Por un movimiento feminista donde quepamos todas  (Colectivo de Prostitutas de Sevilla)

 

Los pasados 9 y 10 de febrero se celebró en Granada el Primer encuentro de la Coordinadora Andaluza Feminista, en el que estaban invitadas a participar todas las asociaciones feministas de Andalucía, así como mujeres independientes sin pertenencia a ningún colectivo. No estaba permitida la participación en representación de partidos políticos ni sindicatos, así como la de hombres compañeros feministas.

 

COLECTIVO DE PROSTITUTAS DE SEVILLA

21 de febrero de 2019

 

I Encuentro Feminista Andaluz, celebrado en Granada COLECTIVO DE PROSTITUTAS DE SEVILLA

 

El objetivo del encuentro era la organización de la huelga feminista del 8 de marzo, que también se ha ido trabajando a nivel estatal y en otras autonomías, y se seguirá trabajando a nivel local por las distintas asambleas y plataformas. Otros objetivos han sido los de establecer líneas y acuerdos comunes, ir dando pasos para una organización estable como movimiento y poner los acentos en lo que nos une como feministas, y no en lo que nos separa.

Casi 300 mujeres de toda Andalucía, pertenecientes a diversas realidades y colectivos (también a partidos y sindicatos, aunque no vinieran en nombre de ellos) nos encontramos en un clima que se preveía tenso y que discurrió, para nuestra sorpresa y agrado, sin mayores sobresaltos.

Tras los acontecimientos ocurridos recientemente en varias ciudades españolas, donde grupos abolicionistas han intentado imponer a la fuerza su visión del feminismo y han provocado situaciones violentas para nuestras compañeras y aliadas, las representantes del Colectivo de Prostitutas de Sevilla acudíamos con mucha tensión, preocupadas hasta tal punto que una de nuestras compañeras con problemas de conciliación no se atrevió a asistir con su hijo de 8 años. Entendíamos que podía ser un espacio inseguro para niñes, especialmente para hijes de prostitutas. Es vergonzoso que esto ocurra en espacios feministas y, por ello, celebramos que Andalucía haya sido un ejemplo de feminismo asambleario e inclusivo: un lugar seguro para todas las mujeres y también sus hijes.

El espíritu de incluir a todas las mujeres en el encuentro estuvo especialmente presente en la mesa redonda “Retos del feminismo en Andalucía: Transversalidad e Interseccionalidad”. Fueron protagonistas de esta mesa diferentes cuestiones tales como: el control y la represión de los cuerpos en el espacio público que se permite gracias a la conocida como “Ley Mordaza”; la necesidad de abordar el binarismo sexual y romper con los esencialismos, asumiendo que las identidades, deseos y cuerpos sexuales son diversos; las dificultades que las mujeres del medio rural encuentran a la hora de organizarse y visibilizar sus demandas; la situación del trabajo doméstico y la normalización de la precariedad en este sector altamente feminizado; y, por último, el estado de explotación de las mujeres migrantes y racializadas, y como éste es legitimado a través de la Ley de Extranjería, impidiendo su plena ciudadanía y la organización y creación de redes de resistencia entre éstas.

Todas estas demandas, reivindicaciones y protestas a las que se les ha dado especial protagonismo se presentan absolutamente necesarias dentro del movimiento feminista andaluz, para así dar cuenta de la pluralidad, heterogeneidad y complejidad que le caracteriza. Sin embargo, y pese a estar absolutamente en sintonía con todas las demandas expuestas en la mesa, desde nuestro Colectivo entendemos que dentro de este marco teórico que intenta romper las fronteras de la lucha feminista, hablar de la ausencia de derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual y su situación de precariedad se torna absolutamente imprescindible. Tal y como se desarrolla en la metodología aplicada en el encuentro “no nos reconocemos en el feminismo institucional, nos reconocemos como un feminismo autónomo, anticapitalista, interseccional, antifascista, antirracista”, y es justo este análisis interseccional el que permite introducir, contextualizar y entender las problemáticas de las putas en general y de las putas andaluzas en particular.

A las mujeres que ejercemos la prostitución nos afectan todas las opresiones y desigualdades anteriormente denunciadas, nos atraviesan todos los posibles ejes de opresión: somos pobres, migrantes, racializadas, con diversidad funcional, sexual y de género. La posibilidad de control en los espacios públicos es mayor en nuestra comunidad debido a cambios en la leyes autonómicas y ordenanzas municipales que criminalizan y legitiman la violencia institucional contra nosotras, un ejemplo claro es el hostigamiento y persecución que hoy sufren las prostitutas en Sevilla o en Málaga. Éstas son las tendencias punitivas que se están dando para abordar problemáticas sociales y en Andalucía se han materializado en forma de una Ley Mordaza disfrazada de Ley de Igualdad, que castiga y sanciona como infracción grave los actos culturales, artísticos o lúdicos que desde ese lugar institucional se considere que “justifiquen o inciten a la prostitución o la violencia de género”, lo cual representa un intento brutal de silenciar nuestros espacios de debate y encuentro.

Somos el colectivo de mujeres atravesado por todos los ejes de opresión y, sin embargo, se nos ha mantenido al margen de toda consideración, presencia y análisis. Tal y como sostiene Dolores Juliano en “La prostitución, el espejo oscuro”, sobre las putas se mantienen diversas atribuciones peyorativas y desvalorizantes que hasta hace poco se extendían a todas las mujeres y, por lo tanto, en ámbitos en los que las mujeres como grupo han batallado durante años para la consecución de los derechos, las putas continúan estando discriminadas.

Felicitamos y agradecemos tanto a las organizadoras como a las participantes el respeto que recibimos, y cómo se canalizó de forma firme y respetuosa el intento muy minoritario de dos participantes por romper dos de los consensos de base; a saber: la no participación de sindicatos en la Comisión y el no debatir sobre prostitución. No era ese el objetivo del encuentro, nadie quería que se repitieran situaciones como las sucedidas en las asambleas de Madrid, Valencia y Barcelona.

Pero queremos hacer hincapié en que no hace falta llegar a acuerdos sobre si el feminismo debe ser abolicionista o pro-derechos para incluir a las putas en el movimiento feminista. El feminismo es diverso, hay desacuerdos y posiciones divergentes en muchos asuntos. Las prostitutas somos un colectivo marginado y atravesado por el estigma, por ser putas. ¿Acaso no queremos todas la protección y mejores condiciones para la vida de las mujeres que ejercemos la prostitución? Tenemos la certeza que dentro del movimiento feminista podemos llegar a acuerdos, por ejemplo en las siguientes propuestas:

  • Alternativas laborales reales para las mujeres que quieren salir de la prostitución.
  • Cursos de formación pagados y de calidad, que no condenen a las mujeres a empleos precarios, feminizados, donde van a ser explotadas y empobrecidas.
  • Recuperar la figura de la mediadora establecida por el Convenio de Salud Andaluz (prostituta/ex-prostituta) ahora ocupado por mujeres sin ninguna experiencia o vinculación con la prostitución. Esta es una alternativa laboral que les ha sido robada a las prostitutas.
  • Tarjeta sanitaria para las mujeres que ejercen la prostitución.El Convenio de Salud aprobado por la Junta de Andalucía en el 2011 acordaba conceder la tarjeta sanitaria a las prostitutas sin necesidad de estar empadronadas. El ayuntamiento de Sevilla reconoce en su evaluación contra la prostitución que esta medida no ha sido puesta en marcha y nos consta que a nuestras compañeras que trabajan en clubes o en pisos no se les ofrece, tampoco desde las entidades que las atienden. También pedimos que nuestras compañeras migrantes sin documentación puedan acceder a la tarjeta sanitaria sin necesidad de empadronamiento.
  • Eliminar las multas a las mujeres por ejercer las prostitución en la calle a través de las ordenanzas municipales, como está sucediendo en Málaga. Estaremos de acuerdo en que estas prácticas criminalizan y empobrecen más a las mujeres y las condena a mayor vulnerabilidad al tener que ir a lugares más aislados, con poco tiempo o capacidad de negociación, para evitar las multas. O a trabajar para terceros ya sean en clubes o pisos donde la explotación económica y laboral es mayor por carecer de derechos frente a los empresarios. En Sevilla, se las penaliza a través de hostigamiento, desacato a la autoridad, por llevar objetos de autodefensa, etc.
  • Que cesen las redadas dirigidas a las migrantes irregulares que ejercen la prostitución. Actualmente, las mujeres de origen nigeriano son mayoritariamente trasladadas a CIE y posteriormente deportadas, mientras que a las mujeres de origen latino-americano les son dadas órdenes de expulsión. Esta jerarquía de trato fluctúan dependiendo de las subvenciones destinadas de/a determinados países. Y además, si son supuestamente víctimas de trata: ¿por qué se las expulsa en lugar de protegerlas?
  • Protección real a las víctimas de trata. Cese de deportaciones y órdenes de expulsión, apoyo real sin límite de tiempo con garantías sociales y jurídicas para que las compañeras puedan denunciar.
  • Asilo político a las víctimas de trata: en los 10 últimos años sólo se han concedido 25 asilos para las víctimas de trata de todos los sectores : agricultura, servicio doméstico, textil, prostitución.
  • Acabar con los 20 días de “reflexión” para las víctimas de trata(sin ningún tipo de atención) para que recapaciten si proseguir con la denuncia de trata, en caso de que no lo sean o decidan no denunciar, son trasladadas a los CIES. El funcionamiento del sistema carcelario de los CIES incide de manera diferente entre mujeres y hombres. Las mujeres son también usadas como mano de obra en estos centros de internamiento y pueden permanecer arrestadas durante un tiempo ilimitado si las necesidades de mantenimiento de estos centros así lo requieren.
  • Cierre inmediato de los CIE, por las razones expuestas anteriormente.
  • Derogación de la Ley de Extranjería. Esta ley es responsable de las situaciones de abuso que viven las prostitutas migrantes, que son la inmensa mayoría. Sufren continuamente controles de extranjería, llevados a cabo por motivos de discriminación racial. Como la prostitución no tiene estatus legal, no pueden cumplir con las restricciones que impone la ley y, por lo tanto, se ven obligadas a permanecer en un círculo de clandestinidad del que no pueden salir y acceder a otros trabajos si así lo desearan.
  • Derogación de la ley Mordaza. Las prostitutas somos el colectivo con más multas impuestas por esta ley, con más de 500 multas hasta la fecha.
  • Derogación del artículo 76 de la ley de igualdad de Andalucía.Tanto los colectivos de prostitutas organizados como las asociaciones pro derechos podemos ser multados con hasta 60.000€ por “organizar o desarrollar actos culturales, artísticos o lúdicos” si la posición de las participantes no es claramente abolicionista, ya que se puede considerar que “justifica o incita la prostitución”.

Si bien estamos de acuerdo con no abordar el asunto y con que, en este estado de las cosas, mejor no incluir el tema dentro de las reivindicaciones del 8M para así manifestarnos todas con base en acuerdos mínimos, creemos que es necesario sentar bases y criterios para que el debate sobre prostitución se pueda dar, podamos escucharnos y llegar a acuerdos que nos parecen posibles. Sin embargo, hace falta metodología respetuosa con todas las voces y, sobretodo, es imprescindible que en estos actos y debates siempre estemos las prostitutas. Somos nosotras las que conocemos la realidad y las máximas afectadas por las medidas y políticas que se plantean. Tenemos voz, tenemos criterio, nos estamos organizando y queremos que se nos escuche. Nos parece indignante cuando se habla de feminismo sin las mujeres, ¿cómo es posible que nos planteemos hablar de prostitución sin las prostitutas?

En el Manifiesto del 8 de marzo de 2018 defendíamos que “Nuestra identidad es múltiple, somos diversas. Vivimos en el entorno rural y en el entorno urbano, trabajamos en el ámbito laboral y en el de los cuidados. Somos payas, gitanas, migradas y racializadas. Nuestras edades son todas y nos sabemos lesbianas, trans, bisexuales, inter, queer, hetero… Somos las que no están: somos las asesinadas, somos las presas. Somos TODAS.” Soñamos con que ese TODAS en el movimiento feminista también incluya a las putas algún día.

 

Facebook: Colectivo de Prostitutas de Sevilla

Twitter: @ProstitutasSev

e-mail: Colectivo.prosev@gmail.com

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Robo de niños en España: “A mí me han dado con la Ley Mordaza en toda la boca”

13 de enero de 2018

 

La escritora Consuelo García del Cid ha sido acusada de calumnias e injurias tras exponer ante el Senado español el drama de los bebés robados del franquismo y asegurar que en España “se continúan robando niños en manos de la Administración Pública.”

 

Consuelo García del Cid durante su intervención en el Senado el pasado 28 de mayo

 

Mientras el Parlamento Europeo y la ONU instan al gobierno español a investigar la trama de niños robados enraizada en la última dictadura, los presuntos involucrados se blindan ante las denuncias y criminalizan a víctimas y activistas. Es el caso de la investigadora y escritora Consuelo García del Cid Guerra, acusada de injurias y calumnias por poner sobre la mesa del Senado español el robo de niños desde el franquismo hasta el día de hoy. Y es que la activista manifestó que este delito de lesa humanidad sigue vigente en España gracias al actual Sistema de Protección de Menores que “ha cambiado en las formas, pero no en el fondo. Ahora el robo de niños es legal”. Después de recordar que existen más de 300.000 víctimas a las que aún se les niega el derecho a la identidad, García del Cid subrayó que en la actualidad “es más que alarmante el caso de secuestros institucionales de menores que atentan contra los derechos fundamentales de los niños y sus familias”. En su exposición, describió cómo ahora, sin necesidad de orden judicial y a través de un Ministerio de Asuntos Sociales regido en parte por funcionarios con varias décadas en sus cargos, se retiran hijos por motivos tan cuestionables como ser inmigrante o madre soltera, haber sido tutelada en la infancia, estar sin trabajo, en riesgo de pobreza o sufrir violencia de género. La escritora manifestó además que, cuando las familias intentan defenderse por la prohibitiva y lenta vía judicial “magistrados octogenarios que aplican el derecho de una manera autárquica y parcial, como por ejemplo el señor Carril Pan de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Tarragona, evitan de forma inconstitucional el traslado de estas causas al Tribunal Supremo. Y la falta de competencias es un derecho de gravedad y trascendencia jurídica por ser un claro indicio de prevaricación“. Estas palabras, recogidas en su libro El desmadre de los Servicios Sociales a través del testimonio de una afectada que vio archivarse una tras otra las denuncias que interpuso contra el citado magistrado, le han costado una acusación por vía penal a cargo de la Fiscalía Provincial de Madrid y del propio Carril Pan. Por delitos de injurias y calumnias contra funcionario público, Consuelo García del Cid tendrá que declarar ante el Juzgado de Instrucción número 26 de Barcelona el próximo 16 de enero.

Me parece indignante que se pueda ir contra un escritor que hace su trabajo de investigación –opinó el periodista Javier Salaberría en el programa de radio Vuelo 714– Es un ataque a la libertad de expresión. Lo que nos debería preocupar es lo que señala la investigadora, no si este señor se siente ofendido por unas declaraciones. A este juez lo definen como una institución del poder judicial, pero si él mueve más que el interés general, estamos ante el fracaso de la independencia judicial. Porque hubo una actuación instantánea de la Fiscalía sin contrastar lo que se expone en el libro de Consuelo y sin cuestionarse si el juez está diciendo la verdad, lo cual es muy preocupante mientras hay niños y familias que están sufriendo un sistema que es totalmente inhumano.

Con miedo a la verdad

Amenazar con penas de cárcel y multas estratosféricas se ha convertido en la estrategia de un poder judicial que obstaculiza y archiva la mayoría de las denuncias sobre los niños robados, sin ni siquiera tomar testimonio. Uno de los motivos apunta a la implicación de jueces, médicos, abogados, políticos y personalidades relevantes del actual panorama español. Es el caso de Margarita Robles, Portavoz del PSOE en el Congreso, denunciada por el robo del bebé de Clara Alfonsa Reinoso en una clínica de Barcelona durante 1987, cuando Robles era Jueza de Menores. Aunque la causa se archivó, Reinoso intenta reabrirla con nuevas pruebas. Si su petición prospera, el escándalo será mayúsculo y salpicará a muchos nombres respetables.

Entiendo que haya grupos políticos o grupos de élite que estén resistiendo porque alguna gente va a quedar expuesta en algo tan bárbaro como es robar niños a madres y padres -reflexiona David Carracedo, diputado por Podemos y Vocal de la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia-. En la medida que empiece a ser viable iniciar una investigación seria como reclaman las Naciones Unidas o el Parlamento Europeo, vamos a encontrarnos con más casos como el de Consuelo, que es vergonzoso, ya que su libro plantea una serie de indicios razonables de posible prevaricación administrativa. Estamos ante una serie de mordidas de aquellos que se empiezan a ver acosados y temen lo que se les viene encima. Haría una reflexión acerca de la impunidad en este país y de la necesidad de acabar con ella.” concluye el parlamentario. Mientras, la realidad del actual Sistema de Protección de Menores español habla por sí sola: cada niño tutelado sirve para engordar una descomunal infraestructura institucional de centros gestionados por fundaciones religiosas y empresas privadas. Por cada menor se reciben entre 4000 y 9000 euros mensuales de las arcas públicas y de subvenciones europeas. Las familias son separadas a la fuerza de sus criaturas -despliegue policial mediante si hace falta y sin garantías procesales- por decisión de meros técnicos administrativos que pueden ordenar una retirada sin mediación judicial ni pruebas. El Estado español tutela en este momento a más de 40.000 niños y niñas, algunos por padecer verdaderas situaciones de desamparo como maltratos y abusos, pero a otros por considerar “no aptos” a sus padres y familiares biológicos al aplicar baremos ideológicos y morales similares a los de antaño, según García del Cid. Al respecto, el diputado David Carracedo añade “hay una fórmula legal que permite a los Servicios Sociales quitar la patria potestad permitiendo un abuso clasista en el que la Administración, con unos patrones muy claros, define qué deber ser un ‘hogar decente’ y unas condiciones de vida dignas mientras dictamina quitarles a sus niños a quienes no las cumplen.” Además, la investigadora apuntó durante su intervención en el Senado que órdenes religiosas como la de las Oblatas o Adoratrices, en la mira por el robo de niños de antes y a cargo de muchos centros de menores en la actualidad, son galardonadas con frecuencia sin haber depurado responsabilidades pasadas. En 2002 y 2012 se les otorgó la Cruz de Plata de la Orden Civil de la Solidaridad Social, y en 2015 el Premio de Derechos Humanos Rey de España.

Más voces críticas

Pero no sólo Consuelo García del Cid denuncia esta tragedia silenciada. Numerosos colectivos de trabajadores de lo social, movimientos de madres afectadas como el de Marea Turquesa o pediatras de renombre como Carlos González, se suman a visibilizar este drama. Por si fuera poco, el hacinamiento y las malas condiciones sufridas por las criaturas en los centros de menores están saliendo a la luz cada vez con mayor frecuencia. Incluso muertes no esclarecidas y redes de prostitución que se nutren de menores tutelados han saltado a los titulares en los últimos años.

El sistema de Protección también es muy criticado por romper de manera drástica todo vínculo biológico entre madres e hijos una vez separados, someterlos a un régimen carcelario en caso de concederse una hora de visita vigilada semanal o quincenal, y por entregar a los niños en adopción cuando las familias aún reclaman su vuelta a través del largo e infructuoso proceso judicial. Un sistema condenado desde Estrasburgo con varias sentencias contra la Administración española. Pero llegar a Bruselas cuesta unos diez años y, para ese entonces y por más que se les dé la razón a los padres, los hijos ya han sido adoptados y no hay vuelta atrás. Como señala Javier Salaberría, “es increíble la pasividad de la Fiscalía de Menores ante todas las denuncias que se están presentando sobre los abusos de la Administración en relación a las tutelas de menores”. Sin embargo, a la hora de procesar a los imputados por las propias instituciones, la Justicia cobra velocidad. Milud y Aicha estuvieron acampados en las puertas del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales durante 15 meses. Les quitaron a sus tres hijos de golpe y les entregaron un único papel para justificar esa brutal intervención. A pesar de su angustia, nadie les decía dónde, cómo o con quién estaban sus hijos. Durante el tiempo que durmieron en una tienda de campaña a los pies de la sede de menores, tampoco obtuvieron ninguna respuesta. Pero ellos no se iban a marchar de allí sin sus niños. La hija mayor se escapó varias veces del centro donde la internaron para volver con sus padres. Pero al final, Milud y Aicha levantaron campamento por orden judicialCatalina Cirer, que fue alto cargo de la Admistración de Menores, miembro del Partido Popular y actualmente investigada por prevaricación, denunció a la pareja por calumnias e injurias, ofendida con las pancartas que la señalaban como corrupta. En un juicio donde su declaración gozó de presunción de veracidad y sin ninguna prueba que acreditase su versión, Cirer testificó que Milud la había amenazado con el dedo. Él y su mujer han sido condenados a tres años de cárcel cada uno y a pagar 12000 euros de multa cuando apenas logran subsistir con sus modestos ingresos. A su hija mayor la trasladaron a más de mil kilómetros para evitar otras fugas. Está en uno de esos hogares terapéuticos para menores denunciados por Amnistía internacional en un informe llamado “Si vuelvo, me mato”.

A la Asociación mallorquina Infancia y Derecho, que surgió en defensa de éstos y otros muchos afectados, se la criminalizó abriendo una causa penal a dos de sus integrantes por el supuesto secuestro de un menor. Por calumnias e injurias también está imputada Pilar Lozano, activista del movimiento de madres afectadas Marea Turquesa . La lista es larga. En España, señalar la corrupción puede salir muy caro. De hecho, la primera en pisar la cárcel por la trama de niños robados del franquismo será Ascención López, una bebé robada acusada de calumnias e injurias por la monja a la que denunció. “El país que miente, oculta o niega su propia Historia, ya sea pasada o presente, está condenado irremediablemente a repetirla” dijo Consuelo García del Cid para cerrar esa intervención en el Senado que le puede costar la libertad y muchos miles de euros. Por el momento, el 16 de enero, fecha en la que la escritora está citada a declarar, habrá una concentración en su apoyo a las nueve de la mañana en la Ciutat de la Justicia de Barcelona.

 

Entre rejas por denunciar su adopción ilegal 

Ascención López se animó a denunciar a la monja que en 1964 había tramitado su más que irregular adopción. De hecho, ni siquiera existe partida de nacimiento y su propia madre le confesó antes de morir que la compró recién nacida por 250.000 pesetas. Pero su gesto le acarreó una denuncia de injurias y calumnias por parte de la religiosa. Finalmente condenada, con dos hijos, sin recursos económicos y con una salud muy deteriorara, Ascención adeuda una indemnización de cuarenta mil euros a la monja y una multa de tres mil euros. Al no poder abonar esas cantidades, la bebé robada irá a prisión. El indulto, que se puede conceder siempre que la denunciante esté de acuerdo, tampoco ha sido viable. La religiosa no sólo le niega su perdón, sino que exige que se ejecute la condena con celeridad. Mientras, el caso de la adopción ilegal de Ascención ha sido archivado a pesar de los claros indicios que la señalan como víctima de la trama del robo de bebés.

 

Putecismo

 

 

 

 

1.- ¿Qué es la prostitución?

La prostitución es el intercambio de sexo por dinero u otros bienes, al margen del matrimonio.

2.- ¿En qué se diferencia del matrimonio?

En el matrimonio se busca la reproducción y la crianza de los hijos, y no solo la satisfacción sexual. Por esa razón se limita el número de participantes y se firma un contrato a largo plazo.

3.- ¿Es mala la prostitución?

La prostitución consta de sexo y dinero. El sexo es bueno y el dinero también, por lo que la prostitución en sí no puede ser algo malo. Cualquier cosa que se puede hacer legítimamente de manera gratuita, se puede hacer también legítimamente cobrando por ella. 

4.- No siendo mala en sí misma, ¿hay algo que haga mala la prostitución? 

La violencia machista de algunos clientes, la violencia institucional del Estado, la explotación laboral ejercida por terceros, la discriminación social, hacen sufrir a las prostitutas. Pero este sufrimiento causado a las prostitutas no significa que la prostitución en sí sea mala, sino que la hacen mala los malvados que no nos respetan.

5.- No tener otra opción para sobrevivir que la prostitución, ¿significa que ésta es mala?

No. Eso significa que el sistema económico y social en el que vivimos es malo, ya que permite que exista la pobreza. 

6.- ¿Somos malas las prostitutas?

La prostitución no es mala porque no hace daño a nadie, por lo tanto las prostitutas no somos malas.

7.- ¿Es “inmoral” la prostitución?

La moralidad o inmoralidad de algo se establece con referencia a una ley moral. Algunas religiones que subestiman a la mujer consideran inmoral el sexo fuera del matrimonio y, por tanto, la prostitución. Pero, en un Estado aconfesional, las leyes morales solo obligan a quienes voluntariamente las aceptan.

8.- ¿Es ética la prostitución?

El principio básico de la ética es el respeto a los demás y, por tanto, la prostitución es ética, pues no hace daño a nadie y, por tanto, debe ser igualmente respetada por todos, por el mismo principio ético.

9.- Entonces, ¿por qué se usa “puta” como insulto para las mujeres e “hijo de puta” para los hombres?

Porque la sociedad desprecia injustamente a las prostitutas: es lo que se llama “estigma de puta.”

Además, la palabra “puta” es una herramienta que el patriarcado utiliza como insulto para oprimir y aleccionar a la mujer que se rebele ante cualquier norma que establezca lo que el sistema no considera adecuado y haga peligrar así su control sobre ella. Cualquier mujer que decida vivir su vida y su sexualidad a su manera es considerada puta.

10.- ¿Qué significa “estigma”?

Marca o señal en el cuerpo, especialmente la impuesta con un hierro candente como signo de esclavitud o de infamia. Para las prostitutas, es una marca simbólica, pero igualmente infamante y de por vida, infligida por los prejuicios de la sociedad. 

11.- ¿Por qué marca la sociedad a las prostitutas con el estigma de puta?

La sociedad se basa en la ficción hipócrita de que el sexo es algo sucio que solo debe ser usado para la reproducción dentro del matrimonio y no para buscar placer, al tiempo que necesita un mínimo de libertad sexual que permita el placer sexual que es inseparable de la vida. La solución a este dilema es cargar sobre las prostitutas toda la culpa y el desprecio de lo que realmente es la conciencia de su propia naturaleza como sociedad, para así mantener la imagen de sí misma como limpia y virtuosa. Cuanto más evidente es la mentira, con más fuerza debe la hipocresía marginar y castigar a quien es en sí misma la verdad: la prostituta.

12.- ¿Es nocivo el estigma?

Las personas estigmatizadas son aisladas, devaluadas, rechazadas y vilipendiadas. Experimentan discriminación, insultos, ataques e incluso asesinatos. La interiorización del estigma es lo que más daño hace a las prostitutas. Induce sentimientos de pérdida de valor personal, de culpa, de vergüenza, de fatalismo… Paraliza a la prostituta en su lucha por conseguir sus derechos y facilita la explotación y la aceptación resignada de leyes injustas. Limita seriamente la calidad de vida, al obligarla a llevar muchas veces una doble vida y a ocultarse como si fuera una delincuente.

13.- ¿Cómo podemos librarnos del estigma?

Como seres sociales que somos, nos vemos reflejadas en los demás. Sólo nuestras hermanas, las putas empoderadas, nos devolverán el reflejo de lo que realmente somos: mujeres luchadoras y valientes que no debemos avergonzarnos por lo que hacemos ni humillarnos ante nadie. En la soledad no nos libraremos del estigma, ni nos librarán de él las “salvadoras” que nos proponen el camino de las víctimas indefensas.

Esto en cuanto al estigma interior, el más venenoso. Del estigma exterior, del injusto castigo que nos impone la sociedad, nos libraremos cuando consigamos que las leyes sean justas con nosotras.

14.- ¿Es compatible la denominación “puta” con la liberación?

La palabra “puta” es el estigma en sí mismo. Solo venciéndola se vence el estigma. Y se la vence de dos maneras: impidiendo su uso normalizado por la sociedad, por los medios de comunicación y, a la vez, apropiándonos nosotras del mismo, es decir, transformando el “estigma de puta” en el “orgullo de puta”. Para nosotras y entre nosotras, el glorioso nombre de puta; para los de fuera, el glorioso nombre de trabajadora sexual.

15.- ¿Desde cuándo las putas somos “trabajadoras sexuales”?

A finales de la década de 1970, la activista neoyorkina Carol Leigh acuñó el término “trabajo sexual”. “El uso del término ‘trabajo sexual’ marca el comienzo de un movimiento”, escribió Carol Leigh. “Reconoce el trabajo que hacemos en lugar de definirnos por nuestra condición”. Desde entonces, el término ha sido progresivamente utilizado, en primer lugar por el movimiento que reivindica el reconocimiento de sus derechos, y luego por académicos, instituciones y medios de comunicación de todo el mundo.

16.- Entonces ¿el trabajo sexual es un trabajo como cualquier otro?

Ningún trabajo es como cualquier otro: cada uno es según la naturaleza del servicio que presta. Pero todos tienen en común que son reconocidos como trabajo por las leyes. La naturaleza del trabajo sexual es, como su nombre indica, sexual, pues sexual es el servicio que presta; y todavía no ha sido reconocido legalmente como trabajo por eso mismo: por su naturaleza sexual, que los jueces en su sentencias han considerado que es ilícita, indigna e inmoral.

Existen relaciones laborales que reúnen todos los requisitos de la prestación de trabajo pero que, por sus especiales características, se rigen por normativas propias. Se trata de las relaciones laborales especiales. A éstas sólo se les aplicará la normativa laboral general en aquellos aspectos no contemplados en la norma específica que regula dicha relación. Estas relaciones laborales especiales son, entre otras, la alta dirección, el servicio del hogar. los deportistas profesionales y los estibadores portuarios.

El trabajo sexual sería una relación laboral especial en la que lo primero sería el respeto a la libertad sexual de la trabajadora y, por tanto, la autoridad empresarial sería limitada (horarios, etc.). Asimismo, no sería ofertado en las oficinas de empleo. Es lo que ocurre (en contra de lo que dice la propaganda abolicionista) en los países en los que la prostitución por cuenta ajena tiene consideración de trabajo. Además, sería precisa una regulación estricta de los propietarios de burdeles (según el modelo de Nueva Zelanda), que deberían obtener un certificado de validez temporal, demostrando carecer de determinados antecedentes delictivos, además de otras obligaciones.

17.- ¿Es cierto que la prostitución no puede ser considerada trabajo porque es ilícita, indigna e inmoral?

Los jueces deben administrar las leyes y basar en éstas sus sentencias.

Ilícito es igual que ilegal, luego la prostitución no es ilícita porque no es ilegal.

Dignidad es “el valor de la persona que se manifiesta en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida”, luego lo indigno es negarnos a las prostitutas nuestra dignidad en una sentencia.

Inmoral es lo que atenta contra la moral… ¿Qué moral? ¿La moral personal de los jueces? La moralidad tiene una dimensión subjetiva   mientras que la ley tiene un carácter objetivo y, en consecuencia, un acto solo se convertirá en ilícito si encaja con lo que expresa una norma jurídica.

La negación a las prostitutas de nuestros derechos laborales es un ataque al Estado de Derecho y a la Constitución. Es un ataque a nuestros derechos humanos.

18.- ¿Cuáles son los marcos legales del trabajo sexual en el mundo?

Son cuatro: prohibición, regulación/legalización, abolición y despenalización.

19.- ¿En qué consiste la prohibición?

En los Estados prohibicionistas, se considera a la prostituta una delincuente que debe ser castigada por la ley y perseguida por la policía, sufriendo castigos que llegan a la pena de cárcel y obligandola a trabajar en la clandestinidad, donde puede ser objeto de todo tipo de abusos por terceros, por clientes e incluso por la misma policía. Es el caso de Estados Unidos.

20.- ¿En que consiste la regulación/legalización?

Los Estados que regulan la prostitución reglamentan (legalizan) estrictamente el ejercicio de la prostitución mediante medidas que lesionan los derechos humanos de las trabajadoras sexuales estigmatizándolas negativamente, tales como el registro obligatorio, los controles sanitarios obligatorios, la limitación del derecho a la libre circulación… De hecho, la regulación puede considerarse una prohibición parcial, que afecta a todas aquellas prostitutas que, por una u otra razón, no se someten a las normas regulatorias.

21.- ¿En que consiste la abolición?

El régimen abolicionista considera a la prostituta una víctima incapaz de decidir sobre su propia vida que debe ser protegida, y penaliza a todos aquellos que ella necesita para hacer su trabajo: terceras partes y clientes. De hecho, aunque diga lo contrario, penaliza indirectamente a la prostituta, ya que la obliga a trabajar en condiciones de clandestinidad que ponen en riesgo su seguridad. Y también la penaliza directamente, aunque afirme lo contrario, al separarla de sus hijos, estigmatizarla a los ojos de la sociedad e incluso, en algunos casos, privarla de libertad para su “rehabilitación”.

22.- ¿En qué consiste la despenalización?

La despenalización (también llamado modelo proderechos) elimina de las leyes toda referencia a la prostitución y a las prostitutas, que pasan a depender de las leyes generales, que son consideradas suficientes para establecer para ellas los mismos derechos y deberes que tienen todos los ciudadanos. Es el modelo vigente en Nueva Zelanda, donde además se aprobó una Ley de Prostitución que, con el fin expresado de proteger a las trabajadoras sexuales, regula el funcionamiento de los burdeles y a los operadores de los mismos, que deben solicitar un certificado demostrando que carecen de antecedentes penales.

El modelo de Nueva Zelanda es el preferido por las trabajadoras sexuales de todo el mundo.

23.- ¿Qué modelo tenemos en España?

España siguió el modelo abolicionista, con penalización del proxenetismo aún con consentimiento de la prostituta, desde 1956 hasta 1995, año en el que la prostitución fue totalmente despenalizada. Sin embargo, desde 2003 vuelve a seguir el modelo abolicionista, aunque moderado en su aplicación por los jueces, que solo castigan el proxenetismo coactivo. No obstante, en los últimos años, se han ido introduciendo medidas punitivas para algunas de las prostitutas que ejercen en la calle, mediante la Ley Mordaza y las ordenanzas municipales de algunos ayuntamientos, siguiendo una tendencia penalizadora que recuerda a la de los últimos años de la etapa abolicionista franquista con su Ley de Peligrosidad Social.

Hay una intensa actividad por parte del lobby abolicionista que intenta reimplantar de forma plena el modelo abolicionista, añadiendo además a la penalización de todo tipo de proxenetismo la penalización de los clientes, lo que se conoce como “modelo sueco”.

24.- Realmente, ¿se puede penalizar la prostitución?

Realmente, no, ya que el acto de prostitución no puede existir a los ojos de la ley, dado que pertenece de pleno derecho al ámbito de las libertades individuales, pertenece a la vida íntima de las personas y la intimidad está protegida por la ley; toda penalización necesita, por tanto, basarse de forma exclusiva en la figura de la prostituta, mujer estigmatizada a la que se le pueden retirar sus derechos fundamentales mediante un acto administrativo.

Es decir, el primer paso es marcar a una mujer como prostituta y, a continuación, negarle los derechos que tienen todas las mujeres.

Así, la penalización de la prostitución de calle convierte a la policía en policía controladora de la moral de las mujeres, con poderes para discriminar a simple vista a las mujeres que son putas de las que no lo son y castigar a las “inmorales” por el solo hecho de estar en la calle.

25.- ¿Qué es el abolicionismo?

El abolicionismo es una corriente ideológica sectaria fruto de la alianza de las llamadas “feministas radicales” con los sectores más reaccionarios de la derecha. Las abolicionistas buscan la prohibición de la prostitución (lo que ellas llaman “abolición”) mediante la negación a las prostitutas de nuestra capacidad de decidir sobre nuestros propios cuerpos y nuestras propias vidas, Esta incapacitación contraria a nuestros derechos fundamentales las lleva a considerar a los clientes como violadores y como proxenetas a todos quienes reciban dinero de nuestra parte; de esta forma, pretenden imponer por ley el bloqueo económico total de las trabajadoras sexuales. Para conseguir sus fines, atacan a cualquier trabajadora sexual que desafíe el estigma y dé la cara defendiendo su libertad de elección.

El abolicionismo utiliza su influencia en partidos políticos y medios de comunicación e intenta sin descanso impedir que nos organicemos para defender nuestros derechos, prestando así un gran servicio a quienes se aprovechan económicamente de nosotras. Promueven con su propaganda la violencia contra nosotras, y se lucran económicamente de las subvenciones de las instituciones públicas que controlan.

El abolicionismo ataca directamente la libertad sexual de las mujeres y debe ser tipificado por tanto en el Código Penal como delito contra dicha libertad. Las abolicionistas promueven campañas de odio contra las prostitutas y deben ser procesadas por delito de odio.

26.- ¿Todas las feministas son abolicionistas?

No, en absoluto. Aunque las abolicionistas han conseguido influir en importantes sectores del feminismo, los sectores defensores de los derechos de las mujeres, incluído el derecho a prostituirnos, mantienen su posición en defensa de las trabajadoras sexuales y son nuestras firmes aliadas.

27.- ¿Cuál es el papel de las aliadas en nuestra lucha?

Las aliadas (y los aliados) tienen su propia agenda (derechos humanos, feminismo…), más amplia que la nuestra. Ellas no luchan directamente por sus propios intereses, como nosotras, sino que lo hacen de forma totalmente altruista, por lo que merecen todo nuestro reconocimiento. Su colaboración es totalmente necesaria para el éxito de nuestra lucha, pero no debemos olvidar que sólo nosotras podemos ser las protagonistas de nuestra propia liberación. Es indispensable que creemos organizaciones constituídas y dirigidas de forma independiente por nosotras mismas.

28.- ¿Qué organizaciones de trabajadoras sexuales hay ahora mismo en España?

Asociación Feminista de Trabajadoras Sexuales (AFEMTRAS), Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS), Putas Libertarias del Raval, Asociación de Profesionales del Sexo (Aprosex) y Colectivo Caye. También hay un sindicato: Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS) y una sección sindical (de la IAC Catalunya): Unión Sindical de Trabajo Sexual (USTS). Organizaciones formadas por trabajadoras sexuales y aliadas son Colectivo Hetaira y Colectivo de Ayuda a Trabajadoras del Sexo (CATS).

29.- ¿Dónde reside la fuerza de la organización de trabajadoras sexuales?

En el fuerte vínculo que nos une, como compañeras que somos en el puterío. Es lo que se ha llamado “zorroridad”, fusionando las palabras sororidad (que es el sentimiento de hermandad entre todas las mujeres que defiende el feminismo) y zorra.

Somos putas feministas y la zorroridad es nuestra fuerza.

30.- ¿Qué es la trata de personas?

La trata de personas se define como “la captación, el traslado, el transporte, la acogida o la recepción de una persona utilizando la violencia, amenazas, engaño, rapto, el abuso de poder o abuso de la situación de vulnerabilidad u otros elementos de coacción con el fin de someterla a explotación y lucrarse con su actividad.

“Esa explotación incluye la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual.

“El consentimiento dado por la víctima no será tenido en cuenta cuando se den las circunstancias mencionadas.”

En España, está tipificada la trata de personas con fines de explotación sexual en el art.177 bis del Código Penal.

Hay algunos aspectos de esta tipificación que a veces no son comprendidos.

El más importante, quizás, es que la víctima de trata da su consentimiento a esa operación de traslado, consentimiento que es invalidado por un juez —pues solo un juez puede determinar quién es víctima de trata— si aprecia que ha habido violencia, amenazas, vulnerabilidad, etc. Estas coacciones no pueden ser de tal intensidad como para haberse violado el libre consentimiento de la persona, pues en ese caso no sería trata, sino secuestro (art.164 del C.P.).

El delito de trata es un delito “de intención” que se consuma en el momento en el que la víctima y el tratante cierran su trato, independientemente de que llegue a producirse la entrega en el lugar de explotación. Los delitos que se produzcan desde el momento de esta entrega, relacionados con la explotación, son independientes del delito de trata.

Todo trabajo asalariado en el sistema capitalista es explotación por definición, ya que del mismo el empresario obtiene su beneficio, es decir, se lucra. Explotación sexual es la explotación laboral de las prostitutas expresada desde el punto de vista abolicionista, que considera que la prostitución no es trabajo. En ningún caso explotación sexual es sinónimo de violencia de género o violación, delitos que tienen su propia tipificación independiente.

La víctima de trata no se considera a sí misma víctima, pues nadie se considera víctima de sus propias decisiones. Ha optado por la que ha considerado su mejor opción dadas sus circunstancias. Esto choca con la necesidad del Estado de conseguir un número mínimo de sentencias condenatorias por trata que le permita aprobar el examen que el Departamento de Estado de los Estados Unidos hace anualmente a todos los países. Ante esta necesidad, se opta por presionar a las presuntas víctimas de trata para que pasen a considerarse víctimas y denuncien , aprovechando la situación de vulnerabilidad en que las coloca la Ley de Extranjería, y utilizando métodos como la amenaza de deportación, la retirada de sus hijos, si los tienen, o las falsas promesas de permiso de residencia y trabajo.

No se debe confundir la trata, pues, con las situaciones de abuso a las que se ven sometidas las trabajadoras sexuales inmigrantes, que son consecuencia de la clandestinidad que las impone la Ley de Extranjería y la falta de reconocimiento de derechos laborales, circunstancias ambas que las dejan indefensas ante los dueños de los clubes.

31.- Y ¿por qué dicen las abolicionistas que trata sexual y prostitución son la misma cosa?

Desde el punto de vista distorsionado de la realidad que tienen las abolicionistas se puede deducir esa afirmación, ya que las abolicionistas dicen que todas las prostitutas, por el hecho de serlo, somos vulnerables y objeto de coacción, con lo que se cumplirian las condiciones para ser consideradas víctimas de trata. Como además alientan la confusión generalizada entre los delitos que se producen en el lugar de trabajo y que llegan a los tribunales (y que pueden ser espeluznantes, como palizas, violaciones, abortos forzados, etc.) y el delito de trata, que ya hemos visto que no tiene nada que ver, concluyen que eso demuestra que la prostitución es en sí misma violencia y coacción, y así lo difunden en su propaganda.

Bien es cierto que, si se aceptara el dogma abolicionista de que las prostitutas no somos dueñas de nuestros actos, no se cumplirían las condiciones para ser consideradas víctimas de trata, ya que la condición del delito de trata es que exista el libre consentimiento (si no, sería secuestro). Solo podríamos ser consideradas víctimas de trata de niñas, ya que en los menores no existe la posibilidad de libre consentimiento y de hecho, eso es lo que ocurre: que para las abolicionistas las prostitutas somos niñas.

Nuestro eslogan ¡TRABAJO SEXUAL NO ES TRATA! defiende nuestra dignidad frente al intento de las abolicionistas de negar nuestra capacidad de decidir sobre nuestros propios cuerpos y nuestras propias vidas.

32.- ¿Es delito la explotación de la prostitución ajena?

Según la actual legislación española, sólo es delito la explotación de la prostitución ajena si se hace mediante coacción (art.187 del C.P.). Exactamente, si se hace a través de la imposición de “condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas” o si se aprovechan de “una situación de vulnerabilidad personal o económica”. La apreciación acerca de cuándo concurren dichas circunstancias queda abierta a la interpretación de los jueces.

Las abolicionistas defienden la penalización de todo tipo de explotación de la prostitución ajena (también llamada “proxenetismo”) y no sólo de la coactiva. De llegar ser así, todo trabajo sexual por cuenta ajena sería condenado a la clandestinidad, con el empeoramiento de condiciones que eso supondría para las trabajadoras sexuales. Además, interpretado de forma amplia el “proxenetismo”, podría alcanzar a todo el que recibiera dinero de la trabajadora, desde su pareja o sus hijos hasta su casero o el servicio de seguridad, como ya ocurre en otros países.

El movimiento pro derechos de las trabajadoras sexuales defiende la despenalización de las terceras partes (nombre preferible al estigmatizado de “proxenetas”), dentro del ámbito general de total despenalización de la prostitución, aunque con la garantía del reconocimiento de derechos laborales para las prostitutas y, preferiblemente, la promulgación de una Ley como la de Nueva Zelanda que regule a los propietarios de burdeles.

33.- ¿Qué es el tráfico de personas?

El tráfico de personas es el delito consistente en facilitar el paso clandestino de la frontera a un inmigrante a cambio de una remuneración. Podría llamarse “contrabando de personas”.

En el tráfico de personas, al contrario que en la trata, no hay víctima, pues la relación del inmigrante con el traficante se extingue una vez atravesada la frontera y no existe intención de posterior explotación, como en la trata. Además, en la trata no es preciso que exista paso de fronteras, pues puede ocurrir en territorio español, sin necesidad de que éste sea lugar de origen, tránsito o destino.

Es muy frecuente la confusión entre los términos “tráfico” y “trata”, facilitada a veces porque en inglés trata se dice “trafficking” (y tráfico se dice “smuggling”). Ante la duda, recordad siempre que en el delito de tráfico de personas no existe víctima.

34.-   ¿Hasta qué punto sufren explotación las trabajadoras sexuales en los clubes y pisos?

En el sistema capitalista, todos los trabajadores sufren explotación: explotación laboral. La diferencia entre el valor de lo que producen y el salario que reciben es el beneficio con el que se lucra el empresario. Esta explotación, vista desde el punto de vista de la clase dominante que controla el Estado, es legal, legítima, decente, digna y moral.

Las trabajadoras sexuales a terceros sufren pues, como cualquier otro trabajador, explotación laboral.

Pero la explotación laboral puede ser modulada por la relación de fuerzas entre trabajadores y empresarios. La lucha de los trabajadores a lo largo de muchos años han conseguido los derechos laborales que permiten que la relación salarios y condiciones de trabajo / beneficios empresariales sea objeto de negociación.

Las trabajadoras sexuales nos vemos injustamente desposeídas de nuestros derechos laborales y de nuestra capacidad de negociación, por lo que podemos decir que nos vemos sometidas a sobreexplotación laboral.

35.- Y, las compañeras “de deuda” ¿sufren algún tipo particular de explotación?

Las trabajadoras sexuales inmigrantes —como el resto de personas inmigrantes— casi siempre tienen que endeudarse para poder financiar su proyecto migratorio. Cuando el acreedor es el mismo empresario, como suele ocurrir a las trabajadoras sexuales que trabajan en clubs, aparece la posibilidad de abusos. El empresario puede imponer unas condiciones económicas a la trabajadora que haga que su deuda no termine nunca de desaparecer e incluso aumente. Es lo que se llama “peonaje por deuda”. Este abuso es posibilitado por la Ley de Extranjería, que pone a la trabajadora sexual inmigrante en manos del empresario, que es su único “protector” frente a la policía que intentaría deportarla. Porque la deportación es lo que más teme la trabajadora sexual inmigrante, ya que la devolvería a la situación de pobreza de la que intenta escapar, agravada aún más por la deuda contraída.

La explotación particular que pueden sufrir las compañeras “de deuda” es posibilitada por la Ley de Extranjería, ley rechazada por todos los defensores de los derechos humanos. Por eso, nuestra primera reivindicación como trabajadoras sexuales, solidarizándonos con las más vulnerables de nuestro colectivo, debe ser la ¡DEROGACIÓN DE LA LEY DE EXTRANJERÍA!

El segundo factor que permite los abusos contra las prostitutas “de deuda” es la falta de derechos laborales y, en particular, del derecho a la libre sindicación. Porque en una situación de recuperación de la totalidad de nuestros derechos humanos, las condiciones laborales en los burdeles serían objeto de negociación y vigilancia por parte de los sindicatos que, además, tendrían por ley derecho al libre acceso a los clubs y a hablar libremente con las trabajadoras, lo que evitaría los abusos derivados de la falta de información.

36.- También dicen que la prostitución es “violación pagada”…

Una de las razones por las que las abolicionistas dicen que en la prostitución no existe la libre decisión es porque, según ellas, hacer algo a cambio de dinero por necesidad de dinero es actuar bajo coacción. Eso lo dicen solo para el trabajo sexual, claro. “El dinero es como el cuchillo en el cuello”, llegan a decir. Pero la coacción que realmente existe es la de quienes niegan a las mujeres pobres alimento, vestido y vivienda, para ellas y para quienes dependen de ellas, si no es a cambio de dinero. La auténtica violencia es la pobreza.

Con esta opinión, las abolicionistas revelan su ideología de clase acomodada. Se revelan como las portavoces de la clase dominante explotadora que no está dispuesta a que las mujeres se liberen del paro y de sus salarios de miseria.

37.- … y “violencia de género”.

Es lo mismo que decir que es “violación pagada”. Pero como saben que ningún juez considerará a un cliente de prostitución como violador, rebajan la “violación” de las prostitutas (según defienden) a una mera “violencia de género” que puede saldarse con una multa. Esto es lo que han conseguido que vote el Parlamento Europeo en 2014 y, aunque no es más que una recomendación a los Estados, las abolicionistas españolas se aplican con entusiasmo a multar y estigmatizar a los “puteros” con la vista puesta en una Ley estatal que aplique en España el “modelo sueco”.

38.- ¿Por qué llaman siempre “puteros” a nuestros clientes?

Llamar puteros a nuestros clientes es llamarnos a nosotras putas con todo el desprecio y el odio que sienten hacia nosotras. Intentan reforzar al máximo nuestro estigma con el fin de contagiar del mismo a nuestros clientes. Porque, como nos quieren tanto, nos quieren librar de nuestros “maltratadores” y dejarnos así sin la fuente de nuestro sustento. Pero nosotras no odiamos a los hombres y, desde luego, no consideramos maltratadores a nuestros clientes. Odiamos, como mujeres, la violencia machista, y los malos clientes, y reclamamos nuestros derechos para poder defendernos de éstos. Las abolicionistas quieren enviarnos a la clandestinidad para que solo los malos clientes se atrevan a desafiar sus multas. Las abolicionistas quieren abolir la prostitución exterminando a las putas.

39.- Las putas, ¿somos agente político?

Las putas empoderadas —es decir, conscientes de nuestra dignidad, nuestros derechos y la fuerza de nuestra unidad— somos agente político de primer orden, porque nuestra causa es la causa de la liberación de las mujeres, de la liberación de las clases oprimidas y de la defensa de las libertades democráticas como garantía de derechos humanos; y porque, además, somos la piedra de toque de esas luchas:

  • estar con las putas es estar con las mujeres, con los oprimidos y con la democracia,
  • estar contra las putas es estar con el patriarcado, con el capital y con el totalitarismo fascista.

40.- Una puta empoderada, ¿debe necesariamente presentarse en público como tal?

No, de ninguna manera. El empoderamiento es un proceso personal que lleva desde la vergüenza de puta hasta el orgullo de puta. El empoderamiento es colectivo, y cada una participa en el mismo según sus circunstancias, sin que eso suponga una jerarquización de compromisos. Aquéllas que dan la cara y actúan como portavoces de todas nosotras merecen el máximo reconocimiento y son indispensables para avanzar, pero tambíén actúan con valentía las que participan en manifestaciones o ruedas de prensa bajo máscaras y, también, cualquiera de nosotras que, en su fuero interno, se atreve a desafiar el estigma.

41.- ¿Existe una jerarquia entre las trabajadoras sexuales?

No, de ninguna manera. El estigma de puta nos marca a todas por igual. Hacer distinciones entre “prostitución de supervivencia”, “prostitución bajo explotación laboral” o “prostitución autónoma” con el fin de dar más valor a la libre decisión de unas que a las de otras es un error que sólo lleva a la división. Cada una tiene sus motivaciones personales y todas son igualmente respetables. El estigma de puta que a todas nos oprime por igual también nos une a todas por igual como hermanas.

42.- ¿Cuáles son nuestras reivindicaciones políticas?

Seis reivindicaciones políticas resumen la lucha por nuestros derechos, por el reconocimiento de nuestra dignidad, por la total despenalización del trabajo sexual y por la protección frente a todo tipo de explotación.

43.- (1) Derogación de la Ley de Extranjería

Porque sin ella, aún después de que consigamos los derechos laborales, los dueños de los clubs se seguirían lucrando a costa de las trabajadoras sexuales en situación irregular, sin derechos ni opción a establecerse por cuenta propia.

¡Ninguna persona es ilegal!

44.- (2) Derogación de la Ley Mordaza y de las ordenanzas municipales antiputas

Porque esas leyes no sancionan ninguna conducta en particular, sino que dan poderes especiales a la policía para actuar como policía moral y clasificar arbitrariamente a las mujeres en putas y no putas, multando y extorsionando a las primeras por hacer lo mismo que hacen las segundas.

¡Por la democracia y contra el régimen talibán!

¡Todas somos iguales!

¡La calle es de todas!

45.- (3) Reconocimiento del carácter laboral del trabajo sexual

Una ocupación con la que nos ganamos el sustento es trabajo porque esa es la definición de trabajo. Nos niegan el carácter laboral de la prostitución por cuenta ajena haciendo la falsa dicotomía entre alterne y prostitución, cuando todo el mundo sabe que son inseparables. La hipocresía judicial nos condena a la sobreexplotación laboral al negarnos los derechos laborales, que son derechos fundamentales.

¡Trabajo sexual es trabajo!

46.- (4) Regulación estricta de los dueños de burdeles

Exigimos una ley que regule a los dueños de burdeles “para salvaguardar nuestros derechos humanos, protegernos de la explotación y promover nuestro bienestar, nuestra salud y nuestra seguridad”, como dicen los primeros artículos de la Ley de Reforma de la Prostitución de Nueva Zelanda, que tomamos como modelo.

¡Basta de respaldo legal a la patronal para que nos explote laboralmente sin control!

47.- (5) Tipificación del abolicionismo como delito contra la libertad sexual

Tan delito contra la libertad sexual es forzar a alguien a ejercer la prostitución como forzar a alguien a abandonarla contra su voluntad. Exigimos la tipificación del abolicionismo como delito contra la libertad sexual (Título VIII del Libro II del Código Penal). El abolicionismo conspira continuamente contra nuestra dignidad, es decir, contra nuestro derecho constitucional a decidir sobre nuestros propios cuerpos y nuestra propia vida. Mientras el abolicionismo no sea penalizado, la libertad sexual de las mujeres estará bajo continua amenaza.

¡Por la libertad, contra el totalitarismo!

48.- (y 6) Apartar de nuestras leyes cualquier alusión a “considerar irrelevante el consentimiento” de cualquier persona.

Y, por tanto, supresión del párrafo 3ª del art. 177 bis del Código Penal. El consentimiento no es otra cosa que la dignidad de la persona que es el fundamento mismo de la legitimidad de la Constitución. Considerar irrelevante el consentimiento de cualquier persona es atentar contra sus derechos fundamentales y hace nula por inconstitucional cualquier ley que se base en esa consideración. Esa negación del consentimiento —de la dignidad— de las prostitutas es la clave del intento abolicionista de convertirnos en una especie de “raza inferior”, de cosificarnos y deshumanizarnos, y constituye una amenaza no solo para nosotras, sino para la esencia misma de la democracia.

¡Nuestro cuerpo, nuestra decisión!

¡Las mujeres no somos niñas!

49.- Y para terminar, ¿debo creer y estar de acuerdo con todo lo que he leído en este Putecismo?

No necesariamente. Leer, reflexionar, volver a leer y debatir es el método, pero mi única maestra es mi experiencia y mi único guía, mi instinto.

 

 

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Se terminó este Putecismo el día 2 de octubre de 2018,

bajo la auspiciosa mirada de la muy veneranda,

divina entre las divinas,

Afrodita Porné.

 

 

 

 

 

Los derechos de las trabajadoras sexuales, en seis reivindicaciones

 

 

Como defensora de los derechos de las trabajadoras sexuales y aliada entregada; 

y como persona, extranjera global y puta potencial, 

estas son mis reivindicaciones:

 

 

Mi primera reivindicación es:

¡DEROGACIÓN DE LA LEY DE EXTRANJERÍA!

 

Mi segunda reivindicación es:

¡DEROGACIÓN DE LA LEY MORDAZA!

¡DEROGACIÓN DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES!

¡LA CALLE ES DE TODAS!

 

Mi tercera reivindicación es:

Reconocimiento legal del carácter laboral del trabajo sexual.

¡TRABAJO SEXUAL ES TRABAJO!

¡LOS DERECHOS LABORALES SON DERECHOS HUMANOS!

 

Mi cuarta reivindicacón es:

Una ley que regule a los dueños de burdeles para salvaguardar los derechos humanos de las TS, protegerlas de la explotación y promover su bienestar, su salud y su seguridad, según el modelo de la

LEY DE REFORMA DE LA PROSTITUCIÓN DE NUEVA ZELANDA.

 

Mi quinta reivindicación es:

Tipificación del abolicionismo como DELITO CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL (Título VIII del Libro II del Código Penal).

Tipificación de la propaganda abolicionista como DELITO DE ODIO (artículo 510 del Código Penal).

 

Mi sexta reivindicación es:

Apartar de nuestras leyes toda alusión a considerar IRRELEVANTE EL CONSENTIMIENTO de cualquier persona no incapacitada, por ser contrario a la dignidad humana, primer fundamento del orden constitucional.

Y, por tanto, supresión del párrafo. 3º del art. 177 bis del Código Penal.

 

Madrid, 13 de agosto de 2018

Migrantes ante el Tribunal Permanente de los Pueblos en Barcelona

 

Por Bridget Anderson

27 de julio de 2018

https://www.opendemocracy.net/beyondslavery/bridget-anderson/migrants-before-permanent-people-s-tribunal-in-barcelona

 

Las desgarradoras historias de migrantes clasificados y separados por muros y racismo finalmente tienen una audiencia en Barcelona.

 

Un chaleco salvavidas en el brazo del monumento de Cristóbal Colón en Barcelona. Paco Freire / Zuma Press / Press Association. Todos los derechos reservados.

 

 

Recientemente tuve el privilegio de servir como jurado en las audiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en Barcelona. El TPP es una iniciativa de base que busca la verdad y la reparación moral al servicio de la liberación y la justicia, y es una continuación directa del Tribunal Russell. En el último año, ha celebrado una serie de audiencias sobre el tratamiento a migrantes y refugiados dentro y en las fronteras de la Unión Europea. El más reciente se centró en la dimensión de género. La gente dio testimonios enojados y conmovedores. No hay espacio para discutirlos todos aquí, pero podéis encontrar más en la web del TPP.

Una de los testigos informó sobre la separación forzada de los niños de sus madres por parte del Estado español. Hemos escuchado mucho en las últimas semanas sobre la atrocidad de la cruel separación de hijos de sus padres por la administración Trump. Sin embargo, la separación forzada de los niños de sus madres también es perpetrada por los estados europeos.

Se está recurriendo a la “lucha contra la trata” para excusar y explicar esto. Los hijos de mujeres que se consideran víctimas potenciales de trata se pueden identificar como “en situación de peligro” porque las madres no están cualificadas para cuidarlos. Los niños en peligro pasan a estar bajo la tutela de los servicios de protección infantil de la región. Se pueden permitir visitas supervisadas de una hora a la semana. Si la madre se identifica como víctima de trata, puede reunirse con su hijo y ambos son trasladados a un centro especializado. Como dijo una mujer nigeriana atrapada en este sistema: “Es un centro para las víctimas de trata, pero yo no soy una víctima, no lo soy, tengo que pagar mi viaje, es normal. Realmente acepté ir porque necesitaba recuperar a mi hija, no voy a mentir sobre eso “.

Aquellas que se niegan a aceptar que son víctimas de trata se consideran “en riesgo”. Una vez que los niños ingresan en estos sistemas de protección, puede ser extremadamente difícil sacarlos, y se considera que “lo mejor para ellos” es permanecer en el sistema de acogida. Sin embargo, mientras que mudarse a un centro especializado facilita la reunificación con los niños, la mayoría de las mujeres se niegan a hacerlo. Por ejemplo, de las 736 ofertas de un período de reflexión realizado a mujeres presuntamente víctimas de trata en 2013, 603 fueron rechazadas por las mujeres. Las mujeres no quieren ingresar en los centros porque hacerlo significa perder todas las oportunidades de ganar dinero para pagar sus deudas. Aquellas que trabajan en el trabajo sexual también pueden estar sujetas a multas de hasta 3.000 euros, lo que hace que el pago sea aún más difícil.

Esta fue solo una de las múltiples injusticias que se describieron. Los testigos describieron el racismo vicioso, conectándolo con la violencia y la expropiación del colonialismo. Un miembro de la asociación de vendedores ambulantes contrastó el trato de los empresarios europeos, que vienen a África para saquear los recursos naturales, con el tratamiento que se da a los africanos en busca de vidas sostenibles, que son excluidos, detenidos y deportados. Nos enteramos de la disponibilidad de las personas de color, cómo se explota su trabajo y cómo son convertidos ellos mismos en objetos de los que se puede sacar provecho, sus cuerpos siendo almacenados en centros de internamiento, deportados o asesinados. Este es el racismo y la estigmatización sistémica e institucionalizada. Se materializa en la violencia institucionalizada de las vallas, muros, golpes y balas de goma.

“No es conocimiento lo que nos falta. Lo que nos falta es el coraje para entender lo que sabemos y sacar conclusiones “, escribió Sven Lindqvist en su libro Exterminate All the Brutes. Ciertamente hay algunas personas que tienen el coraje de entender y sacar conclusiones. Escuchamos a muchas de las personas que habitan en las zonas fronterizas, espacios sin derechos que se extienden entre la frontera y el corazón de Europa, que están convirtiendo estas fronteras en lugares de intrigas políticas.

Estas son intervenciones pequeñas pero importantes. Ahora estoy pensando en el trabajo de organizaciones como Melissa en Atenas, donde mujeres de diferentes nacionalidades se unen para apoyarse unas a otras con viajes o asentamientos en Grecia. También estoy pensando en Mujeres en el Exilio en Alemania, que hace campañas, entre otras cosas, contra el pago de un euro por hora por el trabajo en los centros de recepción.

Algunas personas, excluidas de la ciudadanía, sin embargo adoptan roles como sujetos políticos. Hay mucho que aprender de ellos sobre cómo conectar las luchas de los inmigrantes indocumentados con las de los ciudadanos excluidos, y cómo crear nuevos tipos de políticas y subjetividades políticas. También hay mucho por hacer.

La próxima audiencia del TPP se realizará en Londres en octubre. Deberíais venir.

Madrid decidirá si multa a proxenetas y clientes antes de final de año

 

Los socialistas reactivan el debate sobre el abolicionismo

 

ESCUELA DE PERIODISMO UAM – EL PAÍS

Madrid , 23 de julio de 2018

https://elpais.com/elpais/2018/07/17/masterdeperiodismo/1531838627_180341.html

 

Beyoncé, miembro del colectivo Afemtras (Agrupación Feminista de Trabajadoras del Sexo). EDP

 

Las prostitutas y colectivos a favor del trabajo sexual están en pie de guerra. El Ayuntamiento de Madrid debatirá durante los próximos meses una ordenanza que sancionará a proxenetas y clientes y “se votará antes de que acabe 2018”, asegura la impulsora de la ordenanza y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Purificación Causapié. No será fácil. En junio, el PSC de Barcelona propuso una iniciativa similar, que fue tumbada. El debate está en plena efervescencia y las posturas más arraigadas entre políticos, colectivos o prostitutas se dividen entre abolicionistas o reguladoras.

No son los únicos municipios que lo han intentado. En Málaga sigue vigente una ordenanza aprobada en 2013 que prohíbe ofrecer servicios sexuales en la vía pública y, en Sevilla, se aprobaron más sanciones para clientes en 2017. Además, las trabajadoras sexuales se enfrentan en toda España  a multas de 600 euros por exhibicionismo u ocupación de la vía pública, debido a la Ley de Seguridad Ciudadana (más conocida como Ley Mordaza).

Ninfa, trabajadora sexual del polígono de Villaverde (Madrid) y miembro de la Agrupación Feminista de Trabajadoras Sexuales (Afemtras), formada por aproximadamente 100 prostitutas que trabajan en la zona, exige el cese de “la persecución” contra las prostitutas. “Estamos en una situación de indefensión total. Solo reivindicamos un sitio para trabajar donde no molestar y no ser molestadas”, señala.

SANCIONES DE LA NUEVA ORDENANZA DE MADRID

  • Infracciones leves: de 500 a 750,00 euros.
  • Infracciones graves: de 750,01 a 1.500,00 euros.
  • Infracciones muy graves: de 1.500,01 a 3.000 euros.
  • Demanda de servicios sexuales en la vía pública: 750 euros.

Además de la Ley Mordaza, el último intento de aprobar una ordenanza para prohibir la prostitución fue el pasado mayo en Barcelona. El PSC propuso centrar la lucha en la sanción a proxenetas y clientes. También quería prohibir la publicidad que trata el cuerpo de la mujer como un objeto puramente sexual, pero Barcelona en Comú y ERC votaron en contra de la ordenanza y no salió adelante a pesar de los apoyos del PDeCat y del PP.

De todas formas el PSC no se rinde. “Estamos elaborando un texto de ordenanza nuevo porque vamos a seguir intentando prohibir la prostitución” afirma Carmen Andrés, portavoz del partido en el Ayuntamiento de Barcelona. En el PSOE la voz del abolicionismo es mayoritaria. La portavoz de igualdad socialista en el Congreso, Ángeles Álvarez, asegura que quieren ir más allá: “Queremos legislar para que en el Código Penal el proxenetismo quede prohibido en cualquiera de sus circunstancias”. Oficialmente ya es una práctica ilegal, “pero ahora solo se condena cuando las circunstancias son muy gravosas”, explica.

El último informe sobre explotación sexual y prostitución que publicó en 2013 el Parlamento Europeo asegura que “la prostitución tiene una dimensión mundial e implica entre 40 y 42 millones de personas, el 90 % de las cuales depende de un proxeneta”. Una cifra que reconocen aproximada, al ser una actividad ilícita.

Las cifras tampoco están claras en España. El Centro de Inteligencia Contra el Crimen Organizado, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad afirmaba en 2016 que hay 45.000 personas en España ejerciendo la prostitución. Pero el jefe de la unidad de investigación contra el crimen organizado de la Guardia Civil en Barcelona, el capitán José Ángel Giró, aseguraba que eran 350.000.

Asociaciones como Hetaira confirman que es imposible conocer esa cifra por la alegalidad de la prostitución en España. Esta agrupación lleva más de 20 años luchando por la defensa de las trabajadoras sexuales y Cristina Garaizábal, cofundadora de la asociación y psicóloga experta en temas de género, explica que el principal problema de las trabajadoras sexuales que ejercen libremente es la explotación laboral, no sexual y cree necesario que la prostitución se reconozca como un trabajo. Sin embargo, Lola Maraver, coordinadora de Madrid de la Fundación Cruz Blanca que lucha contra la venta de servicios sexuales y la trata de personas, señala que el abolicionismo es la única solución porque “la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres sea el caso que sea”.

Sara tiene 24 años y trabaja en un piso del centro de Madrid desde hace cuatro años. Gana un mínimo de 400 euros diarios, en un turno de ocho horas de lunes a viernes y no está de acuerdo con la regulación de la prostitución por motivos fiscales: “No me gustaría que se regulase porque Hacienda se llevaría mucho del dinero que gano”, cuenta.

María, sin embargo, no dispone de un lugar para ejercer. Tiene 25 años y se anuncia en páginas web desde hace cinco, y acude a hoteles de Madrid a prestar sus servicios. Coincide con la opinión de Sara: “Ojalá yo fuera tan legal como para darme de alta en la seguridad social sabiendo que en negro cobraría mucho más”. Sin embargo, Judith, tiene más de 40 y trabaja entre la calle del Barco y la calle de la Ballesta, (en Malasaña, Madrid): “Si me pongo mala, no como. Tener seguridad social y derecho a una pensión sería una salvación”.

La veterana activista feminista experta en género y cofundadora de la Asamblea Feminista de Madrid, Justa Montero, hace hincapié en la variedad de situaciones que enfrentan las trabajadoras sexuales como María, Sara y Judith. Ella aboga por permitir la prostitución si se ejerce libremente. El problema, señala, es que “este tipo de ordenanzas ponen el foco en el plano ideológico y no entran en profundidad en la complejidad de la prostitución”.

El caso de Judith, que trabaja en la calle, es el más habitual en España, según Teresa Navazo, experta en prostitución trans y voluntaria en Imaginamás (organización que ayuda a reducir la discriminación y apoya la libre decisión de ser trabajadora sexual). La experta asegura que a principios de los 2000 se ganaba mucho dinero ejerciendo la prostitución, pero que ahora la gente lo hace por sobrevivir. Además, la nueva ordenanza perjudicaría a las prostitutas que ejercen en la calle, porque si se persigue al consumidor, “negociarán los precios más rápido para que no se sancione al cliente y eso afectaría la capacidad de negociación de la prostituta”.

En eso coinciden todas las asociaciones proderecho a ejercer la prostitución: al final la más perjudicada es siempre la mujer.

 

Un paso más para la descriminalización del trabajo sexual

 

Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (ammar)

13 de julio de 2018

 

 

Un paso más para la descriminalización del trabajo sexual

 

Ammar nació como respuesta a la violencia policial hacia las trabajadoras sexuales. Desde hace 23 años reclamamos por la derogación de los Códigos Contravencionales que criminalizan nuestro trabajo en la vía pública con multas y/o arresto de hasta 30 días. Estas normativas violan el principio de libertad y son usadas para habilitar y justificar la violencia institucional hacia las clases populares dando pie al cobro de coimas, al hostigamiento, a las detenciones arbitrarias y a la persecución por parte de las fuerzas de seguridad.

En el 2003 las Trabajadoras Sexuales logramos la derogación del Artículo 45 del Código Contravencional de Entre Ríos que facultaba a la policía para detenernos y juzgarnos. El mismo databa de 1952. En el 2008 logramos la derogación del Artículo 83 del Código Contravencional de Santiago del Estero que también habilitaba detenciones hacia nosotras y en el 2010 conseguimos la derogación del Artículo 81 del Código Contravencional de la Provincia de Santa Fe que le daba poder a la policía para vulnerar nuestros derechos. “Sandra Cabrera: ¡presente!” se escuchó en el recinto cuando se sancionó esta ley.

El pasado miércoles 11 de julio el senado de la Provincia de Buenos Aires derogó el Artículo 68 del Código Contravencional que habilitaba multas y arresto hacia las Trabajadora Seuxlaes. “Será penado con una multa de entre el quince (15) y el cuarenta (40) por ciento del haber mensual del Agente de Seguridad (Agrupamiento Comando) de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y arresto de cinco (5) a treinta (30) días, la persona que ejerciere la prostitución, dando ocasión de escándalo o molestando o produjere escándalo en la casa que habitare”, decía. El mismo era aplicado de manera prejuiciosa y abusiva sobre las mujeres cis y con más saña sobre las mujeres trans.

Los abusos policiales que sufrimos las Trabajadoras Sexuales por la vigencia de estas normativas, que en muchos casos datan de la última dictadura militar, han sido denunciados por nuestra organización en innumerables ocasiones. Por esta razón urge que se deroguen los artículos que siguen habilitando hasta el día de hoy la persecución y criminalización de las trabajadoras sexuales en 17 provincias del país (Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán y Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Nuestro trabajo no es un delito.

No soportamos más la violencia policial, no soportamos más agresiones avaladas por el Estado

#LaCalleEsDeTodxs

 

 

Feminismos y prostitución: entre la abolición, la regulación y el reconocimiento de derechos

 

por Sandra Milena Yáñez 

30 de junio de 2018

https://cubaposible.com/feminismos-y-prostitucion-entre-la-abolicion-la-regulacion-y-el-reconocimiento-de-derechos/

Foto: Sergio Uceda

 

¿En qué momento la prostitución se convirtió en un asunto de interés para los feminismos? ¿Por qué hoy se debate en el mundo occidental sobre si se debe prohibir o, por el contrario, se sigue permitiendo el ejercicio de la prostitución? ¿Cómo se conecta ese debate con las reivindicaciones de los distintos feminismos, tanto occidentales como no occidentales?

En el presente artículo proponemos una revisión (no exhaustiva) a los hechos que han dado lugar al debate actual sobre prohibir o no la prostitución, y la postura que el feminismo llamado “hegemónico”, es decir, el feminismo más visible en Occidente y que de cierta manera marca las pautas de acción de los movimientos feministas en el mundo, ha asumido al respecto.

Vale la pena aclarar que la mirada de este artículo se construye, sobre todo, desde lo que está ocurriendo hoy en Europa y América latina en relación a este tema, dejando por fuera muchas de las experiencias en otras partes del planeta.

 

Prostitución, trabajo sexual y trata: aclarando conceptos

¿Son lo mismo la prostitución y la trata de mujeres con fines de explotación sexual?

Aunque la prostitución o el intercambio de servicios sexuales por dinero o bienes entre personas adultas es un oficio tan viejo como la misma humanidad, el concepto “prostitución”, utilizado en las convenciones internacionales, en los medios de comunicación y, por supuesto, en los debates feministas contemporáneos tiene apenas dos siglos, según lo explica la investigadora Laura Agustín 1 . El mercado sexual ha existido en todas las civilizaciones, en algunas con más restricciones que en otras y con fines muy distintos, pero solo es hasta la aparición del concepto de “prostitución”, que proviene del término latino prostituere , que significa literalmente exhibir para la venta, que comienza a enfocarse la atención en una de las dos partes de la transacción sexual, lo que ha terminado por convertir a las llamadas prostitutas (así, en femenino) en el objeto principal de observación y análisis hacia este mercado.

Si esto le sumamos la imposición de un modelo sexual heteronormativo, es decir, un modelo en el que se asumen como “normales” o “naturales” únicamente las relaciones sexuales entre hombres y mujeres, vemos cómo se ha perpetuado hasta ahora, tal como lo afirma Agustín, “el supuesto clásico de mujer-sexoservidora/hombre cliente” 2 , aunque la experiencia demuestre que los intercambios sexuales son de todo tipo y se producen indistintamente entre hombres y mujeres heterosexuales y homosexuales y personas transgénero. Por último, y no menos importante, hemos de señalar que la moral de cada sociedad ha terminado por delimitar la idea de la prostitución, entendiendo este concepto como parte de las conductas sexuales reprochables, con lo que según que actividades, manifestaciones o actitudes sexuales (no siempre mediadas por una transacción económica) pueden ser consideradas delictivas en unas sociedades y en otras no. Esto ha completado el cuadro para que no se llegue a un acuerdo global sobre el sentido del término y, en palabras de Agustín: “Se supone que engloba tantas actividades que al final es mejor prescindir de la palabra”.

En una cosa en la que sí parecen estar de acuerdo los 82 países que han firmado El Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena , una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 1949, es en que, como reza su preámbulo:

“ la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas para fines de prostitución, son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana y ponen en peligro el bienestar del individuo, de la familia y de la comunidad” 3

Aquí nos enfrentamos a lo que ha sido la principal causa de persecución de las personas que se dedican al mercado del sexo: la asimilación, explícita en este convenio, de la prostitución con el tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual, es decir, relacionar intencionadamente el intercambio sexual entre adultos libre y consentido con el tráfico y sometimiento de personas con fines sexuales. Además de esto, no podemos dejar de evidenciar la carga moral que tiene consigo la expresión “la prostitución y el mal que la acompaña”, que deja en el plano de la moralidad el juicio sobre el ejercicio de la prostitución y además lo convierte en la causa directa de la trata de personas. A partir de aquí resulta casi imposible separar el ejercicio de la prostitución del tráfico de personas, con lo que los trabajadores del sexo cargan con un doble estigma desde entonces: el de ofensoras de la moral pública y promotoras de la explotación de otros seres humanos.

Sobre el concepto de trata de personas con fines de explotación sexual es precisamente este convenio el que delimitará su significado y hará un cambio “políticamente correcto” en relación al concepto de “trata de blancas”, una expresión del siglo XIX que hacía alusión al mito del tráfico de mujeres europeas y americanas -blancas- en Asia, África y América para explotarlas sexualmente. 4 Esta alusión directa a las mujeres blancas obedecía a que hasta en ese momento la esclavitud de mujeres negras, asiáticas y aborígenes de los territorios colonizados por Europa no era considerado algo anormal ni delictivo mientras que la transacción con mujeres europeas y americanas blancas sí.

La idea de trata expuesta en el convenio de la ONU resulta problemática para muchos países pues, a diferencia de lo que podríamos creer, no tiene en cuenta el consentimiento de la persona para definir si ha habido explotación o no en contra de su voluntad. En su artículo 1 el convenio llama a castigar a aquellos que “concertaran o explotaran la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de tal persona» con lo que se terminaría por incluir en el delito de la trata al ejercicio sexual que se ejerce libremente y sin coacción con la ayuda de otra y otras personas (burdeles, casas de citas, salas de masaje sexual e incluso apartamentos compartidos con otros trabajadores sexuales). Debido precisamente a esta definición es por lo que, en Alemania, Países Bajos, Nueva Zelanda, Grecia o Turquía, países en los que la prostitución voluntaria es legal y está regulada como una ocupación, no se ha ratificado el convenio.

En el año 2000 la ONU formula El protocolo de para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños , en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional , que redefine el delito de la trata, especificando los casos en que el consentimiento debe obviarse y ampliando el concepto de explotación, yendo más allá de la finalidad sexual:

“ La “trata de personas” puede significar el reclutamiento, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, bajo amenaza o por el uso de la fuerza u otra forma de coerción, secuestro, fraude, engaño, abuso de poder o una posición de vulnerabilidad, o recibir pago o beneficios para conseguir que una persona tenga bajo su control a otra persona, para el propósito de explotación. La explotación puede incluir, como mínimo, la explotación de la prostitución de otros u otra forma de explotación sexual, trabajo forzado o servicios, esclavitud, o prácticas similares a la esclavitud, servidumbre, o remoción de órganos… El consentimiento de las víctimas de la trata de personas hacia sus explotadores establecido [arriba] es irrelevante cuando cualquiera de las formas mencionados [arriba] ha sido usada.”

Esta actualización del concepto ha hecho que 171 países del mundo ratifiquen este protocolo, lo que demuestra que el moralismo, usado como criterio en el convenio del año 1949, no puede seguir siendo utilizado por la ONU a la hora de establecer líneas de actuación para enfrentar el tráfico de personas o cualquier otro delito.

Precisamente de esta Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional surge la creación de un grupo de expertos contra el tráfico de personas en el Consejo de Europa (GRETA), grupo que en su informe sobre España del año 2013 destaca la imperante necesidad de distinguir trata con fines de explotación sexual, por un lado, y prostitución por el otro. En el mismo documento se critica que el Estado Español centra su lucha contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual, pero deja de lado la trata con otros fines de explotación laboral (servicio doméstico, temporeras del campo español, mano de obra de talleres clandestinos, etc.), lo cual resulta muy conveniente para ciertos sectores. Por último, afirma que es erróneo sostener que un 90% de prostitutas sean víctimas de trata, como lo repiten lobbies abolicionistas y medios de comunicación, ya que no existen estudios que avalen esta cifra.

Más adelante veremos que la definición de trata del año 1949 y la mal-intencionada identificación entre dicho concepto y el de prostitución se convertirán en la base de las argumentaciones del lobby feminista abolicionista, nacido en el seno del feminismo hegemónico occidental.

¿Por qué hablar de trabajo sexual en lugar de prostitución?

Para cerrar este apartado nos referiremos al concepto de trabajo sexual, desde el cual el activismo de las y los trabajadores del sector del sexo (prostitutes, operadores de líneas eróticas, actores y actrices porno, dominatrices profesionales, etc.) busca que se les reconozca internacionalmente. El trabajo que al respecto han venido haciendo desde hace más de dos décadas organizaciones como Hetaira y Aprosex de España y la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) empieza a dar sus frutos y son cada vez más las organizaciones, colectivos y medios de comunicación alternativos que hablan de trabajo sexual en lugar de hablar de prostitución.

El sector de los servicios sexuales no sólo está estigmatizado socialmente debido, principalmente, al miedo que sigue causando el tema de la sexualidad libre, sino que además por cuenta de la clandestinidad desde la que tiene que actuar a cuenta de las leyes prohibicionistas no se ha logrado consolidar, como en otros sectores laborales, cuerpos representativos sindicales que le den al trabajador sexual el mismo estatus de cualquier otro trabajador, permitiendo que se reconozcan legalmente sus derechos y también sus obligaciones con el Estado.

El reconocimiento hoy de la condición de trabajadores y trabajadoras sexuales en los países en los que la prostitución y la industria del sexo están permitidas se logró en parte a lo conseguido por las trabajadoras sexuales que, en pleno centro de Lyon, en Francia, ocuparon la iglesia de Saint-Nizier, en la mañana del lunes 2 de junio de 1975, para protestar por las penas de prisión a las que habían sido condenadas unas diez de ellas unos pocos días antes, por supuesta reincidencia en el controversial delito de “captación activa de clientes”. “Esa protesta rechazaba la persecución policial, las leyes represivas y los cánones morales que criminalizaban a las trabajadoras sexuales haciéndolas responsables de una “actitud dirigida a provocar el libertinaje” 5 .

A pesar de que el encierro sólo duró ocho días por el desalojo violento que sufrieron por parte de la policía francesa, la protesta logró visibilizar a nivel internacional la lucha de las prostitutas por sus derechos laborales en una doble condición reivindicativa: la de mujeres y la de trabajadoras, que hasta ese momento no era reconocida por nadie. Sobre este hecho, convertido en un hito por el activismo de los y las trabajadores sexuales, dice la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR): “Éste ha sido uno de los primeros hechos históricos en que las trabajadoras sexuales se atrevieron a discutir los criterios morales dominantes y a luchar contra su estigmatización, a hacer oír su propia voz y a hacer conocer su propia mirada respecto de sus condiciones de vida y, fundamentalmente, a luchar por sus derechos humanos y laborales.” 6

Hablar de trabajo sexual en lugar de hablar de prostitución permite, de una parte, transformar el sentido peyorativo y estigmatizante de la noción de prostitución, asumido durante siglos como una lacra social y que ha culpabilizado y señalado especialmente a las mujeres, y de otra parte, hablar de trabajadores del sexo nos permite entender que hay un mercado del sexo, amplio y diverso, en el que trabajan millones de personas, que merecen ser reconocidas y cuya lucha sindical y por sus derechos no puede ser tratada de forma distinta a otras luchas laborales.

La propia ONU, que ya hemos visto ha tenido un sesgo importante en la definición de la prostitución en el pasado, ha empezado a usar el término trabajador sexual en sus informes: “El término apropiado que se aplica para el trabajo sexual se define mejor en relación con el contexto local. Esta definición puede cambiar con el tiempo a medida que las actitudes evolucionan. Debe darse prioridad a hacerse eco de cómo se perciben a sí mismos en este papel los que están implicados en el trabajo sexual. (…) El término profesional del sexo ha ganado popularidad por encima del de prostituta porque las personas implicadas consideran que es menos estigmatizante y creen que la referencia al trabajo describe mejor su experiencia”. 7

 

Feminismos y prostitución: abolicionismo, regulacionismo y reconocimiento de derechos

En esta segunda parte del texto hablaremos de las tres posturas desde las que diferentes vertientes feministas abordan la cuestión del trabajo sexual, sobre todo el ejercido por las mujeres: abolicionismo, regulacionismo y garantista de los derechos de las y los trabajadores sexuales. La importancia de dichas posturas radica en que las políticas tanto nacionales, como transnacionales (formuladas desde organismos como la ONU) referentes a la reglamentación de la prostitución y la lucha contra la trata de personas están fuertemente influenciadas por las miradas feministas, sobre todo por la del feminismo hegemónico occidental y es urgente revisar críticamente las posturas que se han construido al respecto.

El feminismo hegemónico y el abolicionismo

En el mundo occidental reconocemos por feminismo la lucha librada por las mujeres occidentales, a partir del siglo XVIII, para reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres, denunciar y eliminar tanto la violencia de los varones sobre las mujeres, como ​los roles sociales establecidos según el género. A este feminismo blanco, occidental y muy visible en las agendas mediáticas occidentales, es al que llamamos feminismo hegemónico y es a partir de su hegemonía que se delimitan lo que algunas autoras han denominados “feminismos periféricos”, que son esencialmente los feminismos de raíz no occidental y que en muchos postulados se oponen radicalmente al feminismo hegemónico.

Podemos decir que, desde su surgimiento, con la aparición de la obra “Vindicación de los derechos de la mujer”, de Mary Wollstonecraft (1792), el feminismo occidental se ha ramificado y hoy hablamos ya no de un movimiento homogéneo y claramente identificable, como ocurría en el siglo XVIII, sino de un espacio de lucha heterogéneo en el que incluso muchas posturas pueden ser radicalmente opuestas a otras. A pesar de esto, los medios de comunicación, las agencias internacionales de cooperación y ciertos actores políticos e influenciadores suelen estar alineados con la facción más conservadora del feminismo occidental, heredera de la llamada primera ola del feminismo, por tener posturas que aunque en apariencia son rompedoras, en realidad suponen la continuidad del binarismo de género y de lo que muchos encajan como “normal” en relación con las inclinaciones sexuales, los roles de género y el ejercicio público de la sexualidad.

El abolicionismo surge en el siglo XIX encabezado por un grupo de mujeres que reaccionan frente a las leyes higienistas, muy en boga en toda Europa, que consideraban la prostitución una enfermedad social, crónica e incurable y que reglamentaban su ejercicio no para mejorar las condiciones de las trabajadoras sexuales sino para que su conducta no afectara la vida y la moral de las personas “de bien”. Frente a estas leyes las abolicionistas, dentro de las que destaca la figura de la británica Josephine Butler (1828-1906), reaccionan contra la intromisión estatal en los cuerpos de las mujeres que suponía el reglamentarismo higienista y como una crítica al modelo de sexualidad vigente, reivindicando mayor libertad para las mujeres y el derecho a no ser atacadas sexualmente, incluidas las prostitutas, lo que sin duda era revolucionario para la moral de la época. “Concibieron la prostitución como una cuestión de dignidad de la mujer y de sus derechos. El proyecto abolicionista se inscribía, pues, en un proceso de emancipación de las mujeres de más largo alcance.” Afirma Gemma Nicolás Lazo. 8

Pero, ¿en qué momento el abolicionismo feminista se convierte en un aliado de los sectores más conservadores de la sociedad? Cuando el discurso llega a las instancias de poder encargados de legislar y tipificar los delitos relacionados con las mujeres con respecto a la prostitución el sentido asociado a la reivindicación de los derechos de las prostitutas desaparece y en su lugar se posiciona la idea de que, con la abolición de la prostitución, en reemplazo de la reglamentación, se garantiza la moral y las buenas costumbres y, de paso, se controla la sexualidad de las mujeres “decentes”.

“ Los delitos que acompañaban a la prostitución en los Códigos del diecinueve, y que lo seguirán haciendo durante algún tiempo en el futuro, son el de adulterio, violación, escándalo público y rapto. El bien jurídico a proteger en los delitos contra la honestidad no era los derechos de las mujeres, sino una idea de decencia y decoro proveniente del orden moral establecido. Lo que los dispositivos de poder pretendían, y también el derecho penal en ultima ratio, era garantizar y mantener la “honestidad” de las mujeres “decentes”, es decir, controlar su sexualidad.” 9

Lo más increíble de este giro es que la abolición institucionalizada se leía en el siglo XIX y se sigue leyendo hoy como una reforma moderna y necesaria para los estados introducida por el feminismo, sin que esto lo cuestionen los políticos de izquierdas ni las propias feministas. En lugar de retornar a las reivindicaciones de las primeras abolicionistas, las abolicionistas de hoy se reafirman en los argumentos institucionales que continúan señalando la prostitución como una lacra moral y de la salud pública.

Como mencionábamos en un apartado anterior, el abolicionismo se acompañó, desde muy temprano, de la confusión entre prostitución y trata de mujeres que en el siglo XIX se conocía como “trata de blancas”, un concepto que fue clave para conseguir tres propósitos en ese momento: construir un mito sobre la esclavitud de mujeres blancas en países no occidentales para controlar la autonomía de las mujeres que emprendían procesos migratorios; construir un mito racista sobre la existencia de un mercado de trata manejado por hombres no blancos y profundizar en la idea de que la prostitución es siempre resultado del sometimiento y nunca del ejercicio libre de la sexualidad de las mujeres. (Nicolás lazo, 2009).

Esta relación entre trata y prostitución, como vimos, se refuerza con el Convenio de la ONU para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, de 1949, que además reivindicará que las políticas abolicionistas, sustentadas por el feminismo hegemónico occidental, suponen un avance en la protección de los derechos de las mujeres, por lo cual ningún país puede renunciar a imponerlas en su territorio. Esto, a pesar de demostrarse que la abolición de la prostitución solo tiene beneficios para la institucionalidad colonial, racista y patriarcal y nunca para las trabajadoras sexuales.

José López Riopedre en su artículo “La criminalización de la industria del sexo, una apuesta políticamente correcta” 10 explica muy bien lo conveniente que ha resultado el discurso abolicionista en Europa para, de una parte, camuflar el racismo que desata la presencia masiva de inmigración de las excolonias europeas, en los años 90s, permitiendo la criminalización de dicha población a través de la confusión interesada entre trata y prostitución, y de otra parte ha permitido ampliar el ámbito de intervención y control sobre los ciudadanos, dirigiendo conductas y conduciendo sexualidades (en el mismo sentido en que Foucault habla de la biopolítica y del control estatal e institucional de las sexualidades). “El “eje del mal” del siglo XXI se ha edificado así en torno a una curiosa amalgama de sujetos infames: maltratadores, pederastas, clientes de servicios sexuales, facilitadores, voyeurs, exhibicionistas, dueños de negocios de alterne, arrendadores y arrendatarios de locales de perdición e intermediarios de toda guisa. Son los auténticos monstruos del presente, neo-terroristas de Estado que concentran todas las energías de los nuevos combatientes de la cruzada moral post-moderna. La necesaria y perentoria expiación de sus crímenes aflora durante todo el proceso discursivo donde los estereotipos del tráfico, la deuda y la explotación sexual salen continuamente reforzados gracias a la acción multiplicadora de los medios de comunicación social.” 11

Además de esto hay que agregar, tal como lo dice López Riopedre, que el discurso criminalizador del trabajo sexual por parte del abolicionismo convierte en víctimas a las trabajadoras sexuales, con lo que las objetualiza, despojándoles de su capacidad de decidir sobre sus propios cuerpos y, al mismo tiempo, aunque las señala víctimas, con lo que uno pensaría que hay hacia ellas una trato distinto al destinado al “proxeneta” o al “cliente”, no les garantiza ningún derecho como mujeres víctimas del patriarcado, como si ocurre en los casos de violencia de género. Al final lo que tenemos es un discurso moralizante que ni por asomo reconoce la capacidad de agencia de las trabajadoras sexuales y que sólo las tiene en cuenta si se reconocen como víctimas. 12

Suecia, sin duda, ha sido el país que ha asumido las banderas abolicionistas en Europa, siendo el primer país de la región en tener una ley que prohíbe la compra de servicios sexuales (1999). Su modelo, que supuestamente no actúa contra las prostitutas sino contra los clientes, lo que ha hecho es clandestinizar los servicios sexuales, poniendo en riesgo a los trabajadores sexuales, mientras controla la sexualidad de sus habitantes. Aunque parece contradictorio que el abolicionismo se institucionalice con estos objetivos en un país como Suecia, que se lee como un estado liberal, demócrata y socialmente avanzado, dice López Riopedre, siguiendo a Kulick 13 , que no debemos olvidar que Suecia “posee uno de los ordenamientos jurídicos más severos en cuanto a disciplinamiento de la conducta sexual de sus ciudadanos, por lo que puede entenderse mejor que se haya convertido en el país donde la voluntariedad de los sujetos se halle cada vez más cuestionada a la hora de establecer relaciones sexuales, optando por criminalizar no sólo a la industria del sexo sino también a quienes mantengan contacto íntimo con menores, seropositivos que no informen debidamente acerca de su enfermedad, interviniendo cualquier tipo de remuneración durante el intercambio sexual o bien pueda suscitarse la sombra de la sospecha en cualquier momento de la interacción” 14 .

Ni reglamentarismo ni abolicionismo: apelar al reconocimiento de los derechos de las y los trabajadores sexuales

Las y los trabajadores sexuales, agrupados en organizaciones, cooperativas, sindicatos y asociaciones en todo el mundo participan, día sí y día también, en charlas, debates, congresos, programas de televisión, foros de internet y en otros espacios de divulgación para hacerse oír con respecto a sus reivindicaciones, porque están cansados de que sean siempre otros los que hablen por ellos.

De una parte quieren dejar claro que sus reivindicaciones nada tienen que ver con las de las feministas abolicionistas, que abogan por convertirlas en víctimas para luego salvarlas de las redes del tráfico sexual, con lo que se enriquece lo que Laura Agustín llama “la industria del rescate” 15 . De otro lado también quieren alejarse de la postura reglamentista, que antes era asumida por las políticas higienistas, como vimos, y ahora es abanderada por los dueños de burdeles y clubes de alterne que buscan, con ayuda de sus aliados políticos, que se reglamente el ejercicio de la prostitución de modo que únicamente ellos se vean beneficiados de tal actividad.

Tanto una como otra posición despojan a las trabajadoras sexuales de su capacidad de agencia sobre su cuerpo y su sexualidad y les niegan la posibilidad de ejercer sus derechos como cualquier trabajador occidental. En ese sentido reivindican las declaraciones del documento publicado por Amnistía Internacional en 2015, resultado de su investigación con trabajadores sexuales durante más de dos años en todo el mundo, en el que instan a los gobiernos del mundo a despenalizar el trabajo sexual y proteger los derechos humanos de las y los trabajadores sexuales. En su texto AI aclara la diferencia entre despenalizar, que es lo que piden los trabajadores sexuales, y legalizar el trabajo sexual:

“ Más que la eliminación de las leyes que penalizan a las trabajadoras y los trabajadores sexuales, la legalización supone la introducción de leyes y políticas relativas específicamente al trabajo sexual con el fin de regularlo formalmente. Amnistía Internacional no se opone a la legalización per se, pero los gobiernos deben asegurarse de que el sistema respeta los derechos humanos de las trabajadoras y los trabajadores sexuales. Creemos que todavía hay margen para avanzar en materia de despenalización y contra los abusos de derechos humanos derivados de la legalización, dado que hay trabajadoras y trabajadores sexuales que están quedando al margen de la ley en sistemas en que el trabajo sexual está legalizado.” 16

En este documento Amnistía Internacional insta a los gobiernos a:

“ Garantizar que todas las personas tienen acceso a sus derechos económicos, sociales y culturales, a la educación y a oportunidades de empleo

Eliminar los estereotipos de género perjudiciales y todas las formas de discriminación y las desigualdades estructurales que puedan llevar a grupos marginados a vender servicios sexuales en cantidad desproporcionada

Reformular las leyes relativas al trabajo sexual para eliminar los delitos de carácter muy general que criminalizan la mayoría de los aspectos –si no todos– del trabajo sexual y convertirlas en leyes que brinden protección frente a la coacción (incluida la trata de personas) y los actos de explotación y abuso y prevengan la participación de niños y niñas en el comercio sexual.

Eliminar la regulación penal y cualquier otra regulación punitiva del trabajo sexual con consentimiento entre personas adultas, ya que refuerzan la marginación, el estigma y la discriminación y pueden negar a las personas que se dedican al trabajo sexual el acceso a la justicia bajo el amparo de la ley.

Garantizar la participación de las trabajadoras y los trabajadores sexuales en la elaboración de las leyes y políticas que afectan directamente a su vida y su seguridad.

Garantizar marcos efectivos que permitan a las personas abandonar el trabajo sexual cuando así lo decidan.”

Debido a este posicionamiento con respecto al trabajo sexual AI recibió muchas críticas por parte del feminismo abolicionista europeo y de los gobiernos que son prohibicionistas pues a partir del documento se insinúa, de forma mal intencionada, que despenalizar el trabajo sexual es favorecer a las redes de trata, cuando ya está claro que prostitución y trata no son la misma cosa. Al respecto AI afirma: “Pedir la despenalización del trabajo sexual no significa eliminar las leyes que penalizan la explotación, la trata de personas o la violencia contra las trabajadoras y los trabajadores sexuales. Estas leyes tienen que mantenerse y pueden y deben reforzarse. Significa eliminar las leyes y políticas que penalizan o sancionan el trabajo sexual, entre ellas figuran las leyes y reglamentos relativos a la venta, la compra o la organización de trabajo sexual, como ofrecer servicios sexuales, alquilar establecimientos, “regentar burdeles” y vivir de los beneficios de la “prostitución”.

Despenalizar el trabajo sexual, es decir, descriminalizarlo desde el punto de vista legal, implica para los trabajadores sexuales:

  • Tener acceso a la atención de la salud
  • Poder denunciar los delitos ante las autoridades
  • Poder organizarse y trabajar juntxs para mayor seguridad
  • Poder cotizar en el régimen de la seguridad social como trabajadores sexuales (no con profesiones encubiertas)
  • Desestigmatizar a su familia por “vivir de los beneficios” del trabajo sexual.

En este punto es clave mencionar la situación especial de los trabajadores sexuales inmigrantes que, además de padecer el estigma de cualquier trabajador sexual nativo, corre el riesgo permanente de ser deportado si no logra regularizar su situación como extranjero. Frente a esto, las y los trabajadores sexuales inmigrantes exigen una despenalización que contemple la regularización de aquellos que están en el territorio de manera irregular a través de su propio trabajo, es decir, que no se vean obligados a hacer contratos ficticios para obtener su residencia y su permiso para trabajar.

Vale la pena destacar que la posición de AI la comparten otras organizaciones que apoyan o piden la despenalización del trabajo sexual, entre las que figuran la Alianza Global contra la Trata de Mujeres, la Comisión Global sobre VIH y Derecho, Human Rights Watch, ONUSIDA, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la salud y la Organización Mundial de la Salud. Esto, sumado al reconocimiento del trabajado sexual por parte de sindicatos de todo el mundo y de la consideración de la lucha de las “putas feministas” como una lucha más por parte de muchos feminismos tanto del sur global como de facciones del feminismo occidental, son sin duda pasos muy importantes en la descriminalización del trabajo sexual y la reivindicación de los derechos de las trabajadoras de la amplia industria del sexo, que, después de siglos de ser las víctimas y de soportar que otros y otras hablen por ellas, han decidido no quedarse calladas nunca más. Como dice Georgina Orellano, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR):

“ La gran batalla que damos ahí es marcar la agenda, que nuestras voces sean escuchadas, interpelar al feminismo que no nos reconoce como un sujeto de derechos para que se comprenda que, más allá de que cada una pueda tener una posición sobre la prostitución, abolicionista o a favor del reconocimiento de derechos, lo importante es que el sujeto debe decidir por sí mismo. Creemos importante que, cuando se despliegan políticas punitivas o políticas públicas sobre un sector, sea ese sector el que tenga que decidir, no que otros hablen por él. Ese es el feminismo que nosotras defendemos, la principal ética feminista en torno a la autonomía de las mujeres.” 17

 

Notas:

1 Agustín, laura. La Industria del sexo, los migrantes y la familia europea. Cadernos Pagu (25), julho-dezembro de 2005. PP 107-128

 ídem

3 Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others. Disponible en:http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=VII-11-a&chapter=7&clang=_en

4 Laura Agustín nos habla del origen de esta expresión: “La primera frase tiene su origen en un escándalo en el norte de Europa durante una larga migración de mujeres europeas hacia Argentina, un país receptor al que faltaban mujeres a fines del siglo XIX. Ya que no se quería creer que esas “blancas” pudieran elegir vender servicios sexuales, se creó un concepto conveniente. En: Agustín Laura, La industria del sexo, los migrantes y la familia europea. Cad. Pagu [online]. 2005, n.25, pp.107-128. http://dx.doi.org/10.1590/S0104-83332005000200005 .

5 AMMAR Córdoba y Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual. 40 años de lucha de lxs trabajadorxs sexuales!! Publicado el martes, 2 de junio de 2015. Disponible en: http://redreconocimientotrabajosexual.blogspot.com/2015/06/40-anos-de-lucha-de-lxs-trabajadorxs.html

6 ídem

7 Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA). Trabajo sexual y VIH/SIDA. Actualización técnica. Marzo de 2003. Disponible en: http://data.unaids.org/publications/irc-pub02/jc705-sexwork-tu_es.pdf

8 Nicolás Lazo, Gemma. La tergiversación del abolicionismo: de movimiento de mujeres liberador a defensor de un paternalismo victimizador de las trabajadoras sexuales. En: El trabajo por cuenta ajena y sus fronteras. Compilado por: Agusti Julia Jordi / Pular Beltran Nuria. Albacete, Editorial Bomarzo, 2009.

9 Ídem

10 López Riopedre, José. La criminalización de la industria del sexo, una apuesta políticamente correcta. En: Gazeta de Antropología, 2011, 27 (2), artículo 24 · http://hdl.handle.net/10481/18099

11  Ídem.

12 Véase el caso en España de Amelia Tiganus, víctima de la trata de mujeres en Rumanía, que es usada por el abolicionismo en España como la muestra de que es imposible ejercer el trabajo sexual a menos de que haya coacción. El reconocerse como víctima le ha permitido a Tiganus ser bien vista en los círculos feministas y abolicionistas en España, aunque ella sepa que la trata que la red que la captó nada tiene que ver con el ejercicio libre de la prostitución.

13 Kulick. “Sex in the New Europe: The Criminalization of Clients and Swedish Fear of Penetration”. En: Anthropological Theory, 2003, Sage Publications, vol. 3 (2): 199-218.

14 López Riopedre, José. La criminalización de la industria del sexo, una apuesta políticamente correcta. En: Gazeta de Antropología, 2011, 27 (2), artículo 24 · http://hdl.handle.net/10481/18099

15 Conglomerado de feministas, expertos, instituciones públicas y ongs que viven de “salvar” a las prostitutas de la trata, apoyándose en la idea de que la prostitución voluntaria es asimilable a la trata.

16 Amnistía Internacional. Política de Amnistía Internacional sobre los derechos de las trabajadoras y los trabajadores sexuales. 2015. Disponible en:http://www.amnesty.org/es/qa-policy-to-protect-the-human-rights-of-sex-workers/

17 Ter Garcia. Georgina Orellano: “Las trabajadoras sexuales en Argentina estamos integradas en una central obrera”. Publicado en El salto, edición online, 2017-11-12. Disponible en: http://www.elsaltodiario.com/trabajo-sexual/georgina-orellana_trabajo_sexual_modelo_nueva_zelanda

Fuente: http://cubaposible.com/feminismos-y-prostitucion-entre-la-abolicion-la-regulacion-y-el-reconocimiento-de-derechos/

 

AUTORA: 

Sandra Milena Yáñez

Investigadora predoctoral en Derechos Humanos y Ciudadanía . Universidat de Barcelona. Activista migrante y antirracista.

“Las putas no piden permiso, piden paso’’

 

Por Aurora Revólver Paula Álvarez

9 de julio de 2018

http://www.pikaramagazine.com/2018/07/putas-jornadas-sevilla/

 

El pasado 2 de junio se celebraron en Sevilla las jornadas ‘Desmontando la prostitución: las Putas no piden permiso, piden paso’, organizadas por el Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS) coincidiendo con el día internacional de la Trabajadora Sexual. Prostitutas y aliadas debatieron sobre la situación del colectivo en el Palacio de los Marqueses de la Algaba y en el centro social autogestionado Lanónima. 

 

Foto de familia de trabajadorxs sexuales./ Aurora Revólver

 

Justo a las espaldas de la Alameda, el sitio de moda para visitar la ciudad de Sevilla según la Lonely Planet, ellas siguen allí, en el mismo sitio. Las putas de la plaza de la Mata llevan la historia silenciada del barrio, como la de la humanidad, mientras las parejas de alemanes pasan a su lado incómodas, avergonzadas, pálidas, al igual que la mayoría del vecindario que a pesar de los años que lleva cruzándoselas por las calles, aún no sabe siquiera cómo saludarlas.

El 2 de junio de 1975 se escribía un capítulo de la historia del que poco o nada se habla porque no salía del puño de los vencedores, y no ha interesado mediatizarlo a pesar de que conecta más con nuestro presente que muchos de los grandes episodios que aparecen en los libros de texto. Un grupo de más de 100 trabajadoras sexuales ocupaban la Iglesia de Saint Nizier en Lyon como protesta ante la negativa del gobierno francés de reunirse con ellas, ante la persecución y el acoso policial, ante la negativa de unos conciudadanos a querer incluirlas como parte de la sociedad. ‘’Hace 43 años en un lugar del mundo decían basta, ahora nosotras seguimos diciendo basta también’’. El 2 de junio de 2018, Ariadna Riley, prostituta y miembro del Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS), nos recuerda que, a pesar del paso de los años, la situación de las trabajadoras sexuales no ha cambiado. Que las mismas demandas suenan hoy en el Palacio de los Marqueses de la Algaba que ayer en la Iglesia de Saint Nizier.

“Estamos aquí como ciudadanas, tenemos derecho a estar en este espacio’’, señala María José Barrera, exprostituta y presidenta del CPS. Es la primera vez en la ciudad que en un edificio institucional hablan las trabajadoras sexuales, a pesar de que el Ayuntamiento de Sevilla ha hecho público su rechazo a jornadas de este tipo. A dos días de la celebración del encuentro la concejala de Igualdad organizaba una rueda de prensa para desvincularse de las jornadas y reafirmar su compromiso con la erradicación de la prostitución. Uno de los estandartes políticos del gobierno socialista ha sido la abolición y la identificación de la prostitución con violencia de género y trata. Este blindaje político, que roza el repudio a una parte de la sociedad, no es más que el miedo a lo que el nacimiento de este nuevo sujeto político puede suponer, el miedo a escuchar lo que las putas tienen que decir.

‘’No estamos representadas, pero en todos los espacios se habla de nosotras. Si se habla de nosotras, las putas tenemos que estar. Queremos hablar desde nuestras vivencias, desde nuestros tacones. Que se cuestione si para conseguir la abolición hay que pisotear a tantas mujeres’’. María José Barrera, cierra la presentación de las jornadas haciendo hincapié en uno de los puntos esenciales de las reivindicaciones de las trabajadoras sexuales; que se les escuche, que se cuente con ellas en los debates que les conciernen y que históricamente han sido debatidos y consensuados por todos los actores políticos menos por las propias prostitutas.

Talía Ardana, coordinadora del área de prostitución de la Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) presentó la primera mesa de la mañana recordando la importancia que tiene ‘’abrir un espacio seguro para las trabajadoras sexuales en una ciudad donde el ayuntamiento está cometiendo una auténtica caza de brujas contra las prostitutas’’, en referencia a la aplicación de la Ley Mordaza y a las ordenanzas municipales “antiprostitutas”, una fórmula que se está repitiendo en otras ciudades del estado y que está suponiendo la persecución y represión continua de las trabajadoras sexuales que prestan sus servicios en la calle.

 

Los orígenes históricos del debate sobre el trabajo sexual

Estefanía Acién, profesora del departamento de Antropología social de la Universidad de Almería y miembro de Acción en Red, abrió la mesa con su ponencia Feminismo, sexualidad y prostitución: debates teóricos, consecuencias reales, afirmando que ‘’la lucha por la consecución de los derechos para las putas es importante no solo para el colectivo sino para todas las mujeres’’. La antropóloga reflexionó acerca de los orígenes históricos del debate sobre el trabajo sexual dentro del feminismo. Una contextualización histórica necesaria para no caer en ni reproducir los discursos vacíos que a veces copan las discusiones: ‘’El debate sobre el trabajo sexual no es un debate nuevo, viene de finales del siglo XIX. Estamos en el mismo debate y nos quieren convencer de que es algo nuevo’’.

 

Las falacias del debate abolicionista desde una perspectiva filosófica

En la camiseta de Paula Sánchez, miembro del Colectivo Hetaira, referente en la lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales desde hace 23 años, se puede leer ‘’give me rights” [dame derechos]. Es la camiseta de AFEMTRAS (Agrupación Feminista de Trabajadoras del Sexo), un colectivo feminista de trabajadoras sexuales del distrito madrileño de Villaverde que, a pesar de estar invitado a las jornadas, sus integrantes ‘’no han podido venir por la precariedad a la que les ha sometido la ley Mordaza’’. Paula Sánchez es filósofa e investiga el estigma social de la prostitución desde esta disciplina. Su investigación se centra, entre otras cuestiones, en desmontar lo que en filosofía se conoce como “falacias”, aplicado en su caso, al discurso del abolicionismo. “Para que hablemos de debate tiene que haber posiciones de poder simétricas”, planteó, y evidenció cómo en la cuestión de la prostitución el monopolio del poder, tanto económico, como cultural, social y simbólico está del lado de los posicionamientos abolicionistas.

Partiendo de una visión bourdieuana del poder, expuso que la socialización del estigma de la prostitución es una forma de control social y que la sanción social, que está extremadamente interiorizada en todos los ámbitos de la sociedad, es la violencia sexual. Una de las falacias que analizó Sánchez fue la idea de que “la causa de la trata es la prostitución”. Y en este caso explicó que con estas afirmaciones se está confundiendo correlación con causa. La causa de la trata, sentenció, es la pobreza y el capitalismo, pero sobre todo “el cierre de fronteras, el hecho de que en Europa migrar no sea un derecho humano.”

 

El marco jurídico

Ana Castaño, abogada especializada en derechos humanos, centró su exposición en las normativas jurídicas que rigen el trabajo sexual. A nivel teórico, el Código Penal español no penaliza el ejercicio de la prostitución a quien la ejerce pero sí la explotación derivada de este ejercicio, haciendo que en la práctica se legitime la persecución y el acoso policial a las trabajadoras del sexo. Esta situación de vacío legal, afirmó, es el origen de la ambigüedad legal en la que se encuentra el colectivo.

 

Una aproximación al cliente

El antropólogo Francisco Majuelos compartió sus conclusiones sobre las investigaciones que ha realizado con los clientes del sexo de pago, un campo que no resulta nada fácil de abordar desde una perspectiva feminista y que puede resultar algo hostil y conflictivo para muchas de las que tenemos una postura pro-derechos. Desde una perspectiva etnográfica, Majuelos trazó un perfil del cliente concluyendo que no existen realmente unas características unitarias, y que la creación de un perfil único está relacionada con ‘’la imposición, por quienes pueden crear imaginarios, de un único modelo de sexualidad dominante’’. Apuntó también que desde los años 90 se responsabiliza directamente al cliente con la trata y que en el caso de las trabajadoras sexuales que ejercen libremente la prostitución estamos ante lo que, desde el derecho penal, se conoce como “delitos sin víctimas”, que supone una configuración penal de la moral del delincuente, construyendo de esta forma, la moral pública.

Las putas organizadas

Tras cada ponencia el público, numeroso y atento, debate sobre las cuestiones planteadas a lo largo de la mañana. Las trabajadoras sexuales sevillanas, argentinas, catalanas, se suben a la mesa para cerrar esta primera parte de las jornadas recordando que las putas se están organizando en muchas partes del Estado español y del planeta. Son las dos de la tarde y los empleados de seguridad del Palacio de los Marqueses de la Algaba nos instan a abandonar el edificio, aunque el ambiente de la sala se resiste a cerrar el debate. “Vamos a seguir reivindicando nuestros derechos desde los espacios públicos, porque los pagamos”, sentencia Mª José Barrera. “Quiero reivindicar la participación activa, política, del movimiento social de las trabajadoras sexuales”, manifiesta Paula Ezkerra, trabajadora sexual que participó en el movimiento de las Putas Indignadas en Barcelona. “Porque la participación activa va a deconstruir esta sociedad y la va a transformar en una sociedad diferente, rompiendo con el patriarcado y con el capitalismo.”

El debate entre las trabajadoras sexuales

Es sábado. Hora de la siesta. El sol que se cuela por las rendijas y la atmósfera volátil invita a dormir. Sin embargo el público espera en Lanónima expectante. La ocasión lo merece, no todos los días puede una escuchar con libertad a las protagonistas de una de las cuestiones más polémicas de la sociedad. Hoy no se trata de posicionarse a un lado u otro del debate, de buscar convencer y crear rivalidades. Se trata de acercar posturas, ver dónde se puede confluir, conocer la parte más orgánica y urgente de la cuestión, la que afecta a las personas y no encerrarse en la utopía desde una postura u otra.

La exprostituta y miembro del CPS Carmen de Córdoba modera la mesa de las trabajadoras sexuales. Carmen trabajó más de 30 años en el ayuntamiento de Córdoba después de ejercer la prostitución durante los años 70. “Cobro menos pensión porque me he jubilado anticipadamente, precisamente porque ese tiempo que estuve trabajando de prostituta no cuenta para la vida laboral”. Sus palabras evidencian una de las múltiples consecuencias, reales y encarnadas, de la ausencia de derechos laborales de las trabajadoras sexuales.

Linda Porn, miembro de Aprosex y artista transfeminista, ha vivido su experiencia como trabajadora sexual marcada transversalmente por su condición de migrante. ‘’La ley de extranjería es la verdadera proxeneta, lleva a la mujer migrante a no tener otra salida que la prostitución’’, dura sentencia vivida en la piel, a la que también hacía referencia Ana Castaño en su exposición de las normativas vigentes. Porn señaló la feminización de la pobreza como una de las causas del trabajo sexual. ‘’La mayoría de mujeres somos pobres y es una solución para salir de la precariedad’’. No lo entiende como única opción, sino como la opción que ella ha elegido para ser una superviviente en esta sociedad en la que la precarización laboral femenina es doce veces mayor que la masculina. Una realidad difícil de aceptar en una sociedad en la que los ecos de un modelo único de moralidad aún siguen sonando. 

Camisetas, pegatinas y mermeladas del CPS./ Aurora Revólver

Paula Ezkerra, trabajadora sexual y activista, comenzó su charla reivindicando el trabajo de las Putas Indignadas de Barcelonamovimiento referente en la lucha por los derechos del colectivo que acaba de crear la primera célula sindical de trabajadoras sexuales dentro del Estado español. ‘’No podemos olvidar en nuestra lucha, la lucha de clases y la conciencia de género’’, reivindicó para visibilizar la importancia de la sindicalización del trabajo sexual.

Leo Thunder, fundador del Colectivo Caye, prostituto y actor porno, insistió en su exposición en lo invisible que se encuentra la prostitución masculina. El trabajo sexual masculino no cuenta con estudios, datos, ni un protocolo médico y es un problema que debería atajarse.

Uno de los temas en el que más se profundizó en la mesa fue el del estigma social que supone ejercer la prostitución. “Tú eres siempre puta, aunque hayas ejercido una vez, una semana, un día, eres toda tu vida puta”, apuntó Carmen de Córdoba. También las “prostitutas privilegiadas”, como señaló Ariadna Riley, padecen el estigma en su vida cotidiana. En los centros médicos, donde les exigen continuas pruebas de Enfermedades de Transmisión Sexual; y en todos los ámbitos de la vida, como en el de la maternidad, ya que parece que a las putas se les niega también ese espacio social, el de madres o parejas, porque, como afirma Riley, “o él es tu chulo, o los hijos son fruto de una violación”.

Pero las putas, dice Paula Ezkerra, le dan la vuelta al estigma, que es una forma de controlar los cuerpos de las mujeres –los de todas las mujeres, no sólo los de las putas- y lo utilizan como herramienta de empoderamiento. ” Yo como puta veo la debilidad en la sexualidad del hombre y me aprovecho de esto económicamente, y eso se llama capital erótico”. Es aquí donde entra en el debate un discurso feminista que para muchas es difícil de asimilar: el feminismo puta. Para Porn esta concepción del feminismo tiene que ver, entre otras cosas, con el uso que la sociedad hace de la palabra puta para insultar a las mujeres. A las que se acuestan con muchos hombres, a las que visten con falda corta o a las que utilizan libremente su sexualidad, la sociedad las tacha de “putas”. Por eso, afirma, “las putas son todas las tías que transgreden las leyes patriarcales”.

Saisei-chan, otra de las trabajadoras sexuales que ha acudido a este encuentro, tiene una visión muy clara sobre lo que significa encarnar la identidad de puta feminista. Explica, desde un análisis profundo y meditado, cómo para ella, el feminismo puta parte de la pérdida del miedo a la cultura de la violación, al castigo que suponen las conductas sexuales disidentes de las mujeres. “Hay mujeres a las que es lícito violar, y otras que son víctimas. Y esa es la gran herramienta de control. Es la culpa y es el miedo”. Asumir la identidad de puta feminista “hace que tengas una relación más sólida con tu cuerpo y con tu sexualidad”. Reconocer públicamente que eres puta, es decir, que eres una mujer que se acuesta con muchos hombres, implica para Saisei-chan que el otro ya no te reconozca como sujeto y que dejes de esperar su aprobación, “y entonces empiezas a ser aún menos controlable”.

El público disfruta del debate, comenta, pregunta y escucha con atención las reflexiones y los relatos en primera persona de las trabajadoras sexuales de la sala. Es hora de cerrar, antes de hacerlo, María José Barrera agradece la participación de sus compañeras y vuelve a incidir en los puntos más urgentes: la formación y el acompañamiento a ‘’las compañeras que aún no están empoderadas”; la consecución de derechos sanitarios, sociales y laborales a las que quieran seguir ejerciendo la prostitución y alternativas reales a la prostitución para aquellas que quieran dejar de hacerlo. Un punto que desde un lado u otro del debate no debería siquiera ser discutido.

Hoy se alzaban las voces de putas y aliadas al grito de zorroridad. Exigen ser escuchadas, ser reconocidas como sujetos políticos activos con capacidad de decisión sobre sus propias vidas. Están hartas de repetir que la defensa del trabajo sexual no es una cuestión de libre elección. Que la mayoría de la gente no tiene libertad plena para elegir, y menos aún las mujeres pobres, las migrantes y las trans, a las que la sociedad condena a una precariedad extrema y depredadora. Que escogemos entre las posibilidades que tenemos a nuestro alcance según nuestro contexto social y cultural. Y que para ellas, la prostitución es una de esas opciones. Que la sociedad, sumida en un debate moral, mira para otro lado cuando las putas son asesinadas y violadas. Cuando se les deniegan los derechos más básicos como trabajadoras y como ciudadanas. Y que por eso, lo que urge, no es posicionarse éticamente a favor o en contra de la prostitución sino hacerlo a favor de las personas que la ejercen, para que no sigan siendo agredidas física, simbólica e institucionalmente. Para que puedan llegar a ser ciudadanas y trabajadoras de pleno derecho.

Aurora Revolver

Periodista Andergraund. Potra desbocá que no sabe donde va. Documentalista neonata. Escribo sobre lo que me escuece, poemas también, ‘De Contrabando’ editorial versátiles.

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Paula Alvarez

Periodista audiovisual y feminista. Escribo con la cámara y el papel sobre derechos humanos y feminismo. Trabajo en comunicación participativa en @laluciernagacc

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La mayoría de españolas y españoles se oponen a la penalización del consumo de prostitución

 

El abolicionismo —como ideología fundamentalista enemiga de las libertades fundamentales de españolas y españoles— no debería ser apoyado por la mayoría del pueblo español, maduro democráticamente y celoso defensor de las libertades recuperadas tras el franquismo. Una ideología que pretende mantener vivo el control patriarcal de la vida sexual de las mujeres no debería ser mayoritariamente respaldado por éstas. El abolicionismo del que el PSOE se proclama único defensor, no debería ser respaldado por esa mayoría de votantes del PSOE que se oponen a la violencia contra las mujeres y al control de su sexualidad y de su cuerpo.

Ha llegado a la vicepresidencia del Gobierno y al ministerio de Igualdad una abolicionista acérrima que apenas hace un mes propugnaba la gran importancia de “tomar decisiones ‘legales y contundentes’ para castigar a los proxenetas y a los hombres que van a la prostitución”. Ha sido nombrado ministro del Interior un abolicionista que asegura sin pestañear que el 99% de las mujeres que ejercen la prostitución son víctimas de trata. Pero ambos deberán estar atentos a las encuestas y escuchar lo que opinan españolas y españoles, opinión que no coincide precisamente con la suya.

Ha sido publicado recientemente el resultado de la encuesta sobre la “Percepción Social de la Violencia Sexual”, realizada por  Delegación del Gobierno para la Violencia de Género a través de 2.465 entrevistas, y los resultados son demoledores para las posiciones abolicionistas. Lo primero que queda meridianamente claro es que españolas y españoles distinguen claramente entre prostitución y trata, entre libertad y coacción, y de esta forma, así como “obligar a prostituirse a una mujer” la casi totalidad de los encuestados consideran que debe ser castigado por la ley, “pagar a una mujer por mantener relaciones sexuales (prostitución)” solo consideran que debe ser castigado por la ley una minoría del 35,0% (31,1% de hombres y 36,8% de mujeres). Es obvio que si españolas y españoles creyeran como el ministro del Interior que el 99% de las trabajadoras sexuales son obligadas a prostituirse, también la penalización del consumo de prostitución habría sido respaldada por la casi totalidad de encuestados.

El fundamentalismo abolicionista no puede llevar adelante sus planes en España por medios democráticos, porque la mayoría del pueblo no lo respalda. Sólo mediante decretos municipales arbitrarios y no contestados ante los tribunales y mediante una Ley Mordaza impuesta por el rodillo parlamentario del PP han podido hasta ahora imponer de forma parcial la prohibición de la prostitución (pues prohibición de la prostitución es penalizar a los clientes). Una Ley Mordaza, por cierto, que ahora el PSOE en el poder ya no piensa derogar, sino tan sólo “revisar”.

Las trabajadoras sexuales no están solas en la defensa de sus derechos: la mayoría electoral se opone a la penalización. No será precisamente “un cálculo electoralista” lo que lleve al PSOE a impulsar una ley de penalización de la prostitución en esta legislatura. Se limitarán, como hasta ahora, al ámbito municipal —sin ningún tipo de consulta popular previa, por supuesto— y a mantener vigentes los odiosos tres artículos antiprostitución de la Ley Mordaza.

 

Los principales resultados de la encuesta se pueden ver aquí (lo referente a trata y prostitución en página 14).

Y la encuesta completa aquí (lo referente a trata y prostitución en páginas 70, 71, 81 y 82).