Canadá: las trabajadoras sexuales necesitan la despenalización

El World Policy Journal comienza cada número con la Gran Cuestión, donde pedimos a un panel de expertos que ofrezcan información sobre el tema de la portada. La pregunta para el número de invierno 2016/2017 Política Mundial Interrumpida es: ¿Qué necesitan las trabajadoras sexuales para controlar mejor sus condiciones de trabajo? A continuación, Brenda Belak explica por qué la despenalización del trabajo sexual es un modelo mejor que la legalización.

El World Policy Journal comienza cada número con la Gran Cuestión, donde pedimos a un panel de expertos que ofrezcan información sobre el tema de la portada. La pregunta para el número de invierno 2016/2017 Política Mundial Interrumpida es: ¿Qué necesitan las trabajadoras sexuales para controlar mejor sus condiciones de trabajo? A continuación, Brenda Belak explica por qué la despenalización del trabajo sexual es un modelo mejor que la legalización.

 

 

27 de enero de 2017

 

Por Brenda Belak

 

http://www.worldpolicy.org/blog/2017/01/27/canada-sex-workers-need-decriminalization

 

 

La penalización del trabajo sexual conduce directamente a la explotación. Pone a las trabajadoras del sexo en situaciones en las que tienen poco control sobre sus condiciones de trabajo porque su principal preocupación es evitar ser detenidas por la policía. Esto significa que las trabajadoras sexuales forman parte del mercado de trabajo informal, sin recurso legal cuando se infringen sus derechos laborales. Están excluidas de todas las protecciones disponibles para otras trabajadoras, incluidas las leyes laborales y las normas de salud y seguridad en el trabajo. La penalización también encadena a las trabajadoras al trabajo informal, porque con antecedentes penales o una brecha en en la vida laboral, es más difícil volver a unirse al mundo del trabajo “correcto”.

 
Los mismos problemas existen en el caso de la penalización parcial, incluido el modelo nórdico de “terminar con la demanda”, que se basa en la idea de que las trabajadoras sexuales pueden ser protegidas al otorgarles inmunidad a ellas y penalizar a sus clientes y a los terceros con los que trabajan. En los países en los que se ha empleado este modelo (Suecia, Noruega, Islandia y, más recientemente, Canadá) no ha habido una reducción marcada en el número de trabajadoras sexuales como resultado directo del cambio legal. Mientras tanto, la investigación ha demostrado que el número de trabajadoras sexuales al aire libre en muchos países disminuye debido al mayor uso de Internet para conectarse con los clientes.

 
Cuando cualquier aspecto de la industria del sexo es penalizado, las trabajadoras sexuales operan bajo condiciones de mayor riesgo. Las trabajadoras sexuales basadas en la calle son más propensas a trabajar solas y en áreas aisladas, con un tiempo mínimo en la evaluación de los clientes. Las trabajadoras de interior tienen problemas para que los clientes revelen datos personales tales como sus nombres reales, referencias o información telefónica. Esto deja a los clientes sin rastro si resultan ser violentos. Las trabajadoras del sexo tampoco pueden beneficiarse de la seguridad de tener otro personal cerca. Todas las trabajadoras sexuales temen a la policía, lo que significa que no recurrirán al sistema de justicia penal si experimentan violencia. Esto permite a los depredadores que se presentan como clientes, así como a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, abusar de las trabajadoras del sexo. Además, la represión de los compradores alienta a las trabajadoras sexuales a asumir más riesgos, trabajar por menos ingresos y participar en prácticas que podrían comprometer su salud, como las relaciones sexuales sin protección.

 
La despenalización no es legalización. La despenalización elimina todas las sanciones penales para las actividades relacionadas con el trabajo sexual, permitiendo centrarse en los derechos humanos de las trabajadoras sexuales como individuos y como trabajadoras. Los reglamentos locales de zonificación todavía se pueden usar para determinar dónde y cuándo se produce el trabajo sexual. Bajo la legalización, sin embargo, el trabajo sexual es visto como una actividad que potencialmente pone en peligro al público, y se requieren licencias y pruebas obligatorias para controlar los riesgos percibidos. Las trabajadorea sexuales que están estructuralmente marginadas —porque son pobres, racializadas, migrantes, LGBTQ o discapacitadas— a menudo no pueden cumplir con los requisitos de licencia. Esto genera un segundo nivel de trabajadoras sexuales ilegales que experimentan muchos de los peligros causados por la penalización. Obtener una licencia también puede dar lugar a violaciones de los derechos de privacidad. Debido a estos efectos negativos de la legalización, la despenalización es una opción preferible.

 
La despenalización implica eliminar todas las leyes que afectan punitivamente a la industria del sexo, aunque las leyes de aplicación general que prohíben la violencia y la trata seguirán siendo aplicadas. La despenalización permitiría a las trabajadoras sexuales disfrutar del beneficio de las protecciones laborales que disfrutan todos los demás trabajadores. Esto significaría que las trabajadoras sexuales tienen derecho a trabajar con seguridad en sus propios términos. Las trabajadoras sexuales de todo el mundo han estado pidiendo la despenalización durante décadas. Es lo que tienen que hacer los gobiernos.

 


Brenda Belak es abogada defensora de los derechos de las trabajadoras del sexo en Pivot Legal Society, una organización sin fines de lucro en Vancouver, Canadá, que hace activismo y lleva litigios estratégicos en nombre de las comunidades marginadas para lograr el cambio social. Ha trabajado extensamente en la violencia contra las mujeres como una cuestión de derechos humanos en los foros nacionales y de los Estados Unidos, y forma parte del consejo asesor de la estrategia federal de violencia de género de Canadá.

Cómo funcionan los burdeles en el Barrio Rojo de Amsterdam

 

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Felicia Anna
24 de diciembre de 2016

 

 

http://behindtheredlightdistrict.blogspot.com.es/2016/12/how-brothels-operate-in-red-light.html

 
En los últimos meses he criticado dos proyectos que intentan abrir un nuevo burdel: el My Red Light de Amsterdam y los planes de Non Nobis para un llamado “burdel humano”. La razón para criticarlos proviene del modo cómo se presentan en los medios de comunicación como algo opuesto a los burdeles existentes. En ambos casos, la cobertura mediática afirma que estos burdeles serán diferentes: más humanos, sin proxenetas, haciendo a las trabajadores sexuales menos dependientes y con más libertad. El hecho de que se presenten en los medios de comunicación así proviene del hecho de que la gente tiene muy poco conocimiento sobre lo que son los burdeles y lo que hacen, a menudo se confunden con los proxenetas y los tratantes, y son a menudo vistos como los malos de la película . Así que pensé en escribir un post sobre cómo funcionan los burdeles, para mostraros que esta imagen es incorrecta, y que los planes de los nuevos burdeles no son tan nuevos o diferentes de cómo dicen que son.

En este post me centraré en los burdeles de ventanas en Amsterdam, ya que cubrir otros tipos de burdeles requeriría más explicación, pero tened en cuenta que la mayoría de estas cosas se aplican a todos los burdeles, aunque no todo. Un burdel de ventana es básicamente nada más que una compañía que alquila los espacios de trabajo a las prostitutas de la ventana. Vedlo como un salón, donde los peluqueros pueden pagar alquiler para trabajar, o una empresa de bienes raíces que alquila espacio de negocios a una tienda, por ejemplo. Algunas personas lo comparan con un hotel, ya que los lugares de trabajo se alquilan por períodos cortos. Pero, básicamente, un operador de burdel de ventana no es más que una empresa que alquila habitaciones, eso es todo. En el Barrio Rojo de Amsterdam hay cerca de 19 diferentes operadores de burdeles de ventana que alquilan un total de 278 habitaciones, también conocidas como ventanas.

Destino del edificio
No se permite abrir un burdel en cualquier lugar. Para poner en marcha un burdel, el edificio en el que se encuentra tiene que ser asignado a un destino de la prostitución en los planes de destino de edificios de la ciudad. Sólo una cantidad limitada de edificios en Amsterdam tiene tal destino en los planes de la ciudad, basándose en la cantidad de burdeles de años atrás, pero en los últimos tiempos la cantidad de edificios con destino a la prostitución sólo ha hecho que disminuir como parte del Proyecto 1012 para cerrar burdeles en el Barrio Rojo. Una vez que el plan de destino de un determinado edificio se ha cambiado de burdel a otra cosa, el burdel actual puede permanecer en el edificio hasta que cambie de propietario, después de lo cual ya no se permite ser un burdel, a menos que el plan de destino de ese edificio sea cambiado de nuevo por el ayuntamiento.

bestemmingsplan
Como parte del proyecto 1012 en Amsterdam —el proyecto de gentrificación de la ciudad que fue vendido al público en general como un proyecto de lucha contra el crimen, pero que en realidad se trataba de un asunto de bienes raíces— muchos de los burdeles actuales en el Barrio Rojo de Amsterdam perdieron su destino de prostitución . Esto significa que si los propietarios actuales de burdeles venden sus bienes raíces, ya no se permite que sean un burdel. Ningún edificio nuevo ha sido asignado a un destino de prostitución, por lo que también es imposible que los burdeles tengan que mudarse continúen en otro lugar. En pocas palabras, están reduciendo la cantidad de lugares legales donde se permite la prostitución; no están moviendo la prostitución a otro lugar, simplemente la están obligando a ir a la clandestinidad.

Licencia

Si tienes un edificio al que se permite ser un burdel de acuerdo con los planes de construcción de destino de la ciudad, todavía necesita una licencia como operador de burdel para iniciar uno. Obtener una licencia es difícil y costoso. Sólo la solicitud de una licencia, por ejemplo, cuesta alrededor de € 1700, y no hay garantía de que sea aceptado después de solicitarlo. Una licencia es dada por la ciudad misma, después de un chequeo minucioso hecho por el gobierno en lo que se llama un procedimiento de Bibob para comprobar la integridad del operador del burdel. Este procedimiento examinará el pasado de alguien en busca de cualquier actividad o lazo criminales, para asegurar que la persona no tiene intenciones o pasado criminales.

Las historias de mierda que la gente está difundiendo acerca de los operadores de burdeles, incluyendo los de Lodewijk Asscher en el pasado, por ejemplo, sobre los operadores de burdeles que son criminales o tienen algo que ver con los crímenes es por lo tanto pura mierda. Después de todo, si esas historias fueran incluso remotamente ciertas, nunca habrían obtenido su licencia en primer lugar, y ciertamente habrían perdido su licencia si alguna de estas cosas fuera verdad. El hecho de que las personas confundan constantemente a los operadores de burdeles con los delincuentes es completamente injusto, ya que no tienen ningún vínculo o historia criminal, ¡esto ha sido completamente controlado por el propio gobierno! Por lo tanto, la limpieza del Barrio Rojo tampoco era para luchar contra el crimen, ya que si eso fuera realmente el caso, simplemente habrían perdido su licencia y la ciudad no tendría que comprar a estos operadores de burdeles por millones de euros

Las ciudades en los Países Bajos rara vez dan nuevas licencias, lo que hace casi imposible iniciar un nuevo negocio legal, mientras que al mismo tiempo muchas ciudades, incluyendo Amsterdam, están revocando las licencias de los prostíbulos existentes, creando una escasez nacional de lugares legales de trabajo para las trabajadoras sexuales. Desde que se legalizaron los burdeles en 2000 en los Países Bajos nunca se han cerrado tantos burdeles; en total, el 46% de todos los burdeles legales han cerrado desde el año 2000. Y esto ha hecho que muchas trabajadoras sexuales comiencen a trabajar de forma ilegal, ya que, aunque quieran trabajar legales, los gastos de obtener una licencia y el hecho de que a menudo se les niega hacen casi imposible conseguir una.

 

Además, los operadores de prostíbulo con control Bibob también tienen que presentar un plan de negocios completo para su burdel, que tiene que ser aprobado por la ciudad de acuerdo con sus propias leyes locales (APV). Y necesitan obtener un informe de higiene de la organización gubernamental de atención médica GGD. Por supuesto, también deben registrarse en las Cámaras de Comercio como propietarios de negocios legales, pagar impuestos y si se encuentran abusos en su burdel, la ciudad tiene el derecho de retirar inmediatamente su licencia.

 

Una prostituta menor de 21 años que trabaja en un burdel de ventanas en Amsterdam es una razón para revocar inmediatamente la licencia del operador del burdel. No seguir correctamente ninguna de las (muchas) reglas locales para los negocios de prostitución resultará en una penalización, que eventualmente puede hacer que pierdan su licencia. Estas sanciones podrían incluso ser por no reemplazar un dispensador de jabón vacío, ya que los operadores de burdeles han recibido sanciones como éstas en el pasado. Si el operador del burdel sabe que una prostituta es víctima de la trata y no lo denuncia a la policía, puede perder su licencia. Sin embargo, si lo denuncia, también puede perder su licencia, por haber permitido que una víctima de trata trabaje allí, así que realmente no hay manera de que actúen bien en una situación como ésta. Denuncien o no la víctima de la trata a la policía, en ambos casos son jodidos y arriesgan su licencia, una paradoja creada por la ciudad en busca de la sangre de los operadores de burdeles, deseosos de cerrarlos por cualquier razón.

 

Alquiler de ventanas

Los operadores de burdeles de ventana sólo pueden alquilar sus habitaciones a personas que se hayan registrado en las cámaras de comercio como prostitutas o como servicios personales, que tengan un pasaporte europeo válido y tengan por lo menos 21 años de edad. Todo es controlado por los operadores de burdeles, ya que no seguir estas reglas daría lugar a perder su licencia. El registro de las cámaras de comercio es verificado en línea todos los días por el operador de burdel para ver si sigue siendo un registro activo. Los pasaportes se verifican con un escaneo de autenticidad todos los días. Revisan su registro de la ciudad en la que viven (registro GBA) todos los días. Así que las historias de que hay prostitutas menores de edad que trabajan en el Barrio Rojo son 100% mierda.

 

Antes de que un operador de burdel de ventana te alquile una ventana, te hará una entrevista indagatoria obligatoria, algo que la ciudad ha obligado a todos los operadores de burdel . La entrevista de admisión es para asegurarse de que la prostituta en cuestión es suficientemente “autónoma” para hacer este trabajo; en definitiva, es sólo una manera de averiguar si trabajas para ti o para un proxeneta. Las preguntas violan las leyes de privacidad de los Países Bajos, pero los operadores de burdeles no tienen otra opción, ya que hacerlo es un requisito de la ciudad. Las preguntas varían desde por qué quieres hacer este trabajo, hata cuándo te fuiste de vacaciones la última vez, cómo llegaste aquí, si tienes novio, incluso preguntas sobre tu vida sexual, etc. etc. Esto se hace la primera vez que una prostituta quiere alquilar una ventana y no tiene que repetirse todos los días, a diferencia de los controles de registro. Cualquier sospecha de que la chica podría ser una víctima hará que el operador la rechace, por miedo a perder su licencia. Si una chica resulta ser una víctima más tarde, el operador del burdel debe informar a la policía, pero como eso daría lugar a perder su licencia, es problemático. Sin embargo, si no informa a la policía, también puede perder su licencia si la policía o la ciudad se enteran, por lo que los operadores de burdel están atrapados. De cualquier manera perderán su licencia, si hacen lo correcto y lo reportan a la policía o si no. Así que no hay manera de que los operadores de burdeles hagan lo correcto, debido a estas reglas de la ciudad. Es un sistema totalmente idiota, puramente construido sobre la idea de que la ciudad puede cerrar ventanas con toda facilidad, sólo buscando cualquier razón para cerrarlos.

 

Una vez que la historia de la prostituta parece bien y todos sus documentos han sido comprobados y validados, la chica firmará generalmente las reglas de la casa. Esas reglas de la casa por lo general consisten en explicar cuáles son los precios de las habitaciones para los distintos turnos, desde cuándo hasta cuándo están disponibles las habitaciones, lo que está incluido en el acuerdo, cómo hacer para tomar días libres, etc. No está permitido trabajar más de 6 días por semana, y no se les permite hacer turnos dobles. También el uso de drogas en la habitación está generalmente prohibido. La chica pagará la habitación para ese día, después de lo cual recibirá la llave de la habitación, muy parecido a como funciona un hotel. Las habitaciones se alquilan por turno, por lo que cada día ocurre el mismo ritual. La chica entra en la oficina, el operador del burdel comprueba todos los papeles y los verifica, la chica paga por la habitación, y ella consigue su llave de la habitación.

 

Las habitaciones dentro del burdel

La habitación consiste básicamente de un dormitorio; algunos son2016-02-20-22-06-31 realmente pequeños, otros son mucho más grandes, todo depende de cómo se construyó el edificio. Debido a que los edificios tienen siglos de antigüedad la mayoría de las veces, no fueron diseñados para ser burdeles. Así que básicamente lo han convertido en un burdel al dividir las diferentes habitaciones en un lugar de trabajo para una chica. Cada habitación tendrá por supuesto una cama, con un colchón de plástico por razones de higiene. Un fregadero con un grifo de agua, con toallas 2016-02-20-22_06_00de papel, un dispensador de jabón, un spray de alcohol y un spray de limpieza.

Un cubo de basura para toda la basura (toallas de papel usadas, condones usados etc.). Por lo general, los baños son compartidos con las otras habitaciones, así como la ducha. La iluminación de la habitación es gestionada por el operador del burdel; si una luz no funciona, o si desea cambiar la iluminación en su habitación, el operador de burdel puede cambiar esto por ti   , aunque muchas chicas cambian las luces de acuerdo a sus propias preferencias. A veces las chicas cambian la iluminación en la habitación, es decir, los colores de las luces, intercambiándolas con otras luces en la habitación, para lograr el mejor efecto de iluminación por sí mismas, para que la habitación tenga el mejor aspecto.

 

2016-04-23-00_13_03Cada habitación tiene una alarma y algunas, varias.. Si se presiona el botón de alarma, se notificará al operador del burdel de cualquier problema, y la regla de la ciudad es que tienen que estar presentes en 12 minutos. Algunas de estas alarmas son silenciosas, otras son increíblemente ruidosas e incluso tienen una luz amarilla en el exterior del edificio, para notificar a la gente de fuera que hay un problema. La policía también puede responder a la alarma, es básicamente una cuestión de quién llega primero. Y si el operador del burdel no puede manejar la situación (no se les permite pelear), llamarán a la policía.

 

En la habitación los operadores de burdel por lo general cuelgan una lista de reglas y líneas de guía de higiene. A menudo colgarán una lista de números de teléfono a los que pueden llamar, como el número de teléfono de la policía, la oficina del operador del burdel, atención de salud y otros números de teléfono importantes. Cosas como condones, sextoys, ropa de trabajo, lubricación, sábanas, almohadas, etc. son todas cosas que la chica tiene que traerse por su cuenta. Las habitaciones son limpiadas cada día por los limpiadores que el operador de burdel contrata, que siguen estrictas directrices de la atención de salud de la ciudad para garantizar la higiene. La mayoría de los operadores de burdeles en el Barrio Rojo son personas muy agradables, no los proxenetas que a menudo se dice que son por los medios de comunicación, políticos, formadores de opinión y personas con otros intereses. Si una chica necesita ayuda, la ayudarán, pero las reglas de la ciudad a menudo bloquean cuánto pueden ayudar a una chica. La mayoría de los operadores de burdeles tienen sus burdeles durante décadas, y a menudo son negocios familiares.

 

 

Trabajadoras sexuales de Amsterdam: las víctimas imprevistas de la gentrificación

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El plan del gobierno holandés de “limpiar” el distrito rojo de Ámsterdam y eliminar de la zona el crimen organizado ha obligado al cierre de muchas ventanas de burdeles, el desplazamiento de trabajadoras sexuales y el abandono de valiosos edificios.

 

https://www.theguardian.com/cities/2016/jan/15/amsterdam-sex-workers-unlikely-victims-gentrification-red-light-district

Viernes 15 Enero 2016

Beulah Maud Devaney

 

Un grupo de unicornios rosados se asoma a la ventana, agarrando sus teléfonos y discutiendo sobre la mejor manera de llegar a Leidseplein. Está lloviendo afuera, y los disfraces de felpa de los unicornios están empapados y fangosos en los tobillos. Las despedidas de soltero son una espectáculo frecuente en los alrededores del Oude Kerk, el corazón del barrio rojo de Amsterdam. Aparece otro grupo, vistiendo camisetas a juego diciendo “El castigo de Dave: solo pintas y stripers”. Ellos también, miran fijamente.

 
Este escrutinio es irritante pero comprensible; Estoy sentado en la ventana del Centro de Información de Prostitución de Amsterdam (PIC). A dos puertas de distancia, las mujeres escasamente vestidas se sientan en las ventanas, buscando clientes. El PIC es un café oscuro, cálido, repleto de artículos históricos sobre la prostitución, junto con brillantes decoraciones de Navidad. Al igual que el distrito de la luz roja, es una combinación de campamento sugestivo y comercialismo llamativo. Establecida por la ex trabajadora sexual y autora Mariska Majoor como un recurso de información, negocio de turismo y pastelería, es el tipo de lugar donde se puede pedir una tercera rebanada de tarta de manzana o la tarifa local de una mamada al mismo tiempo.

 
Sin embargo, cuánto durará esta política de hechos consumados hacia el seso en Amsterdam es algo que tiene a Majoor muy preocupada. Un plan gubernamental denominado Proyecto 1012 se propuso “limpiar” el distrito rojo y, desde que comenzó en 2007, se estima que se han cerrado 126 ventanas, provocando protestas de los propietarios de burdeles, una manifestación ante la alcaldía y acusaciones de que los políticos usan el comercio del sexo como chivo expiatorio para justificar un flagrante expolio de terreno. Un respiro llegó para aquellas que protestaron cuando se anunció a finales de 2015 que el ayuntamiento dejaría de cerrar las ventanas. Pero para algunas de las residentes del distrito de la luz roja, el daño ya había sido hecho.

 
Con el nombre del código postal del distrito, el proyecto 1012 pretende reemplazar las ventanas de burdeles por boutiques de lujo, cafés de lujo y proyectos de arte. La idea es hacerla menos atractiva a la ya creciente delincuencia organizada, y atraer un turismo de clase superior (bajo la suposición algo cuestionable de que la gente rica no visita a las trabajadoras sexuales). Dos nuevas empresas, la emisora de radio Red Light y el museo Red Light Secrets, son la avanzada de este proyecto gentrificador, que ha jugado bien en la prensa nacional holandesa. Pero muchos lugareños todavía necesitan ser convencidos.

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“No es tan fácil gentrificar una zona”, dice Majoor. “Todos los viejos se deben ir y toda la gente nueva y elegante debe ser atraída. [El gobierno] sabía que esto no sería fácil de hacer en un área tan famosa y complicada. Pero la trata de personas y el crimen organizado son cosas que nadie quiere, así que centraron el debate en eso “.

Cuando se anunció el Proyecto 1012, rápidamente quedó claro que muchas personas sacarían provecho del mismo, excepto las trabajadoras sexuales. Bajo la justificación de combatir el crimen, el gobierno forzó a los propietarios de burdeles a vender sus contratos de arrendamiento en este inmenso y valioso suelo. (Toda la tierra en Amsterdam es propiedad del gobierno y arrendada a los terratenientes). Si bien no hay duda de que algunos de los propietarios de burdeles estaban involucrados en actividades ilegales —gran parte del distrito rojo se cree que está controlado por el crimen organizado— Proyecto 1012 recompensó a todos, propietarios de negocios legítimos y presuntos delincuentes por igual, con una serie de beneficios multimillonarios.

 
No hay cifras disponibles públicamente sobre cuánto el gobierno pagó por edificios individuales, ni por el monto gastado en subsidiar a nuevas empresas para mudarse a los burdeles vacantes. Justificando el gasto, Joris Bokhove, coordinador del proyecto 1012, dijo: “Tratamos de apoyar a los jóvenes empresarios tanto como podamos, aunque nuestros recursos son limitados. En algunos casos hemos sido capaces de subvencionar las startups, y los socios inmobiliarios están dispuestos a bajar el alquiler para el período de inicio. Conectamos a los empresarios entre sí para alentar nuevas asociaciones, y participar activamente en el desarrollo de la vecindad “.
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Las únicas personas que no obtuvieron tierra, dinero o nuevas oportunidades fueron las mujeres que trabajaban en las ventanas —la misma gente que debía beneficiarse de la iniciativa de lucha contra la trata del Proyecto 1012. Aunque ha habido numerosos procesos contra los tratantes de personas en Ámsterdam, sólo una docena de ellos han caído dentro del alcance del proyecto, aunque se han cerrado más de 100 ventanas. Lo que sugiere que la represión del crimen o la seguridad de las trabajadoras sexuales era meramente una excusa conveniente.

La liquidación envió ondas de confusión a través del distrito rojo. Los dueños de los burdeles empezaron a preocuparse de que si no vendían inmediatamente, su negocio se cerraría forzosamente en una fecha posterior. La sospecha de quién estaba vendiendo y quién se mantendría se convirtió en algo que separó a una comunidad muy unida que hasta la década de 1990 había estado dirigida principalmente por pequeños empresarios locales. Esta comunidad resiliente fue puesta a prueba hace un par de décadas cuando un número de propietarios de prostíbulo de Europa oriental (el grupo más acusado de trata) se trasladó a la zona.

 

Varios de los trabajadores de los burdeles holandeses con los que hablé mencionaron a sus homólogos de Europa oriental como la verdadera causa del Proyecto 1012. A pesar de estas acusaciones, está claro que el Proyecto 1012 no estaba dirigido sólo a los propietarios extranjeros; los propietarios holandeses también fueron abordados por el gobierno y presionados para vender sus edificios.

 

Majoor no condena a los propietarios de burdeles que vendieron. “Cuando se recibe una gran oferta de dinero y no se tiene seguridad sobre el futuro del negocio, es muy tentador decir que sí”. Sin embargo, cree que todos han subestimado la importancia de las ventanas. “Las trabajadoras del sexo deben tener más voz en esta discusión”, dice. “El distrito de la luz roja es más que sexo, drogas y rock’n’roll, pero toda la vecindad se apoya en los burdeles de las ventanas.”

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En abril de 2015, más de 200 trabajadoras del sexo, encabezados por PIC y PROUD, los sindicatos holandeses de trabajadoras sexuales, marcharon por el centro de la ciudad de Amsterdam para protestar por la demonización de su industria y el cierre de las ventanas. La protesta más grande de la historia holandesa llamó la atención de la opinión pública sobre los posibles inconvenientes de la gentrificación del barrio rojo. Según Majoor fue como una vuelta a la solidaridad en el área.

 

“Cerrar las ventanas dificulta que las trabajadoras sexuales encuentren trabajo”, dice Felicia, una trabajadora sexual de Rumania que dirige el popular blog Behind the Red Light District y trabaja en las ventanas alrededor de Oude Kerk, a sólo unas pocas puertas de la PIC. “Hay muchas chicas ya que pasean de noche, buscando trabajo, porque ahora hay más chicas que ventanas”.

 

No todo el mundo está de acuerdo en que el barrio rojo tiene un sentido de comunidad que vale la pena preservar. Dana (no su verdadero nombre) fue trasladada a Amsterdam desde Bulgaria en 2008. Seis meses más tarde, escapó de sus captores, pero decidió seguir trabajando en las ventanas para poder enviar dinero a casa de su madre y su hermano menor. Nos conocimos en una cafetería ligera y aireada en la orilla del río Amstel, entre vecinos bronceados disfrutando del sol.

 

“¿Cómo pueden estas personas preocuparse por alguien como yo?”, pregunta Dana, señalando a nuestros compañeros clientes, uno de los cuales se da cuenta y nos da una tostada bastante incierta. “Trabajar en las ventanas es sólo un trabajo. Las personas que viven aquí no se preocupan por las prostitutas y no nos importa. Sólo nos valoran porque traemos dinero a la zona. Pero no hay comunidad aquí. A menos que usted llame ‘comunidad’ a no hablar más que con otras prostitutas porque nadie más le hablará.

 

“A pesar de su aversión a los residentes del área, Dana todavía apoya el esfuerzo del PIC para hacer campaña contra el Proyecto 1012. Puede que no le guste el distrito rojo , pero al trabajar allí paga el alquiler del apartamento de su madre en Bulgaria. Sin los ingresos fijos de los burdeles de las ventanas, Dana se preocupa de que ella tendrá que trabajar desde su propio apartamento (lo que violaría su contrato de alquiler) o mudarse a lugares más aislados, con menos clientes (y menos protección de la policía).

 

Existe un resentimiento palpable entre las trabajadoras sexuales del barrio rojo porque el gobierno utilizó el tema de la trata de personas para comprar algunos de los edificios más valiosos del área. Mujeres como Dana que han sido víctimas de trata se quedan preguntándose por qué los dueños de negocios que supuestamente traficaron con ellos se les están ofreciendo pagos masivos. Las organizaciones holandesas que trabajan con las víctimas de la trata de personas han condenado el proyecto por hacer menos accesibles a las mujeres vulnerables. Mientras tanto, los residentes como Majoor y Felicia están viendo un área que les encanta ser dividida y vendida, junto con su sentido de la comunidad.

 

¿Majoor piensa que las protestas detendrán la liquidación? “Siempre tendremos prostitución de ventanas y teatros sexuales en el distrito de la luz roja”, dice. “Se mantendrá un distrito rojo, sólo que más pequeño. Ellos quieren mantener la imagen de una ciudad excitante y seductora … Pero menos atemorizante para las personas lujosas que vengan aquí a gastar mucho dinero.”

¿Prostitución, trata o trabajo?

1 septiembre, 2014

Marta Lamas

http://www.nexos.com.mx/?p=22354

 

“Todo lo que nos incomoda nos permite definirnos”.
—Cioran

 

En 1989 empecé una relación de acompañamiento político a unas trabajadoras sexuales de vía pública en la ciudad de México, que después derivó en la realización de una investigación antropológica sobre algunos aspectos de sus vivencias y su organización del trabajo.1 De entonces a la fecha he visto cambios sorprendentes en cómo se habla y discute sobre el comercio sexual. En especial, me impacta que la propuesta de reglamentación del trabajo sexual se ha ido transformando en un alegato a favor de su total erradicación. En estas páginas intento aclarar mi posición, ante la postura de quienes insisten en “abolir” toda forma de comercio sexual, usando como excusa el combate a la trata.

Prostitución es un término que únicamente alude de manera denigratoria a quien vende servicios sexuales, mientras que comercio sexual da cuenta del proceso de compra-venta, que incluye también al cliente. Respecto a esta actividad persisten dos paradigmas: uno es el que considera que la explotación, la denigración y la violencia contra las mujeres son inherentes al comercio sexual y por lo tanto habría que abolir dicha práctica, y otro el que plantea que tal actividad tiene un rango de formas variadas de desempeño que deberían regularse así como reconocerse los derechos laborales de quienes se dedican a ella.2

A pesar de que a lo largo de los últimos 30 años muchas trabajadoras3 han reivindicado su quehacer como una cuestión laboral, desarrollando diversas estrategias para obtener derechos correspondientes, en la última década se ha multiplicado una perspectiva que califica a todas las mujeres que trabajan en el comercio sexual de “víctimas”. Hoy en día es patente el crecimiento y la expansión del comercio sexual, lo que expresa no sólo un fenómeno económico sino también una transformación cultural. Este notorio aumento viene de la mano de la liberalización de las costumbres sexuales y de la desregulación neoliberal de los mercados, que han permitido la expansión de las industrias sexuales como nunca antes, con una proliferación de nuevos productos y servicios sexuales: shows de sexo en vivo, masajes eróticos, table dance y strippers, servicios de acompañamiento (escorts), sexo telefónico y turismo sexual. Aunque la droga y el SIDA la han impactado dramáticamente, la industria mundial del sexo se ha convertido en un gran empleador de millones de personas que trabajan en ella, y que atraen igualmente a millones de clientes. Los empresarios tienen agencias de reclutamiento y sus operadores vinculan a los clubes y burdeles locales en varias partes del mundo, en un paralelismo con las empresas transnacionales de la economía formal. Y al igual que éstas, algunas se dedican a negocios criminales, como el mercado negro de la trata.

Las feministas que han reflexionado sobre el tema están divididas al respecto: hay quienes subrayan la autonomía en la toma de tal “decisión” mientras que del otro lado están quienes insisten en la “explotación” y coerción. Ahora bien, no son excluyentes: puede haber decisión y explotación, autonomía para ciertos aspectos y coerción para otros (Widdows 2013). Unas feministas argumentan que ninguna mujer “elige” prostituirse, que siempre son engañadas u orilladas por traumas infantiles de abuso sexual; otras aseguran que la mayoría lleva a cabo un análisis del panorama laboral y toma la opción de un ingreso superior a las demás posibilidades que están a su alcance. “Elegir” en este caso no implica una total autonomía, ni siquiera supone optar entre dos cosas equiparables, sino preferir, no un bien, sino el menor de los males.

En México en el contexto de la precarización laboral (el desempleo, la ausencia de una cobertura de seguridad social y la miserabilidad de los salarios) la llamada “prostitución” es una forma importante de subsistencia para muchas mujeres. Es un hecho que las necesidades económicas llevan a la gente sin recursos a hacer todo tipo de cosas, incluso algunas muy desagradables, como limpiar excusados o trabajar en los camiones de basura. La coerción económica es fundamental.4 Anne Phillips (2013a) dice que hay algo en el uso de las partes íntimas del cuerpo que vuelve la presión del dinero inaceptablemente coercitiva en el caso de la prostitución mientras que Martha Nussbaum (1999) señala que la compulsión económica es problemática, pero que la presión del dinero no se vuelve más coercitiva o inaceptablemente coercitiva sólo porque conduzca a un acceso íntimo en el cuerpo. Como las mujeres están ubicadas en lugares sociales distintos, con formaciones diferentes y con capitales sociales diversos, en ciertos casos el trabajo sexual puede ser una opción elegida por lo empoderante y liberador que resulta ganar buen dinero, mientras que en otros casos se reduce a una situación de una precaria sobrevivencia, vivida con culpa y vergüenza. Además, así como muchas mujeres ingresan por necesidad económica, otras son inducidas por la droga, y viven situaciones espantosas. Sin embargo, no hay que olvidar que también hay quienes realizan una fría valoración del mercado laboral y usan la estrategia de vender sexo para moverse de lugar, para independizarse, incluso para pagarse una carrera universitaria o echar a andar un negocio.

El trabajo sexual es la actividad mejor pagada que encuentran cientos de miles de mujeres en nuestro país, y más que un claro contraste entre trabajo libre y trabajo forzado, existe un continuum de relativa libertad y coerción. Y, al mismo tiempo que existe el problema de la trata aberrante y criminal con mujeres secuestradas o engañadas, también existe un comercio donde las mujeres entran y salen libremente, y donde algunas llegan a hacerse de un capital, a impulsar a otros miembros de la familia e incluso a casarse. Por eso, “quienes sostienen que es un trabajo que ofrece ventajas económicas tienen razón, pero no en todos los casos, y quienes insisten en que la prostitución es violencia contra las mujeres, también tienen razón, pero no en todos los casos” (Bernstein 1999: 117).

Aunque desde la perspectiva del liberalismo político no hay razón para estar en contra del comercio sexual mientras lo que cada quien haga con su cuerpo sea libremente decidido, muchas personas consideran que el comercio sexual es de un orden distinto de otras transacciones mercantiles. La venta de servicios sexuales ofende, irrita o escandaliza de una manera diferente que la situación de otras mujeres que venden su fuerza de trabajo, en ocasiones en condiciones deleznables, como las obreras de la maquila, las empleadas domésticas, incluso algunas meseras, enfermeras y secretarias. Cuando se denuncia la “explotación” de las trabajadoras sexuales no se menciona siquiera a tantas otras trabajadoras que también son explotadas. Muchas personas ven la “prostitución” como la degradación a la dignidad de la mujer. Pero no hay reacciones tan indignadas o escandalizadas ante formas aberrantes de explotación de la fuerza de trabajo en otro tipo de industrias. Tal vez porque lo que más molesta de la “prostitución” voluntaria es que atenta contra el modelo de feminidad.5

Sí, la prostitución femenina subvierte el paradigma de castidad y recato inherente a la feminidad (Leites 1990). Jo Doezema ha planteado que la distinción entre prostitución “forzada” y “voluntaria” reproduce la división entre “putas” y “santas” dentro de la propia categoría de prostituta, siendo la “puta” la que se dedica voluntariamente a dicha actividad mientras la “santa” es la forzada y, al ser una “víctima”, queda exonerada de ser despreciada (1998: 41). Como la expectativa cultural respecto de la sexualidad de las mujeres es que solamente tengan sexo dentro del marco de una relación amorosa (por lo que también se rechaza que las mujeres tengan sexo casual con “desconocidos”, aunque no cobren) la mayoría de las trabajadoras tiene dificultades para asumirse públicamente como tales. No obstante, algunas trabajadoras sexuales han caracterizado la prostitución como un acto transgresor y liberador.6 Lo que provoca el estigma, y muchas de las dificultades y discriminaciones que enfrentan las trabajadoras derivadas de él, es justamente la doble moral: la sexualidad de las mujeres es valorada de manera distinta de la de los hombres. Por eso hace muchos años Mary McIntosh dijo: “la prostitución implica, al mismo tiempo, un desafío y una aceptación de la doble moral del statu quo. Como tal, no puede ser ni condenada totalmente ni aceptada con entusiasmo” (1996: 201). Sí, la actividad sexual comercial de las mujeres es, al mismo tiempo, un desafío a la doble moral, que considera que las transacciones sexuales de las mujeres son de un orden distinto a las transacciones sexuales de los hombres, y una aceptación de dicha doble moral, porque persiste el estigma.

En el debate sobre cuál debería ser el estatus legal de la llamada “prostitución” es posible ver que las implicaciones7 para las políticas públicas que se derivan tanto de la penalización como de la despenalización pueden tener el efecto de exacerbar las desigualdades de género. Como ambas posturas tienen consecuencias en las vidas de las trabajadoras sexuales, resulta complicado hablar en abstracto del comercio sexual, sin ubicarlo en el contexto concreto e histórico en que ocurre y sin distinguir tanto el capital social de las trabajadoras como las condiciones laborales en que realizan su trabajo, en especial su libertad de movimiento. Una rápida mirada sobre la situación mundial muestra que la mayoría de las prostitutas son muy pobres. La brecha económica y social entre las de la calle y las call girls8 es sideral. Estas call girls, que no son engañadas, ni drogadas, ni secuestradas, y que seguramente podrían conseguir otro tipo de trabajo, están en el comercio sexual porque obtienen ganancias enormes. Ellas son, económicamente hablando, privilegiadas y representan una faceta distinta del fenómeno. Para las demás, que son la gran mayoría, la venta de servicios sexuales en contextos laborales de trabajos precarios, salarios miserables y gran desempleo, les permite sobrevivir y a algunas cuantas ganar en un día la misma cantidad de dinero que ganarían en semanas en otro tipo de desempeño laboral, si es que lo consiguieran.

Por eso algunas investigadoras sostienen que el comercio sexual no siempre tiene consecuencias negativas, y que con frecuencia es un medio importante de movilidad económica y de liberación personal (Agustín 2007; Day 2010; Kempadoo 2012). Sin embargo, ciertas filósofas y politólogas feministas, dentro de una reflexión sobre que algunas actividades humanas9 deberían estar fuera del mercado, piensan lo contrario (Phillips 2013a y 2013b; Widdows 2013). Ellas insisten en que el comercio sexual tiene un efecto negativo en la justicia social, en especial en cómo estructura las opciones vitales de las mujeres, pues su ejercicio obstaculiza las relaciones igualitarias.

Como se sabe, el mercado no es un mecanismo neutral de intercambio, y sus transacciones dan forma a las relaciones sociales. Si el mercado no sólo desata procesos económicos, sino que también da forma a la cultura y a la política, entonces hay que analizar cómo ciertas transacciones mercantiles frustran o impiden el desarrollo de las capacidades humanas (Sen 1996) mientras que otras determinan ciertas preferencias problemáticas. La ONU ha señalado que las creencias y mandatos de género en la economía estructuran y validan las relaciones desiguales entre los hombres y las mujeres de manera absolutamente funcional para la marcha del sistema social (ONU Mujeres 2012). Las relaciones de género “marcan el terreno sobre el que ocurren los fenómenos económicos y ponen las condiciones de posibilidad de los mismos” (Pérez Orozco 2012). De ahí que para evaluar un mercado laboral sea necesario evaluar también las relaciones políticas y sociales que sostiene y respalda, y examinar los efectos que tal transacción produce en las mujeres y los hombres, en las normas sociales y en el significado que imprime en las relaciones entre ambos. Hay mercados con consecuencias negativas para las relaciones de género, como el trabajo sexual y el servicio doméstico. La industria del sexo no toma en consideración el contexto de desigualdad social y económica entre mujeres y hombres por lo que refuerza la pauta de opresión patriarcal y contribuye a la percepción de las mujeres como objetos sexuales y, en ocasiones, incluso como seres socialmente inferiores a los hombres.

Se habla de “mercados nocivos” cuando impulsan y sostienen no sólo cuestiones económicas sino también éticas y políticas, y respaldan relaciones jerárquicas y/o discriminatorias totalmente objetables (Satz 2010).10 A los mercados que producen más desigualdad que otros se los califica de nocivos; por ejemplo, es obvio que el mercado de las verduras resulta mucho más inocuo que el del comercio sexual. Y aunque en principio muchos mercados pueden convertirse en nocivos, algunos tienen más posibilidades de hacerlo cuando hay una distribución previa e injusta de recursos, ingresos y oportunidades laborales (Satz 2010).

Pero aunque los mercados nocivos tienen efectos importantes en quiénes somos y en el tipo de sociedad que desarrollamos, no siempre la mejor política es prohibirlos. La mejor manera de acabar con un mercado nocivo es modificar el contexto en que surgió, o sea, con una mejor redistribución de la riqueza, más derechos y oportunidades laborales (Satz 2010). Las prohibiciones pueden llegar a intensificar los problemas que condujeron a que se condenara tal mercado.11 En ese sentido Satz señala que es menos peligrosa la prostitución legal y regulada que la ilegal y clandestina, pues ésta aumenta la todo tipo de peligros, tanto para las mujeres como para los clientes. Lo que en verdad debería preocupar es que en general el comercio sexual está rodeado de gran vulnerabilidad porque en muchos casos es una actividad con altos riesgos de violencia y de contagio de infecciones de transmisión sexual (ITS), en especial de VIH-SIDA.12 De ahí que consideraciones fundamentales para una política de salud pública (Gruskin et al. 2013) respaldan la importancia de una regulación que saque de la clandestinidad a quienes interactúan en esa dinámica de compra-venta.

Justamente por todo lo anterior, las prohibiciones y restricciones al trabajo sexual no son una solución, además de que van contra la libertad constitucional de las mujeres y son “maternalistas”.13 Como lo que impulsa a las trabajadoras a dedicarse a tal actividad suele ser la necesidad económica, prohibirla sin garantizarles un ingreso similar, ni la más mínima seguridad social, les quita una “tablita de salvación”. Si no se resuelven las circunstancias socioeconómicas que las llevan a tal actividad, penalizar para erradicar el comercio sexual las hundiría o marginaría aún más. Regular el comercio sexual no evita los problemas de violencia ni de discriminación por el estigma, pues como señaló hace años Nanette Davis: “No puede haber una política racional hacia la prostitución mientras exista la discriminación de género” (1993: 9). Sin embargo, comprender que la regulación es la forma en que las trabajadoras están más protegidas, no impide entender que el hecho de que ellas elijan la “prostitución” como el trabajo mejor pagado que pueden encontrar no es, en sí mismo, una confirmación de que se trata de una práctica deseable.

Además la regulación ha demostrado ser una excelente estrategia para combatir la trata (Kempadoo 2012). Por eso, es un error plantear la abolición del comercio sexual, como lo hace la Coalition Against Traffic in Women (CATW). Como integrante de esa extraña alianza entre religiosos puritanos y feministas radicales unidos en su misión abolicionista (Scoular 2010), la CATW agita discursivamente contra lo que considera que es la “esclavitud sexual”, término que aplica no sólo a las mujeres víctimas de trata sino a toda mujer en el comercio sexual. Las formas que toma esta cruzada son múltiples, y dependen de las tradiciones políticas y culturales de cada país, pero el eje de la política que impulsan es “salvar a las mujeres”: rescatarlas (Agustín 2007). Aunque el discurso público sobre prostitución muestra una amplia variación entre los países (Vanwesenbeeck 2001: 274), la política alentada por las abolicionistas de CATW se ha difundido ampliamente en oposición a las investigaciones académicas que dan evidencia empírica de que tal política viola los derechos civiles y laborales de las trabajadoras, aumenta el poder de terceros sobre las trabajadoras (clientes, padrotes, traficantes) y pone en riesgo su salud y su bienestar ¡sin jamás lograr el objetivo de abolir la prostitución!

La CATW, que “pretende eliminar el comercio sexual con el argumento de que la prostitución estimula el tráfico” (O’Connell y Anderson 2006: 14) no tiene nada que ver con otra organización internacional, la Global Alliance Against Trafficking in Women (GAATW). Este frente mundial distingue entre trabajo y trata y hace una labor de prevención y combate a la trata entre trabajadores(as) sexuales a partir de impulsar formas de regulación que respeten sus derechos.14 Mientras las trabajadoras sexuales y los activistas de derechos humanos argumentan a favor de la regulación, señalando que si la prostitución se prohíbe o penaliza es imposible establecer estándares laborales y sanitarios, y que precisamente la ausencia de regulación alienta formas de trabajo forzado, la CATW y su sucursal latinoamericana y caribeña CATWLAC lanzan discursos flamígeros contra el comercio sexual, impulsan una cruzada moralista que alienta el “pánico moral”.15

El tráfico de seres humanos es un pavoroso flagelo criminal, del cual el tráfico con fines de explotación sexual es sólo una parte (Casillas 2013; Chang 2013). Sin embargo, de acuerdo a Kamala Kempadoo, “El tráfico sexual ha surgido como una metáfora del estado de degradación de la humanidad en el siglo XXI y se ha convertido en el eje principal de la crítica académica a una variedad de relaciones sociales de poder contemporáneas, tanto a nivel local como mundial” (2012: viii). En México están documentados casos de traslado de mujeres de un lugar a otro dentro y fuera del territorio mexicano así como las distintas formas de coerción (droga, retención de hijos, amenazas) para que den servicios sexuales. Pero aunque esa práctica nefasta es una parte mínima de la industria del sexo,16 la cobertura mediática ha magnificado el fenómeno de la trata pues es más rentable hablar de “esclavas sexuales” que de mujeres pobres. Investigaciones académicas analizan cómo el discurso incendiario de las abolicionistas sobre los cuerpos “violados” o “explotados” de las mujeres traficadas es también parte de una política xenófoba de “seguridad nacional” contra migrantes, y encuentran que el clima de miedo a la inmigración es el telón de fondo de muchas de las políticas en contra del comercio sexual (Kulick 2003; Agustín 2007; Scoular 2010; Weitzer 2010; Kempadoo 2012).

La cruzada moralista de la CATW ha logrado instalar mundialmente un discurso apocalíptico sobre la trata y el tráfico, que ya circula en nuestro país a través de la CATWLAC. Hablar solamente de mujeres víctimas de trata sin reconocer la existencia de otras trabajadoras sexuales favorece posturas fundamentalistas, que desvían la imprescindible lucha contra el tráfico hacia el absurdo proyecto de abolir todo el comercio sexual. Y así como no hay que confundir la situación de las mujeres obligadas a tener sexo a través de engaños, amenazas y violencia con la de otras mujeres que realizan trabajo sexual por razones económicas, tampoco hay que confundir a los clientes. Si bien hay cómplices indiferentes de ese atentado brutal contra la libertad y la dignidad que es la trata, en el comercio sexual también los hay respetuosos y atentos, como relatan las propias trabajadoras; algunos incluso se vuelven clientes “regulares” y desarrollan relaciones sentimentales que duran años. Es imperativo deslindar el comercio sexual de la trata con fines de explotación sexual, pues dicha confusión se expresa en actos discursivos que logran un cierto efecto en la sociedad y en el gobierno.

Hay que combatir la trata, pero respetar a las personas que se dedican al comercio sexual, y apoyar a las que quieren tener otra ocupación.17 Pero lo que priva hoy en día es lo que Kempadoo (2012) denomina “la aplanadora antitráfico”: una estrategia discursiva que tiene como fin último abolir toda forma de comercio sexual. Un elemento de dicha estrategia es el de calificar a las personas que defienden los derechos de las trabajadoras sexuales como “pro prostitución” y decir que con tal postura se favorece la trata.18

Nuestra Constitución y nuestro sistema político democrático garantizan la libertad individual, incluso la de vender y de comprar servicios sexuales. Sin embargo, al revisar la situación del comercio sexual en México el panorama es deprimente pues el esquema con que funciona —al menos en el Distrito Federal— refleja los distintos y complejos intereses de los grupos organizados que están implicados en el negocio, ya que la legislación vigente está llena de omisiones e incongruencias. En la ciudad de México la prostitución es legal pero se penaliza el lenocinio. La definición de lenocinio del Código Penal Federal no ha sido modificada desde 1931: el lenocinio se comete contra personas menores de 18 años o que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo. En cambio, el Código Penal del DF (reformado en 2007) declara que se castigará por cometer lenocinio al que:

  1. Habitual u ocasionalmente explote el cuerpo de una persona u obtenga de ella un beneficio por medio del comercio sexual.
  2. Induzca a una persona para que comercie sexualmente su cuerpo con otra o le facilite los medios para que se prostituya.

III. Regentee, administre o sostenga prostíbulos, casa de citas o lugares de concurrencia dedicados a explotar la prostitución, u obtenga cualquier beneficio con sus productos.

¿Qué significa “explotar el cuerpo de una persona”? ¿A qué se llama “obtener un beneficio por medio del comercio sexual”? Bajo esa ambigüedad cabe cualquier cantidad de actividades. La imprecisión coincide con la deliberadamente confusa redacción del Protocolo de Palermo,19 y con ella se puede consignar a cualquier familiar, socio, empresario, hotelero o amistad que realice alguna tarea o apoyo de cualquier forma a una persona que se dedique al trabajo sexual.

De esa manera el delito de lenocinio, cuya moderna acepción es la de “trata”, sirve para manifestar discursivamente un rechazo moralista al comercio sexual, mientras que en los hechos dificulta establecer formas legales de organización del trabajo sexual de quienes quieren trabajar independientemente, sin padrotes ni madrotas. Por ejemplo, si un grupo de trabajadoras decidiera rentar un local donde dar servicios sexuales, a quien firme el contrato de alquiler se la podría acusar de “lenona” o “tratante”. Así se persigue a quien trabaja en la calle al mismo tiempo que se le impide organizarse en locales cerrados. Esta ambigüedad hipócrita obstaculiza la autoorganización de las trabajadoras y el desarrollo de formas más discretas y seguras de ofrecer el servicio. Además, a esta incongruencia legal se suma el sórdido entramado de corrupción y abuso que rodea al comercio sexual, donde no sólo los que controlan el negocio logran inmensas ganancias sino también algunas autoridades delegacionales, policiacas y judiciales. Y quienes intentan trabajar por fuera de las mafias, y sin dar mordidas, enfrentan no sólo dificultades enormes sino grandes peligros.

Para empezar a “limpiar” el terreno donde se lleva a cabo el comercio sexual y para garantizar los derechos de quienes trabajan en ese sector hay que ir más allá de las posturas fundamentalistas del abolicionismo y regular el negocio. Hay que apoyar a las trabajadoras más vulnerables para que, mientras cambian las condiciones educativas y laborales de nuestro país, puedan trabajar sin riesgos y de manera independiente de las mafias o, si lo desean, capacitar para realizar otro tipo de trabajo. Además de ampliar el marco legal con nuevas formas de organización laboral es indispensable mejorar la seguridad de la mayoría de quienes se dedican a esa actividad con formas de supervisión que no permitan la extorsión. Son muchas las cuestiones que hay que analizar y debatir, especialmente porque la postura abolicionista sostenida por la CATWLAC inhibe una discusión civilizada al responsabilizar a quienes están por la regulación de ser instrumentales en la proliferación de la trata. Esto atemoriza a cualquiera, pero más a políticos y funcionarios.

Por ello es imprescindible impulsar un debate público sobre la regulación del comercio sexual, y analizar cómo el puritanismo que se ha filtrado en la discusión alimenta lo que Elizabeth Bernstein (2012) denomina el “giro carcelario” de la política neoliberal.20

Al reconceptualizar el comercio sexual como “tráfico de mujeres”, el activismo feminista abolicionista ha transnacionalizado un discurso que alienta una política punitiva, que Bernstein denomina “carcelaria”. Esta autora analiza cómo el movimiento feminista llamado “antitráfico”, que usa un discurso sobre las víctimas, facilita un control creciente sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres y produce una “remasculinización del estado”. Bernstein encuentra que anteriormente las feministas en contra de la violencia sexual tomaron la vía del activismo de base para combatirla, pero ahora acuden cada vez más al terreno judicial. La penalización legal es concebida por esas feministas como lo más eficaz para frenar a los clientes y los padrotes: “Necesitamos leyes que hagan que los varones se lo piensen antes de entrar al negocio de la explotación sexual comercial” (2012: 241). Bernstein critica que el feminismo abolicionista le haya dado la espalda a una reflexión más crítica sobre las causas estructurales (económicas y culturales) del fenómeno, y que al denunciar la “prostitución” como una forma de violencia sexual se hayan decantado hacia la penalización otorgando un respaldo ideológico al modelo punitivo neoliberal. Ella concluye que al ampliar y fortalecer la intervención judicial, en lugar de insistir en que el Estado se enfoque en las condiciones de la explotación de la fuerza de trabajo, se desplaza la problemática de la “prostitución” de los factores estructurales a las personas “delincuentes”. Esto, que ha tenido un impacto devastador en quienes se dedican al trabajo sexual, también alimenta el ascenso del modelo carcelario.

Como se ve, el debate es complejo y abarca mucho más que los argumentos sobre “las víctimas” y los “degenerados”, que es lo que se suele ventilar cuando se discute sobre comercio sexual en nuestro país. Obvio que la compraventa de sexo seguirá produciendo conflictos y desacuerdos, y que seguiremos discutiendo y discrepando en torno a estas cuestiones. Obvio también que no hay que dejar de lado ni el combate contra la trata ni las políticas de salud contra el SIDA y las ITS. Pero en última instancia los grandes cambios económicos y la creciente fluidez en el movimiento de personas, capital y servicios que provoca la reestructuración globalizada del capitalismo no deben de hacernos olvidar lo que también significa simbólicamente el comercio sexual. Liv Jessen, una trabajadora social directora del Pro Centre, un centro nacional para prostitutas en Noruega, dice: “La prostitución es una expresión de las relaciones entre mujeres y hombres, de nuestra sexualidad y los límites que le ponemos, con nuestros anhelos y sueños, nuestro deseo de amor e intimidad. Tiene que ver con la excitación y con lo prohibido. Y tiene que ver también con el placer, la tristeza, la necesidad, el dolor, la huída, la opresión y la violencia” (2004: 201). Reflexionar sobre esto es una de las maneras de acercarnos a una mejor comprensión de la condición humana y, por ende, a mejores formas de convivencia.

 

Marta Lamas
Antropóloga. Directora de la revista Debate Feminista y profesora-investigadora del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM. Su más reciente libro es Cuerpo, sexo y política.

Bibliografía

Agustín, Laura María (2007): Sex at the Margins. Migration, Labour Markets and the Rescue Industry, London, Zed Books.

Barry, Kathleen (1987): Esclavitud sexual de la mujer, laSal, edicions de les dones, S.A., Barcelona.

Bernstein, Elizabeth (1999): “What´s Wrong with Prostitution? What´s Right with Sex Work? Comparing Markets in Female Sexual Labor”, en Hastings Women´s Law Journal, vol. 10:1, Winter 1999.

Bernstein, Elizabeth (2012): “Carceral politics as gender justice? The ‘traffic in women’, and neoliberal circuits of crime, sex and rights” en Theor Soc 41, pp. 233-259.

Brigada Callejera (2013): ABC de la trata de personas, Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez” A.C., México.

Casillas, Rodolfo (coord.) (2013): Aspectos sociales y culturales de la trata de personas en México, México, INACIPE.

Chang, Grace (2013): “This is What Trafficking Looks Like”, en Inmigrant Women Workers in the neoliberal age, editado por Nilda Flores-González, Anna Romina Guervarra, Maura Toro Morn y Grace Chang.

Davis, Nanette (1993): Prostitution. An international handbook on trends, problems and policies, London, Greenwood Press.

Day, Sophie y Helen Ward (2009): Sex Work, Mobility and Health in Europe, London, Routledge.

Day, Sophie (2010): “The reemergence of “trafficking”: sex work between slavery and freedom”, en Journal of the Royal Anthropological Institute, número16, pp. 816-34.

Delacoste, Frédérique y Priscilla Alexander (comps.) (1987): Sex Work. Writings by Women in the Sex Industry, San Francisco, Cleis Press.

Doezema, J. (1998): “Forced to choose: Beyond the voluntary vs. forced prostitution dichotomy”, en Global Sex Workers: Rights, resistance and redefinition, editado por K. Kempadoo y J. Doezema, New York, Routledge.

Dworkin, Andrea (1997): Intercourse, Touchstone Books, USA.

Gruskin Sofía, Gretchen Williams y Laura Ferguson (2013): “Realigning Government Action with Public Health Evidence: The Legal and Policy Environment Affecting Sex Work and HIV”, en Journal of Culture, Health and Sexuality, DOI:10.

ILO (1998): The Sex Sector. The economic and social bases of prostitution in Southeast Asia, editado por Lin Lean Lin, International Labour Office, International Labour Organization, Geneve.

Jessen, Liv (2004): “Prostitution seen as violence against women”, en Sex Work, Mobility and Health in Europe, editado por Sophie Day y Helen Ward, London, Kegan Paul,

Kempadoo, Kamala y Jo Doezema (1998): Global Sex Workers. Rights, Resistance and Redefinition, New York, Routledge.

Kempadoo, Kamala (coord.) (2012a): Trafficking and Prostitution Reconsidered. New Perspectives on Migration, Sex Work and Human Rights, London, Paradigm Publishers.

Kempadoo, Kamala (2012b): “The Anti-Trafficking Juggernaut Rolls On”, en Trafficking and Prostitution Reconsidered, editado por Kamala Kempadoo con Jyoti Sanghera y Bandana Pattanaik, London, Paradigm Publishers.

Kulick, Don (2003): “Sex in the New Europe: The Criminalization of Clients and Swedish Fear of Penetration”, en Anthropological Theory, Sage Publications online, vol. 3, núm. 2, pp. 199-218.

Leites, Edmund (1990): La invención de la mujer casta. La conciencia puritana y la sexualidad moderna, Siglo XXI de España Editores, Madrid.

Sumi Madhok, Anne Phillips y Kalpana Wilson (coords.) (2013): Gender, Agency and Coercion, London, Palgrave Macmillan.

McIntosh, Mary (1996): “Feminist debates on prostitution”, en Sexualising the social: Power and the organization of sexuality, compilado por L. Adkins y V. Merchant, London, MacMillan Press.

Mackinnon, Catherine (1993): “Prostitution and Civil Rights”, en Michigan Journal of Gender and Law 13 (1). Se puede leer en internet en: http://www.prostitutionresearch.com/ mackinnon1.html

Nengeh Mensah, María, Claire Thiboutot y Louise Toupin (2011): Lutes XXX. Inspirations du mouvement des travailleuses du sexe, Québec, Les éditions du remue-ménage.

Nussbaum, Martha (1999): “Whether from Reason or Prejudice. Taking Money for Bodily Services”, en Sex and Social Justice, Oxford, Oxford University Press .

O’Connell Davidson, Julia y Bridget Anderson (2006): “The Trouble with ‘Trafficking’ ”, en Trafficking and Women’s Rights, editado por Christien L. van den Anker y Jeroen Doomernik, Hampshire, Palgrave.

ONU Mujeres (2012): La economía feminista vista desde América Latina. Una hoja de ruta sobre los debates actuales en la región, ONU Mujeres, Santo Domingo.

Pérez Orozco, Amaia (2012): “Prólogo”, en La economía feminista vista desde América Latina. Una hoja de ruta sobre los debates actuales en la región, ONU Mujeres, Santo Domingo.

Pheterson, Gail (comp.) (1989): A Vindication of the Rights of Whores, Seattle, The Seal Press. Hay una versión española como Nosotras, las putas, Talasa Ediciones, Madrid.

Phillips, Anne (2013a): Whose body? Whose Property?, London, Palgrave.

Phillips, Anne (2013b): “Does the Body Make a Difference?”, en Gender, Agency and Coercion, editado por S. Madhok, A. Phillips y K. Wilson, London, Palgrave, Macmillan.

Rekart, Michael (2005): “Sex-work harm reduction”, en The Lancet, vol. 366 diciembre, pp. 2123-34.

Satz, Debra (2010): Why Some Things Should Not Be for Sale. The Moral Limits of Markets, Oxford, Oxford University Press.

Scoular, Jane (2010): “What’s Law Go To Do With It? How and Why Law Matters in the Regulation of Sex Work”, en Journal of Law and Society, vol. 37, núm. 1, marzo 2010.

Sen, Amartya (1996): “Capacidad y bienestar”, en La calidad de vida, Nussbaum y Sen compiladores, México, Fondo de Cultura Económica.

Skilbrei, May-Len y Charlotta Holmström (2011): “Is There a Nordic Prostitution Regime?”, en Crime and Justice, vol. 40, núm. 1, The University of Chicago Press, pp. 479-517.

Vanwesenbeeck, Ine (2001): “Another Decade of Social Scientific Work on Sex Work: A Review of Research 1990-2000”, en Annual Review of Sex Research 2001, Research Library 12, pp. 242-289.

Weitzer, Ronald (2009): “Sociology of Sex Work”, en Annual Review of Sociology 35, pp. 213-234.

Weitzer, Ronald (2010): “The Movement to Criminalize Sex Work in the United States”, en Journal of Law and Society, vol. 37, núm. 1, marzo 2010.

Welldon, Estela (1993): Madre, virgen, puta. Idealización y denigración de la maternidad, Siglo XXI de España Editores, Madrid.

Widdows, Heather (2013): “Rejecting the Choice Paradigm: Rethinking the Ethical Framework in Prostitution and Egg Sale Debates”, en Gender, Agency and Coercion, editado por S. Madhok, A. Phillips y K. Wilson, London, Palgrave, Macmillan.

1 De esa experiencia nacieron algunos ensayos y mi tesis de maestría en etnología “La marca del género. Trabajo sexual y violencia simbólica”, ENAH, 2003.

2 Hay muchísimo publicado desde ambas posturas. Las autoras paradigmáticas de la postura que considera que siempre es violencia contra las mujeres son Barry 1987; McKinnon 1993; Dworkin 1997; mientras que en la otra destacan Agustín 2007; Day 2010; Scoular 2010; Kempadoo 2012. Una revisión de la literatura de ciencias sociales sobre trabajo sexual de 1990 a 2000 se encuentra en Vanwesenbeeck 2001, y un análisis sociológico al respecto en Weitzer 2009.

3 Si bien también hay hombres que se dedican a la venta de sexo, la dinámica y la problemática de las mujeres es muy distinta. Tanto mi investigación como mi activismo político han sido con mujeres y fundamentalmente me referiré a ellas a lo largo de estas páginas. Para escritos de las propias trabajadoras sexuales: ver Delacoste y Alexander 1987; Pheterson 1989; y Nengeh Mensah, Thiboutot y Toupin 2011.

4 Aunque las mujeres eligen la venta de sexo fundamentalmente por cuestiones económicas, también existen casos donde son las razones psíquicas las que las impulsan. Por eso también se ha investigado y reflexionado sobre los condicionantes psicológicos. Ver Welldon 1993.

5 No ocurre lo mismo con la prostitución masculina, que no subvierte el paradigma de masculinidad. La valoración de la masculina toma como “natural” y valioso que a los varones les guste el sexo.

6 Básicamente algunas organizaciones estadunidenses, como COYOTE, y muchas trabajadoras sexuales europeas. Ver Pheterson 1989 y Nengeh Mensah et al., 2011.

7 Una implicación sustantiva es la relativa a la salud pública, que no analizaré en estas páginas pero que sin duda mueve a muchos gobiernos a tomar la postura de la regulación (Rekart 2005; Day y Ward 2009; Gruskin, Williams y Ferguson 2013).

8 Uso el término call girls para referirme a quienes trabajan en departamentos, aunque en ocasiones las acompañantes (escorts) también trabajan así.

9 Este debate se ha centrado en si permitir o prohibir transacciones vinculadas al cuerpo, como la venta de órganos, el alquiler de úteros, y también la prostitución. Ver S. Madhok, A. Phillips y K. Wilson 2013.

10 Debra Satz analiza los mercados nocivos, donde incluye al del sexo, establece cuatro parámetros relevantes para valorar un intercambio mercantil y los aplica al trabajo sexual: 1) vulnerabilidad, 2) agencia débil, 3) resultados individuales dañinos y 4) resultados sociales dañinos. La vulnerabilidad y la agencia débil aluden a lo que las personas aportan en la transacción; la vulnerabilidad aparece cuando las transacciones se dan en circunstancias de tal pobreza o desesperación que las personas aceptan cualquier condición, y la agencia débil se da cuando en las transacciones una parte depende de las decisiones de la otra parte. Los otros dos parámetros (daños individuales y sociales) son característicos de los resultados de ciertos mercados cuando posicionan a los participantes en circunstancias extremadamente malas, por ejemplo, en las que son despojados o en las que sus intereses básicos están aplastados. También eso produce resultados extremadamente dañinos para la sociedad, pues socava el marco igualitario que requiere una sociedad y alienta relaciones humillantes de subordina- ción. Ver Satz 2010.

11 Me sorprende el paralelismo que se da con el aborto. No es que a quienes luchamos por la despenalización del aborto nos parezca tal intervención la mejor de las prácticas, y propongamos su regulación para que más mujeres aborten, sino que pensamos que la penalización produce males mayores, que la regulación abate.

12 Para un panorama sobre los riesgos sanitarios que tiene el trabajo sexual y la importancia de una política de salud pública ver Rekart 2005 y Gruskin, Williams y Ferguson 2013.

13 Llamo “maternalismo” al paternalismo de las feministas abolicionistas, que pretenden “rescatar” y “salvar” a las mujeres, aun en contra de sus deseos y su voluntad.

14 En México Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez” A.C. es integrante de la Red Latinoamericana y del Caribe contra la Trata de Personas, que es el capítulo regional de la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW, por su nombre en inglés).

15 Respecto al pánico moral Sophie Day (2010) establece un paralelismo entre la situación actual y la época victoriana. Day señala que durante tal época, con sus intensas transformaciones económicas y sociales, el pánico moral en torno a la prostitución, la “trata de blancas” y la enfermedad venérea (en especial la sífilis) expresó las angustias culturales respecto al cambiante papel de las mujeres y a los procesos de inmigración y urbanización. Alentadas por una amplia coalición de feministas y grupos religiosos que había decidido “rescatar” a las mujeres, aparecen las leyes sobre “enfermedades contagiosas” (1864, 1866 y 1869) que perfilaban a la prostituta como peligrosa física y moralmente al mismo tiempo que la consideraban vulnerable. Así se justificó la regulación moral, social y legal de muchas mujeres solteras de la clase trabajadora, para que la salud moral de la sociedad quedara a salvo. También Jane Scoular (2010) comparte tal equiparación y añade que el espectro de la esclavitud sexual servía como cortina de humo para tapar otras cuestiones, como la esclavitud colonial. ¿Qué estará tapando hoy en México el espectro de la trata?

16 Debido a su ilegalidad hay escasas estadísticas sobre el número de mujeres que se dedican al comercio sexual. Brigada Callejera, usando un modelo de la Organización Internacional del Trabajo sobre el sector sexual para estimar la cantidad de personas que se dedican al trabajo sexual, estima en 800 mil mujeres, de las cuales 200 mil son menores de 18 años, en nuestro país. Para ver el modelo, consultar ILO 1998.

17 Esa es justamente la postura de Brigada Callejera, que ha publicado varios manuales sobre trata dirigidos tanto a las trabajadoras sexuales como a los funcionarios que tienen a su cargo las políticas públicas. Ver Brigada Callejera 2013.

18 Este discurso intimidatorio ya se lo han aplicado a la Secretaria del Trabajo del GDF, por acatar la resolución de la Juez Primera de Distrito, que resolvió que había que reconocer el carácter de trabajadores no asalariados de quienes se dedican a ofrecer ese servicio en vía pública.

19 Es el Protocolo de la ONU que se firmó en diciembre de 2000 en Palermo, y que con la influencia del gobierno de Bush introdujo la confusión entre trata y prostitución. Ver Saunders 2004 y Weitzer 2010.

20 El análisis de Bernstein se inscribe en una tendencia crítica donde varios autores analizan la relación entre las estrategias carcelarias contemporáneas para la gobernanza social con la agenda económica neoliberal. Indudablemente hay varios aspectos del problema vinculados con otras transformaciones culturales del capitalismo tardío que ella no analiza al acotar su reflexión al comercio sexual.

 

Georgina Orellano, prostituta y feminista argentina: “El feminismo prohibicionista nos victimiza y criminaliza”

 

Daniel Hopenhayn 03 Enero, 2017

http://www.theclinic.cl/2017/01/03/georgina-orellano-prostituta-y-feminista-argentina-el-feminismo-prohibicionista-nos-victimiza-y-criminaliza/

 

Se define como “puta, feminista, peronista y anticapitalista”. Hace once años ejerce el trabajo sexual en Buenos Aires y desde 2014 lidera AMMAR, Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, que cuenta con 6500 afiliadas y una creciente visibilidad en su país. Reclaman al Estado que reconozca lo suyo como un trabajo para poder salir de la clandestinidad, evitar los abusos policiales, acceder a derechos laborales y enfrentar el estigma cultural. Y aunque enmarcan su discurso en un feminismo militante, el enemigo que les ha salido al paso no usa sotana ni corbata. Se trata del “feminismo abolicionista”, con el cual sostienen una lucha de poder de alto voltaje que a diario saca chispas en seminarios de género, redes sociales y hasta en el Congreso. Georgina (30) y sus compañeras las acusan de patriarcales y moralistas, de querer pensar por ellas y “salvarlas” mientras impulsan leyes que las reprimen y cosifican. Aquí desmenuza las contradicciones de esas “feministas de escritorio” a las que esperan arrebatar el dominio de las políticas públicas que incumben a su sector.

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AMMAR ha acuñado el eslogan “Puta y Feminista”. ¿Cómo se llevan hoy la prostitución y el feminismo?
–Mirá, hubo todo un proceso por el cual las trabajadoras sexuales hemos pasado a ver con buenos ojos el feminismo. Al principio, cuando comenzamos a pedir la palabra en espacios donde está muy tensa la discusión sobre prostitución, nosotras contábamos los problemas que nos genera trabajar en la clandestinidad y presentábamos nuestra reivindicación principal: que el Estado reconozca el trabajo sexual y nos dé un marco legal, con acceso a derechos laborales básicos. Pero al plantear esto nos veíamos enfrentadas al feminismo abolicionista, que hoy ocupa muchísimos lugares de poder en las instituciones del Estado que ven políticas de género. Ese abolicionismo ya tiene poder en la toma de decisiones, incluida la decisión de que la prostitución no pueda ser considerada un trabajo, y de arrojarnos encima el derecho penal, apelando al sistema punitivista para combatir la trata de personas sin importar que esa política nos termine criminalizando a nosotras. Entonces, cuando veíamos ese feminismo, la verdad es que sentíamos que eran nuestras enemigas. Esa fue la primera impresión que tuvimos, decíamos “si eso es el feminismo, nosotras no somos feministas”. Porque además, en las discusiones usaban argumentos súper violentos.

¿Por qué violentos?
–Porque no sólo traían el discurso teórico abolicionista, sino que descreían de nuestros testimonios. Cuando contábamos por qué habíamos elegido el trabajo sexual frente a otros trabajos por los cuales hemos pasado, se producía una fuerte discusión en la que nuestros testimonios todo el tiempo eran deslegitimados. Eso nos llevaba a comparar a ese feminismo con el aparato represivo de las fuerzas de seguridad, que también deslegitiman nuestros testimonios y así nos cobran una coima para dejarnos trabajar. Ellas hacían un poco eso: querer “policiar” el cuerpo de las demás y decirnos qué deberíamos hacer o no hacer. Y todo el tiempo hablándonos de un mundo ideal, nunca hablaban de la realidad. Yo comparto que una tiene que luchar por esa utopía de vivir en una sociedad justa, libre e igualitaria, pero creo que esa transformación pasa por darle derechos a las minorías para que no sean aplastadas por las mayorías dominantes. Y no veíamos que esa fuera la propuesta de ese feminismo.

Es que el sentido común de cierto feminismo ve en la prostitución la esencia misma del patriarcado y de la explotación de la mujer. ¿Qué respondes tú a eso?
–Yo creo que el propio feminismo abolicionista es un poco patriarcal, aunque con cara de mujer. Porque todo el tiempo nos quiere aleccionar desde un lugar superior, cómodo y muchas veces privilegiado. Sin siquiera antes sentarse a escuchar lo que la otra compañera tiene para decir, o lo que el otro sujeto político que está organizado tiene para contar de su propia experiencia. En el país hay un montón de mercados laborales en los que se explota, cosifica y mercantiliza a la mujer –también al hombre–, y muchos no eligieron libremente esos trabajos, sino coaccionados por la necesidad económica. Entonces, ¿por qué poner el foco en abolir la prostitución? En una sociedad donde las mujeres ganamos menos que los hombres, accedemos menos a lugares de poder y las de sectores populares sólo podemos realizar trabajos domésticos o manuales mal pagados, el trabajo sexual a nosotras nos remunera más y es más liberador, porque trabajamos menos horas y con mucha más autonomía. Por eso lo elegimos. Pero el feminismo abolicionista todo el tiempo está pensando por nosotras, con argumentos hasta un poco morales.

¿Crees que se enfocan en la prostitución por moralismo?
–Sí, es una cuestión moral. El empleo doméstico, por ejemplo, también es ejercido por mujeres que vienen de los sectores populares. Sin embargo, la política del Estado argentino no fue abolir ese trabajo, sino reglamentarlo y mejorar sus condiciones, reconocer derechos como las vacaciones, los días por enfermedad, la jubilación. Ahí las abolicionistas no pusieron ningún tipo de objeción, todas estuvieron a favor. Pero esas mujeres, que también están a favor de despenalizar el aborto porque cada mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, son las mismas que se oponen rotundamente a que las trabajadoras sexuales tengamos acceso a derechos.

Quieres decir que, para ellas, todas las mujeres son dueñas de su cuerpo mientras no sean putas.
–Exactamente, sí, mientras no cobren por sexo. Y creo que ese quiebre en su discurso se explica por cuestiones morales, por tabúes socioculturales todavía muy arraigados respecto del rol de la mujer en la sexualidad.

¿Cómo así?
–Históricamente la sexualidad fue un campo de batalla donde la mujer tenía que ceder. El que podía disfrutar y desear era el hombre. Y que algunas mujeres decidan ofrecer servicio sexual a cambio de una remuneración económica, desafía esos patrones al proponer que cada mujer decide qué hace con su sexualidad y qué provecho le saca. En cambio, pretender que haya una única sexualidad femenina, pura y legítima, me parece es partir de un discurso moralista que hace una división entre las mujeres buenas y las malas, entre un sexo puro y un sexo indigno.

Tienes una frase muy citada: “Mientras creamos que la concha es sagrada difícilmente combatiremos al patriarcado”.
–Sí. Lo que sostengo es que la fuerte oposición a que seamos reconocidas como trabajadoras proviene de la parte del cuerpo con la cual trabajamos. Nadie está cuestionando por qué un albañil decide poner en riesgo su integridad física y su salud, ni que el sistema capitalista se quede con la ganancia que su fuerza de trabajo produce. No hay tensión ahí. Toda la tensión aparece cuando nosotras decimos que ponerle un precio a tu sexualidad puede ser una salida laboral que te genere muchísima más independencia que otros trabajos destinados a la mujer. Ahí nos dicen “no, no se puede comercializar el sexo”. ¿Y por qué sí las manos, las piernas, la espalda? Porque se piensa que esa parte del cuerpo de la mujer es sagrada. Por eso no se le puede poner un precio. Y creo que pensar que la sacralidad de la mujer y su dignidad solamente están en su sexualidad, es seguir obedeciendo un poco al patriarcado.

Quizás ellas te contestarían que es al revés: si bien otros empleos también explotan el cuerpo, la cosificación sexual de la mujer es, en la guerra contra el patriarcado, la madre de las batallas.
–Pero hay un montón de otros trabajos en los cuales la mujer termina explotando su capital erótico. Acá en Argentina, la mayoría de los puestos laborales que una puede agarrar en los avisos clasificados te piden buena presencia y no pasar de los 35 años. La moza explota su capital erótico, las promotoras, las secretarias, las modelos, las vedettes… Y si ellas deciden hacer eso conscientemente, porque saben que así pueden ganar muchísimo más, hay que respetar la decisión de esa mujer. Cuando nosotras empezamos a formarnos un poco más en el feminismo, vimos que el abolicionismo teórico te dice que la prostitución es producto de la desigualdad de género. Pero las políticas que ellas impulsan no parten de romper con esa brecha. Acá en nuestro país se pensaron trabajos para sacarnos de la prostitución, pero eran talleres para ser peluqueras, para que hagamos carteras, toallones, bisutería… ¿Esos son los trabajos que tenemos que hacer para dejar de ser funcionales al patriarcado?

Lo que objetan algunas teóricas del feminismo es que la mujer que explota sus atributos físicos perjudica a todas las que no los tienen, porque perpetúa la figura de la mujer objeto que vale por eso.
–Sí, pero yo creo que la mujer tiene que valer por el valor que ella se pone. Algunas explotan su valor erótico, otras su valor intelectual, y lo que eso viene a reflejar es que todas somos diferentes. Si pretendemos un mundo con un solo tipo de mujer socialmente aceptado, vamos por un camino claramente incorrecto. Hay un montón de mujeres y cada una potencia su cuerpo y su placer a su manera, vende su capital erótico y sus otras capacidades a su manera. Creo que todas tienen que ser respetadas y legitimadas.

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Entre feministas jóvenes, un tema de mucho debate ha sido el reggaetón. Unas acusan a otras de obedecer al deseo masculino que las denigra o las reduce.
–Mirá, la mujer sigue obedeciendo a un montón de presiones socioculturales: mantenerse joven, ser madre, asumir ella la educación y la crianza de sus hijos, mantener todo el sistema de la limpieza y la responsabilidad de la casa. Esos puntos habría que tratar, antes que caerles a las mujeres que bailan reggaetón o les gusta perrear. Me parece que a veces el movimiento feminista se desvía en querer castigar a otras mujeres, haciendo esta división entre las buenas y las malas que recae sobre nosotras porque, supuestamente, cobramos por algo que no tiene precio. En cambio, nosotras decimos que hay un montón de situaciones en que la mujer le pone un precio a sus relaciones. El matrimonio es una de ellas, y no vemos que estén pidiendo abolir la institución matrimonial, dentro de la cual son violentadas y abusadas muchísimas más mujeres que en el trabajo sexual. En Argentina cada 36 horas muere una mujer asesinada dentro de sus entornos familiares. Y sin embargo la política de ellas no es abolir la institución matrimonial.

A propósito de eso, leí que tú antes les cobrabas más a las mujeres, por ser un servicio menos habitual, pero después decidiste hacer lo contrario.
–Sí, porque entendí que al cobrar más a las mujeres seguía fomentando esa desigualdad: que a la mujer siempre le va a costar más disfrutar su sexualidad. Y eso fue darme cuenta de un montón de cosas. Por ejemplo, de por qué la mayoría de clientes que tenemos son varones. No es porque nosotras estemos haciendo funcionar el patriarcado, sino porque el varón está mucho más legitimado para disfrutar su sexualidad. Muchas mujeres me dicen, o me escriben, que a ellas les encantaría pagar un servicio sexual, pero la culpa se los impide, se sienten haciendo algo malo al pensar sólo en su propio disfrute. Y hay más clientes varones por otra razón: en muchas familias, la mujer no gana su propio dinero. En los últimos años comenzó toda una avanzada para que la mujer salga de la casa y se inserte en el trabajo, pero va a llevar un tiempo bastante largo invertir esa cuestión y que las mujeres también se animen a pagar.

POLICÍAS Y PSICÓLOGAS

Para buena parte de la sociedad, ayudar a las prostitutas significa ofrecerles “un trabajo digno”. ¿Qué tan difícil ha sido instalar una voz que dice “nosotras queremos hacer esto”?
–Muy difícil, sobre todo por una razón: durante siglos se ha hablado y se ha escrito sobre la prostitución, pero las que tomaron la voz nunca fueron las prostitutas. Nosotras estamos organizadas hace 21 años y fue toda una lucha no sólo ser reconocidas como un sujeto político válido, sino ser escuchadas en las mismas mesas donde se discutían políticas públicas para nuestro sector. Se habían sentado ONGs, movimientos de mujeres, gente de la academia, pero a nosotras nunca nos convocaron. Tuvimos que partir por algo tan básico como conquistar una voz en nuestros espacios. Cuando los docentes o los metalúrgicos piden mejorar sus condiciones, el Estado se sienta a negociar con ellos, no con otra gente que viene a pensar por ellos. Y eso refleja lo que venimos hablando: esa actitud maternalista por parte de algunas, cercana al patriarcado, de decidir por nosotras como una especie de salvadoras, creyendo que somos mujeres no pensantes…

Sino explotadas…
–Claro, tomarnos por víctimas: lo que decimos no es legítimo porque no somos conscientes de lo que estamos haciendo. Es súper violento tener que escuchar esos argumentos. Es tratarnos como mujeres incapaces, infantilizar nuestras voces. Y me parece que eso, aunque provenga de un sector que se reconoce como feminista, es una actitud claramente machista.

Y que, según reclaman ustedes, favorece al principal enemigo que tienen, la policía.
–Sí. Porque el abolicionismo te dice “no perseguimos a las mujeres”, pero una vez que institucionalizan sus posiciones, despliegan un montón de legislaciones que les entregan muchísimo más poder a las fuerzas policiales para que hostiguen a nuestras compañeras, las coimeen, las violenten, realicen detenciones arbitrarias, les allanen los departamentos, les roben el dinero y sus pertenencias, en fin.

En 2012 se modificó en Argentina la ley que penaliza la trata de personas, y ahora ustedes no pueden decir que sus servicios sexuales son consentidos. Lo que digan al respecto vale cero, ¿no?
–Exactamente. La ley anterior, del año 2008, diferenciaba trata de personas de explotación laboral y de trabajo sexual autónomo. Y la modificación que sufrimos en 2012 fue producto de un juicio muy emblemático que hubo en el país, por el caso de Marita Verón, una joven tucumana que todavía no ha sido encontrada. Los tres imputados quedaron sobreseídos y eso generó un clamor social que se tomó las calles. Entonces, un poco para apaciguar ese reclamo, un 18 de diciembre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner llamó a sesiones extraordinarias para modificar la ley sobre trata de personas. Esa ley ya se venía trabajando en el Congreso, donde nosotras ya habíamos planteado que eliminar el consentimiento de la mujer nos sería muy perjudicial. Y como no había acuerdo sobre ese punto, siempre quedaba encajonado. Pero bueno, ahí en sesiones extraordinarias se aprobó. Y la consecuencia es que hoy, para el Estado, todo es trata de personas. Muchos diputados y diputadas, a los cuales les hicimos ver que se estaba legislando sin la maduración en el debate político que merecía ese proyecto, hoy reconocen que no sabían las consecuencias de lo que estaban votando.

¿Cuáles han sido esas consecuencias?
–Bueno, a partir de esa ley se cerraron la mayoría de los lugares donde nuestras compañeras ejercían el trabajo puertas adentro, en sus domicilios particulares o en departamentos que compartían con otras compañeras.

¿Por qué?
–Porque muchos fueron allanados sin orden judicial, que es otro de los poderes que se otorgó a la policía. Y nadie es veedor de lo que la policía hace. Allanan sin orden judicial, les roban a nuestras compañeras el dinero recaudado y sus objetos de valor. Y en muchos casos, no sólo se clausuró el lugar y ellas quedaron en la calle, sino que también alguna quedó procesada como la supuesta regentora del lugar, la que explotaba a las otras.

¿Con qué pruebas?
–Simplemente por haber sido la que abrió la puerta en el allanamiento, la consideraban dueña del lugar. O en otros casos, por ser la más veterana, la justicia entendía “bueno, vos sos la mayor, vos explotás a las otras”. Nos encontramos con situaciones de muchísimo abuso y muchísima arbitrariedad. En la mayoría de los casos fuimos litigando, aunque muchas compañeras desistían de seguir con el proceso judicial, que acá es muy largo. Pero bueno, una de ellas llegó hasta el final y marcó el precedente de demostrar a la justicia que ella era trabajadora sexual autónoma y que era perseguida por los agentes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los operadores judiciales. Y una jueza obligó al gobierno de la Ciudad a que deje de perseguirla, que deje de allanarle su vivienda que es también su lugar de trabajo. Y que si el gobierno quiere ser el ente regulador de la prostitución, debe primero regularla como lo que es. Ese primer fallo demostró, justamente, que las políticas antitrata no diferenciaban entre trata y trabajo sexual, que se llevaban puesto todo. Criminalizaron el trabajo sexual y empujaron a una cantidad de compañeras a terminar trabajando en la clandestinidad.

Las precarizaron al máximo.
–Así es. La que antes tenía un departamentito y lo compartía con una compañera, ahora se quedó en la calle y tiene un perfil de Facebook. Ahí se contacta con los clientes y directamente pasa al encuentro en la casa del cliente o en un hotel, pero no tiene un lugar físico. Y eso también dificultó a la organización con el alcance hacia nuestras compañeras. Antes podíamos visitarlas en el departamento, hablar con ellas, ver cómo ejercían su trabajo. Hoy por hoy, muchas de ellas no sabemos dónde están.

Aparte de estas prerrogativas que tiene ahora la policía, entiendo que la ley también creó unas brigadas de psicólogas que se llaman “rescatistas”.
–Sí, la Oficina Nacional de Víctimas de Trata. Son un grupo de psicólogas y trabajadoras sociales que ingresan en el allanamiento para, en teoría, asistir a las víctimas. Por lo que nos han contado la mayoría de nuestras compañeras que pasaron por la entrevista con la psicóloga, son preguntas inquisidoras todo el tiempo. Y son ellas las que elaboran el informe que llega al juez o al fiscal, y ese informe desestima totalmente que la decisión de las mujeres de ejercer la prostitución sea voluntaria. Siempre ven que está coaccionada, que no elige por sí misma sino víctima de una situación de vulnerabilidad. Y mientras la psicóloga las entrevista, ellas ven cómo los policías y los operadores judiciales se están llevando su dinero, sus celulares, y nadie les responde. Y también, muchas veces, cuando su lugar quedó clausurado, ellas le decían a la psicóloga que no tenían dónde más ir, que por favor las dejaran quedarse ahí, y ellas les dijeron “no, te venís conmigo al refugio o te quedás en la calle”. Nosotras decimos que ellas son las policías de la moral. Las compañeras pueden negarse a hacer la entrevista, pero ellas nunca les dicen que existe esa posibilidad, directamente las sientan y les comienzan a hacer esas preguntas que les imponen la figura de la víctima. Y después hablamos de cosificación, ¿no?

Algunos pensarán, cuando lean esta entrevista, que al negar la condición de víctima generalizas una situación tuya que para otras sí puede ser más dramática. ¿Qué les contestarías?
–Primero, que si ha habido un “discurso único” alrededor de las trabajadoras sexuales, ha sido el discurso victimizante que reduce nuestra capacidad de decisión. Y si decidimos salir a hablar es, en parte, justamente para mostrar que no todo en el mercado sexual es igual, que hay otras historias posibles, de mujeres que decidimos hacer trabajo sexual como un proyecto laboral emancipatorio. Todas las voces deben escucharse, pero hasta acá, las voces desacreditadas han sido las nuestras. Y siempre remarco que nunca presentaría mi historia como representativa de todo un colectivo. Cada una tiene su historia, su recorrido. Lo que nos une a todas son las consecuencias de trabajar en la clandestinidad y la lucha por mejorar nuestras condiciones laborales y acceder a derechos.

LA BATALLA CULTURAL

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En algún discurso decías que la gran batalla cultural, para ustedes, es ser aceptadas por sus propias familias. Y que algunas le tienen más miedo a que sus familias sepan en qué trabajan que a irse presas.
–Sí. El principal problema nuestro no es lo que la gente piensa: la violencia de nuestros clientes, o haber tenido que hacer esto como la única opción y vivirlo con mucho drama. Nosotras decimos “no, mirá, yo no tengo problemas con mis clientes ni me siento víctima por hacer esto”. El gran problema nuestro es el estigma. Todos esos prejuicios de personas que juzgan, que señalan, que discriminan, se convierten en el estigma de ser puta, de hacer un trabajo que unos denigran y otros victimizan. Se convierten en vivir muchos años de manera clandestina, mintiéndoles a las propias familias, creando un montón de barreras de ocultamiento: tener dos teléfonos, salir vestida de tu casa con una ropa y después ponerte una minifalda o un pantalón ajustado y unos zapatos en la casa de alguna amiga para poder pararte en la esquina, esconder el dinero, vivir con el temor de que algún conocido te vea en la calle y le vaya a contar a tu familia. Y el miedo a que tu propia familia, tu propio entorno te excluya, no te acepte. Porque nuestra familia también es parte de esa sociedad, ¿no?

¿Y han logrado torcerle la mano a eso, abrir el tema y que la familia apoye?
–Mirá, en el último tiempo sí. También eso se debe a que hubo muchas compañeras que hicieron camino al andar, y nos demostraron que no hay nada más liberador que poder contarle a tu alrededor verdaderamente quién sos, a qué te dedicás, y dejar de vivir todo eso con la culpa. Sacarte esa mochila súper pesada que llevás sobre la espalda porque te creés lo que la sociedad deposita sobre nosotras. Contar tu historia y que tu familia, tus hijos, tus amigos, te acepten… eso no se compara con nada. Yo lo viví en carne propia. Y también lo veo cuando mis compañeras vienen y me cuentan que se lo contaron a su novio, a sus amigas, que se lo pudieron contar a su madre, a sus hijos, y lo cuentan tan emocionadas… Porque es eso, ¿no? Es sacarnos lo que durante mucho tiempo llevábamos a escondidas, como salir del clóset.

Además, me imagino que el comentario “qué va a pensar tu hijo cuando sepa” debe ser la zona más sensible de ese estigma.
–Bueno, y si hay un actor que trabaja arduamente para potenciar ese estigma, es el abolicionismo. Porque justamente su argumento es: “si tanto defendés el trabajo sexual, ¿se lo recomendarías a tu hijo?”. Como diciéndome que si yo soy puta, quiero que mi hija sea puta, y después vengo por las sobrinas y las nietas. O decir sobre nosotras “son sólo diez, y además andan con caretas”. Y no entendés que esa mujer tiene que usar una careta porque hay discursos como el tuyo que predominan en un montón de espacios, y que recaen de tal manera sobre la vida de esa mujer que, en vez de poder contar quién es y mostrar la cara, tiene que taparse. Porque ahí está el abolicionismo diciendo todo el tiempo que nosotras no elegimos esto, que estamos mintiendo… Y ya eso de meter a nuestros hijos en el medio de un debate demuestra una actitud muy controladora, ¿no? Se supone que si vos sos feminista y querés destruir el patriarcado, no vas a defender la carga moral que se le puso durante siglos a la maternidad. Pero nos dicen “ustedes son madres que no piensan en sus hijos”.

Para sus hijos, al mismo tiempo, también debe ser todo un tema cargar con ese discurso social: “tu mamá es tal cosa”.
–Claro, ese es uno de los temores que tenemos, por lo menos las que somos mamás y jefas de hogar. Una cosa es que tus hijos sepan que sos trabajadora sexual y te acepten, y otra cosa es cómo nuestros hijos van a poder defenderse en sus ámbitos –la escuela, el club de amigos– y generar herramientas para deconstruir prejuicios. Para mí, la raíz de todo lo que recae sobre la trabajadora sexual tiene que ver con lo moral, con los prejuicios sexuales y también sociales que hay. Y después, con el enorme desconocimiento de personas que dan cosas por hecho sin siquiera ponerse a pensar.

Tu movimiento ha tenido llegada en algunos sectores del feminismo, pero la pelea con las abolicionistas ha subido mucho de tono. Ustedes denuncian que ellas les boicotean las cuentas de Facebook, convocan a quemar sus volantes publicitarios y cosas por el estilo. ¿Qué explica tanta tensión?
–El problema del sector abolicionista es que ha conquistado un montón de políticas públicas –no sólo la ley nacional sino muchas ordenanzas municipales y decretos presidenciales, como la prohibición de los avisos clasificados en los diarios– pero ya no sabe cómo mantener lo conquistado. Porque desde el otro lado se alzan cada vez más voces de mujeres que, además de reconocerse como trabajadoras sexuales, cuentan las consecuencias de las políticas que ellas han impulsado desde un feminismo de línea prohibicionista que nos victimiza y criminaliza. Y creo que al no saber cómo enfrentar la avanzada de las trabajadoras, apelan, desde la bronca, desde la impotencia, a esas acciones, como denunciar las cuentas de Facebook para que no podamos visibilizar más lo que venimos haciendo. O decir que las dirigentes de la organización no somos trabajadoras sexuales, sino que tenemos todo un discurso armado que está financiado por el proxenetismo internacional…

¿Les dicen eso?
–Nos dicen eso. A mí me dicen que no soy trabajadora sexual y que fui formada por el proxenetismo internacional. Pero todos esos argumentos reflejan, justamente, la situación incómoda en que están ellas con su discurso de la mujer víctima que no eligió y que ellas están salvando. Ahora esas mujeres están diciendo “yo no soy víctima y no quiero que nadie me salve, sino que el Estado me reconozca mi trabajo y mis derechos”. Entonces hay, por un lado, trabajadoras hablando en primera persona, y por el otro, algunas feministas institucionalizadas hablando detrás del escritorio, donde no hay nadie que pueda respaldar ese discurso.

Tú dices que están más preocupadas de construirse a sí mismas como activistas.
–Sí, y por eso están siempre preocupadas de lo que genera la organización. Porque en todos los espacios donde ellas van a hablar, hablan de nosotras. Hablan de nuestras actividades, hablan del “Puta y Feminista”, que según ellas es una movida que generamos para atraer a chicas desde una mirada más cool. Muchas veces vienen periodistas y nos preguntan “mirá, fui a una charla y dijeron que ustedes eran proxenetas, que son un invento…”. Ante su situación incómoda, lo único que surge es desacreditar a una organización social que, como todas, pasa por procesos de maduración, de debates internos, de pensar estrategias para incidir políticamente y comunicacionalmente… Y ahora que, para peor, tenemos un gobierno de derecha, ha quedado a la vista que ellas dejaron ahí un montón de dispositivos judiciales para quienes quieran perseguir a la mujer que ejerce el trabajo sexual.

Vi un cartel que decía “Te lo decimos las putas: Macri no es hijo nuestro”.
–Sí, Macri y tantos otros.

Un doble reclamo: no le digan “hijo de puta” que nos ofende.
–Claro. Durante mucho tiempo nosotras nos corríamos de la palabra puta. No queríamos ni que nos fuera mencionada. Decíamos “no, nosotras somos trabajadoras y queremos que la sociedad nos comience a respetar como clase obrera”. Pero también vimos que al dejar que la palabra puta se siga usando para estigmatizar a las mujeres y sus cuerpos, le regalamos cosas al patriarcado. Esta fue toda una discusión interna que tuvimos. Y decidimos que no queremos regalar más nada, que durante muchos años le habíamos regalado casi todo a muchísima gente que se ha aprovechado del estigma nuestro, y de nuestra clandestinidad, para hablar por nosotras, para escribir libros por nosotras y hablar desde la academia por nosotras. Y que la puja de la organización sindical también recuperar esos espacios que ganó la mirada prohibicionista. Así que resolvimos reapropiarnos colectivamente de la palabra puta para quitarle el estigma y que algún día deje de ser un insulto a la mujer. Porque incluso para insultar al hombre se sigue insultando a la mujer que hay detrás del hombre. Y la raíz de eso es que hay un colectivo de trabajadoras sexuales, de putas, que está estigmatizado. Entonces, el día que nos reconozcan como trabajadoras, y el día en que demos entre todos y todas una gran batalla cultural, seguramente la palabra puta no tendrá el tinte peyorativo y discriminatorio que hoy tiene.

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Derivas sociológicas y de las ciencias sociales sobre la prostitución

 

 

Santiago Morcillo*

 

Octubre – Diciembre 2016

 

http://produccioncientificaluz.org/index.php/espacio/article/view/22004/21731

 

Derivas sociológicas y de las ciencias sociales sobre la prostitución.

 

Santiago Morcillo*

 

Resumen

En el marco de la relación múltiple y cambiante que la Sociología ha entablado con la prostitución, este artículo busca repasar apenas algunas de las líneas más significativas en la producción de las ciencias sociales sobre el sexo comercial para comprender las claves de lectura actuales. En primer lugar se abordan algunos hitos en la construcción sociológica de la prostitución como objeto de estudio. Luego se considera el influjo del debate feminista en sus distintas posiciones y también de los movimientos de prostitutas o trabajadoras sexuales. Por último se mencionan algunos temas que se han intersectado con la prostitución y el mercado sexual para finalmente dejar planteadas las vicisitudes y necesidades de esta área.

 

Palabras clave: Prostitución; Sociología; Feminismo; Trabajadoras Sexuales

 

La Sociología y la prostitución han construido una relación compleja y que ha sufrido varias transformaciones. Dar cuenta exhaustivamente de los abordajes sociológicos de la prostitución, incluso restringiéndonos a las últimas décadas, implicaría un trabajo que excede con mucho los límites de este escrito de pretensiones más humildes. Aquí busco repasar apenas algunas de las líneas que me parecen significativas en la producción de las ciencias sociales sobre el sexo comercial a fin de comprender mejor cuáles son las claves de lectura actuales.

 

La prostitución llega a constituirse como objeto de análisis para las ciencias sociales y la sociología durante del siglo XIX y en diálogo con otros campos discursivos: la medicina –y en particular el higienismo-, la filosofía y la ética, y el derecho han sido claves en este sentido. A pesar del latiguillo de “profesión más antigua” resulta problemático construir una línea de continuidad entre la prostitución moderna y otras formas de intercambios sexo económicos en la antigüedad. Varios estudios modernos acerca de la prostitución en la antigüedad se apoyan en la noción de una “prostitución sagrada”. Más allá de su existencia empírica1, en la mayoría de los casos la imagen de la prostitución sagrada -la poderosa sacerdotisa o diosa prostituta- sirve para marcar un contraste con la figura de la prostituta

luego del cristianismo -la lujuriosa descarriada o la victimizada Magdalena arrepentida-. Este es el caso de Bataille (1997), que planteó la oposición entre la prostitución religiosa y la prostitución moderna a la que denomina la “baja prostitución”. Esta surge de la miseria, y el valor simbólico atribuido a estas prostitutas será únicamente el de la exclusión.

 

Como otros tantos objetos sociológicos, la construcción sociológica de la prostitución moderna vendrá marcada por el abordaje primigenio de la medicina higienista. Desde mediados del siglo XIX, el desarrollo urbano tuvo aparejado el crecimiento del burdel al cual los médicos higienistas buscaron transformar en “casa de tolerancia”. En este marco emerge en 1836 el estudio “De la prostitución en la ciudad de París desde el punto de vista de la higiene pública, la moral y la administración” de Alexandre Parent Duchâtelet, señalado como uno de los fundadores de la investigación en temáticas sexuales desde las ciencias sociales y del comportamiento (Bullough y Bullough, 1996). Más allá de sus sesgos, lo que cristaliza por primera vez con el estudio de Parent Duchâtelet, es la construcción de las prostitutas como una “población”, en sentido foucaultiano: se enfoca hacia la extensión de la prostitución, se necesita medirla, conocer sus rasgos como grupo. Como veremos, esta caracterización epidemiológica de las prostitutas resonará cuando irrumpa la epidemia de VIH/sida (Morcillo, 2015).

 

A su vez, en este momento histórico emerge “la prostituta” como personaje del elenco de anormales y perversos que produce el “dispositivo de sexualidad”2 (Foucault, 2002). Al situar al sexo como clave para descifrar la identidad subjetiva, el dispositivo de sexualidad genera personajes perversos, esencializando prácticas “desviadas” y postulándolas como emergentes, puntas de un iceberg que esconde un complejo sistema subjetivo pervertido. La constitución de la figura de “la prostituta” surge como uno de los efectos de este dispositivo, sumado a leyes específicas que aislaron y segregaron a las prostitutas del resto de la clase trabajadora (Guy, 1994; Walkowitz, 1980).

 

Esto permitirá entender la orientación de la sociología de la desviación en sus exploraciones sobre la prostitución. Este enfoque –que tuvo importancia en la sociología hasta la década de 1990- se mueve desde la pregunta por “¿quiénes son las prostitutas?” hasta cuáles los motivos y las formas de entrada en la prostitución (ver por ejemplo Davis, 1937). Varias investigaciones han tomado a las prostitutas como objeto para estudiar conductas desviadas (sexuales o de consumo de drogas, de propagación de enfermedades venéreas o delincuencia juvenil) sin cuestionar la construcción ideológica de “la prostituta” ni pensar en paralelo en otras formas de intercambios sexo-económicos (ver en Pheterson, 2000; Tabet, 2004)3.

 

Sin embargo, desde la sociología de la desviación también nacerá una línea que habilita a repensar el papel de la categoría “prostituta”. Acá tienen un papel importante tanto el desarrollo de la teoría del etiquetaje de Howard Becker como los desarrollos de Erving Goffman sobre el estigma. Ambos abordajes han permitido reconstruir la posición de la prostituta en una trama de relaciones sociales, dejando de lado el peso puesto a las características personales y psicológicas. En esta línea de trabajo se han desarrollado, desde mediados de los 80’ y hasta la actualidad, distintos estudios que describirán el manejo de la identidad y permiten elaborar una crítica de la estigmatización que sufren las prostitutas a partir del análisis de sus vidas cotidianas (por citar sólo algunos: Fonseca, 1996; Gaspar, 1985; Kong, 2006; Morcillo, 2011, 2014a; Pasini, 2000; Piscitelli, 2006; Sanders, 2005). En esta línea de trabajo, la socióloga Gail Petherson (2000) ha planteado un concepto clave para comprender cómo funciona la prostitución: el “estigma de puta”, que no solo controla y disciplina la sexualidad de las que venden servicios sexuales sino de todas las mujeres. Este enfoque ha permitido desarrollar todo un abordaje de la prostitución que comprende en clave crítica las relaciones de género que la atraviesan, sin por ello poner a las prostitutas en un lugar de meras víctimas sin capacidad de agencia. Pero para esta transformación, además de los desarrollos en la sociología de la desviación, serán también clave los movimientos de prostitutas (Pheterson, 1989). Nacidos a fines de los 70’, es el diálogo con estos movimientos el que permite a la sociología feminista percibir con agudeza el peso de la estigmatización entre quienes se dedican al sexo comercial. Sin embargo las posiciones del feminismo están divididas respecto a la prostitución y otras voces se han contrapuesto a esta posición.

 

Las guerras del sexo y la polarización del debate feminista.

 

Un punto ineludible para comprender el desarrollo la sociología en torno al mercado sexual en las últimas décadas son las transformaciones en el debate feminista sobre la prostitución. La prostitución ya era un tema importante desde el feminismo de la primera ola. Estas feministas hacían énfasis en dos elementos: las condiciones socio-económicas de las mujeres y una crítica del matrimonio. Según Barbara Sullivan (1995) el feminismo de la primera ola comprendía a la prostitución dentro de un continuo de intercambios sexuales-económicos que marcaban las posiciones de las mujeres. Sin embargo, las perspectivas comenzaron a trasformarse tempranamente en el marco de ligazón del movimiento feminista abolicionista de la prostitución con los movimientos religiosos de “pureza social” y su vuelco hacia la cuestión de la “trata de blancas” a fines del siglo XIX4. Más adelante, esta misma temática reflotaría a fines del siglo XX, denominada ahora como “trata de personas”5 y acicateada por los fenómenos económicos trasnacionales asociados a la globalización y trasformaciones geopolíticas (retomaré este punto más adelante).

 

A esta circunstancia se sumó también desde mediados de los 80’ el debate feminista sobre la sexualidad, que en el marco del feminismo euro-anglosajón se conoce como las guerras del sexo (sex wars). Aquí surge la oposición entre las concepciones del feminismo radical, que conceptualiza al sexo en un contexto patriarcal como un peligro, y del feminismo libertario o pro-sexo, que lo enfocará como una posibilidad de placer. De un lado, se plantea que negociar el placer sexual no conlleva a ninguna forma de libertad, ni es el placer un tema central de la sexualidad femenina; la cuestión es la dominación y la forma de detenerla (Dworkin, 1987, 1993; MacKinnon, 1987). Del otro, se sostiene que la cuestión clave de la sexualidad son los aspectos potencialmente liberadores del intercambio de placer entre individuos que consienten (ver Ferguson, 1984: 53). En estas discusiones las prostitutas ocuparon tanto el lugar de esclavas sexuales como de paradigma de la subversión sexual (Chapkis, 1997).

 

En el feminismo radical la homogeneización sobre las diversas experiencias de las mujeres en el sexo comercial puede comprenderse a partir del tono esencialista que mantiene la concepción de sexualidad. Más allá de la crítica en clave de género, las diferencias en términos de clase, de raza, de nacionalidades, de edades y de mercados sexuales son despreciadas desde este enfoque. A ello debe sumarse los señalamientos en cuanto a la escasa rigurosidad metodológica de sus investigaciones (Weitzer, 2005a).

 

Aunque el feminismo radical es la línea teórica más desarrollada dentro de las posiciones abolicionistas de la prostitución, también podemos encontrar otros enfoques que se reconocen como feministas y desarrollan una comprensión contextualizada de la comercialización del sexo, desarticulando el esencialismo de las feministas radicales. Desde estas posiciones se toma en cuenta el papel del género –pero no como una estructura de dominación dicotómica e inamovible— sin desatender el rol que juegan la clase y la raza. Si bien no abundan estudios desde estas perspectivas se puede mencionar, por ejemplo, a Julia O’Connell Davidson (2002) quien objeta tanto las miradas abolicionistas como las pro-trabajo sexual; cuestiona la concepción reificada del poder, que para unas aparece en manos de los clientes y/o proxenetas, y para otras se halla concentrado en el Estado y en la legislación que criminaliza a la prostitución.

 

La otra posición del debate feminista sostiene la noción de “trabajo sexual” como forma de conceptualizar a la prostitución. Aquí ocupan un lugar importante las feministas que en el contexto de las sex wars se han denominado “pro-sexo”. Si bien algunas feministas pro-sexo, simplemente perciben a la prostituta en un sentido diametralmente opuesto al del

feminismo radical -como un agente de subversión del orden sexual-6; la mayoría elaboran sus concepciones sobre sexualidad teniendo en cuenta un contexto cultural de dominación masculina: “el sexo se entiende como construido por esta cultura, sin ser completamente determinado por ella” (Chapkis, 1997: 23). Lo que caracteriza a esta perspectiva es la noción de que el sexo es un terreno de lucha y no un campo de posiciones fijas de género y de poder.

 

Muchas lecturas de los planteos de las feministas pro-sexo se ven perjudicadas por el juego político de polarización. En este sentido, Adriana Piscitelli sostiene la necesidad de correrse de las posiciones que tienden a la simplificación de la problemática. En Gênero no mercado do sexo –un artículo clave que sintetiza este punto de vista— Piscitelli aclara que los problemas ocurren cuando se interpreta la sexualidad como mera corporificación del género –tal como se puede leer la perspectiva de MacKinnon— o como parte de posiciones o identidades de género fijas; pero también cuando en una perspectiva de identidades fluidas se dificulta el acceso a los scripts que están siendo performados en un contexto (Piscitelli, 2005: 20).

 

Un punto ineludible para comprender el desarrollo de este debate es el surgimiento de los movimientos de prostitutas. Ya desde mediados de los 70’, algunas prostitutas habían comenzado a pelear por sus derechos por primera vez públicamente y conformando alianzas junto a otros actores. A partir de la década siguiente florecerán en todo el mundo diversas organizaciones de prostitutas (Gall, 2007; Pheterson, 1989; West, 2000). Según la activista y prostituta Carol Leigh (1997)7, la expresión “trabajo sexual” (sex work) y luego “trabajadora sexual” fueron acuñadas por ella en 1980 debido a los problemas que les causaba a las mujeres presentarse como “prostitutas” en los contextos feministas. La concepción de la prostitución como un trabajo se halla ligada desde su surgimiento a dos problemas centrales: la estigmatización y las divisiones entre mujeres.

 

En este contexto emergen nuevas formas de pensar y denominar a la prostitución, concebida ahora como “trabajo sexual”, y da el marco para que algunas feministas y académicas/os comiencen a investigar y pensar esta problemática con estudios que se visibilizarán a lo largo de la década del 90’ (Piscitelli, 2006). Como vimos antes, a partir de las colaboraciones con los movimientos de prostitutas Gail Pheterson (2000) logra desarrollar la mencionada noción de “estigma de puta” como un elemento constitutivo sin el cual no puede comprenderse a la prostitución. Para Pheterson, lo que se sanciona específicamente con el estigma de puta es el pedido explícito de dinero, pero además

se condena cualquier gesto de autonomía femenina8. Dolores Juliano (2002, 2003) ha retomado esta idea al concebir a la estigmatización de las putas como modelo de control sobre la sexualidad femenina, que refuerza la división entre mujeres puras y putas aislando a las prostitutas en un submundo. Por ello, para estas autoras, como para toda la posición pro-trabajo sexual, es clave la alianza entre putas y no putas como forma de poner en cuestión la división patriarcal entre mujeres “buenas” y “malas”. Kamala Kempadoo también ha sugerido otras alianzas posibles a partir de la redefinición de la prostitución como trabajo sexual pues se vincula con:

 

Las luchas por el reconocimiento del trabajo de la mujer, por los derechos humanos básicos y por condiciones de trabajo dignas: luchas que no son específicas de la prostitución y el comercio sexual, sino que son comunes a la lucha general de las mujeres [y a su vez esta redefinición] destaca la naturaleza variada y flexible del trabajo sexual así como sus similitudes con otras dimensiones de la vida de las/los trabajadores/as. (1998: 1).

 

El enfoque del trabajo sexual expandió tanto las nociones de trabajo como las de sexualidad. Por un lado, en el caso de la sexualidad permite ir más allá de los intercambios que usualmente se piensan como “prostitución”, es decir mero sexo a cambio de dinero y sin afecto. Por ejemplo, Piscitelli (2008) ha considerado los vínculos afectivos que las mujeres brasileras entablan con turistas sexuales, con quienes migran y pueden casarse, como parte de una estrategia para tener una movilidad social ascendente que en su contexto vernáculo les sería imposible. También Kempadoo (1996) ha examinado en las sociedades del Caribe lo que se conoce como “sexo transaccional”, es decir intercambios sexuales a cambio de bienes o mejoras diversas. Esta autora critica la homogeneización de las experiencias de las mujeres del “Tercer mundo” señalando que la mirada del feminismo radical supone valores sexuales que, al postular al sexo como aquello más íntimo y valioso, “borra otras definiciones y experiencias culturales de sexualidad y relaciones sexuales-económicas […] e impone una definición muy estrecha desde una visión de sexo feminista estrictamente occidental y burguesa”. (1998: 4). Detrás de la concepción de las mujeres del “Tercer mundo” como meras víctimas sin ninguna capacidad de agencia, existe, según Kempadoo, un neocolonialismo que acalla las voces de estas mujeres e imagina su experiencia a partir de las concepciones de género y sexualidad hegemónicas en el primer mundo occidental9.

A partir de esta expansión, el concepto de “trabajador/a sexual” da la posibilidad de conectar la prostitución, tanto con otras actividades de la industria del sexo, como con otras actividades de las mujeres trabajadoras -por ejemplo esto sucede cuando se liga al

trabajo sexual con el “trabajo emocional” como un trabajo feminizado (Adelman, 2011; Bernstein, 2007b; Hochschild, 2003; Morcillo, 2014b)-. Estas articulaciones, según Kempadoo, “puede ser la base de movilización en luchas por condiciones de trabajo, derechos y beneficios y por formas de resistencia más amplias contra la opresión de los/las trabajadores/as en general y de las mujeres en particular” pues “pone de manifiesto que los intereses comunes de las mujeres trabajadoras pueden articularse dentro del contexto de luchas (feministas) más amplias contra la devaluación del trabajo de las ‘mujeres’ y la explotación de género dentro del capitalismo.” (1998: 3).

 

Del VIH a la “trata de personas” y los desafíos abiertos

 

Desde mediados de los 80’, con mayor fuerza en los 90’ y hasta entrada la primera década del siglo XXI, ha tenido lugar una gran producción de estudios e investigaciones sobre diversos aspectos de las relaciones entre el sexo comercial y la epidemia de VIH/sida. En un principio buena parte de las investigaciones se orientan a detectar los patrones epidemiológicos de expansión del virus, donde las prostitutas jugarán el papel de “vector de contagio” hacia el resto de la sociedad. Como señalan Ward y Day (1997), ya desde el higienismo decimonónico y en toda la epidemiología clásica del tratamiento de enfermedades sexualmente transmitidas, las prostitutas son vistas como una suerte de reservorio de infección. Solo a mediados y fines de los 90’ las investigaciones comienzan a problematizar este paradigma. Entonces, múltiples estudios mostrarán que es necesario considerar para cada población específica cual es el grado de riesgo, poniendo de relieve el papel de otras problemáticas como el uso de drogas intravenosas y la estigmatización (Lazarus, et al., 2011; Rekart, 2005; Ward, H. A. S. O., 2006). Aquí es donde también comienza a marcarse la necesidad de estudiar otros actores como los clientes de sexo comercial, indagar en más allá de las prostitutas mujeres y considerar también las relaciones en sus vidas privadas. En este aspecto varias investigaciones han señalado como el uso de preservativos resulta consistente en aquellas relaciones sostenidas en el ámbito laboral, pero no sucede lo mismo por fuera de este (Allen, et al., 2003; Sanders, 2002). Al igual que sucedió desde los abordajes de otras problemáticas ligadas el sexo comercial, paulatinamente emerge la necesidad de reconstruir un conocimiento matizado sobre el mercado sexual que lo comprenda en su complejidad suspendiendo juicios morales y estereotipos.

 

Este no parece ser el caso con los actuales abordajes que analizan la prostitución a partir de perspectiva de la “trata de personas con fines de explotación sexual”. Si bien ya había cierta preocupación por la trata de personas a fines del siglo XX, será con el cambio de siglo que buena parte de la producción académica sobre la prostitución se vuelca a este fenómeno. Aunque es presentado como novedoso (“la nueva esclavitud”), varias autoras coinciden en señalar los paralelismos entre el pánico moral que impulsaba la lucha contra la “trata de blancas” y la actual lucha contra la “trata de personas” (Doezema, 2000; Kempadoo, 2015; Schettini, 2013). Se ha mostrado las deficiencias y las dificultades en la producción de datos empíricos sobre la extensión concreta del fenómeno, con lo que se hace difícil dimensionarlo (Blanchette y Da Silva, 2011; Silva, et al., 2005; Varela y Gonzalez, 2015) y para algunos la lucha anti-trata adquiere en este siglo características que la asemejan una cruzada moral (Weitzer, 2007).

 

En este marco, el enfoque del feminismo radical, que subsumir las distintas formas del sexo comercial bajo la idea de la violencia de género y la esclavitud, prefigura la operación por la cual el tipo criminal de la “trata” sirve como clave de comprensión de todo el mercado sexual (ver por ejemplo Jeffreys, 2009). Sin embargo, desde otros enfoques, los procesos que muchas veces son interpretados como casos de trata con fines de explotación sexual son reenmarcados –a partir de los relatos y las experiencias de las mujeres— dentro de diversos tipos de tránsitos transnacionales y problemáticas migratorias, sin perder de vista la agencia de estas mujeres (Agustín, 2006; Kempadoo, 2005; Piscitelli, 2008; Piscitelli, Oliveira Assis y Olivar, 2011).

 

Observar la lucha contra la trata como una cruzada permite ver su expansión territorial irradiada a partir de los Estados Unidos. Allí la “lucha contra el terrorismo”, las transformaciones en las políticas seguridad y migratorias, entre otras, articulan un escenario donde el fenómeno de la “trata de personas” sirve para canalizar estas tensiones (Chapkis, 2005). Luego el proceso de institucionalización de este fenómeno ha construido mecanismos que coaccionan a los países periféricos a posicionarse bajo el paradigma norteamericano (Varela, 2015; Weitzer, 2005b). Este movimiento norte – sur de la campaña anti-trata se complementa con los estereotipos racializados sobre las víctima y quienes deben rescatarlas (Doezema, 2000; Kempadoo, 2015). Además, la creciente atención de los medios masivos de comunicación sobre la “trata de personas” pone a circular versiones espectacularizadas y simplificadas (Justo von Lurzer, 2013; Kempadoo, 2015).

Todo ello contribuye a un escenario que propicia además cambios en las legislaciones de diversos países10. En este nuevo giro emerge una vertiente del feminismo abolicionista que se asemeja cada vez más a una forma nueva de prohibicionismo pues propone la intrervención del sistema penal para resolver los problemas de justicia social, por ello algunos la llaman “feminismo carcelario” (Bernstein, 2007a). Aunque tiene origen en los países centrales, sus propuestas tienen eco en nuestra región -por ejemplo en Argentina donde las transformaciones legales han dado cauce a un modelo punitivo del derecho para intervenir en el mercado sexual-. Una de las medidas propuestas desde este paradigma es la penalización de los clientes de prostitución como forma de luchar contra la trata y la violencia contra las mujeres. Impuesto en Suecia en 1999, este paradigma de penalización, el “modelo sueco”, ha sido mencionado como ejemplo a seguir desde el feminismo radical (ver MacKinnon, 1993, 2009; Raymond, 2003). Sin embargo, varios estudios sostienen que estas normativas, bajo argumentos supuestamente feministas, muestran connotaciones moralizantes (Carline, 2011; Sanders, 2009; Scoular y O’Neill, 2007). Además, Don Kulick (2005) ha señalado los perjuicios que ha ocasionado a las trabajadoras sexuales de Suecia afectando casi exclusivamente a las que trabajan en las calles y particularmente a las migrantes. Al mismo tiempo, Kulick advierte cómo, con las encuestas y las distintas producciones discursivas sobre los clientes de prostitución, se está generando una nueva especie de “perverso”, en el sentido foucaultiano11.

 

La perspectiva de conjunto de la dinámica de producción académica sobre prostitución en las últimas décadas ha vuelto a poner de relieve la importancia del trabajo de investigación empírica como fuente del análisis. Una crítica situada solo puede provenir de un análisis minucioso y riguroso, especialmente considerando las diferencias que existen para los distintos mercados sexuales. Las revisiones de la literatura anglosajona suelen marcar esta necesidad, planteando el desbalance entre las investigaciones que abordan la prostitución callejera de mujeres y el resto de los actores y mercados que han sido mucho menos estudiados (Vanwesenbeeck, 2001; Weitzer, 2009). Sólo recientemente en nuestra región –a excepción de Brasil que cuenta con un conjunto de estudios de mayor antigüedad- se ha comenzado a señalar esta necesidad y, a la vez, la relevancia de poner atención a las distintas narrativas de las presonas dedicadas al sexo comercial para realizar una crítica de las posiciones esencialistas respecto a la sexualidad.

 

La dinámica maniquea del debate feminista obstaculiza los abordajes matizados que respondan a la complejidad del asunto. Más aún cuando la investigación sobre prostitución se constituye como un campo minado donde el apasionamiento puede desencadenar injurias y/o estigmatización hacia las y los investigadores (Dewey y Zheng, 2013; Hammond y Kingston, 2014; Pecheny, 2013). Más que los abordajes desde la filosofía política o el derecho a los que nos ha acostumbrado la dinámica del debate feminista, se muestra la necesidad de una contextualización sociocultural e historización de las distintas formas de prostitución. El análisis empírico es el que permite diferenciar mercados y conocer las complejidades de las distintas formas de inserción en ellos. A partir de allí se podrá indagar sobre las vinculaciones con las transformaciones entre la esfera doméstica, laboral y la moral sexual. Contextualizar y enlazar las variantes de las prácticas puntuales de sexo comercial con los mercados sexuales y las estructuras culturales y económicas reinantes, más que trazar una distinción esquemática entre prostitución libre / forzada, abre a una comprensión balanceada de las distintas formas de intercambio. Este es un punto de partida fundamental para construir una crítica que permita transformar las realidades de las poblaciones subalternizadas a partir de considerar sus polifónicas voces.

 

 

NOTAS:

 

  • 1 Algunas investigaciones recientes ponen en cuestión el sustento empírico de tal figura. Por ejemplo Stephanie Budin (2006) concluye que las versiones que hablan de “prostitución sagrada” se basan en malas interpretaciones (y/o errores de traducción) de los textos antiguos. La supuesta prostitución sagrada, que siempre aparece predicada acerca de otras sociedades o en épocas remotas, funcionaría en realidad como una acusación. La prostitución sagrada no sería tanto una realidad histórica como una denuncia de la barbarie de otros pueblos, posición cara a los primeros padres fundadores del cristianismo.

 

  • 2 La extensión de dicho dispositivo en el contexto de América Latina es objeto de disputas (Olivar, 2013). Sin embargo, los efectos discursivos de este aparato y su exportación sirven como analizador para comprender algunas de las aproximaciones sociológicas a la prostitución.

 

  • 3 Paola Tabet (2004) plantea un abanico de formas en que se intercambian sexo y bienes económicos, donde se incluyen la prostitución y el matrimonio. Dichos intercambios constituyen un continuum con matices respecto a quiénes intercambian, la modalidad y temporalidad del intercambio, y las formas de retribución económica.

 

  • 4 A fines del siglo XIX en la mayoría de los países europeos se consideraba que sus mujeres –de ahí la denominación trata de blancas- eran traficadas, -entre otros países a Argentina-, para ser explotadas sexualmente. Varias historiadoras han planteado que la percepción del problema estaba sobredimensionada por un pánico moral (Guy, 1994; Walkowitz, 1980). De todas formas, el tema del tráfico de mujeres tendría gran impacto sobre el movimiento feminista.

 

  • 5 El cambio de denominación obedecía al sesgo racial y a la incorporación de otros sujetos (niños, varones, etc.) (Ezeta, 2006). Una definición precisa llegará recién en 2000 con el “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional” (conocido como Protocolo de Palermo), no obstante la problemática estaba en la agenda del movimiento desde antes.

 

  • 6 Por ejemplo, Camille Paglia invierte los términos del discurso victimizante del feminismo radical: son los varones quienes están desprotegidos frente a la sexualidad femenina y, en una posición de inferioridad, sólo pueden apelar al dinero frente a las prostitutas (ver en Chapkis, 1997). Esta forma de concebir las posiciones de los sujetos en abstracto reduce las interacciones a decisiones de actores individuales y hace caso omiso de los procesos sociales más amplios que las enmarcan y atraviesan.

 

  • 7 Junto a una colega hemos realizado una traducción de este texto clave para comprender el desarrollo de la idea de “trabajo sexual” (consultar Morcillo y Varela, 2016)

 

  • 8 Pheterson da una lista de actividades que supuestamente llevan a cabo las prostitutas, pero que pueden imputársele a cualquier mujer, por las cuales la sociedad las considera deshonradas: “(1) relacionarse sexualmente con extraños; (2) relacionarse sexualmente con muchas parejas; (3) tomar la iniciativa sexual, controlar los encuentros sexuales y ser una experta en sexo; (4) pedir dinero a cambio de sexo; (5) satisfacer las fantasías sexuales masculinas de manera impersonal; (6) estar sola en la calle por la noche, en calles oscuras, vestida para provocar el deseo masculino; (7) encontrarse en situaciones determinadas con hombres insolentes, borrachos o violentos que o bien una puede manejar (‘mujeres descaradas o vulgares’) o ser manejadas por ellos (‘mujeres convertidas en víctimas’)” (Pheterson, 2000: 59).

 

  • 9 No sólo se homogeneizan las miradas sobre las sexualidades, sino que, en la polarización, las lecturas abolicionistas pueden llevar a igualar un discurso del trabajo sexual como el de Kempadoo con la doctrina de la tolerancia de la iglesia católica y plantear a ambos como etiquetas estigmatizantes. (ver Nuñez, 2002)

 

  • 10 Por ejemplo en Argentina, aunque el delito ya estaba penado, se dicta en 2008 una nueva legislación sobre trata -Ley 26.364- y en 2012 se la modifica con la ley N° 26.842 que permite ampliar el espectro de lo que se concibe como “trata” incluyendo también a quienes hayan prestado consentimiento.
  • 11       Es decir, pasando de una caracterización de acciones aberrantes a delinear un personaje (tal lo como Foucault señala en referencia al pasaje del sodomita al homosexual, 2002)

 

Referencias Bibliográficas

Adelman, Miriam. (2011). Por amor ou por dinheiro? Emoções, Discursos, Mercados. Contemporânea – Revista de Sociologia da UFSCar, 2, 117-138.

Agustín, Laura. (2006). The disappearing of a migration category: migrants who sell sex. Journal of ethnic and migration studies, 32(1), 29-47.

Allen, Betania; Cruz-Valdez, Aurelio; Rivera-Rivera, Leonor, et al. (2003). Afecto, besos y condones: el ABC de las prácticas sexuales de las trabajadoras sexuales de la Ciudad de México. Salud pública de México, 45 Supp 5, 594-607.

Bataille, Georges. (1997). El erotismo. Barcelona: Tusquets Editores.

Bernstein, Elizabeth. (2007a). The Sexual Politics of the “New Abolitionism”. Differences., 18(3), 128-151.

—. (2007b). Temporarily yours : intimacy, authenticity, and the commerce of sex. Chicago: University of Chicago Press.

Blanchette, Thaddeus y Da Silva, Ana Paula. (2011). O mito de María, uma traficada exemplar: confrontando leituras mitológicas do tráfico com as experiencias de migrantes brasileiros, trabalhadores do sexo. Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana – REMHU, del Centro Scalabriniano de Estudos Migratorios, 19(37), 79-106.

Budin, Stephanie L. (2006). Sacred Prostitution in the First Person. En Laura McClure y Christopher Faraone (Eds.), Prostitutes and Courtesans in the Ancient World. Madison: University of Wisconsin Press.

Bullough, Bonnie y Bullough, Vern L. (1996). Female prostitution: Current research and changing interpretations. Annual Review of Sex Research, 7(1), 158-180.

Carline, Anna. (2011). Criminal justice, extreme pornography and prostitution: Protecting women or promoting morality? Sexualities, 14(3), 312-333.

Chapkis, Wendy. (1997). Live sex acts : women performing erotic labor. New York: Routledge.

—. (2005). Soft Glove, Punishing Fist: The Trafficking Victims Protection Act of 2000. En Elizabeth Bernstein y Laurie Schaffner (Eds.), Regulating sex the politics of intimacy and identity. New York: Routledge.

Davis, Kingsley. (1937). The sociology of prostitution. American Sociological Review, 2(5)

Dewey, Susan y Zheng, Tiantian. (2013). Ethical research with sex workers anthropological approaches. New York, NY: Springer.

Doezema, Jo. (2000). Loose Women or Lost Women? The Re-emergence of the Myth of White Slavery in Contemporary Discourses of Trafficking in Women. Gender Issues, 18(1), 23-50.

Dworkin, Andrea. (1987). Intercourse. New York: Free Press.

—. (1993). Prostitution and male supremacy. Michigan Journal of Gender & Law, 1(1), 1-12.

Ezeta, Fernanda. (2006). Trata de personas : Aspectos básicos. Organización Internacional para las Migraciones.

Ferguson, Ann. (1984). Sex War: The Debate between Radical and Libertarian Feminists. Signs, 10(1), 106-112.

Fonseca, Claudia. (1996). A Dupla carreira da mulher prostituta. Estudos feministas, 4(1), 7-33.

Foucault, Michel. (2002). Historia de la sexualidad. Buenos Aires: Siglo XXI.

Gall, Gregor. (2007). Sex worker unionisation: an exploratory study of emerging collective organisation. Industrial Relations Journal, 38(1), 70-88.

Gaspar, Maria Dulce. (1985). Garotas de programa : prostituiçao em Copacabana e identidade social. Rio de Janeiro: J. Zahar.

Guy, Donna J. (1994). El sexo peligroso : la prostitucion legal en Buenos Aires 1875 – 1955. Buenos Aires: Ed. Sudamericana.

Hammond, Natalie y Kingston, Sarah. (2014). Experiencing stigma as sex work researchers in professional and personal lives. Sexualities, 17(3), 329-347.

Hochschild, Arlie Russell. (2003). The managed heart : commercialization of human feeling. Berkeley, Calif.: University of California Press.

Jeffreys, Sheila. (2009). The industrial vagina : the political economy of the global sex trade. London; New York: Routledge.

Juliano, Dolores. (2002). La prostitución : el espejo oscuro. Barcelona: Icaria.

—. (2003). Prostitución: el modelo de control sexual femenino a partir de sus límites. En Raquel Osborne y Oscar Guash (Eds.), Sociología de la sexualidad. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas y Siglo XXI.

Justo von Lurzer, Carolina. (2013). Representaciones distorsionadas. El mercado del sexo desde el prisma del delito de trata. Sociales a debate, 4, 55-59.

Kempadoo, Kamala. (1996). Prostitution, marginality and empowerment: Caribbean women in the sex trade. Beyond Law, 5(14), 69-84.

—. (1998). Una reconceptualización de la prostitución. Lola Press, 9. [on-line] http://www.lolapress.org/artspanish/kemps9.html

—. (2005). Mudando o debate sobre o tráfico de mulheres. Cadernos Pagu(25), 55-78.

—. (2015). The Modern-Day White (Wo)Man’s Burden: Trends in Anti-Trafficking and Anti-Slavery Campaigns. [doi: 10.1080/23322705.2015.1006120]. Journal of Human Trafficking, 1(1), 8-20.

Kong, Travis. (2006). What It Feels Like for a Whore: The Body Politics of Women Performing Erotic Labour in Hong Kong. Gender, Work and Organization, 13(5), 409-434.

Kulick, Don. (2005). Four Hundred Thousand Swedish Perverts. GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies, 11(2), 205-235.

Lazarus, Lisa; Deering, Kathleen N.; Nabess, Rose, et al. (2011). Occupational stigma as a primary barrier to health care for street-based sex workers in Canada. [doi: 10.1080/13691058.2011.628411]. Culture, Health & Sexuality, 14(2), 139-150.

Leigh, Carol (1997). Inventing sex work. En Jill Nagle (Ed.), Whores and other feminists. New York: Routledge.

MacKinnon, Catharine. (1987). Sexuality. En Toward A Feminist Theory of the State. Cambridge, Mass: Harvard University Press.

—. (1993). Prostitution and Civil Rights. Michigan Journal of Gender & Law, 1, 13-31.

—. (2009, Febrero). ‘Criminalising the client will cause prostitution to drop by 80%’ (entrevista por Rashme Sehgal). InfoChange News & Features.

Morcillo, Santiago. (2011). De cómo vender sexo y no morir en el intento. Fronteras encarnadas y tácticas de quienes trabajan en el mercado sexual. Revista Latinoamericana de Cuerpos Emociones y Sociedad, 7(3), 17-28.

—. (2014a). ‘Como un trabajo’. Tensiones entre sentidos de lo laboral y la sexualidad en mujeres que hacen sexo comercial en Argentina. Sexualidad, Salud y Sociedad (Rio de Janeiro), 18, 12-40.

—. (2014b). Entre sábanas y bambalinas. Ilusiones de intimidad, performances y regulación de emociones en mujeres que hacen sexo comercial en Argentina. Revista Ártemis, 18(2), 42-60.

—. (2015). Entre el burdel, la cárcel y el hospital. Construcción socio-médica de la “prostituta”. Espacio Abierto. Cuaderno Venezolano de Sociología, 24(2 (Abril-Junio)), 299-316.

Morcillo, Santiago y Varela, Cecilia. (2016). Trabajo sexual y feminismo, una filiación borrada: traducción de “Inventing Sex Work” de Carol Leigh (Alias Scarlot Harlot). Revista La Ventana, 5(44), 7 – 23.

Nuñez, Leonor. (2002). Salud, trabajo y prostitución. Ponencia presentada en Foro Internacional de Mujeres Contra la Corrupción: Los derechos de las mujeres y la corrupción, Buenos Aires

O’Connell Davidson, Julia. (2002). The Rights and Wrongs of Prostitution. Hypatia, 17(2), 84-98.

Olivar, José Miguel Nieto. (2013). Devir puta : políticas da prostituição na experiências de quatro mulheres militantes. Rio de Janeiro: EDUERJ.

Pasini, Elisiane. (2000). Limites simbólicos corporais na prostituição feminina. Cadernos Pagu, 14, 181-201.

Pecheny, Mario. (2013). Oficios y prácticas de quienes investigamos sobre temas sexuales. Apuntes de investigación del CECYP, 23, 113-118.

Pheterson, Gail. (1989). Nosotras, las putas. Madrid: Talasa.

—. (2000). El prisma de la prostitución. Madrid: Talasa Ediciones.

Piscitelli, Adriana. (2005). Apresentação: gênero no mercado do sexo. Cadernos Pagu, 25, 7-23.

—. (2006). Estigma e trabalho sexual: comentários a partir de leituras sobre turismo sexual. En Carlos F Cáceres, Gloria Careaga, Tim Frasca y Mario Pecheny (Eds.), Sexualidad, estigma y derechos humanos: desafíos para el acceso a la salud en América Latina. Lima: FASPA/UPCH.

—. (2008). Industria del sexo y mercado matrimonial: La migración brasileña hacia Italia en el marco del “turismo sexual” internacional. En Gioconda Herrera y Jacques Ramírez (Eds.), América Latina migrante: Estado, familias, identidades. Quito: FLACSO, Sede Ecuador.

Piscitelli, Adriana; Oliveira Assis, Glaucia de y Olivar, José Miguel Nieto (Eds.). (2011). Gênero, sexo, amor e dinheiro: mobilidades transnacionais envolvendo o Brasil. Campinas, SP: Unicamp/PAGU.

Raymond, Janice G. (2003). Ten Reasons for Not Legalizing Prostitution and a Legal Response to the Demand for Prostitution. Journal of Trauma Practice, 2(3/4), 315-332.

Rekart, M. L. (2005). Sex-work harm reduction. Lancet, 366(9503), 2123-2134.

Sanders, Teela. (2002). The Condom as Psychological Barrier: Female Sex Workers and Emotional Management. Feminism & Psychology, 12(4), 561-566.

—. (2005). ‘ It’s Just Acting ‘ : Sex Workers’ Strategies for Capitalizing on Sexuality. Gender, Work and Organization, 12(4), 319-342.

—. (2009). Kerbcrawler rehabilitation programmes: Curing the `deviant’ male and reinforcing the `respectable’ moral order. Critical Social Policy, 29(1), 77-99.

Scoular, Jane y O’Neill, Maggie. (2007). Regulating Prostitution. The British Journal of Criminology, 47(5), 764-778.

Schettini, Cristiana. (2013). En busca del tráfico: trabajo, inmigración y derechos a comienzos del siglo XX. Ponencia presentada en Reflexiones actuales sobre prostitución, Buenos Aires

Silva, Ana Paula da; Blanchette, Thaddeus; Pinho, Anna Marina Madureira de; Pinheiro, Bárbara y Leite, Gabriela Silva. (2005). Prostitutas, “traficadas” e pânicos morais: uma análise da produção de fatos em pesquisas sobre o “tráfico de seres humanos”. Cadernos Pagu, 153-184.

Sullivan, Barbara. (1995). Rethinking Prostitution. En B. Caine y R. Pringle (Eds.), Transitions: New Australian Feminisms. Sydney: Allen & Unwin.

Tabet, Paola. (2004). La grande arnaque: sexualité des femmes et échange économico-sexuel. Paris: Harmattan.

Vanwesenbeeck, Ine. (2001). Another Decade of Social Scientific Work on Prostitution. Annual Review of Sex Research, 12, 242-289.

Varela, Cecilia. (2015). La campaña anti-trata en la Argentina y la agenda supranacional. En D. Daich y M. Sirimarco (Eds.), Género y violencia en el mercado del sexo. Política, policía y prostitución. Buenos Aires: Biblos.

Varela, Cecilia y Gonzalez, Felipe. (2015). Tráfico de cifras: “desaparecidas” y “rescatadas” en la construcción de la trata como problema público en la Argentina. Revista Apuntes de Investigación del CECYP, 26, 74-99

Walkowitz, Judith R. (1980). Prostitution and Victorian society : women, class, and the state. Cambridge; New York: Cambridge University Press.

Ward, H. Aral S. O. (2006). Globalisation, the sex industry, and health. Sexually transmitted infections, 82(5), 345-347.

Ward, Helen y Day, Sophie (1997). Health care and regulation: new perspectives. En Graham Scambler y Annette Scambler (Eds.), Rethinking prostitution: purchasing sex in the 1990s. London: Routledge.

Weitzer, Ronald. (2005a). Flawed Theory and Method in Studies of Prostitution. Violence Against Women, 11(7), 934-949.

—. (2005b). The growing moral panic over prostitution and sex trafficking. The Criminologist, 30(5), 2-5.

—. (2007). The Social Construction of Sex Trafficking: Ideology and Institutionalization of a Moral Crusade. Politics & Society, 35(3), 447-475.

—. (2009). Sociology of Sex Work. Annual Review of Sociology, 35(1), 213-234.

West, Jackie. (2000). Prostitution: collectives and the politics of regulation. Gender, Work & Organization, 7(2), 106-118.

 

Recibido: 11-07-2016 / Aceptado: 16-08-2016

 

*            Universidad Nacional de San Juan. Argentina.

E-mail: santiagomorcillo@gmail.com

 

 

 

 

 

Manifiesto a favor y propuesta de regulación del trabajo sexual en España

El Grupo de Estudios de Política Criminal hizo público, a finales de 2006, su Manifiesto a favor de la regulación del ejercicio voluntario de la prostitución entre adultos. Los argumentos del documento tuvieron cierto eco entre los diseñadores de las políticas locales y autonómicas relativas a la prostitución. Pero ninguna acogida en el Proyecto de reforma del Código Penal publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 27 de noviembre de 2009.

 

Puede consultarse el documento completo, con anexos, aquí:

http://www.gepc.es/web/sites/default/files/ficheros/DOCUMENTO10.pdf

 

1310231742

 

PRESENTACIÓN

 

Resulta obvio que las prácticas sexuales, incluso mediante precio, pueden responder a una decisión voluntaria. Y no parece que, en principio, los poderes públicos estén legitimados para oponerse al libre intercambio de placer por dinero; menos aún en un contexto en el que el dinero es la medida de todas las cosas.

 

La percepción de esta obviedad, sin embargo, ha estado históricamente condicionada por dos factores: de un lado, la imposición coactiva de sexo es un dato recurrente en la práctica de la prostitución; de otro, y con carácter más general, el sexo de la mujer —con la excepción del que fuera ejercido dentro del matrimonio— ha quedado recubierto con la pátina de lo sucio y de lo peligroso, a embates de un integrismo oscurantista que, durante siglos, ha venido impidiendo el discurso sobre la sexualidad femenina.

 

La concurrencia de estos factores provoca la contradicción de que, hoy, en las sociedades occidentales, donde se acepta que el placer, incluido el sexual, no puede ser visto con recelo, la prostitución comporta un estigma de descalificación in totum, que está en la base de los modelos abolicionistas y prohibicionistas.

 

Pero la amenaza penal propugnada por el prohibicionismo se ha mostrado ineficaz: “¿Qué multa podemos proponer-se preguntaba, ya en 1724, Bernard de Mandeville-que sea suficiente para disuadir a los hombres, cuando hay tantos que malgastan toda su fortuna por esta sola gratificación? ¿Y qué castigo corporal, aparte de la muerte, podemos encontrar equivalente a una sífilis, a la que se arriesgan todos los días?”. Por su parte, el paternalismo abolicionista, anclado en el tópico de la mujer débil y dócil, siempre necesitada de la tutela del Estado o de bienintencionados redentores, ni responde al sentir de los tiempos ni puede hacer olvidar el dato de que la explotación sexual se hace fuerte allí donde la clandestinidad y la marginalización hacen más vulnerables a sus víctimas.

 

A partir de ahí, el primer objetivo es la despenalización de la prostitución voluntaria entre adultos y la orientación del sistema penal a la tutela efectiva de la libertad sexual. Despenalización no significa, sin embargo, garantía de mejor tutela de derechos. Es sólo el primer paso, porque no se trata de garantizar al cliente un nivel sanitario aceptable o de facilitar una válvula de escape a los requerimientos del instinto sexual que refuerce la paz intra-matrimonial. No se trata de defender intereses ajenos a quien presta servicios sexuales, sino de asegurar los derechos inherentes a la dignidad personal de quien se decanta, por razones sobre las que no cabe inquirir, por una determinada opción laboral.

Se trata, en resumen, no sólo de despenalizar, sino también de regular. Lo que, como demuestran experiencias ajenas, no incrementa el tráfico o la explotación: ni siquiera favorece la expansión de la industria del sexo.

 

El Grupo de Estudios de Política Criminal hizo público, a finales de 2006, su Manifiesto a favor de la regulación del ejercicio voluntario de la prostitución entre adultos. Los argumentos del documento tuvieron cierto eco entre los diseñadores de las políticas locales y autonómicas relativas a la prostitución. Pero ninguna acogida en el Proyecto de reforma del Código Penal publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 27 de noviembre de 2009.

 

El Manifiesto reivindica no sólo la despenalización de la prostitución entre adultos, sino, sobre todo, la implementación de políticas sociales dirigidas a garantizar el respeto a los derechos esenciales –incluidos los laborales- de quienes deciden dedicarse a la prestación de servicios sexuales, en el marco general de la industria del ocio.

 

De acuerdo con el modus operandi del Grupo de Estudios de Política Criminal, se publica ahora, junto a aquel Manifiesto, la Propuesta de regulación del trabajo sexual: un conjunto de alternativas jurídicas para conciliar la salvaguardia de los derechos de los trabajadores del sexo con la persecución penal de cualquier forma de prostitución forzada.

 

El Anexo, que consuetudinariamente viene complementando nuestras publicaciones, incorpora extractos de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 20 de noviembre de 2001, que consagra el derecho al ejercicio de la prostitución, como práctica lícita, si libre, y diseña los criterios de su consideración como actividad económica no asalariada, contemplada como tal en el Tratado de la Unión Europea.

 

El Anexo incluye también un extracto del polémico, pero referente ineludible en la reflexión posterior, Informe de la ponencia sobre la situación actual de la prostitución en nuestro país, publicado en 2007 por la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer y la Igualdad de Oportunidades, del Congreso de los Diputados.

 

Tras dos décadas de actividad, el grupo pretende seguir estando presente en el debate, siempre inconcluso, sobre la cuestión penal, aportando documentos y argumentos que puedan enriquecer la reflexión compartida y crítica entre la ciudadanía, los juristas especializados y, sobre todo, los poderes públicos responsables del diseño de las estrategias político-criminales.

 

La Junta Directiva

 

 

 

 

MANIFIESTO A FAVOR DE LA REGULACIÓN DEL EJERCICIO VOLUNTARIO DE LA PROSTITUCIÓN ENTRE ADULTOS

 

Ante el debate suscitado en torno a la regulación de la prestación voluntaria y remunerada de servicios sexuales entre adultos, los abajo firmantes, miembros del Grupo de Estudios de Política Criminal, manifiestan lo siguiente:

 

1          El Código Penal de 1995 despenalizó el entorno de la prostitución voluntaria entre adultos, orientando la tutela penal a la salvaguardia exclusiva de la libertad sexual y despojando a la regulación punitiva de la influencia de ciertas concepciones moralistas que ni siquiera son hoy en día socialmente mayoritarias.

 

2          La represión de todas las actividades relacionadas con la prostitución ha arrojado un balance histórico que sólo puede ser calificado de lamentable, y, además, en lugar de erradicar el fenómeno –como pretendía- lo ha ocultado provocando una serie de efectos perniciosos tales como la estigmatización, la vulnerabilidad y la explotación de las personas que la ejercen.

 

3          Es una realidad constatada en nuestro país que miles de adultos voluntariamente prestan servicios sexuales remunerados. Es preciso que las autoridades no desprecien este hecho, para cuya comprobación ha de propiciarse un método de conocimiento razonable huyendo de las aproximaciones morales que intentan simplificar un fenómeno complejo y diverso. Tampoco puede desconocerse que, aun siendo dichas personas mayoritariamente mujeres, hay muchos hombres y transgéneros que se dedican a la prestación de servicios de carácter sexual. El debate, por tanto, no puede ser monopolizado por un discurso en clave de género.

 

4          El contexto de alegalidad actual permite una situación que sólo puede calificarse de hipócrita, pues mientras se ponen trabas a la regulación de la prestación voluntaria de servicios sexuales, se permite que la oferta de esos mismos servicios genere cuantiosos ingresos por publicidad a los medios de comunicación que la anuncian, al tiempo que se fomenta una actividad económica sumergida con todas las consecuencias negativas que ello conlleva.

 

5          La desregulación discrimina a las personas que voluntariamente ofrecen prestaciones sexuales frente a otros colectivos que realizan cierto tipo de trabajos relacionados con el sexo, como son las actividades de alterne, las líneas telefónicas eróticas o la elaboración de material audiovisual de la industria de la pornografía, cuyos trabajadores tienen un reconocimiento jurídico.

 

6          La situación de alegalidad favorece la explotación de la prostitución por parte de empresarios que en la actualidad no están obligados a reconocer a dichos trabajadores los derechos sociales y laborales básicos, así como la proliferación de organizaciones delictivas dedicadas a la trata de personas, en la medida en que fomenta el carácter clandestino de estas actividades y desmotiva la denuncia de la víctima. La privación a estos trabajadores del estatuto jurídico del ciudadano les impone la condición de infrasujetos. Circunstancia que se ha visto agravada por la desafortunada reforma penal de 2003, que, al castigar la obtención de lucro de la explotación de la prostitución ajena, ha venido a intensificar la tendencia al ocultamiento de las condiciones de contratación y prestación de servicios de los trabajadores del sexo.

 

 

Habida cuenta de lo anterior, resulta imprescindible que las autoridades establezcan un marco de reflexión seria sobre el reconocimiento de los derechos de las personas que prestan servicios sexuales, en el que participen todos los agentes sociales implicados y que se base en los siguientes pilares:

 

PRIMERO. Dicha reflexión deberá estar presidida por la ineludible distinción entre moral y derecho. El reconocimiento de la dignidad humana como valor supremo recogido en nuestra Constitución exige el respeto a la voluntad de la persona mayor de edad que libremente decide prestar servicios remunerados de carácter sexual. Negar de plano la posibilidad de que esa opción sea válida constituye un tratamiento paternalista de la mujer (y del hombre) como personas incapaces de tomar decisiones adultas. Están de más los discursos morales basados en el carácter degradante de la prostitución.

 

SEGUNDO. Resulta criticable el contenido del art. 188.1 del Código Penal, procedente de la reforma de 2003, que sanciona la obtención de lucro por la explotación de otra persona aun con su consentimiento. La ambigüedad del término explotación permite, tanto una interpretación restrictiva reducida a situaciones de abuso, como su interpretación en clave represiva y contraria al proceso de legalización de la prostitución. Por ello, en aras de la seguridad jurídica, resulta aconsejable su supresión. Y si lo que se pretende prevenir es la obtención de un lucro excesivo o la imposición de condiciones abusivas de trabajo, para ello están ya los tipos penales de protección de los derechos de los trabajadores. Así mismo, deben eliminarse de otros sectores del ordenamiento todos aquellos preceptos que imponen sanciones o privaciones de derechos a las personas que ejercen la prostitución.

 

TERCERO. Dada la naturaleza de la actividad a regular, deben fomentarse las formas de auto-organización, como el régimen de autónomos o las cooperativas, sin que ello suponga el desconocimiento de otras formas de prestación de servicios sexuales, como el trabajo por cuenta ajena, que habrá de ordenarse según un régimen especial. Dicho régimen no podrá conllevar en ningún caso medidas que supongan un etiquetamiento o una discriminación injustificada de las personas que prestan servicios de carácter sexual.

CUARTO. La regulación de la prestación voluntaria y remunerada de servicios sexuales entre adultos debe ir acompañada de una persecución eficaz de cualquier forma de actividad sexual forzada, así como de una política social adecuada que garantice la libertad del trabajador en el acceso y la permanencia en la actividad.

En Madrid, a 25 de noviembre de 2006

 

FIRMANTES

 

ABEL SOUTO, MIGUEL PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

ACALE SÁNCHEZ, MARÍA PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

ALONSO RIMO, ALBERTO PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

ÁLVAREZ GARCIA, FRANCISCO JAVIER CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

ANDRÉS DOMÍNGUEZ, ANA CRISTINA PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS

ARAMBURU GARCÍA-PINTOS, MIGUEL MAGISTRADO DEL JUZGADO DE LO PENAL Nº 2 DE VIGO

ASÚA BATARRITA, ADELA CATEDRÁTICA DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

BALERDI MÚGICA, JOSÉ MANUEL MAGISTRADO DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE HUELVA

BENÍTEZ ORTÚZAR, IGNACIO F. PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

BORJA JIMÉNEZ, EMILIANO PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

BRANDARIZ GARCÍA, JOSÉ ÁNGEL PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA

BUJÁN ÁLVAREZ, JOSÉ MANUEL MAGISTRADO DE LA SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ASTURIAS

CARMENA CASTRILLO, MANUELA MAGISTRADA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

CARMONA SALGADO, CONCEPCIÓN CATEDRÁTICA DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

CORTÉS BECHIARELLI, EMILIO PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

CUERDA ARNAU, MARÍA LUISA PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

DEMETRIO CRESPO, EDUARDO PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

DÍEZ RIPOLLÉS, JOSÉ LUIS CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

ESPINOSA CASARES, IGNACIO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA RIOJA

FARALDO CABANA, PATRICIA PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA

FEIJOO SÁNCHEZ, BERNARDO PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

GALLEGO SOLER, JOSÉ IGNACIO PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA

GARCÍA ARÁN, MERCEDES CATEDRÁTICA DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA

GARCÍA DE DIOS FERREIRO, RAMIRO MAGISTRADO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 6 DE MADRID

GARCÍA PÉREZ, OCTAVIO PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

GÓMEZ INIESTA, DIEGO J. PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

LAMARCA PÉREZ, CARMEN PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

LASCURAIN SÁNCHEZ, JUAN ANTONIO LETRADO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

LAURENZO COPELLO, PATRICIA CATEDRÁTICA DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

MACHADO RUIZ, Mª DOLORES PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, CARLOS CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA

MATA BARRANCO, NORBERTO DE LA PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

MUÑOZ SÁNCHEZ, JUAN PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

NÚÑEZ PAZ, MIGUEL ÁNGEL PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA

OLAIZOLA NOGALES, INÉS PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

OLIVAS DÍAZ, AMAYA JUEZ DE INSTRUCCIÓN DE BARCELONA

PANTOJA GARCÍA, FÉLIX FISCAL DEL TRIBUNAL SUPREMO

PAREDES CASTAÑÓN, JOSÉ MANUEL CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

PÉREZ CEPEDA, ANA ISABEL PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

PESTANA PÉREZ, MARIO MAGISTRADO DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

PRADA SOLAESA, JOSÉ RICARDO MAGISTRADO DE LA AUDIENCIA NACIONAL

RAMÍREZ ORTIZ, JOSÉ LUIS MAGISTRADO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 1 DE GRANOLLERS

RAMON RIBAS, EDUARD PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES

RAMOS TAPIA, Mª INMACULADA PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

RIOS CORBACHO, JOSÉ MANUEL PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

RODRÍGUEZ PUERTA, MARÍA JOSÉ PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA

SÁEZ VALCÁRCEL, RAMÓN MAGISTRADO DE LA AUDIENCIA NACIONAL

SALINERO ALONSO, CARMEN PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

SÁNCHEZ-ALBORNOZ BERNABÉ, CARMEN MAGISTRADA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SANTANA VEGA, DULCE MARÍA PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

TAMARIT I SUMALLA, JOSEP MARIA CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LÉRIDA

VALEIJE ÁLVAREZ, INMACULADA PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO

VICENTE MARTINEZ, ROSARIO DE PROFESORA TITULAR DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

ZUGALDÍA ESPINAR, JOSÉ MIGUEL CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

 

 

PROPUESTA DE REGULACIÓN DEL TRABAJO SEXUAL

 

 INTRODUCCIÓN

Con la presente propuesta de regulación del trabajo sexual, el Grupo de Estudios de Política Criminal pretende demostrar que existen alternativas jurídicas para dar respuesta a los problemas que esta actividad plantea, sin dejar por ello de salvaguardar los derechos de los trabajadores sexuales, ni de perseguir cualquier forma de prostitución forzada.

 

Debe decirse, en primer lugar, que no es cierto que la regulación del trabajo sexual incremente el tráfico y la explotación, ni que favorezca la expansión de la industria del sexo. Es un tópico más, que la realidad desmiente. Un estudio de 2005 (Andrea di Nicola, aportado al Informe del Congreso de los Diputados sobre la prostitución en España, 13 de marzo de 2007), sobre las políticas relativas a la prostitución en veinticinco Estados miembros de la Unión Europea y su impacto sobre la trata de seres humanos, reconoce al modelo laboral un efecto minimizador del daño y protector de los derechos de quienes se prostituyen. Es también la posición que mantiene la OIT desde hace años: “Guste o no, sea legal o no, la prostitución es una actividad económica y la misión de la OIT es mejorar las condiciones laborales y promover los derechos humanos de todos/a los/as trabajadores/as” (Declaración de 1998). Un reconocimiento que los tribunales españoles otorgan a las actividades de alterne desde los años 80, al margen de que esta actividad se encuentre recogida en convenio colectivo o esté presente, -que no lo está-, en la Clasificación nacional de ocupaciones del Instituto Nacional de Empleo.

 

Con todo, en nuestro país se ha abierto una vía jurisprudencial partidaria de la admisión también de la prostitución, o trabajo sexual, como actividad profesional lícita. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en sentencia de 23 de diciembre de 2003 (confirmada por la STS, Sala de lo Social, de 27 de noviembre de 2004) es una buena prueba de ello, y además pone el dedo en la llaga cuando afirma que la falta de previsión legislativa de esa realidad en un estado social como el nuestro no pone de manifiesto sino una “carencia de sensibilidad normativa” al no acometer “los múltiples problemas que desde ámbitos tan diferentes como la marginación, las relaciones de vecindad o de urbanidad, la sanidad o la economía sumergida plantea la prostitución”.

 

DIRECTRICES GENERALES:

En cuanto al ámbito de la propuesta de regulación, ésta tiene por objeto los servicios sexuales remunerados prestados en condiciones de libertad y no vulnerabilidad. La mayoría de edad debe ser requisito imprescindible para prestar y recibir servicios sexuales remunerados.

 

En cuanto a las relaciones jurídicas, la regulación del trabajo sexual debe reconocer la existencia de dos formas posibles de relación, que serán desarrolladas en el apartado correspondiente a la reforma laboral:

a) La relación laboral por cuenta ajena, que debe ser de carácter especial.

b) La prestación en régimen de trabajo autónomo, en la que debe atenderse a la relación entre quien presta los servicios y quien los recibe, pero también, en su caso, a la relación entre quien presta los servicios y el establecimiento en que lo hace.

 

Dada la naturaleza de la actividad a desarrollar, se propone el fomento de las formas de auto-organización laboral, como el régimen de autónomos o las cooperativas.

 

PROPUESTA DE REFORMA PENAL:

La propuesta presentada se limita a suprimir el obstáculo contenido en el Código Penal para la regulación del trabajo sexual libre, sin perjuicio de que, en otra propuesta más amplia que abordara temas no tratados en este documento, fueran pertinentes otras modificaciones legales en delitos relativos a la prostitución o en el delito de tráfico de personas.

 

Con tal objeto, se propone la supresión del último inciso del artículo 188.1 del Código Penal, incluido por L.O. 11/2003, que en la actualidad sanciona con la misma pena que la prostitución forzada, “al que se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma”. Dicho precepto quedaría redactado como sigue:

 

“El que determine, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, a persona mayor de edad a ejercer la prostitución o a mantenerse en ella, será castigado con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de 12 a 24 meses”.

 

JUSTIFICACIÓN: La regulación vigente, en aquello que proponemos suprimir, sanciona penalmente actos lucrativos vinculados a la realización libre de una actividad, lo que carece de sentido. Con el texto vigente, la ambigüedad del término “explotación” permite tanto una interpretación restrictiva, reducida a situaciones de abuso, como una interpretación en clave represiva y contraria al proceso de regulación del trabajo sexual realizado voluntariamente por adultos. Si lo que se pretende prevenir es la obtención de un lucro excesivo por parte del empleador o la imposición de condiciones laborales abusivas, para ello están ya los tipos penales de protección de los derechos de los trabajadores.

 

 

PROPUESTA DE REFORMA LABORAL:

 

  1. Trabajo por cuenta ajena.

 

Con el fin de evitar la imposición de condiciones abusivas por parte de los empleadores, y de proteger los derechos sociales de aquellas personas que realizan trabajos sexuales como asalariadas, se propone regular el trabajo por cuenta ajena mediante una relación laboral de carácter especial, en el marco del artículo 2 del Estatuto de los Trabajadores, que permita la adaptación de las normas laborales generales a las peculiares características y necesidades de este colectivo de trabajadores. Para ello, se requeriría una habilitación legal expresa, ya que el artículo 2.1.i) del Estatuto de los Trabajadores prevé que pueden crearse nuevas relaciones laborales de carácter especial por “Ley”.

 

En el momento de configurar la relación laboral especial mediante el correspondiente desarrollo reglamentario deberían diseñarse, con la mayor claridad posible, todos los aspectos que la conforman (esto es, a quién se aplica, régimen de jornadas, descansos, vacaciones, régimen de retribuciones, lugar de trabajo, causas de suspensión o extinción de la relación…).

 

Dadas las especiales características de la prestación de servicios sexuales, la regulación laboral debería hacer especial hincapié en el reconocimiento de la máxima autonomía en el ejercicio de su actividad al trabajador; esto es, el poder de dirección empresarial no podría alcanzar, en ningún caso, a la forma y condiciones concretas en que se produce la prestación de servicios sexuales a los clientes. En tal sentido, el empresario no podría decidir si se presta un servicio o no, o el tipo de servicio, siendole de aplicación otras limitaciones derivadas del principio de autonomía, del tenor de las indicadas para el trabajo autónomo. También cabría insistir en las cuestiones vinculadas con la prevención de riesgos laborales, en la medida en que constituyen una obligación empresarial.

 

  1. Trabajo autónomo

 

Por lo que respecta a la organización del trabajo sexual en régimen de autónomos, se propone la aplicación de los siguientes principios:

a) se tendrá por inexistente la condición por la cual la persona que demanda los servicios sexuales condiciona el pago de la remuneración a la obtención de un determinado resultado.

b) el contenido de la prestación deberá ser consentido y acordado directamente por la persona que presta los servicios con el demandante de dichos servicios.

c) la persona que presta los servicios podrá exigir el pago previo de la remuneración pactada. La remuneración pagada es irrepetible, salvo que no se hayan empezado a realizar los servicios pactados.

d) la persona que presta los servicios sexuales podrá desistir de realizarlos en cualquier momento, sin necesidad de alegar ningún motivo.

e) el titular del establecimiento no podrá imponer la prestación de un determinado servicio, la forma o manera de prestarlo o la persona receptora del mismo. No podrá ser objeto de acuerdo la determinación del domicilio o residencia de la persona que presta los servicios sexuales remunerados.

 

  1. Seguridad Social y negociación colectiva.

 

Con el fin de garantizar el acceso a las prestaciones del sistema de Seguridad Social, será de aplicación a los trabajadores por cuenta ajena el Régimen general de la Seguridad Social, debiéndose realizar la consiguiente cotización por parte del empresario y por parte del trabajador, de modo que se garantice el acceso a las prestaciones del sistema de Seguridad Social. Por lo que respecta a los trabajadores en régimen de autónomos, el reconocimiento del trabajo sexual como actividad económica permitiría su inclusión en el marco del Régimen especial de Seguridad Social de Trabajadores autónomos (RETA).

 

Tanto en el caso de trabajadores por cuenta ajena, como en el de los autónomos , se garantizará el ejercicio de la correspondiente negociación colectiva, determinando quiénes pueden ejercerla, con qué contenido, alcance temporal, etc.

 

DIRECTRICES PARA LA REGULACIÓN ADMINISTRATIVA

 

  1. Establecimientos.

 

Se propone la creación de una ley marco que, respetando las competencias de los municipios y demás entidades locales, permita la realización de trabajos sexuales en inmuebles urbanos conforme a un sistema de licencias municipales que no podrá incluir condiciones discriminatorias directamente relacionadas con la naturaleza de la actividad.

Los titulares de los establecimientos deberán contar con una licencia específica para este tipo de actividad económica, que requerirá previamente de las autorizaciones administrativas previstas en la legislación vigente, incluida, en su caso, la normativa sobre establecimientos abiertos al público y realización de espectáculos públicos. No podrán ser titulares de forma directa ni indirecta, ni participar en la financiación o aportación de medios económicos o materiales, ni dirigir, administrar o encargarse de un establecimiento, quienes tengan antecedentes penales vigentes por alguno de los delitos contra la libertad o indemnidad sexuales, contra los derechos de los trabajadores o contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

 

La regulacion debería establecer la posibilidad de establecimientos gestionados directamente por las personas que prestan los servicios sexuales remunerados. Se propone que a tales establecimientos les sean aplicables fórmulas societarias cooperativas que tengan como finalidad la adquisición, alquiler y cesión de uso de inmuebles, instalaciones y otros elementos auxiliares necesarios o convenientes para la actividad de sus socios.

 

  1. Trabajo sexual en zonas urbanas.

 

Con el fin de conciliar los derechos de las personas que desarrollan trabajos sexuales en la calle con los de otros conciudadanos, se propone que se regulen las posibilidades de creación, intervención y control, desde el ámbito municipal, de espacios específicos para el ejercicio de esta actividad. Dichos espacios deberán contar con las condiciones de accesibilidad,salubridad, iluminación, comodidad y seguridad aptas e idoneas para el desarrollo del trabajo sexual.

Se propone la modificación de aquellas ordenanzas municipales y otras disposiciones que prohiban la oferta y solicitud de servicios sexuales remunerados en la calle, con el fin de garantizar su práctica libre, siempre que se respete el resto de la legislación vigente.

 

  1. Inmigración.

 

La obtención del permiso de trabajo y de residencia por parte de los ciudadanos extranjeros no comunitarios que deseen desarrollar en nuestro país trabajos sexuales debe sujetarse a los mismos requisitos y condiciones que en el caso de los demás trabajadores extranjeros, sea en trabajo por cuenta propia o ajena.

 

  1. Programas de asistencia sanitaria y social

 

La realización de trabajo sexual remunerado no estará sometida a controles sanitarios extraordinarios no previstos en las normas generales de protección de la salud en el trabajo.

 

Se propone la puesta en marcha periódica de campañas informativas, dirigidas tanto a los trabajadores sexuales como a los consumidores, sobre salud y prevención de enfermedades de contagio sexual. El organismo competente en materia de salud deberá facilitar el acceso al sistema sanitario público a las personas que se dediquen a la prestación de servicios sexuales remunerados.

 

Asimismo se propone la creación de programas asistencia-les, con el fin de informar adecuadamente a los trabajadores sexuales de sus derechos y prevenir cualquier forma de prostitución forzada. Dichos programas y campañas deberán respetar el principio de autonomía en el ejercicio del trabajo sexual y deberá evitarse todo aquello que pueda llevar a la estigmatización social o institucional de los trabajadores del sexo.

 

En Jerez de la Frontera, a 2 de junio de 2007.

 

FIRMANTES

 

ABEL SOUTO, MIGUEL PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

ACALE SÁNCHEZ, MARÍA PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

ALONSO RIMO, ALBERTO PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

ÁLVAREZ GARCIA, FRANCISCO JAVIER CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

ANDRÉS DOMÍNGUEZ, ANA CRISTINA PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS

ARAMBURU GARCÍA-PINTOS, MIGUEL MAGISTRADO DEL JUZGADO DE LO PENAL Nº 2 DE VIGO

ASÚA BATARRITA, ADELA CATEDRÁTICA DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

BENÍTEZ ORTÚZAR, IGNACIO F. PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

BORJA JIMÉNEZ, EMILIANO PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

BRANDARIZ GARCÍA, JOSÉ ÁNGEL PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA

BUJÁN ÁLVAREZ, JOSÉ MANUEL MAGISTRADO DE LA SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ASTURIAS

CARMENA CASTRILLO, MANUELA MAGISTRADA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

CORTÉS BECHIARELLI, EMILIO PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

DEMETRIO CRESPO, EDUARDO PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA DÍEZ RIPOLLÉS, JOSÉ LUIS CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

ESPINOSA CASARES, IGNACIO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA RIOJA

FARALDO CABANA, PATRICIA PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA

GALLEGO SOLER, JOSÉ IGNACIO PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA

GARCÍA ARÁN, MERCEDES CATEDRÁTICA DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA

GARCÍA DE DIOS FERREIRO, RAMIRO MAGISTRADO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 6 DE MADRID

GÓMEZ INIESTA, DIEGO J. PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

LAMARCA PÉREZ, CARMEN PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

LASCURAIN SÁNCHEZ, JUAN ANTONIO LETRADO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

LAURENZO COPELLO, PATRICIA CATEDRÁTICA DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

MATA BARRANCO, NORBERTO JAVIER DE LA PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

NUÑEZ PAZ, MIGUEL ÁNGEL PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA

OLAIZOLA NOGALES, INÉS PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

OLIVAS DÍAZ, AMAYA JUEZ DE INSTRUCCIÓN DE BARCELONA

PANTOJA GARCÍA, FÉLIX FISCAL DEL TRIBUNAL SUPREMO

PAREDES CASTAÑÓN, JOSÉ MANUEL CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

PÉREZ CEPEDA, ANA ISABEL PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

PESTANA PÉREZ, MARIO MAGISTRADO DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

RAMÍREZ ORTIZ, JOSÉ LUIS MAGISTRADO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 1 DE GRANOLLERS

RAMON RIBAS, EDUARD PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES RIOS CORBACHO, JOSÉ MANUEL PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

RODRÍGUEZ PUERTA, MARÍA JOSÉ PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA

SÁEZ VALCÁRCEL, RAMÓN MAGISTRADO DE LA AUDIENCIA NACIONAL

SÁNCHEZ-ALBORNOZ BERNABÉ, CARMEN MAGISTRADA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SANTANA VEGA, DULCE MARÍA PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

TAMARIT I SUMALLA, JOSEP MARIA CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LÉRIDA

VALEIJE ÁLVAREZ, INMACULADA PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO

VICENTE MARTINEZ, ROSARIO DE PROFESORA TITULAR DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

ZUGALDÍA ESPINAR, JOSÉ MIGUEL CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

 

La Corte Constitucional colombiana y el trabajo sexual

 

Por Marta Lamas , 24 diciembre, 2016

http://www.proceso.com.mx/467222/la-corte-constitucional-colombiana-trabajo-sexual

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CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En enero de este año una docena de trabajadoras sexuales estaban sentadas en un parque de Bogotá cuando llegó la policía, las cercó, las insultó, les robó sus pertenencias y las condujo a la Unidad Permanente de Justicia (UPJ). Esta acción se dio en el contexto de operativos para la recuperación del espacio público. Cuando una activista intervino en su defensa, la Policía le respondió: “En vez de estar defendiéndolas por qué no educan a esas putas hijueputas”.

Dos de las agraviadas presentaron una acción de tutela en contra de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Ministerio del Trabajo y otras dependencias gubernamentales. Declararon que ellas hacen uso del espacio público como cualquier otro ciudadano, y que en el parque llegan a acuerdos con sus clientes tal y como otras personas pactan allí sus encuentros o sus negocios. Denunciaron que la detención policiaca es parte de un patrón persistente de prácticas arbitrarias de la Policía Metropolitana de Bogotá, que despliega acciones sistemáticas de violencia en contra de ellas, como amenazarlas con trasladarlas a la UPJ si no pagan una suma de dinero o ahuyentarles los clientes con rumores de que ellas son VIH positivas.

Las trabajadoras sexuales también señalaron que el hecho de no contar con normas laborales que las protejan –como cualquier otra persona– tiene como consecuencia el trato arbitrario y violento al que la Policía las somete. Por ello solicitaron la acción de tutela, que protegería sus derechos al trabajo, a la integridad personal, a la libre circulación, a la no discriminación en razón de su dedicación laboral y a estar libres de violencia.

El pasado 3 de octubre, la Corte Constitucional de Colombia emitió su resolución T-594 sobre trabajo sexual y espacio público, que bien valdría la pena que se conociera en México. Desde 2010 esa Corte reconoce derechos laborales a quienes se desempeñan en la prostitución y que la licitud de su quehacer no está sujeta a un momento determinado del día.

En el caso en cuestión, la Corte fue más lejos al difundir la sentencia T-629, de 2010. En ella puntualizó que la aplicación de las medidas administrativas de “recuperación de un espacio público” por parte de la Policía implica un fundamento discriminatorio, pues excluye a las trabajadoras sexuales del espacio público. Para la Corte colombiana, esta concepción de la Policía se fundamenta en estereotipos del trabajo sexual que, además de que tienen un impacto en la dignidad de las personas que lo ejercen, perpetúan la percepción de éstas como un grupo indeseable y sin valor. Asimismo, dichos prejuicios contribuyen a que quienes realizan esta labor sean tratadas de forma violenta tanto física como psicológicamente.

La Corte colombiana señaló que los trabajadores sexuales merecen una especial protección constitucional al ser un grupo tradicionalmente marginado y discriminado en razón de su actividad. De la prostitución se derivan estereotipos negativos que han excluido a quienes lo ejercen de la protección del derecho. También la Corte argumentó la necesidad de generar un diálogo con representantes de los trabajadores sexuales, de la sociedad civil y de las autoridades e incluso de los usuarios de estos servicios para articular una política comprensiva frente a dicho tipo de labor.

Además de conceder el amparo a las dos demandantes, la Corte estableció ciertas órdenes y exhortaciones que constituyen una pauta muy positiva. Éstas son algunas:

1) Ordenó a la Policía Metropolitana de Bogotá que se abstenga de utilizar la política de recuperación del espacio público para limitar el derecho a la libre circulación de las trabajadoras sexuales.

2) Ordenó a la Alcaldía Mayor de Bogotá que dé prioridad al desarrollo de una política pública que genere oportunidades para las personas en ejercicio del trabajo sexual y que en el término de dos meses instale una mesa para su conceptualización, donde se incluya a representantes de ese sector y de organizaciones civiles, así como integrantes de la sociedad civil, para que en un plazo máximo de un año instaure el programa de oportunidades para esta población.

3) Ordenó a la Alcaldía Mayor de Bogotá que, junto con la Defensoría del Pueblo, imparta capacitaciones a la Policía Metropolitana de Bogotá acerca de la importancia del trato digno a los trabajadores sexuales y la prohibición de maltrato verbal y físico.

4) Exhortó al Ministerio del Trabajo a que elabore una propuesta de regulación sobre la prostitución de acuerdo con los lineamientos establecidos en su resolución y que priorice la adopción de medidas que protejan a quienes la ejercen legalmente.

En México tenemos mucho que aprender de la reflexión jurídica y de derechos humanos que sostienen las sentencias T-629 y T-594 de la Corte Constitucional colombiana. En este momento, ante el embate de quienes proponen la erradicación total del comercio sexual, tiene especial relevancia la regulación del trabajo sexual como una labor que requiere la protección legal de las personas que se dedican a él. Ojalá y avanzáramos en esa dirección.

 

Manuela Carmena, el Papa Francisco y la prostitución

El Vaticano organizó los días 21 y 22 de julio de 2015 un foro sobre el “Cambio climático y nuevas formas de esclavitud moderna”. Sobre ecologismo y prostitución debatieron Manuela Carmena, el Papa Francisco y el alcalde de Nueva York Bill de Blasio.

 

Clara Mallo

 

Madrid | @ClaraMallo

 

Martes 28 de julio de 2015

 

http://www.izquierdadiario.es/spip.php?page=movil-nota-3510&id_article=21121

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La cita estuvo organizada por Academia Pontificia Ciencias Sociales del Vaticano y por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En el foro intervinieron más de 70 participantes entre alcaldes y alcaldesas de todo el mundo como los de Nueva York, París, Bogotá, Buenos Aires, o Madrid y representantes de la ONU.

El objetivo del Papa Francisco es buscar aliados. Así en su discurso se dirigió a los más de 70 participantes con estas palabras: “La Santa Sede o tal país podrán hacer un buen discurso en la ONU, pero si no hay trabajo desde la periferia al centro, no tendrá efecto. Y ahí, en la periferia, es donde está el trabajo de los alcaldes”. Con ello Bergoglio cuenta poder influir en las decisiones de la Cumbre sobre el Clima que la ONU celebrará a finales de año.

Pero no solo el Papa pidió “conciencia ecológica” sino que el otro de los puntos del encuentro fue los “nuevos modos de esclavitud moderna”. Entre los diferentes temas, la prostitución fue uno de los debatidos en este foro vaticano.

Manuela Carmena sobre la prostitución: un tema a evitar

Manuela Carmena intervino en el foro sobre esta cuestión, centrándose en una reflexión sobre los motivos del “consumo de la prostitución”. “Si queremos evitar el terrible crimen de la esclavitud sexual, tenemos que reflexionar con sinceridad sobre las causas”, dijo la recientemente electa alcaldesa de Madrid, a la vez que señaló que “hay que entender la sexualidad desde la cultura de los cuidados“.

En el programa de Ahora Madrid presentado para las elecciones del 24M, la formación encabezada por Carmena propuso un proyecto piloto para el “reconocimiento de los derechos laborales de las trabajadoras del sexo”, un tema en torno al que hay debates “eternos, que nunca concluyen”, según aseguró Carmena en su momento. La propuesta giraba en torno a la voluntad de “buscar algún tipo de estructura de apoyo muy grande para el sector que está en contra de la legalización y otra de ensayo de una cierta legalización y sobre todo de reconocimiento de derechos laborales de protección“, pero parecía no concretar en propuestas.

No obstante, por el momento Manuela y su equipo se han limitado a mantener el “Plan contra la Explotación Sexual” iniciado por la anterior alcaldía del PP en la anterior legislación, ya que como afirmó la portavoz del Ayuntamiento Rita Maestre (dirigente de Podemos), lo consideran “muy interesante”.

El plan impulsado por Botella y avalado por Carmena reza “erradicar la demanda de prostitución y prestar atención a las mujeres que la ejercen ofreciéndoles recursos y alternativas viables para el abandono de la prostitución”. Un plan que fue criticado por algunas asociaciones que trabajan con mujeres en situación de esclavitud sexual y que lo definían como un plan nefasto principalmente porque con él “las prostitutas han sufrido un mayor acoso policial”, como expresó Cristina Garaizabal, cofundadora de Hetaira, un colectivo que trabaja con mujeres en situación de explotación sexual.

La ingenuidad de Carmen y la frivolidad de Bergoglio

El intento de capitulación por parte del Vaticano de la lucha por los Derechos Humanos en el último periodo, ha hecho que algunos vean a esta como una nueva etapa de la Iglesia Católica. Pero el mismo Bergoglio que organiza un encuentro en el que debatir la explotación sexual hacia las mujeres es el autor de declaraciones que arremeten contra derechos básicos de las estas como el aborto, o en contra de la diversidad sexual, alegando que las personas LGTB “no reconocen el orden de la creación”.

En los últimos tiempos el Vaticano ha buscado mostrarse con un nuevo rostro. Para ello ha utilizado una serie de discursos sociales con declaraciones en los distintos foros de gestión capitalista. Sus declaraciones en el Parlamento Europeo sobre la recuperación de los “viejos valores”, la lucha contra el cambio climático en la ONU y las declaraciones en su última visita a algunos estados latinoamericanos donde expresó “ningún poder fáctico o constituido tiene derecho a privar a los países pobres del pleno ejercicio de su soberanía”, son ejemplo de ello.

Todo esto es parte de un discurso que busca lavarle la cara a la Iglesia, fuertemente desprestigiada por los casos de corrupción y abusos a menores que saltaron públicamente en los últimos años. Una Iglesia que durante años fue fiel impulsora de las políticas neo liberales y adoctrinó en base a los pilares de la familia y el patriarcado.

Este nuevo discurso de “buenas intenciones” genera unas falsas expectativas que parece han causado efecto en ciertos líderes de algunas formaciones que se reivindican herederas de los movimientos sociales. Los cuales han visto en el Papa un aliado para sus políticas de mejora social. Primero fue Pablo Iglesias que mostró en varias ocasiones su admiración y voluntad de acercamiento a Bergoglio, y ahora es Manuela Carmena que ve voluntad en las “buenas intenciones” de la Iglesia.

Resulta paradójico (y no menos cínico) que una institución como la Iglesia Católica que desde hace 2000 años niega a las mujeres sus derechos más básicos, como el derecho a decidir sobre la maternidad o sobre la orientación sexual de las personas, discuta sobre la libertad de las mujeres. La discusión sobre esta cuestión en el seno de la Santa Sede solo puede perpetuar y fortalecer la situación de opresión y explotación que sufren millones de mujeres en todo el mundo.

La Iglesia junto con los gestores locales de los negocios capitalistas y la ONU, son instituciones que sostienen el orden mundial capitalista y, como la Iglesia, apoyan las bases del sistema patriarcal que lleva a las mujeres a las peores situaciones humanas posibles como la esclavitud sexual, el feminicidio, y les niega derechos como la educación, la libre sexualidad y el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos.

Ni con un plan redactado por el PP, ni debatiendo con el Papa, puede abrirse camino para discutir sobre la cuestión de la explotación sexual. Solo un debate amplio independiente del Estado y de los intereses de la Iglesia podrá avanzar en temas como el de la esclavitud sexual y llevar a cabo medidas para comenzar a acabar con ello.

Pero terminar definitivamente con la opresión de género no será posible sin un movimiento fuerte de trabajadoras, jóvenes, estudiantes, precarias, inmigrantes, LGTBI, que, junto al conjunto de la clase obrera, entierre definitivamente al sistema capitalista que la sostiene.

 

Alerta: ¡penalización = sida!

 

Comunicado de prensa del Collectif Droits & Prostitution

 

1 de diciembre de 2016

http://droitsetprostitution.fr/1/index.php/actualite-mobilisation/42-alerte-penalisation-sida

 

dp

Con ocasión del 1º de diciembre, Día mundial de lucha contra el sida, el colectivo Droits & Prostitution interpela de nuevo a las asociaciones, instituciones, autoridades públicas y políticos a propósito de la situación sanitaria de las trabajadoras del sexo.

Desde que se aprobó la ley antiprostitución del 16 de abril de 2016, constatamos un aumento de la precarización, de los desplazamientos inducidos por la penalización, un poder creciente de los clientes en detrimento de las trabajadoras del sexo en la negociación de las prácticas, de la utilización del preservativo y de las tarifas. Según los testimonios que recogemos, hay un menor uso del preservativo y un aumento de los casos de violencia. Todas estas situaciones son reconocidas como factores de vulnerabilidad en el último informe de la Alta Autoridad de la Salud [1] así como en el conjunto de la literatura científica [2] que trata de la epidemiología del VIH/sida en lo que concierne a las trabajadoras del sexo. Por tanto, tememos un próximo aumento de las ETS y de los embarazos no deseados.

Constatamos igualmente que la mayor movilidad de las trabajadoras del sexo, en adelante necesaria para mantener su nivel de ingresos, lleva a un seguimiento médico menos bueno de las seropositivas o de las compañeras que toman un tratamiento profiláctico PrEP. Observamos en efecto que algunas compañeras interrumpen sus tratamientos antirretrovirales o PrEP por no poderlos renovar fácilmente cuando ellos/ellas son obligadas a desplazarse para trabajar. A causa de estos desplazamientos y del mayor aislamiento, es por otra parte más difícil para nuestras asociaciones garantizar sus misiones de prevención y de acceso a la atención médica destinadas a identificar y acompañar a las compañeras en sus trámites administrativos, sociales y de salud.

Si bien la penalización de los clientes ha entrado efectivamente en vigor tras la aprobación de la ley, el decreto de Reducción de riesgos referente a la salud nunca ha sido publicado y nos encontramos aún más desprotegidas frente a problemas crecientes. La ideología abolicionista y las políticas de penalización son incompatibles con la salud pública. Sufrimos hoy un retroceso de treinta años hasta aquella época en la que se nos pedía convencer a nuestra comunidad de que cesara el trabajo sexual en lugar de buscar autoprotegerse y autoorganizarse en defensa de su salud y sus derechos. Cuando las asociaciones abolicionistas son en este momento favorecidas política y financieramente en detrimento de las asociaciones de salud y/o de lucha contra el VIH, es evidente que el gobierno tiene por objetivo matar la salud comunitaria y, haciendo eso, contraviene el conjunto de recomendaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud y de ONUSIDA .[3]

 

Exigimos:

– la derogación de la ley de 13 de abril de 2016, que penaliza a nuestros cliente y condiciona cualquier ayuda que se nos preste al cese de nuestra actividad.

– la puesta en marcha inmediata de una  política pública realista de reducción de riesgos en materia de salud sexual y de lucha contra las ETS, y de una  política realista de financiación de estas actuaciones.