“Hace 39 años soy Trabajadora Sexual”

 

 

ASOCIACIÓN DE MUJERES MERETRICES DE LA ARGENTINA (AMMAR)·VIERNES, 22 DE JUNIO DE 2018

 

https://www.facebook.com/notes/asociaci%C3%B3n-de-mujeres-meretrices-de-la-argentina-ammar/hace-39-a%C3%B1os-soy-trabajadora-sexual/1934046869988737/

 

Fatima Olivares es actualmente la Secretaria gremial de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina AMMAR y Secretaria adjunta de Ammar Mendoza. Tiene 63 años y ejerce el trabajo sexual desde los 24. Desde AMMAR la entrevistamos para resaltar su trayectoria en la militancia de la Asociación y su compromiso con la lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales a nivel provincial y nacional.

 

 

¿Por qué decidiste comenzar a ser trabajadora sexual? ¿Hace cuanto lo sos?

Hace 39 años soy trabajadora sexual. Empecé a los 24 años y decidí serlo porque no me alcanzaba la plata. Yo trabajaba en un criadero de pollos y no me pagaban suficiente como para poder sostener a mis ocho hijos. Por eso elegí mi profesión, con la cual estoy totalmente decidida porque gracias a ella pude darle de comer a mis hijos, hacer mi casa y tener una mejor calidad de vida.

¿Cómo conociste a AMMAR? ¿Qué te aportó la asociación como trabajadora sexual?

Hace aproximadamente diez años conocí a AMMAR gracias a otras compañeras que ya estaban en la asociación. Primero no le daba tanta importancia, como veo que pasa hoy en día con algunas trabajadoras. Era muy tímida, no quería que nadie se enterara de mi trabajo, no hablaba nada. Con el tiempo me fui involucrando cada vez más. La asociación me aportó el reconocimiento y la confianza hacia mí misma y también hizo que me diera cuenta que nadie me podía llevar en cana porque yo tengo derechos.

Antes, cuando me llevaban en cana, tenía miedo por mí y por mis hijos. Después, con AMMAR, empecé a cuestionar por qué me llevaban si yo no estaba haciendo nada malo. Esa es la ignorancia que tiene una, no conocer sus derechos. Antes veía a la policía y me iba corriendo como una loca mientras les avisaba a mis compañeras pero después me di cuenta que no podían hacerme eso.

 

¿Qué te motivó a iniciar una carrera en la militancia dentro de AMMAR?

Me motivó la lucha por nuestros derechos. Antes trabajábamos y no nos reconocíamos como nada. Hoy es diferente. Cuando empecé a ir con mi compañera Rosa a Buenos Aires me gustaba todo lo que decían en AMMAR, me llamaba la atención. Ahí empecé a aprender, quería saber todo. Cuando hablaba con Georgina le decía “Yo quiero llegar a ser como vos”. Me encanta que seamos muy unidas, reunirnos y saber que vamos para el mismo lado, que tenemos una obligación. Yo amo mi asociación y levanto su bandera. Si me hubieses preguntado esto seis o siete años atrás yo no entendía nada. Pero ahora sí, entiendo, sé y me gusta.

Además de la lucha a nivel nacional de Ammar por los derechos de las trabajadoras sexuales, ¿Cuáles son las principales preocupaciones de la asociación en tu provincia?

Mendoza es una provincia muy conservadora. Tuvimos la primera ordenanza municipal que nos prohibía trabajar. Ordenaba cerrar cabarets y departamentos. Entonces se cerraron nuestros lugares de trabajo y las chicas fueron a la calle. También salió la ordenanza de penalización al cliente que contrata a las chicas. Han cerrado los hoteles, todo ha quedado en la clandestinidad. Las chicas tienen que trabajar en la calle. Hace un año atrás sufrimos una terrible violación de una compañera que fue llamada para encontrarse en una obra y, estando allí, el tipo la obligó a hacer cosas que ella no quería y la violó con una botella. Tuvimos que llamar a la policía porque el tipo no la quería dejar ir. Cosas así de feas están sufriendo hoy en día mis compañeras por el asunto de que no hay adónde ir.

Nosotras hicimos una denuncia al INADI y se han mermado un poco los preventores que multan a los clientes pero sigue muy mal la situación. Queremos que se saquen esas ordenanzas, que las chicas vuelvan a trabajar como antes. Además, con los códigos contravencionales que van a aplicar vamos a estar todavía en una mayor clandestinidad. No vamos a poder trabajar.

¿Cuál es la o las instituciones que ejercen mayor violencia y/o discriminación hacia las trabajadoras sexuales en tu provincia? ¿Nos podés contar algún caso en particular?

La policía, sin ninguna duda y también los preventores municipales. La policía siempre fue violenta con nosotras, eso nunca cambió. Una vez había quedado detenida y mientras me cambiaba los cordones de las zapatillas, un comisario me miró de arriba a abajo y me dijo: “Que asco de mujer”. Esa fue una discriminación terrible.

 

 

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Un paso más para la descriminalización del trabajo sexual

 

Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (ammar)

13 de julio de 2018

 

 

Un paso más para la descriminalización del trabajo sexual

 

Ammar nació como respuesta a la violencia policial hacia las trabajadoras sexuales. Desde hace 23 años reclamamos por la derogación de los Códigos Contravencionales que criminalizan nuestro trabajo en la vía pública con multas y/o arresto de hasta 30 días. Estas normativas violan el principio de libertad y son usadas para habilitar y justificar la violencia institucional hacia las clases populares dando pie al cobro de coimas, al hostigamiento, a las detenciones arbitrarias y a la persecución por parte de las fuerzas de seguridad.

En el 2003 las Trabajadoras Sexuales logramos la derogación del Artículo 45 del Código Contravencional de Entre Ríos que facultaba a la policía para detenernos y juzgarnos. El mismo databa de 1952. En el 2008 logramos la derogación del Artículo 83 del Código Contravencional de Santiago del Estero que también habilitaba detenciones hacia nosotras y en el 2010 conseguimos la derogación del Artículo 81 del Código Contravencional de la Provincia de Santa Fe que le daba poder a la policía para vulnerar nuestros derechos. “Sandra Cabrera: ¡presente!” se escuchó en el recinto cuando se sancionó esta ley.

El pasado miércoles 11 de julio el senado de la Provincia de Buenos Aires derogó el Artículo 68 del Código Contravencional que habilitaba multas y arresto hacia las Trabajadora Seuxlaes. “Será penado con una multa de entre el quince (15) y el cuarenta (40) por ciento del haber mensual del Agente de Seguridad (Agrupamiento Comando) de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y arresto de cinco (5) a treinta (30) días, la persona que ejerciere la prostitución, dando ocasión de escándalo o molestando o produjere escándalo en la casa que habitare”, decía. El mismo era aplicado de manera prejuiciosa y abusiva sobre las mujeres cis y con más saña sobre las mujeres trans.

Los abusos policiales que sufrimos las Trabajadoras Sexuales por la vigencia de estas normativas, que en muchos casos datan de la última dictadura militar, han sido denunciados por nuestra organización en innumerables ocasiones. Por esta razón urge que se deroguen los artículos que siguen habilitando hasta el día de hoy la persecución y criminalización de las trabajadoras sexuales en 17 provincias del país (Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán y Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Nuestro trabajo no es un delito.

No soportamos más la violencia policial, no soportamos más agresiones avaladas por el Estado

#LaCalleEsDeTodxs

 

 

Centrarse en los derechos de las trabajadoras sexuales

 

Por Chus Álvarez

12 de julio de 2018

https://www.opendemocracy.net/beyondslavery/chus-lvarez/centrarse-en-los-derechos-de-las-trabajadoras-sexuales

 

Sea cual sea tu opinión sobre el trabajo sexual, negar que es un trabajo solo perjudica a quienes lo ejercen. English

 

En 2018 la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW por sus siglas en inglés) publicó el informe «Las trabajadoras sexuales se organizan por el cambio». La investigación se realizó en siete países para documentar cómo las organizaciones de trabajadoras sexuales se enfrentan a los diferentes abusos dentro de la industria del sexo y cómo manejan la discriminación diaria que experimentan. La autora de este artículo llevo a cabo la investigación en España.

 

Durante mucho tiempo el debate sobre el trabajo sexual ha compartido espacio en mi cabeza con los prejuicios y creencias sociales y culturales que tengo como feminista blanca y occidental. Como parte de mi trabajo en la GAATW he leído mucho sobre el tema, desafortunadamente la mayor parte de la bibliografía tiende a confirmar uno de los dos puntos de vista generalizados y extremadamente contrapuestos desde los que se habla de esta cuestión. «En los debates altamente polarizados sobre si el trabajo sexual es inherentemente dañino para las personas que venden servicios sexuales, el activismo a menudo cae en la trampa de presentar dos estereotipos contrarios y simplificados: la mujer prostituida (una víctima explotada sin capacidad de decisión) o la trabajadora sexual (una mujer empoderada e independiente que hizo una elección libre)». Así dice la introducción del nuevo informe de la GAATW «Las trabajadoras sexuales se organizan por el cambio».

Siempre había opinado que un mundo en el que el sexo no estuviera a la venta sería un mundo mejor. Esta opinión estaba basada en mi resistencia a la lógica capitalista que tiende a mercantilizar todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida, y en la idea de que el sexo debería estar relacionado con el amor,  el afecto, o cualquier otro tipo de sentimiento pero no con el dinero. ¿Tengo acaso una noción romántica del sexo? ¿Cómo han influido mi contexto religioso y social en mi opinión?

Realizar este estudio me ha permitido poner a un lado mis propias creencias y supuestos para escuchar atentamente  las realidades y motivaciones de varias trabajadoras sexuales. Hacerlo ha influido extraordinariamente en mi visión sobre el trabajo sexual, desarrollando una percepción mucho más fundamentada en las experiencias de aquellas personas que ejercen el trabajo sexual.

Aunque todavía no puedo responder a las preguntas sobre sexo, amor y dinero, escuchar las experiencias de las trabajadoras sexuales me ha dejado algo muy claro:si hablamos en serio cuando hablamos de proteger los derechos humanos de las mujeres, la criminalización y el estigma no son la respuesta. Los derechos lo son.

Los Derechos de las trabajadoras sexuales son derechos humanos

Proteger los derechos de las trabajadoras sexuales significa proteger los derechos humanos. Tal y como dice Clarisa Velocci de Genera (organización en Barcelona que defiende los derechos de las mujeres), «si se defienden los derechos humanos de las mujeres (…) es un pack completo (…) se defienden los de todas, no los de una sí y los de otras no».

Las trabajadoras sexuales, como cualquier otra trabajadora, tienen la capacidad y el derecho a elegir la forma en que quieren ganarse la vida de entre las opciones que tienen. Esta decisión tiene que ser reconocida y respetada de la misma manera que ha de serlo su trabajo. Lo mismo pasa con sus demandas, que se podrían resumir básicamente en lugares seguros para trabajar, derechos laborales y beneficios sociales tal y como, insisto, cualquier otra trabajadora.

Intercambiar servicios sexuales por dinero les permite pagar el alquiler, comprar comida y ropa, llevar a sus hijas e hijos a la escuela. Hace posible que puedan apoyar a su familia extensa , acceder a asistencia médica, viajar, ir al cine, invitar a cenar a sus amistades, etcétera. En muchas familias, las trabajadoras sexuales son las principales proveedoras.

El trabajo sexual da independencia económica a muchas mujeres. Ignorar esto es ignorar la principal motivación que existe tras el trabajo sexual.

El derecho de las personas trabajadoras de asociarse libremente y negociar de forma colectiva es uno de los cuatro pilares fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. Es más probable que sean las trabajadoras y trabajadores organizados quienes defiendan los derechos laborales, mejoren las condiciones de trabajo y creen sistemas de protección auto-gestionados. Los trabajadores y las trabajadoras organizadas tienen más poder y son menos vulnerables frente a la violación de derechos, el abuso y la explotación, incluyendo la trata de personas. Esto es tan cierto para las trabajadoras sexuales como para las personas en cualquier otro sector laboral. La organización de las trabajadoras sexuales debería ser igualmente reconocida por su poder de transformación. Debería ser encomiada y replicada, y apoyada desde el activismo por los derechos humanos.

Centrarse en los derechos humanos

Sacrificar los derechos de las personas involucradas en el trabajo sexual, incluso por el sueño de lograr un mundo sin trabajo sexual, va en contra del principio fundamental de los derechos humanos. Cuando rascamos más allá de la superficie, traspasando la teoría y los conceptos, nos encontramos de frente con las personas y con el impacto tan negativo que la criminalización y el estigma están teniendo en las trabajadoras sexuales. Se trata de ver las realidades de las trabajadoras sexuales tal y como son, no de cómo nos gustaría que fueran: las trabajadoras sexuales están sufriendo violaciones de sus derechos humanos a diario, no solo en su lugar de trabajo, sino también en la sociedad en general. Sufren humillaciones y ataques a su dignidad mientras hacen cola para renovar su DNI, o mientras esperan para entrar al médico. Incluso cuando van al colegio a recoger a sus hijas e hijos.

Escuchar a las trabajadoras sexuales y desafiar el conocimiento que creemos tener es crucial para abordar las condiciones laborales de las trabajadoras sexuales, incluyendo aquellas situaciones relacionadas con la trata. Necesitamos romper los estereotipos sobre el trabajo sexual y reconocer cómo las trabajadoras sexuales organizadas ya están abogando por la seguridad en el lugar de trabajo, la protección social y la participación en las decisiones que afectan a sus vidas.

Se trata de ver las realidades de las trabajadoras sexuales tal y como son, no de cómo nos gustaría que fueran.

Tenemos que comenzar por aceptar que el trabajo sexual es un trabajo. Es sorprendente ver cómo le cuesta a la gente reconocer que las trabajadoras sexuales se ganan la vida proporcionando servicios sexuales. Eso es lo que hacen. Puede ser que el trabajo que realizan les guste, o puede que no. Puede ser que hacer ese trabajo a ti te parezca bien o no. Pero que un trabajo guste o no, no tiene nada que ver con determinar que una manera de generar ingresos se clasifique como tal. Si así fuera, muchos sectores de la economía dejarían de ser «trabajo». De hecho, según una encuesta de Gallup de 2017, mucha gente odia su empleo pero eso no ha hecho que nadie se pregunte si lo que hace es en realidad trabajo.

Algunas personas argumentan que el trabajo sexual no es trabajo debido a cómo el patriarcado y el neoliberalismo lo influyen y configuran. Pero ¿podría alguna de esas personas nombrar un solo aspecto de nuestras vidas que no se vea influido por el patriarcado y el neoliberalismo?, ¿deberíamos entonces erradicar otros aspectos de la vida afectados tales como el matrimonio o las relaciones de pareja? ¿acaso podemos hacerlo?

En lugar de luchar por la criminalización del trabajo sexual o simplemente debatir si es o no trabajo, invito a quienes quieren erradicarlo a centrarse en eliminar las condiciones que lo convierten en la mejor alternativa de subsistencia para tantas mujeres.

Justo al final de uno de los grupos de discusión con trabajadoras sexuales en España, una de las participantes me preguntó: ¿alguna vez has pensado en ejercer como trabajadora sexual? No pude responder con un simple sí o no. Ser trabajadora sexual nunca ha estado entre mis mejores opciones de trabajo, por lo que por ahora no he tenido que considerar los pros y contras para tomar una decisión. La mujer que me hizo la pregunta no puede decir lo mismo.

Tenemos que retomar el debate, pero esta vez escuchando lo que las trabajadoras sexuales tienen que decir y centrando la atención en sus derechos humanos.

 

 

Acerca de la autora

Chus Álvarez es Oficial de Programa para América Latina con Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW).

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La prostitución: posible objeto de un contrato de trabajo como una manifestación más del trabajo sexual.

 

Autor: Fernando Fita Ortega
Páginas: 91-107
Cargo: Profesor T.U. Universitat de València

https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/prostitucion-trabajo-manifestacion-sexual-314320018

 

ÍNDICE

1. Algunas consideraciones en torno a la posibilidad de considerar la prostitución como objeto del contrato de trabajo.

1.1. La prostitución y la tutela de la libertad.
1.2. La prostitución y la tutela de la dignidad.

2. Una propuesta: la prostitución como objeto de una relación laboral de carácter especial.

 

1 . Algunas consideraciones en torno a la posibilidad de considerar la prostitución como objeto del contrato de trabajo

En el debate abierto acerca del reconocimiento de la prostitución1 como objeto de la relación laboral, son dos, desde mi punto de vista, los aspectos clave sobre los que gira la misma. Se trata de los relativos a la libertad y la dignidad.

 

1.1. La prostitución y la tutela de la libertad

Por lo que se refiere a las interrelaciones entre prostitución y libertad, varias son las aproximaciones que cabe efectuar. Así, de una parte, el análisis de la prostitución desde la perspectiva de la libertad al desempeño de una actividad económica. De otra, el enfoque de la prostitución desde la perspectiva de la libertad sexual.

1 . En cuanto a la primera de estas aproximaciones, la libertad para el ejercicio de las actividades económicas se encuentra recogida en el artículo 35 de la Constitución Española. Este precepto, de modo similar a como lo hacen otros textos constitucionales de países europeos y otras disposiciones supranacionales, reconoce el derecho a la libre elección de la profesión y oficio. Derecho cuyo alcance abarca tanto el derecho de toda persona a no verse obligada a trabajar en aquellas actividades que no hayan sido voluntariamente aceptadas (vertiente negativa del derecho, recogida en el art. 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos2) como el derecho a prestar una actividad en régimen de libertad, sin más limitaciones que las que resulten necesarias y respondan a objetivos de interés general, o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás (vertiente positiva del derecho).

La vertiente negativa del derecho a la libre elección de la profesión y oficio se plasma en la prohibición de la esclavitud y de los trabajos forzados u obligatorios, los cuales han sido identificados como todo trabajo impuesto a una persona contra su voluntad, presentando un carácter injusto u opresivo. Evidentemente, la admisión de la legalidad de la prostitución y su reconocimiento como trabajo sexual pasa por que se trate de una opción que cuente con el consentimiento de la trabajadora, sin que pueda ser una opción impuesta contra su voluntad. Teniendo presente que para valorar el concurso de la voluntariedad -requisito indispensable para poder apreciar la existencia de una relación laboral-, el ordenamiento no atiende más que a la presencia de la libertad formal del individuo -de modo que no quepa apreciar ningún tipo de vicio en el consentimiento prestado- sin que resulte relevante la libertad material, esto es, las condiciones de partida de quien acepta libremente la prostitución como medio de vida, y que pueden haber ‘forzado’ a la persona a la libre aceptación de esa actividad3.

Con relación a esta cuestión cabe destacar que la posibilidad de que exista consentimiento en el ejercicio de la prostitución, y que el mismo pueda ser tenido en cuenta, ha sido, por lo demás, reconocido por el Consejo de la Unión Europea4, que en su Decisión Marco de 19 de julio de 2002, relativa a la lucha contra la trata de seres humanos5, centra su ámbito de actuación a aquellos supuestos en los que el trabajo sexual viene impuesto a la persona6.

Por lo demás, aunque el ejercicio de la prostitución haya sido voluntariamente aceptado, nunca podrá convertirse en objeto de un contrato esclavo, con condiciones leoninas7. Es en estos casos donde la dignidad de las trabajadoras del sexo podrá verse vulnerada, esto es, cuando como consecuencia de la especial situación de vulnerabilidad de la trabajadora se consienten unas condiciones de trabajo inaceptables8, y ello por cuanto prestar un trabajo al que se ha consentido puede constituir perfectamente un trabajo forzado u obligatorio si se trata de un trabajo injusto u opresivo9, lo que puede llegar a justificar la aplicación de la sanción penal a quien impone tales condiciones10.

Respecto a la vertiente positiva del derecho a la libre elección de la profesión y oficio, cabe destacar que el derecho al trabajo, en su manifestación como libertad individual para elegir una profesión u oficio, no es un derecho absoluto -como no lo son ninguno de los derechos consagrados en el texto constitucional- de modo que no cabe derivar de él el derecho a desarrollar cualquier actividad. El respeto al propio ordenamiento jurídico, a los valores y principios inherentes a él, se opondría a semejante conclusión.

Descartado, como luego se expondrá, que el ejercicio de la prostitución como actividad profesional pueda entenderse contrario al principio de la dignidad consagrado en el art. 10 de la Constitución Española, la consideración de la prostitución como una variante legalmente admitida del trabajo sexual es una cuestión que solamente cabe valorar desde la perspectiva de la legalidad infraconstitucional11, quedando en manos del legislador ordinario -a través de ley orgánica- modificar su estatus jurídico12.

Así pues, considerando que el libre ejercicio de la prostitución no es contrario a los valores y principios reconocidos en nuestro ordenamiento y que, por tanto, puede ser un objeto lícito del contrato de trabajo, cabe concluir en este momento señalando que la libertad individual para elegir una profesión u oficio propia de un Estado Democrático y Social de Derecho debe comprender no sólo la prohibición de discriminación, sino también una posición activa frente a los obstáculos que impiden la igualdad, pues así lo impone el artículo 9.2. de la Constitución13. Y en el caso del colectivo de mujeres prostituidas parece claro que la vía más adecuada para lograrlo es la de su reconocimiento legal, restituyendo la debida consideración social, de la que históricamente se han visto privadas, a quienes ejercen esta actividad, de modo que se le reconozcan derechos relacionados con su actividad.

2 . En cuanto a la segunda de las aproximaciones a la prostitución desde la libertad, esto es, desde el punto de vista de la libertad sexual, cabe destacar, en primer lugar, que difícilmente puede encontrarse algún reconocimiento de esta libertad en el ordenamiento español, más allá de lo previsto en la normativa penal. Sin embargo, no puede negarse que, a pesar de ello, la libertad sexual -entendida como la capacidad del individuo a comportarse eróticamente sin más límite que la ausencia de perjuicio para terceros14- se encuentra implícitamente reconocida en la libertad individual en sentido amplio, pudiendo reconducirse al derecho a la intimidad personal consagrado en elartículo 18 de la Constitución15.

La inclusión de la libertad sexual en la esfera del derecho a la intimidad también ha sido reconocida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos16. Así puede apreciarse en dos decisiones de dicho Tribunal relativas a prácticas sadomasoquistas, en las que la Corte se ha basado en la protección de la salud e integridad física para descartar la existencia de una violación, por parte del Estado, del derecho a la vida privada reconocido en el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales17.

En este sentido, en la sentencia Laskey, Jaggard y Brown contra el Reino Unido, de 19 de febrero de 1997, el TEDH estima que una de las funciones que indudablemente corresponden al Estado consiste en la regulación, en virtud del derecho penal, de las prácticas que implican daños corporales siendo irrelevante que estos actos se hayan cometido dentro de un marco sexual o de otro tipo18. De otra parte, en la sentencia K.A. y A.D. contra Bélgica (TEDH 2005, 15, ap. 29) dictada el 17 de febrero de 2005 se afirma que “…si bien una agresión con lesiones voluntaria, incluso causada en el marco de unas prácticas sadomasoquistas, no puede justificarse por el consentimiento de la víctima, sí puede no obstante considerarse excusable en virtud del artículo 8.1 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572). Tal sería el caso cuando no atenta contra la salud de la víctima y cuando ésta consiente en ello legalmente. En estas condiciones, las prácticas sadomasoquistas deberían considerarse pertenecientes a la vida privada, cuyo respeto exigiría que escapasen a la condena pese al hecho de que reuniesen los elementos constitutivos de una agresión con lesiones voluntaria. En este caso, sin embargo, los Tribunales de instancia concluyeron legalmente, a partir del análisis de la relación entre los artículos 392 y 398 del Código Penal, por un lado, y del artículo 8.1 y 8.2 del Convenio, por otro, que la calificación de los actos sadomasoquistas cometidos por los demandantes en concepto de «agresión con lesiones voluntaria» cumplía las exigencias de la noción de «Ley», en el sentido del artículo 8.2, justificando así legalmente la condena de los interesados”. Y respecto de esta cuestión el Tribunal falla entendiendo que la acción punitiva ejercida por el Estado Belga en este caso no suponía una vulneración de lo prevenido en el art. 8 del Convenio porque, en última instancia, no se respetó la voluntad de la ‘víctima’19. De este modo el Tribunal no llega a pronunciarse sobre dos consideraciones que se plantean en la sentencia del tribunal nacional que da pie al recurso ante el TEDH, esto es, si la moral pública y el respeto de la dignidad de la persona humana imponían unos límites que no podían franquearse aprovechándose del «derecho a disponer de sí mismo» o de la «sexualidad consensual»20.

Cuestión distinta es la de que el derecho a la intimidad, en cuya virtud se impide que la norma penal pueda intervenir, en principio, en el ámbito de las prácticas sexuales consentidas que dependen del libre arbitrio de los individuos21, pueda reconocerse en los supuestos de prácticas sexuales mantenidas a cambio de una contraprestación económica22. Opción que ha sido negada por la Comisión Europea de Derechos Humanos que, en su decisión F. contra Suiza, n. 11680/1985, de 10 de marzo de 1988, ha considerado que la incitación a la explotación comercial de la sexualidad es ajena completamente a la vida privada o familiar23.

Se evidencia así, como pone de manifiesto DIANE ROMAN24, que mientras que con el reconocimiento de la libertad sexual se pone el énfasis en la autonomía de la persona, así como en su facultad de realizarse a través de un relación sexual y amorosa libremente consentida -lo que llevaría a los sistemas jurídicos occidentales a proclamar un principio de orientación sexual que, llevado a su grado máximo, debería conducir a admitir toda forma de sexualidad: heterosexual u homosexual, practicada sola o en grupo, conforme a los principios morales tradicionales o contrarios a ciertos tabúes, de forma gratuita o bajo precio- el derecho se opone a ello, manteniendo diversas barreras.

Puede así concluirse que siendo múltiples los aspectos de la libertad sexual (tanto el derecho a mantener relaciones sexuales o de rechazarlas, como el derecho a escoger su naturaleza: sea heterosexual, homosexual, retribuidas o no, sadomasoquistas, etc.)25, lo cierto es que sólo algunas de ellas han ido poco a poco mejorando su tutela legal, resultando que la libertad sexual sigue estando hoy día extremadamente limitada26, siendo que estas restricciones a la libertad sexual resultan a menudo aceptadas en nombre de la moral pública, de la igualdad entre sexos, de la protección de los débiles o de la dignidad humana27.

 

1.2. La prostitución y la tutela de la dignidad

El otro aspecto fundamental en el debate acerca del posible reconocimiento legal de la prostitución como actividad productiva estriba en el derecho a la tutela de la dignidad de las personas.

En casi todas las decisiones de los tribunales laborales españoles que niegan la posibilidad de que la prostitución se considere como objeto lícito de un contrato de trabajo se hace hincapié en que, en la medida en que esa actividad va en contra de la dignidad de las personas, no cabe reconocer tutela legal alguna a quien la ejerce. Se concluye, pues, afirmando que el individuo no es libre para comprometer su propia dignidad, lo que conlleva la paradoja que con el fin de proteger la dignidad de las personas se les priva de una parte de la misma28, tratándolas como incapaces y negándoles su poder de decisión al suplantar su libre albedrío por el de la colectividad, dado el hecho de que “ésta sabe mejor que aquél lo que es bueno para él”29.

Por lo que se refiere a nuestro ordenamiento, es sabido que el artículo 10 de la C.E.reconoce, como fundamento del orden político y de la paz social, la dignidad de la persona así como los derechos inviolables que le son inherentes. La dignidad aparece así reconocida en nuestro texto constitucional como un valor o principio inspirador del ordenamiento jurídico, fuera de la sección expresamente dedicada a los derechos fundamentales, aunque pueda consistir en un sustrato inherente a todos y cada uno de ellos30.

Estrechamente vinculada a la dignidad de las personas se encuentra la prohibición de trata de seres humanos, cuya definición debe incluir la vertiente relacionada con la explotación sexual31. Desde este punto de vista, la idea de dignidad reconduce la problemática al primero de los aspectos analizados, esto es, la necesidad de garantizar la libertad sexual. Y es evidente que en este punto los dos conceptos se interrelacionan, pues no puede sino afirmarse que constituye un atentado contra la dignidad de las personas imponerles una conducta sexual, sin respeto de su libertad de decisión32.

La cuestión que debe, pues, despejarse, es la de si el ejercicio de la prostitución voluntariamente consentida puede suponer un atentado contra la dignidad. En este sentido cabría decir que tal conclusión iría en contra de la configuración que el propio Tribunal Constitucional ha realizado del derecho a la dignidad. En efecto, el Alto Tribunal ha señalado que la dignidad personal del trabajador debe ser entendida como“el derecho de todas las personas a un trato que no contradiga su condición de ser racional igual y libre, capaz de determinar su conducta en relación consigo mismo y su entorno, esto es, la capacidad de autodeterminación consciente y responsable de la propia vida”33. De este modo, la idea de dignidad se pone nuevamente en relación con la de libertad, pero esta vez desde su vertiente positiva. Así lo manifestó el propio Tribunal, en su sentencia 53/1985, de 11 de abril, en la que se afirma que “la dignidad de la persona se halla íntimamente vinculada con el libre desarrollo de la personalidad (art. 10) y los derechos a la integridad física y moral (art. 15), a la libertad de ideas y creencias (art. 16), al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (art. 18.1). Es un valor espiritual y moral inherente a la persona, que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y que lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los demás…”.

Desde esta perspectiva, la respuesta que cabe dar a la premisa planteada no ofrece lugar alguno a la duda: la prostitución libremente aceptada, y en unas condiciones aceptables, en nada puede afectar a la dignidad de quienes la ejercen, pues se trata de un valor subjetivo cuya vigencia se manifiesta frente a los demás, por lo que deberá ser jurídicamente respetada34.

Cuestión distinta es la consideración moral que conllevan las reflexiones que estiman contrario a la dignidad el ejercicio consentido de la prostitución. En este sentido puede apreciarse, como subraya DANIEL BORRILLO, cómo la crisis jurídica del concepto de moralidad y de buenas costumbres, que han perdido su legitimidad en un Estado democrático que implica su neutralidad ética, ha dejado en manos de la dignidad humana y la igualdad de los sexos los argumentos tradicionalmente invocados para justificar los límites a la libertad sexual35, siendo que el argumento de la dignidad resulta peligroso porque descansa sobre el paternalismo del Estado36.

El tema de la dignidad, tan a menudo suscitado por los tribunales laborales a la hora de enjuiciar la legalidad de la actividad de la prostitución, se reconduce así a una cuestión de moralidad, lo que resulta consecuente con la afirmación frecuentemente efectuada por los tribunales laborales cuando abordan la cuestión en el sentido de que, en el caso de la prostitución, el objeto del contrato es ilícito, pues se trata de un objeto contrario a las leyes o a las buenas costumbres (art. 1271 del Código Civil), y de que también lo es la causa, pues resulta ilícita la causa cuando se opone a las leyes o la moral (art. 1275 del Código Civil)37. Así, la moralidad, o lo que ha venido a sustituirla, la dignidad, aparece como un límite a la libertad de la autonomía individual de las personas38.

Desde esta perspectiva, se comprende la tradicional obstinación de entender contraria a la dignidad la actividad de la prostitución, dada la visión absolutamente negativa que de ella se transmite39, que denota cómo la prostitución ha venido siendo una actividad socialmente estigmatizada. Es lo que se pone de manifiesto en la consideración de que“la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas para fines de prostitución, son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana y ponen en peligro el bienestar del individuo, de la familia y de la comunidad40. La prostitución viene así representada como una actividad peyorativa o denigratoria41, que “corrompe en todos los casos”42.

Sin embargo, dentro del campo de la moral sexual, se ha sugerido que, con la liberalización de las costumbres, se ha pasado de una moral substantiva, basada en la noción de las buenas costumbres, a una moral consensuada, privilegiando la libertad de consentimiento, donde la represión de la sexualidad se limite a proteger a los individuos que no se encuentran en condiciones de prestar un consentimiento válido43. Los estigmas, como sugiere MARTHA NUSSBAUM44, varían con el paso del tiempo -aunque, cabría matizar, algunos más rápidamente que otros- siendo necesario que se supere definitivamente la estigmatización de la prostitución (libremente consentida, insisto) pues es a través de dicha estigmatización que verdaderamente se lesiona la dignidad de quienes la ejercen, al negarles, como dice el Tribunal Constitucional en su sentencia 192/2003 antes referida, la “autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y que lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los demás”.

Por otra parte, en la medida en que ninguna legislación es éticamente aséptica, sino que responde a los valores y principios vigentes en la sociedad, se viene atribuyendo a los distintos Estados la potestad de establecer, en función de su propia idiosincrasia, los cánones de moralidad vigentes en los mismos, sin que pueda entrarse a sustituir tales cánones por los prefijados fuera de su propio ámbito45.

Así, el TJCE, en su sentencia Jany, de 20 de noviembre de 2001, dispone que “por lo que se refiere a la inmoralidad de la actividad de prostitución, evocada por el órgano jurisdiccional remitente, procede recordar también que, como ha declarado el Tribunal de Justicia, no le corresponde sustituir por la suya la apreciación de los legisladores de los Estados miembros en los que una actividad supuestamente inmoral se practica legalmente”.

Desde este punto de vista, es a los Estados a quienes compete establecer los parámetros de la moralidad pública, sin que en dicha tarea puedan sustituirse los valores de la colectividad por los individuales de los juzgadores ante quienes se sometan las controversias jurídicas, tal y como puede apreciarse en la actual reticencia de ciertos miembros del poder judicial en la aceptación de la validez del matrimonio de parejas homosexuales o en que éstas puedan adoptar legalmente a menores. El problema reside tanto en descubrir, tal y como afirma DANIÈLE LOCHAK46, en una sociedad democrática, caracterizada por una pluralidad de valores y convicciones, puede alcanzarse un acuerdo en torno a las reglas que restrinjan el libre arbitrio de cada uno sin que las restricciones aparezcan como arbitrarias47, como en aceptar que la moralidad pública dominante no tiene por qué coincidir con la individual48.

Ello se traduce, en el caso del Estado español, en que el legislador no ha intervenido sobre el particular declarando expresamente la legalidad o ilegalidad de la prostitución49, colocándola en una “bolsa de alegalidad”50. Las razones para que ello siga siendo así consisten, probablemente, en que el legislador no ve forma de declarar ilegal una actividad que se encuentra ampliamente extendida y ‘tolerada’ y, por otra, que no se puede apreciar en la actualidad el suficiente consenso en la sociedad como para afrontar el expreso reconocimiento de la prostitución como actividad legal51, por lo que la cuestión queda en manos de la valoración subjetiva de jueces y tribunales52, que suelen aplicar en este punto una doctrina históricamente establecida conforme a un contexto de libertad sexual nada parecido al que actualmente existe y, por tanto, ampliamente superado53.

Así pues, el argumento de que la prostitución no puede ser contemplada por el derecho como una actividad productiva legítima pues atenta a la dignidad de la mujer habría que desterrarlo. Se trata de un argumento de índole moral, pudiendo señalarse, desde un plano igualmente de la valoración ética o moral, que la dignidad -o su contrario, la indignidad- no es predicable respecto de la actividad de la prostitución, sino que estos calificativos pueden atribuirse únicamente a las condiciones en las que aquélla se ejerce. Además, en contra de lo habitualmente argumentado, la plena aceptación de los derechos laborales de las prostitutas, la regulación y tutela de su ejercicio por parte de la normativa laboral, al contribuir a la inclusión social de estas trabajadoras del sexo, coadyuvaría asimismo a restituirles la dignidad que de forma injustificada tradicionalmente se les ha negado54. Puede recordarse, en este sentido, que la extrema pobreza y la exclusión social suponen atentados a la dignidad de las personas, por lo que se hace imprescindible adoptar con urgencia las medidas a nivel nacional e internacional para ponerles fin55.

Por lo demás, otro argumento tantas veces utilizado para denegar a la prostitución el estatus de trabajo digno de protección jurídica, aquél que se refiere a que la industria sexual pudiera legitimarse a través de reconocimiento de la prostitución como objeto lícito de un contrato, desconoce hipócritamente que dicha legitimación ya existe. De este modo, por ejemplo, se ha reconocido sin ningún tipo de problema la relación laboral de las teleoperadoras de teléfonos eróticos56, sin que se haya planteado duda alguna en el ámbito español -por lo menos a mi no me consta- respecto de la licitud del contrato de los actores de espectáculos eróticos o de películas porno, actividad esta última en la que la única diferencia con la actividad de la prostitución radica en que quien abona los servicios a la trabajadora no es el cliente que mantiene la práctica sexual con ella, sino el productor de la película o espectáculo que luego la explota comercialmente, siendo esta circunstancia, precisamente, la que impide incluir a las películas porno dentro del concepto de prostitución, pues en estos casos no se trata de comerciar con el propósito de proporcionar un favor sexual. Así pues, cabe concluir que la prostitución no es sino una manifestación más del trabajo sexual que actualmente se encuentra plenamente reconocido como actividad productiva lícita en otras de sus manifestaciones57.

El único reparo que quizá podría realizarse al normal reconocimiento de la pros-titución como actividad objeto de un contrato de trabajo podría derivar del necesario respeto del principio de igualdad. En este sentido, DANIEL BORRILLO, quien en todo caso destaca que si bien la igualdad podría justificar una limitación de la libertad sexual, debería ser una limitación adecuada a la situación de desigualdad, de manera que si son las mujeres heterosexuales las que se encuentran en situación de inferioridad, lo que debería limitarse no es tanto la libertad sexual en general, sino solamente la de los hombres heterosexuales. Siendo que, como concluye este autor, que la limitación que se impusiera debería ser provisional, mientras se alcanzase una situación de igualdad, sin que tuviera que perpetuarse más allá58. De otra parte hay quien, como MESTRE I MESTRE, sostiene que precisamente el principio de igualdad exige que se garantice que las personas afectadas por el trato desigual participen en la determinación y diseño de las políticas públicas que se les aplican, lo que implica no sólo ejercer una actividad reconocida sino pedir que se reconozca una actividad, “es decir, ser considerado agente social e interlocutor válido; ser considerado sujeto con capacidad para plantear cuestiones y políticas más amplias que el desarrollo de tu propia vida”59.

 

2 . UNA PROPUESTA: LA prostitución como objeto de una relación laboral de carácter especial

La ausencia de un reconocimiento legal expreso de la prostitución como una manifestación de la libertad sexual no puede suponer su necesaria consideración como actividad prohibida o vedada por el ordenamiento jurídico. Teniendo en cuenta esta consideración, y siendo conscientes de que en todo caso únicamente tiene cabida en aquél la prostitución libremente aceptada, podría admitirse la inclusión de esta actividad dentro del ámbito de tutela que dispensa la normativa laboral60, siempre que en su ejecución se den las notas configuradoras de la laboralidad. Con este reconocimiento expreso resultaría innecesario acudir a la artificiosa distinción entre prostitución y alterne, como vienen efectuando los tribunales laborales españoles, en orden a proporcionar cierta protección legal a estas trabajadoras del sexo61. En definitiva, pudiendo apreciarse en el colectivo de las mujeres prostituidas una situación de desigualdad y desprotección similar a la que dio pie al surgimiento del Derecho del Trabajo, no parece descabellado plantearse la extensión de su ámbito de aplicación a este colectivo.

Como ha quedado expuesto en las páginas previas, la idea de que las condiciones de partida de quien ejerce la prostitución anulan su voluntad no puede compartirse. Siendo que el trabajo supone el medio de subsistencia de las personas, aquél nunca será, por definición, una opción libre desde un punto de vista de verdad material. Pero ello con independencia de la actividad a la que cada uno, libremente, de acuerdo con sus posibilidades, decida dedicarse62.

Por lo demás, el reconocimiento expreso de un estatus laboral a la prostitución, dotándola de la debida protección jurídica, no obligaría en modo alguno al Estado a promover el empleo en estas actividades63. En efecto, el Estado no puede promover una moral sexual específica, so pena de transformarse él mismo en inmoral, ya que el Estado debe preservar su imparcialidad moral, lo que constituye una garantía para la libertad de los individuos64. En este sentido, analizando la realidad sociolaboral que nos rodea, puede contemplarse cómo el Estado no promociona todas las actividades que se encuentran plenamente reconocidas y dotadas de cierta protección social65.

En todo caso, esa inclusión expresa de la prostitución en el ámbito de aplicación de las normas laborales exigiría su configuración como una relación laboral de carácter especial. Como es sabido, la existencia de las relaciones laborales de carácter especial obedece a la propia singularidad de la actividad que se somete a tales regímenes especiales y, en el supuesto de la prostitución es dable apreciar semejante singularidad. Sin duda la naturaleza de los servicios a prestar, así como la atenuación de la dependencia de la trabajadora al poder directivo del empresario en este tipo de actividades66, justificaría su tratamiento como una relación laboral de carácter especial.

El régimen de contratación, el salarial, el disciplinario, o, entre otros, las condiciones para acceder y mantener el derecho a las prestaciones por desempleo, requerirían, previsiblemente, una regulación jurídica diferenciada de la establecida con carácter común en el Estatuto de los Trabajadores y demás normativa laboral67.

El reconocimiento de la laboralidad de la actividad de prostitución sería, pues, plenamente posible68y deseable, debiendo regularse su ejercicio para extender la protección de la que están necesitadas las trabajadoras y los trabajadores del sexo así como para asegurar la ausencia de perjuicios para terceros69, lo que de hecho ya se hace70.

 


[1] La prostitución se ha identificado con el ofrecimiento de servicios de naturaleza sexual a cambio de una contraprestación económica. en este sentido, las SSTSJ, (CA) de Galicia, de 25 de noviembre de 1998 (RJCA 4721) y de 24 de febrero de 1999 (RJCA 292) identifican a la prostitución con “la captación para el mantenimiento de relaciones sexuales”. La STSJ (CA) de cataluña de 31 de mazo de 2005 (RJCA 274), la define como la “prestación de servicios de naturaleza sexual mediante precio”. o como dice el diccionario de la real Academia de la Lengua española, la prostitución es“actividad a la que se dedica la persona que mantiene relaciones sexuales con otras, a cambio de dinero”.

[2] El artículo 4 del CEDH, intitulado “prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado”, dispone:
1. Nadie podrá ser sometido a esclavitud o servidumbre.
2. Nadie podrá ser constreñido a realizar un trabajo forzado u obligatorio.
3. No se considera como «trabajo forzado u obligatorio» en el sentido del presente artículo:
a) Todo trabajo exigido normalmente a una persona privada de libertad en las condiciones previstas por el artículo 5 del presente Convenio, o durante su libertad condicional.
b) Todo servicio de carácter militar o, en el caso de objetores de conciencia en los países en que la objeción de conciencia sea reconocida como legítima, cualquier otro servicio sustitutivo del servicio militar obligatorio.
c) Todo servicio exigido cuando alguna emergencia o calamidad amenacen la vida o el bienestar de la comunidad.
d) Todo trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales.

[3] esas condiciones deberán ser evitadas, desde luego, para garantizar el pleno desarrollo del individuo, ofreciéndole alternativas, pero ello pasa por actuar en el entorno, incrementando las oportunidades de obtener medios de vida distintos, sin que pueda admitirse como válida la opción de negar la tutela que dispensa la normativa laboral, de modo que la persona que, por sus circunstancias, se haya visto ‘forzada’ a aceptar esa actividad se vea, además, privada de aquella tutela. sobre este argumento como razón para entender que la prostitución vulnera los derechos fundamentales de las mujeres prostituidas, véase, CARMONA CUENCA, e., ¿es la prostitución una vulneración de los derechos fundamentales , en AA.VV. Prostitución y Trata Marco jurídico y régimen de derechos. tirant Lo blanch. Valencia 2007p. 63. Argumento, en mi opinión, inconsistente tanto por lo expuesto como por el hecho de que no siempre se accede a la prostitución desde situaciones marginales o de necesidad extrema, frente a lo que se apunta en el texto referenciado.

[4] en este sentido, GUAMÁn HERNÁNDEZ, A., La prostitución como actividad económica. La incidencia de la jurisprudencia del TJce sobre la cuestión” en AA.VV.Prostitución y Trata Marco jurídico y régimen de derechoscit., p. 260.

[5] do L 203/2002, de 1 de agosto.

[6] en el artículo primero de esta disposición se dice: “Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para garantizar la punibilidad de los actos siguientes:
La captación, el transporte, el traslado, la acogida, la subsiguiente recepción de una persona, incluidos el intercambio o el traspaso del control sobre ella, cuando:
a) se recurra a la coacción, la fuerza o la amenaza, incluido el rapto, o b) se recurra al engaño o fraude, o c) haya abuso de autoridad o de situación de vulnerabilidad, de manera que la persona no tenga una alternativa real y aceptable, excepto someterse al abuso, o d) se concedan o se reciban pagos o beneficios para conseguir el consentimiento de una persona que posea el control sobre otra persona, con el fin de explotar el trabajo o los servicios de dicha persona, incluidos al menos el trabajo o los servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud o la servidumbre, o con el fin de explotar la prostitución ajena o ejercer otras formas de explotación sexual, incluida la pornografía.
2. El consentimiento de una víctima de trata de seres humanos a la explotación, prevista o consumada, no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a los medios indicados en el apartado 1”.

[7] sobre la ilegalidad de los contratos esclavo, véase la sts (sala 2) 30 de junio de 2000 (RJ 6081).

[8] Lo que, por lo demás, viene vedado por la prohibición de renuncia a los derechos laborales contenida en el artículo 3.5 del estatuto de los trabajadores.

[9] sobre el particular, véase RENUcci, J.F., Droit Européen des Droits de l’Homme. parís, 2002, p. 329.

[10] en este sentido, SAp cantabria, de 23 de junio de 2005 (JUr 264752), relativa a un supuesto de aceptación libre de la prostitución, pero siendo sometidas las trabajadoras a unas condiciones de trabajo abusivas: “…en el supuesto examinado, la conducta delictiva enjuiciada, cuya gravedad no cabe desconocer, consiste en la imposición de unas abusivas fórmulas de explotación sexual de las inmigrantes, sacando partido de la clandestinidad que acompaña a su condición de extranjeras ilegales”. en el mismo sentido, SAp Albacete, de 10 de junio de 2002 (JUr 210633).

[11] en este mismo sentido, rey MARTÍNEZ, MATA MARTÍn y SERRAno ARGÜELLo, que si bien afirman que de la constitución no se desprende un derecho fundamental a practicar la prostitución, o a que ésta sea reconocida como un oficio o profesión, reconocen que tampoco se deriva necesariamente de ella la obligación del legislador de prohibirla porque suponga en todo caso un ataque a la dignidad de las personas que la ejercen, por lo que concluyen que la constitución “permite una amplia libertad de configuración por parte del legislador que puede… en cada momento optar por uno u otro modelo de regulación”. rey MARTÍNEZ, MATA MARTÍn y SERRAno ARGÜELLo,Prostitución y Derecho. Aranzadi. 2004, pp. 70 y 73.

[12] tal y como reconoció la sts (CA) de 28 de mayo de 1996 (RJ 4651), la ilicitud del contrato solamente puede derivar de hecho de que la conducta esté tipificada como ilícito penal.

[13] SILVIA GAy, eÑAUt OTAZo y MARIAn SANZ, en “¿prostitución=profesión Una relación a debate”, Aequalitas. Revista Jurídica de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, n. 13, julio- diciembre 2003, p. 13.

[14] BORRILLo, d., “Liberté érotique et «exception sexuelle»” en AA.VV. La liberté sexuelle. PUF. parís. 2005, p. 38.

[15] en este sentido se ha puesto de manifiesto cómo el derecho a la libertad sexual, desde la perspectiva del respeto a la autonomía de la persona y su derecho a que se le respete la intimidad, arranca del declive de la prescripción moral y la relativa desaparición de la noción de «buenas costumbres». ROMAn, d., «Le corps a-t-il des droits que le droit ne connaît pas La liberté sexuelle et ses juges : étude de droit français et comparé». Recueil Dalloz 2005. chroniques. p. 1508.
No parece posible, por el contrario, vincular la libertad sexual a la libertad de disponer del propio cuerpo, pues si bien el TEDH ha conectado el derecho a mantener relaciones sexuales al derecho de las personas a disponer de su cuerpo (el cual puede entenderse «en el sentido del derecho a efectuar elecciones concernientes a su propio cuerpo» de modo que «la facultad de cada uno de llevar su vida como le parezca puede también incluir la posibilidad de entregarse a actividades consideradas física o moral-mente perjudiciales o peligrosas para su persona». sentencia Pretty contra Reino Unido de 29 abril 2002 -TEDH 2002, 23, ap. 66-) como parte integrante de la noción de autonomía personal, se trata de una libertad limitada por muchas vertientes (así, por el principio de indisponibilidad del cuerpo humano, por la sacralización de la vida y el correspondiente rechazo a la eutanasia activa, por la voluntad de proteger a las personas vulnerables frente a un consentimiento dado de forma excesivamente ligera, etc.) al margen de que tampoco dicha libertad se encuentra reconocida por ningún precepto de derecho positivo. en este sentido, LOCHAK, d., “La liberté sexuelle, une liberté (pas) comme les autres “, en AA.VV. La liberté sexuelle, cit., p. 9.

[16] Así, por ejemplo, en las sentencias Dudgeon contra Reino Unido de 22 octubre 1981 (TEDH 1981, 4, ap. 41); B. contra Francia de 25 marzo 1992 (TEDH 1992, 43, ap. 63) o Burghartz contra Suiza de 22 febrero 1994 (TEDH 1994, 9, ap. 24), se ha destacado que elementos tales como el sexo, la orientación sexual y la vida sexual son componentes importantes del ámbito personal que protege el artículo 8. del mismo modo, el TEDH ha señalado, en su sentencia K.A. y A.d. contra bélgica (TEDH 2005, 15, ap. 85) que El artículo 8 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) protege el derecho a la plenitud de las personas, tanto en forma de desarrollo personal (Sentencia Christine Goodwin contra Reino Unido [GS] de 11 julio 2002 [JUR 2002, 181176] , Repertorio 2002-VI, ap. 90) como bajo el aspecto de la autonomía personal que refleja un principio que subtiende la interpretación de las garantías del artículo 8 (Sentencia Pretty contra Reino Unido de 29 abril 2002 [ TEDH 2002, 23] , Repertorio 2002-III, ap. 61). Este derecho implica el derecho a establecer y mantener relaciones con otros seres humanos y el mundo exterior (ver, por ejemplo, Burghartz contra Suiza, serie A n. 280-B, informe de la Comisión, ap. 47, y Friedl contra Austria, serie A n. 305-B, informe de la Comisión, ap. 45), inclusive en el ámbito de las relaciones sexuales, que es uno de los más íntimos de la esfera privada y se encuentra, a este respecto, protegido por esta disposición (Sentencia Smith y Grady contra Reino Unido de 27 septiembre 1999 [TEDH 1999, 37], Repertorio 1999-VI, ap. 89)”.

[17] el articulo 8 de este convenio, intitulado ‘derecho al respeto a la vida privada y familiar’, dispone:
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia.
2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás.

[18] Apartado 43. puede apreciarse así, en esta sentencia, la negación de las prácticas sadomasoquistas como una realidad amparada dentro del concepto de libertad sexual, y la puesta en relieve de que para reprimir penalmente el masoquismo no hay necesidad de legislar en la materia aun cuando, en principio, no existe crimen sin ley. sobre esta sentencia, tales conclusiones, y la contradicción entre el fallo de la corte, basado en la tutela de la salud, y los hechos que se declaran probados -donde se afirma que las prácticas masoquistas no dieron lugar a lesiones permanentes ni necesitaron la asistencia de un médico-, véase CAYLA, o., “La plaisir de la peine et l’arbitraire pénalisation du plaisir”, en AA.VV. La liberté sexuelle. cit, pp. 89 y ss, en especial pp. 96, 101 y 103.

[19] “En este caso, debido a la naturaleza de los hechos enjuiciados, la injerencia que constituyen las condenas pronunciadas no parece desproporcionada. Si bien una persona puede reivindicar el derecho a ejercer unas prácticas sexuales lo más libremente posible, el límite a aplicar es el del respeto a la voluntad de la «víctima» de tales prácticas, cuyo derecho a la libre elección, en cuanto a las modalidades de ejercicio de su sexualidad, debe también garantizarse. Ello implica que las prácticas se desarrollen en unas condiciones que permitan dicho respeto, lo que no sucedió en el presente caso. En efecto, a la luz concretamente de los elementos admitidos por el Tribunal de apelación, parece que no se respetó el compromiso de los demandantes de intervenir y detener inmediatamente las prácticas en cuestión cuando la «víctima» ya no consintiese en ello. Asimismo, en el curso de los años, desapareció toda organización y todo control de la situación. Se produjo una escalada de violencia y los propios demandantes confesaron que no sabían hasta dónde habría llegado ésta”.

[20] Apartado 23. Un estudio de esta sentencia, con una interesante reflexión sobre el concepto de consentimiento, puede verse en MARZAno, M. y MILon, A., “Le corps transgressé: du consentement au soci de soi” en AA.VV. La liberté sexuelle, cit., pp. 110 y ss.

[21] “De ello resulta que el derecho penal no puede intervenir, en principio, en el ámbito de las prácticas sexuales consentidas que dependen del libre arbitrio de los individuos. Es necesario, por tanto, que existan unos «motivos particularmente graves» para que se justifique, a efectos del artículo 8.2 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572), la injerencia de los poderes públicos en el ámbito de la sexualidad”. Sentencia K.A. y A.D. contra Bélgica (TEDH 2005, 15, ap. 86).

[22] cuestión sobre la que ni la sentencia de instancia que da lugar a la sentencia K.A. y A.D. contra Bélgica (TEDH 2005, 15) ni ésta misma afrontan.

[23] “Il est vrai que le droit au respect de la vie privée consacré par l’article 8 par. 1 (Art. 8-1) de la Convention assure à l’individu un domaine dans lequel il peut poursuivre librement le développement et l’accomplissement de sa personnalité et qu’à cette fin, l’individu doit avoir la possibilité d’établir des relations de différentes sortes, y compris des relations sexuelles, avec d’autres personnes (rapport de la Commission du 12 juillet 1977 dans l’affaire Brüggemann et Scheuten, N. 6959/75, D.R. 10 p. 100 par. 55). Le choix d’affirmer et d’assumer son identité sexuelle tombe dès lors sous la protection de l’article 8 par. 1 (Art. 8-1) de la Convention (No 9369/81, D.R. 32 p. 220; No 5935/72, D.R. 3 p. 49) et toutes les fois que l’Etat édicte ou applique des règles affectant le comportement de l’individu à l’intérieur de ce domaine, il s’ingère dans sa vie privée et doit respecter les conditions de restriction prévues à l’article 8 par. 2 (Art. 8-2) de la Convention (Rapport Comm. Brüggemann et Scheuten précité; No 8307/78, D.R. 21 p. 120; Cour eur. D.H., arrêt Dudgeon du 22 octobre 1981, série A n. 45, pp. 18 y ss., pp. 40 y ss.). Commission observe toutefois qu’en l’espèce les relations sexuelles qui ont constitué la cause de la condamnation de la requérante ont été entreprises contre rémunération et par métier. Elle observe en outre que la requérante entrait en contact avec ses partenaires en passant des annonces dans des revues spécialisées. La Commission estime que les relations sexuelles qui, comme en l’espèce, résultent d’une volonté de rémunération et sont entreprises par métier se présentent comme prostitution et ne relèvent pas de la sphère de la vie privée de l’individu protégée par l’article 8 par. 1 (Art. 8-1) de la Convention”.

[24] ROMAn, d., «Le corps a-t-il des droits que le droit ne connaît pas » cit.

[25] LOCHAK, d., “La liberté sexuelle, une liberté (pas) comme les autres “, en AA.VV.La liberté sexuelle, cit., p. 12.

[26] BORRILLo, d. y LOCHAK, d., “introduction”, en AA.VV. La liberté sexuelle, cit., p. 5.

[27] BORRILLo, d., “Liberté érotique et «exception sexuelle»” cit., 39.

[28] de este modo, como afirma HÉLÈne THOMAs, contrariamente a lo que ocurre con los derechos civiles y cívicos fundamentales del ciudadano, la dignidad aparece como un derecho no exigible por sus titulares. es más, este derecho les puede ser impuesto como una obligación. THOMAs, H., “du lancer de nain comme canon de l’indignité. Le fondement éthique de l’État social”, Raisons Politiques, n. 2, mayo 2002, p. 47.

[29] LOCHAK, d., “La liberté sexuelle, une liberté (pas) comme les autres “, cit., p. 35.

[30] Así se afirma en las consideraciones del presidium a la carta de derechos Fundamentales de la Unión europea, al señalar que “la dignidad humana no sólo es en sí un derecho fundamental sino que constituye la base misma de los derechos fundamentales…” de donde se deduce “en particular, que ninguno de los derechos consignados en la presente Carta podrá utilizarse para atentar contra la dignidad de otras personas y que la dignidad humana forma parte de la esencia de los derechos consignados en la presente Carta. Por lo tanto, no podrá atentarse contra ella, incluso en el caso de limitación de un derecho”.

[31] cabe hacer referencia nuevamente, en este sentido, a las consideraciones del presidium a la carta de derechos Fundamentales de la Unión europea, al señalar que la prohibición de la trata de seres humanos “se deriva directamente del principio de dignidad humana y tiene en cuenta las recientes tendencias en el ámbito de la delincuencia organizada tales como la organización de redes lucrativas de inmigración clandestina o de explotación sexual. En el anexo del convenio Europol figura la definición siguiente referida a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual: “Trata de seres humanos: El acto de someter a una persona al poder real e ilegal de otras personas mediante la violencia o mediante amenazas o abusando de una relación de autoridad o mediante engaño, en particular con objeto de entregarse a la explotación de la prostitución ajena, a formas de explotación y de violencias sexuales respecto de menores de edad o al comercio ligado al abandono de niños”.

[32] en este sentido no cabe sino compartir plenamente el fallo de la STSJ de cataluña de 22 de marzo de 1996 (As 646), que declara nulo el despido de una esteticista por negarse a ejercer la prostitución por cuanto “el artículo 15 de la Constitución garantiza el derecho fundamental a la integridad física y moral, que se vulnera con la decisión de la empresa de proceder a la extinción del vínculo contractual en razón exclusivamente de la negativa de la trabajadora a ejercer la prostitución”.

[33] stc 192/2003, 27 de octubre.

[34] cabe citar en este sentido, la sentencia de la Audiencia provincial de sevilla (sección 5ª) de 11 de enero de 2006, en la que se sostiene que “el honor es un sentimiento esencialmente relativo, integrado por dos aspectos o actitudes íntimamente conexionadas: el de la inmanencia, representada por la estimación que cada persona hace de sí misma, y el de la trascendencia o exterioridad, integrado por elreconocimiento que los demás hacen de nuestra dignidad. Por ello, la intromisión ilegítima se produce cuando una persona se siente lesionada en su dignidad, fama o en la propia estimación” (diario La Ley número 6530. Jueves, 20 de julio de 2006).

[35] BORRILLo d., “Liberté érotique et «exception sexuelle»” en AA.VV. La liberté sexuelle, cit., p. 63.

[36] Así se manifiestan BORRILLo, d. y LOCHAK, d., “introduction”, en AA.VV. La liberté sexuelle, cit., pp. 1 y ss.

[37] sobre la prostitución como un objeto contrario a la moral o las buenas costumbres, véase de LA VILLA de LA SERNA, d., “relaciones laborales de hecho, nulidad del contrato de trabajo y actividades laborales de causa u objeto ilícitos o contrarios a las buenas costumbres. comentario a la doctrina judicial sobre el alterne”. Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social n.º 6 (junio 2004).

[38] Lo que puede apreciarse claramente en artículo 1255 del código civil, cuando dispone que: “los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público”.

[39] Visión negativa que podría quedar explicada por la evolución histórica de la consideración del sexo y de la libertad sexual en occidente (sobre esta aproximación histórica, véase BORRILLo, d., “Liberté érotique et «exception sexuelle»”, cit., pp. 41 y ss. igualmente, chassaing, J.F, “Le consentement. réflexions historiques sur une incertitude du droit penal” en AA.VV. La liberté sexuelle, cit., pp. 65 y ss.).

[40] preámbulo del convenio de naciones Unidas para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena.

[41] como denigratoria la configura la STSJ de Madrid de 15 de noviembre de 2001 (JUr 2002/42031) y también emplea este calificativo la stc 163/2004, de 4 de octubre. en la stc 121/2002, de 30 de mayo se hace referencia a la prostitución como “actividad socialmente reprobada” que proyecta sobre quien la ejerce un juicio negativo.

[42] PACHeco ZERGA, L., “La aplicación del derecho en el caso «Mesalina»” Aranzadi Social, n. 16/2004. en este sentido, las SSJs de Vigo de enero de 2002 (As 260) y 7 de mayo de 2004 (As 1276) señalan que si la prostitución no puede ser considerada un trabajo como cualquier otro, menos aun puede serlo como un trabajo por cuenta ajena,“pues serviría tanto como construir un cauce legal para la trata de mujeres o las redes ilegales de inmigración”.

[43] LOCHAK, d., “La liberté sexuelle, une liberté (pas) comme les autres “, cit., p. 31.

[44] NUSSBAUM, M.c., Sex and Social Justice. oxford University press. nueva york, 1999, pp. 276 y ss. según esta autora, la razón más común para la estigmatización de la prostitución es una razón bien débil, cuando menos como una razón pública: la visión moralística de la sexualidad femenina, que no es mantenida de forma consistente (en el caso del sexo premarital, por ejemplo) y que no parece capaz de justificar la restricción de las actividades de los ciudadanos que tienen distintos puntos de vista de lo que es bueno y apropiado (ibídem p. 286).

[45] Afirmación que, no obstante, no puede realizarse de modo tan tajante en la medida en que cánones impuestos en ciertos estados, en atención a la moralidad en ellos imperante, son sistemáticamente rechazados por ser considerados contrarios a los valores fundamentales de la persona.

[46] LOCHAK, d., “La liberté sexuelle, une liberté (pas) comme les autres “, cit., p. 37.

[47] en todo caso, parece que en esa labor deberían tenerse presente no tanto losderechos del hombre, sino el derecho de los hombres, centrado en un aspecto cualitativo que supone la expresión de aceptación y respeto de la diferencia. en este sentido, MARZAno, M. y MILon, A., “Le corps transgressé: du consentement au soci de soi”, cit., p. 130.

[48] en este sentido, debe tenerse en cuenta que el valor de la dignidad puede verse privado de sentido cuando cada uno puede alegarla para mantener unos u otros postulados en función de su propia ideología. en este sentido, MARZAno, M. y MILon, A., “Le corps transgressé: du consentement au soci de soi”, cit., p. 108.

[49] téngase en cuenta que el actual art. 188 del código penal en redacción dada tras la L.o.11/2003 solamente tipifica la conducta consistente en lucrarse explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma. de este modo, lo único que se tipifica como delito es el rufianismo, no el ejercicio de la prostitución. por otra parte, cabe destacar que algunas interpretaciones doctrinales han venido a afirmar que esta disposición no debe llevar, necesariamente, a entender imposible en el actual panorama normativo que la prostitución pueda ser un objeto lícito del contrato de trabajo. Así, MAQUEDA ABREU, M.L., “Hacia una nueva interpretación de los delitos relacionados con la explotación sexual”, Diario La Ley n. 6430, de 27 de febrero de 2006, donde el concepto de explotación sexual se reconduce a la idea de explotación laboral derivada de la imposición de condiciones abusivas que, no obstante, son aceptadas por quien presta los servicios sexuales, identificándose así explotación con abuso. esta autora avala semejante interpretación con la decisión Marco de la comisión europea relativa a la lucha ante la trata de seres humanos, de mayo de 2001, donde se identificaba el fin de explotación «para la producción de bienes o prestación de servicios» con la «infracción de las normas laborales por las que se regulan los salarios, las condiciones de trabajo y de seguridad e higiene».

[50] Así lo destacan SILVIA GAy, eÑAUt OTAZo y MARIAn SANZ, “Lo que ocurre con la prostitución, en este marco, es una asombrosa paradoja. Sin que haya lesionado ningún bien jurídico (la legislación penal, como veremos, no lo ha previsto como delito) se encuentra, sin embargo, aislada en una bolsa de alegalidad, opaca tanto al Estado Social (irregularidad y clandestinidad de la actividad, negación de derechos socioeconómicos), como al Estado Democrático (lagunas en los derechos fundamentales) como al Estado de Derecho, por la evidente dificultad en acceder a la tutela judicial ordinaria en defensa de sus derechos”. “¿prostitución=profesión Una relación a debate”, cit., p. 14.

[51] sobre las últimas actuaciones en el seno de los poderes públicos, sus motivaciones y frenos, véase, LÓPEZ MORA F., “prostitución y estatuto profesional”, en AA.VV.Prostitución y Trata, cit., pp. 158 y ss.

[52] como destaca DAniÈLe LOCHAK, no cabe la posibilidad de atender a una moralidad objetiva, asentada en valores universalmente válidos, resultando que, en definitiva, son los jueces, los que, desde su consideración subjetiva, determinan de forma soberana el contenido de las buenas costumbres. “Le droit a l’épreuve des bonnes mœurs. puissance et impuissance de la norma juridique”, en Les bonnes moeurs. PUF. 1994, p. 47. Sobre la encrucijada en la que se encuentran los jueces a la hora de valorar las controversias que se pueden llegar a derivar del ejercicio de la prostitución como consecuencia de la inactividad del legislador, BENLLOCH SANZ señala que “en definitiva y como conclusión, sólo podemos reafirmar la dificultad del tema sobre el que gira la sentencia comentada y poner de manifiesto el hecho, tantas veces repetido, de que se ha vuelto a forzar a los tribunales a realizar una incursión en cuestiones que el poder ejecutivo y/o legislativo no quieren o no pueden abordar”. BENLLOCH SANZ, p., en “¿trabajadores del sexo en torno al carácter laboral de la actividad de «alterne». comentario a la sentencia del TSJ de cataluña, de 17 de septiembre de 2003 (As 2003, 3211)”. Aranzadi Social n. 17/2003.

[53] puede comprobarse, como ejemplo de lo afirmado, cómo se ha mantenido una interpretación acerca de la ilicitud de la causa de los contratos para realizar actividades relacionadas con la prostitución -si bien no consistentes en su ejercicio- por ser contrarias a la moral, pese a que cabría sospechar que semejante interpretación“insensible” de la norma no se mantendría (como sostiene de LA VILLA de LA SERNA,op. cit.,, con relación a la doctrina sentada por la stct de 30 de mayo de 1962, que declara la nulidad del contrato del camarero de un prostíbulo, por ser su causa contraria a la moral). Así, pese a tales previsiones, esta doctrina se ha venido a seguir casi treinta años después, en la STSJ de 2 de enero de 1997 (As 340) en un caso en el que los servicios prestados consistían en ser la encargada durante el turno de día del local destinado a la prostitución, realizando funciones de recepción de los clientes, cobro de los servicios prestados por las personas que ejercían la prostitución en el local, atención a las llamadas telefónicas fijando fecha para las citas, limpieza de las habitaciones, etc., y donde la sentencia concluye que “no hay duda, pues, que pese a las notas de ajenidad, dependencia y retribución predicables del vínculo que unió a los litigantes según el contenido de los ordinales primero y segundo de la narración histórica de la sentencia, estamos, en realidad, en presencia de un contrato con causa ilícita y, por ende, nulo de pleno derecho”.

[54] en este sentido efectúan sus consideraciones SILVIA GAy, eÑAUt OTAZo y MARIAn SANZ, en “¿prostitución=profesión Una relación a debate”. Aequalitas. Revista Jurídica de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, n. 13, julio-diciembre 2003, p. 13.

[55] Así lo recuerda, recogiendo lo afirmado por el Alto comisariado de las naciones Unidas, HÉLÈne THOMAs “du lancer de nain comme canon de l’indignité. Le fondement éthique de l’État social”, cit., p. 41.

[56] Así, STSJ de Madrid, de 16 de diciembre de 1999 (As 7235); STSJ de Madrid, de 28 de julio de 2004 (JUr 272587); STSJ de Andalucía, de 5 de febrero de 2002 (As 1274); STSJ de la comunidad Valenciana, de 19 de febrero de 2004 (JUr 2005/12054); o STSJ Galicia, de 19 de diciembre de 2003 (As 2004/243) y STSJ Andalucía, de 31 de marzo de 2005 (As 1238) en las que si bien no se admite que la actividad esté incluida dentro del convenio colectivo de empresas de telemárketing, no se cuestiona en ningún momento la legalidad de dicha actividad. también la SJs de Vigo, de 31 de enero de 2001 (JUr 2002/169980) que, referida a esta actividad, sostiene la legalidad de la actividad consistente en el ofrecimiento de un servicio de fantasía erótica o pornográfico a un tercero, desde el punto de vista del derecho constitucional a la libertad.

[57] incluso la propia prostitución ha sido reconocida como actividad lícita en el caso de ejercerse por cuenta propia. Así se desprende de la SAn de 23 de diciembre de 2003 (As 3692) confirmada posteriormente por la sts de 27 de noviembre de 2004 (RJ 8063) en las que se viene a reconocer que la prostitución libre, desarrollada por mayores de edad, y siempre que su consentimiento no se encuentre viciado, es lícita siempre que se ejerza por cuenta propia. Por otra parte, desde una dimensión comunitaria, y sobre la posibilidad de explotar lícitamente la prostitución por cuenta propia siempre y cuándo la mujer prostituida haya consentido, cabe recordar la jurisprudencia del TJce en los asuntos Adoui y Jani. sobre estas sentencias, véase GUAMÁn HERNÁNDEZ, A., La prostitución como actividad económica. La incidencia de la jurisprudencia del TJce sobre la cuestión”, cit., pp. 255 y ss.

[58] BORRILLo d., “Liberté érotique et «exception sexuelle»” en AA.VV. La liberté sexuelle. cit., p. 63. igualmente, ROMAn, d., «Le corps a-t-il des droits que le droit ne connaît pas cit., quien destaca cómo ya no se trata de proteger expresamente una moral sexual mayoritaria sino de invocar nuevos imperativos entorno a los que las sociedades pluralistas pueden encontrarse: la dignidad de la persona, la protección de la infancia y la igualdad de hombres y mujeres. ROMAn, d., «Le corps a-t-il des droits que le droit ne connaît pas », cit.

[59] Mestre i Mestre r. “trabajo sexual, igualdad y reconocimiento de derechos”, en

Las notas más allá de este punto estaban fuera del alcance de esta descarga gratuita.

 

Hacia un sindicato de trabajadoras sexuales en el Reino Unido

 

 

womenstrikeuk18

28 de junio de 2018

ESTRATEGIA FEMINISTA

 

https://womenstrike.org.uk/2018/06/28/womens-strike-industrial-and-political-strategy-for-the-sex-industry/

 

Sindicalización de las trabajadoras en la industria del sexo [+] Despenalización del trabajo sexual [+] Educación feminista sobre el sexo, la violencia y el poder [=] El horizonte feminista rojo

 

Lo que sigue es un esquema de la estrategia industrial actual de la Asamblea de Huelga de Mujeres para la industria del sexo; el establecimiento de una campaña nacional en el Reino Unido para exigir y conseguir la despenalización del trabajo sexual; y la educación feminista que se necesita sobre el sexo, la violencia y los derechos de las trabajadoras.

 

Sindicalización de trabajadoras en la industria del sexo

A partir de junio de 2018, la Asamblea de la Huelga de Mujeres del Reino Unido está coordinando una campaña de sindicalización de las trabajadoras en toda la industria del sexo del Reino Unido con el sindicato de base, United Voices of the World. Nos organizaremos tanto con inmigrantes irregulares como con trabajadoras con un estatus migratorio seguro. Debido a la forma en que las leyes y normas actuales criminalizan muchos aspectos del trabajo sexual, la campaña de sindicalización comenzará con un enfoque en la organización de strippers y bailarinas en clubes y pubs. Al trabajar juntas, defendernos unas a otras y hacer oír nuestras voces, podemos mejorar nuestras condiciones de trabajo. Los sindicatos ofrecen a las trabajadoras la capacidad de negociar colectivamente sobre las reglas y condiciones del lugar de trabajo, tanto con los jefes como con los consejos locales. Los sindicatos son la única forma en que podremos lograr que nuestros jefes y clientes nos traten con la dignidad y el respeto que nos merecemos. También son la única forma en que podremos poner fin a cosas como tarifas exorbitantes por alojamiento, cambios arbitrarios en estructuras de comisiones, multas por llegar tarde o tener que cancelar un turno, listas negras y acoso sexual por parte de gerentes o porteros. Aunque la primera fase de la campaña de sindicalización se centrará en organizar a las trabajadoras en clubes y bares, todas las trabajadoras de la industria del sexo (excepto aquellas que tienen la capacidad de contratar y despedir a trabajadoras sexuales) son alentadas y bienvenidas a unirse al sindicato. ¿Por qué? Porque al comenzar con las trabajadoras más visibles y legales de la industria del entretenimiento para adultos, podremos obtener la experiencia, las habilidades y la fortaleza necesarias para luego pasar a organizar a las trabajadoras que trabajan en burdeles, agencias de escorts, en Internet y en la calle.

Queremos sindicalizar la industria del sexo porque queremos construir el poder colectivo. No estamos interesadas ​​en juzgar qué tipo de trabajo hacen las personas. Reconocemos que muchas mujeres, hombres y personas trans tienen una amplia gama de experiencias en la industria del sexo: buena, mala y fea. Respetamos las elecciones o las circunstancias de las personas sobre continuar trabajando en la industria del sexo o salir de la industria. El motivo por el que queremos sindicalizar la industria del sexo proviene directamente de nuestras experiencias como trabajadoras. El sindicato será dirigido por las trabajadoras no porque pensemos que ser una “stripper” o una “trabajadora sexual” sea una identidad fija, sino porque aquellas que han experimentado las condiciones materiales de la industria están en la mejor posición para saber cómo cambiar eso. El sindicato brinda un espacio para que las trabajadoras negocien con los patronos, desarrollen habilidades de negociación y aumenten nuestra confianza para organizarnos en el trabajo y cambiar la industria en interés de las trabajadoras.

 

¿Qué tiene que ver la despenalización del trabajo sexual y los cambios en las normas del SEV?

Las leyes actuales que regulan lo que las trabajadoras podemos y no podemos hacer con nuestros cuerpos y los continuos esfuerzos para criminalizar nuestros lugares de trabajo hacen que sea difícil, a veces casi imposible, que las trabajadoras nos organicemos y sindiquemos. Una de las principales razones es que no se nos considera trabajadoras. En el mejor de los casos, estamos clasificadas como trabajadoras por cuenta propia (y, como tales, tenemos muy pocos derechos laborales), pero la mayoría de las veces somos tratadas como víctimas que necesitan ser rescatadas y salvadas. Durante la última década, los gobiernos nacionales y las autoridades locales han utilizado las preocupaciones sobre la trata de personas en la industria del sexo como una tapadera para crear un ambiente hostil para las inmigrantes en la industria del sexo. Las redadas en locales, el cierre de clubes, los arrestos y las deportaciones no han servido prácticamente para abordar los casos de trabajo forzado en la industria del sexo. En cambio, los patronos ahora tienen aún más poder y las trabajadoras migrantes se han visto obligadas a permanecer más clandestinamente y en trabajos sexuales más peligrosos y precarios. Es importante recordar que al igual que en otras industrias donde los migrantes constituyen una gran parte de la fuerza de trabajo, cuando las trabajadoras nos ponemos en pie juntas, nos negamos a ser divididas por la “raza” y nos sindicalizamos, somos capaces de enfrentarnos a la injusticia y la explotación. Sin embargo, debido a la criminalización actual de la industria del sexo, solo la sindicalización nos permitirá llegar tan lejos.

Al mismo tiempo que aumentamos nuestra confianza y poder en el trabajo (que es otra manera de explicar qué es un sindicato) también tenemos que llevar a cabo una campaña pública que exija la despenalización completa del trabajo sexual y cambios en las reglamentaciones sobre lugares de entretenimiento sexual. . Necesitamos un sindicato en el trabajo y tenemos que cambiar la legislación nacional que afecta nuestro trabajo. Lo que queremos es la eliminación de todas las leyes que penalizan la organización, venta o compra de sexo para todas las secciones y sectores de la industria y para cualquier actividad sexual consensual. Lo que no queremos son leyes especiales o morales que clasifiquen el trabajo sexual y contribuyan a estigmatizar a las trabajadoras sexuales señalando nuestro trabajo como inadecuado y haciéndonos más vulnerables al abuso por parte de policías, funcionarios de inmigración y miembros del público relegándonos a zonas periféricas.

La razón por la que debemos hacer ambas cosas al mismo tiempo es asegurarnos de que la despenalización beneficie a las trabajadoras y no solo a los patronos. Necesitamos normativas que nos ayuden a obtener los derechos laborales (pago por enfermedad, pensiones, horarios regulados) y se enfoquen en aumentar nuestra seguridad en el trabajo. La despenalización sin sindicalización significaría que las trabajadoras soportarían toda la fuerza del mercado.

 

¿No son las feministas parte del problema?

La Huelga de Mujeres no es un evento de un día que coincide con el Día Internacional de la Mujer cada año; no es una campaña de activistas o un proyecto de mujeres. En el Reino Unido y en todo el mundo asistimos a un movimiento emergente internacional de mujeres que está experimentando y luchando por un futuro feminista. Durante demasiado tiempo, una visión reaccionaria y conservadora de los derechos de las mujeres ha dominado el feminismo, especialmente en relación con la cuestión del trabajo sexual y los derechos de las trabajadoras sexuales. Muchas feministas han estado más que felices de permitir que la policía y los funcionarios de inmigración hagan su trabajo sucio al tratar de “abolir” la industria del sexo. Al mismo tiempo, las feministas corporativas y las llamadas “radicales” han tenido muy poco que decir sobre los cambios en los beneficios de la seguridad social, la introducción de contratos de hora cero y la crisis de la vivienda, lo que ha asegurado un flujo constante de personas buscando trabajo en la industria del sexo. Cuando hablamos sobre el horizonte feminista rojo estamos dibujando el tipo de futuro feminista que queremos y, lo más importante, cómo llegamos allí. El horizonte feminista rojo exige que tengamos una opinión plena y definitiva sobre el significado de nuestras vidas, sobre cómo trabajamos y sobre lo que se hace a nuestros cuerpos y con ellos.

Al avanzar hacia un horizonte feminista rojo, continuamos el trabajo de nuestras madres y abuelas feministas desestabilizando las ideas sobre la feminidad. Rehusamos ser divididas en mujeres buenas y malas. No estamos interesadas ​​en reproducir una versión del feminismo que solo haga visibles a algunas mujeres, es decir, a aquellas que son blancas, de clase media, cisgénero y heterosexuales. Tampoco hay nada estable, inherente o natural acerca de ser mujer. Como Chandra Mohanty argumentó con tanta fuerza hace 35 años, la relación entre “Mujer” como construcción cultural e ideológica y “mujeres” que son sujetos materiales reales de nuestras historias colectivas es una de las preguntas centrales sobre las que el feminismo busca actuar. Tenemos que enfrentar las ideas reaccionarias y patriarcales de lo que significa ser una mujer hoy. Ideas como que somos “naturalmente” cariñosas, que todas queremos ser madres, que la mayoría de las veces pedimos sexo y el resto del tiempo necesitamos protección. Al mismo tiempo, nuestra organización debe reevaluar el trabajo de cuidado y el trabajo emocional, apoyar a las personas que tienen hijos y combatir las formas estructurales y sistémicas de violencia y explotación que perjudican a tantas mujeres. Al organizarnos como trabajadoras en la industria del sexo, usando nuestra creatividad y valor para transformar las condiciones de nuestro trabajo y también cambiar la legislación nacional, la Asamblea de Huelga de Mujeres está haciendo un esfuerzo concertado para involucrarse en la discusión pública sobre sexo, violencia y poder y para movernos hacia el horizonte rojo.

 

Trabajando juntas

United Voices of the World (UVW) es un sindicato dirigido por las trabajadoras, en el que las bailarines y strippers organizarán sus propias campañas, con el apoyo y la solidaridad de la membresía en general. Dirigiremos nuestras propias luchas no porque pensemos que ser una “stripper” o una “trabajadora sexual” sea una identidad fija, sino porque aquellas que han experimentado las condiciones de trabajo en la industria están mejor ubicadas para saber cómo cambiarlo. El sindicato brinda protección legal, asesoramiento, capacitación y educación, representación laboral y judicial y, principalmente, un espacio de organización de poder colectivo para que las trabajadoras negociemos con los patronos, desarrollemos habilidades de negociación y aumentemos nuestra confianza para organizarnos en el trabajo y cambiar la industria en función de los intereses de las trabajadoras.

 

Únete al sindicato en línea en www.uvw.org.uk

Alemania: un año de la “Ley de Protección de Prostitutas” (1ª entrega)

 

La implementación de la ley y sus consecuencias

 

por Doña Carmen e.V., junio de 2018

 

Nota de la Citi: lo que sigue es una traducción parcial, de la que han sido expresamente excluídas tablas, referencias y notas al pie. Puede descargarse el documento completo (en alemán) en el siguiente enlace:

 

https://www.donacarmen.de/wp-content/uploads/1-JAHR-UMSETZUNG-ProstSchG.pdf

 

 

Las siguientes declaraciones ilustran la aplicación de la llamada “Ley de Protección de Prostitutas” (ProstSchG) un año después de su entrada en vigor en julio de 2017 (1). Vienen con numerosos ejemplos y evidencias y llegan a tres conclusiones principales:

(1) La reacción de la Ley de Protección de Prostitutas genera un clima general de inseguridad jurídica y agrava la discriminación existente de las relaciones sexuales.

(2) La aplicación de la Ley de Protección de Prostitutas demuestra que ocasiona una reducción en la oferta de servicios sexuales y una ilegalización del trabajo sexual. Esto ya no es solo una cuestión de muchos temores sino una cuestión de hecho.

(3) La implementación de la Ley de Protección de Prostitutas ha resultado en una ola de cierre de locales de prostitución, con consecuencias adversas para las trabajadoras sexuales.

Las presentes observaciones refuerzan la posición de que no tiene sentido acompañar con simpatía o hacer positiva la implementación de esta ley. Esta ley debe desaparecer, debe ser reemplazada por una regulación sensata y significativa de la prostitución.

El debate y la presentación de informes sobre la llamada Ley de Protección de Prostitutas cambiaron cada vez más en 2017/2018 al pasar del nivel federal al estatal. El debate sobre la ley en sí misma a menudo está despolitizado y dirigido por la implementación en este contexto. Sin embargo, sigue siendo el caso que, debido a “disputas de implementación”, uno no pierde de vista los puntos centrales represivos de la ley.

El siguiente texto está estructurado de la siguiente manera:

 

A. Características generales de la aplicación de la Ley de Protección de Prostitutas

(1) Ordenanzas estatutarias, leyes de implementación, regulaciones administrativas

(2) Controles por y con la policía

(3) Registro central / descentralizado de trabajadoras sexuales en los estados federales

(4) Exención de tasas frente a tarifas de registro y asesoramiento

(5) El registro, lo primero

(6) La consulta es un accesorio bastante molesto para el negocio principal del registro de prostitutas

(7) Restricciones a la práctica de las trabajadoras sexuales

(8) Privatización del control del trabajo sexual

(9) Centros de asesoramiento: trabajadores de asistencia en el registro y control del trabajo sexual

B. La evolución del número de trabajadoras sexuales registradas – revisiones iniciales

C. Sobre el desarrollo del número de oficios de prostitución indicados y aprobados

 

A. Características generales de la aplicación de la Ley de Protección de Prostitutas

(1) Ordenanzas estatutarias, leyes de implementación, regulaciones administrativas

Hasta el momento, casi todos los Estados están cubiertos con una red de normas legales pertinentes y reglamentos para aplicar la Ley de Protección de Prostitutas. Los primeros que lo hicieron fueron NRW, Baviera y Schleswig-Holstein, en julio de 2017 , siguieron en los meses de octubre / noviembre de 2017 los estados de Renania-Palatinado, Sarre, Hamburgo, Baja Sajonia y los rezagados fueron Baden-Württemberg, Hesse, Berlín, Mecklenburg-Vorpommern y Brandeburgo.

Los retrasos se debieron a diferentes factores según el Estado:

– la subestimación del gasto en la aplicación, asociada con momentos de descontento político sobre una ley que no es convincente en todos los aspectos (registro, consultas con las autoridades reguladoras, controles sobre el terreno como carga excesiva, etc. etc.)

– disputas sobre responsabilidades o la eliminación de responsabilidades molestas;

– disputa sobre la cobertura financiera de los gastos;

– realizar audiencias e involucrar a comités en la implementación de una variante particular de implementación;

– obtener la búsqueda de bienes raíces adecuados,

– contratación tardía de puestos, contratación de personal en relación con los consejos de personal, etc.

No se espera la aplicación final de la Ley de Protección de Prostitutas a nivel de los Länder antes de finales de 2018. La conclusión es que la ley se implementa con retrasos significativos, pero en última instancia sin piedad y sin tener en cuenta las pérdidas.

A pesar de que implica la implementación de una misma ley, las ordenanzas y regulaciones a nivel de país, que tienen la intención de regular quién tiene qué competencia, de ningún modo son idénticas. Establecen prioridades específicas de cada länder y, por lo tanto, tienen sus características especiales. Por lo tanto, es necesario analizar más detenidamente las consecuencias que tienen, en particular para las/os trabajadoras/es del sexo y los operadores de las instalaciones de prostitución.

 

(2) Controles por y con la policía

Una señal inequívoca del tratamiento especial aún discriminatorio del trabajo sexual y la prostitución es el papel de la policía en la aplicación de la Ley de Protección de Prostitutas.

A pesar de que los establecimientos de prostitución ya no se registran a nivel nacional según la Ley como alquiler de la habitación, sino de ahora en adelante como un negocio, el responsable de su control no es la Inspección de Trabajo, sino en muchos casos la policía o la policía en consulta con otras autoridades de control (aduanas, oficina de orden público, etc.).

Casi no hay ningún Estado en el que la policía no desempeñe un papel clave y central en la implementación de ProstSchG. Ya en ProstSchG, la policía juega un papel crucial en el control de la confiabilidad de los operadores. Ahora los controles para hacer cumplir la ley puede colocar casi cualquier lugar en manos de la policía, lo que demuestra que no se trata en el caso de la prostitución de un comercio “como cualquier otro”.

En las ordenanzas y reglamentos de los tres estados federales de Baden-Wurttemberg, Sarre y Baviera, el papel prominente de la policía se establece una vez más explícitamente en las normas legales y actos de ejecución, aunque las facultades de supervisión normalmente ya emergen de las respectivas leyes de policía, que ponen el poder en manos del jefe de policía.

En otros estados federales, mientras tanto, un gran número de declaraciones públicas aclaran el papel central de la policía en la implementación de controles bajo la Ley de Protección de Prostitutas. Para Schleswig-Holstein fue la siguiente: “Incluso la policía y la Oficina Principal de Aduanas tienen el poder de investigar en cualquier momento y sin justificación las empresas” .En NRW – aquí Krefeld – dice claramente: “Los sitios de la prostitución y las prostitutas están todavía bajo el control de la policía”. La ley facilita la revisión de los funcionarios. “Visto de esa manera nada ha cambiado en el trabajo”. “Incluso las prostitutas que ofrecen visitas a domicilios y hoteles en Internet son visitadas por la policía y controladas, por lo que sabemos” .

En NRW, los datos de los operadores de un negocio de prostitución serán almacenados en el futuro en el sistema de verificación policial OSIP:

“De acuerdo con el § 15 párrafo 2 no. 2 debe obtener la autoridad de autorización de una declaración de las autoridades responsables del lugar de autoridad residencia de la Policía Nacional, una estación de policía central o del respectivo estado policial penal de si y qué pruebas reales son conocidos para justificar las preocupaciones sobre la fiabilidad. El procedimiento se basa en el procedimiento de verificación de la fiabilidad de los comerciantes encargados de la realización de las tareas de seguridad y del personal empleado allí de conformidad con. § 34a GewO. La jurisdicción de la Oficina Estatal de Investigación Criminal (LKA) resulta de § 13 párrafo 4 oración 1 No. 2 Policía Organización Ley NRW i.V.m. § 6, párrafo 1, n.º 4, ordenanza de tareas LKA. La aplicación especializada “OSiP” está siendo adaptada para su uso en la aplicación de la ley comercial. Los datos de la aplicación se transmitirán electrónicamente e i.d.R. los medios se liberan a través de un proceso de TI, i. a través del control de seguridad en línea “OSiP” de IT-NRW a la policía de NRW. La autoridad reguladora competente, ya sea transmitida a través de una interfaz de su propio procedimiento especializado de “Osip” o mediante entrada directa en “Osip” necesaria para la verificación de los datos a la policía NRW. Después de procesar todos los hallazgos en las autoridades policiales del distrito y LKA NRW, el conjunto de datos se libera para su exportación a la autoridad reguladora responsable y se transmite a “OSiP”. Aquí las ideas pueden volver a introducirse a través de la interfaz

En Hamburgo se especifica quién controlará la documentación de los negocios de prostitución, “Todos los documentos están disponibles para su revisión a la policía”. Además, la policía se sienta en una mesa redonda que acompaña a la aplicación de la ley.

En la regulación administrativa pertinente de Baden-Württemberg se afirma, concretando y ajustando ProstSchG, que la LKA obtiene todas las aplicaciones de las empresas para su control. Para la exclusión de la fiabilidad, no sólo las condenas en los últimos 5 años o membresías en las asociaciones sospechosas de la policía, sino incluso la “proximidad al OK” son decisivas. Ya son suficientes los “hallazgos de las autoridades policiales, que no han dado lugar a sanciones” . También en Baja Sajonia y Hesse se continúan realizando controles en cooperación con la policía. En Renania-Palatinado, una AG de la policía y centros de asesoramiento especializados acompaña la implementación de la ley. 

La implementación en los estados federales individuales muestra diferencias en el enfoque de la intervención policial. Pero no hay la menor duda de que la policía sigue siendo el poder central de intervención para la industria de la prostitución.

 

(3) Registro central / descentralizado de trabajadoras sexuales en los estados federales

En ocho de dieciséis Estados federales, las trabajadoras sexuales están registradas centralmente o su “asesoramiento” se maneja de manera central. Estos ocho estados, las tres ciudades-estado de Berlín (en el distrito de Tempelhof-Schöneberg), Bremen y Hamburgo, así como los estados de Schleswig-Holstein (Neumünster) Sarre (Saarbrücken), Mecklenburg-Vorpommern (Rostock), Turingia ahora en Weimar ), Sajonia-Anhalt (hasta ahora en Halle).

En todos los demás Estados grandes se debe realizar la inscripción a nivel local, aunque aquí también hay modelos diferentes: Por lo general, en los distritos urbanos o condados, en parte, en las áreas metropolitanas (Hannover), en parte, en los municipios (Hessen). En Sajonia, el registro probablemente se descentralizará, pero se centrará en seis ciudades: Chemnitz, Dresden, Leipzig, Görlitz, Plauen y Zwickau.

La descentralización se practica principalmente en los grandes Estados territoriales, donde, debido a las distancias existentes, no hay alternativa y es políticamente difícil de aplicar, y pueden imponerse a una autoridad local.

Sin embargo, el modelo centralizado está claramente en el centro de atención. Las autoridades y los líderes políticos de los länder lo venden como un “servicio de ventanilla única” para los clientes. Como regla general, el registro y los consejos de salud se centralizan local o espacialmente, pero en algunos casos también el registro / los procedimientos de asesoramiento / salud para la prostitución (Hamburgo).

Las autoridades sospechan que la variante centralizada entre las trabajadoras sexuales irá acompañada de una mayor aceptación del ProstSchG y, en consecuencia, debería preferirse (según los argumentos de Hamburgo y Sajonia). Las razones detrás de esto son, por un lado, la minimización de los costos y, por otro lado, las razones para monitorear la optimización mediante el uso de sistemas de software posiblemente compartidos para el registro estatal de la prostitución. En particular, la administración en la programación del asesoramiento de salud y la consulta / registro con la autoridad reguladora son impulsores en la dirección de la centralización.

La cuestión del registro centralizado / descentralizado del trabajo sexual deja en claro que es aconsejable y políticamente prudente no tener uno de ellos funcionalizado contra una opción basada en la Ley de Protección de Prostitutas, como suele ser el caso con los Verdes y la Izquierda.

 

(4) exención de tasas frente a tarifas de registro y asesoramiento

Ocho estados han expresado hasta ahora en sus ordenanzas y leyes de aplicación la exención del pago con respecto a las trabajadoras sexuales por el registro y asesoramiento (Schleswig-Holstein, Hamburgo, Bremen, Baden-Württemberg, Berlín, Mecklenburg-Vorpommern, Baden-Wuerttemberg y Brandemburgo).

Los honorarios son obligatorios en cinco estados. De estos, tres estados (Baviera, Sarre, Sajonia) han establecido tasas uniformes en todo el país por la regulación, mientras que en Hesse y Renania-Palatinado han decidido localmente el monto de los honorarios. En Hesse, una solicitud inicial tiene una tarifa cercana a los 100 € en concepto de tarifas a las trabajadoras sexuales e incluso tienen que pagar de su bolsillo el costo de su intérprete.

En tres estados federales (Turingia, Sajonia-Anhalt, Sajonia) la cuestión de las tarifas aún no es concluyente, aunque la imposición de cargos también está surgiendo para Sajonia.

Básicamente, es necesario proteger a las trabajadoras sexuales contra la estafa oficial. No porque de lo contrario serían conducidas a la ilegalidad (que en sí mismo no es la causa). Sino porque está básicamente inaceptable el registro de las trabajadoras sexuales. Por lo tanto, no se puede optar por un registro gratuito, lo que hace que LINKE sea fuerte en Sajonia. Es necesario denunciar el monto de los honorarios y la arbitrariedad de su cobranza sin caer en el error de reclamar el registro sin cargos como un “mal menor”. Nuevamente, no hay razón para argumentar a favor de una opción específica basada en ProstSchG.

No es infrecuente que la exención de las tarifas para las trabajadoras sexuales también sea un medio de división dentro de la industria de la prostitución y no una señal de una actitud amistosa de las autoridades hacia las trabajadoras del sexo. Porque la tarifa libre puede compensarse con tarifas más altas para el requisito de permiso (Hamburgo en comparación con Bavaria).

Aquí, también, rápidamente queda claro que la exención de tarifas es solo la arena que se echa a los ojos de las trabajadoras del sexo para lograr su aceptación de la ProstSchG.

 

(5) El registro, lo primero

Dado que, excepto en los tres estados federales de Renania del Norte-Westfalia, Baviera y Schleswig-Holstein, las consultas y registros legalmente prescritos no se iniciaron a tiempo a partir del 1.7.2017, esto dio lugar a inseguridad jurídica para las trabajadoras sexuales.

En particular, las trabajadoras sexuales que habían comenzado a trabajar después del 1.7.2017 por primera vez, tendrían que someterse al asesoramiento forzoso y registrarse inmediatamente. Eso no fue posible de hecho. Solo algunos de los Estados rezagados trataron de dar al caos una estructura aparentemente legal al ofrecer la posibilidad de “un registro preliminar” en línea de trabajo sexual y prostitución.

Este prerregistro, que tuvo lugar más allá del procedimiento legal sin asesoramiento, se intentó hacer aceptable para las interesadas con el argumento de que protegía estos registros provisionales, que habían sido confirmados por las respectivas autoridades territoriales, de consecuencias negativas durante los controles sobre el terreno. Baden-Württemberg, Bremen, Berlín, así como Turingia y Sajonia-Anhalt hicieron uso de esta posibilidad.

En Berlín, el formulario correspondiente del tribunal de distrito Tempelhof-Schöneberg con el título kafkiano de “Documentación sobre el intento de registro de acuerdo con § 3 ProstSchG” solo contenía 13 campos en los que previamente y sin asesoramiento las prostitutas tenían que dar amplia información personal ,

Incluía una dirección de contacto para ser notificadas tan pronto como el proceso regular de registro legal estuviera en progreso. El ejemplo del procedimiento de Berlín muestra muy rápidamente que todo se tejió con la aguja caliente y que la libertad ocupacional garantizada constitucionalmente era limitada. Por ejemplo, estados como Baviera se negaron a reconocer este documento, que no estaba legalmente previsto, por lo que las trabajadoras sexuales registradas en Berlín dependían de la buena voluntad de las autoridades en otros Estados federales. Por otro lado, en febrero de 2018 se anunció que los documentos provisionales emitidos solo deberían ser válidos hasta octubre de 2018, es decir, por un período limitado de tiempo.

En particular, la práctica del prerregistro de trabajadoras sexuales sin asesoramiento pone en evidencia la pauta de “el registro, lo primero“. Consultas como las de las autoridades de salud y la “sesión de información y asesoramiento” en las oficinas de orden público demostraron ser un folclore meramente molesto con el único propósito de proclamar el carácter protector de la ley. De hecho, se trata de capturar a las trabajadoras del sexo, todo lo demás es secundario a eso.

 

(6) La consulta como un accesorio molesto del negocio principal del registro de prostitutas

Las consultas obligatorias en las oficinas de salud pública, así como las llamadas conversaciones de información y asesoramiento en las oficinas de orden público sirven sobre todo para aumentar la aceptación del registro mediante una supuesta “entrada de umbral bajo” y una “confidencialidad especial”.

La funcionalización en particular de los “consejos de salud” está claramente en el hecho de que la implementación de la ley a menudo se asocia con una centralización, por lo que el asesoramiento sanitario y el registro regulatorio están bajo un mismo techo, generalmente solo improvisados separados espacialmente de forma improvisada para dar la apariencia de “especial confidencialidad” de los consejos de salud (como en Hamburgo, Schleswig-Holstein, Saarland y Mecklenburg-Vorpommern).

Mientras que Hamburgo afirmó, por ejemplo, que “no hubo intercambio de datos entre el consejo de salud y la oficina de registro”, esto no impide que la ciudad-estado agrupe los asuntos de salud y comerciales en una misma oficina y desde 2018 en “pisos funcional y espacialmente diferentes” de un mismo edificio, en Bremen, por otro lado, se dice sin disimulos:

“Ambas sesiones de consejería deben estar interconectadas de tal forma que se pueda llevar a cabo una coordinación mutua de los contenidos y un intercambio profesional”. Por consiguiente, el anuncio de trabajo para el solicitante: “La tarea se lleva a cabo en consulta con el colega, que es responsable del asesoramiento de salud según § 10 ProstSchG. Se proporciona el desarrollo conjunto de los procesos y la representación mutua.” (Anuncio de trabajo del Departamento de Salud de Bremen).

La “confidencialidad”, que en particular está destinada a caracterizar los consejos de salud, sirve como palanca para sintonizar con el propósito real del ejercicio: el registro. Al mismo tiempo, se abusó de esta confidencialidad para excluir a terceros (como ocurrió explícitamente en Baviera) y así privar a las trabajadoras sexuales del derecho universalmente válido de ir con un abogado (como sucedió en Bonn).

La calificación del personal para el llamado “consejo de salud” generalmente no es médica y, por lo tanto, cuestionable. Y rara vez existe la posibilidad de recurrir a expertos médicos durante las deliberaciones. La duración de las sesiones de asesoramiento de salud son, por ejemplo, en Baden-Württemberg, de 35 minutos escasos por razones de costo. En otros lugares, como en Berlín, los horarios de atención son tales que chocan con el ritmo de trabajo de las trabajadoras sexuales (3 veces por la mañana, una vez por la tarde).

Las consultas a menudo tienen lugar bajo condiciones de estigmatización. En Hessen, la reunión de información y consulta con las autoridades reguladoras se encuentra en el departamento de “seguridad aguda”, donde también se registran perros de combate, se encuentra la lucha contra la plaga de ratas y se emiten certificados de defunción. Lo mismo se aplica a Munich. En Marburgo, Hesse, el asesoramiento de salud de las trabajadoras sexuales se lleva a cabo por personas que también son responsables en el servicio de psiquiatría social para las personas con enfermedades mentales y sus familiares.

En Munich, la “Oficina de Igualdad de Género” consiguió que ese asesoramiento de las trabajadoras sexuales fuera realizado solo por mujeres con el argumento de que la mayoría de las prostitutas están traumatizadas por hombres y, por lo tanto, no se puede esperar que los hombres las aconsejen. En una carta de la Oficina de Igualdad de Oportunidades a la Oficina de Administración del Distrito, decía:

 “Una gran proporción de las prostitutas, tanto hombres como mujeres, están agobiadas por la violencia que generalmente experimentan de los hombres. En la mayoría de las prostitutas se debe sospechar estrés mental severo y trauma psíquico con las consecuencias correspondientes. Por lo tanto, para no sobrecargar la situación de asesoramiento con posibles consecuencias traumáticas, etc., el asesoramiento solo debería ser llevado a cabo por mujeres en principio. Por lo tanto, las vacantes en esta área deberían restringirse solo a las mujeres “.  

¡Sin duda una victoria del feminismo bávaro!

Especialmente sorprendente es el presunto, pero realmente ficticio, “carácter protector” de la Ley de Protección de Prostitutas cuando se trata de prostitución migrante. Con el fin de ahorrar costos, las trabajadoras sexuales en el futuro cercano se vuelven cada vez más objeto de “servicios de interpretación de video” (por ejemplo, Hamburgo y Bremen). El trasfondo es que cualquier consulta que involucre intérpretes tomaría más de una hora. Parece que no hay dinero ni tiempo disponible.

En otros lugares, las trabajadoras sexuales deben traer sus propios intérpretes (Wiesbaden) o pagar sus propios servicios de interpretación (distrito de Bergstraße en Hesse).

En Frankfurt / Main, una “sesión de información y asesoramiento” en la oficina pública demora 15 minutos. En la ciudad multicultural de Main, los intérpretes son prácticamente considerados superfluos en las “charlas de información y asesoramiento”. El motivo principal fue: “No queremos registrar a los traductores”.

 

(Continuará en próximas entregas)


1.- Este texto es la versión elaborada de una conferencia pronunciada por Doña Carmen eV en la “reunión de prostitución de Frankfurt” el 1 de junio de 2018

“Apoyaría a una prostituta en política, tiene que haber putas en las instituciones”

El langreano Jesús Rodríguez, militante de Podemos, defiende legalizar el trabajo sexual: “Debemos visibilizar la realidad sin trampantojos”

 

Por Carmen M. Basteiro

Langreo

24 de junio de 2018

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https://www.lne.es/cuencas/2018/06/24/apoyaria-prostituta-politica-instituciones/2308105.html

 

El langreano Jesús Rodríguez Sendarrubias

En plena explosión de protestas contra la libertad provisional para “la Manada”, en pleno y necesario auge del empoderamiento de la mujer, aparece en escena el langreano Jesús Rodríguez Sendarrubias. Un hombre que tiene un objetivo:poner rostro a los clientes de la prostitución -un 20% de los españoles aseguran haber sido clientes, según un informe de la Delegación del Gobierno-, normalizar este servicio y conseguir su legalización. Lo hace con nombre, apellidos y foto a color. Militante de Podemos, tiene el mote de “putero de izquierdas”. No le ofende. Reconoce que no es feminista y que “esa etiqueta” no define a la izquierda. Cada afirmación suya, parece la pieza de un discurso bien ensayado: “Apoyaría una candidatura encabezada por una trabajadora del sexo, tiene que haber putas en las instituciones”.

Falta poco más de un mes para que Sendarrubias, trabajador en un centro telefónico de atención al cliente, cumpla 32 años. Atrás queda aquel día, a los quince, cuando un amigo le dijo que fueran a un prostíbulo. Aquella noche, temblaba de nervios. Ahora, defiende seguro que su declaración pública es “un acto de sinceridad para abrir un espacio de reflexión necesario”. “En una sociedad moderna y avanzada, tenemos que quitarnos la venda de los ojos y asumir que la prostitución es un fenómeno cotidiano y social”. Y, añade, “quienes estamos comprometidos con el progreso social y con la izquierda, debemos visibilizar la realidad sin trampantojos”.

– ¿Nunca se pregunta por qué esas mujeres ofrecen servicios sexuales?

-¿Me pregunta de forma velada por la trata?

 Le pregunto por la trata, y no de forma velada.

“De la trata no sé nada, salvo que consiste en un delito cuyos responsables deben ser perseguidos por la justicia y castigados con todo el peso de la ley”, replica, para añadir que él habla de “prostitución libre y voluntaria”. Y su tono se vuelve aún más tajante: “Decir, como dicen algunos sectores abolicionistas o feministas radicales, que el 90 por ciento de las mujeres que ejercen la prostitución en España lo hacen coaccionadas u obligadas por un tercero es falso de toda falsedad”. Esta afirmación “supone un insulto para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”.

Jesús Rodríguez hace referencia al informe de Evaluación del Grupo de Expertos sobre la Lucha Contra la Trata de Seres Humanos (GRETA), encargado por el Parlamento Europeo: “Los resultados indican que apenas el dos por ciento de las trabajadoras del sexo son víctimas de trata”. Aún así, reconoce que es un problema grave: “Apuesto por una prostitución legal, que reconozca y respete los derechos de las trabajadoras sexuales y ayude a combatirla”.

Un primer paso para lograrlo, asegura, es “olvidarse de las etiquetas que han creado los sectores feministas radicales”. A la prostituta, afirma, “la han etiquetado como una mujer victimizada, perdida o con la capacidad de decisión anulada”. A los consumidores de sus servicios, “se nos tilda de bestias, machistas, o personas sin escrúpulos”.

Una imagen, defiende, que no es su realidad. Jesús Rodríguez Sendarrubias tiene dos hijos, está divorciado. “No quiero tener pareja. Tengo compañeras sexuales, no tengo problemas para relacionarme con las mujeres, de vez en cuando contrato un servicio sexual porque es una opción más para desarrollar mi sexualidad”.

Otra vez las etiquetas cuando le preguntan si su postura no “choca” entre sus compañeros de Podemos. “No me considero feminista, soy de izquierdas con convicciones de izquierdas. Las etiquetas no sirven para matizar mis posiciones, me opongo a que la izquierda asuma un feminismo de corte radical, abolicionista y andrófobo”.

Dicen que el amor ha desatado grandes guerras. Casi al final de la conversación, Sendarrubias reconoce que comprendió la realidad de la prostitución durante su matrimonio con una trabajadora sexual. Duró cinco años y tuvieron un hijo.

 ¿Y fue difícil?

-Le garantizo que se puede perfectamente ser compañero sentimental de una mujer prostituta. Sólo hay que amar, comprender y constituirse en un firme aliado de sus derechos laborales, sindicales y civiles.

 

Información sobre la Ley de Protección de Prostitutas (ProstSchG) que entró en vigor en Alemania el 1 de julio de 2017

 

 

https://bit.ly/2MgPCjT

 

→ Las razones de esta hoja informativa

→ ¿Qué dice la ley ProstSchG? ¿Y qué supone para las personas que ejercen el trabajo sexual en Alemania?

→ Nuevas regulaciones para las propietarias de un establecimiento

→ Algunas otras reglas a tener en cuenta

 

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Las razones de esta hoja informativa

En Hydra llevamos mucho tiempo argumentado contra las medidas de control expuestas en la nueva ley denominada “para la protección de prostitutas” y rechazándolas sistemáticamente a nivel político.

La Ley de Protección de Prostitutas (ProstSchG) que entrará en vigor a partir del 1 de julio del 2017, va tener incidencia en la vida de las trabajadoras sexuales y cambiará de forma significante sus condiciones laborales.Nos encontramos en momento de gran incertidumbre al respecto de los cambios que se avecinan por ello consideramos importante informarles al respecto.

Esta página informativa es unicamente un resumen de aquellas regulaciones más importantes. En ella nos referimos al texto legal y a la justificación adjunta (Proyecto de Ley del Gobierno Federal, a partir de la página 35). Hasta el momento no está claro cómo se implementará la ley. Por ejemplo todavía no está decidido dónde ni qué administración u organismo llevará a cabo el registro de la actividad laboral.

La ley se aplicará por igual en toda la Federación de Estados de Alemania pero cada estado es libre de implementarla de diferente forma.

En cuanto tengamos nuevas y más concretas informaciones las comunicaremos de forma inmediata y las iremos publicando sucesivamente a través de este medio.Para cualquier consulta al respecto puede ponerse en contacto telefónico con nosotras. La asesoría de Hydra es un servicio basicamente gratuito y, por deseo expreso, anónimo.

En la traducción de este texto del alemán al español y por motivos de economia de lenguaje, se ha optado por utilizar el género femenino sin que ello suponga la exclusión intencionada de otros géneros.

Información del 12/05/2016

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¿Qué dice la ley ProstSchG? ¿Y qué supone para las personas que ejercen el trabajo sexual en Alemania?

  1. Cualquier persona que trabaje en la industria del sexo, da lo mismo si ejerce en la calle, en un burdel, en casa o como acompañante debe registrarse como prostituta. Esto incluye también a masajistas de tantra erótico y a proveedores de servicios como pueden ser el asesoramiento sobre masaje tántrico en la prostitución. De la obligación de registro están excluidos unicamente los siguientes servicios: la pornografía, los peep shows, los espectáculos de Table-Dance, las ofertas web cam y el sexo telefónico.
    Las personas mayores de 21 años tienen que renovar el registro cada dos años y las personas menores de 21 años anualmente. Aquellas personas que en el futuro trabajen sin demostrar constancia de dicho registro, tendrán que pagar una multa. Hasta el momento no se sabe en qué oficina de la administración se llevará a cabo este registro.
  2. Para efectuar el registro se requerirán el nombre y los apellidos de la persona que se va a registrar así como el domicilio actual, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, llegado el caso, el permiso de trabajo y también la ciudad o municipio donde se va a ejercer la actividad laboral, además de dos fotos. Hecho esto se puede trabajar en cualquier lugar de Alemania, a menos que alguno de los Estados Federales haya optado en su momento por una regulación diferente.
  3. Al registrarse tendrá lugar una asesoría personalizada en la cual las trabajadoras sexuales serán informadas sobre sus derechos y obligaciones (por ejemplo: seguridad social y de salud, asesorías y servicios de apoyo, obligaciones fiscales). En el caso que, durante la consulta, las autoridades competentes lo consideren necesario, se delegará la asesoría a otro servicio o asesoría especializada. En caso de considerar que la trabajadora sexual se no es enteramente libre en la toma de sus decisiones, se tomarán las medidas oportunas previstas para esta situación.
  4. Además de la consulta informativa, en el momento de registrarse, todas las trabajadoras sexuales recibirán una consejería sobre temas de salud, tales como las infecciones de transmisión sexual, el embarazo y el uso de drogas entre otros.
    La consejería de salud es anual (en el caso de personas menores de 21 años tendrá que repetirse cada 6 meses). Durante dicha consulta se expedirá el certificado de haber cumplico con este requisito . Este certificado debe de ser presentado a la hora de inscribirse como prostituta y hay que tenerlo siempre a mano en lugar de trabajo.
  5. Si se cumplen todas las condiciones para el registro, la autoridad competente expedirá, en el plazo de 5 días, un certificado de identificación (“ID de prostituta “). Este certificado contiene los siguientes datos de la persona registrada: nombre o seudónimo, una foto, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, lugares en los que haya trabajado anteriormente, el período de validez del certificado (de 1 o de 2 años) así como lugar y oficina de expedición. Unicamente a partir de la fecha de expedición del certificado se puede empezar a trabajar.
    El certificado de registro hay que llevarlo siempre al trabajo pues tiene que ser mostrado como prueba en caso de posibles controles y también es una garantía para los propietarios y/o encargados del negocio.
  6. El registro no se dará la persona que no entregue todos los documentos requeridos (por ejemplo el certificado haber asistido a la consejería de salud) o no proporcione a la autoridades competentes toda la información requerida en el procedimiento.
    Tampoco se expedirá el certificado a personas menores de 18 años, embarazadas 6 semanas antes del parto, a menores de 21 años y a personas que son “traidas” involuntariamente a la oficina de registro o que sean obligadas trabajar contra su voluntad.
    En los dos últimos casos tienen que existir claras evidencias que confirmen los hechos, una mera sospecha no será considerada argumento suficiente para negar la expedición del certificado.

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Nuevas regulaciones para las propietarias de un establecimiento

  1. Cualquier persona que desee gestionar un negocio de prostitución primero tiene que solicitar un permiso a la autoridad competente. Esta medida incluye los siguientes tipos de establecimientos: burdeles, salones de masaje, agencias de servicio de acompañantes, estudios, pisos, caravanas y fiestas.
    Las trabajadoras sexuales que ejercen por su cuenta en en su vivienda, no necesitan este permiso.
  2. Entre otros requisitos, para obtener esta autorización es necesario desarrollar un concepto y exponer un plan de negocios. Por su parte las autoridades comprobarán la fiabilidad de las personas propietarias o encargadas del establecimiento.
  3. Por otra parte habrá algunos requisitos que tienen que ver con la estructura arquitectónica del establecimiento. Por ejemplo: tiene que disponer de baños separados, salas de descanso, sistemas de emergencia. El cumplimiento de estos requisitos para los burdeles establecidos en viviendas particulares va a resultar complicado.
  4. En el futuro las trabajadoras sexuales no podrán pernoctar en los establecimientos donde trabajen. Burdeles y casas de citas tendrán que separar los lugares de trabajo de los dormitorios.
  5. Negocios como pueden ser Flat-Rate-Bordelle y Gang-Bang-Partys no obtendrán el permiso de apertura ya que, de acuerdo con la ley, contradicen el principio de autodeterminación sexual y fomentan la explotación.
  6. Ningún establecimiento podrá emplear a prostitutas sin registrar y que no estén en posesión del certificado de registro (“ID de prostituta”). Si lo hacen corren el riesgo de perder su licencia y de ser multados con una alta suma de dinero.
  7. Las gestoras y/o responsables de los establecimientos tienen que llevar constancia por escrito de todos los acuerdos contraidos con las profesionales del sexo y expedir recibos de todos los pagos efectuados. Por otra parte tienen que llevar debida y detallada cuenta de quién y cuándo trabaja y de cuánto gana esa persona.
  8. Las personas propietarias y/o responsables de los establecimientos tienen que poner a disposición de las trabajadoras sexuales preservativos, lubricantes y artículos para la higiene personal, así como prestar atención a la higiene general del local. Además tienen que permitir que en su local se lleven a cabo sesiones informativas y de asesoramiento sobre prevención de infecciones de transmisión sexual, bien por el personal de las Oficinas de Salud Pública, bien realizadas por especialistas provenientes de asesorias cualificadas.

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Algunas otras reglas a tener en cuenta

  1. Los servicios sexuales de tipo oral, vaginal o anal sin preservativo están prohibidos. También la publicidad de dichos servicios está prohibida. Si los clientes atentan contra esta regla tendrán que pagar fuertes multas.
  2. De forma explícita se autoriza a la policía para que pueda entrar a los locales e incluso a las viviendas, con el fin de inspeccionar, solicitar el acceso a documentos y podrán efectuar sin previo aviso controles de identidad, esto por poner algunos ejemplos. Las personas propietarias y/o personas responsables del local están obligadas a proporcionar la información requerida.
  3. Los datos del registro se guardarán y pueden ser enviados para ser inspeccionados a otros órganismos como pueden ser la oficina responsable de la recaudación de impuestos, a otros lugares de trabajo, para cumplir con la obligación explícita de informar y para tomar las medidas oportunas en el caso de detectarse personas obligadas a trabajar contra su voluntad.
    Aquellas personas que trabajen por cuentra propia, trabajadoras autónomas, necesitarán en cualquier caso un registro para cumplir con las obligaciones fiscales.
  4. Si el registro no se prolongara como prevé la ley, los datos tienen que ser eliminados en un plazo máximo de tres meses.

 

La “prohibición de proxenetas” del gobierno holandés es peligrosa

 

Por Felicia Anna

31 de mayo de 2018

https://behindtheredlightdistrict.blogspot.com/2018/05/dutch-governments-pimp-ban-is-dangerous.html

 

 

De un tiempo a esta parte, los Países Bajos tienen un nuevo gobierno, una coalición entre el partido liberal de derechas VVD, D66 y los cristianos de CDA y ChristenUnie. Y, aparentemente, mientras negociaban sobre las nuevas políticas holandesas, los cristianos pudieron comerciar con su opinión a cambio de otras cosas. De esta forma, este nuevo gobierno holandés ideó un plan para una “prohibición de proxenetas”.

Una prohibición de proxenetas puede sonar como una buena idea, pero el nombre es engañoso. Porque en realidad esta prohibición de proxenetas apunta a penalizar a cualquiera que ayude y se beneficie financieramente de las prostitutas que trabajan ilegalmente. Y, solo para aclarar, las prostitutas que trabajan ilegalmente no son víctimas de trata, sino simplemente trabajadoras sexuales que no tienen licencia para hacer trabajo sexual. Esas licencias también son casi imposibles de obtener, ya que, en los últimos años, las ciudades básicamente han reducido el número de licencias, en un intento de limpiar sus ciudades de prostitución, con la excusa de luchar contra la trata de personas.

El mejor ejemplo de esto es en el Barrio Rojo, donde cerraron 128 ventanas. Pero también otras ciudades han seguido el ejemplo de Amsterdam. En total, se cerraron 800 ventanas, quedando ahora 1200 ventanas en los Países Bajos, en lugar de las 2000 ventanas que había en el año 2000. Y en total hay ahora 46% menos negocios de prostitución con licencia en los Países Bajos desde que se levantó la prohibición de burdeles en 2000.

Rara vez se entregan nuevas licencias, simplemente porque las ciudades no quieren. En resumen, si quisieras obtener una licencia para trabajar legalmente como trabajadora sexual, es prácticamente imposible que la obtuvieras. De esta forma, muchas trabajadoras sexuales están atrapadas trabajando ilegalmente, bajo el radar. No porque sean forzadas por un proxeneta, sino porque el gobierno las forzó, reduciendo los lugares de trabajo legales y no creando ningún lugar de trabajo legal alternativo para ellas.

Ahora podrías pensar que todavía sigue siendo una buena idea penalizar a las personas que se benefician financieramente de las trabajadoras del sexo, porque la mayoría de la gente a menudo piensa en los proxenetas cuando escuchan esto. Pero aquí es exactamente donde esta nueva ley venidera es tan engañosa. Porque esta ley no apunta a los proxenetas, sino a cualquier persona que se beneficie de las trabajadoras sexuales sin licencia. Como, por ejemplo, el conductor de una chica escort, el tenedor de libros y el chico de seguridad. Literalmente, cualquiera que se beneficie financieramente de una trabajadora sexual que trabaja sin licencia.

Para engañar a la opinión pública, el líder del partido ChristenUnie, Gert-Jan Segers, afirmó que la prohibición de proxenetas apunta a penalizar a los tratantes de personas y a cualquiera que se beneficie de la trata de seres humanos. Pero esto simplemente no es verdad. En ninguna parte de la ley propuesta se menciona que esta ley solo se aplicaría en casos de trata de personas, sino que en su lugar penaliza a cualquier persona que ayude y se beneficie financieramente de las trabajadoras sexuales que trabajan sin licencia.

Algunas personas han dicho que Gert-Jan Segers no está lo suficientemente informado sobre la nueva ley como para darse cuenta de los efectos negativos de sus leyes, pero la realidad es completamente lo contrario. De hecho, diseñó esta ley, por lo que sabe muy bien lo que hizo, y la diseñó intencionalmente de esta manera, para engañar a la gente haciéndole creer que se trataba de luchar contra la trata de personas, mientras que en realidad tiene un objetivo diferente: luchar contra la prostitución de cualquier manera que pueda. Está claro, al final el objetivo de Gert-Jan Segers no es luchar contra la trata de personas, sino intentar prohibir la prostitución de cualquier forma que pueda, y esta ley está diseñada para hacer exactamente eso. Así que él sabe muy bien lo que está haciendo, y Segers está muy bien informado sobre la industria de la prostitución y cómo funcionan las cosas, por ejemplo, por los salvadores cristianos Frits Rouvoet.

Y para que te hagas una idea de lo que sucedería si Gert-Jan Segers tuviera éxito: si se implementa esta ‘prohibición de proxenetas’, significaría que las personas que hacen negocios con trabajadoras sexuales que trabajan sin licencia dejarían de querer hacer negocios con ellas, por temor a ser detenidos como proxenetas. De modo que los tenedores de libros, contadores, propietarios, personal de seguridad, conductores y chóferes ya no harían negocios con estas trabajadoras sexuales, lo que dificultaría enormemente la vida y el trabajo de estas trabajadoras del sexo. Por supuesto, a estas trabajadoras sexuales les encantaría trabajar legalmente, pero como las ciudades no les permiten obtener una licencia, no les queda más remedio que trabajar ilegalmente. Obviamente, no dejarán de trabajar como trabajadoras sexuales, ya que eso significaría una pérdida de ingresos, por lo que seguirían trabajando ilegalmente, pero ya no podrían hacer negocios con personas seguras, con lo que solo los delincuentes sacarían ventaja de eso.

De hecho, esta ley conduciría a una mayor extorsión de las trabajadoras sexuales por parte de los delincuentes, lo que también se conoce como trata de personas. Entonces, esta ley, en lugar de luchar contra la trata de personas lo que haría sería aumentarla. Obviamente Segers sabe esto, pero simplemente no le importa, siempre y cuando se salga con la suya debido a su moral cristiana. Quiere hacer que el trabajo de las trabajadoras sexuales sea lo más difícil posible, en un intento por reducir la prostitución tanto como sea posible.

A mí personalmente, esta ley no me afecta. Yo trabajo legalmente, así que para mí esta ley no es un problema. Pero desafortunadamente no todas pueden trabajar legalmente, debido a los problemas de obtener una licencia. Así que hay muchas otras profesionales del sexo en los Países Bajos, que corren el riesgo de tener que hacer negocios en el futuro con delincuentes que quieran tratar de explotarlas. Obviamente esto es muy malo, y ésta es la razón por la cual esta prohibición engañosa es una mala idea, y una prueba de por qué la gente nunca debería creer a políticos como Gert-Jan Segers sobre temas como la trata de personas y la prostitución.

Condecoran a la prostituta que dejó de ser maestra: «El trabajo sexual no es una violación»

 

La neozelandesa Catherine Healy recibe el título de Dama de Honor de Isabel II por su lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales

 

Por Antonio Corbillón

Viernes, 8 junio 2018

http://www.ideal.es/sociedad/condecoran-prostituta-maestra-20180608003450-ntvo.html

 

«Todavía sigo pensando que vamos a ser arrestadas al amanecer, sin reconocimiento. Nunca pensé que este día llegaría». De las redadas policiales en los prostíbulos de Wellington (Nueva Zelanda) a recibir el título de Dama de Honor en la Orden del Mérito de la reina Isabel II de Inglaterra. Tres décadas para resumir la lucha de la extrabajadora sexual Catherine Healy para situar a las mujeres del país oceánico como referencia mundial en la conquista de derechos de este colectivo.

Llegó al negocio por curiosidad. También por dinero. Healy (1956) creció en la bahía neozelandesa de Eastbourne junto a sus liberales padres y sus tres hermanos. Se hizo maestra de educación infantil en la capital del país, Wellington, y durante nueve años fue una maestra que nunca había usado tacón ni lápiz de labios. Su mayor vicio confesable era dejar temblando su tarjeta de crédito durante sus viajes por el extranjero en las largas vacaciones escolares.

Curiosa e inquieta, un día de principios de los años 80 conoció a una prostituta que le contó su historia. Cumplía todos los tópicos del ramo: desprotegida, acostumbrada a ser maltratada, siempre al albur del cliente que le tocara en suerte. Además, eran los años en los que el VIH convirtió el trabajo sexual en una ocupación de alto riesgo si no se tomaban medidas profilácticas.

 

«El trabajo sexual no es una violación. Es la indignidad de la ley lo que te hace sentirte violada» «Esto demuestra la aceptación de esta industria. Las prostitutas somos parte de la sociedad»

 

Catherine se sintió horrorizada por el testimonio de aquella mujer. «Pensé que tenía que rescatarla, pero nunca olvidaré la vehemencia con que me dijo que no tenía derecho a imponerle mi opinión», recordó la nueva Dama de Honor de la Reina Isabel en una entrevista en el diario ‘National’ de su país hace varios años.

Healy quiso probar de dónde salía aquella convicción. Una noche salió con ella y se llevó a su casa a uno de sus clientes. Pensó que el trabajo de prostituta no era para ella. Poco después (1986) respondió a una oferta de trabajo como recepcionista en un salón de masajes. Le pareció que le ayudaría a completar su salario de 400 dólares neozelandeses semanales (unos 240 euros) como maestra.

 

Invisible y juzgada

Al poco ya estaba recibiendo clientes y decidió tomarse un año sabático como maestra. Al final de ese periodo tenía claro que no volvería a las aulas. Recién cumplidos los treinta años, aquel ambiente le parecía «extraordinariamente glamuroso, con mujeres muy educadas y vestidos extravagantes».

Aunque no le era ajena la sordidez de un mundo todavía no tolerado y prohibido por las leyes. Mujeres y clientes metidos en pequeños garitos clandestinos de las calles Willis y Boulcott Street de Wellington, bebiendo y fumando hasta altas horas de la madrugada. Un gran contraste con sus recatadas reuniones de docentes escolares. Catherine reconocía que «la yuxtaposición de vidas tan diferentes fue dura». Pero el trabajo tenía una ventaja evidente. Ganaba unos 2.000 dólares semanales, cinco veces más que en el colegio.

Más que las condiciones en que se desenvolvía o el rechazo de su madre, desde el principio le preocupó su invisibilidad. La ley neozelandesa establecía que no era ilegal pagar por sexo pero era punible solicitarlo (y ofrecerlo, claro). Varias veces fue arrestada y acabó en un juzgado. Nunca la condenaron.

«El trabajo sexual no es una violación. Es la indignidad de la ley lo que te hace sentirte violada». Bajo esta máxima, Catherine creó en 1989 el Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda (NZPC, en inglés). «Éramos nueve y empezamos a reunirnos para conversar en mi apartamento. Sólo queríamos ser tratadas como personas. Cambiar actitudes y cambiar la ley», recuerda estos días en la prensa de su país, donde ya era una celebridad social.

Su trabajo dio frutos enormes. En 2003 todas las miradas la buscaron en la tribuna de invitados del Parlamento de Nueva Zelanda cuando se votó por unanimidad la ley que despenalizaba la prostitución. En paralelo ,y financiado por las arcas públicas, la NZPC ofrece hoy a estas profesionales clínicas gratuitas de salud sexual y programas para prevenir enfermedades.

La Coordinadora Nacional del Colectivo de Prostitutas que preside Catherine es ahora una respetada organización con cinco sedes, 12 empleados a tiempo completo e innumerables voluntarios. «Esto demuestra la aceptación de esta industria. Somos parte de la sociedad, no vivimos aparte de ella», defiende hoy su creadora.

Catherine Healy recibe consultas de colectivos de todo el mundo que buscan repetir su modelo. Su nombre aparece en varias fundaciones y hasta ha sido oradora en la Cámara de los Comunes del Reino Unido. Rompió a llorar cuando le notificaron su distinción. «Siempre digo que espero ser arrestada al amanecer, no recibir este tipo de honores», afirma con una media sonrisa.

Desde 1902, la Orden del Mérito es una distinción del Reino Unido y la Commonwealth concedida por la Casa Real.

Recompensa por servicios extraordinarios. Entre los distinguidos hay mayoría de militares, científicos, artistas o literatos. En Gran Bretaña es competencia de la soberana; en Nueva Zelanda y otros países de la Commonwealth, la potestad es del Gobierno.

En Gran Bretaña la recibieron Winston Churchill, Nelson Mandela, el escultor Henry Moore, Teresa de Calcuta… En Nueva Zelanda se le concedió a la cantante de ópera Malvina Major en 2012.