Amnistía Internacional y SWOP-EE.UU. Desvelando los misterios de la despenalización total del trabajo sexual consensual. Somos más fuertes juntos.

 

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1 Amnistía Internacional y SWOP-USA. Desbloquear los misterios de la despenalización total del trabajo sexual consensual. Somos más fuertes juntos.

 

2 “Las trabajadoras sexuales son uno de los grupos más marginados en el mundo que en la mayoría de los casos se enfrentan a un riesgo constante de discriminación, violencia y abuso. Nuestro movimiento mundial allanó el camino para la adopción de una política de protección de los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual, lo que ayudará a conformar el trabajo futuro de Amnistía Internacional sobre este importante tema “.

 

3 En agosto de 2015, Amnistía Internacional votó a favor de recomendar la despenalización total para el trabajo sexual consentido, lo que una vez más desencadenó la controversia mundial sobre si las trabajadoras sexuales deberían o no tener garantizados sus derechos humanos. La resolución recomienda que Amnistía Internacional desarrolle una política que respalde la despenalización total de todos los aspectos del trabajo sexual consentido. La política también llamará a los Estados a garantizar que las trabajadoras sexuales disfruten de protección legal plena e igualitaria contra la explotación, la trata y la violencia. Las violencias a las que pueden estar expuestas las trabajadoras sexuales incluyen la violencia física y sexual, el arresto y la detención arbitrarios, la extorsión y el acoso, la trata de personas, las pruebas forzadas de VIH y las intervenciones médicas forzadas. También pueden ser excluidas de los servicios de atención médica y vivienda y otras protecciones sociales y legales.

 

4 ¿Cuál es la diferencia entre el trabajo sexual y la trata sexual? La trata de personas es una violación atroz de los derechos humanos que involucra la amenaza o el uso de la fuerza, el secuestro, el engaño u otras formas de coerción con el propósito de la explotación. Esto puede incluir trabajo forzado, explotación sexual, esclavitud y más. El trabajo sexual, por otro lado, es una transacción consensual entre adultos, donde el acto de vender o comprar servicios sexuales no es una violación de los derechos humanos. Las organizaciones de trabajadoras sexuales se oponen a la explotación y pueden estar bien posicionadas para derivar a las víctimas de trata a los servicios apropiados. Confundir la trata con el trabajo sexual puede ser perjudicial. Muchas iniciativas antitrata consideran a todas las trabajadoras sexuales como víctimas, reubicándolas o deteniéndolas en las llamadas casas de seguridad en contra de su voluntad. Otras iniciativas, como las que cerraron burdeles, han privado a las trabajadoras sexuales de su autonomía, ingresos y condiciones laborales seguras. Esas iniciativas han fomentado la desconfianza entre las autoridades y las trabajadoras sexuales, han empujado el trabajo sexual a la clandestinidad y dificultado el alcance de la salud pública.

 

5 Amnistía Internacional considera aborrecible la trata de personas en todas sus formas, incluida la explotación sexual, y debe tipificarse como una cuestión de derecho internacional. Esto es explícito en esta nueva política y en todo el trabajo de Amnistía Internacional.

 

6 Despenalización La despenalización significa la eliminación de las sanciones penales y administrativas que se aplican al trabajo sexual, lo que permite que se rija por la legislación laboral y las protecciones similares a otros trabajos. Se preocupa principalmente de las reglamentaciones que mejoran la salud y la seguridad de las trabajadoras. En un entorno totalmente despenalizado, una trabajadora sexual podría acceder más fácilmente a la atención médica y a la vivienda. La legalización, por el contrario, crea regímenes regulatorios estrechos basados ​​en otras preocupaciones y objetivos, como la salud de los clientes, los impuestos o la moralidad pública. La legalización puede incluir regulaciones que limitan los derechos y protecciones de las trabajadoras del sexo, como las pruebas obligatorias del VIH. Esto puede estigmatizar aún más a las personas que ejercen el trabajo sexual. La legalización también podría crear mecanismos de abuso por parte de las autoridades. Por ejemplo, en los Países Bajos, donde el trabajo sexual está legalizado, las fuerzas del orden público han allanado los hogares de trabajadoras sexuales sin una orden judicial y llevado a cabo detenciones masivas de trabajadoras sexuales veladas como operaciones antitrata.

 

7 La despenalización total del trabajo sexual consentido significa que los compradores y vendedores de servicios sexuales no pueden ser discriminados con fines de arresto, vivienda, atención médica, transporte y / o beneficios públicos. También significa que si son víctimas de un delito (como violación, violencia doméstica e incluso trata) pueden denunciar estos crímenes directamente a la policía sin temor.

 

8 Problemas con la legalización Ampliamente presentado como un enfoque más tolerante y pragmático, el modelo legalizado aún penaliza a las personas que ejercen el trabajo sexual que no pueden cumplir o no cumplirán por la razón que sea diversos requisitos burocráticos y, por lo tanto, conserva algunos de los peores daños de la criminalización. Excluye de manera desproporcionada a las trabajadoras del sexo que ya están marginadas, como las personas que usan drogas o que son indocumentadas. Esto hace que su situación sea más precaria y, por lo tanto, refuerza el poder de los gerentes inescrupulosos. Nevada tiene un sistema de prostitución altamente regulado y legalizado como lo hace Alemania. España e India tienen trabajo sexual legal no regulado. Australia y Nueva Zelanda han despenalizado las políticas en algunos lugares. Suecia y Noruega tienen implantadas dos políticas altamente polémicas.

 

9 Los modelos nórdicos despenalizan la venta de sexo, pero hacen que sea ilegal comprar servicios sexuales.

PROS El modelo nórdico muestra una reducción del daño real, que no puede ser descartado de forma aislada. La tasa de trabajadoras objeto de trata disminuye drásticamente, porque la cantidad total de comercio sexual disminuye. Al mismo tiempo, la venta de sexo se despenaliza, por lo que las leyes no victimizan más a las personas que optan por vender sus servicios. Sin temor, pueden buscar ayuda de la policía si se sienten coaccionadas o abusadas ​​de alguna manera. Las vendedoras tienen todos los derechos para determinar las condiciones en las que participan en el comercio sexual con sus cuerpos.

CONTRAS El sistema de justicia penal Suecia está diseñado para proteger a las personas que ejercen el trabajo sexual, pero en realidad no es así. Debido a que los clientes todavía son criminalizados, esto hace que el trabajo sexual sea más clandestino. Las relaciones con la policía y los propietarios a menudo son divisivas y aún existe un abuso generalizado. Cuestiones como la custodia de los hijos se han convertido en un punto de tensión. Las mujeres son despojadas de su autonomía y sus derechos para hacer con su cuerpo lo que deseen.

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De la naturaleza criminal del abolicionismo

 

El abolicionismo es una ideología fundamentalista que propugna la supresión del derecho de las mujeres a prostituirse.

Fuertemente organizado a nivel nacional e internacional, su infiltración en España en partidos y organizaciones feministas, a modo de secta, haciendo uso de subvenciones y presupuestos públicos destinados a otros fines, el abolicionismo atenta contra el sistema de libertades y derechos democráticos que garantiza la Constitución.

 

1.- Delito contra la la libertad sexual

La Constitución se legitima a sí misma al reconocer que “la dignidad de la persona humana, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”.

Y el Tribunal Constitucional define la dignidad como “un valor espiritual y moral inherente a la persona, que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y que lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los demás”.

El desarrollo normativo de este principio constitucional incluye, entre otros, el Título VIII del Libro II del Código Penal, Título rubricado “Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales”.

“El bien jurídico protegido en estos delitos es la libertad sexual, que tiene diversas dimensiones. Una dimensión activa o positiva que sería la capacidad de la persona de disponer libremente de su propio cuerpo a efectos sexuales y comportarse en el plano sexual según sus propios deseos, tanto en cuanto a la relación como a la persona con quien se mantiene. Una segunda dimensión negativa o pasiva que sería la capacidad de negarse a realizar o a dejar que se realicen en ella por parte de otra personas actos de naturaleza sexual que no quiere hacer o soportar. Se trata, pues, de proteger el derecho a la libre disposición carnal y autodeterminación sexual, entendida como capacidad de hacer o no uso del propio cuerpo a efectos sexuales, así como de ejercer los medios de defensa o protección personal pertinentes frente a actuaciones ajenas de esa naturaleza” (1).

Esta “protección al derecho a la libre disposición carnal y autodeterminación sexual, entendida como capacidad de hacer uso o no del propio cuerpo a efectos sexuales” se ve reflejada en el Código Penal sólo en cuanto al derecho a no hacer uso del propio cuerpo, pero no en cuanto al derecho a hacer uso del mismo. Dado que ambos derechos, el de hacer y el de no hacer, consisten en los dos aspectos de un solo derecho, a saber, el derecho a la libertad sexual, es evidente que debe considerarse el mismo tipo de delito la violación del derecho a no hacer como la del derecho a hacer. Pero el Código Penal sólo tipifica el delito de determinar a persona mayor de edad a ejercer o a mantenerse en la prostitución, ignorando el delito de determinar a persona mayor de edad a no ejercer o a apartarse de la prostitución. en las mismas circunstancias.

Así, dice el Artículo 187

1.- El que empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona mayor de edad a ejercer o mantenerse en la prostitución, será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses.

Es necesario por tanto, para ajustar la normativa legal al principio constitucional, tipificar el delito de abolicionismo en un artículo del Código Penal que, necesariamente, debería quedar redactado así:

“El que empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona mayor de edad a no ejercer o apartarse de la prostitución, será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses.”

 

2.- Delito de odio

Las conductas que castiga el tipo básico del delito de odio (2) son las siguientes:

”a)  Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad. “

Este es el caso de la conducta abolicionista, que fomenta, promueve e incita directamente al odio, hostilidad, discriminación y violencia contra las prostitutas, por motivos referentes a su sexo y su orientación o identidad sexual.

Más aún, las organizaciones abolicionistas promueven una visión deshumanizada de las prostitutas, negándoles su capacidad de decisión y, por tanto, el que tengan una auténtica libertad sexual. Al hacerlo así, intentan asimilarlas a aquellas personas cuya indemnidad sexual debe proteger la ley. Estas personas son:

“Las personas afectadas por limitaciones intelectuales bien por trastorno mental o privación de uno o varios sentidos o bien por minoría de edad con escaso desarrollo intelectual no puede decirse que estén autodeterminadas en el plano sexual, no pudiéndose predicar a su respecto que tengan una auténtica libertad sexual o por lo menos no con la amplitud de quien no tiene esas limitaciones. Estas personas no pueden ejercer válida ni eficazmente esa libertad por lo que el bien jurídico a proteger penalmente se ha dado en llamar la intangibilidad o indemnidad sexuales” (2).

Queda, pues, puesta meridianamente de manifiesto la peligrosidad social de la secta abolicionista, capaz de identificar a un grupo social como si de una “raza inferior” se tratara, carente de la plenitud de sus funciones intelectuales y condenada a sufrir el tutelaje propio de menores de edad o discapacitados mentales. Actitud que no resulta difícil identificar con la del racismo de más funesta memoria.

Urge, pues, una actuación de oficio del Ministerio Público contra las organizaciones abolicionistas, en defensa de los principios constitucionales y de los derechos fundamentales de las personas.

 

3.- Asociación para delinquir

El Art. 570 ter del Código Penal dice:

“A los efectos de este Código se entiende por grupo criminal la unión de más de dos personas que, sin reunir alguna o algunas de las características de la organización criminal definida en el artículo anterior, tenga por finalidad o por objeto la perpetración concertada de delitos.”

Las organizaciones abolicionistas, a la luz de lo señalado en los dos apartados anteriores, satisfacen las condiciones de esta definición, pudiendo por tanto ser consideradas grupos criminales. Urge la actuación de oficio del Ministerio Público para hacer prevalecer también aquí el imperio de la Ley.

 

Conclusión

Desde el respeto a las disposiciónes legales vigentes y a las decisiones judiciales, los ciudadanos tenemos el derecho y la obligación de contribuir al perfeccionamiento de las leyes. Esta es mi aportación a dicho perfeccionamiento.

Por los derechos humanos, en general, y por los derechos de las mujeres, en particular,

¡viva la Constitución!

 


1.- http://www.guiasjuridicas.com/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMTQ0MTtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoA6ZpvrDUAAAA=WKE

2.- https://www.mundojuridico.info/el-delito-de-odio/

MANIFESTE DES PROSTITUÉES DE SEVILLE

 

 

La prostitution n’est pas un crime. Nous, les prostituées, nous ne sommes pas des criminelles.

Aucune loi en Espagne n’interdit la vente de services sexuels entre des personnes adultes. La Loi Gag et les ordonnances municipales de Séville ne pénalisent pas la prostitution, puisqu’elles ne peuvent pas le faire. Pourtant, les deux règlements violent le principe de légalité, ainsi que les droits fondamentaux contenus dans la Constitution espagnole et le Statut d’Autonomie d’Andalousie, en privant les travailleuses du sexe des droits fondamentaux tels que le droit de circuler librement. Ils restreindent aussi, au travers de la répression, l’utilisation de l’espace public. Il n’y a pas de différence légale entre les prostituées, leurs clients et le reste des piétons; pour en faire la distinction, on n’utilise que des critères arbitraires de la police nationale et municipale, qui sont devenus une sorte de police morale.

Nous, les prostituées, nous sommes des femmes dignes.

La legitimité de la Constitution est basée sur la reconnaissance que “la dignité de la personne humaine, les droits inviolables qui lui sont inhérents, le libre développement de la personnalité, le respect de la loi et des droits d’autrui sont la base de l’ordre politique et de la paix sociale “.

Et la Cour Constitutionnelle définit la dignité comme «une valeur spirituelle et morale inhérente à la personne, qui se manifeste singulièrement dans l’autodétermination consciente et responsable de sa propre vie et qui s’accompagne de la prétention du respect d’autrui».

Nous, les prostituées, nous sommes des femmes dignes parce que nous déterminons nos vies de manière consciente et responsable et que nous cherchons le respect de la société dans son ensemble. Ceux qui essaient de nous faire devenir des mineures ayant besoin de tutelle s’attaquent directement à notre dignité; ils essaient de nous priver de notre capacité de décision; ils essaient, en somme, d’enlever notre liberté.

Nous, les prostituées, nous réclamons tous nos droits sexuels en tant que femmes.

Nous, les prostituées, nous ne considérons pas que le travail sexuel soit indigne ou que les relations sexuelles consenties entre des adultes hors mariage soient un fléau qui doive être éradiqué. C’est notre conviction, pour laquelle nous exigeons le même respect que nous avons envers ceux qui pensent le contraire. Nous revendiquons notre droit de vivre et de faire de notre sexe et notre sexualité ce que nous en décidons, sans interférence morale.

Nous, les prostituées, nous sommes des travailleuses du sexe.

Le travail du sexe, c’est un travail. En Espagne, la prostitution n’est pas interdite; pourtant, les droits des prostituées sont refusés. Dans cette situation, nous, les travailleuses du sexe, nous sommes assujeties à une situation de travail sans aucun droit. Cependant, l’hypocrisie de cette société ajoute le résultat de notre travail au Produit Intérieur Brut tout en nous refusant le droit du travail pour «défendre notre dignité».

La prostitution, ce n’est pas de la traite ou de la violence de genre.

Il n’est pas possible de faire des comparaisons entre les victimes d’un crime tel que la traite des êtres humains et des femmes qui pratiquent la prostitution librement et de leur propre choix. Cela ne fait que simplifier une réalité beaucoup plus complexe. Cela contribue aussi à l’ignorance sur cette réalité, ainsi qu’à la discrimination, la nuissance et la violation des droits des personnes qui pratiquent la prostitution.

La criminalisation de la prostitution perpétrée, au délà du Parlement espagnol, par le conseil municipal de Séville (entre autres) et par le gouvernement précédent du Parti Populaire avec sa Loi Gag, ne sert qu’à accroître la marginalisation et la faiblesse sociale des prostituées, nous laissant presque absoluement sans défense contre les mafias de la traite des êtres humains et menacent de nous faire devenir ce que les abolitionnistes veulent que nous devenions: des victimes ayant besoin de sauveurs.

Il est absurde de dire que la pénalisation est pour les clients et pas pour les prostituées. Aussi absurde de dire que dans une entreprise c’est l’achat qui est pénalisé, mais pas la vente. Celles qui sont finalement pénalisées, c’est nous, les prostituées, qui voyons ainsi notre survie économique mise en danger. C’est là la vraie violence contre les femmes que nous, les prostituées, nous subissons: la violence abolitionniste..

Nous, les prostituées, nous ne demandons pas de l’aide pour sortir de la prostitution: nous demandons l’abolition de la pauvreté.

Aucune femme n’est née pour être pauvre. La pauvreté est dégradante et coercitive. Une société qui accepte la pauvreté ou qui croit que la pauvreté est inévitable ne respecte pas les femmes. La pauvreté est une forme de violence, une violence qui touche de manière disproportionnée les personnes marginalisées. La pauvreté ne peut être considérée comme un choix qui garantit de la sécurité.

En conséquence, nous, les prostituées de Séville:

Nous demandons:

  • L’abrogation immédiate de la Loi Gag et des ordonnances anti-prostitution du conseil municipal de Séville.
  • La reconnaissance par l’Etat que le travail du sexe est un travail et l’application immédiate du Statut des Travailleurs et d’autres normes qui garantissent les droits des travailleuses.
  • La fin de la campagne de haine contre les prostituées du conseil municipal de Séville et l’affectation immédiate des fonds destinées à cette campagne à la lutte contre la pauvreté feminine à Séville

Nous, les prostituées, nous avons commencé à nous manifester publiquement et nous ne garderons plus le silence!

Vous ne nous embarrasserez plus jamais avec vos campagnes infâmes!

Collectif des prostituées de Séville

‘El trabajo sexual no es trata sexual’: una idea cuyo tiempo no ha llegado

 

Por Laura Agustin

 

19/09/2014.

 

https://www.lauraagustin.com/sex-work-is-not-sex-trafficking-an-idea-whose-time-has-not-come

 

 

Los que luchan contra la prostitución tienen la costumbre de usar absurdas simplificaciones para hacer que su cruzada sea clara y fácil de entender. La campaña funciona mejor cuando los argumentos son en blanco y negro y los eslóganes son pegadizos, obviamente, así que comprendo por qué algunos defensores de los derechos las trabajadoras sexuales ahora usan un eslogan que también reduce la complejidad a dos estados opuestos: el trabajo sexual no es trata sexual (a veces el adjetivo “sexual” de “trata” se omite). El propósito es aclarar la volición de las trabajadoras sexuales que demandan derechos laborales, pero para aquéllos que luchan contra el encuadre de la migración indocumentada y el contrabando de personas como ‘crimen organizado’, con los dos únicos papeles posibles de perpetrador y víctima, el concepto es moralmente un desastre.

 

Trabajo sexual no es trata sexual surgió (primero) de la negativa común de los abolicionistas a reconocer que alguien pueda vender sexo voluntariamente y (segundo) porque desde el principio comenzaron a alterar cualquier distinción entre prostitución y trata. Afirmaciones como ninguna mujer elegiría prostituirse y los gritos de infelices ex víctimas de que sus experiencias son ciertas para todas condujeron naturalmente a la insistente oposición a admitir que muchas optan por vender sexo, algunas amando sus trabajos y otros simplemente prefiriéndolo a sus otras opciones. Decir Trabajo sexual no es trata sexual es cosificar la actual narrativa de la trata, aceptando que se refiere a algo real y malo contra lo que se debe luchar. El eslogan intenta hacer que la identidad de una trabajadora sexual sea clara al distinguirla de una identidad de víctima de trata de personas: la libre contra la que no es libre. Decir que algunas de nosotras estamos dispuestas a vender sexo atrae la atención hacia aquéllas que no están dispuestas: un mecanismo de distanciamiento característico de las políticas de identidad. Afirmar que no necesito tu ayuda o compasión significa que aceptas que otras personas sí lo necesitan: aquellas que realmente son víctimas de trata.

 

Esto es aceptar las leyes represivas, la infantilización de las mujeres, el colonialismo, la política antiinmigratoria y toda una gama de ofertas de la Industria del Rescate: sólo que todo eso no es para las verdaderas trabajadoras sexuales. Dice vosotros ganáis a los activistas anti trata, incluso sin intención de hacerlo. Arroja debajo del autobús a todas las inmigrantes, documentadas o no; a las que no les gusta mucho vender sexo y no se llaman a sí mismas trabajadoras sexuales, pero sin embargo no quieren ser salvadas o deportadas. Convierte en las otras a las muchas que tienen un control limitado sobre sus vidas, sienten la presión de ganar dinero de la forma que sea o quieren huir del infierno y escapar a cualquier otro sitio y hacen lo que haga falta para llegar allí. Esto incluye a los adolescentes que abandonan hogares que odian y terminan en la calle o evitan la calle intercambiando sexo por un lugar donde vivir.

 

Se ha negado toda la gama de complejidad y diversidad que en la actualidad se incluye en el término víctima de trata. Años de intentos de llevar la justicia y los matices a un mal marco penal son ignorados. La miríada de formas diferentes de sentirse forzado, obligado o coaccionado a dejar el hogar o tener relaciones sexuales por dinero o dar algo del propio dinero a otra persona han desaparecido. Y sí, entiendo que la victimización de la industria de rescate hace que la gente se sienta ansiosa por ofrecer algo que pueda captar el público en general. Pero el eslogan trabajo sexual no es trata sexual solo contribuye al reduccionismo impulsado por activistas anti prostitución y anti trata.

 

Es deplorable Evítalo.

 

–Laura Agustín, the Naked Anthropologist

Ley de Reforma de la Prostitución 2003 (Nueva Zelanda)

 

 

http://www.legislation.govt.nz/act/public/2003/0028/latest/whole.html#whole

 

 

Título

Esta Ley es la Ley de Reforma de la Prostitución de 2003.

 

Parte 1 Disposiciones preliminares

 

2 Comienzo

(1)

Esta Ley (excepto las disposiciones mencionadas en el inciso (2)) entra en vigencia el día posterior a la fecha en que reciba el asentimiento Real.

(2)

La Parte 3 y las Secciones 49 y 50 (2) entran en vigencia 6 meses después de la fecha en que esta Ley reciba el asentimiento Real.

3 Propósito

El objetivo de esta ley es despenalizar la prostitución (sin apoyar o sancionar moralmente la prostitución o su uso) y crear un marco que:

(a)

salvaguarde los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual y las proteja de la explotación:

(b)

promueva el bienestar y la salud y seguridad ocupacional de las trabajadoras sexuales:

(c)

sea propicio para la salud pública:

(d)

prohíba el uso en la prostitución de personas menores de 18 años:

(e)

implemente ciertas otras reformas relacionadas.

 

4 Interpretación

(1)

En esta Ley, a menos que el contexto requiera lo contrario, –

burdel significa cualquier local mantenido o utilizado habitualmente para propósitos de prostitución; pero no incluye las instalaciones en las que normalmente se ofrece alojamiento con carácter comercial si la prostitución se produce en virtud de un acuerdo iniciado en otro lugar

negocios de prostitución significa una empresa que proporcione u organice la provisión de servicios sexuales comerciales

cliente significa una persona que recibe, o busca recibir, servicios sexuales comerciales

servicios sexuales comerciales significa servicios sexuales que-

(a)

involucren la participación física de una persona en actos sexuales con otra persona y para su gratificación; y

(b)

se proporcionen por un pago u otra recompensa (independientemente de si la recompensa se otorga a la persona que proporciona los servicios o a otra persona)


miembro
significa un miembro del Comité de Revisión de la Ley de Prostitución

local significa una parte de las instalaciones

prostitución significa la provisión de servicios sexuales comerciales

Comité de Examen de la Ley de Prostitución significa el comité designado en la sección 43

lugar público-

(a)

significa un lugar que está abierto o es utilizado por el público, ya sea que la admisión sea gratuita o que haya que pagar un cargo y ya sea que un propietario u ocupante del lugar tenga el derecho legal de excluir o expulsar a una persona de ese lugar; y

(b)

incluye cualquier aeronave, aerodeslizador, barco, ferry u otro barco, tren o vehículo que transporte o esté disponible para llevar pasajeros por una recompensa

trabajadora sexual significa una persona que brinda servicios sexuales comerciales

pequeño burdel operado por el propietario significa un burdel-

(a)

en el cual trabajan no más de 4 trabajadoras sexuales; y

(b)

donde cada una de esas trabajadoras sexuales tiene control sobre sus ganancias individuales de la prostitución llevada a cabo en el burdel

autoridad territorial tiene el mismo significado que en la sección 5 (1) de la Ley de Gobierno Local de 2002.

(2)

En esta Ley, una referencia a la provisión o recepción de servicios sexuales comerciales significa proporcionar o recibir esos servicios personalmente (en lugar de coordinar a otra persona para proporcionar los servicios u organizar que los servicios sean recibidos por otra persona).

5 Definición de operador

(1)

En esta Ley, el operador, en relación con un negocio de prostitución, significa una persona que, ya sea solo o con otros, posee, opera, controla o administra el negocio; e incluye (sin limitación) a cualquier persona que:

(a)

es el director de una compañía que es un operador; o

(b)

determina-

(i)

cuándo o dónde trabajará una trabajadora sexual individual; o

(ii)

las condiciones en que trabajan las personas que ejercen el trabajo sexual en el negocio; o

(iii)

la cantidad de dinero, o proporción de una cantidad de dinero, que una trabajadora sexual recibe como pago por la prostitución; o

(c)

es una persona que emplea, supervisa o dirige a cualquier persona que haga cualquiera de las cosas mencionadas en el párrafo (b).

(2)

A pesar de cualquier cosa dicha en el inciso (1), una trabajadora sexual que trabaja en un pequeño burdel operado por sus dueños no es un operador de ese negocio de prostitución, y, para los fines de esta Ley, un pequeño burdel operado por sus dueños no tiene un operador .

6 Esta Ley vincula a la Corona.

Esta Ley vincula a la Corona.

Parte 2 Servicios sexuales comerciales

Los contratos de servicios sexuales comerciales no son nulos

7 Contrato para la provisión de servicios sexuales comerciales no nulo 

Ningún contrato para la provisión u organización de la provisión de servicios sexuales comerciales es ilegal o nulo en téminos de políticas públicas u otros motivos similares.

Requisitos de salud y seguridad

8 Los operadores de negocios de prostitución deben adoptar y promover prácticas de sexo seguro

(1)

Todo operador de una empresa de prostitución debe:

(a)
tomar todas las medidas razonables para garantizar que ninguna trabajadora sexual proporcione servicios sexuales comerciales a menos que se use una funda profiláctica u otra barrera apropiada si dichos servicios incluyen penetración vaginal, anal u oral u otra actividad con un riesgo similar o mayor de adquirir o transmitir infecciones sexualmente transmisibles; y

(b)

adoptar todas las medidas razonables para dar información de salud (ya sea oral o escrita) a las personas que ejercen el trabajo sexual y a los clientes; y

(c)

si la persona opera un burdel, exhibir información de salud de forma ostentosa en ese burdel; y

(d)

no declarar ni dar a entender que un examen médico de una trabajadora sexual significa que la trabajadora sexual no está infectada o es probable que esté infectada con una infección de transmisión sexual; y

(e)

adoptar todas las demás medidas razonables para minimizar el riesgo de las trabajadoras sexuales o de los clientes de adquirir o transmitir infecciones de transmisión sexual.

(2)

Toda persona que contravenga la subsección (1) comete un delito y es responsable por una multa no mayor de $ 10.000

(3) Las obligaciones de esta sección se aplican solo en relación con los servicios sexuales comerciales prestados para la empresa y con las personas que ejercen el trabajo sexual y los clientes que estén en relación con esos servicios.

(4)

En esta sección, información de salud significa información sobre las prácticas sexuales más seguras y sobre servicios para la prevención y el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual.

Sección 8 (2): modificada, el 1 de julio de 2013, por el artículo 413 de la Ley de procedimiento penal de 2011 (2011 no 81) .

9 Las trabajadoras sexuales y los clientes deben adoptar prácticas de sexo más seguro

( 1)

Una persona no debe proporcionar ni recibir servicios sexuales comerciales a menos que haya tomado todas las medidas razonables para asegurarse de que se use una funda profiláctica u otra barrera apropiada si dichos servicios incluyen penetración vaginal, anal u oral, u otra actividad con un riesgo similar o mayor de adquirir o transmitir infecciones de transmisión sexual.

2)

Una persona no debe, con el propósito de proporcionar o recibir servicios sexuales comerciales, declarar o dar a entender que un examen médico de esa persona significa que no está infectada, o es probable que esté infectada, con una infección de transmisión sexual.

(3)

Una persona que proporciona o recibe servicios sexuales comerciales debe adoptar todas las demás medidas razonables para minimizar el riesgo de adquirir o transmitir infecciones de transmisión sexual.

(4)

Toda persona que contravenga la subsección (1), subsección (2) o subsección (3) comete un delito y es responsable por una multa que no exceda de $ 2.000.

Sección 9 (4): enmendado, el 1 de julio 2013, por el artículo 413 de la Ley de procedimiento penal de 2011 (2011 no 81) .

10 Aplicación de la Ley de salud y seguridad en el trabajo de 2015

(1)

Una trabajadora sexual trabaja en el marco de la Ley de salud y seguridad en el trabajo de 2015, mientras proporcione servicios sexuales comerciales.

(2)

Sin embargo, nada en esta Ley (incluida la subsección (1)) limita esa Ley o cualquier reglamento o códigos de prácticas aprobados en virtud de esa Ley.

Título de la Sección 10: modificado, el 4 de abril de 2016, por la sección 232 de Ley de salud y seguridad en el trabajo 2015 (2015 no 70) .

Sección 10 (1): modificada, el 4 de abril de 2016, por el artículo 232 de la Ley de salud y seguridad en el trabajo de 2015 (2015 no 70).

Restricciones de publicidad 

11 Restricciones a la publicidad de servicios sexuales comerciales

(1)

Los anuncios de servicios sexuales comerciales no pueden ser:

(a)

transmitidos por radio o televisión; o

(b)

publicados en un periódico o revista, excepto en la sección de anuncios clasificados del periódico o revista; o

(c)

proyectados en un cine público.

(2)

Una persona que hace cualquiera de las cosas descritas en la subsección (1), o que autoriza a hacer cualquiera de las cosas descritas en esa subsección, comete un delito y es punible con una pena, –

(a)

en el caso de una persona jurídica, una multa que no exceda de $ 50.000; y

(b)

en cualquier otro caso, una multa que no exceda $ 10.000.

(3)

En esta sección, publicidad significa cualquier palabra, o cualquier representación pictórica u otra representación, utilizada para notificar la disponibilidad de, o promover la venta de, servicios sexuales comerciales , general o específicamente.

Sección 11 (2): modificada, el 1 de julio de 2013, por el artículo 413 de la Ley de procedimiento penal de 2011 (2011 no 81).

La autoridad territorial puede establecer ordenanzas

12 Ordenanzas que controlan la señalización publicitaria de servicios sexuales comerciales

(1)

La autoridad territorial puede establecer ordenanzas para su distrito que prohíban o regulen la señalización que esté en un lugar público o que sea visible desde allí, y que anuncie servicios sexuales comerciales.

(2)

Las ordenanzas se pueden establecer bajo lo dispuesto en esta sección sólo si la autoridad territorial está de acuerdo con que la ordenanza es necesaria para evitar la exhibición pública de señalización que:

(a)

es probable que cause molestias o una ofensa grave a los miembros comunes del público que usan el área; o

(b)

es incompatible con el carácter existente o el uso de esa área.

(3)

Las ordenanzas establecidas bajo esta sección pueden prohibir o regular la señalización en cualquier término, incluso (sin limitación) mediante la imposición de restricciones en el contenido, forma o cantidad de la señalización en exhibición.

(4)

Las partes 8 y 9 de la Ley de gobierno local de 2002 (que se refieren, entre otras cosas, a la aplicación de las ordenanzas y las sanciones por incumplimiento) se aplican a una ordenanza establecida en esta sección como si la ordenanza hubiera sido establecida según el artículo 145 de esa Ley.

13 Procedimiento para la elaboración de las ordenanzas

(1)

Una ordenanza establecida en virtud del artículo 12 debe hacerse de la misma manera en todos los aspectos como si fuera una ordenanza establecida en virtud de la Ley de administración local de 2002.

(2)

A pesar de subsección (1), se puede hacer una ordenanza bajo la sección 12 incluso si, contrariamente a la sección 155 (3) de la Ley de gobierno local de 2002, es incompatible con la Ley de la Carta de Derechos de Nueva Zelanda de 1990.

14 Reglamentos que regulan la ubicación de los burdeles.

Sin limitar la sección 145 de la Ley de gobierno local de 2002, una autoridad territorial puede establecer ordenanzas para su distrito bajo la sección 146 de esa Ley con el propósito de regular la ubicación de burdeles.

Consentimiento de recursos

15 Consentimiento de recursos en relación con negocios de prostitución

(1)

Al considerar una solicitud de consentimiento de recursos bajo la Ley de Manejo de Recursos de 1991 para un uso del terreno en relación con un negocio de la prostitución, una autoridad territorial debe tener en cuenta si el negocio de la prostitución: 

(a)

es probable que cause molestias o una ofensa grave a los miembros del público en general que utilizan el área en que se encuentra el terreno; o 

(b)

es incompatible con el carácter o uso existente del área en que se encuentra el terreno.

(2)

Habiendo considerado los asuntos en la subsección (1) (a) y (b), así como los asuntos que se requieren en virtud de la Ley de gestión de recursos de 1991, la autoridad territorial puede, de conformidad con las secciones 104A a 104D de esa Ley, otorgar o negarse a otorgar un consentimiento de recurso, o, de conformidad con la sección 108 de esa Ley, imponer condiciones a cualquier consentimiento de recurso.

(3)

La subsección (1) no limita o afecta el funcionamiento de la Ley de Manejo de Recursos de 1991 de ninguna manera, y puede ser anulada, con respecto a áreas particulares dentro de un distrito, por las disposiciones de un plan de distrito o propuesta de plan del distrito.

Protecciones para las trabajadoras sexuales 

16 Inducir u obligar a las personas a proporcionar servicios sexuales comerciales u obtener ganancias de la prostitución

(1)

Ninguna persona puede hacer lo descrito en la subsección (2) con la intención de inducir u obligar a otra persona (persona A) a-

(a)

proporcionar, o continuar proporcionando servicios sexuales comerciales a cualquier persona; o

(b)

proporcionar, o continuar proporcionando, a cualquier persona cualquier pago u otra recompensa derivada de los servicios sexuales comerciales proporcionados por la persona A.

(2)

Los actos mencionados en la subsección (1) son cualquier amenaza o promesa explícita o implícita de que cualquier persona (persona B):

(a)

utilizará indebidamente, en detrimento de cualquier persona, cualquier poder o autoridad que surja de:

(i)

cualquier puesto ocupacional o vocacional en poder de la persona B; o

(ii)

cualquier relación existente entre la persona B y la persona A:

(b)

cometerá un delito punible con prisión:

(c)

hará una acusación o divulgación (sea verdadera o falsa) –

(i)

de cualquier delito cometido por cualquier persona; o

(ii)

de cualquier otra conducta indebida que pueda dañar seriamente la reputación de cualquier persona; o

(iii)

de que cualquier persona se encuentra ilegalmente en Nueva Zelanda:

(d)

suministrará o retendrá el suministro de cualquier droga controlada según la definición de la Ley de Uso Indebido de Drogas de 1975.

(3)

Toda persona que contravenga la subsección (1) comete un delito y puede ser condenado a una pena de prisión de 14 años como máximo.

Sección 16 (3): modificada, el 1 de julio de 2013, por el artículo 413 de la Ley de procedimiento penal de 2011 (2011 no 81) .

17 Negativa a proporcionar servicios sexuales comerciales

(1)

A pesar de cualquier cosa que figure en un contrato para la provisión de servicios sexuales comerciales, una persona puede, en cualquier momento, negarse a proporcionar, o continuar proporcionando, un servicio sexual comercial a cualquier otra persona.

(2)

El hecho de que una persona haya firmado un contrato para proporcionar servicios sexuales comerciales no constituye en sí mismo un consentimiento a los efectos de la ley penal si no consiente o retira su consentimiento para proporcionar un servicio sexual comercial.

(3)

Sin embargo, nada en esta sección afecta al derecho (si lo hay) a rescindir o cancelar, o recibir indemnización por daños y perjuicios por un contrato para la provisión de servicios sexuales comerciales que no se realiza.

Protecciones para personas que se niegan a trabajar como trabajadoras sexuales

 18 La negativa a trabajar como trabajadora sexual no afecta los derechos

(1)

El beneficio de una persona, o el derecho a un beneficio, en virtud de la Ley de Seguridad Social de 1964 no puede ser cancelado o afectado de ninguna otra manera por su negativa a trabajar o continuar trabajando como trabajadora sexual (y, en este caso, ese trabajo es empleo no adecuado para esa persona bajo esa Ley).

(2)

Los derechos de una persona bajo la Ley de Prevención, Rehabilitación, y Compensación de Lesiones 2001 no pueden perderse ni verse afectados de ninguna otra manera por su capacidad de trabajar como trabajadora sexual. si se niega a hacer, o continuar haciendo, ese tipo de trabajo.

(3)

En esta sección, denegación significa una negativa a realizar este tipo de trabajo en general, en lugar de negarse a un trabajo en particular o en un momento particular.

Aplicación de la Ley de Inmigración 2009 

19 Aplicación de la Ley de Inmigración 2009

(1)

No se puede otorgar un visado bajo la Ley de Inmigración de 2009 a una persona sobre la base de que la persona:

(a)

ha proporcionado, o tiene la intención de proporcionar, servicios sexuales comerciales; o

(b)

ha actuado o tiene la intención de actuar como un operador de un negocio de prostitución; o

(c)

ha invertido, o tiene la intención de invertir, en un negocio de prostitución.

(2)

Es una condición de cada visado de clase de entrada temporal otorgada bajo la Ley de Inmigración de 2009 que el titular del visado no puede, mientras esté en Nueva Zelanda,

(a)

proporcionar servicios sexuales comerciales; o

(b)

actuar como operador de una empresa de prostitución en Nueva Zelanda; o

(c)

invertir en un negocio de prostitución en Nueva Zelanda.

(3)

Es motivo suficiente para que el Ministro de Inmigración o un oficial de inmigración determine que un titular de visado de clase de ingreso temporal es merecedor de la deportación según el artículo 157 de la Ley de Inmigración de 2009, si el Ministro o el oficial cree, por motivos razonables, que el titular está involucrado en cualquiera de las cosas enumeradas en la subsección (2) (a) a (c) de esta sección.

(4)

Las condiciones de un visado de residencia se considera no haber sido cumplidas y el residente es merecedor de la deportación bajo la sección 159 de la Ley de Inmigración de 2009 si el Ministro de Inmigración o un oficial de inmigración determina que el titular de un visado de residente actúa como operador de, o invierte en, un negocio de la prostitución en Nueva Zelanda .

(5)

Esta sección se aplica a todas los visados y permisos concedidos y a todos los requisitos y condiciones impuestos bajo la Ley de Inmigración de 1987 o la Ley de Inmigración de 2009, ya sea concedida o impuesta antes o después del comienzo de esta sección.

Sección 19: sustituida, a las 2 a. m. del 29 de noviembre de 2010, por la sección 406 (1) de la Ley de inmigración de 2009 (2009 n. ° 51) .

Prohibiciones sobre el uso en la prostitución de menores de 18 años

20 Ninguna persona puede ayudar a una persona menor de 18 años en la provisión de servicios sexuales comerciales.

Ninguna persona puede causar, ayudar, facilitar o alentar a una persona menor de 18 años a proporcionar servicios sexuales comerciales a ninguna otra persona.

21 Ninguna persona puede recibir ganancias de servicios sexuales comerciales proporcionados por personas menores de 18 años.

Ninguna persona puede recibir un pago u otra recompensa que él o ella sabe, o debería razonablemente saber, se deriva, directa o indirectamente, de servicios sexuales comerciales prestados por una persona menor de 18 años de edad

22 Ninguna persona puede contratar servicios sexuales comerciales de, o ser cliente de una persona menor de 18 años

(1)

Ninguna persona puede celebrar un contrato u otro arreglo por el cual una persona menor de 18 años deba proporcionar servicios sexuales comerciales a esa persona u otra persona

(2)

Ninguna persona puede recibir servicios sexuales comerciales de una persona menor de 18 años.

23 Delito por violar las prohibiciones de uso en la prostitución de personas menores de 18 años

(1)

Toda persona que infrinja la sección 20, la sección 21 o la sección 22 comete un delito y es responsable bajo sentencia condenatoria a una pena de prisión no superior a 7 años.

(2)

Ninguna persona contraviene la sección 20 simplemente por proporcionar asesoramiento legal, consejo, asesoramiento médico o cualquier servicio médico a una persona menor de 18 años.

(3)

No se puede imputar a una persona menor de 18 años como parte en un delito cometido en esa persona o en contra de esa persona.

Sección 23 (1): enmendada el 1 de julio de 2013 por el artículo 413 de la Ley de procedimiento penal de 2011 (2011 no 81) .

Personas que entren e inspeccionen el cumplimiento de los requisitos de salud y seguridad 

24 Propósito de la inspección

(1)

Las facultades de inspección en la sección 26 pueden usarse solo con el propósito de determinar si una persona cumple o ha cumplido con la sección 8 o sección 9.

(2)

Esta sección no limita la capacidad de un inspector para denunciar cualquier otro delito o presunto delito a la Policía o cualquier otra agencia relevante.

25 Inspectores

(1)

Toda persona designada como Oficial Médico de Salud por el Director General de Salud bajo el La Ley de Salud de 1956 es un inspector a los efectos de esta Ley.

(2)

Un Oficial Médico de Salud también puede designar personas como inspectores para su distrito de salud, de manera permanente o temporal, para los fines de esta Ley.

(3)

Un Oficial Médico de Salud puede nombrar a una persona como un inspector solo si está convencido de que está debidamente calificado o capacitado para desempeñar esa función.

(4)

Ese nombramiento debe ser por escrito y debe contener:

(a)

una referencia a esta sección; y

(b)

el nombre completo de la persona designada; y

(c)

una declaración de las facultades conferidas a la persona designada por la sección 26 y el propósito bajo la sección 24 para el cual esas facultades pueden ser utilizadas.

26 Poderes para entrar e inspeccionar el cumplimiento de los requisitos de salud y seguridad

(1)

Un inspector puede, en cualquier momento razonable, ingresar a las instalaciones con el propósito de llevar a cabo una inspección si tiene motivos razonables para creer que se está llevando a cabo un negocio de prostitución en las instalaciones.

(2)

A los fines de la inspección, el inspector puede –

(a)

realizar inspecciones razonables:

(b)

tomar fotografías y mediciones y realizar bocetos y grabaciones:

(c)

requerir que cualquiera de las siguientes personas brinde información o asistencia razonablemente requerida por el inspector:

(i)

una persona que opera el negocio de prostitución, o un empleado o agente de esa persona:

(ii)

una trabajadora sexual o cliente del negocio de la prostitución:

(d)

tomar copias de la información referida en el párrafo (c).

(3)

Un inspector puede confiscar y retener cualquier cosa en los locales en los que ingrese ​​bajo esta sección cuando el inspector tenga motivos razonables para creer que será evidencia de la comisión de un delito contra la sección 8 o la sección 9.

(4)

Nada en esta sección limita o afecta el privilegio contra la autoinculpación

(5)

Un inspector puede llevar a cualquier persona que actúe bajo la supervisión directa del inspector a las instalaciones para ayudarlo con la inspección.

27 Entrada en viviendas

(1)

Un inspector no puede ingresar en una vivienda según la sección 26 a menos que –

(a)

tiene el consentimiento de un ocupante de esa vivienda; o

(b)

está autorizado a hacerlo mediante una orden emitida bajo la subsección (2).

(2)

Un Juez del Tribunal de Distrito, Juez, Magistrado de la Comunidad o Registrador del Tribunal de Distrito (que no es un agente) puede emitir una orden de ingreso en una vivienda o parte de una vivienda si, en la solicitud hecha bajo juramento, está convencido de que existen motivos razonables para creer que-

(a)

un negocio de prostitución se lleva a cabo en la vivienda; o

(b)

la vivienda o la parte de la vivienda es el único medio practicable para ingresar a las instalaciones donde se lleva a cabo un negocio de prostitución.

(3)

La orden debe ser dirigida a un inspector por su nombre y debe estar en la forma prescrita.

Sección 27 (2): modificada, el 1 de marzo de 2017, por la sección 261 de la Ley de tribunales de distrito de 2016 (2016 no 49) .

Sección 27 (2): modificada, el 1 de octubre de 2008, de conformidad con la sección 116 (a ) (ii) de la Ley de vigilancia de 2008 (2008 no 72) .

28 Requisitos para llevar a cabo la inspección

(1)

Un inspector debe, al ingresar en los locales según la sección 26 y cuando le sea razonablemente solicitado en cualquier momento posterior, producir:

(a)

evidencia de su designación como Oficial Médico de Salud o nombramiento como inspector por un Oficial Médico de Salud; y

(b)

evidencia de su identidad; y

(c)

una declaración de las facultades conferidas al inspector por la sección 26 y el propósito bajo la sección 24 para el cual esas facultades pueden ser utilizadas; y

(d)

si ingresa a una casa bajo una orden emitida bajo la sección 27 (2), esa orden.

(2)

Si el propietario u ocupante del local no está presente en el momento en que un inspector ingresa e inspecciona las instalaciones, el inspector debe –

(a)

dejar en un lugar destacado de ese local una declaración por escrito que incluya la siguiente información:

(i)

la hora y la fecha de la entrada; y

(ii)

el nombre de la persona que ingresó al local; y

(iii)

el hecho de que la persona es un inspector; y

(iv)

las razones de la entrada; y

(v)

la dirección de la oficina del Ministerio de Salud en la cual se deben realizar las consultas; y

(b)

adoptar todas las medidas razonables para dar esa información al propietario u ocupante del local.

(3)

Si algo se incauta en el curso de una inspección, el inspector debe dejar en un lugar destacado del local, o entregar o enviar por correo certificado al propietario u ocupante dentro de los 10 días hábiles siguientes a la entrada, un inventario por escrito de todas las cosas incautadas.

(4)

La Sección 199 de la Ley de Procedimientos Resumidos de 1957 se aplica a cualquier cosa incautada en el curso de una inspección (como si el inspector fuera un alguacil y con cualquier otra modificación necesaria) .

29 Obstruir a los inspectores.

Una persona comete un delito, y debe pagar una multa no mayor de $ 2.000, si obstruye, obstaculiza o engaña intencionalmente a un inspector en la ejecución de un poder u orden en virtud de esta Ley.

Sección 29: modificada, el 1 de julio de 2013, por el artículo 413 de la Ley de procedimiento penal de 2011 (2011, no 81) .

Poderes de entrada

30 Orden para la entrada de la policía

(1)

Un funcionario emisor (dentro del significado de la sección 3 de la Ley de Búsqueda y Vigilancia de 2012) puede emitir una orden para ingresar en un lugar si está convencido de que:

(a)

existe una buena causa para sospechar que un delito, bajo cualquiera de las siguientes disposiciones es, ha sido o es probable que sea cometido en el lugar:

(i)

la sección 23 (que trata sobre el uso de menores de 18 años en la prostitución) :

(ii)

la sección 34 (que trata de ser un operador sin tener un certificado); y

(b)

hay motivos razonables para creer que es necesario que un alguacil ingrese al lugar con el propósito de prevenir la comisión o la repetición de ese delito o la investigación de ese delito.

(2)

Las disposiciones de la Parte 4 de la Ley de Búsqueda y Vigilancia 2012 se aplica como si la orden a la que se hace referencia en el inciso (1) fuera una orden de allanamiento.

(3)

[Derogado]

Sección 30 (1): enmendado el 1 de octubre de 2012 por la sección 293 (2) de Búsqueda y Vigilancia Ley de 2012 (2012 no 24) .

Sección 30 (1) (b): modificada, el 1 de octubre de 2008, de conformidad con el artículo 116 (a) (ii) de la Ley de vigilancia de 2008 (2008 no 72).

Sección 30 (2) : sustituido, el 1 de octubre de 2012, por el artículo 293 (3) de la Ley de búsqueda y vigilancia de 2012 (2012 no 24) .

Sección 30 (3): derogado, el 1 de octubre de 2012, por la sección 293 (3) de la Búsqueda y Ley de vigilancia de 2012 (2012 no 24)

31 Forma y contenido de la orden

[Derogada]

Sección 31: derogada el 1 de octubre de 2012 por la sección 293 (4) de la Ley de búsqueda y vigilancia de 2012 (2012 no 24) .

32 Facultades conferidas por la orden 

[derogado]

Sección 32: derogado, el 1 de octubre de 2012, por la sección 293 (4) de la Ley de Búsqueda y Vigilancia 2012 (2012 no 24) . 

33 Requisitos para ejecutar la orden 

[Derogado]

Sección 33: derogada, el 1 de octubre de 2012, por el artículo 293 (4) de la Ley de búsqueda y vigilancia de 2012 (2012 no 24).

Parte 3 Certificados de operador

34 Obtención de certificados por parte de operadores de empresas de prostitución

(1)

Todo operador de una empresa de prostitución (que no sea una sociedad) debe tener un certificado emitido en virtud de la sección 35.

(2)

Toda persona que, aún estando obligada por la subsección (1) a poseer un certificado, no posee un certificado, comete un delito y es responsable por una multa que no exceda los $ 10.000.

(3)

Si una persona que es acusada bajo la subsección (2) afirma que él o ella no es un operador porque él o ella es una trabajadora sexual en un pequeño burdel operado por sus dueños y no es un operador de ningún otro negocio de prostitución, debe probar esa afirmación en el balance de probabilidades.

(4)

A pesar de la subsección (2), ninguna persona puede ser condenada por un delito en virtud de esa subsección si el período durante el cual la persona no posee un certificado está dentro de los primeros 6 meses después de que esta sección entre en vigor.

Artículo 34 (2): enmendado, el 1 de julio de 2013, por el artículo 413 de la Ley de procedimiento penal de 2011 (2011 no 81).

35 Solicitud y concesión de certificados

(1)

Un solicitante de un certificado debe solicitarlo al Registrador.

(2)

En esta Parte, Registrador significa el Registrador del Tribunal de Distrito en Auckland, o el Registrador de cualquier otra oficina del Tribunal de Distrito identificada en las reglamentaciones establecidas en virtud de esta Ley como el Registrador que puede aceptar solicitudes bajo esta sección.

(3)

La solicitud debe estar en la forma prescrita e ir acompañada de la tarifa prescrita.

(4)

La solicitud puede requerir que el solicitante proporcione no más de lo siguiente:

(a)

el nombre completo, fecha de nacimiento y sexo del solicitante:

(b)

cualquier otro nombre por el cual el solicitante es, o alguna vez ha sido, conocido:

(c)

la dirección a la cual el solicitante desea que se envíe cualquier certificado y correspondencia relacionada:

(d)

una fotocopia de cualquier forma de identificación oficial que contenga una fotografía del solicitante, como un pasaporte o licencia de conducir, que esté autenticada de la manera prescrita:

(e)

1 ó más fotografías recientes del solicitante que cumplan con los requisitos prescritos y estén autenticadas de la manera prescrita:

(f)

si se realizó una petición en virtud de la sección 37, una copia de la orden.

(5)

El Registrador debe emitir un certificado a un solicitante si-

(a)

el solicitante paga la tarifa prescrita, suministra un formulario de solicitud debidamente completado y adjunta la fotocopia y las fotografías requeridas; y

(b)

el solicitante tiene 18 años o más; y

(c)

el solicitante es-

(i)

no descalificado para poseer un certificado bajo la sección 36; o

(ii)

está descalificado, pero se le ha otorgado una exención de descalificación según la sección 37 y la renuncia no ha sido cancelada.

(6)

Cada certificado debe estar en la forma prescrita y debe contener una fotografía del titular.

(7)

Si se rechaza un certificado, el Registrador debe notificarlo al solicitante por escrito, con los motivos, y proporcionar información sobre cómo solicitar una exención de descalificación en virtud de la sección 37.

Sección 35 (2): enmendada, el 1 de marzo de 2017, por la sección 261 de la Ley de tribunales de distrito de 2016 (2016 no 49).

36 Descalificación para poseer un certificado

(1)

Una persona está descalificada para obtener un certificado si ha sido condenada en cualquier momento por cualquiera de los delitos descalificadores establecidos en la subsección (2), o ha sido condenada por un intento de cometer tal delito, de conspiración para cometer cualquier tal delito, o de ser un cómplice del delito.

(2)

Los delitos descalificadores son los siguientes:

(a)

un delito bajo esta Ley (que no sea un delito bajo la sección 39 (3), sección 40 (2), y la sección 41 (3)):

(b)

un delito bajo cualquiera de los siguientes artículos o partes la Ley de de Delitos de 1961 que sea punible con 2 o más años de prisión:

(i)

sección 98A (participación en un grupo delictivo organizado):

(ii)

secciones 127 a 144C (incluye crímenes sexuales):

(iii)

Parte 8 (incluye asesinato, homicidio, asalto y secuestro):

(iv)

secciones 234 a 244 (robo, extorsión y robo):

(v)

sección 257A (lavado de dinero):

(c)

un delito tipificado en la Ley de Armas de 1983 que se castigue con pena de prisión:

(d)

en relación con la Ley de uso indebido de drogas de 1975, –

(i)

un delito bajo la sección 6 (aparte de la posesión de una droga controlada de Clase C):

(ii)

una ofensa bajo la sección 9, la sección 12A, la sección 12AB o la sección 12B:

(iii)

un delito bajo cualquier otra sección, pero solo si se trata de una droga controlada de Clase A o Clase B.

Sección 36 (2) (d) (ii): enmendada, el 22 de junio de 2005, por el artículo 23 de la Ley de Enmienda al Uso Indebido de Drogas de 2005 (2005 no 81).

37 Exención de la descalificación

(1)

Una persona que está descalificada para poseer un certificado puede solicitar por escrito al Registrador una orden de exención de la descalificación.

(2)

Al recibir una solicitud, el Registrador debe:

(a)

remitir la solicitud a un juez del tribunal de distrito para su determinación; y

(b)

enviar una copia de la solicitud al Comisionado de Policía para un informe sobre los asuntos mencionados en la subsección (4) (b).

(3)

El Comisionado de Policía debe proporcionar un informe al Registrador dentro de las 3 semanas posteriores a la recepción de la solicitud, y el Registrador debe enviar inmediatamente una copia del informe al solicitante.

(4)

Un juez del tribunal de distrito puede emitir una orden eximiendo de la descalificación si está convencido de que-

(a)

el delito del solicitante era de una naturaleza, o ocurrió hace tanto tiempo, que ya no debería ser una barrera para obtener un certificado; y

(b)

el solicitante no ha sido, y no ha sido recientemente, asociado o involucrado con personas que estarían descalificadas en virtud del artículo 36 y que se podría esperar razonablemente que ejercieran una influencia sobre el solicitante.

(5)

El Juez del Tribunal de Distrito que decide sobre la solicitud-

(a)

no puede emitir su orden hasta al menos 2 semanas después de recibir el informe proporcionado en la subsección (3); y

(b)

debe determinar la solicitud sobre la base del material contenido en la solicitud, el informe de la policía y cualquier otro material escrito proporcionado por el solicitante, ya sea en respuesta al informe de la policía o de otro modo.

(6)

Una orden de exención de la descalificación permanece vigente hasta que se cancela según la subsección (7) o la subsección (8).

(7)

Una orden de exención de la descalificación se cancela, mediante el funcionamiento de esta subsección, si la persona a la que se aplica es condenada por cualquier delito mencionado en la sección 36 (2).

(8)

Un juez del tribunal de distrito puede cancelar una orden de exención de la descalificación de una persona si-

(a)

la Policía solicita al Registrador una orden de cancelación de la exención; y

(b)

una copia de la solicitud de la Policía se envía a la persona a la dirección proporcionada en su solicitud de un certificado; y

(c)

al menos 2 semanas después de enviar esa solicitud, ya sea que el Registrador no haya recibido ninguna respuesta del titular del certificado o, si el titular ha hecho presentaciones por escrito, el Juez del Tribunal de Distrito ha considerado esas presentaciones; y

(d)

el juez del tribunal de distrito está convencido, sobre la base de la solicitud de la policía y las presentaciones recibidas de la persona interesada, de que la exención debe cancelarse porque la persona está asociada o involucrada con personas que quedarían descalificadas en virtud del artículo 36 y que se podría esperar razonablemente que ejercieran una influencia sobre la persona.

38 Vencimiento, renovación y reemplazo del certificado

(1)

Un certificado vence un año después de la fecha en que se emitió.

(2)

El titular del certificado puede solicitar, en cualquier momento dentro de los 2 meses anteriores a la expiración de su certificado, la renovación del certificado, en cuyo caso la sección 35 se aplica como si la solicitud de renovación fuera una solicitud de certificado.

(3)

Si se realiza una solicitud de renovación, pero no se resuelve antes de que expire un certificado, el certificado original no expira hasta que se resuelva la solicitud de renovación.

(4)

El registrador puede emitir un certificado de reemplazo a un titular de certificado si-

(a)

el titular solicita un certificado de reemplazo y el Registrador está convencido de que el certificado original se ha perdido o destruido; y

(b)

el titular proporciona 1 o más fotografías recientes de sí mismo que cumplen con los requisitos prescritos y están autenticadas de la manera prescrita; y

(c)

el titular paga la tarifa prescrita (si corresponde).

39 Cancelación del certificado

(1)

El Registrador debe cancelar un certificado al recibir la notificación de que el titular del certificado-

(a)

está descalificado para obtener un certificado como resultado de una condena por cualquier delito mencionado en la sección 36 (2); o

(b)

ha sido cancelada su exención de descalificación.

(2)

La cancelación del certificado entrará en vigencia 5 días después de que la notificación de la cancelación se envíe al titular del certificado a la dirección indicada en su solicitud de certificado.

(3)

Una persona cuyo certificado se cancela comete un delito y es responsable por una multa de no más de $ 2.000, si no devuelve el certificado al Tribunal de Distrito dentro de 1 mes de la cancelación del certificado.

Sección 39 (3): enmendada, el 1 de marzo de 2017, por el artículo 261 de la Ley de tribunales de distrito de 2016 (2016 no 49).

Sección 39 (3): modificada, el 1 de julio de 2013, por el artículo 413 de la Ley de procedimiento penal de 2011 (2011 no 81).

40 El operador debe mostrar el certificado a requerimiento

(1)

Un alguacil puede, tras presentar prueba de que él o ella es un alguacil, requerir a cualquier persona del que crea por motivos razonables que es un operador que muestre el certificado para inspección, y la persona debe presentar su certificado, a él o ella o a otro agente de la comisaría de policía local, dentro de las 24 horas posteriores a la solicitud.

(2)

Si se realiza una solicitud bajo la subsección (1) al titular de un certificado, ese titular comete un delito, y es responsable por una multa de hasta $ 2.000, si no presenta, sin justificación razonable, su certificado de la forma requerida por esa subsección.

Sección 40 (1): enmendada, el 1 de octubre de 2008, de conformidad con el artículo 116 (a) (ii) de la Ley de Policía de 2008 (2008 no 72).

Sección 40 (2): enmendada, el 1 de julio de 2013, por el artículo 413 de la Ley de procedimiento penal de 2011 (2011 no 81).

41 Registros judiciales

(1)

Los registros judiciales relativos a la identidad de los solicitantes de certificados, de los solicitantes de exención de la descalificación y los titulares de certificados pueden ser buscados, inspeccionados o copiados solo por:

(a)

el solicitante o titular interesado; y

(b)

el registrador; y

(c)

la Policía, pero solo con el propósito de investigar un delito

(2)

Nada en esta sección limita el poder del Registrador para preparar y suministrar (ya sea para uso del Departamento para Tribunales o cualquier otro propósito) información estadística sobre solicitantes de certificados, solicitantes de exención de descalificación y titulares de certificados, siempre que la información se proporcione en una forma que no identifique a los solicitantes individuales o titulares de certificados.

(3)

Una persona que, en contravención de esta sección, obtiene o usa información que proviene de, o pretende obtenerla de, los registros judiciales a los que se hace referencia en esta sección comete un delito y es responsable por una multa que no exceda $ 2.000.

Sección 41 (3): modificada, el 1 de julio de 2013, por el artículo 413 de la Ley de procedimiento penal de 2011 (2011 no 81).

Parte 4 Disposiciones varias

Revisión del funcionamiento de la Ley y asuntos relacionados por el Comité de Revisión de la Ley de Prostitución


42 Revisión del funcionamiento de la Ley y asuntos relacionados

(1)

El Comité de Revisión de la Ley de Prostitución debe, –

(a)

tan pronto como sea posible después del comienzo de esta Ley, –

(i)

evaluar el número de personas que trabajan como trabajadoras sexuales en Nueva Zelanda y cualquier asunto prescrito relacionado con las trabajadoras sexuales o la prostitución; y

(ii)

informar sobre sus conclusiones al Ministro de Justicia; y

(b)

no antes de la expiración de 3 años, pero antes de la expiración de 5 años, después del comienzo de esta Ley, –

(i)

revisar el funcionamiento de esta Ley desde su inicio; y

(ii)

evaluar el impacto de esta Ley sobre el número de personas que trabajan como trabajadoras sexuales en Nueva Zelanda y sobre cualquier asunto prescrito relacionado con las trabajadoras sexuales o la prostitución; y

(iii)

evaluar la naturaleza y la adecuación de los medios disponibles para ayudar a las personas a evitar o dejar de trabajar como trabajadoras sexuales; y

(iv)

considerar si es necesario o conveniente cualquier enmienda a esta Ley o cualquier otra ley y, en particular, si el sistema de certificación es efectivo o podría mejorarse, si otras agencias o agencias podrían o deberían administrarlo, y si se necesita un sistema para identificar la ubicación de las empresas de prostitución; y

(v)

considerar si otras enmiendas a la ley son necesarias o deseables en relación con las trabajadoras sexuales o la prostitución; y

(vi)

considerar si es necesario o deseable realizar cualquier otra revisión o evaluación de los asuntos establecidos en este párrafo; y

(vii)

informar sobre sus conclusiones al Ministro de Justicia; y

(c)

llevar a cabo cualquier otra revisión, evaluación e información requerida por las reglamentaciones hechas bajo esta Ley.

(2)

El Ministro de Justicia debe presentar una copia de cualquier informe proporcionado en esta sección a la Cámara de Representantes tan pronto como sea posible después de recibirla.

43 Comité de Revisión de la Ley de Prostitución

(1)

El Comité de Revisión de la Ley de Prostitución debe estar compuesto por 11 miembros nombrados por el Ministro de Justicia.

(2)

El Ministro de Justicia debe nombrar

(a)

2 personas nominadas por el Ministro de Justicia; y

(b)

1 persona designada por la Ministra de Asuntos de la Mujer después de consultar con el Ministro de Asuntos de la Juventud; y

(c)

1 persona designada por el Ministro de Salud; y

(d)

1 persona designada por el Ministro de Policía; y

(e)

2 personas nominadas por el Ministro de Comercio para representar a los operadores de negocios de prostitución; y

(f)

1 persona designada por el Ministro de Gobierno Local; y

(g)

3 personas nominadas por el Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda (o, si no hay un Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda, por cualquier otro organismo que el Ministro de Justicia considere que representa los intereses de las trabajadoras sexuales).

(3)

El Ministro de Justicia puede, por recomendación del nominador de un miembro, destituir a un miembro del cargo por incapacidad para realizar los deberes de los miembros, mala conducta por parte del miembro o cualquier otra causa justa probada por el miembro.

43 Comité de Revisión de la Ley de Prostitución

(1)

El Comité de Revisión de la Ley de Prostitución debe estar compuesto por 11 miembros nombrados por el Ministro de Justicia.

(2)

El Ministro de Justicia debe nombrar

(a)

2 personas nominadas por el Ministro de Justicia; y

(b)

1 persona designada por la Ministra de Asuntos de la Mujer después de consultar con el Ministro de Asuntos de la Juventud; y

(c)

1 persona designada por el Ministro de Salud; y

(d)

1 persona designada por el Ministro de Policía; y

(e)

2 personas nominadas por el Ministro de Comercio para representar a los operadores de negocios de prostitución; y

(f)

1 persona designada por el Ministro de Gobierno Local; y

(g)

3 personas nominadas por el Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda (o, si no hay un Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda, por cualquier otro organismo que el Ministro de Justicia considere que representa los intereses de las trabajadoras sexuales).

(3)

El Ministro de Justicia puede, por recomendación del nominador de un miembro, destituir a un miembro del cargo por incapacidad para realizar los deberes de los miembros, mala conducta del miembro o cualquier otra causa justa probada a satisfacción del nominador.

(4)

El miembro no tiene derecho a compensación u otro pago relacionado con la destitución.

(5)

El Comité de Revisión de la Ley de Prostitución deja de existir en una fecha designada por el Ministro de Justicia, mediante notificación en la Gaceta, es decir después de la fecha de su informe al Ministro conforme a la sección 42 (1) (b) (vii).

44 Otras disposiciones sobre nombramiento, remoción, plazo y renuncia de miembros 

(1)

Un miembro debe ser nombrado o removido mediante notificación por escrito al miembro y a su nominador.

(2)

Un miembro ocupa el cargo por un período establecido en ese aviso de hasta 5 años.

(3)

Un miembro cuyo mandato expira continúa ejerciendo su cargo hasta que vuelva a ser nombrado o se designe a su sucesor.

(4)

Sin embargo, todos los miembros cesan en sus funciones en la fecha en que deja de existir el Comité de Revisión de la Ley de Prostitución.

(5)

Una persona puede ser reelegida como miembro.

(6)

Un miembro puede renunciar mediante notificación por escrito al Ministro de Justicia y a su nominador.

(7)

Los poderes del Comité de Revisión de la Ley de Prostitución no se ven afectados por ninguna vacante en su membresía.

45 Remuneración de los miembros

(1)

Un miembro tiene derecho a recibir una remuneración en concepto de honorarios, sueldos o asignaciones y dietas y gastos de viaje de conformidad con la Ley de honorarios y dietas por viaje de 1951 (y las disposiciones de esa Ley se aplican como si el Comité de Revisión de la Ley de Prostitución fuera una junta estatutaria en virtud de esa Ley).

(2)

Esa remuneración debe pagarse desde la cuenta bancaria departamental operada por el Ministerio de Justicia.

(3)

Esta sección no se aplica a una persona que sea miembro en su calidad de empleado de un departamento.

46 Procedimiento del Comité de Examen de la Ley de Prostitución

El Comité de Revisión de la Ley de Prostitución puede reglamentar su propio procedimiento, salvo lo dispuesto en las reglamentaciones establecidas en virtud de esta Ley.

Regulaciones


47 Regulaciones

El Gobernador General puede, por orden del Consejo, establecer reglamentos para todos o cualquiera de los siguientes propósitos:

(a)

prescribir los formularios de las órdenes que se emitirán en virtud de las secciones 27 y 30:

(b)

prescribir los formularios, certificados y tarifas requeridos en la Parte 3 en relación con los certificados de operador:

(c)

prescribir cómo deben autenticarse las fotografías y fotocopias requeridas en la Parte 3:

(d)

prescribir el tamaño o rango de tamaños de las fotografías que se deben suministrar con una solicitud de certificado y el número de copias de las mismas:

(e)

prescribir que el Registrador de una oficina particular del Tribunal de Distrito sea el Registrador a los efectos de la Parte 3, ya sea además del Secretario de cualquier otro cargo del Tribunal de Distrito, o en lugar de él, en su lugar:

(f)

prescribir asuntos relacionados con el Comité de Revisión de la Ley de Prostitución, incluidos sus poderes, funciones adicionales de revisión, evaluación e información sobre el funcionamiento de esta Ley o sobre otros asuntos relacionados con las trabajadoras sexuales o la prostitución (si corresponde), cualquier límite en los períodos de que puede cumplir, asuntos relacionados con el presidente y los miembros, sus disposiciones financieras, sus procedimientos y su administración:

(g)

proveer para cualquier otro asunto contemplado por esta Ley, necesario para su administración, o necesario para darle pleno efecto.

Sección 47 (e): modificada, el 1 de marzo de 2017, por el artículo 261 de la Ley de tribunales de distrito de 2016 (2016 no 49).

Derogaciones, enmiendas y disposiciones transitorias

48 Las derogaciones entran en vigencia un día después del asentimiento Real

Enmienda (s) incorporada (s) en la (s) ley (es).

49 Revocaciones y derogaciones que entran en vigencia cuando la Parte 3 entra en vigencia

(1)

Se deroga la Ley de salas de masaje de 1978 (1978 no 13).

(2)

El Reglamento de salas de masaje de 1979 (SR 1979/35) se revocó.

50 Enmiendas consecuentes

(1)

Las Actas especificadas en la Parte 1 del Anexo se modifican consecuentemente con la manera establecida en ese cronograma.

(2)

Las reglamentaciones especificadas en la Parte 2 del Anexo se modifican consecuentemente con la manera establecida en ese cronograma.

51 Disposiciones transitorias para delitos pasados

(1)

Ninguna persona puede ser condenada por un delito contra cualquiera de las leyes derogadas por la sección 48 (que no sea un delito contra el artículo 149A de la Ley de Delitos de 1961) o después del comienzo de esta Ley si el delito fue cometido antes del comienzo de esta Ley .

(2)

La derogación del artículo 149A de la Ley de delitos de 1961 no afecta la responsabilidad de una condena o una pena por un delito cometido contra esa sección antes del inicio de esta Ley, y esa sección sigue surtiendo efecto como si no hubiera sido derogada por los propósitos de

(a)

investigar el delito:

(b)

comenzar o completar el proceso por el delito:

(c)

imponer una pena por el delito.

Programar modificaciones consecuentes a las promulgaciones

s 50

Parte 1 Hechos modificados

Ley de Tribunales de Distrito de 1947 (1947 No 16)

Enmienda (s) incorporada (s) en la (s) ley (es).


Ley de delitos sumarios de 1981 (1981 no 113)

Enmienda (s) incorporada (s) en la (s) ley (es).


Actas resumidas Ley 1957 (1957 No 87)


Enmienda (s) incorporada (s) en la (s) ley (es).

Parte 2 Reglamento modificado

Reglamento de tasas 1987 (SR 1987/68)


Enmiendas incorporadas en el Reglamento.

Notas de reimpresiones

  1. General

Esta es una reimpresión de la Ley de Reforma de la Prostitución de 2003 que incorpora todas las enmiendas a esa Ley en la fecha de la última enmienda a la misma.

2 Estado legal

Se presume que las reimpresiones indican correctamente, a la fecha de la reimpresión, la ley promulgada por la ley principal y cualquier enmienda a esa ley. La Sección 18 de la Ley de Legislación de 2012 establece que esta reimpresión, publicada en formato electrónico, tiene el estatus de una versión oficial bajo la sección 17 de esa Ley. Una versión impresa de la reimpresión producida directamente de esta versión electrónica oficial también tiene un estado oficial.

3 Cambios editoriales y de formato

Los cambios editoriales y de formato a las reimpresiones se realizan utilizando las facultades de las secciones 24 a 26 de la Ley de Legislación de 2012. Consulte también http://www.pco.parliament.govt.nz/editorial-conventions/.

4 Enmiendas incorporadas en esta reimpresión

Ley de tribunales de distrito de 2016 (2016 no 49): artículo 261

Ley de salud y seguridad en el trabajo 2015 (2015 no 70): sección 232

Ley de Búsqueda y Vigilancia 2012 (2012 no 24): sección 293

Ley de procedimiento penal de 2011 (2011 no 81): artículo 413

Ley de inmigración de 2009 (2009 no 51): artículo 406 (1)

Ley de patrullaje de 2003 (2008 no 72): artículo 116 (a) (ii)

Ley de enmienda al uso indebido de drogas de 2005 (2005 no 81): sección 23

Así se aprobó la Ley de Prostitución de Nueva Zelanda

 

 

Capítulo del libro Feminism, Prostitution and the State: The Politics of Neo-Abolitionism

editado por Eilis Ward,Gillian Wylie

 

http://bit.ly/2jlRivB

 

En busca de una sociedad justa y libre

La regulación del trabajo sexual en Nueva Zelanda

Por Gillian Abel

 

Introducción

El compromiso con los derechos humanos de todos los ciudadanos es de gran importancia en Nueva Zelanda. El país ha luchado mucho por los derechos humanos y ahora trabaja para mantenerlos.

 

(Barnett, Healy et al 2010: 71)

 

Las trabajadoras del sexo de Nueva Zelanda (NZ) libraron una larga batalla por los derechos humanos y en 2003 vencieron cuando se aprobó la Ley de Reforma de la Prostitución (PRA). Lograr la despenalización del trabajo sexual ha sido problemático en el contexto global, dada la creciente dominación de un discurso neoabolicionista que equipara la prostitución con la trata. Para el resto del mundo, parecía algo sorprendente que este discurso estuviera silenciado en Nueva Zelanda. Los neozelandeses han estado tradicionalmente “cableados” por una preocupación cultural por la justicia y la necesidad de que todos puedan tener una “salida justa” (Bromell 2014). En una interesante comparación de las historias de Nueva Zelanda y los Estados Unidos de América, Fisher (2012) escribió, entre otras cosas, sobre la cuestión de los derechos de la mujer. Mientras que las defensoras de los derechos de las mujeres en los Estados Unidos se concentraron en la libertad y la autonomía en su búsqueda de la igualdad, en NZ la justicia social y política y las nociones de equidad fueron los mensajes clave que resonaron. Esta diferencia no sólo era pertinente a los derechos de las mujeres, sino a todas las cuestiones sociales. Sugirió que esta diferencia se debía a las diferentes formas en que estos países fueron colonizados. Mientras que los EE.UU. se fundaron en el siglo XVII por personas que se consideraban víctimas de la tiranía y la persecución, NZ fue ocupada en el siglo XIX por personas que se sentían víctimas de la injusticia social y la inequidad (Bromell, 2014). En consecuencia, mientras los estadounidenses luchaban por el principio de la libertad y la ausencia de la opresión, los de Nueva Zelanda estaban más concentrados en el principio de justicia y equidad. ¿Podría ser que el contexto cultural de justicia en Nueva Zelanda silenciara la voz neoabolicionista?

Es en el contexto de justicia social y política que Tim Barnett, diputado del Partido Laborista, presentó el proyecto de reforma de la prostitución al Parlamento de Nueva Zelanda en septiembre de 2000. El arquitecto de este proyecto de ley fue el Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda (NZPC), una organización de derechos de las trabajadoras sexuales fundada en 1987. El proyecto de ley propuso la derogación de todas las leyes que regulaban las actividades sexuales clandestinas, allanando el camino para una industria sexual despenalizada en Nueva Zelanda. El objetivo declarado del proyecto de ley era despenalizar la prostitución y al hacerlo:

 

  • Salvaguardar los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y protegerlas de la explotación;
  • Promover el bienestar y la salud y la seguridad ocupacional de las trabajadoras sexuales
  • Crear un entorno propicio para la salud pública;
  • Proteger a los niños contra la explotación en relación con la prostitución.

El trabajo sexual es un tema polémico y ninguno de los principales partidos políticos (Laborista y Nacional) de Nueva Zelanda estaba preparado para introducir la despenalización como una iniciativa de partido. En cambio, entró en el parlamento como un proyecto de ley de un miembro privado y se dejó a cada diputado votar de acuerdo a su conciencia. Esto significó que el trabajo de persuación (lobbying) estuvo casi exclusivamente confinado a este grupo de personas, es decir, los diputados. No hubo debates públicos sobre este tema, ni manifestaciones ni referéndum público. El público pudo expresar su opinión a través de sugerencias a la Comisión de Justicia y Electoral del Parlamento de NZ, pero en última instancia, la decisión de despenalizar la clandestinidad sexual fue dejada a los parlamentarios. En junio de 2003, después de la lectura final del proyecto de ley, 60 diputados votaron a favor de la despenalización, 59 en contra y uno se abstuvo).

El principio de justicia estableció el escenario para la introducción del proyecto de ley al parlamento, pero como se argumentará en este capítulo, no fue suficiente para mantener su paso a través de las tres lecturas. La libertad tuvo que salir también a colación. Pero no fue libertad en el sentido de ‘liberación de la opresión’, sino que fue libertad de elección y libertad de poder tener una “salida justa”. Sigue habiendo preguntas sobre cómo la voz abolicionista dominante de la “liberación de la opresión” estuvo aparentemente ausente cuando goza de tanto poder en otros países occidentales. ¿Qué hace diferente a NZ? Un análisis del debate que tuvo lugar en el parlamento sobre el proyecto de ley parece un método útil para empezar a abordar esta cuestión.

 

Para analizar cualquier política pública es necesario primero hacer explícito el “problema” antes de analizarlo. Bacchi (2009) sostiene que los “problemas” se crean dentro del proceso de formulación de leyes y que, por lo tanto, los “problemas” pueden ser vistos como moldeados por las leyes y no resueltos por éstas. Ella plantea seis preguntas que deben ser abordadas al analizar cualquier “problema”:

  • ¿Cuál es el ‘problema’ representado?
  • ¿Cuáles son los supuestos que subyacen a la representación del “problema”?
  • ¿Cómo ha llegado a ser representado el “problema” de esta manera?
  • ¿Se puede pensar este “problema” de manera diferente?
  • ¿Qué efectos produce la representación del “problema”?
  • ¿Cómo o dónde se ha producido, difundido y defendido la representación del “problema”?

Carson y Edwards (2011) utilizaron el marco de Bacchi para analizar las leyes de trabajo sexual en Suecia y Victoria (Australia) con un enfoque particular en el “lado de la demanda” del trabajo sexual y su relación con la trata sexual. Sugirieron que esto proporcionaba un modo sistemático de separar los principales temas implicados. El presente trabajo recoge esta sugerencia, pero no pretende hacer comparaciones con ningún otro modo de regulación del trabajo sexual. Lo que sí proporciona es una idea de los argumentos que enmarcan el trabajo sexual en Nueva Zelanda como una ocupación de elección y no como un símbolo de opresión. En el resto de este capítulo, utilizaré las seis preguntas de Bacchi para analizar los debates sobre el proyecto de ley entre octubre de 2000 y junio de 2003.

Antes de emprender el análisis, es necesario posicionarme en el debate sobre la regulación del trabajo sexual ya que el enfoque que aporte al análisis no puede estar libre de valores. Mi posición ante el trabajo sexual se basa en mi compromiso con los principios de justicia social de la salud pública. Gran parte del énfasis de la salud pública en el pasado ha sido minimizar el daño, y este impulso ha estado detrás de los llamamientos para la despenalización del trabajo sexual. Pero cada vez más, la salud pública está reconociendo las cuestiones de derechos humanos asociadas con la penalización de personas que, por propia voluntad, trabajan en la industria del sexo. Los derechos humanos son esenciales para abordar los determinantes subyacentes de la salud (Organización Mundial de la Salud, 2007) y este es el enfoque de la salud pública. Cualquier respuesta al trabajo sexual debe comenzar con los puntos de vista de quienes trabajan en esta industria y todos deben asumir una responsabilidad colectiva en intervenir a través de prácticas y normas de minimización de daños (O’Neill, Beyrer, Crago et al., 2014). La despenalización del trabajo sexual es un ejemplo de política de salud pública eficaz que se desarrolló en colaboración en Nueva Zelanda (Abel, Fitzgerald et al 2010). La filosofía de salud pública de minimización de daños y derechos humanos estuvo en el corazón de este cambio regulatorio. Yo uso los términos “trabajo sexual” y “prostitución” de manera intercambiable en este capítulo dependiendo del contexto teórico del argumento.

 

¿Cuál es el problema representado?

El proyecto fue redactado por NZPC, con la ayuda de abogados, académicos y otros, para “satisfacer las necesidades de las trabajadores sexuales” (Barnett, Healy et al 2010: 62) y proteger su bienestar (Harrington 2012). Aceptó el trabajo sexual como una elección ocupacional y que las leyes que penalizaban las actividades sexuales negaban los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y las colocaban en riesgo de daño. Al analizar las intenciones del proyecto de ley (se indica en la introducción), es evidente que los supuestos eran que la vieja ley no daba a las trabajadoras sexuales el derecho a negarse a prestar ningún servicio comercial ya que eran susceptibles a la coacción de otros, como operadores de burdeles o clientes; no proporcionaba a las trabajadoras sexuales la protección laboral que se otorgaba a los trabajadores de otras ocupaciones; no fomentaba prácticas sexuales más seguras; y no protegía a los niños (menores de 18 años) de la tentación de la industria del sexo. La presunción era que estos riesgos serían minimizados por una nueva legislación que proporcionare derechos a las trabajadoras sexuales y las considerare involucradas en un trabajo legal reconocido. Los clientes se representan como un problema sólo en la medida en que pueden coaccionar o explotar a las trabajadoras sexuales que trabajan en el contexto del actual entorno legislativo.

 

¿Qué suposiciones subyacen a la representación del problema?

Las suposiciones subyacentes a la posición de que la penalización de las actividades de trabajo sexual creaban riesgos y negaban los derechos humanos se debían a la combinación de los derechos de las trabajadoras sexuales y la perspectiva de la salud pública. La investigación sobre el trabajo sexual llevada a cabo en Nueva Zelanda ha sido en su mayoría participativa, por y para las trabajadoras sexuales, y Harrington (2012) ha sugerido que esto ha producido un conocimiento que ha dado voz a las trabajadoras sexuales en la política. Sostiene que los políticos y los académicos no han problematizado la conducta sexual masculina y no han criticado la comercialización del sexo y, en gran medida, esto es correcto. Ya en la década de 1990, NZPC había desarrollado vínculos con académicos de salud pública y varios proyectos de investigación se llevaron a cabo utilizando un enfoque participativo basado en la comunidad. Aunque la mayoría de las investigaciones examinaron la salud y la seguridad de las trabajadoras sexuales en un ambiente penalizado (Chetwynd 1992, Chetwynd 1996, Plumridge y Abel 2000, Plumridge 2001, Plumridge y Abel 2001), se llevaron a cabo algunos pequeños trabajos de investigación con los clientes (Chetwynd y Plumridge 1994, Plumridge, Chetwynd y col., 1996, Plumridge, Chetwynd et al., 1997a, Plumridge, Chetwynd et al., 1997b). Esto se reflejó en la mayoría de las participantes en la investigación realizada en Nueva Zelanda, que aunque fueron capaces de citar al menos algunas experiencias desagradables con los clientes, en general dijeron que les gustaban sus clientes y disfrutaban del contacto con ellos (Plumridge y Abel 2000, Abel 2010) . La investigación proporcionó pruebas de que la penalización creaba una barrera para una industria del sexo segura, y Barnett se basó en esto en la construcción de sus discursos para las tres lecturas parlamentarias. Por lo tanto, estaban muy enfocados en temas de salud pública, de justicia social y de minimización del daño.

 

Cuando Barnett presentó el proyecto de ley en su primera lectura en octubre de 2000, se centró casi exclusivamente en la justicia social al enfatizar las injusticias “genuinas” y “reales” de la ley:

No estoy solo y mi causa es impulsada por una pasión nacida de la injusticia. Este proyecto de ley reemplaza una ley moralista por una ley justa … Las injusticias en la ley actual son claras y predecibles, y son reales. Los últimos 5 años han visto a 410 personas condenadas, innumerables horas de tiempo de la policía dedicadas a cruzadas esencialmente morales e improductivas, y la criminalidad genuina ocultada por el secreto y el misterio generados por la ley de prostitución actual. La reforma de esta ley puede ser vista como la limpieza de unos establos que llevan un siglo de desorden acumulado, la eliminación de las capas de la hipocresía victoriana, el raspado de los abusos a las trabajadoras sexuales sancionadas por nuestras leyes de prostitución actuales, el lavado de los peligros de salud pública generados por la penalización de la profesión más antigua, y el reemplazo del hedor del estigma que afecta a las trabajadoras sexuales debido a la posición en la que las pone la ley. Los diputados pueden estar en desacuerdo conmigo sobre la mejor manera de limpiar los establos, por dónde empezar, y la mejor manera de eliminar las manchas. Pero ¿alguien en esta Cámara realmente se atreve a afirmar que el establo no está sucio? Si todos los diputados creen que la ley de la prostitución necesita una limpieza, entonces el apoyo a este proyecto de ley es nuestra única opción … Las cuestiones planteadas por este proyecto de ley pueden ser difíciles, pero no deben ser vistas por nadie en esta Cámara como una amenaza. Son preocupaciones de importancia vital para algunas personas en nuestra comunidad. Es absolutamente correcto y adecuado que este Parlamento se ocupe de ellas. (Ley de reforma de la prostitución, Primera lectura, 11 de octubre de 2000)

Barnett instó a los parlamentarios a purgar las viejas leyes que penalizaban las actividades sexuales e hicieron una industria sexual no segura, para dar paso a una ley más moderna, liberal y “justa”. Desafió a los diputados a que dijeran si alguno no estaba de acuerdo con que la ley era el “problema” y ninguno se levantó para refutar esto. Las leyes moralistas y obsoletas, afirmó, hicieron que la industria fuera insegura e injusta y un peligro para la salud pública. Él y los partidarios del proyecto de ley se refirieron a esta “mala ley” como victoriana. La vinculación de la ley con los tiempos victorianos también fue reforzada por la analogía que Barnett proporcionó en su primer discurso, comparando la limpieza de la ley con la limpieza de los establos. Las metáforas se usan con frecuencia, particularmente en los medios de comunicación, para dar a entender que el trabajo sexual es sucio y malo (Stenvoll 2002, O’Neill y Campbell 2006). Fue interesante que en este caso Barnett lo diera la vuelta. Reforzando la naturaleza “sucia” del trabajo sexual, echó la culpa de esto a la ley y no al trabajo mismo. El tono del discurso evocó imágenes del movimiento sanitario de salud pública en la Inglaterra victoriana, librando las ciudades de aguas residuales, basura podrida y miasmas en un esfuerzo por combatir las enfermedades, lo que proporcionó un buen trampolín para sus posteriores argumentos de salud pública para minimizar el daño.

Diez diputados se dirigieron al Parlamento tras el discurso de apertura de Bamett: seis hablaron a favor del proyecto de ley (cinco de ellos eran mujeres) y cuatro en contra (todos hombres). Los partidarios de la despenalización siguieron el ejemplo de Barnett al destacar las injusticias y desigualdades causadas por la legislación vigente, como lo demuestran los siguientes ejemplos:

Las objeciones que he oído no tienen peso contra la injusticia básica que está escrita en nuestras leyes.

(Liz Gordon, Partido Alianza, Ley de Reforma de la Prostitución, Firs Reading, II Octubre de 2000)

Nuestras leyes actuales son inviables y simplemente discriminatorias. Estigmatizan y castigan principalmente a la fuerza laboral femenina. Ellas (las trabajadoras sexuales) pueden sufrir arbitrarias e injustas reglas de trabajo.

(Anne Tolley, portavoz del Partido Nacional de Asuntos de la Mujer, Ley de reforma de la prostitución, primera lectura, 8 de noviembre de 2000)

 

Esperamos con interés el día en que las mujeres y los hombres en este país ya no serán perseguidos debido a leyes anticuadas e inicuas.

(Sue Bradford, Partido Verde, Ley de Reforma de la Prostitución,
Primera lectura, 8 de noviembre de 2000)

Aunque la justicia social se filtró bajo la superficie en las lecturas segunda y tercera del proyecto de ley, lo que vino a primer plano fue un discurso que ponía más énfasis en la ley que protegía y minimizaba los riesgos; Un discurso que liberó a las trabajadoras sexuales de los daños que sufrían a causa de la vieja ley. No era que los diputados pro-despenalización hubieran cambiado sus ideas sobre el “derecho justo”, sino que percibían que la minimización del daño era más negociable que los derechos humanos. De hecho, Barnett reflejó que algunos diputados que tenían una antipatía personal hacia el trabajo sexual fueron persuadidos a votar a favor de la despenalización por el argumento de minimización de daños (Barnett, Healy et al., 2010).

 

¿Cómo se llegó a representar el “problema” de esta manera?

El giro a un argumento de minimización de daños se produjo después de la primera lectura cuando el proyecto de ley fue enviado a la Comisión de Justicia y Electoral. El comité examinó 222 comunicaciones de individuos y organizaciones, debatieron entre ellos y luego hicieron enmiendas que trataban directamente “los daños y riesgos potenciales exclusivos de la prostitución” (Tim Barnett, Partido Laborista, Ley de Reforma de la Prostitución, tercera lectura, 25 de junio de 2003). Presentaron la ley existente como insostenible en la medida en que disparaba los riesgos e identificaron qué riesgos podrían ser tratados por la ley y qué riesgos necesitaban una ley especial centrada en la prostitución. La justicia social era un tema muy secundario.

Los principales argumentos de los diputados que estaban contra la despenalización eran que la prostitución era moralmente corrupta, insalubre y perjudicial, y si se despenalizaba, alentaría a más gente a unirse a la industria, habría más delincuencia, más drogas, más pandillas, más tráfico y más trabajadoras menores de edad. Estos argumentos fueron bien rebatidos por la retórica de minimización de daños en las lecturas segunda y tercera, donde el enfoque se centró en la libertad y la elección individuales. Barnett recordó a los parlamentarios los argumentos contra otros cambios de la ley en el pasado, tales como la reforma del derecho homosexual y la implementación de un sistema de intercambio de agujas que “no había llevado al desastre. De hecho, esas medidas y otras han llevado a una vida más completa y menos arriesgada y han mejorado la libertad individual de los afectados. El proyecto de ley de reforma de la prostitución es sólo eso “. (Barnett, Ley de reforma de la prostitución, segunda lectura, 19 de febrero de 24203). El argumento pragmático de salud pública de que “la prostitución está aquí para quedarse” y por lo tanto es una necesidad “resolver la mejor manera de controlar estos daños” fue el fuerte mensaje de Bamett en su lectura final del proyecto de ley:

Es una medida de despenalización, similar a toda nuestra familia de leyes relacionadas con la salud pública. No trata de etiquetar la prostitución como normal, pero acepta su inevitabilidad ….. Habiendo aceptado que la prostitución está aquí para quedarse, les guste o no, lo siguiente es identificar qué problemas genera …. La siguiente etapa es elaborar la mejor forma de controlar esos daños. Eso es minimizar el daño.

(Ley de reforma de la prostitución, tercera lectura, 25 de junio de 2003)

Hubo menos oradores que se levantaron para hablar a favor de la ley (cuatro) que los que hablaron en contra (13) en la discusión final. Sue Bradford (Partido Verde) habló a favor del proyecto de ley en las tres lecturas y su discurso, como el de Barnett, había evolucionado. Citó a organizaciones respetadas como la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia que apoyaban la despenalización, “porque saben que las leyes restrictivas simplemente alientan la violencia, la trata, la violación y la propagación del VIH / SIDA, no lo contrario. La manera de combatir estas cosas es a través del enfoque de minimización de daños promovido en el proyecto de ley que tenemos ante nosotros” (Ley de reforma de la prostitución, tercera lectura, 25 de junio de 2003).

Volvió brevemente a centrarse en los derechos humanos y la justicia social al apelar a otras mujeres en el parlamento a votar por el derecho de las mujeres a optar por trabajar en la industria del sexo y poner fin al estado de cosas que privaban de poder a las mujeres en el trabajo sexual. Después combinó esto con un discurso del daño hablando a favor de la promoción de los derechos y del bienestar de grupos vulnerables y explotados, demandando que “un daño a uno es un daño a todos. Hasta que se elimine ese daño, ninguno de nosotros puede ser verdaderamente libre” ‘(Ley de reforma de la prostitución,

¿Puede el problema ser pensado de manera diferente?

El enfoque en la minimización del daño dejó inexplorado el poder de género en el debate. Las feministas radicales han destacado las desigualdades en la prostitución. La compra de sexo es vista como una violencia contra las mujeres y representa el privilegio masculino (Scoular 2004). Las mujeres son simples objetos sexuales que se pueden comprar y vender en una práctica de esclavitud sexual (Jeffreys 1997). Esto ha alimentado el argumento de que todas las mujeres que participan en la prostitución son objeto de trata y se presta poca atención a la autonomía de las mujeres y a las historias alternativas de las mujeres involucradas (Scoular 2004). Otras feministas no ven el trabajo sexual como inherentemente opresivo y reconocen la autonomía de las mujeres, aunque en algunos usos la autonomía está limitada (O’Neill 2001). Es esta última perspectiva feminista liberal la que está presente con más fuerza en Nueva Zelanda.

Cincuenta y seis de las presentaciones públicas a la Comisión de Justicia y Electoral se basaron en argumentos feministas, con 40 alegatos en defensa de la despenalización y sólo 16 en contra (Laurie 2010). La mayor parte de estas propuestas, tanto a favor como en contra de la despenalización, se basaron en el artículo 6 de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW):

“Las Partes de los Estados adoptarán las medidas apropiadas, incluida la legislación, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y la explotación de la prostitución de mujeres” (ONU Mujeres, 1979).

Esos grupos o individuos feministas que se basaron en el artículo 6 para argumentar contra la despenalización declararon que la despenalización aumentaría la trata Y la explotación de las mujeres, mientras que quienes defendían la despenalización se basaron en este artículo para afirmar que la trata de mujeres se reduciría al eliminar la ilegalidad de su trabajo. Sandra Coney, una de las más destacadas feministas radicales de Nueva Zelanda, escribió personalmente a cada diputado argumentando que la despenalización “haría de Nueva Zelanda un eslabón clave en el comercio mundial de mujeres y crearía el potencial de Nueva Zelanda para convertirse en un destino turístico de prostitución “(Laurie 2010). Proclamó que la prostitución era un símbolo de la desigualdad de género y propuso el “modelo nórdico” como un ejemplo de la manera de regular y finalmente abolir la prostitución.

Coney recibió el apoyo de una diputada del Partido Laborista, Dianne Yates, quien fue una de los nueve miembros del Partido Laborista en votar en contra del proyecto de ley. Propuso una enmienda al proyecto de ley (documento de pedido suplementario 56) para que fuere ilegal ser cliente de una prostituta. Proclamó que el “modelo nórdico” “proporcionaría una mayor igualdad entre hombres y mujeres”. Tuvo poco apoyo en el parlamento y su enmienda fue rechazada por 19 votos frente a 96. Sólo cuatro mujeres diputadas apoyaron esta enmienda. Otras mujeres diputadas se distanciaron de la postura adoptada por Yates y Coney, asumiendo la posición liberal de que las mujeres tienen derecho a la autodeterminación, especialmente en lo que respecta a sus cuerpos y sexualidad. Por ejemplo, en las palabras de Sue Bradford:

Me cuestiono fundamentalmente el derecho del Estado en el día de hoy a interferir con los derechos de las personas mayores de 18 años a tener relaciones sexuales consensuadas entre sí. No puede ser que las trabajadoras sexuales sigan estando expuestas al acoso y al enjuiciamiento por un crimen sin víctimas. Tampoco debemos recurrir al modelo sueco, que enjuicia a los hombres que pagan por el sexo. La experiencia sueca demuestra que todo lo que hace es conducir la prostitución a la clandestinidad. … Yo vengo de otro hilo de pensamiento feminista que cree que es nuestro trabajo hacer todo lo posible para mejorar la vida de las mujeres, incluso la de aquéllas que están en esta ocupación más vulnerable. A menos que realmente creamos que la prostitución va a desaparecer por completo y pronto, creo que lo mejor que podemos hacer como feministas es maximizar las condiciones que ayudarán a poner fin a los peores excesos de violencia, coerción y explotación, en lugar de permitir que la prostitución continúe como un subconjunto del mundo criminal. … Prefiero hacer todo lo que pueda, ahora mismo, para ayudar a proteger y empoderar a aquéllas que, por cualquier razón, han optado por hacer de la prostitución su ocupación.

 

(Sue Bradford, Partido Laborista, Ley de reforma de la prostitución, Segunda Lectura, 19 de febrero de 2003)

 

La principal organización liberal feminista, el Consejo Nacional de Mujeres de Nueva Zelanda (NCWNZ), una organización que agrupa a 43 grupos y asociaciones de mujeres, fue un actor clave en la despenalización del trabajo sexual en Nueva Zelanda. Aunque sentían firmemente que la prostitución representaba un desequilibrio de poder entre hombres y mujeres, consideraban esencial que las trabajadoras sexuales fueran protegidas con independencia de si eligen o no el trabajo sexual. Indicaron en su presentación que la esclavitud sexual no era diferente de otras clases de esclavitud laboral y rechazaron el “modelo nórdico” debido a la situación de peligro en la que colocaría a las trabajadoras del sexo si fueran forzadas a esconderse. Hicieron hincapié en que la despenalización era vital para “proteger los derechos de las trabajadoras sexuales y los niños contra la explotación y la violencia” (Laurie 2010: 94). De esto se hicieron eco las diputadas que votaron a favor de la despenalización:

Se trata de dar a algunas personas los mismos derechos que tienen las demás personas de Nueva Zelanda. … Yo no disculpo la prostitución. Creo que la gente tiene derecho a una vida mejor que la que se puede tener vendiendo sexo. Yo estaría desconsolada si una de mis hijas decidiera entrar en la industria del sexo la prostitución no juega ningún papel en mis sueños para ellas— pero si lo hicieran, yo querría saber que tendrían los mismos derechos que cualquier otra neozelandesa.

(Katherine Rich, Partido Nacional, Proyecto de Ley de Reforma de la Prostitución, Segunda Lectura, 19 de febrero de 2003).

 

Muchos diputados hablaron sobre el doble estándar de penalizar a la trabajadora sexual y no al cliente. Sin embargo, para ellos la solución no era penalizar al cliente. Era una cuestión de ser tratados por igual “… la decencia común exige que otorguemos a las trabajadoras del sexo el mismo estatus en la ley que al cliente: compradores y vendedoras deben ser tratados por igual. La situación actual es sencillamente abominable” (Anne Tolley, Partido Nacional, Proyecto de Ley de Reforma de la Prostitución, Primera Lectura, 8 de noviembre de 2000).

 

Se hizo hincapié en la autodeterminación, y porque se dio prioridad a la elección individual, se hizo necesario establecer protecciones para minimizar los riesgos. Lynne Pillay dijo que apoyaba este proyecto de ley como mujer, porque se trata del derecho de elegir y de estar segura en esa elección “(Lynne PHlay, Partido Laborista, Ley de Reforma de la Prostitución, Segunda Lectura, 19 de febrero de 2003):

He hablado con una serie de prostitutas y de personas del Colectivo de Prostitutas que no ven lo que hacen como degradante para ellas. Si se trata de una actividad a la que se dedican por libre elección, entonces no hay nada degradante … si es degradante, es la decisión de la persona que se dedica a la actividad.

(Helen Duncan, Partido Laborista, Ley de reforma de la prostitución, segunda lectura, 19 de febrero de 2003)

En un ambiente neoliberal como el de NZ en el que el gobierno busca desregular y gobernar desde cierta distancia, se pone énfasis en la autorregulación y la autovigilancia (Bacchi 2009). Hubo argumentos de que el gobierno no debería dedicarse a regular la moral: los individuos deberían regularse a sí mismos. «La sociedad no tiene por qué hacer juicios morales acerca de la prostitución. Debe convertirse en una actividad autorregulada …. en mi opinión, no debe arrojarse ninguna culpa sobre esta industria. Estas cuestiones deben ser gobernadas por la moralidad individual de la gente, no por las leyes de la tierra ” (Liz Gordon, Partido de la Alianza, Ley de Reforma de la Prostitución, Primera Lectura, 11 de octubre de 2000). O ACT es una partido que cree en la libertad de las personas para dirigir sus propios asuntos” (Penny Webster, ACT Party, Prostitution Reform Bill, Primera Lectura, 8 de noviembre de 2000). 

 

¿Qué efectos produce esta representación del problema?

Bacchi y Eveline (2003: 1 1) han argumentado que “las leyes producen tipos particulares de sujetos. La Ley de Reforma de la Prostitución ha producido la trabajadora sexual de Nueva Zelanda, una trabajadora que se dedica a una ocupación con derechos similares a los de individuos que se dedican a cualquier otra forma de ocupación. A los ojos de la ley, las trabajadoras sexuales son seres auténticos, que eligen libremente ser trabajadoras sexuales. Se reconoce que tiene sus riesgos trabajar en esta ocupación, riesgos relacionados con la salud y la seguridad, la explotación y la coerción, y la ley proporciona protecciones para minimizar estos riesgos. Lo que esta ley no produce es la mujer víctima de trata, necesitada de protección.”

¿Cómo / dónde se produce y se defiende esta representación del “problema”?

La despenalización del trabajo sexual tiene sentido en el contexto de una posición filosófica neoliberal de mínima intervención estatal, autorregulación e individualización económica. También tiene sentido en un país que se enorgullece de la igualdad de género el que las trabajadoras sexuales tengan los mismos derechos y el mismo estatus que sus clientes. Más de 12 años después de la despenalización, y con un gobierno de centro derecha ahora en su tercer mandato, el Estado continúa defendiendo la posición de considerar el trabajo sexual como una opción ocupacional.

Ha habido pocas preocupaciones desde la aprobación de la Ley de Reforma de la Prostitución. La revisión de la Ley, publicada cinco años después de su promulgación, concluyó que había sido efectiva para lograr sus propósitos y que la mayoría de las trabajadoras sexuales estaban mejor que cuando sus actividades eran penalizadas. Ha habido algunas preocupaciones planteadas por dos consejos de distrito en relación con el trabajo en la calle en sus ciudades, pero hay poca voluntad política para hacer cambios a un modo de regulación que está funcionando bien para la mayoría.

Hay una minoría de grupos en Nueva Zelanda que todavía resisten, pero esto son débiles y carecen de apoyo. Por ejemplo, en 2013 el “modelo nórdico” volvió a surgir cuando Elizabeth Subritzky presentó una petición en nombre del grupo “Libres de Explotación Sexual” al Comité de Justicia y Electoral de la Cámara de Representantes (Petición 2011/60). Este es un pequeño grupo de base religiosa en Nueva Zelanda comprometido con hacer cambios en las áreas de la prostitución y la trata sexual de mujeres y niños. Los peticionarios propusieron que se cambiara la Ley de Reforma de la Prostitución (2003) para permitir el enjuiciamiento de todos los clientes de las trabajadoras sexuales y afirmó que la prostitución no debe ser visto como separada de la trata (Justicia y Comité Electoral 2013). La petición también pedía una erradicación del sector de la calle. El argumento era que la despenalización era la culpable de atraer a las mujeres (víctimas) a vender sexo. El Ministerio de Justicia apoyó la recomendación del Comité de Revisión de la Prostitución de que Nueva Zelanda no siga un enfoque que criminalice al cliente ya que esto expondría a las trabajadoras del sexo a un mayor riesgo y las haría más vulnerables. Además:

El propósito de la Ley de Reforma de la Prostitución fue permitir que las trabajadoras sexuales tuvieran las mismas protecciones otorgadas a otros trabajadores. La LRP regulaba el negocio de la prostitución sin respaldarlo o sancionarlo moralmente ni a él ni a su uso. La Ley reconoce que las trabajadoras sexuales no son necesariamente víctimas, sino que requieren las mismas protecciones que los demás trabajadores, independientemente del género o de la orientación sexual.


(Ministerio de Justicia 2013: 5)

Las trabajadoras sexuales están trabajando dentro de un marco político donde tienen derechos; sin embargo siguen negociando sus vidas dentro de un contexto cultural donde hay ambivalencia social y fuertes discursos morales hacia la industria del sexo y sus trabajadoras (Abel, Fitzgerald et al., 2010). Sullivan (2010) sugiere que incluso en un contexto despenalizado, las trabajadoras sexuales pueden tener que luchar para obtener una identidad como “trabajadora” al margen de estos discursos dominantes. Sin duda, habrá intentos periódicos de ajustar y cambiar la Ley de Reforma de la Prostitución a medida que estos discursos morales vayan disminuyendo.

 

Conclusión

Lo interesante en el pulso por la despenalización fue una alianza entre cuatro posiciones filosóficas. En primer lugar, el contexto político en el que se desarrolló el debate fue uno en el que predominaron los principios neoliberales de individualismo económico y autorregulación. Harrington (2012: 338) ha argumentado que la despenalización del trabajo sexual en Nueva Zelanda “ejemplifica las tecnologías liberales avanzadas de autonomía”, siendo el ideal la libertad y “la presunción de que los individuos libres cuidarán de su propio bienestar”. Los estados neoliberales como NZ favorecen una “retórica de elección”, ideológicamente y también como una “estrategia generadora de legitimidad”, y al hacerlo de esa forma se ha argumentado que el género se hace invisible (Scambler 2007: 1092).

La voz de las trabajadoras sexuales fue la segunda posición importante en el debate sobre el trabajo sexual en Nueva Zelanda, ya que fue esta voz la que dio forma a la redacción del proyecto de ley. La voz de la trabajadora sexual exige que el trabajo sexual sea visto como una cuestión de trabajo; que es un trabajo de servicio que debe ser respetado y protegido como el trabajo en cualquier otra ocupación de servicio (Alexander 1997, Jenness 1993, Simmons 1999).

 

Se entiende que la mayoría de las trabajadoras sexuales optan por trabajar en la industria del sexo, y los derechos y la capacidad de estas personas para tomar esa decisión deben ser apoyados (Simmons 1999). El lado de la demanda del trabajo sexual no es un tema que produzca mucha discusión, ya que el trabajo sexual no se ve como violencia contra las mujeres. El análisis de Harrington (2012: 343) sobre el discurso sobre el sexo en Suecia y Nueva Zelanda sugiere que la red de conocimientos expertos que proporcionó información para debate sobre la ley en Nueva Zelanda privilegió la voz de las trabajadoras sexuales, puso en duda su falta de libertad y no participó en ningún análisis crítico de los “mercados del sexo comercial y su contribución a la construcción de la jerarquía social”. No hubo ninguna creencia firme en que los compradores de sexo y la explotación de las mujeres fueran la causa del problema durante los debates sobre la legislación sobre trabajo sexual en Nueva Zelanda. El debate se inició con un énfasis en las desigualdades, pero no se trataba tanto de cuestiones de desigualdad de género, sino de desigualdades en los derechos de ciudadanía que fueron consideradas injustas.

El tercer argumento a favor de la despenalización fue un argumento feminista liberal que hizo hincapié en el derecho de las mujeres a optar por trabajar en el trabajo sexual. El trabajo sexual como una opción profesional que exigía la protección de los derechos fue importante para la mayoría de las mujeres, tanto dentro como fuera del parlamento. Veinticinco por ciento de las propuestas presentadas en el proyecto de ley se basaban en argumentos feministas y sólo una cuarta parte de ellas argumentaban en contra de la despenalización, alegando que la prostitución era violencia contra las mujeres. Hubo una fuerte representación de las mujeres en el parlamento: 33 de los 120 diputados eran mujeres y 22 de estas diputadas (dos tercios) votaron a favor de la despenalización. En el momento en que el proyecto de ley estaba pasando por el parlamento, Nueva Zelanda tenía una Primera Ministra (que votó a favor del proyecto de ley), así como una Gobernadora General, una Presidenta de la Cámara y una Jefa de Justicia. Si bien la prostitución como violencia contra las mujeres no estuvo totalmente ausente del debate, fue una opinión débil y marginal al no ayudar al empoderamiento y la protección de quienes eligen trabajar en el trabajo sexual.

 

El cuarto —y en última instancia, el argumento más convincente— fue el argumento de salud pública de minimización del daño. En Nueva Zelanda se cuenta con un historial de reformas legales de salud pública exitosas, fundamentadas por principios de minimización de daños. Las más notables son la Ley de Reforma Homosexual y la implementación de intercambios de agujas en los años ochenta para ayudar a minimizar la propagación del VIH / SIDA. El punto de vista de la salud pública con relación al trabajo sexual ha sido generalmente pragmático. Las leyes prohibicionistas nunca han logrado su objetivo de erradicar la violencia sexual y sólo han servido para conducir la industria del sexo a la clandestinidad, donde las trabajadoras sexuales son vulnerables a una serie de daños (Davis y Shaffer 1994; Jordan 2005; World Health Organization 2005). Por lo tanto, el énfasis en la salud pública ha consistido en minimizar el daño reconociendo esto y despenalizando todas las actividades relacionadas con el trabajo sexual. Este fue un argumento que ganó a muchos de los diputados que estaban indecisos sobre la forma de votar.

En última instancia, el argumento neoliberal de la libertad de elección, los derechos de las trabajadoras sexuales y las posiciones feministas a favor del derecho de las mujeres a elegir, y el argumento de minimización del daño protegiendo a las mujeres que optan por trabajar en la industria del sexo, fueron consideradas como cuestiones de justicia. El argumento a favor de la despenalización del trabajo sexual comenzó y terminó en la justicia. La Ley de Derechos Humanos (1993) establece que “la intención es ayudar a asegurar que todas las personas en Nueva Zelanda sean tratadas de manera justa y equitativa”. El ex vicecanciller de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda, Raewyn Dalzicl, reforzó la tradición de justicia de Nueva Zelanda al afirmar que la justicia y los derechos siempre han sido un objetivo en este país. Al hablar del sufragio de las mujeres en Nueva Zelanda, declaró que el mensaje que Nueva Zelanda transmitía al mundo exterior no era sólo sobre las mujeres de Nueva Zelanda y la vida política de Nueva Zelanda, sino sobre la justicia social y política ” (citado en Fischer, 2012: 262). La justicia efectivamente silenció la voz neoabolicionista en Nueva Zelanda y, al hacerlo, las mujeres (así como los hombres y las personas transexuales) han obtenido la libertad de elegir ser trabajadoras sexuales.

 

Nota

I El Partido Laborista estaba en el poder en el momento en que el proyecto de ley pasó por el parlamento y por lo tanto tenían la mayoría de los escaños en el parlamento: cuarenta y uno de sus 51 diputados, así como nueve del Partido Verde votaron a favor de la despenalización. Los otros diez votos procedieron de los partidos de centro-derecha ACT (4) y Nacional (6). Los que votaron contra la despenalización fueron en su mayoría de centro o centro derecha. Los únicos votos de izquierda contra el proyecto de ley vinieron de nueve miembros del Partido Laborista y de los dos del Partido Progresista. La abstención fue de un miembro del Partido Laborista.

 

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Prostitución y Trabajo: La Legislación Española.

 

José Fernando Lousada Arochena

 

Madrid, 26, 27 y 28 de octubre, 2005

 

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SUMARIO: I. UNA APROXIMACIÓN A LOS MODELOS IDEOLÓGICOS Y A LOS SISTEMAS LEGALES SOBRE LA PROSTITUCIÓN. II. EL TRATADO DE LAKE SUCCESS COMO EL PARADIGMA INTERNACIONAL DEL SISTEMA ABOLICIONISTA. III. LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA. IV. LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA SOCIAL: A) LA PROSTITUCIÓN COMO ACTIVIDAD NO LABORALIZABLE. B) PROSTITUCIÓN Y ALTERNE EN LA JUSTICIA SOCIAL. V. LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. VI. LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA CIVIL. VII. LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA PENAL. VIII. ALGUNAS CONCLUSIONES: LA NECESIDAD DE REFORZAR LA POSICIÓN JURÍDICA DE LAS PROSTITUTAS.

 

I. UNA APROXIMACIÓN A LOS MODELOS IDEOLÓGICOS Y A LOS SISTEMAS LEGALES SOBRE LA PROSTITUCIÓN.

Al analizar las respuestas jurídicas al fenómeno social de la prostitución, los/as autores/as enumeran distintos sistemas legales, inspirados en distintos modelos ideológicos, y, aunque no siempre coinciden las categorías utilizadas por unos/as y otros/as autores/as, las categorías más utilizadas –las cuales enunciaremos con una breve explicación con el ánimo de situar dentro de su contexto la legislación española y su aplicación judicial- son las 4 siguientes: el prohibicionismo, la despenalización / reglamentación, la laboralización y el abolicionismo.

1ª. El prohibicionismo obedece a un modelo ideológico donde se mezclan la Moral y el Derecho. La prostitución se concibe como un vicio moral y su ejercicio se prohibe, criminalizando a las prostitutas. Para el prohibicionismo la prostituta es una delincuente, como lo es el proxeneta. Sin embargo, el cliente resulta impune, e incluso su testimonio es válido en algunos países –así en Egipto- como prueba de cargo contra la prostituta.

Trátase el prohibicionista, por incompatible con los principios de un Estado de Derecho, de un sistema superado en los países avanzados –es Irlanda el único país de la Unión Europea donde se criminaliza a la prostituta-, aunque conservado en los no desarrollados, donde, en no pocas ocasiones, se mantiene la doble moral de prohibir la prostitución salvo en centros controlados oficialmente y/o destinados a los turistas extranjeros.

2ª. La despenalización de la prostitución voluntaria es un sistema legal sustentado en una ideología liberal que, hasta el abolicionismo, se ha alternado históricamente con el prohibicionismo, y que se empareja con el reglamentismo, o regulación cuasi-policial de la prostitución despenalizada, aunque el reglamentismo a veces aparezca en países prohibicionistas permisivos del turismo sexual o en países formalmente abolicionistas.

Países reglamentistas son los que, por motivos de salud pública, someten la prostitución a controles oficiales –como en Grecia o en Turquía-, o los que, por motivos de seguridad ciudadana, prohiben la prostitución callejera –como en Inglaterra y, recientemente, en Francia e Italia-, o los que sólo admiten, por motivos de salud pública y por motivos de seguridad ciudadana, la prostitución en prostíbulos registrados –como en Austria-.

3ª. Mientras el sistema despenalizador / reglamentista contempla a la prostituta como un sujeto de deberes derivados del riesgo de daño de otros bienes jurídicos –como la salud pública o la seguridad ciudadana-, la laboralización –un sistema culminación de la ideología liberal-, aparte esos deberes, le atribuye a la prostituta derechos laborales, incluso de Seguridad Social –como ocurre en Holanda o, más recientemente, en Alemania-.

4ª. El abolicionismo equipara la prostitución a la esclavitud –de ahí incluso su denominación- y, en consecuencia, criminaliza a todo lo que rodea a la prostituta, aún si media su consentimiento, pero no criminaliza a la prostituta que, a diferencia del sistema prohibicionista, no es considerada como una delincuente, sino como una víctima, que no debe ser sometida a ningún control oficial y que se debe intentar integrar en la sociedad.

Puede considerarse el sistema abolicionista como el imperante en la normativa internacional, plasmándose sus postulados en el Convenio para la represión de la trata de personas y de la prostitución ajena, adoptado el 2.12.1949 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, habitualmente llamado Tratado de Lake Success. Ratificado por más de 70 países, aunque éstos no suelen ahondar en sus principios y a veces incluso los incumplen.

Suecia representa, desde 1999, una variante del abolicionismo consistente en penalizar a los clientes de las prostitutas. Paralelamente, la legislación sueca profundiza en la política de integración social de las prostitutas. La peculiaridad ideológica del sistema sueco radica en la consideración de la prostitución, no sólo como una forma de esclavitud, sino como una forma de violencia de género, buscando su erradicación.

Resumiendo, la diferencia última de los sistemas legales se encuentra en la consideración de la prostituta derivada de su modelo ideológico inspirador: como una delincuente en el sistema prohibicionista, como una creadora de riesgo para otros bienes jurídicos en el sistema reglamentista, como una trabajadora legítima en el sistema de laboralización, o como una víctima de esclavitud o de violencia de género en el sistema abolicionista.

 

II. EL TRATADO DE LAKE SUCCESS COMO EL PARADIGMA INTERNACIONAL DEL SISTEMA ABOLICIONISTA.

El Convenio para la represión de la trata de personas y de la prostitución ajena, adoptado el 2.12.1949 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, habitualmente llamado Tratado de Lake Success, es la culminación internacional del sistema abolicionista, de ahí que, sin permitir la pena de las prostitutas, sí obliga a las partes contratantes a criminalizar:

 

a) “A toda persona que, para satisfacer las pasiones de otra (1) concertare la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de tal persona (ó 2) explotare la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de tal persona” (artículo 1 del referido Convenio).

 

b) “A toda persona que (1) mantuviere una casa de prostitución, la administrare o a sabiendas la sostuviere o participare en su financiamiento (ó 2) diere o tomare a sabiendas en arriendo un edificio o un local, o cualquier parte de los mismos, para explotar la prostitución ajena” (art. 2).

Se criminaliza “en la medida en que lo permitan las leyes nacionales … toda tentativa de cometer las infracciones mencionadas … y todo acto preparatorio de su comisión” (art. 3) y “la participación intencional en cualquiera de los actos delictuosos mencionados”, añadiéndose que “los actos de participación serán considerados como infracciones distintas en todos los casos en que ello sea necesario para evitar la impunidad” (art. 4).

Para facilitar la punición, y atendiendo a la existencia de tramas internacionales, se regulan cuestiones relativas a reincidencia internacional (art. 7), a extradición (arts. 8 a 10), a comisiones rogatorias (art. 13), a servicios de coordinación (arts. 14 y 15), a control de migración (art. 17), o a repatriación de personas extranjeras dedicadas a la prostitución (art. 19).

El Convenio incluye, aparte de diversas normas técnicas sobre su aplicación (arts. 21 a 28), otras, desperdigadas, sobre la situación jurídica de las prostitutas, y que suponen reconocer una serie de derechos:

 

1º. El “derecho, con arreglo a las leyes nacionales, a constituirse en parte civil en cualquiera de las infracciones mencionadas”, derecho el cual, si se reconociere, se reconocerá igual a extranjeros y nacionales (art. 5).

 

2º. El derecho a la privacidad de las prostitutas, determinante de la imposibilidad de establecer normas para que, quienes se dediquen o se sospeche se dediquen a la prostitución, “tengan que inscribirse en un registro especial, que poseer un documento especial o que cumplir algún requisito excepcional para fines de vigilancia o notificación” (art. 6).

 

3º. La obligación de las partes –determinante del nacimiento de derechos a favor de las víctimas de la prostitución- “a adoptar medidas para la prevención de la prostitución y para la rehabilitación y adaptación social de las víctimas de la prostitución … o a estimular la adopción de tales medidas por sus servicios públicos o privados de carácter educativo, sanitario, social, económico y otros servicios conexos” (art. 16).

 

4º. El derecho a la repatriación si “desearen ser repatriadas” o si “fueren reclamadas por personas que tengan autoridad sobre ellas”, sin perjuicio de la repatriación cuando la ley establezca la expulsión (art. 19).

Por lo demás, según su Protocolo final, “nada en el presente Convenio podrá interpretarse en perjuicio de cualquier legislación que, para la aplicación de las disposiciones encaminadas a obtener la reprensión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, prevea condiciones más severas que las estipuladas por el presente Convenio”.

 

III. LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA.

España ratificó, a 18.6.1962, el Tratado de Lake Success, y ello motivó la reforma del Código Penal –acaecida en 24.1.1963-, adecuando los tipos legales al compromiso internacional. Sin embargo, España nunca ha cumplido adecuadamente con las exigencias del sistema abolicionista, introduciendo aspectos propios del prohibicionismo –especialmente en la época franquista anterior a la Constitución de 1978- o del reglamentismo.

Aunque las prostitutas no estaban penalizadas, la Ley 16/1970, de 4 de agosto, de peligrosidad y rehabilitación social –derogada por el Código Penal de 1995, aunque inaplicada desde la Constitución de 1978-, consideraba peligrosos a “los que habitualmente ejerzan, promuevan, favorezcan o faciliten la prostitución”, imponiéndoles medidas de seguridad de una aflicción cuasipenal –como los arrestos de fin de semana-.

También incumplió los compromisos internacionales –aunque en un sentido totalmente distinto- el Código Penal de 1995, despenalizador de la prostitución voluntaria –véase su artículo 188-, situación corregida a través de las Leyes Orgánicas 11/1999, de 30 de abril, y, sobre todo, 11/2003, de 29 de septiembre, al castigar ésta a “el que se lucre explotando la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de la misma”.

La situación de despenalización motivó la intervención reglamentista de algunos poderes públicos, y así surgieron la Ordenanza Local sobre establecimientos públicos dedicados a la prostitución, aprobada el 12.5.1999 por el Pleno del Ayuntamiento de Bilbao, o el Decreto 217/2002, de 1 de agosto, por el que se regulan los locales de pública concurrencia donde se ejerce la prostitución, aprobado por la Generalitat de Cataluña.

Durante esa etapa –de 1995 a 2003- de despenalización –e incipiente reglamentismo-, los tribunales debieron enfrentarse, desde distintos puntos de vista, a reclamaciones donde se debía dilucidar la laboralidad de la prostitución. Examinaré separadamente en mi exposición la respuesta ofrecida en la justicia social, en la contencioso administrativa, en la civil y en la penal, con la intención de alcanzar algunas conclusiones finales.

 

IV. LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA SOCIAL:  

A) LA PROSTITUCIÓN COMO ACTIVIDAD NO LABORALIZABLE.

Ninguna resolución judicial laboral ha considerado la prostitución como prestación de servicios canalizable a través de un contrato de trabajo, si bien, como ocurre en los demás ámbitos judiciales, las argumentaciones utilizadas no son siempre acordes con el sistema abolicionista, en especial durante esa etapa –de 1995 a 2003- de despenalización –e incipiente reglamentismo-. Así, una STSJ/Galicia de 10.6.2002, JUR 2002 240936, y una STSJ/Andalucía – Sevilla de 23.7.2003, JUR 2004 141849, se limitan a declarar la ausencia de las notas de la relación laboral, cuando podrían haber dicho, sin más argumentación, que no sería lícita la relación laboral. Pero lo decisivo es su solución, totalmente compartible, sin que, de inidóneos argumentos, se derive una posible laboralidad de la prostitución.

Argumentaciones más acordes con el sistema abolicionista son las que vinculan la cuestión a los derechos fundamentales. Resultan interesantes al respecto las SSJS 2 Vigo de 9.1.2002, AS 2002 260, y de 7.5.2004, AS 2004 1276, ésta no sólo confirmada sino ratificada en sus argumentos, en STSJ/Galicia de 10.11.2004, Recurso 3598/2004, donde se afirma “ser la explotación de la prostitución ajena una forma de violencia de género, de esclavitud de las mujeres y de actividad contraria a la moral”.

También es interesante la STSJ/Cataluña de 22.3.1996, AS 1996 646, donde se argumenta que “el artículo 15 de la CE garantiza el derecho fundamental a la integridad física y moral, que se vulnera con la decisión de la empresa de proceder a la extinción del vínculo contractual en razón exclusivamente de la negativa de la trabajadora a ejercer la prostitución”, de ahí sea ratificada la calificación de nulidad del despido de la trabajadora.

Siendo la prostitución una actividad ilícita, no es accidente de trabajo el sufrido por una prostituta al ser trasladada a su domicilio desde el local donde ejercía la prostitución –STSJ/Baleares de 9.1.1992, AS 1992 201-. No obstante sí se ha reconocido, al amparo del artículo 9.2 del ET, la posibilidad de reclamar salarios y liquidación –STSJ/Cataluña de 2.1.1997, AS 1997 340-, solución ésta más justa al hacer pechar a la parte fuerte –el prostituidor-, no a la débil –la prostituta-, con la consecuencia de la ilicitud.

Indudablemente lo más idóneo sería que, por el legislador, se salvasen, en lo posible, las consecuencias de la ilicitud perjudiciales para la parte más débil –la prostituta-, y, en todo caso, esas consecuencias no deberían nunca beneficiar a la parte más fuerte –el prostituidor-. No haciéndolo el legislador –quien podría regular lo que se puede pedir, cómo pedirlo y ante quién pedirlo-, las soluciones judiciales, por su intrínseca eficacia a cada caso concreto, resultarán siempre soluciones insuficientes.

B) PROSTITUCIÓN Y ALTERNE EN LA JUSTICIA SOCIAL

Si la doctrina social ha sido –en sus soluciones prácticamente siempre, en sus argumentaciones más ocasionalmente- coherente con el sistema abolicionista, no debemos de dejar constancia de una importante vía de escape, que es la actividad de alterne, considerada laboral en una reiterada jurisprudencia social que, superando otra anterior donde la ilicitud se derivaba de normas de sobre moral en espectáculos públicos, se remonta a una STS, Sala Social, de 3.3.1981, RJ 1981 1301, y después fue reiterada en diversas SSTS, Sala Social, de 25.2.1984, RJ 1984, 923, de 14.5.1985, RJ 1985 2712, de 21.10.1987, RJ 1987 7172, y de 4.2.1988, RJ 1988 571.

Las referencias judiciales se podrían ampliar con numerosas sentencias dictadas en el ámbito del recurso de suplicación –citando algunas de las más modernas, SSTSJ/Euskadi de 16.6.1998, AS 1998 2024, y de 13.11.2001, AS 2002 1237, SSTSJ/Andalucía – Málaga de 14.7.2000, AS 2000 5724, y de 5.10.2001, JUR 2002 91007, STSJ/Baleares de 28.5.1998, AS 1998 2122, STSJ/Navarra de 15.10.2003, AS 2003 4009, y STSJ/Andalucía – Sevilla de 4.12.2003, AS 2003 3638, con Voto Particular donde se aprecia la muy débil separación entre la prostitución y el alterne-.

Ciertamente –y al margen de otras apreciaciones-, esta jurisprudencia no es contraria a la conciencia social imperante, que admite el elemento de atracción sexual en el sinalagma contractual de profesiones como las de modelo o de actor / actriz. El problema es práctico. La actividad de alterne no suele ser, en la práctica, actividad pura de alterne, sino actividad de alterne asociada a la de prostitución, y la ilicitud de ésta lleva la de aquélla.

Pero los órganos judiciales se suelen limitar a verificar la actividad de alterne, sin entrar a discernir si hay la de prostitución, e incluso –lo que es criticable- llegan a admitir la acumulación de ambas actividades, olvidando que la ilicitud de la actividad de prostitución debiera llevar a la ilicitud de la actividad de alterne –como ocurre en la SJS 1 Granollers de 22.11.2002, confirmada en la STSJ/Cataluña de 17.9.2003, AS 2003 3211-.

 

Una ceguera judicial ante la actividad de la prostitución habitualmente asociada a la actividad de alterne creadora de un resquicio de licitud favorecedora de un asociacionismo de empresarios de locales de alterne permitido en la SAN, Sala Social, de 23.12.2003, AS 2003 3692, confirmada en la STS, Sala Social, de 27.11.2004, RJ 2004 8063, la cual salva, eso sí, las medidas oportunas si la asociación fomenta la prostitución.

 

V. LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

Los tribunales del orden contencioso-administrativo se han enfrentado a la cuestión de la laboralidad de la prostitución a propósito de la aplicación de la antigua legislación de extranjería, donde se exigía al extranjero, para no ser expulsado, un medio lícito de vida, dándosele esa calificación, a los efectos de evitar su expulsión, a la actividad de alterne –SSTS, Sala de lo Contencioso, de 21.7.1995, RJ 1995 3591, de 12.11.2002, RJ 2003 955, de 7.4.2003, RJ 2003 3420, o de 28.4.2003, RJ 2003 4929-.

Pero la actividad de prostitución no se consideró como medio lícito de vida –STS, Sala de lo Contencioso, de 12.11.1999, RJ 1999 10004, en un supuesto donde la constancia del ejercicio de la prostitución se derivó de unas actuaciones penales, circunstancia difícil de engarzar con la atipicidad del ejercicio de la prostitución y con la imposibilidad consiguiente de investigar a las mujeres extranjeras inmigrantes sobre si se prostituyen-.

Conviene precisar que, desde la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, se ha eliminado esta causa de expulsión de la regulación legislativa, debiéndose ahora justificar la expulsión en otras causas legales diferentes, y, además, de manera más coherente con el sistema abolicionista, se establece, en el artículo 59, la posibilidad de dejar de aplicar órdenes de expulsión a víctimas de explotación sexual que colaboran con la Justicia.

Otro acercamiento a la cuestión se ha producido desde la perspectiva de otorgamiento de la nacionalidad española por residencia, al exigir el artículo 22.4 del Código Civil, una buena conducta cívica. Una STS, Sala de lo Contencioso, de 12.11.2002, RJ 2003 955, denegó la nacionalidad por ausencia de esa buena conducta a una dominicana, casada con un español y con hijos españoles, que había sido encausada por un delito de prostitución, del cual se la absolvió, que se había dedicado a la prostitución, siendo en su día expulsada, y que, después de regresar sin cumplir el periodo de expulsión, regentaba un bar de alterne donde había extranjeras sin papeles. Quizás pesó la sospecha de ser, más que una prostituta, una prostituidora.

 

VI. LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA CIVIL

Los tribunales del orden civil no se han enfrentado directamente a la cuestión de la laboralidad de la prostitución, pero sí a la de su ilicitud, considerando su ejercicio por parte del arrendatario como una causa de resolución del contrato de arrendamiento –véase el artículo 27.1.e) de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos-, en atención a su calificación como actividad inmoral –STS, Sala de lo Civil, de 22.5.1993, RJ 1993 3724, y SAP Coruña de 13.10.1993, AC 1993 2166-, o, más actualmente, en atención a su calificación como un ilícito civil, aunque no fuese delito –SAP Guipúzcoa de 19.10.2000, JUR 2001 44291-.

 

VII. LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA PENAL

Los tribunales del orden penal se han enfrentado a la cuestión de la laboralidad de la prostitución a propósito de la aplicación del artículo 312 del Código Penal sobre delitos contra los derechos de los trabajadores, aplicándolo cuando se explota a inmigrantes irregulares en actividad de prostitución –SSTS, Sala de lo Penal, de 30.1.2003, RJ 2003 2027, y de 30.5.2003, RJ 2003 4390-, o en actividad de alterne, considerándola como actividad laboral –STS, Sala de lo Penal, de 8.3.2004, RJ 2004 2678-.

Pero estas sentencias no reconocen la laboralidad de la prostitución, cuestión que eluden en todo momento –salvo en el caso de la actividad de alterne-, utilizando, para eludir ese reconocimiento, una definición de trabajador/a, en los supuestos de migraciones fraudulentas, claramente de futuro, incluyendo tanto a quienes lo sean según las leyes laborales, como a “los extranjeros que desean obtener un puesto de trabajo en nuestro país”.

Incluso la virtualidad práctica de estas sentencias obedece a un sentido radicalmente contrario al reconocimiento de la laboralidad de la prostitución, a saber el de llenar las lagunas de penalidad creadas en los delitos relativos a la prostitución a consecuencia del Código Penal de 1995.

Aunque las argumentaciones utilizadas sean ocasionalmente algo chirriantes con la perspectiva abolicionista, no es así con sus soluciones, ya que, de permitir la impunidad de los tratantes de mujeres por un delito contra los derechos de los trabajadores, se haría de menos la situación de las prostitutas frente a la situación de los trabajadores irregulares, cuando es que unas y otros son igualmente explotados/as por terceras personas.

Dicho en otras palabras y a manera de resumen, esas soluciones, siquiera sustentadas en argumentos diferentes a los utilizados en esas sentencias, son defendibles en una perspectiva abolicionista, no resultando incompatibles con los tratados internacionales, y el camino idóneo para alcanzar esas soluciones es más el legislativo, a través de las oportunas reformas de la legislación penal mejorando las tipicidades, que el judicial.

 

VIII. ALGUNAS CONCLUSIONES: LA NECESIDAD DE REFORZAR LA POSICIÓN JURÍDICA DE LAS PROSTITUTAS

El Derecho es Poder y si, desde siempre, los hombres son quienes ostentan el Poder, la conclusión será la masculinidad del Derecho, y, si esto es así, el Derecho, cuya función básica es satisfacer intereses, satisface los intereses de los que tienen el Poder, esto es los hombres, lo que supone, o que –algo desgraciadamente aún no totalmente erradicado- a las mujeres se les niega a través del Derecho la satisfacción de sus intereses, o que –en el mejor de los casos- el Derecho satisfaga los intereses que piensan los hombres que tienen las mujeres, y no siempre coinciden con los que tienen.

 

No es momento de estudiar las estrategias para acabar con la masculinidad del Derecho, aunque sí de destacar que, si la prostitución es un supuesto de violencia de género, su regulación debe ser abordada aplicando esas estrategias, y, entre ellas, hay dos que nos parecen idóneas:

1ª. Una primera, aplicable al momento de elaboración de la norma jurídica, supone visibilizar la cuestión de género a través de un mayor empoderamiento de las mujeres, algo que se debe entender tanto en el sentido de oír a las prostitutas como directas interesadas como en el sentido de oír a las asociaciones de mujeres como sujetos colectivos interesados.

2ª. Otra segunda, aplicable al momento de aplicación de la norma jurídica, supone atribuir a las prostitutas mayores posibilidades de reclamación –especialmente judicial- frente a la situación de explotación, un terreno inexplorado tanto con relación a las acciones civiles en procesos penales como con relación a las acciones de daños en procesos civiles.

Tal reforzamiento de la posición jurídica de las prostitutas, tanto en el momento de elaboración como en el momento de aplicación de la norma jurídica, es una medida totalmente acorde con el abolicionismo, lo cual nos interesa ahora destacar, ya que, en el actual debate sobre el sistema prostitucional, se ha implantado una tan interesada como errónea contraposición entre laboralización y reconocimiento de derechos a las prostitutas frente a abolicionismo y negación de derechos a las prostitutas.

Cuestión diferente es que, desgraciadamente, los países abolicionistas se limitan –y, en ocasiones, ni eso hacen bien- a transcribir las figuras penales del Tratado de Lake Success –aplicándolas después, las más de las veces, de manera errática a través de ocasionales redadas policiales-, olvidándose los aspectos de política preventiva, las medidas sociales de reinserción o la regulación de acciones judiciales de daños a favor de las víctimas, unos olvidos generadores de sensación de alegalidad.

Defectos expuestos en los cuales incurre nuestro sistema legal prostitucional, que es fragmentario y muy poco efectivo, y eso explica, en gran medida, una aplicación judicial de argumentos inidóneos –aunque, afortunadamente, ello no siempre conduzca a un error en las soluciones-, y a veces errónea en sus soluciones. Corregir esa aplicación judicial obligaría a instaurar un sistema legal coherente que ahondase en el reforzamiento de la posición jurídica de las prostitutas desde una perspectiva abolicionista.

 

BIBLIOGRAFIA UTILIZADA: Benlloch Sanz, Pedro, “¿Trabajadores del sexo?. En torno al carácter laboral de la actividad de alterne”, Aranzadi Social, Número 17, 2003, y Aequalitas, Número 14, 2004. Bonilla, Ana, “Actividad de alterne y carácter laboral de la relación. Comentario a la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 4 de diciembre de 2003”, Aequalitas, Número 14, 2004. Gay, Silvia / Otazo, Eñaut /Sanz, Marian, “¿Prostitución=Profesión?. Una relación a debate”, Aequalitas, Número 13, 2003. Hava García, Esther, “Prostitución y delitos contra los derechos de los trabajadores”, Revista de Derecho Social, Número 11, 2000; “La lucha contra la trata de personas para su explotación sexual. Instrumentos punitivos disponibles y factores criminógenos derivados del sistema”, en el libro colectivo “Mujer y Trabajo”, Editorial Bomarzo, Albacete, 2003. Rey Martínez, Fernando / Mata Martín, Ricardo / Serrano Argüello, Noemí, “Prostitución y Derecho”, Editorial Aranzadi, Navarra, 2004. Sánchez Trigueros, Carmen, “El Tribunal Supremo zanja el Caso Mesalina”, Aranzadi Social, número 21, 2005. Serrano Espinosa, Germán María, “Prostitución y Justicia: el caso español”, Intervención escrita en el Seminario Isadora “La prostitución femenina: propuestas e intervención”, Servicio Galego de Igualdade, Santiago de Compostela, 1 a 3 de Julio 2004.

Las citas de sentencias judiciales se realizan con alusión a la referencia de los Repertorios de Aranzadi con sus habituales abreviaturas (RJ, JUR, AC o AS). Si no estuvieren publicadas en dichos repertorios, las citas de sentencias judiciales se completan, aparte de la fecha, con la referencia al número de recurso.

 

Trabajo sexual frente a trabajo

 

Morgane Merteuil

 

1 de septiembre de 2014

 

http://revueperiode.net/le-travail-du-sexe-contre-le-travail/

 

Para algunos y algunas, el reconocimiento del trabajo sexual como trabajo es un enfoque liberal, equivalente a la mercantilización de los cuerpos. Contrariamente a esta idea errónea, Morgane Merteuil propone examinar el trabajo sexual como una dimensión del trabajo de reproducción de la fuerza de trabajo y reconstituir los vínculos que unen la producción capitalista, la explotación del trabajo asalariado y la opresión de las mujeres. Demuestra que la lucha de las trabajadoras del sexo es una poderosa palanca para desafiar el trabajo en su conjunto y que la represión del trabajo sexual no es más que un instrumento de la dominación de clase, de la división internacional (racista) del trabajo y del estigma de puta que alimenta al patriarcado.


Mientras que en los países de habla inglesa, el término “sexwork” se ha vuelto bastante común, hay una considerable renuencia a hablar de “trabajo sexual” entre los intelectuales y activistas francófonos. Ya sea entre los prohibicionistas, para quienes la prostitución no es un oficio ni un trabajo, sino violencia, un ataque a la dignidad de la mujer1 —como si el “trabajo” y la “violencia” fueran mutuamente excluyentes— o entre aquéllas y aquéllos que, al igual que Lilian Mathieu, se oponen a esta prohibición, manteniendo cierto “escepticismo” frente a la exigencia de reconocimiento del “trabajo sexual”2, esta negativa a hablar de trabajo sexual parece sintomática de las dificultades encontradas por una parte de la izquierda y las feministas al pensar en el trabajo de las mujeres.

Aunque hay un interés creciente en el tema, estas dificultades no son nuevas. Por ejemplo, cuando muchos colectivos feministas lanzaron la campaña de “salarios para el trabajo doméstico” en los años setenta, gran parte del movimiento izquierdista y feminista permaneció hostil a esta demanda. Los salarios para el trabajo de la casa estaban lejos de ser meramente una reclamación programática, sino que eran más bien una invitación a desafiar radicalmente no sólo al sistema capitalista en su conjunto —en la medida en que es al capital al que beneficia la gratuidad del trabajo reproductivo efectuado por las mujeres— sino también a la familia nuclear, como lugar donde se realiza esta explotación.

Mientras que la campaña “Wages for Housework” fue lanzada a principios de los años setenta, hay que tener en cuenta que fue en 1978, cuando las discusiones sobre el trabajo doméstico seguían siendo fuertes, que Carole Leigh, trabajadora sexual y activista feminista estadounidense, creó el término “sexwork”; y si la reivindicación de «Wages for housework» ya no parece tener la misma relevancia hoy que gran parte del trabajo doméstico ha sido mercantilizado —al haber las antiguas amas de casa incorporadas al trabajo delegado en parte en las más pobres y en particular en las mujeres inmigrantes—, la reivindicación de «Sexwork is Work», en vista de los vivos debates que suscita, parece por el contrario más relevante que nunca.

Aquí, teniendo en cuenta los cambios en la configuración del sector reproductivo, será necesario mostrar cómo “el trabajo sexual es trabajo” es una continuación de las luchas por “un salario para el trabajo doméstico”, en otras palabras, para comprender mejor los problemas comunes de las luchas de las mujeres en el hogar y de las trabajadoras del sexo, y reafirmar, pues, tanto la necesaria solidaridad entre mujeres explotadas como el carácter indisociable de las luchas feministas y anticapitalistas. Esto nos permitirá comprender mejor las relaciones entre el trabajo sexual y el capitalismo y afirmar así la necesidad, especialmente para la izquierda y el feminismo, de apoyar estas luchas en nombre del proceso revolucionario al que nos invitan.

El trabajo sexual como trabajo reproductivo

Hay varias razones para afirmar el parentesco de las luchas emprendidas por aquellas que clamaban “Salarios para el trabajo doméstico” y las que se llevan a cabo hoy para hacer reconocer que “el trabajo sexual es trabajo”. En primer lugar, cada una de estas luchas emana de la fuerte movilización, tanto teórica como práctica, del movimiento feminista. Mientras que la pertenencia del movimiento “Salarios para el trabajo doméstico” al movimiento feminista siempre ha parecido obvio, no es el caso para el movimiento de las trabajadoras sexuales. Debe recordarse que fue en una conferencia feminista donde Carole Leigh sintió la necesidad de hablar de “trabajo sexual” 4. Téngase también en cuenta que, según Silvia Federici, el movimiento feminista no sólo ha permitido la aparición del concepto de trabajo sexual, sino que también está vinculado con el aumento del número de prostitutas:

 

Creo que en una una cierta medida […] pero […] en una medida limitada, el aumento del número de mujeres que recurren al trabajo sexual también tiene que ver con el movimiento feminista. Ha ayudado a sacudir esta forma de estigma moral vinculada al trabajo sexual. Creo que el movimiento de mujeres también ha dado el poder, por ejemplo a las prostitutas, de verse a sí mismas como trabajadoras sexuales.

 

No es por casualidad si a continuación del movimiento feminista tenéis el comienzo de un movimiento de trabajadoras del sexo, por ejemplo en Europa. Con el estigma, las feministas atacaron realmente esta hipocresía: la madre santa, esta visión de las mujeres, todo autosacrificio, y la prostituta, que es la mujer que hace el trabajo sexual, pero por dinero 5.

La definición aquí dada de la prostituta como “la mujer que hace el trabajo sexual pero por dinero” nos lleva a las otras razones que justifican la conexión entre las luchas de las mujeres en el hogar y las de las profesionales del sexo: el hecho de que puede haber trabajo allí donde no hay dinero, y el hecho de que el trabajo sexual no es exclusivo de las prostitutas.

 

Una de las grandes aportaciones de las teóricas feministas, especialmente aquéllas de inspiración marxista, ha sido demostrar que no porque una actividad no sea remunerada no es un trabajo funcional en relación con el capitalismo. En otras palabras, no es porque un intercambio parezca gratuito que escapa a la dinámica del capitalismo, sino todo lo contrario. Mediante el análisis de “la historia del capitalismo desde el punto de vista de las mujeres y de la reproducción 6”, teóricas feministas marxistas, como Silvia Federici, han demostrado que el trabajo doméstico realizado por las mujeres —de forma voluntaria, como se considera que su naturaleza les lleva a hacer por amor— sirve, más allá de los que se benefician directamente —los trabajadores, los futuros trabajadores o los extrabajadores— a los intereses de los capitalistas, que no tienen desde ese momento que tener en cuenta el coste de esta reproducción en el valor de la fuerza de trabajo que compran.

 

A partir de nosotras mismas en tanto que mujeres, sabemos que la jornada de trabajo para el capital no produce necesariamente un sueldo y no comienza ni termina a las puertas de la fábrica, y volvemos a encontrar en primer lugar, la naturaleza y extensión de las tareas domésticas en sí mismas. Porque tan pronto como levantamos la cabeza de los calcetines que remendamos y de la comida que cocinamos, y miramos la totalidad de nuestra jornada de trabajo, vemos claramente entonces que no da lugar a un sueldo por nosotras mismas; nosotras producimos el producto más valioso que aparece en el mercado capitalista: la fuerza de trabajo7.

 

Las diferentes tareas y actividades realizadas en el hogar por las mujeres, desde el cuidado de los niños a las comidas que esperan al trabajador que regresa de su jornada de trabajo, pasando por el cuidado de las personas ancianas o enfermas, constituyen claramente un trabajo real que, si no produce mercancías al modo de los proletarios, produce y reproduce lo que es necesario, sin embargo, a cualquier capitalista, lo que le es incluso “lo más preciado”: la fuerza de trabajo que compra al trabajador. Bajo este enfoque, no hay ninguna diferencia fundamental desde la perspectiva de sus funciones en relación con el capitalismo, entre la plancha, la cocina y el sexo: actividades todas que se reagrupan en la categoría más general de trabajo reproductivo; así, continúa Silvia Federici:

 

El trabajo doméstico, de hecho, consiste en mucho más que mantener la casa. Se trata de servir al asalariado físicamente, emocionalmente, sexualmente, lo que lo hace apto para trabajar día tras día por el salario. Se trata de cuidar de nuestros hijos —los futuros trabajadores— ayudarles desde el nacimiento hasta sus estudios y garantizar que se cumpla el papel que se espera de ellos en el capitalismo. Esto significa que detrás de cada fábrica, detrás de cada escuela, detrás de cada oficina o de cada mina, existe el trabajo invisible de millones de mujeres que consumieron su vida, su fuerza de trabajo, para producir la fuerza de trabajo que trabaja en esta fábrica, esta escuela, esta oficina o esta mina.

 

Y aunque se podría pensar que, desde el movimiento de liberación sexual traído por la emergencia del movimiento feminista, el sexo aparece cada vez menos como un servicio que la mujer presta a su consorte, esta “liberación” lo que ha hecho sobre todo es aumentar el peso de la carga que pesaba sobre las mujeres:

 

La libertad sexual no ayuda. Es obviamente importante que no seamos apedreadas hasta la muerte si somos “infieles” o si se constata que no somos “vírgenes”. Pero la “liberación sexual” ha intensificado nuestro trabajo. En el pasado, se suponía que debíamos criar hijos. Ahora se supone que tenemos un trabajo remunerado y además limpiar la casa y tener hijos y, al final de un doble día de trabajo, estar listas para saltar en la cama y ser sexualmente atractivas. Para las mujeres, el derecho a tener relaciones sexuales es el deber de tener relaciones sexuales y disfrutar de ellas (algo que no se espera de la mayor parte de los trabajos), lo que explica por qué ha habido tanta investigación en los últimos años, para saber qué partes de nuestro cuerpo —la vagina o el clítoris— son las más sexualmente productivas.

 

Por último, cabe señalar que si Silvia Federici se refiere principalmente a la familia nuclear heterosexual, tampoco ve salida alguna a la función del sexo como trabajo en la homosexualidad:

 

La homosexualidad y la heterosexualidad son ambas condiciones de trabajo… pero la homosexualidad es el control de la producción por los trabajadores y no el fin del trabajo.10

 

Este enfoque del sexo como parte integral del trabajo reproductivo nos invita a desafiar la idea de que habría una diferencia fundamental entre el llamado sexo gratuito, que tiene lugar dentro de la pareja, y lo que ahora se denomina trabajo sexual, la prostitución. Más exactamente, y recuperando las palabras de Leopoldina Fortunati, “la familia y la prostitución son los principales sectores, la columna vertebral, de todo el proceso [reproductivo]” 11:

 

En los dos sectores principales, los procesos fundamentales de trabajo son: (1) el proceso de producción y reproducción de la fuerza de trabajo y (2) la reproducción específicamente sexual de la fuerza de trabajo masculina. Esto no quiere decir que la familia no incluya la reproducción sexual de la fuerza de trabajo masculina, pero (aunque a menudo se postula como central) es de hecho sólo uno de los muchos “trabajos” comprendidos en el trabajo doméstico.  

 

Fortunati nos invita a pensar en la familia y la prostitución como instituciones no opuestas sino complementarias:” Su función [de la prostitución] debe ser apoyar y completar el trabajo doméstico”.

 

Este enfoque de la prostitución en términos de trabajo reproductivo no sólo nos permite plantear una condición común para las mujeres —más allá de la división entre la madre y la puta, ya que aunque una lo hace de forma gratuita y la otra exige explícitamente dinero, tanto para una como para otra el sexo es un trabajo— pero sobre todo, este enfoque nos permite comprender mejor el lugar del trabajo sexual —remunerado— dentro del sistema capitalista. Mientras que la mayoría de las teorías contemporáneas se centran en la dinámica capitalista dentro de la industria del sexo —a través del análisis de las relaciones de producción y explotación entre las trabajadoras del sexo y sus jefes-proxenetas y / o sus clientes— este enfoque nos invita a no considerar finalmente estas dos figuras más que como intermediarios de una explotación que en última instancia se lleva a cabo en favor del capital. Por lo tanto, es necesario interpretar la represión de las trabajadoras sexuales no como una represión exclusivamente sexual (dinámica obviamente de género y racista), sino como una represión que básicamente sirve a los intereses económicos, que se realizan a través de dinámicas de sexo, de clase y de género

 

Un ejército de putas

 

La posición aparentemente común de las amas de casa y de las trabajadoras sexuales hacia el capital, en tanto que trabajadoras reproductivas, no debe hacernos olvidar una distinción fundamental entre sus situaciones: al contrario que el trabajo doméstico, el trabajo sexual es estigmatizado y criminalizado. Ya sea a través de un régimen prohibicionista como en la mayoría de los Estados estadounidenses, un régimen regulador como Alemania o el llamado régimen abolicionista como en Francia, el trabajo sexual se penaliza en casi todos los países del mundo, con la excepción de Nueva Zelanda y Nueva Gales del Sur (Australia) —dos países que ejercen sin embargo fuertes restricciones sobre el trabajo de las mujeres inmigrantes. Esta situación particular del trabajo sexual dentro de la categoría más amplia de trabajo reproductivo no carece de consecuencias no sólo para las trabajadoras sexuales sino también para todas las mujeres y todos los trabajadores: el tratamiento específico del trabajo sexual, o más precisamente sus evoluciones, entre la criminalización y la liberalización, debe leerse en el contexto más general de las tensiones causadas por las dinámicas del capitalismo, del patriarcado y del racismo, que estructuran nuestra sociedad,

 

Así, Silvia Federici nos invita a un acercamiento histórico según el cual la represión de las prostitutas desde el siglo XVI debe ligarse al surgimiento del modo de producción capitalista, en el seno del cual la gratuidad del trabajo de las mujeres es un fundamento esencial,

 

Pero tan pronto como la prostitución se convirtió en la principal forma de subsistencia de gran parte de la población femenina, cambió la actitud de las instituciones. Mientras que al final de la Edad Media se había admitido oficialmente como un mal necesario, y las prostitutas se habían beneficiado del régimen de salarios elevados, en el siglo XVI la situación se invirtió. En un clima de intensa misoginia, marcado por la progresión de la Reforma Protestante y la caza de brujas, la prostitución fue sometida primero a nuevas limitaciones y luego criminalizada. Por todas partes, entre 1530 y 1560, los prostíbulos municipales fueron cerrados y las prostitutas, especialmente las que trabajaban en las calles, fueron sometidas a nuevos castigos: el destierro, la flagelación y otras formas crueles de castigo. […]

 

¿A qué atribuir este ataque radical contra las trabajadoras? ¿Y cuál es la conexión entre la exclusión de las mujeres de la esfera del trabajo socialmente reconocido y

de las relaciones monetarias, la coacción a la maternidad forzada que se ejerció sobre ellas y la masificación de la caza de brujas?

 

Cuando se observan estos fenómenos desde una perspectiva contemporánea, después de cuatro siglos de sujeción capitalista de las mujeres, las respuestas parecen salir por sí mismas. Incluso si el trabajo asalariado femenino, el trabajo doméstico y el trabajo sexual (remunerado) se estudian demasiado a menudo de manera aislada unos de otros, estamos ahora en una mejor posición para entender cómo la segregación que las mujeres han experimentado dentro de la mano de obra asalariada se originó directamente en su función como trabajadoras en domicilio no remuneradas. Por lo tanto, podemos relacionar la prohibición de la prostitución y la expulsión de las mujeres de los lugares de trabajo organizados con la creación del mujer en casa y la reconstrucción de la familia como lugar de producción de la fuerza de trabajo.

 

En la Francia revolucionaria de1791, que vio extender el dominio del consumo, la prostitución fue despenalizada. Un especialista en prostitución en el período revolucionario, Clyde Plumauzille, señala, con respecto a la organización de la prostitución en el Palais-Royal:

 

La prostitución del Palais-Royal es entonces parte de un conjunto más grande de dispositivos relacionados con la “revolución del consumo que afecta a la sociedad en su conjunto” (Roche, 1997, Coquery, 2011): desarrollo de técnicas publicitarias con directorios de prostitutas, diversificación de la oferta para llegar a un público más amplio, ventanas-escaparates y “mercantilización” de la sexualidad de la prostitución. […] Primer mercado sexual de la capital, el Palais Royal ha facilitado así la creación de una forma de prostitución decididamente consumista, entre la emancipación sexual y económica y la comercialización del cuerpo de las mujeres.15

 

Esta aparente liberalización revela pues mucho menos un debilitamiento del control del cuerpo de las mujeres que una adaptación del mercado a lo que parece inevitable incluso aunque la condición de las mujeres las deja sin otra alternativa que la dependencia de los hombres. Sin embargo, si las cortesanas de los distritos distinguidos son toleradas o incluso apreciadas, no es lo mismo con las prostitutas de las clases trabajadoras, y es sobre todo para responder a esta masificación de la prostitución de las mujeres de las clases trabajadoras que el control policial y el confinamiento de las prostitutas se intensifican nuevamente

 

Para comprender esta represión de la prostitución de masas es preciso aprovechar el nexo entre una prostitución regulada y las relaciones capitalistas de producción. Entre la Revolución Francesa y la Belle Epoque hubo un largo período en que la sociedad francesa adoptó todas las instituciones características del modo de producción capitalista: el Directorio, los dos Imperios y los comienzos de la Tercera República, consolidan las formas de explotación modernas que habían surgido en las últimas décadas del antiguo régimen, ya fueran los sectores agrícolas más avanzados del norte de Francia, o las innovaciones en el sector químico, textil o de extracción del carbón. El siglo XIX estuvo marcado por la generalización de las instituciones de mercado y la dependencia de las clases trabajadoras del mercado y de los empleadores. La prostitución, y la condición de las mujeres en general, no escapan a esta lógica. Con la separación del lugar de trabajo y el lugar de vida, la mecanización del trabajo y la regulación de las industrias, las mujeres están atrapadas entre sectores mal regulados (trabajo en casa, talleres de costura) y su exclusión de la mayoría de los sectores regulados. Cuando están presentes en el mercado de trabajo, las mujeres desempeñan un papel de mano de obra de apoyo para el capital, lo que Marx llama el “ejército industrial de reserva”:

 

Al aplastar la pequeña industria y el trabajo en casa , suprime el último refugio de una masa de trabajadores, convertidos cada día en sobrantes y, por lo tanto, la válvula de seguridad de todo el mecanismo social.17

 

Como muestra un estudio reciente sobre la prostitución en La Goutte d’Or en la Belle Epoque 18, la regulación de la prostitución se enfrentaba a una resistencia considerable por parte de las trabajadoras sexuales, a través de su creciente negativa a trabajar para un empleador exclusivo. La prostitución callejera de las “insumisas” se entiende así como una forma de insubordinación obrera: permitió a las mujeres proletarias adquirir un complemento de renta en el caso de que ejercieran al mismo tiempo un trabajo asalariado y obtener unos ingresos a corto plazo cuando no estaban empleadas. En ambos casos, la prostitución desreglamentada representaba un punto de apoyo para las mujeres trabajadoras, una potencial mejora de su poder de negociación frente al capital y el patriarcado,

 

Este papel de la regulación en relación con el trabajo sexual y de cara a la insubordinación obrera de las prostitutas es revelador. Indica que el trabajo sexual y el trabajo en general no pueden separarse; muestra que las luchas de los profesionales del sexo tienen una dimensión de género y de clase muy precisa; está claro que no puede haber una oposición estricta entre un régimen regulador y un régimen abolicionista / prohibicionista: se trata en ambos casos (y en las formas híbridas entre los dos sistemas) de formas de disciplina y de acción de las mujeres prostituidas, ante las cuales éstas últimas hacen valer sus intereses y tratan de fortalecer su poder de negociación. Antes de regresar a estos aspectos a propósito del período contemporáneo, debemos volver a las razones y al surgimiento de los movimientos abolicionistas:

 

Fue originalmente para denunciar este regulacionismo que, a finales del siglo XIX, grupos de mujeres comenzaron a luchar contra la prostitución: mientras que un pánico moral con respecto a un supuesto comercio de esclavas blancas tuvo éxito internacionalmente, el movimiento abolicionista se encontró con un fuerte eco, llevando en 1946 a la ley Marthe Richard, que ordenaba el cierre de burdeles. El Convenio de la ONU de 1949 para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución de otros establece en su famoso preámbulo que “la prostitución y el mal que la acompaña, a saber, la trata de seres humanos con fines de prostitución, son incompatibles con la dignidad humana y el valor de la persona humana y ponen en peligro el bienestar del individuo, de la familia y de la comunidad”. Según esta misma convención, para ser víctima de la trata, basta con ser engañado, coaccionado o desviado para fines de prostitución. El Protocolo de Palermo (adoptado por las Naciones Unidas en 2000) propone una definición alternativa de trata, definida como “la captación, el transporte, la transferencia, el alojamiento o la recepción de personas, por la amenaza de la fuerza o el uso de la misma u otras formas de coerción, secuestro, fraude, engaño, abuso de autoridad o vulnerabilidad, o por la oferta o aceptación de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tiene autoridad sobre otra para fines de explotación. La explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución de terceros u otras formas de explotación sexual, trabajo o servicios forzados, esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre o extracción de órganos”. Si esta definición es más amplia (cualquier forma de explotación puede ser el propósito de la trata) y más restrictiva (se habla de “explotación de la prostitución” y ya no de “prostitución”, y se tiene en cuenta el ejercicio de alguna forma de coerción o el abuso de una situación vulnerable a las víctimas mayores de edad) que la definición de 1949, permanece deliberadamente imprecisa al no definir el concepto de explotación. Esta difuminación permitió a Francia, cuando introdujo en su código penal y adaptó la definición del Protocolo, traducir la “explotación de la prostitución” por “proxenetismo”. Al ser en Francia la definición del proxenetismo particularmente amplia — permite castigar cualquier tipo de asistencia a la prostitución ajena— el nuevo delito francés de trata no desautoriza por lo tanto la concepción de trata adoptada por la Convención de 1949. En otras palabras, mientras que existen las herramientas del derecho común para responder a la voluntad de sancionar el trabajo forzoso, ya sea en la prostitución o en otro lugar, la prostitución sigue siendo objeto de medidas específicas que la penalizan como tal.

 

¿Cuál es el papel de esta penalización específica? ¿En qué dinámica encaja? ¿Cuáles son las consecuencias? Muchas respuestas se han dado a estas preguntas, pero con demasiada frecuencia, las respuestas se refieren a la represión de la prostitución si no esencializada, al menos ideal, de forma que están luchando para dar cuenta de las tensiones que atraviesan la industria del sexo. Además, una síntesis de las principales teorías sobre la represión del trabajo sexual, con relación a la dinámica general que atraviesa el dominio del trabajo reproductivo, debería permitirnos diagnosticar con precisión los retos de la lucha de las trabajadoras sexuales. Más allá de los enfoques puramente históricos, también es interesante tener en cuenta la función de la represión del trabajo sexual y la estigmatización de las que practican en relación con la economía sexual como tal. Si la represión de la prostitución tiene una función específica en un sistema capitalista que se basa entre otras cosas en la apropiación del trabajo no remunerado de las mujeres, este contexto económico no es suficiente para dar cuenta de las tensiones dentro de las cuales tiene lugar esta represión. El trabajo de Paola Tabet demuestra así que si es el estigma lo que define la prostitución, éste no necesita del sistema capitalista para expresarse. En numerosas sociedades no capitalistas, las mujeres son estigmatizadas como prostitutas, no necesariamente porque participan en un intercambio economico-sexual, sino debido a que participan en un intercambio que escapa a las reglas establecidas del intercambio de mujeres en un sistema patriarcal. Estas obras son una reminiscencia de las llevadas a cabo antes por Gayle Rubin y publicadas bajo el título de “Traffic in Women” en 1975 donde, de nuevo, el reto es explicar la opresión de las mujeres sin subordinarla a su función potencial en el capitalismo. Por encima de todo, es en “Pensar el Sexo” donde Gayle Rubin estudia con más detalle los sistemas de jerarquías sexuales de que estructuran nuestras sociedades:

 

Las modernas sociedades occidentales valoran los actos sexuales según un sistema jerárquico de valor sexual. […] Las personas cuyo comportamiento sexual está en la parte superior de esta jerarquía son recompensadas ​​con un certificado de buena salud mental, respetabilidad, legalidad, movilidad social y física, el apoyo institucional y beneficios de carácter material. A medida que los comportamientos o intereses de los individuos están en un nivel más bajo de esta escala, éstos últimos son objeto de presunción de enfermedad mental, falta de respetabilidad, criminalidad, de una restricción de la libertad de movimiento físico y social, la pérdida de apoyo institucional y sanciones económicas.

 

Un estigma extremo y punitivo mantiene algunos comportamientos sexuales en el nivel más bajo de esta escala, y constituye una sanción eficaz contra los que tienen este tipo de prácticas. La intensidad de este estigma tiene sus raíces en la tradición religiosa occidental. Pero lo esencial de su contenido actual proviene de la estigmatización médica y psiquiátrica”.19

 

En este sentido, la prostitución es castigada y estigmatizada en tanto que desviación, por la misma razón que la homosexualidad, en virtud de un sistema que se opone a diferentes tipos de prácticas sexuales tales como homosexual/heterosexual, gratuito/de pago, etc. La teoría de Gayle Rubin presenta así la represión del trabajo sexual como teniendo una función no necesariamente subordinada a un orden económico, sino teniendo lugar en un sistema sexual autónomo, en el seno del cual convergen intereses externos (económicos, sí, pero también religiosos o médicos).

 

.Elizabeth Bernstein, especialista del neoliberalismo, analiza por su parte la represión del trabajo sexual como una forma de reafirmar las fronteras entre lo íntimo y lo público 20, y por lo tanto considera las campañas del abolicionismo contemporáneo como formando parte de una ” agenda sexual neoliberal”:

 

Yo sitúo estas políticas neoabolicionistas en términos de una agenda sexual neoliberal (en lugar de tradicionalista), que sitúa los problemas sociales en la escala de los individuos desviados en lugar de en la de los niveles de las instituciones oficiales, que busca los remedios sociales a través de intervenciones de justicia penal y no a través del Estado providencial redistributivo, y que defiende la beneficencia de los privilegiados más que el empoderamiento de los oprimidos.

 

De esta forma, la eliminación de la prostitución no aparece sólo como una forma de consolidar un cierto orden económico, sino más bien como un medio para imponer la lógica neoliberal hasta en la misma economía sexual. Y es precisamente porque el trabajo sexual, al igual que otras áreas del trabajo reproductivo o productivo, no es una excepción al neoliberalismo, por más que pueda ser interesante considerarlo a la luz del tratamiento de otras áreas de trabajo reproductivo .En su investigación sobre lo que ella llama el “feminacionalismo”, Sara Farris señala que la inmigración de las mujeres para el sector reproductivo, a diferencia de la de los hombres inmigrantes, es más bien estimulada por el Estado, en un contexto de desentendimiento de éste en relación a servicios tales como el cuidado de niños, y en un contexto de aumento de las mujeres “nacionales” en el sector productivo:

 

No siendo ya percibidas como las que roban el trabajo o se aprovechan de los beneficios de la asistencia social, las mujeres inmigrantes son las “sirvientas” que ayudan a mantener el bienestar de las familias e individuos europeos. Son proveedoras de trabajo y de intereses, ells que al ayudar a las mujeres europeas a liberarse de las diferencias de género al sustituirlas en el hogar, lo que permite a estas mujeres “nacionales” a convertirse en trabajadoras en el mercado de trabajo “productivo “. Además, ellas son los que contribuyen a la educación de los niños y al cuidado físico y emocional de las personas mayores, proporcionando así un estado de bienestar, cada vez menos a cargo del Estado. […] El papel “útil” que las trabajadoras inmigrantes desempeñan en la reestructuración contemporánea de los regímenes de bienestar, y la feminización de los sectores clave de la economía de servicios, gozan de una cierta complacencia de los gobiernos neoliberales y de la compasión engañosa de los partidos nacionalistas hacia las mujeres inmigrantes, en comparación con los hombres inmigrantes. […] En la medida en que se consideran como los cuerpos al servicio de las generaciones futuras, en tanto que madres que juegan un papel crucial en el proceso de transmisión de los “valores sociales”, en tanto que suplentes de las mujeres nacionales en el sector reproductivo, pero también en tanto que posibles esposas para los hombres europeos, las mujeres inmigrantes parecen convertirse en objetivo de una campaña benevolencia engañosa en la que ellas son “necesarias” en tanto que trabajadoras, “toleradas” en tanto que inmigrantes y “animadas” a ajustarse a los valores occidentales en tanto que mujeres22

 

El feminacionalismo, tal como lo define Sara Farris, significa “la movilización contemporánea de las ideas feministas por los partidos nacionalistas y los gobiernos neoliberales bajo la bandera de la guerra contra el patriarcado, que se supone que es del Islam en particular, y de los inmigrantes del Tercer Mundo en general”. En otras palabras, la retórica de los discursos que defienden la integración de las mujeres inmigrantes por el trabajo, tiene finalmente mucho menos por objeto los intereses de las mujeres en cuestión que los de la economía nacional para la que estas trabajadoras a aseguran la reproducción de la fuerza de trabajo a menor coste. En este contexto, las mujeres inmigrantes constituyen no un “ejército de reserva, constantemente amenazado por el desempleo y la expulsión y utilizado para mantener la disciplina salarial”, como era costumbre decir en los años 1970 y 1980 para describir a “las mujeres en tanto que empleadas extra-domésticas”, sino más bien un “ejército regular de mano de obra extremadamente barata”.

 

Así, si el fomento de la inmigración de mujeres destinadas al sector reproductivo parece a primera vista ser una política opuesta a las severas restricciones a la inmigración en contra de las trabajadoras sexuales, estas dos políticas distintas en realidad pueden ser vistas como complementarias: en primer lugar, cabe destacar que el discurso contra la trata y la contra la prostitución en general, con el objetivo de salvar a las mujeres de las redes de migración que se supone que las explotan, insistiendo en la necesidad de “reinserción”, es decir, de inserción en la economía nacional legal (lo que significa, para mujeres que son en su mayoría inmigrantes, una inserción en el sector del trabajo doméstico, de los cuidados, etc.) participan plenamente de los que Sara Farris definió con el término de “feminacionalismo”. A pesar de que el capitalismo globalizado supone desposeer a a las mujeres de sus medios de supervivencia, especialmente hoy en día en los países de África y Asia, y por lo tanto conduce a una masificación de la inmigración (y de la prostitución), la represión de las trabajadoras del sexo, en un contexto de mercantilización del trabajo reproductivo realizado por las inmigrantes, por tener el efecto de mantener a las trabajadoras del sexo en una situación precaria, las constituye, al igual que a las trabajadoras domésticas, como “un ejército regular de mano de obra extremadamente barata”.

 

En otras palabras, la represión de las trabajadoras sexuales, en la medida en que conduce a la precariedad de las trabajadoras sexuales, no sólo da como resultado un equilibrio de poder en favor de clientes, terceros y proxenetas, sino que sirve a todo un sistema económico capitalista, patriarcal y racista que se beneficia del menor costo de este sector de trabajo reproductivo. Más precisamente, es incluso posible analizar el mantenimiento en la precariedad de las trabajadoras sexuales como el medio para su constitución institucionalizada en un ejército de reserva de trabajadoras domésticas y ver así instaurarse un sistema de tres niveles en el trabajo de las mujeres: en un primer nivel, la mano de obra femenina del sector productivo, que sigue cobrando menos que los hombres, es parte de un sistema que sigue imponiendo un modelo heterosexista a las mujeres, ya que el matrimonio aparece como un medio para lograr un nivel de vida que un salario femenino por sí sólo no permite. En el segundo nivel, las políticas migratorias que mantienen bajos precios de la mano de obra doméstica también refuerzan los menores niveles salariales de las mujeres empleadas en el sector productivo. Por último, las trabajadoras sexuales son reprimidas y estigmatizadas como una amenaza para las mujeres que no aceptan las condiciones de explotación del trabajo asalariado, el trabajo doméstico o el matrimonio.

 

En este sentido, los discursos anti trabajo sexual, que no ven más salida a la explotación sexual de las mujeres que el sexo no comercial, y la emancipación económica sólo a través del trabajo legal, y en particular el trabajo en el sector productivo, nos parecen alentar, —contrariamente a lo que anuncian— esta explotación a través de un trabajo que es tanto más explotado porque se presenta como libre, espontáneo, natural. Por el contrario, la reivindicación del trabajo sexual como trabajo nos invita a repensar las relaciones de reproducción con el objetivo de terminar con la explotación, ya sea pagada o no.

 

 

Trabajo sexual frente a trabajo

 

Como hemos intentado demostrar hasta aquí, la cuestión de la “prostitución” no puede ser objeto de una reflexión simplista con el único prisma de las relaciones de género. Por el contrario, es más que necesario que la izquierda aproveche los aspectos políticos del trabajo sexual entendido como un sector del trabajo reproductivo. Es cierto, como señala Silvia Federici en su texto “Reproducción y lucha feminista en la nueva división internacional del trabajo”, que el tema del trabajo reproductivo ha sido demasiado poco investigado por el propio movimiento feminista:

 

No cabe duda de que si el movimiento feminista en Europa y los Estados Unidos se hubiera concentrado en el hecho de que el Estado reconociera el trabajo de reproducción como trabajo y asumiera la responsabilidad financiera por él, no habríamos asistido al desmantelamiento de los pocos servicios disponibles en este campo y a una solución colonial al “problema del hogar”. 24

 

Pero es precisamente por esta razón que los debates sobre el trabajo sexual deberían ser una nueva oportunidad para (re)pensar este tema , y poder construir una oposición real a las políticas liberales que se han hecho dominantes desde hace mucho, con las consecuencias conocidas (feminacionalismo, liberalización de la industria del sexo en beneficio exclusivo de los empleadores y de terceros, el aumento general del trabajo que deben realizar las mujeres tras la retirada del Estado de los servicios públicos, etc.)

 

Afirmar que el trabajo sexual es un trabajo parece en efecto consituir una etapa necesaria tanto en lo que concierne a la lucha contra el capitalismo como en la emancipación de las mujeres y en particular su emancipación sexual. Recuperamos así para calificar la pertinencia política del eslogan “trabajo sexual es trabajo” las palabras utilizadas por Kathi Weeks cuando se refiere al movimiento “Salarios para el trabajo doméstico”: “fue un proyecto reformista con aspiraciones revolucionarias”. Si la lucha contra la penalización del trabajo sexual puede parecer al principio más bien reformista, ya que consiste esencialmente en exigir un cambio legislativo que permita a las trabajadoras trabajar en mejores condiciones, la aprehensión del sexo como trabajo abre por el contrario una perspectiva bastante más ambiciosa en términos de emancipación.

 

Respecto a la lucha contra la criminalización, debe recordarse sin embargo que si bien las trabajadoras sexuales pueden definirse como el ejército de reserva de mujeres explotadas en el trabajo asalariado, del hogar o del matrimonio, entonces mejorar sus condiciones de trabajo sólo puede ser beneficioso para éstas últimas. De la misma manera, si la persistencia del estigma de puta representa una amenaza para todas las mujeres, ya que no se contenta tan sólo con restringir sus libertades, sino que sobre todo, legitima la violencia contra ellas, entonces la lucha contra la estigmatización de las trabajadoras sexuales debería estar por esta razón entre las prioridades de la agenda feminista. Por otra parte, en la medida en que a escala global la lucha contra la “prostitución” tiene lugar esencialmente en forma de lucha contra la “trata” (tal como se define en la Convención de 1949), mediante la financiación por los gobiernos occidentales de las ONGs que trabajan en los países del Sur para “salvar” a las posibles víctimas de la trata, el final de estas políticas significaría el derecho a la autonomía para las trabajadoras sexuales afectadas, víctimas hoy de forma sistemática, en numerosos países, de una forma de imperialismo humanitario a través de las personalidades y ONGs de la “industria del rescate”.

 

Por otra parte, mientras que la gran mayoría de las trabajadoras sexuales de los países occidentales son inmigrantes o trabajadoras no blancas, al igual que la mayoría de aquellas y aquellos que “apoyan” su actividad y por lo tanto son condenables por proxenetismo, la lucha contra la prostitución toma una forma particular en estos países la forma de una ofensiva racista, que participa del encarcelamiento sistémico de las poblaciones no blancas. Si algunos o algunas pueden utilizar este estado de hecho de división racista del trabajo sexual para argumentar que es precisamente necesario penalzar a los hombres que se supone mayoritariamente blancos beneficiarios del trabajo sexual —los clientes27— nos parece por el contrario peligroso querer reequilibrar la balanza reforzando el propio instrumento de este racismo sistémico. Sin embargo, no se trata de plantear una defensa acrítica de terceros y de otros beneficiarios de la industria del sexo: la despenalización del trabajo sexual debe por el contrario ser entendida como un medio de reforzar la autonomía de las trabajadoras sexuales frente a situaciones de clandestinidad más propicias para su explotación. En este contexto, los temores expresados ​​con regularidad de que el reconocimiento del trabajo sexual sólo se daría más peso a la división sexista y racista del trabajo nos parecen no sólo carentes de fundamento, sino sobre todo, creemos que este reconocimiento constituye la condición sine qua non de lucha contra esta división y contra las opresiones que resultan de ella.

 

Negarse a reconocer el trabajo sexual es, en efecto, reforzar la división entre el trabajo “real”, específicamente asalariado, que tiene derecho de ciudadanía en el espacio público, y el “no trabajo”, que se desarrolla en el ámbito privado. Por lo tanto, se trata de dejar de oponer la esfera productiva del trabajo asalariado a los intercambios considerados como pertenecientes a la esfera privada no comercial, ya que esta oposición, que sólo sirve para enmascarar el trabajo realizado pero no compatibilizado en el salario, es rentable sólo para el capital:

 

Marx hace mucho tiempo explicó que el salario ocultaba todo el trabajo no remunerado en el origen del beneficio económico. Pero medir el trabajo por los salarios también vela la extensión de la subordinación de todas nuestras relaciones sociales a las relaciones de producción, el grado en que cada momento de nuestra vida participa en la producción y reproducción del capital. Los salarios, de hecho (y esto incluye la ausencia de salarios), permitieron que el capital oscureciera la duración de nuestro día laborable. El trabajo aparece así como un compartimiento único de la vida cotidiana, que sólo existe en ciertos lugares. El tiempo que pasamos en la fábrica social, preparándonos para el trabajo, o yendo a trabajar, la restauración de nuestros “músculos, nervios, huesos y cerebro” con comidas rápidas, sexo rápido, películas, etc., son otros tantos instantes que se nos presentan como distracciónes, tiempo libre, aficiones individuales.28

 

En otras palabras, se trata de ampliar el alcance del lema “el personal es político” para incluir no sólo reproducción de la dominación masculina dentro del dominio privado, sino también la reproducción de las dinámicas favorables al capitalismo. Esto se debe a que, como nos recuerda Lise Vogel en el trabajo doméstico, la división entre la esfera del trabajo asalariado y la de lo que se considera privado no hace, especialmente en una sociedad patriarcal, más que reforzar las estructuras de dominación:

 

La distinción altamente institucionalizada entre el trabajo doméstico y trabajo asalariado en un contexto de supremacía masculina, forma la base de una serie de potentes estructuras ideológicas, que adquieren una autonomía significativa.29

 

En este contexto, la afirmación de que “el trabajo sexual es trabajo”y, por tanto, que el sexo, pagado o no, puede ser un trabajo, debe abrir la posibilidad de un proceso de desidentificación —tomando prestado el término usado por Kathi Weeks en referencia a la campaña “salarios para el trabajo doméstico— por parte de las mujeres de la sexualidad a la que a menudo están obligadas, en una sociedad capitalista patriarcal ,

 

Reclamar un salario para una práctica “tan identificada con una práctica femenina” nos permite comenzar un proceso de desidentificación: ” Nada más que exigir un salario ya está afirmando que no nos identificamos con este trabajo” (Edmond y Flemming) . Así, “en la medida en que por la lucha [ellas] obtienen el poder de romper [su] identificación capitalista”, las mujeres pueden, según Cox y Federici, al menos determinar lo que “no son”.

 

De la misma manera con “trabajo sexual es trabajo”, si no se trata todavía de saber qué sexualidad (re)construir en el marco de una lucha feminista, se trata por lo menos de saber cuál no se quiere: una sexualidad de servicio organizada según la división sexista del trabajo. Como señala Silva Federici:

 

queremos llamar trabajo a lo que es un trabajo para que eventualmente pudiéramos redescubrir lo que es el amor a fin de crear nuestra sexualidad, cosa que nunca hemos conocido31.

 

No se trata pues, a través del lema “trabajo sexual es trabajo”, de exigir que el trabajo sexual sea considerado como un trabajo “como los demás”, y que, como tal, su despenalización sea considerada como un fin en sí misma. La aplicación de esta política liberal, como hemos visto con los ejemplos alemanes o holandeses, sólo sirve a los intereses de los patronos de la industria del sexo, de modo que estas políticas sólo tienen el efecto de volver a poner en manos de los capitalistas la remuneración de las trabajadoras sexuales. Por el contrario, se trata de reafirmar que si este reconocimiento del trabajo sexual es necesario, es precisamente porque sólo identificándolo claramente como trabajo las mujeres podrán negarse a realizarlo, en el marco de una lucha más general de rechazo del trabajo y por una refundación radical de la sociedad y de sus dinámicas de reproducción.

 

Conclusión

 

El análisis del trabajo sexual en términos de trabajo reproductivo tiene así varias ventajas. En primer lugar, al invitarnos a no considerar la industria del sexo solamente como una mera industria en el seno de la cual se despliegan dinámicas capitalistas, sexistas y racistas, nos permite considerar el papel fundamental de la industria del sexo dentro del sistema capitalista . En otras palabras, no se trata solamente de considerar la explotación de las trabajadoras sexuales por parte de los beneficiarios directos del trabajo sexual —los proxenetas, los terceros, los clientes—, sino más bien de no considerar a éstos más que como los mediadores de la explotación más global de las mujeres por el capital. En segundo lugar, al permitirnos analizar las dinámicas que intervienen en la represión del trabajo sexual —represión que está específicamente relacionada con las cuestiones de la gestión de la inmigración— la introducción de las trabajadoras sexuales en la categoría más general de trabajadoras reproductivas, codo a codo con las trabajadoras domésticas y de cuidados, nos permite comprender los retos de la lucha de las trabajadoras sexuales en términos de lucha contra el neoliberalismo y especialmente contra sus efectos sobre las mujeres inmigrantes o del Tercer Mundo. Finalmente, al invitarnos a repensar la noción misma de “trabajo”, estos análisis nos ofrecen la oportunidad de restablecer una nueva dinámica en la lucha contra la apropiación de éste, una dinámica que nos permite tener en cuenta a los trabajadores y las trabajadoras tradicionalmente excluidos de estas luchas y que, a menudo, se ven reducidos a luchar aisladamente, a pesar y en consecuencia de los efectos desastrosos del capitalismo en sus vidas (trabajadores por cuenta propia precarios, madres solteras, trabajadoras del sexo, trabajadoras domésticas, comadronas, etc.) con miras a un replanteamiento radical de la división del trabajo y de las ideologías —especialmente sexistas y racistas— en las que se basa.

 


 

  1. Este argumento es desarrollado con asiduidad en los textos de autores/as abolicionistas; ver, por ejemplo, para aquéllos que lo formulan de la forma más explícita, un comunicado del AIVI: “¡la prostitución no es un trabajo sino una violencia!”, o la obra de Janice Raymond, “not a choice, not a job”. []
  2. Lilian Mathieu, La fin du tapin, Sociologie de la croisade pour l’abolition de la prostitution, Bourin, 2013, p. 17. []
  3. Para un estudio de los debates entre el movimiento Wages for Housework y los movimientos feministas y de izquierda, ver por ejemplo Silvia Federici et Nicole Cox, « Counterplanning from the Kitchen », in Silvia Federici, Revolution at Point Zero, PM Press, 2012, p. 28-40, réponse au « Women and Pay for Housework » de Carol Lopate. []
  4. Carole Leigh, « inventer le travail du sexe », in Luttes XXX – inspirations du mouvement des travailleuses du sexe, Maria Nengeh Mensah, Claire Thiboutot et Louise Toupin, éd. du remue-ménage, 2011, p. 267-270. []
  5. https://www.youtube.com/watch?v=enpTFJsswWM à partir de 1:10:23.Transcription Ellis Suzanna Slack, traduction Morgane Merteuil. []
  6. Voix du jaguar. []
  7. Silvia Federici et Nicole Cox, « Counterplanning from the Kitchen », in Silvia Federici, Revolution at Point Zero, PM Press, 2012, p.31. []
  8. Silvia Federici et Nicole Cox, « Counterplanning from the Kitchen », in Silvia Federici, Revolution at Point Zero, PM Press, 2012, p.31. []
  9. Silvia Federici, « Why Sexuality is work », in Silvia Federici, Revolution at Point Zero, PM Press, 2012, p.25. []
  10. Silvia Federici, « Wages against Housework », in Silvia Federici, Revolution at Point Zero, PM Press, 2012, p.15. []
  11. Leopoldina Fortunati, The Arcane of Reproduction : housework, prostitution, labour and capital, Autonomedia, p.17. []
  12. Leopoldina Fortunati, The Arcane of Reproduction : housework, prostitution, labour and capital, Autonomedia, p.17. []
  13. Leopoldina Fortunati, The Arcane of Reproduction : housework, prostitution, labour and capital, Autonomedia, p.18. []
  14. Silvia Federici, Caliban et la sorcière : Femmes, corps et accumulation primitive, Entremondes et Senonevero, 2014 pour la traduction française, p.191-192. []
  15. Clyde Plumauzille, Le « marché aux putains » : économies sexuelles et dynamiques spatiales du Palais-Royal dans le Paris révolutionnaire, Revue Genre, Sexualités et Sociétés, n°10 Automne 2013, p. 21/26. []
  16. Voir Henry Heller, The Bourgeois Revolution in France. 1789-1815, Berghahn Books, 2009. []
  17. Karl Marx, Le Capital, Livre I, « Machinisme et grande industrie ». http://www.marxists.org/francais/marx/works/1867/Capital-I/kmcapI-15-9.htm []
  18. Voir Alexandre Frondizi, Histoires de trottoirs. Prostitution, espace public et identités populaires à la Goutte – d’Or, 1870 – 1914, Mémoire de thèse, 2007. []
  19. Gayle RUBIN, “Penser le sexe”, in Surveiller et jouir – Anthropologie politique du sexe, Epel, 2010, traduction Flora Bolter, Christophe Broqua, Nicole-Claude Mathieu et Rostom Mesli, p. 156-157. []
  20. Voir : Elizabeth Bernstein, Temporarily Yours, Intimacy, Authenticity and the Commerce of Sex, The University of Chicago, 2007. []
  21. Elizabeth BERNSTEIN, “the sexual politics of the new abolitionnism”, in Differences : a journal of feminist cultural studies, 18/3, 2007, p. 137 . []
  22. Sara Farris, « Les fondements politico-économiques du fémonationalisme ». []
  23. Sara Farris, « Les fondements politico-économiques du fémonationalisme ». []
  24. Silvia Federici, « reproduction et lutte féministe dans la nouvelle division internationale du travail ». []
  25. Kathi Weeks, The problem with work : feminism, marxism, antiwork politics and postwork imaginaries, Duke University Press, 2011, p. 136. []
  26. Laura Agustin, « Kristof and the Rescue industry, the soft side of imperialism ». []
  27. Yasmin Vafa, « Racial Injustice: The case for prosecuting buyers as sex traffickers » []
  28. Silvia Federici et Nicole Cox, « Counterplanning from the Kitchen », in Silvia Federici, Revolution at Point Zero, PM Press, 2012, p.35-36. []
  29. Lise Vogel, Marxism and the opression of women : Toward a unitary theory, Brill, 2013, p.160. []
  30. Kathi Weeks, The problem with work : feminism, marxism, antiwork politics and postwork imaginaries, Duke University Press, 2011, p.130. []
  31. Silvia Federici, « Wages against Housework », in Silvia Federici, Revolution at Point Zero, PM Press, 2012, p.20. []

 

 

¿Prostitución es trabajo? Consideraciones jurídicas en la sentencia de un juez español

 

 

En la sentencia que sigue, el juez Don Joan Agustí Maragall hace un análisis exhaustivo de la jurisprudencia relativa al carácter laboral o no de la prostitución ejercida por cuenta ajena y, por extensión, de la situación legal de la prostitución hoy en España. Por su interés, he extractado esta segunda parte de la sentencia en la que desarrolla esas consideraciones, omitiendo el caso en sí y sus circunstancias procesales, que en cualquier caso pueden ser consultados en su totalidad en el siguiente enlace.

 

http://www.laboral-social.com/files-laboral/NSJ051287_0.pdf

 

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 10 DE BARCELONA

Sentencia 50/2015, de 18 de febrero de 2015

Rec. n.º 835/2013

SUMARIO:

Naturaleza laboral de la actividad desempeñada. Prestación de servicios de prostitución en centro de masajes a cambio de una retribución. En el actual marco regulador de la prostitución (regulación administrativa y despenalización aplicativa), mientras el Estado Español no asuma las recomendaciones de la Resolución del Parlamento Europeo de 26-2-2014, conforme a la cual no solo la prostitución forzada, sino la simple prostitución y la explotación sexual son cuestiones con un gran componente de género y constituyen violaciones de la dignidad humana contrarias a los principios de igualdad de género y a los contenidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el ejercicio libre, sin coacción y de manera no forzada, de la mencionada actividad, bajo la dirección y dependencia de una empresa, no es motivo de ilícito penal ni de lesión de derechos fundamentales individuales que impidan el reconocimiento de laboralidad postulado.

PRECEPTOS:

Constitución Española, art. 35.

Ley Orgánica 6/1985 (LOPJ), art. 7.

Ley Orgánica 10/1995 (CP), art. 188.

Código Civil, arts. 1.271 y 1.275.

PONENTE:

Don Joan Agustí Maragall.

 

(…)

Se trata, en definitiva, de una prestación voluntaria de servicios sexuales a los clientes de la empresaria demandada, en su local, por cuenta y bajo la dependencia y organización de la misma, a cambio de una retribución previamente convenida.

 

La concurrencia de los rasgos esenciales de todo contrato laboral en la relación descrita resulta evidente y no admite mucha discusión: prestación voluntaria de servicios, retribución, dependencia y ajenidad en los frutos.

 

El único e importante obstáculo para la estimación de la demanda radica en el posible carácter ilícito del objeto del contrato, al tratarse de servicios de prostitución, obstáculo que -por cierto- ni se analiza en la demanda ni ha sido opuesto por la empresaria demandada. Ha sido este magistrado quien, emitido el informe de conclusiones por todas las partes y de conformidad a la previsión del art. 87.3 LRJS, ha planteado tal cuestión a fin de que alegaran al respecto.

 

  1. Distinción jurisprudencial entre relación de alterne y de prostitución.

 

El análisis exhaustivo de las bases de datos jurisprudenciales, salvo error u omisión, ha llevado a este magistrado a la conclusión de que no existen precedentes jurisprudenciales que hayan reconocido como relación laboral la libre prestación de servicios de prostitución por cuenta ajena, aunque sí numerosos pronunciamientos que sí la han apreciado en la denominada “relación de alterne”.

Como es sabido, en la clásica relación de “alterne” la trabajadora recibe del titular del local una retribución exclusivamente por alternar con la clientela y estimularla en el consumo de bebidas; la prestación de servicios sexuales, en su caso, los concierta y presta la trabajadora con el cliente, a iniciativa y por cuenta propia, en el propio local y liquidando al mismo propietario un precio por el alquiler de la habitación.

 

En el presente caso, por contra, nos hallamos ante una relación de prostitución por cuenta ajena clara y diáfana, no enmascarada o interferida por una paralela o confluente relación de alterne.

Hasta el momento, los juzgados y tribunales de lo social han negado categóricamente la posibilidad de que exista y pueda ser válido un contrato de trabajo que dé cobertura a las situaciones de explotación lucrativa de la prostitución, al considerar que para que el contrato de trabajo pueda reputarse válido es imprescindible que su objeto y causa sean lícitos, considerándose que la explotación sexual de una persona no reúne ni puede reunir esta condición, aunque el ejercicio de la prostitución sea una decisión voluntaria de la persona que la ejerce.

 

Exponente de esta doctrina es la sentencia del TSJ de Galicia de 10.11.04, recurso de Suplicación núm. 3598/2004:

 

TERCERO. (….). Pero, en el caso de autos, no estamos ante una situación de alterne, sino, como expresamente se afirma en la fundamentación jurídica de la sentencia de instancia, con evidente valor fáctico, ante una “actividad (que) excede de la consecución de consumiciones ” -Fundamento de Derecho Cuarto-. Si estamos ante una situación de prostitución no existe, en modo alguno, una infracción de la jurisprudencia sobre la laboralidad de la prestación de servicios de alterne, de donde, en conclusión, la denuncia jurídica deberá ser rechazada.

 

A mayor abundamiento, debemos aclarar que, a juicio de la Sala, son totalmente compartibles los argumentos utilizados en la sentencia de instancia sobre la ilicitud de un contrato de trabajo cuyo objeto fuese la prostitución de la supuesta trabajadora al ser la explotación de la prostitución ajena una forma de violencia de género, de esclavitud de las mujeres y de actividad contraria a la moral. Pero es más -y aunque por la fecha de los hechos de autos no le sea aplicable a la sociedad limitada demandada-, actualmente sería un acto delictivo en la medida en que, siguiendo las tesis abolicionistas del Convenio para la reprensión de la trata de personas y de la prostitución ajena, adoptado el 2.12.1949, desde la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, modificadora del artículo 188 del Código Penal, resulta castigado “el que se lucre explotando la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de la misma “.

 

Como ha advertido un sector de la doctrina científica (Raquel Serrano “La despenalización parcial del proxenitismo y sus paradojas”), este criterio de la jurisprudencia plantea un decisivo elemento de desencuentro con la regulación penal del proxenetismo, que se analizará más adelante: la ilicitud del proxenetismo en el ámbito laboral no depende del carácter voluntario/consentido o no de su ejercicio por parte de quien ejerce la prostitución. Dicho de otro modo, el consentimiento de la persona que ejerce la prostitución es irrelevante. La ilicitud derivaría -según el criterio jurisprudencial expuesto- de la propia causa y objeto del contrato: el ejercicio de la prostitución por parte de una persona no puede ser ni objeto ni causa lícita de un contrato de trabajo ya que, por definición, el trabajo asalariado es un trabajo por cuenta ajena y subordinado a las órdenes y ámbito de organización de otra persona, de manera que las notas típicas del trabajo asalariado – la ajenidad y la dependencia – determinan la incompatibilidad absoluta del proxenetismo en régimen laboral con la libertad y la dignidad humanas. En razón de ello, la tutela judicial efectiva de los derechos laborales de las personas que ejercen la prostitución se alcanza a través de una distinción entre la actividad de alterne, donde sí cabe la existencia de una relación laboral o contrato de trabajo, y la actividad de prostitución. Con todo, esta distinción entre ambas actividades se intuye -en ocasiones- artificial o ficticia, en la medida en que la actividad de alterne no deja de ser en la mayoría de los casos meramente instrumental en orden a propiciar relaciones sexuales con los clientes.

 

En el presente caso, por el contrario y como ya se ha avanzado, no concurre una relación paralela de alterne: estamos en presencia -exclusivamente- de una prestación voluntaria de servicios sexuales, a cambio de una retribución, por cuenta de la empresaria, propietaria del prostíbulo (comercializado como “Centro de Masajes”), bajo la dirección y dependencia de la misma, en la persona de su encargada. No cabe, pues, como en la sentencia reproducida (y en tantas otras dictadas por la mayoría de Tribunales Superiores de Justicia), reconocer la laboralidad exclusivamente de una relación paralela de una inexistente relación de “alterne por cuenta ajena”.

 

Ello aboca a este magistrado a tener que resolver si asume o no el criterio de la doctrina expuesta, en el sentido que no puede calificarse como laboral una relación que, a pesar de reunir los rasgos esenciales de laboralidad, tendría una causa y/o objeto ilícito y, además, atentaría frontalmente a derechos fundamentales, cuestiones ambas que se abordan a continuación.

 

V. Primer obstáculo al reconocimiento de laboralidad: la -controvertida- ilicitud de la prostitución libremente ejercida por cuenta ajena.

 

Este primer obstáculo para la calificación como laboral de la relación tendría su fundamento en los artículos 1271 y 1275 del Codigo Civil, ya que -según el primero- sólo se admitiría como “objeto de contrato todos los servicios que no sean contrarios a las leyes o a las buenas costumbres”, mientras que el segundo dispone que “Los contratos sin causa, o con causa ilícita, no producen efecto alguno. Es ilícita la causa cuando se opone a las leyes o a la moral”.

 

El art. 188.1 del Código Penal, desde su reforma del año 2003, incorpora en el delito, denominado “de determinación a la prostitución” también a la ejercida por cuenta ajena, a pesar del libre consentimiento (como ha quedado acreditado en el presente caso) y no solamente cuando fuera “empleando violencia intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima”:

 

“Art. 188. 1º- El que determine, empleando violencia intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, a persona mayor de edad a ejercer la prostitución o a mantenerse en ella, será castigado con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de 12 a 24 meses. En la misma pena incurrirá el que se lucre explotando la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de la misma.”

 

Esta importante modificación supuso la vuelta a la penalización de la explotación de la prostitución, que el legislador de 1995 había despenalizado salvo en supuestos de proxenitismo. El artículo 188.1º del CP, tal y como se ha trascrito, es el que actualmente regula la prostitución de mayores de edad. El citado tipifica de forma incondicional la explotación de esta actividad, con o sin el consentimiento de la prostituta.

 

Es en razón de tal consideración como delictiva de la explotación de la prostitución ajena, aún consentida, la jurisprudencia social ya referida ha entendido -explícita o implícitamenteque se imposibilitaba la posible calificación de laboral ordinaria de la relación de prostitución por cuenta ajena, al tratarse de una explotación económica directa, que quedaría incluida en el tipo previsto en el artículo 188.1º del Código penal. Por tanto quedaría fuera del tráfico jurídico esta actividad, por delictiva, al no poder constituir el objeto de un contrato (incluido el laboral), de acuerdo con lo previsto en el artículo 1975 del Código civil.

 

Considera este magistrado, ello no obstante, siguiendo en esto a la mayoría de la doctrina científica, que el análisis de la propia evolución de la jurisprudencial penal, permiten ahora mismo sostener la conclusión contraria. Exponente de esta evolución o interpretación doctrinal es la STS, Sala de lo Penal, 425/2009, de 14 de abril, que dio un importante paso cualitativo en favor del reconocimiento de la legalidad de la prostitución por cuenta ajena al afirmar que «la cuestión de la prostitución voluntaria, bien por cuenta propia o dependiendo de un tercero que establece unas condiciones de trabajo que no conculquen los derechos de los trabajadores no puede solventarse con enfoques morales o concepciones ético-sociológicas ya que afecta a aspectos de la voluntad que no pueden ser coartados por el derecho…».

 

En la misma línea jurisprudencial, y también en la relación de prostitución por cuenta ajena no coercitiva, sólo cabria hablar del delito de “explotación laboral” cuando detecta condiciones abusivas de trabajo ( STS 651/2006, de 5 de junio) y se refiere a “explotación sexual lucrativa” cuando hay “grave riesgo para los derechos” ( STS 152/2008, de 8 de abril).

 

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo asume, así, una interpretación restrictiva del delito de proxenetismo, con el argumento de que no cabe asociar la misma pena a los actos violentos e intimidatorios que a la acción de lucrarse o vivir a costa de la prostitución ajena. Solo estaría penalmente prohibido el proxenetismo en el marco de la prostitución forzada. Y a tales efectos, el consentimiento de la persona que ejerce la prostitución juega un papel decisivo en cuanto garantía de su libertad sexual, resultando únicamente irrelevante el prestado por una persona que se halle mantenida en el ejercicio de la prostitución mediante el empleo de violencia, intimidación, engaño o como víctima del abuso de superioridad o de su situación de necesidad o vulnerabilidad. O cuando se aprecia delito de “explotación laboral” por concurrir condiciones abusivas de trabajo.

 

Y en el presente caso, como declaró la trabajadora comparecida a pregunta de este magistrado, ejerció la prostitución por cuenta ajena de forma libre, no coaccionada (más allá, obviamente, de la situación social y económica que puede haberla inducido al ejercicio de la prostitución), sin que ni ella, ni la Inspección de Trabajo, ni la TGSS, en su demanda de oficio, hayan puesto de manifiesto “condiciones abusivas de trabajo” o de “grave riesgo para los derechos”. Y, en congruencia con ello, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Barcelona de 5.11.12 se acordó el sobreseimiento y posterior archivo de las diligencias previas incoadas.

 

Por consiguiente, no apreciándose en el presente caso la concurrencia de ilícito penal, a la luz de la expuesta jurisprudencia penal, no podrá entenderse -como obstáculo al pretendido reconocimiento de laboralidad- la ilicitud ni de la causa ni del objeto del contrato.

 

VI. Segundo obstáculo al reconocimiento de laboralidad: la posible lesión de derechos fundamentales y atentado a la dignidad de la persona.

 

1.- La posición de la jurisprudencia social.

 

Quizás mayor complejidad requiere el abordaje y resolución del segundo motivo o razón que ha impedido, hasta ahora, el reconocimiento como laboral de la relación de prostitución por cuenta ajena por parte de la jurisdicción social. Según la jurisprudencia ya referida, toda relación de prostitución, intrínsecamente, es contraria a la dignidad de la persona y a los derechos que le son inherentes (art. 10 CE), y contraviene derechos fundamentales como son la libertad, la igualdad y la integridad física y moral (la referencia al derecho al honor ya prácticamente no se invoca, como derecho lesionado).

 

Así, la sentencia del TSJ de Galicia de 10.11.04 (sup.nº. 3598/2004), considera “la explotación de la prostitución ajena una forma de violencia de género, de esclavitud de las mujeres y de actividad contraria a la moral”, mientras que la sentencia del TSJ de Catalunya de 15.5.2009, (sup. 101/08), se pronuncia categóricamente en los siguientes términos:

 

“ha de confirmar la valoració que fa la magistrada de instància, en el sentit de indicar que l’explotació del negoci de prostitució aliena, en la mesura que atempta contra als drets fonaments de la persona, no pot ser objecte del contracte, i determina la seva nul litat, recordant la vigència del Conveni per a la repressió de la tracta de persones i prostitució aliena, de 2-12-1949, aplicat efectivament des de la Llei Orgànica 11/2003, de 29 de setembre modificadora del Codi penal , que en l’article 188-1 , que penalitza la explotació de la prostitució aliena.

 

Efectivament, excedeix totalment dels límits de mínims de la normativa laboral el fet que l’empresa pugui vendre o disposar de l’ús del cos de les treballadores com a objecte de negoci o intercanvi sexual amb els clients. Aquest principi laboral és dedueix directament de la Constitució Espanyola , quan regula el dret fonamental a la integritat física i moral, sense que en cap cas, puguin ser sotmeses a tortura ni a penes o tractes inhumans o degradants ( art. 15 CE ). També del Estatut dels Treballadors , quan estableix el dret a la integritat física i al respecte a la seva intimitat i a la consideració deguda a la seva dignitat, article 4.1.d) e ) compresa la protecció front al assetjament sexual i al assetjament per raó de sexe.”

 

2.- La antagónica posición mayoritaria de la doctrina científica.

 

Frente a este unánime criterio jurisprudencial, la mayoría de la doctrina científica se posiciona clara y categóricamente en sentido contrario. Exponente de este criterio, desde el ámbito del derecho penal, sería la catedrática M.L. Maqueda Abreu (“Hacia una justicia de los derechos”, Diario La Ley, 16.3.10), en su critica a la “tesis abolicionista”:

 

“La tesis actual es que se están defendiendo derechos constitucionales: la igualdad, la libertad o la dignidad de la mujer serían los que se verían comprometidos con la legalización de la prostitución. Según el nuevo ideario abolicionista, ésta debe seguir siendo negocio ilícito porque consiste en el arrendamiento temporal del cuerpo de la mujer, a la que a cambio de dinero se la despoja de su condición de persona, reduciéndola a mero objeto de placer para el cliente. Es la explicación que ofrece, por ejemplo, el Instituto de la Mujer de la causa de la ilicitud y de la nulidad de cualquier contrato que tuviera a la prostitución por objeto.

 

Hay mucho que cuestionar de una afirmación que parece confundir un contrato sexual con un contrato de esclavitud. Hablando de prostitución voluntaria, que es de lo que hablamos, ¿cómo admitir que un contrato libremente pactado despoje a una de las partes de su condición de persona?, ¿por qué entender que la venta de servicios sexuales atenta contra la dignidad de quien libremente la decide? Y, sobre todo, ¿hay algo más indigno y degradante que no ser reconocido como sujeto capaz de adoptar decisiones libres? Bajo una «política del derecho» y no meramente ideológica, creo que no es posible seguir manteniendo un reconocimiento de la capacidad de autodeterminación personal en el ámbito sexual que se haga depender de una noción de dignidad – selectiva-, que pueda ser negada en el caso de la prostitución. Entre otras razones, porque no parece una lectura compatible con la jurisprudencia constitucional, teniendo en cuenta la vertiente positiva que ésta ofrece de la idea de dignidad -como correlato de la libertad- e igual para todos.

 

Recuérdese, por ejemplo, la STC 192/2003, de 27 de octubre, donde señala que «la dignidad personal del trabajador debe ser entendida como el derecho de todas las personas a un trato que no contradiga su condición de ser racional, igual y libre, capaz de determinar su conducta en relación consigo mismo y su entorno, esto es, la capacidad de autodeterminación consciente y responsable de la propia vida». Resulta inaceptable que esta teoría general pueda ser olvidada en relación con una actividad laboral concreta, como la del trabajo sexual.”

 

En la misma línea, como exponente de la doctrina iuslaboralista, el profesor Fernando Fita (“La prostitución: posible objeto de un contrato de trabajo…”, Revista de Derecho Social nº 47, 2009), recopila y se hace eco de distintos trabajos doctrinales y aborda, para descartarla, la posible colisión de la laboralización de la prostitución no forzada por cuenta ajena, tanto respecto a la libertad como en relación al fundamento constitucional de la “dignidad” .

 

Invirtiendo el orden de su exposición y en relación a la dignidad, descarta la colisión en base a la configuración constitucional del derecho a la dignidad, como “derecho de todas las personas a un trato que no contradiga su condición de ser racional igual y libre, capaz de determinar su conducta en relación consigo mismo y su entorno, esto es, la capacidad de autodeterminación consciente y responsable de la propia vida” (STC 192/03). Considera que la valoración como indigna de la actividad de la prostitución responde a una valoración de tipo moral, que no puede imponerse al libre arbitrio individual, y que solamente sería predicable de las condiciones en las que se ejerce, lo cual quedaría reparado con la regulación y tutela de su ejercicio por parte de la normativa laboral, al contribuir a su inclusión social, coadyuvando a restituirles la dignidad que tradicional e injustificadamente se les ha negado. Y añade que resulta hipócrita negar este estatus de trabajo digno de protección jurídica, cuando dicha legitimación ya existe para los empresarios de la industria sexual.

 

Respecto de la libertad de ejercicio de actividad económica, invoca el art. 35 CE, y el art. 4 del CEDH, con la única limitación del respeto al ordenamiento jurídico y a los valores y principios inherentes al mismo, concluyendo que “en el caso del colectivo de mujeres prostituidas parece claro que la vía más adecuada para lograrlo es la de su reconocimiento legal, restituyendo la debida consideración social…”. Y en relación a la libertad sexual, la considera implícitamente reconocida en la libertad individual en sentido amplio, pudiendo reconducirse al derecho a la intimidad personal consagrado en el art. 18 CE, como han reconocido diversas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (22.10.81, 25.3.92 y 22.2.94).

 

Quedaría por resolver, ello no obstante, la posible colisión de la pretendida regularización con el principio de igualdad, con la necesaria perspectiva de género, cuestión que -a criterio de este magistrado – debe abordarse desde el ámbito comunitario por lo que a continuación se expondrá.

 

3.- El marco comunitario: de la STJCE de 20.11.01 a la Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género.

 

En el acto del juicio, la empresaria demandada, en forma subsidiaria a la negación de la relación de prostitución por cuenta ajena, invocó la la STJCE de 20.11.01 que, si bien referida a la prostitución por cuenta propia, dejó bien claro -en aquel momento- que el entonces TJCE no asumía los presupuestos ideológicos de las posiciones abolicionista y prohibicionista al concluir afirmando que “la prostitución constituye una prestación de servicios remunerada, que está comprendida en el concepto de actividades económicas…. Se trata de una actividad por la que el prestador satisface, con carácter oneroso, una demanda del beneficiario sin producir o ceder bienes materiales…. La actividad de prostitución ejercida de manera independiente puede considerarse un servicio prestado a cambio de una remuneración y, por consiguiente, está incluido en el concepto de actividades económicas por cuenta propia o no salariadas “.

 

Pero este magistrado tiene serias dudas que el actual TJUE ahora mismo mantuviera dicha posición, a la vista de la Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género. Dicha resolución se dicta en base a los artículos 4 y 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948, el Convenio de las Naciones Unidas para la represión de la trata de personas y de explotación de la prostitución ajena, de 1949, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, de 1979, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, de 1993, el Protocolo de Palermo, de 2000, el objetivo estratégico D.3 de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, de 1995, el Convenio (nº 29) relativo al trabajo forzoso u obligatorio de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de Bruselas (11) de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) sobre la prevención y lucha contra la trata de seres humanos, las Recomendaciones del Consejo de Europa en este ámbito, tales como la Recomendación 11 (2000) sobre la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, la Recomendación 5 (2002) sobre la protección de las mujeres contra la violencia y la Recomendación 1545 (2002) relativa a campañas contra la trata de mujeres, el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, la Directiva 2011/36 relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y otras muchas resoluciones.

 

En base a este cuerpo normativo, efectúa -entre otras muchas- las siguientes consideraciones, que se reproducen a continuación por este juzgador por cuanto, como juez comunitario, al considerarlas insoslayables, seleccionando exclusivamente aquellas que hacen referencia -también- a “la prostitución” a secas, obviando las exclusivamente referidas a “trata de personas” o “prostitución forzada”:

 

“A. que la prostitución y la prostitución forzadas son un fenómeno con un componente de género y de dimensión mundial que afecta en torno a 40 – 42 millones de personas en todo el mundo, siendo la inmensa mayoría de las personas que se prostituyen mujeres y niñas y casi la totalidad de los usuarios hombres y que, por lo tanto, es al mismo tiempo causa y consecuencia de la desigualdad de género, lo que agrava aún más el fenómeno;

 

B. Considerando que la prostitución y la prostitución forzada representan formas de esclavitud incompatibles con la dignidad de la persona y con sus derechos fundamentales. (….)

E. Considerando que la prostitución y la prostitución forzada están intrínsecamente ligadas a la desigualdad de género en la sociedad y tienen un efecto en la posición social de las mujeres y los hombres en la sociedad así como en la percepción de las relaciones entre mujeres y hombres y en la sexualidad;(…)

 

H. Considerando que toda política relativa a la prostitución repercute en la consecución de la igualdad de género, afecta a la comprensión de las cuestiones de género y transmite mensajes y normas a la sociedad, incluidos los jóvenes;(…)

K. Considerando que en la prostitución todos los actos íntimos se rebajan a un valor mercantil y el ser humano queda reducido a mercancía o instrumento a disposición del cliente;

 

L. Considerando que la gran mayoría de las personas que ejercen la prostitución proceden de grupos vulnerables;(…)

 

S. Considerando que la presión bajo la cual se ejerce la actividad de prostitución puede ser directa y física, o indirecta, por ejemplo a través de presiones sobre la familia en el país de origen, y puede consistir en una coacción psicológica insidiosa;

 

U. Considerando que la Comisión, en su Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres (2010-2015), declara que «las desigualdades entre mujeres y hombres violan derechos fundamentales»;

 

V. Considerando que hay una enorme divergencia en el modo en que los Estados miembros abordan la prostitución, con dos enfoques fundamentales: un enfoque considera la prostitución como una violación de los derechos de las mujeres – una forma de esclavitud sexual- que da lugar y mantiene la desigualdad de género con respecto a las mujeres; el segundo enfoque sostiene que la prostitución promueve la igualdad de género al fomentar el derecho de la mujer a controlar qué desea hacer con su cuerpo; considerando que en ambos casos los Estados miembros tienen competencia para decidir cómo abordar la cuestión de la prostitución;

 

W. Considerando que, si bien existe una diferencia entre prostitución «forzada» y prostitución «voluntaria»;

 

X. Considerando que el asunto de la prostitución debe abordarse con una visión a largo plazo y según la perspectiva de la igualdad de género;

 

En base a las siguientes consideraciones, el Parlamento adopta -entre otros- los siguientes acuerdos, de entre los cuales se han seleccionado los más relevantes en orden al objeto que ahora nos interesa (la dimensión de género de la prostitución no forzada):

 

1. Reconoce que la prostitución, la prostitución forzada y la explotación sexual son cuestiones con un gran componente de género y constituyen violaciones de la dignidad humana contrarias a los principios de los derechos humanos, entre ellos la igualdad de género, y, por tanto, son contrarias a los principios de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluido el objetivo y el principio de la igualdad de género;

 

2. Señala que debe respetarse la salud de todas las mujeres, incluido el derecho a disponer de su cuerpo y a una sexualidad libre de coacción, discriminación y violencia;

  1. Hace hincapié en que la prostitución es también una cuestión de salud, puesto que tiene efectos perjudiciales en las personas que la ejercen, que tienen más probabilidades de sufrir traumas sexuales, físicos y mentales, ser adictas al alcohol y las drogas, perder el respeto por sí mismas y presentar un mayor índice de mortalidad que la población media; añade y destaca que muchos de los compradores de sexo piden sexo comercial sin protección, lo que incrementa el riesgo de efectos perjudiciales para la salud, tanto para las personas que ejercen la prostitución como para los compradores de sexo;

 

  1. Hace hincapié en que la prostitución forzada, la prostitución y la explotación en la industria del sexo tienen consecuencias físicas y sicológicas devastadoras y duraderas, incluso después de haber cesado la prostitución, para los individuos que se ven implicados en ella, especialmente niños y adolescentes, además de ser, a la vez, causa y consecuencia de la desigualdad de género y de perpetuar los estereotipos de género y el pensamiento estereotipado sobre las mujeres que venden sexo, como la idea de que el cuerpo de las mujeres y mujeres menores de edad está en venta para satisfacer la demanda masculina de sexo;

 

  1. Reconoce que la prostitución y la prostitución forzada pueden tener un impacto en la violencia contra las mujeres en general, ya que las investigaciones sobre los usuarios de servicios sexuales muestran que los hombres que pagan por sexo tienen una imagen degradante de la mujer ; sugiere, por consiguiente, a las autoridades nacionales competentes que la prohibición de comprar servicios sexuales vaya acompañada de una campaña de sensibilización de los hombres;

 

  1. Subraya que las personas prostituidas son especialmente vulnerables desde el punto de vista social, económico, físico, psíquico, emocional y familiar y corren más riesgo de sufrir violencia y daños que en cualquier otra actividad; destaca que se debe alentar, por lo tanto, a la fuerzas de policía nacionales a abordar, entre otras cosas, las bajas tasas de condena por violación de prostitutas; hace hincapié en que las personas prostituidas son asimismo objeto de oprobio público y están socialmente estigmatizadas, incluso si dejan de ejercer la prostitución;

 

  1. Atrae la atención sobre el hecho de que las prostitutas tienen derecho a la maternidad, y a criar y cuidar a sus hijos;

 

  1. Hace hincapié en que la normalización de la prostitución incide en la violencia contra la mujer; señala, en particular, que los hombres que compran sexo son más proclives a cometer actos sexuales coercitivos, así como otros actos de violencia, contra las mujeres y que, con frecuencia, muestran actitudes misóginas;

 

  1. Señala que entre el 80 y el 95 % de las personas que se prostituyen ha sufrido alguna forma de violencia antes de empezar a ejercer la prostitución (violación, incesto, pedofilia), el 62 % declara haber sufrido una violación y el 68 % sufre trastornos de estrés postraumático, un porcentaje similar al de las víctimas de tortura(26) ;

 

  1. Hace hincapié en que la normalización de la prostitución afecta a la percepción de los jóvenes de la sexualidad y de la relación entre hombres y mujeres;

 

  1. Subraya que no debe penalizarse a las personas que ejercen la prostitución y pide a todos los Estados miembros que deroguen la legislación represiva contra las personas que ejercen la prostitución;

 

29.Considera que una manera de luchar contra el tráfico de mujeres y mujeres menores de edad con fines de explotación sexual y de mejorar la igualdad de género es el modelo aplicado en Suecia, Islandia y Noruega (el denominado modelo nórdico), que se está estudiando en diversos países europeos, en el que el delito lo constituye la compra de servicios sexuales, no los servicios de las personas que ejercen la prostitución;

 

  1. Opina que considerar la prostitución como un «trabajo sexual» legal, despenalizar la industria del sexo en general y legalizar el proxenetismo no es la solución para proteger a las mujeres y las mujeres menores de edad de la violencia y explotación, sino que produce el efecto contrario y aumenta el riesgo de que sufran un mayor nivel de violencia, al tiempo que se fomenta el crecimiento de los mercados de la prostitución y, por tanto, el número de mujeres y mujeres menores de edad víctimas de abusos;

 

  1. Condena todo intento o discurso político basado en la idea de que la prostitución puede ser una solución para las mujeres migrantes en Europa;

 

  1. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a poner en marcha los medios y herramientas necesarios para combatir la trata y la explotación sexual y para reducir la prostitución, como violaciones de los derechos fundamentales de las mujeres, en especial de las menores de edad, y de la igualdad de género;

 

  1. Pide a los Estados miembros que transpongan en la legislación nacional lo antes posible, en especial en lo que respecta a la protección de las víctimas, la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JI del Consejo;

 

  1. Insta a los Estados miembros a que evalúen tanto los efectos positivos como negativos que la penalización de la compra de servicios sexuales tiene en la reducción de la prostitución y la trata de personas;

 

  1. Insta a la UE y a sus Estados miembros a que establezcan políticas de prevención específicas en materia de género en los países de origen de las personas prostituidas como consecuencia de trata de seres humanos, dirigidas tanto a los compradores de servicios sexuales como a mujeres y menores, mediante sanciones, campañas de concienciación y educación;

 

  1. Solicita a la UE y a los Estados miembros que adopten medidas para desalentar la práctica del turismo sexual dentro y fuera de la UE.

 

La relevancia de esta Resolución del Parlamento Europeo, a criterio de este juzgador, es obvia:

 

Aún cuando la misma carece, lógicamente, de eficacia normativa, sí reconoce al fenómeno de la prostitución, aún la no forzada, una dimensión de género absolutamente ineludible para el juez nacional, de la que no puede prescindir. Más concretamente, la primera manifestación, conforme ” la prostitución, la prostitución forzada y la explotación sexual son cuestiones con un gran componente de género y constituyen violaciones de la dignidad humana contrarias a los principios de los derechos humanos, entre ellos la igualdad de género, y, por tanto, son contrarias a los principios de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluido el objetivo y el principio de la igualdad de género” integra una valoración que, en aplicación de la LOIEHM 3/07 no puede ser soslayada en la resolución del presente pleito.

 

VII. Conclusión: inexistencia de obstáculo legal o de constitucionalidad para el reconocimiento de laboralidad en el caso enjuiciado, aún desde la obligada perspectiva de género.

 

Recapitulando: le corresponde a este magistrado dilucidar, constatada la concurrencia de los requisitos que conforman toda relación laboral y superado ya el posible obstáculo de la ilicitud de la causa y/o objeto del contrato, si en la relación de prostitución que debe enjuiciar puede apreciarse la concurrencia de lesión de derechos fundamentales que impida el reconocimiento de laboralidad. O -a la vista de la Resolución del Parlamento Europeo de 24.2.14- un mandato comunitario, desde la perspectiva de género, que impida tal reconocimiento.

 

Ciertamente, desde la posición de la única trabajadora comparecida y como ya se ha razonado, en ningún momento ha afirmado o denunciado -ni ella ni su letrada- que en la prestación de servicios sexuales por cuenta de la empresaria demandada viera vulnerados su libertad, su dignidad o el resto de sus derechos fundamentales.

 

Pero tal conclusión, por si sola, no agota el análisis. Este magistrado, de oficio, puede apreciar que en la prestación de los servicios sexuales que debe calificar concurre manifiestamente la vulneración de uno o varios derechos fundamentales, por mandato del art. 7 LOPJ. Y, además, la Ley Orgánica de Igualdad efectiva de mujeres y hombres (LO 3/07) establece que “la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas.”.

 

En razón de tal mandato interpretativo y aplicativo, este magistrado debe asumir el primer punto de 1a resolución del Parlamento Europeo de 26.2.14, conforme al cual no sólo “la prostitución forzada” sino la simple “prostitución”, y “la explotación sexual” “son cuestiones con un gran componente de género y constituyen violaciones de la dignidad humana contrarias a los principios de los derechos humanos, entre ellos la igualdad de género, y, por tanto, son contrarias a los principios de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluido el objetivo y el principio de la igualdad de género”.

 

Pudiera pensarse que, en congruencia con tan categórico pronunciamiento, ello le debiera determinar a desestimar el reconocimiento del carácter laboral de la relación de prostitución sometida a su consideración, atendiendo -además- al apartado 34 de la misma resolución, según el cual el Parlamento Europeo “Opina que considerar la prostitución como un «trabajo sexual» legal, despenalizar la industria del sexo en general y legalizar el proxenetismo no es la solución para proteger a las mujeres y las mujeres menores de edad de la violencia y explotación, sino que produce el efecto contrario y aumenta el riesgo de que sufran un mayor nivel de violencia, al tiempo que se fomenta el crecimiento de los mercados de la prostitución y, por tanto, el número de mujeres y mujeres menores de edad víctimas de abusos”.

 

Pero, precisamente por tratarse de una cuestión de género y por los derechos fundamentales que están implicados, considera este magistrado que en tanto el Estado Español -como ya han hecho diversos países comunitarios- no asuma el “modelo nórdico” de lucha contra la prostitución (recomendado en el apartado 29 de dicha resolución) no puede llegar a tal conclusión, por cuanto -paradójicamente- ello no haría más que agravar la situación, también desde la perspectiva de género, de las trabajadoras afectadas.

 

En efecto, siguiendo a la profesora Raquel Serrano, mientras el Estado Español siga ofreciendo cobertura legal al proxenetismo -vía reglamentación administrativa y despenalización aplicativa- sin ofrecer cobertura jurídica específica (específicos derechos) al ejercicio de la prostitución se agrava el atentado a la dignidad, a la libertad y la discriminación por razón de sexo.

 

En otras palabras: En tanto el Estado Español no asuma las recomendaciones de la indicada resolución en orden a la erradicación absoluta de todas las formas de prostitución, la actual situación de “alegalidad” y el no reconocimiento del carácter laboral de la relación no hace más que agravar enormemente la incuestionable lesión de la dignidad, la libertad y la igualdad que comporta toda relación de prostitución por cuenta ajena, para la inmensa mayoría de las mujeres que la ejercen.

 

Por ello, la conclusión a la que debe llegar este magistrado, asumiendo plenamente las consideraciones de dicha Resolución del Parlamento Europeo y precisamente por ser congruente con las mismas, con la tutela de los derechos fundamentales concernidos y desde la obligada perspectiva de género, es clara: en el actual marco regulador de la prostitución (regulación administrativa y despenalización aplicativa), habiendo quedado plenamente acreditado que las trabajadoras codemandas ejercían libremente, sin coacción y de manera no forzada, la prestación de servicios de prostitución por cuenta de la empresaria demandada, bajo su dirección y dependencia, no son de apreciar motivos de ilicitud penal ni de lesión de derechos fundamentales individuales que impidan el reconocimiento de laboralidad postulado por la TGSS y al que se ha allanado la trabajadora codemandada.

 

Por las razones expuestas, pues, debe ser íntegramente estimada la pretensión declarativa de la demanda.

 

DECIDO

 

Estimar la demanda de oficio interpuesta por TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL contra A, como empresaria, y contra las trabajadoras B, C i D en demanda en PROCEDIMIENTO DE OFICIO, y declarar que la relación existente entre la una y otras tiene o tuvo carácter laboral.

 

 

 

 

 

La prostitución por cuenta ajena es una profesión laboral

http://www.alfredogarcialopez.es/la-prostitucion-por-cuesta-ajena-es-una-profesion-laboral/

El ejercicio de la prostitución por cuenta ajena constituye relación laboral. La sentencia del Juzgado de lo Social nº 10 de Barcelona, de fecha 18 de febrero de 2015, dictada por el magistrado señor Agustí Maragall, es pionera al reconocer por primera vez el carácter laboral de la prostitución, abriendo la puerta a que se les reconozca por tanto derechos laborales.
De esta forma, se les podría reconocer el derecho a formalizar un contrato con el empresario para el que trabajen con la correspondiente alta en la Seguridad Social y el cobro de la prestación de desempleo.

La sentencia argumenta la inexistencia de obstáculo legal o de constitucionalidad para el reconocimiento de laboralidad, aún desde la obligada perspectiva de género.

La sentencia no es firme ya que se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), pero sienta jurisprudencia que podrá alegarse para reclamar por la vía judicial la equiparación en derechos con cualquier otro trabajador.La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) interpuso demanda contra la propietaria de un centro de masajes eróticos de Barcelona y tres empleadas de este local, en la que se instaba al Juzgado que declarase que la que la prestación de servicios de las trabajadoras codemandadas para la empresaria demandada tenía “carácter laboral”.

La empresaria demandada negó la concurrencia de relación laboral, alegando que las codemandadas ejercían su profesión por cuenta propia.

Una de las trabajadoras codemandadas se allanó a la demanda, afirmando el carácter laboral de la prestación de sus servicios.

La sentencia del Juzgado de lo Social estima la petición de la TGSS y concluye declarar que la relación existente entre la una y otras tiene o tuvo carácter laboral.

Comienza el magistrado señalando que la relación de hechos probados se ha establecido en base al acta de infracción levantada por la Inspección de Trabajo que ha originado la posterior demanda de oficio a cargo de la TGSS, plenamente corroborados en juicio.

Analiza posteriormente si concurren los rasgos esenciales de laboralidad, señalando las siguientes circunstancias que lo afirman:

  • Los servicios se ofrecían a través de una página web del centro de masajes propiedad de la empresaria demandada.
  • Las codemandadas prestaban sus servicios en su local, por cuenta y bajo la dependencia y organización de la misma.

Por ello el magistrado concluye que se dan los rasgos esenciales de una relación de carácter laboral “prestación voluntaria de servicios, retribución, dependencia y ajenidad en los frutos”; continua, “el único e importante obstáculo para la estimación de la demanda radica en el posible carácter ilícito del objeto del contrato, al tratarse de servicios de prostitución”.

Los juzgados y tribunales de lo social han negado categóricamente la posibilidad de que exista y pueda ser válido un contrato de trabajo que dé cobertura a las situaciones de explotación lucrativa de la prostitución, al considerar que para que el contrato de trabajo pueda reputarse válido es imprescindible que su objeto y causa sean lícitos.

  • Distinción jurisprudencial entre relación de alterne y prostitución:

El magistrado refiere haber realizado un análisis exhaustivo de la jurisprudencia para concluir que no existen precedentes jurisprudenciales que hayan reconocido como relación laboral la libre prestación de servicios de prostitución por cuenta ajena, aunque sí numerosos pronunciamientos que sí la han apreciado en la denominada “relación de alterne”.

  • Primer obstáculo al reconocimiento de laboralidad: la ilicitud de la prostitución libremente ejercida por cuenta ajena.

El magistrado argumenta que este obstáculo se fundamenta en los arts. 1271 y 1275 del Codigo Civil, ya que -según el primero- sólo se admitiría como “objeto de contrato todos los servicios que no sean contrarios a las leyes o a las buenas costumbres”, mientras que el segundo dispone que “Los contratos sin causa, o con causa ilícita, no producen efecto alguno. Es ilícita la causa cuando se opone a las leyes o a la moral”.

El art. 188.1 del Código Penal, incorpora en el delito, denominado “de determinación a la prostitución” también a la ejercida por cuenta ajena, a pesar del libre consentimiento.

Considera el magistrado sin embargo, que la evolución de la doctrina jurisprudencial de la Sala de lo Penal del TS y la aplicación de un criterio restrictivo en relación con tal delito de prostitución por cuenta ajena no coercitiva, conduciría a concluir que sólo cabría hablar del delito de “explotación laboral” cuando se detectan condiciones abusivas de trabajo.

  • Segundo obstáculo al reconocimiento de laboralidad: la posible lesión de derechos fundamentales y atentado a la dignidad de la persona.

El juez se refiere a una Resolución del Parlamento Europeo, Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género, que considera que toda prostitución (no sólo la forzada) tiene un gran componente de género y constituye una violación de la dignidad humana, pero argumenta que mientras España no erradique todas las formas de prostitución, el no reconocimiento de los derechos laborales agrava aún más la situación.

“Mientras el Estado español siga ofreciendo cobertura legal al proxenetismo –vía reglamentación administrativa y despenalización aplicativa– sin ofrecer cobertura jurídica específica al ejercicio de la prostitución se agrava el atentado a la dignidad, a la libertad y la discriminación por razón de sexo”, argumenta.

Por todo ello, el juez concluye que no hay obstáculo legal o de constitucionalidad para el reconocimiento de laboralidad en el caso enjuiciado, aún desde la obligada perspectiva de género, estimando la demanda del TGSS.