiene el trabajo sexual y la importancia de una política de salud pública ver Rekart 2005 y Gruskin, Williams y Ferguson 2013.

13 Llamo “maternalismo” al paternalismo de las feministas abolicionistas, que pretenden “rescatar” y “salvar” a las mujeres, aun en contra de sus deseos y su voluntad.

14 En México Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez” A.C. es integrante de la Red Latinoamericana y del Caribe contra la Trata de Personas, que es el capítulo regional de la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW, por su nombre en inglés).

15 Respecto al pánico moral Sophie Day (2010) establece un paralelismo entre la situación actual y la época victoriana. Day señala que durante tal época, con sus intensas transformaciones económicas y sociales, el pánico moral en torno a la prostitución, la “trata de blancas” y la enfermedad venérea (en especial la sífilis) expresó las angustias culturales respecto al cambiante papel de las mujeres y a los procesos de inmigración y urbanización. Alentadas por una amplia coalición de feministas y grupos religiosos que había decidido “rescatar” a las mujeres, aparecen las leyes sobre “enfermedades contagiosas” (1864, 1866 y 1869) que perfilaban a la prostituta como peligrosa física y moralmente al mismo tiempo que la consideraban vulnerable. Así se justificó la regulación moral, social y legal de muchas mujeres solteras de la clase trabajadora, para que la salud moral de la sociedad quedara a salvo. También Jane Scoular (2010) comparte tal equiparación y añade que el espectro de la esclavitud sexual servía como cortina de humo para tapar otras cuestiones, como la esclavitud colonial. ¿Qué estará tapando hoy en México el espectro de la trata?

16 Debido a su ilegalidad hay escasas estadísticas sobre el número de mujeres que se dedican al comercio sexual. Brigada Callejera, usando un modelo de la Organización Internacional del Trabajo sobre el sector sexual para estimar la cantidad de personas que se dedican al trabajo sexual, estima en 800 mil mujeres, de las cuales 200 mil son menores de 18 años, en nuestro país. Para ver el modelo, consultar ILO 1998.

17 Esa es justamente la postura de Brigada Callejera, que ha publicado varios manuales sobre trata dirigidos tanto a las trabajadoras sexuales como a los funcionarios que tienen a su cargo las políticas públicas. Ver Brigada Callejera 2013.

18 Este discurso intimidatorio ya se lo han aplicado a la Secretaria del Trabajo del GDF, por acatar la resolución de la Juez Primera de Distrito, que resolvió que había que reconocer el carácter de trabajadores no asalariados de quienes se dedican a ofrecer ese servicio en vía pública.

19 Es el Protocolo de la ONU que se firmó en diciembre de 2000 en Palermo, y que con la influencia del gobierno de Bush introdujo la confusión entre trata y prostitución. Ver Saunders 2004 y Weitzer 2010.

20 El análisis de Bernstein se inscribe en una tendencia crítica donde varios autores analizan la relación entre las estrategias carcelarias contemporáneas para la gobernanza social con la agenda económica neoliberal. Indudablemente hay varios aspectos del problema vinculados con otras transformaciones culturales del capitalismo tardío que ella no analiza al acotar su reflexión al comercio sexual.

 

Asociaciones de prostitutas denuncian que sufren “vejaciones” de algunos agentes en el polígono de Villaverde

Por EUROPA PRESS
MADRID| 29/11/2016

 

http://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/prostitucion/Asociaciones-prostitutas-denuncian-vejaciones-Villaverde_0_976403781.html

 

 1480431051_337805_1480431363_noticia_normal

 

Acusan a Delegación del Gobierno de “someterlas a un largo proceso de mentiras para hacer lo que anunció que no haría: perseguir, acosar y multar”

 

La Agrupación Feminista de Trabajadoras del Sexo (AFEMTRAS) y el colectivo Hetaira ha denunciado este martes el “silencio y la complicidad de las instituciones” hacia los “abusos policiales y vejaciones” que aseguran estar sufriendo por parte de algunos agentes las prostitutas del polígono de Villaverde.

Critican casos de supuestos abusos de poder por parte de algunos agentes del grupo XI de la Unidad Central contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) que operan en el polígono; la misma Unidad que se encarga de investigar los delitos de trata.

La portavoz de AFEMTRAS, Marcela, ha relatado que algunos policías “las hostigan a diario” en diferentes situaciones. “Nosotras, las prostitutas, somos juzgadas en muchas ocasiones por algunos agentes como ‘malas madres’. Nos cuestionan con frases como ‘qué dirán tus hijos’, porque la carga moral está presente en el momento en que nos extienden las multas”, critican.

Además, aseguran que las mujeres que “ya no les queda ningún lugar seguro” en el polígono. “Los agentes ordenan que nos situemos en ciertos lugares con la garantía de que allí no seremos multadas y después recibimos la multa igualmente. Nos mienten diciéndonos que han visto en su base de datos que no tenemos la documentación en regla y nos amenazan con no poder renovar la documentación. Nos vejan cuando nos rompen nuestros resguardos de documentos de identidad tirando los restos al suelo o nos tiran los documentos de identidad a los pies para que tengamos que recogerlos del suelo tras una identificación”, denuncian.

La asociaciones de meretrices detallan que muchas mujeres que han recibido frases como: “¡Vete a zorrear a tu país!”; “A España se viene a trabajar, no a putear” u “Os voy a llevar presas”. “Violan nuestra privacidad constantemente, nuestros datos personales son utilizados para rellenar el formulario de la multa de nuestros clientes, nos piden nuestros números de teléfono en identificaciones rutinarias”, continúa Marcela.

CRÍTICAS A LA ‘LEY MORDAZA’

La Agrupación Feminista de Trabajadoras del Sexo y el colectivo Hetaira han achacado estos comportamientos a la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que “se está cebando especialmente con las trabajadoras del sexo que captan su clientela en el polígono de Villaverde, uno de los colectivos más castigados en la ciudad de Madrid”.

Hetaira considera la llamada ‘Ley Mordaza’ como “una forma encubierta de prohibir la prostitución en el espacio público, un instrumento para expulsar a las mujeres de la calle sin contar con su opinión, sin ofrecerles una alternativa y sin preocuparse lo más mínimo por las consecuencias negativas que provoca en las trabajadoras del sexo”.

“Esta ley se vendió como una herramienta de protección de las mujeres y prevención de la trata. Una fórmula muy hipócrita para justificar la criminalización con una supuesta preocupación por el bienestar y la protección de las mujeres cuando el efecto que provoca es totalmente opuesto”, ha sentenciado una de las portavoces de Hetaira, Elisa Arenas.

La asociación critica que la desobediencia a la autoridad es “la fórmula encubierta que se le ha ocurrido al Gobierno para penalizar a las mujeres por ejercer la prostitución, como si no fuera obvio que la única desobediencia es simplemente ser prostitutas”.

Por su parte, AFEMTRAS argumenta que “esta persecución no ayuda en nada en la lucha contra la trata, sino que la fomenta y que conlleva clandestinidad; y la clandestinidad lleva al abuso”. “Precariza más nuestra situación y nos expone a más peligros. Tenemos que escondernos más para realizar los servicios y tenemos menos capacidad de negociación del preservativo, de los servicios, del precio, porque estamos más pendientes de la Policía y su agresiva actuación que de nuestra seguridad en el trabajo”, explican en el comunicado.

Las meretrices de Marconi se sienten “las grandes ninguneadas del derecho, víctimas de una constante violencia institucional”. “La Policía debería preservar y garantizar nuestra integridad como al resto de la ciudadanía, ya que la prostitución no es un delito”, asegura Marcela.

CRÍTICAS A LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO Y AL AYUNTAMIENTO

Hetaira denuncia que hace más de 6 meses que Delegación de Gobierno DE Madrid tiene conocimiento de estos hechos y que también lo habían puesto en conocimiento del Ayuntamiento de Madrid (representantes de Ahora Madrid y PSOE). Pero que a día de hoy afirman que no han recibido ninguna respuesta institucional y los problemas siguen siendo los mismos.

“La Delegación de Gobierno nos ha sometido a un largo proceso de mentiras y manipulación informativa para finalmente hacer lo que anunció que no haría: perseguir, acosar y multar las trabajadoras del sexo”, aseveran.

Por todo ello, tanto AFEMTRAS como Hetaira han exigido la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana. “Las políticas públicas deberían ir dirigidas a garantizar los derechos de las trabajadoras del sexo, no a criminalizarlas a través de legislaciones punitivas de control más típicas de regímenes totalitarios que de un Estado de derecho”, han explicado.

También han reclamado una “respuesta contundente hacia los agentes que han cometido estos delitos” y al Ayuntamiento de Madrid que “deje de ignorar a las trabajadoras del sexo y se comprometa con los derechos humanos y facilite un proceso democrático de participación de todos los agentes que operan en el espacio público, vecindario, empresariado y trabajadoras del sexo”.

Por último, las asociaciones en defensa de las prostitutas han presentado una campaña que firman conjuntamente con la Plataforma No Somos Delito llamada ‘Un año de leyes mordaza: No hay malas mujeres. Solo hay malas leyes. Juntas contra el acoso policial”, un lema inspirado en campañas de otros colectivos de trabajadoras del sexo en todo el mundo.

 

Yo estoy con ella, pero ¿está Hillary Clinton conmigo?: trabajo sexual no es trata sexual

La guerra equivocada

 

TRABAJO SEXUAL NO ES TRATA SEXUAL

 

Los demócratas siguen jugando con los clichés que gustan a la prensa diciendo que han hecho de la guerra contra la trata sexual la nueva guerra contra las drogas.

melissa-petro  

Melissa Petro

 

1 de agosto de 2016

 

http://www.thedailybeast.com/articles/2016/08/01/sex-work-isn-t-sex-trafficking.html

sex-workers

#YoEstoyConElla, pero –y lo digo como antigua trabajadora sexual—he tenido que preguntarme. ¿está Hillary Clinton conmigo?

Poco después de que Ima Matul hablara el martes en la Convención Nacional Demócrata, se reveló que la “superviviente de trata sexual” que habló apoyando a Hillary Clinton había sido de hecho víctima de trabajo forzado (no esclavitud sexual) (1). El discurso en la convención de la senadora Amy Klobuchar se centró también el la trata sexual, y citó estadísticas cuestionables (2) referentes a la trata de personas como siendo la “tercera mayor” economía ciminal en el mundo. Lena Dunham —una celebridad que a pesar de ser ya una ferviente crítica (3) ha redoblado posteriormente su oposición a la despenalización del trabajo sexual (4)— habló también.

Yo había llorado antes escuchando el genio retórico de Michelle Obama (5), pero al oír a estas buenas demócratas machacar los mismos viejos cansinos clichés acerca de la trata sexual —o hablando valientemente de su experiencia personal como supervivientes, habiendo negado descaradamente la sabiduría de supervivientes como yo (te estoy mirando, Lena)— me recordaron el pobre historial de Hillary Clinton en lo que se refiere a los derechos de las trabajadoras sexuales.

Como señala acertadamente la periodista Elizabeth Nolan Brown, “la guerra contra la trata sexual es la nueva guerra contra las drogas” (6). Presentada como una epidemia nacional, y alimentada con dinero federal, los políticos ganan votos adoptando la posición obvia. Las trabajadoras sexuales, así como las supervivientes, pagan el coste.

Es una guerra en la que Clinton ha combatido. Al comienzo de su carrera, declaró (7) que “no aprueba la prostitución” y que “la encuentra degradante para las mujeres”, como si su aprobación o desaprobación sirviera para pagar los alquileres, los servicios, el transporte, los gastos de matrícula (8) o los zapatos (9) de los hijos de las trabajadoras sexuales.

“[Como presidente] hablaré obviamente contra la prostitución e intentaré persuadir a las mujeres de que ese no es —incluso en un sistema regulado— necesariamente una buena manera de intentar ganarse la vida”, dijo en 2007.

Aquellas de nosotras que hemos dedicado nuestras vidas a este asunto sabemos que las razones por las que las personas intercambian sexo por dinero son complejas y variadas. En una campaña política, tristemente, un matiz como este se borra por el bien de la popularidad y la conveniencia política.

En 2010, la entonces Secretaria de Estado Hillary Clinton llamó a terminar con la trata de personas, escribiendo un artículo de opinión (10) en apoyo del “Protocolo para suprimir, prevenir y castigar la trata de personas, especialmente mujeres y niños” conocido como “el Protocolo contra la trata de EE.UU.”. Este protocolo fue el responsable de la forma como la trata fue definida de forma tan extensa, y es la razón por la que el trabajo sexual consensuado y la trata sexual son amalgamados con tanta frecuencia, particularmente en el caso de las trabajadoras inmigrantes o transnacionales.

El propósito de ese protocolo, dijo Clinton en sus comentarios de 2010, era presionar a los tratantes. Y sin embargo, este mayo pasado, Amnistía Internacional (11) publicó los resultados de un informe esperado desde hacía tiempo en los que concluía que tales medidas tenían un efecto negativo tanto sobre las trabajadoras sexuales consensuales como sobre las víctimas de trata sexual.

El hecho es que, mientras existan las motivaciones económicas, no podemos “dejar de lado” la existencia de la industria del sexo. La hipérbole hace más daño que bien.

Para ser exactos, la trata sexual es una preocupación global, y nadie debería ser obligado a vender sexo. Yo perdí mi carrera como enseñante en una escuela pública en 2010 por revelar mi propio pasado como trabajadora sexual (12), un estilo de vida que describí como “físicamente exigente, emocionalmente gravoso y espiritualmente ruinoso”. En estos días, trabajo con chicas y jóvenes mejor clasificadas como víctimas de explotación sexual comercial. Aunque igualmente odiosa, la historia de Ima Matul es marcadamente diferente de las suyas.

Según la biografía (13) de Matul, sus responsabilidades incluían cocinar, limpiar, lavar la ropa, cuidar de los niños, arreglar el jardín y lavar el coche. Estaba obligada a trabajar muchas horas, y en los últimos tiempos no la pagaban. Dice que abusaban de ella física y verbalmente a diario, pero en ninguna parte de su relato se encuentra la palabra “sexo”, y mucho menos “violación”.

La razón de esta ficción es obvia: la trata sexual es una causa célebre para los medios sensacionalistas.

Se que las posiciones de los políticos “evolucionan”. La misma Clinton ha suavizado o cambiado sus posiciones sobre una serie de asuntos (14), incluyendo del matrimonio entre personas del mismo sexo, la reforma de la justicia penal, el oleoducto Keystone XL, y su voto a favor de enviar tropas a Irak.

En 2011, la entonces Secretaria de Estado aplaudió a funcionarios de su departamento por reunirse con una serie de activistas LGBT, incluyendo algunas autodenominadas trabajadoras sexuales. Se trató de una reunión que Clinton describió como “la mejor diplomacia de persona a persona” (15).

Eso me hizo tener esperanza. Después vino la convención y sus cansinos clichés.

Nuestra nación ha esperado mucho tiempo para ver nominada a una mujer. Cuando se trata del auténtico reconocimiento de nuestras vidas y experiencias, las actuales y las antiguas trabajadoras sexuales todavía estamos esperando.

 

1.- http://reason.com/blog/2016/07/26/sex-trafficking-survivor-speaks-at-dnc

2.- https://www.washingtonpost.com/news/fact-checker/wp/2015/06/02/the-false-claim-that-child-sex-trafficking-is-a-9-5-billion-business-in-the-united-states/

3.- http://www.thedailybeast.com/articles/2015/07/29/prostitutes-tell-lena-dunham-to-stop-grandstanding-about-sex-work.html

4.- http://nymag.com/thecut/2015/08/lena-dunham-still-against-legalizing-sex-work.html

5.- https://www.youtube.com/watch?v=4ZNWYqDU948

6.- http://reason.com/archives/2015/09/30/the-war-on-sex-trafficking-is

Ver también, en español, https://elestantedelaciti.wordpress.com/2015/06/30/la-nueva-guerra-de-ee-uu/

7.- http://prostitution.procon.org/view.source.php?sourceID=003477

8.- https://www.theguardian.com/education/2015/mar/27/university-students-sex-work-living-costs-tuition-fee-debts

9.- http://www.dailydot.com/irl/sex-worker-parenting/

10.- http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2010/11/150701.htm

11.- http://www.nytimes.com/2016/05/25/magazine/why-amnesty-international-is-calling-for-decriminalizing-sex-work.html?_r=0

12.- http://www.salon.com/2011/05/05/hooker_teacher_what_i_was_thinking/

13.- https://survivorsofslavery.org/survivorsspeakers/ima-matul/

14.- http://www.npr.org/2016/05/23/478973321/evolution-or-expediency-clintons-changing-positions-over-a-long-career

15.- http://cnsnews.com/news/article/clinton-meeting-sex-workers-people-people-diplomacy-its-best