Madrid merece putas con derechos

 

 

Por Mamen Briz (Hetaira)

 

Colectivo Hetaira·Martes, 31 de enero de 2017

 

Ponencia de Mamen, del Colectivo Hetaira, en Madrid, el 17 de diciembre de 2016 (Centro Dotacional Integrado de Arganzuela dentro de la Jornada El respeto de los derechos humanos en el trabajo sexual)

 

¿Qué hacemos con la prostitución en la ciudad de Madrid?

 

Ha pasado ya más de un año y medio desde aquel día, el 24 de mayo de 2015, en que las urnas decidieran “echar” a Ana Botella y al equipo de Gobierno del PP de Madrid.

 

Mucha gente lo celebró. Las prostitutas entre otras.

 

Lo celebraron ellas y lo celebramos quienes venimos haciendo, desde hace años, activismo en la defensa de los derechos de las prostitutas.

 

Pensábamos que, por fin, tendríamos la oportunidad de conseguir que la situación de las trabajadoras del sexo mejorase en nuestra ciudad. Pensábamos que podríamos dejar atrás años de desprecio por parte del anterior equipo de Gobierno.

 

Hetaira nunca ha tomado “partido”, ni hemos pedido el voto para ninguna formación política. Nuestra tarea ha consistido en informar sobre la situación real de las prostitutas en la ciudad y en el resto del país y en explicar qué queremos decir cuando hablamos de derechos o de la necesidad de descriminalizar el trabajo sexual. Por lo general, las formaciones políticas –de todo signo y color- nos han pedido reuniones previas a la redacción de sus programas electorales. En otros momentos, hemos sido nosotras quienes hemos solicitado reunirnos con partidos políticos concretos. Pero la realidad es que, a lo largo de nuestros 21 años de existencia, hemos coincidido, en no pocas ocasiones, con activistas de otras organizaciones que forman parte, en la actualidad, de Ahora Madrid.

 

La conformación de Ahora Madrid fue un proceso largo. Y se pidió a Hetaira que participase en diferentes reuniones para poder “repensar” qué hacer con la prostitución. Y allí estuvimos.

En las diferentes reuniones y espacios donde nos encontramos, las hetairas explicamos, por activa y por pasiva, cuáles pensábamos que podrían ser las mejores políticas municipales en materia de prostitución.

 

De todos aquellos procesos, salió una propuesta breve, pero clara, que se incorporó al programa electoral de Ahora Madrid.

 

El programa de Ahora Madrid recogía lo siguiente: “Desarrollar políticas a favor de los derechos de las prostitutas en colaboración con ellas, de forma que se garantice su integridad física, sus derechos ciudadanos, sus derechos de imagen, sus condiciones laborales y los recursos sociales necesarios para el abandono del ejercicio de la prostitución si así lo deciden”. [Programa electoral de Ahora Madrid, p.35]

 

El acuerdo PSOE-Ahora Madrid sabíams que no nos beneficiaría si la prostitución se convertía en moneda de cambio (como así parece estar ocurriendo); pero nunca pensamos que el equipo municipal de Ahora Madrid, más concretamente el Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, a cargo de Marta Higueras, se manifestara a favor de un modelo victimista y de criminalización del trabajo sexual y a favor de las políticas heredadas por Ana Botella, dándolas por válidas, sin ningún sentido crítico, sin revisar qué filosofía esconden estas políticas, sin evaluar las repercusiones que han tenido sobre las personas que ejercen la prostitución en la ciudad de Madrid. Y sin trabajar, codo con codo, con las afectadas.

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Pensábamos que, por fin, podríamos mejorar las condiciones de trabajo (y por tanto de vida) de las prostitutas, sobre todo de aquellas que lo tienen más difícil: las prostitutas que captan a su clientela en la calle o de aquellas otras que, debido a las políticas de persecución y criminalización que se efectúan en la calle, deciden trabajar en pisos o clubs si poder negociar sus condiciones de trabajo.

 

Pensábamos que sería el momento de cerrar página, de esquivar el estigma que pesa sobre ellas. Por fin un Ayuntamiento que no gastase ingentes cantidades de dinero en actividades y en “supuestas” campañas de sensibilización que les venían haciendo un flaco favor a las prostitutas, ya que ahondaban en el estigma puta.

 

Pensábamos que sería el momento de negociar, por fin, espacios públicos donde las mujeres pudiesen trabajar sin molestar ni ser molestadas. No es económicamente imposible, tan sólo se necesita voluntad política para poner en marcha un proyecto piloto.

 

Pensábamos que sería el momento en que, por fin, las instituciones recibieran a las trabajadoras del sexo sin tener que soportar miradas de desprecio. Pero tampoco ha sido así, ni tan siquiera son reconocidas como lo que son: trabajadoras del sexo y se refieren a ellas como “prostituidas”.

Nunca nos recibió Manuela Carmena, algo que sí ha hecho con otros sectores sociales, con las trabajadoras domésticas organizadas, por ejemplo. Existen fotografías de ese encuentro y desde las redes sociales de Ahora Madrid se difundió por activa y por pasiva.

 

En la primera reunión de Hetaira con el equipo municipal, fuimos “redirigidas” a Marta Higueras. Tuvimos dicha reunión el 7 de septiembre de 2015, y no contó con ninguna foto “oficial”, ni se contó por las redes sociales, ni escuchamos una sola frase de compromiso en defensa de los derechos de las prostitutas. Tan sólo escuchamos en la despedida: “Ya os informaremos”; es decir, se nos cerraba la posibilidad de participación en las políticas públicas dirigidas a las prostitutas. Tras la reunión, expresamos nuestro malestar al equipo de Gobierno de Ahora Madrid.

 

Pero no desistimos, volvimos a solicitar una nueva reunión con Manuela Carmena -junto con nuestras compañeras de AFEMTRAS- en el mes de mayo de 2016; nos comunicaron que sería posible tras el verano. Estamos en diciembre y aún no hemos sido convocadas.

 

Pero volvamos al programa de Ahora Madrid: “Desarrollar políticas a favor de los derechos de las prostitutas en colaboración con ellas”. Tras aquella primera reunión, nunca más se ha vuelto a contar con las organizaciones pro derechos ni tampoco con las organizaciones propias de trabajadoras del sexo. La “colaboración” se cayó del programa.

 

Continuemos… “de forma que se garantice su integridad física, sus derechos ciudadanos, sus derechos de imagen, sus condiciones laborales”. Nada de esto ha ocurrido: no se ha hecho absolutamente nada para trabajar en la integridad física de quienes ejercen la prostitución, sobre todo de quienes captan a su clientela en la calle, en lugares apartados de los centros urbanos, que continúan abandonadas a su suerte y sufriendo, como novedad, las multas, a consecuencia de la ley mordaza.

 

Ni siquiera la denuncia de abusos policiales por parte de algunos miembros de la XI Brigada de la UCRIF hacia las prostitutas ha hecho reaccionar al equipo municipal, a pesar de que conocían estos hechos. Por eso el miércoles, día 14 de diciembre de 2016, convocamos a una cacerolada ante las puertas del Ayuntamiento de Madrid. Para volver a llamar la atención. Para que no se olviden de nuestra existencia y para que no miren hacia otro lado cuando denunciamos insultos (racistas, sexistas, tránsfobos), humillaciones y abuso de autoridad.

 

Tampoco reaccionó Purificación Causapié, concejala en el Ayuntamiento por el PSOE, con quién también nos reunimos el pasado 30 de junio de 2016. Porque, a pesar de conocer las ideas abolicionistas del PSOE, entendíamos que los abusos policiales que estaban teniendo lugar contra las prostitutas del Polígono de Villaverde debían estar por encima de sus ideas en torno al trabajo sexual. Pero no, no ha sido así.

 

Tampoco se han garantizado sus “derechos de ciudadanía”, a no ser que entendamos que la ley de seguridad ciudadana, la famosa ley mordaza, se haya empleado a gusto contra ellas. Podemos decir que por una vez se reconoce a las prostitutas como ciudadanas de pleno derecho, sí “ciudadanas multadas”.

 

Con respecto a sus “derechos de imagen” no solamente no se ha hecho nada sino que se ha perjudicado intencionadamente a algunas activistas-trabajadoras del sexo haciendo uso de sus imágenes, sin su consentimiento, en la famosa “guía de recursos para periodistas” [sobre la que volveré más tarde] titulada El abordaje de la prostitución y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

 

Sobre el garantizar sus “condiciones laborales” tampoco ha habido ni un solo cambio ni mejora. Las condiciones laborales continúan siendo paupérrimas y agravadas por la puesta en marcha de la ley mordaza.

 

Por último, decía el programa electoral de Ahora Madrid: “y los recursos sociales necesarios para el abandono del ejercicio de la prostitución si así lo deciden”.

 

Desde Hetaira siempre hemos puesto el foco de atención en exigir protección real para las víctimas de trata; derechos laborales y sociales para quienes deseen continuar ejerciendo y, por último, alternativas de empleo para quienes deseen, por los motivos que sea, abandonar el ejercicio de la prostitución.

 

Y aquí, sí, tenemos que decir que en éste último punto se ha hecho algo: se ha dado continuidad a algunos de los cursos puestos en marcha por Ana Botella. El Ayuntamiento de Madrid aprobó en 2015 un presupuesto de 72.000 euros y becó a 30 mujeres (600 euros mensuales por asistir a los cursos de formación, durante 4 meses). En 2016 el presupuesto ha sido de 76.500 euros y el número de becas 31. A falta de una evaluación concreta para conocer el éxito de la formación recibida y, si ésta es la más adecuada y demandada por las prostitutas, tan sólo contamos con la cifra que se ofrecía desde Concepción Arenal: 8 mujeres de 30 encontraron otra ocupación, todas en tareas de cocina y de camareras de piso.

 

Desde Hetaira entendemos que las becas han de ampliarse, es insuficiente fijar en 30/31 de forma anual. La cantidad de la beca no llega al salario mínimo interprofesional y es complicado pagar el alquiler, las facturas, la comida y el transporte en la ciudad de Madrid y llegar a fin de mes. Muchas mujeres siguen ejerciendo la prostitución al tiempo que estudian y el Ayuntamiento es conocedor de ello. Por otro lado, exigimos la diversidad de cursos ofertados, porque ofrecer trabajos precarizados y fuertemente feminizados no puede ser la única solución. Las trabajadoras del sexo cuentan con muchas otra habilidades y el abanico de posibilidades debería ampliarse: azafatas en eventos y congresos, recepcionistas de hotel… tienen don de gentes y algunas conocen varios idiomas.

 

La gestión de estos cursos y la “fase de inserción laboral” corre a cargo del proyecto Atención Víctimas Explotación Sexual Concepción Arenal, el mismo que puso en marcha Ana Botella y que continúa con su misma filosofía heredada. Porque este recurso deja bien claro quiénes son las personas beneficiarias del mismo: “Mujeres en situación de prostitución y/o víctimas de trata con fines de explotación sexual en el municipio de Madrid”. Ni siquiera nombra a las “prostitutas” ni a las “trabajadoras del sexo”. Quien quiera acudir al recurso, para empezar, ha de cambiar la propia forma de autonombrarse. En la información sobre dicho recurso, que aparece en la página web del Ayuntamiento de Madrid, se habla tan sólo de “mujeres víctimas de explotación sexual”. Nos preguntamos: “¿quiénes son las víctimas de explotación sexual?”

 

Recordamos que el delito de trata ya está reflejado en nuestro Código Penal, no así la “explotación sexual”.

 

“Explotación sexual” es un concepto muy discutible si nos atenemos a lo que plantea GAATW (Alianza Global contra la Trata de Mujeres): “No existe una definición internacional del término “explotación sexual”, con lo que cada país puede definir y abordar ésta como considere apropiado, teniendo así un gran margen de actuación”.

 

Lo que está sucediendo es que el término “explotación sexual” se utiliza como sinónimo de “prostitución” de forma intencionada para ahondar en la idea de que prostitución= “explotación sexual”.

 

Cuando se elaboró el Protocolo de Palermo, por el año 2000, la OIT ya recomendó eliminar este término y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, en junio de 1999, también recomendó suprimirlo para evitar las dificultades de implementación inherentemente asociadas a los términos vagos, imprecisos y emotivos (como ocurre con “explotación sexual”) cuando estos son utilizados refiriéndose a los adultos.

 

Si tal y como afirma la coordinadora del recurso Concepción Arenal: el 50% de mujeres que atienden son víctimas de redes. Nuestra pregunta es: ¿Por qué no lo denuncian ante las autoridades judiciales para que puedan recibir la protección adecuada y que se active el sistema judicial-policial para condenar a los “tratantes”?

 

Hemos tenido algunos otros encuentros y reuniones con miembros de Ahora Madrid. En concreto con Javier Barbero, delegado del Área de Salud, Seguridad y Emergencias, y con Guillermo Zapata, concejal presidente de los distritos de Fuencarral-El Pardo y Villaverde. En la reunión con Barbero, y en la que también estaba presente la Plataforma No Somos Delito, se habló de hacer una mesa de seguimiento de las vulneraciones de derechos de la ley mordaza. Hubo nota de prensa y foto, pero finalmente no se puso en marcha. Con Guillermo Zapata hemos mantenido varias reuniones tratando de conseguir una mesa en donde pudiéramos llegar a acuerdos entre comerciantes, vecindario y las mujeres que ejercen la prostitución en el Polígono de Villaverde; pero tampoco ha prosperado.

 

¿Qué otras cosas se han hecho desde el Ayuntamiento de Madrid en relación a las prostitutas, putas o trabajadoras del sexo?

 

  1. Publicidad ilícita

 

El 25 de noviembre de 2015, PP, PSOE, Ciudadanos y Ahora Madrid aprobaron en un pleno municipal considerar “publicidad ilícita” a los anuncios de prostitución que en ocasiones aparecen en los coches aparcados en las calles de Madrid, amparándose en la Ley General de Publicidad que considera “publicidad ilícita” los anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria o discriminatoria: “Utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto”. No hay que estar muy “viva” para darse cuenta de casi el 90% de la publicidad vende sus productos a través de “cuerpos”, cuerpos jóvenes siempre, de mujeres y de hombres… Así que el PP incorporó lo siguiente: “Anuncios que muestren también al hombre ‘como una mercancía’.

 

El delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, señaló que la Policía Municipal no actuará de igual modo ante los anuncios de prostíbulos y los que realizan: “Mujeres que ejercen la prostitución por su cuenta y hacen ellas mismas las fotocopias”. Un apunte interesante por su parte y que agradecemos.

 

A fecha de hoy, no tenemos constancia de qué repercusión ha tenido esta medida sobre la publicidad que se exhibe en coches y mobiliario urbano. Desconocemos si se ha podido hacer alguna evaluación de la misma. Desconocemos si sirvió para algo. Además de para divagar sobre la publicidad.

 

  1. Guía de recursos para periodistas El abordaje de la prostitución y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

 

El día 23 de septiembre de 2016, fue declarado por la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas (una coalición con una filosofía abiertamente abolicionista y que no tiene en cuenta la diversidad de situaciones entre quienes ejercen la prostitución), como Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Al margen de no entender esta asimilación de mujeres (es decir, personas adultas con capacidad de decisión sobre sus propias vidas) con “Niñas y niños” (menores a quienes hay que proteger). A pesar de que “tráfico” de personas significa una cosa y “trata” otra. A pesar de que no hay una única definición de “explotación sexual”; a pesar de todo ello, el Ayuntamiento de Madrid decidió que era el día perfecto para presentar en sociedad la guía de recursos para periodistas El abordaje de la prostitución y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

 

Se nos invitó a la presentación de la misma y allí estuvimos, sin entender nada de lo que estábamos escuchando. Oyendo más de lo de siempre, ninguneando a las trabajadoras del sexo, ninguneando sus necesidades, discriminándoles y estigmatizándoles como siempre se había venido haciendo desde la corporación municipal. El cambio no ha llegado para las trabajadoras del sexo.

 

Pero entre todas las opiniones las que más indignación nos causaron fueron las que vertió la alcaldesa, ya que no representaban para nada las diferentes sensibilidades que se dan dentro de su propio grupo municipal, a la par que barrenaba su propio programa electoral. Carmena esgrimió frases como ésta:”Es muy útil para conocer el acto de explotación individual que tantas mujeres sufren sólo porque un hombre ha decidido explotarlas” o ésta otra: “Hay que profundizar en las causas de la demanda de prostitución y utilizar el periodismo de datos para desmontar la hipocresía sistemática de esta sociedad”. Palabras-humo.

 

La guía propone, entre otras cosas, sustituir las palabras “prostituta” o “puta” por “mujer en situación de prostitución, víctima de trata o de explotación sexual o mujer prostituida”. También recomienda cambiar los términos al referirnos a los clientes. Sugiere llamarlos “puteros” o “demandantes de prostitución”. Es decir, que el Ayuntamiento impide que las trabajadoras del sexo se autonombren como deseen y les indica a los medios de comunicación cómo han de referirse a ellas (1). Es determinante, conocer cómo se autonombran los diferentes colectivos y no privarles de su capacidad de decisión como si necesitaran de tutela permanente.

 

Claro que cuando algo no se nombra, no existe, esto es lo que les ocurre con frecuencia a las prostitutas; podemos considerar “invisibilidad institucional” como discriminación. Confundir “trata” y “prostitución”, además de suponer un insulto a la inteligencia, y hacerlo de forma intencionada tiene consecuencias sobre las vidas de las prostitutas. Claro que es difícil pensar en las vidas de personas concretas, cuando son personas que ni conocemos ni deseamos conocer.

 

Otra perversión más, la guía -a pesar de no haber contado para su elaboración con activistas pro derechos ni con trabajadoras del sexo, ni con periodistas especializados en derechos humanos- cita a Hetaira (no sabemos si como forma de “contentar” o de que pareciera “plural”); cita a Hetaira para contradecir sus tesis y además nos cita mal, nos cita como “corriente pro reguladora” (pág. 28, 37 y 67), cuando jamás apostamos por la “regulación de la prostitución”, somos pro derechos (que es muy distinto). En la página 72, recomiendan a los periodistas que no recojan sólo la voz de las prostitutas cuando se manifiestan (a pesar de ser ellas las protagonistas), que hay que dar voz también a quien no se manifiesta ese día y está en contra de las prostitutas, vaya. Es como recomendar a los periodistas que en las manifestaciones por el derecho al aborto pasen el micrófono a las organizaciones pro vida.

 

En las últimas páginas de la guía aparecen fotografías de putas empoderadas, mujeres que han decidido dar la cara por todas sus compañeras. Y ahí están sus fotos y se les critica por no representar a todas las prostitutas, porque son de alto standing. Jamás pretendieron representar a “todas” las prostitutas. Las escorts lo que sí han hecho ha sido solidarizarse con quienes lo tienen más difícil. En el último mes ha surgido otra crítica: algunas mujeres de quienes están dando la cara no son “auténticas mujeres”, son “transexuales”. Por tanto, tampoco son representativas. El Área LGTB de Ahora Madrid tendría que tenerlo en cuenta.

 

En definitiva, la guía sirve para continuar estigmatizando a las prostitutas y servirá de poco o nada a los y las profesionales del periodismo.

 

Ante la crítica de dicha guía, por parte de asociaciones pro derechos y de asociaciones de prostitutas de Madrid y Barcelona, la única voz que escuchamos dando explicaciones fue la de Rita Maestre, portavoz del grupo municipal, quien muy brevemente explicó, tras la pregunta de un periodista, que se trataba de un tema “muy complejo” (esto no se le escapa a nadie, por cierto) y que no valen los “brochazos gordos”.

 

Estamos de acuerdo con ella en que el tema es complejo, muy complejo, pero no tanto para decidir no estar “con ninguna postura” (ni abolicionista ni pro derechos; ésta es una nueva moda, decid que una no se decanta por ninguna, como si esto sirviera para algo). Pero el equipo municipal no es que ante la complejidad haya decidido esperar, no, ante la complejidad ha decidido continuar aplicando políticas públicas que conllevan graves consecuencias sobre la vida de las mujeres que ejercen la prostitución, por ejemplo, profundizando en el estigma. Y declarar que no valen los “brochazos gordos”, aunque la guía para periodistas, no haya usado “pinceles finos” precisamente.

 

Problemas complejos nos rodean siempre y sin embargo, a pesar de la complejidad, tomamos partido, porque tomar partido es la única vía para buscar soluciones. Así el Ayuntamiento, a pesar de lo complejo del tema, decide, por ejemplo, involucrarse en la exigencia del cierre de los CIES. Podríamos dejar de debatir y apoyar a estas mujeres que esperan de nuestra respuesta y de nuestra solidaridad. ¿Debatimos mientras denuncian que son acusadas por determinados individuos de una unidad policial de la UCRIF? ¿Debatimos mientras les aplican la ley mordaza? ¿Debatimos mientras las deportan?

 

El día 28 de septiembre de 2016, publicaba el Huffington Post (2): “De momento, el Ayuntamiento de Madrid no ha respondido al comunicado de Hetaira y AFEMTRAS. “Nuestra idea es esperar, a ver si hay algún tipo de reacción para poder seguir consensuando. Si queremos una guía que sea práctica tanto para mujeres como para periodistas, esperemos poder retomarlo”, explicábamos. Pero estamos acabando el año y nuestra entrevista con Carmena continúa a la espera.

 

  1. Ordenanza de convivencia de consenso

 

Al día siguiente, el 29 de septiembre, la portavoz municipal Rita Maestre anuncia que se está trabajando en una ordenanza de convivencia de consenso: “La ordenanza va precedida de un periodo de diálogo previo para conocer la opinión de todos los actores”. Aún no hemos sido convocadas a ninguna reunión para poder dar a conocer nuestra opinión sobre el efecto pernicioso de las ordenanzas de convivencia impuestas en otras ciudades de nuestra geografía y que criminalizan y ahondan en el estigma puta.

 

  1. Jornadas en dependencias municipales

 

Por otro lado, y en este repaso que estamos haciendo sobre qué ha hecho el Ayuntamiento de Madrid en relación a la prostitución, han tenido lugar dos jornadas internacionales sobre prostitución y trata en diferentes dependencias municipales (en septiembre de 2015 y en septiembre de 2016), organizadas por la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres.

 

  1. II Plan contra la explotación sexual y la atención a la prostitución en la ciudad de Madrid

 

El II Plan contra la explotación sexual y la atención a la prostitución en la ciudad de Madrid se puso en marcha en enero de 2013 y finaliza ahora en diciembre de 2016. En su descripción dice que se elaboró teniendo en cuenta un enfoque “integral y transversal”. El plan incluye una evaluación con unos indicadores un tanto asombrosos.

 

Desde Hetaira exigimos una evaluación del plan para conocer su impacto sobre la población a la que va dirigida, en donde esta población pueda aportar su opinión. Pero entendemos que es difícil evaluar un plan con indicadores como los que incorpora. A modo de ejemplo: “Intensificar la presencia de la Policía Municipal y la Unidad Móvil “Concepción Arenal” en las cercanías de los centros educativos de la Colonia Marconi para dificultar el ejercicio de la prostitución durante los períodos de entrada y salida de los/as escolares y otros espacios de la Colonia Marconi. INDICADOR: nº de mujeres en situación de prostitución en la Colonia Marconi en horario de entrada y salida de los centros educativos”.

 

O éste otro: “Apoyar la instalación de empresas en el Polígono El Gato estableciendo un protocolo de actuación conjunta que garantice que se trata de un territorio libre de prostitución”.

Así que tal vez sea más eficaz que el Ayuntamiento actual tumbe el plan y se ponga a trabar en otro que realmente ponga por delante los derechos humanos y que cuente en la planificación y desarrollo de políticas públicas municipales que tengan en cuenta a las trabajadoras del sexo.

 

  1. Ley de Seguridad Ciudadana y el celo en su aplicación: denuncia de abusos policiales.

 

En julio de 2015, entró en vigor la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, de carácter estatal, más conocida como ley mordaza, que ofrece la misma receta para quienes ejercen la prostitución y captan su clientela en la calle: criminalización y multas. La innovación y las ideas críticas brillan por su ausencia. La Delegada de Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa dejó muy claros los objetivos de la intervención policial: “Controlar, erradicar y combatir la prostitución”. Con la ley mordaza se puso en marcha una potente maquinaria represiva contra las prostitutas.

El Ayuntamiento de Madrid dejó de tramitar las multas impuestas por la Policía Municipal y las enviaba a Delegación de Gobierno, para que resolviera. Probablemente las multas por el ejercicio de la prostitución hayan sido de las más numerosas, pero nunca se interesó el consistorio por conocer cómo estaban afectando a las prostitutas y si debía/podía intervenir de algún modo.

 

Más tarde, les hicimos llegar nuestro malestar por los abusos policiales y pusimos todos nuestros datos bajo su conocimiento, pero tampoco hubo respuesta.

 

Es la primera vez que realizamos una actividad las asociaciones que trabajamos por los derechos de las prostitutas en dependencias municipales.

 

Muchas gracias por su presentación a la concejala de Ahora Madrid del distrito de Arganzuela, Rommy Arce, por facilitar que la voz de las prostitutas se escuche.

 

  • (1) Como anécdota, la propia Marta Higueras, delegada del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, asistía al I Congreso sobre Empleo de Hogar y Cuidados. Visibilizar para transformar y aplaudía una intervención en donde las trabajadoras del hogar/trabajadoras domésticas reivindicaban autonombrarse como mejor les parezca.

 

(2) “Dos asociaciones de prostitutas critican la guía periodística de Manuela Carmena”, de Carolina Abellán , 28/09/2016: http://www.huffingtonpost.es/2016/0…#

 

 

En Madrid se están violando los derechos humanos de las trabajadoras del sexo

 

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MANIFIESTO leído ante el Ayuntamiento de Madrid

 

Colectivo Hetaira·Viernes, 16 de diciembre de 2016

 

https://www.facebook.com/notes/colectivo-hetaira/manifiesto-14d-sinmordazas-le%C3%ADdo-ante-el-ayuntamiento-de-madrid/643486859145755

 

Hace más de un año que la Ley Mordaza entró en vigor. Una Ley que ha supuesto un gran recorte en derechos fundamentales y libertades para la ciudadanía en general. Pero también una Ley que se ha utilizado de forma encubierta para prohibir la prostitución en el espacio público; una herramienta para expulsar a las mujeres del Polígono de Villaverde sin contar con su opinión, sin ofrecerles una alternativa y sin preocuparse lo más mínimo por las consecuencias negativas que esto provoca en las trabajadoras del sexo.

 

“Desobediencia a la autoridad” es la fórmula que se le ocurrió al gobierno para penalizar a las mujeres por ejercer la prostitución, como si no fuera obvio que la única desobediencia es simplemente la de ser prostitutas. Se las multa por putas, no por cometer actos delictivos. Se las criminaliza y se potencia el estigma social. A su vez, crea un clima de inseguridad e indefensión en el Polígono y, por tanto, incrementa la vulnerabilidad ante cualquier tipo de violencia. Dicho y hecho. Algunos agentes del Grupo XI de la UCRIF, (paradójicamente, la misma unidad que investiga las redes de trata, que se encarga del control migratorio y la falsedad documental); esos mismos agentes han estado cometiendo abusos de poder contra las trabajadoras del sexo del Polígono de Villaverde. Hechos que hemos denunciado en diferentes administraciones públicas, mediante reuniones presenciales, informes por escrito y una rueda de prensa que tuvo lugar el pasado 29 de noviembre.

 

Hace más de 6 meses que Delegación de Gobierno tiene conocimiento de estos hechos. También lo saben representantes del Ayuntamiento de Madrid (representantes de Ahora Madrid y PSOE). A día de hoy, no hemos recibido ninguna respuesta contundente y los mencionados agentes del grupo XI de la UCRIF siguen patrullando el Polígono con total impunidad y aplicando la Ley Mordaza con toda su contundencia, como si las trabajadoras del sexo fueran un colectivo delictivo.

 

En AFEMTRAS y en el Colectivo Hetaira entendemos que esta inmovilidad y desinterés de las instituciones ante esta vulneración de derechos humanos es totalmente INADMISIBLE en un Estado de derecho. Están permitiendo que determinados agentes policiales del Grupo XI de la UCRIF cometan delitos de odio con la complicidad del Ayuntamiento de Madrid. Ayuntamiento que sabe lo que está ocurriendo en su municipio y no hace absolutamente nada, demostrando una línea continuista con las políticas del PP en materia de prostitución. Estas son las mismas políticas que llevaban a cabo Ruiz Gallardón y Ana Botella: las de cambiar los conflictos de sitio, sin solucionarlos; la política de mirar hacia otro lado. Las políticas de criminalizar a las mismas poblaciones vulnerables que en campaña electoral decían querer proteger.

 

Como parece que siguen perdidas en el complejo debate sobre prostitución y utilizan esa misma complejidad como excusa para no hacer nada, mientras siguen debatiendo y debatiendo. Y mientras tanto, a nosotras nos siguen acosando en las calles; mientras tanto, nosotras trabajamos de forma honrada en condiciones cada vez más precarias. Como hacen oídos sordos a nuestras reivindicaciones, por eso, estamos aquí, con nuestras cacerolas y silbatos para que se nos escuche bien alto. Manuela Carmena: llevamos más de un año pidiéndote audiencia para contarte de primera mano lo que sucede en Villaverde; para contarte los abusos policiales de los que somos diana en la ciudad en la que eres Alcaldesa.

 

-Exigimos una respuesta contundente de las instituciones contra los abusos policiales que estamos sufriendo en el polígono de Villaverde;

 

-exigimos (¡ooootra vez!) la derogación de la Ley Mordaza, que vulnera nuestros derechos como ciudadanas y como mujeres. Las trabajadoras del sexo No Somos Delito.

 

-hacemos un llamamiento al Ayuntamiento del cambio: queremos participar en el diseño de políticas a favor de la protección de los Derechos Humanos de las trabajadoras del sexo. El equipo de Manuela Carmena debería abandonar las políticas continuistas de Ruíz Gallardón y Ana Botella en materia de prostitución, tal y como estaba reflejado en el programa electoral de Ahora Madrid.

 

 

QUEREMOS UN ESPACIO SIN MORDAZAS: UN ESPACIO DONDE TRABAJAR SIN MOLESTAR NI SER MOLESTADAS.

 

UNA CIUDAD LIBRE DE VIOLENCIAS PARA TODAS

 

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Manuela Carmena, el Papa Francisco y la prostitución

El Vaticano organizó los días 21 y 22 de julio de 2015 un foro sobre el “Cambio climático y nuevas formas de esclavitud moderna”. Sobre ecologismo y prostitución debatieron Manuela Carmena, el Papa Francisco y el alcalde de Nueva York Bill de Blasio.

 

Clara Mallo

 

Madrid | @ClaraMallo

 

Martes 28 de julio de 2015

 

http://www.izquierdadiario.es/spip.php?page=movil-nota-3510&id_article=21121

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La cita estuvo organizada por Academia Pontificia Ciencias Sociales del Vaticano y por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En el foro intervinieron más de 70 participantes entre alcaldes y alcaldesas de todo el mundo como los de Nueva York, París, Bogotá, Buenos Aires, o Madrid y representantes de la ONU.

El objetivo del Papa Francisco es buscar aliados. Así en su discurso se dirigió a los más de 70 participantes con estas palabras: “La Santa Sede o tal país podrán hacer un buen discurso en la ONU, pero si no hay trabajo desde la periferia al centro, no tendrá efecto. Y ahí, en la periferia, es donde está el trabajo de los alcaldes”. Con ello Bergoglio cuenta poder influir en las decisiones de la Cumbre sobre el Clima que la ONU celebrará a finales de año.

Pero no solo el Papa pidió “conciencia ecológica” sino que el otro de los puntos del encuentro fue los “nuevos modos de esclavitud moderna”. Entre los diferentes temas, la prostitución fue uno de los debatidos en este foro vaticano.

Manuela Carmena sobre la prostitución: un tema a evitar

Manuela Carmena intervino en el foro sobre esta cuestión, centrándose en una reflexión sobre los motivos del “consumo de la prostitución”. “Si queremos evitar el terrible crimen de la esclavitud sexual, tenemos que reflexionar con sinceridad sobre las causas”, dijo la recientemente electa alcaldesa de Madrid, a la vez que señaló que “hay que entender la sexualidad desde la cultura de los cuidados“.

En el programa de Ahora Madrid presentado para las elecciones del 24M, la formación encabezada por Carmena propuso un proyecto piloto para el “reconocimiento de los derechos laborales de las trabajadoras del sexo”, un tema en torno al que hay debates “eternos, que nunca concluyen”, según aseguró Carmena en su momento. La propuesta giraba en torno a la voluntad de “buscar algún tipo de estructura de apoyo muy grande para el sector que está en contra de la legalización y otra de ensayo de una cierta legalización y sobre todo de reconocimiento de derechos laborales de protección“, pero parecía no concretar en propuestas.

No obstante, por el momento Manuela y su equipo se han limitado a mantener el “Plan contra la Explotación Sexual” iniciado por la anterior alcaldía del PP en la anterior legislación, ya que como afirmó la portavoz del Ayuntamiento Rita Maestre (dirigente de Podemos), lo consideran “muy interesante”.

El plan impulsado por Botella y avalado por Carmena reza “erradicar la demanda de prostitución y prestar atención a las mujeres que la ejercen ofreciéndoles recursos y alternativas viables para el abandono de la prostitución”. Un plan que fue criticado por algunas asociaciones que trabajan con mujeres en situación de esclavitud sexual y que lo definían como un plan nefasto principalmente porque con él “las prostitutas han sufrido un mayor acoso policial”, como expresó Cristina Garaizabal, cofundadora de Hetaira, un colectivo que trabaja con mujeres en situación de explotación sexual.

La ingenuidad de Carmen y la frivolidad de Bergoglio

El intento de capitulación por parte del Vaticano de la lucha por los Derechos Humanos en el último periodo, ha hecho que algunos vean a esta como una nueva etapa de la Iglesia Católica. Pero el mismo Bergoglio que organiza un encuentro en el que debatir la explotación sexual hacia las mujeres es el autor de declaraciones que arremeten contra derechos básicos de las estas como el aborto, o en contra de la diversidad sexual, alegando que las personas LGTB “no reconocen el orden de la creación”.

En los últimos tiempos el Vaticano ha buscado mostrarse con un nuevo rostro. Para ello ha utilizado una serie de discursos sociales con declaraciones en los distintos foros de gestión capitalista. Sus declaraciones en el Parlamento Europeo sobre la recuperación de los “viejos valores”, la lucha contra el cambio climático en la ONU y las declaraciones en su última visita a algunos estados latinoamericanos donde expresó “ningún poder fáctico o constituido tiene derecho a privar a los países pobres del pleno ejercicio de su soberanía”, son ejemplo de ello.

Todo esto es parte de un discurso que busca lavarle la cara a la Iglesia, fuertemente desprestigiada por los casos de corrupción y abusos a menores que saltaron públicamente en los últimos años. Una Iglesia que durante años fue fiel impulsora de las políticas neo liberales y adoctrinó en base a los pilares de la familia y el patriarcado.

Este nuevo discurso de “buenas intenciones” genera unas falsas expectativas que parece han causado efecto en ciertos líderes de algunas formaciones que se reivindican herederas de los movimientos sociales. Los cuales han visto en el Papa un aliado para sus políticas de mejora social. Primero fue Pablo Iglesias que mostró en varias ocasiones su admiración y voluntad de acercamiento a Bergoglio, y ahora es Manuela Carmena que ve voluntad en las “buenas intenciones” de la Iglesia.

Resulta paradójico (y no menos cínico) que una institución como la Iglesia Católica que desde hace 2000 años niega a las mujeres sus derechos más básicos, como el derecho a decidir sobre la maternidad o sobre la orientación sexual de las personas, discuta sobre la libertad de las mujeres. La discusión sobre esta cuestión en el seno de la Santa Sede solo puede perpetuar y fortalecer la situación de opresión y explotación que sufren millones de mujeres en todo el mundo.

La Iglesia junto con los gestores locales de los negocios capitalistas y la ONU, son instituciones que sostienen el orden mundial capitalista y, como la Iglesia, apoyan las bases del sistema patriarcal que lleva a las mujeres a las peores situaciones humanas posibles como la esclavitud sexual, el feminicidio, y les niega derechos como la educación, la libre sexualidad y el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos.

Ni con un plan redactado por el PP, ni debatiendo con el Papa, puede abrirse camino para discutir sobre la cuestión de la explotación sexual. Solo un debate amplio independiente del Estado y de los intereses de la Iglesia podrá avanzar en temas como el de la esclavitud sexual y llevar a cabo medidas para comenzar a acabar con ello.

Pero terminar definitivamente con la opresión de género no será posible sin un movimiento fuerte de trabajadoras, jóvenes, estudiantes, precarias, inmigrantes, LGTBI, que, junto al conjunto de la clase obrera, entierre definitivamente al sistema capitalista que la sostiene.

 

Asociaciones de prostitutas denuncian que sufren “vejaciones” de algunos agentes en el polígono de Villaverde

Por EUROPA PRESS
MADRID| 29/11/2016

 

http://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/prostitucion/Asociaciones-prostitutas-denuncian-vejaciones-Villaverde_0_976403781.html

 

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Acusan a Delegación del Gobierno de “someterlas a un largo proceso de mentiras para hacer lo que anunció que no haría: perseguir, acosar y multar”

 

La Agrupación Feminista de Trabajadoras del Sexo (AFEMTRAS) y el colectivo Hetaira ha denunciado este martes el “silencio y la complicidad de las instituciones” hacia los “abusos policiales y vejaciones” que aseguran estar sufriendo por parte de algunos agentes las prostitutas del polígono de Villaverde.

Critican casos de supuestos abusos de poder por parte de algunos agentes del grupo XI de la Unidad Central contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) que operan en el polígono; la misma Unidad que se encarga de investigar los delitos de trata.

La portavoz de AFEMTRAS, Marcela, ha relatado que algunos policías “las hostigan a diario” en diferentes situaciones. “Nosotras, las prostitutas, somos juzgadas en muchas ocasiones por algunos agentes como ‘malas madres’. Nos cuestionan con frases como ‘qué dirán tus hijos’, porque la carga moral está presente en el momento en que nos extienden las multas”, critican.

Además, aseguran que las mujeres que “ya no les queda ningún lugar seguro” en el polígono. “Los agentes ordenan que nos situemos en ciertos lugares con la garantía de que allí no seremos multadas y después recibimos la multa igualmente. Nos mienten diciéndonos que han visto en su base de datos que no tenemos la documentación en regla y nos amenazan con no poder renovar la documentación. Nos vejan cuando nos rompen nuestros resguardos de documentos de identidad tirando los restos al suelo o nos tiran los documentos de identidad a los pies para que tengamos que recogerlos del suelo tras una identificación”, denuncian.

La asociaciones de meretrices detallan que muchas mujeres que han recibido frases como: “¡Vete a zorrear a tu país!”; “A España se viene a trabajar, no a putear” u “Os voy a llevar presas”. “Violan nuestra privacidad constantemente, nuestros datos personales son utilizados para rellenar el formulario de la multa de nuestros clientes, nos piden nuestros números de teléfono en identificaciones rutinarias”, continúa Marcela.

CRÍTICAS A LA ‘LEY MORDAZA’

La Agrupación Feminista de Trabajadoras del Sexo y el colectivo Hetaira han achacado estos comportamientos a la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que “se está cebando especialmente con las trabajadoras del sexo que captan su clientela en el polígono de Villaverde, uno de los colectivos más castigados en la ciudad de Madrid”.

Hetaira considera la llamada ‘Ley Mordaza’ como “una forma encubierta de prohibir la prostitución en el espacio público, un instrumento para expulsar a las mujeres de la calle sin contar con su opinión, sin ofrecerles una alternativa y sin preocuparse lo más mínimo por las consecuencias negativas que provoca en las trabajadoras del sexo”.

“Esta ley se vendió como una herramienta de protección de las mujeres y prevención de la trata. Una fórmula muy hipócrita para justificar la criminalización con una supuesta preocupación por el bienestar y la protección de las mujeres cuando el efecto que provoca es totalmente opuesto”, ha sentenciado una de las portavoces de Hetaira, Elisa Arenas.

La asociación critica que la desobediencia a la autoridad es “la fórmula encubierta que se le ha ocurrido al Gobierno para penalizar a las mujeres por ejercer la prostitución, como si no fuera obvio que la única desobediencia es simplemente ser prostitutas”.

Por su parte, AFEMTRAS argumenta que “esta persecución no ayuda en nada en la lucha contra la trata, sino que la fomenta y que conlleva clandestinidad; y la clandestinidad lleva al abuso”. “Precariza más nuestra situación y nos expone a más peligros. Tenemos que escondernos más para realizar los servicios y tenemos menos capacidad de negociación del preservativo, de los servicios, del precio, porque estamos más pendientes de la Policía y su agresiva actuación que de nuestra seguridad en el trabajo”, explican en el comunicado.

Las meretrices de Marconi se sienten “las grandes ninguneadas del derecho, víctimas de una constante violencia institucional”. “La Policía debería preservar y garantizar nuestra integridad como al resto de la ciudadanía, ya que la prostitución no es un delito”, asegura Marcela.

CRÍTICAS A LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO Y AL AYUNTAMIENTO

Hetaira denuncia que hace más de 6 meses que Delegación de Gobierno DE Madrid tiene conocimiento de estos hechos y que también lo habían puesto en conocimiento del Ayuntamiento de Madrid (representantes de Ahora Madrid y PSOE). Pero que a día de hoy afirman que no han recibido ninguna respuesta institucional y los problemas siguen siendo los mismos.

“La Delegación de Gobierno nos ha sometido a un largo proceso de mentiras y manipulación informativa para finalmente hacer lo que anunció que no haría: perseguir, acosar y multar las trabajadoras del sexo”, aseveran.

Por todo ello, tanto AFEMTRAS como Hetaira han exigido la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana. “Las políticas públicas deberían ir dirigidas a garantizar los derechos de las trabajadoras del sexo, no a criminalizarlas a través de legislaciones punitivas de control más típicas de regímenes totalitarios que de un Estado de derecho”, han explicado.

También han reclamado una “respuesta contundente hacia los agentes que han cometido estos delitos” y al Ayuntamiento de Madrid que “deje de ignorar a las trabajadoras del sexo y se comprometa con los derechos humanos y facilite un proceso democrático de participación de todos los agentes que operan en el espacio público, vecindario, empresariado y trabajadoras del sexo”.

Por último, las asociaciones en defensa de las prostitutas han presentado una campaña que firman conjuntamente con la Plataforma No Somos Delito llamada ‘Un año de leyes mordaza: No hay malas mujeres. Solo hay malas leyes. Juntas contra el acoso policial”, un lema inspirado en campañas de otros colectivos de trabajadoras del sexo en todo el mundo.

 

Hetaira alerta de las consecuencias de la aplicación de políticas sobre prostitución en mujeres

Viernes, 7 de Octubre de 2016

 

http://www.noticiasdenavarra.com/2016/10/07/sociedad/navarra/alertan-consecuencias-sobre-mujeres-de-algunas-politicas-sobre-prostitucion

 

PAMPLONA. La portavoz del colectivo Hetaira, Silvia García, ha denunciado hoy que la aplicación de algunas políticas públicas sobre prostitución, como la Ley Mordaza o distintas ordenanzas municipales, tiene consecuencias “muy graves” sobre las mujeres.

García se ha pronunciado en este sentido en declaraciones a Efe momentos antes de su comparecencia en una sesión de trabajo en sede parlamentaria, en la que ha explicado “cómo afectan algunas políticas públicas que se han puesto en marcha en materia de prostitución a la vida de las mujeres”.

Entre ellas, ha destacado diversas ordenanzas municipales “que han ido proliferando en diferentes ciudades del país” y la afección de la Ley Mordaza, que se está aplicando “con toda la contundencia en el polígono de Villaverde de Madrid”.

“Todo esto tiene consecuencias muy graves sobre las mujeres”, ha lamentado García, que ha asegurado que, cuando se están aplicando estas políticas institucionales, “nadie se preocupa” por los derechos que están viendo vulnerados, ni la situación concreta.

En cuanto a Navarra, ha remarcado que hay una parte “de calle, muchísima precariedad y controles policiales”, lo cual supone “vivir con bastante angustia y ansiedad”.

“La ley Mordaza se puede aplicar en cualquier momento que se considere oportuno, con todas las consecuencias que eso conlleva”, ha trasladado.

Además, ha puesto de relieve que “una parte muy importante tiene que ver con locales y pisos”, la cual “está más invisibilizada y escondida”.

“Dentro, las mujeres tampoco tienen reconocido ningún derecho y no se puede reconocer la relación laboral que existe con los dueños de los clubes, -ha advertido-, con lo cual, no hay herramientas jurídicas para la protección de las mujeres ni en la calle ni dentro de los locales”.

De esta forma, ha considerado que tanto las ordenanzas como la Ley Mordaza lo que hacen es “prohibir la prostitución en la calle”, empujando de alguna manera “a que solo se ejerza en locales”, donde “el problema sigue existiendo para ellas”.

García ha propuesto una “intervención social teniendo en cuenta la situación de las mujeres”, así como su diversidad, ya que “puede haber mujeres en situación de trata pero también muchas que deciden voluntariamente ejercer la prostitución”.

Así, ha apostado por “dar otras oportunidades de empleo a las mujeres que deseen abandonar el ejercicio” y “tener en cuenta la diversidad y los derechos para todas, no solo para una parte”.

“Las políticas públicas se tienen que desarrollar en base a un proceso democrático ordinario en el que se tenga en cuenta la voz de las implicadas”, ha reivindicado García que, aunque ha reconocido que “no es una garantía de éxito”, aumenta las posibilidades “de acertar”.

 

Hetaira denuncia la vulneración de derechos fundamentales en el Día Internacional de las Prostitutas

 

Encierro de prostitutas en Lyon

 

Colectivo Hetaira·Jueves, 2 de junio de 2016

 

https://www.facebook.com/notes/colectivo-hetaira/hetaira-denuncia-la-vulneraci%C3%B3n-de-derechos-fundamentales-en-el-d%C3%ADa-internaciona/550329888461453

 

Desde 1975, el 2 de junio se celebra el Día Internacional de las Putas, proclamado por prostitutas y por las asociaciones en defensa de las trabajadoras del sexo, sobre todo en Latinoamérica y Europa.

 

 

¿Por qué este día?

 

 

Porque el 2 de junio de 1975, más de cien prostitutas ocuparon la iglesia Saint-Nizier en la localidad francesa de Lyon para llamar la atención sobre su mala situación y sobre las represalias continuas que sufrían por parte de la Policía: abusos y violencia, multas y encarcelamientos. “Chicas alegres en la casa del señor”, titulaban en un texto enviado a la prensa donde explicaban su acción. Una ocupación pacífica que se propagó, inesperadamente, a otras ciudades francesas.

 

 

En esa iglesia se gestó el Colectivo de Prostitutas, un referente histórico para todas las organizaciones posteriores. Como decía Ulla, una de sus líderes: “Esperamos nuestra libertad en tanto que mujeres tal y como somos, y no tal y como queréis que seamos para tranquilizar vuestra conciencia (…). No tengáis miedo: esta liberación no supondrá automáticamente una proliferación de las prostitutas. A no ser que nosotras, las mujeres, seamos todas chicas a las que únicamente reprimía el miedo a la policía…”.

 

 

Por eso, aprovechamos este día 2 de junio de 2016 para recordar a las compañeras encerradas en la iglesia, por su valentía, por enfrentarse a la hipocresía social haciéndose visibles, por hablar públicamente de sus problemas, por dar fuerza a otras mujeres a hacer lo mismo.

 

Desde Hetaira festejamos, rememoramos este día y aprovechamos para seguir exigiendo lo mismo que ellas (¡y ya han pasado más de 41 años!): respeto total al trabajo sexual (no a la criminalización legal o social) y derechos laborales para las prostitutas.

 

 

El Colectivo Hetaira dedica el 2 de junio, Día Internacional de las Trabajadoras del Sexo, a recordar a los poderes públicos la vulneración sistemática de derechos fundamentales hacia las trabajadoras del sexo. A esto se suma el acoso y la criminalización fruto de la aplicación de la Ley Mordaza.

 

 

Ante un colectivo tan vulnerable como es el de las trabajadoras del sexo, al gobierno solo se le ha ocurrido criminalizar su trabajo multando a las prostitutas y a sus clientes, dejándolas aún más desprotegidas. Cuando entró en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana, Delegación de Gobierno anunció que no multaría a las mujeres. Sin embargo, la realidad es que el número de multas a prostitutas y clientes crece día a día. Esta medida empeora sus condiciones de trabajo, ya de por sí difíciles.

 

Denunciamos que la Ley de Seguridad Ciudadana es una manera encubierta de regular la prostitución en el espacio público a través de la criminalización de las trabajadoras del sexo. El verdadero objetivo de su aplicación es expulsar a las mujeres de la calle sin ofrecer negociación ni alternativa. Con el hostigamiento policial en el Polígono de Villaverde se condena a las mujeres a trabajar en lugares más inseguros o en locales donde carecen de derechos.

 

 

El Ayuntamiento de Madrid debe comprometerse en la defensa de los Derechos Humanos de las trabajadoras del sexo. Es necesaria la negociación de espacios entre todos los actores implicados, en un momento en que la Ley de Seguridad Ciudadana vulnera derechos fundamentales y ahoga a quienes allí están trabajando. Es prioritario conseguir un espacio seguro donde puedan trabajar sin molestar ni ser molestadas.

 

 

A nivel local, los Ayuntamientos han promovido la criminalización del trabajo sexual mediante ordenanzas municipales. Sin ir más lejos, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares mantiene en vigor una normativa que multa a las trabajadoras del sexo y a sus clientes, sin querer recibir a las afectadas, ni ahora (con el gobierno del PSOE), ni antes (con un gobierno del PP), para escuchar de primera mano las consecuencias de la criminalización.

 

 

Las trabajadoras del sexo no son el problema, son parte de la solución.

 

El tiempo de los reformatorios de mujeres ha pasado: no es lo mismo trata que prostitución

“El arma principal para combatir la trata es concienciar a los clientes”

¿Quién habla de penalizarlos?

 

Apoyando a las víctimas de trata  “Los hombres [que pagan por estos servicios] consideran que no se van a encontrar con esas situaciones, ya que están acostumbrados a que las mujeres solo les sonrían y no les cuenten nada”, destaca el estudio. “Por eso, los datos nos ayudan a acercarnos a estos clientes. Porque el arma principal para combatir la trata es concienciarlos a ellos”.

Eso dice Carmen Meneses, una de las investigadoras que ha participado en el informe titulado Apoyando a las Víctimas de Trata, según el artículo que publica El País.1
“‘El cliente es el primero que puede dar la alerta, por eso su papel es muy importante, ha advertido Meneses“, según la noticia difundida por la agencia EFE. 2
¡Qué distinta es esta apreciación del papel del cliente en la lucha contra la trata de esta otra!:

Deslegitimización social y pública, cárcel y multas. Esta es la respuesta que el Grupo Municipal de Ganemos Palencia exige para todos aquellos palentinos que utilicen los servicios de prostitutas.” 3
Ganemos Palencia (formación de la que está ausente Podemos) está dirigida por Izquierda Unida y expresa la política abolicionista de la prostitución compartida por muchos partidos y ONGs en España.

Entonces, ¿quién está defendiendo los derechos de las víctimas de trata? Porque esas dos propuestas —la del equipo académico de la Universidad de Comillas y la de los abolicionistas— son contradictorias. Y lo que es más llamativo, gran número de las ONGs que han respondido al cuestionario de la Universidad de Comillas como agentes en primera línea en la lucha contra la trata son abolicionistas y comparten el objetivo de Izquierda Unida: la abolición de la prostitución mediante la aplicación en España del “modelo sueco”, es decir, la penalización de los clientes.

El informe, que se puede descargar aquí: http://bit.ly/1TWpNFI, ha sido elaborado por investigadores de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE para la Delegación del Gobierno para Violencia de Género del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Y estas son las referencias que hace de los clientes:

“En definitiva, hay un sector importante de los hombres que pagan servicios sexuales que colaborarían y ayudarían a las mujeres que ejercen la prostitución coactivamente o son víctimas de trata. En unos casos porque desconocen la realidad de muchas mujeres que ejercen la prostitución y al saberla las ayudarían. Por ello, merecería la pena realizar una campaña de sensibilización contra la trata adaptada a las circunstancias de los clientes de prostitución, para que sea lo más eficaz posible.” (Pág 151)

“Es necesario diseñar y plantear una campaña de información y sensibilización contra la trata. En las encuestas y entrevistas realizadas para el estudio se observa que los hombres que residen en España han oído hablar de la trata pero desconocen el delito, y solo perciben un único tipo de prostitución: la voluntaria. Las campañas deberían ir dirigidas a tres tipos de colectivos masculinos de forma diferenciada, para que los mensajes tengan los contenidos oportunos y sean más eficaces:

· En primer lugar a hombres de población general, que ha oído hablar de la trata por los medios de comunicación social de forma superficial.

· En segundo lugar, a los jóvenes a partir de 17 años, que es cuando suelen comenzar a hacer uso de servicios sexuales de pago dado que se considera un rito de masculinidad. Estos jóvenes se están socializando en la mercantilización de las relaciones sexuales y afectivas.

· En tercer lugar, a los clientes de prostitución ofreciéndoles información precisa sobre diferentes aspectos (trata, salud, necesidad de protección en las prácticas sexuales…).

A los tres grupos se debe ofrecer información neutra, rigurosa y precisa para que si tienen la oportunidad de ayudar a alguna víctima de trata sepan cómo hacerlo.”
(Pág. 189)

Es evidente que el informe está desautorizando implícitamente la penalización de los clientes como forma de combatir la trata, y ello es coherente con los estudios que demuestran cómo la penalización de los clientes en Suecia ha supuesto una dificultad añadida en la lucha contra la trata.

Como dicen las investigadoras Susanne Dodillet y Petra Östergren en su trabajo sobre la Ley de Prostitución sueca 4 :

“Por lo que se refiere a los clientes, parece que ahora son menos proclives a colaborar como testigos en los casos en los que son procesados proxenetas que explotan el trabajo sexual de otros, ya que ahora se sienten ellos mismos culpables de un delito”.

Y otra práctica que se ha introducido subrepticiamente en España bajo la forma de ordenanzas municipales, al margen de la legislación estatal, como es la penalización de prostitutas en la calle (y a veces de sus clientes) merece esta consideración en el estudio, en el apartado de “necesidades de las víctimas”:

”Existen ciudades en donde se llega a sancionar el ejercicio de la prostitución en la calle. Las consecuencias para ellas son terribles, especialmente para aquellas que son tratadas, dado que la multa se une a la deuda que tienen con sus tratantes, y teniendo que incrementar sus ingresos en la prostitución a costa de opciones no deseadas o perjudiciales para su salud”

Es evidente entonces que las medidas que proponen los “abolicionistas” de la prostitución son medidas que dificultan la lucha contra la trata, dañan los intereses de las víctimas y solo favorecen los intereses de los tratantes.

¿Cómo es posible que organizaciones que se declaran enemigas de la trata de personas y que han colaborado incluso en la elaboración de este estudio, propongan medidas tan contraproducentes para los objetivos que dicen perseguir?

La explicación se encuentra en el mismo informe:

“Dos modelos teóricos coexisten en las ONGs que trabajan en contextos de trata y explotación sexual:

1. La que sustenta sus entidades, impregnada por la filosofía identitaria que marca sus valores, creencias y modo de acción; y

2. la que se relaciona y centra en la atención a las mujeres víctimas de trata”

Esa “filosofía identitaria que marca sus valores, creencias y modo de acción” es, en el caso de algunas de estas organizaciones, una agenda moral, religiosa o ideológica que supone la condena de la prostitución como un mal en sí misma y la estigmatización de las mujeres que la ejercen como mujeres afectas de algún tipo de disminución mental que hace que sean incapaces de tomar decisiones libremente y deban, por tanto, ser tuteladas como lo son los menores de edad o los incapacitados por decisión judicial.

Esta doble agenda, la de lucha contra la trata (que implica recibir “fondos públicos para mantener los servicios que prestan, bien a través de subvenciones para el desarrollo de programas propios, bien a través de alguna de las formas previstas en el ordenamiento jurídico para la gestión de los servicios públicos” (pág. 12)) y la de lucha contra la prostitución (en aplicación de sus creencias particulares) supone una contradicción, como hemos visto en los párrafos precedentes, que se manifiesta con toda crudeza cuando leemos en el informe:

“En general casi todos los servicios que plantean una ayuda a las víctimas conllevan el abandono de la prostitución, entre otras razones porque resulta más difícil ofrecerles protección si están ejerciendo la prostitución ya que pueden ser localizadas con mayor facilidad. Este es un problema que han planteado informantes de distintas provincias.

“Pues hay un problema económico. Es decir, una chica que está gastando 3.000€, que esté ganando 3.000€, que tenga una…sobre todo en el caso de las sudamericanas, que tengan unas cargas familiares en su país de origen, si van a un Centro de Protección, va a ganar cero. Sobre todo que ahí suele haber bastante control. (Policía)

Y en ese sentido, cuando las chicas ponen una denuncia sí, pero no quieren dejar de ejercer la prostitución porque tienen que mandar dinero a su país…Este es el caso, que nos pasa con chicas, principalmente, nigerianas. Y las ONG no las cogen si siguen ejerciendo. Con lo cual…eso lo tienen clarísimo y es una norma del centro. (Policía)” Pág 118

Lo que “tienen clarísimo y es una norma del centro” esas organizaciones es que su objetivo fundamental es erradicar la prostitución y no proteger a las víctimas de trata, y por tanto no dudan en usar los medios que el Estado ha puesto a su disposición con este último fin para extorsionar a las mujeres que quieren practicar libremente su trabajo –libres ya de explotadores– para subvenir a sus necesidades y a las de sus familias. “O bajo nuestra protección y sin prostitución, o con prostitución y bajo la ‘protección’ de los tratantes”, parece ser su lema.

Mientras no quede claro que no es lo mismo vender servicios sexuales —desde el derecho a decidir que tenemos todas las mujeres— que ser víctimas de extorsión y explotación por un tercero, no se podrá combatir de forma eficaz la trata. Porque solo defendiendo los derechos humanos y laborales de las trabajadoras sexuales, combatiendo con todos los medios el “estigma de puta”, se conseguirá que ellas mismas alcancen su emancipación.

Hay que desconfiar profundamente del enfoque paternalista que desposee a las víctimas de su característica humana más esencial, de su capacidad de decidir, para utilizarlas al servicio de agendas morales y religiosas que nada tienen que ver con la defensa de los derechos humanos y sí mucho con su conculcación.

El tiempo de los reformatorios de mujeres ha pasado.

 

________________________________________________________
1.- http://politica.elpais.com/politica/2016/02/19/actualidad/1455886808_324206.html

2.- http://www.elmundo.es/sociedad/2016/02/19/56c6f6fc46163f91788b45e5.html

3.- http://www.diariopalentino.es/noticia/Z327BED5B-9A6E-05E9-0FF29E60A6187E83/20160217/ganemos/pide/carcel/multas/palentinos/recurran/prostitucion

4.- https://elestantedelaciti.wordpress.com/2016/02/17/la-ley-de-compra-de-sexo-sueca-exito-proclamado-y-resultados-documentados/


ANEXO

Subvenciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para proyectos de atención a víctimas de trata con fines de explotación sexual (2016)

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http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/otrasFormas/trata/subvenciones/pdf/EntidadesSubvencionadas2016.pdf

Prostitución: violación de derechos humanos en Andalucía durante el año 2015

 

Principales vulneraciones/preocupaciones de vulneraciones de DDHH en Andalucía durante el año 2015 y propuestas urgentes

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA)
http://www.apdha.org/media/dosier-vulneraciones-DDHH-2015.pdf

 

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A pesar del continuo empeño en la lucha por el reconocimiento de los derechos de las personas trabajadoras sexuales, siguen existiendo graves vulneraciones hacia el colectivo.

1.- Se vulnera su derecho a la dignidad (art. 1 de la Declaración Universal de DDHH y art. 10 de la Constitución Española). El panorama actual refleja la imagen de la persona trabajadora sexual como incapaz de gestionar su trabajo, son identificadas sistemáticamente como víctimas, de explotación sexual, de violencia de género, etc. Equiparadas a sujetos sin conciencia de lo que pasa en torno a su persona. Violentado a priori su poder de decisión, su dignidad, libertad y autonomía.

 

2.- La situación de alegalidad en que se encuentra la prostitución vulnera el derecho al trabajo (art. 23 de la Declaración Universal de DDHH y art. 35 y 42 de la Constitución española) de las personas trabajadoras del sexo, no sólo no pueden acceder a la Seguridad Social, al trabajo autónomo, al derecho a la sindicación, negociación y acción colectiva y a la huelga, sino también pueden ser explotadas laboralmente por parte de algunos empresarios de club o locales que, aunque faciliten un sitio donde las trabajadoras no sean multadas por el hecho de ofrecer servicios sexuales en la calle, imponen en muchas ocasiones condiciones laborales pésimas a las trabajadoras.

 

La Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, en vigor desde el 1 de julio del 2015, implica un empeoramiento de las condiciones laborales y de seguridad de las personas trabajadoras sexuales. Se vulnera el derecho de igualdad (art. 1 de la Declaración Universal de DDHH y art. 14 de la Constitución española) que deja a los agentes de policía la discrecionalidad en el objetivar las conductas. Así las personas trabajadoras del sexo y los clientes son discriminados, criminalizados y sancionados aunque la prostitución no sea penalizada por el Código Penal. En estos casos, las personas que ejercen la prostitución ven también vulnerado el derecho de libertad (art. 1, 2, 3 de la Declaración Universal de DDHH y art.17 de la Constitución española) ya que se les impide ejercer libremente en espacios abiertos, llegando incluso a ser sancionadas en actividades que nada tienen que ver con el ejercicio de la prostitución. De hecho, la Ley de Seguridad Ciudadana condena la prostitución callejera, invisibiliza a un colectivo y lo hace más vulnerable, sin tiempo para negociar con el cliente por miedo a ser multada lo que conlleva a una peor negociación de precios, horario, uso de material profiláctico, en resumen peores condiciones laborales. Esto se agrava en el caso de la detección de posibles víctimas de trata, que lejos de ver a la policía cómo agente de protección lo ven cómo represor y persecutor.

 

Constituye una vulneración del derecho a la seguridad (art. 3 de la Declaración Universal de DDHH y art.17 de la Constitución española) y también el derecho a la seguridad jurídica (art.9 de la Constitución Española).

 
3.- Vulneración del derecho a la tutela jurídica efectiva (art. 24 de la Constitución Española) por la dificultad de acceso a la justicia, no sólo cuando son víctimas de trata o prostitución forzada sino en casos de violencia de género, agresiones o cualquier otro donde sean víctimas de un delito. Nos consta que las trabajadoras sexuales tienen especiales dificultades de acceso a la justicia cuando siendo víctimas de un delito, se encuentran deficiencias en la asistencia de los/as letrados/as.

 

4.- El derecho a la salud (art. 25 de la Declaración Universal de DDHH y art. 43 de la Constitución española) se ve impedido en muchas ocasiones por la dificultad de acceso a los recursos sanitarios que tiene a su disposición una parte de las personas que ejercen la prostitución y el uso no optimizado de los mismos. Esto afecta sobre todo a las trabajadoras extranjeras que si no tienen regularizada su situación administrativa no pueden acceder a los recursos sanitarios por el Real Decreto 16/2012. El Decreto no se aplica en Andalucía, pero las personas que ejercen la prostitución suelen, por su trabajo, desplazarse a otros comunidades, donde pueden encontrarse con la negativa de acceso a los servicios sanitarios, salvo la atención sanitaria de urgencias y de mujeres en proceso de gestación, insuficiente para una población que requiere especial atención en el cuidado y prevención de la salud por los riesgos que derivan del trabajo sexual (VIH, VHB u otras Infecciones de Transmisión Sexual, embarazos no deseados…).

 

Exigimos a las administraciones:

 

  •  Abordar el tema de la prostitución donde la voz de las personas trabajadoras del sexo y de las entidades que integran sea escuchada con toda la credibilidad y el respeto a su dignidad, como ser humano en cuanto ser racional, dotado de libertad y poder creador, pues las personas pueden modelar y mejorar sus vidas mediante la toma de decisiones y el ejercicio de sus libertades.

 

  •  La eliminación urgente a diferentes niveles (municipal, autonómico, estatal y supraestatal) de todas las políticas represivas y sistema de sanciones centrados en perseguir y criminalizar tanto a las personas que ejercen, como a los clientes, y en la oferta o demanda de los servicios sexuales en la vía pública.

 

  •  Reconocimiento del ejercicio de la prostitución como trabajo con los derechos y las obligaciones que esto conlleva. Garantía del derecho a sindicación, condiciones laborales dignas, negociación colectiva, Seguridad Social…

 

  • Facilitar el acceso al sistema público de salud, considerando una especial atención al colectivo, y garantizando sanidad universal en el territorio español a las trabajadoras extranjeras que se encuentren en situación irregular.

 

  •  Apuesta por políticas sociales, de formación y políticas activas de empleo para que las mujeres que deseen dejar el ejercicio de la prostitución lo puedan hacer con totales garantías e igualdad de oportunidades laborales a nivel general. Esto debe garantizarse no desde una visión paternalista y de rescate sino como un recurso que debe existir y estar al servicio de cualquier tipo de población que pueda requerirlo.

 

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Posición de TAMPEP respecto a la situación de las trabajadoras sexuales nacionales e inmigrantes en la Europa actual

 

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http://tampep.eu/documents/TAMPEP%20paper%202015_08.pdf

 

Las leyes y las decisiones políticas juegan un papel clave en la lucha contra la violencia, en la reducción de la vulnerabilidad y en la garantía de acceso pleno a los derechos y a la justicia por parte de las trabajadoras sexuales. Mediante la despenalización del trabajo sexual se pueden garantizar condiciones laborales más seguras y las trabajadoras sexuales se pueden empoderar para luchar contra la violencia y exigir sus derechos humanos.

Esta posición política es apoyada por varias agencias de las Naciones Unidas (FPNU, ONUSIDA y PNUD); importantes organizaciones defensoras de los derechos humanos, tales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que ha estado sometiendo a consulta un borrador de propuesta politica a favor de la despenalización del trabajo sexual ; las organizaciones contra la trata GAATW y La Strada International ; e importantes foros feministas (AWID) y fundaciones, como Open Society Foundations, Mama Cash y Red Umbrella Fund. La despenalización del trabajo sexual es defendida también por redes de trabajo sexual y organizaciones dirigidas por trabajadoras sexuales regionales, nacionales e internacionales, entre las que se encuentran TAMPEP (Red europea para la prevención de VIH/ETS y la promoción de la salud entre las trabajadoras sexuales inmigrantes), NSWP (Red global de proyectos de trabajo sexual), ICRSE (Comité internacional para la defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales en Europa) y SWAN (Red de defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales).

 

Despenalización

 

Si todas las demandas de las trabajadoras sexuales pudieran ser resumidas en una palabra, esta sería despenalización. Gobiernos progresistas en Nueva Zelanda y Nueva Gales del Sur en Australia adoptaron un modelo de despenalización para mejorar la situación de las trabajadoras sexuales. Recientemente, el gobierno de Nueva Zelanda y el Colectivo de prostitutas de Nueva Zelanda evaluaron este modelo positivamente . Los resultados de esta evaluación demuestran una reducción significativa de la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales y un mejor acceso a los derechos humanos.

Por despenalización se entiende la derogación de todas las leyes punitivas y las regulaciones relativas al trabajo sexual y un modo de garantizar que los gobiernos respeten los derechos humanos de las trabajadoras sexuales. Esto incluye la despenalización de las terceras partes que operan en la industria del sexo, pero garantizando al mismo tiempo que las trabajadoras sexuales puedan trabajar independientemente y/o en cooperativas. La autodeterminación y la autonomía de las trabajadoras sexuales son fundamentales para entender el modelo de despenalización.

Las trabajadoras sexuales y sus aliados a menudo piden la plena despenalización mediante un sistema legal que desmonte también las barreras legales que aumentan la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales inmigrantes ante la violencia y la trata de personas y obstaculizan el disfrute en situación de igualdad de sus derechos humanos. La justificación de este enfoque es que para combatir la vulnerabilidad en la industria del sexo, los gobiernos necesitan garantizar la plena protección de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales independientemente de su nacionalidad y/o de su estatus legal en el país de acogida. Los derechos que deberían ser plenamente protegidos incluyen (pero no se limitan a ellos) el derecho a la vida, a la salud, a la migración, al trabajo, a la privacidad, a la asociación, a la igualdad ante la ley y a verse libres de practicas de trata y de esclavitud.

 
Estigma e inmigración

A pesar de la demanda de despenalización, las leyes y las decisiones políticas relativas al trabajo sexual han sido cada vez más represivas y punitivas en toda Europa. TAMPEP ha documentado en varias de sus publicaciones los efectos negativos que las leyes y regulaciones nacionales han tenido para las trabajadoras sexuales.

Raramente se reconoce al trabajo sexual como trabajo por los gobiernos nacionales y la sociedad en general, y el arma más poderosa para negar al trabajo sexual el estatus de trabajo es la del estigma . La realidad es que en vez de empoderamiento y apoyo a la autodeterminación y la autonomía de las trabajadoras sexuales, y mejora de sus condiciones de trabajo y de vida, los agentes políticos están desarrollando y aplicando nuevas medidas que socavan los derechos humanos y la dignidad de las trabajadoras sexuales.

Existen claros vínculos entre esta tendencia represiva y el actual debate acerca de la trata. Los grupos antiprostitución utilizan la retórica antitrata para acabar con la prostitución. El lobby antiinmigración usa el discurso antitrata para aumentar las restricciones a la inmigración .

Las voces de las trabajadoras sexuales son a menudo ignoradas o mal utilizadas por los agentes políticos y los medios de comunicación. En este contexto de invisibilidad y aislamiento, las trabajadoras sexuales inmigrantes se ven particularmente afectadas por las medidas represivas y la creciente xenofobia.

La penalización del trabajo sexual, de las trabajadoras sexuales y de sus clientes, se suele acompañar de leyes antiinmigración, cuya finalidad es detener y deportar por la fuerza a inmigrantes indocumentados. Como consecuencia de ello, las trabajadoras sexuales inmigrantes se ven empujadas a la clandestinidad, a lugares de trabajo sexual más ocultos para evitar la persecución y el riesgo de expulsión. Esta tendencia exacerba la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales frente a la trata de personas y reduce sus posibilidades de acceder a las ayudas y los servicios de salud, así como a la justicia y a sus derechos.

 
Tendencias específicas de la Unión Europea

Una tendencia que ha sido señalada y resaltada por varios informes de TAMPEP a lo largo de los años es el aumento de migración y movilidad entre las trabajadoras sexuales a nivel global y, en particular, la migración de trabajadoras sexuales hacia Europa y entre los países europeos . Esto es una consecuencia directa de la globalización, pero puede ser atribuido también a factores históricos y socioeconómicos y al crecimiento de la Unión Europea.

La inmigración es un aspecto fundamental a ser tenido en cuenta cuando se analiza el trabajo sexual en Europa. Las inmigrantes siguen siendo con mucho el mayor grupo de trabajadoras sexuales en la región. También se observa un elevado nivel de migración y movilidad de trabajadoras sexuales entre los países de la Unión Europea.

El problema parece tener sus raíces en el racismo y la xenofobia que sigue a las tendencias de migración y movilidad a lo largo de Europa. Las trabajadoras sexuales inmigrantes indocumentadas son particularmente vulnerables a la aplicación de la ley y experimentan altos niveles de violencia y abuso.

Este escenario se ve agravado por la severa crisis financiera que afecta a la UE y al resto del mundo desde 2008, a las medidas de los gobiernos para combatir el terrorismo mediante legislaciones de seguridad nacional ad hoc, y también a las leyes de seguridad ciudadana.

 
Conservadurismo creciente

TAMPEP observa un creciente conservadurismo político y social, que afecta a los derechos humanos y a las libertades civiles de las poblaciones vulnerables.

Retrocesos conservadores en relación al trabajo sexual, el uso de drogas y la inmigración son generados por la ignorancia de los enfoques basados en la evidencia y en los derechos humanos en el terreno legal.

Las políticas socioeconómicas junto con una progresiva tendencia a las desigualdades provocan unas profundas exclusión y discriminación sociales de las trabajadoras sexuales, especialmente de las más vulnerables (inmigrantes, transexuales, usuarias de drogas, etc.)

 
Trata frente a trabajo sexual

Para luchar contra las violaciones y los abusos en la industria del sexo, los Estados miembros de la UE han estado usando la lucha contra la trata para combatir la prostitución y la inmigración, en lugar de crear un entorno de seguridad y apoyo que permita a las trabajadoras sexuales trabajar, autoorganizarse y garantizar buenas condiciones de trabajo.

Desmantelar la industria del sexo desbarata las vidas y el trabajo de las trabajadoras sexuales y las empuja a la ilegalidad y el aislamiento. Al mismo tiempo, las víctimas de la trata de seres humanos raramente son halladas y, si lo son, sus necesidades raramente son atendidas de forma eficaz. Los agentes políticos fusionan trabajo sexual y trata, lo que da lugar a políticas ineficaces dirigidas al conjunto de trabajadoras sexuales y a un completo desprecio por las necesidades de las trabajadoras sexuales que no son víctimas de trata.

Una de las cinco prioridades de la UE en relación a la trata es intensificar la prevención de la trata de personas. La mayor parte de los agentes políticos han limitado su interpretación de la prevención a terminar con la demanda y la oferta de servicios y bienes de víctimas de la trata. Es creencia general que terminar con la demanda de servicios sexuale llevará a terminar con la trata.

A pesar de los objetivos estratégicos de la UE que se basan en una interpretación más amplia de la demanda, las leyes y decisiones políticas que buscan penalizar a los clientes de las trabajadoras sexuales demuestran que esos objetivos son aplicados de forma excepcional al conjunto de la industria del sexo.

Sin embargo, dada la amplitud de la definición de trata, las medidas destinadas a disuadir la demanda deberían reflejar la extensión y la gravedad de todos los fines por los que las personas son víctimas de trata, incluyendo, por ejemplo, la industria de la construcción, la agricultura, el procesamiento de alimentos, el trabajo doméstico y el cuidado de dependientes. A pesar de la evidencia de que la trata y el trabajo forzado son alentados por la demanda de mano de obra barata, poco preparada y fácilmente desechable combinada con las políticas de inmigración crecientemente restrictivas y la falta de protección laboral para los trabajadores inmigrantes, las decisiones políticas no están buscando atajar estos determinantes estructurales de la trata y el trabajo forzado.

De 2012 a 2015 no ha habido decisiones por parte de la UE para impulsar leyes de despenalización como una estrategia para combatir la trata y mejorar la situación de las trabajdoras sexuales en Europa.

TAMPEP tambíén ha tenido conocimiento de un aumento en las iniciativas de financiación por parte de la UE y otros donantes de las actividades antitrata y abolicionistas, aunque raramente de grupos dirigidos por trabajadoras sexuales o de proveedores de servicios con un enfoque del tema basado en la defensa de los derechos humanos.

 

El abolicionismo y el modelo sueco

Los grupos de presión feministas abolicionistas, como el Lobby de Mujeres Europeas y Equality Now, se están volviendo más fuertes y más influyentes, y han sido fuertemente financiados en el curso de los actuales debates e intereses políticos en torno a la trata de mujeres con fines de explotación sexual y prostitución. Las feministas y organizaciones abolicionistas a menudo defienden el modelo sueco, que se ha convertido en una peligrosa tendencia en Europa y en el mundo.

El modelo sueco —un modelo legislativo creado en Suecia en 1999— tiene por fin reducir la incidencia de la prostitución, no grarantizar condiciones de trabajo seguras para las trabajadoras sexuales. Esta iniciativa legislativa penaliza a los clientes de las trabajadoras sexuales y considera a todas las personas que practican comercio sexual como víctimas.

En Europa, varios estados han introducido (Noruega, Islandia e Irlanda del Norte) o intentado aplicar (Francia y Escocia) medidas legales para implantar la penalización del trabajo sexual o la compra de servicios sexuales, sin tener en cuenta las consecuencias negativas que la penalización de los clientes tiene para las trabajadoras sexuales .

 

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Las trabajadoras sexuales suecas observan que la penalización ha llevado a que haya menos tiempo para negociar las condiciones de trabajo y la seguridad del entorno de trabajo. Las trabajadoras sexuales de interior ya no pueden pedir a sus clentes informaciones tales como el nombre y el número de teléfono, y no tienen tiempo para negociar los servicios que van a proporcionar, lo que afecta a su seguridad.

Las trabajadoras sexuales de calle son las más afectadas. Se ven empujadas a trabajar en las afueras de las ciudades, en zonas menos visibles y accesibles, donde la policía no pueda sorprender a sus clientes. Tienen menos probabilidades de establecer contacto con los servicios de ayuda.

El modelo sueco está basado en la ideología y no en la evidencia. Cuando los clientes corren el riesgo de ser detenidos, la prostitución se vuelve automáticamente clandestina.

Como señalan las trabajadoras sexuales activistas y sus aliados, la penalización del cliente socava la autodeterminación de las trabajadoras sexuales, las lleva a la clandestinidad y refuerza el estigma y la discriminación que ya margina a esa población.

Además, el modelo sueco y las cruzadas antitrata/prostitución han puesto los modelos holandés y alemán bajo escrutinio.

Aunque ciertamente existen problemas con los actuales enfoques reguladores en países como Holanda y Alemania, el enfoque regulador no deslegitima el trabajo sexual ni pretende abolirlo como hace el modelo sueco.

Las campañas y el lobby político abolicionistas han estado recibiendo cada vez más atención de los medios de comunicación y más apoyo político, a pesar de la creciente evidencia de que la penalización de los clientes o de las trabajadoras sexuales lo único que hace es aumentar la vulnerabilidad y desde luego no combate la violencia y el abuso en la industria del sexo.

Los defensores de la penalización de los clientes o del trabajo sexual en su conjunto desean despreciar las experiencias y puntos de vista de aquellas personas directamente afectadas: las propias trabajadoras sexuales, bajo pretexto de proteger a las mujeres.

Las trabajadoras sexuales están notablemente ausentes de las conferencias organizadas para discutir las políticas penalizadoras. Los abolicionistas en la Europa actual rechazan el término “trabajo sexual” así como la idea de que el trabajo sexual es trabajo e ignoran y persistentemente ignoran y excluyen las voces de aquellas personas que trabajan en la industria del sexo.

 

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Actuación policial y represión

Las trabajadoras sexuales en Europa suelen ser detenidas en las calles, burdeles, parques y otros lugares de trabajo. Las trabajadoras sexuales de calle, sin embargo, son las que con mayor frecuencia son objeto de medidas de aplicación de la ley. Las trabajadoras sexuales de interior también han sido el objetivo en operaciones de redada y en el cierre de lugares de trabajo con fines de investigación. Estas prácticas privan a las trabajadoras sexuales de sus ingresos.

Tradicionalmente, las trabajadoras sexuales inmigrantes, especialmente las que carecen de documentación o trabajan en situación irregular, experimentan los mayores niveles de violencia y abuso por parte de la policía y de personas que se hacen pasar por clientes.

Esto arroja luz sobre el hecho de que las leyes nacionales han estado fusionando las actuaciones policiales dirigidas contra la inmigración con las dirigidas contra la prostitución con el propósito de detener y deportar a las inmigrantes (por ejemplo, deportaciones de trabajadoras sexuales chinas en París en 2014 e intento de Suecia de deportar a trabajadoras sexuales de la Unión Europea, a pesar de la ilegalidad de estas prácticas policiales) .

La red TAMPEP ha estado observando estas violaciones de derechos de las trabajadoras sexuales e informando de ellas, sobre todo de las de trabajadoras sexuales inmigrantes, desde su creación, en 1993. TAMPEP cree que la mejor herramienta para luchar contra las violaciones de derechos es la defensa de esos derechos y las reformas legal y política.

 

Salud pública

Las trabajadoras sexuales encuentran importantes obstáculos cuando intentan acceder a servicios de prevención, tratamiento y asistencia sanitarios, debido sobre todo al estigma, la discriminación y la penalización. Las crecientes represión y penalización estatales del trabajo sexual ha hecho a las trabajadoras sexuales más vulnerables al VIH y las ETS. Las han obligado a trabajar en espacios clandestinos, reduciendo su acceso a la atención sanitaria y a medidas de prevención, y han socavado su dignidad. Estos problemas son habitualmente mayores para las trabajadoras sexuales inmigrantes, en particular si están indocumentadas. Evitan el acceso a los servicios sociales y de atención sanitaria por miedo a ser registradas y/o deportadas.

Las pruebas obligatorias de salud sexual son todavía practicadas y exigidas legalmente por algunos países europeos (como Hungría y Latvia). Estos procedimientos a menudo vulneran los derechos a la confidencialidad y la privacidad de las trabajadoras sexuales. La penalización de la transmisión del VIH también supone riesgos severos para los grupos vulnerables, en la medida en que disuade a las trabajadoras sexuales de hacerse pruebas y acudir a los servicios de salud.

Más aún, un gran número de organizaciones de lucha contra el VIH y de defensa de la salud pública, incluyendo la OMS y ONUSIDA, han advertido a los agentes políticos de los peligros sanitarios de la penalización de las trabajadoras sexuales y/o de sus clientes. Citamos el Grupo Asesor de ONUSIDA sobre VIH y trabajo sexual en su informe de 2011 que acompaña a la Guía de ONUSIDA sobre VIH y trabajo sexual de 2009:

“Los estados deberían evitar la penalización del trabajo sexual o de actividades relacionadas con el mismo. La despenalización del trabajo sexual debería incluir la derogación de los castigos penales por comprar y vender sexo, gestionar trabajadoras sexuales y burdeles, y otras actividades relacionadas con el trabajo sexual”.

Las actuaciones dirigidas por las trabajadoras sexuales deben tener un papel central en la mejora de la defensa frente al VIH y es crucial escuchar a las trabajadoras sexuales. Las trabajadoras sexuales experimentan de primera mano los efectos de las leyes y las prácticas lesivas de aplicación de las mismas que violan sus derechos humanos y obstaculizan los avances en la lucha contra el VIH. Sin embargo, la cobertura de prevención del VIH se estima que alcanza a menos de una tercera parte de todas las trabajadoras sexuales de la región. La financiación para intervenciones en trabajo sexual y VIH está disminuyendo, a pesar de la evidencia de su efectividad.

TAMPEP continúa llamando la atención en varios foros de la UE sobre las necesidades de las trabajadoras sexuales para garantizar que dichas necesidades, incluyendo las de las trabajadoras sexuales inmigrantes, sean tenidas en cuenta en los programas relacionados con la prevención, la atención y el tratamiento del VIH.

 

Homo y transfobia

Otras leyes han empeorado también la situación de los trabajadores sexuales masculinos y transexuales, en particular en la Europa Central y del Este, incluyendo los países de la CEI. Las leyes antihomosexualidad en países como Rusia y Ucrania provocan más homofobia y transfobia en la sociedad y menos aceptación social de las personas LGBTI, lo que afecta específicamente a los trabajadores sexuales masculinos y trans. Tener que hacer frente a múltiples formas de estigmatización y despenalización a menudo priva a estos grupos de sus derechos humanos fundamentales.

La homofobia de la sociedad, las leyes contra la homosexualidad y la ausencia de protección legal frente a la discriminación son importantes obstáculos para los trabajadores sexuales masculinos y transexuales a la hora de acceder a los servicios de salud y de información relacionados con el sexo.

 

Comentarios de TAMPEP sobre las políticas en relación a la prostitución en la Europa actual

A TAMPEP le preocupa que las actuaciones contra las trabajadoras sexuales, en particular las inmigrantes, se vean legitimadas mediante el encuadre del trabajo sexual como un problema que implica criminales organizados y “esclavas sexuales”.

Los determinantes estructurales y las leyes que afectan negativamente a las trabajadoras sexuales, tanto nacionales como inmigrantes, y a la industria del sexo como un todo, no están siendo consideradas como de importancia central cuando se trata de las vulnerabilidades de las trabajadoras sexuales (incluyendo la explotación sexual y la trata).

TAMPEP reafirma que las medidas tomadas por los estados miembros de la UE en su lucha contra la trata a menudo se convierten en estrategias antiprostitución (por ejemplo, operaciones de redada) y antiinmigración (por ejemplo, controles fronterizos más estrictos). Las trabajadoras sexuales inmigrantes, especialmente aquellas sin papeles, están bajo amenaza constante de ser detenidas y deportadas. La violencia ejercida contra esta población ha sido también demostrada por varios informes financiados por la UE .

 

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Este enfoque de lucha contra la trata, que ha influído en la política de la UE, oscurece tanto la relación entre política de inmigración y “trata” como la relación entre política de prostitución y trabajo forzado en la industria del sexo .

Está siendo necesario clarificar a los que toman las decisiones políticas y a los políticos en general las diferencias existentes entre trata y trabajo sexual, tanto en la ley como en la práctica. Aunque las consecuencias negativas para las trabajadoras sexuales de la lucha contra la trata no resultan políticamente interesantes para algunos miembros del Parlamento europeo, la ineficiencia al abordar el problema y proteger los derechos de las víctimas puede ser una estrategia que han adoptado.

La fusión de trabajo sexual y trata ha alcanzado niveles desproporcionados en el debate político y en los medios. TAMPEP promueve de forma consistente la visibilidad de las trabajadoras sexuales como un modo de desmantelar las teorías de la victimización y hacer patente la situación de las trabajadoras sexuales en Europa. Más aún, TAMPEP cree que las trabajadoras sexuales pueden ser grandes aliadas en la lucha contra la trata en la medida en que podrían detectar a las auténticas víctimas si ellas mismas no fueran tan a menudo penalizadas y desautorizadas.

 
La posición de TAMPEP

Poner de manifiesto y pormenorizar las violaciones de los derechos humanos que experimentan las trabajadoras sexuales parece no haber sido suficiente para impedir los modos conservadores de entender la industria del sexo y sus trabajadoras.

A la vista de las continuas regulaciones abusivas del trabajo sexual y de un clima de políticas sociales represivas, redes feministas y de inmigrantes, compañeros políticos, aliados y otras partes interesadas urgen a la sociedad civil para que emprenda una acción integrada en defensa de las trabajadoras sexuales que garantice el reconocimiento y protección de sus derechos y combata las leyes y prácticas discriminatorias.

Reafirmamos nuestro compromiso de luchar contra la penalización del trabajo sexual y el modelo sueco e invitamos a compañeros y aliados de toda Europa a unirse a nosotros en la lucha por garantizar a todas las trabajadoras sexuales el disfrute de sus derechos humanos en Europa.

 

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¿Qué identifica a una puta?

  • Aunque en España, recordémoslo, la prostitución no es delito, la ley de seguridad ciudadana establece sanciones por el “ofrecimiento, la solicitud, la negociación y la aceptación de los servicios de prostitución”.

 

  • Con esta ley, la policía nacional y la local se convierten en verdaderos guardianes de la moral, tienen entre sus manos la difícil tarea de distinguir a la chica decente de la mujer que, noche tras noche, dinamita la moral ocupando un espacio (material y simbólico) que no es el suyo. La ley no da instrumentos que permitan detectar de forma inequívoca a una puta, no existen posibles controles como el de alcoholemia; el agente sólo dispone de su ingenio y su sexto sentido para detectar a la verdadera puta.

 

Talía Ardana

 
22/09/2015

 
http://www.eldiario.es/andalucia/APDHA/identifica-puta_6_433666655.html

 
05 KobiLeviBlowShoesExiste un estigma que actúa sobre todas las mujeres como un aviso, una amenaza que llega en forma de censura social en caso de que ocupes un espacio que no debes, a una hora inapropiada y con una postura indebida… Me refiero al estigma “puta”. Desde tiempos inmemoriales, hasta nuestros días, actúa dentro de nosotras esa llamada al orden social que, con mayor o menor fuerza, aparece en forma de vergüenza. Pongamos un ejemplo: llevas esperando un buen rato a que alguien, con quien has quedado previamente, pase a recogerte; estás a pie de carretera, en una zona no muy transitada y a altas horas de la madrugada. Con cada coche que pasa por delante de ti, con cada persona que se queda mirándote, piensas: “Seguro que cree que soy una puta”.

 
Hay muchos ejemplos posibles en los que aparece esa voz de aspecto viejuno que te avisa de que puedes ser señalada como “puta”. Cada mujer puede reaccionar de forma diferente, en mi caso intento reírme y distanciarme de esa voz, intentando averiguar de dónde procede y qué pretende. La identifico como la voz del patriarcado, del hombre viejo, representante de una cultura vieja, que me violenta y pretende controlar, pero aun cuando determino rebelarme contra ella, quizás de forma instintiva, no controlada, termino por adoptar una pose que envíe alguna señal que diga “yo no soy una puta, sólo espero a que me pasen a recoger”.

 
Porque ni es una voz vieja, ni procede de una cultura vieja, es una voz actual y muy incómoda a la que instintivamente intentamos acomodarnos para no ser señaladas por ella. Sea lo que sea lo que actúa en cada una, ya te suene a viejo o a la voz de tu padre, este estigma “puta” que actúa como violencia estructural y simbólica hacia las trabajadoras del sexo, es la misma violencia que nos alcanza a todas las mujeres.

 
¿Qué pasa cuando esta censura, este estigma, sale del ámbito de lo subjetivo y lo simbólico para acomodarse en nuestro mundo material a través de leyes que penalizan estos comportamientos? Me refiero a la reciente ley mordaza o ley de seguridad ciudadana, que viene a instaurar una verdadera “caza a la puta” en las calles de nuestro país. Aunque en España, recordémoslo, la prostitución no es delito, la ley de seguridad ciudadana establece sanciones por el “ofrecimiento, la solicitud, la negociación y la aceptación de los servicios de prostitución”. Esto, que pudiera parecernos la penalización de ciertas conductas más o menos molestas para la ciudadanía, no es sólo eso.

 
¿Cómo podemos distinguir una relación sexual retribuida (prostitución) de otra que no lo es? ¿Cómo distinguir una conversación entre amigos de una negociación? Y aquí volvemos al principio: ¿qué me hace ser o no ser una puta? ¿Qué identifica a una puta? Con esta ley, la policía nacional y la local se convierten en verdaderos guardianes de la moral, tienen entre sus manos la difícil tarea de distinguir a la chica decente de la mujer que, noche tras noche, dinamita la moral ocupando un espacio (material y simbólico) que no es el suyo. La ley no da instrumentos que permitan detectar de forma inequívoca a una puta, no existen posibles controles como el de alcoholemia; el agente sólo dispone de su ingenio y su sexto sentido para detectar a la verdadera puta.

 
Y es cierto: no es más que un atropello, entre otros muchos, de la ley mordaza, un aspecto más de las normativas que criminalizan a un colectivo ya de por sí denostado. Pero es importante detenerse en este aspecto de la ley mordaza, porque tiene consecuencias injustas e insostenibles para las trabajadoras sexuales.

 
La lucha de las trabajadoras sexuales contra el estigma lleva tiempo ocupando, a nivel individual y colectivo, su primera línea de trabajo. La estrategia no es siempre la misma: “Yo no soy puta, trabajo de puta” es una expresión que pone de manifiesto el anhelo de liberarse de la dura carga que supone el estigma. Atiende a la necesidad que muchas mujeres que ejercen la prostitución tienen por separar su vida profesional de la familiar y la social. En otros casos, el lema “yo también soy puta” o “yo soy puta” está siendo reivindicado por muchas trabajadoras movilizadas en la reclamación de sus derechos, o por colectivos que trabajan junto a ellas.

 
En estos casos se pretende la re-apropiación de una etiqueta como un acto de insumisión, para modificar su significado, o como forma de reconocer que en la lucha contra este estigma nos la estamos jugando todas y por qué no, todos. Pero, sea cual sea la estrategia que se emplee para hacer frente al estigma “puta”, en todos los casos se deja en evidencia la importante violencia que se ejerce, a través de ella, hacia el colectivo, violencia que ya no es sólo simbólica, sino palpable y con consecuencias inmediatas. Para terminar, comparto una conversación en la que unas compañeras trabajadoras sexuales transmitían, a la APDHA, su indignación y angustia por lo que suponían estas normas:

 
“Puedo entender que no quieran que trabajemos cerca del colegio, por eso mismo trabajo en otra zona y a otra hora, pero claro, eso les da igual (a la policía). Si es que la que es puta es puta y los dos policías éstos ya lo saben, me conocen, ni siquiera me piden la documentación… y el otro día, cuando iba con mi hija (¡mi hija!) que había venido a visitarme desde Rumanía, pasamos delante del colegio paseando, íbamos al centro a hacer compras y me pararon, los de siempre, y me han puesto otra multa. No es justo, no sé si mi hija se ha enterado… yo no estaba trabajando, no es justo…”.

 
Otra compañera: “Pues a mí, el otro día, me pusieron una multa cuando saqué a pasear a mi perrito. Claro, como vivo en el barrio… pero les dije, oye, ¿no ves que llevo a mi perro?, en algún momento tengo que sacarlo a pasear. Y se reían y me dijeron que daba igual, que ya sabían que si llegaba algún cliente… Uf, voy a tener que cambiar de casa o de trabajo…”.