¿Qué es la trata?

 

 

Hasta finales del siglo XIX, la trata era “la trata”: el comercio de esclavos subsaharianos (1).

A partir de esas fechas, surgió una nueva trata: la “trata de blancas” (“white slavery”) (2). Este nuevo tipo de comercio de esclavos —esclavas— habría aparecido subrepticiamente en Estados Unidos y otras partes y consistiría en el secuestro y violación reiterada de mujeres blancas por bandas de tratantes que, igual que ocurrió con la trata de negros, se beneficiarían de la compraventa de dichas esclavas.

La creencia en la incidencia masiva de ese nuevo fenómeno fue propalada entre la multitud por un esfuerzo combinado de prensa, agencias antivicio e industria del cine, en particular ésta última (3). Sin aportar ninguna evidencia, se logró crear un estado de “pánico moral” en el que no habría padre ni madre que no temiera que sus hijas corrieran un riesgo real de ser secuestradas y condenadas a prostituirse en un burdel clandestino.

Por supuesto que había leyes en EE.UU. contra el secuestro y la violación, pero el estado de “pánico moral” propició la aprobación de una ley especial, la ley Ley Mann de 1910 (4), que prohibió el transporte interestatal de mujeres para el trabajo sexual o “cualquier otra práctica inmoral”. Durante los siguientes siete años, los casos judiciales ampliaron el alcance de la ley hasta que funcionó para criminalizar todas las relaciones sexuales no maritales. De esta forma, la “lucha contra la trata” comenzó su andadura permitiendo la intromisión del Estado en la vida privada de las personas; además de la creación de una base de datos centralizada de “prostitutas conocidas” y la constitución del FBI.

Siguieron años de acuerdos y protocolos internacionales contra la trata (5), acuerdos y protocolos que me permito saltar olímpicamente —aunque no sin dejar de reseñar que en ninguno de ellos se puso en cuestión el derecho de las mujeres a prostituirse por libre decisión— hasta llegar a su consecuencia inmediata y práctica: la introducción del artículo 177 bis, en el que se tipifica el delito de trata de seres humanos, en la reforma del Código Penal de 2010 (6).

El bien jurídico protegido por dicho artículo es la libertad (la dignidad) y la indemnidad sexual de las víctimas (7).

El delito de trata consiste, pues, en el secuestro y violación de mujeres, a los que se añade el objetivo de lucro, dicho sea en lenguaje llano, no estrictamente jurídico (8).

No es un delito muy frecuente, afortunadamente, lo que no resta un ápice a su gravedad, ya que constituye sin duda uno de los peores crímenes contra las mujeres. Desde la entrada en vigor, en diciembre de 2010, de la reforma del Código Penal y hasta noviembre de 2016, se contabilizaban 49 sentencias condenatorias firmes (9). Y no cabe achacar este bajo número a falta de celo por parte de la policía, ya que en solo tres años, entre 2013 y 2015, la policía remitió a la Fiscalía 900 atestados por este supuesto delito.

La libertad que protege el artículo 177 bis del Código Penal es, en concreto, la libertad de prostituirse o no. Las sentencias reconocen en buen número de casos el derecho de las mujeres a prostituirse, sin perder por ello el derecho a no ser obligadas a prostituirse (10).

Es evidente que el caso contrario, es decir, el derecho de las mujeres que han decidido prostituirse a no ser obligadas a abandonar la prostitución constituye parte inseparable del bien jurídico al que me he referido. Porque es obvio que la libertad de decir “sí” o “no” no puede ser solamente la libertad de decir “no”, por absurdo.

La ideología extremista del abolicionismo (11) es la imagen en espejo de la trata. Mediante violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima (12), el abolicionismo pretende forzar a las mujeres que han decidido vivir de la prostitución a dejar ésta, atacando directamente su derecho consitucional a la dignidad (no así su indemnidad sexual, es cierto). Se lucran de ello, también, a través de generosas subvenciones sin obligación de demostrar resultados.

En resumen:

  • La trata es secuestro y violación de mujeres
  • El abolicionismo es la imagen en espejo de la trata
  • Urge una ley que tipifique el abolicionismo como delito contra la dignidad y la libertad de las personas.

1.- https://es.oxforddictionaries.com/definicion/trata

2.- https://elestantedelaciti.wordpress.com/2014/04/25/esclavas-sexuales-y-estado-vigilante/

3.- https://elestantedelaciti.wordpress.com/2017/12/23/la-trata-de-blancas-y-el-control-policial-de-la-vida-domestica/

4.- https://en.wikipedia.org/wiki/Mann_Act

5.- http://www.oas.org/atip/reports/annot_prot_spanish.pdf

6.- https://juiciopenal.com/delitos/contra-la-libertad/la-trata-personas-segun-codigo-penal-delito-la-libertad-las-personas/

7.- “ El art. 177 bis del C. Penal castiga la trata de seres humanos, sea en España o desde España, empleando violencia, intimidación o engaño…. cuyas conductas típicas son la captación, el traslado, el transporte, el acogimiento, la recepción o el alojamiento con distintas finalidades, en el caso de autos la explotación sexual, siendo irrelevante el consentimiento de la víctima. Dado el bien jurídico protegido, libertad e indemnidad sexual de las víctimas, de naturaleza personal, se cometieron tantos delitos de trata de seres humanos como víctimas reseñadas en el factum”. (STS 178/2016, de 3 de marzo)

8.- GRETA considera que las autoridades españolas deberían incluir en la definición legal de trata de seres humanos los conceptos de “secuestro”   (…).http://www.colectivohetaira.org/WordPress/informe-greta/

9.-http://cadenaser.com/emisora/2016/11/23/radio_sevilla/1479910151_088769.html

10.- De forma, que cuando ese ejercicio [de la prostitución] se realiza bajo coacción, integra el tipo del actual art. 187.1 CP, al margen de que la víctima, ocasional o habitualmente, lo realice también voluntariamente. Precisamente el bien jurídico tutelado es la libre toma de decisiones en la esfera de autodeterminación sexual del sujeto, capacidad de autodeterminación que no desaparece, al margen de las veces y concretas situaciones en que voluntariamente lo haya aceptado; y que se conculca por tanto, cuando cesa esa voluntariedad y son los medios coactivos los que determinan esa dedicación en un episodio concreto más o menos temporalmente extenso. Del mismo modo que cuando el acceso carnal se obtiene con violencia, aunque el sujeto pasivo ejerza la prostitución, se comete agresión sexual del art. 179 C.P. En definitiva, es el objetivo ejercicio de la prostitución, coactivamente logrado, la conducta tipificada, al margen de si el sujeto pasivo ejercita esa actividad o no, en ocasiones diversas. (STS nº680/2016, de 26 de julio)

11.- https://elestantedelaciti.wordpress.com/2016/11/03/el-abolicionismo-es-el-patriarcado-de-nuestros-tiempos/

http://www.diariodesevilla.es/sevilla/Detenidas-personas-redadas-prostitucion-callejera_0_511449499.html

http://www.diariodesevilla.es/sevilla/Dispositivo-policial-prostitucion-Sevilla_0_509349216.html

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/09/02/andalucia_sevilla/1314963821.html

http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-ayuntamiento-sevilla-declara-guerra-pisos-burdeles-201710292328_noticia.html

12.- “En general casi todos los servicios que plantean una ayuda a las víctimas conllevan el abandono de la prostitución, entre otras razones porque resulta más difícil ofrecerles protección si están ejerciendo la prostitución ya que pueden ser localizadas con mayor facilidad. Este es un problema que han planteado informantes de distintas provincias.

“Pues hay un problema económico. Es decir, una chica que está gastando 3.000€, que esté ganando 3.000€, que tenga una…sobre todo en el caso de las sudamericanas, que tengan unas cargas familiares en su país de origen, si van a un Centro de Protección, va a ganar cero. Sobre todo que ahí suele haber bastante control. (Policía)

Y en ese sentido, cuando las chicas ponen una denuncia sí, pero no quieren dejar de ejercer la prostitución porque tienen que mandar dinero a su país…Este es el caso, que nos pasa con chicas, principalmente, nigerianas. Y las ONG no las cogen si siguen ejerciendo. Con lo cual…eso lo tienen clarísimo y es una norma del centro. (Policía)” Pág 118

Lo que “tienen clarísimo y es una norma del centro” esas organizaciones  es que su objetivo fundamental es erradicar la prostitución y no proteger a las víctimas de trata, y por tanto no dudan en usar los medios que el Estado ha puesto a su disposición con este último fin para extorsionar a las mujeres que quieren practicar libremente su trabajo –libres ya de explotadores– para subvenir a sus necesidades y a las de sus familias. “O bajo nuestra protección y sin prostitución, o con prostitución y bajo la ‘protección’ de los tratantes”, parece ser su lema.

https://elestantedelaciti.wordpress.com/2016/03/07/el-tiempo-de-los-reformatorios-de-mujeres-ha-pasado-no-es-lo-mismo-trata-que-prostitucion/

 

 

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MÉDICOS DEL MUNDO PIDE LA DESPENALIZACIÓN DEL TRABAJO SEXUAL

 

 

Con motivo del Día Mundial por el fin de la Violencia contra las Trabajadoras Sexuales, Médicos del Mundo, un actor de campo comprometido con estas personas en todo el mundo desde 1991, llama a la despenalización del trabajo sexual.

 

14 de diciembre de 2017

 

http://www.medecinsdumonde.org/fr/actualites/presse/2017/12/14/medecins-du-monde-appelle-la-decriminalisation-du-travail-du-sexe

 

Con su experiencia, tanto en Francia como a nivel internacional, la asociación observa todos los días las consecuencias de las leyes represivas que rigen el trabajo sexual en la salud y la integridad física de las trabajadoras sexuales.

“En Francia, poco más de un año y medio después de la adopción de la ley para luchar contra el sistema de prostitución, vemos claramente el impacto nocivo de las medidas adoptadas. Confirmando nuestros peores temores, estamos siendo testigos del aislamiento, la precariedad de las trabajadoras sexuales, su distancia de las estructuras de atención médica y prevención, así como una mayor exposición a las infecciones de transmisión sexual y el aumento de la violencia. contra ellas “, dice la Dra. Françoise Sivignon, presidenta de Médecins du Monde.

Bajo el pretexto de la protección de las presuntas víctimas, en detrimento de las propias palabras de las trabajadoras sexuales, se aprobó la ley de 13 de abril de 2016 que instituía la penalización de los clientes, privilegiando un enfoque ideológico. Lejos de esta posición desconectada de la realidad pero confiando en su experiencia sobre el terreno, Médecins du Monde-France hoy afirma claramente su posición a favor de una despenalización del trabajo sexual y de la implementación de políticas públicas que promuevan el acceso a la atención médica y los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual.

Médicos del Mundo denuncia enérgicamente todas las formas de explotación, coerción, trata y violencia contra los seres humanos. Médicos del Mundo subraya, ante todo, la necesidad de empoderar a las personas que ejercen el trabajo sexual, una población marginada y reprimida, para que ejerzan sus derechos fundamentales, como se estipula en los textos internacionales relacionados con la salud, los derechos y la protección de las personas.

 

SALUD Y DERECHOS DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES 

MANIFIESTO

Médecins du Monde-France trabaja con trabajadoras sexuales desde 1991. En 2016, los programas en 9 países se refieren directa o indirectamente a ellas: Francia, Rusia, México, Birmania, Argelia, Costa de Marfil, Uganda, República Democrática de Congo y Tanzania. Los miembros de la Red Internacional de Médicos del Mundo también están desarrollando programas nacionales para trabajadoras sexuales en Alemania, Bélgica, Canadá, España, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza.

El Plan Estratégico 2015-2020 de Médecins du Monde-France tiene una visión centrada en promover la salud de las poblaciones a través del acceso a la atención médica y la evolución de la ley. Con el fin de crear un marco político y operativo transversal que tenga en cuenta las diferentes áreas de intervención y la complejidad de los temas relacionados con el trabajo sexual referidos a la salud y los derechos, Médicos del Mundo-Francia desea aclarar y formalizar su posicionamiento en este tema. Se basa en la experiencia de su práctica de campo, en la literatura científica e institucional disponible, en las contribuciones de organizaciones de trabajadoras sexuales y de expertos de la sociedad civil, de las comunidades científicas e institucionales, así como de consultas con trabajadoras sexuales que participan en los programas de Médicos del Mundo – Francia.

De acuerdo con sus valores, Médicos del Mundo denuncia enérgicamente todas las formas de explotación, coerción, trata y violencia contra los seres humanos. Además, y de la misma manera que para cualquier población marginada y reprimida, Médicos del Mundo destaca como prioridad la necesidad de empoderar a las trabajadoras sexuales, ya sean menores o adultas, para que ejerzan sus derechos fundamentales, como estipulan los textos internacionales relacionados con la salud, los derechos y la protección de las personas.

 

RECOMENDACIONES

A la vista de los datos y posicionamientos enunciados en el presente documento, Médicos del Mundo-Francia formula las recomendaciones siguientes:

Para todos los actores implicados 

  1. Luchar contra el estigma que pesa sobre las trabajadoras sexuales y contra las discriminaciones ejercidas en su contra
  2. Implicar a las trabajadoras sexuales y sus organizaciones en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de las políticas de salud y de todas las políticas que les conciernan

Para las organizaciones internacionales y la sociedad civil

  1.  Defender la despenalización del trabajo sexual
  1. Defender y poner en práctica programas de acceso a la atención médica y a los derechos, programas adaptados a las necesidades de las trabajadoras sexuales
  1.  Defender y poner en práctica programas centrados en una gestión comunitaria, que reconozcan la experiencia y las competencias operativas desarrolladas por las trabajadoras sexuales y sus organizaciones

Para los Estados

  1. Luchar contra todas las formas de explotación y de violencia, cualesquiera que sean los actores, y proteger a todas las personas adultas y niños, con su consentimiento
  1.  Despenalizar el trabajo sexual, lo que consiste en no considerar ya el trabajo sexual ni como una infracción (penal o de otro tipo) ni como una forma de conducta antisocial
  1.  Poner en práctica políticas públicas que favorezcan el acceso a la atención médica y a los derechos de las trabajadoras sexuales en el marco del derecho común, sin ninguna condición vinculada a su actividad, incluso para las personas en situación de migración.
  1. Promover leyes relativas a las migraciones y a la residencia que garanticen a los extranjeros un acceso efectivo a los derechos y a los sistemas de atención médica, condición previa esencial para la salud de las trabajadoras sexuales.
  1. Garantizar la protección jurídica y un acceso efectivo a la justicia, cualquiera que sea el estatus de las personas

Para los financiadores 

  1.  Financiar programas de salud global, no sólo programas limitados al VIH, adaptados a las necesidades de las trabajadoras sexuales, centrados en las necesidades identificadas por las personas directamente afectadas.
  1. Financiar programas de salud puestos en práctica con una gestión comunitaria, reconociendo la experiencia y las competencias operativas desarrolladas por las trabajadoras sexuales y sus organizaciones.
  1. Apoyar programas de empoderamiento de las personas, basados en sus propias elecciones, incluso desde la perspectiva de actividades alternativas al trabajo sexual.

‘El trabajo sexual no es trata sexual’: una idea cuyo tiempo no ha llegado

 

Por Laura Agustin

 

19/09/2014.

 

https://www.lauraagustin.com/sex-work-is-not-sex-trafficking-an-idea-whose-time-has-not-come

 

 

Los que luchan contra la prostitución tienen la costumbre de usar absurdas simplificaciones para hacer que su cruzada sea clara y fácil de entender. La campaña funciona mejor cuando los argumentos son en blanco y negro y los eslóganes son pegadizos, obviamente, así que comprendo por qué algunos defensores de los derechos las trabajadoras sexuales ahora usan un eslogan que también reduce la complejidad a dos estados opuestos: el trabajo sexual no es trata sexual (a veces el adjetivo “sexual” de “trata” se omite). El propósito es aclarar la volición de las trabajadoras sexuales que demandan derechos laborales, pero para aquéllos que luchan contra el encuadre de la migración indocumentada y el contrabando de personas como ‘crimen organizado’, con los dos únicos papeles posibles de perpetrador y víctima, el concepto es moralmente un desastre.

 

Trabajo sexual no es trata sexual surgió (primero) de la negativa común de los abolicionistas a reconocer que alguien pueda vender sexo voluntariamente y (segundo) porque desde el principio comenzaron a alterar cualquier distinción entre prostitución y trata. Afirmaciones como ninguna mujer elegiría prostituirse y los gritos de infelices ex víctimas de que sus experiencias son ciertas para todas condujeron naturalmente a la insistente oposición a admitir que muchas optan por vender sexo, algunas amando sus trabajos y otros simplemente prefiriéndolo a sus otras opciones. Decir Trabajo sexual no es trata sexual es cosificar la actual narrativa de la trata, aceptando que se refiere a algo real y malo contra lo que se debe luchar. El eslogan intenta hacer que la identidad de una trabajadora sexual sea clara al distinguirla de una identidad de víctima de trata de personas: la libre contra la que no es libre. Decir que algunas de nosotras estamos dispuestas a vender sexo atrae la atención hacia aquéllas que no están dispuestas: un mecanismo de distanciamiento característico de las políticas de identidad. Afirmar que no necesito tu ayuda o compasión significa que aceptas que otras personas sí lo necesitan: aquellas que realmente son víctimas de trata.

 

Esto es aceptar las leyes represivas, la infantilización de las mujeres, el colonialismo, la política antiinmigratoria y toda una gama de ofertas de la Industria del Rescate: sólo que todo eso no es para las verdaderas trabajadoras sexuales. Dice vosotros ganáis a los activistas anti trata, incluso sin intención de hacerlo. Arroja debajo del autobús a todas las inmigrantes, documentadas o no; a las que no les gusta mucho vender sexo y no se llaman a sí mismas trabajadoras sexuales, pero sin embargo no quieren ser salvadas o deportadas. Convierte en las otras a las muchas que tienen un control limitado sobre sus vidas, sienten la presión de ganar dinero de la forma que sea o quieren huir del infierno y escapar a cualquier otro sitio y hacen lo que haga falta para llegar allí. Esto incluye a los adolescentes que abandonan hogares que odian y terminan en la calle o evitan la calle intercambiando sexo por un lugar donde vivir.

 

Se ha negado toda la gama de complejidad y diversidad que en la actualidad se incluye en el término víctima de trata. Años de intentos de llevar la justicia y los matices a un mal marco penal son ignorados. La miríada de formas diferentes de sentirse forzado, obligado o coaccionado a dejar el hogar o tener relaciones sexuales por dinero o dar algo del propio dinero a otra persona han desaparecido. Y sí, entiendo que la victimización de la industria de rescate hace que la gente se sienta ansiosa por ofrecer algo que pueda captar el público en general. Pero el eslogan trabajo sexual no es trata sexual solo contribuye al reduccionismo impulsado por activistas anti prostitución y anti trata.

 

Es deplorable Evítalo.

 

–Laura Agustín, the Naked Anthropologist

Ley de Reforma de la Prostitución 2003 (Nueva Zelanda)

 

 

http://www.legislation.govt.nz/act/public/2003/0028/latest/whole.html#whole

 

 

Título

Esta Ley es la Ley de Reforma de la Prostitución de 2003.

 

Parte 1 Disposiciones preliminares

 

2 Comienzo

(1)

Esta Ley (excepto las disposiciones mencionadas en el inciso (2)) entra en vigencia el día posterior a la fecha en que reciba el asentimiento Real.

(2)

La Parte 3 y las Secciones 49 y 50 (2) entran en vigencia 6 meses después de la fecha en que esta Ley reciba el asentimiento Real.

3 Propósito

El objetivo de esta ley es despenalizar la prostitución (sin apoyar o sancionar moralmente la prostitución o su uso) y crear un marco que:

(a)

salvaguarde los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual y las proteja de la explotación:

(b)

promueva el bienestar y la salud y seguridad ocupacional de las trabajadoras sexuales:

(c)

sea propicio para la salud pública:

(d)

prohíba el uso en la prostitución de personas menores de 18 años:

(e)

implemente ciertas otras reformas relacionadas.

 

4 Interpretación

(1)

En esta Ley, a menos que el contexto requiera lo contrario, –

burdel significa cualquier local mantenido o utilizado habitualmente para propósitos de prostitución; pero no incluye las instalaciones en las que normalmente se ofrece alojamiento con carácter comercial si la prostitución se produce en virtud de un acuerdo iniciado en otro lugar

negocios de prostitución significa una empresa que proporcione u organice la provisión de servicios sexuales comerciales

cliente significa una persona que recibe, o busca recibir, servicios sexuales comerciales

servicios sexuales comerciales significa servicios sexuales que-

(a)

involucren la participación física de una persona en actos sexuales con otra persona y para su gratificación; y

(b)

se proporcionen por un pago u otra recompensa (independientemente de si la recompensa se otorga a la persona que proporciona los servicios o a otra persona)


miembro
significa un miembro del Comité de Revisión de la Ley de Prostitución

local significa una parte de las instalaciones

prostitución significa la provisión de servicios sexuales comerciales

Comité de Examen de la Ley de Prostitución significa el comité designado en la sección 43

lugar público-

(a)

significa un lugar que está abierto o es utilizado por el público, ya sea que la admisión sea gratuita o que haya que pagar un cargo y ya sea que un propietario u ocupante del lugar tenga el derecho legal de excluir o expulsar a una persona de ese lugar; y

(b)

incluye cualquier aeronave, aerodeslizador, barco, ferry u otro barco, tren o vehículo que transporte o esté disponible para llevar pasajeros por una recompensa

trabajadora sexual significa una persona que brinda servicios sexuales comerciales

pequeño burdel operado por el propietario significa un burdel-

(a)

en el cual trabajan no más de 4 trabajadoras sexuales; y

(b)

donde cada una de esas trabajadoras sexuales tiene control sobre sus ganancias individuales de la prostitución llevada a cabo en el burdel

autoridad territorial tiene el mismo significado que en la sección 5 (1) de la Ley de Gobierno Local de 2002.

(2)

En esta Ley, una referencia a la provisión o recepción de servicios sexuales comerciales significa proporcionar o recibir esos servicios personalmente (en lugar de coordinar a otra persona para proporcionar los servicios u organizar que los servicios sean recibidos por otra persona).

5 Definición de operador

(1)

En esta Ley, el operador, en relación con un negocio de prostitución, significa una persona que, ya sea solo o con otros, posee, opera, controla o administra el negocio; e incluye (sin limitación) a cualquier persona que:

(a)

es el director de una compañía que es un operador; o

(b)

determina-

(i)

cuándo o dónde trabajará una trabajadora sexual individual; o

(ii)

las condiciones en que trabajan las personas que ejercen el trabajo sexual en el negocio; o

(iii)

la cantidad de dinero, o proporción de una cantidad de dinero, que una trabajadora sexual recibe como pago por la prostitución; o

(c)

es una persona que emplea, supervisa o dirige a cualquier persona que haga cualquiera de las cosas mencionadas en el párrafo (b).

(2)

A pesar de cualquier cosa dicha en el inciso (1), una trabajadora sexual que trabaja en un pequeño burdel operado por sus dueños no es un operador de ese negocio de prostitución, y, para los fines de esta Ley, un pequeño burdel operado por sus dueños no tiene un operador .

6 Esta Ley vincula a la Corona.

Esta Ley vincula a la Corona.

Parte 2 Servicios sexuales comerciales

Los contratos de servicios sexuales comerciales no son nulos

7 Contrato para la provisión de servicios sexuales comerciales no nulo 

Ningún contrato para la provisión u organización de la provisión de servicios sexuales comerciales es ilegal o nulo en téminos de políticas públicas u otros motivos similares.

Requisitos de salud y seguridad

8 Los operadores de negocios de prostitución deben adoptar y promover prácticas de sexo seguro

(1)

Todo operador de una empresa de prostitución debe:

(a)
tomar todas las medidas razonables para garantizar que ninguna trabajadora sexual proporcione servicios sexuales comerciales a menos que se use una funda profiláctica u otra barrera apropiada si dichos servicios incluyen penetración vaginal, anal u oral u otra actividad con un riesgo similar o mayor de adquirir o transmitir infecciones sexualmente transmisibles; y

(b)

adoptar todas las medidas razonables para dar información de salud (ya sea oral o escrita) a las personas que ejercen el trabajo sexual y a los clientes; y

(c)

si la persona opera un burdel, exhibir información de salud de forma ostentosa en ese burdel; y

(d)

no declarar ni dar a entender que un examen médico de una trabajadora sexual significa que la trabajadora sexual no está infectada o es probable que esté infectada con una infección de transmisión sexual; y

(e)

adoptar todas las demás medidas razonables para minimizar el riesgo de las trabajadoras sexuales o de los clientes de adquirir o transmitir infecciones de transmisión sexual.

(2)

Toda persona que contravenga la subsección (1) comete un delito y es responsable por una multa no mayor de $ 10.000

(3) Las obligaciones de esta sección se aplican solo en relación con los servicios sexuales comerciales prestados para la empresa y con las personas que ejercen el trabajo sexual y los clientes que estén en relación con esos servicios.

(4)

En esta sección, información de salud significa información sobre las prácticas sexuales más seguras y sobre servicios para la prevención y el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual.

Sección 8 (2): modificada, el 1 de julio de 2013, por el artículo 413 de la Ley de procedimiento penal de 2011 (2011 no 81) .

9 Las trabajadoras sexuales y los clientes deben adoptar prácticas de sexo más seguro

( 1)

Una persona no debe proporcionar ni recibir servicios sexuales comerciales a menos que haya tomado todas las medidas razonables para asegurarse de que se use una funda profiláctica u otra barrera apropiada si dichos servicios incluyen penetración vaginal, anal u oral, u otra actividad con un riesgo similar o mayor de adquirir o transmitir infecciones de transmisión sexual.

2)

Una persona no debe, con el propósito de proporcionar o recibir servicios sexuales comerciales, declarar o dar a entender que un examen médico de esa persona significa que no está infectada, o es probable que esté infectada, con una infección de transmisión sexual.

(3)

Una persona que proporciona o recibe servicios sexuales comerciales debe adoptar todas las demás medidas razonables para minimizar el riesgo de adquirir o transmitir infecciones de transmisión sexual.

(4)

Toda persona que contravenga la subsección (1), subsección (2) o subsección (3) comete un delito y es responsable por una multa que no exceda de $ 2.000.

Sección 9 (4): enmendado, el 1 de julio 2013, por el artículo 413 de la Ley de procedimiento penal de 2011 (2011 no 81) .

10 Aplicación de la Ley de salud y seguridad en el trabajo de 2015

(1)

Una trabajadora sexual trabaja en el marco de la Ley de salud y seguridad en el trabajo de 2015, mientras proporcione servicios sexuales comerciales.

(2)

Sin embargo, nada en esta Ley (incluida la subsección (1)) limita esa Ley o cualquier reglamento o códigos de prácticas aprobados en virtud de esa Ley.

Título de la Sección 10: modificado, el 4 de abril de 2016, por la sección 232 de Ley de salud y seguridad en el trabajo 2015 (2015 no 70) .

Sección 10 (1): modificada, el 4 de abril de 2016, por el artículo 232 de la Ley de salud y seguridad en el trabajo de 2015 (2015 no 70).

Restricciones de publicidad 

11 Restricciones a la publicidad de servicios sexuales comerciales

(1)

Los anuncios de servicios sexuales comerciales no pueden ser:

(a)

transmitidos por radio o televisión; o

(b)

publicados en un periódico o revista, excepto en la sección de anuncios clasificados del periódico o revista; o

(c)

proyectados en un cine público.

(2)

Una persona que hace cualquiera de las cosas descritas en la subsección (1), o que autoriza a hacer cualquiera de las cosas descritas en esa subsección, comete un delito y es punible con una pena, –

(a)

en el caso de una persona jurídica, una multa que no exceda de $ 50.000; y

(b)

en cualquier otro caso, una multa que no exceda $ 10.000.

(3)

En esta sección, publicidad significa cualquier palabra, o cualquier representación pictórica u otra representación, utilizada para notificar la disponibilidad de, o promover la venta de, servicios sexuales comerciales , general o específicamente.

Sección 11 (2): modificada, el 1 de julio de 2013, por el artículo 413 de la Ley de procedimiento penal de 2011 (2011 no 81).

La autoridad territorial puede establecer ordenanzas

12 Ordenanzas que controlan la señalización publicitaria de servicios sexuales comerciales

(1)

La autoridad territorial puede establecer ordenanzas para su distrito que prohíban o regulen la señalización que esté en un lugar público o que sea visible desde allí, y que anuncie servicios sexuales comerciales.

(2)

Las ordenanzas se pueden establecer bajo lo dispuesto en esta sección sólo si la autoridad territorial está de acuerdo con que la ordenanza es necesaria para evitar la exhibición pública de señalización que:

(a)

es probable que cause molestias o una ofensa grave a los miembros comunes del público que usan el área; o

(b)

es incompatible con el carácter existente o el uso de esa área.

(3)

Las ordenanzas establecidas bajo esta sección pueden prohibir o regular la señalización en cualquier término, incluso (sin limitación) mediante la imposición de restricciones en el contenido, forma o cantidad de la señalización en exhibición.

(4)

Las partes 8 y 9 de la Ley de gobierno local de 2002 (que se refieren, entre otras cosas, a la aplicación de las ordenanzas y las sanciones por incumplimiento) se aplican a una ordenanza establecida en esta sección como si la ordenanza hubiera sido establecida según el artículo 145 de esa Ley.

13 Procedimiento para la elaboración de las ordenanzas

(1)

Una ordenanza establecida en virtud del artículo 12 debe hacerse de la misma manera en todos los aspectos como si fuera una ordenanza establecida en virtud de la Ley de administración local de 2002.

(2)

A pesar de subsección (1), se puede hacer una ordenanza bajo la sección 12 incluso si, contrariamente a la sección 155 (3) de la Ley de gobierno local de 2002, es incompatible con la Ley de la Carta de Derechos de Nueva Zelanda de 1990.

14 Reglamentos que regulan la ubicación de los burdeles.

Sin limitar la sección 145 de la Ley de gobierno local de 2002, una autoridad territorial puede establecer ordenanzas para su distrito bajo la sección 146 de esa Ley con el propósito de regular la ubicación de burdeles.

Consentimiento de recursos

15 Consentimiento de recursos en relación con negocios de prostitución

(1)

Al considerar una solicitud de consentimiento de recursos bajo la Ley de Manejo de Recursos de 1991 para un uso del terreno en relación con un negocio de la prostitución, una autoridad territorial debe tener en cuenta si el negocio de la prostitución: 

(a)

es probable que cause molestias o una ofensa grave a los miembros del público en general que utilizan el área en que se encuentra el terreno; o 

(b)

es incompatible con el carácter o uso existente del área en que se encuentra el terreno.

(2)

Habiendo considerado los asuntos en la subsección (1) (a) y (b), así como los asuntos que se requieren en virtud de la Ley de gestión de recursos de 1991, la autoridad territorial puede, de conformidad con las secciones 104A a 104D de esa Ley, otorgar o negarse a otorgar un consentimiento de recurso, o, de conformidad con la sección 108 de esa Ley, imponer condiciones a cualquier consentimiento de recurso.

(3)

La subsección (1) no limita o afecta el funcionamiento de la Ley de Manejo de Recursos de 1991 de ninguna manera, y puede ser anulada, con respecto a áreas particulares dentro de un distrito, por las disposiciones de un plan de distrito o propuesta de plan del distrito.

Protecciones para las trabajadoras sexuales 

16 Inducir u obligar a las personas a proporcionar servicios sexuales comerciales u obtener ganancias de la prostitución

(1)

Ninguna persona puede hacer lo descrito en la subsección (2) con la intención de inducir u obligar a otra persona (persona A) a-

(a)

proporcionar, o continuar proporcionando servicios sexuales comerciales a cualquier persona; o

(b)

proporcionar, o continuar proporcionando, a cualquier persona cualquier pago u otra recompensa derivada de los servicios sexuales comerciales proporcionados por la persona A.

(2)

Los actos mencionados en la subsección (1) son cualquier amenaza o promesa explícita o implícita de que cualquier persona (persona B):

(a)

utilizará indebidamente, en detrimento de cualquier persona, cualquier poder o autoridad que surja de:

(i)

cualquier puesto ocupacional o vocacional en poder de la persona B; o

(ii)

cualquier relación existente entre la persona B y la persona A:

(b)

cometerá un delito punible con prisión:

(c)

hará una acusación o divulgación (sea verdadera o falsa) –

(i)

de cualquier delito cometido por cualquier persona; o

(ii)

de cualquier otra conducta indebida que pueda dañar seriamente la reputación de cualquier persona; o

(iii)

de que cualquier persona se encuentra ilegalmente en Nueva Zelanda:

(d)

suministrará o retendrá el suministro de cualquier droga controlada según la definición de la Ley de Uso Indebido de Drogas de 1975.

(3)

Toda persona que contravenga la subsección (1) comete un delito y puede ser condenado a una pena de prisión de 14 años como máximo.

Sección 16 (3): modificada, el 1 de julio de 2013, por el artículo 413 de la Ley de procedimiento penal de 2011 (2011 no 81) .

17 Negativa a proporcionar servicios sexuales comerciales

(1)

A pesar de cualquier cosa que figure en un contrato para la provisión de servicios sexuales comerciales, una persona puede, en cualquier momento, negarse a proporcionar, o continuar proporcionando, un servicio sexual comercial a cualquier otra persona.

(2)

El hecho de que una persona haya firmado un contrato para proporcionar servicios sexuales comerciales no constituye en sí mismo un consentimiento a los efectos de la ley penal si no consiente o retira su consentimiento para proporcionar un servicio sexual comercial.

(3)

Sin embargo, nada en esta sección afecta al derecho (si lo hay) a rescindir o cancelar, o recibir indemnización por daños y perjuicios por un contrato para la provisión de servicios sexuales comerciales que no se realiza.

Protecciones para personas que se niegan a trabajar como trabajadoras sexuales

 18 La negativa a trabajar como trabajadora sexual no afecta los derechos

(1)

El beneficio de una persona, o el derecho a un beneficio, en virtud de la Ley de Seguridad Social de 1964 no puede ser cancelado o afectado de ninguna otra manera por su negativa a trabajar o continuar trabajando como trabajadora sexual (y, en este caso, ese trabajo es empleo no adecuado para esa persona bajo esa Ley).

(2)

Los derechos de una persona bajo la Ley de Prevención, Rehabilitación, y Compensación de Lesiones 2001 no pueden perderse ni verse afectados de ninguna otra manera por su capacidad de trabajar como trabajadora sexual. si se niega a hacer, o continuar haciendo, ese tipo de trabajo.

(3)

En esta sección, denegación significa una negativa a realizar este tipo de trabajo en general, en lugar de negarse a un trabajo en particular o en un momento particular.

Aplicación de la Ley de Inmigración 2009 

19 Aplicación de la Ley de Inmigración 2009

(1)

No se puede otorgar un visado bajo la Ley de Inmigración de 2009 a una persona sobre la base de que la persona:

(a)

ha proporcionado, o tiene la intención de proporcionar, servicios sexuales comerciales; o

(b)

ha actuado o tiene la intención de actuar como un operador de un negocio de prostitución; o

(c)

ha invertido, o tiene la intención de invertir, en un negocio de prostitución.

(2)

Es una condición de cada visado de clase de entrada temporal otorgada bajo la Ley de Inmigración de 2009 que el titular del visado no puede, mientras esté en Nueva Zelanda,

(a)

proporcionar servicios sexuales comerciales; o

(b)

actuar como operador de una empresa de prostitución en Nueva Zelanda; o

(c)

invertir en un negocio de prostitución en Nueva Zelanda.

(3)

Es motivo suficiente para que el Ministro de Inmigración o un oficial de inmigración determine que un titular de visado de clase de ingreso temporal es merecedor de la deportación según el artículo 157 de la Ley de Inmigración de 2009, si el Ministro o el oficial cree, por motivos razonables, que el titular está involucrado en cualquiera de las cosas enumeradas en la subsección (2) (a) a (c) de esta sección.

(4)

Las condiciones de un visado de residencia se considera no haber sido cumplidas y el residente es merecedor de la deportación bajo la sección 159 de la Ley de Inmigración de 2009 si el Ministro de Inmigración o un oficial de inmigración determina que el titular de un visado de residente actúa como operador de, o invierte en, un negocio de la prostitución en Nueva Zelanda .

(5)

Esta sección se aplica a todas los visados y permisos concedidos y a todos los requisitos y condiciones impuestos bajo la Ley de Inmigración de 1987 o la Ley de Inmigración de 2009, ya sea concedida o impuesta antes o después del comienzo de esta sección.

Sección 19: sustituida, a las 2 a. m. del 29 de noviembre de 2010, por la sección 406 (1) de la Ley de inmigración de 2009 (2009 n. ° 51) .

Prohibiciones sobre el uso en la prostitución de menores de 18 años

20 Ninguna persona puede ayudar a una persona menor de 18 años en la provisión de servicios sexuales comerciales.

Ninguna persona puede causar, ayudar, facilitar o alentar a una persona menor de 18 años a proporcionar servicios sexuales comerciales a ninguna otra persona.

21 Ninguna persona puede recibir ganancias de servicios sexuales comerciales proporcionados por personas menores de 18 años.

Ninguna persona puede recibir un pago u otra recompensa que él o ella sabe, o debería razonablemente saber, se deriva, directa o indirectamente, de servicios sexuales comerciales prestados por una persona menor de 18 años de edad

22 Ninguna persona puede contratar servicios sexuales comerciales de, o ser cliente de una persona menor de 18 años

(1)

Ninguna persona puede celebrar un contrato u otro arreglo por el cual una persona menor de 18 años deba proporcionar servicios sexuales comerciales a esa persona u otra persona

(2)

Ninguna persona puede recibir servicios sexuales comerciales de una persona menor de 18 años.

23 Delito por violar las prohibiciones de uso en la prostitución de personas menores de 18 años

(1)

Toda persona que infrinja la sección 20, la sección 21 o la sección 22 comete un delito y es responsable bajo sentencia condenatoria a una pena de prisión no superior a 7 años.

(2)

Ninguna persona contraviene la sección 20 simplemente por proporcionar asesoramiento legal, consejo, asesoramiento médico o cualquier servicio médico a una persona menor de 18 años.

(3)

No se puede imputar a una persona menor de 18 años como parte en un delito cometido en esa persona o en contra de esa persona.

Sección 23 (1): enmendada el 1 de julio de 2013 por el artículo 413 de la Ley de procedimiento penal de 2011 (2011 no 81) .

Personas que entren e inspeccionen el cumplimiento de los requisitos de salud y seguridad 

24 Propósito de la inspección

(1)

Las facultades de inspección en la sección 26 pueden usarse solo con el propósito de determinar si una persona cumple o ha cumplido con la sección 8 o sección 9.

(2)

Esta sección no limita la capacidad de un inspector para denunciar cualquier otro delito o presunto delito a la Policía o cualquier otra agencia relevante.

25 Inspectores

(1)

Toda persona designada como Oficial Médico de Salud por el Director General de Salud bajo el La Ley de Salud de 1956 es un inspector a los efectos de esta Ley.

(2)

Un Oficial Médico de Salud también puede designar personas como inspectores para su distrito de salud, de manera permanente o temporal, para los fines de esta Ley.

(3)

Un Oficial Médico de Salud puede nombrar a una persona como un inspector solo si está convencido de que está debidamente calificado o capacitado para desempeñar esa función.

(4)

Ese nombramiento debe ser por escrito y debe contener:

(a)

una referencia a esta sección; y

(b)

el nombre completo de la persona designada; y

(c)

una declaración de las facultades conferidas a la persona designada por la sección 26 y el propósito bajo la sección 24 para el cual esas facultades pueden ser utilizadas.

26 Poderes para entrar e inspeccionar el cumplimiento de los requisitos de salud y seguridad

(1)

Un inspector puede, en cualquier momento razonable, ingresar a las instalaciones con el propósito de llevar a cabo una inspección si tiene motivos razonables para creer que se está llevando a cabo un negocio de prostitución en las instalaciones.

(2)

A los fines de la inspección, el inspector puede –

(a)

realizar inspecciones razonables:

(b)

tomar fotografías y mediciones y realizar bocetos y grabaciones:

(c)

requerir que cualquiera de las siguientes personas brinde información o asistencia razonablemente requerida por el inspector:

(i)

una persona que opera el negocio de prostitución, o un empleado o agente de esa persona:

(ii)

una trabajadora sexual o cliente del negocio de la prostitución:

(d)

tomar copias de la información referida en el párrafo (c).

(3)

Un inspector puede confiscar y retener cualquier cosa en los locales en los que ingrese ​​bajo esta sección cuando el inspector tenga motivos razonables para creer que será evidencia de la comisión de un delito contra la sección 8 o la sección 9.

(4)

Nada en esta sección limita o afecta el privilegio contra la autoinculpación

(5)

Un inspector puede llevar a cualquier persona que actúe bajo la supervisión directa del inspector a las instalaciones para ayudarlo con la inspección.

27 Entrada en viviendas

(1)

Un inspector no puede ingresar en una vivienda según la sección 26 a menos que –

(a)

tiene el consentimiento de un ocupante de esa vivienda; o

(b)

está autorizado a hacerlo mediante una orden emitida bajo la subsección (2).

(2)

Un Juez del Tribunal de Distrito, Juez, Magistrado de la Comunidad o Registrador del Tribunal de Distrito (que no es un agente) puede emitir una orden de ingreso en una vivienda o parte de una vivienda si, en la solicitud hecha bajo juramento, está convencido de que existen motivos razonables para creer que-

(a)

un negocio de prostitución se lleva a cabo en la vivienda; o

(b)

la vivienda o la parte de la vivienda es el único medio practicable para ingresar a las instalaciones donde se lleva a cabo un negocio de prostitución.

(3)

La orden debe ser dirigida a un inspector por su nombre y debe estar en la forma prescrita.

Sección 27 (2): modificada, el 1 de marzo de 2017, por la sección 261 de la Ley de tribunales de distrito de 2016 (2016 no 49) .

Sección 27 (2): modificada, el 1 de octubre de 2008, de conformidad con la sección 116 (a ) (ii) de la Ley de vigilancia de 2008 (2008 no 72) .

28 Requisitos para llevar a cabo la inspección

(1)

Un inspector debe, al ingresar en los locales según la sección 26 y cuando le sea razonablemente solicitado en cualquier momento posterior, producir:

(a)

evidencia de su designación como Oficial Médico de Salud o nombramiento como inspector por un Oficial Médico de Salud; y

(b)

evidencia de su identidad; y

(c)

una declaración de las facultades conferidas al inspector por la sección 26 y el propósito bajo la sección 24 para el cual esas facultades pueden ser utilizadas; y

(d)

si ingresa a una casa bajo una orden emitida bajo la sección 27 (2), esa orden.

(2)

Si el propietario u ocupante del local no está presente en el momento en que un inspector ingresa e inspecciona las instalaciones, el inspector debe –

(a)

dejar en un lugar destacado de ese local una declaración por escrito que incluya la siguiente información:

(i)

la hora y la fecha de la entrada; y

(ii)

el nombre de la persona que ingresó al local; y

(iii)

el hecho de que la persona es un inspector; y

(iv)

las razones de la entrada; y

(v)

la dirección de la oficina del Ministerio de Salud en la cual se deben realizar las consultas; y

(b)

adoptar todas las medidas razonables para dar esa información al propietario u ocupante del local.

(3)

Si algo se incauta en el curso de una inspección, el inspector debe dejar en un lugar destacado del local, o entregar o enviar por correo certificado al propietario u ocupante dentro de los 10 días hábiles siguientes a la entrada, un inventario por escrito de todas las cosas incautadas.

(4)

La Sección 199 de la Ley de Procedimientos Resumidos de 1957 se aplica a cualquier cosa incautada en el curso de una inspección (como si el inspector fuera un alguacil y con cualquier otra modificación necesaria) .

29 Obstruir a los inspectores.

Una persona comete un delito, y debe pagar una multa no mayor de $ 2.000, si obstruye, obstaculiza o engaña intencionalmente a un inspector en la ejecución de un poder u orden en virtud de esta Ley.

Sección 29: modificada, el 1 de julio de 2013, por el artículo 413 de la Ley de procedimiento penal de 2011 (2011, no 81) .

Poderes de entrada

30 Orden para la entrada de la policía

(1)

Un funcionario emisor (dentro del significado de la sección 3 de la Ley de Búsqueda y Vigilancia de 2012) puede emitir una orden para ingresar en un lugar si está convencido de que:

(a)

existe una buena causa para sospechar que un delito, bajo cualquiera de las siguientes disposiciones es, ha sido o es probable que sea cometido en el lugar:

(i)

la sección 23 (que trata sobre el uso de menores de 18 años en la prostitución) :

(ii)

la sección 34 (que trata de ser un operador sin tener un certificado); y

(b)

hay motivos razonables para creer que es necesario que un alguacil ingrese al lugar con el propósito de prevenir la comisión o la repetición de ese delito o la investigación de ese delito.

(2)

Las disposiciones de la Parte 4 de la Ley de Búsqueda y Vigilancia 2012 se aplica como si la orden a la que se hace referencia en el inciso (1) fuera una orden de allanamiento.

(3)

[Derogado]

Sección 30 (1): enmendado el 1 de octubre de 2012 por la sección 293 (2) de Búsqueda y Vigilancia Ley de 2012 (2012 no 24) .

Sección 30 (1) (b): modificada, el 1 de octubre de 2008, de conformidad con el artículo 116 (a) (ii) de la Ley de vigilancia de 2008 (2008 no 72).

Sección 30 (2) : sustituido, el 1 de octubre de 2012, por el artículo 293 (3) de la Ley de búsqueda y vigilancia de 2012 (2012 no 24) .

Sección 30 (3): derogado, el 1 de octubre de 2012, por la sección 293 (3) de la Búsqueda y Ley de vigilancia de 2012 (2012 no 24)

31 Forma y contenido de la orden

[Derogada]

Sección 31: derogada el 1 de octubre de 2012 por la sección 293 (4) de la Ley de búsqueda y vigilancia de 2012 (2012 no 24) .

32 Facultades conferidas por la orden 

[derogado]

Sección 32: derogado, el 1 de octubre de 2012, por la sección 293 (4) de la Ley de Búsqueda y Vigilancia 2012 (2012 no 24) . 

33 Requisitos para ejecutar la orden 

[Derogado]

Sección 33: derogada, el 1 de octubre de 2012, por el artículo 293 (4) de la Ley de búsqueda y vigilancia de 2012 (2012 no 24).

Parte 3 Certificados de operador

34 Obtención de certificados por parte de operadores de empresas de prostitución

(1)

Todo operador de una empresa de prostitución (que no sea una sociedad) debe tener un certificado emitido en virtud de la sección 35.

(2)

Toda persona que, aún estando obligada por la subsección (1) a poseer un certificado, no posee un certificado, comete un delito y es responsable por una multa que no exceda los $ 10.000.

(3)

Si una persona que es acusada bajo la subsección (2) afirma que él o ella no es un operador porque él o ella es una trabajadora sexual en un pequeño burdel operado por sus dueños y no es un operador de ningún otro negocio de prostitución, debe probar esa afirmación en el balance de probabilidades.

(4)

A pesar de la subsección (2), ninguna persona puede ser condenada por un delito en virtud de esa subsección si el período durante el cual la persona no posee un certificado está dentro de los primeros 6 meses después de que esta sección entre en vigor.

Artículo 34 (2): enmendado, el 1 de julio de 2013, por el artículo 413 de la Ley de procedimiento penal de 2011 (2011 no 81).

35 Solicitud y concesión de certificados

(1)

Un solicitante de un certificado debe solicitarlo al Registrador.

(2)

En esta Parte, Registrador significa el Registrador del Tribunal de Distrito en Auckland, o el Registrador de cualquier otra oficina del Tribunal de Distrito identificada en las reglamentaciones establecidas en virtud de esta Ley como el Registrador que puede aceptar solicitudes bajo esta sección.

(3)

La solicitud debe estar en la forma prescrita e ir acompañada de la tarifa prescrita.

(4)

La solicitud puede requerir que el solicitante proporcione no más de lo siguiente:

(a)

el nombre completo, fecha de nacimiento y sexo del solicitante:

(b)

cualquier otro nombre por el cual el solicitante es, o alguna vez ha sido, conocido:

(c)

la dirección a la cual el solicitante desea que se envíe cualquier certificado y correspondencia relacionada:

(d)

una fotocopia de cualquier forma de identificación oficial que contenga una fotografía del solicitante, como un pasaporte o licencia de conducir, que esté autenticada de la manera prescrita:

(e)

1 ó más fotografías recientes del solicitante que cumplan con los requisitos prescritos y estén autenticadas de la manera prescrita:

(f)

si se realizó una petición en virtud de la sección 37, una copia de la orden.

(5)

El Registrador debe emitir un certificado a un solicitante si-

(a)

el solicitante paga la tarifa prescrita, suministra un formulario de solicitud debidamente completado y adjunta la fotocopia y las fotografías requeridas; y

(b)

el solicitante tiene 18 años o más; y

(c)

el solicitante es-

(i)

no descalificado para poseer un certificado bajo la sección 36; o

(ii)

está descalificado, pero se le ha otorgado una exención de descalificación según la sección 37 y la renuncia no ha sido cancelada.

(6)

Cada certificado debe estar en la forma prescrita y debe contener una fotografía del titular.

(7)

Si se rechaza un certificado, el Registrador debe notificarlo al solicitante por escrito, con los motivos, y proporcionar información sobre cómo solicitar una exención de descalificación en virtud de la sección 37.

Sección 35 (2): enmendada, el 1 de marzo de 2017, por la sección 261 de la Ley de tribunales de distrito de 2016 (2016 no 49).

36 Descalificación para poseer un certificado

(1)

Una persona está descalificada para obtener un certificado si ha sido condenada en cualquier momento por cualquiera de los delitos descalificadores establecidos en la subsección (2), o ha sido condenada por un intento de cometer tal delito, de conspiración para cometer cualquier tal delito, o de ser un cómplice del delito.

(2)

Los delitos descalificadores son los siguientes:

(a)

un delito bajo esta Ley (que no sea un delito bajo la sección 39 (3), sección 40 (2), y la sección 41 (3)):

(b)

un delito bajo cualquiera de los siguientes artículos o partes la Ley de de Delitos de 1961 que sea punible con 2 o más años de prisión:

(i)

sección 98A (participación en un grupo delictivo organizado):

(ii)

secciones 127 a 144C (incluye crímenes sexuales):

(iii)

Parte 8 (incluye asesinato, homicidio, asalto y secuestro):

(iv)

secciones 234 a 244 (robo, extorsión y robo):

(v)

sección 257A (lavado de dinero):

(c)

un delito tipificado en la Ley de Armas de 1983 que se castigue con pena de prisión:

(d)

en relación con la Ley de uso indebido de drogas de 1975, –

(i)

un delito bajo la sección 6 (aparte de la posesión de una droga controlada de Clase C):

(ii)

una ofensa bajo la sección 9, la sección 12A, la sección 12AB o la sección 12B:

(iii)

un delito bajo cualquier otra sección, pero solo si se trata de una droga controlada de Clase A o Clase B.

Sección 36 (2) (d) (ii): enmendada, el 22 de junio de 2005, por el artículo 23 de la Ley de Enmienda al Uso Indebido de Drogas de 2005 (2005 no 81).

37 Exención de la descalificación

(1)

Una persona que está descalificada para poseer un certificado puede solicitar por escrito al Registrador una orden de exención de la descalificación.

(2)

Al recibir una solicitud, el Registrador debe:

(a)

remitir la solicitud a un juez del tribunal de distrito para su determinación; y

(b)

enviar una copia de la solicitud al Comisionado de Policía para un informe sobre los asuntos mencionados en la subsección (4) (b).

(3)

El Comisionado de Policía debe proporcionar un informe al Registrador dentro de las 3 semanas posteriores a la recepción de la solicitud, y el Registrador debe enviar inmediatamente una copia del informe al solicitante.

(4)

Un juez del tribunal de distrito puede emitir una orden eximiendo de la descalificación si está convencido de que-

(a)

el delito del solicitante era de una naturaleza, o ocurrió hace tanto tiempo, que ya no debería ser una barrera para obtener un certificado; y

(b)

el solicitante no ha sido, y no ha sido recientemente, asociado o involucrado con personas que estarían descalificadas en virtud del artículo 36 y que se podría esperar razonablemente que ejercieran una influencia sobre el solicitante.

(5)

El Juez del Tribunal de Distrito que decide sobre la solicitud-

(a)

no puede emitir su orden hasta al menos 2 semanas después de recibir el informe proporcionado en la subsección (3); y

(b)

debe determinar la solicitud sobre la base del material contenido en la solicitud, el informe de la policía y cualquier otro material escrito proporcionado por el solicitante, ya sea en respuesta al informe de la policía o de otro modo.

(6)

Una orden de exención de la descalificación permanece vigente hasta que se cancela según la subsección (7) o la subsección (8).

(7)

Una orden de exención de la descalificación se cancela, mediante el funcionamiento de esta subsección, si la persona a la que se aplica es condenada por cualquier delito mencionado en la sección 36 (2).

(8)

Un juez del tribunal de distrito puede cancelar una orden de exención de la descalificación de una persona si-

(a)

la Policía solicita al Registrador una orden de cancelación de la exención; y

(b)

una copia de la solicitud de la Policía se envía a la persona a la dirección proporcionada en su solicitud de un certificado; y

(c)

al menos 2 semanas después de enviar esa solicitud, ya sea que el Registrador no haya recibido ninguna respuesta del titular del certificado o, si el titular ha hecho presentaciones por escrito, el Juez del Tribunal de Distrito ha considerado esas presentaciones; y

(d)

el juez del tribunal de distrito está convencido, sobre la base de la solicitud de la policía y las presentaciones recibidas de la persona interesada, de que la exención debe cancelarse porque la persona está asociada o involucrada con personas que quedarían descalificadas en virtud del artículo 36 y que se podría esperar razonablemente que ejercieran una influencia sobre la persona.

38 Vencimiento, renovación y reemplazo del certificado

(1)

Un certificado vence un año después de la fecha en que se emitió.

(2)

El titular del certificado puede solicitar, en cualquier momento dentro de los 2 meses anteriores a la expiración de su certificado, la renovación del certificado, en cuyo caso la sección 35 se aplica como si la solicitud de renovación fuera una solicitud de certificado.

(3)

Si se realiza una solicitud de renovación, pero no se resuelve antes de que expire un certificado, el certificado original no expira hasta que se resuelva la solicitud de renovación.

(4)

El registrador puede emitir un certificado de reemplazo a un titular de certificado si-

(a)

el titular solicita un certificado de reemplazo y el Registrador está convencido de que el certificado original se ha perdido o destruido; y

(b)

el titular proporciona 1 o más fotografías recientes de sí mismo que cumplen con los requisitos prescritos y están autenticadas de la manera prescrita; y

(c)

el titular paga la tarifa prescrita (si corresponde).

39 Cancelación del certificado

(1)

El Registrador debe cancelar un certificado al recibir la notificación de que el titular del certificado-

(a)

está descalificado para obtener un certificado como resultado de una condena por cualquier delito mencionado en la sección 36 (2); o

(b)

ha sido cancelada su exención de descalificación.

(2)

La cancelación del certificado entrará en vigencia 5 días después de que la notificación de la cancelación se envíe al titular del certificado a la dirección indicada en su solicitud de certificado.

(3)

Una persona cuyo certificado se cancela comete un delito y es responsable por una multa de no más de $ 2.000, si no devuelve el certificado al Tribunal de Distrito dentro de 1 mes de la cancelación del certificado.

Sección 39 (3): enmendada, el 1 de marzo de 2017, por el artículo 261 de la Ley de tribunales de distrito de 2016 (2016 no 49).

Sección 39 (3): modificada, el 1 de julio de 2013, por el artículo 413 de la Ley de procedimiento penal de 2011 (2011 no 81).

40 El operador debe mostrar el certificado a requerimiento

(1)

Un alguacil puede, tras presentar prueba de que él o ella es un alguacil, requerir a cualquier persona del que crea por motivos razonables que es un operador que muestre el certificado para inspección, y la persona debe presentar su certificado, a él o ella o a otro agente de la comisaría de policía local, dentro de las 24 horas posteriores a la solicitud.

(2)

Si se realiza una solicitud bajo la subsección (1) al titular de un certificado, ese titular comete un delito, y es responsable por una multa de hasta $ 2.000, si no presenta, sin justificación razonable, su certificado de la forma requerida por esa subsección.

Sección 40 (1): enmendada, el 1 de octubre de 2008, de conformidad con el artículo 116 (a) (ii) de la Ley de Policía de 2008 (2008 no 72).

Sección 40 (2): enmendada, el 1 de julio de 2013, por el artículo 413 de la Ley de procedimiento penal de 2011 (2011 no 81).

41 Registros judiciales

(1)

Los registros judiciales relativos a la identidad de los solicitantes de certificados, de los solicitantes de exención de la descalificación y los titulares de certificados pueden ser buscados, inspeccionados o copiados solo por:

(a)

el solicitante o titular interesado; y

(b)

el registrador; y

(c)

la Policía, pero solo con el propósito de investigar un delito

(2)

Nada en esta sección limita el poder del Registrador para preparar y suministrar (ya sea para uso del Departamento para Tribunales o cualquier otro propósito) información estadística sobre solicitantes de certificados, solicitantes de exención de descalificación y titulares de certificados, siempre que la información se proporcione en una forma que no identifique a los solicitantes individuales o titulares de certificados.

(3)

Una persona que, en contravención de esta sección, obtiene o usa información que proviene de, o pretende obtenerla de, los registros judiciales a los que se hace referencia en esta sección comete un delito y es responsable por una multa que no exceda $ 2.000.

Sección 41 (3): modificada, el 1 de julio de 2013, por el artículo 413 de la Ley de procedimiento penal de 2011 (2011 no 81).

Parte 4 Disposiciones varias

Revisión del funcionamiento de la Ley y asuntos relacionados por el Comité de Revisión de la Ley de Prostitución


42 Revisión del funcionamiento de la Ley y asuntos relacionados

(1)

El Comité de Revisión de la Ley de Prostitución debe, –

(a)

tan pronto como sea posible después del comienzo de esta Ley, –

(i)

evaluar el número de personas que trabajan como trabajadoras sexuales en Nueva Zelanda y cualquier asunto prescrito relacionado con las trabajadoras sexuales o la prostitución; y

(ii)

informar sobre sus conclusiones al Ministro de Justicia; y

(b)

no antes de la expiración de 3 años, pero antes de la expiración de 5 años, después del comienzo de esta Ley, –

(i)

revisar el funcionamiento de esta Ley desde su inicio; y

(ii)

evaluar el impacto de esta Ley sobre el número de personas que trabajan como trabajadoras sexuales en Nueva Zelanda y sobre cualquier asunto prescrito relacionado con las trabajadoras sexuales o la prostitución; y

(iii)

evaluar la naturaleza y la adecuación de los medios disponibles para ayudar a las personas a evitar o dejar de trabajar como trabajadoras sexuales; y

(iv)

considerar si es necesario o conveniente cualquier enmienda a esta Ley o cualquier otra ley y, en particular, si el sistema de certificación es efectivo o podría mejorarse, si otras agencias o agencias podrían o deberían administrarlo, y si se necesita un sistema para identificar la ubicación de las empresas de prostitución; y

(v)

considerar si otras enmiendas a la ley son necesarias o deseables en relación con las trabajadoras sexuales o la prostitución; y

(vi)

considerar si es necesario o deseable realizar cualquier otra revisión o evaluación de los asuntos establecidos en este párrafo; y

(vii)

informar sobre sus conclusiones al Ministro de Justicia; y

(c)

llevar a cabo cualquier otra revisión, evaluación e información requerida por las reglamentaciones hechas bajo esta Ley.

(2)

El Ministro de Justicia debe presentar una copia de cualquier informe proporcionado en esta sección a la Cámara de Representantes tan pronto como sea posible después de recibirla.

43 Comité de Revisión de la Ley de Prostitución

(1)

El Comité de Revisión de la Ley de Prostitución debe estar compuesto por 11 miembros nombrados por el Ministro de Justicia.

(2)

El Ministro de Justicia debe nombrar

(a)

2 personas nominadas por el Ministro de Justicia; y

(b)

1 persona designada por la Ministra de Asuntos de la Mujer después de consultar con el Ministro de Asuntos de la Juventud; y

(c)

1 persona designada por el Ministro de Salud; y

(d)

1 persona designada por el Ministro de Policía; y

(e)

2 personas nominadas por el Ministro de Comercio para representar a los operadores de negocios de prostitución; y

(f)

1 persona designada por el Ministro de Gobierno Local; y

(g)

3 personas nominadas por el Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda (o, si no hay un Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda, por cualquier otro organismo que el Ministro de Justicia considere que representa los intereses de las trabajadoras sexuales).

(3)

El Ministro de Justicia puede, por recomendación del nominador de un miembro, destituir a un miembro del cargo por incapacidad para realizar los deberes de los miembros, mala conducta por parte del miembro o cualquier otra causa justa probada por el miembro.

43 Comité de Revisión de la Ley de Prostitución

(1)

El Comité de Revisión de la Ley de Prostitución debe estar compuesto por 11 miembros nombrados por el Ministro de Justicia.

(2)

El Ministro de Justicia debe nombrar

(a)

2 personas nominadas por el Ministro de Justicia; y

(b)

1 persona designada por la Ministra de Asuntos de la Mujer después de consultar con el Ministro de Asuntos de la Juventud; y

(c)

1 persona designada por el Ministro de Salud; y

(d)

1 persona designada por el Ministro de Policía; y

(e)

2 personas nominadas por el Ministro de Comercio para representar a los operadores de negocios de prostitución; y

(f)

1 persona designada por el Ministro de Gobierno Local; y

(g)

3 personas nominadas por el Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda (o, si no hay un Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda, por cualquier otro organismo que el Ministro de Justicia considere que representa los intereses de las trabajadoras sexuales).

(3)

El Ministro de Justicia puede, por recomendación del nominador de un miembro, destituir a un miembro del cargo por incapacidad para realizar los deberes de los miembros, mala conducta del miembro o cualquier otra causa justa probada a satisfacción del nominador.

(4)

El miembro no tiene derecho a compensación u otro pago relacionado con la destitución.

(5)

El Comité de Revisión de la Ley de Prostitución deja de existir en una fecha designada por el Ministro de Justicia, mediante notificación en la Gaceta, es decir después de la fecha de su informe al Ministro conforme a la sección 42 (1) (b) (vii).

44 Otras disposiciones sobre nombramiento, remoción, plazo y renuncia de miembros 

(1)

Un miembro debe ser nombrado o removido mediante notificación por escrito al miembro y a su nominador.

(2)

Un miembro ocupa el cargo por un período establecido en ese aviso de hasta 5 años.

(3)

Un miembro cuyo mandato expira continúa ejerciendo su cargo hasta que vuelva a ser nombrado o se designe a su sucesor.

(4)

Sin embargo, todos los miembros cesan en sus funciones en la fecha en que deja de existir el Comité de Revisión de la Ley de Prostitución.

(5)

Una persona puede ser reelegida como miembro.

(6)

Un miembro puede renunciar mediante notificación por escrito al Ministro de Justicia y a su nominador.

(7)

Los poderes del Comité de Revisión de la Ley de Prostitución no se ven afectados por ninguna vacante en su membresía.

45 Remuneración de los miembros

(1)

Un miembro tiene derecho a recibir una remuneración en concepto de honorarios, sueldos o asignaciones y dietas y gastos de viaje de conformidad con la Ley de honorarios y dietas por viaje de 1951 (y las disposiciones de esa Ley se aplican como si el Comité de Revisión de la Ley de Prostitución fuera una junta estatutaria en virtud de esa Ley).

(2)

Esa remuneración debe pagarse desde la cuenta bancaria departamental operada por el Ministerio de Justicia.

(3)

Esta sección no se aplica a una persona que sea miembro en su calidad de empleado de un departamento.

46 Procedimiento del Comité de Examen de la Ley de Prostitución

El Comité de Revisión de la Ley de Prostitución puede reglamentar su propio procedimiento, salvo lo dispuesto en las reglamentaciones establecidas en virtud de esta Ley.

Regulaciones


47 Regulaciones

El Gobernador General puede, por orden del Consejo, establecer reglamentos para todos o cualquiera de los siguientes propósitos:

(a)

prescribir los formularios de las órdenes que se emitirán en virtud de las secciones 27 y 30:

(b)

prescribir los formularios, certificados y tarifas requeridos en la Parte 3 en relación con los certificados de operador:

(c)

prescribir cómo deben autenticarse las fotografías y fotocopias requeridas en la Parte 3:

(d)

prescribir el tamaño o rango de tamaños de las fotografías que se deben suministrar con una solicitud de certificado y el número de copias de las mismas:

(e)

prescribir que el Registrador de una oficina particular del Tribunal de Distrito sea el Registrador a los efectos de la Parte 3, ya sea además del Secretario de cualquier otro cargo del Tribunal de Distrito, o en lugar de él, en su lugar:

(f)

prescribir asuntos relacionados con el Comité de Revisión de la Ley de Prostitución, incluidos sus poderes, funciones adicionales de revisión, evaluación e información sobre el funcionamiento de esta Ley o sobre otros asuntos relacionados con las trabajadoras sexuales o la prostitución (si corresponde), cualquier límite en los períodos de que puede cumplir, asuntos relacionados con el presidente y los miembros, sus disposiciones financieras, sus procedimientos y su administración:

(g)

proveer para cualquier otro asunto contemplado por esta Ley, necesario para su administración, o necesario para darle pleno efecto.

Sección 47 (e): modificada, el 1 de marzo de 2017, por el artículo 261 de la Ley de tribunales de distrito de 2016 (2016 no 49).

Derogaciones, enmiendas y disposiciones transitorias

48 Las derogaciones entran en vigencia un día después del asentimiento Real

Enmienda (s) incorporada (s) en la (s) ley (es).

49 Revocaciones y derogaciones que entran en vigencia cuando la Parte 3 entra en vigencia

(1)

Se deroga la Ley de salas de masaje de 1978 (1978 no 13).

(2)

El Reglamento de salas de masaje de 1979 (SR 1979/35) se revocó.

50 Enmiendas consecuentes

(1)

Las Actas especificadas en la Parte 1 del Anexo se modifican consecuentemente con la manera establecida en ese cronograma.

(2)

Las reglamentaciones especificadas en la Parte 2 del Anexo se modifican consecuentemente con la manera establecida en ese cronograma.

51 Disposiciones transitorias para delitos pasados

(1)

Ninguna persona puede ser condenada por un delito contra cualquiera de las leyes derogadas por la sección 48 (que no sea un delito contra el artículo 149A de la Ley de Delitos de 1961) o después del comienzo de esta Ley si el delito fue cometido antes del comienzo de esta Ley .

(2)

La derogación del artículo 149A de la Ley de delitos de 1961 no afecta la responsabilidad de una condena o una pena por un delito cometido contra esa sección antes del inicio de esta Ley, y esa sección sigue surtiendo efecto como si no hubiera sido derogada por los propósitos de

(a)

investigar el delito:

(b)

comenzar o completar el proceso por el delito:

(c)

imponer una pena por el delito.

Programar modificaciones consecuentes a las promulgaciones

s 50

Parte 1 Hechos modificados

Ley de Tribunales de Distrito de 1947 (1947 No 16)

Enmienda (s) incorporada (s) en la (s) ley (es).


Ley de delitos sumarios de 1981 (1981 no 113)

Enmienda (s) incorporada (s) en la (s) ley (es).


Actas resumidas Ley 1957 (1957 No 87)


Enmienda (s) incorporada (s) en la (s) ley (es).

Parte 2 Reglamento modificado

Reglamento de tasas 1987 (SR 1987/68)


Enmiendas incorporadas en el Reglamento.

Notas de reimpresiones

  1. General

Esta es una reimpresión de la Ley de Reforma de la Prostitución de 2003 que incorpora todas las enmiendas a esa Ley en la fecha de la última enmienda a la misma.

2 Estado legal

Se presume que las reimpresiones indican correctamente, a la fecha de la reimpresión, la ley promulgada por la ley principal y cualquier enmienda a esa ley. La Sección 18 de la Ley de Legislación de 2012 establece que esta reimpresión, publicada en formato electrónico, tiene el estatus de una versión oficial bajo la sección 17 de esa Ley. Una versión impresa de la reimpresión producida directamente de esta versión electrónica oficial también tiene un estado oficial.

3 Cambios editoriales y de formato

Los cambios editoriales y de formato a las reimpresiones se realizan utilizando las facultades de las secciones 24 a 26 de la Ley de Legislación de 2012. Consulte también http://www.pco.parliament.govt.nz/editorial-conventions/.

4 Enmiendas incorporadas en esta reimpresión

Ley de tribunales de distrito de 2016 (2016 no 49): artículo 261

Ley de salud y seguridad en el trabajo 2015 (2015 no 70): sección 232

Ley de Búsqueda y Vigilancia 2012 (2012 no 24): sección 293

Ley de procedimiento penal de 2011 (2011 no 81): artículo 413

Ley de inmigración de 2009 (2009 no 51): artículo 406 (1)

Ley de patrullaje de 2003 (2008 no 72): artículo 116 (a) (ii)

Ley de enmienda al uso indebido de drogas de 2005 (2005 no 81): sección 23

Trabajo sexual frente a trabajo

 

Morgane Merteuil

 

1 de septiembre de 2014

 

http://revueperiode.net/le-travail-du-sexe-contre-le-travail/

 

Para algunos y algunas, el reconocimiento del trabajo sexual como trabajo es un enfoque liberal, equivalente a la mercantilización de los cuerpos. Contrariamente a esta idea errónea, Morgane Merteuil propone examinar el trabajo sexual como una dimensión del trabajo de reproducción de la fuerza de trabajo y reconstituir los vínculos que unen la producción capitalista, la explotación del trabajo asalariado y la opresión de las mujeres. Demuestra que la lucha de las trabajadoras del sexo es una poderosa palanca para desafiar el trabajo en su conjunto y que la represión del trabajo sexual no es más que un instrumento de la dominación de clase, de la división internacional (racista) del trabajo y del estigma de puta que alimenta al patriarcado.


Mientras que en los países de habla inglesa, el término “sexwork” se ha vuelto bastante común, hay una considerable renuencia a hablar de “trabajo sexual” entre los intelectuales y activistas francófonos. Ya sea entre los prohibicionistas, para quienes la prostitución no es un oficio ni un trabajo, sino violencia, un ataque a la dignidad de la mujer1 —como si el “trabajo” y la “violencia” fueran mutuamente excluyentes— o entre aquéllas y aquéllos que, al igual que Lilian Mathieu, se oponen a esta prohibición, manteniendo cierto “escepticismo” frente a la exigencia de reconocimiento del “trabajo sexual”2, esta negativa a hablar de trabajo sexual parece sintomática de las dificultades encontradas por una parte de la izquierda y las feministas al pensar en el trabajo de las mujeres.

Aunque hay un interés creciente en el tema, estas dificultades no son nuevas. Por ejemplo, cuando muchos colectivos feministas lanzaron la campaña de “salarios para el trabajo doméstico” en los años setenta, gran parte del movimiento izquierdista y feminista permaneció hostil a esta demanda. Los salarios para el trabajo de la casa estaban lejos de ser meramente una reclamación programática, sino que eran más bien una invitación a desafiar radicalmente no sólo al sistema capitalista en su conjunto —en la medida en que es al capital al que beneficia la gratuidad del trabajo reproductivo efectuado por las mujeres— sino también a la familia nuclear, como lugar donde se realiza esta explotación.

Mientras que la campaña “Wages for Housework” fue lanzada a principios de los años setenta, hay que tener en cuenta que fue en 1978, cuando las discusiones sobre el trabajo doméstico seguían siendo fuertes, que Carole Leigh, trabajadora sexual y activista feminista estadounidense, creó el término “sexwork”; y si la reivindicación de «Wages for housework» ya no parece tener la misma relevancia hoy que gran parte del trabajo doméstico ha sido mercantilizado —al haber las antiguas amas de casa incorporadas al trabajo delegado en parte en las más pobres y en particular en las mujeres inmigrantes—, la reivindicación de «Sexwork is Work», en vista de los vivos debates que suscita, parece por el contrario más relevante que nunca.

Aquí, teniendo en cuenta los cambios en la configuración del sector reproductivo, será necesario mostrar cómo “el trabajo sexual es trabajo” es una continuación de las luchas por “un salario para el trabajo doméstico”, en otras palabras, para comprender mejor los problemas comunes de las luchas de las mujeres en el hogar y de las trabajadoras del sexo, y reafirmar, pues, tanto la necesaria solidaridad entre mujeres explotadas como el carácter indisociable de las luchas feministas y anticapitalistas. Esto nos permitirá comprender mejor las relaciones entre el trabajo sexual y el capitalismo y afirmar así la necesidad, especialmente para la izquierda y el feminismo, de apoyar estas luchas en nombre del proceso revolucionario al que nos invitan.

El trabajo sexual como trabajo reproductivo

Hay varias razones para afirmar el parentesco de las luchas emprendidas por aquellas que clamaban “Salarios para el trabajo doméstico” y las que se llevan a cabo hoy para hacer reconocer que “el trabajo sexual es trabajo”. En primer lugar, cada una de estas luchas emana de la fuerte movilización, tanto teórica como práctica, del movimiento feminista. Mientras que la pertenencia del movimiento “Salarios para el trabajo doméstico” al movimiento feminista siempre ha parecido obvio, no es el caso para el movimiento de las trabajadoras sexuales. Debe recordarse que fue en una conferencia feminista donde Carole Leigh sintió la necesidad de hablar de “trabajo sexual” 4. Téngase también en cuenta que, según Silvia Federici, el movimiento feminista no sólo ha permitido la aparición del concepto de trabajo sexual, sino que también está vinculado con el aumento del número de prostitutas:

 

Creo que en una una cierta medida […] pero […] en una medida limitada, el aumento del número de mujeres que recurren al trabajo sexual también tiene que ver con el movimiento feminista. Ha ayudado a sacudir esta forma de estigma moral vinculada al trabajo sexual. Creo que el movimiento de mujeres también ha dado el poder, por ejemplo a las prostitutas, de verse a sí mismas como trabajadoras sexuales.

 

No es por casualidad si a continuación del movimiento feminista tenéis el comienzo de un movimiento de trabajadoras del sexo, por ejemplo en Europa. Con el estigma, las feministas atacaron realmente esta hipocresía: la madre santa, esta visión de las mujeres, todo autosacrificio, y la prostituta, que es la mujer que hace el trabajo sexual, pero por dinero 5.

La definición aquí dada de la prostituta como “la mujer que hace el trabajo sexual pero por dinero” nos lleva a las otras razones que justifican la conexión entre las luchas de las mujeres en el hogar y las de las profesionales del sexo: el hecho de que puede haber trabajo allí donde no hay dinero, y el hecho de que el trabajo sexual no es exclusivo de las prostitutas.

 

Una de las grandes aportaciones de las teóricas feministas, especialmente aquéllas de inspiración marxista, ha sido demostrar que no porque una actividad no sea remunerada no es un trabajo funcional en relación con el capitalismo. En otras palabras, no es porque un intercambio parezca gratuito que escapa a la dinámica del capitalismo, sino todo lo contrario. Mediante el análisis de “la historia del capitalismo desde el punto de vista de las mujeres y de la reproducción 6”, teóricas feministas marxistas, como Silvia Federici, han demostrado que el trabajo doméstico realizado por las mujeres —de forma voluntaria, como se considera que su naturaleza les lleva a hacer por amor— sirve, más allá de los que se benefician directamente —los trabajadores, los futuros trabajadores o los extrabajadores— a los intereses de los capitalistas, que no tienen desde ese momento que tener en cuenta el coste de esta reproducción en el valor de la fuerza de trabajo que compran.

 

A partir de nosotras mismas en tanto que mujeres, sabemos que la jornada de trabajo para el capital no produce necesariamente un sueldo y no comienza ni termina a las puertas de la fábrica, y volvemos a encontrar en primer lugar, la naturaleza y extensión de las tareas domésticas en sí mismas. Porque tan pronto como levantamos la cabeza de los calcetines que remendamos y de la comida que cocinamos, y miramos la totalidad de nuestra jornada de trabajo, vemos claramente entonces que no da lugar a un sueldo por nosotras mismas; nosotras producimos el producto más valioso que aparece en el mercado capitalista: la fuerza de trabajo7.

 

Las diferentes tareas y actividades realizadas en el hogar por las mujeres, desde el cuidado de los niños a las comidas que esperan al trabajador que regresa de su jornada de trabajo, pasando por el cuidado de las personas ancianas o enfermas, constituyen claramente un trabajo real que, si no produce mercancías al modo de los proletarios, produce y reproduce lo que es necesario, sin embargo, a cualquier capitalista, lo que le es incluso “lo más preciado”: la fuerza de trabajo que compra al trabajador. Bajo este enfoque, no hay ninguna diferencia fundamental desde la perspectiva de sus funciones en relación con el capitalismo, entre la plancha, la cocina y el sexo: actividades todas que se reagrupan en la categoría más general de trabajo reproductivo; así, continúa Silvia Federici:

 

El trabajo doméstico, de hecho, consiste en mucho más que mantener la casa. Se trata de servir al asalariado físicamente, emocionalmente, sexualmente, lo que lo hace apto para trabajar día tras día por el salario. Se trata de cuidar de nuestros hijos —los futuros trabajadores— ayudarles desde el nacimiento hasta sus estudios y garantizar que se cumpla el papel que se espera de ellos en el capitalismo. Esto significa que detrás de cada fábrica, detrás de cada escuela, detrás de cada oficina o de cada mina, existe el trabajo invisible de millones de mujeres que consumieron su vida, su fuerza de trabajo, para producir la fuerza de trabajo que trabaja en esta fábrica, esta escuela, esta oficina o esta mina.

 

Y aunque se podría pensar que, desde el movimiento de liberación sexual traído por la emergencia del movimiento feminista, el sexo aparece cada vez menos como un servicio que la mujer presta a su consorte, esta “liberación” lo que ha hecho sobre todo es aumentar el peso de la carga que pesaba sobre las mujeres:

 

La libertad sexual no ayuda. Es obviamente importante que no seamos apedreadas hasta la muerte si somos “infieles” o si se constata que no somos “vírgenes”. Pero la “liberación sexual” ha intensificado nuestro trabajo. En el pasado, se suponía que debíamos criar hijos. Ahora se supone que tenemos un trabajo remunerado y además limpiar la casa y tener hijos y, al final de un doble día de trabajo, estar listas para saltar en la cama y ser sexualmente atractivas. Para las mujeres, el derecho a tener relaciones sexuales es el deber de tener relaciones sexuales y disfrutar de ellas (algo que no se espera de la mayor parte de los trabajos), lo que explica por qué ha habido tanta investigación en los últimos años, para saber qué partes de nuestro cuerpo —la vagina o el clítoris— son las más sexualmente productivas.

 

Por último, cabe señalar que si Silvia Federici se refiere principalmente a la familia nuclear heterosexual, tampoco ve salida alguna a la función del sexo como trabajo en la homosexualidad:

 

La homosexualidad y la heterosexualidad son ambas condiciones de trabajo… pero la homosexualidad es el control de la producción por los trabajadores y no el fin del trabajo.10

 

Este enfoque del sexo como parte integral del trabajo reproductivo nos invita a desafiar la idea de que habría una diferencia fundamental entre el llamado sexo gratuito, que tiene lugar dentro de la pareja, y lo que ahora se denomina trabajo sexual, la prostitución. Más exactamente, y recuperando las palabras de Leopoldina Fortunati, “la familia y la prostitución son los principales sectores, la columna vertebral, de todo el proceso [reproductivo]” 11:

 

En los dos sectores principales, los procesos fundamentales de trabajo son: (1) el proceso de producción y reproducción de la fuerza de trabajo y (2) la reproducción específicamente sexual de la fuerza de trabajo masculina. Esto no quiere decir que la familia no incluya la reproducción sexual de la fuerza de trabajo masculina, pero (aunque a menudo se postula como central) es de hecho sólo uno de los muchos “trabajos” comprendidos en el trabajo doméstico.  

 

Fortunati nos invita a pensar en la familia y la prostitución como instituciones no opuestas sino complementarias:” Su función [de la prostitución] debe ser apoyar y completar el trabajo doméstico”.

 

Este enfoque de la prostitución en términos de trabajo reproductivo no sólo nos permite plantear una condición común para las mujeres —más allá de la división entre la madre y la puta, ya que aunque una lo hace de forma gratuita y la otra exige explícitamente dinero, tanto para una como para otra el sexo es un trabajo— pero sobre todo, este enfoque nos permite comprender mejor el lugar del trabajo sexual —remunerado— dentro del sistema capitalista. Mientras que la mayoría de las teorías contemporáneas se centran en la dinámica capitalista dentro de la industria del sexo —a través del análisis de las relaciones de producción y explotación entre las trabajadoras del sexo y sus jefes-proxenetas y / o sus clientes— este enfoque nos invita a no considerar finalmente estas dos figuras más que como intermediarios de una explotación que en última instancia se lleva a cabo en favor del capital. Por lo tanto, es necesario interpretar la represión de las trabajadoras sexuales no como una represión exclusivamente sexual (dinámica obviamente de género y racista), sino como una represión que básicamente sirve a los intereses económicos, que se realizan a través de dinámicas de sexo, de clase y de género

 

Un ejército de putas

 

La posición aparentemente común de las amas de casa y de las trabajadoras sexuales hacia el capital, en tanto que trabajadoras reproductivas, no debe hacernos olvidar una distinción fundamental entre sus situaciones: al contrario que el trabajo doméstico, el trabajo sexual es estigmatizado y criminalizado. Ya sea a través de un régimen prohibicionista como en la mayoría de los Estados estadounidenses, un régimen regulador como Alemania o el llamado régimen abolicionista como en Francia, el trabajo sexual se penaliza en casi todos los países del mundo, con la excepción de Nueva Zelanda y Nueva Gales del Sur (Australia) —dos países que ejercen sin embargo fuertes restricciones sobre el trabajo de las mujeres inmigrantes. Esta situación particular del trabajo sexual dentro de la categoría más amplia de trabajo reproductivo no carece de consecuencias no sólo para las trabajadoras sexuales sino también para todas las mujeres y todos los trabajadores: el tratamiento específico del trabajo sexual, o más precisamente sus evoluciones, entre la criminalización y la liberalización, debe leerse en el contexto más general de las tensiones causadas por las dinámicas del capitalismo, del patriarcado y del racismo, que estructuran nuestra sociedad,

 

Así, Silvia Federici nos invita a un acercamiento histórico según el cual la represión de las prostitutas desde el siglo XVI debe ligarse al surgimiento del modo de producción capitalista, en el seno del cual la gratuidad del trabajo de las mujeres es un fundamento esencial,

 

Pero tan pronto como la prostitución se convirtió en la principal forma de subsistencia de gran parte de la población femenina, cambió la actitud de las instituciones. Mientras que al final de la Edad Media se había admitido oficialmente como un mal necesario, y las prostitutas se habían beneficiado del régimen de salarios elevados, en el siglo XVI la situación se invirtió. En un clima de intensa misoginia, marcado por la progresión de la Reforma Protestante y la caza de brujas, la prostitución fue sometida primero a nuevas limitaciones y luego criminalizada. Por todas partes, entre 1530 y 1560, los prostíbulos municipales fueron cerrados y las prostitutas, especialmente las que trabajaban en las calles, fueron sometidas a nuevos castigos: el destierro, la flagelación y otras formas crueles de castigo. […]

 

¿A qué atribuir este ataque radical contra las trabajadoras? ¿Y cuál es la conexión entre la exclusión de las mujeres de la esfera del trabajo socialmente reconocido y

de las relaciones monetarias, la coacción a la maternidad forzada que se ejerció sobre ellas y la masificación de la caza de brujas?

 

Cuando se observan estos fenómenos desde una perspectiva contemporánea, después de cuatro siglos de sujeción capitalista de las mujeres, las respuestas parecen salir por sí mismas. Incluso si el trabajo asalariado femenino, el trabajo doméstico y el trabajo sexual (remunerado) se estudian demasiado a menudo de manera aislada unos de otros, estamos ahora en una mejor posición para entender cómo la segregación que las mujeres han experimentado dentro de la mano de obra asalariada se originó directamente en su función como trabajadoras en domicilio no remuneradas. Por lo tanto, podemos relacionar la prohibición de la prostitución y la expulsión de las mujeres de los lugares de trabajo organizados con la creación del mujer en casa y la reconstrucción de la familia como lugar de producción de la fuerza de trabajo.

 

En la Francia revolucionaria de1791, que vio extender el dominio del consumo, la prostitución fue despenalizada. Un especialista en prostitución en el período revolucionario, Clyde Plumauzille, señala, con respecto a la organización de la prostitución en el Palais-Royal:

 

La prostitución del Palais-Royal es entonces parte de un conjunto más grande de dispositivos relacionados con la “revolución del consumo que afecta a la sociedad en su conjunto” (Roche, 1997, Coquery, 2011): desarrollo de técnicas publicitarias con directorios de prostitutas, diversificación de la oferta para llegar a un público más amplio, ventanas-escaparates y “mercantilización” de la sexualidad de la prostitución. […] Primer mercado sexual de la capital, el Palais Royal ha facilitado así la creación de una forma de prostitución decididamente consumista, entre la emancipación sexual y económica y la comercialización del cuerpo de las mujeres.15

 

Esta aparente liberalización revela pues mucho menos un debilitamiento del control del cuerpo de las mujeres que una adaptación del mercado a lo que parece inevitable incluso aunque la condición de las mujeres las deja sin otra alternativa que la dependencia de los hombres. Sin embargo, si las cortesanas de los distritos distinguidos son toleradas o incluso apreciadas, no es lo mismo con las prostitutas de las clases trabajadoras, y es sobre todo para responder a esta masificación de la prostitución de las mujeres de las clases trabajadoras que el control policial y el confinamiento de las prostitutas se intensifican nuevamente

 

Para comprender esta represión de la prostitución de masas es preciso aprovechar el nexo entre una prostitución regulada y las relaciones capitalistas de producción. Entre la Revolución Francesa y la Belle Epoque hubo un largo período en que la sociedad francesa adoptó todas las instituciones características del modo de producción capitalista: el Directorio, los dos Imperios y los comienzos de la Tercera República, consolidan las formas de explotación modernas que habían surgido en las últimas décadas del antiguo régimen, ya fueran los sectores agrícolas más avanzados del norte de Francia, o las innovaciones en el sector químico, textil o de extracción del carbón. El siglo XIX estuvo marcado por la generalización de las instituciones de mercado y la dependencia de las clases trabajadoras del mercado y de los empleadores. La prostitución, y la condición de las mujeres en general, no escapan a esta lógica. Con la separación del lugar de trabajo y el lugar de vida, la mecanización del trabajo y la regulación de las industrias, las mujeres están atrapadas entre sectores mal regulados (trabajo en casa, talleres de costura) y su exclusión de la mayoría de los sectores regulados. Cuando están presentes en el mercado de trabajo, las mujeres desempeñan un papel de mano de obra de apoyo para el capital, lo que Marx llama el “ejército industrial de reserva”:

 

Al aplastar la pequeña industria y el trabajo en casa , suprime el último refugio de una masa de trabajadores, convertidos cada día en sobrantes y, por lo tanto, la válvula de seguridad de todo el mecanismo social.17

 

Como muestra un estudio reciente sobre la prostitución en La Goutte d’Or en la Belle Epoque 18, la regulación de la prostitución se enfrentaba a una resistencia considerable por parte de las trabajadoras sexuales, a través de su creciente negativa a trabajar para un empleador exclusivo. La prostitución callejera de las “insumisas” se entiende así como una forma de insubordinación obrera: permitió a las mujeres proletarias adquirir un complemento de renta en el caso de que ejercieran al mismo tiempo un trabajo asalariado y obtener unos ingresos a corto plazo cuando no estaban empleadas. En ambos casos, la prostitución desreglamentada representaba un punto de apoyo para las mujeres trabajadoras, una potencial mejora de su poder de negociación frente al capital y el patriarcado,

 

Este papel de la regulación en relación con el trabajo sexual y de cara a la insubordinación obrera de las prostitutas es revelador. Indica que el trabajo sexual y el trabajo en general no pueden separarse; muestra que las luchas de los profesionales del sexo tienen una dimensión de género y de clase muy precisa; está claro que no puede haber una oposición estricta entre un régimen regulador y un régimen abolicionista / prohibicionista: se trata en ambos casos (y en las formas híbridas entre los dos sistemas) de formas de disciplina y de acción de las mujeres prostituidas, ante las cuales éstas últimas hacen valer sus intereses y tratan de fortalecer su poder de negociación. Antes de regresar a estos aspectos a propósito del período contemporáneo, debemos volver a las razones y al surgimiento de los movimientos abolicionistas:

 

Fue originalmente para denunciar este regulacionismo que, a finales del siglo XIX, grupos de mujeres comenzaron a luchar contra la prostitución: mientras que un pánico moral con respecto a un supuesto comercio de esclavas blancas tuvo éxito internacionalmente, el movimiento abolicionista se encontró con un fuerte eco, llevando en 1946 a la ley Marthe Richard, que ordenaba el cierre de burdeles. El Convenio de la ONU de 1949 para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución de otros establece en su famoso preámbulo que “la prostitución y el mal que la acompaña, a saber, la trata de seres humanos con fines de prostitución, son incompatibles con la dignidad humana y el valor de la persona humana y ponen en peligro el bienestar del individuo, de la familia y de la comunidad”. Según esta misma convención, para ser víctima de la trata, basta con ser engañado, coaccionado o desviado para fines de prostitución. El Protocolo de Palermo (adoptado por las Naciones Unidas en 2000) propone una definición alternativa de trata, definida como “la captación, el transporte, la transferencia, el alojamiento o la recepción de personas, por la amenaza de la fuerza o el uso de la misma u otras formas de coerción, secuestro, fraude, engaño, abuso de autoridad o vulnerabilidad, o por la oferta o aceptación de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tiene autoridad sobre otra para fines de explotación. La explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución de terceros u otras formas de explotación sexual, trabajo o servicios forzados, esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre o extracción de órganos”. Si esta definición es más amplia (cualquier forma de explotación puede ser el propósito de la trata) y más restrictiva (se habla de “explotación de la prostitución” y ya no de “prostitución”, y se tiene en cuenta el ejercicio de alguna forma de coerción o el abuso de una situación vulnerable a las víctimas mayores de edad) que la definición de 1949, permanece deliberadamente imprecisa al no definir el concepto de explotación. Esta difuminación permitió a Francia, cuando introdujo en su código penal y adaptó la definición del Protocolo, traducir la “explotación de la prostitución” por “proxenetismo”. Al ser en Francia la definición del proxenetismo particularmente amplia — permite castigar cualquier tipo de asistencia a la prostitución ajena— el nuevo delito francés de trata no desautoriza por lo tanto la concepción de trata adoptada por la Convención de 1949. En otras palabras, mientras que existen las herramientas del derecho común para responder a la voluntad de sancionar el trabajo forzoso, ya sea en la prostitución o en otro lugar, la prostitución sigue siendo objeto de medidas específicas que la penalizan como tal.

 

¿Cuál es el papel de esta penalización específica? ¿En qué dinámica encaja? ¿Cuáles son las consecuencias? Muchas respuestas se han dado a estas preguntas, pero con demasiada frecuencia, las respuestas se refieren a la represión de la prostitución si no esencializada, al menos ideal, de forma que están luchando para dar cuenta de las tensiones que atraviesan la industria del sexo. Además, una síntesis de las principales teorías sobre la represión del trabajo sexual, con relación a la dinámica general que atraviesa el dominio del trabajo reproductivo, debería permitirnos diagnosticar con precisión los retos de la lucha de las trabajadoras sexuales. Más allá de los enfoques puramente históricos, también es interesante tener en cuenta la función de la represión del trabajo sexual y la estigmatización de las que practican en relación con la economía sexual como tal. Si la represión de la prostitución tiene una función específica en un sistema capitalista que se basa entre otras cosas en la apropiación del trabajo no remunerado de las mujeres, este contexto económico no es suficiente para dar cuenta de las tensiones dentro de las cuales tiene lugar esta represión. El trabajo de Paola Tabet demuestra así que si es el estigma lo que define la prostitución, éste no necesita del sistema capitalista para expresarse. En numerosas sociedades no capitalistas, las mujeres son estigmatizadas como prostitutas, no necesariamente porque participan en un intercambio economico-sexual, sino debido a que participan en un intercambio que escapa a las reglas establecidas del intercambio de mujeres en un sistema patriarcal. Estas obras son una reminiscencia de las llevadas a cabo antes por Gayle Rubin y publicadas bajo el título de “Traffic in Women” en 1975 donde, de nuevo, el reto es explicar la opresión de las mujeres sin subordinarla a su función potencial en el capitalismo. Por encima de todo, es en “Pensar el Sexo” donde Gayle Rubin estudia con más detalle los sistemas de jerarquías sexuales de que estructuran nuestras sociedades:

 

Las modernas sociedades occidentales valoran los actos sexuales según un sistema jerárquico de valor sexual. […] Las personas cuyo comportamiento sexual está en la parte superior de esta jerarquía son recompensadas ​​con un certificado de buena salud mental, respetabilidad, legalidad, movilidad social y física, el apoyo institucional y beneficios de carácter material. A medida que los comportamientos o intereses de los individuos están en un nivel más bajo de esta escala, éstos últimos son objeto de presunción de enfermedad mental, falta de respetabilidad, criminalidad, de una restricción de la libertad de movimiento físico y social, la pérdida de apoyo institucional y sanciones económicas.

 

Un estigma extremo y punitivo mantiene algunos comportamientos sexuales en el nivel más bajo de esta escala, y constituye una sanción eficaz contra los que tienen este tipo de prácticas. La intensidad de este estigma tiene sus raíces en la tradición religiosa occidental. Pero lo esencial de su contenido actual proviene de la estigmatización médica y psiquiátrica”.19

 

En este sentido, la prostitución es castigada y estigmatizada en tanto que desviación, por la misma razón que la homosexualidad, en virtud de un sistema que se opone a diferentes tipos de prácticas sexuales tales como homosexual/heterosexual, gratuito/de pago, etc. La teoría de Gayle Rubin presenta así la represión del trabajo sexual como teniendo una función no necesariamente subordinada a un orden económico, sino teniendo lugar en un sistema sexual autónomo, en el seno del cual convergen intereses externos (económicos, sí, pero también religiosos o médicos).

 

.Elizabeth Bernstein, especialista del neoliberalismo, analiza por su parte la represión del trabajo sexual como una forma de reafirmar las fronteras entre lo íntimo y lo público 20, y por lo tanto considera las campañas del abolicionismo contemporáneo como formando parte de una ” agenda sexual neoliberal”:

 

Yo sitúo estas políticas neoabolicionistas en términos de una agenda sexual neoliberal (en lugar de tradicionalista), que sitúa los problemas sociales en la escala de los individuos desviados en lugar de en la de los niveles de las instituciones oficiales, que busca los remedios sociales a través de intervenciones de justicia penal y no a través del Estado providencial redistributivo, y que defiende la beneficencia de los privilegiados más que el empoderamiento de los oprimidos.

 

De esta forma, la eliminación de la prostitución no aparece sólo como una forma de consolidar un cierto orden económico, sino más bien como un medio para imponer la lógica neoliberal hasta en la misma economía sexual. Y es precisamente porque el trabajo sexual, al igual que otras áreas del trabajo reproductivo o productivo, no es una excepción al neoliberalismo, por más que pueda ser interesante considerarlo a la luz del tratamiento de otras áreas de trabajo reproductivo .En su investigación sobre lo que ella llama el “feminacionalismo”, Sara Farris señala que la inmigración de las mujeres para el sector reproductivo, a diferencia de la de los hombres inmigrantes, es más bien estimulada por el Estado, en un contexto de desentendimiento de éste en relación a servicios tales como el cuidado de niños, y en un contexto de aumento de las mujeres “nacionales” en el sector productivo:

 

No siendo ya percibidas como las que roban el trabajo o se aprovechan de los beneficios de la asistencia social, las mujeres inmigrantes son las “sirvientas” que ayudan a mantener el bienestar de las familias e individuos europeos. Son proveedoras de trabajo y de intereses, ells que al ayudar a las mujeres europeas a liberarse de las diferencias de género al sustituirlas en el hogar, lo que permite a estas mujeres “nacionales” a convertirse en trabajadoras en el mercado de trabajo “productivo “. Además, ellas son los que contribuyen a la educación de los niños y al cuidado físico y emocional de las personas mayores, proporcionando así un estado de bienestar, cada vez menos a cargo del Estado. […] El papel “útil” que las trabajadoras inmigrantes desempeñan en la reestructuración contemporánea de los regímenes de bienestar, y la feminización de los sectores clave de la economía de servicios, gozan de una cierta complacencia de los gobiernos neoliberales y de la compasión engañosa de los partidos nacionalistas hacia las mujeres inmigrantes, en comparación con los hombres inmigrantes. […] En la medida en que se consideran como los cuerpos al servicio de las generaciones futuras, en tanto que madres que juegan un papel crucial en el proceso de transmisión de los “valores sociales”, en tanto que suplentes de las mujeres nacionales en el sector reproductivo, pero también en tanto que posibles esposas para los hombres europeos, las mujeres inmigrantes parecen convertirse en objetivo de una campaña benevolencia engañosa en la que ellas son “necesarias” en tanto que trabajadoras, “toleradas” en tanto que inmigrantes y “animadas” a ajustarse a los valores occidentales en tanto que mujeres22

 

El feminacionalismo, tal como lo define Sara Farris, significa “la movilización contemporánea de las ideas feministas por los partidos nacionalistas y los gobiernos neoliberales bajo la bandera de la guerra contra el patriarcado, que se supone que es del Islam en particular, y de los inmigrantes del Tercer Mundo en general”. En otras palabras, la retórica de los discursos que defienden la integración de las mujeres inmigrantes por el trabajo, tiene finalmente mucho menos por objeto los intereses de las mujeres en cuestión que los de la economía nacional para la que estas trabajadoras a aseguran la reproducción de la fuerza de trabajo a menor coste. En este contexto, las mujeres inmigrantes constituyen no un “ejército de reserva, constantemente amenazado por el desempleo y la expulsión y utilizado para mantener la disciplina salarial”, como era costumbre decir en los años 1970 y 1980 para describir a “las mujeres en tanto que empleadas extra-domésticas”, sino más bien un “ejército regular de mano de obra extremadamente barata”.

 

Así, si el fomento de la inmigración de mujeres destinadas al sector reproductivo parece a primera vista ser una política opuesta a las severas restricciones a la inmigración en contra de las trabajadoras sexuales, estas dos políticas distintas en realidad pueden ser vistas como complementarias: en primer lugar, cabe destacar que el discurso contra la trata y la contra la prostitución en general, con el objetivo de salvar a las mujeres de las redes de migración que se supone que las explotan, insistiendo en la necesidad de “reinserción”, es decir, de inserción en la economía nacional legal (lo que significa, para mujeres que son en su mayoría inmigrantes, una inserción en el sector del trabajo doméstico, de los cuidados, etc.) participan plenamente de los que Sara Farris definió con el término de “feminacionalismo”. A pesar de que el capitalismo globalizado supone desposeer a a las mujeres de sus medios de supervivencia, especialmente hoy en día en los países de África y Asia, y por lo tanto conduce a una masificación de la inmigración (y de la prostitución), la represión de las trabajadoras del sexo, en un contexto de mercantilización del trabajo reproductivo realizado por las inmigrantes, por tener el efecto de mantener a las trabajadoras del sexo en una situación precaria, las constituye, al igual que a las trabajadoras domésticas, como “un ejército regular de mano de obra extremadamente barata”.

 

En otras palabras, la represión de las trabajadoras sexuales, en la medida en que conduce a la precariedad de las trabajadoras sexuales, no sólo da como resultado un equilibrio de poder en favor de clientes, terceros y proxenetas, sino que sirve a todo un sistema económico capitalista, patriarcal y racista que se beneficia del menor costo de este sector de trabajo reproductivo. Más precisamente, es incluso posible analizar el mantenimiento en la precariedad de las trabajadoras sexuales como el medio para su constitución institucionalizada en un ejército de reserva de trabajadoras domésticas y ver así instaurarse un sistema de tres niveles en el trabajo de las mujeres: en un primer nivel, la mano de obra femenina del sector productivo, que sigue cobrando menos que los hombres, es parte de un sistema que sigue imponiendo un modelo heterosexista a las mujeres, ya que el matrimonio aparece como un medio para lograr un nivel de vida que un salario femenino por sí sólo no permite. En el segundo nivel, las políticas migratorias que mantienen bajos precios de la mano de obra doméstica también refuerzan los menores niveles salariales de las mujeres empleadas en el sector productivo. Por último, las trabajadoras sexuales son reprimidas y estigmatizadas como una amenaza para las mujeres que no aceptan las condiciones de explotación del trabajo asalariado, el trabajo doméstico o el matrimonio.

 

En este sentido, los discursos anti trabajo sexual, que no ven más salida a la explotación sexual de las mujeres que el sexo no comercial, y la emancipación económica sólo a través del trabajo legal, y en particular el trabajo en el sector productivo, nos parecen alentar, —contrariamente a lo que anuncian— esta explotación a través de un trabajo que es tanto más explotado porque se presenta como libre, espontáneo, natural. Por el contrario, la reivindicación del trabajo sexual como trabajo nos invita a repensar las relaciones de reproducción con el objetivo de terminar con la explotación, ya sea pagada o no.

 

 

Trabajo sexual frente a trabajo

 

Como hemos intentado demostrar hasta aquí, la cuestión de la “prostitución” no puede ser objeto de una reflexión simplista con el único prisma de las relaciones de género. Por el contrario, es más que necesario que la izquierda aproveche los aspectos políticos del trabajo sexual entendido como un sector del trabajo reproductivo. Es cierto, como señala Silvia Federici en su texto “Reproducción y lucha feminista en la nueva división internacional del trabajo”, que el tema del trabajo reproductivo ha sido demasiado poco investigado por el propio movimiento feminista:

 

No cabe duda de que si el movimiento feminista en Europa y los Estados Unidos se hubiera concentrado en el hecho de que el Estado reconociera el trabajo de reproducción como trabajo y asumiera la responsabilidad financiera por él, no habríamos asistido al desmantelamiento de los pocos servicios disponibles en este campo y a una solución colonial al “problema del hogar”. 24

 

Pero es precisamente por esta razón que los debates sobre el trabajo sexual deberían ser una nueva oportunidad para (re)pensar este tema , y poder construir una oposición real a las políticas liberales que se han hecho dominantes desde hace mucho, con las consecuencias conocidas (feminacionalismo, liberalización de la industria del sexo en beneficio exclusivo de los empleadores y de terceros, el aumento general del trabajo que deben realizar las mujeres tras la retirada del Estado de los servicios públicos, etc.)

 

Afirmar que el trabajo sexual es un trabajo parece en efecto consituir una etapa necesaria tanto en lo que concierne a la lucha contra el capitalismo como en la emancipación de las mujeres y en particular su emancipación sexual. Recuperamos así para calificar la pertinencia política del eslogan “trabajo sexual es trabajo” las palabras utilizadas por Kathi Weeks cuando se refiere al movimiento “Salarios para el trabajo doméstico”: “fue un proyecto reformista con aspiraciones revolucionarias”. Si la lucha contra la penalización del trabajo sexual puede parecer al principio más bien reformista, ya que consiste esencialmente en exigir un cambio legislativo que permita a las trabajadoras trabajar en mejores condiciones, la aprehensión del sexo como trabajo abre por el contrario una perspectiva bastante más ambiciosa en términos de emancipación.

 

Respecto a la lucha contra la criminalización, debe recordarse sin embargo que si bien las trabajadoras sexuales pueden definirse como el ejército de reserva de mujeres explotadas en el trabajo asalariado, del hogar o del matrimonio, entonces mejorar sus condiciones de trabajo sólo puede ser beneficioso para éstas últimas. De la misma manera, si la persistencia del estigma de puta representa una amenaza para todas las mujeres, ya que no se contenta tan sólo con restringir sus libertades, sino que sobre todo, legitima la violencia contra ellas, entonces la lucha contra la estigmatización de las trabajadoras sexuales debería estar por esta razón entre las prioridades de la agenda feminista. Por otra parte, en la medida en que a escala global la lucha contra la “prostitución” tiene lugar esencialmente en forma de lucha contra la “trata” (tal como se define en la Convención de 1949), mediante la financiación por los gobiernos occidentales de las ONGs que trabajan en los países del Sur para “salvar” a las posibles víctimas de la trata, el final de estas políticas significaría el derecho a la autonomía para las trabajadoras sexuales afectadas, víctimas hoy de forma sistemática, en numerosos países, de una forma de imperialismo humanitario a través de las personalidades y ONGs de la “industria del rescate”.

 

Por otra parte, mientras que la gran mayoría de las trabajadoras sexuales de los países occidentales son inmigrantes o trabajadoras no blancas, al igual que la mayoría de aquellas y aquellos que “apoyan” su actividad y por lo tanto son condenables por proxenetismo, la lucha contra la prostitución toma una forma particular en estos países la forma de una ofensiva racista, que participa del encarcelamiento sistémico de las poblaciones no blancas. Si algunos o algunas pueden utilizar este estado de hecho de división racista del trabajo sexual para argumentar que es precisamente necesario penalzar a los hombres que se supone mayoritariamente blancos beneficiarios del trabajo sexual —los clientes27— nos parece por el contrario peligroso querer reequilibrar la balanza reforzando el propio instrumento de este racismo sistémico. Sin embargo, no se trata de plantear una defensa acrítica de terceros y de otros beneficiarios de la industria del sexo: la despenalización del trabajo sexual debe por el contrario ser entendida como un medio de reforzar la autonomía de las trabajadoras sexuales frente a situaciones de clandestinidad más propicias para su explotación. En este contexto, los temores expresados ​​con regularidad de que el reconocimiento del trabajo sexual sólo se daría más peso a la división sexista y racista del trabajo nos parecen no sólo carentes de fundamento, sino sobre todo, creemos que este reconocimiento constituye la condición sine qua non de lucha contra esta división y contra las opresiones que resultan de ella.

 

Negarse a reconocer el trabajo sexual es, en efecto, reforzar la división entre el trabajo “real”, específicamente asalariado, que tiene derecho de ciudadanía en el espacio público, y el “no trabajo”, que se desarrolla en el ámbito privado. Por lo tanto, se trata de dejar de oponer la esfera productiva del trabajo asalariado a los intercambios considerados como pertenecientes a la esfera privada no comercial, ya que esta oposición, que sólo sirve para enmascarar el trabajo realizado pero no compatibilizado en el salario, es rentable sólo para el capital:

 

Marx hace mucho tiempo explicó que el salario ocultaba todo el trabajo no remunerado en el origen del beneficio económico. Pero medir el trabajo por los salarios también vela la extensión de la subordinación de todas nuestras relaciones sociales a las relaciones de producción, el grado en que cada momento de nuestra vida participa en la producción y reproducción del capital. Los salarios, de hecho (y esto incluye la ausencia de salarios), permitieron que el capital oscureciera la duración de nuestro día laborable. El trabajo aparece así como un compartimiento único de la vida cotidiana, que sólo existe en ciertos lugares. El tiempo que pasamos en la fábrica social, preparándonos para el trabajo, o yendo a trabajar, la restauración de nuestros “músculos, nervios, huesos y cerebro” con comidas rápidas, sexo rápido, películas, etc., son otros tantos instantes que se nos presentan como distracciónes, tiempo libre, aficiones individuales.28

 

En otras palabras, se trata de ampliar el alcance del lema “el personal es político” para incluir no sólo reproducción de la dominación masculina dentro del dominio privado, sino también la reproducción de las dinámicas favorables al capitalismo. Esto se debe a que, como nos recuerda Lise Vogel en el trabajo doméstico, la división entre la esfera del trabajo asalariado y la de lo que se considera privado no hace, especialmente en una sociedad patriarcal, más que reforzar las estructuras de dominación:

 

La distinción altamente institucionalizada entre el trabajo doméstico y trabajo asalariado en un contexto de supremacía masculina, forma la base de una serie de potentes estructuras ideológicas, que adquieren una autonomía significativa.29

 

En este contexto, la afirmación de que “el trabajo sexual es trabajo”y, por tanto, que el sexo, pagado o no, puede ser un trabajo, debe abrir la posibilidad de un proceso de desidentificación —tomando prestado el término usado por Kathi Weeks en referencia a la campaña “salarios para el trabajo doméstico— por parte de las mujeres de la sexualidad a la que a menudo están obligadas, en una sociedad capitalista patriarcal ,

 

Reclamar un salario para una práctica “tan identificada con una práctica femenina” nos permite comenzar un proceso de desidentificación: ” Nada más que exigir un salario ya está afirmando que no nos identificamos con este trabajo” (Edmond y Flemming) . Así, “en la medida en que por la lucha [ellas] obtienen el poder de romper [su] identificación capitalista”, las mujeres pueden, según Cox y Federici, al menos determinar lo que “no son”.

 

De la misma manera con “trabajo sexual es trabajo”, si no se trata todavía de saber qué sexualidad (re)construir en el marco de una lucha feminista, se trata por lo menos de saber cuál no se quiere: una sexualidad de servicio organizada según la división sexista del trabajo. Como señala Silva Federici:

 

queremos llamar trabajo a lo que es un trabajo para que eventualmente pudiéramos redescubrir lo que es el amor a fin de crear nuestra sexualidad, cosa que nunca hemos conocido31.

 

No se trata pues, a través del lema “trabajo sexual es trabajo”, de exigir que el trabajo sexual sea considerado como un trabajo “como los demás”, y que, como tal, su despenalización sea considerada como un fin en sí misma. La aplicación de esta política liberal, como hemos visto con los ejemplos alemanes o holandeses, sólo sirve a los intereses de los patronos de la industria del sexo, de modo que estas políticas sólo tienen el efecto de volver a poner en manos de los capitalistas la remuneración de las trabajadoras sexuales. Por el contrario, se trata de reafirmar que si este reconocimiento del trabajo sexual es necesario, es precisamente porque sólo identificándolo claramente como trabajo las mujeres podrán negarse a realizarlo, en el marco de una lucha más general de rechazo del trabajo y por una refundación radical de la sociedad y de sus dinámicas de reproducción.

 

Conclusión

 

El análisis del trabajo sexual en términos de trabajo reproductivo tiene así varias ventajas. En primer lugar, al invitarnos a no considerar la industria del sexo solamente como una mera industria en el seno de la cual se despliegan dinámicas capitalistas, sexistas y racistas, nos permite considerar el papel fundamental de la industria del sexo dentro del sistema capitalista . En otras palabras, no se trata solamente de considerar la explotación de las trabajadoras sexuales por parte de los beneficiarios directos del trabajo sexual —los proxenetas, los terceros, los clientes—, sino más bien de no considerar a éstos más que como los mediadores de la explotación más global de las mujeres por el capital. En segundo lugar, al permitirnos analizar las dinámicas que intervienen en la represión del trabajo sexual —represión que está específicamente relacionada con las cuestiones de la gestión de la inmigración— la introducción de las trabajadoras sexuales en la categoría más general de trabajadoras reproductivas, codo a codo con las trabajadoras domésticas y de cuidados, nos permite comprender los retos de la lucha de las trabajadoras sexuales en términos de lucha contra el neoliberalismo y especialmente contra sus efectos sobre las mujeres inmigrantes o del Tercer Mundo. Finalmente, al invitarnos a repensar la noción misma de “trabajo”, estos análisis nos ofrecen la oportunidad de restablecer una nueva dinámica en la lucha contra la apropiación de éste, una dinámica que nos permite tener en cuenta a los trabajadores y las trabajadoras tradicionalmente excluidos de estas luchas y que, a menudo, se ven reducidos a luchar aisladamente, a pesar y en consecuencia de los efectos desastrosos del capitalismo en sus vidas (trabajadores por cuenta propia precarios, madres solteras, trabajadoras del sexo, trabajadoras domésticas, comadronas, etc.) con miras a un replanteamiento radical de la división del trabajo y de las ideologías —especialmente sexistas y racistas— en las que se basa.

 


 

  1. Este argumento es desarrollado con asiduidad en los textos de autores/as abolicionistas; ver, por ejemplo, para aquéllos que lo formulan de la forma más explícita, un comunicado del AIVI: “¡la prostitución no es un trabajo sino una violencia!”, o la obra de Janice Raymond, “not a choice, not a job”. []
  2. Lilian Mathieu, La fin du tapin, Sociologie de la croisade pour l’abolition de la prostitution, Bourin, 2013, p. 17. []
  3. Para un estudio de los debates entre el movimiento Wages for Housework y los movimientos feministas y de izquierda, ver por ejemplo Silvia Federici et Nicole Cox, « Counterplanning from the Kitchen », in Silvia Federici, Revolution at Point Zero, PM Press, 2012, p. 28-40, réponse au « Women and Pay for Housework » de Carol Lopate. []
  4. Carole Leigh, « inventer le travail du sexe », in Luttes XXX – inspirations du mouvement des travailleuses du sexe, Maria Nengeh Mensah, Claire Thiboutot et Louise Toupin, éd. du remue-ménage, 2011, p. 267-270. []
  5. https://www.youtube.com/watch?v=enpTFJsswWM à partir de 1:10:23.Transcription Ellis Suzanna Slack, traduction Morgane Merteuil. []
  6. Voix du jaguar. []
  7. Silvia Federici et Nicole Cox, « Counterplanning from the Kitchen », in Silvia Federici, Revolution at Point Zero, PM Press, 2012, p.31. []
  8. Silvia Federici et Nicole Cox, « Counterplanning from the Kitchen », in Silvia Federici, Revolution at Point Zero, PM Press, 2012, p.31. []
  9. Silvia Federici, « Why Sexuality is work », in Silvia Federici, Revolution at Point Zero, PM Press, 2012, p.25. []
  10. Silvia Federici, « Wages against Housework », in Silvia Federici, Revolution at Point Zero, PM Press, 2012, p.15. []
  11. Leopoldina Fortunati, The Arcane of Reproduction : housework, prostitution, labour and capital, Autonomedia, p.17. []
  12. Leopoldina Fortunati, The Arcane of Reproduction : housework, prostitution, labour and capital, Autonomedia, p.17. []
  13. Leopoldina Fortunati, The Arcane of Reproduction : housework, prostitution, labour and capital, Autonomedia, p.18. []
  14. Silvia Federici, Caliban et la sorcière : Femmes, corps et accumulation primitive, Entremondes et Senonevero, 2014 pour la traduction française, p.191-192. []
  15. Clyde Plumauzille, Le « marché aux putains » : économies sexuelles et dynamiques spatiales du Palais-Royal dans le Paris révolutionnaire, Revue Genre, Sexualités et Sociétés, n°10 Automne 2013, p. 21/26. []
  16. Voir Henry Heller, The Bourgeois Revolution in France. 1789-1815, Berghahn Books, 2009. []
  17. Karl Marx, Le Capital, Livre I, « Machinisme et grande industrie ». http://www.marxists.org/francais/marx/works/1867/Capital-I/kmcapI-15-9.htm []
  18. Voir Alexandre Frondizi, Histoires de trottoirs. Prostitution, espace public et identités populaires à la Goutte – d’Or, 1870 – 1914, Mémoire de thèse, 2007. []
  19. Gayle RUBIN, “Penser le sexe”, in Surveiller et jouir – Anthropologie politique du sexe, Epel, 2010, traduction Flora Bolter, Christophe Broqua, Nicole-Claude Mathieu et Rostom Mesli, p. 156-157. []
  20. Voir : Elizabeth Bernstein, Temporarily Yours, Intimacy, Authenticity and the Commerce of Sex, The University of Chicago, 2007. []
  21. Elizabeth BERNSTEIN, “the sexual politics of the new abolitionnism”, in Differences : a journal of feminist cultural studies, 18/3, 2007, p. 137 . []
  22. Sara Farris, « Les fondements politico-économiques du fémonationalisme ». []
  23. Sara Farris, « Les fondements politico-économiques du fémonationalisme ». []
  24. Silvia Federici, « reproduction et lutte féministe dans la nouvelle division internationale du travail ». []
  25. Kathi Weeks, The problem with work : feminism, marxism, antiwork politics and postwork imaginaries, Duke University Press, 2011, p. 136. []
  26. Laura Agustin, « Kristof and the Rescue industry, the soft side of imperialism ». []
  27. Yasmin Vafa, « Racial Injustice: The case for prosecuting buyers as sex traffickers » []
  28. Silvia Federici et Nicole Cox, « Counterplanning from the Kitchen », in Silvia Federici, Revolution at Point Zero, PM Press, 2012, p.35-36. []
  29. Lise Vogel, Marxism and the opression of women : Toward a unitary theory, Brill, 2013, p.160. []
  30. Kathi Weeks, The problem with work : feminism, marxism, antiwork politics and postwork imaginaries, Duke University Press, 2011, p.130. []
  31. Silvia Federici, « Wages against Housework », in Silvia Federici, Revolution at Point Zero, PM Press, 2012, p.20. []

 

 

Nuevas leyes en EE.UU.: escuchas telefónicas a las trabajadoras sexuales, castigo previo al delito y estrategia nacional para detener a los compradores de sexo

 

El Congreso actúa para otorgar a la administración Trump vastos nuevos poderes policiales, con el pretexto de combatir la “trata sexual”.

Elizabeth Nolan Brown | 15 , Sept. 2017

http://reason.com/blog/2017/09/15/trafficking

En medio de las conmemoraciones nacionales del 11 de septiembre, los senadores estadounidenses aprobaron calladamente dos importantes expansiones del poder federal.

Ambos proyectos de ley fueron presentados por los republicanos, pero atrajeron a los copatrocinadores bipartidistas. Ambos fueron aprobados por el Senado por unanimidad. Ambos están disfrazados de intentos de luchar contra la trata sexual, el trabajo forzado y la “esclavitud moderna” (hay incluso un guiño a Frederick Douglass en un proyecto de ley). Pero, vistos de cerca, son simplemente un pretexto para otorgar nueva autoridad al Procurador General Jeff Sessions, al Presidente Trump y a la policía de todo el país. Incluso hay alguna financiación reservada para las iniciativas de control fronterizo que el presidente elija.

Bajo estas nuevas medidas, el FBI y los agentes de inmigración, así como la policía estatal y local, pueden interceptar en secreto las comunicaciones de las trabajadoras sexuales sospechosas o de quienes se asocien con ellas. La autorización de escuchas telefónicas se extiende mucho más allá de los tratantes de sexo, incluyendo adultos que consienten en cualquiera de los dos lados de un intercambio sexual comercial.

Los proyectos de ley hacen un llamamiento a una nueva estrategia nacional para reducir la “demanda” de prostitución, ordenan que todas las fiscalías de los Estados Unidos sean capacitadas para tratar el comercio sexual como “una forma de violencia de género”, y hacen que el entrenamiento antitrata de la policía incluya “detener y perseguir a los compradores de sexo comercial”. Un objetivo principal en ambas leyes son los clientes de la prostitución.

Pero también hay muchas cosas cuya finalidad es perjudicar a las trabajadoras sexuales, incluyendo una norma de que ningún fondo federal pueda ir a cualquier organización sin fines de lucro que ayude a las personas que se benefician del sexo, y una ampliación del término “banda criminal callejera” que podría incluir a cinco o más trabajadoras sexuales que viajaren juntas. Los miembros de bandas criminales callejeras se enfrentan a 10 años más de tiempo de prisión de lo que lo harían por el mismo delito.

Y si bien la creación de una Oficina de Asistencia a Víctimas dentro de la Oficina de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos puede sonar agradable, refleja el papel creciente de los agentes de inmigración en las investigaciones de trata. O, como se podría decir, es un pretexto para que ICE e Investigaciones de Seguridad Interior se unan a las redadas de prostitución en ciudades pequeñas y salones de masajes a través de Estados Unidos.

Estos son algunos de los otros cambios contenidos en la nueva legislación del Senado sobre trata:

 

La Ley de Protección de las Víctimas de la Trata (TVPA) de 2017

Este es el último heredero de un proyecto de ley aprobado en 2000 y reautorizado, con expansiones significativas, cada pocos años. A pesar de que no hay datos creíbles que demuestren un aumento en la trata de personas durante este tiempo, ni evidencia de que el enfoque de los federales haya estado funcionando, cada reautorización se ha expandido en las mismas estrategias, definiendo una gama cada vez más amplia de actividades como constitutivas de trata sexual, dedicando a librar una guerra contra la prostitución recursos federales destinados a combatir la trata, y derrochando cada vez más dinero en el intento.

Presentado por el Senador de Iowa Chuck Grassley, el proyecto de ley (S.1312) otorga al Procurador General el poder para entablar una demanda civil contra cualquier persona sospechosa de cometer o planear cometer “cualquier acción que constituya o pueda llegar a constituir” una violación de varios estatutos federales. Si un tribunal está de acuerdo, la persona o entidad tendría que parar cualquier actividad que supuestamente contribuya a un delito actual o futuro.

Se trata de un poder superior al de los procedimientos policiales y penales normales. Podría permitir a los federales cerrar de forma preventiva los sitios web, los motores de búsqueda, las aplicaciones sociales, los navegadores, los servicios de cifrado o las empresas con presencia física porque los criminales (ampliamente definidos) podrían comunicarse allí.

El poder se aplica a las presuntas violaciones de la Ley Mann (que prohíbe conducir a trabajadoras sexuales adultas a través de las fronteras estatales, entre otras cosas), estatutos federales de conspiración y las secciones 77 y 110 del código penal de los EE.UU . Esta es una categoría masiva de delitos que lo incluye todo, desde el trabajo forzado y la trata sexual al uso de palabras, imágenes o nombres de dominio engañosos para hacer que alguien vea la obscenidad, el sexo con un menor (incluso si es menor de edad), atraer a alguien para cruzar las fronteras estatales con fines de sexo ilícito, albergar a un inmigrante indocumentado en un lugar de prostitución, publicar cualquier detalle sobre un menor que se utilice para promover un delito sexual, conducta ilegal con documentos de inmigración por motivos laborales o sexuales, o conspirar para cometer cualquiera de los anteriores.

El nuevo TVPA también hará que la lucha contra el envío por teléfono móvil de imágenes de contenido sexual y su uso para extorsionar y contra el ciberbullying formen parte del mandato del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), un grupo cuasi gubernamental que funciona con dinero federal y trabaja en estrecha colaboración con la policía federal. Luchar contra la extorsión sexual (que alguien propague o amenace con propagar fotos sexuales de otra persona sin su consentimiento) es una invitación para que el gobierno federal se involucre en casos de envío de contenido sexual por teléfono móvil entre adolescentes.

Todo esto, dejando a un lado un montón de dinero para programas de dudoso valor destinados a detener la explotación sexual. Como los $ 7,5 millones por año para iniciativas presidenciales relacionadas con “alternativas económicas para disuadir la trata”, programas de detección de fronteras y videos de propaganda para mostrar en el extranjero. Esto es a cargo de los $ 7,5 millones destinados para inespecificados proyectos presidenciales “dedicados a prevenir la trata” y a “promover respeto por los derechos humanos”.

 

Ley para abolir la trata de personas

 

Esta Ley (S. 1311), permitiría a los jueces dictar penas de prisión de duración tres veces superior a lo que sería de otra manera para los delincuentes sexuales reincidentes de cualquier tipo (incluidos los delincuentes por primera vez a nivel federal con cualquier delito de sexo estatal o local en su registro). La medida prohíbe a las agencias federales y a cualquier persona que use fondos o recursos federales asociarse con cualquier programa que proporcione recursos a cualquier persona que “obtenga beneficios del comercio sexual comercial”. En otras palabras, nadie que reciba dinero de la subvención federal (para ayudar a las víctimas de la trata de seres humanos o cualquier otra cosa) puede trabajar a sabiendas con cualquier trabajadora sexual o cualquier organización sin fines de lucro que ofrezca apoyo a las trabajadoras sexuales.

 

Mientras tanto, las memorias federales antitrata deberán tener que incluir información sobre “la detención y el enjuiciamiento de compradores de sexo comercial”, como parte del creciente consenso federal de que “cualquier enfoque integral para eliminar la trata de personas incluirá un componente de reducción de la demanda”.

 

Personal de seguridad nacional, fiscales estadounidenses y policías que participan en grupos de trabajo contra la trata estarían capacitados para procesar a los compradores sexuales por delito de trata de personas. Y las subvenciones en virtud de la Ley contra la Violencia contra la Mujer y varios estatutos de abusos a los niños podrían utilizarse para luchar contra la prostitución en general.

 

En conjunto, estas leyes no son del todo horribles. Requieren que el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y otras agencias recopilen datos sobre detenciones y sus motivos en sus iniciativas de lucha contra la trata. Por primera vez, el Departamento de Justicia debe rastrear cuántas personas son detenidas por la Operación Cross Country, por ejemplo, y de qué se les acusa. Los funcionarios también tendrán que hacer un seguimiento no sólo del número de llamadas a la línea directa nacional contra la trata de personas sino también de cuántos terminan llevando a la denuncia de delitos federales.

 

Pero los puntos positivos de estas leyes son pocos, comprimidos como están entre el grotesco edificio burocrático y las imposiciones sobre las libertades civiles

 

 

Elizabeth Nolan Brown es una editora asociada en la revista Reason.

Bella Robinson: de prostituta adolescente a defensora de los derechos de las trabajadoras sexuales

7 de febrero de 2015

Por Tara Burns

http://www.vice.com/en_ca/read/how-the-justice-system-pimped-me-out-969

Foto cortesía de Bella Robinson

La activista Bella Robinson se siente victimizada por las leyes que pretenden ayudar a personas como ella.

 

Bella Robinson entró en la industria del sexo siendo una chica de 18 años sin hogar que escapaba de un matrimonio abusivo que la había rescatado del sistema de acogimiento familiar de menores. Es exactamente la clase de “víctima” para la que se han inventado las leyes contra la trata sexual. Pero Robinson —que ahora es una activista de derechos humanos que ha sido puta (su término preferido) durante treinta años— no piensa en sí misma como una víctima de la industria del sexo. Dice que ha sido objeto de trata sexual por el Estado y victimizada por leyes que pretendían ayudar a personas como ella.

En 2012, ella contó parte de su historia en la película American Courtesans, apareciendo con el nombre de Gina. En la actualidad, emplea su tiempo hablando en residencias de estudiantes, acudiendo a eventos de formación laboral, reuniéndose con políticos y aceptando clientes.

La mamá de Bella sufría de esquizofrenia y alcoholismo. Cuando Bella tenía tres o cuatro años, su mamá se emborrachó, cogió del sótano el viejo rifle de caza de su abuelo, subió escaleras arriba y disparó a través de las ventanas de la cocina mientras Bella y sus tres hermanos dormían en el piso de arriba. A pesar de incidentes como éste, no fueron sacados de su casa y colocados bajo acogimiento familiar hasta que ella era ya adolescente. Como dice ella: “Solíamos escaparnos. No nos gustaba que nos hubieran arrojado entre extraños”.

A los 15 años, Bella se encontró en su domicilio más duradero, una casa de grupo dirigida por un sacerdote protestante retirado y su esposa. Ella no había vuelto a la escuela desde que se metió en problemas en el octavo grado, pero consiguió su GED, comenzó el instituto, y pronto tuvo su propia motocicleta y un trabajo haciendo cuidado en el hogar. También comenzó a acudir a un bar donde se apuntó a la liga de billar y se reunió con el hombre de 41 años de edad que se convertiría en su marido.

La casa de grupo estaba en una parte difícil de la ciudad, y todas las otras chicas quedaron embarazadas cuando tenían 16 años. “Mierda,” dice Bella, “no creo que se preocuparan por nosotros, ya que la mayoría de las chicas ni siquiera iban a la escuela.Recuerdo que las otras niñas solían robar todas mis cosas y yo era la única chica que tenía un trabajo.Sabía que tenía que salir de allí y yo no ganaba suficiente dinero para vivir sola. Además, era menor de edad.

Por aquella época, el matrimonio comenzó a parecer una opción viable para una chica de dieciséis años. “No era un matrimonio real, era un matrimonio para sacarme de un hogar de acogida, era más como un arreglo de negocios”, dice Bella. Hoy en día el gobierno considera que si los tutores intercambian algo de valor a cambio de permitir tener acceso sexual a menores de edad es una forma de tráfico sexual, pero en 1981 el Estado estaba ansioso por dejar que Bella se casara con un hombre de 41 años con antecedentes de violencia doméstica.

Les casó un juez de paz que encontraron en las páginas amarillas, sin anillo ni luna de miel, dos semanas después de que Bella cumplió 17 años. Su abuela les invitó a una cena-teatro a modo de banquete. Más tarde esa noche, Bella tuvo sexo por segunda vez en su vida. Era tan ingenua que cuando él le pidió una mamada pensó que se trataba de “alguna cosa rara”.

“Supongo que este fue mi primer acto de prostitución. Supongo que legalmente fui víctima de trata de menores de edad y me casé con un hombre de la misma edad que mi madre”, dijo Bella. Según la ley federal, cualquier menor que tenga relaciones sexuales como estrategia de supervivencia o a cambio de un lugar para vivir se considera víctima de trata sexual.

Bella tardó sólo unos pocos días en darse cuenta de que su esposo era un abusivo “alcohólico rabioso” que trató de aislarla y manipularla. Bella recuerda que la gritaba todos los días, por todo. Un día ella le devolvió el grito y él levantó la mano. No la golpeó, pero supo que lo haría la próxima vez.

El marido de Bella la convenció de que dejarlo significaba volver a la custodia estatal y ella optó por permanecer en un matrimonio abusivo en vez de regresar al cuidado estatal. La investigación en ciencias sociales muestra que muchos adolescentes encuentran sexo y abuso de supervivencia preferible al sistema de acogida temporal. En un informe de investigación de 2009, el Proyecto de Empoderamiento de las Mujeres Jóvenes escribió: “Nos sorprendió cuantas historias escuchamos de niñas, incluidas las niñas transgénero, y las mujeres jóvenes, incluyendo mujeres trans, sobre sus experiencias violentas con proveedores de servicios sin fines de lucro. Esto nos molestó porque los adultos y los trabajadores sociales a menudo nos dicen que la búsqueda de servicios mejorará nuestras vidas. Pero cuando hacemos, los sistemas creados para ayudarnos al final pueden empeorar las cosas. Esto estuvo claro cuando miramos el sistema de acogida”.

En 2011, un criminólogo, comentando sobre la investigación de John Jay College que mostró que el 70 por ciento de los jóvenes involucrados en el sexo transaccional había estado involucrado anteriormente con “agencias de asistencia” y sólo el 10 por ciento tenía proxenetas, dijo a Village Voice, “La cuestión es la siguiente: si [esta investigación] es correcta, ¿qué hacemos con ese 90 por ciento? ¿Lo ignoramos ? ¿Con qué interés miramos cómo se metieron en esa circunstancia? Podrías argumentar que para el 90 por ciento para quien no pudieron encontrar ningún proxeneta, bueno, ¿cómo sucede?

Así es como sucede.

Bella escapó de su esposo pocos días después de cumplir 18 años, cuando fue liberada de la amenaza de la custodia estatal. Durmiendo en su coche y trabajando a tiempo parcial por el salario mínimo, pronto se dio cuenta de que tener una casa sería casi imposible. Fue entonces cuando conoció a dos drag queens (que era el término que preferían en ese momento), lo que resultó ser su salvación.

Una de las drag queens, Joey (abreviatura de Joanne) estaba levantando clientes en el strip, pero Bella no lo sabía todavía. “Nunca pregunté dónde Joey había conseguido el dinero para poner gasolina en mi coche o comprarme cigarrillos y comida”, dice Bella. “Pronto lo averigüé. Me quedé sin gasolina y tuve que caminar unas pocas manzanas hasta una gasolinera y un tipo vestido de camuflaje rojo se ofreció a darme un paseo. Me invitó a salir. Le dije que NO, que estaba casada, y él sacó su placa y dijo que estaba detenida por prostitución “.

Bella llama a este capítulo de su vida: “Cómo un policía me acechó y selló mi destino con mi primera acusación y convicción de prostitución porque no quise salir con él”.

El tipo de incidente que Bella describe es deprimentemente común: las mujeres han sido detenidas por caminar por la calle tan a menudo que se ha acuñado la expresión “parar y cachear mujeres” o “andar por la calle siendo trans”. ¿Pero la detención de jóvenes por prostitución conduce a la prostitución?

Joanna Morse, licenciada en matrimonio y terapeuta familiar, dice que ciertamente podría ser así. “Los jóvenes en esa etapa de la vida, conocida como “identidad versus confusión de roles”, deberían estar tratando activamente de responder a preguntas importantes como: ‘¿Quién soy yo? ¿Qué puedo ser? ‘”, explica.”Los jóvenes están significativamente influenciados no sólo por los compañeros, sino también por los modelos de conducta, lo que sin duda podría, para bien o mal, incluir la aplicación de la ley. Es lógico que etiquetas de peso, como las que se imponen a través de los sistemas de justicia penal, podrían llegar a ser poderosa y negativamente deterministas.”

Siendo realista, dice Bella, probablemente se habría convertido en una prostituta de todos modos. Ser detenida por prostitución simplemente hizo más fácil tomar la decisión, porque ella estaba enojada por haber sido acusada antes de empezar.

Habiendo sido pública y permanentemente identificada con un registro criminal, se volvió a Joey para aprender a convertirse en una prostituta. Joey le dio condones a Bella y le enseñó a concertar las citas y a cobrar $ 20 por sexo oral y $ 40 por sexo en los hoteles.Le dijo que siempre tenía que hacer que el hombre pagara la habitación. Joey también le enseñó a realizar un seguimiento de las matrículas y las marcas, modelos y colores de los coches de los clientes. Luego ambos comprobarían sus datos. Joey nunca le pidió dinero, y Bella pronto se enteró de que era mucho más fácil para ella concertar citas de lo que era para Joey.

Sólo un par de semanas antes, cuando tenía 17 años , las leyes actuales habrían llamado a Bella una víctima de una forma severa de trata de seres humanos, pero para ella era un cuento de hadas: “Me di cuenta de que si levantaba sólo uno o dos clientes pagaba mi hotel, comida y tabaco por un día. Entonces me puse a vivir en mi castillo y no tener que besar el culo de ningún hombre.”

“Esta enorme diferencia entre cómo los jóvenes ven sus circunstancias en el comercio sexual y cómo son percibidas por las fuerzas del orden y las organizaciones sin ánimo de lucro ha llevado a una gran cantidad de tiempo de cárcel para las “víctimas” juveniles de esta “severa forma de trata de seres humanos”. Jolene Goedin, una agente del FBI que dirige el programa Inocencia Perdida de Alaska, dijo en una conferencia sobre la trata sexual de 2013 que considera necesario encarcelar a jóvenes que están en el comercio sexual si no entienden que son víctimas o “admiten” que tienen proxenetas. Dice que mantenerlos en un centro de detención juvenil es por su propia seguridad.

“Cuando tenía 19 años”, dice Bella, “descubrí los anuncios de escort en las páginas amarillas y vi que era lo mío. En ese entonces la tasa era de 100 dólares por hora y la chica se quedaba con 60. Con dos días a la semana ganaba más que trabajando a tiempo completo por el salario mínimo. Era lo mío, e incluso después de 30 años, y todas las cosas por las que he pasado, nunca me he arrepentido de haber tomado la decisión de ser trabajadora sexual. Tuve que soportar el sistema de justicia penal muchas veces, con policías violentos. Fui violada como trabajadora callejera una vez. En general, tengo mucha suerte de que nada realmente, realmente malo me haya pasado. Algunos días fueron malos, pero la mayor parte de ellos fueron OK, y muchos días fueron asombrosamente buenos.”

 

Cuando escapó de Florida y aterrizó en Nueva Jersey después de una ejecución hipotecaria y perder una cita en un tribunal en 2007, Bella había estado fuera del comercio sexual, trabajando en cuidado de salud a domicilio y criando a su hija durante años. Consciente de que necesitaba mantenerse “fuera de la red” para evitar el sistema legal, Bella volvió a trabajar en el sexo y se enfrentó a una curva de aprendizaje abrupta para volver a entrar en la industria del sexo como una escort independiente en internet, pero se las arregló durante diez meses. Luego se hizo amiga de una señora local que había estado haciendo salidas porque tenía hijos en casa y trabajaron juntas en la casa de Bella durante unas seis semanas antes de que el equipo de SWAT diera la patada a la puerta.

Bella fue acusada de prostitución. Se declaró culpable y pasó 90 días en la cárcel. Cuando fue liberada, después de haber estado encerrada y no haber podido pagar sus facturas durante tres meses durante las vacaciones, se le ordenó pagar una multa de 3.720 dólares o volver a la cárcel. Ese veredicto le pareció a Bella como la definición de trata sexual: usar la coacción —la amenaza de la cárcel— para inducir a una persona a la prostitución de la cual los tribunales recibieron dinero. “Sentí que [el juez] me estaba diciendo que fuera a levantar algunos clientes más para pagar o si no emitiría una orden de arresto”, explica Bella.

Sienna Baskin, abogada del Proyecto de Trabajadoras del Sexo del Centro de Justicia Urbana, también pensó que podría ser un caso de trata sexual. “Podría decirse que el sistema judicial ‘no se dio cuenta imprudentemente’ del hecho de que ella tendría que conseguir los fondos a través del trabajo sexual, y definitivamente hay coerción, amenaza de encarcelamiento. Creo que la cuestión es quién sería criminalmente responsable … puede ser difícil imputar la responsabilidad criminal al ‘sistema’”.

Cuando salió, Bella supo que la prostitución estaba despenalizada en Rhode Island, así que hizo las maletas y se mudó de inmediato. En el ambiente descriminalizado, se sintió completamente libre por primera vez en su vida. Si alguien intentaba hacerle daño, sabía que podía marcar el 9-1-1 sin ir a la cárcel. Luego, en noviembre de 2009, Rhode Island recriminalizó la prostitución. La razón dada para la criminalización fue que la policía estatal insistió en que no podrían investigar la trata sin criminalizar la prostitución.

“Rhode Island tenía más menores detenidos por prostitución cada año antes de 2009, cuando nos criminalizaron”, dice Bella.

En 2009, la policía comenzó a encontrar los cuerpos de escorts que habían sido asesinadas y arrojadas en la playa de Gilgo en Long Island. Ahí es cuando Bella dice que decidió convertirse en una activista. Pero como crítica declarada de la industria del rescate que es, ha sido acusada de no preocuparse lo suficiente por las víctimas de trata,

Tales insultos son a menudo lanzados contra activistas por los derechos de las trabajadoras sexuales, dice Alana Massey, escritora y activista pro trabajo sexual. “Lss activistas pro trabajo sexual son regularmente —y yo diría intencionadamente— caracterizados por grupos anti trabajo sexual como irritadas, interesadas ​​y manipuladoras con el fin de defeminizarlas,” dice.”Es una estrategia que hace más fácil caracterizar a las activistas pro trabajo sexual como tratantes y proxenetas que caracterizarlas como lo que realmente son: mujeres vulnerables que abogan por sí mismas dentro de un sistema que se configura para marginarlas y deshumanizarlas “. Irónicamente, Bella es exactamente el tipo de mujer vulnerable con una historia de trata del que ha sido acusada de no preocuparse suficientemente.

“Dudo que se preocupen lo más mínimo por las víctimas”, dice Bella de aquellos que la critican. “Creo que nos odian [a las víctimas] por ser prostitutas”.

Bella ha hecho revivir la sección de Rhode Island de Call off Your Old Tired Ethics (COYOTE) y se unió a la junta directiva del Proyecto de Investigación y Educación Legal del Proveedor de Servicios Eróticos. Trabaja duro para educar a la gente sobre los derechos de las trabajadoras sexuales, hacer activismo y presentarse a los organizadores de trabajo, estudiantes universitarios y políticos. Lo principal que Bella quiere que la gente sepa es que incluso si desaprueban la prostitución, “toda mujer necesita sentirse segura al marcar 9-1-1, y si eres una delincuente o una inmigrante ilegal es fácil robarte, violarte, amenazarte , golpearte, explotarte, arrestarte, o asesinarte [porque no se puede confiar en la policía].”

La vida de Bella hoy está lejos de sus comienzos como niña novia y prostituta adolescente sin hogar. Es como un cuento de hadas, dice Bella, “pero un cuento verdadero, con un final feliz, ya que sobreviví a todo”.

Sigue a Bella Robinson y Tara Burns en Twitter.

Para más información ir a http://coyoteri.org/wp/

 

 

Feminismo, prostitución y Estado

 

Feminism, Prostitution and the State: The Politics of Neo-Abolitionism

(Routledge Studies in Gender and Global Politics) 1st Edition

by Eilis Ward (Editor), Gillian Wylie (Editor)

 

 

http://www.readcube.com/articles/10.4324/9781315671437?author_access_token=CxraL-EyfweRmqUaUzp2mQLBIUWHziPdsn0vlMIwK3ThNDVrYF1U09lJam69h-SodlczmV0NZUKK01qmtoYPJFef4Z75mtJ9an59l6BUqDhUsnvQESsuxF-4WBPTmZ-U

 

INTRODUCCIÓN

Ellis Ward y Gillian Wylie

Introducción al neoabolicionismo: definición, conductores y debates

Cuando el gobierno sueco adoptó su Ley de Compra de Sexo en 1999, era difícilmente imaginable que la medida daría prestigio al Estado sueco al presentarlo como un supermodelo global para las políticas de prostitución en las décadas siguientes.

Aunque tradicionalmente las políticas de prostitución no han recibido mucha atención política —con algunas notables excepciones, como Nueva Zelanda y los Países Bajos—, los Estados del mundo occidental han empezado recientemente a debatir el comercio sexual como una prioridad urgente y un ámbito de acción imperioso. Dentro de estos debates, una opinión es siempre vociferante y de hecho domina en varias organizaciones internacionales y Estados-nación: que criminalizar a los que compran sexo está funcionando en Suecia y forzosamente lo hará en otros lugares para reducir el comercio sexual y, lo que es más importante, reducir la trata con fines de explotación sexual.

Para los académicos hay mucho que analizar en este fenómeno y mucha complejidad que es necesario desenredar. Una cuestión central que requiere un análisis es la pregunta a menudo planteada: ¿cómo ha llegado a dominar este modelo neoabolicionista la forma en que muchos gobiernos y organizaciones de la sociedad civil piensan acerca de la prostitución y el comercio sexual? Esta pregunta está en el corazón de este libro.

Este libro intenta ofrecer algunas explicaciones para la influencia creciente del neoabolicionismo, documentadas en estudios de casos de activismo político y prácticas estatales en un número selecto de jurisdicciones. Nuestro interés está en una evaluación crítica del surgimiento y ascenso del neoabolicionismo y su fundamento en un conjunto de creencias sobre su éxito en el ejemplo, es decir, Suecia. La política de Suecia ha sido legitimada a su vez por un fuerte discurso internacional que ha influido con éxito en cómo actores políticos y civiles piensan en la prostitución y el comercio sexual a principios del siglo XXI.

Ahí radica el desafío tanto para los responsables de la política como para los académicos. Mientras que los defensores del neoabolicionismo —sean activistas feministas radicales, grupos de presión religiosos o políticos— afirman que ésta es la única respuesta a las cambiantes circunstancias del comercio sexual de hoy, otras voces critican tanto las suposiciones contenidas en el modelo como su idoneidad como una respuesta de ‘talla única para todos”. Por lo tanto, el debate se ha polarizado y la compleja realidad de reconocer múltiples posiciones, múltiples situaciones y la relevancia del contexto al crear políticas alrededor del comercio sexual se ha vuelto algo desorientada. De hecho, el poder ejemplar de Suecia como modelo se refleja en el foco central de este libro en sí mismo: cómo explicar la manera en que este enfoque ha llegado a establecerse como la norma contra la cual todos los demás son medidos.

Antes de entrar en las discusiones que siguen, es necesario aclarar lo que se entiende por neoabolicionismo. El neoabolilionismo puede concebirse como una nueva versión de un enfoque establecido de la prostitución, el abolicionismo, que busca cerrar los espacios y lugares donde se practica el sexo comercial. Esto funciona criminalizando las actividades relacionadas con el trabajo sexual como el proxenetismo, la especulación, el vivir de los ingresos de la prostitución, la organización, y así sucesivamente. Podemos pensar en esto como un régimen que intenta estrangular el “suministro” criminalizando sus tecnologías, humanas o de otro tipo, pero que, sobre el papel al menos, no castiga a la vendedora.

El neoabolicionismo continúa argumentando que los Estados deben intentar abolir la prostitución, pero cambia la atención hacia la demanda como el pivote para este objetivo final. Si la demanda de sexo comercial es un crimen, entonces la oferta se marchitará en la vid. Este cambio se adoptó por primera vez en el mundo occidental en Suecia como parte de su programa de feminismo radical y postuló el sexo comercial, en el cual las mujeres eran vendedoras y compradoras de hombres, como una expresión inaceptable y violenta del patriarcado, que requería una intervención estatal mejorada. Así pues, se concibió como una política destinada a abolir la prostitución per se. A través de un proceso descrito en otro lugar (véase Swanstrom en este volumen), rápidamente se reelaboró nuevamente para incluir el objetivo de combatir la trata de mujeres con fines de explotación sexual, en respuesta a la presencia de mujeres inmigrantes en el comercio sexual sueco y convirtiéndose así en una premonición de los marcos internacionales de lucha contra la trata que luego emergieron en la ONU, la UE y otros lugares.

Esta breve historia social de la idea aísla los dos temas que definen el neoabolicionismo. En primer lugar, entiende la prostitución en sí como una forma de violencia contra la mujer, de acuerdo con los relatos feministas radicales de las relaciones de género y el poder de género. En segundo lugar, considera que la prostitución y la trata sexual son inseparables tanto desde el punto de vista conceptual (cómo pensamos en ellas) como en términos de leyes (cómo los Estados responden a ellas). Por lo tanto, el neoabolicionismo desagrega la “trata sexual” de otras formas de trata (como la laboral o el tráfico de órganos) y, en términos de política, desvincula la prostitución de los marcos de política social tales como la reducción de daños y las medidas contra la pobreza y se centra en cambio en las respuestas de la justicia penal y la aplicación de la ley.

Desde que la Ley de Suecia entró en vigor en 1999, Finlandia y Noruega, Irlanda del Norte, Francia y la República de Irlanda han adoptado o están a punto de adoptar el neoabolicionismo, aunque no siempre fielmente. En Irlanda del Norte, por ejemplo, las mujeres que venden sexo en grupos de más de una persona pueden ser procesadas ​​por propietarias de prostíbulos, produciendo así una extraña variante del neoabolicionismo que concibe a la persona que vende sexo como víctima y perpetradora de un delito al mismo tiempo, lo que sin duda es una profunda contradicción.

Mientras que la defensa del neoabolicionismo debe mucho al feminismo radical, es notable que otros grupos de presión , muy diferentes, también apoyan la idea. Más obviamente en el contexto de Estados Unidos, pero también en otros lugares como Irlanda del Norte, están en juego las fuerzas religiosas conservadoras y fundamentalistas (Bernstein 2012: Weitzel 2007; Zimmerman 2013). La improbable colaboración del feminismo y el fundamentalismo se manifiesta en una forma de gobernanza feminista (Halley 2006) o “feminismo carcelario” (Bernstein 2012) y se ha convertido en un componente clave de la política exterior de Estados Unidos con implicaciones directas en las relaciones internacionales. El compromiso contra la prostitución exigido a los beneficiarios de ayuda de los EE.UU. durante la administración Bush es un ejemplo clave de este impacto.

Aquí encontramos un aspecto adicional e inicialmente quizá desconcertante de la popularidad del neo-aboficionismo: su alianza con el neoliberalismo como una forma de gobierno y un conjunto de ideas o un ideal. Evidencia de esta convergencia se encuentra, por ejemplo, en la crítica de Bumiller (2008) a la alianza del feminismo radical con el Estado neoliberal en relación con la violencia sexual y en relación con la ley y las regulaciones sexuales de manera más general (Halley 2006). Desde este punto de vista, la formulación de la prostitución como una forma de violencia contra la mujer encaja con ciertos valores neoliberales o, al menos, no causa problemas a los Estados neoliberales. Por ejemplo, la influencia del neoabolicionismo en los programas de salida de la prostitución en los Estados Unidos encaja bien con un paradigma neoliberal de desviar la responsabilidad del bienestar social del Estado hacia los individuos, a los que se hace hiperresponsables (Leon Crysanthi, Shdaimah y Corey 2012: 269) Tema también identificado en relación con el Reino Unido (Scouter y O’Neill 2007: Carlin y Scouter en este volumen). Ejemplos como éstos dan peso a un argumento convincente de que las ideas feministas radicales, en particular sobre la violencia de género (incluyendo la prostitución en sí misma), han encontrado un hogar cómodo en el Estado neoliberal punitivo (Halley 2006. BumiIler 2008: 160).

Sin embargo, aunque el neoabolicionismo parece florecer en contextos neoliberales, un examen superficial no revela ningún patrón de correspondencia entre el tipo de Estado y el tipo de régimen de prostitución. De hecho, la tesis neoliberal parece estar confundida por el caso tanto de Suecia como, al otro extremo del espectro, de Nueva Zelanda. Suecia es un Estado de bienestar “feminista de Estado” y la prohibición de compra de sexo es parte integral de su agenda de igualdad intervencionista. Entiende que el Estado puede intervenir en los actos sexuales entre adultos para reparar y reequilibrar las desigualdades de género y está profundamente arraigado culturalmente en la larga historia de Suecia (Carson y Edwards, 2011). En cambio, Nueva Zelandia tiene una política completamente diferente que no criminaliza el acto de comprar o vender sexo y, en cambio, trata de regular la actividad a través de otros temas como los relacionados con la fiscalidad, la salud y la seguridad, la violencia sexual y el acoso, etc. Nueva Zelanda, en efecto, rechazó la idea de una prohibición de compra de sexo, pero Harrington argumenta que, contra los autores citados anteriormente, su régimen se ajusta cómodamente a las ideas de la mercantilización de la economía y de la sociedad inherentes al neoliberalismo del Estado (Hanington, 2012). De hecho, a menudo se argumenta que el neoliberalismo es bueno para las trabajadoras sexuales porque su privilegio del individualismo y las fuerzas del mercado pueden racionalizar el tipo de normas sociales dentro de las cuales las mujeres que se dedican al comercio sexual pueden hacerlo sin necesariamente ser estigmatizadas. En este enfoque, la venta de sexo se convierte por lo tanto, en un acto equivalente a vender cualquier otro “producto”.

El hecho de que no exista una relación directa entre los regímenes neoliberales y el neoabolicionismo puede estar en función de las contradicciones que existen dentro de la idea del neoliberalismo en sí mismo. Wendy Brown (2015) sostiene que el neoliberalismo es un concepto polémico, caracterizado por la ambigüedad. Es un fenómeno global, pero es inconsistente y no sistemático en su manifestación. Sin embargo, la manera en que regímenes del trabajo sexual diametralmente diferentes pueden “encajar” en los marcos neoliberales tiene sentido cuando concebimos al neoliberalismo no como una ideología, un conjunto de prácticas estatales singulares, coherentes y políticamente liberales, sino como conteniendo contradicciones y dinámicas complejas (Lamer 2000) que incluyen tendencias hacia ideologías políticas conservadoras y liberales.

Dejando a un lado la gran teoría, este libro sugiere que el mejor enfoque para considerar por qué el neoabolicionismo se ha vuelto tan influyente en el mundo occidental contemporáneo es, en efecto, construir la teoría desde el principio, basándose en estudios de casos concretos. Mientras que el neoabolicionismo tiende a ofrecer las mismas prescripciones políticas donde quiera que sea escuchado, en contextos variables debe adaptarse a las condiciones, historias y subjetividades locales. Sin embargo, no siempre ha tenido éxito precisamente debido a esas condiciones locales, como ilustran algunos de nuestros casos. De este modo, la historia de la organización de las trabajadoras sexuales en Nueva Zelanda seguramente es la principal barrera al neoabolicionismo allí. Mientras que las estructuras del gobierno australiano y la división relacionada de los poderes legislativos (O’Brien en este volumen) hacen extremadamente difícil para el activismo neoabolicionista tomar posiciones allí a pesar de una marea de apoyo a su agenda.

Aquí sugerimos, a partir de los estudios de caso presentados en este libro, un conjunto de conductores —factores, actores, fuerzas e instituciones— del neoabolicionismo. Sin embargo, es posible que no se encuentren en todas partes, o que de hecho funcionen de manera contraria dependiendo de las particularidades de cada contexto. Los lectores observarán que estos conductores se reflejan de una forma u otra a través de los capítulos a seguir.

 

Los conductores del neoabolicionismo

 

1 Suecia como supermodelo

Esto puede parecer un punto obvio dado la omnipresencia de las referencias al “modelo sueco” por sus defensores, pero es un punto insuficientemente reconocido y hay razones por las que la “suecidad” del modelo es particularmente influyente. Una de ellas es la percepción internacional generalizada de Suecia como una economía equitativa y justa desde el punto de vista moral. Gracias al estatus de Suecia como un “buen ciudadano internacional”, el neoabolicionismo gana legitimidad por asociación. Una segunda razón por la que el modelo se promueve tan exitosamente radica en el impacto de la acción consciente del Estado sueco. El Estado pone fondos y recursos políticos en la promoción del modelo en el extranjero (en la UE, por ejemplo) y en la acogida de delegaciones parlamentarias en el país, como lo atestiguan algunos de los capítulos del libro. El papel de Suecia en promover activamente su enfoque, como parte de su propia creación de imagen en el ámbito internacional, no puede ser subestimado al explicar la capacidad de la idea de obtener acogida en otras partes.

2 Redes transnacionales en la política internacional

La mayor parte de este libro toma como base la aproximación a la política del neoabolicionismo dentro de cada país “desde cero”. No cabe duda de que las redes transnacionales de promoción han sido actores influyentes en la difusión de la idea. Utilizando los espacios creados para ejercer presión en torno a las organizaciones mundiales y regionales, las redes de activistas neoabolicionistas han influido en marcos internacionales sobre la trata sexual, vinculando el tema estrechamente a las políticas de prostitución y abordando “el lado de la demanda”. Muchos de estos grupos de promoción transnacional están asociados con el movimiento mundial de lucha contra la violencia contra la mujer, que ha crecido cada vez más desde la Conferencia de Pekín de 1995 y ahora está integrado en grupos de presión transnacionales como el Lobby Europeo de Mujeres (EWL) cuyo papel clave en la promoción del abolicionismo en Europa es significativo. Los activistas locales de la sociedad civil, que intentan domesticar los ideales neoliberales en sus propios contextos, buscan a los aliados de la sociedad civil global como EVVL y la Coalición contra la Trata de Mujeres, para reforzar su posición.

3 Movimientos contra la violencia contra las mujeres en la política nacional

Mientras que el feminismo ha tenido un debate largo y continuo sobre sus posiciones en el trabajo del sexo, el neoabolicionismo, que postula el trabajo del sexo como intrínsecamente una forma de violencia, logró adaptarse con precisión a los avances hechos por movimientos contra la violencia contra las mujeres en diversos ambientes políticos nacionales. Si bien están vinculadas a organizaciones transnacionales como el EVVL (su Observatorio de la Violencia Contra la Mujer, por ejemplo), como se mencionó anteriormente, muchas organizaciones pequeñas y locales de mujeres han incorporado la idea de la intervención estatal y asegurado el financiamiento estatal para trabajar en contra de la violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer. Estos grupos afilaron sus dientes a través de muchos años de activismo a nivel local y nacional para conseguir refugios, programas de educación pública y muchas otras iniciativas. El neoabolicionismo se basó fácilmente en estos esfuerzos y en la experiencia de los grupos de presión para legitimar y popularizar su agenda.

4 Normas de moralidad anticuadas

Un elemento importante del atractivo de la retórica abolicionista consiste en recurrir a valores simplistas del bien contra el mal en lugar de ofrecer un análisis racional de las políticas basado en datos rigurosos. El conocimiento empírico sobre la naturaleza y la extensión del sexo comercial a menudo carece de rigor, o reconocimiento de la complejidad, en muchos contextos nacionales. Por el contrario, los debates sobre la prostitución y el trabajo sexual están a menudo cargados emocionalmente, ofrecen resistencia a los hechos fehacientes, están gobernados por una ideología muy explícita, concurridos por informantes con conocimientos limitados, preeminentemente preocupados por el simbolismo, y finalmente sujetos a cambios abruptos (Wagenaar y Mink 2012). Desde esta perspectiva, por lo tanto, el éxito del neoabolicionismo puede explicarse como una función de la dinámica particular de la formación de normativas de prostitución, tal vez distintas a las de otros ámbitos normativos (como el medio ambiente o el transporte) en la que las preocupaciones morales a menudo triunfan sobre la evidencia. Este argumento sugiere, pues, que es el poder discursivo del neoabolicionismo, su carga moral, lo que le lastra, junto (como ilustran algunos capítulos) a la convergencia de la “anticuada” moralidad sexual conservadora con su primo cercano cuando se trata del comercio sexual: el más a la moda feminismo radical.

5 El imaginario de la trata

El pensamiento neoabolicionista depende en gran medida de la creación de una equivalencia irreductible entre la prostitución y la trata sexual y el poder de la idea de que la trata sexual es un fenómeno enorme y abrumador. Esto no quiere decir que la explotación de las personas que se mueven global o localmente en el comercio sexual no tenga lugar (sería absurdo negar esto) sino que la idea de “trata sexual” se ha utilizado con gran efecto político de la misma manera que la trata de blancas funcionó en la primera parte del siglo XX (Doezema 2010, Soderlund 2013). El imaginario contemporáneo traza una equivalencia entre la prostitución y lo que se denomina trata sexual, porque ambos se entienden fundados en la violencia y la imposibilidad de consentimiento. Confiar en el imaginario de la víctima de trata —inocente, mujer, explotada— supera todos los otros enfoques, incluyendo aquellos que buscan incluir debates sobre la libertad en relación con el cuerpo sexual o la autonomía corporal. A pesar de las estadísticas impugnadas y la complejidad de la “trata” (véase, por ejemplo, Sharma 2003), el poder de este imaginario apunta a las dificultades encontradas para llevar la evidencia empírica al debate. Las víctimas de la trata son, por definición, invisibles y como tal siempre presentes e irrefutables. En virtud de su supuesta inocencia y victimización, siempre triunfarán frente a una trabajadora sexual cuyo estatus es tradicionalmente, aunque con algunas excepciones, considerado política, social y moralmente problemático, incluso dentro de la teoría feminista (Beloso 2012). El imaginario de la trata ha sido particularmente poderoso en los Estados Unidos, permitiendo al Estado asumir el papel de protector benevolente para hacerlo encajar con sus propios intereses territoriales (Soderlund 2005). Sorprendentemente, Portugal está solo entre los Estados miembros más antiguos de la UE como carente de pensamiento neoabolitionista a pesar de la presencia tanto de un movimiento feminista fuerte como de un comercio del sexo. Un fenómeno posiblemente explicado por el hecho de que la “trata” no es un problema para el Estado.

6 El evangelismo religioso

Las neoabolicionistas feministas se han encontrado como extraños compañeros de cama con los cristianos evangélicos en la lucha contra la prostitución / trata sexual. En el contexto americano, los cristianos evangélicos de derecha sostienen ideales neoabolicionistas a pesar de partir de puntos de vista diametralmente diferentes a los de las feministas radicales. Los evangélicos están preocupados por apuntalar la vida familiar heterosexual nuclear y oponerse a la “esclavitud” porque niega a la gente la libertad de seguir a Cristo (Zimmerman, 2013). Se podría argumentar que esta poderosa alianza entre el feminismo radical y la derecha religiosa aseguró la prevalencia del neoabolicionismo en los Estados Unidos. Además, otras tradiciones dentro del cristianismo también pueden conducir al respaldo del neoabolicionismo, como en Francia, donde el neoabolicionismo actual implica una convergencia del feminismo y los movimientos católicos históricos de rescate y justicia social (Mathieu 2016).

7 La cultura política nacional dominante

Como se mencionó anteriormente, el pensamiento neoliberal es un ideal y un conjunto de prácticas encontrados entre las democracias avanzadas discutidas en este libro. Sin embargo, como también se admitió anteriormente, el contexto neoliberal puede funcionar en ambos sentidos en relación con el comercio sexual. El libre mercado puede legitimar el sexo comercial, así como la transferencia de la responsabilidad del bienestar desde el Estado a los individuos puede promover una confluencia entre el abolicionismo neto y los enfoques de usar la justicia penal para tratar la prostitución. Por otra parte, las contradicciones internas del neoliberalismo también son evidentes en el deseo de los Estados liberales de permitir el libre mercado de los bienes a la vez que se evitan con determinación los movimientos transfronterizos de personas. La tendencia común de los Estados capitalistas avanzados a buscar el control de la inmigración en nombre de la seguridad puede crear una causa común con aquellos que buscan criminalizar a los tratantes de sexo y a los compradores de sexo. Dentro de estas corrientes políticas globales, por lo tanto, la importancia del neoabolicionismo en lugares particulares todavía depende mucho de la intersección entre el ideal y las culturas políticas locales. Así, la resistencia al neoabolicionismo puede provenir del individualismo histórico de Nueva Zelanda, mientras que la empatía con la idea se puede encontrar en el feminismo estatal de Suecia, en la historia del regulacionismo moral en Irlanda o en el cambio hacia la responsabilidad personal en Inglaterra y Gales. Las diferencias nacionales, incluidas las culturas y las instituciones políticas, por lo tanto, jugarán un papel en cómo el neoabolicionismo es conducido y quién lo conduce.

8 Política consensuada entre partidos

Un tema llamativo del éxito del neoabolicionismo es el grado de consenso entre los distintos partidos alcanzado en diferentes sistemas políticos. En Suecia. Inglaterra y Gales, Irlanda y los Países Bajos, partidos de todo el espectro, por lo general divididos en otros temas de moralidad privada (sobre cuestiones de derechos de aborto, por ejemplo, o más tradicionalmente sobre la homosexualidad) han encontrado suficiente causa común para trascender lo que los científicos políticos habitualmente denominan escisiones políticas . Donde esto ha ocurrido, es realmente difícil que las opiniones contrarias sean aireadas y / o legitimadas.

9 La fuerza o debilidad relativa de las organizaciones de trabajadoras sexuales

Por último, cualquier discusión sobre los factores conductores del neoabolicionismo necesita referirse a la presencia o ausencia de organizaciones de trabajadoras del sexo y su influencia estratégica o política dentro de cualquier forma de gobierno. Es una tentadora simetría argumentar que cuando hay organizaciones de trabajadoras sexuales fuertes y políticamente astutas el neoabolicionismo por lo menos tendrá ante sí un hueso duro de roer. En este sentido, podríamos argumentar, para poner de manifiesto un punto obvio, que su ausencia se convierte en un impulsor del neoabolicionismo. En los países donde estos movimientos son fuertes, Nueva Zelanda, Australia y los Países Bajos, la política neoabolicionista no ha alcanzado una posición dominante.

Sin embargo, como se trata en el capítulo de los Países Bajos más adelante, se trata de una simetría que no se puede asumir. Igualmente, en los Estados Unidos (la patria, después de todo, de una de las organizaciones originales de trabajadoras sexuales, COYOTE), otros factores, como los identificados anteriormente, han eclipsado el poder y la legitimidad de las organizaciones de trabajadoras sexuales. En este sentido, podemos identificar más correctamente las organizaciones de trabajadoras sexuales quizá como una variable importante en el conjunto en lugar de un conductor diferenciado. Nuestros estudios de caso aquí de nuevo parecen indicar que la mezcla de particularidades locales, incluyendo el poder relativo y el estatus de las organizaciones de trabajadoras sexuales, será significativa en la determinación del resultado de cualquier proceso de reforma de leyes o regulaciones.

 

CONCLUSIÓN


El feminismo carcelario, el Estado y la trabajadora sexual
En una era globalizada, ¿de quién es el poder?

Eilis Ward y Gillian Wylie

Introducción

Las ideas y políticas neoabolicionistas se han vuelto omnipresentes En muchas partes del mundo, está sencillamente dado como hecho probado que criminalizar la compra de sexo reducirá el trabajo sexual y automáticamente provocará una reducción de la demanda que, según se argumenta, es trata con fines de explotación sexual. Por lo tanto, de un solo golpe, junto con la abolición de la prostitución, también se pondrá fin a la trata sexual. Como ilustran los capítulos de este libro, estas ideas en la actualidad animan marcos políticos internacionales y dan forma a muchas políticas estatales hacia el trabajo sexual. Incluso en contextos de países aparentemente inmunes al atractivo de la idea, los activistas neoabolicionistas se conectan con determinación en la esfera pública, impactando en la política local y en las sociedades civiles. Pero, como también ilustra este libro, hay muchos problemas y desafíos en esta línea de argumentación y estos problemas se vuelven a su vez más complejos por las interacciones entre los ideales neoabolicionistas y los regímenes internacionales, las culturas políticas locales y los valores en pugna. A modo de conclusión, ofrecemos algunas reflexiones sintetizadoras sobre el análisis de la trayectoria del neoabolicionismo, reflexiones que se encuentran en los capítulos de este libro, así como algunas reflexiones sobre las implicaciones políticas y sociales de este proyecto feminista radical.

 

Afirmaciones y conductores neoabolicionistas

La afirmación de que “Suecia funciona” es un importante grito de reivindicación y legitimidad para el activismo neoabolicionista, y al que nos referimos al comienzo de este libro. Sin embargo, a lo largo de los capítulos, la idea de que existe una fuerte base de evidencia para el modelo sueco o las prohibiciones de compra del sexo se demuestra repetidamente que es frágil, no menos en el capítulo de Yvonne Swanstrom que señala la falta de una evaluación apropiada de la prohibición de la compra del sexo. A lo largo del libro se cuestiona la base empírica para abogar por criminalizar la demanda masculina. Por ejemplo, el capítulo sobre Irlanda muestra que las estadísticas a menudo citadas en defensa de la posición neoabolicionista son dudosas. En general, la confluencia de la cuestión de la trata sexual con la prostitución es una presunción central del neoabolicionismo porque la imagen predominante de la víctima de la trata como una mujer violada e inocente refuerza las llamadas a criminalizar la demanda y a superar cualquier preocupación “liberal” con la reducción del daño, la libertad de elección o la autonomía personal o las llamadas de atención en cuanto a la complejidad y diversidad dentro del comercio sexual y la viabilidad de la propuesta. Pero también aquí la evidencia sobre la naturaleza y extensión de la trata sexual es altamente problemática y politizada (Feingold 2010; Vance 2011). Lo que estamos sugiriendo aquí es que la influencia generalizada del neoabolicionismo no puede ser explicada en términos de “hechos” establecidos o eficacia probada de esa normativa, sino que su ascenso indudable tiene raíces políticas e ideológicas. Este libro intentó descubrir esas raíces y la interacción entre una idea muy poderosa (el relato feminista radical del comercio sexual) con los procesos políticos y las instituciones de los Estados seleccionados aquí.

Al comienzo de este libro identificamos una serie de conductores del neoabolicionismo, derivados de una visión general de los capítulos aportados. Sugerimos que estos conductores: el ejemplo sueco; el activismo transnacional feminista radical; la violencia contra las mujeres; las normas anticuadas de moralidad; el “imaginario de la trata”; el cristianismo evangélico; las culturas políticas mundiales y locales; y la fuerza del activismo del trabajo sexual, todos se intersectan para producir diversos grados de tracción para el neoabolicionismo en diferentes contextos Esperamos que, ahora al final del libro, la forma específica en que estos conductores combinados ejercen influencia dentro de cada contexto se haya vuelto más claro para los lectores y ayude a dar un sentido analítico a por qué el neoabolicionismo florece o falla en uno u otro lugar.

 

El activismo neoabolicionista tiene un alcance global que se desprende del impacto del activismo feminista transnacional en la ONU y en la UE y en las alianzas estratégicas que los activistas llevan a cabo con los Estados nacionales impulsando su agenda internacionalmente. Después de Palermo y su seguimiento en organizaciones regionales como la UE, los Estados-nación se vieron presionados para adoptar nuevos marcos de lucha contra la trata que a menudo están estrechamente asociados con las medidas neoabolicionistas para frenar la demanda de sexo comercial. Sin embargo, las nuevas normas internacionales no se traducen exactamente a los Estados-nación (Acharya 2004). Aquí los otros conductores también son cruciales en términos de alianzas, estratégicas o de más largo plazo, entre feministas radicales, grupos religiosos y partidos políticos, la presencia o ausencia de contraofertas y la naturaleza de las estructuras políticas, las políticas predominantes y las costumbres políticas. De Suecia a Nueva Zelanda, de los Estados Unidos a Australia y de los países situados en medio, el libro ha sugerido que necesitamos estudiar cada lugar “desde cero” y, con miras a su situación internacional, analizar por qué el neoabolicionismo arraiga o no a través de una lectura contextualizada de estos factores entremezclados.

Por supuesto, es necesario introducir aquí la advertencia usual que “se necesita más investigación”. Nuestro alcance en términos de estudios de casos y contenido de cada capítulo fue necesariamente limitado por el espacio y es posible que otros conductores se estén también presentes en los contextos en estudio. El papel de los medios de comunicación, por ejemplo, se menciona a lo largo de los capítulos, pero está fuera del enfoque del libro y quizá requiere una atención específica. Por otra parte, nuestro escrito se centra en los estados democráticos liberales avanzados y dentro de ese grupo en solamente un puñado seleccionado. Es necesario explorar las experiencias de organizaciones de otros Estados como Grecia, Italia y Hungría, y de Estados de América Latina, Asia y África. Se necesita , de hecho, más investigación, pero sugerimos que los conductores identificados aquí proporcionan un marco útil para ayudar a la investigación comparativa.

Prostitución, feminismo y Estado

Si bien el énfasis en este libro está en las lecturas matizadas del impacto del neoabolicionismo en lugares y espacios particulares, existe una preocupación general, incluida en el título del libro, de explorar lo que todos estos casos nos dicen acerca de las relaciones entre “prostitución, feminismo y Estado” en las democracias contemporáneas, avanzadas y liberales. Como queda claro en cada discusión, el neoabolicionismo lee la prostitución como una encarnación de la desigualdad de género y una forma de violencia contra las mujeres. También vincula la prostitución contemporánea con el imaginario de la trata sexual que se fundamenta en un tosco binario. Este binario niega la posibilidad de consentimiento o autonomía a las que venden sexo y presenta al tratante o al comprador de sexo como siempre hombre, poderoso y criminal. Esta lectura legitima las respuestas estatales al comercio sexual punitivas y procesales, con la ira del Estado (y de las feministas) ostensiblemente dirigida a los hombres pero, más a menudo, creando situaciones cada vez más complicadas para quienes venden sexo. Como tales neoabolicionistas son ejemplos arquetípicos de feministas carcelarias (Bernstein 2010), aliándose con los Estados para criminalizar a aquellos a quienes ven como los autores de la desigualdad. Sin embargo, al hacer estas alianzas con los Estados, terminan por sumarse a políticas a) diseñadas para promover enfoques neoliberales a los problemas sociales y b) promotoras de la exclusión de los trabajadores inmigrantes.

El capítulo británico de Scoular y Carline ofrece un ejemplo de la primera de estas tendencias. Aunque no es un régimen totalmente neoabolicionista, la regulación de la prostitución en Inglaterra y Gales se está moviendo en esta dirección con medidas cada vez más punitivas contra compradores masculinos. Estas políticas son paralelas a las medidas neoliberales de responsabilidad dirigidas a las mujeres que venden sexo, con la esperanza de que se autorreformen. Sin embargo, como hemos señalado al principio, la complejidad de cada caso significa que otras formas de feminismo también pueden encontrarse compinchadas con las políticas estatales de bienestar bajo condiciones de neoliberalismo generalizado, como ilustra la larga tradición del feminismo de Estado en Suecia.

Casi todos los capítulos incluyen una enseñanza de las maneras en que el neoabolicionismo feminista juega en la segunda de estas tendencias. Sobre todo tras el entrelazamiento del pensamiento sobre la prostitución con suposiciones sobre la trata sexual transnacional, las políticas neoabolicionistas pueden terminar implicadas en la justificación de un enfoque carcelario de la política fronteriza. Esto es muy claro, por ejemplo, en el capítulo de O’Brien sobre Australia que demuestra cómo los discursos de la criminalidad y la ilegalidad de la inmigración, ejemplificados por la trata, alinean las aspiraciones neoabolicionistas con la legitimación de las políticas migratorias de exclusión. Swanstrom sugiere que el uso de la prohibición de compra de sexo para desarrollar la política de inmigración y trata no era el objetivo de sus defensoras feministas, preocupadas por sus ideales de igualdad de género. Sin embargo, Halley (2006) sugiere que la determinación de las “feministas de gobernanza” de “recorrer los pasillos del poder” y abogar por los enfoques carcelarios tiene consecuencias problemáticas que deberían haber previsto. De nuevo, sin embargo, es importante reconocer que otras influencias dentro del feminismo también pueden enfocarse como colaboradoras (intencionalmente o no) con la política de control migratorio. El capítulo de Heumann y otros sobre los Países Bajos revela que el ímpetu político para la legalización de la prostitución procedía de la intención de separar a las trabajadoras locales legales de las extranjeras irregulares en lugar de un compromiso purista con los derechos de las trabajadoras sexuales. Irónicamente, el enfoque sueco de “imagen en espejo” también puede producir una jerarquía de víctimas del comercio sexual, dividiendo a las víctimas “nativas” de las trabajadoras sexuales “extranjeras” (Skilbrei y Holmstrom, 2013).

Por lo tanto, el libro muestra cómo el feminismo radical, revitalizado como activismo neoabolicionista, ha llevado al feminismo y a muchas organizaciones y movimientos de mujeres a una conexión preocupante con las agendas estatales y neoliberales. Además, las consecuencias negativas del neoabolicionismo para las mujeres que venden sexo y para las mujeres lnmigrantes en el mundo contradictorio de la globalización neoliberal parecen claras.

 

Conclusión

Las historias contadas en este libro tratan por tanto de los movimientos y alianzas de muchas ideas grandes e instituciones poderosas. Tratan del movimiento de una idea feminista radical en el seno de los aparatos de justicia penal del Estado. Tratan de los cambios profundos que se han producido en el comercio sexual provocados por la innovación tecnológica y los desafíos que ello implica tanto a la policía como a nuestras opiniones de justicia, derechos, moralidad, inclusión y exclusión. Tratan de la toma de posición estatal ante la inmigración y las desigualdades globales. Tratan de la tensa relación entre la evidencia y la formulación de políticas en un ámbito político que se ve afectado por la producción de conocimiento. También son historias sobre cómo algunos Estados (Suecia y los Estados Unidos) utilizan ciertas ideas para sus propios propósitos de Estado en las relaciones internacionales. Sin embargo, a lo largo de todo este libro y en las preocupaciones de los autores, no se encuentra el imaginario sino la realidad de la trabajadora sexual y en particular de la trabajadora sexual inmigrante. Nuestro enfoque en lo político, lo ideológico y lo institucional en el libro, necesariamente miró más allá de esta realidad y abarcó las narrativas más sociológicas y personales necesarias para explorar este campo. Sin embargo, queremos concluir reuniendo de nuevo todos estos ámbitos, desde el cuestionamiento del poder estatal, el feminismo de gobernanza y las ideas sobre el neoliberalismo hasta la realidad cotidiana de las trabajadoras sexuales. Dada la agenda liberal e inclusiva del feminismo, su rechazo de las políticas de dominación y su valoración de la subjetividad, es más preocupante que la “lógica primaria” del feminismo radical (Sandbeck 2012) dentro del neoabolicionismo sea una agenda de orden público, de mecanismos de justicia penal, encarcelamientos, actuación estatal prioritaria y avance de la política neoliberal. El feminismo radical ha permitido al poder del Estado reducir a un estereotipo, cosificar y victimizar los cuerpos de las trabajadoras sexuales inmigrantes y de todas las trabajadoras sexuales.

Referencias

Acharya, A. (2004) ‘How Ideas Spread: Whose Norms Matte?? Norm Localization and Institutional Change in Asian Regionalism’, International Organization, 58(2): 239-275.

Bernstein, E. (2010) ‘Militarized Humanitarianism Meets Cameral Feminism: The Politics of Sex, Rights and Freedom in Contemporary Anti-trafficking campaigns’, Signs, 36(1): 45-71.

Feingold, D. (2010) ‘Trafficking in Numbers: the Social Construction of Human Trafficking Data’ in P. Andreas and K. Greenhill (eds) Sex, Drugs, and Body Counts: The Politics of Numbers in Global Crime and Conflict. New York Cornell University Press, pp. 46-74.

Halley, J. (2006) Split Decisions: How and Why to Take a Break from Ferninian. Princeton, NJ and Oxford: Princeton University Press.

Sandbeck, S. (2012) ‘Towards an Understanding of Carceral Feminism as Neo-liberal Biopower’ unpublished paper delivered at the annual conference of the Canadian Political Science Association, University of Alberta, Canada.

Skfibrei, M. L. and Holmstrom, C. (2013) Prostitution Policy in the Nordic Region: Ambiguous Sympathies Farnham and Burlington, VA: Ashgate.

Vance, C. (2011) ‘States of Contradiction: Twelve Ways to Do Nothing About Trafficking while Pretending to’, Social Research, 78(3): 933-948.

La actualidad del abordaje de la trata de personas para la prostitución forzada en España. El Plan Integral y sus implicaciones para trabajadoras del sexo inmigradas

Estefanía Acién González
Investigadora, Centro de Estudio de las Migraciones y las Relaciones Interculturales, Universidad de Almería, España.
eacien@ual.es

Francisco Checa y Olmos
Profesor Titular de Área de Antropología Social, Universidad de Almería, España.
fcheca@ual.es

20 de abril de 2011

Puede descargarse el artículo en versión PDF aquí:

http://www.ugr.es/~pwlac/G27_08Estefania_Acien-Francisco_Checa.pdf

 

 

RESUMEN

El Gobierno español, en diciembre de 2008, aprobó el Plan integral contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual,(1) que sienta las bases estratégicas para combatir esa lacra. Este trabajo resume el plan, muestra críticas que se vertieron sobre el mismo desde entidades que trabajan con población vulnerable a la trata con fines de prostitución forzada, y se presentan algunas consecuencias que está teniendo su aplicación. Se extraen, básicamente, dos conclusiones: Por una parte, la perspectiva abolicionista del Gobierno a la hora de abordar el fenómeno de la trata parece estar desviando las energías a eliminar la prostitución en sí más que a plantear estrategias realistas de detección de víctimas y, por otra, existen razones para dudar de la idoneidad de las actuales estrategias de identificación y protección de posibles víctimas, ya que parece que sirven más al control de fronteras y de la inmigración irregular que a la detección y protección de supuestas víctimas y la garantía de sus derechos humanos.

 

  1. Introducción

En el contexto migratorio que vivimos, los movimientos transnacionales son cada vez más complejos y diversos. Hay quien afirma que esto sucede a través de un proceso de mundialización caracterizado por el incremento de países implicados -de origen, destino y tránsito- y la multiplicación de rutas migratorias. Dentro del fenómeno, decenas de miles de personas procedentes de estados empobrecidos desean trasladarse a otros donde las condiciones económicas son percibidas como capaces de dar salida a sus anhelos de futuro. Para muchas de esas personas conseguir un visado es prácticamente imposible y, por ello, recurren a organizar viajes fuera de la legalidad, encontrando para ello quienes están dispuestos a facilitar su traslado a cambio, muchas veces, de un alto precio. El crecimiento de lo que han llamado la industria de la migración clandestina es uno de los costes más graves de las políticas de control a la inmigración en la actualidad, junto a las tragedias humanas y violencias que se viven en las barreas de entrada, la saturación de los cauces establecidos para demanda de asilo, la fijación de los migrantes en el territorio -por dificultades de movilidad- y problemas de satisfacción legal de demanda de trabajo (Arango 2007: 14).

Así pues, es cada vez más diverso el panorama de las migraciones irregulares, las circunstancias que las acompañan, las formas que adoptan y los niveles de sufrimiento que provocan. Este artículo gira en torno a algunas circunstancias, formas y niveles de sufrimiento muy graves en este sentido y que vulneran de forma más flagrante los derechos humanos: lo que actualmente se conoce como trata de personas y en concreto en su modalidad transnacional (ya que la trata no siempre implica desplazamientos internacionales, también puede darse en el seno de un mismo estado (1)) y la que se da con el objeto de que una persona se convierta en fuente de ingresos a través de su prostitución forzada. A esta realidad se le denomina comúnmente trata de seres humanos con fines de explotación sexual, término no exento de imprecisiones y polémica dependiendo de la perspectiva ideológica que se adopte (Wijers 2001: 254 y sig).

En esta ocasión nuestra reflexión se centra en las estrategias que España como Estado está desarrollando para combatir esta lacra, para ello veremos el Plan integral contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, que entra en vigor a finales de 2008 y pretende desarrollarse hasta finales de 2011. Además, lo contextualizaremos partiendo de sus orígenes en la normativa internacional para después exponer un breve resumen de los aspectos más importantes que sintetizan la estrategia del Gobierno para combatir la trata y ver las principales críticas que se han realizado desde la sociedad civil al Plan. Por último, haremos un discreto balance de su aplicación usando como guía el Informe sobre el estado de la situación del plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, editado por el Ministerio de Igualdad en abril de 2010 e ilustrando la exposición con datos recopilados a través de diversos informes y nuestro propio trabajo de campo en el Poniente almeriense (2).

En este artículo no entraremos en la descripción de las diferentes perspectivas ideológicas desde las que hoy en día se aborda la prostitución, aunque sí es necesario aclarar que el Gobierno español mantiene una postura ideológica muy concreta, la abolicionista (Solana 2008: 138). Y esto tiene mucho que ver con la estrategia de lucha contra la trata. Para nosotros el abolicionismo alberga serios problemas a la hora de sustentar estrategias de combate contra la trata. En primer lugar, se trata de un cuerpo teórico desarrollado en abstracto, es decir, sin basarse necesariamente en el estudio sistemático de la realidad. En segundo lugar, implica considerar la prostitución en sí una violación de los derechos de las mujeres, ya que, según esta perspectiva, todas las que ejercen esta actividad lo hacen de forma forzada (Osborne 1988: 102) y esta generalización es difícilmente defendible en la realidad. Por ello, en tercer lugar, sostener este punto de vista significa vincular inevitablemente prostitución a explotación sexual, término acuñado bajo tales postulados y cuyo uso es altamente arriesgado, al menos desde el punto de vista teórico.

Nosotros pretendemos repasar la línea política que maneja el Gobierno español y aproximarnos al impacto que tiene su puesta en práctica para la realidad de quienes son nuestro objeto de estudio. Nuestra preocupación fundamental es llamar la atención acerca de carencias percibidas, ya que detectamos, de momento, dos problemas fundamentales en el abordaje actual de la trata en nuestro país: Por un lado, creemos que el exceso de celo del Gobierno en situarse desde el abolicionismo afecta al correcto acercamiento al complejo problema de la prostitución forzada a varios niveles -por ejemplo, detectamos un uso tendencioso de los términos en el Plan, marcado por imprecisiones que ignoran la existencia de la trata en sectores ajenos a la industria del sexo y señalan la existencia de la prostitución como único origen del mal que se pretende eliminar, lo que desencadena medidas que afectan negativamente a todas las personas que ejercen esta actividad sean víctimas de trata o no-. Un segundo problema o preocupación es la constatación de que muchas de las medidas adoptadas para la identificación y protección de las víctimas de prostitución forzada parecen anteponer el control de nuestras fronteras y de la inmigración irregular a la garantía de los derechos humanos.

 

  1. La trata. Conceptos y normativa internacional

El ajuste terminológico es precisamente una cuestión no resuelta desde el punto de vista académico, jurídico, político y social, a pesar del consenso existente en el ansia por eliminar la trata. En la base del problema está la delimitación del fenómeno, muy condicionada por la complejidad que presenta y ciertas tensiones ideológicas y morales.

El término trata de seres humanos -o de personas- se encuentra definido en su acepción más aceptada a nivel internacional en el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de naciones unidas contra la delincuencia organizada transnacional de Naciones Unidas, donde aparece como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación” (ONU, 2000, art. 3).

Más recientemente, en el artículo cuarto del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, de 2005, se define de esta manera: “por trata de seres humanos se entenderá el reclutamiento, transporte, transferencia, alojamiento o recepción de personas, recurriendo a la amenaza, uso de la fuerza u otras formas de coerción, el secuestro, fraude, engaño, abuso de autoridad o de otra situación de vulnerabilidad, o el ofrecimiento o aceptación de pagos o ventajas para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con vistas a su explotación. La explotación comprenderá, como mínimo, la explotación de la prostitución de otras personas u otras formas de explotación sexual, el trabajo o los servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extirpación de órganos”.

Hasta llegar a estas definiciones, y desde la segunda mitad del siglo XX, nuestro entorno más cercano (Europa, España) ha conocido múltiples estrategias de abordaje jurídico que han debido lidiar con los disensos en el contenido de la definición determinados por debates ideológicos ante la complejidad de un fenómeno imposible de simplificar.

Uno de los problemas a la hora de aclarar de qué estamos hablando cuando lo hacemos sobre trata de personas para la prostitución forzada ha sido separar ésta de la voluntaria. Una muestra muy clara de ello es el abordaje jurídico internacional, por ejemplo en el Convenio de naciones unidas para la represión de la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena (ONU 1948), donde en el preámbulo se considera que “la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas para fines de prostitución, son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana y ponen en peligro el bienestar del individuo, de la familia y de la comunidad”. Esta percepción de unión entre la prostitución en sí y la trata -el trabajo como tal y su versión forzada- ha sido un clásico en la manera de abordar la cuestión que nos ocupa y determina el debate y la puesta en práctica de medidas efectivas. De hecho, el citado convenio propone estrategias más enfocadas a perseguir a quienes promueven negocios relacionados con la prostitución que a redes criminales de trata, véase como ejemplo la siguiente redacción del artículo 2: “Las partes en el presente convenio se comprometen asimismo a castigar a toda persona que: 1. Mantuviere una casa de prostitución, la administrare o a sabiendas la sostuviere o participare en su financiamiento; 2. Diere o tomare a sabiendas en arriendo, un edificio u otro local, o cualquier, parte de los mismos, para explotar la prostitución ajena” (ONU 1948).

En el siguiente cuadro podemos ver, en orden cronológico, las principales normas de derecho internacional que regulan la lucha contra la trata de seres humanos, el organismo internacional que las promulga y su fecha de ratificación de España. Todas estas normas han ido recogiendo definiciones y concepciones sobre el problema de la trata y es en ellas donde se puede ver la evolución de las formas de abordaje a lo largo de nuestra historia reciente (García 2006).

Cuadro 1. Sucesión de las normativas internacionales contra la trata de mayor repercusión (1948 hasta la actualidad).

 

Año firma Normativa Organismo emisor Ratificación de España
1948 Convenio de Naciones Unidas para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena Naciones Unidas 1962
1948 Declaración Universal de los Derechos Humanos Naciones Unidas 1955
1950 Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales Estados Europeos 1979
1979 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer Naciones Unidas 1984
1989 Convención de los Derechos del Niño Naciones Unidas 1990
2000 Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía Naciones Unidas 2002
2000 Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional Naciones Unidas 2003
2000 Protocolo para Prevenir, reprimir y Sancionar la Trata de Personas Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional Naciones Unidas 2003
2000 Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Emigrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional Naciones Unidas 2003
2002 Decisión Marco relativa a la Lucha contra la Trata de Seres Humanos Unión Europea 2002
2002 Principios, Recomendaciones y Directrices del Alto Comisionado de las naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre los Derechos Humanos y la Trata de personas Naciones Unidas
2003 Plan de acción de la OSCE “Luchando contra la trata de seres humanos” Consejo Ministerial de la OSCE 2003
2004 Directiva relativa a la Expedición de un Permiso de Residencia a nacionales de Terceros Países que sean Víctimas de la Trata de Seres Humanos o hayan sido Objeto de una Acción de Ayuda a la Inmigración Ilegal que Cooperen con las Autoridades Competentes Comunidad Europea 2004
2005 Convenio del Consejo de Europa para la Acción contra la Trata de Seres Humanos Consejo de Europa 2008
2005 Plan de la Unión Europea sobre Mejoras Prácticas, Normas y Procedimientos para luchar contra la Trata de seres Humanos y Prevenirla Unión Europea 2005

 

Fuente: Elaboración propia.

 

Las tres principales normativas que rigen al respecto en España son: el anteriormente citado Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de naciones unidas contra la delincuencia organizada transnacional (comúnmente conocido como “Protocolo de Palermo de Naciones Unidas”); el Convenio del Consejo de Europa para la acción contra la trata de seres humanos y el Plan integral contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, del Gobierno de España.

Nuestra intención es realizar una fotografía del abordaje del fenómeno de la trata de personas para la prostitución forzada partiendo del análisis del Plan, ya que atendiendo al mismo podemos obtener pistas acerca de la aplicación de la normativa internacional en España, los sustratos teóricos de intervención que el Gobierno actual maneja sobre el tema, el momento en que nos encontramos con respecto al debate social y político y, por último, la efectividad e idoneidad de las estrategias que están llevándose a cabo.

Este análisis se va a usar como herramienta para exponer el estado de la cuestión, así que el objetivo rebasa la exposición del Plan y cuestiones tangenciales. Se trata de facilitar la contemplación del escenario actual a través de: primero, las medidas que adopta nuestro ejecutivo, con un Plan que implica a casi todos los Ministerios y a las Comunidades Autónomas; segundo, el estado del debate social partiendo de apoyos y críticas recibidos por el Plan por una parte de la sociedad civil, las ONG que trabajan en contextos de prostitución y, tercero, efectos reales sobre las personas afectadas o que viven de cerca los efectos de las medidas adoptadas.

 

  1. El plan integral contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual (2008-2012)

Según el resumen ejecutivo del Informe mundial sobre la trata de personas de la oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito de 2009 -que contiene información relativa a 155 países y territorios sobre adopción de medidas de lucha contra la trata-, en noviembre de 2008 el 63% de los países habían aprobado medidas contra la trata en general, mientras que el 16% había aprobado medidas para combatir sólo algunos elementos contenidos en el protocolo. Este es el caso de España, donde el desaparecido Ministerio de Igualdad elabora un plan centrándose únicamente en lo que denomina trata de seres humanos para la explotación sexual. Los antecedentes de esta inquietud limitada y excluyente de otras áreas de efecto de la trata podemos encontrarlos en la preocupación del Gobierno actual por problematizar la misma prostitución, siguiendo la línea abolicionista clásica de unir prostitución y trata (ejercicio voluntario y forzado) como si fueran expresiones de una misma realidad.

En el Informe de la Ponencia para el estudio de la situación de la prostitución en nuestro país, elaborado por la Comisión Mixta (Senado-Congreso) de los Derechos de la Mujer y la Igualdad de Oportunidades (BOCG de 13 de abril de 2007), fijó la postura del Gobierno español al respecto. La comisión asumió el ideario abolicionista en sus argumentos y conclusiones (Solana 2008), apareciendo en la redacción diversas manifestaciones claramente tendenciosas como la que sigue: “Nuestro país (…) aborda la prostitución como una clara vulneración de los derechos humanos de las personas que están en esa situación tal como se contempla en el marco del Convenio de Naciones Unidas para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, de 2 de diciembre de 1948” (Comisión Mixta 2007: 4). Conviene resaltar que el enfoque del Convenio de 1948 al que se hace referencia se considera ampliamente superado por medidas internacionales más recientes que se dirigen al combate concreto de las situaciones de trata (como el Protocolo de Palermo), por lo que es conveniente delimitar la definición de prostitución como el ofrecimiento de servicios sexuales a cambio de remuneración. Continuar considerando la prostitución per se una violación de los derechos humanos no es más que un ejercicio ideológico (Acién 2009: 261). Otro ejemplo del desmarque abolicionista del Gobierno es la siguiente manifestación: “nada aporta la distinción entre prostitución libre o forzada que olvida que el ejercicio de la prostitución atenta contra la dignidad de las personas que la ejercen” (Comisión Mixta 2007: 4). Incluso el propio presidente Zapatero, dos años después, proclama públicamente su repudio hacia el sexo venal, declarando: “Siempre tengo una sensación muy de rechazo hacia la prostitución” (La Vanguardia 05/09/2009).

De esta manera, si el Gobierno entiende que la prostitución debe desaparecer, puesto que es equiparable a explotación sexual al mismo tiempo que la ONU exige medidas contra la trata, y el Ministerio de Igualdad español resuelve la ecuación diseñando medidas que cubran ambos objetivos a un tiempo. Este es el contexto de salida del Plan que aquí analizamos.

El plan, que fue aprobado por el Congreso de los Diputados el 12 de diciembre de 2008 y estará vigente hasta finales de 2011, se estructura en tres capítulos. El primero, a modo de preámbulo, centra la definición de trata, cita los acuerdos y convenios en vigor a nivel internacional y pretende repasar lo que supone el fenómeno de la trata “en el mundo y en España”. El segundo, titulado El plan de acción, es una exposición metodológica. Por último, el tercero reúne las cinco áreas de acción: (1) medidas de sensibilización, (2) de prevención e investigación, (3) de educación y formación, (4) de asistencia y protección a las víctimas, legislativas y procedimentales y (4) de coordinación y cooperación.

El primer capítulo comienza aportando generalidades sobre la trata, aunque se centra exclusivamente en el fenómeno de la trata de mujeres con fines de explotación sexual, aludiendo lo siguiente: “La trata de seres humanos con fines de explotación sexual, especialmente de mujeres y de niñas -sus principales víctimas- constituye una de las vertientes más crueles de este ilícito comercio. Es, en realidad, una manifestación más de la situación de desigualdad en la que se encuentran las mujeres en muchos lugares del mundo y constituye una clara expresión de la violencia de género”.

El segundo aspecto reseñable hace referencia a los cuatro principios rectores del Plan: primero, la necesidad de adoptar la perspectiva de género, que se justifica dado que las mujeres “presentan mayor tendencia a convertirse en víctimas debido a la falta de educación y oportunidades profesionales” (3) y a que “En las últimas décadas, hemos visto surgir un negocio sexual basado en el cuerpo de las mujeres como objeto de consumo”. Vemos aquí cómo se rebasa la barrea de la preocupación por la trata para mostrar tensión contra la propia prostitución. El segundo señala la necesidad de considerar la trata una violación de los derechos fundamentales profundizando en la vinculación anteriormente anunciada: “No se puede desvincular el fenómeno de la trata del de la prostitución”, mientras que el tercero se centra en la realidad transnacional del fenómeno y el requerimiento de cooperación internacional. Por último, el cuarto principio cierra con la idea de que la trata supone un delito que hace imprescindible la actuación policial y judicial.

También en este primer capítulo se cita la puesta en marcha en 2000 de la citada Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos suplementarios; adopta, pues, la definición de trata del Protocolo de Palermo y añade su desglose en tres elementos fundamentales: 1) la acción que consiste en la captación, transporte, embarque o recepción de personas; 2) los medios empleados: amenaza, fuerza, engaño, abuso de poder, vulnerabilidad, pago o remuneración a alguien que ejerza un control previo sobre la víctima y 3) la finalidad de explotación, tanto de tipo sexual, como mediante trabajos forzados, esclavitud y prácticas similares o extracción de órganos.

Llama además la atención sobre la necesidad estadística de evitar la mezcla de términos: “Es importante no confundir la trata de seres humanos con el tráfico ilegal de inmigrantes”. Sin embargo, no se llega a zanjar la confusión: “tanto el tráfico ilegal como la trata de seres humanos se producen a través de los cauces establecidos por las redes de inmigración irregular”. Aunque es constatable que algunas rutas usadas por redes de tráfico ilegal transnacional, se utilizan para conducir a personas que van a ser posteriormente forzadas a trabajar (ONU 2009), no todas las realidades de prostitución forzada tienen que ver con el tráfico de migrantes para la inmigración irregular, ya que estaríamos obviando, por ejemplo, a las víctimas nacionales del país donde se las explota.

El capítulo acaba enfatizando la gravedad de la cuestión y con ese fin alude a la falta de datos fiables. Partiendo de que España es un importante país de tránsito y destino, se justifica la inevitabilidad de “eludir la conexión tan relevante de este fenómeno con la prostitución” e insiste: “la trata de mujeres, niñas y niños existe porque existe la prostitución (…) Un porcentaje muy significativo de estas mujeres [refiriéndose a inmigrantes] estarían en manos de redes de trata de seres humanos”. A partir de este punto se realiza una descripción muy genérica, sin ningún tipo de apoyo en investigaciones o datos comprobables, sobre el proceso de funcionamiento de las redes de trata y la situación de las víctimas.

El segundo capítulo del plan hace referencia a aspectos metodológicos y de objetivos. Así, se redacta sobre el interés de dar respuesta a la preocupación social que suscita el fenómeno, el refuerzo de la colaboración administrativa, con las ONG e internacional y la necesidad de mejorar la actuación policial. Se alude a que se han tenido en cuenta las iniciativas parlamentarias (4) y el marco proporcionado por la Unión Europea (Convenio de 2005).

Los objetivos al respecto se concretan en: (1) Sensibilización social, (2) combate de sus causas a través de políticas activas de cooperación internacional, (3) desarrollo de medidas integrales en los ámbitos judicial, social, educativo, policial, administrativo y de inmigración, con participación de las ONG; (4) asistencia y protección a las víctimas; y (5) “luchar decididamente contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y contra la activa intervención en el fenómeno de traficantes y proxenetas”. Finalmente, el capítulo acaba estableciendo su duración, informando de la creación de un Grupo Interministerial de Coordinación para su seguimiento y evaluación y sobre la intención de generar informes semestrales y una memoria anual.

El tercer y último capítulo ya concreta las medidas que dibujan el plan que se dividen en cinco áreas, cada una de ellas provista de una serie de objetivos que, a su vez, albergan acciones concretas. Seguidamente ofrecemos un brevísimo resumen de la propuesta completa.

El área primera propone medidas de sensibilización, prevención e investigación. Así, contempla el cumplimiento de seis objetivos: (1) Profundizar en el conocimiento del fenómeno de la trata y sus dimensiones (5); (2) sensibilizar a la sociedad sobre el problema a través de campañas en los medios de comunicación, conmemoración del 18 de octubre como Día Internacional contra la Trata de Personas y control de los anuncios de contactos en los medios de comunicación; (3) sensibilizar e informar en el medio educativo colaboración con las comunidades autónomas, (4) informar y sensibilizar a empresas, instituciones y organizadores de eventos públicos y profesionales para la prevención del turismo sexual, (5) mejorar los sistemas de prevención y detección temprana adoptando medidas en los países de origen, en el momento de acceder a territorio nacional -mediante el perfeccionamiento de los controles policiales- y en nuestro país -reforzando los mecanismos de denuncia policial, planificando e intensificando la realización de inspecciones policiales en lugares de riesgo y articulando instrumentos de detección y denuncia en los ámbitos sanitario, asistencial y educativo (6)– y, por último (6) mejorar la capacidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad para la investigación y la lucha contra la trata -mediante la formación, la mejora de planteamientos estratégicos y reforzando las estructuras organizativas, el personal especializado y los recursos tecnológicos y financieros-.

El área segunda versa sobre la potenciación de medidas de educación y formación en trata de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, del funcionariado del Ministerio del Interior y funcionariado, así como los profesionales de administraciones e instituciones, públicas y privadas.

El área tercera es de vital importancia, pues se centra en medidas de asistencia y protección a las víctimas con cinco objetivos: en primer lugar, garantizar la protección a las víctimas y a testigos en aplicación de la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales, incluyendo mecanismos para facilitar la protección de familiares en el país origen, mediante la elaboración de protocolos de coordinación entre entidades responsables y la utilización de la declaración de la víctima como prueba anticipada. En segundo lugar, mejorar la información a las víctimas sobre derechos y recursos, elaborando y distribuyendo material divulgativo en los ámbitos policial, legal, sanitario, servicios de extranjería, asilo y fronteras, y servicios sociales (públicos y no gubernamentales). En tercer lugar se pretenden mejorar los servicios de atención a las víctimas, elaborando guías informativas dirigidas a profesionales, facilitando la atención social a las víctimas en situación de aislamiento, primando programas de mediación de las ONG y facilitando la inserción laboral de las víctimas. En cuarto lugar, se propone proporcionar asistencia jurídica especializada y en su propio idioma a las víctimas. Y, por último, proteger integralmente a las víctimas en situación de estancia irregular. Las medidas que se proponen para ello son: (1) agilización y simplificación de los procedimientos administrativos para la concesión de autorizaciones de trabajo y residencia, (2) agilización de los procedimientos de identificación y documentación de las víctimas, (3) transposición de la directiva 2004/81/CE del Consejo de 29 de abril -relativa a la expedición de un permiso de residencia a víctimas extranjeras de trata u objeto de acciones de ayuda a la inmigración ilegal que cooperen con las autoridades-, (4) reconocimiento de un período de reflexión de, al menos, treinta días, para que las víctimas puedan restablecerse y escapar a la influencia de los traficantes y/o decidir su colaboración con las autoridades; (5) establecer una dotación económica que garantice la subsistencia de las víctimas durante el período de reflexión o su posible retorno al país de origen, si lo solicitan; y (6) elaboración de un protocolo de derivación y coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad con los recursos sociosanitarios de atención a las víctimas.

El área cuarta se dedica a las medidas legislativas y procedimentales a adoptar, expuesta en tres objetivos. Uno, perfeccionar los mecanismos legales para proporcionar a la víctima una atención inmediata y adecuada, lo que se pretende reformando la Ley de asistencia jurídica gratuita y de la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social para proporcionar a las víctimas un sistema de asistencia jurídica inmediata y la disponibilidad de intérprete y aprobando el reglamento de desarrollo de la Ley 19/1994, de protección a testigos y peritos en causas criminales. Segundo, impulsar medidas cautelares y en materia de prueba anticipada previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal instruyendo al Ministerio Fiscal y, de nuevo, reformando esta Ley para incluir una mención explícita a las víctimas de trata. Y, por último, privar de sus ventajas económicas a las organizaciones que se dedican a la trata.

Por último, el área quinta se ocupa de las medidas de coordinación y cooperación con cinco objetivos que corresponden a: Cooperación operativa policial, disposición de una herramienta estadística específica sobre el fenómeno, armonizada en el contexto europeo, fortalecimiento de la cooperación en el ámbito internacional realizando acciones de información y sensibilización en los países de origen para evitar la captación de víctimas, mejora de la cooperación en relación con las investigaciones y el enjuiciamiento de casos de trata y, por último, elaboración de mecanismos de coordinación y vínculos efectivos con las ONG e instituciones comprometidas en la lucha contra la trata y en la asistencia a las víctimas, mediante la creación de un foro contra la trata, integrado por las administraciones públicas competentes, las organizaciones no gubernamentales y otras instituciones implicadas.

 

  1. La sociedad civil habla: aportaciones y críticas al Plan

Una vez resumido el contenido del Plan nos centraremos en la respuesta que tuvo por parte de entidades que trabajan con población en contextos de prostitución –supuestamente la más vulnerable a la trata-. Veremos las valoraciones, aportaciones y críticas que se le hicieron al borrador y al texto definitivo desde la Red Española Contra la Trata, Amnistía Internacional, y las asociaciones Genera, Hetaira y Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.

La Red Española contra la Trata (7) tuvo ocasión de revisar el borrador previo al Plan, lo que le dio la posibilidad de preparar un documento de aportaciones titulado Valoración del borrador de las medidas propuestas en el plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Cabe resaltar que es la única entidad de la sociedad civil que aparecía enlazada en la página web oficial del Ministerio de Igualdad y la que, por tanto, se consideraba principal interlocutor para intercambiar información sobre la realidad de quienes son más vulnerables al fenómeno de la trata. En este apartado revisaremos las aportaciones generales que se encuentran al inicio del documento. El resto de aportaciones, área por área del plan, fueron grosso modo atendidas por el Ministerio de Igualdad y pueden contemplarse recogidas en el plan definitivo.

En primer lugar, la Red lanzaba una queja por no haber podido acceder a ciertas partes del borrador (aproximación al fenómeno, antecedentes, justificación, duración, seguimiento y evaluación ni la memoria económica), consideradas de gran importancia, pues en ellas, sobre todo en las tres primeras, se sientan los fundamentos teóricos que tanta polémica suscitan en el debate sociopolítico en la actualidad. Esta crítica de la opacidad con que se llevó a cabo la redacción del plan es común al resto de entidades que citaremos.

Una segunda puntualización se centraba en el escaso peso del enfoque de los derechos humanos de las víctimas en el texto, en contradicción con la centralidad que le otorgan a este aspecto las recomendaciones de Naciones Unidas y la OSCE-ODIHR (2004). Así, afirman: “El propio borrador refleja compromisos mucho más débiles en materia de protección, asistencia, retorno o integración de las víctimas que en materia de investigación policial contra las redes”. Tras la publicación del texto definitivo, esta crítica continuó siendo una de las fundamentales para el resto de las ONG.

La tercera aportación de la Red al borrador del plan se dirigió hacia la necesidad de incluir a todas las víctimas de trata: mujeres, hombres, transexuales, niñas y niños; extranjeros comunitarios y extracomunitarios, españoles -víctimas de la trata tanto interna como internacional- y víctimas de grupos y redes criminales y de agentes individuales. El plan definitivo no atendió a esta demanda y se refiere casi en su totalidad a mujeres, sin diversificar excepto en las escasas menciones a menores.

Otra aportación reseñable era la exigencia de distinción entre tráfico y trata, lo que, como vimos, finalmente el plan sí recogió. También se atendió a la sexta puntualización sobre la necesidad de contemplar la figura de presunta víctima (8). Además, se exigía la creación de un órgano de evaluación y seguimiento y el nombramiento de relatores nacionales y mecanismos independientes para el seguimiento y evaluación del plan, así como la mejora de la estructura para garantizar la implementación de los objetivos, el seguimiento y la evaluación. En el plan definitivo no se recogieron finalmente indicadores claros ni especificaciones en cuanto a establecimiento de plazos concretos para la implementación de las medidas ni para los mecanismos de evaluación.

Por su parte, Amnistía Internacional (9), en su informe de 2009 España una vida sin violencia para mujeres y niñas, las otras víctimas de violencia de género: Violencia sexual y trata de personas, aplaude la existencia del Plan, aunque advierte que no contempla medidas contra la trata hacia otros fines que no sean la explotación sexual, aunque, entre otras cuestiones, denuncia que el Plan no desarrolla medidas en materia de identificación de las víctimas y elabora la crítica que consideramos más profunda al plan: el desatino de condicionar el acceso de las víctimas a las medidas de atención y protección a la interposición de la denuncia y/o colaboración con las autoridades. También llama la atención sobre la ausencia de medidas específicas para víctimas menores de edad y la ausencia de un mecanismo de control independiente. Además, advierte y denuncia que España ha sido declarada incumplidora de la Directiva 2004/81/CE del Consejo de 29 de abril (relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de la trata de seres humanos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal que cooperen con las autoridades competentes) por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sentencia del 14 de mayo de 2009).

A lo largo del citado informe de Amnistía Internacional se vierten críticas de fondo al documento, expresando preocupación por las lagunas que en España existen en el trabajo institucional contra la trata. Seguidamente, intentaremos resumirlas.

En primer lugar, denuncian que no existen procedimientos para garantizar la correcta identificación de las víctimas, más allá de la derivada de la presentación de una denuncia. Además, llaman la atención sobre que el Plan únicamente establece la obligación de garantizar la atención integral a las víctimas extranjeras en situación irregular “que cooperen con las autoridades” lo que puede dejar desprotegidas al resto de víctimas. En tercer lugar, reclaman que el plan no establece medidas adecuadas para garantizar un apoyo económico a las víctimas. Y, finalmente, aunque aplauden el reconocimiento del periodo de reflexión de al menos un mes antes de formalizar una denuncia por parte de la supuesta víctima, recomiendan extenderlo a tres meses.

El interés por adentrarnos ahora en las críticas de las asociaciones Genera, Hetaira y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía no es causal. Por una parte, las críticas de estas tres ONG fueron las más contundentes hacia el plan. Las tres reconocieron la oportunidad del mismo y le daban la bienvenida en un momento en que era absolutamente imprescindible que se tomaran medidas serias de lucha contra la trata en España. No obstante, la posición común es de profundo disenso hacia los elementos que suponen mayor conflicto en el debate público. En suma, la crítica de fondo se dirige a la percepción ante las prioridades centrales del Gobierno, que antepone el control de los flujos migratorios y ganar terreno hacia la desaparición de la prostitución frente a la atención, protección y detección de las víctimas.

Genera (Asociación en Defensa del los Derechos de las Mujeres) (10) accedió al borrador del plan antes de su publicación de forma indirecta, ya que el Ministerio de Igualdad no se lo remitió. Así, su primer documento fue de aportaciones al mismo y comienza quejándose de la poca transparencia del proceso consultivo: “Tememos que una fundamentación confusa pueda generar un posterior uso del Plan en función de teorizaciones ideológicas generales. (…) Esta conceptualización podría derivar no solamente en la mayor vulneración de derechos de las personas que ejercen prostitución sin coacción ni violencia, además podría repercutir en el impacto efectivo de las actuaciones futuras sobre la trata de personas” (Genera 2008: 1). Seguidamente, abogaban por un abordaje basado en los derechos humanos y que no estigmatice la prostitución y bien dotado de medios económicos. Además se señalaba la indefinición de ciertos conceptos como “medidas de protección”, “declaración” y llamaban la atención sobre la sobredimensión del enfoque de seguridad y persecución criminal. Finalmente, se sumaban a la petición -finalmente desatendida- de crear y definir un órgano participativo de supervisión y evaluación del Plan.

Posteriormente, Genera se unió a Hetaira (11) para reclamar una reunión con representantes del Ministerio de Igualdad aportando un nuevo documento de observaciones y propuestas. Este documento ahondaba en las cuestiones centrales: primero, en la necesidad de “dotar de respuestas efectivas y valientes las diversas realidades, sin amalgamar conceptos ni confundir fenómenos tan diferenciados como la prostitución ejercida libremente con la explotación sexual” (12), y segundo, la necesidad de “priorizar la perspectiva de los derechos de las víctimas ante el clásico abordaje desde la persecución del delito”.

Por último y cerrando la parte dedicada a observaciones y críticas al Plan por parte de la sociedad civil, reseñaremos el documento que elaboró APDHA (13) entidad que, además de mostrar su malestar por no haber sido convocados para consultas previas, se unía a la preocupación del resto de entidades por la descompensación entre los puntos dedicados a la mejora de los instrumentos para las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado y los centrados en garantías hacia las víctimas. Por otra parte, la asociación abunda en el temor a que el plan implique un incremento de la presión hacia quienes ejercen la prostitución voluntariamente y se pide un esfuerzo por cuidar los criterios estadísticos a la hora de cuantificar datos procedentes de los fenómenos tráfico y trata.

Así, además de reforzar las críticas del resto de entidades en cuanto a la amalgama teórica y la mezcla de términos, ejemplifica mencionando el objetivo del plan dedicado a evitar el llamado turismo sexual: “Turismo sexual es un término complejo que alude a realidades muy diferentes y que la mayoría de las veces poco tienen que ver con la trata con fines de explotación sexual. Nos da la sensación de que la labor de sensibilización que prima en este plan está más centrada en socializar y normativizar contra la prostitución o cualquier intercambio de sexo por remuneraciones diversas, que en luchar contra la trata”.

Con este documento, la APDHA refuerza otras de las principales quejas de la Red Estatal, Amnistía, Genera y Hetaira, como la conveniencia de poner el acento en la detección de víctimas sin que medie detención previa y así evitar la ansiedad y el estrés que supone poder ser blanco de actuación policial en cualquier momento, aportando la necesidad de complementar la formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado hacia protocolos de actuación respetuosos, cercanos y discretos con las presuntas víctimas de trata, la dotación de medios económicos suficientes a la víctima detectada y la garantía de que ésta tenga capacidad de decisión sobre las estrategias de protección de su persona, lo que unen al requerimiento de un plazo de reflexión más largo y flexible. Por último, se hace un llamamiento a cuidar la coordinación entre Estado y las ONG, “basada en un apoyo a la capacidad de acción de las mismas (…) y que realmente contribuya a mejorar las estrategias de tratamiento de los casos de asistencia a víctimas”.

Como podemos ver, las propuestas y críticas al Plan de las entidades contempladas coinciden ampliamente en la percepción de las carencias en cuanto a protección de los derechos humanos. Su lectura conjunta, sobre todo en el caso de Genera, Hetaira y APDHA, es un llamamiento a evitar la sobredimensión de los aspectos de control de la inmigración irregular y visibiliza la preocupación común porque el Plan se use para reprimir la prostitución en sí y no tenga efectos reales de disminución de la trata.

 

  1. Aplicaciones e impacto del Plan

Nos disponemos ahora a repasar someramente algunos efectos reales del Plan a partir del análisis de algunas actuaciones institucionales. Aquí avanzaremos también parte de las consecuencias de está teniendo en las vidas cotidianas de las mujeres que ejercen la prostitución.

Para ver la aplicación efectiva del plan tomaremos como guión de exposición el Informe sobre el estado de la situación del plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, editado por el Ministerio de Igualdad en abril de 2010 (14).

En el citado Informe se repasa el estado de desarrollo del Plan por áreas y comienza relatando sobre las medidas de sensibilización, prevención e investigación. En este apartado se informa del encargo de tres estudios: un informe para la descripción del fenómeno de la trata de mujeres en España, sobre la base de un estudio anterior del Instituto de la Mujer (entidad que dirige el estudio y que encarga a un consorcio universitario liderado por la Universidad de La Laguna), otro con las comunidades autónomas sobre recursos y consecuencias para las víctimas (15); y un tercero para analizar el tratamiento judicial de los procesos penales, sobre la base del actual marco normativo (elaborado por el Ministerio de Justicia y remitido el 30 de septiembre a la Secretaría General de Políticas de Igualdad). Ninguno de estos tres estudios ha visto la luz hasta el momento de la redacción de este trabajo.

Por otro lado, respecto a la sensibilización el Ministerio de Igualdad promovió un par de exposiciones itinerantes -una nacional y otra internacional-, una campaña de sensibilización que incluye la distribución de material de denuncia y de sensibilización (posavasos -imagen 1- para locales de ocio y pegatinas), la inserción de un anuncio a media página en periódicos bajo el título “No a la explotación sexual” y una línea de productos publicitarios con este mismo lema.

 

Serie de cuatro posavasos que se encuentran en casi 13.000 locales del Estado realizados para el desarrollo del Plan integral de lucha contra la trata se seres humanos con fines de explotación sexual, diseñados por el Ministerio de Igualdad.

Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2009/11/02. Elaboración propia.

 

Una iniciativa que no aparece en el informe de situación, pues es posterior a su presentación, es el spot televisivo contra la trata de seres humanos para la explotación sexual que comenzó a emitirse en España a partir del verano de 2010. La emisión del spot corresponde al apoyo desde el Ministerio de Igualdad a la campaña “Corazón Azul”, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODD).

En el plan también se mencionaba la eliminación de los anuncios de contactos en los medios de comunicación. En el informe de situación del plan de abril de 2010, se aclara que sólo los periódicos La Razón y El Público habían eliminado esta sección. En la actualidad se trata de una de las líneas fuertes de actuación del Estado, que se debate entre la dificultad de prohibirlos, según ley, y la presión constante hacia los medios al respecto. Ante ellos, algunos expertos alertan que se trata en el fondo de una estrategia de represión de la prostitución y que afecta negativamente las trabajadoras del sexo más autónomas que se anuncian en estos medios. Según Garaizábal (2009), “nos consta por nuestra experiencia, que -los anuncios- son un buen instrumento para la captación de clientela de todas aquellas trabajadoras sexuales que, trabajando libremente y de manera autónoma, no quieren exponerse a hacerlo en lugares públicos. Su prohibición implicaría obligarlas a lanzarse a la calle a buscar clientela o a refugiarse en los clubes, donde tendrían que someterse a las imposiciones de los empresarios, ya que no existe una regulación de estas relaciones laborales” (Diagonal, 29 de octubre de 2009). Mientras tanto, el discurso del Gobierno y de las organizaciones abolicionistas es señalar tales anuncios como promoción de la esclavitud sexual. En palabras de la exministra B. Aído (2010): “Este tipo de publicidad atenta contra la dignidad de las personas y banaliza la prostitución” (Europapress 18 de julio de 2010).

En el apartado de formación se elaboró una unidad didáctica junto al Ministerio de Educación para su uso en los centros de enseñanza y se creó una Red de Cooperación entre las Administraciones Educativas del Estado y los Organismos de Igualdad en materia de igualdad de oportunidades y prevención de violencia contra las mujeres (Red Intercambia) que celebró un encuentro en octubre de 2009 (16).

En cuanto a la información y sensibilización específica en el sector turístico, recordemos que el objetivo hacía mención a la prevención del turismo sexual y la actuación consistió, por una parte, en buscar la coordinación entre el Foro Análisis del código ético mundial para el turismo (CEMT) y la OMT con la Red de expertos iberoamericanos en turismo (con integrantes latinoamericanos, españoles y portugueses) y la organización por parte de la Secretaría de Estado de Turismo de actos en torno al lema “Hacia un turismo europeo socialmente responsable” para promover durante la presidencia española de la Unión Europea la firma de una declaración con alusiones al código ético mundial para el turismo de la OMT y a la prevención de cualquier abuso o explotación de los grupos más vulnerables en Europa.

Por otra parte, y muy en relación con la formación de agentes para la identificación de posibles víctimas y prevención, el informe de situación del plan anuncia la inclusión de la trata como tema de estudio en los cursos de formación para cónsules generales, cónsules y encargados de asuntos consulares y de la elaboración de un programa de formación para la identificación de víctimas para profesionales de centros de estancia temporal (CETI) en Ceuta y Melilla, así como un protocolo de derivación de víctimas a servicios especializados. Las medidas de formación se complementan con las que se anuncian sobre los cambios normativos nacionales e internacionales a funcionarios de carrera fiscal y cuerpos de secretarios judiciales, médicos forenses y abogados del Estado, fuerzas de seguridad y defensa destinadas en misiones de paz, organismos implicados en la lucha contra la trata y de la Administración General del Estado y abogados. En el informe de situación no se especifican los contenidos de estos cursos.

Además, en cuanto a la elaboración de protocolos de detección de víctimas en los ámbitos sanitario, social y educativo, el Ministerio del Interior crea un grupo de trabajo para elaborar dichos protocolos en lo que se refiere a la actuación policial “y previo a estos protocolos el Secretario de Estado de Seguridad ha dictado una instrucción en enero de este año- 1/2010- sobre la aplicación transitoria a las víctimas de trata del artículo 59 bis de la ley orgánica 4/2000 de 11 de enero”. En este último documento se recogen cuatro apartados: (1) Identificación de la víctima e inicio del procedimiento para la concesión del período de restablecimiento y reflexión, (2) resolución sobre el período de restablecimiento y reflexión, (3) derivación de la víctima y (4) propuesta de exención de responsabilidad administrativa, autorización de residencia y trabajo por razones excepcionales y retorno asistido (Proyecto Esperanza 2010).

Siguiendo con la detección de la trata, el informe de situación anuncia la medida estrella: el comienzo de los trámites administrativos para un nuevo sistema automatizado de control de fronteras que “permitirá cotejar la huella e imagen facial del portador del documento a través del chip integrado en el mismo y comprobar la existencia de eventuales reclamaciones judiciales o policiales, dejando constancia de los movimientos de entrada y salida”. Además, se confirma el incremento de inspecciones por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en lugares y establecimientos donde se ejerce la prostitución.

Según los datos del propio Ministerio, a través del CICO, en 2009 se desarticularon 158 redes o grupos de traficantes en operaciones en las que se detuvieron hasta 726 personas y “en cuanto a las víctimas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han identificado durante 2009 a 1.301 personas, un 41% más que en 2008. El 95% eran mujeres, el 50% con edades comprendidas entre los 23 y 32 años y 13 menores de edad. El 50% estaba en situación irregular” (17).

Quizá sea este el aspecto que más afecta a la vida cotidiana de las trabajadoras del sexo. A pesar de los esfuerzos por elaborar códigos de buenas prácticas y el estudio del crimen organizado que anuncia el informe de situación, las afectadas por la presión policial mantienen una actitud de rechazo a los cuerpos de seguridad del Estado; a la policía la perciben como una enemiga, en lugar de una aliada a la que acudir. Según Amnistía Internacional “en ausencia de procedimientos adecuados de identificación, el primer contacto de las víctimas con funcionarios/as del Estado se produce habitualmente en el marco de actuaciones policiales de control de la migración irregular, en locales de ejercicio de la prostitución o en la calle. Generalmente, las fuerzas de seguridad, en esta primera intervención, no siguen ningún protocolo de cara a identificar a víctimas de trata y (…) los agentes policiales habitualmente inician desde el primer contacto con las víctimas un procedimiento de expulsión, incluso en los casos en que éstas se muestran interesadas en presentar la denuncia. En este supuesto, el expediente queda en suspenso durante la tramitación del procedimiento judicial” (Amnistía Internacional 2009: 40). A colación de este tema, en el informe de situación que estamos usando como guía, se aporta que la protección de víctimas de estancia irregular se cubre con la inclusión en la Ley de Extranjería el artículo 59bis, donde se contempla el período de restablecimiento y reflexión de 30 días concedido a la víctima de trata dispuesta a colaborar en el procedimiento penal, con autorización de estancia temporal durante el mismo y suspensión del expediente sancionador incoado o de la ejecución de las medidas de expulsión o devolución acordadas. Queda, sin embargo, pendiente, el cumplimiento de la Directiva 2004/81/CE, de 29 de abril de 2004, relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de la trata de seres humanos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal, que cooperen con las autoridades competentes.

Todo esto demuestra que, a pesar de las manifestaciones procedentes del Ministerio en su Informe, sobre la realidad se sigue actuando sin protocolos y usando la detención de irregulares como estrategia para después intentar de identificar víctimas de trata en comisaría. Y ello apunta a que no se innova en la práctica en las estrategias básicas que ya se usaban en 2003: “Las supuestas operaciones desarticuladoras de redes terminan siendo en realidad, al fin y al cabo, operaciones de control de extranjeros enmarcadas en la Ley de Extranjería (…) que muchas veces pueden concluir con la expulsión de las mujeres (…). Paradójicamente, es ahora cuando las mujeres se convierten realmente en víctimas; víctimas de operaciones policiales represivas con las que las fuerzas policiales o algunos de sus máximos responsables buscan titulares de prensa espectaculares, publicitarios y laudatorios” (Solana 2003: 111-112).

Unos meses antes de la redacción primera de este trabajo, finales de mayo de 2010, la UCRIF de la Policía Nacional desarrollaba una actuación en el Poniente almeriense que tuvo amplia difusión en prensa (18). Durante los meses posteriores a esta intervención, nos encontrábamos realizando trabajo de campo en la zona para nuestra investigación, pudiendo contrastar la información aparecida en prensa con algunas mujeres detenidas, otras muy cercanas a ellas y testigos presenciales de los hechos, periodistas que tratan de cubrir la noticia y que consiguen información muy concreta, directamente de la UCRIF, y abogados de oficio que atienden a las detenidas. Así, pudimos saber que, tras varios meses de investigaciones (basadas, sobre todo, en intervención de teléfonos móviles) a raíz de la denuncia de una supuesta víctima de trata, la Policía Nacional encontró conexiones entre personas -nigerianas y españolas- asentadas en Madrid y el Poniente que hablaban explícitamente de movimientos irregulares de mujeres de unos lugares a otros de España. Las investigaciones desencadenaron en la actuación del 20 de mayo de 2010, que consistió en 15 entradas en viviendas diseminadas en el Poniente almeriense y el casco urbano de Roquetas de Mar, con el objetivo de desarticular una red que supuestamente se dedicaba a forzar a mujeres a ejercer la prostitución. El balance de la redada quedó en 54 detenciones por infracciones a la ley de extranjería y 21 por delitos penales (75 detenciones en total). Estos últimos referidos, fundamentalmente, a falsedad documental, asociación ilícita y relativos a la prostitución (proxenetismo), entre otros. En total, fueron 75 personas detenidas.

La totalidad de las mujeres con las que pudimos hablar nos relataron su sensación ante lo que vivieron como agresión: Nos decían “¿Porqué la policía viene y nos trata así? Nosotras buscando la vida, ¡siempre miedo!, ¡miedo de policía!” (nigeriana, 24 años, Roquetas de Mar). Planteaban constantemente preguntas sobre las razones que llevaban a la policía a detener a sus compatriotas, mostrando así su incomprensión y su falta de información sobre el objetivo real de este tipo de intervenciones, que no hacían más que alimentar sus temores más inmediatos: ser detenidas y, en el peor de los casos, deportadas. Algunas mujeres afirmaban que no entendían por qué la policía va directamente a buscarlas a ellas en los locales donde trabajan: “Pero siempre molestan a las chicas, ¿por qué siempre a las chicas?” (nigeriana, 22 años, Roquetas de Mar). Con estas preguntas muestran su percepción de ser más susceptibles de ser detenidas que sus compatriotas hombres y otras mujeres que no ejercen la prostitución. “Sí, sí, pero no estamos haciendo nada, ¡sólo buscando la vida! Por qué viene así, grita a la gente, llevando a la gente a la cárcel, no puedes llamar por teléfono, ¡no puedes recoger tus cosas!” (nigeriana, 22 años, Roquetas de Mar). Se observa, pues, la incoherencia percibida por las mujeres: si el objetivo de la policía es ayudarlas, ¿por qué se las llevan a la cárcel?

De esta manera, constatamos que el uso de la detención como estrategia de detección plantea una gran contradicción, pues dificulta que quienes se ven como posibles objetos de estas intervenciones comprendan las mediadas adoptadas y ello supone -paradójicamente- un obstáculo para combatir la prostitución forzada. Quien debe sentirse objeto de protección se sitúa como víctima de una actuación policial que no entiende y que, por encima de todo, teme.

Otro elemento discordante y que provoca rechazo es el saber que se es susceptible de ser detenida por cometer infracción contra la Ley de Extranjería y que ello puede tener como consecuencia un interrogatorio acerca de quienes han promovido el viaje ilegal a España y sobre las condiciones en que se ejerce la prostitución. La mezcla entre ambas cosas desconcierta y alimenta la sensación de temor hacia la policía.

Por ende, a mujeres potenciales víctimas de trata se les abre muy frecuentemente un procedimiento de expulsión y, si no deciden colaborar con las autoridades, pueden ser expulsadas del país y muestras de que esto forma parte de nuestra cotidianidad son estos titulares periodísticos: “Expulsada una nigeriana embarazada presunta víctima de explotación sexual” (Europapress 17 de marzo de 2010), “Una presunta víctima de trata internada un mes en el CIE de Málaga” (Ameciopress 18 de agosto de 2010).

Volviendo a la aplicación del Plan, una de las propuestas más importantes era la reforma del Código Penal (que ha entrado en vigor el pasado 21 de diciembre de 2010), introduciendo el nuevo Título VII bis, dentro del Libro Segundo, con el art. 177 bis, denominado De la trata de seres humanos, dedicado expresamente a  su tipificación y abordaje y al decomiso de los productos, instrumentos y bienes relacionados con el delito (19). El texto en concreto, que tipifica el delito, reza como sigue:

“1. Será castigado con la pena de cinco a ocho años de prisión como reo de trata de seres humanos el que, sea en territorio español, sea desde España, en tránsito o con destino a ella, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima nacional o extranjera, la captare, transportare, trasladare, acogiere, recibiere o la alojare con cualquiera de las finalidades siguientes: a) La imposición de trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud o a la servidumbre o a la mendicidad; b) La explotación sexual, incluida la pornografía; c) La extracción de sus órganos corporales.

  1. Aun cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado anterior, se considerará trata de seres humanos cualquiera de las acciones indicadas en el apartado anterior cuando se llevare a cabo respecto de menores de edad con fines de explotación.
  2. El consentimiento de una víctima de trata de seres humanos será irrelevante cuando se haya recurrido a alguno de los medios indicados en el apartado primero de este artículo”

Actualmente están en fase de estudio dos reformas más: por una parte, de la Ley de enjuiciamiento criminal y el desarrollo reglamentario de la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de Protección a testigos y peritos en causas criminales, a fin de para ampliar las medidas cautelares en relación con el delito de trata de seres humanos, como el hecho de contemplar expresamente a las víctimas de trata en materia de prueba anticipada y, por otra, la modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia jurídica gratuita, con objeto de proporcionar a las víctimas de trata de seres humanos un sistema de asistencia jurídica inmediata y la rápida disponibilidad de un intérprete.

Además, se han editado folletos para las potenciales víctimas -donde figura información y un teléfono de información y asesoramiento en diversos idiomas- y profesionales. Por otra parte, se realizan convocatorias de subvenciones para la protección y asistencia integral de mujeres víctimas de trata. También, siempre según el informe de situación, el Ministerio de Trabajo ha priorizado los programas dirigidos a mujeres inmigrantes víctimas de trata con fines de explotación sexual.

Los últimos aspectos sobre los que el informe de situación llama la atención son, por un lado, la elaboración de una base de datos, por parte del CICO, específica sobre trata a partir de información remitida tanto por los cuerpos de seguridad del Estado como por la ertzaintza, mossos d’esquadra y policía foral de Navarra; y, por otro, la inclusión en el Plan Director 2009-2012 de Cooperación Española, de determinadas líneas y actuaciones para establecer o reforzar los marcos regulatorios en materia de protección social de las personas migrantes contra la trata.

Finalmente, es subrayable el tono de satisfacción y autocomplacencia del desaparecido Ministerio de Igualdad con respecto a esta fase de aplicación del Plan que se muestra en sus líneas finales: “En definitiva durante el primer año de aplicación del Plan se puede concluir que existen mejores instrumentos legales para la persecución del delito, ha crecido la concienciación y la sensibilización sobre el problema, conocemos mejor el fenómeno, las mujeres cuentan con más recursos de protección y se han podido desarticular más redes ligadas a delitos de crimen organizado”.

 

  1. A modo de conclusión

En España, la puesta en práctica de un Plan contra la trata para la prostitución forzada era un asunto, sin lugar a dudas, necesario, además de un requerimiento internacional imposible de obviar. Sin embargo, creemos que también lo es continuar la andadura sin abandonar la reflexión, la evaluación constante y el espíritu de autocrítica ante resultados adversos.

Por un lado, parece importante profundizar en el uso de los términos, aclarando a qué nos referimos cuando hablamos de trata de seres humanos y cuáles son las consecuencias de centrarse en sólo una parte de este fenómeno. Estas consecuencias no son sólo importantes para el ámbito de la investigación, sino también para el sociopolítico, si realmente nos importan las consecuencias que su desarrollo tiene sobre las personas más vulnerables. El Estado, actualmente, desarrolla un plan de intervención únicamente para lo que llama Trata de seres humanos con fines de explotación sexual, partiendo, además, de una visión abolicionista que señala la mera existencia de la prostitución como origen del problema, lo que ha llevado a adoptar algunas medidas más encaminadas a eliminarla que a detectar situaciones de vulneración de derechos humanos básicos en el ejercicio del mismo.

Por otro lado, tanto las observaciones de entidades de la sociedad civil que se encuentran cerca de las personas más vulnerables a la prostitución forzada (como la Red Española Contra la Trata, o las asociaciones Hetaira, Genera, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Amnistía Internacional), como lo que hemos podido recabar a través de nuestro trabajo de campo, plantean dudas sobre la idoneidad de las estrategias de identificación y protección de posibles víctimas y sobre la jerarquía de prioridades del Estado a la hora de anteponer el control de fronteras y la inmigración irregular a dicha identificación, protección y garantía de los derechos humanos.

 

 

Notas

  1. La UNODC señala precisamente el que la trata pueda darse dentro de un mismo Estado como una de las diferencias fundamentales entre este fenómeno y el tráfico ilícito de migrantes (ONUDD, 2011). En Internet:
    http://www.unodc.org/southerncone/es/trafico-de-pessoas/index.html
  2. Trabajo de campo que emana de la realización de una tesis doctoral por parte de Estefanía Acién, en proceso de redacción, bajo la dirección del Dr. Francisco Checa. Este trabajo surge a partir de una experiencia de intervención social de la mano de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que se remonta al año 2001 (ver Acién y Majuelos, 2003).
  3. Cita que se atribuye en el Plan a la Unión Europea, en abstracto, sin aportar la fuente concreta.
  4. Se citan en especial: (1) las conclusiones y recomendaciones de 2003 aprobadas por la Comisión Mixta Congreso-Senado de los Derechos de la Mujer; (2) “Diversas Proposiciones No de Ley presentadas y aprobadas por los diferentes grupos parlamentarios durante la pasada legislatura y más recientemente”; (3) el Plan de la Unión Europea sobre mejoras prácticas, normas y procedimientos para luchar contra la trata de seres humanos y prevenirla de 2005; y (4) las conclusiones y recomendaciones aprobadas en 2007 por la Ponencia sobre la situación de la prostitución en nuestro país constituida en el seno de la Comisión Mixta Congreso – Senado para los derechos de la mujer y la igualdad de oportunidades.
  5. Incluye tres acciones de investigación: (1) un estudio sobre la trata de mujeres con fines de explotación sexual en tránsito o con destino a nuestro país y su relación con los fenómenos migratorios; (2) un estudio para analizar el tratamiento judicial de los procesos penales relacionados con la trata desde la aprobación de la ley orgánica 11/2003 y (3) elaboración de un estudio sobre las consecuencias de la trata en las víctimas, modelos de intervención para la recuperación y mapa de recursos existentes.
  6. Para ello se propone: (1) la inclusión de la trata de seres humanos como asunto prioritario, en las reuniones del funcionariado consular, agregados/as y funcionariado de enlace del Ministerio del Interior con destino en los países de origen; (2) inclusión del uso de identificadores biométricos en la expedición y verificación de visados y permisos de residencia; (3) implantación en todo el territorio nacional de los nuevos sistemas y mecanismos de control para la detección de situaciones de trata en puertos, aeropuertos y medios de transporte; (4) planificación e intensificación de las inspecciones en lugares de riesgo potencial de TSH; y (5) denuncia de situaciones de trata y explotación en los ámbitos sanitario, social y educativo.
  7. La Red Española contra la Trata está compuesta por organizaciones nacionales e internacionales que trabajan en España y surgió en enero de 2006. Actualmente, en su página web aparecen como miembros catorce organizaciones: Afromujer Andalucía, Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AETI), Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida (APRAMP), Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Fundación Tierra de Hombres, Instituto de estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA), Médicos del Mundo (MdM), Mujeres en Zona de Conflicto (MZC), ONG Rescate Internacional, Proyecto Esperanza, Red Cántabra contra el Tráfico de Personas y la Explotación Sexual, Save the Children y Women’s Link Worldwide. En la red:
    http://www.redcontralatrata.org
  8. Así lo establecía el Plan de acción de la OSCE contra la trata de seres humanos, pág. 18; y se recogía en la Directiva 2004/81/CE del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de la trata de seres humanos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal, que cooperen con las autoridades competentes (art. 5).
  9. Amnistía Internacional es una organización de ámbito universal con sedes en 150 países presente en España desde 1978. Es una organización considerada actualmente punto de referencia por sus denuncias discrecionales y sus rigurosos informes periódicos: http://www.es.amnesty.org
  10. Genera es una ONG que, según sus palaras publicadas en la página web: “busca la redefinición de los roles sociales desde una perspectiva de género a través de la defensa y reivindicación de los derechos de las mujeres partiendo del ámbito del trabajo sexual” (http://www.genera.org.es). Entre sus publicaciones existe el Manual de profesionalización de trabajadoras sexuales (2008) y la revista Punto-G de Información sobre el trabajo sexual, editada para distribuirla fundamentalmente entre trabajadoras del sexo.
  11. Hetaira es una organización madrileña compuesta por mujeres que reivindican derechos para las trabajadoras del sexo (http://www.colectivohetaira.org). Entre sus aportaciones más interesantes al debate social están la promoción de la Plataforma por los Derechos en el Trabajo Sexual y la organización de dos jornadas de debate por los derechos de las prostitutas, en mayo de 2004 (actas editadas por C. Garaizábal y M. Briz en 2007) y recientemente en octubre de 2010.
  12. En cuanto a las definiciones, vuelven a reiterar su preocupación por la confusión entre prostitución y explotación sexual: “podría llevarnos incluso a impedir y coartar el derecho de asociación de muchas personas que ejercen prostitución y que justamente podrían organizarse (asociaciones, cooperativas, sindicatos) contra la trata” y añaden más adelante que “Existe una clara criminalización de las mujeres que ejercen prostitución sin coacción ni violencia que podría tener consecuencias directas e inmediatas en sus derechos elementales” por lo que es necesario “centrar el debate en la propia actividad delictiva que es la trata de persona con fines de explotación sexual”.
  13. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía es una entidad de ámbito andaluz (http://www.apdha.org). En la actualidad los perfiles con los que la organización trabaja más intensamente son: minorías étnicas, pobres, personas inmigradas, presos y sus familiares y trabajadores/as del sexo. El grupo de trabajo sobre prostitución de APDHA se encuentra en cinco provincias andaluzas (Almería, Granada, Málaga, Córdoba y Bahía de Cádiz) y pertenece a la Plataforma por los Derechos en el Trabajo Sexual, siendo la única entidad con fuerza suficiente para ser considerada como referencia de la línea por los derechos en Andalucía.
  14. Véase: http://www.migualdad.es
  15. En el informe de situación del Plan informaban de ciertos resultados preliminares: “Como resultado de este estudio se han identificado en todo el Estado siete centros específicos de atención a víctimas de trata con fines de explotación sexual, concentrados en cinco provincias de tres comunidades autónomas (Madrid [3], Extremadura [2], Cantabria [1], Castilla-La Mancha [1]). Junto a estos siete centros existen otros 55 que atienden a víctimas de explotación sexual junto a mujeres que se encuentran en contextos de prostitución, repartidos en 22 provincias de 16 comunidades autónomas. Por último, se han detectado al menos una docena de instituciones y organizaciones públicas o privadas, que, aunque no ofrecen recursos específicos ni para víctimas de explotación sexual ni para mujeres prostituidas, atienden a estas personas cuando reciben víctimas de estos crímenes. Una vez realizado este mapa, y ya en 2010, se analizarán los modelos de intervención teóricos y prácticos existentes”
  16. Consúltese: http://www.educacion.es/intercambia
  17. Datos de una nota de prensa emitida por el Ministerio de Igualdad anunciando la presentación del Informe de Situación del Plan, el 23 de abril de 2010. Puede encontrarse en la web oficial del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad:
    http://www.migualdad.es
  18. Consúltense, por ejemplo, http://www.cantabriadiario.com, de 24 de mayo de 2010, con el titular: “La Policía Nacional desarticula en Almería una organización dedicada a la trata de mujeres con fines de explotación sexual”. Con idéntica fecha y muy similar contenido:
    http://www.lacerca.com
    También podemos leerlo en la sección de la Unidad de Relaciones Informativas y Sociales de la página web de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil del Ministerio del Interior:
    http://www.policia.es/prensa/100524_1.htm
  19. Disposición 9953, publicada en BOE núm. 152 de 23 de junio de 2010: Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

 

 

Bibliografía

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2004 “Directiva 2004/81/CE del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de la trata de seres humanos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal, que cooperen con las autoridades competentes”, en Diario Oficial de la Unión Europea, 6.8.2004, L 261/19. Disponible en:
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2010 Informe sobre el estado de la situación del plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. En Internet: http://www.migualdad.es/ss/Satellite?cid=1244647282488&pagename=MinisterioIgualdad
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2009 Informe mundial sobre la trata de personas, UNODC:
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Osborne Verdugo, Raquel
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2004 National Referral Mechanisms. Joining Efforts to Protect the Rights of Trafficked Persons. A Practical Handbook:
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Proyecto Esperanza
2010 Valoración del nuevo marco jurídico contra la trata de seres humanos. Análisis de casos reales y recomendaciones. Disponible en:
http://www.proyectoesperanza.org

Red Española Contra la Trata
2009 Valoración del borrador de las medidas propuestas en el plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Documento mimeografiado.

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Wijers, Marjam
2001 “Política de la Unión Europea sobre el tráfico de mujeres”, en Mariagrazia Rossilli (coord.), Políticas de género en la Unión Europea. Madrid, Narcea: 245-274.

 

(1) Puede consultarse el Plan Integral 2015-18 aquí:

http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/planActuacion/planContraExplotacionSexual/docs/Plan_Integral_Trata_18_Septiembre2015_2018.pdf

 

Día mundial de la dignidad de las víctimas de trata de seres humanos: ¡UTSOPI se compromete contra la trata!

 

Unos días después de la detención de Dodo la Saumure por hechos relacionados con explotación sexual y proxenetismo —de lo que UTSOPI se alegra esperando que este autoproclamado defensor de lxs TDS se quede donde está, es decir en prisión—, nos vemos en la obligación de celebrar el día mundial de la dignidad de las víctimas de trata de seres humanos.

 

Obligadxs, porque preferiríamos que este día no hubiera tenido que existir. Obligadxs, porque nos parece que las soluciones están ahí, pero no son aplicadas por falta de valentía y/o de voluntad política. La trata de seres humanos hunde sus raíces en las políticas mundiales que prefieren las situaciones humanas catastróficas a una verdadera toma en consideración de las personas. Hunde sus raíces en declaraciones como las de Theo Francken, secretario de Estado de N-VA, que tiene la indecencia de cuestionarse la pertinencia de las operaciones de Médicos del Mundo en el Mediterráneo.

 

En el trabajo sexual, conocemos las situaciones de explotación humana. La ausencia de derechos, de política global, de pragmatismo no hace más que alimentar la explotación de las personas, hayan elegido o no venir a Bélgica, hayan elegido el trabajo sexual o no. La cuestión de si son víctimas o son culpables ni siquiera se plantea para muchos de nuestros dirigentes. La acción del 17 de diciembre pasado llevado a cabo por UTSOPI en Bruselas en el barrio Alhambra no ha sido más que una pequeña proyección de luz sobre situaciones exactamente igual de difíciles, es decir dramáticas, unas que otras. Mientras no se conceda derechos a las trabajadoras y los trabajadores del sexo, la puerta seguirá abierta a todas las derivas.

 

En cuanto a la dignidad, lo proclamamos alto y fuerte: ¡todas las personas son dignas! El ejercicio de una actividad como el trabajo sexual, la voluntad de huir de determinadas situaciones o de mejorar su posición económica no ponen en absoluto en cuestión la dignidad de las personas. ¡Sí, las trabajadoras y trabajadores del sexo son dignos! ¡Dignos y con la cabeza alta! Las trabajadoras y trabajadores del sexo, independientes o procedentes de redes de migración o de trata, merecen ser tratado(a)s con dignidad y respeto, como seres humanos de pleno derecho. Ellas y ellos merecen ser escuchadxs, que se oigan sus voces, y que ellas y ellos no sean sacrificadxs en el altar de las ideologías. Es por esta razón que recordamos el artículo primero de la declaración universal de los derechos del hombre (1948): “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Están dotados de razón y de conciencia y deben actuar unos con otros con espíritu de fraternidad.”

 

Una vez más, UTSOPI recuerda que nos posicionamos, nos enfrentamos y lucharemos ahora y siempre contra la explotación, contra las violencias, vengan de proxenetas, de clientes o de las mismas autoridades. UTSOPI recuerda que la única vía para mejorar la vida de las trabajadoras y los trabajadores del sexo, para poner fin a la epidemia de VIH/ETS, para conseguir una verdadera dignidad y un verdadero respeto, es la despenalización.

 

Solidaridad con todas nuestras hermanas y hermanos.

 

El colectivo UTSOPI