Ley de Seguridad Ciudadana: amordazando a las trabajadoras sexuales

 

“Nuestro país mantiene una postura abolicionista a la hora de tratar el tema de la prostitución”

 

Por Rafael Barroso Pavía

 

24 de abril de 2018

 

https://www.eldiario.es/andalucia/APDHA/Ley-Seguridad-Ciudadana-amordazando-trabajadoras_6_764383562.html

 

Concentración en la provincia de Cádiz contra las ordenanzas municipales APDHA

 

La situación de la prostitución en España es incongruente porque nos encontramos ante una actividad que no posee ningún tipo de reconocimiento legal pero que a la hora de elaborar el PIB del país se contabiliza para así aumentarlo. Esta falta de reconocimiento lleva a que la ya, de por sí, complicada realidad de las personas que ejercen la prostitución se vea empeorada por algunas de las normas que se han desarrollado en los últimos años, en los cuales hemos sido testigos de un endurecimiento de las leyes y un retroceso en la protección de los derechos fundamentales de la sociedad en general, y de las personas que ejercen la prostitución en particular.

Nuestro país mantiene una postura abolicionista a la hora de tratar el tema de la prostitución, lo que se traduce en normas legales y campañas que tienden a aumentar la controversia social sobre este tema y que, además, empeoran las graves vulneraciones que las trabajadoras sexuales sufren. La visibilidad que se ha dado a esta realidad es prácticamente escasa, llamando la atención que normas como la Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como Ley Mordaza, que ha levantado controversias y numerosas críticas por la vulneración de derechos que su aplicación conlleva, no haya sido criticada por el ataque que perpetra sobre las trabajadoras sexuales.

La mencionada ley prevé, en su contenido, dos infracciones que afectan directamente a las trabajadoras sexuales que ejercen la prostitución en la calle: por un lado, pueden ser sancionadas con multas de hasta 600 euros si realizan actos que puedan ser considerados obscenos en la vía pública. Y por otro, pueden ser sancionadas con multas de hasta 30.000 euros si, tras ser notificadas por las autoridades para que no ofrezcan sus servicios en sitios públicos, estas continúan haciéndolo.

Debido a la forma en la que se recogen estas infracciones, la simple identificación como trabajadora sexual es suficiente para que puedan ser sancionadas, sin necesidad de que sean “pilladas” ofreciendo o prestando sus servicios. Al igual que ocurre con otras infracciones recogidas en dicha Ley, la redacción de la norma queda sujeta a la interpretación que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad realicen, lo cual se traduce en una vulneración total de derechos, al poder contemplarse casos de arbitrariedad y abuso de poder por parte de estos.

Si estamos hablando de una norma que protege la seguridad de la ciudadanía de nuestro país, ¿cómo es posible que se lleven a cabo prácticas que vulneran los derechos de este colectivo? El Gobierno negó en su momento que la intención fuese la de perseguir a las personas que ejercen la prostitución o entrar en el debate de su regulación o prohibición. Sin embargo, la experiencia nos dice que no, que desde la entrada en vigor de la ley se ha producido una caza de brujas hacia las trabajadoras sexuales. Una caza que las posiciona en una situación de mayor vulnerabilidad y desprotección y que, según datos de junio de 2017, se ha saldado con su expulsión de las calles y una recaudación de 54.000 euros con las multas que les han sido impuestas.

Debido a ello, consideramos que la aplicación de la ley conlleva la práctica de una violencia institucional hacia las trabajadoras sexuales. Dicha violencia se manifiesta con la imposición de multas a las que, en ocasiones, sólo pueden hacer frente con el ofrecimiento de sus servicios, lo cual hace que se expongan a ser multadas de nuevo para poder afrontar el pago. Pero esta violencia también se manifiesta al quedar excluidas de la zona pública, pues deben reubicarse en lugares alejados y con menor tránsito de personas, quedando expuestas y faltas de protección.

A pesar de que en los últimos meses hemos atendido a diferentes manifestaciones, por parte de los principales partidos políticos de la oposición, para derogar parte del articulado de esta ley, lo cierto es que seguimos en la incertidumbre de saber qué pasará. Además, desde los movimientos sociales, encontramos una falta de visibilidad y denuncia de las consecuencias que la aplicación de esta ley tiene sobre los derechos de este colectivo en concreto. Mientras tanto, las más perjudicadas por toda esta situación seguirán siendo las trabajadoras sexuales, las cuales, por el bien de la “seguridad ciudadana”, se ven amordazadas y expuestas a una mayor represión por parte de ese Estado que, si bien aprovecha las consecuencias económicas de esta actividad, no es capaz de reconocerles sus derechos.

 

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Manifiesto de AFEMTRAS por la derogación de la LSC (Ley Mordaza)

 

 

Manifiesto de AFEMTRAS por la derogación de la LSC (Ley Mordaza)

No es cierto que la (LSC) Ley Mordaza no multa a las Putas
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El Colectivo de las prostitutas nos vemos afectadas por esta ley, somos penalizadas por el artículo 36.6, es decir, por desobediencia a la autoridad.

¿Qué consecuencias reales están teniendo la ley mordaza?

En primer lugar:

aumento de la vulnerabilidad, ya que para evitar las multas nos vemos obligadas a ejercer en lugares más alejados

En segundo lugar:

aumento de la posibilidad de agresiones; porque están más pendientes de la presencia policial que de cualquier otra cuestión.

En tercer lugar:

promueven los abusos policiales y fomenta la impunidad ante este tipo de violación de derechos humanos.

En cuarto lugar:

Dificulta la identificación y protección de posibles víctimas de trata. Difícilmente considerarán a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado —que las están multando— como “aliados” para denunciar su situación, sino todo lo contrario.

En quinto lugar:

Aumenta la precariedad que ya de por sí vivimos las trabajadoras de la calle.

En sexto lugar:

Favorecen los intereses de los empresarios de los clubes. Estas normas nos empujan a abandonar la calle y trabajar en clubes y pisos para terceros en donde —debido la falta de derechos laborales que nos protejan de los abusos— los dueños imponen sus normas.

En último lugar, 

No tiene en cuenta nuestra voz. En ningún momento se ha consultado a las trabajadoras del sexo para elaborar leyes que nos conciernen; no se tienen en cuenta nuestras necesidades, poniendo en marcha una maquinaria represiva y punitiva contra nosotras, con ello se perpetúan el estigma y nos muestran como las eternas víctimas o peligrosas delincuentes en lugar de sujetos con derechos y con capacidad de decisión como el Reconocimiento de derechos humanos y laborales, nuestra firme voluntad por una buena convivencia con nuestros vecinos, la negociación de espacios donde podamos trabajar sin molestar ni ser molestadas, porque las trabajadoras debemos de tener espacios seguros, sin Mordazas.

 

Afemtras: una asociación de mujeres trabajadoras del sexo y feministas en Villaverde (Madrid)

 

Derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, tener una buena relación con el barrio y mantener limpio su espacio de trabajo, la calle del polígono Marconi en Madrid, son algunos de los objetivos de la recién creada Agrupación Feminista de Trabajadoras del Sexo (Afemtras).

 

Jose Durán Rodríguez

08/10/15

https://www.diagonalperiodico.net/movimientos/28017-afemtras-asociacion-mujeres-trabajadoras-del-sexo-y-feministas-villaverde-madrid

Rueda de prensa de la presentación de la plataforma Afemtras.

“Somos mujeres trabajadoras del sexo y somos feministas, sí”, explica a Diagonal Antonela, una de las portavoces de la plataforma Afemtras (Agrupación Feminista de Trabajadoras del Sexo) presentada el miércoles 7 de octubre, que se fija como objetivos “detener el abuso de las multas contra nosotras y nuestros clientes, tener una buena convivencia con vecinos y empresarios de la zona y mantener nuestro lugar de trabajo limpio”.

Antonela afirma que el principal problema al que se enfrentan es “la Ley de Seguridad Ciudadana, que se supone que intenta proteger a los ciudadanos y a nosotras no nos está protegiendo, al contrario, nos están queriendo hacer invisibles, mandándonos a los lugares más recónditos para trabajar, donde vamos a correr más peligro”.

Por ello, la primera actuación de la asociación es la exigencia al Gobierno de la derogación inmediata de esta normativa que, entre otras cosas, impide que puedan acordar servicios sexuales con los clientes, pues sobre ambas partes pesa la posibilidad de ser multadas.

Otro de los objetivos de Afemtras es mejorar la relación con el vecindario, la colonia Marconi en el distrito de Villaverde (Madrid), “ni buena ni mala” dice Antonela pero sí marcada por dinámicas que la hacen difícil. “Es lógico que a los vecinos no les guste que las chicas estén desnudas enfrente de los parques o colegios. Es una de las cosas que queremos matizar y regular, que las chicas se alejen de los edificios y parques, que no se hagan servicios en los parques donde están los vecinos”, asegura.

Para ello, han presentado un compromiso que recoge desde el fundamental respeto a quienes viven en la zona como hacia las empresas, ya que, según recoge la declaración, “nuestros intereses pasan por la cordialidad”.

Una acusación recurrente sobre las trabajadoras del sexo de la zona es que contribuyen a ensuciarla y degradarla. Antonela lo niega, recurriendo a un argumento difícil de rebatir: “No somos nosotras quienes traen la suciedad al polígono, nosotras no queremos ensuciar nuestro lugar de trabajo. Lo que se ve siempre, lo que muestran los medios, son escombros y, como entenderás, nosotras no llevamos escombros a nuestro lugar de trabajo”.

Afemtras también persigue un objetivo más general, que es la mejora de las condiciones de trabajo y el reconocimiento de su actividad laboral para disfrutar de los derechos y cumplir con los deberes que acarrea.

“Queremos una regularización, para tener unos derechos y aportar al país, a la Seguridad Social. Nosotras ya pagamos impuestos, con el piso, cuando hacemos la compra. Queremos ser reconocidas como trabajadoras por el trabajo que hacemos y poder tener derecho a la Seguridad Social”, explica la portavoz.

 

“La puesta en marcha de la ley de seguridad ciudadana está siendo terrorífica para las prostitutas”

 

Entrevista a Encarna Bodelón, jurista, profesora UAB y directora del grupo de investigación Antígona; Martina Kaplún, educadora social de la Fundación Cruz Blanca; y Mamen Briz, colectivo Hetaira

 
 

Estas tres expertas analizan la legislación que regula la prostitución para conocer cómo afecta a las mujeres, sus aspectos positivos y negativos; y reivindican un enfoque de derechos.

 

Por David Penado 

Sábado 10 de febrero de 2018

https://www.elboletin.com/noticia/159220/nacional/la-puesta-en-marcha-de-la-ley-de-seguridad-ciudadana-esta-siendo-terrorifica-para-las-prostitutas.html

 

Martina Kaplún, Diplomada en Educación Social y Experta en Género, con orientación hacia los temas de Violencia contra las Mujeres, Trata de Seres Humanos y Migraciones, es educadora social de la Fundación Cruz Blanca y posee una amplia trayectoria dentro de la Red Española Contra la Trata de Personas (RECTP). A través de ella, participa en el Grupo de Trabajo de Evaluación del Impacto de la Ley de Seguridad Ciudadana y las Ordenanzas Municipales sobre las mujeres que ejercen prostitución, promovido desde el Foro Social contra la Trata.

 
 

Encarna Bodelón es Profesora titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), desde donde dirige el grupo de investigación Antígona, especializado en el análisis del derecho con perspectiva feminista. En la actualidad coordina el proyecto DEORGE, sobre ordenanzas de prostitución en el Estado español.

Mamen Briz, periodista y máster en Género y Políticas de Igualdad entre Hombres y Mujeres, pertenece al colectivo Hetaira, nacido en 1995, a iniciativa de un grupo de mujeres, entre las cuales algunas ejercían la prostitución, ante la necesidad de organizarse para combatir el estigma social que recae sobre las prostitutas y reivindicar sus derechos. Además de sus publicaciones, ha sido guionista de los cortometrajes Túnel número 20, Pelonas, Rompiendo géneros y de los making of de la película Princesas y del videoclip Me llaman Calle.

Todas ellas han sido parte de un debate promovido por el grupo de Ahora Madrid, que gobierna la capital, con el propósito de buscar un consenso amplio entre todas las agentes sociales implicadas sobre la eficiencia de las políticas públicas municipales que regulan la prostitución en un contexto como el que marca la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza. Asimismo, han contribuido al análisis de ordenanzas y leyes estatales y locales que regulan la prostitución para conocer cómo afectan a las mujeres, sus aspectos positivos y negativos. En este marco, se desarrolló esta entrevista con EL BOLETÍN.

Cómo parte de este proceso, ¿qué aspectos han estado tratando con el Área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad del Ayuntamiento de Madrid?

Martina Kaplún (MK): Hemos estado analizando la situación actual con respecto a las ordenanzas fundamentales para ver cuáles podrían ser las mejores políticas públicas de la ciudad de Madrid para abordar la temática de la prostitución.

Encarna Bodelón (EB): Desde Antígona, el grupo de investigación de la UAB del que soy directora, hemos dirigido dos investigaciones: una del 2014 para el Ayuntamiento de Barcelona, sobre cómo se estaba aplicando la ordenanza municipal que regulaba aspectos de prostitución en la ciudad; y otra investigación, que ahora está en curso a nivel nacional, que compara cómo en distintas ciudades de España se están aplicando las ordenanzas. Entonces, mi aportación es explicar los resultados de estas dos investigaciones, sobre todo centrándonos en qué aspectos de estas dos ordenanzas no están funcionando o incluso vulneran directamente derechos de las prostitutas.

A propósito de la investigación para el Ayuntamiento de Barcelona, la actual corporación se ha manifestado muy crítica con la anterior ordenanza. En este sentido ¿cómo ha evolucionado su trabajo con ellos?

EB: Hay una discusión entre los diferentes grupos sobre cómo se va a cambiar esa ordenanza, pero el Gobierno de Ada Colau sí que pretende reformar distintos aspectos de la ordenanza porque en distintos informe de evaluación que se han hecho se ve que se han estado vulnerando derechos de las personas. Concretamente, en el tema de prostitución, en el informe que hicimos Antígona y la Fundación Sur vimos que había distintos tipos de vulneraciones de los derechos de las trabajadoras sexuales: desde la reiteración sobre todo de las multas sobre las trabajadoras sexuales, no sobre los clientes; el hecho de que estas multas estaban recayendo muchas veces sobre mujeres que las organizaciones que trabajan con ellas habían preidentificado muchas veces como víctimas de trata; o que en otros casos lo que hacen es bloquear sus cuentas corrientes; se dan casos de acumulación de multas y así organizaciones de mujeres que trabajan con ellas como Genera tienen casos de mujeres con miles de euros de deuda. Incluso, con el anterior gobierno municipal porque ahora esto sí que ya no está sucediendo, casos de vulneración de derechos tan graves como malos tratos físicos, coacciones, amenazas. Vulneraciones de derechos muy graves.

Mamen Briz (MB): En Madrid, la mayor preocupación que tenemos es la aplicación de la ley de seguridad ciudadana que está permitiendo las multas tanto a clientes como a prostitutas y esto está haciendo todavía más complicadas sus situaciones de vida y de trabajo. La situación de vulnerabilidad en que ya se encontraban aquellas personas que captan a su clientela en la calle ya era alta, pero ahora muchísimo más ya que los tratos con los clientes tienen que ser más rápidos, casi semiclandestinos. De esta forma, se disminuye su capacidad de poder negociar sobre el tipo de servicio qué hacer o sobre el dinero que pueden ganar con cada uno de ellos. Todo esto está suponiendo una vuelta atrás. Creo que nunca habíamos vivido una situación tan difícil ni tan dramática en la calle. Hemos vivido situaciones complicadas como la propia crisis económica que afecta a todos los sectores; también a aquellas que habían abandonado el ejercicio de la prostitución y que han vuelto a reengancharse trabajando en prostitución. Pero la puesta en marcha de la ley de seguridad ciudadana está siendo terrorífica y además se está aplicando de una forma bastante injusta porque hay zonas específicas donde se aplica con muchísimas ganas como, por ejemplo, en el polígono de Villaverde; frente a lo que se hace en la zona centro de Madrid donde parece que es un poquito más disimulada la cantidad de multas que se están poniendo.

Además, más allá de lo que es la ciudad de Madrid, por ejemplo, hay una ordenanza que está en marcha en Alcalá de Henares desde el año 2011 con el Gobierno anterior, del PP, que multaba tanto a trabajadoras del sexo como a sus clientes. Ahora, está el partido socialista y han hecho un cambio: desde hace menos de un año “tan sólo” se multa a los clientes. Esto no deja de ser un ejercicio de demagogia muy grande porque en el momento en que vas a multar a los clientes, estos no se van a acercar a demandar un servicio sexual y estas influyendo también negativamente sobre las condiciones de vida y de trabajo de las chicas de la calle. Es muy demagógico permitir un negocio, pero multar a cada cliente que aparece porque entonces te quedas también sin negocio.

En cualquier caso, ¿qué margen creen que hay para las regulaciones municipales cuando vemos que, por encima, hay leyes estatales que las condicionan?

EB: Como jurista, yo lo que puedo decir es que llama poderosamente la atención que las ordenanzas municipales en absoluto se han dedicado a desarrollar derechos fundamentales como la igualdad entre mujeres y hombres. No han dedicado ni un artículo a desarrollar este aspecto; y de repente sí han incluido sanciones hacia un colectivo tan vulnerable como las trabajadoras sexuales. Esto es lo primero: si las ordenanzas municipales tiene que recoger algún aspecto relativo a las trabajadoras sexuales tendríamos que empezar por otras partes como, por ejemplo, el desarrollo de una educación no sexista. En definitiva, por desarrollar todos los aspectos de ciudadanía de las mujeres en nuestros municipios y no por medidas de sanción a las trabajadoras sexuales que están en la calle. Es un contrasentido enorme que ese espacio normativo sea utilizado solo para la sanción de la prostitución.

MB: Creo que intentar acercarse a un problemas social exclusivamente a través de las sanciones y teniendo tan solo el ideario de la seguridad frente a la idea de los derechos de muchísimas mujeres es lo más grave. No se esté teniendo en cuenta la situación de ellas, ni sus necesidades. Tampoco se les ha preguntado absolutamente nada y esto es lo que suele ocurrir cuando no se cuenta con interlocución. Hay falta de interlocución y de participación de las trabajadores del sexo en los procesos que les competen directamente a ellas. Mientras que cuando hay un conflicto vecinal o de un sector de obreros de cualquier empresa, se les tiene en cuenta; a las prostitutas se les barre del mapa y se escucha a las instituciones, a los vecinos, a los comerciantes… Por el contrario, no suele haber mesas de diálogo en donde ellas también estén participando abiertamente y esto es un problema. Se las estado dejando al margen de participar en qué tipo de políticas podrían ser las mejor para ellas.

MK: Hay un tema que llama mucho la atención y es que la mayoría de las ordenanzas que tenemos en España que abordan esta temática son ordenanzas de uso del espacio público en general, en donde se tipifican conductas tan dispares como la venta ambulante, orinar en la calle, el vandalismo contra el mobiliario urbano, etc. Y es, entonces, en el medio de ese tipo de ordenanzas dónde se abordan este tipo de comportamientos, cuando se mete un poco a capón un tema que tiene que ver con Derechos Humanos y para el que éste no es el instrumento adecuado.

En ese sentido, nos encontramos que la mayoría de este tipo de ordenanzas regulan, en general, cualquier tipo de conducta de uso del espacio público que se considera inadecuada. Ahí, se meten aspectos ya no sólo de prostitución; sino también, por ejemplo, de personas que viven en la calle y en los que el enfoque de derechos brilla por su ausencia.

MB: Enganchando con eso, hay otro aspecto a tener en cuenta y es que, de esta forma, se está aumentando el estigma social que ya existe sobre las prostitutas, que ya de por sí es bastante grande. El imaginario que se despierta es el de que son criminales ya que se las está criminalizando. Creo que es una de las cosas que más daño está haciendo, porque no se las considera ciudadanas, sino gente incívica a la que hay que multar por encima de todo y sin tener en cuenta cuáles son sus necesidades reales. Esto parece una cuestión menor y, sin embargo, creo que es la mayor: esa idea de que o somos víctimas o somos delincuentes. Ese es el tratamiento por parte de las instituciones.

Entonces, ¿qué aspectos concretos creen que sí deberían abordar las ordenanzas municipales?

MB: Yo no creo que en un asunto como la prostitución, en el que además estamos hablando de una muy concreta que es aquella que capta su clientela en la calle, una ordenanza vaya a servir absolutamente para nada porque no es el instrumento para mejorar sus condiciones de trabajo. Como organización, no nos cabe en la cabeza que las demandas sociales deban tratarse de manera sancionadora cuando no vienen acompañadas de ningún otro elemento.

MK: Hay otros instrumentos de políticas públicas que pueden ser mucho más útiles para abordar estas situaciones. Además, debe hacerse desde punto de vista consensuado y participativo, en el que se escuche a todas las voces. Poner así en marcha las políticas públicas municipales más adecuadas para justamente asegurar en primer lugar los derechos de las personas más vulnerables. Como seres humanos tienen esos derechos y es el deber de las instituciones garantizarlos. Este es el punto prioritario que nunca deberíamos ignorar en las políticas públicas desde un enfoque de derechos. Ahí, a través de diferentes instrumentos de la política municipal, el Ayuntamiento tiene mucho que decir: puede hacer políticas de prevención, de ayuda, de detección de situación de vulnerabilidad. Hay mucho que se puede hacer desde un punto de vista positiva y no desde la sanción.

¿Creen que el plan de Derechos Humanos que se ha elaborado recientemente desde el Ayuntamiento de Madrid está cubriendo estos aspectos?

MB: Para nosotros supone un apoyo y, por ejemplo, en el caso de una queja de maltrato policial en el polígono de Villaverde, nos ha permitido que también desde la oficina de DD.HH. del Ayuntamiento se interceda ante Delegación del Gobierno para ver cuál ha sido la actuación en ese caso de la UCRIF (Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales del Cuerpo Nacional de Policía) y que, bajo nuestro punto de, vista ha sido muy negligente. La policía supuestamente debería estar para ayudar a las mujeres y detectar posibles víctimas de trata, no para machacarlas a través de insultos, expresiones transfobas, etc.

MK: El plan de DD.HH. para mi es la prueba de que se pueden hacer otro tipo de políticas públicas. Ahora bien, es un plan general que aborda cuestiones de DD.HH. en genérico y cuando hablamos de prostitución hablamos de un tema que tiene muchas aristas y dificultades en su abordaje porque genera debate o incluso enfrentamiento a nivel vecinal y requiere un acercamiento específico. Pero es la prueba de que se puede legislar desde un Ayuntamiento de otra manera y además con un proceso que fue muy rico y trabajado. No fue de arriba a abajo y hubo mucho trabajo previo, donde mucha gente pudo aportar y participar.

Puede servir de base para muchas cosas, pero hay que hacer algo concreto y específico con respecto a este tema. En este sentido, creo que no podemos perder de vista que es posible tener un punto de partida donde nos encontremos todas y todos. El tema de la prostitución genera debates enconados con posturas muy radicales y enfrentadas, con cismas que a veces son irreconciliables, como hemos vivido también de forma muy dura en el movimiento feminista, y esta es una oportunidad de oro para justamente generar el debate desde otros aspectos que generen el encuentro y no el desencuentro. Ahí, hay un tema donde nos vamos a encontrar todas: los Derechos Humanos de las mujeres. Partiendo de ahí, probablemente podamos llegar a un punto de trabajo común.

EB: El plan de DD.HH. creo que es una base muy buena porque los Ayuntamientos históricamente en este país empezaron construyendo los derechos desde abajo. Sin embargo, hubo un momento en que nos hicieron creer que se construían en el Tribunal Constitucional que ya ha mostrado que los Derechos no se defienden allí. Entonces, tenemos que recuperar su construcción desde abajo y, sobre todo, de los derechos de las mujeres. El espacio de los Ayuntamientos no puede ser el del asistencialismo. Ni para las mujeres que ejercen el trabajo sexual, ni para las que sufren maltrato, ni para las mujeres que quieren encontrar un empleo. Tiene que ser un espacio de defensa de los Derechos Humanos. A mí me parece que, dentro de estas políticas de la nueva izquierda en el Estado español, este plan es una oportunidad magnífica para volver a resituar a la ciudadanía en cómo se tienen que construir los derechos.

En este sentido, desbloquear la idea de que los derechos de las prostitutas van por un lado y los derechos de otros tipos de mujeres van por otro me parece muy interesante. Igual que hemos hecho en otros temas, como la violencia de género donde hemos intentado trabajar de una forma compleja sin distinguir a mujeres que sufren maltrato de las que no, creo que tenemos que empezar a hablar de cómo las mujeres vivimos nuestra sexualidad, qué tipo de sexo queremos: sexo de pago, sexo gratis… y que, en cualquiera de los casos, queremos que sea libre, voluntario y sin subyugaciones patriarcales. Pero en cualquiera de los casos. También en el sexo gratis.

MK: Yo iría incluso un poco más allá. Ya no es cómo las mujeres queremos el sexo, sino también qué pasa con los hombres. Abordar cómo está construida la sexualidad masculina, que es un tema que atraviesa absolutamente todo lo que estamos hablando. Cómo el patriarcado afecta también a la sexualidad masculina. Algo de lo que nunca se habla. Los hombres tienen un rol en todo esto.

MB: Lo que ocurre es que ese puede no ser el mejor punto donde nos vamos a encontrar porque entonces sugeriría que abordásemos también qué tipo de relaciones hay, cuál es también la vivencia de la sexualidad de las mujeres y porque este empeño en considerar que lo que es mejor para una misma tiene que ser también lo mejor para el resto de las personas. Creo que la expresión de la sexualidad es múltiple y variada y que nos puede gustar más o menos personalmente; pero que tenemos que dejar también unos márgenes de libertad en los que la gente construya. Sin embargo, si hay algo que habría que revisitar de nuevo con respecto a la sexualidad de las personas, es el respeto. Esto es básico y primario.

¿Alguna experiencia internacional, algún modelo, regulación o instrumento específico, en mente?

MB: Cada contexto de cada país es completamente diferente y los modelos no se pueden extrapolar, no se pueden descontextualizar y llevar de un lugar a otro. Por ejemplo, Holanda tiene un sistema de escaparates que para la conciencia de la sociedad española es la cosa más rara de este mundo porque no entendemos que es una cultura anglicana en la que todo el mundo cena con las persianas subidas o donde no existe esa privacidad de cara a fuera. Y dentro de ese contexto surge la figura de los escaparates. O al contrario, en Noruega, dónde no te vas a ir a hacer la calle con el frío que hace porque nadie te va a ir a buscar en ese espacio.

Lo que si tenemos son indicios de aquellas cosas que han funcionado medio bien en algunos países y cuáles han fallado estrepitosamente. No conocemos mucho en Europa el modelo neozelandés y en Hetaira, particularmente, nos interesa bastante porque creemos que es el que mayor protección está ofreciendo a las mujeres que trabajan en prostitución. En este sentido, creo que sería fantástico el poder recuperar una idea que tuvo la Sra. Ana Botella hace tiempo que fue hacer encuentros entre diferentes ciudades sobre la prostitución en los que se traían diferentes modelos de diferentes lugares. Creo que podríamos volver a indagar en esa idea e intentar celebrar encuentros con administraciones públicas de otros lugares que hayan tenido ingenio para articular nuevas propuestas como, por ejemplo ha sucedido en Zurich donde, como programa piloto, han montado un párking público en un solar municipal en el que las mujeres pueden ejercer sin ser molestadas. Sería interesante invitar a representantes de otros países para ver cómo han funcionado otras experiencias y planificar.

EB: El problema es que, con cosas que sabemos que no han funcionado, no sólo no ha habido una evaluación en este país; sino que las hemos importado y las hemos copiado y pegado. Por ejemplo, todo el tema de las ordenanzas no se inventó en el estado español; sino que, en el contexto europeo más cercano, fue en Italia, en alguna ciudades italianas, donde se empezó a sancionar la prostitución en la calle y ya se vio allí que no funcionaba. Se vio además que tenía un efecto tremendo contras las mujeres migrantes y, en particular, contra las mujeres en situación de trata y de ahí no se aprendió nada.

Entonces, creo que lo primordial sería partir de las organizaciones que están trabajando aquí, que nos están dando ideas, y que nos están diciendo lo que quieren las mujeres, Se trata de escucharlas. No necesitamos quizá escuchar lo que se ha hecho en otros lugares, sino partir de que aquí hay muchas propuestas y organizaciones que están trabajando en la calle, que saben lo que funciona. Solo con eso podríamos avanzar muchísimo.

MK: Comparto lo que ha dicho Encarna, sobre todo, porque además las experiencias internacionales no sólo tienen que ver con los contextos sociales de cada país, sino también con otros intereses políticos y con posicionamientos determinados. Por tanto, a veces, es complicado exportar un modelo determinado también porque responde a un planteamiento que aquí puede no reunir el mismo consenso. Me parece más importante la posibilidad de construir algo novedoso, diferente y radicalmente diferente de lo que se ha hecho hasta ahora porque la división que existe en España con respecto a las diferentes posturas en torno a la prostitución no es única en España, sino que se da en todo el mundo.

El de las diferentes posturas como regulación o abolición es un debate que siempre surge cuándo se habla de prostitución. ¿Cuál es su postura respecto a ello? ¿Cómo abordarlo?

MK: Justamente no empezando por entrar en ese debate por lo que estamos diciendo de que tenemos que sacar el debate de ahí. Tenemos que comenzar a trabajar desde lo que nos une y no desde lo que nos separa. Lo que nos une es la defensa de los derechos humanos de las mujeres y las que salen perjudicadas de esos enfrentamientos son ellas.

MB: La gente que estamos pegadas a la realidad, a la calle, que estamos pendientes de qué sucede con cada mujer que nos encontramos en nuestra vida, hace muchísimo tiempo que estamos hartas de todo este debate ideológico que no nos lleva a ninguna parte. La idea de juntarnos y dar alguna idea para poder implementar creo que es la esencia de dónde deberíamos partir. Si tenemos en cuenta eso, creo que es bastante fácil llegar a acuerdos porque al fin y al cabo lo que nos interesa es tener políticas públicas que no vayan en contra de las mujeres. Creo que respecto a las definiciones de lo que sería deseable en una hipotética sociedad futura, cada cual puede tener sus ideas; pero, sobre todo, las mujeres que ejercen la prostitución saldrán ganando si configuramos algo con los derechos concretos del aquí y ahora.

EB: Completamente de acuerdo con las compañeras. Justamente tenemos que salir de las categorías que se han establecido durante mucho tiempo y que no conectan con las vidas de las mujeres. Si hay que establecer alguna categorización, sería en todo caso la de unas políticas que no han contemplado a las mujeres como tales, sino casi como un objeto más de políticas urbanísticas, de gentrificación, o seguritarias; frente a otra visión de políticas basada en los derechos fundamentales de las mujeres y que compartimos compañeras abolicionistas, pro derechos, reglamentarias… Frente a una visión que cosifica a las mujeres que ejercen la prostitución como un objeto que puede ser regulado como un mueble más de la ciudad; está esa otra visión que compartimos todas las compañeras feministas: la de garantizar sus derechos.

MB: Ante decíamos que lo más importante es no dejar a nadie atrás. Tener en cuenta que estamos ante un problema muy complejo en el que se dan multiplicad de situaciones, pero en el que nos interesa tirar adelante sin dejar a nadie atrás y escuchar a las trabajadoras del sexo que normalmente suelen ser las más olvidadas cada vez que hablamos de este asunto. Que no nos olvidemos de que las víctimas de trata necesitan mayor protección de la que están recibiendo en la actualidad, ya que, de hecho, como país europeo, la situación en que nos encontramos es bastante vergonzosa. Que seamos también capaces de implementar medidas sociales para aquellas personas que por los motivos que sea quieran abandonar el ejercicio de la prostitución.

Sin embargo, no parece que los partidos políticos estén dispuestos a superar esta divisiones de enfoque en sus planteamientos…

MB: La sociedad española es bastante más razonable que los partidos políticos, por lo general. Creo que la sociedad española cada vez que se hacen encuestas sobre este asunto tiene ideas más avanzadas que los propios partidos políticos que, en ocasiones, están convirtiendo, además, este asunto en moneda de cambio como también lo hacen con los derechos de las mujeres en general. Esto es lo más tremebundo: se está jugando con los derechos de las mujeres para hacer política y, en este caso, con los derechos de las mujeres que ejercen la prostitución o con las víctimas de trata.

MK: Sobre todo, la sensación es que los partidos políticos no están legislando este tema en función de los derechos de las mujeres, sino de otro tipo de intereses: económicos, partidarios, etc. donde lo que menos importa es la postura ideológica que puedan tener. Esa es simplemente una bandera; pero si les conviene un día ondean una y al siguiente día, otra.

Por último, ¿cómo creen qué se está abordando esta materia en los medios de representación, en general, y en los de comunicación, en particular?

MB: Habría mucho que decir porque la gente que trabaja en los medios de comunicación tienen también una responsabilidad grande a la hora de poder abordar todo esto; pero también sabemos de la precarización en el mundo del periodismo. Entonces, no hay gente especializada y, por lo general, hay muy poco rigor a la hora de informar de situaciones que tienen que ver con prostitución o con el tema de trata. Hay noticias que hay que leerse tres veces para enterarse de qué quieren decir porque hacen un batiburrillo y, por ejemplo, no saben diferenciar la trata del tráfico. O, por ejemplo, se ilustran noticias en torno al tema de la prostitución, como puede ser por ejemplo este tipo de debates, con una foto de niña con tacones, cuando no se está hablando de nada que tenga que ver con un delito tan grave como es la prostitución de menores.

Toda esta situación creo que también se corresponde con lo que se está haciendo, o dejando de hacer, desde el punto de vista institucional porque se editan unas guías de recursos de cómo informar sobre este asunto que dejan muchísimo que desear. Desde luego, falta muchísimo conocimiento en torno a este tema y hay que dejar de utilizar a las mujeres.

MK: Sí, porque se va a la lágrima fácil. A mí me han llegado a cambiar frases enteras en entrevistas justamente por eso, por ir a la lágrima. Otro ejemplo se da cuando cuando se desactiva una red de trata, ya que, por lo general, en cualquier artículo, lo primero que sale es el culo de la mujer en el club con la minifalda, con los tacones…

EB: Un muy buen ejemplo en negativo en Cataluña lo hemos tenido con el tratamiento de La Vanguardia en el caso de sus famosas portadas sobre el tema de la prostitución callejera en Barcelona que vulneraban todos los derechos de cualquier persona: con las fotos de las chicas dando la cara; es decir, sin tener en cuenta si podrían estar en situación de trata.

 

Manifeste du Collectif des Prostituées de Seville

 

 

La prostitution n’est pas un crime. Nous, les prostituées, nous ne sommes pas des criminelles.

Aucune loi en Espagne n’interdit la vente de services sexuels entre des personnes adultes. La Loi Gag et les ordonnances municipales de Séville ne pénalisent pas la prostitution, puisqu’elles ne peuvent pas le faire. Pourtant, les deux règlements violent le principe de légalité, ainsi que les droits fondamentaux contenus dans la Constitution espagnole et le Statut d’Autonomie d’Andalousie, en privant les travailleuses du sexe des droits fondamentaux tels que le droit de circuler librement. Ils restreindent aussi, au travers de la répression, l’utilisation de l’espace public. Il n’y a pas de différence légale entre les prostituées, leurs clients et le reste des piétons; pour en faire la distinction, on n’utilise que des critères arbitraires de la police nationale et municipale, qui sont devenus une sorte de police morale.

Nous, les prostituées, nous sommes des femmes dignes.

La legitimité de la Constitution est basée sur la reconnaissance que “la dignité de la personne humaine, les droits inviolables qui lui sont inhérents, le libre développement de la personnalité, le respect de la loi et des droits d’autrui sont la base de l’ordre politique et de la paix sociale “.

Et la Cour Constitutionnelle définit la dignité comme «une valeur spirituelle et morale inhérente à la personne, qui se manifeste singulièrement dans l’autodétermination consciente et responsable de sa propre vie et qui s’accompagne de la prétention du respect d’autrui».

Nous, les prostituées, nous sommes des femmes dignes parce que nous déterminons nos vies de manière consciente et responsable et que nous cherchons le respect de la société dans son ensemble. Ceux qui essaient de nous faire devenir des mineures ayant besoin de tutelle s’attaquent directement à notre dignité; ils essaient de nous priver de notre capacité de décision; ils essaient, en somme, d’enlever notre liberté.

Nous, les prostituées, nous réclamons tous nos droits sexuels en tant que femmes.

Nous, les prostituées, nous ne considérons pas que le travail sexuel soit indigne ou que les relations sexuelles consenties entre des adultes hors mariage soient un fléau qui doive être éradiqué. C’est notre conviction, pour laquelle nous exigeons le même respect que nous avons envers ceux qui pensent le contraire. Nous revendiquons notre droit de vivre et de faire de notre sexe et notre sexualité ce que nous en décidons, sans interférence morale.

Nous, les prostituées, nous sommes des travailleuses du sexe.

Le travail du sexe, c’est un travail. En Espagne, la prostitution n’est pas interdite; pourtant, les droits des prostituées sont refusés. Dans cette situation, nous, les travailleuses du sexe, nous sommes assujeties à une situation de travail sans aucun droit. Cependant, l’hypocrisie de cette société ajoute le résultat de notre travail au Produit Intérieur Brut tout en nous refusant le droit du travail pour «défendre notre dignité».

La prostitution, ce n’est pas de la traite ou de la violence de genre.

Il n’est pas possible de faire des comparaisons entre les victimes d’un crime tel que la traite des êtres humains et des femmes qui pratiquent la prostitution librement et de leur propre choix. Cela ne fait que simplifier une réalité beaucoup plus complexe. Cela contribue aussi à l’ignorance sur cette réalité, ainsi qu’à la discrimination, la nuissance et la violation des droits des personnes qui pratiquent la prostitution.

La criminalisation de la prostitution perpétrée, au délà du Parlement espagnol, par le conseil municipal de Séville (entre autres) et par le gouvernement précédent du Parti Populaire avec sa Loi Gag, ne sert qu’à accroître la marginalisation et la faiblesse sociale des prostituées, nous laissant presque absoluement sans défense contre les mafias de la traite des êtres humains et menacent de nous faire devenir ce que les abolitionnistes veulent que nous devenions: des victimes ayant besoin de sauveurs.

Il est absurde de dire que la pénalisation est pour les clients et pas pour les prostituées. Aussi absurde de dire que dans une entreprise c’est l’achat qui est pénalisé, mais pas la vente. Celles qui sont finalement pénalisées, c’est nous, les prostituées, qui voyons ainsi notre survie économique mise en danger. C’est là la vraie violence contre les femmes que nous, les prostituées, nous subissons: la violence abolitionniste..

Nous, les prostituées, nous ne demandons pas de l’aide pour sortir de la prostitution: nous demandons l’abolition de la pauvreté.

Aucune femme n’est née pour être pauvre. La pauvreté est dégradante et coercitive. Une société qui accepte la pauvreté ou qui croit que la pauvreté est inévitable ne respecte pas les femmes. La pauvreté est une forme de violence, une violence qui touche de manière disproportionnée les personnes marginalisées. La pauvreté ne peut être considérée comme un choix qui garantit de la sécurité.

En conséquence, nous, les prostituées de Séville:

Nous demandons:

  • L’abrogation immédiate de la Loi Gag et des ordonnances anti-prostitution du conseil municipal de Séville.
  • La reconnaissance par l’Etat que le travail du sexe est un travail et l’application immédiate du Statut des Travailleurs et d’autres normes qui garantissent les droits des travailleuses.
  • La fin de la campagne de haine contre les prostituées du conseil municipal de Séville et l’affectation immédiate des fonds destinées à cette campagne à la lutte contre la pauvreté feminine à Séville

Nous, les prostituées, nous avons commencé à nous manifester publiquement et nous ne garderons plus le silence!

Vous ne nous embarrasserez plus jamais avec vos campagnes infâmes!

 

Collective of Prostitutes of Seville

Twitter: @ProstitutasSev

e-mail: Colectivo.prosev@gmail.com

Manifesto of the Sevilla Prostitutes Collective

 

 

 

Prostitution is not a crime. Prostitutes are not criminals.

No law prohibits in Spain the sale of sexual services between adults.

The Gag Law and the municipal ordinances of Seville do not sanction prostitution, which they can not do. Both regulations violate the principle of legality, as well as basic rights contained in the Spanish Constitution and the Statute of Autonomy of Andalusia, by depriving sex workers of fundamental rights such as the right to free movement and restricting the use of space. public through repression. There is no legal difference between prostitutes, their clients and the rest of the pedestrians; only the arbitrary criteria of national and municipal police turned into a kind of moral police.

Prostitutes are worthy women.

The Constitution legitimizes itself by recognizing that “the dignity of the human person, the inviolable rights that are inherent to it, the free development of the personality, respect for the law and the rights of others are the foundation of the political order and of social peace “.

And the Constitutional Court defines dignity as “a spiritual and moral value inherent in the person, which manifests itself singularly in the conscious and responsible self-determination of one’s own life and which carries with it the claim to respect by others”.

Prostitutes are worthy women because we self-consciously and responsibly determine our own lives and seek respect from society as a whole. Those who try us to become underage girls in need of guardianship are directly attacking our dignity, they are trying to deprive us of our decision-making capacity, they are trying, in short, to take away our freedom.

Prostitutes claim all of our sexual rights as women.

Prostitutes do not consider sex work to be unworthy nor consensual sexual relations between adults outside of marriage as a blight that must be eradicated. That is our conviction, for which we demand the same respect that we have towards those who think otherwise. We claim our right to live and do with our sex and sexuality what we decide, without moral interference.

Prostitutes are sex workers.

Sex work is work. In Spain, prostitution is not prohibited; they only deny us the rights to prostitutes. Under this situation, we sex workers are subjected to a work situation lacking any right. However, the hypocrisy of this society adds the result of our work to the Gross Domestic Product while denying us labor rights to “defend our dignity”.

Prostitution is not trafficking or gender violence

It is not possible to equal the victims of a crime such as trafficking in persons with women who practice prostitution freely and by their own decision. Doing this only simplifies a reality that is much more complex, contribute to ignorance of this reality and discriminate and harm people who practice prostitution by violating their rights.

The criminalization of prostitution carried out outside the Parliament by the City of Seville (among others) and by the previous government of the Popular Party with its Gag Law, only serves to increase the marginalization and social weakness of prostitutes, leaving us almost absolutely defenseless against the mafias of human trafficking and threatening to become what the abolitionists want us to become: victims in need of saviors.

It is absurd to say that clients are penalized and not prostitutes. It is absurd to say that in a business the purchase is penalized, but not the sale. Those who are ultimately penalized are the prostitutes, which we see endanger our economic survival. That is the real violence against women that prostitutes suffer: abolitionist violence.

Prostitutes do not ask for help to get out of prostitution: we demand the abolition of poverty.

No woman is born to be poor. Poverty is degrading and coercive. A society that accepts poverty or believes that poverty is inevitable does not respect women. Poverty is a form of violence, a violence that disproportionately affects the marginalized. Poverty can not be considered a safe place.

Consequently, the prostitutes of Seville:

We demand:

  • Immediate repeal of the Gag Law and anti-prostitution ordinances of the City of Seville
  • Recognition by the State of the labor nature of sex work and immediate application of the Statute of Workers and other standards that guarantee the rights of women workers.
  • The end of the hate campaign against the prostitutes of the City of Seville and immediate allocation of the funds allocated to that campaign to the fight against poverty among women in the city of Seville.

 

Prostitutes have begun to speak and we will not be silent!

 

You will no longer be ashamed of yours infamous campaigns!

 

Collective of Prostitutes of Seville

 

Twitter: @ProstitutasSev

 

e-mail: Colectivo.prosev@gmail.com

Manifiesto del Colectivo de Prostitutas de Sevilla

 

 

 

 

La prostitución no es delito. Las prostitutas no somos delincuentes.

Ninguna ley prohíbe en España la compraventa de servicios sexuales entre personas adultas.

La Ley Mordaza y las ordenanzas municipales de Sevilla no sancionan la prostitución, cosa que no pueden hacer. Ambas normativas vulneran el principio de legalidad, así como derechos básicos recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, al privar al colectivo de trabajadoras sexuales de derechos fundamentales como el derecho a la libre circulación y la restricción del uso del espacio público por medio de la represión . No hay ninguna diferencia jurídica entre las prostitutas, sus clientes y el resto de los viandantes; tan sólo el criterio arbitrario de policías nacionales y municipales convertidos en un especie de policía moral.

Las prostitutas somos mujeres dignas.

La Constitución se legitima a sí misma al reconocer que “la dignidad de la persona humana, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”.

Y el Tribunal Constitucional define la dignidad como “un valor espiritual y moral inherente a la persona, que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y que lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los demás”.

Las prostitutas somos mujeres dignas porque autodeterminamos de forma consciente y responsable nuestras propias vidas y pretendemos el respeto por parte del conjunto de la sociedad. Quienes intentan convertirnos en niñas menores de edad necesitadas de tutela están atentando directamente contra nuestra dignidad, están intentando privarnos de nuestra capacidad de decisión, están intentando, en suma arrebatarnos nuestra libertad.

Las prostitutas reivindicamos la totalidad de nuestros derechos sexuales como mujeres.

Las prostitutas no consideramos el trabajo sexual como algo indigno ni las relaciones sexuales consensuadas entre adultos fuera del matrimonio como una lacra que debe ser erradicada. Esa es nuestra convicción, para la que exigimos el mismo respeto que tenemos nosotras hacia quienes piensen lo contrario. Reivindicamos nuestro derecho a vivir y hacer con nuestro sexo y sexualidad lo que decidamos, sin injerencias morales.

Las prostitutas somos trabajadoras sexuales.

Trabajo sexual es trabajo. En España no está prohibida la prostitución; sólo nos niegan los derechos a las prostitutas. Bajo esta segunda situación trabajadoras sexuales nos vemos sometidas a una situación laboral carente de todo derecho. Sin embargo la hipocresía de esta sociedad suma el fruto de nuestro trabajo al Producto Interior Bruto al tiempo que nos niegan derechos laborales para “defender nuestra dignidad”.

La prostitución no es trata ni violencia de género

No se puede igualar a las víctimas de un delito como es el de la trata de personas con las mujeres que ejercen la prostitución libremente y por decisión propia. Haciendo esto solo se consigue simplificar una realidad que es mucho más compleja, contribuir al desconocimiento de esta realidad y discriminar y dañar a las personas que ejercen la prostitución vulnerando sus derechos.

La penalización de la prostitución llevada a cabo al margen del Parlamento por el Ayuntamiento de Sevilla (entre otros) y por el anterior gobierno del Partido Popular con su Ley Mordaza, sólo sirve para aumentar la marginación y debilidad social de las prostitutas, dejándonos así casi absolutamente indefensas ante las mafias de la trata de personas y amenazando con convertirnos en lo que las abolicionistas quieren que lleguemos a ser: víctimas necesitadas de salvadoras.

Es absurdo afirmar que se penaliza a los clientes y no a las prostitutas. Es absurdo decir que en un negocio se penaliza la compra, pero no la venta. Quienes en definitiva son penalizadas somos las prostitutas, que vemos peligrar nuestra supervivencia económica. Esa es la auténtica violencia contra la mujer que sufrimos las prostitutas: la violencia abolicionista.

Las prostitutas no pedimos ayudas para salir de la prostitución: exigimos la abolición de la pobreza.

Ninguna mujer nace para ser pobre. La pobreza es degradante y coercitiva. Una sociedad que acepta la pobreza o considera que la pobreza es inevitable no respeta a las mujeres. La pobreza es una forma de violencia, una violencia que afecta de forma desproporcionada a las marginadas. La pobreza no puede ser considerada un lugar seguro.

En consecuencia, las prostitutas de Sevilla:

Exigimos:

—Derogacion inmediata de la Ley Mordaza y de las ordenanzas antiprostitutas del Ayuntamiento de Sevilla.

—Reconocimiento por el Estado de la naturaleza laboral del trabajo sexual y aplicación inmediata del Estatuto de los Trabajadores y otras normas que garantizan los derechos de las trabajadoras.

—Cese de la campaña de odio contra las prostitutas del Ayuntamiento de Sevilla y asignación inmediata de los fondos destinados a esa campaña a la lucha contra la pobreza entre las mujeres de la ciudad de Sevilla.

 

¡Las prostitutas hemos empezado a hablar y ya no vamos a callar!

 

¡Ya no volveréis a avergonzarnos con vuestras infames campañas!

 

Colectivo de Prostitutas de Sevilla

Twitter: @ProstitutasSev

e-mail: Colectivo.prosev@gmail.com

Prostitución en la calle: multar no es una solución

El gobierno de Barcelona no multará a las mujeres que ejercen la prostitución en el espacio público. Al contrario, defenderemos los derechos de todas las mujeres, también de las trabajadoras sexuales.

 

Laura Pérez

 

03/06/2017

 

http://www.eldiario.es/catalunya/opinions/Prostitucion-calle-multar-solucion_6_650294982.html

 

La Ordenanza del Civismo de la ciudad de Barcelona ha sido una norma altamente punitiva. En sus artículos 39 y 40 establece multas por el ofrecimiento, la demanda y el ejercicio del acto sexual en la vía pública, aunque en este último caso sólo si es de manera retribuida. Así, en base a la Ordenanza que establece nuestra conducta “deseable” en el espacio público, si queremos practicar sexo en la vía pública, no hay ningún problema, ni de noche ni de día, incluso en medio de la plaza Cataluña, siempre y cuando no haya intercambio económico.

Lo que se ha perseguido con esta normativa, aprobada en su momento con el voto a favor del PSC, CIU, ERC y el PP es eliminar de las calles la cara visible de la prostitución en la ciudad de Barcelona. En cambio, la prostitución que se ejerce en locales y clubes de la ciudad está permitida y así se reglamentó en Cataluña por parte de CiU bajo el Decreto 217/2002 y por el tripartito bajo la ley 11/2009 por la que quedan regulados los locales de alterne, las barras americanas o sex-shops. Esta doble vara de medir no es más que una muestra de las incongruencias políticas de partidos que regulan a favor del empresariado, al tiempo que persiguen a las trabajadoras sexuales. La ordenanza ha impuesto un castigo a una forma de ejercer la prostitución, no a la prostitución en sí misma.

A menudo se ha argumentado de manera inconsistente que estas acciones de imponer correctivos buscaban salvaguardar la integridad de las mujeres en su conjunto, o incluso estaban dirigidas a luchar contra las situaciones de tráfico en que estas mujeres pueden estar sometidas. Una forma cuando menos perversa de salvaguardar la integridad de todas las mujeres a través de criminalizar y estigmatizar a un grupo de mujeres en concreto o de luchar contra el tráfico multando a las mismas mujeres traficadas. Además incumple con la Directiva 2011/36 / UE, que obliga a los Estados miembros a proteger y atender a las mujeres que puedan estar en situación de tráfico y explicita la obligación de no imponer penas a las víctimas.

Más allá de todas las incoherencias mencionadas, cuando llegamos al gobierno nos encontramos con varios informes y documentos que nos señalan la poca efectividad de la norma y la vulneración de derechos que provoca. Después de 10 años de vigencia de la Ordenanza los datos nos dicen que la ordenanza no ha conseguido reducir el número de mujeres que ejercen en el espacio público, a pesar de la promesa hecha en el vecindario de la zona de Robadors por el gobierno de Trias (desde del 2009 hasta el día de hoy se está atendiendo entre 390 y 450 mujeres aproximadamente).

Asimismo se ha situado a las mujeres en una posición de mayor vulnerabilidad: muchas de estas mujeres han contraído, a través de las multas, una deuda con la administración, ya que menos de un 10% de las multas impuestas a las mujeres se podían hacer efectivas. Esto ha tenido consecuencias negativas para las mujeres, como por ejemplo el no poder acceder a ningún tipo de ayuda y prestaciones sociales. De manera añadida la vigilancia policial constante conduce a las mujeres a negociar más rápido, los clientes tienen más margen en la negociación y pueden hacer uso de la amenaza de avisar a la policía, según explican ellas mismas en diferentes informes. Además, se ha reforzado el estigma que las hace sentir desprotegidas y avergonzadas.

A día de hoy, el Ayuntamiento de Barcelona ha dejado de multar a las mujeres por la entrada en vigor de la Ley de Seguridad ciudadana. La conocida como Ley mordaza, a diferencia de la ordenanza del civismo, no prevé como infracción el ofrecimiento de servicios sexuales en la vía pública. Por ello, desde finales de 2015, aquellos artículos de la Ordenanza que prevén la sanción del ofrecimiento de servicios sexuales se han dejado de aplicar. Este hecho, que ha pasado desapercibido por los grupos de la oposición que hacen bandera del abordaje punitivo de la prostitución, no ha tenido ninguna incidencia en el día a día de la gestión del espacio público en Barcelona. Por tanto, ni las sanciones no han tenido el efecto disuasorio esperado, ni dejar de sancionar ha supuesto un aumento de trabajadoras sexuales en las calles de la ciudad.

Con la experiencia de estos 10 años de Ordenanza del Civismo podemos asegurar que el abordaje punitivo de la prostitución ha fracasado. Más allá de constatar que multar no es ninguna solución, ahora es el momento idóneo para replantear las políticas y normas fallidas, de involucrar a la ciudadanía, a todos los grupos municipales y a las mujeres que ejercen la prostitución en una reflexión más amplia que nos permita avanzar en la mejora de la convivencia, que nos lleve a nuevos consensos sobre el uso del espacio público. En definitiva, tenemos que encontrar una solución bajo un marco de garantía de derechos para todos, para las mujeres en su conjunto, por todas, y por los vecinos y vecinas que conviven con el ejercicio de la prostitución en la calle.

 


Laura Pérez (Barcelona, 1982) és regidora de Cicle de Vida, Feminismes i LGTBI a l’Ajuntament de Barcelona.

https://barcelonaencomu.cat/es/candidatura-persona/laura-perez-castano

La indefensión de las prostitutas

Por Ninfa

 

19 de Mayo de 2017 (19:04 h.)

 

 

http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/indefension-prostitutas/20170519175159140006.html

 

 

Soy trabajadora del sexo. Desde hace algunos años contacto con mis clientes en la calle. Empecé en esta actividad allá por el año 1997, en los tiempos en que la Casa de Campo de Madrid estaba abierta a todas horas al público. En aquellos tiempos, recuerdo, trabajábamos sin más problemas que los que se pudieran presentar en la cotidianidad: que si la lluvia, que si el cliente borracho, que si el maleducado… La Policía estaba continuamente pidiendo la documentación y no todas tenían “los papeles en regla”, eran frecuentes las redadas en busca de “sin papeles”.

Las trabajadoras del sexo captábamos a la clientela al pie de la vía y los servicios los realizábamos, como norma general, en los propios vehículos, cerca de donde nos ubicábamos. Después, poco a poco, nos lo pusieron más difícil. Primero colocaron vallas de maderas. Las autoridades explicaron que se trataba de “barreras protectoras”. La consecuencia fue que los coches ya no podían parar al lado de la vía. Nos trasladamos entonces a las zonas de parking, a un lugar más alejado. Pero las vías fueron cerrándose poco a poco. Cada vez contábamos con menos espacio para trabajar y lo hacíamos en lugares menos seguros, menos transitados.

Las incursiones policiales se acrecentaron. Actuaban conjuntamente la Policía Municipal y la Policía Nacional, concretamente de migración. Sufrimos cortes de tráfico y desvíos caprichosos de la circulación, calles cortadas a determinadas horas, redadas a las mujeres que se encontraban en “situación irregular”, insistentes controles de alcoholemia a los clientes, multas de tráfico injustificadas a horas intempestivas, etc. Es decir, poco a poco, las autoridades consiguieron poner en marcha la “diáspora” de prostitutas por Madrid. Tuvimos que desplazarnos a otros lugares como por ejemplo Capitán Haya y Paseo de la Castellana, Pintor Rosales y Parque del Oeste, Polígono de Villaverde (conocido también como Polígono Marconi), Montera y zona centro. Sitios, como éste último, que contaban con los inconvenientes consabidos: enfrentamientos y discrepancias con el vecindario, comerciantes, etc. Por si fuera poco, se colocaron cámaras en la vía pública que ahuyentaron a nuestros clientes. Las prostitutas nos vimos obligadas a demandar nuestras reivindicaciones ante el consistorio municipal y nos manifestamos exigiendo nuestros derechos en la calle de la Montera, en la zona centro de Madrid.

Particularmente, decidí desplazarme a trabajar hasta la localidad de Torrejón de Ardoz (Madrid) y estuve en sus inmediaciones cerca de 3 años. El inicio de obras de acceso a Torrejón, en la parte Este, me obligó a trasladarme al polígono conocido como Electrolux de Alcalá de Henares, donde se ejercía desde años antes. Poco duró la calma. El Ayuntamiento alcalaíno, liderado por el Partido Popular en aquel entonces, preparó una ordenanza municipal y entre sus puntos había uno que asestaba un golpe duro a la prostitución callejera y que contemplaba la prohibición de “ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o indirectamente de servicios sexuales retribuidos en el espacio público de la ciudad de Alcalá de Henares, en todo su término municipal.”  Las sanciones van de 300 a 3.000 euros de multa tanto para los clientes como para las trabajadoras del sexo. Esta ordenanza municipal, que entró en vigor en diciembre de 2010, desembocó en hostigamiento, persecución y acoso permanentes hacia nosotras. Ni siquiera podemos subirnos a un coche, a veces ni al propio. Desde entonces estamos penalizadas por ser prostitutas, independientemente de si estamos ejerciendo en ese momento o no.

La normativa trajo como consecuencia una mayor precarización:  A partir de ahí, al no contar con tiempo y tranquilidad para negociar los servicios, debemos apurar los acuerdos, desplazarnos más lejos para realizar los servicios sexuales acordados (con el consabido peligro que eso conlleva), estar pendientes de nuestros móviles porque, entre nosotras, nos alertamos mediante llamadas perdidas de la presencia policial.

Por las condiciones geográficas, no podemos subir a un coche ni para ir a tomar algo a las cafeterías próximas a la zona (cosa muy común) porque los efectivos policiales dan por sentado que vamos a dar un servicio. De nada sirve pararse a explicarles nada. Las multas van tanto para el conductor como para nosotras. Estamos absolutamente estigmatizadas por ejercer nuestro oficio. El Colectivo Hetaira ha sido testigo en directo, a veces, y vía telefónica, otras, de estas experiencias. Hubo una ocasión, en que por el solo hecho de encontrarme dentro de mí vehículo aparcado en el lugar, matando el tiempo de aburrimiento y jugando con mi dispositivo móvil, fui multada. Además nos influye mucho la intimidación que sufren los clientes; nos sentimos impotentes e indefensas.

 

La ley mordaza

Algunas compañeras, debido a la presión, cambiamos de lugar de trabajo. Decidí trasladarme al polígono de Villaverde, pero allí también se estaba preparando una normativa municipal similar a la de Alcalá de Henares que no llegó a aplicarse porque el Gobierno del Partido Popular aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza, que penaliza tanto a clientes como a trabajadoras del sexo. Dicha ley, que entró en vigor el 1 de julio de 2015, ha venido acompañada de consecuencias terribles: más estigmatización para nosotras, más hostigamientos, más actas de denuncias constantes por cualquier cosa: por pararnos aquí, por pararnos allá, por nuestras vestimentas (da igual cómo vistas, cualquier escote, falda, pantalón corto, largo o ceñido al cuerpo, blusa, vestido). Todo vale y justifica su denuncia impuesta, tanto si vas vestida como si no, si te encuentra en la acera como si no, si estás hablando, si vas en coche con alguien, si estás esperando el bus para marcharte, si estás parada o si estás en sitios estratégicos de la zona realizando servicios. Nosotras, las prostitutas somos juzgadas, en ocasiones, por la policía, juzgadas como “males madres”. Pueden soltarte tranquilamente la dichosa frase de “¿qué dirán tus hijos?”, porque la carga moral está presente en el momento que extienden la denuncia. Aquí no se salva nadie, ni el señor que vende los preservativos, ni el señor al que compramos los bocadillos, ni el cunda que nos hace de taxi. Todos son calificados de “puteros”, tratados como “criminales”… Y nosotras, vapuleadas, y nuestros datos personales utilizados para rellenar las denuncias hechas contra nuestros clientes o contra las personas que tratan de buscarse la vida en el polígono vendiendo bocadillos.

 

Reacción

Con esta ley en ejecución las putas llegamos a comprender lúcidamente que siempre se ha perseguido la prostitución, que se ha utilizado la ley de migración como excusa para perseguirnos y expulsarnos del país. Ahora ya hay un instrumento a nivel estatal. Días antes de la entrada en vigor de la ley mordaza, algunos policías de migración, concretamente del Grupo XI, nos lo advertían de manera pletórica y triunfal: “la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana acabaría con nuestra actividad”. Y se cumplió lo que nos habían prometido: las denuncias impuestas contra nosotras, las monsergas y reproches -casi peores‒ que acompañaban a las mismas.

En esta difícil situación –con más de 30 denuncias en una sola tarde‒ vimos la necesidad de protestar, gritar y hacernos escuchar. Así nació la Agrupación Feminista de Trabajadoras Sexuales (AFEMTRAS), conformada por mujeres cis, mujeres trans y travestidos. El colmo fue que el foco mediático sólo apuntaba hacia un objetivo: la denuncia de que una “posible víctima de trata” pudiera estar siendo multada. Porque para las autoridades sólo existen las “víctimas de trata”, nosotras no existimos. Y para los medios de comunicación, en ocasiones, tampoco. Y cuando existimos, se nos criminaliza por nuestra actividad.

Como AFEMTRAS estamos dando a conocer nuestra situación y nuestro descontento a medidas injustas, desproporcionadas e ineficaces. Ponemos el acento en las consecuencias negativas de la aplicación de leyes injustas sobre nuestras vidas. Asistimos, asombradas e indignadas, al descrédito que se hace de nuestro oficio y a la perversión que supone confundirla -intencionadamente‒ con la trata de personas.

Las trabajadoras del sexo apoyamos sin fisuras a las víctimas de trata y somos las primeras en ver “indicios” de trata y ponerlo en conocimiento de las asociaciones con quienes colaboramos. Quiero señalar también que son muchas veces los clientes quienes contactan con las autoridades y las asociaciones cuando detectan posibles casos de trata.

Pero, nosotras, profesionales del sexo estamos demandando a los consistorios espacios donde podamos trabajar sin molestar y sin ser molestadas. Las multas nos perjudican y las multas a nuestros clientes nos perjudican de manera flagrante (podemos no castigar a un comerciante por su actividad, pero si multamos a quienes entren en su establecimiento, le estamos perjudicando directamente). Tenemos la obligación de defender y “desdemonizar” a nuestros clientes porque entendemos que existe un contrato verbal de intercambio de servicios sexuales por dinero con el consentimiento de dos personas adultas y el Estado no debería de intervenir -y menos hacerlo con una moralidad propia de otros siglos-.

Por tanto, exigimos que las autoridades diferencien entre “trabajo sexual” y “trata de personas”. Si no es así, las víctimas de trata reales continuarán desprotegidas y nosotras soportando la indefensión y sin que nuestros derechos sociales y laborales sean reconocidos. Acaso, ¿alguien vive mejor sin derechos?

 

Comparecencia de Hetaira en la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de violencia de género

 

Colectivo Hetaira·Martes, 9 de mayo de 2017

 

Madrid, 08/05/2017

 

Gracias al Grupo Confederal de Unidos Podemos, En comú Podem En Marea por la invitación a comparecer en esta Subcomisión. Comparezco en nombre de Hetaira -colectivo que trabaja desde hace ya 22 años en defensa de los derechos de las prostitutas en nuestro país- y que forma parte del Movimiento Feminista de Madrid, de la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW), de la Red Internacional Europea TAMPEP, del Comité Internacional por los Derechos de Trabajador@s Sexuales en Europa (ICRSE), de la Coordinadora Estatal de VIH-Sida (CESIDA), de la Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual, de la Plataforma Estatal por los Derechos de las Personas Trabajadoras del Sexo, de la Plataforma CEDAW Sombra España y de la Plataforma No Somos Delito, entre otras.

 

La creación de esta subcomisión es un paso más para tratar de hacer frente a la violencia machista y esperamos que las recomendaciones que finalmente se hagan llegar al Gobierno sirvan para mejorar la asistencia a las víctimas de violencia de género y evitar más muertes y agresiones machistas. No obstante, no vale con que el Gobierno tome nota de las recomendaciones que de esta subcomisión salgan, sino que éste deberá hacer un esfuerzo para garantizar que algunas medidas se pondrán en marcha dentro un marco legislativo adecuado y que lógicamente contarán con un presupuesto económico. No parece que vaya a ser así a la vista de los Presupuestos Generales del Estado aprobados. Lo lamentamos profundamente. Lamentamos sobre todo que se pierda energía y tiempo en “debatir”, pero no en “poner en práctica” y “en hacer”. Porque también habremos hecho perder recursos a la sociedad española.

 

La ley contra la violencia de 2014 adolecía de algunos problemas. Así se lo hicimos saber en su momento las asociaciones feministas al Gobierno socialista. A pesar de ello, la ley supuso un gran avance y hubo consenso sobre la necesidad de un cambio cultural y de mentalidad. Sin embargo, se abandonaron las propuestas a largo plazo, aquellas basadas en la prevención en la educación o en la formación de profesionales en los diferentes sectores implicados. Lo que quedó en pie, finalmente, fue la parte penal.

 

Tampoco puede servir el Pacto de Estado para pasar a denominarle a cualquier situación discriminatoria contra las mujeres como “violencia machista. Por ejemplo cuando oímos expresiones del tipo: “Cobrar menos por un trabajo de igual valor es violencia”. Creemos que hemos de ser rigurosas, porque si metemos todas las situaciones discriminatorias en un mismo saco estaremos haciéndoles un flaco favor a las “víctimas reales de violencia de género”.

 

El “impulso masculino de dominio” no es el único factor desencadenante de la violencia sexista. Tenemos que seguir poniendo en cuestión, además, las estructuras familiares (núcleo de privacidad que amortigua o genera todo tipo de tensiones); el papel de la educación religiosa y sus mensajes sobre el amor; la falta de educación afectivo-sexual de menores y adolescentes que ayuden a resolver los conflictos futuros, etc.

 

Apostar exclusivamente por la filosofía del castigo sobre el autor concreto de una agresión concreta significa no repensar las sociedades en las que vivimos, no querer ver las responsabilidades de los Gobiernos y de las políticas públicas puestas en marcha por éstos para tratar de evitarlas.

 

La imagen exclusiva de “víctimas” tampoco ayuda a la lucha colectiva por los derechos de las mujeres pues no tiene en consideración nuestra capacidad de resistencia, de hacernos un hueco, de generar autoestima y empuje solidario entre nosotras.

 

Incluso en los casos de violencia de género o de víctimas de trata es importante reforzar la autonomía y la capacidad de decisión de las implicadas. Los movimientos feministas siempre cuestionaron el tutelaje y la falsa protección basada en considerar a las mujeres como “eternas niñas” necesitadas de protección por un Papá/Estado.

 

El conocimiento y el trabajo con mujeres concretas y diversas nos ha enseñado como éstas pueden dar la vuelta, y de hecho se la dan, a las situaciones de subordinación con las que pueden encontrarse. Y como escribía Gayle S. Rubin: “Los márgenes y los bajos fondos pueden ser un lugar de rebeldía”.

 

Contar con los relatos de las víctimas de violencia de género nos sigue pareciendo una de las mejores fórmulas para encontrar estrategias y posibles soluciones. Conocer de primera mano sus necesidades (que pueden ser distintas dependiendo de cada mujer, de cada caso) debería ser una prioridad.

 

Nuestra comparecencia está centrada en materia de trata y prostitución.

 

Trata de personas

 

¿Tiene algún sentido incorporar medidas concretas contra la trata en una ley de violencia de género o en un Pacto de Estado? ¿Se trata de una buena herramienta o, por el contrario, tendríamos que enmarcarla en otro contexto para proteger a las víctimas de trata y luchar contra el delito? Desde Hetaira creemos que tendríamos que separarlo por responsabilidad política y por ser más eficaces a la hora de prevenir y atajar tanto la violencia de género como la trata.

 

La trata de mujeres es una manifestación de la violencia de género. Y figura -gracias a las presiones de muchas ONG’s- como delito en el Código Penal español desde hace unos años. Además puede conllevar otros delitos también tipificados ya en nuestra legislación

 

La trata de personas se da en muchos sectores económicos, no sólo en prostitución. Nos la encontramos en la industria textil, en la agricultura, en la mendicidad, en matrimonios forzosos, en el servicio doméstico. Y son víctimas de trata tanto menores como personas adultas (mujeres y hombres cis, mujeres y hombres trans). La CEDAW pide explícitamente que se tipifiquen todas las manifestaciones de trata (y no sólo aquellas que se dan dentro de la industria del sexo).

 

Una ley integral de lucha contra la trata (que viene reclamándose desde 2012) tendría que garantizar la protección y la recuperación integral de las víctimas y debería abordar la lucha contra la trata desde una perspectiva de derechos humanos. Nos faltan datos, siempre nos falta conocer cuántas personas se encuentran en situación de protección, cuántas personas están viviendo en lugares seguros, cuántas personas han accedido a permisos de trabajo y residencia, cuántas personas consiguieron la condición de asilo por ser víctima de trata (se cuentan con los dedos de una mano, con un poco de suerte, de las dos) cuántas personas han sido indemnizadas por el sufrimiento causado (sabemos que ninguna).

 

La persecución del delito se está haciendo, pero no se está trabajando con el mismo ímpetu en la protección de las víctimas y en poner en primer plano los derechos humanos. Contamos con ejemplos dolorosos, como las expulsiones de posibles víctimas de trata de los CIE’s; víctimas que no han recibido protección sino que han sido contempladas como migrantes sin papeles.

 

Correr el riesgo de saturar los juzgados de violencia de género con casos tan complejos como el de la trata no nos parece una buena idea.

 

Otro problema con el que nos encontraríamos es que el delito de trata, por lo general, traspasa fronteras. Por tanto la persecución del delito fuera de nuestras fronteras exige investigar en otros países y colaborar con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de esos países.

 

Nuestras recomendaciones/propuestas al Gobierno en este punto son las siguientes (exponemos sucintamente algunas cuestiones):

 

. identificación de las víctimas de trata con garantías, no siendo consideradas migrantes sin papeles.

 

. el plan contra la trata debe extenderse a todas las situaciones y dejar de denominarse “de mujeres y niñas con fines de explotación sexual”;

 

. que la colaboración con las autoridades policiales no sea una condición indispensable para poder recibir protección. Es inaudita la existencia de la “contraprestación” en el delito de trata.

 

. indemnizaciones económicas para las víctimas

 

. contar con la opinión y el trabajo de las ONG especializadas.

 

. seguir gastando ingentes cantidades de dinero institucional para explicar que la trata es un delito (algo que toda la sociedad entiende), nos parece un despropósito cuando aún faltan recursos habitacionales para las víctimas, un ingreso mínimo que les permita sobrevivir en un ambiente relajado, etc, etc… Prioricemos los recursos, acojamos a las víctimas, persigamos el delito y transmitamos todo esto a la sociedad. Es la mejor manera de mostrar la realidad y que se comprenda. No podemos delegar el problema de la trata en la “conciencia ciudadana”.

 

. derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana (ley mordaza) que, como bien saben (porque se aprobó en el Parlamento) multa indiscriminadamente a quienes ejercen la prostitución en espacios públicos y a sus clientes. Y en ocasiones, a víctimas de trata.

 

. por último, exigimos recursos públicos, dependientes de las instituciones.

 

La prostitución es un trabajo

 

En la prostitución hay machismo. También hay machismo en la política. Pero Vds. eso ya lo saben, es a lo que se dedican y conocen perfectamente quién se sienta en cada escaño, ¿verdad? Las prostitutas soportan el machismo como lo soportan Vds., las políticas, o las periodistas o las profesoras universitarias o las cajeras de los supermercados. Y se hace lo que se puede, colectiva e individualmente. Vivimos en sociedades machistas. Es lo que tenemos en común.

 

El Gobierno español, en los dos últimos años, ha reducido la deuda gracias al aumento del PIB, un aumento que ha venido por contabilizar la entrada de dinero de la prostitución. ¿No les parece impresentable que no se reconozca legalmente la legitimidad del trabajo sexual, que no se reconozcan los derechos de estas personas y que por el contrario se contabilice el “supuesto” dinero que mueve? A nosotras sí.

 

El grupo de expertos en materia de trata de la Unión Europea, GRETA, insiste en que la prostitución no equivale automáticamente a trata. Esta distinción es imprescindible tanto para abordar la trata en toda su complejidad como para encontrar soluciones a la hora de acabar con la discriminación que sufren las prostitutas.

 

La prostitución por decisión propia no es violencia, es el trabajo, la actividad económica para muchas personas que reorganizan sus vidas en función del intercambio de servicios sexuales por dinero. Este intercambio se produce entre gente adulta y con mutuo consentimiento.

 

¿Tiene algún sentido seguir repitiendo que “la prostitución es violencia de género”, al tiempo que mantenemos la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida por ley mordaza, que multa a quienes ejercen la prostitución en los espacios públicos, el sector más débil?

 

¿tiene sentido mientras seguimos manteniendo discriminadas a las personas que la ejercen: discriminadas a la hora de poder alquilar una vivienda o pedir un crédito, trabajadoras sin derechos laborales, sin derecho al paro, soportando situaciones laborales que contravienen todas las legislaciones posibles, sin derecho a una pensión de jubilación…?

 

¿qué pensamos hacer con las mayores que dejaron su vida en la calle?

 

¿la propuesta de incorporar la prostitución a una ley contra la violencia de género supondría la inmediata supresión de las multas por la ley mordaza?

 

¿supondría que las prostitutas pasarían a ser víctimas de violencia de género? ¿con qué beneficios? ¿tendrían asegurado las prostitutas su nivel económico de ser así?

 

Pero, como bien podrán imaginar, no estamos en absoluto de acuerdo con la incorporación de la “prostitución” en un futuro Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La prostitución decidida no es violencia de género, sino una actividad económica para muchas mujeres que llevan tiempo reclamando derechos laborales para acabar con las malas condiciones en que se ejerce y con el estigma que pesa sobre ellas por dedicarse al trabajo sexual.

 

Amnistía Internacional está pidiendo la despenalización del trabajo sexual a nivel mundial. Sus últimos informes publicados, hace justo ahora un año, recoge a través de sendas investigaciones las violaciones de derechos humanos que sufren las trabajadoras y los trabajadores sexuales en Noruega, Argentina, Hong Kong y Papúa Nueva Guinea. Les recomiendo que lean, al menos el informe sobre Noruega y la persecución que están sufriendo quienes ejercen. Entre otras muchas cosas, sufren “desalojos inmediatos” de sus viviendas y de sus espacios de trabajo.

 

Las trabajadoras del sexo, como la mayoría de nosotras, buscan la manera de vivir lo mejor posible dentro de las opciones que la vida les ofrece. Y, por supuesto, deciden. En esta medida, la oferta de servicios sexuales es un trabajo para ellas, trabajo que debe ser reconocido legalmente, acabando con la hipocresía que hoy existe al respecto y articular los derechos sociales y laborales que se desprenden de ello. Los mismos derechos sociales y laborales de los que ya disfrutan sus señorías (permisos de maternidad, vacaciones pagadas, protección frente al desempleo, días libres, etc…).

 

Seguir negando esto y mantener a las prostitutas en la situación de discriminación actual contribuye, entre otras cosas, a que sigan siendo explotadas laboralmente, perseguidas y acosadas por la Policía y sufriendo abusos y agresiones de cualquiera que se lo proponga.

 

El proceso de estigmatización que sufren las trabajadoras sexuales hace que por el hecho de ejercer la prostitución se las considere una categoría particular de personas: “traumatizadas”, “trastornadas”, “víctimas extremas de las circunstancias” y lo que es peor sin capacidad de decisión sobre sus propias vidas.

 

El aumento de la presencia de migrantes trabajadoras sexuales ha sido la excusa perfecta para el desarrollo de políticas represivas en materia de prostitución y su aceptación por parte de las instituciones políticas. El hecho de que generalmente lleguen de manera irregular, sin papeles, así como el que se dediquen al ejercicio de la prostitución en un país donde no está reconocida como “actividad económica” favorece todo tipo de abusos sobre las inmigrantes que cuentan con menores recursos económicos. Esta situación ha servido de pretexto para definir la prostitución como violencia de género, no teniendo en cuenta las condiciones que favorecen que algunas prostitutas sufran diferentes formas de violencia sino considerando que es la prostitución en sí y, por lo tanto, los hombres con su demanda lo que hace que estos abusos sean posibles.

 

Discriminación es también la invisibilidad que soportan las prostitutas autoafirmadas y organizadas desde hace décadas a nivel mundial. Este sector de mujeres autoafirmadas, profesionalizadas y que se reivindican a sí mismas con orgullo, es el que se quiere ocultar cuando se habla de la prostitución desde una óptica victimista y sobreprotectora, asimilándola toda a violencia de género, al indefinido concepto de “esclavitud sexual” o a la trata. Palabras con fuertes resonancias emocionales pero que sirven de poco para entender las diferentes situaciones que se dan en el ejercicio de la prostitución. Sirven para hacer demagogia pero no para empoderar a las trabajadoras del sexo, a las que se niega su capacidad de decisión, su libertad y su autonomía para hacer con su cuerpo lo que quieran.

 

Para Hetaira lo importante sigue siendo estar cerca de quienes ejercen por decisión propia y entender y apoyar sus estrategias de supervivencia.

 

Hay partidos políticos que abogan por la erradicación de la prostitución. Pero ¿en qué se han concretado sus políticas públicas allá donde han gobernado (en ayuntamientos y comunidades autónomas)?

 

. En sus programas jamás vemos un plan de acción que contemple medidas sociales que puedan beneficiar a las prostitutas que voluntariamente desearan abandonar la prostitución, por los motivos que sea, muchas veces por no soportar el estigma social. Tan sólo se han puesto en marcha, en ocasiones, tímidos talleres y cursos a los que han podido acceder una cantidad ridícula de mujeres y que no les ha permitido abandonar la prostitución. Cursos de formación limitados, en muchas ocasiones, a trabajos precarizados y con una contraprestación económica insuficiente, que impide que dejen la calle.

 

. poniendo en marcha normativas cívicas ciudadanas (que multan a clientes, lo que significa castigar a las mujeres dejándoles sin fuente de ingresos); o normativas que multan a ambos o aplicando la ley mordaza;

 

. gastando cantidades ingentes de dinero público en campañas que “criminalizan a los clientes” y, por ende, a quienes ejercen;

 

 

. escribiendo guías con recomendaciones dirigidas a los medios de comunicación que hasta niegan a las mujeres la posibilidad de autodefinirse como trabajadoras del sexo.

 

. a hacer ruido ante el Consejo de Estado sobre la prohibición de publicidad de los anuncios de prostitución en los medios de comunicación. Intento baldío en el siglo XXI y con Internet al alcance de toda la población.

 

Poca cosa, poco serio, ¿no les parece? Y lo peor, ninguna de estas políticas públicas han tenido nunca en cuenta a sus protagonistas, las trabajadoras del sexo.

 

Cualquier plan contra la violencia hacia las mujeres, pero que suponga más “violencia institucional” contra algunas de ellas, en este caso las prostitutas, será un fracaso, un fracaso del Parlamento y un fracaso del feminismo y jamás contará con nuestro apoyo.

 

Si afirmamos tan contundentemente que la prostitución es violencia de género ¿qué deberíamos exigir para las “supuestas víctimas”, las prostitutas? ¿resarcirles económicamente por el sufrimiento causado?

 

Comparar trata (donde la voluntad de la víctima es nula) con prostitución por decisión propia es un ejercicio de cinismo. Comparar el sufrimiento de la trata frente a la decisión de quienes deciden ejercer la prostitución es pura demagogia.

 

La prostitución no es violencia de género, sin embargo, las prostitutas, en ocasiones (y además de sufrir violencia institucional) sufren y pueden sufrir agresiones por el hecho de ser mujeres. Y en este caso sí reclamamos medidas de protección para ellas.

 

Sólo por recordar, hace años nos vimos obligadas a denunciar que los servicios de atención a las víctimas de violencia de género dependientes del Ayuntamiento de Madrid no estaban atendiendo a mujeres que ejercían la prostitución y que querían denunciar a su compañero afectivo o sentimental, porque se consideraba que se trataba de su “proxeneta”. El estigma de nuevo en marcha. El estigma que considera que una puta no puede tener vida privada, ni una familia ni mucho menos un compañero afectivo.

 

Las políticas públicas nunca contemplaron una sola campaña de sensibilización de no estigmatización a las prostitutas. Exigimos acabar con la estigmatización que pesa sobre ellas (no son delincuentes, no son basura, no se “venden” a nadie), porque esta estigmatización llevará a que más de un indeseable -apoyándose en las propias políticas públicas discriminatorias- decida agredir a alguna de ellas o incluso asesinarla.

 

En la medida en que entendemos la prostitución como trabajo, con características especiales (el estigma entre otros), nuestras recomendaciones al Gobierno pasan por:

 

. normalización del trabajo sexual y derechos laborales y sociales para las prostitutas (de este modo, no ocurriría lo que ocurre a día de hoy día, que los empresarios de clubes de alterne imponen prácticas sexuales y/o clientes, entre otras cosas).

 

. que las migrantes puedan conseguir sus permisos de trabajo y residencia por ser trabajadoras del sexo.

 

. regular las relaciones laborales cuando median terceros. Para ello es fundamental que se derogue la última modificación que se hizo del artículo 188 bis del Código Penal que considera delito “lucrarse explotando la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de la misma”. Este añadido, (“aún con el consentimiento de la misma”) impide los tratos comerciales de las prostitutas en mejores condiciones y enmascara las relaciones que se están dando dentro de los clubes. ¿Por qué no evitar la explotación laboral que sabemos suceden en los clubes? ¿por qué no evitar maratonianas jornadas de trabajo? ¿por qué no normalizar la prostitución como trabajo para garantizar salarios dignos? ¿por qué no prevenir los riesgos laborales? ¿por qué no la existencia de convenios colectivos que regulen la situación?

 

. además de que la ley tenga en cuenta los aspectos básicos como licencias, localización de locales, etc… debería tener también en cuenta los horarios especiales los descansos semanales, separar el lugar del trabajo del lugar donde se vive (algo impensable en cualquier otro tipo de trabajo).

 

. priorizar los locales autogestionados y cooperativas de trabajadoras sexuales.

 

. no conceder licencias a truts o personas individuales que cuenten con antecedentes penales, especialmente por violencia de género o por trata.

 

. la negociación de espacios públicos, a través de políticas persuasivas y no criminalizadoras, de manera que quienes captan a su clientela en la calle puedan trabajar minimizando todo tipo de riesgos (también la de las posibles agresiones de algunos clientes).

 

. respeto al trabajo sexual. Celebración del 2 de Junio, Día Internacional de las Prostitutas.

 

. dípticos y reparto de materiales en lugares de ejercicio de prostitución contra las agresiones machistas, que las prostitutas sepan que tienen a los Ayuntamientos, a las Comunidades Autónomas y a los Gobiernos de su parte (y no en su contra).

 

. retirada inmediata de la ley mordaza, es imposible depositar tu confianza en quien te persigue y te multa día sí, día también.

 

. celebración del 17D, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Trabajadoras del Sexo.

 

. que se contabilicen las agresiones a las y los profesionales del sexo.

 

. es importante que se avance en el respeto al trabajo sexual y dejar de gastar dinero en discursos estériles. Nuestros adolescentes no necesitan que se les diga que no han de ser “consumidores de prostitución”, lo que necesitan es aprender que el RESPETO es el único camino posible para relacionarse en un encuentro sexual, sea pagado o no y siempre que exista previo consentimiento.

 

En 2016, desde Hetaira contabilizamos, a través de los medios de comunicación, al menos cinco asesinatos de trabajadoras del sexo cometidos en nuestro país. Tres de las víctimas eran mujeres trans. Ninguno de estos delitos puede quedar impune. Ningún asesinato puede ser justificado, tampoco el de las prostitutas. Sus muertes merecen ser igualmente lloradas y reclamadas por los movimientos de mujeres.

 

Muchas gracias por su atención.