“Nos niegan derechos por el hecho de ser putas y mantenernos encima de los tacones”

El Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS) ha llevado a cabo acciones por la capital hispalense para conmemorar el Día Internacional por los Derechos de las Trabajadoras Sexuales

 

Carmen Marchena

4 de marzo de 2021

https://www.lavozdelsur.es/ediciones/sevilla/prostitucion-nos-niegan-derechos-por-ser-putas-y-mantenernos-encima-de-los-tacones_256775_102.html

 

María José Barrera (Colectivo de Prostitutas de Sevilla) en el encuentro por el Día Internacional por los Derechos de las Trabajadoras Sexuales en la Alameda de Hércules. JOSÉ LUIS TIRADO

 

El 3 de marzo de 2001, más 25.000 trabajadoras sexuales acudieron a un festival en Calcuta (La India), a pesar de los grupos prohibicionistas, para reivindicar sus derechos laborales como ciudadanas. Desde entonces, cada 3 de marzo, se celebra el Día Internacional por los Derechos de las Trabajadoras Sexuales. 20 años después, este colectivo sigue sin tener reconocidos sus derechos como cualquier trabajador/a y continúa fuertemente estigmatizado por la sociedad.

“Si las putas de países no tan privilegiados como el nuestro salieron a la calle pidiendo derechos en situaciones muchísimo peores, será porque vivir sin derechos no es vida”, exclamaba ayer María José Barrera, la portavoz del Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS) en mitad de la Alameda de Hércules de Sevilla. Las trabajadoras sexuales organizadas, o como ellas mismas se llaman con orgullo “las putas organizadas”, convocaron varias acciones para informar sobre su situación y exponer cuáles son sus peticiones, con el fin de generar empatía para que se las ayude a conseguir “los mismos derechos que el resto de personas como ciudadanxs de pleno derecho”.

María José, ataviada con su camiseta de “Sin trabajadoras sexuales no hay feminismo”, expuso la cruda realidad a la que se han enfrentado miles de trabajadorxs sexuales durante el confinamiento. “En el último año hemos sido ignoradas tanto por el Gobierno como por el resto de las instituciones, no hemos accedido al Ingreso Mínimo Vital ni a ningún tipo de ayuda, a pesar de nuestro trabajo”, revela su manifiesto. El círculo alrededor de Barrera se hizo cada vez más numeroso, pero siempre guardando las distancias de seguridad. “Mientras las mujeres vivan en un sistema capitalista y patriarcal, seguirán viéndose abocadas a ejercer la prostitución”, espetaba elevando el tono con una aclaración: “Somos pro derechos, no somos regulacionistas. Estamos luchando por los derechos laborales, no estamos engañando a nadie”.

María José durante su intervención previa a las acciones. JOSÉ LUIS TIRADO

Durante su exposición aprovechó para agradecer el apoyo “cada vez mayor”, ya que “somos conscientes de que no resulta fácil acercarse a un colectivo como el nuestro, cuando ni siquiera las putas pueden dar la cara precisamente por la violencia que recibimos al exponer nuestra realidad”. Seguidamente clamó por “la protección real para las víctimas de trata” y por “alternativas efectivas para las compañeras que quieran dejar la prostitución”. En este sentido, la portavoz del CPS manifestó que “las putas no queremos salvaoras, queremos derechos reconocidos y no vernos abocadas a ejercer la prostitución, para que nadie tenga que venir a salvarnos”, en alusión a la “industria del rescate”.

En el manifiesto también denuncian que “el proyecto de Ley Orgánica de Libertad Sexual del Ministerio de Igualdad quiere perseguirnos a través de la clausura de nuestros espacios de trabajo, incluyéndose en esta ley la tercería locativa (que prohibiría que un tercero se lucre del trabajo de las prostitutas), el llamado proxenetismo no coactivo, que no podamos trabajar en clubs y agencias, o incluso que quien nos lleve en taxi a trabajar pueda llegar a ser considerado nuestro ‘proxeneta’, y por supuesto a través de la Ley Mordaza, con multas a aquellas que trabajen en la calle”.

Minutos antes de salir a la pegada de pegatinas y la colocación de paraguas rojos por monumentos históricos de la ciudad, María José insistió en que “nos niegan derechos por el hecho de ser putas y mantenernos encima de los tacones”. E ilustró con firmeza: “Nosotras hemos decidido dónde ponemos el coño en esta mierda de patriarcado y lo cobramos”. Porque no solo hay mujeres que quieren dejar la prostitución, advirtió, “también las hay que quieren dejar de limpiar casas y de cuidar a domicilio, porque estamos hartas de trabajos feminizados de mierda”. Finalizó su exposición con una llamada a la acción: “No acordaros de las putas para el victimismo, sino preguntémonos qué podemos hacer por ellas, ¿o es que alguien se preocupa por lo que comemos o en qué condiciones están nuestros lugares de trabajo?”. Además de criticar la desprotección que implica no tener derechos laborales de cara a la sanidad pública.

Colocación de la pancarta en la muralla frente al Parlamento andaluz. JOSÉ LUIS TIRADO

La noche terminó con la colocación de una pancarta en la muralla de la ronda frente al Parlamento de Andalucía con el lema: “Putas con derechos”. Para el 7 de marzo tienen prevista una acción estatal en redes con las fotografías de todos los monumentos históricos retratados con paraguas rojos para reivindicar los derechos de todas las personas que “ejercen el trabajo sexual y transgreden la norma social”.

Asimismo, los objetivos que proponen desde los colectivos pro derechos de trabajadoras sexuales en su manifiesto son, además de conseguir los derechos sociolabores como cualquier ciudadana o ciudadano, “frenar todas aquellas medidas punitivas que quieren acabar con nuestro trabajo; eliminar los artículos 187.2 y 187 bis del proyecto de ley (tercería locativa y proxenetismo no coactivo); la derogación de todas las ordenanzas municipales que las criminalizan, así como los preceptos de la ley mordaza que nos persiguen; el cese de redadas persecutorias contra las compañeras migrantes para tramitar órdenes de expulsión, así como su acceso a la salud y empadronamiento, y la protección real y efectiva (protección, asilo e indemnización) para las víctimas de trata, y que estas no sean instrumentalizadas”.

 

¿Qué derecho(s)? Las prostitutas y trabajadoras del sexo como actoras colectivas

 

Por GESP el 25 noviembre, 2020

25/11/2020 – María Martínez (UNED)

https://blogs.uned.es/gesp/trabajadoras-del-sexo-como-actoras-colectivas/

 

  • ¿Qué derechos va a demandar quien ni siquiera es considerado sujeto? ¿Es pensable que quien es negado como sujeto reclame derechos?
  • Los procesos de negación de la condición de sujetos y ciudadanas, incluso de humanas, de las prostitutas me hace plantear si el primer derecho a demandar no debe ser el mismo derecho a existir, el derecho mismo a tener derechos. Eso no es algo, sin embargo, que tenga que ser concedido por otros, sino que estas prostitutas y trabajadoras del sexo, con su mera auto-organización colectiva y su presencia en el espacio público, están obligándonos a reconocerlas como sujeto de derechos.

 

En agosto de 2018 se inscribe en Barcelona el sindicato OTRAS (Organización de TRAbajadoras Sexuales). Su constitución provocó un revuelo en el gobierno y buscó por todos los medios la forma de anularlo. Así, y tras sólo 3 meses después de su inscripción oficial, sus estatutos fueron invalidados por la Audiencia Nacional. Era la primera vez que se registraba en España un sindicato de trabajadoras sexuales de ámbito estatal. Ahora bien, no era la primera sección sindical ni la primera organización de prostitutas y trabajadoras del sexo en este país. De hecho, unos meses antes, en mayo del mismo año, se había constituido en Cataluña una sección sindical de trabajadoras y trabajadores sexuales dentro del sindicato Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC). Y desde la década de 2010, trabajadoras del sexo y prostitutas han venido conformando en España organizaciones propias: AFEMTRAS (Agrupación Feminista de Trabajadoras del Sexo) en Madrid; Aprosex, Putas Indignadas y Putas Libertarias del Raval en Cataluña; Colectivo de Prostitutas de Sevilla; o el colectivo Caye, formado por trabajadores sexuales, en Asturias. La novedad está, entonces, en la auto-organización de las prostitutas, pues desde 1995 con la constitución de Hetaira (Colectivo en Defensa de los Derechos de las Trabajadoras del Sexo) en Madrid, o más tarde, ya en los años 2000, la creación de CATS (Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo) en Murcia, o de Genera en Barcelona se venía constituyendo una red de apoyo a este colectivo. En parte fueron esas redes de apoyo las que propiciaron primero algunas acciones colectivas (en Montera la primera manifestación de prostitutas se organizó ya en 2003 y probablemente ha habido más que no están registradas), y han servido de apoyo para la ahora auto-organización de las trabajadoras del sexo.

Las teorías de los movimientos sociales tendrían mucho que decir sobre la organización autónoma de este colectivo, pero han estado silentes, al menos en nuestro país; lo mismo sucede con la movilización en general de las mujeres (Martínez, 2019), especialmente las situadas en los márgenes (víctimas, trabajadoras del hogar, mujeres racializadas…) y de otros colectivos subalternos[1]. La primera pregunta que desde los estudios de los movimientos sociales nos podemos hacer es: ¿por qué ahora la organización de prostitutas y trabajadoras del sexo? ¿por qué no hace 10, 20 ó 30 años? Esta pregunta tiene, además, su sentido si analizamos cómo a nivel internacional la organización de prostitutas y trabajadoras del sexo tiene más largo recorrido —recordemos la ocupación de iglesias por prostitutas que comenzó en Lyon (Francia) en 1975 y se extendió por ese país— y ha sido analizada en varios trabajos (por citar algunos: Mac y Smith, 2020; Mathieu, 2009; Osborne, 1991; Pheterson, 1989). Así, Lilian Mathieu (2009) hace uso de la Teoría de la Movilización de Recursos para explicar por qué el movimiento de prostitutas surgió en Francia en 1975 y concluye que en ese momento consiguieron acumular los recursos políticos —conocimiento práctico de las formas de la protesta, los canales de comunicación con las autoridades o los medios de comunicación, etc.— gracias, en parte, a las redes que habían desarrollado, lo que les permitió organizarse y empezar a actuar colectivamente. Y esos recursos fueron eficaces incluso ante una Estructura de Oportunidades Políticas, como afirma también Mathieu, cerrada. Esta explicación es plausible para el caso de España. Por poner un ejemplo, el colectivo AFEMTRAS surge precisamente en reacción a la conocida como Ley Mordaza (Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana), contra las multas que la policía les estaba imponiendo auspiciada bajo esa ley y un movimiento abolicionista de la prostitución con una creciente proyección pública —esto se podría considerar una Estructura de Oportunidad Política cerrada—. En este contexto el papel de algunas organizaciones de apoyo a las prostitutas, en concreto de Hetaira, fue clave para acumular esos recursos políticos y apoyar su auto-organización.

La segunda pregunta común cuando se analizan movimientos sociales suele ser: ¿cuáles son sus demandas? Y, junto a ella, ¿qué vías de reclamación (repertorios de acción) se utilizan? Aunque las propuestas de las organizaciones de prostitutas y trabajadoras del sexo son diversas, dos podemos indicar cómo las grandes demandas: la despenalización del trabajo sexual impidiendo que se multe, y por supuesto que se castigue penalmente, a las personas que ejercen la prostitución; y, el reconocimiento del trabajo sexual en sus diferentes formas como trabajo. La primera gran demanda se concretaría en la derogación de leyes y normativas que criminalizan a las personas que ejercen la prostitución, entre otras las ordenanzas municipales que tan impacto negativo han tenido (Bodelón y Arce, 2018). La segunda —reconocimiento del trabajo sexual como un trabajo— implicaría el reconocimiento de derechos laborales. Aquí es donde las divergencias comienzan: algunas organizaciones (OTRAS) apuestan por diferentes modos de regulación laboral (por cuenta propia, por cuenta ajena), mientras que la sección sindical de la IAC tiene una postura más radical y sólo considera el trabajo realmente autónomo (para un debate sobre esta cuestión se puede consultar el siguiente vídeo). A pesar de esas divergencias, en un manifiesto firmado por la totalidad de las organizaciones de trabajadoras del sexo indicadas se afirmaba: “Lo que queremos y necesitamos es un modelo basado en el reconocimiento de derechos y la plena participación en el diseño de las políticas que nos afectan. Sólo los derechos garantizarán que podamos defendernos de los abusos.” (manifiesto consultable aquí). Así, se está de acuerdo con que, en nuestras sociedades de ciudadanía laboral, de los derechos laborales dependen otros muchos en cascada: derechos sociales, derecho a una jubilación, derecho a paro, derechos sanitarios, derecho a la vivienda, derechos a un ingreso mínimo, etc. A estas demandas se suman otras como la distinción entre prostitución y trata con fines de explotación sexual y desarrollo de programas de atención específicos para las personas tratadas, la derogación de la ley de extranjería pues muchas prostitutas y trabajadoras del sexo son extranjeras viéndose afectadas de manera particular, y la concienciación social sobre el estigma que sufre quien ejerce la prostitución (Juliano, 2004).

Los repertorios de acción que usan para articular sus demandas no difieren mucho de los puestos en marcha por otros movimientos sociales: manifestaciones, concentraciones, performances, lobby político, talleres de sensibilización, participación en foros institucionales, el mantenimiento de la apertura de los clubes ahora que se ha pedido su cierre en tiempos de pandemia, etc. En el caso de las organizaciones que han tomado la forma de sindicatos, como OTRAS, a esto se une el trabajo sindical común: negociación y mediación entre trabajadoras y empresarios, la mejora de las condiciones laborales especialmente en trabajos por cuenta ajena. Pero hay un tipo de acción menos visible y quizás más comúnmente olvidado en los estudios de los movimientos sociales pues no tiene como objeto el “gobierno” o las instituciones y es la constitución misma de estas organizaciones como espacios colectivos en los que trabajar sobre el estigma que las atraviesa y apoyarse en la lucha por la supervivencia. Así, y en tiempos de confinamiento debido al covid-19, estas organizaciones han puesto en marcha, ante su exclusión de la Renta Mínima de Inserción, bancos de alimentos y recaudado fondos para ayudarse, para sostenerse, para cuidarse.

Me gustaría cerrar este texto con una última reflexión que saca el análisis de la organización y acción colectiva de prostitutas del terreno tradicional de los estudios de movimientos sociales. Es una pregunta sobre el sujeto colectivo que todo movimiento social requiere para articular demandas y desarrollar repertorios de acción. La pregunta se podría concretar en lo que sigue: ¿Qué derechos va a demandar quien ni siquiera es considerado sujeto? ¿Es pensable que quien es negado como sujeto reclame derechos? Las prostitutas y trabajadoras del sexo están permanentemente siendo expulsadas (Maqueira, 2017) —del lugar donde ejercen la prostitución, sobre todo si es la calle, de la ciudadanía-laboral pues no se les reconoce como trabajadoras, etc.—, no son nunca reconocidas como sujetos individuales y mucho menos colectivos. Como afirma Georgina Orellano, líder del movimiento de meretrices argentino: “Las consecuencias que tiene la clandestinidad y la criminalización de nuestro trabajo es que no existimos…” (extraído del muro de Facebook de la organización AMMAR el 18 de noviembre de 2020). En este marco adquiere sentido la pregunta por el “derecho a tener derechos” que he escuchado en varias conferencias sobre la auto-organización de prostitutas y trabajadoras del sexo (entre otras, esta). La primera vez que la oí vino a mi cabeza, como no, el trabajo de Arendt (2006/1951) con su discusión de la imposibilidad de conceder derechos a quien no pertenece, en su caso los apátridas, a un Estado-Nación, a quien no existe. Los procesos de negación de la condición de sujetos y ciudadanas, incluso de humanas, de las prostitutas me hace plantear si el primer derecho a demandar no debe ser el mismo derecho a existir, el derecho mismo a tener derechos. Eso no es algo, sin embargo, que tenga que ser concedido por otros, sino que estas prostitutas y trabajadoras del sexo, con su mera auto-organización colectiva y su presencia en el espacio público están obligándonos a reconocerlas como sujeto de derechos (Butler, 2017). Y ese es, por supuesto, el primer paso para su “reconocimiento como sujeto político” (Entrevista a Putas Libertarias del Raval, en la revista “Todo por hacer”, consultable aquí), como actoras colectivas.

 

Referencias

Arendt, H. (2006/1951). Los orígenes del totalitarismo. Madrid: Alianza Editorial.

Bodelón González, E., y Arce Becerra, P. (2018). La reglamentación de la prostitución en los Ayuntamientos: una técnica de ficticia seguridad ciudadana. Revista Critica Penal y Poder, 15, 71-89.

Butler, J. (2017). Cuerpos aliados y lucha política. Hacia una teoría performativa de la asamblea. Barcelona-Buenos Aires-México: Paidos.

Juliano, D. (2004). Excluidas y marginales: Una aproximación antropológica. Barcelona: Cátedra.

Mac, J., y Smith, M. (2020). Putas insolentes. La lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales. Madrid: Traficantes de sueños.

Martínez, M. (2019). Identidades en proceso. Una propuesta a partir del análisis de las movilizaciones feministas contemporáneas. Madrid: CIS.

Mathieu, L. (2001). Mobilisations de prostituées. Paris: Belin.

Osborne, R. (1991). Las prostitutas: una voz propia (crónica de un encuentro). Barcelona: Icaria Editorial.

Pheterson, G. (Comp.). (1989). Nosotras, las putas. Madrid: Talasa.

Piven, F., & Cloward, R. (1977). Poor people’s movements: Why they succeed, how they fail. US: Vintage.

 

[1] Esto es algo que recorre los trabajos de movimientos sociales como ya pusieran sobre la mesa Piven y Cloward en 1977 al analizar por qué este ámbito de estudio no había analizado lo que ellos llamaban “movimientos de pobres” (movimiento de parados, de trabajadores industriales, de derechos civiles y del Estado providencia).

 

Por qué en materia de trata conviene no hacerse la sueca

El nuevo gobierno anuncia una ley integral contra la trata. Ojalá esta ponga los derechos humanos en el centro en lugar del punitivismo y la ideología

 

Por Paula Sánchez Perera

21 de enero de 2020

https://ctxt.es/es/20200115/Firmas/30620/prostitucion-trata-abolicionismo-paula-sanchez-gobierno-ley.htm

 

Poco después de conocer el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, varios medios resaltaron que en él se recogía la lucha contra la trata con fines de explotación sexual, pero no la abolición de la prostitución. Sin embargo, Pedro Sánchez, en su discurso de investidura, remarcaba de nuevo su compromiso con el abolicionismo punitivo, en la misma estela que aquel Proyecto No de Ley presentado en la última legislatura. El abolicionismo en el que hoy se inscribe el Partido Socialista no es otro que el sueco. Mientras que el abolicionismo clásico, que opera desde nuestro Código Penal, se limita a la penalización del lucro de terceras partes (proxenetismo), el neoabolicionismo nórdico amplía la criminalización hasta los clientes. Por su parte, Unidas Podemos, a cargo ahora del Ministerio de Igualdad, aglutina en su formación a feministas de ambos polos del espectro –abolicionistas y proderechos– en un debate abierto, reflejo del que se mantiene en el movimiento feminista. Entre todo aquello que puede celebrar lo que queda a la izquierda del neoliberalismo progresista se encuentra el haber respaldado el consenso fundamental que existe entre la posición abolicionista y la proderechos: elaborar una ley integral que prevenga, proteja y asista a todas las personas que se encuentran en situación de trata.

Aunque aún sea demasiado pronto para realizar valoraciones de una ley que no se ha desarrollado todavía, la manera en la que, de entrada, se encuentra formulada la propuesta de nueva legislación contra la trata en el pacto de gobierno resulta, cuanto menos, preocupante. Si ley “integral” quiere decir que comprende todas las partes que precisa para encontrarse completo, ¿puede decirse que una ley aspira a combatir de manera integral la trata de personas cuando se limita a un solo tipo? El acuerdo, recordemos, no habla de lucha contra la trata a secas, sino que demarca “con fines de explotación sexual”. Quizás pensemos que es la forma mayoritaria, pero en el último balance estadístico del centro criminológico patrio, el CITCO, vemos que las cifras comparadas entre trata sexual y laboral son ajustadas, casi paralelas. Si, a su vez, queremos hacer la operación de centrarnos en aquella forma de trata que afecta fundamentalmente a mujeres, basta recordar que la trata con fines de prostitución forzada no es la única atravesada por el género, ya que cada día se detecta con mayor frecuencia en matrimonios forzados o en el servicio doméstico. De hecho, la última evaluación del Consejo de Europa sobre los esfuerzos españoles por combatir la trata concluía denunciando que en nuestro país la trata laboral se encuentra escasamente detectada, sin apenas protocolos específicos de actuación ni suficiente intervención al respecto. Nos tiraban de las orejas para que comenzásemos a dirigir la mirada hacia otros tipos de trata, esos que no ocupan espacio en la agenda política porque aparentemente no generan votos.

Cuando hablamos de trata a secas, y no solo de aquella con fines de prostitución forzada, ocurre que ciertas fórmulas discursivas no funcionan y que, a su vez, se revelan como construcciones ideológicas. Este es el caso del famoso “sin clientes no hay trata”. Difícilmente llegaría a buen puerto el decir que “si no comprases fresas o camisetas, no existiría la trata”, a pesar de su acusada prevalencia en los sectores agrícola y textil. Tampoco tendría mucho éxito alegar que si no hubiese trabajadoras domésticas –cuidando dependientes o haciendo tareas del hogar– no habría trata en el sector, aunque en esta modalidad se explote casi en exclusiva a mujeres. Una de las razones por las que estos razonamientos se juzgarían con sospecha es porque hemos aprendido que el ejercicio de culpar al consumidor de problemas que tienen su origen en factores estructurales es un argumento propio del neoliberalismo. Una buena cantidad de causas complejas que dan lugar a la trata se suspenden cuando la culpa se coloca principalmente o en exclusiva en el consumidor –como la clandestinidad obligatoria con la que ha de producirse la migración laboral gracias al cierre de la Europa Fortaleza; las condiciones económicas dadas por la desigualdad Norte/Sur; la desregulación del trabajo informal o la feminización de la supervivencia, incrementadas, a su vez por las restricciones que impone la Ley de Extranjería para migrar de forma regular–. Este razonamiento disculpa, mistifica y oculta las estructuras económicas, políticas y legales que avivan la trata.


Una buena cantidad de causas complejas que dan lugar a la trata se suspenden cuando la culpa se coloca principalmente o en exclusiva en el consumidor


A pesar de los esfuerzos discursivos de un sector del abolicionismo, el modelo sueco no lo trajo a España la izquierda. En realidad, la primera interesada en valorar el modelo fue doña Ana Botella con sus planes contra “la esclavitud sexual” en Madrid. Ya entonces se nos vendía la idea de que este modelo, que sostenía que había conseguido reducir la trata hasta volverla irrisoria, era la panacea. En rigor, tal información no procede de investigaciones independientes –que, de hecho, la contradicen–. (Aquí algunas de ellas: este de la GAATWel de la Universidad de Derecho de WashingtonCambridgeeste de especialistas suecas, entre otras muchas).  Pero la idea se extendió a partir del resumen traducido al inglés de un informe triunfalista que difundió el propio gobierno sueco en 2010. Informe, por cierto, criticado de manera sistemática en la academia tanto por su falta de rigor científico y metodología –establecía a priori que los resultados que se publicasen tenían que confirmar la ley, sí o sí– como por la falta de evidencia empírica para sostener sus afirmaciones. El modelo sueco no ha reducido la trata por tres sencillas razones. Primero hay que poner en duda los datos porque no había estadísticas exhaustivas previas a la entrada en vigor de la ley y por tanto no se pueden realizar comparaciones. En segundo lugar, porque, a juzgar por las denuncias, estas no descienden de manera progresiva, sino que fluctúan cada año. Por último, lo que ha conseguido es desplazar la prostitución de su espacio más visible, la calle, para ocultarla en espacios cerrados, donde se trabaja para terceros como casas de masaje tailandesas, según reconoce la propia policía sueca.

Entidades como Amnistía Internacional o Médicos del Mundo Francia, en sus estudios sobre el impacto del modelo nórdico en Noruega y Francia respectivamente, señalan que este vulnera derechos humanos y repercute negativamente en la seguridad, la salud y las condiciones de vida de quienes ejercen la prostitución. Ahora bien, para comprender cuáles serían los efectos de la sanción a la clientela en nuestro contexto no hace falta cruzar la frontera, porque esta penalización al cliente que demanda servicios en el espacio público lleva en vigor en España desde julio de 2015 a través de la Ley Mordaza –e, incluso, antes, a partir de varias ordenanzas municipales–. A cuatro años de su implementación, sabemos que afecta negativamente a las mujeres en ejercicio, incrementando su precariedad y exponiéndolas a un mayor riesgo de sufrir violencia, por la ocultación que implica tener que huir de la policía para evitar que sancionen a sus fuentes de ingresos. El descenso de la clientela para quien ejerce significa, en primer lugar, bajada de los ingresos y desesperación económica. En esta tesitura, o bien deciden bajar las tarifas o bien ocuparse con clientes que en otras circunstancias hubiesen podido rechazar; es decir: les aboca hacia un escenario aun peor.

Aunque el neoabolicionismo no criminalice directamente a quien ejerce la prostitución, sí lo hace con todo el universo que le rodea y, como hasta la fecha desconocemos la existencia de una actividad económica de prestación de servicios que no requiera de clientes, resulta sencillo comprender por qué cualquier medida que criminalice su actividad les afecta necesariamente a ellas. De ahí que la investigación realizada en España por el grupo Antígona de la Universidad Autónoma de Barcelona concluya que el impacto de la sanción a la clientela sobre quienes ejercen la prostitución supera con creces las consecuencias a las que se exponen los clientes. Les afecta tres veces más a ellas que a ellos.

Varias entidades especializadas con décadas de trabajo con personas en situación de trata, como Proyecto Esperanza o Genera, llevan largo tiempo indicando las insuficiencias de nuestras herramientas normativas y de nuestra actuación contra la trata. Hace falta escucharlas; antes de depositar toda nuestra esperanza en un elixir mágico, se trata de aprender de los errores de años de práctica diaria. La crítica más recurrente que realizan es que el modelo español actual tiene dos prioridades: el control migratorio y la persecución penal de los tratantes. En otras palabras, los derechos humanos de las víctimas pasan a un segundo plano. Pensemos que las víctimas son identificadas en los mismos operativos policiales que buscan migrantes en situación administrativa irregular. Reparemos en que el proceso se pone en marcha solo si la persona en situación de trata decide denunciar; esto es, nuestro sistema considera que la protección se merece “a cambio de”. Es decir, solo se garantiza protección si decides formar parte de un intercambio de favores donde el objetivo no es la recuperación de quien ha sido tratada, sino meter en prisión a los tratantes. El dinero público se invierte en campañas contra la prostitución mientras pocas personas en situación de trata consiguen reagrupar a sus familias, muchos permisos de residencia y asilo no llegan a concederse, faltan recursos habitacionales o, como denuncia Women’s Link, muchas mujeres nigerianas en situación de trata sufren la retirada de la custodia de sus hijos de manera automática. Mientras se nos vende el falso porcentaje de que el 80% o el 90% de la prostitución es trata, sin estudio alguno que lo avale, seguimos sin conocer las cifras de mujeres protegidas e indemnizadas en nuestro país. Quizá ahora por fin tengamos un gobierno con altura política para elaborar una ley que prevenga, asista y proteja a todas las personas que están en situación de trata. Una ley que ponga los derechos humanos en el centro en lugar del punitivismo y la ideología. En esto, más que nunca, conviene no hacerse la sueca.

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Paula Sánchez Perera es activista e investigadora. Colaboradora del Colectivo de Prostitutas de Sevilla.

 

La Asamblea y el Senado de Nueva York derogaron este martes una ley de 1976 contra la práctica de la prostitución en los espacios públicos

 

2 de febrero de 2021

https://www.lavanguardia.com/politica/20210202/6218460/nueva-york-da-paso-defensa-derechos-transexuales.html

 

Nueva York, 2 feb (EFE).- La Asamblea y el Senado de Nueva York derogaron este martes una ley de 1976 contra la práctica de la prostitución en los espacios públicos, pero que los agentes de la Policía de la ciudad han utilizado con asiduidad para detener a mujeres transexuales, especialmente negras y latinas, según han denunciado numerosos legisladores y ONG.

La ley, que popularmente se conoce como la prohibición de las mujeres trans a caminar, permitía a los agentes del orden arrestar y acosar a cualquier persona que supuestamente estuviera practicando la prostitución, sobre vagos preceptos que muchas veces se limitaban a su aspecto o forma de vestir.

“Este proyecto de ley es una victoria monumental para las mujeres transgénero negras y morenas en todo el estado y un paso fundamental para reducir la criminalización de las mujeres trans”, aseguró la ONG Make the Road Nueva York en un comunicado para celebrar la votación la derogación.

Una miembro trans de esta asociación, Mayra Colon, mostró su “desbordante alegría” por la decisión de las dos cámaras legislativas neoyorquinas, controladas por el Partido Demócrata, y contó que durante años ha sido acosada por la policía por pasear con su marido o por su manera de vestir.

“Cuando mi marido y yo salíamos de noche, siempre llevaba mi certificado de matrimonio. En caso de ser parados, podía demostrar a los agentes de policía que estábamos casados y evitar ser arrestada bajo la ley de merodear con el objetivo de prostituirse”, dijo Colon, que mostró su deseo de que el gobernador Andrew Cuomo, que ya ha expresado su apoyo a la iniciativa, la apruebe cuanto antes para que la ley entre en vigor.

La reforma fue propuesta por el senador estatal Brad Hoylman y la asambleísta Amy Paulin, a quienes se unieron numerosos políticos en señal de apoyo.

“El Senado de Nueva York ha aprobado la ley para derogar la prohibición de las mujeres trans a caminar, una norma desfasada que la policía usaba para arrestar y acosar a las mujeres transgénero. Esta es una enorme victoria para la lucha por la igualdad”, escribió Hoylman en su cuenta de Twitter.

El fin de esta norma, defendida por el opositor Partido Republicano, era una antigua reivindicación de los activistas por los derechos humanos y cobró renovadas fuerzas durante el movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan) surgido en mayo del año pasado tras el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de un policía.

El movimiento LGTBI de Nueva York secundó estas protestas uniéndose a las marchas y celebrando concentraciones paralelas, muchas de ellas encabezadas por activistas transexuales negros y latinos. EFE

 

 

¿Abolir la prostitución? Sólo Ciudadanos está en contra: “La regulación protege a las trabajadoras”

EL ESPAÑOL pregunta a los principales partidos con implantación nacional. El Gobierno busca “un acuerdo transversal” para erradicarla.

 

Marcos Ondarra @MarcosOndarra

14 de septiembre de 2020

https://www.elespanol.com/espana/politica/20200914/abolir-prostitucion-solo-ciudadanos-regulacion-protege-trabajadoras/520198611_0.html

 

Laura Berja (PSOE), Irene Montero (Podemos), Marga Prohens (PP) y Sara Giménez (Ciudadanos).

 

El Gobierno de España quiere abolir la prostitución. Así lo anunció Pedro Sánchez el pasado 7 de septiembre en una entrevista concedida a TVE: “Forma parte del acuerdo de Gobierno” que el PSOE contrajo con Unidas Podemos. No obstante, debido a que el Ejecutivo sólo suma 155 escaños, el presidente admitió la necesidad de llegar a un “acuerdo transversal”.

Bajo esta premisa, la gran pregunta es: ¿cuáles de los principales partidos estarían dispuestos a sumarse a ese “gran acuerdo” por la abolición de la prostitución? EL ESPAÑOL ha charlado con representantes de los principales partidos para que expliquen su postura.

Ciudadanos es el único que se confiesa abiertamente regulacionista —es decir, defiende que la prostitución es un trabajo y promueve regular la forma en la que se lleva a cabo—, mientras que tanto el PSOE como el PP se muestran abolicionistas —consideran la prostitución, además de la trata, violencia contra la mujer—.

Unidas Podemos se sitúa en un término medio. Por un lado, admite que distintas posturas conviven en su seno, aunque recalca que la abolición de la prostitución es “el horizonte al que queremos llegar”. La formación de izquierda radical establece además una distinción entre la “trata con fines de explotación sexual” y “la prostitución” porque ésta última “atiende a otras lógicas”.

Vox, por último, prosigue con su veto a este medio y no ha querido responder a las preguntas planteadas. En su programa electoral, la única alusión indirecta a la prostitución es una propuesta que reza: “Prohibición de los vientres de alquiler y toda actividad que cosifique y utilice como producto de compra-venta a los seres humanos”.

Cs: regular como en Alemania

Sara Giménez, diputada de Ciudadanos por Madrid en el Congreso de los Diputados, considera que se trata de una cuestión “muy compleja y en gran parte oculta, porque no existe ningún establecimiento público con licencia de ‘prostíbulo’, aunque sí existen establecimientos públicos en los que se ejerce de manera más o menos abierta la prostitución”.

En este sentido, la diputada considera que “hay que afrontar la cuestión con realismo y de manera pragmática, huyendo del populismo y de las grandes proclamas irrealizables, igual que de los anuncios oportunistas e interesados a los que lamentablemente estamos acostumbrados”.

“En Cs, por supuesto, tenemos el compromiso firme de combatir a las mafias y erradicar la trata y la explotación sexual. Esa es nuestra prioridad, pero somos conscientes de que la prostitución no va a desaparecer con una iniciativa parlamentaria o simplemente con cerrar los ojos: hace falta valentía y realismo para abordar esta actividad como lo hacen otros países de nuestro entorno”, arguye Giménez.

En este sentido, la diputada liberal asegura que su partido aboga por regular la prostitución “como se ha hecho ya en Alemania, Países Bajos, Austria o Suiza” ya que “protege a las trabajadoras y trabajadores sexuales, garantiza sus derechos y lucha de manera efectiva contra las mafias”.

“Además, está claro que este debate no puede quedarse encorsetado en posturas maximalistas que no dan solución a la situación de personas vulnerables, para las que habría que poner atención desde una perspectiva amplia que busque garantizar su plena inclusión”, concluye la representante de Ciudadanos.

PSOE: abolición

Laura Berja, portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso de los Diputados, es tajante cuando habla con este diario de la postura de su partido: “Nosotras somos abolicionistas de la prostitución, lo hemos dicho muchas veces y en el programa electoral llevamos medidas que van en esa dirección”.

Medidas que, según anuncia la portavoz de Igualdad, pasarían por la “tipificación de todas las formas de proxenetismo”, así como por añadir “responsabilidad penal a los dueños de los prostíbulos“.

La prostitución, según la diputada socialista, es una “forma de explotación sexual, una esclavitud y una grave vulneración de los derechos humanos” porque “se aprovecha muchas veces de la situación de extrema pobreza”. “La prostitución se sirve de la feminización de la pobreza”, arguye.

En este sentido, recalca que la prostitución “es el escaparate de la trata” porque “siempre hay un sistema opresivo detrás del ejercicio de la prostitución”. “Hay redes y mafias detrás de ese ejercicio”.

En su programa electoral para las últimas elecciones, los socialistas abogaban por sanciones por la demanda y compra de esta práctica. Asimismo, son partidarios de introducir una figura jurídica que permita “sancionar penalmente a quienes contribuyan o se beneficien de la prostitución ajena”. De este modo, el PSOE pretende “desmantelar” la industria de la prostitución.

PP: Pacto de Estado

Marga Prohens, portavoz de Igualdad del Partido Popular, explica que desde su partido, “como impulsores del Pacto de Estado contra la Violencia de Género”, son partidarios de “luchar contra la prostitución, que está muy ligada a la trata con fines de explotación sexual”.

“El 90% de las mujeres que ejercen la prostitución en España lo hacen siendo víctimas de explotación sexual”, asegura Prohens. Por ello, la diputada popular pide que “como está recogido en el Pacto, se trabaje en una ley integral de lucha contra la trata con fines de explotación sexual“.

-¿Y si una mujer desea libremente dedicarse a la prostitución?

-Cuando legislas, debes mirar por el interés general. Las cifras son muy claras: la mayoría de las mujeres que ejercen la prostitución no lo hacen de forma libre. Por tanto, no podemos vivir en una sociedad que da pasos hacia la igualdad y hacia la erradicación de la violencia, pero luego permanecer impasibles ante esta actividad. El cliente paga un precio por usar el cuerpo de una mujer durante un tiempo determinado. Esta actividad conlleva muchas veces maltrato físico o prácticas abusivas hacia una mujer que no tiene poder para decidir qué labor quiere realizar.

“Todo el resto es palabrería y parches, como la medida de cerrar los prostíbulos con la pandemia”, critica la diputada del PP por Baleares. En este sentido, dice estar “extrañada” por la postura del Gobierno: “La ministra de Igualdad dijo en una comparecencia a principio de legislatura que ella se consideraba abolicionista, pero que no se aboliría la prostitución durante este mandato, que no era prioritario”.

Unidas Podemos: división

Unidas Podemos, en conversación con este medio, se remite al documento de feminismos presentado en la Tercera Asamblea Ciudadana Estatal de Podemos —Vistalegre III—. En éste, la formación admite que dentro de su seno conviven distintas posiciones en materia de prostitución. Quizá por eso la redacción del documento resulte ambigua.

Por un lado, la formación sostiene que “las medidas punitivas solo refuerzan el estigma” y que las instituciones públicas “deberían ofrecer alternativas de vida a las mujeres”. No obstante, también recalca que la abolición de la prostitución es “el horizonte al que queremos llegar”.

Podemos también distingue entre “trata con fines de explotación sexual” y “la prostitución” porque ésta última “atiende a otras lógicas”. Con respecto a ésta última, el partido morado defiende medidas como “la derogación de la directiva europea de retorno, el cierre de los CIE —Centro de Internamiento de Extranjeros— y la derogación de la ley mordaza”.

Todas estas medidas, según Podemos, son “fundamentales a la hora de abordar la prostitución por la vinculación que tienen con los procesos migratorios y la prostitución que se ejerce en la calle”.

 

Si una mujer está parada en la banqueta no podemos hacer nada: Osorio

Agencia Enfoque

 

Por Gisela Tellez

26 de septiembre de 2020

https://tribunanoticias.mx/si-una-mujer-esta-parada-en-la-banqueta-no-podemos-hacer-nada-osorio/

 

Puebla, Pue.- “Si una mujer está parada en la banqueta no podemos hacer nada, aunque señalen que se dedica a la prostitución”, aseveró Catalina Pérez Osorio, secretaria de Igualdad Sustantiva de Género del Municipio de Puebla.

En conferencia de prensa virtual, la funcionaria dejó en claro que las mujeres sólo pueden ser remitidas al Juzgado Calificador si realizan un acto sexual en la calle, pues se considera una falta administrativa en el Capítulo 9 del Código Reglamentario Municipal (COREMUN).  

“Si una mujer esta parada en una banqueta no podemos hacer nada porque no hay ninguna ley en el país que diga que por estar parada en la calle eres una tal o cual cosa, creo que es un acto de discriminación”.

Explicó que al atender a los inconformes comprobó que todos los señalamientos son discriminatorios, una vez que los quejosos manifestaron que las supuestas sexoservidoras eran todas aquellas que portaban leggings y zapatillas.

“Pedí muchas veces a la gente que solicitó intervenir y hemos intervenido (…) les dije que me acompañaran a la calle para que me dijeran quien sí y quien no, pero respondían que eran todas aquellas mujeres que utilizaban tacones y medias, entonces son estereotipos de señalización y discriminación”.

Pérez Osorio dejó en claro que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere que todos tienen derecho al libre tránsito, por ello, exhortó a los ciudadanos no estereotipar a las personas para erradicar la discriminación.

 

María José Barrera: «La primera violencia hacia las ‘putas’ es la institucional»

Entrevistamos a la cofundadora del Colectivo de Prostitutas de Sevilla para conocer su mirada respecto a un tema, la prostitución, no exento de polémica en el feminismo, para que sirva también como ventana a una realidad silenciada y estigmatizada por la sociedad

 

Por Carmen Marchena

2 de junio de 2020

María José Barrera: «La primera violencia hacia las “putas” es la institucional»

 

 

María José Barrera nació al calor del Aljarafe sevillano hace 45 años y vive actualmente en el Cerro-Amate, un barrio obrero “que peleó hasta por las alcantarillas”. Llegó hace 17 años, coincidiendo con su salida de la prostitución y ha estado “enreá” en activismos relacionados con los derechos humanos, de vivienda y para mejorar la situación de las trabajadoras sexuales desde entonces. Es cofundadora del Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS) y defiende firmemente un feminismo transinclusivo, de barrio y de las precarias con acento andaluz. Hoy, 2 de junio, se celebra el Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales y mañana el CPS se reunirá con el Ministerio de Igualdad para exponer sus dudas respecto a las medidas sociales del COVID-19, que deja fuera a una parte importante del colectivo al que representa.

¿Prostituta, puta o trabajadoras sexuales?

Nosotras nos consideramos trabajadoras sexuales y es el reconocimiento laboral por el que estamos peleando. También reivindicamos con orgullo la palabra puta, haciendo nuestro el insulto por el que la sociedad nos sigue estigmatizando y de camino darle la vuelta al patriarcado, ya que puteemos o no puteemos, todas las mujeres estamos puteadas y hemos recibido ese insulto en algún momento de nuestra vida.

¿Qué lleva a una mujer a trabajar en la prostitución?

Pagar las facturas y llenar el frigorífico de comida. Aunque nos vean como indignas, buscarse el pan es digno y lo indigno son las condiciones en las que trabajamos.

Sin embargo, seguís sufriendo la precariedad y la explotación laboral

Al no estar reconocidas como trabajadoras no podemos renegociar nada. Si las personas que tienen derechos laborales también están explotadas, imagínate nosotras que no tenemos derechos.

Si hubiese garantías efectivas, ¿seguiría existiendo la prostitución?

¿Sigue existiendo el trabajado asalariado? ¿Sigue existiendo el trabajo para vivir? Muchas abolicionistas dicen que si tuviéramos un trabajo digno dejaríamos la prostitución, pero aquí en Andalucía se han comido el poco trabajo digno que hay para las putas, como el de mediadora en materia de prostitución, por ejemplo. En 2003, en el Convenio de Salud de la Junta de Andalucía se creó esta figura, un trabajo que iba dirigido a mujeres víctimas de trata o que quisieran dejar la prostitución, coincidiendo con que ese mismo año las entidades decían que les costaba mucho trabajo llegar a nosotras. En ese momento estaba en activo la asociación de mujeres que ejercen la prostitución (AMEP) de la que era yo presidenta. Llegamos a crear el convenio para personas que ejercen la prostitución. Hay que recordar que ese puesto de trabajo como mediadora tan solo ha sido cubierto por la Federación de Mujeres Progresistas de Andalucía —en la que trabajaba por aquel entonces—, y por la asociación Victoria Kent. Los demás puestos de trabajo se lo han comido las que dicen que si tuviéramos un trabajo digno dejaríamos de ser putas.

Afirmáis que se utiliza a las compañeras víctimas de trata para fines de explotación sexual y a las que quieren dejar la prostitución, para silenciar o ir en contra de vuestra lucha

Se utiliza el poco entendimiento que tiene la gente que no está politizada ni tiene conciencia política, para manipular como les da la gana. Eso es lo que hace la industria del rescate, manipular porque comen de rescatarnos. Si tan preocupados estaban el movimiento abolicionista, sus partidos políticos y hasta la policía, que son los que nos consideran víctimas de trata, ¿por qué no han mandado a la protección civil a los 1600 clubs que hay para asegurarse de si han comido o no han comido nuestras compañeras durante el confinamiento? Por ejemplo.

¿Por qué decidís organizaros?

Por el reconocimiento de nuestros derechos y para cambiar las políticas públicas que nos atraviesan, como las ordenanzas municipales, la Ley Mordaza o la Ley de Extranjería. No somos un sindicato, somos un colectivo de lucha y estamos persiguiendo el reconocimiento de nuestros derechos laborales. Exigimos una protección real para las victimas de trata y alternativas laborales para quienes desean abandonar la prostitución. También buscamos la despenalización de la prostitución, no es legítimo multar la prostitución de calle por considerarnos víctimas, mientras siguen concediendo licencias a clubs.

Pero, ¿y las multas a nuestras compañeras de la calle? Queremos la derogación de todas las ordenanzas municipales, porque resulta vergonzoso que el PSOE y partidos abolicionistas como IU digan que están persiguiendo al cliente, cuando verdaderamente solo se le persigue en la calle. Si ese cliente va a los clubs, este Gobierno y los antecesores a este, seguirán dando licencias para montar más clubs.

En Sevilla hay nueve clubs mapeados y tan solo uno con licencia de hospedaje. En todas las redadas que ha habido en estos espacios siempre se llevan a las compañeras que estaban durmiendo allí. Pero luego, el Ayuntamiento permite la reapertura de esos clubs sin tener licencia de pernoctación. ¿La redada entonces por qué se hace, contra las putas o por las putas? Existen, por ejemplo, licencias de clubs sin cocina. ¿Dónde comen nuestras compañeras? ¿Alguien se pregunta alguna vez cómo comemos, qué pagamos, qué nos venden o dónde está la industria? Porque los dueños de los clubs no son proxenetas por mucho que nos joda.

Los dueños de los clubs son empresarios —y así son catalogados por el Gobierno— porque no se llevan dinero de nuestro trabajo. Se llevan dinero de un hospedaje inexistente para nosotras. Pedimos licencias porque si no nos dan derechos como trabajadoras, al menos que nos den derechos como huéspedes del hotel. O para que la comida esté en mejores condiciones; para que las compañeras no tengan que limpiar las habitaciones y los cuartos de baño después de currar hasta las seis de la mañana. Esto mejoraría la habitabilidad y el espacio de trabajo de nuestras compañeras. Tenemos casos de compañeras que empezaron a pedir ayuda la primera semana del confinamiento en Málaga y hasta ahora no les ha llegado. Para estas situaciones contamos con una red de apoyo vecinal.

Nosotras hacemos acción en la calle y formamos parte del movimiento inclusivo feminista. Bastante nos ha costado. También incidimos en las políticas del pacto de IU-PSOE, ya que el único mal rollo que tenían era la prostitución. Estamos trabajando en el marco de Horizonte 2023, el Plan de Choque y hemos contactado con el Defensor del Pueblo. Desde el Colectivo de Prostitutas de Sevilla siempre trabajamos con aliadas que nos asesoren en los temas que queremos abordar.

¿Cuánto pagan las trabajadoras sexuales en los clubs?

De 50 a 120 euros de hospedaje por día, no por una habitación sino por una cama caliente. Las habitaciones se comparten entre dos y tres compañeras, añadiendo en este último caso una cama supletoria. Por ejemplo, a Evelyn, del sindicato OTRAS, cuando le subieron en plena crisis el precio del hospedaje, organizó a 50 mujeres de su mismo club y consiguieron que de 70 euros que pagaban, bajaran a 30 durante el confinamiento. Si llevamos 60 días de confinamiento a 30 euros el día, algunas compañeras acumulan 1800 euros de deuda. Cuando empiecen a trabajar tendrán que pagar esa deuda, más el precio del hospedaje por día.

La legalización de la prostitución con posibilidad de ser dadas de alta en los regímenes de la Seguridad Social, ¿en qué escenarios lo reclamáis? ¿Crees que el pago de impuestos abre una nueva vía de salida del dinero negro de las mafias?

Para saber qué quieren las trabajadoras sexuales, tendría que hacerse un estudio exhaustivo en España elaborado por una entidad como Amnistía Internacional. Cuando sepamos con certeza qué quieren las compañeras que están trabajando, podremos hablar de cómo quieren darse de alta. En la actualidad, algunas compañeras se dan de alta en los epígrafes de masajistas, pero eso no te da derecho como trabajadora del sexo, solo para cotizar y cobrar cuando te jubiles. En ese saco tampoco se pueden meter a las compañeras migrantes indocumentadas. En la actualidad, solo hablamos de este tema las trabajadoras españolas politizadas, que no tenemos los mismos problemas que las indocumentadas o migrantes que ya están en situación regular. Las cosas hay que pensarlas muy bien para que no perjudique a las compañeras que no están en la misma situación que nosotras. Aunque llevo luchando desde el 2003, este tema se paró hace 10 años y lo hemos retomado hace aproximadamente tres, con la aparición del Colectivo de Prostitutas de Sevilla y el sindicato OTRAS. Nosotras no somos un colectivo asistencialista ni tenemos dinero para irnos de club en club, ni de mujer en mujer, ni de calle en calle. Para ese fin nos ha financiado la Red Umbrella con 5000 euros, con los que pagamos también cestas de la compra, organizamos las redes de apoyo, los alquileres de habitaciones y pisos, compramos el butano y hacemos frente a las facturas de teléfonos de las compañeras que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad.

¿Existe prostitución libre de proxenetismo? ¿Cómo funciona dentro de los clubs?

Por supuesto que existe. Para mí proxenetismo es todo aquel que se beneficia de nuestro dinero sin haber llegado a ningún acuerdo previo. No me pueden cobrar más caro por el simple hecho de ser trabajadora sexual. Yo sí elegí trabajar para terceros o por mi cuenta. También podemos alquilar una habitación en una casa de citas, pero llegamos a pagar hasta 300 euros por semana. Si pudiéramos alquilar casas, no nos explotarían. Nuestras compañeras están trabajando de la manera que están trabajando porque no tienen una forma mejor. Tenemos muchas compañeras que cuando ya no pueden trabajar se montan una casa y trabajan al 50% ¿Tengo que considerar proxeneta a esa señora que tiene 60 años y ha montado una casa porque no tiene derecho a una jubilación porque se ha llevado toda la vida trabajando en el sexo? Esa mujer está haciendo lo mismo que hicieron con ella, sin saber que a eso se le conoce como proxenetismo.

Si proxeneta es el que se lleva el 50% de nuestro servicio, el jefe de mi marido ha sido un proxeneta del taxi toda su vida. Un club, por ejemplo, funciona por hospedaje y además se lleva el 50% de las copas de los clientes, pagadas al doble de su precio normal; y si a nosotras nos invitan a una copa de 20 euros, 10 euros van para el club y 10 para nosotras. Esto se llama alterne y está regularizado por Felipe González desde 1988. Un tipo de prostitución para beneficio de la Patronal, que comenzó con la creación de las llamadas whiskerías, donde nos deberían haber dado de alta como camareras. Luego se crearon los clubs como hoteles. De esta manera se quedan con el dinero de nuestro hospedaje y del consumo de las copas. Librándose así de la implicación de ganar dinero a través del sexo. Más tarde se organizaron los empresarios de alterne como asociación.


Las abolicionistas no entienden que algunas hayamos escogido la prostitución por conciencia de trabajo y otras porque no tienen alternativa


La negociación que hacemos de cara a la galería es esta. No hay un estudio fiable que confirme cuántas víctimas de trata hay, aunque digan que es el 90%. Cuando hacen redadas en los clubs, llega la policía y ponen a los hombres a un lado y a las mujeres a otro. Preguntan quiénes son españolas y, si lo eres, descartan que seas víctima de trata. Qué pasa, ¿no me pueden estar obligando o dándome ostias por el hecho de ser española? Luego preguntan quiénes son migrantes y quiénes tienen papeles. A las que no tienen papeles se las llevan a comisaría y ese es el titular de los medios de comunicación. Al día siguiente vuelve a estar abierto el club con las mismas mujeres. Al club no le pasa absolutamente nada, pero estas mujeres tendrán una orden de expulsión y, en algunos casos, se las llevan en vuelos en caliente. En el caso de las compañeras de África, excepto las de Marruecos, normalmente las pasan a los CIES.

Sobre la trata, ¿cómo podríamos incorporar en la regulación lo necesario para proteger a las mujeres en situación administrativa irregular?

Que les den protección real a las víctimas de trata. Pero no solo a ellas, sino que se regularice la situación administrativa de todas las mujeres trabajadoras sexuales. Aunque por urgencia, que haya una REGULARIZACIÓN YA para nuestras compañeras migrantes.

Mientras la Audiencia Nacional rechazó la creación del sindicato OTRAS, existen asociaciones de empresarios de clubs de alterne en el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior

Sí, las asociaciones Mesalina y Anela. Ambas pertenecen a España 2000, que a su vez cuentan con una empresa de seguridad que trabaja en la mayoría de los clubs. También tienen una fabrica o distribuidora de preservativos, esponjas vaginales y sábanas empapadoras en Alicante, que son las que nos venden a nosotras en los clubs. Hace 10 años también tenían un servicio médico controlado por ellos, con el que le hacían pruebas del SIDA a las compañeras. Por eso digo que aquí no se ha dejado de comer de las prostitutas, sino que se han ido cambiando las formas de hacerlo para el beneficio de los empresarios.

La importancia de la educación sexual en la prostitución

La mayoría de las trabajadoras del sexo han salido de una relación y se han metido directamente a trabajar, así que aprenden sobre la marcha. Son muy necesarios los talleres formativos que hacen las compañeras de Aprosex, por ejemplo. Pero si impartiésemos esos talleres de manera pública, las abolicionistas nos dirían que estamos profesionalizando la prostitución. Las asociaciones y los colectivos de trabajadoras sexuales pedimos una educación en positivo; que no es no, seas puta o no, y que el condón no se negocia. La otra cara es que entidades como Cruz Roja van a los clubs a hacer las pruebas del SIDA y eso hace que los clientes se sientan con la legitimidad de hacerlo sin condón. ¿Por qué no les hacen la prueba de SIDA a los clientes? Nosotras no somos un colectivo de riesgo, hay prácticas de riesgo. Posiblemente nosotras estemos más sanas y más controladas que cualquiera, además de practicar sexo con más seguridad.

Foto: Grupo La25

En una entrevista, Kajsa Ekis Ekman, afirmaba que algunos “sindicatos de trabajadoras sexuales defienden los intereses del lobby proxeneta”

Todas las trabajadoras sexuales politizadas hemos sido investigadas miles de veces por la policía, pero si no nos han detenido por algo será. Según Ekman, nosotras siempre le hacemos la ola al proxenetismo. Las abolicionistas no entienden que algunas hayamos escogido la prostitución por conciencia de trabajo y otras porque no tienen alternativa. Mientras tanto, nosotras pedimos que ninguna mujer se quede sin alternativa, pero que si optan por la prostitución, sepan adonde vienen. En esta sociedad patriarcal nosotras hemos decidido cómo ganarnos la vida. Mi lucha y la de mis compañeras es clara: que las mujeres no se vean avocadas a ejercer la prostitución como última alternativa y que las que estén o vengan, gocen de los derechos laborales que le corresponden como trabajadoras. Si las teorías abolicionistas llevan a pensar que nosotras somos proxenetas o hacemos apología de la prostitución y no que estamos luchando por lo mismo que ellas, es que no quieren escucharnos.


El feminismo abolicionista es hegemónico. Parece que no somos válidas si no pensamos como ellas


¿Hay violencia dentro de la prostitución?

La primera violencia hacia las putas es la institucional, ya que no tenemos derechos y sufrimos acoso policial. Por ejemplo, no podemos solicitar a título individual las ayudas que ofrece el Ministerio de Igualdad porque tenemos que hacerlo a través de un colectivo o asociación, que se queda con nuestros datos para luego decir que la prostitución es violencia de género de cara a la ley.

Si el cliente es violento, lo será fuera y dentro del servicio. Aunque la realidad es que si eso pasa durante un servicio no estamos protegidas, de ahí que pidamos el reconocimiento de nuestros derechos. Hace unos meses violaron a una compañera en un club. Ella les dijo a los dueños que quería denunciar, a lo que respondieron que “se lo pensara dos veces”. Tras pasar horas deambulando por la calle encontró a una mujer que denunció por ella, pero ¿quién nos apoya en este caso si somos prostitutas? Otro caso que le ocurrió a una compañera durante un servicio fue que el cliente se quitó el condón y la penetró. Fuimos a denunciarlo por violación y la policía nos dijo que eran “gajes del oficio”. Hay una parte del feminismo que afirma que la prostitución es violación, sin embargo, hay compañeras que son violadas dentro de los clubs y no tienen herramientas para defenderse, porque las entidades que atienden en los clubs no contemplan este tema.

No debe ser fácil trabajar durante 40 años con tu cuerpo. ¿Cuánto aguanta una mujer psicológica y físicamente en la prostitución?

Mientras tenga clientes y su cuerpo aguante. La mujer precaria está castigada en todos los trabajos. ¿Cómo acaba el cuerpo de una mujer que se lleva toda la vida trabajando en el servicio doméstico? Los cuerpos no están preparados para castigarse tanto, sea en el trabajo que sea. Cuando socialmente tu trabajo no está bien visto, tienes más que esconder y por eso duele más. Se piensa que las prostitutas tenemos problemas psicológicos, pero lo que nos afecta verdaderamente es el estigma de la sociedad. Que te castiguen por ser puta. Si eres prostituta eres mala madre, eres mala hija y parece que has dejado de ser buena persona por utilizar tu cuerpo. Hasta que no se nos vea como personas de pleno derecho, seguirán castigándonos. Nos consideran yonkis, rompedoras de matrimonios, esparcidoras del SIDA… Guardar silencio es muy doloroso también. Yo me siento liberada desde que tengo orgullo de trabajadora sexual, aunque siga siendo la puta del cuarto cuando salgo a comprar.

La prostitución está fuertemente feminizada y el porcentaje de mujeres trans es notable. ¿Qué factores explican esto?

Las compañeras trans lo tienen complicado para todo. Para recibir ayuda asistencial, tanto social como sanitaria, para acceder a talleres formativos si quieren dejar de ejercer la prostitución. El tema de los clientes también lo tienen más complicado, pero desde luego son las más organizadas y combativas.


No podemos solicitar a título individual las ayudas que ofrece el Ministerio de Igualdad porque tenemos que hacerlo a través de un colectivo o asociación


¿En qué feminismo os reconocéis y os sentís representadas?

Nosotras formamos parte del feminismo transinclusivo; el feminismo de barrio y de las precarias con acento andaluz. Por el contrario, el feminismo abolicionista es hegemónico y está hecho para algunas privilegiadas, por eso no se preocupa por nosotras. Tampoco por las mujeres trans o lesbianas. Parece que no somos válidas si no pensamos como ellas.

Sobre la necesidad de plantear un debate constructivo entre las diferentes posiciones frente a la prostitución

Más que un debate necesitamos ponernos a trabajar. Yo estoy dispuesta a tender la mano, pero no creo que ellas estén dispuestas a hacerlo. Nunca me he sentado con feministas abolicionistas porque no quieren escuchar. Ya no me vale el discurso de la cosificación de los cuerpos. Lo que pasa es que los colectivos de prostitutas hemos aguantado mejor las ostias tras golpear los cimientos del feminismo hegemónico con la suerte de tener a muchas aliadas, que aguantaron con nosotras los golpes. Me parece un disparate cuando amigas feministas se han dicho cosas terribles por haberse posicionado a favor de mejores condiciones para las mujeres que trabajan en el sexo, que no es lo mismo que a favor de la prostitución en sí. Esto no nos convierte en proxenetas, nos convierte en mujeres con derechos laborales.

 

Por un movimiento feminista donde quepamos todas  (Colectivo de Prostitutas de Sevilla)

 

Los pasados 9 y 10 de febrero se celebró en Granada el Primer encuentro de la Coordinadora Andaluza Feminista, en el que estaban invitadas a participar todas las asociaciones feministas de Andalucía, así como mujeres independientes sin pertenencia a ningún colectivo. No estaba permitida la participación en representación de partidos políticos ni sindicatos, así como la de hombres compañeros feministas.

 

COLECTIVO DE PROSTITUTAS DE SEVILLA

21 de febrero de 2019

 

I Encuentro Feminista Andaluz, celebrado en Granada COLECTIVO DE PROSTITUTAS DE SEVILLA

 

El objetivo del encuentro era la organización de la huelga feminista del 8 de marzo, que también se ha ido trabajando a nivel estatal y en otras autonomías, y se seguirá trabajando a nivel local por las distintas asambleas y plataformas. Otros objetivos han sido los de establecer líneas y acuerdos comunes, ir dando pasos para una organización estable como movimiento y poner los acentos en lo que nos une como feministas, y no en lo que nos separa.

Casi 300 mujeres de toda Andalucía, pertenecientes a diversas realidades y colectivos (también a partidos y sindicatos, aunque no vinieran en nombre de ellos) nos encontramos en un clima que se preveía tenso y que discurrió, para nuestra sorpresa y agrado, sin mayores sobresaltos.

Tras los acontecimientos ocurridos recientemente en varias ciudades españolas, donde grupos abolicionistas han intentado imponer a la fuerza su visión del feminismo y han provocado situaciones violentas para nuestras compañeras y aliadas, las representantes del Colectivo de Prostitutas de Sevilla acudíamos con mucha tensión, preocupadas hasta tal punto que una de nuestras compañeras con problemas de conciliación no se atrevió a asistir con su hijo de 8 años. Entendíamos que podía ser un espacio inseguro para niñes, especialmente para hijes de prostitutas. Es vergonzoso que esto ocurra en espacios feministas y, por ello, celebramos que Andalucía haya sido un ejemplo de feminismo asambleario e inclusivo: un lugar seguro para todas las mujeres y también sus hijes.

El espíritu de incluir a todas las mujeres en el encuentro estuvo especialmente presente en la mesa redonda “Retos del feminismo en Andalucía: Transversalidad e Interseccionalidad”. Fueron protagonistas de esta mesa diferentes cuestiones tales como: el control y la represión de los cuerpos en el espacio público que se permite gracias a la conocida como “Ley Mordaza”; la necesidad de abordar el binarismo sexual y romper con los esencialismos, asumiendo que las identidades, deseos y cuerpos sexuales son diversos; las dificultades que las mujeres del medio rural encuentran a la hora de organizarse y visibilizar sus demandas; la situación del trabajo doméstico y la normalización de la precariedad en este sector altamente feminizado; y, por último, el estado de explotación de las mujeres migrantes y racializadas, y como éste es legitimado a través de la Ley de Extranjería, impidiendo su plena ciudadanía y la organización y creación de redes de resistencia entre éstas.

Todas estas demandas, reivindicaciones y protestas a las que se les ha dado especial protagonismo se presentan absolutamente necesarias dentro del movimiento feminista andaluz, para así dar cuenta de la pluralidad, heterogeneidad y complejidad que le caracteriza. Sin embargo, y pese a estar absolutamente en sintonía con todas las demandas expuestas en la mesa, desde nuestro Colectivo entendemos que dentro de este marco teórico que intenta romper las fronteras de la lucha feminista, hablar de la ausencia de derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual y su situación de precariedad se torna absolutamente imprescindible. Tal y como se desarrolla en la metodología aplicada en el encuentro “no nos reconocemos en el feminismo institucional, nos reconocemos como un feminismo autónomo, anticapitalista, interseccional, antifascista, antirracista”, y es justo este análisis interseccional el que permite introducir, contextualizar y entender las problemáticas de las putas en general y de las putas andaluzas en particular.

A las mujeres que ejercemos la prostitución nos afectan todas las opresiones y desigualdades anteriormente denunciadas, nos atraviesan todos los posibles ejes de opresión: somos pobres, migrantes, racializadas, con diversidad funcional, sexual y de género. La posibilidad de control en los espacios públicos es mayor en nuestra comunidad debido a cambios en la leyes autonómicas y ordenanzas municipales que criminalizan y legitiman la violencia institucional contra nosotras, un ejemplo claro es el hostigamiento y persecución que hoy sufren las prostitutas en Sevilla o en Málaga. Éstas son las tendencias punitivas que se están dando para abordar problemáticas sociales y en Andalucía se han materializado en forma de una Ley Mordaza disfrazada de Ley de Igualdad, que castiga y sanciona como infracción grave los actos culturales, artísticos o lúdicos que desde ese lugar institucional se considere que “justifiquen o inciten a la prostitución o la violencia de género”, lo cual representa un intento brutal de silenciar nuestros espacios de debate y encuentro.

Somos el colectivo de mujeres atravesado por todos los ejes de opresión y, sin embargo, se nos ha mantenido al margen de toda consideración, presencia y análisis. Tal y como sostiene Dolores Juliano en “La prostitución, el espejo oscuro”, sobre las putas se mantienen diversas atribuciones peyorativas y desvalorizantes que hasta hace poco se extendían a todas las mujeres y, por lo tanto, en ámbitos en los que las mujeres como grupo han batallado durante años para la consecución de los derechos, las putas continúan estando discriminadas.

Felicitamos y agradecemos tanto a las organizadoras como a las participantes el respeto que recibimos, y cómo se canalizó de forma firme y respetuosa el intento muy minoritario de dos participantes por romper dos de los consensos de base; a saber: la no participación de sindicatos en la Comisión y el no debatir sobre prostitución. No era ese el objetivo del encuentro, nadie quería que se repitieran situaciones como las sucedidas en las asambleas de Madrid, Valencia y Barcelona.

Pero queremos hacer hincapié en que no hace falta llegar a acuerdos sobre si el feminismo debe ser abolicionista o pro-derechos para incluir a las putas en el movimiento feminista. El feminismo es diverso, hay desacuerdos y posiciones divergentes en muchos asuntos. Las prostitutas somos un colectivo marginado y atravesado por el estigma, por ser putas. ¿Acaso no queremos todas la protección y mejores condiciones para la vida de las mujeres que ejercemos la prostitución? Tenemos la certeza que dentro del movimiento feminista podemos llegar a acuerdos, por ejemplo en las siguientes propuestas:

  • Alternativas laborales reales para las mujeres que quieren salir de la prostitución.
  • Cursos de formación pagados y de calidad, que no condenen a las mujeres a empleos precarios, feminizados, donde van a ser explotadas y empobrecidas.
  • Recuperar la figura de la mediadora establecida por el Convenio de Salud Andaluz (prostituta/ex-prostituta) ahora ocupado por mujeres sin ninguna experiencia o vinculación con la prostitución. Esta es una alternativa laboral que les ha sido robada a las prostitutas.
  • Tarjeta sanitaria para las mujeres que ejercen la prostitución.El Convenio de Salud aprobado por la Junta de Andalucía en el 2011 acordaba conceder la tarjeta sanitaria a las prostitutas sin necesidad de estar empadronadas. El ayuntamiento de Sevilla reconoce en su evaluación contra la prostitución que esta medida no ha sido puesta en marcha y nos consta que a nuestras compañeras que trabajan en clubes o en pisos no se les ofrece, tampoco desde las entidades que las atienden. También pedimos que nuestras compañeras migrantes sin documentación puedan acceder a la tarjeta sanitaria sin necesidad de empadronamiento.
  • Eliminar las multas a las mujeres por ejercer las prostitución en la calle a través de las ordenanzas municipales, como está sucediendo en Málaga. Estaremos de acuerdo en que estas prácticas criminalizan y empobrecen más a las mujeres y las condena a mayor vulnerabilidad al tener que ir a lugares más aislados, con poco tiempo o capacidad de negociación, para evitar las multas. O a trabajar para terceros ya sean en clubes o pisos donde la explotación económica y laboral es mayor por carecer de derechos frente a los empresarios. En Sevilla, se las penaliza a través de hostigamiento, desacato a la autoridad, por llevar objetos de autodefensa, etc.
  • Que cesen las redadas dirigidas a las migrantes irregulares que ejercen la prostitución. Actualmente, las mujeres de origen nigeriano son mayoritariamente trasladadas a CIE y posteriormente deportadas, mientras que a las mujeres de origen latino-americano les son dadas órdenes de expulsión. Esta jerarquía de trato fluctúan dependiendo de las subvenciones destinadas de/a determinados países. Y además, si son supuestamente víctimas de trata: ¿por qué se las expulsa en lugar de protegerlas?
  • Protección real a las víctimas de trata. Cese de deportaciones y órdenes de expulsión, apoyo real sin límite de tiempo con garantías sociales y jurídicas para que las compañeras puedan denunciar.
  • Asilo político a las víctimas de trata: en los 10 últimos años sólo se han concedido 25 asilos para las víctimas de trata de todos los sectores : agricultura, servicio doméstico, textil, prostitución.
  • Acabar con los 20 días de “reflexión” para las víctimas de trata(sin ningún tipo de atención) para que recapaciten si proseguir con la denuncia de trata, en caso de que no lo sean o decidan no denunciar, son trasladadas a los CIES. El funcionamiento del sistema carcelario de los CIES incide de manera diferente entre mujeres y hombres. Las mujeres son también usadas como mano de obra en estos centros de internamiento y pueden permanecer arrestadas durante un tiempo ilimitado si las necesidades de mantenimiento de estos centros así lo requieren.
  • Cierre inmediato de los CIE, por las razones expuestas anteriormente.
  • Derogación de la Ley de Extranjería. Esta ley es responsable de las situaciones de abuso que viven las prostitutas migrantes, que son la inmensa mayoría. Sufren continuamente controles de extranjería, llevados a cabo por motivos de discriminación racial. Como la prostitución no tiene estatus legal, no pueden cumplir con las restricciones que impone la ley y, por lo tanto, se ven obligadas a permanecer en un círculo de clandestinidad del que no pueden salir y acceder a otros trabajos si así lo desearan.
  • Derogación de la ley Mordaza. Las prostitutas somos el colectivo con más multas impuestas por esta ley, con más de 500 multas hasta la fecha.
  • Derogación del artículo 76 de la ley de igualdad de Andalucía.Tanto los colectivos de prostitutas organizados como las asociaciones pro derechos podemos ser multados con hasta 60.000€ por “organizar o desarrollar actos culturales, artísticos o lúdicos” si la posición de las participantes no es claramente abolicionista, ya que se puede considerar que “justifica o incita la prostitución”.

Si bien estamos de acuerdo con no abordar el asunto y con que, en este estado de las cosas, mejor no incluir el tema dentro de las reivindicaciones del 8M para así manifestarnos todas con base en acuerdos mínimos, creemos que es necesario sentar bases y criterios para que el debate sobre prostitución se pueda dar, podamos escucharnos y llegar a acuerdos que nos parecen posibles. Sin embargo, hace falta metodología respetuosa con todas las voces y, sobretodo, es imprescindible que en estos actos y debates siempre estemos las prostitutas. Somos nosotras las que conocemos la realidad y las máximas afectadas por las medidas y políticas que se plantean. Tenemos voz, tenemos criterio, nos estamos organizando y queremos que se nos escuche. Nos parece indignante cuando se habla de feminismo sin las mujeres, ¿cómo es posible que nos planteemos hablar de prostitución sin las prostitutas?

En el Manifiesto del 8 de marzo de 2018 defendíamos que “Nuestra identidad es múltiple, somos diversas. Vivimos en el entorno rural y en el entorno urbano, trabajamos en el ámbito laboral y en el de los cuidados. Somos payas, gitanas, migradas y racializadas. Nuestras edades son todas y nos sabemos lesbianas, trans, bisexuales, inter, queer, hetero… Somos las que no están: somos las asesinadas, somos las presas. Somos TODAS.” Soñamos con que ese TODAS en el movimiento feminista también incluya a las putas algún día.

 

Facebook: Colectivo de Prostitutas de Sevilla

Twitter: @ProstitutasSev

e-mail: Colectivo.prosev@gmail.com

Robo de niños en España: “A mí me han dado con la Ley Mordaza en toda la boca”

13 de enero de 2018

https://familiasendesamparomallorca.wordpress.com/2018/01/13/a-mi-me-han-dado-con-la-ley-mordaza-en-toda-la-boca/

 

La escritora Consuelo García del Cid ha sido acusada de calumnias e injurias tras exponer ante el Senado español el drama de los bebés robados del franquismo y asegurar que en España “se continúan robando niños en manos de la Administración Pública.”

 

Consuelo García del Cid durante su intervención en el Senado el pasado 28 de mayo

 

Mientras el Parlamento Europeo y la ONU instan al gobierno español a investigar la trama de niños robados enraizada en la última dictadura, los presuntos involucrados se blindan ante las denuncias y criminalizan a víctimas y activistas. Es el caso de la investigadora y escritora Consuelo García del Cid Guerra, acusada de injurias y calumnias por poner sobre la mesa del Senado español el robo de niños desde el franquismo hasta el día de hoy. Y es que la activista manifestó que este delito de lesa humanidad sigue vigente en España gracias al actual Sistema de Protección de Menores que “ha cambiado en las formas, pero no en el fondo. Ahora el robo de niños es legal”. Después de recordar que existen más de 300.000 víctimas a las que aún se les niega el derecho a la identidad, García del Cid subrayó que en la actualidad “es más que alarmante el caso de secuestros institucionales de menores que atentan contra los derechos fundamentales de los niños y sus familias”. En su exposición, describió cómo ahora, sin necesidad de orden judicial y a través de un Ministerio de Asuntos Sociales regido en parte por funcionarios con varias décadas en sus cargos, se retiran hijos por motivos tan cuestionables como ser inmigrante o madre soltera, haber sido tutelada en la infancia, estar sin trabajo, en riesgo de pobreza o sufrir violencia de género. La escritora manifestó además que, cuando las familias intentan defenderse por la prohibitiva y lenta vía judicial “magistrados octogenarios que aplican el derecho de una manera autárquica y parcial, como por ejemplo el señor Carril Pan de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Tarragona, evitan de forma inconstitucional el traslado de estas causas al Tribunal Supremo. Y la falta de competencias es un derecho de gravedad y trascendencia jurídica por ser un claro indicio de prevaricación“. Estas palabras, recogidas en su libro El desmadre de los Servicios Sociales a través del testimonio de una afectada que vio archivarse una tras otra las denuncias que interpuso contra el citado magistrado, le han costado una acusación por vía penal a cargo de la Fiscalía Provincial de Madrid y del propio Carril Pan. Por delitos de injurias y calumnias contra funcionario público, Consuelo García del Cid tendrá que declarar ante el Juzgado de Instrucción número 26 de Barcelona el próximo 16 de enero.

Me parece indignante que se pueda ir contra un escritor que hace su trabajo de investigación –opinó el periodista Javier Salaberría en el programa de radio Vuelo 714– Es un ataque a la libertad de expresión. Lo que nos debería preocupar es lo que señala la investigadora, no si este señor se siente ofendido por unas declaraciones. A este juez lo definen como una institución del poder judicial, pero si él mueve más que el interés general, estamos ante el fracaso de la independencia judicial. Porque hubo una actuación instantánea de la Fiscalía sin contrastar lo que se expone en el libro de Consuelo y sin cuestionarse si el juez está diciendo la verdad, lo cual es muy preocupante mientras hay niños y familias que están sufriendo un sistema que es totalmente inhumano.

Con miedo a la verdad

Amenazar con penas de cárcel y multas estratosféricas se ha convertido en la estrategia de un poder judicial que obstaculiza y archiva la mayoría de las denuncias sobre los niños robados, sin ni siquiera tomar testimonio. Uno de los motivos apunta a la implicación de jueces, médicos, abogados, políticos y personalidades relevantes del actual panorama español. Es el caso de Margarita Robles, Portavoz del PSOE en el Congreso, denunciada por el robo del bebé de Clara Alfonsa Reinoso en una clínica de Barcelona durante 1987, cuando Robles era Jueza de Menores. Aunque la causa se archivó, Reinoso intenta reabrirla con nuevas pruebas. Si su petición prospera, el escándalo será mayúsculo y salpicará a muchos nombres respetables.

Entiendo que haya grupos políticos o grupos de élite que estén resistiendo porque alguna gente va a quedar expuesta en algo tan bárbaro como es robar niños a madres y padres -reflexiona David Carracedo, diputado por Podemos y Vocal de la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia-. En la medida que empiece a ser viable iniciar una investigación seria como reclaman las Naciones Unidas o el Parlamento Europeo, vamos a encontrarnos con más casos como el de Consuelo, que es vergonzoso, ya que su libro plantea una serie de indicios razonables de posible prevaricación administrativa. Estamos ante una serie de mordidas de aquellos que se empiezan a ver acosados y temen lo que se les viene encima. Haría una reflexión acerca de la impunidad en este país y de la necesidad de acabar con ella.” concluye el parlamentario. Mientras, la realidad del actual Sistema de Protección de Menores español habla por sí sola: cada niño tutelado sirve para engordar una descomunal infraestructura institucional de centros gestionados por fundaciones religiosas y empresas privadas. Por cada menor se reciben entre 4000 y 9000 euros mensuales de las arcas públicas y de subvenciones europeas. Las familias son separadas a la fuerza de sus criaturas -despliegue policial mediante si hace falta y sin garantías procesales- por decisión de meros técnicos administrativos que pueden ordenar una retirada sin mediación judicial ni pruebas. El Estado español tutela en este momento a más de 40.000 niños y niñas, algunos por padecer verdaderas situaciones de desamparo como maltratos y abusos, pero a otros por considerar “no aptos” a sus padres y familiares biológicos al aplicar baremos ideológicos y morales similares a los de antaño, según García del Cid. Al respecto, el diputado David Carracedo añade “hay una fórmula legal que permite a los Servicios Sociales quitar la patria potestad permitiendo un abuso clasista en el que la Administración, con unos patrones muy claros, define qué deber ser un ‘hogar decente’ y unas condiciones de vida dignas mientras dictamina quitarles a sus niños a quienes no las cumplen.” Además, la investigadora apuntó durante su intervención en el Senado que órdenes religiosas como la de las Oblatas o Adoratrices, en la mira por el robo de niños de antes y a cargo de muchos centros de menores en la actualidad, son galardonadas con frecuencia sin haber depurado responsabilidades pasadas. En 2002 y 2012 se les otorgó la Cruz de Plata de la Orden Civil de la Solidaridad Social, y en 2015 el Premio de Derechos Humanos Rey de España.

Más voces críticas

Pero no sólo Consuelo García del Cid denuncia esta tragedia silenciada. Numerosos colectivos de trabajadores de lo social, movimientos de madres afectadas como el de Marea Turquesa o pediatras de renombre como Carlos González, se suman a visibilizar este drama. Por si fuera poco, el hacinamiento y las malas condiciones sufridas por las criaturas en los centros de menores están saliendo a la luz cada vez con mayor frecuencia. Incluso muertes no esclarecidas y redes de prostitución que se nutren de menores tutelados han saltado a los titulares en los últimos años.

El sistema de Protección también es muy criticado por romper de manera drástica todo vínculo biológico entre madres e hijos una vez separados, someterlos a un régimen carcelario en caso de concederse una hora de visita vigilada semanal o quincenal, y por entregar a los niños en adopción cuando las familias aún reclaman su vuelta a través del largo e infructuoso proceso judicial. Un sistema condenado desde Estrasburgo con varias sentencias contra la Administración española. Pero llegar a Bruselas cuesta unos diez años y, para ese entonces y por más que se les dé la razón a los padres, los hijos ya han sido adoptados y no hay vuelta atrás. Como señala Javier Salaberría, “es increíble la pasividad de la Fiscalía de Menores ante todas las denuncias que se están presentando sobre los abusos de la Administración en relación a las tutelas de menores”. Sin embargo, a la hora de procesar a los imputados por las propias instituciones, la Justicia cobra velocidad. Milud y Aicha estuvieron acampados en las puertas del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales durante 15 meses. Les quitaron a sus tres hijos de golpe y les entregaron un único papel para justificar esa brutal intervención. A pesar de su angustia, nadie les decía dónde, cómo o con quién estaban sus hijos. Durante el tiempo que durmieron en una tienda de campaña a los pies de la sede de menores, tampoco obtuvieron ninguna respuesta. Pero ellos no se iban a marchar de allí sin sus niños. La hija mayor se escapó varias veces del centro donde la internaron para volver con sus padres. Pero al final, Milud y Aicha levantaron campamento por orden judicialCatalina Cirer, que fue alto cargo de la Admistración de Menores, miembro del Partido Popular y actualmente investigada por prevaricación, denunció a la pareja por calumnias e injurias, ofendida con las pancartas que la señalaban como corrupta. En un juicio donde su declaración gozó de presunción de veracidad y sin ninguna prueba que acreditase su versión, Cirer testificó que Milud la había amenazado con el dedo. Él y su mujer han sido condenados a tres años de cárcel cada uno y a pagar 12000 euros de multa cuando apenas logran subsistir con sus modestos ingresos. A su hija mayor la trasladaron a más de mil kilómetros para evitar otras fugas. Está en uno de esos hogares terapéuticos para menores denunciados por Amnistía internacional en un informe llamado “Si vuelvo, me mato”.

A la Asociación mallorquina Infancia y Derecho, que surgió en defensa de éstos y otros muchos afectados, se la criminalizó abriendo una causa penal a dos de sus integrantes por el supuesto secuestro de un menor. Por calumnias e injurias también está imputada Pilar Lozano, activista del movimiento de madres afectadas Marea Turquesa . La lista es larga. En España, señalar la corrupción puede salir muy caro. De hecho, la primera en pisar la cárcel por la trama de niños robados del franquismo será Ascención López, una bebé robada acusada de calumnias e injurias por la monja a la que denunció. “El país que miente, oculta o niega su propia Historia, ya sea pasada o presente, está condenado irremediablemente a repetirla” dijo Consuelo García del Cid para cerrar esa intervención en el Senado que le puede costar la libertad y muchos miles de euros. Por el momento, el 16 de enero, fecha en la que la escritora está citada a declarar, habrá una concentración en su apoyo a las nueve de la mañana en la Ciutat de la Justicia de Barcelona.

 

Entre rejas por denunciar su adopción ilegal 

Ascención López se animó a denunciar a la monja que en 1964 había tramitado su más que irregular adopción. De hecho, ni siquiera existe partida de nacimiento y su propia madre le confesó antes de morir que la compró recién nacida por 250.000 pesetas. Pero su gesto le acarreó una denuncia de injurias y calumnias por parte de la religiosa. Finalmente condenada, con dos hijos, sin recursos económicos y con una salud muy deteriorara, Ascención adeuda una indemnización de cuarenta mil euros a la monja y una multa de tres mil euros. Al no poder abonar esas cantidades, la bebé robada irá a prisión. El indulto, que se puede conceder siempre que la denunciante esté de acuerdo, tampoco ha sido viable. La religiosa no sólo le niega su perdón, sino que exige que se ejecute la condena con celeridad. Mientras, el caso de la adopción ilegal de Ascención ha sido archivado a pesar de los claros indicios que la señalan como víctima de la trama del robo de bebés.

 

Putecismo

 

 

1.- ¿Qué es la prostitución?

La prostitución es el libre intercambio de sexo por dinero u otros bienes, sin contar el matrimonio.

2.- ¿En qué se diferencia del matrimonio?

En el matrimonio se busca la reproducción y la crianza de los hijos, y no solo la satisfacción sexual. Por esa razón se limita el número de participantes y se firma un contrato a largo plazo.

3.- ¿Es mala la prostitución?

Los bienes que se intercambian en la prostitución son sexo y dinero. El sexo es bueno y el dinero también, por lo que la prostitución en sí no puede ser algo malo. Cualquier cosa que se puede hacer legítimamente de manera gratuita, se puede hacer también legítimamente cobrando por ella. 

4.- No siendo mala en sí misma, ¿hay algo que haga mala la prostitución? 

La violencia machista de algunos clientes, la violencia institucional del Estado, la explotación laboral ejercida por terceros, la discriminación social… hacen sufrir a las prostitutas. Pero este sufrimiento causado a las prostitutas no significa que la prostitución en sí sea mala, sino que la hacen mala los malvados que no nos respetan.

5.- No tener otra opción para sobrevivir que la prostitución, ¿significa que ésta es mala?

No. Eso significa que el sistema económico y social en el que vivimos es malo, ya que permite que exista la pobreza. Si la única opción para sobrevivir fuera la prostitución, prohibir ésta sería una condena a muerte.

6.- ¿Somos malas las prostitutas?

La prostitución no es mala porque no hace daño a nadie, por lo tanto las prostitutas no somos malas.

7.- ¿Es “inmoral” la prostitución?

La moralidad o inmoralidad de algo se establece con referencia a una ley moral. Algunas religiones que subestiman a la mujer consideran inmoral el sexo fuera del matrimonio y, por tanto, la prostitución. Pero, en un Estado aconfesional, las leyes morales solo obligan a quienes voluntariamente las aceptan.

8.- ¿Es ética la prostitución?

El principio básico de la ética es el respeto a los demás y, por tanto, la prostitución es ética, pues no hace daño a nadie y, por tanto, debe ser igualmente respetada por todos, por el mismo principio ético.

9.- Entonces, ¿por qué se usa “puta” como insulto para las mujeres e “hijo de puta” para los hombres?

Porque la sociedad desprecia injustamente a las prostitutas: es lo que se llama “estigma de puta.”

Además, la palabra “puta” es una herramienta que el patriarcado utiliza como insulto para oprimir y aleccionar a la mujer que se rebele ante cualquier norma que establezca lo que el sistema no considera adecuado y haga peligrar así su control sobre ella. Cualquier mujer que decida vivir su vida y su sexualidad a su manera es considerada puta.

10.- ¿Qué significa “estigma”?

Marca o señal en el cuerpo, especialmente la impuesta con un hierro candente como signo de esclavitud o de infamia. Para las prostitutas, es una marca simbólica, pero igualmente infamante y de por vida, infligida por los prejuicios de la sociedad. 

11.- ¿Por qué marca la sociedad a las prostitutas con el estigma de puta?

La sociedad se basa en la ficción hipócrita de que el sexo es algo sucio que solo debe ser usado para la reproducción dentro del matrimonio y no para buscar placer, al tiempo que necesita un mínimo de libertad sexual que permita el placer sexual que es inseparable de la vida. La solución a este dilema es cargar sobre las prostitutas toda la culpa y el desprecio de lo que realmente es la conciencia de su propia naturaleza como sociedad, para así mantener la imagen de sí misma como limpia y virtuosa. Cuanto más evidente es la mentira, con más fuerza debe la hipocresía marginar y castigar a quien es en sí misma la verdad: la prostituta.

12.- ¿Es nocivo el estigma?

Las personas estigmatizadas son aisladas, devaluadas, rechazadas y vilipendiadas. Experimentan discriminación, insultos, ataques e incluso asesinatos. La interiorización del estigma es lo que más daño hace a las prostitutas. Induce sentimientos de pérdida de valor personal, de culpa, de vergüenza, de fatalismo… Paraliza a la prostituta en su lucha por conseguir sus derechos y facilita la explotación y la aceptación resignada de leyes injustas. Limita seriamente la calidad de vida, al obligarla a llevar muchas veces una doble vida y a ocultarse como si fuera una delincuente.

13.- ¿Cómo podemos librarnos del estigma?

Como seres sociales que somos, nos vemos reflejadas en los demás. Sólo nuestras hermanas, las putas empoderadas, nos devolverán el reflejo de lo que realmente somos: mujeres luchadoras y valientes que no debemos avergonzarnos por lo que hacemos ni humillarnos ante nadie. En la soledad no nos libraremos del estigma, ni nos librarán de él las “salvadoras” que nos proponen el camino de las víctimas indefensas.

Esto en cuanto al estigma interior, el más venenoso. Del estigma exterior, del injusto castigo que nos impone la sociedad, nos libraremos cuando consigamos que las leyes sean justas con nosotras.

14.- ¿Es compatible la denominación “puta” con la liberación?

La palabra “puta” es el estigma en sí mismo. Solo venciéndola se vence el estigma. Y se la vence de dos maneras: impidiendo su uso normalizado por la sociedad, por los medios de comunicación y, a la vez, apropiándonos nosotras del mismo, es decir, transformando el “estigma de puta” en el “orgullo de puta”. Para nosotras y entre nosotras, el glorioso nombre de puta; para los de fuera, el glorioso nombre de trabajadora sexual.

15.- ¿Desde cuándo las putas somos “trabajadoras sexuales”?

A finales de la década de 1970, la activista neoyorkina Carol Leigh acuñó el término “trabajo sexual”. “El uso del término ‘trabajo sexual’ marca el comienzo de un movimiento”, escribió Carol Leigh. “Reconoce el trabajo que hacemos en lugar de definirnos por nuestra condición”. Desde entonces, el término ha sido progresivamente utilizado, en primer lugar por el movimiento que reivindica el reconocimiento de sus derechos, y luego por académicos, instituciones y medios de comunicación de todo el mundo.

16.- Entonces ¿el trabajo sexual es un trabajo como cualquier otro?

Ningún trabajo es como cualquier otro: cada uno es según la naturaleza del servicio que presta. Pero todos tienen en común que son reconocidos como trabajo por las leyes. La naturaleza del trabajo sexual es, como su nombre indica, sexual, pues sexual es el servicio que presta; y todavía no ha sido reconocido legalmente como trabajo por eso mismo: por su naturaleza sexual, que los jueces en su sentencias han considerado que es ilícita, indigna e inmoral.

Existen relaciones laborales que reúnen todos los requisitos de la prestación de trabajo pero que, por sus especiales características, se rigen por normativas propias. Se trata de las relaciones laborales especiales. A éstas sólo se les aplicará la normativa laboral general en aquellos aspectos no contemplados en la norma específica que regula dicha relación. Estas relaciones laborales especiales son, entre otras, la alta dirección, el servicio del hogar. los deportistas profesionales y los estibadores portuarios.

El trabajo sexual sería una relación laboral especial en la que lo primero sería el respeto a la libertad sexual de la trabajadora y, por tanto, la autoridad empresarial sería limitada (horarios, etc.). Asimismo, no sería ofertado en las oficinas de empleo. Es lo que ocurre (en contra de lo que dice la propaganda abolicionista) en los países en los que la prostitución por cuenta ajena tiene consideración de trabajo. Además, sería precisa una regulación estricta de los propietarios de burdeles (según el modelo de Nueva Zelanda), que deberían obtener un certificado de validez temporal, demostrando carecer de determinados antecedentes delictivos, además de otras obligaciones.

17.- ¿Es cierto que la prostitución no puede ser considerada trabajo porque es ilícita, indigna e inmoral?

Los jueces deben administrar las leyes y basar en éstas sus sentencias.

Ilícito es igual que ilegal, luego la prostitución no es ilícita porque no es ilegal.

Dignidad es “el valor de la persona que se manifiesta en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida”, luego lo indigno es negarnos a las prostitutas nuestra dignidad en una sentencia.

Inmoral es lo que atenta contra la moral… ¿Qué moral? ¿La moral personal de los jueces? La moralidad tiene una dimensión subjetiva   mientras que la ley tiene un carácter objetivo y, en consecuencia, un acto solo se convertirá en ilícito si encaja con lo que expresa una norma jurídica.

La negación a las prostitutas de nuestros derechos laborales es un ataque al Estado de Derecho y a la Constitución. Es un ataque a nuestros derechos humanos.

18.- ¿Cuáles son los marcos legales del trabajo sexual en el mundo?

Son cuatro: prohibición, regulación/legalización, abolición y despenalización.

Estos marcos legales o modelos se dividen en dos grupos: el de aquellos en los que la prostitución se considera legítima, es decir, el regulacionismo, el abolicionismo y la despenalización y aquél en el que la prostitución es reprimida como tal, a saber, el prohibicionismo.

19.- ¿En qué consiste el prohibicionismo?

El prohibicionismo penaliza la compraventa de sexo, ya sea penalizando a la prostituta, al cliente o a ambos, y pone al margen de la ley la prostitución.

En los Estados prohibicionistas que penalizan a la prostituta, se considera a ésta una delincuente que debe ser castigada por la ley y perseguida por la policía, sufriendo castigos que llegan a la pena de cárcel. Es el caso de Estados Unidos.

En los Estados prohibicionistas que penalizan al cliente (también llamados “neoprohibicionistas” o “neoabolicionistas”), se considera a éste un agresor sexual, siendo degradada por ley la prostituta al estado de mujer sin capacidad de consentimiento. Es el caso de Suecia y otros que han seguido su ejemplo.

20.- ¿En que consiste la regulación/legalización?

Los Estados que regulan la prostitución reglamentan (legalizan) estrictamente el ejercicio de la prostitución mediante medidas que lesionan los derechos humanos de las trabajadoras sexuales estigmatizándolas negativamente, tales como el registro obligatorio, los controles sanitarios obligatorios, la limitación del derecho a la libre circulación… De hecho, la regulación puede considerarse una prohibición parcial, que afecta a todas aquellas prostitutas que, por una u otra razón, no se someten a las normas regulatorias.

21.- ¿En que consiste el abolicionismo?

El régimen abolicionista considera a la prostituta una víctima de la sociedad, pero no niega su capacidad de decisión y, por tanto, respeta su derecho a prostituirse y no la penaliza ni a ella ni al cliente.

Al mismo tiempo, considera la prostitución un mal social que debe ser erradicado (“abolido”) y, para ello penaliza a las terceras partes, es decir, a todos aquellos que la prostituta necesita para desarrollar su trabajo: es la penalización del “proxenetismo” aún con consentimiento de la prostituta.

De hecho, aunque diga lo contrario, el abolicionismo castiga (aunque no penalmente) a la prostituta, ya que la obliga a trabajar en condiciones de clandestinidad que ponen en riesgo su seguridad. Y también la castiga directamente, aunque afirme lo contrario, al separarla de sus hijos, estigmatizarla a los ojos de la sociedad e incluso, en algunos casos, privarla de libertad para su “rehabilitación”.

22.- ¿En qué consiste la despenalización?

 

Las trabajadoras sexuales en lucha por nuestros derechos en todo el mundo exigimos la plena despenalización de la prostitución como el único modelo legal compatible con el respeto a nuestros derechos humanos. 

 

Despenalización es la eliminación de todas las leyes penales y punitivas en general utilizadas contra las trabajadoras sexuales, los clientes y las terceras partes. Esto incluye las leyes que directamente penalizan el trabajo sexual y el uso de otras leyes para atacar de manera desproporcionada a las trabajadoras sexuales por motivos tales como vagabundeo, molestia pública, obscenidad, etc. Las especificaciones del marco legal que reemplace a la penalización deben ser desarrolladas en consulta con las trabajadoras sexuales locales, teniendo en cuenta el contexto específico de cada país.

 

Despenalización no debe confundirse con legalización/regulación:

“La legalización significaría la regulación de la prostitución con leyes sobre dónde, cuándo y cómo puede tener lugar la prostitución. La despenalización elimina todas esas leyes y prohibe al Estado y a la policía intervenir en cualesquiera actividades o transacciones relacionadas con la prostitución, a menos que sean de aplicación otras leyes”.

 

La despenalización total es llamada también “modelo proderechos”. Es el modelo vigente en Nueva Zelanda, único país en el mundo hasta ahora que ha despenalizado totalmente la prostitución.

 

En España, la despenalización total del trabajo sexual se concreta en cinco reivindicaciones, expresadas en los puntos 43 a 47 de este Putecismo.

 

23.- ¿Qué modelo tenemos en España?

España siguió el modelo abolicionista, con penalización del proxenetismo aún con consentimiento de la prostituta, desde 1956 hasta 1995, año en el que la prostitución fue totalmente despenalizada. Sin embargo, desde 2003 vuelve a seguir el modelo abolicionista, aunque moderado en su aplicación por los jueces, que solo castigan el proxenetismo coactivo. No obstante, en los últimos años, se han ido introduciendo medidas punitivas para algunas de las prostitutas que ejercen en la calle, mediante la Ley Mordaza y las ordenanzas municipales de algunos ayuntamientos, siguiendo una tendencia penalizadora que recuerda a la de los últimos años de la etapa abolicionista franquista con su Ley de Peligrosidad Social.

Hay una intensa actividad por parte del lobby abolicionista que intenta sustituir el actual modelo abolicionista por el modelo prohibicionista (“neoabolicionista” o “neoprohibicionista”) sueco, mediante la penalización de los clientes.

24.- Realmente, ¿se puede penalizar la prostitución?

Realmente, no, ya que el acto de prostitución no puede existir a los ojos de la ley, dado que pertenece de pleno derecho al ámbito de las libertades individuales, pertenece a la vida íntima de las personas y la intimidad está protegida por la ley; toda penalización necesita, por tanto, basarse de forma exclusiva en la figura de la prostituta, mujer estigmatizada a la que se le pueden retirar sus derechos fundamentales mediante un acto administrativo.

Es decir, el primer paso es marcar a una mujer como prostituta y, a continuación, negarle los derechos que tienen todas las mujeres y, en general, todos los ciudadanos.

Así, la penalización de la prostitución de calle convierte a la policía en policía controladora de la moral de las mujeres, con poderes para discriminar a simple vista a las mujeres que son putas de las que no lo son y castigar a las “inmorales” por el solo hecho de estar en la calle.

25.- ¿Qué es el abolicionismo?

El abolicionismo original fue el movimiento que luchó por la abolición de las leyes de esclavitud vigentes en los países europeos y sus colonias, en el siglo XIX. Podemos llamarlo el primer abolicionismo. 

El segundo abolicionismo fue el liderado por la inglesa Josephine Butler —más tarde en el mismo siglo XIX— por la abolición de las leyes reguladoras de la prostitución que forzaban el examen ginecológico de las prostitutas (la “violación quirúrgica” o “violación de acero”, como lo llamaba Butler) y contra la prostitución infantil. Tras una lucha de veinte años consiguió su objetivo de abolir esas leyes reguladoras y la edad de consentimiento fue elevada de 13 a 16 años.

Josephine Butler fundó la “Federación británica, continental y general por la abolición de la regulación gubernamental de la prostitución”. 

El triunfo de este segundo abolicionismo llevó a la formación de “sociedades de la pureza”, cuyo objetivo era forzar el cierre de los burdeles mediante la penalización. Butler advirtió contra estas sociedades de la pureza por su “fatua creencia de que puedes obligar a los seres humanos a ser morales mediante la fuerza, y que haciéndolo así de alguna manera promueves la pureza social”. Este fue el nacimiento del tercer abolicionismo.

El tercer abolicionismo no pretendía ya liberar a las prostitutas de la violencia del Estado, sino perseguir la prostitución como un mal social. No pudo dar el paso de penalizar a las prostitutas ni a los clientes, ya que eso habría supuesto para las primeras un castigo mayor que aquél del que las había librado el segundo abolicionismo, así que su estrategia se centró en rodear a la prostituta de una zona de “tierra quemada”, penalizando a todo aquél que ayudara a la prostituta a realizar su trabajo, es decir, el “proxenetismo aún con consentimiento de la prostituta”.

Este tercer abolicionismo fue el principal agente en la invención del mito de la “trata de blancas” y ha sido el “abolicionismo” por antonomasia hasta hace poco tiempo. Su paradigma es el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena”, firmado en el seno de Naciones Unidas, en Lake Success (Nueva York) el 2 de diciembre de 1949, al que España se adhirió en 1956.

El Estado español tiene legislación abolicionista desde 1961 hasta nuestros días, salvo el período 1995-2003.

Y llegamos al momento actual, con la aparición del cuarto abolicionismo. Este cuarto abolicionismo solo tiene de abolicionismo el nombre, ya que es prohibicionismo.

Las actuales “abolicionistas” ocultan el hecho de que España es abolicionista desde hace cincuenta años —y la evidencia de que ese modelo abolicionista ha fracasado en su objetivo de terminar con la prostitución— e intentan hacer pasar por abolicionismo su objetivo de prohibir la prostitución.

El abolicionismo siempre reconoció el derecho de las mujeres a prostituirnos en el ejercicio de nuestra libertad sexual y, por tanto, la naturaleza de sexo consensuado entre adultos de la prostitución. El cuarto abolicionismo busca penalizar la compra en una compraventa, y eso no es otra cosa que prohibir la compraventa.

Al cuarto abolicionismo algunos lo llaman “neoabolicionismo”, de forma incorrecta ya que no es abolicionismo. Más adecuado sería llamarlo “postabolicionismo”: lo que sigue al abolicionismo.

También lo llaman, de forma adecuada esta vez, “neoprohibicionismo”, para distinguirlo del prohibicionismo “clásico”, que penaliza a la prostituta.

El cuarto abolicionismo es llamado también “modelo sueco” o “modelo nórdico”, por haber sido inventado en Suecia.

 26.- ¿Todas las feministas son abolicionistas?

No, en absoluto. Aunque las abolicionistas han conseguido influir en importantes sectores del feminismo, los sectores defensores de los derechos de las mujeres, incluído el derecho a prostituirnos, mantienen su posición en defensa de las trabajadoras sexuales y son nuestras firmes aliadas.

27.- ¿Cuál es el papel de las aliadas en nuestra lucha?

Las aliadas (y los aliados) tienen su propia agenda (derechos humanos, feminismo…), más amplia que la nuestra. Ellas no luchan directamente por sus propios intereses, como nosotras, sino que lo hacen de forma totalmente altruista, por lo que merecen todo nuestro reconocimiento. Su colaboración es totalmente necesaria para el éxito de nuestra lucha, pero no debemos olvidar que sólo nosotras podemos ser las protagonistas de nuestra propia liberación. Es indispensable que creemos organizaciones constituídas y dirigidas de forma independiente por nosotras mismas.

28.- ¿Qué organizaciones de trabajadoras sexuales hay ahora mismo en España?

Asociación Feminista de Trabajadoras Sexuales (AFEMTRAS), Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS), Putas Libertarias del Raval, Asociación de Profesionales del Sexo (Aprosex) y Colectivo Caye. También hay un sindicato: Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS) y una sección sindical (de la IAC Catalunya): Unión Sindical de Trabajo Sexual (USTS). Organizaciones formadas por trabajadoras sexuales y aliadas hay una: Colectivo de Ayuda a Trabajadoras del Sexo (CATS).

29.- ¿Dónde reside la fuerza de la organización de trabajadoras sexuales?

En el fuerte vínculo que nos une, como compañeras que somos en el puterío. Es lo que se ha llamado “zorroridad”, fusionando las palabras sororidad (que es el sentimiento de hermandad entre todas las mujeres que defiende el feminismo) y zorra.

Somos putas feministas y la zorroridad es nuestra fuerza.

30.- ¿Qué es la “trata de personas”? 

Trata es la compraventa de mercancías.

No puede existir “trata de personas” (o “trata de seres humanos”) si esas personas no han sido reducidas previamente a la condición de esclavos (y, por tanto, de mercancías) en virtud de leyes de esclavitud vigentes en un momento y en un Estado concretos. Esas leyes respaldan el derecho de propiedad de unas personas sobre otras y garantizan con los tres poderes del Estado el derecho de las primeras a comprar y vender a las segundas: si un esclavo se escapa, la policía se encarga de detenerlo y devolverlo a su propietario.

En España la esclavitud fue abolida en el siglo XIX: hoy, no hay ni esclavitud ni trata.

Aunque la propaganda institucional abolicionista intenta hacer creer que las víctimas de lo que el actual Código Penal llama “trata de seres humanos” son mujeres secuestradas y violadas, como si esta llamada “trata” fuera una auténtica trata, la realidad es que la condición indispensable para que una mujer pueda llegar a ser considerada víctima de “trata” es que haya existido libre consentimiento ya que, si no hubiera existido el libre consentimiento, los delitos serían de secuestro y violación, claramente tipificados en el Código Penal.

Los vicios del consentimiento que pueden invalidar éste ya están contemplados en nuestro sistema jurídico: no es lo mismo un consentimiento invalidado por iniciativa de la persona titular del bien jurídico protegido —la libertad sexual, la libertad de empresa, el derecho al trabajo— que consigue demostrar que su consentimiento fue viciado que un consentimiento despreciado por la ley como “irrelevante” violando la dignidad de la persona que lo dio libremente.

La expresión “explotación sexual”  que menciona el Código Penal como finalidad de la “trata” no ha sido definida ni en la legislación internacional ni en la nacional. Eso viola el principio de legalidad, creando una situación de inseguridad jurídica incompatible con el Estado de Derecho.

Por eso, una de las reivindicaciones en que se concreta nuestra lucha por la total despenalización del trabajo sexual es la supresión del párrafo b) del artículo 177 bis del Código Penal (De la trata de seres humanos) que dice “La explotación sexual, incluyendo la pornografía.”

Basta con las leyes generales que nos protegen contra el secuestro, la violación y los vicios del consentimiento en defensa de nuestra plena y responsable libertad personal.

31.- Y ¿por qué dicen las abolicionistas que “trata sexual” y prostitución son la misma cosa?

Desde el punto de vista distorsionado de la realidad que tienen las abolicionistas se puede deducir esa afirmación, ya que las abolicionistas dicen que todas las prostitutas, por el hecho de serlo, somos vulnerables y objeto de coacción, con lo que se cumplirian las condiciones para ser consideradas víctimas de eso que el Código Penal llama “trata”. Como además alientan la confusión generalizada entre los delitos que se producen en el lugar de trabajo y que llegan a los tribunales (y que pueden ser espeluznantes, como palizas, violaciones, abortos forzados, etc.) y el delito de “trata”, concluyen que eso demuestra que la prostitución es en sí misma violencia y coacción, y así lo difunden en su propaganda.

Bien es cierto que, si se aceptara el dogma abolicionista de que las prostitutas no somos dueñas de nuestros actos, no se cumplirían las condiciones para ser consideradas víctimas de “trata”, ya que la condición del delito de “trata” es que exista el libre consentimiento (si no, sería secuestro). Solo podríamos ser consideradas víctimas de “trata de niñas”, ya que en los menores no existe la posibilidad de libre consentimiento y, de hecho, eso es lo que ocurre: que para las abolicionistas las prostitutas somos niñas.

Nuestro eslogan ¡TRABAJO SEXUAL NO ES TRATA! defiende nuestra dignidad frente al intento de las abolicionistas de negar nuestra capacidad de decidir sobre nuestros propios cuerpos y nuestras propias vidas.

32.- ¿Es delito la explotación de la prostitución ajena?

Según la actual legislación española, sólo es delito la explotación de la prostitución ajena si se hace mediante coacción (art.187 del C.P.). Exactamente, si se hace a través de la imposición de “condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas” o si se aprovechan de “una situación de vulnerabilidad personal o económica”. La apreciación acerca de cuándo concurren dichas circunstancias queda abierta a la interpretación de los jueces.

En realidad, no existe esa “prostitución coactiva” porque prostitución es sexo consensuado entre adultos, es decir, libertad sexual. Tipificar la “prostitución coactiva” como un delito distinto al de violación es decir que la violación de las prostitutas no es igual que la violación de las demás mujeres y se castiga con una pena menor. Por eso hay que derogar el art. 187 del Código Penal en el marco de la despenalización total del trabajo sexual.

Y también porque castigar a “quien se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma” (ibid.) es violar la libertad de empresa y el derecho al trabajo (art. 38 y 35 de la Constitución) de las prostitutas. No es delito lucrarse explotando el trabajo de otras personas: eso es el sistema capitalista en el que estamos. Lo que está penalizado, mediante las leyes laborales que defienden los derechos laborales, es el lucro abusivo

El art. 187 del C.P. bloquea el acceso a esos derechos para las trabajadoras sexuales, respaldando de esa forma el lucro abusivo. Devolvernos a las trabajadoras sexuales la plenitud de nuestros derechos humanos, entre los que se encuentran los derechos laborales, significa ¡¡ DESPENALIZACIÓN TOTAL DEL TRABAJO SEXUAL !!

33.- ¿Qué es el tráfico de personas?

El tráfico de personas es el delito consistente en facilitar el paso clandestino de la frontera a un inmigrante a cambio de una remuneración. Podría llamarse “contrabando de personas”.

En el tráfico de personas, al contrario que en la “trata”, no hay víctima, pues la relación del inmigrante con el traficante se extingue una vez atravesada la frontera y no existe intención de posterior explotación, como en la “trata”. Además, en la “trata” no es preciso que exista paso de fronteras, pues puede ocurrir en territorio español, sin necesidad de que éste sea lugar de origen, tránsito o destino.

Es muy frecuente la confusión entre los términos “tráfico” y “trata”, facilitada a veces porque en inglés trata se dice “trafficking” (y tráfico se dice “smuggling”). Ante la duda, recordad siempre que en el delito de tráfico de personas no existe víctima.

34.-   ¿Hasta qué punto sufren explotación las trabajadoras sexuales en los clubes y pisos?

En el sistema capitalista, todos los trabajadores sufren explotación: explotación laboral. La diferencia entre el valor de lo que producen y el salario que reciben es el beneficio con el que se lucra el empresario. Esta explotación, vista desde el punto de vista de la clase dominante que controla el Estado, es legal, legítima, decente, digna y moral.

Las trabajadoras sexuales a terceros sufren pues, como cualquier otro trabajador, explotación laboral.

Pero la explotación laboral puede ser modulada por la relación de fuerzas entre trabajadores y empresarios. La lucha de los trabajadores a lo largo de muchos años han conseguido los derechos laborales que permiten que la relación salarios y condiciones de trabajo / beneficios empresariales sea objeto de negociación.

Las trabajadoras sexuales nos vemos injustamente desposeídas de nuestros derechos laborales y de nuestra capacidad de negociación, por lo que podemos decir que nos vemos sometidas a sobreexplotación laboral.

35.- Y, las compañeras “de deuda” ¿sufren algún tipo particular de explotación?

Las trabajadoras sexuales inmigrantes —como el resto de personas inmigrantes— casi siempre tienen que endeudarse para poder financiar su proyecto migratorio. Cuando el acreedor es el mismo empresario, como suele ocurrir a las trabajadoras sexuales que trabajan en clubs, aparece la posibilidad de abusos. El empresario puede imponer unas condiciones económicas a la trabajadora que haga que su deuda no termine nunca de desaparecer e incluso aumente. Es lo que se llama “peonaje por deuda”. Este abuso es posibilitado por la Ley de Extranjería, que pone a la trabajadora sexual inmigrante en manos del empresario, que es su único “protector” frente a la policía que intentaría deportarla. Porque la deportación es lo que más teme la trabajadora sexual inmigrante, ya que la devolvería a la situación de pobreza de la que intenta escapar, agravada aún más por la deuda contraída.

La explotación particular que pueden sufrir las compañeras “de deuda” es posibilitada por la Ley de Extranjería, ley rechazada por todos los defensores de los derechos humanos. Por eso, nuestra primera reivindicación como trabajadoras sexuales, solidarizándonos con las más vulnerables de nuestro colectivo, debe ser la ¡DEROGACIÓN DE LA LEY DE EXTRANJERÍA!

El segundo factor que permite los abusos contra las prostitutas “de deuda” es la falta de derechos laborales y, en particular, del derecho a la libre sindicación. Porque en una situación de recuperación de la totalidad de nuestros derechos humanos, las condiciones laborales en los burdeles serían objeto de negociación y vigilancia por parte de los sindicatos que, además, tendrían por ley derecho al libre acceso a los clubs y a hablar libremente con las trabajadoras, lo que evitaría los abusos derivados de la falta de información.

36.- También dicen que la prostitución es “violación pagada”…

Una de las razones por las que las abolicionistas dicen que en la prostitución no existe la libre decisión es porque, según ellas, hacer algo a cambio de dinero por necesidad de dinero es actuar bajo coacción. Eso lo dicen solo para el trabajo sexual, claro. “El dinero es como el cuchillo en el cuello”, llegan a decir. Pero la coacción que realmente existe es la de quienes niegan a las mujeres pobres alimento, vestido y vivienda, para ellas y para quienes dependen de ellas, si no es a cambio de dinero. La auténtica violencia es la pobreza.

Con esta opinión, las abolicionistas revelan su ideología de clase acomodada. Se revelan como las portavoces de la clase dominante explotadora que no está dispuesta a que las mujeres se liberen del paro y de sus salarios de miseria.

37.- … y “violencia de género”.

Es lo mismo que decir que es “violación pagada”. Pero como saben que ningún juez considerará a un cliente de prostitución como violador, rebajan la “violación” de las prostitutas (según defienden) a una mera “violencia de género” que puede saldarse con una multa. Esto es lo que han conseguido que vote el Parlamento Europeo en 2014 y, aunque no es más que una recomendación a los Estados, las abolicionistas españolas se aplican con entusiasmo a multar y estigmatizar a los “puteros” con la vista puesta en una Ley estatal que aplique en España el “modelo sueco”.

38.- ¿Por qué llaman siempre “puteros” a nuestros clientes?

Llamar puteros a nuestros clientes es llamarnos a nosotras putas con todo el desprecio y el odio que sienten hacia nosotras. Intentan reforzar al máximo nuestro estigma con el fin de contagiar del mismo a nuestros clientes. Porque, como nos quieren tanto, nos quieren librar de nuestros “maltratadores” y dejarnos así sin la fuente de nuestro sustento. Pero nosotras no odiamos a los hombres y, desde luego, no consideramos maltratadores a nuestros clientes. Odiamos, como mujeres, la violencia machista, y los malos clientes, y reclamamos nuestros derechos para poder defendernos de éstos. Las abolicionistas quieren enviarnos a la clandestinidad para que solo los malos clientes se atrevan a desafiar sus multas. Las abolicionistas quieren abolir la prostitución exterminando a las putas.

39.- Las putas, ¿somos agente político?

Las putas empoderadas —es decir, conscientes de nuestra dignidad, nuestros derechos y la fuerza de nuestra unidad— somos agente político de primer orden, porque nuestra causa es la causa de la liberación de las mujeres, de la liberación de las clases oprimidas y de la defensa de las libertades democráticas como garantía de derechos humanos; y porque, además, somos la piedra de toque de esas luchas:

  • estar con las putas es estar con las mujeres, con los oprimidos y con la democracia,
  • estar contra las putas es estar con el patriarcado, con el capital y con el totalitarismo fascista.

40.- Una puta empoderada, ¿debe necesariamente presentarse en público como tal?

No, de ninguna manera. El empoderamiento es un proceso personal que lleva desde la vergüenza de puta hasta el orgullo de puta. El empoderamiento es colectivo, y cada una participa en el mismo según sus circunstancias, sin que eso suponga una jerarquización de compromisos. Aquéllas que dan la cara y actúan como portavoces de todas nosotras merecen el máximo reconocimiento y son indispensables para avanzar, pero tambíén actúan con valentía las que participan en manifestaciones o ruedas de prensa bajo máscaras y, también, cualquiera de nosotras que, en su fuero interno, se atreve a desafiar el estigma.

41.- ¿Existe una jerarquia entre las trabajadoras sexuales?

No, de ninguna manera. El estigma de puta nos marca a todas por igual. Hacer distinciones entre “prostitución de supervivencia”, “prostitución bajo explotación laboral” o “prostitución autónoma” con el fin de dar más valor a la libre decisión de unas que a las de otras es un error que sólo lleva a la división. Cada una tiene sus motivaciones personales y todas son igualmente respetables. El estigma de puta que a todas nos oprime por igual también nos une a todas por igual como hermanas.

42.- ¿Cuáles son nuestras reivindicaciones políticas?

Las trabajadoras sexuales exigimos la DESPENALIZACIÓN TOTAL de la prostitución como único marco legal que garantiza el respeto a nuestros derechos humanos.

Esto significa la derogación de los artículos abolicionistas del actual Código Penal y la derogación de los artículos regulacionistas de la Ley Mordaza, lo que se concreta en los siguientes cinco puntos.

43.- (1) Supresión del párrafo b) del artículo 177 bis del Código Penal (De la trata de seres humanos) que dice “La explotación sexual, incluyendo la pornografía.”

Basta con el párrafo “a) La imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, a la servidumbre o a la mendicidad.”

“Explotación sexual” es un término que no tiene definición, ni en la ley española ni en la ley internacional. Esta indefinición no es casual sino intencionada y hace que el párrafo b) viole el principio jurídico básico de legalidad.

44.- (2) Supresión del art. 187 del C. P. (“prostitución forzada” y “proxenetismo”).

Basta con los artículos del Código Penal que penalizan el secuestro y la violación.

En este caso, como en el anterior, el desprecio al consentimiento de la persona (la prostituta) expresado en ambos atenta contra la libertad sexual protegida por el mismo Código Penal, así como contra la libertad de empresa y el derecho al trabajo reconocidos por la Constitución.

Los vicios del consentimiento que pueden invalidar éste ya están contemplados en nuestro sistema jurídico: no es lo mismo un consentimiento invalidado por iniciativa de la persona titular del bien jurídico protegido —la libertad sexual, la libertad de empresa, el derecho al trabajo— que consigue demostrar que su consentimiento fue viciado que un consentimiento despreciado por la ley como “irrelevante” violando la dignidad de la persona que lo dio libremente.

No existe la “prostitución forzada” porque prostitución es sexo consensuado entre adultos, es decir, libertad sexual, según ha definido claramente el Tribunal Supremo. Tipificar la “prostitución forzada” como un delito distinto al de violación es decir que la violación de las prostitutas no es igual que la violación de las demás mujeres y se castiga con una pena menor.

Y castigar a “quien se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma” es violar la libertad de empresa y el derecho al trabajo (art. 38 y 35 de la Constitución) de las prostitutas. No es delito lucrarse explotando el trabajo de otras personas: eso es el sistema capitalista en el que estamos. Lo que está penalizado, mediante las leyes laborales que defienden los derechos laborales, es el lucro abusivo: el art. 187 del CP bloquea el acceso de las trabajadoras sexuales a esos derechos, respaldando de esa forma el lucro abusivo.

La supresión de este artículo (numerado entonces como art. 188.1) fue propugnada ya hace años (en 2006) por un numeroso grupo de jueces y profesores de derecho en un manifiesto que hicieron a favor de la despenalización y la regulación laboral del trabajo sexual.

45.- (3) Eliminación del párrafo 11 del art. 36 de la Ley Mordaza: “La solicitud o aceptación por el demandante de servicios sexuales retribuidos en zonas de tránsito público…)”

Porque viola los derechos constitucionales a la libre circulación y a la intimidad y también el principio constitucional de igualdad de todas las personas ante la ley al penalizar por el solo hecho de estar en la calle a aquellas mujeres que la policía imagina que realizan la actividad legal de venta de servicios sexuales.

46.- (4) Derogación de la Ley de Extranjería

 Aunque esta Ley no se refiere expresamente a la prostitución, si afecta al gran número de trabajadoras sexuales inmigrantes indocumentadas que, bajo la amenaza constante de detención, ingreso en CIE y deportación, deben esconderse de la policía y quedan indefensas en manos de las mafias policiales asociadas a dueños de burdeles.

47.- (y 5) Regulación estricta de los propietarios de burdeles y del funcionamiento de éstos.

Al modo de Nueva Zelanda —primer país que ha despenalizado totalmente el trabajo sexual— y con el mismo objetivo expresado en el preámbulo de su Ley de Reforma de la Prostitución :

“salvaguardar los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual y protegerlas de la explotación, promover el bienestar y la salud y seguridad ocupacional de las trabajadoras sexuales y propiciar la salud pública.”

48.- Y para terminar, ¿debo creer y estar de acuerdo con todo lo que he leído en este Putecismo?

No necesariamente. Leer, reflexionar, volver a leer y debatir es el método, pero mi única maestra es mi experiencia y mi único guía, mi instinto.

 

 

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Se terminó este Putecismo el día 2 de octubre de 2018,

bajo la auspiciosa mirada de la muy veneranda,

divina entre las divinas,

Afrodita Porné.