En España, la trata fue abolida en el siglo XIX

 

 

30.- ¿Qué es la «trata de personas»? 

Trata es la compraventa de mercancías.

No puede existir “trata de personas” (o “trata de seres humanos”) si esas personas no han sido reducidas previamente a la condición de esclavos (y, por tanto, de mercancías) en virtud de leyes de esclavitud vigentes en un momento y en un Estado concretos. Esas leyes respaldan el derecho de propiedad de unas personas sobre otras y garantizan con los tres poderes del Estado el derecho de las primeras a comprar y vender a las segundas: si un esclavo se escapa, la policía se encarga de detenerlo y devolverlo a su propietario.

En España, la esclavitud fue abolida en el siglo XIX: hoy, no hay ni esclavitud ni trata.

Aunque la propaganda institucional abolicionista intenta hacer creer que las víctimas de lo que el actual Código Penal llama «trata de seres humanos» son mujeres secuestradas y violadas, como si esta llamada «trata» fuera una auténtica trata, la realidad es que la condición indispensable para que una mujer pueda llegar a ser considerada víctima de «trata» es que haya existido libre consentimiento, ya que, si no hubiera existido el libre consentimiento, los delitos serían de secuestro y violación, claramente tipificados en el Código Penal.

Los vicios del consentimiento que pueden invalidar éste ya están contemplados en nuestro sistema jurídico: no es lo mismo un consentimiento invalidado por iniciativa de la persona titular del bien jurídico protegido —la libertad sexual, la libertad de empresa, el derecho al trabajo— que consigue demostrar que su consentimiento fue viciado que un consentimiento despreciado por la ley como “irrelevante” violando la dignidad de la persona que lo dio libremente.

La expresión “explotación sexual”  que menciona el Código Penal como finalidad de la «trata» no ha sido definida ni en la legislación internacional ni en la nacional. Eso viola el principio de legalidad, creando una situación de inseguridad jurídica incompatible con el Estado de Derecho.

Por eso, una de las reivindicaciones en que se concreta nuestra lucha por la total despenalización del trabajo sexual es la supresión del párrafo b) del artículo 177 bis del Código Penal (De la trata de seres humanos) que dice “La explotación sexual, incluyendo la pornografía.”

Basta con las leyes generales que nos protegen contra el secuestro, la violación y los vicios del consentimiento en defensa de nuestra plena y responsable libertad personal.

Del Putecismo

 

Lo que nos dice el acto de feminicidio de Atlanta sobre los hombres y las trabajadoras sexuales

¿Cuál es la respuesta? Parece fácil, pero no lo es

 

 Victoria Gagliardo-Silver@victoriaxsilver

viernes 19 marzo 2021

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https://www.independentespanol.com/opinion/atlanta-georgia-spa-tiroteos-robert-aaron-long-trabajadoras-sexuales-b1819403.html

 

Ataques mortales contra tres salones de masajes asiáticos en Atlanta, EE.UU.
(Atlanta Journal-Constitution)

 

Otro día en Estados Unidos, otras ocho vidas perdidas por el cáncer de la supremacía blanca y la misoginia.

El tiroteo en Georgia del martes por la noche fue la culminación de la xenofobia, el sexismo y la putofobia: el presunto tirador, Robert Allen Long, eligió los negocios de masajes asiáticos por una razón. Según la policía, mató a estas mujeres específicamente para eliminar su tentación sexual individual, disparando a las supuestas trabajadoras sexuales en un «ataque a la industria del porno«. Por mucho que se trate de un acto de violencia contra los asiáticos, es un acto de violencia contra el trabajo sexual y un acto de feminicidio.

No puedo decirte cuántos chistes he escuchado que convierten a una trabajadora sexual muerta en un chiste. Las mujeres trabajadoras del sexo a menudo se enfrentan a la violencia a manos de los hombres, tanto en línea como en tiempo real, que no se denuncia porque carecemos del apoyo de los sistemas que nos criminalizan. Las trabajadoras sexuales tienen entre un 45 y un 75 por ciento de probabilidades de ser agredidas en el trabajo, y las trabajadoras sexuales transgénero y migrantes y las trabajadoras sexuales de color tienen una mayor probabilidad de sufrir daños. Al mismo tiempo, no podemos recurrir a la policía en peligro cuando la estructura misma de nuestro trabajo es ilegal. Somos gente común: vuestras maestras, enfermeras, maquilladoras, madres. He trabajado en las Naciones Unidas y en salas de redacción galardonadas, pero la respetabilidad no evitará que un cliente me haga daño o que los hombres me acosen en Internet.

En este caso, no importa intrínsecamente si las trabajadoras del masaje eran trabajadoras sexuales o no. Sigue siendo que fueron el objetivo de alguien que las vio como trabajadoras sexuales.

La industria del sexo y, a su vez, las trabajadoras sexuales se encuentran en una extraña intersección de legalidad y moralidad. Algunas formas de trabajo sexual pueden ser técnicamente legales con ciertas estipulaciones, pero todas las trabajadoras sexuales enfrentan un cierto tipo de estigma por el trabajo que realizan, y todas caemos bajo el paraguas del trabajo sexual. Ponerse en contacto directamente con la policía no sólo pone a las trabajadoras sexuales en riesgo individual de ser arrestadas, sino que los estudios han demostrado que la policía a menudo discrimina y se niega a ayudar a las trabajadoras sexuales de la calle, incluidas las que han sido violadas. Además, el 27 por ciento de las mujeres en un estudio informó que la policía había propagado la violencia contra ellas.

La solución parece fácil, ¿verdad? Con el aumento de la pornografía directa al consumidor y los sitios de fans y en medio de los cierres pandémicos, parece que ingresar a un sitio como Onlyfans sería una forma bastante fácil de ganar dinero seguro, y el trabajo sexual callejero y de servicio completo disminuiría. al borde del camino. Sin embargo, esa no es la historia completa. Los creadores de contenido migrantes no pueden acceder a dichas plataformas porque, como creador, necesita una cuenta bancaria para adjuntarla a casi todas. Si alguien necesita dinero para alimentar a sus hijos ese día, Onlyfans tiene un período de procesamiento. Y con el artículo reciente de Nicholas Kristof que llevó a MasterCard y Visa a negarse a trabajar con Pornhub, muchos artistas porno independientes están luchando por encontrar una nueva forma de obtener los ingresos que necesitan para sobrevivir.

Una trabajadora sexual promedio no gana decenas de miles de dólares, sino que trabaja para pagar su comida y alojamiento. Sólo requiere $1.000 al mes para estar entre el 10 por ciento superior de los artistas de Onlyfans. Es lógico que la mayoría gane muy por debajo del salario mínimo.

La pornografía no es el problema, per se, sino el hecho de que nuestra sociedad prospera con la explotación del trabajo de las mujeres, tanto sexual como emocional. El verdadero problema, como de costumbre, es el patriarcado.

Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo protegemos a las trabajadoras sexuales en una nación que devalúa activamente el trabajo sexual y el trabajo de las mujeres, hasta el punto de la violencia? La despenalización del comercio sexual es la única opción.

Valentina Fox , una dominatrix con sede en Nueva York, dice: “La despenalización es el primer paso para humanizar a las trabajadoras sexuales para el público en general. Las trabajadoras sexuales también tienen esperanzas y sueños. Las mujeres que fueron asesinadas tenían esperanzas y sueños; eran personas completas y complejas con familias asesinadas por ser (percibidas como) trabajadoras sexuales. Es peligroso que estemos agrupadas con perpetradores violentos de delitos a los ojos del público. Conduce al odio y a los malentendidos».

Nuestro sistema legal fusiona el trabajo sexual consensuado con la trata sexual, lo que perjudica tanto a las víctimas de la trata como a las trabajadoras sexuales consensuales. Con la despenalización del comercio sexual, que es recomendada por la Organización Mundial de la Salud como práctica de salud pública, más ingresos de los departamentos de policía podrían dirigirse a las víctimas reales de la trata, y las trabajadoras sexuales podrían recibir servicios de la policía y las organizaciones gubernamentales de salud sin miedo a perder ingresos o ser denunciadas como objeto de trata.

La despenalización también viene con los beneficios de seguridad adicionales que existían antes de que FOSTA-SESTA expulsara a las trabajadoras sexuales de la esfera digital: tableros de selección de clientes y proveedores donde los clientes inseguros pueden ser incluidos en listas negras, foros publicitarios, soporte en línea y en tiempo real, y servicios de salida de la industria. Esto no previene intrínsecamente atrocidades como la de Georgia, pero las trabajadoras sexuales merecen el derecho de investigar el historial de sus clientes para asegurarse de que se respetarán sus límites. En otras palabras, merecen la oportunidad de hacerse cargo de su propia seguridad. Eso debería haber sido siempre lo mínimo.

 

La familia española, la industria del sexo y las “migrantes”

 

Por Laura Mª Agustín

2005

Descarga del documento completo aquí:

https://gepibbaleares.files.wordpress.com/2012/03/03_agustin.pdf

 

(…)

Un elemento fundamental sobre el que se basa esta reacción generalizada tiene su raíz en el supuesto de que el cuerpo de la mujer es sobre todo un objeto sexual indefenso. Según esta idea, las experiencias y los órganos sexuales de las mujeres son elementos esenciales de su “autoestima”. No se puede decir lo mismo sobre el cuerpo masculino, donde es el pene lo que significa su masculinidad: el falo poderoso. En el caso de la mujer es mucho más que su vagina; pareciera que sean varios órganos internos y que en vez de tratarse de un poder se trate más bien de una vulnerabilidad. Esta imagen es una construcción no muy antigua, ya que durante la mayoría de la historia la vagina dentata (con dientes), una de las principales imágenes de la sexualidad de la mujer, dio miedo a los hombres. La nueva teoría de la disposición a ser dañado del cuerpo de la mujer sostiene que el alma o el verdadero yo es “alienado” cuando se mantienen relaciones sexuales fuera del contexto de “amor”. Luego, se dice que las mujeres quedan irremediablemente heridas por esa experiencia (Barry 1979; Jeffreys 1997). Algunas mujeres se sienten así y otras derivan placer de la labor sexual, lo cual solo significa que no existe una única experiencia corporal compartida por todos – un resultado no tan sorprendente, después de todo. La utilización del cuerpo para obtener una ganancia económica no resulta ni perturbador ni tan importante para muchas mujeres, quienes generalmente manifiestan que el primer mes de trabajo les resultó difícil y penoso pero que después se adaptaron.20 En cualquier caso, incluso las personas a las que no les gusta vender sexo dicen que es mejor que muchas otras opciones que tampoco les gustan; aprender a adaptarse a las circunstancias e ignorar los aspectos desagradables del trabajo es una estrategia humana normal. Pero el tabú sobre este tema sigue en pie.

El análisis de género que se puede hacer de esta limitación discursiva es interesante. Demos la vuelta a esta situación e imaginémonos qué pasaría si se pensara que fueran los hombres en grandes números quienes usaran el trabajo   sexual como estrategia para entrar en Europa y obtener buena paga (vendiendo servicios a hombres, mujeres o transexuales). ¿Se consideraría tal estrategia como tragedia, o más bien como acto pragmático e incluso creativo por parte de personas que carecen de muchas opciones? El hecho de que los hombres y las transexuales que venden servicios sexuales casi siempre están excluidos no sólo de los abordajes trágicos sobre el “tráfico” sino también de los discursos convencionales sobre “la prostitución” nos da una pista sobre la respuesta. Están excluidos los hombres porque el discurso dominante depende del género del sujeto: si no es mujer, no cabe. Están excluidas las transexuales porque el concepto de mujer del discurso dominante es biológico. Si preguntamos por la incoherencia de estas exclusiones, la respuesta es que no importa porque “son pocos” o que “es diferente”, cuando justamente ahora sabemos que no son pocos para nada las transexuales y los hombres “migrantes” que venden servicios sexuales. La supuesta diferencia es imposible de defender; todos los rasgos de placer y sufrimiento posibles en el trabajo sexual están presentes no importa si se trata de transexuales, mujeres u hombres. Quién no acepta eso está sosteniendo que hay algo esencial en la persona nacida mujer que le hace vivir la situación de manera distinta, peor, más intensa y con menos posibilidades de elegir lo que hace. Tal esencialismo depende de una visión determinista o bien de un concepto del alma o del yo de la mujer que llega a quitarle el protagonismo de su propia vida.

(…)

 

 

 

La Policía detecta 530 puntos de prostitución en Madrid en la mayor operación de rescate de la trata

La Brigada Provincial de Extranjería y las 30 comisarías de Madrid han elaborado el primer censo de pisos, locales y calles donde se esclaviza

“Solo un pequeño puñado de víctimas han decidido pensárselo, de cara a una denuncia, y tienen 90 días para tomar la decisión. Y ésta es el enorme escollo para los investigadores (y la sociedad en general) para acabar de una vez por todas con esta lacra que casi nadie quiere mirar de frente: las instancias judiciales exigen en el 99% de los casos la denuncia de la mujer.”

 

Por Carlos Hidalgo

5 de marzo de 2021

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7eQhOC89GjkJ:https://www.abc.es/espana/madrid/abci-policia-detecta-530-puntos-prostitucion-mayor-operacion-rescate-trata-202103042008_noticia.html+&cd=5&hl=es&ct=clnk&gl=es

 

La lucha contra la trata de seres humanos continúa pese a las limitaciones de la pandemia. Según ha podido saber ABC, la Policía Nacional, tras un arduo trabajo de casi dos años, ha elaborado un censo muy aproximativo que cifra en, al menos, 530 puntos de distinto tipo donde se practica la prostitución en Madrid. Se diferencia entre clubes, calle y pisos; estos últimos son los más numerosos en la actualidad. Y los más difíciles de controlar, habida cuenta de la falta de recursos legales (que los investigadores no se cansan de reclamar a las autoridades judiciales y políticas competentes), algo de lo que son perfectamente conocedoras las decenas de mafias que se dedican a explotar a mujeres.

El dispositivo especial ha estado comandado por la Brigada Provincial de Extranjería, con la colaboración de las 30 comisarías (18 de distrito y 12 de ciudades del extrarradio) existentes en la Comunidad. El censo es el que se ha utilizado para visitar los 530 puntos en una sola jornada, en un despligue sin precedentes, y contactar con más de 800 mujeres, presuntas víctimas, para ofrecerles la oportunidad de colaborar en la labor contra la trata de seres humanos.

Las inspecciones, en las que no se pudo entrar en los domicilios, se trabajaron la jornada del 18 de febrero desde las diez de la mañana hasta las 12 de la noche. Participó un centenar de agentes de la Brigada y alrededor de 180 de la treintena de comisarías. Además de ofrecer ayuda a las chicas (los agentes acudieron con miembros de seis asociaciones que se dedican a ayudarlas a salir de ese infierno), la idea es también la de afianzar la localización de esos lugares, si cambian y dónde a las mujeres, y comprobar, ya para actuar judicialmente, si los titulares de los inmuebles conforman grupos organizados, explican a este diario fuentes policiales.

Por sectores, el censo se divide así: pisos donde se ejerce la prostitución, 330; clubes, 180, y 20 puntos callejeros. Esta triste realidad se da en absolutamente todas las zonas de Madrid, aunque, en cuanto a las viviendas (también hay chalés, sobre todo a las afueras), destacan los distritos de Centro, Tetuán, Latina, Puente de Vallecas y Carabanchel. Los locales de alterne se ubican, principalmente, además de en barrios de la capital (Centro, Castellana, Valdeacederas, Azca…), en Getafe, Leganés, Coslada, Móstoles, Alcalá y Torrejón; es decir, en la zona sur y el Corredor del Henares. Y, en cuanto a la calle, persiste la presencia de estas mujeres (aunque en menor medida por la pandemia y porque en los pisos están más controladas y les salen más rentables a las mafias, por lo que se ha producido un trasvase) en las zonas conocidas y habituales, como la Casa de Campo, Marconi, Gran Vía, Ballesta, Desengaño, Montera... Entre las más de 800 mujeres contactadas, había desde latinas (sobre todo, paraguayas, colombianas, venezolanas…) a rumanas y nigerianas, principalmente. También se intervino en algunas viviendas de Chueca, donde había chaperos y transexuales ejerciendo.

Trabas judiciales y amenazas

Solo un pequeño puñado de víctimas han decidido pensárselo, de cara a una denuncia, y tienen 90 días para tomar la decisión. Y ésta es el enorme escollo para los investigadores (y la sociedad en general) para acabar de una vez por todas con esta lacra que casi nadie quiere mirar de frente: las instancias judiciales exigen en el 99% de los casos la denuncia de la mujer. Algo muy difícil de conseguir si se tienen en cuenta las amenazas y palizas que sufren si abren la boca. La mayoría de las coacciones consisten en hacer daño a sus familiares en sus países. Hay algunos de estos parientes que incluso pasan de la situación de sus hijas y prefieren que se ‘ganen’ así la vida siempre que les llegue parte del dinero. En el caso de las nigerianas se añade el tema del vudú: rituales que siguen en su país para lanzarles una especie de maldición. En cuanto a las rumanas, muchas son víctimas de sus ‘loverboys’, sus supuestos novios que realmente lo que hacen es encandilarlas para que se dediquen a la calle y vivir de ellas sin dar palo al agua.

Uno de los edificios visitados fue el conocido burdel vertical de Delicias, 127 (el número 133 lleva años clausurado tras una operación de la Brigada de Extranjería), donde hay 16 viviendas dedicadas a la prostitución y un local comercial de «masajes no terapéuticos», según reza textualmente. En el momento en que llegó la Policía, había 30 chicas y cinco de los inmuebles vacíos. En los otros se repartían, por nacionalidades, nigerianas, paraguayas, chinas, colombianas…En otro club había más de 20 mujeres. Son solo algunos ejemplos. Uno de en los que se entró fue el La Copa del Veo Veo, un ‘showgirl’ de la calle de Bravo Murillo, número 360.

Mínimo de 10 millones al mes

Un cálculo rápido y bastante por lo bajo de lo que pueden sacar las mafias en esos 530 puntos de prostitución en Madrid ascendería a 10 millones de euros mensuales, y eso que ahora la situación está a la baja por las restricciones derivadas del Covid. En los 330 pisos, los réditos pueden ser de 120.000 por cada uno, lo que deja una media de al menos 4 millones; en los 180 clubes, más de 3,6 millones; y en las calles, un mínimo de 2,5 millones (ahora hay unas 40 chicas en Marconi; 50 en Centro, y entre 30-40 en la Casa de Campo, a unos 25 euros el servicio completo).

En cuanto al ‘modus operandi’ de estas organizaciones criminales, se han descubierto los siguientes. En el caso de los locales de alterne, están más de capa caída también porque las visitas policiales se hacen con la Inspección de Trabajo, y van a comisión.

Los pisos tienen dos maneras de funcionar. Por un lado, las que trabajan de una manera más o menos libre, con el tipo que alquila la vivienda a unos 500 euros al mes y divide la renta entre la media de cuatro chicas que suelen estar en él. Les exige unos 100 euros al día por sus servicios y, si ellas sacan más, se quedan el resto. Esto en puridad no puede considerarse trata, explican fuentes policiales.

Deudas de 70.000 euros

Luego están las viviendas en las que claramente permanecen obligadas. Tienen que pagar una deuda y las cambian de inmueble cada 21 días, para no quemarlas de cara a los clientes habituales. El dinero inicial que les pueden exigir es de unos 30.000 euros, pero que luego las mafias van engordando hasta los 60.000 o 70.000. Las muchachas jamás llegan a ver un euro. Las nigerianas, por ejemplo, son las peores; incluso se produce un relevo generacional de las ‘mamis’ (las que las custodian) y las prostitutas más expertas las sustituyen y son incluso más salvajes pese a haber estado sometidas.

En cuanto a las calles, cada grupo controla una esquina, un tramo, una rotonda, y hasta obligan a las esclavas pagar un canon semanal por ejercer. Las tarifas son las más baratas, de entre 10 y 30 euros en Marconi, dependiendo del físico, el servicio y las condiciones en que se dé (hay quien pide, por ejemplo, hacerlo sin utilizar protección, en una suerte de ruleta rusa).

Ante semejante panorama, las trabas burocráticas, la capacidad de movimiento de estas mafias y la indefensión de las víctimas, el trabajo policial continúa a tope. Una buena solución legal sería, por ejemplo, que a los pisos donde ocurre esto se les retire la calificación de uso de vivienda.

 

Claves del operativo

Principales distritos. Están por toda la capital, dividida en 21 demarcaciones, pero destacan Centro, Tetuán, Latina, Puente de Vallecas y Carabanchel.

330 viviendas. Son tanto pisos como chalés; estos últimos, ubicados normalmente en las afueras. Los domicilios son los puntos más numerosos.

Principales ciudades. En cuanto a municipios, sobresalen Getafe, Leganés, Coslada, Móstoles, Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.

180 clubes. Aunque están de capa caída, todavía persisten en Centro, Valdeacederas, Castellana, Torrejón, Alcalá y alguno en Azca, además de los de carretera.

Nacionalidades. Hay muchas latinas (paraguayas, venezolanas, colombianas), chinas, rumanas y nigerianas, sobre todo.

20 puntos callejeros. Gran Vía, Ballesta, Montera, Marconi,Casa de Campo…

Trabas legales. Jueces y fiscales exigen en el 99% de los casos la denuncia de la víctima para actuar.

 

«Nos niegan derechos por el hecho de ser putas y mantenernos encima de los tacones»

El Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS) ha llevado a cabo acciones por la capital hispalense para conmemorar el Día Internacional por los Derechos de las Trabajadoras Sexuales

 

Carmen Marchena

4 de marzo de 2021

https://www.lavozdelsur.es/ediciones/sevilla/prostitucion-nos-niegan-derechos-por-ser-putas-y-mantenernos-encima-de-los-tacones_256775_102.html

 

María José Barrera (Colectivo de Prostitutas de Sevilla) en el encuentro por el Día Internacional por los Derechos de las Trabajadoras Sexuales en la Alameda de Hércules. JOSÉ LUIS TIRADO

 

El 3 de marzo de 2001, más 25.000 trabajadoras sexuales acudieron a un festival en Calcuta (La India), a pesar de los grupos prohibicionistas, para reivindicar sus derechos laborales como ciudadanas. Desde entonces, cada 3 de marzo, se celebra el Día Internacional por los Derechos de las Trabajadoras Sexuales. 20 años después, este colectivo sigue sin tener reconocidos sus derechos como cualquier trabajador/a y continúa fuertemente estigmatizado por la sociedad.

“Si las putas de países no tan privilegiados como el nuestro salieron a la calle pidiendo derechos en situaciones muchísimo peores, será porque vivir sin derechos no es vida”, exclamaba ayer María José Barrera, la portavoz del Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS) en mitad de la Alameda de Hércules de Sevilla. Las trabajadoras sexuales organizadas, o como ellas mismas se llaman con orgullo “las putas organizadas”, convocaron varias acciones para informar sobre su situación y exponer cuáles son sus peticiones, con el fin de generar empatía para que se las ayude a conseguir “los mismos derechos que el resto de personas como ciudadanxs de pleno derecho”.

María José, ataviada con su camiseta de “Sin trabajadoras sexuales no hay feminismo”, expuso la cruda realidad a la que se han enfrentado miles de trabajadorxs sexuales durante el confinamiento. “En el último año hemos sido ignoradas tanto por el Gobierno como por el resto de las instituciones, no hemos accedido al Ingreso Mínimo Vital ni a ningún tipo de ayuda, a pesar de nuestro trabajo”, revela su manifiesto. El círculo alrededor de Barrera se hizo cada vez más numeroso, pero siempre guardando las distancias de seguridad. “Mientras las mujeres vivan en un sistema capitalista y patriarcal, seguirán viéndose abocadas a ejercer la prostitución”, espetaba elevando el tono con una aclaración: “Somos pro derechos, no somos regulacionistas. Estamos luchando por los derechos laborales, no estamos engañando a nadie”.

María José durante su intervención previa a las acciones. JOSÉ LUIS TIRADO

Durante su exposición aprovechó para agradecer el apoyo “cada vez mayor”, ya que “somos conscientes de que no resulta fácil acercarse a un colectivo como el nuestro, cuando ni siquiera las putas pueden dar la cara precisamente por la violencia que recibimos al exponer nuestra realidad”. Seguidamente clamó por “la protección real para las víctimas de trata” y por “alternativas efectivas para las compañeras que quieran dejar la prostitución”. En este sentido, la portavoz del CPS manifestó que “las putas no queremos salvaoras, queremos derechos reconocidos y no vernos abocadas a ejercer la prostitución, para que nadie tenga que venir a salvarnos”, en alusión a la “industria del rescate”.

En el manifiesto también denuncian que “el proyecto de Ley Orgánica de Libertad Sexual del Ministerio de Igualdad quiere perseguirnos a través de la clausura de nuestros espacios de trabajo, incluyéndose en esta ley la tercería locativa (que prohibiría que un tercero se lucre del trabajo de las prostitutas), el llamado proxenetismo no coactivo, que no podamos trabajar en clubs y agencias, o incluso que quien nos lleve en taxi a trabajar pueda llegar a ser considerado nuestro ‘proxeneta’, y por supuesto a través de la Ley Mordaza, con multas a aquellas que trabajen en la calle”.

Minutos antes de salir a la pegada de pegatinas y la colocación de paraguas rojos por monumentos históricos de la ciudad, María José insistió en que “nos niegan derechos por el hecho de ser putas y mantenernos encima de los tacones”. E ilustró con firmeza: “Nosotras hemos decidido dónde ponemos el coño en esta mierda de patriarcado y lo cobramos”. Porque no solo hay mujeres que quieren dejar la prostitución, advirtió, «también las hay que quieren dejar de limpiar casas y de cuidar a domicilio, porque estamos hartas de trabajos feminizados de mierda». Finalizó su exposición con una llamada a la acción: “No acordaros de las putas para el victimismo, sino preguntémonos qué podemos hacer por ellas, ¿o es que alguien se preocupa por lo que comemos o en qué condiciones están nuestros lugares de trabajo?». Además de criticar la desprotección que implica no tener derechos laborales de cara a la sanidad pública.

Colocación de la pancarta en la muralla frente al Parlamento andaluz. JOSÉ LUIS TIRADO

La noche terminó con la colocación de una pancarta en la muralla de la ronda frente al Parlamento de Andalucía con el lema: «Putas con derechos». Para el 7 de marzo tienen prevista una acción estatal en redes con las fotografías de todos los monumentos históricos retratados con paraguas rojos para reivindicar los derechos de todas las personas que «ejercen el trabajo sexual y transgreden la norma social».

Asimismo, los objetivos que proponen desde los colectivos pro derechos de trabajadoras sexuales en su manifiesto son, además de conseguir los derechos sociolabores como cualquier ciudadana o ciudadano, «frenar todas aquellas medidas punitivas que quieren acabar con nuestro trabajo; eliminar los artículos 187.2 y 187 bis del proyecto de ley (tercería locativa y proxenetismo no coactivo); la derogación de todas las ordenanzas municipales que las criminalizan, así como los preceptos de la ley mordaza que nos persiguen; el cese de redadas persecutorias contra las compañeras migrantes para tramitar órdenes de expulsión, así como su acceso a la salud y empadronamiento, y la protección real y efectiva (protección, asilo e indemnización) para las víctimas de trata, y que estas no sean instrumentalizadas».

 

Para la Justicia española, prostitución es trabajo, no trata ni violencia de género

¿Cómo acredita el tribunal que las prostitutas del Scándalo eran trabajadoras de los clubes de alterne?

La Audiencia de Málaga condena a dos años y dos meses de prisión al propietario y al administrador de tres burdeles

 

Por J.J. Madueño

Málaga, 28 de febrero de 2021

https://sevilla.abc.es/andalucia/malaga/sevi-como-acredita-tribunal-prostitutas-scandalo-eran-trabajadoras-clubes-alterne-202102281732_noticia.html

 

Local cerrado en La Carlota (Córdoba) – R. del Almodóvar

 

A la veintena de procesados en el «caso Scándalo» les llegó a pedir la Fiscalía un total de 4.000 años de prisión por un rosario de graves delitos. Sin embargo, la sentencia emitida por la Audiencia de Málaga sólo considera probado ilícitos contra los derechos de los trabajadores. Por esto, sólo impone condenas de dos años y dos meses de prisión al propietario de los locales en Málaga y La Carlota (Córdaba), así como Las Estrellas de Torremolinos. Al mismo tiempo se impone la misma pena al administrador de los negocios y se desvela la compra de dos burdeles más en Málaga y Santa Fe (Granada), para derribarlos y construir un «hotel» y un «hostal», que es lo que defendieron en el juicio que eran los tres prostíbulos cerrados.

La Audiencia de Málaga sólo se ha conseguido probar que existía una relación laboral encubierta entre las meretrices y los gestores de los tres burdeles. «Todas las mujeres que ejercían la prostitución lo hacían bajo la dependencia y relación laboral encubierta con los responsables de los clubes, insertándose en la organización de trabajo impuestas por los mismos». Comienza

Imposición de horarios y precios

La acusación comienza a probar que las chicas eran empleadas de los clubes porque existía una imposición de horarios de trabajo. Este venía a coincidir con el horario de apertura de los locales. Del mismo modo, las chicas no eran libres para decidir cuáles eran los precios por sus servicios sexuales. Eran los gestores de los clubes los que decidían el coste de los «pases» y también cuánto debía pagar el cliente por las consumiciones a las que eran invitadas las prostitutas. El burdel se llevaba el 50 por ciento.

Los precios de las relaciones sexuales los decidía el club atendiendo al tiempo de duración del encuentro (media hora, una hora…). «Tratándose de precios preestablecidos por los responsables de los clubes, de carácter fijo y estandarizados, sin que por parte de las mujeres pudieran solicitar cantidades distintas», afirma la sentencia.

Control de ingresos

Los clubes llevaban un control de los ingresos de las meretrices por las invitaciones de los clientes, que pagaban más si la copa era para una de las prostitutas. Estas invitaciones en la barra de los burdeles se controlaban por tickets, tarjetas y fichas, que eran entregadas por los camareros a las mujeres (tickets y fichas), o bien eran pasadas por los camareros si el pago era con tarjeta. Al final de la noche, los camareros o las «mamis» (encargadas de las prostitutas) daban a las mujeres la parte proporcional que le correspondía por las consumiciones a las que habían sido invitadas.

Obligación de pagar la «plaza»

Los responsables de los Clubs imponían el gasto diario que tenía que ser abonado por la «plaza», que se pagaba para poder ejercer la prostitución en estos locales. La «plaza» se debía pagar con el primer servicio sexual que se realizaba esa jornada, debiendo pagarse dicha cantidad diariamente, aunque no se acudiese al local a trabajar o no se tuviese ningún cliente al final del día.

Suministro de sábanos y preservativos

Las meretrices debían abonar los gastos derivados del uso de sábanas y preservativos, que suministraba el club antes de que la relación sexual se produjera. El importe del «kit» de sabanas y preservativos eran entregados a las mujeres por encargadas de los locales antes de cada servicio.

Análisis sanitarios

Las mujeres tenían obligación de someterse a analíticas periódicas para la detección de enfermedades de transmisión sexual. Exámenes que eran realizados por los médicos y analistas designados por los responsables de los clubes, no resultando acreditado de una manera cierta e indubitada, si eran las mujeres las que pagaban los análisis, o era el Club. En los registros de la Policía Nacional a los tres burdeles se encontraron facturas de clínicas de exploración o de servicios de radiología.

Casting de meretrices

Los encargados eran quienes decidían quién entraba en sus locales, tanto clientes como meretrices. Eran los que seleccionaban los clientes y a las prostitutas, que tenían que pasar requisitos como analíticas limpias. Para las mujeres se establecía un sistema de rotación entre los tres burdeles, pero principalmente entre los Scándalo de Málaga y La Carlota. Los condenados eran los que decían a que local tenían que ir a trabajar.

Sin derechos laborales

La prostitución se ejercía en condiciones que mermaban los derechos laborales de las mujeres, existiendo un aprovechamiento de la debilidad que representaba la circunstancia de estar trabajando en situación de irregularidad administrativa, y sin permiso de trabajo. Las prostitutas no tenían contrato de trabajo, ni seguros médicos, ni tampoco estaban dadas de alta en la Seguridad Social. Eso a diferencia del resto del personal que trabajaba en los locales, como camareros, seguridad personal de limpieza, cocina, encargados, que sí que estaban dados de alta en la Seguridad Social.

 

Colectivos de trabajadoras sexuales inician reuniones con grupos parlamentarios -la CUP el primero- para explicar sus observaciones sobre el Anteproyecto de Ley sobre Libertad Sexual del Ministerio de Igualdad

El Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS), Las Putas Libertarias del Raval (Barcelona) y la Sección Sindical de Trabajadoras Sexuales de la IAC instan a suprimir el Artículo 187 bis del Código Penal del APLO-LS, y a diseñar políticas que garanticen nuestros derechos humanos y laborales como trabajadoras sexuales y como mujeres, y para ello enviaron una misiva a la Relatora sobre Derecho a la Salud de la ONU, Tlaleng Mofokeng.

 

26 de febrero de 2021

Colectivos de trabajadoras sexuales inician reuniones con grupos parlamentarios -la CUP el primero- para explicar sus observaciones sobre el Anteproyecto de Ley sobre Libertad Sexual del Ministerio de Igualdad

Comunicado

El pasado miércoles 24 de febrero los colectivos de trabajadoras sexuales Colectivo de Prostitutas de  Sevilla, Sindicato Otras, AFEMTRAS (Asociación Feminista de Trabajadoras Sexuales) y Putas en lucha  nos reunimos con Mireia Vehí, diputada de la CUP (Candidatura d’Unitat Popular), en el Congreso, con motivo del inicio de la próxima tramitación parlamentaria del anteproyecto de Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, cuyo articulado modifica el Código Penal afectando directamente al colectivo de trabajadoras sexuales del Estado Español.

Las Trabajadoras Sexuales nos hemos manifestado a la diputada nuestra oposición a la inclusión en el Anteproyecto de aquellas cuestiones que nos perjudican a nivel social, político y de derechos humanos. Esto es, la recuperación de la figura de la tercería locativa (excluida de tratamiento penal con la entrada en vigor del Código Penal del año 1995) donde sanciona: «Aquel que ponga a disposición un bien inmueble ya sea abierto o no al público, de manera habitual e intencionada, con ánimo de lucro y para el ejercicio de la explotación de la prostitución, aún con el consentimiento de la misma».

Le hemos explicado que ésta incorporación al código penal, se materializará en mayor clandestinidad, desahucios, cierre de espacios de trabajo, hostigamiento vecinal, denuncias, más deportaciones a causa de un mayor control policial, e imposibilidad de autoorganización en espacios (pisos compartidos) colectivos de trabajo. Todo ello nos conducirá a un mayor estigma, mayor vulnerabilidad y prevemos menor número de denuncias a la hora de ser víctimas de un delito contra la Libertad Sexual a los que el Anteproyecto se refiere, pero en ningún caso estamos en contra de la finalidad de la ley.

Asimismo, ponemos de manifiesto, que de nuevo se vuelve a recuperar el concepto proxenetismo no coactivo, considerando a cualquier persona que se lucre explotando la prostitución de otra persona ‘aún con el consentimiento de la misma’, y que en todo caso quedará acreditada la explotación cuando concurran circunstancias de dependencia o subordinación, siendo estas referencias clásicas de cualquier relación laboral aunque no se tratara de prostitución.

Hemos explicitado que con la reiteración constante en el anteproyecto de la rúbrica ‘aun con el consentimiento de la misma’ se está suponiendo una tutela de su propio consentimiento para las trabajadoras. Lo que en todo caso resulta contrario a la finalidad de la ley que no es otra que la prestación del consentimiento, válido, libre e inequívoco a la hora de mantener relaciones sexuales.

Así, una vez más, se nos estará considerando como ciudadanas de segunda, siendo nuestro consentimiento sexual tutelado por el Estado. Y no dando opción a elegir de qué manera trabajar, cómo y en qué condiciones, dado que nuestro objetivo último no es otro que la conquista de derechos sociolaborales, y políticas de protección, no de tutela.

Entre otros puntos que señalamos en la reunión con la representante de la CUP en el Congreso está la financiación pretenciosa del artículo 55 de la Ley, así como la advertencia de que si la ley llegara a entrar en vigor, será una caza de brujas. Nos preocupa el recrudecimiento de la persecución a quienes trabajan en espacios de calle, y la incongruencia que supone que, por una parte, se ponga tanto ahínco en el reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, pero que por el contrario aquellas personas trans que se dedican al ejercicio de la prostitucion, serán perseguidas por ésta ley cuando en muchas ocasiones la prostitución es el medio de vida normal y habitual del colectivo.

Por su parte, la diputada Vehí ha asegurado su disposición a seguir trabajando conjuntamente con nuestros colectivos, en el marco de la garantía de derechos y de defensa de las mujeres y a mantener el contacto en el desarrollo del Anteproyecto de Ley.

La próxima semana continuaremos con más reuniones con diputadas/os. Agendadas tenemos ya con Bildu y ERC, al tiempo que seguimos trabajando para conseguir encuentros con el resto de grupos políticos.

 

¿Qué derecho(s)? Las prostitutas y trabajadoras del sexo como actoras colectivas

 

Por GESP el 25 noviembre, 2020

25/11/2020 – María Martínez (UNED)

https://blogs.uned.es/gesp/trabajadoras-del-sexo-como-actoras-colectivas/

 

  • ¿Qué derechos va a demandar quien ni siquiera es considerado sujeto? ¿Es pensable que quien es negado como sujeto reclame derechos?
  • Los procesos de negación de la condición de sujetos y ciudadanas, incluso de humanas, de las prostitutas me hace plantear si el primer derecho a demandar no debe ser el mismo derecho a existir, el derecho mismo a tener derechos. Eso no es algo, sin embargo, que tenga que ser concedido por otros, sino que estas prostitutas y trabajadoras del sexo, con su mera auto-organización colectiva y su presencia en el espacio público, están obligándonos a reconocerlas como sujeto de derechos.

 

En agosto de 2018 se inscribe en Barcelona el sindicato OTRAS (Organización de TRAbajadoras Sexuales). Su constitución provocó un revuelo en el gobierno y buscó por todos los medios la forma de anularlo. Así, y tras sólo 3 meses después de su inscripción oficial, sus estatutos fueron invalidados por la Audiencia Nacional. Era la primera vez que se registraba en España un sindicato de trabajadoras sexuales de ámbito estatal. Ahora bien, no era la primera sección sindical ni la primera organización de prostitutas y trabajadoras del sexo en este país. De hecho, unos meses antes, en mayo del mismo año, se había constituido en Cataluña una sección sindical de trabajadoras y trabajadores sexuales dentro del sindicato Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC). Y desde la década de 2010, trabajadoras del sexo y prostitutas han venido conformando en España organizaciones propias: AFEMTRAS (Agrupación Feminista de Trabajadoras del Sexo) en Madrid; Aprosex, Putas Indignadas y Putas Libertarias del Raval en Cataluña; Colectivo de Prostitutas de Sevilla; o el colectivo Caye, formado por trabajadores sexuales, en Asturias. La novedad está, entonces, en la auto-organización de las prostitutas, pues desde 1995 con la constitución de Hetaira (Colectivo en Defensa de los Derechos de las Trabajadoras del Sexo) en Madrid, o más tarde, ya en los años 2000, la creación de CATS (Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo) en Murcia, o de Genera en Barcelona se venía constituyendo una red de apoyo a este colectivo. En parte fueron esas redes de apoyo las que propiciaron primero algunas acciones colectivas (en Montera la primera manifestación de prostitutas se organizó ya en 2003 y probablemente ha habido más que no están registradas), y han servido de apoyo para la ahora auto-organización de las trabajadoras del sexo.

Las teorías de los movimientos sociales tendrían mucho que decir sobre la organización autónoma de este colectivo, pero han estado silentes, al menos en nuestro país; lo mismo sucede con la movilización en general de las mujeres (Martínez, 2019), especialmente las situadas en los márgenes (víctimas, trabajadoras del hogar, mujeres racializadas…) y de otros colectivos subalternos[1]. La primera pregunta que desde los estudios de los movimientos sociales nos podemos hacer es: ¿por qué ahora la organización de prostitutas y trabajadoras del sexo? ¿por qué no hace 10, 20 ó 30 años? Esta pregunta tiene, además, su sentido si analizamos cómo a nivel internacional la organización de prostitutas y trabajadoras del sexo tiene más largo recorrido —recordemos la ocupación de iglesias por prostitutas que comenzó en Lyon (Francia) en 1975 y se extendió por ese país— y ha sido analizada en varios trabajos (por citar algunos: Mac y Smith, 2020; Mathieu, 2009; Osborne, 1991; Pheterson, 1989). Así, Lilian Mathieu (2009) hace uso de la Teoría de la Movilización de Recursos para explicar por qué el movimiento de prostitutas surgió en Francia en 1975 y concluye que en ese momento consiguieron acumular los recursos políticos —conocimiento práctico de las formas de la protesta, los canales de comunicación con las autoridades o los medios de comunicación, etc.— gracias, en parte, a las redes que habían desarrollado, lo que les permitió organizarse y empezar a actuar colectivamente. Y esos recursos fueron eficaces incluso ante una Estructura de Oportunidades Políticas, como afirma también Mathieu, cerrada. Esta explicación es plausible para el caso de España. Por poner un ejemplo, el colectivo AFEMTRAS surge precisamente en reacción a la conocida como Ley Mordaza (Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana), contra las multas que la policía les estaba imponiendo auspiciada bajo esa ley y un movimiento abolicionista de la prostitución con una creciente proyección pública —esto se podría considerar una Estructura de Oportunidad Política cerrada—. En este contexto el papel de algunas organizaciones de apoyo a las prostitutas, en concreto de Hetaira, fue clave para acumular esos recursos políticos y apoyar su auto-organización.

La segunda pregunta común cuando se analizan movimientos sociales suele ser: ¿cuáles son sus demandas? Y, junto a ella, ¿qué vías de reclamación (repertorios de acción) se utilizan? Aunque las propuestas de las organizaciones de prostitutas y trabajadoras del sexo son diversas, dos podemos indicar cómo las grandes demandas: la despenalización del trabajo sexual impidiendo que se multe, y por supuesto que se castigue penalmente, a las personas que ejercen la prostitución; y, el reconocimiento del trabajo sexual en sus diferentes formas como trabajo. La primera gran demanda se concretaría en la derogación de leyes y normativas que criminalizan a las personas que ejercen la prostitución, entre otras las ordenanzas municipales que tan impacto negativo han tenido (Bodelón y Arce, 2018). La segunda —reconocimiento del trabajo sexual como un trabajo— implicaría el reconocimiento de derechos laborales. Aquí es donde las divergencias comienzan: algunas organizaciones (OTRAS) apuestan por diferentes modos de regulación laboral (por cuenta propia, por cuenta ajena), mientras que la sección sindical de la IAC tiene una postura más radical y sólo considera el trabajo realmente autónomo (para un debate sobre esta cuestión se puede consultar el siguiente vídeo). A pesar de esas divergencias, en un manifiesto firmado por la totalidad de las organizaciones de trabajadoras del sexo indicadas se afirmaba: “Lo que queremos y necesitamos es un modelo basado en el reconocimiento de derechos y la plena participación en el diseño de las políticas que nos afectan. Sólo los derechos garantizarán que podamos defendernos de los abusos.” (manifiesto consultable aquí). Así, se está de acuerdo con que, en nuestras sociedades de ciudadanía laboral, de los derechos laborales dependen otros muchos en cascada: derechos sociales, derecho a una jubilación, derecho a paro, derechos sanitarios, derecho a la vivienda, derechos a un ingreso mínimo, etc. A estas demandas se suman otras como la distinción entre prostitución y trata con fines de explotación sexual y desarrollo de programas de atención específicos para las personas tratadas, la derogación de la ley de extranjería pues muchas prostitutas y trabajadoras del sexo son extranjeras viéndose afectadas de manera particular, y la concienciación social sobre el estigma que sufre quien ejerce la prostitución (Juliano, 2004).

Los repertorios de acción que usan para articular sus demandas no difieren mucho de los puestos en marcha por otros movimientos sociales: manifestaciones, concentraciones, performances, lobby político, talleres de sensibilización, participación en foros institucionales, el mantenimiento de la apertura de los clubes ahora que se ha pedido su cierre en tiempos de pandemia, etc. En el caso de las organizaciones que han tomado la forma de sindicatos, como OTRAS, a esto se une el trabajo sindical común: negociación y mediación entre trabajadoras y empresarios, la mejora de las condiciones laborales especialmente en trabajos por cuenta ajena. Pero hay un tipo de acción menos visible y quizás más comúnmente olvidado en los estudios de los movimientos sociales pues no tiene como objeto el “gobierno” o las instituciones y es la constitución misma de estas organizaciones como espacios colectivos en los que trabajar sobre el estigma que las atraviesa y apoyarse en la lucha por la supervivencia. Así, y en tiempos de confinamiento debido al covid-19, estas organizaciones han puesto en marcha, ante su exclusión de la Renta Mínima de Inserción, bancos de alimentos y recaudado fondos para ayudarse, para sostenerse, para cuidarse.

Me gustaría cerrar este texto con una última reflexión que saca el análisis de la organización y acción colectiva de prostitutas del terreno tradicional de los estudios de movimientos sociales. Es una pregunta sobre el sujeto colectivo que todo movimiento social requiere para articular demandas y desarrollar repertorios de acción. La pregunta se podría concretar en lo que sigue: ¿Qué derechos va a demandar quien ni siquiera es considerado sujeto? ¿Es pensable que quien es negado como sujeto reclame derechos? Las prostitutas y trabajadoras del sexo están permanentemente siendo expulsadas (Maqueira, 2017) —del lugar donde ejercen la prostitución, sobre todo si es la calle, de la ciudadanía-laboral pues no se les reconoce como trabajadoras, etc.—, no son nunca reconocidas como sujetos individuales y mucho menos colectivos. Como afirma Georgina Orellano, líder del movimiento de meretrices argentino: “Las consecuencias que tiene la clandestinidad y la criminalización de nuestro trabajo es que no existimos…” (extraído del muro de Facebook de la organización AMMAR el 18 de noviembre de 2020). En este marco adquiere sentido la pregunta por el “derecho a tener derechos” que he escuchado en varias conferencias sobre la auto-organización de prostitutas y trabajadoras del sexo (entre otras, esta). La primera vez que la oí vino a mi cabeza, como no, el trabajo de Arendt (2006/1951) con su discusión de la imposibilidad de conceder derechos a quien no pertenece, en su caso los apátridas, a un Estado-Nación, a quien no existe. Los procesos de negación de la condición de sujetos y ciudadanas, incluso de humanas, de las prostitutas me hace plantear si el primer derecho a demandar no debe ser el mismo derecho a existir, el derecho mismo a tener derechos. Eso no es algo, sin embargo, que tenga que ser concedido por otros, sino que estas prostitutas y trabajadoras del sexo, con su mera auto-organización colectiva y su presencia en el espacio público están obligándonos a reconocerlas como sujeto de derechos (Butler, 2017). Y ese es, por supuesto, el primer paso para su “reconocimiento como sujeto político” (Entrevista a Putas Libertarias del Raval, en la revista “Todo por hacer”, consultable aquí), como actoras colectivas.

 

Referencias

Arendt, H. (2006/1951). Los orígenes del totalitarismo. Madrid: Alianza Editorial.

Bodelón González, E., y Arce Becerra, P. (2018). La reglamentación de la prostitución en los Ayuntamientos: una técnica de ficticia seguridad ciudadana. Revista Critica Penal y Poder, 15, 71-89.

Butler, J. (2017). Cuerpos aliados y lucha política. Hacia una teoría performativa de la asamblea. Barcelona-Buenos Aires-México: Paidos.

Juliano, D. (2004). Excluidas y marginales: Una aproximación antropológica. Barcelona: Cátedra.

Mac, J., y Smith, M. (2020). Putas insolentes. La lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales. Madrid: Traficantes de sueños.

Martínez, M. (2019). Identidades en proceso. Una propuesta a partir del análisis de las movilizaciones feministas contemporáneas. Madrid: CIS.

Mathieu, L. (2001). Mobilisations de prostituées. Paris: Belin.

Osborne, R. (1991). Las prostitutas: una voz propia (crónica de un encuentro). Barcelona: Icaria Editorial.

Pheterson, G. (Comp.). (1989). Nosotras, las putas. Madrid: Talasa.

Piven, F., & Cloward, R. (1977). Poor people’s movements: Why they succeed, how they fail. US: Vintage.

 

[1] Esto es algo que recorre los trabajos de movimientos sociales como ya pusieran sobre la mesa Piven y Cloward en 1977 al analizar por qué este ámbito de estudio no había analizado lo que ellos llamaban “movimientos de pobres” (movimiento de parados, de trabajadores industriales, de derechos civiles y del Estado providencia).

 

Todo por la trata, pero sin las mujeres tratadas

 

Por Patricia Simón

29 de mayo de 2019

Todo por la trata, pero sin las mujeres tratadas

 

Mientras el Estado español y los Gobiernos autonómicos enarbolan discursos en los que la protección de las supervivientes de la trata con fines de explotación sexual aparece como una prioridad, la política fronteriza española y sus acuerdos con Marruecos están dirigidos a que estas mujeres nunca pisen suelo español. Viajamos con un equipo de CEAR Euskadi a Melilla y al norte de Marruecos, paso obligado de muchas de las mujeres que migran buscando la protección de unos derechos. Solo encontrarán obstáculos y violencia. Pagados con nuestros impuestos.

 

La valla de Melilla. / Foto: Patricia Simón

 

“Las mujeres que peor llegan aquí y a España son las que vienen solas. Las que hacen el recorrido con la mafia están más protegidas porque ellas son su mercancía”, nos repiten en el norte de Marruecos varias de las personas que realizan labores humanitarias con las personas migrantes.

No podemos aclarar dónde se encuentran exactamente, ni quiénes son. El Gobierno marroquí no duda en expulsar a las voces críticas, así sean periodistas (el día en el que llegamos a una de estas ciudades acababan de deportar a un holandés que pretendía reportear sobre migraciones), o activistas por los derechos humanos (al sacerdote español Esteban Velázquez se le retiró el permiso de residencia en 2016 por sus denuncias públicas de las agresiones que sufren las personas migrantes negras en el reino alauí).

Hasta aquí todo previsible teniendo en cuenta que Marruecos sigue siendo un país regido por una monarquía parlamentaria altamente autoritaria. Más alarmante resulta que organizaciones que trabajan al otro lado de la valla, en Melilla, necesiten protegerse también bajo ese anonimato. Ha sido la conclusión a la que han llegado tras comprobar la saña con la que se ha empleado el Gobierno de la ciudad autónoma con entidades sociales como Prodein y Harraga por su trabajo con los menores que viven en sus calles, contra las que han interpuesto querellas y divulgado campañas de difamación a través de los medios de comunicación de la ciudad. El resultado: la extensión del rechazo que provoca entre gran parte de su ciudadanía a las personas migrantes y a las que defienden sus derechos.

Dado que la prioridad es poder seguir intentando garantizar los derechos de las personas migrantes en esta urbe, el resto de entidades se han decantado por desarrollar otras formas de incidencia política que no pasan por su visibilidad: sus integrantes han tenido que recuperar conocimientos y prácticas de los tiempos de la clandestinidad; y los y las periodistas aceptar que, para contribuir a que las personas migrantes vean sus derechos garantizados en Melilla, a veces, no todo se puede contar.

Por eso, esta crónica no podrá especificar muchas de las fuentes de las informaciones que contiene: porque a Marruecos no le gusta tener testigos de cómo se ejecutan –a golpe de porras e incendios– sus acuerdos con España y la Unión Europea, y porque el Gobierno de Melilla no quiere a gente en su territorio que les recuerde que el centenar de niños extranjeros que viven en sus calles son eso, niños y adolescentes; que los migrantes no son delincuentes, sino personas que ejercen su derecho a la libertad de circulación; y que el engordado presupuesto de esta ciudad de 85.000 habitantes –más de 270 millones de euros anuales–, se debe, exclusivamente, a que este resto de nuestro pasado colonial vive, se lucra y justifica su existencia misma gracias a la inmigración.

En la orilla marroquí

“El día después de que el rey Felipe VI firmase aquí el acuerdo con el marroquí [el 16 de febrero de 2019] empezó el horror. Desde entonces, la policía sube diariamente a los campamentos: los incendia, les roban las mantas y los plásticos con los que las personas migrantes se protegen del frío… Las ves cargando al caer la noche a lo alto de los montes cargados con sus mochilas”, nos dice una de las personas que mejor conocen estos pequeños poblados construidos con palos y lonas en las que hombres, mujeres, niños y niñas viven mientras consiguen subirse a una patera. Antes, también eran la antesala para el salto de la valla a Melilla, pero desde que las concertinas fueron retiradas por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, del lado español y situadas en el marroquí, apenas hay cruces por esta vía.

En Marruecos, la policía sube diariamente a los campamentos donde está la población migrante y los incendia, les roban las mantas y los plásticos con los que las personas migrantes se protegen del frío, nos cuentan Clic para tuitear

“Hasta 2015, había unas 4.000 entradas por Ceuta y Melilla. Ahora estamos en decenas de miles por la vía marítima. Es el resultado de la política marroquí, europea y española que con su cierre de las fronteras terrestres ha transformado una migración que venía a pie y era gratuita, a otra en la que hay que pagar por todo y que está bajo el control de las grandes redes de traficantes, que son tanto subsaharianas como marroquíes”, nos dice Omar Naji, de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, después de atender en su austera oficina en Nador a un hombre cargado de papeles. Nos autoriza a citarle con nombres y apellidos, pese a que algunos de sus colegas han sido encarcelados por la claridad con la que esta entidad se pronuncia: “Las políticas migratorias europeas no buscan disminuir la inmigración, sino reorientarla hacia circuitos de pago”, sentencia.

Nos encontramos en uno de los enclaves más importantes de la ruta subsahariana hacia Europa y no se ve a una sola persona negra en sus calles. “Los migrantes tienen prohibida la circulación por la ciudad, trabajar, alquilar una casa, incluso entrar en un bar para comprar un café”, explica Naji, quien también ha documentado cómo, desde que en octubre de 2018 la Unión Europea prometió aumentar en 140 millones de euros la partida destinada a Marruecos para impedir la salida de pateras desde sus costas, el acoso y los arrestos en los campamentos se han extendido a mujeres, niños y niñas. “Por eso las mafias alquilaron pisos en las ciudades donde esconder a las mujeres, donde permanecen hacinadas y en condiciones deplorables. Pero ahora también allanan los pisos”, sostiene el abogado, rodeado de retratos de líderes palestinos y de Rachel Corrie, la activista estadounidense de 24 años que murió aplastada por un buldócer israelí cuando intentaba impedir la demolición de viviendas palestinas.

«Con su cierres de fronteras terrestres, la política marroquí, europea y española ha transformado una migración que venía a pie y era gratuita, a otra en la que hay que pagar por todo y que está bajo el control de las grandes redes… Clic para tuitear

Varias fuentes nos confirman que el Gobierno de Marruecos está utilizando públicamente la lucha contra la trata como pretexto para desmantelar los campamentos en los montes y las viviendas en las que las redes ocultan a las mujeres, que son detenidas y deportadas en autobuses a la frontera argelina, la más violenta de la ruta.

Mientras, la trata con fines de explotación sexual adquiere cada vez más protagonismo en la opinión pública –y publicada– en España, como parte del enconamiento de la controversia en torno a la regulación legal de la prostitución. El éxito de convocatoria de las manifestaciones y la huelga del 8M amplió la visibilidad de los discursos feministas, especialmente el abolicionista, que considera trata prácticamente todas las formas de prostitución femenina. Un momento que ha coincidido con varias convocatorias electorales y que el abolicionismo ha aprovechado para que todos los partidos políticos manifestasen públicamente su posicionamiento y se comprometiesen a implantar políticas dirigidas a su erradicación.

Un cementerio en la frontera entre Marruecos y España. / Foto: Patricia Simón

Paradójicamente, el PSOE, el único partido que siempre se ha declarado sin ambages abolicionista y que ha incluido este objetivo en su programa electoral, como cada vez que ha presidido el Gobierno estatal, ha mantenido la política de destinar cada vez mayores partidas presupuestarias –cuyas cuantías totales no son públicas– a pagar a Marruecos para sellar su frontera y, por tanto, impedir por todas las vías a su alcance que estas mujeres subsaharianas lleguen a suelo español. Pero si, pese a todo, consiguen salvar todos los obstáculos interpuestos –incluida la muerte cuando se suben a una patera–, desde la llegada del PSOE al Gobierno en junio de 2018, todas ellas serán consideradas potenciales víctimas de trata. Así nos lo confirmó durante una visita al Centro de Estancia Temporal de Melilla su director, Carlos Montero, para contrariedad de parte de las mujeres, como nos señalaron muchas de las personas que trabajan con ellas, porque no todas lo son y porque les pesa el estigma de ser vinculadas con la prostitución.

“Las mujeres vienen huyendo de sus países por distintas formas de violencia: matrimonios forzosos, mutilación genital, pobreza, persecución por razones políticas… Las redes de trata y de tráfico no coaccionan para que acudan a ellas: ofrecen un producto. Si pagas, yo te llevo. Les dan la esperanza y ellas saben que tienen que pagar un precio”, nos dicen unas defensoras de derechos humanos que las cuidan cuando, por ejemplo, pierden a sus hijas e hijos en naufragios. Recuerdan el caso de “la mujer que no salía del shock durante días. Sólo repetía: un pez se comió a mi hijo [de dos años]”.

No todas las mujeres subsaharianas son víctimas de trata

“Su cuerpo es su pasaporte, así que saben que la violación o la prostitución será el precio a pagar por cruzar fronteras, para seguir avanzando en el camino. Por eso, si vienen con la mafia para la prostitución estarán más protegidas porque son su mercancía y pasarán más rápido a la Península”, explican quienes saben bien cuáles son las consecuencias de eso que hemos llamado “política de cierre de fronteras de la Europa fortaleza”. Un concepto que encierra una decisión política, como es impedir que estas personas puedan viajar de manera normalizada, y que obliga a aquellas que no se conforman con lo que sus países y contextos les ofrecen, a convertir sus cuerpos en el campo de batalla en el que se bate esa guerra que Europa mantiene contra los extranjeros y extranjeras pobres.

Por eso, las que pueden permitírselo acuden a las redes de tráfico de personas para hacer tramos del viaje –especialmente los más virulentos, como la frontera entre Argelia y Marruecos– o su totalidad. Las que tienen, ellas o sus familias, menor capacidad de endeudamiento, lo harán a través de las redes de trata, sepan o no que la actividad mediante la que tendrán que saldar su deuda será la explotación sexual.

La abogada Cristina Manzanedo es portavoz de ÖDOS, un centro creado hace un año en Córdoba para las mujeres subsaharianas que llegan en patera con menores a las costas andaluzas. Manzanedo, con amplia experiencia en el ámbito de la trata y las políticas de extranjería, nos desgrana vía telefónica los perfiles de las mujeres que suelen llegar por esta ruta: “Hay mujeres con un proyecto muy claro de reagrupación familiar, cuyos maridos están en países como Francia, y que ante la lentitud o las barreras burocráticas para la reunificación, emprenden el viaje”. Otra de las trayectorias vitales más habituales es la apuntada anteriormente: mujeres que huyeron de sus países por distintas violencias machistas, “que creen que pueden ir fácilmente a Europa y a las que les van ofreciendo ayuda por el camino, diciéndoles que no se preocupen, que ya se lo pagarán en Europa. Creen que en Europa encontrarán techo y trabajo, pero después sólo podrán ejercer la prostitución como forma de pago”. Y también, explica, mujeres que sabían que su única forma de migrar era recurrir a la mafia y ejercer la prostitución: “Estas mujeres no van a denunciar porque están muy machacadas. Algunas han pasado por Libia antes de ir a Marruecos”. Y pretender que estas mujeres se identifiquen como víctimas de trata o que soliciten ayuda cuando llegan al puerto es muestra de desconocimiento, apunta Manzanedo.

Por eso, catorce entidades –que van, entre otras, desde el Consejo General del Poder Judicial, la Universidad Loyola de Andalucía, Save the Children, Cáritas o la Delegación Diocesana de Migraciones de Tánger– se han unido para poner en marcha este proyecto piloto de ÖDOS. Allí son trasladadas mujeres con niños y niñas, donde están quedándose, según nos confirma Manzanedo, una media de tres meses, mientras que del resto de residencias humanitarias a las que suelen ser trasladadas huyen a los pocos días.

Quizás una de las claves está en tratar a cada mujer de manera personalizada, conscientes de la diversidad de situaciones que engloban. Porque Manzanedo sigue describiendo distintas historias de vida, que van mucho más allá del maniqueo retrato de la trata: “Muchas de las mujeres no son víctimas de trata cuando llegan a Europa, sino que son personas con capacidades que quieren mejorar sus vidas. Pero como consecuencia del desamparo absoluto en el que queda una mujer negra en situación administrativa irregular, el único arropo que encuentran es el de los amigos africanos a los que terminará llamando, cayendo en una trata sobrevenida. Ejercen la prostitución forzada porque ni para servicio doméstico las queremos, que para eso están las latinoamericanas”.

Los matices son señal de conocimiento, y Manzanedo lleva décadas acumulándolo trabajando a pie de terreno. Por eso sabe que sí hay algo que tienen todas en común: “Haber sufrido algún tipo de violencia durante el viaje. Y muchos de los niños que las acompañan, violencia sexual”. Subraya que no tiene nada que ver lo que ha pasado la mujer que ha podido hacer el viaje en cuatro meses, que la que ha tardado tres años. “No hay respuesta ni protección para esa violencia de género que han sufrido las mujeres en tránsito que no es trata”, concluye.

En este sentido, Marruecos es el lugar más traumático de todo el viaje. “Desde que se llegó a los nuevos acuerdos a finales de 2018, y empezó esta persecución en los campamentos y las deportaciones a Argelia, los conductores de las redes de tráfico les dejan a 15 kilómetros de Nador para no ser pillados por la policía. Ahí les cogen taxis de otras mafias, las violan, las secuestran y llaman a sus familias para que paguen el rescate”, explican personas que trabajan sobre el terreno en el país vecino.

Por eso, cuanto más articulada y fuerte sea la mafia con la que viajan, más protegidas estarán. Unas estructuras que son resultado de las mismas políticas de cierre de fronteras y que se han ido complejizando y enriqueciendo a medida que se sofisticaban los mecanismos de control fronterizos que alimentan el negocio de la xenofobia: los radares, los infrarrojos de la valla, los vigilantes de la agencia europea de control de fronteras (Frontex)…

“Las mujeres que pueden suelen emparejarse con un hombre porque así, dicen, sólo tendrán que estar con uno y no con varios”, una figura que se ha llamado lover boy, nos explican.

Pero no siempre lo consiguen. “Algunas mujeres tienen que recurrir a la prostitución, a la mendicidad, y en las pocas oportunidades que tienen, a ser explotadas en el trabajo doméstico o cocinando, para conseguir recursos para sobrevivir y poder pagarse el viaje en patera”, nos explican. Y mientras, como nos cuenta Naji de AMDH, no son extraños los asaltos sexuales por parte de las fuerzas auxiliares, “el cuerpo paramilitar dependiente del Ministerio del Interior encargado de perseguir la inmigración. En el último informe tenemos los casos de dos mujeres”. Dos mujeres que, pese a su condición de clandestinidad en Marruecos, fueron tan valientes como para contárselo a miembros de esa organización y, en el caso de una de ellas, denunciarlo en una comisaría. Por supuesto, no se investigó.

Interior del CETI de Melilla. / Foto: Patricia Simón

Las entidades que trabajan en los campamentos donde sobreviven en los montes del norte de Marruecos nos informan de que no debemos ir porque, en un Estado policial como es Marruecos, el control es permanente, y expondríamos a las personas migrantes a mayores represalias. Nos explican que el ambiente se ha entristecido mucho en los últimos meses. Las más de mil almas que, según el registro elaborado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, murieron intentando alcanzar las costas españolas en 2018 no son una entelequia o una cifra para sus habitantes: eran sus vecinas, sus amigos y amigas, sus parejas, sus familiares. Eran quienes podían haber sido ellos y ellas, los que podrán ser: un cadáver, un número dibujado en el cemento aún fresco de un nicho en el cementerio de algún pueblo andaluz, una llamada telefónica de algún conocido a sus familias cuando se extienda el rumor en el campamento de que no llegaron, de que nunca llegarán ya.

“Ves a mucha gente con la piel en carne viva porque se han quemado con la gasolina mezclada con el agua salada en los naufragios. Cuando un grupo consigue llegar sano y salvo a la Península o cruzar la valla, hay una celebración en los campamentos. Cuando hay muertes, sólo silencio”, nos explican.

El origen de las mujeres subsaharianas que llegaron en 2018 y el primer trimestre de 2019 a territorio español son, sobre todo, de Guinea Conakry, Mali, Costa de Marfil y Camerún. Apenas llegan ya de Nigeria, el país tradicionalmente asociado a la trata con fines de explotación sexual. Y se ha notado un importante incremento del porcentaje de mujeres entre las personas migrantes que entraron en España por nuestra frontera sur: de un 7’3 por ciento en 2017 a un 17 por ciento en 2018: 10.901 mujeres, según APDHA.

Las narrativas dominantes omiten que, además de un negocio criminal, la trata es un medio para migrar para muchas mujeres. Clic para tuitear

“Los jefazos de las mafias no están en los campamentos, están en Europa o en sus países de origen. En los campamentos, siempre hay un jefecillo, que muchas veces es también una víctima de la red, es su medio para poder migrar. Los hay buenos, que cuidan y protegen a las mujeres”, explican estas defensoras de derechos humanos, arrojando grises a un discurso, el de la trata, que a menudo se construye a partir del momento en el que las mujeres llegan a los países de destino para ser explotadas sexuamente. Las narrativas dominantes omiten que, además de un negocio criminal, la trata es un medio para migrar para estas mujeres. Al dar casi todo el protagonismo a las llamadas ‘mafias’ se asume una aproximación que llevan años fomentando los Gobiernos europeos para desembarazarse de su responsabilidad en la aparición y expansión de este fenómeno.

“Las mujeres no quieren hablar de lo vivido, lo más que nos cuentan del viaje es que han sido violadas. Muchos de los niños que tienen son frutos de esas violaciones”. Por ello, algunas los rechazan cuando los paren.

En la orilla melillense

Son excepcionales los casos en los que una mujer ha conseguido acceder a suelo melillense saltando la valla en estas dos décadas de existencia. Suelen hacerlo ocultas en los bajos de los coches o en patera, como las dos embarcaciones que han llegado en 2019 a las Islas Chafarinas, territorio militar español a 50 kilómetros de Nador. Todas ellas pidieron asilo por trata tras ser rescatadas por Salvamento Marítimo, pero en cuanto se instalaron en el CETI fueron retirando las solicitudes, y sólo dos de ellas se acogieron al periodo de reflexión de 90 días al que tienen derecho para decidir si quieren solicitar asilo por su situación de trata y/o denunciar a sus responsables.

Las razones por las que no se acogen a este derecho son numerosas y diversas: por temor a las represalias contra ellas o sus familias; porque desconfían, desconocen, no les interesa o no compensa las implicaciones de un proceso judicial; porque hay un vínculo emocional con las personas que integran la red; porque consideran que, aunque el coste económico puede ser abusivo, son quienes les han prestado el servicio de traerles hasta Europa; o también, porque pagar la deuda es una cuestión de honor para ellas y sus familias. Pero también hay una razón de peso fundamental: las redes establecen un estrecho sistema de vigilancia, por lo que las mujeres siempre están siendo controladas por otros miembros de la red. Por ello, una de las personas que suelen atenderlas cuando llegan al CETI de Melilla, sostiene: “Sería tan fácil como preguntar quiénes van a ser las o los portavoces del grupo. En cuanto se postulen, habría que separarles del grupo. Resulta muy fácil saber quiénes mandan, constatar cómo todo el mundo busca con la mirada a estas personas y esperan a que sean ellas quienes se pronuncien”.

Según nos informa el director del CETI, Carlos Montero, prácticamente todas las mujeres subsaharianas que son trasladadas a la Península son enviadas a centros especializados en trata con fines de explotación sexual, pero “como les quitan el móvil cuando ingresan, se van porque eso no les gusta”. Esa fue su explicación.

Una mujer en el CETI de Melilla. / Foto: Patricia Simón

Una persona jurista especializada en esta cuestión considera que deberían aprovecharse los dos o tres meses que están pasando en Melilla estas mujeres para evitar que sigan en la red cuando sean trasladadas a la Península, pero para eso necesitarían “un espacio de intimidad y desahogo, no el CETI, donde están todas hacinadas y mezcladas”. Una entelequia para un recinto que lleva sobrepoblado desde su puesta en marcha en 1999. Su capacidad, según el Ministerio de Interior, es de 480 personas, aunque lo habitual suele ser que sobrepase la 900. En el momento de nuestra visita a finales de febrero, era de más de 1300: el 30 por ciento mujeres.

El CETI de Melilla tiene capacidad para 480 personas, aunque lo habitual es que sobrepase la 900. En el momento de nuestra visita a finales de febrero, era de más de 1300: el 30 por ciento mujeres. Clic para tuitear

Desde el pasado año, 780 hombres duermen en literas de campaña de tres alturas –con una lona haciendo las veces de colchón–, dispuestas dentro de dos gigantescas tiendas de campaña diseñadas para las emergencias humanitarias. Cuando entramos en ellas, vemos cómo muchos de ellos no tienen otra alternativa que matar tumbados en ellas las horas muertas de los meses –y hasta más de un año– que tienen que permanecer aquí antes de ser trasladados a la Península con una orden de expulsión bajo el brazo. Según un mando policial consultado, “la ocupación nunca va a bajar de 800 o 900 personas porque entonces habría que despedir a mucha gente. Cada semana el centro tiene autorización para permitir la salida de más de 200 personas. ¿Por qué, si no, la dirección sólo permite el traslado a la Península de unas 50 personas?”, nos espeta.

En cualquier caso, según Elena Fernández Treviño, responsable y única trabajadora de la Unidad de Violencia de Género del Gobierno de España en Melilla, no hay una actuación coordinada entre las instituciones de la ciudad con respecto a la trata, que no cuentan con pisos ni con casas de acogida para las mujeres afectadas por esta problemática y que los trabajadores del CETI no tienen formación específica sobre esta cuestión. También se declara impotente para actuar en este espacio porque su puesto depende de los Ministerios de Igualdad y Política Territorial, mientras que el CETI depende, paradójicamente, del Ministerio de Trabajo. Pocas evidencias mayores de que estas personas son concebidas exclusivamente como potencial mano de obra, y el espacio en el que son recluidas como un mecanismo de adoctrinamiento en la actitud sumisa que deben mantener para no ser desechados, expulsados, como desentraña en sus ensayos el investigador Eduardo Romero.

En cuanto a las presuntas víctimas de trata, según Montero, director del CETI, éstas son trasladadas a centros en Sevilla, Córdoba, Valencia y Bilbao, todos ellos enclaves destacados de las rutas de la trata en su camino al resto de Europa, a través de Francia. Especialmente esta última: “Casi todas las mujeres nos dicen que tienen un conocido en Bilbao, que quieren ir para allí”, explican en Melilla Acoge.

En Ceuta, según varias organizaciones, la mayoría de las mujeres subsaharianas tendrían sobrados argumentos para solicitar asilo, pero no lo hacen porque acarrearía quedarse estancadas en esta otra ciudad fronteriza durante meses. Esta política de castigo a los solicitantes de asilo lleva décadas aplicándose de manera irregular en las ciudades autónomas, pese a que ha sido condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y por el Defensor del Pueblo: las personas solicitantes de refugio tienen derecho a circular libremente por todo el territorio del Estado español, aunque aquí no se cumpla.

Mientras, en los puertos de Málaga, Cádiz y Almería, las mujeres que lograron llegar a la Península en patera en 2018 pasaban horas tiradas a la intemperie en los pantalanes, sin que a menudo se cumpliera con su derecho a ser informadas sobre qué iba a ser de ellas, ni recibiesen atención psicológica si habían sobrevivido a un naufragio. Las presuntas víctimas de la trata pasaban una noche tras otras tiradas en los pantalanes durante horas, muchas después de haber sobrevivido a una de las experiencias más traumáticas: cruzar un mar en una precaria lancha, sabiendo que muchos habían muerto antes así, que muchos seguirán muriendo.

Al mismo tiempo, se anunciaban y cerraban convocatorias públicas del Gobierno de España, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos para subvencionar campañas de sensibilización, talleres, cursos online, exposiciones, documentales, charlas, seminarios y películas sobre la trata con fines de explotación sexual. Se destinaban importantes presupuestos para diseñar e implementar protocolos, elaborar ordenanzas municipales, crear plazas en residencias sobre la trata con fines de explotación sexual. Sus supuestas destinatarias estaban huyendo de las porras de los policías marroquíes en los montes del norte de Marruecos, jugándose la vida en una patera, pariendo en una casa clandestina, durmiendo con su vigilante de la red de trata en el CETI, temblando de frío en las dársenas del puerto de Motril, encerradas en la sala de no admitidos del aeropuerto de Barajas, en uno de los siete Centros de Internamiento de Extranjeros que hay en España…

Las administraciones están mucho más volcadas en generar discurso contra la trata y la prostitución que en combatir sus causas: la desigualdad, el racismo, el colonialismo y las fronteras. Clic para tuitear

Y las que consiguen salir de la red –ya sea cuando han pagado la deuda que les exigen, o porque han conseguido huir– lo que necesitan para empezar a recuperarse física y psicológicamente, y empezar a construirse una vida, es un mínimo de estabilidad: un lugar tranquilo en el que estar, un permiso de residencia –al que supuestamente tienen derecho por ley, pero que no siempre se les concede–, y un puesto de trabajo. Pero para esto, las administraciones no suelen destinar presupuesto. Quizás sea porque es más cómodo pensar, desde una visión paternalista y salvadora, en eternas víctimas con un pasado terrible por la prostitución, que como supervivientes de un continuum de violencias –muchas de ellas institucionales– con todo un futuro por construir. Porque, como dicen en Fundación Amaranta Gijón, una entidad con dos décadas de experiencia trabajando con mujeres que sufrieron la trata, y más de un siglo con mujeres en situación de vulnerabilidad social, la trata no las define, es una parte de sus vidas, pero no es lo más relevante para su recuperación: lo que necesitan son oportunidades para alcanzar vidas autónomas.

Paradójicamente, no parece ser esta la prioridad de las administraciones, mucho más volcadas en generar discurso contra la trata y la prostitución que en combatir sus causas: la desigualdad, el racismo, el colonialismo y las fronteras.

Mientras no lo hagan, las mujeres que no se resignan a las condiciones que su contexto les ofrece seguirán buscando vías para hackear el sistema fronterizo: así tengan que recurrir a las redes que crearon las políticas de cierre de fronteras.

 

Cómo llegamos aquí: la historia del protocolo de Palermo sobre trata

La “trata de personas” no tenía por qué significar lo que significa ahora. Esta es la historia de cómo obtuvo su definición, contada por alguien que estaba presente cuando sucedió.

Marjan Wijers

11 de febrero de 2021

https://www.opendemocracy.net/en/beyond-trafficking-and-slavery/how-we-got-here-story-palermo-protocol-trafficking/

Marjan Wijers, consultora e investigadora sobre la trata de personas desde hace mucho tiempo, estaba en la sala cuando se negoció el protocolo de Palermo sobre la trata de personas hace 20 años. Nos reunimos con Marjan como parte de nuestro aniversario especial sobre el protocolo para conocer cómo cambió el campo de la lucha contra la trata de personas con Palermo, cómo se desarrollaron esas negociaciones y hacia dónde podemos ir desde aquí. Esta entrevista ha sido editada y condensada para mayor claridad.

Joel Quirk (BTS): El protocolo de Palermo se finalizó hace más de 20 años, y para muchas personas que trabajan en los campos de la trata y la explotación laboral hoy en día simplemente siempre ha estado ahí. Pero ese no es realmente el caso. ¿Cómo era el campo antes de que existiera un protocolo de Palermo?

Marjan Wijers: En la década de 1980, grupos feministas con experiencia en cooperación para el desarrollo comenzaron a trabajar en la trata de personas en los Países Bajos. De hecho, se metieron en esto porque estaban investigando el turismo sexual. A través de ese trabajo y sus contactos con organizaciones de mujeres asiáticas, se dieron cuenta de que había un segundo flujo de mujeres al revés, que venían a los Países Bajos y otros países europeos para hacer trabajo sexual, pero también como trabajadoras domésticas y novias por correo. Así fue como se fundó la Fundación contra la Trata de Mujeres (STV) en 1987.

Trabajamos principalmente con mujeres migrantes en la industria del sexo. La mayoría de ellas eran indocumentadas. Algunas originalmente planearon hacer un tipo diferente de trabajo, como trabajo doméstico o modelaje, y terminaron en la industria del sexo. Otras vinieron con la intención de realizar trabajo sexual y terminaron en condiciones laborales abusivas y forzadas. Desde el principio, para nosotras, no se trató de mujeres inocentes obligadas a prostituirse. Se trataba de abordar la explotación y el abuso de las mujeres migrantes en la industria del sexo, independientemente de si se habían visto obligadas a hacerlo o no. De hecho varias de nuestras clientas querían seguir haciendo trabajo sexual, pero ahora por sí mismas.

Si no recuerdo mal, en ese momento solo los Países Bajos y Alemania tenían grupos que trabajaban en el tema de las trabajadoras sexuales migrantes y la trata. Y, en ese momento, realmente a nadie le importaba. Hablábamos de migrantes. Hablábamos de mujeres extranjeras, principalmente del sureste de Asia y América Latina, y mujeres de color. Y estábamos hablando de prostitutas. Todavía no usamos el término trabajadora sexual, que vino después.

Nuestras clientas no tenían derechos, como mujeres, como migrantes y como prostitutas. Tenían menos derechos y oportunidades que los hombres en su país. Y no tenían derechos aquí en Europa Occidental porque la mayoría eran indocumentadas y, sobre todo, no tenían derechos porque eran putas. Utilizo explícitamente la palabra «putas», ya que realmente no importaba si tomaron su propia decisión de hacer trabajo sexual o si se vieron obligadas a hacerlo. «Una vez puta siempre puta, ¿a quién crees que le importará?», eso es lo que les decían sus explotadores.

Y eso es precisamente lo que pasó. Incluso si acudían a la policía, los casos no se tomaban en serio. Simplemente eran deportados de regreso a la situación de la que habían intentado escapar, y los casos no eran procesados. Las primeras acciones que emprendimos junto con mujeres que ahora calificarían como «víctimas de la trata» impulsaron cosas como permisos de residencia temporales, la capacidad de presentar cargos y que los casos se investiguen y enjuicien activamente. Creo que fue más o menos lo mismo en Alemania.


Si hubiéramos conocido la historia y las fallas inherentes al concepto de trata en ese entonces, nunca lo hubiéramos usado.


El interés por la trata aumentó rápidamente con la caída del Muro de Berlín en 1989. Hubo varias razones para ello. No quiero ser cínica, pero estoy convencida de que una fue que las víctimas cambiaron de mujeres de color a mujeres blancas, mujeres de Europa del Este. O sea, de «ellos» a «nosotros». La otra, creo, era que no sabíamos qué tan rápido podríamos reconstruir el muro. Una vez que cayó el muro, todos pudieron viajar libremente de nuevo. Eso estuvo bien, pero, por supuesto, nunca fue la intención. Y luego estaba el temor de que nos inundarían no solo los inmigrantes de Europa del Este, sino también la mafia rusa. La trata proporcionó la justificación perfecta para una agenda anti-migración en nombre de la lucha contra la trata, literalmente bajo la bandera de «si no pueden venir, tampoco pueden convertirse en víctimas». Se gastó mucho dinero de la trata en la reconstrucción de las fronteras polacas, por ejemplo.

Estos factores ayudaron a impulsar la trata de personas en la agenda política. No fue tanto que la gente se preocupara más por los derechos de las trabajadoras sexuales o los migrantes, o por proteger a las trabajadoras sexuales del abuso. Se debió principalmente a que el argumento de la trata servía perfectamente a varios intereses estatales, que se volvieron urgentes después de la caída del Muro de Berlín.

Al mismo tiempo, se produjo el segundo movimiento feminista. Eso llamó la atención sobre la violencia sexual y el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos. Y desde la década de 1970, las trabajadoras sexuales habían comenzado a organizarse, ese también fue un movimiento que surgió. Entonces, por un lado, teníamos el movimiento por los derechos de las trabajadoras sexuales que reclamaba el derecho a elegir el trabajo que se desea hacer y no ser castigada o criminalizada por ello, y por otro lado, el movimiento contra la trata de personas que reclamaba el derecho a no ser forzada a hacer un trabajo que no quieres hacer. Ambos reclamos se refieren a los derechos humanos, la libertad de elegir la propia profesión y el derecho a ser protegido del trabajo forzoso, y ambos deben ser respetados. Así es como lo veíamos: en nuestra opinión, los derechos a favor y en contra de la violencia eran las dos caras de la misma moneda. Así que desde nuestro principio trabajamos junto con Red Thread, la organización holandesa de derechos de las prostitutas.

Antes de todo esto estaba la cuestión de cómo llamar a este tipo de abusos. Permítanme decirlo así: si hubiéramos conocido la historia y las fallas inherentes al concepto de trata en ese entonces, nunca lo hubiéramos usado. Lo que deberíamos haber hecho habría sido hablar sobre el trabajo forzoso, incluidos los servicios sexuales forzados, las prácticas análogas a la esclavitud y la servidumbre. Deberíamos haber utilizado conceptos que describan las condiciones de vida y de trabajo en las que se encuentran las personas. Estos son conceptos que están definidos en el derecho internacional de los derechos humanos y son algo neutrales. Pero en ese momento no éramos conscientes de todo eso, así que terminamos recurriendo al concepto victoriano de trata de personas del siglo XIX con su enfoque en la pureza y victimización de las mujeres y la protección de las fronteras nacionales. Al hacerlo, sin saberlo, importamos un concepto muy sesgado, dividiendo a las mujeres en víctimas inocentes que necesitan ser rescatadas y culpables que pueden ser abusadas con impunidad, pero también con tintes racistas y nacionalistas.

A pesar de los esfuerzos para contrarrestar estas fallas, esta herencia continúa definiendo el debate sobre la trata hoy, como lo ejemplifica la distinción que el Protocolo de la ONU contra la Trata hace entre la llamada ‘explotación sexual’ y la ‘explotación laboral’ y su enfoque en el reclutamiento y el movimiento en lugar de las condiciones de trabajo. Históricamente, la trata se ha utilizado para controlar la sexualidad y la movilidad de las mujeres y para justificar medidas opresivas contra las trabajadoras sexuales y los migrantes, en lugar de proteger sus derechos humanos. Ya en la década de 1990 quedó claro que esto era lo que estaba sucediendo. Entonces, cuando comenzamos las negociaciones sobre el protocolo de trata, éramos muy conscientes de los problemas del concepto. Y tratamos de abordarlos.

Joel: ¿Entraste en esas negociaciones creyendo que eran una oportunidad, o las abordaste principalmente con inquietud y ansiedad? ¿Ya estaba claro cuáles serían las fallas o te sorprendieron?

Marjan: Ya había habido mucha discusión en torno a la definición de trata cuando alcanzó la cima de la agenda internacional. ¿La trata es solo de mujeres y niñas? ¿La trata solo tiene lugar a través de fronteras o también ocurre dentro de las fronteras? ¿La trata consiste únicamente en obligar a las mujeres a prostituirse o también en prácticas abusivas de contratación para el trabajo doméstico y otros tipos de trabajo? ¿Se trata solo de contratación o también de condiciones de trabajo abusivas y análogas a la esclavitud? Prácticamente todas las preguntas y cuestiones que jugaron un papel en las negociaciones sobre el protocolo de trata ya eran puntos de discusión en el debate político más amplio.

Así que hubo una enorme confusión sobre cuál era el concepto. E incluso si la gente estaba de acuerdo en que el núcleo de la trata era la coacción o la fuerza, no había consenso sobre a qué se refería «fuerza», especialmente en relación con el trabajo sexual. ¿Se refería tanto a condiciones abusivas de contratación como de trabajo? ¿O se refería únicamente a la forma en que una mujer llegó a prostituirse, como resultado de su propia decisión o forzada por otros (excluyendo así a las mujeres que decidieron conscientemente trabajar en la industria del sexo pero que fueron sometidas a la fuerza y ​​el abuso en el curso de su trabajo)? Y algunos vieron la prostitución en sí misma como una violación de los derechos humanos similar a la esclavitud. Desde este punto de vista, ninguna mujer puede dar su consentimiento voluntario para el trabajo sexual y cualquier distinción basada en el consentimiento o la voluntad de la mujer carece de sentido.

Sabíamos que todas estas discusiones estaban teniendo lugar, así que conocíamos los peligros y sabíamos cuánto se mezclaba el concepto con las agendas anti-prostitución y anti-migración. También sabíamos que era sexista en la forma en que vinculaba el derecho de las mujeres a ser protegidas contra la violencia con su inocencia o pureza sexual. Entonces sabíamos exactamente lo que estaba mal. Quizás no todo el mundo lo hizo, pero la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW), que fue fundada por grupos de mujeres tailandesas y STV a lo largo de la década de 1990, ciertamente lo hizo. Varias organizaciones de derechos humanos lo hicieron y, por supuesto, las organizaciones de trabajadoras sexuales fueron muy conscientes de ello desde el principio.

Joel: ¿El protocolo de Palermo podría haber resultado diferente? ¿O parecía más o menos fijo desde el principio, y lo que obtuviste fue más o menos lo que esperabas?

Marjan: No éramos tan optimistas. Sabíamos cuáles eran los problemas y sabíamos cómo se usaba el concepto contra las trabajadoras sexuales y los inmigrantes. Así que estábamos bien preparadas en ese sentido. Teníamos varios objetivos y nos organizamos a través de movimientos. Reunimos a organizaciones y activistas contra la trata de personas, los derechos humanos y los derechos de las trabajadoras sexuales, liderados por el International Human Rights Law Group y la GAATW. Participé en nombre de la GAATW y la Fundación Holandesa contra la Trata de Mujeres, donde trabajaba en ese momento. La composición de esta alianza fue realmente importante ya que fue la primera vez que estos tres movimientos trabajaron juntos en un lobby conjunto. Especialmente la combinación de activistas y grupos de lucha contra la trata y pro-trabajadoras sexuales fue radical, ya que cerró la brecha histórica entre los dos movimientos causada por la persistente fusión de la trata y el trabajo sexual.

Para el movimiento de las trabajadoras sexuales fue una posición realmente difícil porque estaban claramente en contra del concepto de trata. Ya habían sufrido mucho por eso. Al mismo tiempo, todos sabíamos que era importante intentar controlar el daño tanto como fuera posible. Entonces, las negociaciones sobre el protocolo no fueron como, ‘Oh, esta es una hermosa oportunidad’. Ellas dijeron, ya conocemos el daño y sabemos que puede empeorar, entonces, ¿qué podemos hacer para controlar el daño e intentar para aprovecharlo al máximo? Preparamos nuestros documentos juntas, fuimos juntas a las negociaciones y presionamos juntas.

Al igual que los estados, las ONG estaban profundamente divididas sobre cómo debería definirse la trata, es decir, qué prácticas deberían combatirse. Si bien hicimos una distinción clara entre la trata y el trabajo sexual y sostuvimos que las condiciones de trabajo forzoso en todas las industrias deben abordarse, el otro bloque de ONG, liderado por la Coalición contra la Trata de Mujeres (CATW) con sede en EE.UU. consideraba todo trabajo sexual como trata y quería el protocolo para combatir la prostitución como tal.

En el momento de las negociaciones sobre el protocolo, CATW había existido por un tiempo y habían ganado mucha influencia. Asistí a una de sus conferencias en Nueva York a finales de los 80. En ese momento no tenían ni idea de la trata o la posición y las experiencias de las mujeres migrantes. Se centraron principalmente en la violencia contra las mujeres blancas y la pornografía. Recuerdo a Andrea Dworkin, como una sacerdotisa que pone histéricas a todo un salón de mujeres sobre una mujer a la que su empleador obliga a mirar Garganta profunda, una famosa película porno de la época. Pero durante la década de 1990 obtuvieron mucho dinero de los gobiernos conservadores y se convirtieron en un grupo de presión anti-prostitución rico, importante e influyente con capítulos en varios países asiáticos.

Si mal no recuerdo, no estuvieron presentes en la primera sesión de negociaciones sobre el protocolo, pero desde la segunda sesión en adelante estuvieron allí. Y a partir de ese momento, hubo dos bloques de presión de ONG opuestos. Nuestro bloque, que operaba bajo el nombre de Human Rights Caucus, abogó por una definición amplia e integral de trata con la coerción como elemento central. Queríamos incluir tanto a hombres como a mujeres y niños, para ir más allá de la prostitución e incluir todos los sectores de trabajo en los que las personas podrían terminar en condiciones de esclavitud y trabajos forzados, e incluir la trata tanto transfronteriza como interna. Queríamos ser más amplios, ya que pensamos que esto podría neutralizar las partes problemáticas del concepto tradicional de trata.

El otro bloque, que junto a CATW incluía entre otros el Lobby Europeo de Mujeres y la Federación Abolicionista Internacional Francesa, quería un protocolo que definiera toda prostitución como trata, y que solo se aplicara a mujeres y niñas. Significativamente, operaron bajo el nombre de International Human Rights Network, copiando nuestro nombre y aumentando la confusión sobre quién era quién. Esas fueron las dos posiciones opuestas, y la definición final es un claro compromiso entre esas dos posiciones. Por un lado, establece una clara distinción entre el trabajo sexual y la trata. Cubre a mujeres, hombres y niños, e incluye todos los sectores laborales en lugar de solo la industria del sexo. Por otro lado, la «explotación de la prostitución y la explotación sexual» se destaca como algo separado y diferente de lo que se denominó «explotación laboral», es decir, trabajo forzoso, prácticas análogas a la esclavitud y servidumbre en otras industrias. Y hemos visto sus efectos dañinos.

Joel: Lo que ha dicho hasta ahora refleja la historia comúnmente contada sobre las negociaciones de Palermo, que es esencialmente una discusión entre dos coaliciones opuestas de ONG y voces de la sociedad civil. Y entiendo que ese fue un punto clave de la discusión. Pero siempre me ha llamado la atención que esta descripción pierde el papel de los estados. Los gobiernos siempre tienen la última palabra en este tipo de negociaciones: la sociedad civil no puede escribir su propio derecho internacional. ¿Podrías decirnos más sobre las posiciones gubernamentales durante las negociaciones?

Marjan: La lucha entre las ONG se reflejó más o menos también en la posición de los gobiernos. Fue hace mucho tiempo, pero por lo que recuerdo, creo que hubo tres cuestiones que dividieron a los estados, y no siempre en la misma línea. Una fue la cuestión moral de la prostitución y la idea de que toda prostitución es trata. Los estados comenzaron con diferentes posiciones sobre la prostitución, pero creo que les resultó relativamente fácil decir: ‘Incluso si no estamos de acuerdo sobre la prostitución, estamos de acuerdo sobre la coerción, así que limitemos este tratado a situaciones de abuso y coerción y no a la prostitución’ como tal. ”Eso resolvió más o menos la cuestión moral, aunque la cuestión moral vuelve a aparecer en otros artículos, por ejemplo, el de combatir la demanda.

Entonces creo que hubo una diferencia con respecto a las fronteras. Los países ricos y pobres se opusieron más en lo que respecta a la migración. Para los países ricos, especialmente, era realmente importante incluir artículos en el protocolo sobre la protección de las fronteras, mientras que para los países pobres las remesas de mano de obra que los migrantes enviaban a casa constituían una parte importante de su ingreso nacional. El tercer punto fueron los derechos de las víctimas. Los países de envío estaban mucho más inclinados a incluir disposiciones de protección a las víctimas, mientras que los países de destino no estaban dispuestos a hacerlo en absoluto.

Eso también se refleja en el protocolo. Hay una serie de disposiciones sobre la protección de las víctimas, pero no son obligatorias. La protección de las víctimas queda a discreción de los estados, mientras que todas las disposiciones de aplicación de la ley son obligatorias. Y allí, creo, el lobby de las ONG realmente fracasó. Nuestra facción sintió que incluso si no estábamos de acuerdo con los demás sobre la prostitución, deberíamos poder estar de acuerdo en la necesidad de disposiciones de protección a las víctimas. Pero la otra parte no quiso cooperar.

Joel: ¿Por qué no?

Marjan: Porque no querían trabajar con nosotras, en parte por lo polarizados que estábamos todos y en parte porque, y probablemente sea desagradable decirlo, no les interesaba. Nosotras éramos las que trabajábamos con las víctimas. Nosotras éramos las que queríamos protección para las víctimas. Tenían una agenda totalmente diferente, impulsada ideológicamente. Querían combatir la prostitución. Y cuál fuere el impacto real de eso en las mujeres, las trabajadoras sexuales, las víctimas, no creo que realmente les importara.

Joel: El protocolo de Palermo es lo que nos da la definición de trata acordada internacionalmente. En el fondo está la idea de que la trata de personas tiene como finalidad la explotación, que es la bisagra de todo el tratado. Sin embargo, la explotación no está definida, solo hay una lista no exhaustiva de ejemplos. ¿Por qué el protocolo en ningún momento dice realmente qué es explotación?

Marjan: No pudieron ponerse de acuerdo.

Joel: ¿No podían ponerse de acuerdo porque la gente quería versiones muy diferentes, o no podían ponerse de acuerdo porque la explotación es muy difícil de definir?

Marjan: Lo que recuerdo es que hubo varios estados y expertos internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Relatora Especial sobre la Violencia contra las Mujeres, la Organización Internacional del Trabajo y nosotras, que dijimos que no uses la palabra explotación. Cíñete al trabajo forzado, la servidumbre, las prácticas análogas a la esclavitud, etc., conceptos aceptados y definidos en el derecho internacional de los derechos humanos. También abogamos por eliminar la palabra «explotación sexual» porque no está definida, es controvertida e innecesaria. La Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer, por ejemplo, señaló que el término ‘explotación sexual’ podría interpretarse de formas muy diferentes, dependiendo de si crees que la prostitución constituye ‘explotación sexual’ per se, o si se refiere a situaciones de violencia forzada. trabajo, servidumbre o prácticas análogas a la esclavitud, que pueden ocurrir en la industria del sexo pero también en el trabajo doméstico o los matrimonios serviles.

Y luego estaba el otro grupo de estados, que incluía a EE.UU., que quería tener la explotación de la prostitución y la explotación sexual en el protocolo independientemente del uso del engaño, la fuerza o la coerción. Realmente querían tener eso en el protocolo. Recuerdo que le escribimos una carta a Madeleine Albright, la secretaria de Estado de Estados Unidos en ese momento, para tratar de discutir la posición de Estados Unidos con ella. Fue firmado por un montón de expertos de diferentes organizaciones en los EE. UU. y en otros lugares, y argumentó que había consenso sobre limitar el protocolo a situaciones forzadas y advirtió que expandirlo para incluir la prostitución voluntaria significaría que varios países se negarían a firmar eso.

El compromiso fue ponerlos a ambos. La frase ‘con el propósito de explotación’ era una especie de término general, y luego bajo ese encabezado se podría poner tanto la explotación de la prostitución como el trabajo forzado, etc. Los términos “explotación del la prostitución ajena” y «explotación sexual» se dejaron intencionalmente sin definir, de modo que los estados pudieran decidir por sí mismos cómo querían abordar la prostitución en sus leyes nacionales. Fue un compromiso político típico en el que ambas partes obtuvieron más o menos lo que querían.

Joel: Mencionaste los efectos dañinos de señalar la explotación sexual como algo diferente del trabajo forzado, las prácticas similares a la esclavitud y la servidumbre. ¿Qué quieres decir con eso?

Marjan: La inclusión de la explotación de la prostitución como un propósito separado del trabajo forzado, etc. reforzó la obsesión histórica por la prostitución y alimentó la vieja fusión de trata y trabajo sexual y la preocupación por la pureza de la mujer. No solo implica que el trabajo sexual no puede ser trabajo, sino que también sugiere falsamente que el trabajo forzado no puede existir en la industria del sexo, lo que priva a las trabajadoras sexuales de la protección contra esa práctica. La OIT siempre había considerado la prostitución forzada como una forma de trabajo forzado, por lo que separarla fue realmente un paso atrás.

El trabajo forzado y las prácticas análogas a la esclavitud no se definen por el tipo de trabajo sino por las condiciones laborales forzadas y no libres. Según la definición del protocolo, esto también debería aplicarse a la trata. Nadie diría nunca que una trabajadora doméstica no puede ser víctima de la trata simplemente porque sabía que haría trabajo doméstico o había trabajado antes como trabajadora doméstica. Pero cuando se trata del trabajo sexual, se ve que en la práctica muchos estados restringen la fuerza para referirse solo a obligar a alguien a prostituirse y no a condiciones de trabajo forzado.

El efecto es que en muchos casos, en lugar de que el delincuente sea juzgado, es la víctima quien tiene que demostrar su «inocencia», desplazando así el enfoque de los actos del tratante a la moralidad de la víctima. Esta distinción entre mujeres «buenas» que merecen protección y mujeres «malas» que perdieron su derecho a la protección contra el abuso es uno de los principales obstáculos para combatir la trata. No solo implica que las trabajadoras sexuales pueden ser abusadas con impunidad, sino también que el derecho de las mujeres a ser protegidas contra la violencia y el abuso está determinado por su pureza u «honor» sexual. Esto no solo es perjudicial para las trabajadoras sexuales, sino para todas las mujeres.

Este excepcionalismo del trabajo sexual también allanó el camino para estrategias completamente opuestas. Donde todo el mundo está de acuerdo en que es importante fortalecer los derechos y apoyar la sindicalización, organización, etc. para combatir el trabajo forzado o las condiciones laborales abusivas, se promueven estrategias exactamente opuestas cuando se trata de combatir la trata en la industria del sexo. Allí se aboga por una mayor criminalización, que se suma al estigma y deja a las trabajadoras sexuales con menos en lugar de más derechos. Esto se ve reforzado por el artículo del protocolo que llama a los Estados a “desalentar la demanda que fomenta todas las formas de explotación”. Por supuesto, esto se interpreta como que se aplica únicamente al trabajo sexual y sentó las bases para las llamadas campañas de «fin de la demanda» que piden la criminalización de los clientes de las trabajadoras sexuales.


La gente tiende a pensar que el protocolo es un tratado de derechos humanos, pero es obvio que no lo es.


La separación de la explotación sexual de los otros fines también hizo que fuera crucial incluir los medios coercitivos en el protocolo. Sin eso se habría convertido en un tratado contra la prostitución, porque simplemente habría sido reclutamiento, transporte, etc., con el propósito de explotar la prostitución, independientemente del uso de la fuerza o la coacción. Si el propósito solo hubiera sido el trabajo forzado, la esclavitud, etc., no habría necesitado los medios coercitivos o engañosos, ya que aquellos son inherentemente coercitivos. Lo que hemos visto en la práctica es que varios países, como México, han eliminado los medios. Y si borras los medios, conviertes el protocolo contra la trata en un protocolo contra la prostitución.

Un cuarto problema es el enfoque en el movimiento. Desvía la atención del trabajo forzado y los resultados similares a la esclavitud que constituyen las violaciones reales de los derechos humanos. Esto no solo proporciona a los estados una justificación para seguir una agenda de control fronterizo bajo el disfraz de combatir la trata, sino que también crea dos categorías de víctimas: aquellas que llegan en una situación de trabajo forzado o esclavitud a través de la trata y aquellas que llegan de otras maneras. El primer grupo tiene derecho a recibir apoyo, aunque sea bastante mínimo, mientras que el segundo está excluido de cualquier derecho porque no lo consiguió a través de la trata. Desde el punto de vista de los derechos humanos, eso es, por supuesto, inaceptable. De hecho, refleja los primeros tratados sobre la trata de personas alrededor de 1900 que abordaban el reclutamiento transfronterizo de mujeres para lo que entonces se llamaba fines inmorales, pero dejaban de lado explícitamente las condiciones coercitivas dentro de los burdeles. Se consideró que era una cuestión de legislación interna.

Joel: ¿Saliste de las negociaciones sintiéndote feliz o preocupada?

 Marjan: Pienso que un poco las dos cosas. Nos alegró que cubriera a todas las personas en lugar de solo a mujeres y niñas. Nos alegró que cubriera todos los sectores. Nos alegró que, al menos en la definición y explicación del protocolo, estuviera claro que la coacción era un elemento central de la trata. Esa había sido una gran pelea. Así que nos alegramos de que estuviera claro que la coerción, el engaño o la fuerza deben estar presentes para que algo sea trata.

Al mismo tiempo, nos preocupaba mucho la distinción que se hacía entre la explotación de la prostitución y los demás fines de trabajo forzado, etc. Y nuestras preocupaciones han demostrado estar completamente justificadas. También nos decepcionó enormemente la falta de protección de los derechos humanos de las personas objeto de trata. La gente tiende a pensar que el protocolo es un tratado de derechos humanos, pero es obvio que no lo es. Es parte de un tratado sobre la delincuencia organizada, es un instrumento de aplicación de la ley.

Joel: Parece que la gente ha trabajado mucho para ampliar la definición de trata en lo que respecta al trabajo sexual, pero se han mostrado reacios a pensar de manera más amplia en otras áreas. Se han resistido a aplicarlo a los trabajadores migrantes o a los trabajadores de las cadenas de suministro globales, por ejemplo. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Intenta la gente aplicar la trata de manera amplia cuando se trata de trabajo sexual y luego de manera limitada cuando se trata de trabajadores migrantes porque de lo contrario es demasiado inconveniente políticamente?

 Marjan: Bueno, la explotación y la disponibilidad de mano de obra barata y explotable es, de hecho, el núcleo del sistema capitalista. Si realmente quisiéramos abordar la explotación en otras industrias, afectaría nuestros propios intereses en servicios y productos baratos. Tendríamos que pagar más por nuestros teléfonos móviles, por nuestras verduras, por la limpieza de nuestras casas y oficinas, etc. Por tanto, es mucho más atractivo centrarse en el trabajo sexual, que se ajusta a una agenda moral más que económica y es fácil de realizar separadamente de nuestras vidas e intereses diarios.

Abordar la explotación requeriría una agenda de justicia social. Requeriría mejorar la situación económica, social y legal de los migrantes, por ejemplo. Centrarse en la prostitución, por el contrario, permite reducir la cuestión a un marco de delito y castigo. No llega a intentar abordar el sistema económico. Y, por supuesto, rescatar a doncellas inocentes es mucho más sexy. Todo esto expone una vez más cuán defectuoso es todo el concepto. Gastamos millones para combatir la trata, mientras que los tratados de trabajo forzado, que ya se remontan a las décadas de 1930 y 1950, nunca han recibido tanta atención. Eso no ha sucedido por accidente.

Joel: ¿Dirías que el problema está más en el protocolo o en lo que hacen los gobiernos con el protocolo?

Marjan: No puedes separarlos. El protocolo fue un compromiso político entre dos puntos de vista e intereses opuestos. Había una razón para hacer ese compromiso, y esas razones también se reflejan en la forma en que se aplica. Así que no creo que realmente puedas hacer esa distinción. Muchos estados dependen de la mano de obra migrante y sería contrario a sus intereses abordar las condiciones abusivas de los trabajadores migrantes y otros trabajadores mal pagados. Entonces no son muy propensos a hacer eso. Además, es mucho más fácil centrarse en la prostitución, las fronteras y la moralidad de las mujeres. Eso encaja mucho mejor con los intereses del estado que abordar las condiciones laborales abusivas que experimentan los migrantes y otros grupos de trabajadores mal pagados que mantienen su economía en marcha. Entonces, ¿por qué deberías hacerlo?

Joel: ¿Te has vuelto más optimista o pesimista en el tiempo que ha pasado con respecto al valor de la trata de personas como una forma de abordar cuestiones de explotación?

Marjan: Creo que ha pasado lo que temíamos. Ha hecho muy poco para abordar las violaciones reales de los derechos humanos o las causas de la explotación de personas en condiciones de trabajo forzoso o análogas a la esclavitud. Tampoco hizo mucho por los derechos de las víctimas porque, por supuesto, existen abusos. Nadie niega que haya graves abusos contra los derechos humanos de las personas, pero el protocolo hace poco para abordarlos. Al contrario, respalda medidas que agravan los abusos. Las medidas represivas siempre tienen un impacto negativo en los grupos más vulnerables. Cuanto más criminaliza o estigmatiza a los grupos, más vulnerables los vuelve a sufrir abusos y más cierra su acceso a la justicia.


Es posible que el protocolo de Palermo hiciera un poco por una categoría muy pequeña de víctimas, pero perjudicó a grupos mucho más grandes.


Yo diría que la situación ha empeorado para muchos grupos. Eso es ciertamente cierto para las trabajadoras sexuales, pero también para muchos migrantes. El protocolo de Palermo brindó a los estados un instrumento para justificar las medidas represivas que colocan a las personas en posiciones más vulnerables. Y al mismo tiempo, no ayudó mucho a mejorar la situación de las víctimas de abuso. En la mayoría de los estados tienes que cooperar con la fiscalía para beneficiarte como víctima, lo que significa que tienes que ponerte a ti y a tu familia en mayor riesgo. Y si usted es un migrante, es probable que lo deporten una vez que ya no sea útil como testigo. También sabemos que el derecho penal no está hecho para víctimas. El derecho penal es un problema entre los estados y los perpetradores. Básicamente, las víctimas no son más que una huella digital, algo que se guarda en un cajón y se saca si necesitas pruebas. Es así. Es posible que el protocolo de Palermo sirviera un poco para una pequeña categoría de víctimas, pero no mejoró las cosas para la mayoría de ellas y perjudicó a grupos mucho más grandes.

Durante las negociaciones defendimos que la trata debería abarcar tanto las condiciones abusivas de contratación como las condiciones laborales abusivas. El protocolo no hace esto. La trata según el protocolo se limita al proceso de contratación, la forma en que las personas llegan a situaciones de explotación. Esto significa que tenemos millones de personas en condiciones de trabajo forzado en todo el mundo que no llegaron allí a través de la trata, y como no llegaron a través de la trata, carecen completamente de derechos. Es como combatir la trata de esclavos pero no la esclavitud. Si naciste esclavo porque tus padres eran esclavos, está bien, siempre y cuando no hayas llegado allí a través del comercio de esclavos. Intentamos transmitir la necesidad de combatir la explotación en sí, pero eso no sucedió.

Joel: Entonces, ¿a dónde vamos desde aquí? Algunas personas sugieren que debería haber una convención de seguimiento que afirme y amplíe el protocolo de Palermo. Otros argumentan que la trata ha creado tantos problemas que es mejor descartarla y probar otra cosa. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Vale la pena permanecer en el campo de lucha contra la trata y buscar reformas desde adentro? ¿O es mejor elegir un campo de batalla diferente y luchar usando un conjunto diferente de conceptos?

Marjan: Probamos esas estrategias. Intentamos deshacernos de todo el concepto de trata y no lo logramos. Una vez que has abierto la caja de Pandora, ya sabes, está fuera de tu control. Está ahí para quedarse. Hay demasiados otros intereses vinculados al concepto de trata como para deshacerse de él. Y esos no son los intereses de las personas afectadas.

También probamos el control de daños. Aún me halaga la idea de que al menos hicimos algo de control de daños en las negociaciones. Podría haber sido peor, pero eso no lo hace bueno. Y debo decir que después de 30 años de control de daños solo, estoy cansada y no soy solo yo. Hacer control de daños no es lo más inspirador que se puede hacer en la vida.

Mi conclusión es que es mucho mejor trabajar por los derechos. Veo dos caminos a seguir. Uno es trabajar por los derechos de las trabajadoras sexuales, los derechos de los migrantes, etc. Es difícil y vivimos tiempos represivos. Estamos en un período histórico conservador y represivo. No es solo trabajo sexual, son derechos sexuales y reproductivos en general. No son solo los trabajadores migrantes, son los migrantes, los refugiados, etc. Todos los derechos humanos están bajo presión. Pero al menos solían verse como algo por lo que luchar. Ahora se debate la necesidad de los derechos humanos en su conjunto.

Joel: Hablo con muchos activistas diferentes y conozco personas que trabajan en reparaciones por la esclavitud transatlántica, y nunca los invitan a los pasillos del poder. Están en el exterior haciendo afirmaciones que a los gobiernos no les gustan. Y contrasta eso con las personas que trabajan en la lucha contra la trata, que son invitadas a gabinetes y salas de juntas, a quienes se les da una plataforma, que tienen influencia y acceso a los centros de poder. Llevo un tiempo preguntándome qué tan adictivo es ese acceso. Cambiar la conversación significa renunciar a ese acceso, incluido el acceso a la financiación, y eso hace que sea difícil decir: «Esto contra la trata de personas no está funcionando. Necesito trabajar en los derechos de las trabajadoras sexuales, los derechos de los migrantes, los trabajadores sindicalizados y todo este tipo de cosas”. ¿Qué tan fácil crees que es realmente para las personas que trabajan en la lucha contra la trata de personas comenzar a trabajar en otras cosas, dado que el perfil político de esas otras cosas es mucho menos acogedor para el activismo?

Marjan: Es absolutamente cierto. Y también dentro del movimiento contra la trata hay una gran división. Está la parte progresista a la que pertenezco, que se basa en los derechos y a la que pertenece la Alianza Global contra la Trata de Mujeres. Y está el movimiento conservador contra la trata, que está muy feliz de dormir en una cama con el estado y con el poder.

Si quieres conseguir dinero, haz trata. No elijas los derechos de los migrantes o los derechos de las trabajadoras sexuales. Esa es una elección estúpida si quieres dinero e influencia. Y, por supuesto, el dinero es adictivo. Cuando empezamos, a finales de los 80, a nadie le interesaba. Una vez que se convirtió en un gran problema, no sé cuántos cientos de organizaciones se subieron al tren.

Creo que al final, no importa lo difícil que sea enfocarnos en los derechos en lugar de la represión, es lo mejor que podemos hacer. Me alegra que la Organización Internacional del Trabajo haya abordado el tema. Creo que si queremos abordar los abusos, o si queremos abordar la explotación de personas en condiciones de trabajo forzado y análogas a la esclavitud, la OIT es una mejor manera de hacerlo.

Seguiría intentando trabajar junto con la OIT. Les presionaría para que también incluyeran la industria del sexo. Pasaron años antes de que incluyesen a las trabajadoras del hogar, pero al final lo hicieron. Y no es que el mundo cambie cuando se concluye un tratado internacional. Ciertamente no para las trabajadoras domésticas, pero es un paso. Es un pequeño paso, pero al menos un paso hacia los derechos en lugar de la represión. Por tanto, creo que sería importante que la OIT incluyera también la industria del sexo como un área de preocupación sobre las normas laborales.

Si puedes tirar de la OIT, también significa que pasas a conceptos mucho más neutrales. Debemos ser conscientes de cuán corrompidos y defectuosos pueden ser los conceptos, y el gran alcance que tiene la influencia de un concepto. Como dije al principio, si hubiéramos estado al tanto de la historia de la trata y de lo que significó importar ese concepto, no lo habríamos hecho. Realmente tienes que ser muy consciente del lenguaje que usas, los conceptos que importas y tratar de buscar un lenguaje neutral.

La trata no va a desaparecer y no escaparemos a la necesidad de controlar los daños. Tenemos que seguir haciéndolo. Pero al mismo tiempo, como movimiento, es realmente importante conectarse con otros movimientos basados en los derechos. El movimiento por los derechos de los migrantes, el movimiento por los derechos de las trabajadoras sexuales y el movimiento por los derechos humanos deben unirse y desarrollar su propia agenda basada en los derechos.