Yvette Luhrs: «Me gusta usar mi cuerpo para ganar dinero»

Una prostituta quiere llevar al Parlamento el pulso con el Gobierno por las limitaciones al ejercicio de la prostitución en la pandemia y se presenta a las elecciones en los Países Bajos

 

Por Enrique Serbeto

17 de marzo de 2021

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:KHLwUIshPAIJ:https://www.abc.es/sociedad/abci-yvette-luhrs-gusta-usar-cuerpo-para-ganar-dinero-202103170017_noticia.html+&cd=14&hl=es&ct=clnk&gl=es

 

 

A los holandeses se les puede reprochar muchas cosas además de su muy merecida fama de tacaños, pero no la timidez ni el pudor a la hora de exponer a plena luz del día cualquier asunto, cuanto más escandaloso, mejor. En estos tiempos, que una mujer de 36 años se presente a las elecciones legislativas con un currículum en el que se dice que le encanta el sexo y más aún vivir de ello ha escandalizado más a los demás europeos que a los propios holandeses. Esto es lo que hace Yvette Luhrs, que representa a un partido llamado BIJ1que aparece en las encuestas con el 1% de las posibilidades de voto, pero que gana páginas en los periódicos de todo el mundo como una defensora de la prostitución que quiere llegar al Parlamento para sentar un precedente.

Esta es la manera con la que se ha hecho famosa una muchacha que ha pasado por la Universidad, pero que prefiere ganarse la vida con el sexo y a partir de ahora, si se cumplen sus planes, también con la política.

Forma parte de la plataforma Sex Work Expertise, que promueve el ejercicio de la prostitución en los locales de la zona roja de Amsterdam que fueron adquiridos por fondos de inversión para facilitar el ejercicio autónomo de este negocio. Antes de dar el salto a la política había logrado gran notoriedad luchando contra las limitaciones impuestas para el control de la pandemia a este negocio. El Gobierno de Mark Rutte colocó a la prostitución primero entre las «actividades prohibidas porque «requieren un intenso esfuerzo físico» como los gimnasios. Después de la primera ola de contagios logró que considerasen al sexo de pago como «profesiones de contacto» como las peluquerías, pero cuando empezaron a levantarse las restricciones, el negocio de la prostitución siguió clausurado debido al «carácter específico» de esta actividad. Yvette Luhrs, respondió con una campaña basada en que «no hay ninguna investigación que yo sepa que las trabajadoras sexuales y sus clientes tengan más probabilidades de infectarse que los alumnos de las autoescuelas o los masajes terapéuticos».

Lurs ha promovido un estricto protocolo de seguridad para los clientes. Además de las mascarillas y el cambio de ropa de cama después de cada usuario, también asegura que el cliente y la trabajadora sexual tienen que evitar la zona de respiración del otro ajustando las actividades en consecuencia, es decir que no se utilizará la posición del misionero. El Gobierno no atiende a sus razones, así que su mejor opción ha sido la de presentarse a las elecciones.

Luhrs cuenta que todo empezó cuando era pequeña y en su casa apareció un libro sueco sobre sexualidad. Sus padres eran también muy abiertos a la hora de hablar del tema y ella empezó a interesarse muy pronto por el sexo. Fue a la Universidad, pero ahora confiesa que a pesar de tener competencias para pagar sus facturas de muchas otras formas «me gusta el hecho de poder usar mis conocimientos intelectuales y mi cuerpo para ganar dinero». Durante mucho tiempo hizo lo que llama «pornografía feminista» pero seguramente era más rentable la vitrina del barrio rojo. Si sale elegida podrá comparar con el sueldo de diputada.

 

Trabajadoras sexuales en Suiza: ni víctimas, ni alborotadoras

El libro Soy trabajadora del sexo muestra, a través de retratos y voces de expertos, cómo esta actividad, que es legal en Suiza, sufre aún el estigma social. Sin embargo, el Tribunal Federal acaba tomar una decisión que supone un gran paso adelante.

 

Por Patricia Islas

7 de febrero de 2021

https://www.latam-legal.com/trabajadoras-sexuales-ni-victimas-ni-alborotadoras/

 

Una trabajadora sexual en el sitio destinado a esta actividad en Zúrich y una de las imágenes que ilustran el libro ‘Soy sexotrabajadora’. © Yoshiko Kusano

 

Durante el segundo semiconfinamiento a inicios de este 2021 en Suiza, los cantones decidieron si suspendían o no temporalmente el acceso a los servicios sexuales en el marco de las restricciones anti-COVID. Berna y Vaud no las vetaron y Ginebra se unió a ellos el 20 de enero.

“La Confederación dejó a los cantones la libertad de elegir sobre el asunto. Constatamos que esto provocó reglas dispares. El cantón de Vaud no prohibió esa práctica, a diferencia de Ginebra. Por ello preferimos alinearnos”, indicó entonces Mauro Poggia, miembro del gobierno ginebrino.

Este caso muestra la falta de homogeneidad en las regulaciones cantonales sobre el trabajo sexual. Hecho que también ocurre en tiempos normales y que se aborda en el libro ‘Ich bin Sexarbeiterin’ (‘Soy trabajadora del sexo’, Ed. Limmat), en el que participa, entre otras plumas, la periodista judicial Brigitte Hürlimann.

“Cada administración cantonal tiene sus propias reglas sobre el trabajo sexual y poco le interesa lo que hagan los otros cantones”, sostiene la conocedora de las legislaciones en el sector sexual.

Sexotrabajadora de España. © Yoshiko Kusano

Hürlimann considera que el manojo de leyes locales sobre prostitución tiene algo en común: “O bien subrayan la condición de víctimas de las trabajadoras sexuales o de alborotadoras, y de las que se debe proteger a la población. Y la mayoría de las veces, se cumplen ambas cosas”.

En el libro hay ejemplos concretos sobre estas disparidades en uno de los países más liberales en la regulación de la prostitución en Europa, junto con Países Bajos, Alemania, Austria, Hungría, Letonia, Grecia y Turquía.

Italia, España o Portugal también permiten la prostitución, pero no la regulan. También existe el denominado ‘modelo nórdico’, que siguen Suecia, Noruega, Islandia, Francia e Irlanda y que sanciona a los clientes. Un modelo que, por cierto, también ha sido tema de debate en Suiza.

Para Christa Ammann, responsable de Xenia, uno de los centros especializados en el apoyo a las trabajadoras del sexo en Suiza, “este modelo abolicionista no termina ni con la oferta ni con la demanda de servicios sexuales y vuelve más vulnerables a las trabajadoras sexuales, como se ve en Francia desde 2016”.

Ammann conoce la situación en otros países por el contacto que tiene con las asociaciones de apoyo afines y sus denuncias; y por su trato diario, desde sus oficinas en Berna, con las trabajadoras sexuales procedentes, la mayoría, de Europa.

“Para ellas, evidentemente es mejor saber que aquí el trabajo sexual es legal y que se puede llamar a la policía en caso de problemas”. La especialista confirma lo que ya se sabe: mucha de esta fuerza laboral llega a Suiza atraída por el hecho de que aquí esta actividad es legal y por la remuneración, que es alta en comparación europea.

Ella forma parte de la fuerza laboral que se encuentra en la zona destinada a los servicios sexuales en Zúrich. © Yoshiko Kusano

La sobrerregulación del trabajo sexual y la estigmatización que aún pesa sobre las trabajadoras del sexo son los asuntos principales que ocupan a Ammann a la hora de asesorarlas sobre sus derechos y obligaciones.

En su opinión, acabar con esas barreras es el único camino a una mejora real de sus condiciones laborales, para ser vistas al mismo nivel que el resto de la fuerza laboral helvética.

Justo en ese sentido el Tribunal Federal (TF), la máxima instancia judicial de Suiza, acaba de dar un gran paso adelante.

El TF, en su sentencia 6B_572/2020 rechazó el recurso de un estudiante que engañó a una trabajadora sexual al prometer pagarle después de los servicios recibidos.  El cliente, denunciado y condenado por estafa en primera y segunda instancia, argumentaba que el contrato verbal acordado era un acuerdo inmoral, y por tanto, sin valor en la jurisprudencia de la corte federal.

De inmoral, nada, clarificó el TF. “El contrato de prestación de servicios sexuales no contradice los principios y valores éticos contenidos en el ordenamiento jurídico general”. Es decir, no es una ofensa grave contra el orden público, primeramente, porque el ingreso de una servidora sexual está reconocido como legal en Suiza, además de que sus ingresos se someten al impuesto sobre la renta y el patrimonio y al seguro estatal de vejez (AVS).

Además, “la prostitución es una actividad socialmente habitual y autorizada, cuyo ejercicio también es protegido por el derecho constitucional a la libertad económica”, señala la máxima instancia judicial.

En un burdel suizo. © Yoshiko Kusano

La decisión del TF, “era esperada desde hace décadas por las trabajadoras del sexo”, indica Brigitte Hürlimann en su artículo en el diario digital Republik.

“El Tribunal Federal ha dictaminado que el contrato entre una prostituta y su cliente no puede calificarse de inmoral per se. La sentencia se refiere a un caso penal —se trata de un delito por estafa— y, por tanto, defiende una protección penal de la trabajadora sexual engañada. Pero el alto tribunal helvético no olvida mencionar que sus consideraciones también se aplican al derecho civil”, especifica Hürlimann.

Es decir, a partir de ahora no quedan dudas: el contrato de servicios acordado por una prostituta tiene validez, como cualquier otro en este país.

Crédito: Enlace fuente

 

Georgina Orellano: «Entre el abolicionismo y el regulacionismo, quienes estamos en medio somos las trabajadoras sexuales»

 

Por Guillermo Martínez

@Guille8Martinez

23 de agosto de 2019

https://ethic.es/2019/08/georgina-orellano-trabajo-sexual-clandestinidad/

 

 

¿Abolir la prostitución o regularla? El debate en torno al llamado ‘oficio más antiguo del mundo’ atraviesa la opinión pública desde todas sus aristas y posiciones, de la economía al feminismo. Georgina Orellano (Morón, Buenos Aires, 1986) procede de de una familia trabajadora y actualmente es la Secretaria General Nacional de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR). Desde esta entidad, integrada en la segunda central sindical más grande del país, reivindica que la organización del colectivo es indispensable para conseguir la despenalización del trabajo sexual.

 

Existe un alto porcentaje de trata de mujeres en torno a la prostitución.

Nosotras creemos que sí hay trata de personas. La verdad es que reducir esa discusión a que la culpa la tiene el trabajo sexual o la prostitución es quitarle la responsabilidad al Estado. Hay trata de personas porque hay una complicidad del poder judicial, policial, y del ejecutivo para que haya trata de personas en el siglo XXI. En todo caso, lo que posibilita que en el trabajo sexual haya explotación es justamente la criminalización y clandestinidad de nuestro trabajo: cuanto más clandestino sea, más se posibilita que se creen mercados paralelos que subsisten a través de la precarización de nuestras vidas. Arrogar que se va a combatir la trata de personas cuando se combata la prostitución me parece que es olvidarnos del lugar de pertenencia dentro de la clase trabajadora. La solución debería pasar por pensar,  justamente, en dar mejores condiciones laborales como herramienta transformadora de este mundo laboral. Eso lo aprendí dentro de la CTA. Por ejemplo, los compañeros que trabajan en los talleres textiles. Nunca se planteó desde el Estado ni desde el feminismo terminar con el trabajo textil como una forma de combatir la trata, sino todo lo contrario: se llegó a la conclusión de que había que combatir la trata en el trabajo textil, pero asegurando que ese combate no perjudicara el trabajo de los demás compañeros. Lo que sucede en la discusión entre trabajo sexual y trata de personas es que no se incluyen nuestras voces en la toma de decisiones, y sí se incluyen las de expertos y expertas que desde la academia y desde la teoría construyen soluciones posibles, pero no lo han vivido nunca en primera persona.

En muchos casos se puede dar la situación de que una prostituta esté dando un servicio y el cliente se sienta impune al realizar algo no consensuado. ¿Cómo salir de una situación así?

Lo primordial es romper con la idea de la víctima y de la sumisión a la que nos someten algunas miradas de la sociedad. Nosotras creemos que las mujeres, los cuerpos feminizados, en muchas relaciones que tenemos con los hombres en esta sociedad –y en múltiples espacios– no son consensuadas. Y no solamente pasa en el trabajo sexual: hay relaciones en los noviazgos que no lo son, igual que en el matrimonio o dentro de la institución familiar, en tu trabajo (jefe-empleada), incluso en ámbitos políticos (referente político-militante mujer).

Sería volver a preguntarse por qué se pone el foco en la prostitución cuando ocurre lo mismo en otros ámbitos relacionales.

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«La criminalización y clandestinidad del trabajo sexual posibilita la explotación y la trata»

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Claro. Lo que pasa es que la institución matrimonial y el amor romántico son dos instituciones totalmente patriarcales desiguales para la vida de nosotras porque siempre nos van a dejar relegadas. Ahí cumplimos un rol fundamental que es ceder nuestra voluntad ante el deseo siempre de otro. La idea de la sexualidad y el disfrute sexual está orientado hacia la procreación, cumpliéndose el mandato de que todas tenemos que ser madres. Por eso me parece que una forma de empoderamiento es combatir el patriarcado en todos sus ángulos, y no solamente fijándonos en un grupo y un sector. Por supuesto que reconocemos que los clientes de las trabajadoras sexuales son machistas, pero ¿quién no es machista en esta sociedad patriarcal?

El porcentaje de hombres que contratan servicios de mujeres prostitutas es mucho mayor que si lo pensamos a la inversa. ¿Debería nivelarse? ¿Qué aspectos son los que desencadenan que no haya apenas hombres que presten sus servicios a mujeres?

Los aspectos son principalmente la culpa y la vergüenza que nos ha generado el patriarcado en las mujeres, y que nosotras, las lesbianas, travestis y trans, no podemos ser las propias conductoras de nuestro placer sexual. Yo lo veo cuando vienen clientas mujeres, que son muy pocas en comparación de los hombres, porque llegan con mucha culpa: antes de pedir el servicio están argumentando el por qué están ahí, como pidiendo perdón por lo que están haciendo. Por otro lado, creo importante la desigualdad económica que hay entre los hombres y las mujeres. Los hombres ganan mucho más dinero y disponen de él, y las mujeres ganamos menos y encima el dinero que disponemos lo tenemos que invertir en mil cosas antes que en los propios placeres.

Las prostitutas no tienen derechos a día de hoy, pero tampoco pagan impuestos. ¿Crees que se podría dar el caso de aquella trabajadora sexual que prefiera seguir viviendo con un nivel de vida más alto antes que pagar impuestos?

Lo que nosotras creemos es que vamos a seguir viviendo muchos años en el sistema, y pensar que solo las trabajadoras sexuales tenemos que cambiarlo me parece que es una lucha desigual. Hay muchos trabajadores que se sientan con la patronal y no por eso están defendiendo el sistema capitalista, sino que comprendieron la lógica de que hay muchos trabajadores y trabajadoras que no pueden esperar a que lleguemos a esa sociedad utópica de vivir en una sociedad justa, libre e igualitaria. Vivimos en una sociedad desigual, machista y patriarcal, y hay muchas compañeras que no pueden esperar, que tienen 60 años y no se pueden jubilar, que tienen un montón de problemas de salud y no tienen una obra social que les blinde cobertura médica…

La pregunta estaba más orientada a si consideras que hay alguna trabajadora sexual que prefiera que el sector siga desregulado para poder tener más ingresos.

Existen distintos casos por los que una prostituta no quiere figurar como tal y todos los casos son válidos. Defendemos que el trabajo sexual tiene que estar reconocido como tal. Después, la ley no debería contemplar como obligatorio que todas se inscriban y todas se registren, porque ahí estaríamos cometiendo un grave error: hay muchas compañeras que no quieren que su nombre aparezca registrado como trabajadora sexual porque todavía no han podido contar a su entorno verdaderamente a qué se dedican. Sí tiene que haber unos mínimos para que no se persiga más a las trabajadoras sexuales y eso lo lograremos con la despenalización del trabajo sexual y con el reconocimiento. Después, quien se quiera inscribir bajo la categoría de trabajadora sexual que lo haga, pero que eso no sea un requerimiento obligatorio para todas.

Tú lo argumentas en lo que se refiere al estigma social, pero si fuera por el mero hecho de no pagar impuestos, ¿qué mecanismos podría tener la administración para discernir entre las dos posibilidades?

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«Abandonamos algunos espacios por creer, desde los pocos conocimientos que teníamos entonces, que solo existía un feminismo»

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Ese mecanismo es un rol que debe adquirir la propia organización, al generar conciencia de clase entre todas sus afiliadas y afiliados y entender que tenemos que aportar. Nosotras siempre lo decimos: preferimos aportar a las arcas públicas que a la policía, porque aportar nosotras siempre aportamos. Por más que seas prostitutas VIP, en algún momento pagaste una coima [soborno, en Argentina] para que no te clausuraran tu piso, y esa coima fue a parar a una caja clandestina de las fuerzas de seguridad. O sea, la trabajadora sexual siempre aportó, pero lo que queremos es clarificar que ese dinero no vaya a la policía sino que vaya al Estado. Tenemos que hacer entender que nosotras también formamos parte del Estado y exigir que, si nosotras aportamos, también debemos disfrutar de las políticas públicas que se hacen con nuestro dinero.

¿Qué crees que se impondrá? ¿La abolición o la regulación?

Yo creo que ninguna de las dos. En Argentina, el abolicionismo –en los más de 100 años que tiene de historia–, lo que ha generado ha sido precarización total de la vida de las trabajadoras sexuales, clandestinidad, peores condiciones laborales, persecución policial. En el momento en que Argentina reguló el trabajo sexual también reguló los establecimientos, lo que generó condiciones propicias para que nuestras compañeras perdieran su autonomía dentro del trabajo. Nosotras queremos que sea un gran salto: ni el abolicionismo que pretende un feminismo blanco, hegemónico, ni el regulacionismo basado en legislaciones que el Estado piensa sin incluirnos a nosotras, orientadas para beneficio de los empresarios. Para romper con esta dicotomía, las propias trabajadoras sexuales tienen que abogar por un movimiento superador. En nuestro país, teniendo en cuenta las condiciones laborales, las políticas anti trata que equipararon esta con trabajo sexual, las legislaciones vigentes… creemos que el modelo superador es la despenalización del trabajo sexual. Eso es lo que queremos: que no se persiga a las trabajadoras sexuales y que haya un mínimo de reconocimiento. El abolicionismo confronta con el regulacionismo y quienes quedamos siempre en el medio somos las trabajadoras sexuales, entonces somos nosotras las verdaderas protagonistas que tenemos que dar un gran salto.

¿Qué necesidades teníais las trabajadoras sexuales en el momento en que empezaste a ejercer la prostitución?

Lo primero que me encontré fueron historias de otras mujeres que estaban atravesadas por mucha precarización laboral y por situaciones de violencia con sus parejas o ex parejas. También vi que la gran mayoría eran madres solteras y que su mayor necesidad era poder trabajar de manera tranquila sin que la policía las persiguiera para que todos los días pudiesen volver a sus casas y estar con sus hijos. Ahí aprendí que el imaginario instalado en la sociedad con respecto a las trabajadoras sexuales responde a la pretensión de representar nuestras vidas pero desde miradas muy victimizantes. Más allá de que muchas de mis nuevas compañeras habían atravesado situaciones de violencia de género, abusos en su núcleo familiar, precarización laboral, pérdida del empleo… yo lo que veía era mucha fortaleza, y no veía que victimizaran estas historias, sino que las relataban desde la óptica de la superación.

Que AMMAR entrara en la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) tuvo que suponer un gran paso a nivel mundial para el reconocimiento de la prostitución.

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«En la discusión entre trabajo sexual y trata de personas no se incluyen nuestras voces, pero sí las de expertos que no lo han vivido en primera persona»

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AMMAR va a cumplir 25 años. En 1995, AMMAR ingresa en la CTA, primero utilizándolo como un lugar de reuniones. Antes de utilizarlo como espacio seguro, empezaron reuniéndose en bares hasta que la policía se enteró de lo que hacían y entraban en estos bares a reprimirlas. Ese espacio de reunión en la central sindical terminó siendo un lugar de unión semanal. Es en el 2001 cuando se discute la idea de conformar AMMAR como un sindicato adscrito a la CTA porque vimos que nosotras queremos tener lo que los demás trabajadores y trabajadoras tienen. Con esto no solo me refiero a condiciones laborales, aunque sean lo principal, sino a terminar con el estigma social, donde está la gran batalla cultural. La lucha no se basa solo en presentar leyes, sino en ocupar un montón de espacios, hablar y romper con ese imaginario social instalado durante siglos en torno a nuestras vidas que dice que siempre nos tutelaron desde afuera y nos humillaron al plantear la vida de las trabajadoras sexuales como objeto de uso y como víctimas a lo largo de la historia.

En ocasiones se hace hincapié de las diferencias entre trabajadoras sexuales, en relación a aquellas que pueden elegir a sus clientes y las que no.

Quienes fundaron AMMAR hasta el presente, quienes conducen la organización, somos compañeras que venimos de los estratos más populares. Somos trabajadoras que no elegimos verdaderamente qué trabajo ejercer, sino a qué optamos de las poquitas opciones que tenemos justamente por pertenecer a la clase trabajadora y por ser mujer. Centrarnos en que hay trabajadoras sexuales que pueden elegir sus clientes y poner sus condiciones y otras que no es hacer una división dentro de todo un colectivo y un movimiento en las cuales tenemos que pensar básicamente las cosas que nos unen. Tanto la que eligen el cliente y la trabajadora sexual pobre que sufre violencia institucional no tienen reconocimiento de derechos laborales, no tiene obra social [organismo argentino encargado de prestar atención médica a los trabajadores de las diferentes ramas obreras] y no se va a poder jubilar.

Antes mencionabas la persecución policial que sufren las prostitutas. ¿En qué tipo de acciones se materializa esta persecución?

La policía apela al grado de desconocimiento que tiene la trabajadora sexual con respecto a las legislaciones vigentes en nuestro país, y esa es una de las cosas que aprendimos y desarrollamos activamente dentro de AMMAR. Damos herramientas a nuestras compañeras: así como yo sé que el trabajo sexual no es delito y conozco lo que puede y no puede hacer la policía, lo tienen que saber todas. Ese conocimiento que me dio el sindicato es el conocimiento que tienen que tener todas, porque tener conocimiento es disponer del poder.

¿Qué ha mejorado en estos últimos años y qué queda por hacer?

La organización vence al tiempo. Yo creo que lo que mejoró fue el romper con esa idea de que nadie se preocupa por los derechos de las prostitutas. Supimos hacer ver que las primeras que nos preocupamos por ello fuimos nosotras mismas. A modo de autocrítica, considero que abandonamos algunos espacios por creer, desde los pocos conocimientos que teníamos, que solo existía un feminismo, único y hegemónico en nuestro país, que tenía una postura ya tomada con respecto a nuestro trabajo. Si no hubiéramos actuado así quizá hubiera cambiado un poco la historia. Es ahora cuando la estamos cambiando, cuando vemos cómo otras feministas más jóvenes levantan la bandera de las trabajadoras sexuales.

 

Trabajadoras sexuales de Ámsterdam hablan sobre la «desastrosa» reubicación del Barrio Rojo

Se teme que una propuesta para cerrar los burdeles de ventanas y crear un «centro erótico» en los suburbios ponga en peligro a las trabajadoras sexuales

 

Por Brit Dawson

5 de febrero de 2021

https://www.dazeddigital.com/life-culture/article/51861/1/amsterdam-sex-workers-on-the-disastrous-red-light-district-relocation?utm_source=Link&utm_medium=Link&utm_campaign=RSSFeed&utm_term=amsterdam-

 

Esta semana (1 de febrero), los concejales de la ciudad de Ámsterdam anunciaron que cerrarán los burdeles de ventanas en el famoso Barrio Rojo, y establecerán en cambio un «centro erótico» en algún lugar de los suburbios.

La propuesta fue presentada por primera vez por la alcaldesa de Ámsterdam, Femke Halsema, y ​​se dice que es parte de un «reinicio del turismo», que también prevé una posible prohibición de que los turistas compren cannabis en los cafés de la ciudad.

«Los turistas pueden disfrutar de la belleza y la libertad de la ciudad», dijo Dennis Boutkan, miembro del Partido Laborista holandés, «pero no a cualquier precio».

El plan ha sido criticado por grupos de derechos de las trabajadoras sexuales y personas que han hablado con Dazed sobre la amenaza que supone para sus ingresos y su seguridad. En 2019, Red Light United —el sindicato de trabajadoras sexuales de las ventanas del Barrio Rojo— realizó una encuesta sobre la posible reubicación y encontró que el 93 por ciento de las trabajadoras sexuales estaban en contra de la medida.

I'm furious about the Amsterdam mayor and politicians to decide that we sex workers have to relocate elsewhere and close down windows in the Red Light District, even though we have repeatedly and constantly stated we absolutely don't want this happen! I'm not surprised though.

— Felicia Anna (@feliciaanna27) January 29, 2021

La presidenta del grupo, Felicia Anna —que ha trabajado en el Barrio Rojo durante 10 años— presentó el informe al concejo municipal y a la alcaldesa, pero no recibió respuesta. “Teniendo en cuenta el resultado de los últimos debates del ayuntamiento, parece que no tienen absolutamente ningún interés en escucharnos”, le dice a Dazed.

Felicia dice que la reubicación propuesta tendría un «impacto desastroso en nuestro trabajo e ingresos, ya que la mayoría de las trabajadoras sexuales no quieren mudarse de allí». Ella agrega: «Esto llevará a las trabajadoras sexuales a optar por trabajar ilegalmente en la clandestinidad, en lugar de en su nuevo centro erótico que nadie pidió, y por lo tanto las hará más vulnerables a la violencia y la trata de personas».

Incluso las trabajadoras sexuales que elijan trasladarse al centro erótico experimentarán menos seguridad en su trabajo, afirma Felicia. “Las ventanas hacen que el trabajo sexual sea fácilmente visible desde la calle y, por lo tanto, más visible para la policía, que puede garantizar nuestra seguridad y combatir la trata de personas”, explica. «Un centro erótico hace que las trabajadoras sexuales sean menos visibles para el mundo exterior porque todo sucede dentro del edificio».

Un informe de 2018 de la organización de salud sexual sin fines de lucro SOAIDS Nederland y de PROUD, un sindicato holandés de trabajadoras sexuales, encontró que las mujeres que trabajan en las ventanas experimentan menos violencia que otras trabajadoras sexuales. Felicia dice que la visibilidad es la razón por la que el trabajo en ventanas es la forma más segura de trabajo sexual en los Países Bajos.

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“Esto hará que las trabajadoras sexuales elijan trabajar ilegalmente de forma clandestina y, por lo tanto, las hará más vulnerables a la violencia y la trata de personas” – Felicia Anna, Red Light United

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Durante dos consultas recientes con Halsema y el ayuntamiento, respectivamente, Red Light United presionó para que no se cerraran las ventanas y, en cambio, pidió una expansión de las ventanas en el área, que según el grupo “conduciría a una menor presión sobre las ventanas restantes actuales y haría la zona menos concurrida ”. De hecho, un estudio de 2020 sobre las propuestas encontró que quitar las ventanas probablemente no tendría ningún impacto en las tasas de turismo, ya que dos tercios de los encuestados dijeron que seguirían yendo al Barrio Rojo con la misma frecuencia.

Felicia dice que estas propuestas “básicamente (significarían) reactivar el Proyecto 1012”, que comenzó en 2007 con la intención de “limpiar” el Barrio Rojo. El proyecto, que lleva el nombre del código postal del distrito, tiene como objetivo reemplazar los burdeles de ventanas con boutiques de lujo, cafés y proyectos de arte y, como era de esperar, no ha sido bien recibido por las trabajadoras sexuales y los dueños de burdeles. Según The Guardian, se han cerrado aproximadamente 126 ventanas desde que comenzó el proyecto. En 2015, más de 200 trabajadoras sexuales se manifestaron por las calles de Ámsterdam en protesta por la demonización de su industria; los cierres de ventanas se detuvieron poco después.

“La ciudad no ha aprendido nada de la década del Proyecto 1012. Esto es básicamente una continuación de este proyecto”, dice Felicia. Ella describe el Proyecto 1012 como «un completo fracaso», citando un informe de 2018 del Tribunal de Cuentas de Ámsterdam, que dice que el proyecto «no ha resultado en la mejora económica deseada del centro histórico de la ciudad de Ámsterdam» ni «un gran avance en la lucha contra la infraestructura criminal».

Lotte Alberg, propietaria del club de striptease BonTon y del club de sexo LV, tiene una visión muy diferente de la nueva reubicación. «No es que quieran que el Barrio Rojo desaparezca», le dice a Dazed, «quieren tener el nuevo Barrio Rojo y el antiguo. Creo que puedes hacer algo que sea mejor para las chicas; tienes la oportunidad de hacer las cosas diferentes a como eran antes «. Alberg sugiere que el nuevo centro erótico puede presumir de habitaciones más grandes y un alquiler más bajo.

Al discutir por qué el consejo propuso una reubicación en primer lugar, Alberg dice que es porque el Barrio Rojo está «demasiado ocupado». Agrega: “Fue peligroso en cierto momento. Tanta gente. Y muchos de los turistas solo miran las ventanas y miran (a las trabajadoras sexuales) como monos. No me gusta eso. No creo que a las chicas les guste eso «.

Alberg tiene la esperanza de que el centro erótico propuesto traerá “más turistas de calidad”, y agregó que los visitantes y clientes tratarían mejor a las trabajadoras sexuales si tuvieran la oportunidad de “aprender sobre el trabajo que hacen las chicas”. Durante un recorrido en uno de los clubes de Alberg, los turistas pueden hablar con una ex trabajadora sexual sobre «por qué hizo el trabajo y por qué lo dejó».

“200 personas vienen a la gira esa semana y 200 personas piensan diferente sobre la prostitución. Puedes hacer cosas así en el nuevo centro».

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“Creo que puedes hacer algo que sea mejor para las chicas; tienes la oportunidad de hacer las cosas diferentes a como eran antes ”- Lotte Alberg, propietaria de club

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En declaraciones a VICE Holanda, Quirine Lengkeek, presidenta de la red de trabajo sexual Sekswerk Expertise, no está de acuerdo y afirma que este tipo de reubicaciones a menudo van acompañadas de cierres. “Lo viste en el Nieuwe Zandpad en Utrecht. Hace años, los burdeles se cerraron allí, pero el plan de trasladar a las trabajadoras sexuales a otro lugar aún no se ha materializado ”. Independientemente, si el estudio de 2020 mencionado anteriormente se basa en algo, la mayoría de los encuestados no visitaría un centro de entretenimiento sexual fuera de la ciudad de todos modos.

Ya sea que el centro erótico abra o no, Felicia dice que no se mudará allí. «Conozco chicas que incluso han dicho que comenzarán a trabajar en la calle frente a su vieja ventana si la cierran».

Liderando Red Light United, Felicia continuará luchando contra la decisión de todas las formas que pueda. “Podríamos protestar como lo hicimos en 2015; podríamos acudir a los medios de comunicación para exponer las mentiras del ayuntamiento y de la alcaldesa sobre cómo esto está «mejorando» nuestra seguridad; incluso podríamos emprender acciones legales contra las decisiones del ayuntamiento si es posible «, dice. «Haremos cualquier cosa para evitar que esta horrible alcaldesa y el ayuntamiento destruyan nuestras vidas».

¿Sería mucho soñar con una ley que regule el trabajo sexual?

 

Por Amarú Varela

3 de febrero de 2021

https://www.aimdigital.com.ar/politica/sera-mucho-soar-con-una-ley-que-regule-el-trabajo-sexual.htm

 

 

Por Amarú Varela, de Revista PPV, especial para AIM. Primero, aclaremos que se entiende al trabajo sexual como el intercambio simultáneo o inmediato y autónomo de servicios de índole sexual a cambio de una retribución para beneficio propio, pero que el concepto se modifica a través del tiempo y las sociedades.

Segundo, es necesario diferenciar la despenalización de la legalización: la primera significa eliminar las leyes y políticas que penalizan o sancionan el trabajo sexual. La legalización, por otro lado, plantea la regulación expresa de una determinada situación de hecho para darle un marco normativo, a fin de resguardar los derechos de les trabajadores sexuales.

Desde los años 70, las trabajadoras sexuales, para que su milenario oficio fuera considerado un trabajo legal, en diversas partes del mundo armaron conferencias y encuentros internacionales en diversas partes del mundo para debatir sobre sus condiciones de regulación, e incluso algunas hicieron huelgas de hambre y amenazaron con dar a conocer el nombre de sus clientes.

Hasta mediados de la década de los 80´ hubo progresos en distintos frentes: sindicalización, derogación de leyes discriminadoras, debates sobre la libertad sexual y establecimiento de alianzas con otros movimientos y grupos.

Pero a partir de los años 90, el avance se frenó en muchos países y por distintas cuestiones, en su mayoría por la presión de la Iglesia Católica y grupos de derecha, junto con los gobiernos neoliberales que se limitaban a negar derechos sociales y laborales.

Pese a que se fueron debilitando los procesos de autoorganización de les trabajadores sexuales, en varios países, algunos grupos han seguido reivindicando su quehacer como una cuestión laboral, y han desarrollado diversas estrategias para obtener los derechos correspondientes.

El por qué de la necesidad de una Ley del Trabajo Sexual

Legalizar el trabajo sexual, traería beneficios a les trabajadores sexuales y también límites para aquellos que no sólo se benefician —directa o indirectamente— de ese mismo trabajo (por ejemplo, los policías que exigen coimas a les trabajadores en una clara extorsión), sino que además violan los derechos humanos de les trabajadores sexuales mediante el maltrato al que son sometidas a diario.

Si pensamos en la normalización del trabajo sexual autónomo, mediante su regulación por una ley nacional, podemos fundamentar esta decisión por tres ejes fundamentales: primero, el trabajo sexual es una cuestión de libertad individual y autonomía de las mujeres y de les trabajadores sexuales; segundo, las mujeres y les trabajadores sexuales tienen derecho a ofrecer sus servicios sexuales (equiparándolo a cualquier otro servicio que se pueda ofrecer en un mundo capitalista donde ponemos el cuerpo a diario para ganar lo que llamamos “salario” y que sólo alcanza para subsistir) y, por último, regular este servicio garantizará el reconocimiento de derechos humanos básicos de las mujeres y trabajadores sexuales que eligen esta actividad diariamente.

Así, Georgina Orellano, como titular de Ammar (Asociación de Meretrices de la República Argentina) a nivel nacional, hace hincapié en que la lucha del colectivo es la lucha de cualquier trabajador o trabajadora: una obra social, el acceso al crédito y a una cuenta bancaria para ingresar al sistema formal de bancarización, y sobre todo una situación laboral digna, libre de discriminación y de agresiones.

En nuestro país son aproximadamente 80.000 las personas que ejercen el trabajo sexual, las que en su mayoría son jefas de hogar.

Además, la legalización llevaría a una mejora de la situación sanitaria de este colectivo y le permitiría contar con elementos de cobertura estándar del mercado laboral, como seguros, programas de salud, seguridad ocupacional, y reglas de comercio justo. Además, un reclamo que se agudizó en tiempos de pandemia, fue la necesidad de acceder a una vivienda digna que tiene el colectivo de les trabajadores sexuales, lo cual es casi imposible, ya que las condiciones para alquilar vivienda son muchos más estrictas para estas personas debido a que no cuentan con recibos de sueldo ni constancias de ingreso alguno.

Una ley en este sentido garantizaría el libre ejercicio de la actividad en el territorio nacional y separaría a la actividad lícita de delitos, como son la trata de personas y la explotación sexual por parte de proxenetas.

Además, se brindaría un marco legal al trabajo sexual donde les trabajadores podrían acceder a derechos actualmente vedados.

¿No dice nuestra Constitución Nacional en el Art. 19 que “las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados”?

Haciendo una interpretación conjunta con la del art. 15 de la Ley de Profilaxis N.º 12.331 (de 1936) que explicita que “queda prohibido en toda la República el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución, o se incite a ella, con excepción de aquellos cuyo funcionamiento fuera autorizado por la Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia Social con aprobación del Ministerio del Interior. Estas autorizaciones sólo deberán otorgarse atendiendo a necesidades y situaciones locales, limitando su vigencia al tiempo que las mismas subsistan, con carácter precario, debiendo los establecimientos autorizados sujetarse a las normas sanitarias que se impongan por la reglamentación” y su artículo 17: “Los que sostengan, administren o regenteen, ostensible o encubiertamente casas de tolerancia, serán castigados con una multa (…). En caso de reincidencia sufrirán prisión de 1 a 3 años, la que no podrá aplicarse en calidad de condicional”, entendemos por el simple ejercicio del trabajo sexual autónomo por la mujer u hombre en su domicilio privado, en forma individual e independiente y dentro del marco de la privacidad personal, sin afectar el orden público, la moral y las buenas costumbres, no constituye violación a los mencionados artículos.

El trabajo sexual en los Códigos Contravencionales argentinos y su anacronismo

Es sabido que a les trabajadores sexuales se les sigue deteniendo y dejando preses por muchos días (desde cinco hasta 20 o 30 días como lo prevé la contravención en Provincia de Buenos Aires) sólo por el hecho de ejercer el trabajo sexual en la calle. Este mecanismo de crimininalización del trabajo sexual tiene una base legal que está en jaque desde hace varios años y que es necesario reformar para evitar los abusos policiales actuales.

Existen grandes discusiones acerca de la constitucionalidad de los códigos contravencionales de nuestro país. A lo largo de los años, diversos actores sociales y políticos se han encargado de afirmar que los códigos contravencionales y de faltas fomentan y legitiman violaciones a los derechos humanos, vulnerando las garantías constitucionales y los Tratados Internacionales en la materia. No sólo porque criminalizan conductas que no lesionan bienes jurídicos específicos, sino porque —en algunos casos— permiten que determinadas acciones sean castigadas sin siquiera la intervención de un juez o un defensor, operando a modo de trámite administrativo e incumpliendo con el debido proceso legal.

Las faltas y contravenciones son conductas sancionadas con menos lesividad que implican una transgresión menor a los cánones de la vida común. Esta legislación está bajo la potestad de las provincias argentinas. Es decir, son estas las encargadas de su redacción, sanción y juzgamiento. En algunas provincias no existen juzgados contravencionales, por lo que el Poder Judicial no interviene en la imposición de este tipo de pena, que aunque menor, no deja de ser un castigo estatal.

El trabajo sexual ejercido libremente no es penalizado por el Código Penal de la Nación Argentina, es decir, la prostitución libre no es un delito. Sin embargo, desde el comienzo de la redacción de los Códigos de Faltas y Contravenciones provinciales, se ha incorporado el ejercicio de esta actividad como una conducta perseguida y castigada con arresto, multa y quizás —en los códigos más modernos— con trabajos comunitarios.

La realidad muestra que la mayoría de les trabajadores sexuales se ven sometidas a arbitrariedad y discriminación del poder policial y judicial mediante la imposición de la pena —en la mayoría de los casos— de arresto o multa.

Además, alrededor de la penalización de la prostitución existen otras conductas castigadas como es el hecho de “circular por la vía pública con ropa indecente, el travestismo y el homosexualismo”, conductas que claramente hablan del anacronismo que presentan los códigos y la gran carga de corrección social que sostienen. Este tipo de faltas y contravenciones, muchas veces van de la mano con la criminalización del trabajo sexual del Colectivo Travesti y Trans, que desde hace largo tiempo reclama el libre ejercicio de sus derechos y la adecuación de la legislación heteronormativa.

Por estas cuestiones, vemos que la legislación prohibicionista del trabajo sexual lo único que genera es la estigmatización y criminalización de un trabajo válido, resultado de la libre elección de las trabajadoras sexuales. En cuestión de derechos, no puede permitirse una solución moral.

Un Registro para les Trabajadores Sexuales

Como avance para el reconocimiento del trabajo sexual también es necesaria la creación de un Registro de Trabajadores Sexuales. Este registro debería tener como objeto relevar a les trabajadores sexuales y tener información sobre sus ingresos, condiciones laborales, habitacionales y de seguridad social, entre otros.

Como antecedente podemos mencionar el registro uruguayo que dio resultados positivos, ya que les trabajadores sexuales luego de inscribirse -respetando los requisitos legales para ser trabajadora sexual- obtienen una libreta sanitaria, que les permite la atención médica y que, además, sirve como documento para poder demandar en instancias judiciales a los clientes que no cumplen con la prestación en el intercambio del servicio sexual. Es un claro reconocimiento del trabajo sexual autónomo con herramientas que permiten la defensa de sus derechos.

En el mes de junio de 2020, el Ministerio de Desarrollo Social, al anunciar el lanzamiento del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (Renatep), había incluido la categoría de “trabajadores sexuales”, lo que devendría en uno de los primeros reconocimientos institucionales a esa actividad en nuestro país. A las pocas horas, el Ministerio dio marcha atrás con la medida.

Fallos con Perspectiva de género a favor de les trabajadores sexuales

En el año 2012, el Tribunal Oral Criminal de La Plata hizo lugar en la Causa 1910, a una acción de amparo interpuesta por Ammar a favor de les trabajadores sexuales de la Provincia de Buenos Aires, reconociendo el trabajo sexual como trabajo autónomo y declarando la inconstitucionalidad del art. 68 del decreto ley 8031/73 (Código de Faltas de Buenos Aires). En el fallo se exhortó al ministerio de Seguridad de esa provincia para que apliquen debidamente la ley 13.482 a fin de que el personal policial no discrimine al colectivo de les trabajadores sexuales.

Lo importante de este fallo es que el tribunal se encargó de sentenciar que la prostitución no es un delito, y que con la norma antes mencionada solamente se castiga “a quien honestamente ejerce la prostitución”. Así, la prohibición se dirige a sancionar acciones privadas y la moral pública no puede ser el patrón para medir estas acciones. El tribunal además afirmó que la “oferta de sexo por sí misma carece de entidad suficiente para configurar el daño a terceros que se debería exigir para prohibirla legítimamente sin afectar el principio de reserva ni legalidad”. Además, se dijo que el articulo 68 afectaría al artículo 18 y 19 de nuestra Constitución Nacional, en una clara violación del derecho de libertad, dignidad, por cuanto restringe la posibilidad de elección y de acción de la persona humana, avasallando la igualdad y la no discriminación.

En el año 2015, la jueza Natalia Molina, del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, declaró ilegítimo el procedimiento del Gobierno porteño para imponer la clausura y multas en domicilios de trabajadoras sexuales y sostuvo en el fallo que la falta de regulación es una deuda con la sociedad para con este colectivo de trabajadores.

La inexistencia de una ley nacional sobre el trabajo sexual autónomo facilita la violencia policial, el abuso y la extorsión, y perpetúa el estigma y la discriminación que sufren les trabajadores sexuales a manos de funcionarios públicos, prestadores de atención médica y la comunidad en general.

Las sanciones punitivas contra el trabajo sexual también perpetúan estereotipos negativos que impiden el acceso de les trabajadores sexuales a servicios de atención médica y a una vivienda adecuada, y hacen que trabajen en condiciones más precarias. Además, el temor de les trabajadores sexuales hacia las autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes también merma su capacidad de buscar protección frente a la violencia y el delito.

Podemos elegir entre un derecho al trabajo sexual autónomo reconocido o un trabajo clandestino, con sus violencias y sus violaciones de derechos humanos; podemos elegir entre el reconocimiento de derechos o la persecución policial y judicial de les trabajadores sexuales; podemos elegir entre un trabajo registrado o la coima y la extorsión policial; podemos elegir entre reconocer y ampliar derechos o simplemente negarlos.

Dice Gerda Lerner: “cuando en el proceso de lucha, y en ciertos momentos históricos, las mujeres toman conciencia de las contradicciones de su relación con la sociedad y el proceso histórico, las perciben correctamente y las denominan privaciones que ellas comparten en cuanto a que son un colectivo. Esta toma de conciencia de las mujeres se convierte en la fuerza dialéctica que las empuja a la acción a fin de cambiar su condición y entablar una nueva relación con una sociedad dominada por los varones”. Eso misma pasa con la lucha feminista de las trabajadoras sexuales.

 

Cierra el único burdel municipal gestionado por prostitutas en Ámsterdam

 

21 de enero de 2021

https://www.swissinfo.ch/spa/pa%C3%ADses-bajos-prostituci%C3%B3n_cierra-el-%C3%BAnico-burdel-municipal-gestionado-por-prostitutas-en-%C3%A1msterdam/46307816

 

La Haya, 21 ene (EFE).- El único burdel municipal gestionado por prostitutas neerlandesas, My Red Light, se ve abocado al cierre definitivo e inmediato debido a los efectos financieros de la pandemia, que deja a esta asociación sin ingresos para pagar gastos como el alquiler de sus edificios en Ámsterdam y los costes correspondientes.

El actual confinamiento, que mantiene cerrados todos los servicios no esenciales en Países Bajos desde mediados de diciembre, incluida la prostitución en el Barrio Rojo, ha conducido a la quiebra a este burdel, que gestionaba un total de 14 habitaciones ubicadas en cuatro edificios comprados por el Ayuntamiento de Ámsterdam hace unos 12 años.

Coby van Berkum, miembro del consejo de supervisión de este burdel, explicó que este proyecto había “sobrevivido al primer confinamiento (durante la primera ola), pero durante este segundo confinamiento, los ingresos son de cero coma cero, mientras hay que seguir pagando un alquiler considerable”, lo que ha llevado a la decisión de “cerrar”.

En un comunicado, el municipio califica de “bastante decepcionante” que no se haya podido evitar la desaparición de esta iniciativa, y recordó que la “atención a la seguridad y a la posición de las trabajadoras sexuales es de gran importancia social” para el Ayuntamiento de Ámsterdam.

“Es triste para el fantástico grupo de trabajadoras sexuales y administradores. Teníamos la tarea social de permitir que las mujeres manejasen su propio negocio, para proporcionar un lugar de trabajo limpio sin trata, pero eso ya se acabó”, subrayó el municipio.

Este burdel estuvo cerrado durante meses en la primavera de 2020 debido a las restricciones introducidas para frenar los contagios, y tras la reapertura a principios de verano, logró obtener beneficios entre julio y septiembre que permitieron amortizar parte de la deuda que se había creado, pero la situación actual les impide seguir adelante.

My Red Light se creó hace cinco años por iniciativa del exalcalde Eberhard van der Laan, que había defendido la necesidad de proporcionar a las mujeres un lugar de trabajo seguro, que pudieran gestionar ellas mismas, lejos de las mafias que las explotan, pero, incluso antes del estallido de la pandemia, el burdel ya denunció problemas financieros que lo mantenían al borde de la quiebra.

Además, un informe independiente encargado por el consejo municipal y publicado en 2019, denunció que la trata de mujeres no se estaba tomando muy en serio y consideró que este proyecto es «una idea inviable» que sus inversionistas debían «rescatar» para evitar que la situación resulte en «consecuencias problemáticas para el resto» del Barrio Rojo.

Las prostitutas que administraban este proyecto se han ofrecido ahora a ayudar al municipio, desde sus conocimientos y experiencia de los últimos años, para diseñar un centro erótico en otra parte de la ciudad, que permita al Ayuntamiento cumplir sus planes de sacar el Barrio Rojo del centro histórico de Ámsterdam.

Disputas feministas acerca del trabajo sexual. Polarizaciones importadas y un modelo de «alianza feminista» en peligro

 

Por Giulia Garofalo Geymonat y Giulia Selmi

RASSEGNA ITALIANA DI SOCIOLOGIA / a. LX, n. 4, ottobre-dicembre 2020

https://www.academia.edu/42831241/Feminist_engagements_with_sex_work_Imported_polarisations_and_a_feminist_alliance_model_in_jeopardy?email_work_card=abstract-read-more

 

5. El ascenso de los dos «modelos» feministas de Europa (del norte)

Mientras Italia atravesaba esta fase peculiar de su historia política, en otros países el debate sobre las leyes de trabajo sexual estaba cambiando rápidamente, al igual que el papel desempeñado por las feministas (Outshoorn 2004). Este fue particularmente el caso en el norte de Europa, donde los responsables políticos comenzaron a darse cuenta de que el abolicionismo resultaba inadecuado para vigilar el nuevo panorama del sexo comercial, que estaba cada vez más compuesto por mujeres migrantes indocumentadas. En 1998 y 2000, se introdujeron dos nuevos modelos legales con el impulso de los gobiernos de izquierda y las organizaciones de mujeres: la neo-legalización en los Países Bajos y el neo-abolicionismo en Suecia. Los dos modelos se oponen en sus premisas sobre el sexo comercial; sin embargo, ambos enfoques políticos afirman proteger los derechos de las mujeres, ser feministas y ser un movimiento progresista posterior al abolicionismo. La neo-legalización promueve un enfoque restrictivo que combina el reconocimiento del trabajo sexual como trabajo, el reconocimiento de las organizaciones de trabajadoras sexuales y la lucha contra la trata de personas (Östergren 2017). En cambio, el neo-abolicionismo adopta un enfoque represivo, de tolerancia cero, con el enfoque en los clientes cuyo acto de «comprar cuerpos de mujeres» se considera una forma de violencia contra la mujer y, por lo tanto, debe ser penalizado. En este marco, no se reconoce ninguna diferencia entre el trabajo sexual forzado (la llamada «trata») y el trabajo sexual no forzado (el llamado «voluntario») y las afirmaciones del trabajo sexual como decisión autodeterminada de las mujeres son analizadas como formas de «falsa conciencia» (Dworking 1993; Jeffreys 1997; Danna et al. 2019).

Estas dos posturas se definen en oposición entre sí. Las feministas de la «prostitución como forma de violencia» son críticas con la neo-legalización, y las feministas del «trabajo sexual como forma de trabajo» están claramente en contra de la penalización de los clientes. Dicho esto, dentro de cada campo han surgido varias afirmaciones y estrategias durante la última década. Las feministas que apoyan el «trabajo sexual como trabajo» se han vuelto críticas de los modelos existentes de neo-legalización y han terminado apoyando formas más suaves de intervención estatal llamadas «despenalización». Esto se debe a que reconocen los riesgos para las trabajadoras sexuales que conlleva la intervención estatal y critican la agenda anti-migrante escondida en la mayoría de las legislaciones del trabajo sexual (Serughetti 2019). Las principales alianzas que han construido han sido con organizaciones de derechos de las trabajadoras sexuales que progresivamente se han vuelto más visibles, a pesar de que siguen estando bastante aisladas y sin fondos suficientes (Garofalo Geymonat, Macioti 2016), así como con redes de reducción de daños, organizaciones LGBT, grupos de derechos humanos y organizaciones de salud pública, incluidas, a nivel internacional, la OMS (Organización Mundial de la Salud), el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH / SIDA ONUSIDA, Amnistía Internacional, PICUM (Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados), ILGA (Asociación International Lesbiana Gay Bisexual Trans e Intersexual), la Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual NSWP y el ICRSE (Comité Internacional sobre los Derechos de las Trabajadoras Sexuales en Europa).

Por otro lado, las feministas de la «prostitución como violencia» todavía parecen identificarse fuertemente con el modelo legal del neo-abolicionismo y han estado presionando a los responsables políticos nacionales e internacionales. Por lo tanto, algunos de sus mejores aliados han pasado a ser Estados que han aprobado este cambio legal, como Suecia, o que no lo han adoptado pero lo apoyan oficialmente, como Estados Unidos y el Vaticano, y organizaciones que lo apoyan sobre la base de creencias religiosas, con las que las feministas normalmente no se juntarían (Bernstein 2012; DeStefano 2008). Esta política ha tenido éxito fuera del contexto nórdico y a nivel europeo (Waagenar, Jahnsen 2018). De hecho, en muchos contextos, han logrado que la penalización de los clientes sea la norma con la que estar a favor o en contra (Ward, Wylie 2017).

(…)

Eugenio Zaffaroni defendió la legalización de la prostitución: “Prohibiendo estás agravando todo”

Eugenio Zaffaroni* se mostró a favor de la legalización de la prostitución tras el asesinato de Enzo Aguirre, un joven correntino de 23 años, hallado muerto en un hotel porteño.

 

Radio Mitre Política

17 de noviembre de 2020

Eugenio Zaffaroni defendió la legalización de la prostitución: “Prohibiendo estás agravando todo”

 

Eugenio Zaffaroni defendió la legalización de la prostitución: “Prohibiendo estás agravando todo”.

 

Enzo Aguirre, de 23 años, fue hallado asfixiado en un hotel del barrio porteño de Retiro. El joven ejercía la prostitución y al encontrar su cuerpo mostraba signos de utilización de precintos y una media en la boca. A raíz de esto, Eugenio Zaffaroni apoyó la legalización de la prostitución.

“Creo que es indispensable reconocer que existe el trabajo sexual. Frente a cualquier problema social conflictivo hay dos caminos: creer que se puede eliminar de forma ilusoria o entender que no se puede eliminar, y hacer una reducción de daños”, aseguró el exjuez de la Corte Suprema de Justicia.

A su vez agregó: “Prohibiendo la prostitución estás agravando todo y generando un Estado cafishio que propicia la explotación”.

Zaffaroni insistió: “Ponés a las personas en manos de cafishios, estás favoreciendo la explotación, y generando todo un problema mucho más grande como la corrupción, generando un Estado cafishio, que justamente vive de la corrupción, la explotación, en vez de pagarle a sus funcionarios”.

En declaraciones radiales, el exjuez calificó este asesinato como “un crimen de odio”: “Puede que sea un robo, pero es claro que es un crimen de odio también. Esto tiene importancia para calificarlo a la opinión pública, que entiendan que esto no es sólo en contra de este muchacho, sino contra toda una categoría social, contra todo lo que no sea una sexualidad convencional”, explicó.

Las hipótesis apuntan a que el joven correntino fue asfixiado por personas con las que previamente había concretado una cita sexual y que luego estos quisieron robarle.

 

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Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina)

Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Nombrado Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2015 para el periodo 2016-2022, y comenzó sus funciones el 1° de enero de 2016.

Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina (2003-2014), se desempeñó en la judicatura durante más de dos décadas.

Diputado de la Ciudad de Buenos Aires y Presidente de Bloque del «Frepaso» (1997-2000), Presidente de la Comisión de Redacción de la Convención Constituyente (1996) y Vicepresidente tercero de la Comisión de Redacción de la Asamblea Nacional Constituyente.

Fungió como Director General del Instituto Latinoamericano de Prevención del Delito de las Naciones Unidas (ILANUD) y como Procurador General de Justicia de la provincia de San Luis. Asimismo, se desempeñó como Interventor del Instituto Nacional de Lucha contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.

Entre sus obras más recientes se encuentran Criminology and Criminal Policy Movements (Estados Unidos: University Press of America, 2013); La Pachamama y el humano (Argentina: Colihue, 2011) y Derecho Penal. Parte General (Argentina: Ediar, 2000).

Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional del Litoral y abogado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, ambas instituciones argentinas. Ha recibido Doctorados Honoris Causa en 31 universidades latinoamericanas.

Nació en Buenos Aires, Argentina, el 7 de enero de 1940.

https://www.corteidh.or.cr/sitios/compos14/zaffaroni.html

¿Abolir la prostitución? Sólo Ciudadanos está en contra: «La regulación protege a las trabajadoras»

EL ESPAÑOL pregunta a los principales partidos con implantación nacional. El Gobierno busca «un acuerdo transversal» para erradicarla.

 

Marcos Ondarra @MarcosOndarra

14 de septiembre de 2020

https://www.elespanol.com/espana/politica/20200914/abolir-prostitucion-solo-ciudadanos-regulacion-protege-trabajadoras/520198611_0.html

 

Laura Berja (PSOE), Irene Montero (Podemos), Marga Prohens (PP) y Sara Giménez (Ciudadanos).

 

El Gobierno de España quiere abolir la prostitución. Así lo anunció Pedro Sánchez el pasado 7 de septiembre en una entrevista concedida a TVE: «Forma parte del acuerdo de Gobierno» que el PSOE contrajo con Unidas Podemos. No obstante, debido a que el Ejecutivo sólo suma 155 escaños, el presidente admitió la necesidad de llegar a un «acuerdo transversal».

Bajo esta premisa, la gran pregunta es: ¿cuáles de los principales partidos estarían dispuestos a sumarse a ese «gran acuerdo» por la abolición de la prostitución? EL ESPAÑOL ha charlado con representantes de los principales partidos para que expliquen su postura.

Ciudadanos es el único que se confiesa abiertamente regulacionista —es decir, defiende que la prostitución es un trabajo y promueve regular la forma en la que se lleva a cabo—, mientras que tanto el PSOE como el PP se muestran abolicionistas —consideran la prostitución, además de la trata, violencia contra la mujer—.

Unidas Podemos se sitúa en un término medio. Por un lado, admite que distintas posturas conviven en su seno, aunque recalca que la abolición de la prostitución es «el horizonte al que queremos llegar». La formación de izquierda radical establece además una distinción entre la «trata con fines de explotación sexual» y «la prostitución» porque ésta última «atiende a otras lógicas».

Vox, por último, prosigue con su veto a este medio y no ha querido responder a las preguntas planteadas. En su programa electoral, la única alusión indirecta a la prostitución es una propuesta que reza: «Prohibición de los vientres de alquiler y toda actividad que cosifique y utilice como producto de compra-venta a los seres humanos».

Cs: regular como en Alemania

Sara Giménez, diputada de Ciudadanos por Madrid en el Congreso de los Diputados, considera que se trata de una cuestión «muy compleja y en gran parte oculta, porque no existe ningún establecimiento público con licencia de ‘prostíbulo’, aunque sí existen establecimientos públicos en los que se ejerce de manera más o menos abierta la prostitución».

En este sentido, la diputada considera que «hay que afrontar la cuestión con realismo y de manera pragmática, huyendo del populismo y de las grandes proclamas irrealizables, igual que de los anuncios oportunistas e interesados a los que lamentablemente estamos acostumbrados».

«En Cs, por supuesto, tenemos el compromiso firme de combatir a las mafias y erradicar la trata y la explotación sexual. Esa es nuestra prioridad, pero somos conscientes de que la prostitución no va a desaparecer con una iniciativa parlamentaria o simplemente con cerrar los ojos: hace falta valentía y realismo para abordar esta actividad como lo hacen otros países de nuestro entorno», arguye Giménez.

En este sentido, la diputada liberal asegura que su partido aboga por regular la prostitución «como se ha hecho ya en Alemania, Países Bajos, Austria o Suiza» ya que «protege a las trabajadoras y trabajadores sexuales, garantiza sus derechos y lucha de manera efectiva contra las mafias».

«Además, está claro que este debate no puede quedarse encorsetado en posturas maximalistas que no dan solución a la situación de personas vulnerables, para las que habría que poner atención desde una perspectiva amplia que busque garantizar su plena inclusión», concluye la representante de Ciudadanos.

PSOE: abolición

Laura Berja, portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso de los Diputados, es tajante cuando habla con este diario de la postura de su partido: «Nosotras somos abolicionistas de la prostitución, lo hemos dicho muchas veces y en el programa electoral llevamos medidas que van en esa dirección».

Medidas que, según anuncia la portavoz de Igualdad, pasarían por la «tipificación de todas las formas de proxenetismo», así como por añadir «responsabilidad penal a los dueños de los prostíbulos«.

La prostitución, según la diputada socialista, es una «forma de explotación sexual, una esclavitud y una grave vulneración de los derechos humanos» porque «se aprovecha muchas veces de la situación de extrema pobreza». «La prostitución se sirve de la feminización de la pobreza», arguye.

En este sentido, recalca que la prostitución «es el escaparate de la trata» porque «siempre hay un sistema opresivo detrás del ejercicio de la prostitución». «Hay redes y mafias detrás de ese ejercicio».

En su programa electoral para las últimas elecciones, los socialistas abogaban por sanciones por la demanda y compra de esta práctica. Asimismo, son partidarios de introducir una figura jurídica que permita «sancionar penalmente a quienes contribuyan o se beneficien de la prostitución ajena». De este modo, el PSOE pretende «desmantelar» la industria de la prostitución.

PP: Pacto de Estado

Marga Prohens, portavoz de Igualdad del Partido Popular, explica que desde su partido, «como impulsores del Pacto de Estado contra la Violencia de Género», son partidarios de «luchar contra la prostitución, que está muy ligada a la trata con fines de explotación sexual».

«El 90% de las mujeres que ejercen la prostitución en España lo hacen siendo víctimas de explotación sexual», asegura Prohens. Por ello, la diputada popular pide que «como está recogido en el Pacto, se trabaje en una ley integral de lucha contra la trata con fines de explotación sexual«.

-¿Y si una mujer desea libremente dedicarse a la prostitución?

-Cuando legislas, debes mirar por el interés general. Las cifras son muy claras: la mayoría de las mujeres que ejercen la prostitución no lo hacen de forma libre. Por tanto, no podemos vivir en una sociedad que da pasos hacia la igualdad y hacia la erradicación de la violencia, pero luego permanecer impasibles ante esta actividad. El cliente paga un precio por usar el cuerpo de una mujer durante un tiempo determinado. Esta actividad conlleva muchas veces maltrato físico o prácticas abusivas hacia una mujer que no tiene poder para decidir qué labor quiere realizar.

«Todo el resto es palabrería y parches, como la medida de cerrar los prostíbulos con la pandemia», critica la diputada del PP por Baleares. En este sentido, dice estar «extrañada» por la postura del Gobierno: «La ministra de Igualdad dijo en una comparecencia a principio de legislatura que ella se consideraba abolicionista, pero que no se aboliría la prostitución durante este mandato, que no era prioritario».

Unidas Podemos: división

Unidas Podemos, en conversación con este medio, se remite al documento de feminismos presentado en la Tercera Asamblea Ciudadana Estatal de Podemos —Vistalegre III—. En éste, la formación admite que dentro de su seno conviven distintas posiciones en materia de prostitución. Quizá por eso la redacción del documento resulte ambigua.

Por un lado, la formación sostiene que «las medidas punitivas solo refuerzan el estigma» y que las instituciones públicas «deberían ofrecer alternativas de vida a las mujeres». No obstante, también recalca que la abolición de la prostitución es «el horizonte al que queremos llegar».

Podemos también distingue entre «trata con fines de explotación sexual» y «la prostitución» porque ésta última «atiende a otras lógicas». Con respecto a ésta última, el partido morado defiende medidas como «la derogación de la directiva europea de retorno, el cierre de los CIE —Centro de Internamiento de Extranjeros— y la derogación de la ley mordaza».

Todas estas medidas, según Podemos, son «fundamentales a la hora de abordar la prostitución por la vinculación que tienen con los procesos migratorios y la prostitución que se ejerce en la calle».

 

‘Cuando comprar sexo es un delito, la prostitución pasa a la clandestinidad’

Rosianne Cutajar sobre por qué se muestra escéptica sobre el llamado ‘modelo nórdico’

 

Por Kristina Abela

7 de marzo de 2020

https://timesofmalta.com/articles/view/when-buying-sex-is-a-crime-prostitution-is-driven-underground.776204

 

La prostitución corre el riesgo de desregularse aún más si se penaliza a los compradores de sexo, dijo el viernes la Secretaria parlamentaria de Igualdad, Rosianne Cutajar, al Times of Malta.

La Sra. Cutajar fue contactada después de su anuncio en una entrevista en Lovin Malta de que tanto las trabajadoras sexuales como sus clientes ya no enfrentarían repercusiones penales bajo una reforma propuesta del régimen legal existente.

Su anuncio provocó un alboroto inmediato entre una coalición de más de 40 ONG que defienden el llamado ‘modelo nórdico’ que propone disminuir la demanda de prostitución al responsabilizar al cliente con ser procesado y al mismo tiempo disminuir la vulnerabilidad de la trabajadora sexual mediante la despenalización.

Sin embargo, en sus comentarios al Times of Malta el viernes, la Sra. Cutajar se mantuvo firme en sus puntos de vista.

«En países que están siguiendo el ‘modelo nórdico’, hemos visto cómo la prostitución se ha convertido en clandestina, lo que es extremadamente peligroso», dijo.

Dijo que, en lugar de copiar los modelos de otros países, era necesario encontrar un enfoque que se adapte al contexto de Malta.

Si bien hubo algunas mujeres que se vieron obligadas al trabajo sexual debido a su vulnerabilidad, otras lo eligieron libremente como profesión.

«Necesitamos tener en cuenta estas dos realidades y encontrar una vía legal para protegerlas a ambas».

Las ONG Aditus y la Fundación Integra también abogan por la despenalización total de la prostitución.

«Debemos cambiar el enfoque de uno de delitos generales que penaliza la mayoría o todos los aspectos del trabajo sexual, a otro de leyes que protejan la salud y la seguridad de las trabajadoras sexuales y que se opongan a todos los actos de explotación y trata de sexo comercial», escribieron las ONG en un documento presentado para consulta pública sobre la reforma propuesta.

La Sra. Cutajar también reiteró que, si bien estaba a favor de la ‘despenalización total’, esto no significaba que tolerara la violencia.

«Estamos en contra del proxenetismo y en contra de las personas que creen que pueden ganar dinero con los cuerpos de las mujeres», dijo.