Madrid merece putas con derechos

 

 

Por Mamen Briz (Hetaira)

 

Colectivo Hetaira·Martes, 31 de enero de 2017

 

Ponencia de Mamen, del Colectivo Hetaira, en Madrid, el 17 de diciembre de 2016 (Centro Dotacional Integrado de Arganzuela dentro de la Jornada El respeto de los derechos humanos en el trabajo sexual)

 

¿Qué hacemos con la prostitución en la ciudad de Madrid?

 

Ha pasado ya más de un año y medio desde aquel día, el 24 de mayo de 2015, en que las urnas decidieran “echar” a Ana Botella y al equipo de Gobierno del PP de Madrid.

 

Mucha gente lo celebró. Las prostitutas entre otras.

 

Lo celebraron ellas y lo celebramos quienes venimos haciendo, desde hace años, activismo en la defensa de los derechos de las prostitutas.

 

Pensábamos que, por fin, tendríamos la oportunidad de conseguir que la situación de las trabajadoras del sexo mejorase en nuestra ciudad. Pensábamos que podríamos dejar atrás años de desprecio por parte del anterior equipo de Gobierno.

 

Hetaira nunca ha tomado “partido”, ni hemos pedido el voto para ninguna formación política. Nuestra tarea ha consistido en informar sobre la situación real de las prostitutas en la ciudad y en el resto del país y en explicar qué queremos decir cuando hablamos de derechos o de la necesidad de descriminalizar el trabajo sexual. Por lo general, las formaciones políticas –de todo signo y color- nos han pedido reuniones previas a la redacción de sus programas electorales. En otros momentos, hemos sido nosotras quienes hemos solicitado reunirnos con partidos políticos concretos. Pero la realidad es que, a lo largo de nuestros 21 años de existencia, hemos coincidido, en no pocas ocasiones, con activistas de otras organizaciones que forman parte, en la actualidad, de Ahora Madrid.

 

La conformación de Ahora Madrid fue un proceso largo. Y se pidió a Hetaira que participase en diferentes reuniones para poder “repensar” qué hacer con la prostitución. Y allí estuvimos.

En las diferentes reuniones y espacios donde nos encontramos, las hetairas explicamos, por activa y por pasiva, cuáles pensábamos que podrían ser las mejores políticas municipales en materia de prostitución.

 

De todos aquellos procesos, salió una propuesta breve, pero clara, que se incorporó al programa electoral de Ahora Madrid.

 

El programa de Ahora Madrid recogía lo siguiente: “Desarrollar políticas a favor de los derechos de las prostitutas en colaboración con ellas, de forma que se garantice su integridad física, sus derechos ciudadanos, sus derechos de imagen, sus condiciones laborales y los recursos sociales necesarios para el abandono del ejercicio de la prostitución si así lo deciden”. [Programa electoral de Ahora Madrid, p.35]

 

El acuerdo PSOE-Ahora Madrid sabíams que no nos beneficiaría si la prostitución se convertía en moneda de cambio (como así parece estar ocurriendo); pero nunca pensamos que el equipo municipal de Ahora Madrid, más concretamente el Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, a cargo de Marta Higueras, se manifestara a favor de un modelo victimista y de criminalización del trabajo sexual y a favor de las políticas heredadas por Ana Botella, dándolas por válidas, sin ningún sentido crítico, sin revisar qué filosofía esconden estas políticas, sin evaluar las repercusiones que han tenido sobre las personas que ejercen la prostitución en la ciudad de Madrid. Y sin trabajar, codo con codo, con las afectadas.

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Pensábamos que, por fin, podríamos mejorar las condiciones de trabajo (y por tanto de vida) de las prostitutas, sobre todo de aquellas que lo tienen más difícil: las prostitutas que captan a su clientela en la calle o de aquellas otras que, debido a las políticas de persecución y criminalización que se efectúan en la calle, deciden trabajar en pisos o clubs si poder negociar sus condiciones de trabajo.

 

Pensábamos que sería el momento de cerrar página, de esquivar el estigma que pesa sobre ellas. Por fin un Ayuntamiento que no gastase ingentes cantidades de dinero en actividades y en “supuestas” campañas de sensibilización que les venían haciendo un flaco favor a las prostitutas, ya que ahondaban en el estigma puta.

 

Pensábamos que sería el momento de negociar, por fin, espacios públicos donde las mujeres pudiesen trabajar sin molestar ni ser molestadas. No es económicamente imposible, tan sólo se necesita voluntad política para poner en marcha un proyecto piloto.

 

Pensábamos que sería el momento en que, por fin, las instituciones recibieran a las trabajadoras del sexo sin tener que soportar miradas de desprecio. Pero tampoco ha sido así, ni tan siquiera son reconocidas como lo que son: trabajadoras del sexo y se refieren a ellas como “prostituidas”.

Nunca nos recibió Manuela Carmena, algo que sí ha hecho con otros sectores sociales, con las trabajadoras domésticas organizadas, por ejemplo. Existen fotografías de ese encuentro y desde las redes sociales de Ahora Madrid se difundió por activa y por pasiva.

 

En la primera reunión de Hetaira con el equipo municipal, fuimos “redirigidas” a Marta Higueras. Tuvimos dicha reunión el 7 de septiembre de 2015, y no contó con ninguna foto “oficial”, ni se contó por las redes sociales, ni escuchamos una sola frase de compromiso en defensa de los derechos de las prostitutas. Tan sólo escuchamos en la despedida: “Ya os informaremos”; es decir, se nos cerraba la posibilidad de participación en las políticas públicas dirigidas a las prostitutas. Tras la reunión, expresamos nuestro malestar al equipo de Gobierno de Ahora Madrid.

 

Pero no desistimos, volvimos a solicitar una nueva reunión con Manuela Carmena -junto con nuestras compañeras de AFEMTRAS- en el mes de mayo de 2016; nos comunicaron que sería posible tras el verano. Estamos en diciembre y aún no hemos sido convocadas.

 

Pero volvamos al programa de Ahora Madrid: “Desarrollar políticas a favor de los derechos de las prostitutas en colaboración con ellas”. Tras aquella primera reunión, nunca más se ha vuelto a contar con las organizaciones pro derechos ni tampoco con las organizaciones propias de trabajadoras del sexo. La “colaboración” se cayó del programa.

 

Continuemos… “de forma que se garantice su integridad física, sus derechos ciudadanos, sus derechos de imagen, sus condiciones laborales”. Nada de esto ha ocurrido: no se ha hecho absolutamente nada para trabajar en la integridad física de quienes ejercen la prostitución, sobre todo de quienes captan a su clientela en la calle, en lugares apartados de los centros urbanos, que continúan abandonadas a su suerte y sufriendo, como novedad, las multas, a consecuencia de la ley mordaza.

 

Ni siquiera la denuncia de abusos policiales por parte de algunos miembros de la XI Brigada de la UCRIF hacia las prostitutas ha hecho reaccionar al equipo municipal, a pesar de que conocían estos hechos. Por eso el miércoles, día 14 de diciembre de 2016, convocamos a una cacerolada ante las puertas del Ayuntamiento de Madrid. Para volver a llamar la atención. Para que no se olviden de nuestra existencia y para que no miren hacia otro lado cuando denunciamos insultos (racistas, sexistas, tránsfobos), humillaciones y abuso de autoridad.

 

Tampoco reaccionó Purificación Causapié, concejala en el Ayuntamiento por el PSOE, con quién también nos reunimos el pasado 30 de junio de 2016. Porque, a pesar de conocer las ideas abolicionistas del PSOE, entendíamos que los abusos policiales que estaban teniendo lugar contra las prostitutas del Polígono de Villaverde debían estar por encima de sus ideas en torno al trabajo sexual. Pero no, no ha sido así.

 

Tampoco se han garantizado sus “derechos de ciudadanía”, a no ser que entendamos que la ley de seguridad ciudadana, la famosa ley mordaza, se haya empleado a gusto contra ellas. Podemos decir que por una vez se reconoce a las prostitutas como ciudadanas de pleno derecho, sí “ciudadanas multadas”.

 

Con respecto a sus “derechos de imagen” no solamente no se ha hecho nada sino que se ha perjudicado intencionadamente a algunas activistas-trabajadoras del sexo haciendo uso de sus imágenes, sin su consentimiento, en la famosa “guía de recursos para periodistas” [sobre la que volveré más tarde] titulada El abordaje de la prostitución y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

 

Sobre el garantizar sus “condiciones laborales” tampoco ha habido ni un solo cambio ni mejora. Las condiciones laborales continúan siendo paupérrimas y agravadas por la puesta en marcha de la ley mordaza.

 

Por último, decía el programa electoral de Ahora Madrid: “y los recursos sociales necesarios para el abandono del ejercicio de la prostitución si así lo deciden”.

 

Desde Hetaira siempre hemos puesto el foco de atención en exigir protección real para las víctimas de trata; derechos laborales y sociales para quienes deseen continuar ejerciendo y, por último, alternativas de empleo para quienes deseen, por los motivos que sea, abandonar el ejercicio de la prostitución.

 

Y aquí, sí, tenemos que decir que en éste último punto se ha hecho algo: se ha dado continuidad a algunos de los cursos puestos en marcha por Ana Botella. El Ayuntamiento de Madrid aprobó en 2015 un presupuesto de 72.000 euros y becó a 30 mujeres (600 euros mensuales por asistir a los cursos de formación, durante 4 meses). En 2016 el presupuesto ha sido de 76.500 euros y el número de becas 31. A falta de una evaluación concreta para conocer el éxito de la formación recibida y, si ésta es la más adecuada y demandada por las prostitutas, tan sólo contamos con la cifra que se ofrecía desde Concepción Arenal: 8 mujeres de 30 encontraron otra ocupación, todas en tareas de cocina y de camareras de piso.

 

Desde Hetaira entendemos que las becas han de ampliarse, es insuficiente fijar en 30/31 de forma anual. La cantidad de la beca no llega al salario mínimo interprofesional y es complicado pagar el alquiler, las facturas, la comida y el transporte en la ciudad de Madrid y llegar a fin de mes. Muchas mujeres siguen ejerciendo la prostitución al tiempo que estudian y el Ayuntamiento es conocedor de ello. Por otro lado, exigimos la diversidad de cursos ofertados, porque ofrecer trabajos precarizados y fuertemente feminizados no puede ser la única solución. Las trabajadoras del sexo cuentan con muchas otra habilidades y el abanico de posibilidades debería ampliarse: azafatas en eventos y congresos, recepcionistas de hotel… tienen don de gentes y algunas conocen varios idiomas.

 

La gestión de estos cursos y la “fase de inserción laboral” corre a cargo del proyecto Atención Víctimas Explotación Sexual Concepción Arenal, el mismo que puso en marcha Ana Botella y que continúa con su misma filosofía heredada. Porque este recurso deja bien claro quiénes son las personas beneficiarias del mismo: “Mujeres en situación de prostitución y/o víctimas de trata con fines de explotación sexual en el municipio de Madrid”. Ni siquiera nombra a las “prostitutas” ni a las “trabajadoras del sexo”. Quien quiera acudir al recurso, para empezar, ha de cambiar la propia forma de autonombrarse. En la información sobre dicho recurso, que aparece en la página web del Ayuntamiento de Madrid, se habla tan sólo de “mujeres víctimas de explotación sexual”. Nos preguntamos: “¿quiénes son las víctimas de explotación sexual?”

 

Recordamos que el delito de trata ya está reflejado en nuestro Código Penal, no así la “explotación sexual”.

 

“Explotación sexual” es un concepto muy discutible si nos atenemos a lo que plantea GAATW (Alianza Global contra la Trata de Mujeres): “No existe una definición internacional del término “explotación sexual”, con lo que cada país puede definir y abordar ésta como considere apropiado, teniendo así un gran margen de actuación”.

 

Lo que está sucediendo es que el término “explotación sexual” se utiliza como sinónimo de “prostitución” de forma intencionada para ahondar en la idea de que prostitución= “explotación sexual”.

 

Cuando se elaboró el Protocolo de Palermo, por el año 2000, la OIT ya recomendó eliminar este término y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, en junio de 1999, también recomendó suprimirlo para evitar las dificultades de implementación inherentemente asociadas a los términos vagos, imprecisos y emotivos (como ocurre con “explotación sexual”) cuando estos son utilizados refiriéndose a los adultos.

 

Si tal y como afirma la coordinadora del recurso Concepción Arenal: el 50% de mujeres que atienden son víctimas de redes. Nuestra pregunta es: ¿Por qué no lo denuncian ante las autoridades judiciales para que puedan recibir la protección adecuada y que se active el sistema judicial-policial para condenar a los “tratantes”?

 

Hemos tenido algunos otros encuentros y reuniones con miembros de Ahora Madrid. En concreto con Javier Barbero, delegado del Área de Salud, Seguridad y Emergencias, y con Guillermo Zapata, concejal presidente de los distritos de Fuencarral-El Pardo y Villaverde. En la reunión con Barbero, y en la que también estaba presente la Plataforma No Somos Delito, se habló de hacer una mesa de seguimiento de las vulneraciones de derechos de la ley mordaza. Hubo nota de prensa y foto, pero finalmente no se puso en marcha. Con Guillermo Zapata hemos mantenido varias reuniones tratando de conseguir una mesa en donde pudiéramos llegar a acuerdos entre comerciantes, vecindario y las mujeres que ejercen la prostitución en el Polígono de Villaverde; pero tampoco ha prosperado.

 

¿Qué otras cosas se han hecho desde el Ayuntamiento de Madrid en relación a las prostitutas, putas o trabajadoras del sexo?

 

  1. Publicidad ilícita

 

El 25 de noviembre de 2015, PP, PSOE, Ciudadanos y Ahora Madrid aprobaron en un pleno municipal considerar “publicidad ilícita” a los anuncios de prostitución que en ocasiones aparecen en los coches aparcados en las calles de Madrid, amparándose en la Ley General de Publicidad que considera “publicidad ilícita” los anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria o discriminatoria: “Utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto”. No hay que estar muy “viva” para darse cuenta de casi el 90% de la publicidad vende sus productos a través de “cuerpos”, cuerpos jóvenes siempre, de mujeres y de hombres… Así que el PP incorporó lo siguiente: “Anuncios que muestren también al hombre ‘como una mercancía’.

 

El delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, señaló que la Policía Municipal no actuará de igual modo ante los anuncios de prostíbulos y los que realizan: “Mujeres que ejercen la prostitución por su cuenta y hacen ellas mismas las fotocopias”. Un apunte interesante por su parte y que agradecemos.

 

A fecha de hoy, no tenemos constancia de qué repercusión ha tenido esta medida sobre la publicidad que se exhibe en coches y mobiliario urbano. Desconocemos si se ha podido hacer alguna evaluación de la misma. Desconocemos si sirvió para algo. Además de para divagar sobre la publicidad.

 

  1. Guía de recursos para periodistas El abordaje de la prostitución y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

 

El día 23 de septiembre de 2016, fue declarado por la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas (una coalición con una filosofía abiertamente abolicionista y que no tiene en cuenta la diversidad de situaciones entre quienes ejercen la prostitución), como Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Al margen de no entender esta asimilación de mujeres (es decir, personas adultas con capacidad de decisión sobre sus propias vidas) con “Niñas y niños” (menores a quienes hay que proteger). A pesar de que “tráfico” de personas significa una cosa y “trata” otra. A pesar de que no hay una única definición de “explotación sexual”; a pesar de todo ello, el Ayuntamiento de Madrid decidió que era el día perfecto para presentar en sociedad la guía de recursos para periodistas El abordaje de la prostitución y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

 

Se nos invitó a la presentación de la misma y allí estuvimos, sin entender nada de lo que estábamos escuchando. Oyendo más de lo de siempre, ninguneando a las trabajadoras del sexo, ninguneando sus necesidades, discriminándoles y estigmatizándoles como siempre se había venido haciendo desde la corporación municipal. El cambio no ha llegado para las trabajadoras del sexo.

 

Pero entre todas las opiniones las que más indignación nos causaron fueron las que vertió la alcaldesa, ya que no representaban para nada las diferentes sensibilidades que se dan dentro de su propio grupo municipal, a la par que barrenaba su propio programa electoral. Carmena esgrimió frases como ésta:”Es muy útil para conocer el acto de explotación individual que tantas mujeres sufren sólo porque un hombre ha decidido explotarlas” o ésta otra: “Hay que profundizar en las causas de la demanda de prostitución y utilizar el periodismo de datos para desmontar la hipocresía sistemática de esta sociedad”. Palabras-humo.

 

La guía propone, entre otras cosas, sustituir las palabras “prostituta” o “puta” por “mujer en situación de prostitución, víctima de trata o de explotación sexual o mujer prostituida”. También recomienda cambiar los términos al referirnos a los clientes. Sugiere llamarlos “puteros” o “demandantes de prostitución”. Es decir, que el Ayuntamiento impide que las trabajadoras del sexo se autonombren como deseen y les indica a los medios de comunicación cómo han de referirse a ellas (1). Es determinante, conocer cómo se autonombran los diferentes colectivos y no privarles de su capacidad de decisión como si necesitaran de tutela permanente.

 

Claro que cuando algo no se nombra, no existe, esto es lo que les ocurre con frecuencia a las prostitutas; podemos considerar “invisibilidad institucional” como discriminación. Confundir “trata” y “prostitución”, además de suponer un insulto a la inteligencia, y hacerlo de forma intencionada tiene consecuencias sobre las vidas de las prostitutas. Claro que es difícil pensar en las vidas de personas concretas, cuando son personas que ni conocemos ni deseamos conocer.

 

Otra perversión más, la guía -a pesar de no haber contado para su elaboración con activistas pro derechos ni con trabajadoras del sexo, ni con periodistas especializados en derechos humanos- cita a Hetaira (no sabemos si como forma de “contentar” o de que pareciera “plural”); cita a Hetaira para contradecir sus tesis y además nos cita mal, nos cita como “corriente pro reguladora” (pág. 28, 37 y 67), cuando jamás apostamos por la “regulación de la prostitución”, somos pro derechos (que es muy distinto). En la página 72, recomiendan a los periodistas que no recojan sólo la voz de las prostitutas cuando se manifiestan (a pesar de ser ellas las protagonistas), que hay que dar voz también a quien no se manifiesta ese día y está en contra de las prostitutas, vaya. Es como recomendar a los periodistas que en las manifestaciones por el derecho al aborto pasen el micrófono a las organizaciones pro vida.

 

En las últimas páginas de la guía aparecen fotografías de putas empoderadas, mujeres que han decidido dar la cara por todas sus compañeras. Y ahí están sus fotos y se les critica por no representar a todas las prostitutas, porque son de alto standing. Jamás pretendieron representar a “todas” las prostitutas. Las escorts lo que sí han hecho ha sido solidarizarse con quienes lo tienen más difícil. En el último mes ha surgido otra crítica: algunas mujeres de quienes están dando la cara no son “auténticas mujeres”, son “transexuales”. Por tanto, tampoco son representativas. El Área LGTB de Ahora Madrid tendría que tenerlo en cuenta.

 

En definitiva, la guía sirve para continuar estigmatizando a las prostitutas y servirá de poco o nada a los y las profesionales del periodismo.

 

Ante la crítica de dicha guía, por parte de asociaciones pro derechos y de asociaciones de prostitutas de Madrid y Barcelona, la única voz que escuchamos dando explicaciones fue la de Rita Maestre, portavoz del grupo municipal, quien muy brevemente explicó, tras la pregunta de un periodista, que se trataba de un tema “muy complejo” (esto no se le escapa a nadie, por cierto) y que no valen los “brochazos gordos”.

 

Estamos de acuerdo con ella en que el tema es complejo, muy complejo, pero no tanto para decidir no estar “con ninguna postura” (ni abolicionista ni pro derechos; ésta es una nueva moda, decid que una no se decanta por ninguna, como si esto sirviera para algo). Pero el equipo municipal no es que ante la complejidad haya decidido esperar, no, ante la complejidad ha decidido continuar aplicando políticas públicas que conllevan graves consecuencias sobre la vida de las mujeres que ejercen la prostitución, por ejemplo, profundizando en el estigma. Y declarar que no valen los “brochazos gordos”, aunque la guía para periodistas, no haya usado “pinceles finos” precisamente.

 

Problemas complejos nos rodean siempre y sin embargo, a pesar de la complejidad, tomamos partido, porque tomar partido es la única vía para buscar soluciones. Así el Ayuntamiento, a pesar de lo complejo del tema, decide, por ejemplo, involucrarse en la exigencia del cierre de los CIES. Podríamos dejar de debatir y apoyar a estas mujeres que esperan de nuestra respuesta y de nuestra solidaridad. ¿Debatimos mientras denuncian que son acusadas por determinados individuos de una unidad policial de la UCRIF? ¿Debatimos mientras les aplican la ley mordaza? ¿Debatimos mientras las deportan?

 

El día 28 de septiembre de 2016, publicaba el Huffington Post (2): “De momento, el Ayuntamiento de Madrid no ha respondido al comunicado de Hetaira y AFEMTRAS. “Nuestra idea es esperar, a ver si hay algún tipo de reacción para poder seguir consensuando. Si queremos una guía que sea práctica tanto para mujeres como para periodistas, esperemos poder retomarlo”, explicábamos. Pero estamos acabando el año y nuestra entrevista con Carmena continúa a la espera.

 

  1. Ordenanza de convivencia de consenso

 

Al día siguiente, el 29 de septiembre, la portavoz municipal Rita Maestre anuncia que se está trabajando en una ordenanza de convivencia de consenso: “La ordenanza va precedida de un periodo de diálogo previo para conocer la opinión de todos los actores”. Aún no hemos sido convocadas a ninguna reunión para poder dar a conocer nuestra opinión sobre el efecto pernicioso de las ordenanzas de convivencia impuestas en otras ciudades de nuestra geografía y que criminalizan y ahondan en el estigma puta.

 

  1. Jornadas en dependencias municipales

 

Por otro lado, y en este repaso que estamos haciendo sobre qué ha hecho el Ayuntamiento de Madrid en relación a la prostitución, han tenido lugar dos jornadas internacionales sobre prostitución y trata en diferentes dependencias municipales (en septiembre de 2015 y en septiembre de 2016), organizadas por la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres.

 

  1. II Plan contra la explotación sexual y la atención a la prostitución en la ciudad de Madrid

 

El II Plan contra la explotación sexual y la atención a la prostitución en la ciudad de Madrid se puso en marcha en enero de 2013 y finaliza ahora en diciembre de 2016. En su descripción dice que se elaboró teniendo en cuenta un enfoque “integral y transversal”. El plan incluye una evaluación con unos indicadores un tanto asombrosos.

 

Desde Hetaira exigimos una evaluación del plan para conocer su impacto sobre la población a la que va dirigida, en donde esta población pueda aportar su opinión. Pero entendemos que es difícil evaluar un plan con indicadores como los que incorpora. A modo de ejemplo: “Intensificar la presencia de la Policía Municipal y la Unidad Móvil “Concepción Arenal” en las cercanías de los centros educativos de la Colonia Marconi para dificultar el ejercicio de la prostitución durante los períodos de entrada y salida de los/as escolares y otros espacios de la Colonia Marconi. INDICADOR: nº de mujeres en situación de prostitución en la Colonia Marconi en horario de entrada y salida de los centros educativos”.

 

O éste otro: “Apoyar la instalación de empresas en el Polígono El Gato estableciendo un protocolo de actuación conjunta que garantice que se trata de un territorio libre de prostitución”.

Así que tal vez sea más eficaz que el Ayuntamiento actual tumbe el plan y se ponga a trabar en otro que realmente ponga por delante los derechos humanos y que cuente en la planificación y desarrollo de políticas públicas municipales que tengan en cuenta a las trabajadoras del sexo.

 

  1. Ley de Seguridad Ciudadana y el celo en su aplicación: denuncia de abusos policiales.

 

En julio de 2015, entró en vigor la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, de carácter estatal, más conocida como ley mordaza, que ofrece la misma receta para quienes ejercen la prostitución y captan su clientela en la calle: criminalización y multas. La innovación y las ideas críticas brillan por su ausencia. La Delegada de Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa dejó muy claros los objetivos de la intervención policial: “Controlar, erradicar y combatir la prostitución”. Con la ley mordaza se puso en marcha una potente maquinaria represiva contra las prostitutas.

El Ayuntamiento de Madrid dejó de tramitar las multas impuestas por la Policía Municipal y las enviaba a Delegación de Gobierno, para que resolviera. Probablemente las multas por el ejercicio de la prostitución hayan sido de las más numerosas, pero nunca se interesó el consistorio por conocer cómo estaban afectando a las prostitutas y si debía/podía intervenir de algún modo.

 

Más tarde, les hicimos llegar nuestro malestar por los abusos policiales y pusimos todos nuestros datos bajo su conocimiento, pero tampoco hubo respuesta.

 

Es la primera vez que realizamos una actividad las asociaciones que trabajamos por los derechos de las prostitutas en dependencias municipales.

 

Muchas gracias por su presentación a la concejala de Ahora Madrid del distrito de Arganzuela, Rommy Arce, por facilitar que la voz de las prostitutas se escuche.

 

  • (1) Como anécdota, la propia Marta Higueras, delegada del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, asistía al I Congreso sobre Empleo de Hogar y Cuidados. Visibilizar para transformar y aplaudía una intervención en donde las trabajadoras del hogar/trabajadoras domésticas reivindicaban autonombrarse como mejor les parezca.

 

(2) “Dos asociaciones de prostitutas critican la guía periodística de Manuela Carmena”, de Carolina Abellán , 28/09/2016: http://www.huffingtonpost.es/2016/0…#

 

 

Manifiesto a favor y propuesta de regulación del trabajo sexual en España

El Grupo de Estudios de Política Criminal hizo público, a finales de 2006, su Manifiesto a favor de la regulación del ejercicio voluntario de la prostitución entre adultos. Los argumentos del documento tuvieron cierto eco entre los diseñadores de las políticas locales y autonómicas relativas a la prostitución. Pero ninguna acogida en el Proyecto de reforma del Código Penal publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 27 de noviembre de 2009.

 

Puede consultarse el documento completo, con anexos, aquí:

http://www.gepc.es/web/sites/default/files/ficheros/DOCUMENTO10.pdf

 

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PRESENTACIÓN

 

Resulta obvio que las prácticas sexuales, incluso mediante precio, pueden responder a una decisión voluntaria. Y no parece que, en principio, los poderes públicos estén legitimados para oponerse al libre intercambio de placer por dinero; menos aún en un contexto en el que el dinero es la medida de todas las cosas.

 

La percepción de esta obviedad, sin embargo, ha estado históricamente condicionada por dos factores: de un lado, la imposición coactiva de sexo es un dato recurrente en la práctica de la prostitución; de otro, y con carácter más general, el sexo de la mujer —con la excepción del que fuera ejercido dentro del matrimonio— ha quedado recubierto con la pátina de lo sucio y de lo peligroso, a embates de un integrismo oscurantista que, durante siglos, ha venido impidiendo el discurso sobre la sexualidad femenina.

 

La concurrencia de estos factores provoca la contradicción de que, hoy, en las sociedades occidentales, donde se acepta que el placer, incluido el sexual, no puede ser visto con recelo, la prostitución comporta un estigma de descalificación in totum, que está en la base de los modelos abolicionistas y prohibicionistas.

 

Pero la amenaza penal propugnada por el prohibicionismo se ha mostrado ineficaz: “¿Qué multa podemos proponer-se preguntaba, ya en 1724, Bernard de Mandeville-que sea suficiente para disuadir a los hombres, cuando hay tantos que malgastan toda su fortuna por esta sola gratificación? ¿Y qué castigo corporal, aparte de la muerte, podemos encontrar equivalente a una sífilis, a la que se arriesgan todos los días?”. Por su parte, el paternalismo abolicionista, anclado en el tópico de la mujer débil y dócil, siempre necesitada de la tutela del Estado o de bienintencionados redentores, ni responde al sentir de los tiempos ni puede hacer olvidar el dato de que la explotación sexual se hace fuerte allí donde la clandestinidad y la marginalización hacen más vulnerables a sus víctimas.

 

A partir de ahí, el primer objetivo es la despenalización de la prostitución voluntaria entre adultos y la orientación del sistema penal a la tutela efectiva de la libertad sexual. Despenalización no significa, sin embargo, garantía de mejor tutela de derechos. Es sólo el primer paso, porque no se trata de garantizar al cliente un nivel sanitario aceptable o de facilitar una válvula de escape a los requerimientos del instinto sexual que refuerce la paz intra-matrimonial. No se trata de defender intereses ajenos a quien presta servicios sexuales, sino de asegurar los derechos inherentes a la dignidad personal de quien se decanta, por razones sobre las que no cabe inquirir, por una determinada opción laboral.

Se trata, en resumen, no sólo de despenalizar, sino también de regular. Lo que, como demuestran experiencias ajenas, no incrementa el tráfico o la explotación: ni siquiera favorece la expansión de la industria del sexo.

 

El Grupo de Estudios de Política Criminal hizo público, a finales de 2006, su Manifiesto a favor de la regulación del ejercicio voluntario de la prostitución entre adultos. Los argumentos del documento tuvieron cierto eco entre los diseñadores de las políticas locales y autonómicas relativas a la prostitución. Pero ninguna acogida en el Proyecto de reforma del Código Penal publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 27 de noviembre de 2009.

 

El Manifiesto reivindica no sólo la despenalización de la prostitución entre adultos, sino, sobre todo, la implementación de políticas sociales dirigidas a garantizar el respeto a los derechos esenciales –incluidos los laborales- de quienes deciden dedicarse a la prestación de servicios sexuales, en el marco general de la industria del ocio.

 

De acuerdo con el modus operandi del Grupo de Estudios de Política Criminal, se publica ahora, junto a aquel Manifiesto, la Propuesta de regulación del trabajo sexual: un conjunto de alternativas jurídicas para conciliar la salvaguardia de los derechos de los trabajadores del sexo con la persecución penal de cualquier forma de prostitución forzada.

 

El Anexo, que consuetudinariamente viene complementando nuestras publicaciones, incorpora extractos de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 20 de noviembre de 2001, que consagra el derecho al ejercicio de la prostitución, como práctica lícita, si libre, y diseña los criterios de su consideración como actividad económica no asalariada, contemplada como tal en el Tratado de la Unión Europea.

 

El Anexo incluye también un extracto del polémico, pero referente ineludible en la reflexión posterior, Informe de la ponencia sobre la situación actual de la prostitución en nuestro país, publicado en 2007 por la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer y la Igualdad de Oportunidades, del Congreso de los Diputados.

 

Tras dos décadas de actividad, el grupo pretende seguir estando presente en el debate, siempre inconcluso, sobre la cuestión penal, aportando documentos y argumentos que puedan enriquecer la reflexión compartida y crítica entre la ciudadanía, los juristas especializados y, sobre todo, los poderes públicos responsables del diseño de las estrategias político-criminales.

 

La Junta Directiva

 

 

 

 

MANIFIESTO A FAVOR DE LA REGULACIÓN DEL EJERCICIO VOLUNTARIO DE LA PROSTITUCIÓN ENTRE ADULTOS

 

Ante el debate suscitado en torno a la regulación de la prestación voluntaria y remunerada de servicios sexuales entre adultos, los abajo firmantes, miembros del Grupo de Estudios de Política Criminal, manifiestan lo siguiente:

 

1          El Código Penal de 1995 despenalizó el entorno de la prostitución voluntaria entre adultos, orientando la tutela penal a la salvaguardia exclusiva de la libertad sexual y despojando a la regulación punitiva de la influencia de ciertas concepciones moralistas que ni siquiera son hoy en día socialmente mayoritarias.

 

2          La represión de todas las actividades relacionadas con la prostitución ha arrojado un balance histórico que sólo puede ser calificado de lamentable, y, además, en lugar de erradicar el fenómeno –como pretendía- lo ha ocultado provocando una serie de efectos perniciosos tales como la estigmatización, la vulnerabilidad y la explotación de las personas que la ejercen.

 

3          Es una realidad constatada en nuestro país que miles de adultos voluntariamente prestan servicios sexuales remunerados. Es preciso que las autoridades no desprecien este hecho, para cuya comprobación ha de propiciarse un método de conocimiento razonable huyendo de las aproximaciones morales que intentan simplificar un fenómeno complejo y diverso. Tampoco puede desconocerse que, aun siendo dichas personas mayoritariamente mujeres, hay muchos hombres y transgéneros que se dedican a la prestación de servicios de carácter sexual. El debate, por tanto, no puede ser monopolizado por un discurso en clave de género.

 

4          El contexto de alegalidad actual permite una situación que sólo puede calificarse de hipócrita, pues mientras se ponen trabas a la regulación de la prestación voluntaria de servicios sexuales, se permite que la oferta de esos mismos servicios genere cuantiosos ingresos por publicidad a los medios de comunicación que la anuncian, al tiempo que se fomenta una actividad económica sumergida con todas las consecuencias negativas que ello conlleva.

 

5          La desregulación discrimina a las personas que voluntariamente ofrecen prestaciones sexuales frente a otros colectivos que realizan cierto tipo de trabajos relacionados con el sexo, como son las actividades de alterne, las líneas telefónicas eróticas o la elaboración de material audiovisual de la industria de la pornografía, cuyos trabajadores tienen un reconocimiento jurídico.

 

6          La situación de alegalidad favorece la explotación de la prostitución por parte de empresarios que en la actualidad no están obligados a reconocer a dichos trabajadores los derechos sociales y laborales básicos, así como la proliferación de organizaciones delictivas dedicadas a la trata de personas, en la medida en que fomenta el carácter clandestino de estas actividades y desmotiva la denuncia de la víctima. La privación a estos trabajadores del estatuto jurídico del ciudadano les impone la condición de infrasujetos. Circunstancia que se ha visto agravada por la desafortunada reforma penal de 2003, que, al castigar la obtención de lucro de la explotación de la prostitución ajena, ha venido a intensificar la tendencia al ocultamiento de las condiciones de contratación y prestación de servicios de los trabajadores del sexo.

 

 

Habida cuenta de lo anterior, resulta imprescindible que las autoridades establezcan un marco de reflexión seria sobre el reconocimiento de los derechos de las personas que prestan servicios sexuales, en el que participen todos los agentes sociales implicados y que se base en los siguientes pilares:

 

PRIMERO. Dicha reflexión deberá estar presidida por la ineludible distinción entre moral y derecho. El reconocimiento de la dignidad humana como valor supremo recogido en nuestra Constitución exige el respeto a la voluntad de la persona mayor de edad que libremente decide prestar servicios remunerados de carácter sexual. Negar de plano la posibilidad de que esa opción sea válida constituye un tratamiento paternalista de la mujer (y del hombre) como personas incapaces de tomar decisiones adultas. Están de más los discursos morales basados en el carácter degradante de la prostitución.

 

SEGUNDO. Resulta criticable el contenido del art. 188.1 del Código Penal, procedente de la reforma de 2003, que sanciona la obtención de lucro por la explotación de otra persona aun con su consentimiento. La ambigüedad del término explotación permite, tanto una interpretación restrictiva reducida a situaciones de abuso, como su interpretación en clave represiva y contraria al proceso de legalización de la prostitución. Por ello, en aras de la seguridad jurídica, resulta aconsejable su supresión. Y si lo que se pretende prevenir es la obtención de un lucro excesivo o la imposición de condiciones abusivas de trabajo, para ello están ya los tipos penales de protección de los derechos de los trabajadores. Así mismo, deben eliminarse de otros sectores del ordenamiento todos aquellos preceptos que imponen sanciones o privaciones de derechos a las personas que ejercen la prostitución.

 

TERCERO. Dada la naturaleza de la actividad a regular, deben fomentarse las formas de auto-organización, como el régimen de autónomos o las cooperativas, sin que ello suponga el desconocimiento de otras formas de prestación de servicios sexuales, como el trabajo por cuenta ajena, que habrá de ordenarse según un régimen especial. Dicho régimen no podrá conllevar en ningún caso medidas que supongan un etiquetamiento o una discriminación injustificada de las personas que prestan servicios de carácter sexual.

CUARTO. La regulación de la prestación voluntaria y remunerada de servicios sexuales entre adultos debe ir acompañada de una persecución eficaz de cualquier forma de actividad sexual forzada, así como de una política social adecuada que garantice la libertad del trabajador en el acceso y la permanencia en la actividad.

En Madrid, a 25 de noviembre de 2006

 

FIRMANTES

 

ABEL SOUTO, MIGUEL PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

ACALE SÁNCHEZ, MARÍA PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

ALONSO RIMO, ALBERTO PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

ÁLVAREZ GARCIA, FRANCISCO JAVIER CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

ANDRÉS DOMÍNGUEZ, ANA CRISTINA PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS

ARAMBURU GARCÍA-PINTOS, MIGUEL MAGISTRADO DEL JUZGADO DE LO PENAL Nº 2 DE VIGO

ASÚA BATARRITA, ADELA CATEDRÁTICA DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

BALERDI MÚGICA, JOSÉ MANUEL MAGISTRADO DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE HUELVA

BENÍTEZ ORTÚZAR, IGNACIO F. PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

BORJA JIMÉNEZ, EMILIANO PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

BRANDARIZ GARCÍA, JOSÉ ÁNGEL PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA

BUJÁN ÁLVAREZ, JOSÉ MANUEL MAGISTRADO DE LA SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ASTURIAS

CARMENA CASTRILLO, MANUELA MAGISTRADA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

CARMONA SALGADO, CONCEPCIÓN CATEDRÁTICA DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

CORTÉS BECHIARELLI, EMILIO PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

CUERDA ARNAU, MARÍA LUISA PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

DEMETRIO CRESPO, EDUARDO PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

DÍEZ RIPOLLÉS, JOSÉ LUIS CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

ESPINOSA CASARES, IGNACIO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA RIOJA

FARALDO CABANA, PATRICIA PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA

FEIJOO SÁNCHEZ, BERNARDO PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

GALLEGO SOLER, JOSÉ IGNACIO PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA

GARCÍA ARÁN, MERCEDES CATEDRÁTICA DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA

GARCÍA DE DIOS FERREIRO, RAMIRO MAGISTRADO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 6 DE MADRID

GARCÍA PÉREZ, OCTAVIO PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

GÓMEZ INIESTA, DIEGO J. PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

LAMARCA PÉREZ, CARMEN PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

LASCURAIN SÁNCHEZ, JUAN ANTONIO LETRADO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

LAURENZO COPELLO, PATRICIA CATEDRÁTICA DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

MACHADO RUIZ, Mª DOLORES PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, CARLOS CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA

MATA BARRANCO, NORBERTO DE LA PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

MUÑOZ SÁNCHEZ, JUAN PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

NÚÑEZ PAZ, MIGUEL ÁNGEL PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA

OLAIZOLA NOGALES, INÉS PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

OLIVAS DÍAZ, AMAYA JUEZ DE INSTRUCCIÓN DE BARCELONA

PANTOJA GARCÍA, FÉLIX FISCAL DEL TRIBUNAL SUPREMO

PAREDES CASTAÑÓN, JOSÉ MANUEL CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

PÉREZ CEPEDA, ANA ISABEL PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

PESTANA PÉREZ, MARIO MAGISTRADO DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

PRADA SOLAESA, JOSÉ RICARDO MAGISTRADO DE LA AUDIENCIA NACIONAL

RAMÍREZ ORTIZ, JOSÉ LUIS MAGISTRADO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 1 DE GRANOLLERS

RAMON RIBAS, EDUARD PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES

RAMOS TAPIA, Mª INMACULADA PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

RIOS CORBACHO, JOSÉ MANUEL PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

RODRÍGUEZ PUERTA, MARÍA JOSÉ PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA

SÁEZ VALCÁRCEL, RAMÓN MAGISTRADO DE LA AUDIENCIA NACIONAL

SALINERO ALONSO, CARMEN PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

SÁNCHEZ-ALBORNOZ BERNABÉ, CARMEN MAGISTRADA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SANTANA VEGA, DULCE MARÍA PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

TAMARIT I SUMALLA, JOSEP MARIA CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LÉRIDA

VALEIJE ÁLVAREZ, INMACULADA PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO

VICENTE MARTINEZ, ROSARIO DE PROFESORA TITULAR DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

ZUGALDÍA ESPINAR, JOSÉ MIGUEL CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

 

 

PROPUESTA DE REGULACIÓN DEL TRABAJO SEXUAL

 

 INTRODUCCIÓN

Con la presente propuesta de regulación del trabajo sexual, el Grupo de Estudios de Política Criminal pretende demostrar que existen alternativas jurídicas para dar respuesta a los problemas que esta actividad plantea, sin dejar por ello de salvaguardar los derechos de los trabajadores sexuales, ni de perseguir cualquier forma de prostitución forzada.

 

Debe decirse, en primer lugar, que no es cierto que la regulación del trabajo sexual incremente el tráfico y la explotación, ni que favorezca la expansión de la industria del sexo. Es un tópico más, que la realidad desmiente. Un estudio de 2005 (Andrea di Nicola, aportado al Informe del Congreso de los Diputados sobre la prostitución en España, 13 de marzo de 2007), sobre las políticas relativas a la prostitución en veinticinco Estados miembros de la Unión Europea y su impacto sobre la trata de seres humanos, reconoce al modelo laboral un efecto minimizador del daño y protector de los derechos de quienes se prostituyen. Es también la posición que mantiene la OIT desde hace años: “Guste o no, sea legal o no, la prostitución es una actividad económica y la misión de la OIT es mejorar las condiciones laborales y promover los derechos humanos de todos/a los/as trabajadores/as” (Declaración de 1998). Un reconocimiento que los tribunales españoles otorgan a las actividades de alterne desde los años 80, al margen de que esta actividad se encuentre recogida en convenio colectivo o esté presente, -que no lo está-, en la Clasificación nacional de ocupaciones del Instituto Nacional de Empleo.

 

Con todo, en nuestro país se ha abierto una vía jurisprudencial partidaria de la admisión también de la prostitución, o trabajo sexual, como actividad profesional lícita. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en sentencia de 23 de diciembre de 2003 (confirmada por la STS, Sala de lo Social, de 27 de noviembre de 2004) es una buena prueba de ello, y además pone el dedo en la llaga cuando afirma que la falta de previsión legislativa de esa realidad en un estado social como el nuestro no pone de manifiesto sino una “carencia de sensibilidad normativa” al no acometer “los múltiples problemas que desde ámbitos tan diferentes como la marginación, las relaciones de vecindad o de urbanidad, la sanidad o la economía sumergida plantea la prostitución”.

 

DIRECTRICES GENERALES:

En cuanto al ámbito de la propuesta de regulación, ésta tiene por objeto los servicios sexuales remunerados prestados en condiciones de libertad y no vulnerabilidad. La mayoría de edad debe ser requisito imprescindible para prestar y recibir servicios sexuales remunerados.

 

En cuanto a las relaciones jurídicas, la regulación del trabajo sexual debe reconocer la existencia de dos formas posibles de relación, que serán desarrolladas en el apartado correspondiente a la reforma laboral:

a) La relación laboral por cuenta ajena, que debe ser de carácter especial.

b) La prestación en régimen de trabajo autónomo, en la que debe atenderse a la relación entre quien presta los servicios y quien los recibe, pero también, en su caso, a la relación entre quien presta los servicios y el establecimiento en que lo hace.

 

Dada la naturaleza de la actividad a desarrollar, se propone el fomento de las formas de auto-organización laboral, como el régimen de autónomos o las cooperativas.

 

PROPUESTA DE REFORMA PENAL:

La propuesta presentada se limita a suprimir el obstáculo contenido en el Código Penal para la regulación del trabajo sexual libre, sin perjuicio de que, en otra propuesta más amplia que abordara temas no tratados en este documento, fueran pertinentes otras modificaciones legales en delitos relativos a la prostitución o en el delito de tráfico de personas.

 

Con tal objeto, se propone la supresión del último inciso del artículo 188.1 del Código Penal, incluido por L.O. 11/2003, que en la actualidad sanciona con la misma pena que la prostitución forzada, “al que se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma”. Dicho precepto quedaría redactado como sigue:

 

“El que determine, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, a persona mayor de edad a ejercer la prostitución o a mantenerse en ella, será castigado con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de 12 a 24 meses”.

 

JUSTIFICACIÓN: La regulación vigente, en aquello que proponemos suprimir, sanciona penalmente actos lucrativos vinculados a la realización libre de una actividad, lo que carece de sentido. Con el texto vigente, la ambigüedad del término “explotación” permite tanto una interpretación restrictiva, reducida a situaciones de abuso, como una interpretación en clave represiva y contraria al proceso de regulación del trabajo sexual realizado voluntariamente por adultos. Si lo que se pretende prevenir es la obtención de un lucro excesivo por parte del empleador o la imposición de condiciones laborales abusivas, para ello están ya los tipos penales de protección de los derechos de los trabajadores.

 

 

PROPUESTA DE REFORMA LABORAL:

 

  1. Trabajo por cuenta ajena.

 

Con el fin de evitar la imposición de condiciones abusivas por parte de los empleadores, y de proteger los derechos sociales de aquellas personas que realizan trabajos sexuales como asalariadas, se propone regular el trabajo por cuenta ajena mediante una relación laboral de carácter especial, en el marco del artículo 2 del Estatuto de los Trabajadores, que permita la adaptación de las normas laborales generales a las peculiares características y necesidades de este colectivo de trabajadores. Para ello, se requeriría una habilitación legal expresa, ya que el artículo 2.1.i) del Estatuto de los Trabajadores prevé que pueden crearse nuevas relaciones laborales de carácter especial por “Ley”.

 

En el momento de configurar la relación laboral especial mediante el correspondiente desarrollo reglamentario deberían diseñarse, con la mayor claridad posible, todos los aspectos que la conforman (esto es, a quién se aplica, régimen de jornadas, descansos, vacaciones, régimen de retribuciones, lugar de trabajo, causas de suspensión o extinción de la relación…).

 

Dadas las especiales características de la prestación de servicios sexuales, la regulación laboral debería hacer especial hincapié en el reconocimiento de la máxima autonomía en el ejercicio de su actividad al trabajador; esto es, el poder de dirección empresarial no podría alcanzar, en ningún caso, a la forma y condiciones concretas en que se produce la prestación de servicios sexuales a los clientes. En tal sentido, el empresario no podría decidir si se presta un servicio o no, o el tipo de servicio, siendole de aplicación otras limitaciones derivadas del principio de autonomía, del tenor de las indicadas para el trabajo autónomo. También cabría insistir en las cuestiones vinculadas con la prevención de riesgos laborales, en la medida en que constituyen una obligación empresarial.

 

  1. Trabajo autónomo

 

Por lo que respecta a la organización del trabajo sexual en régimen de autónomos, se propone la aplicación de los siguientes principios:

a) se tendrá por inexistente la condición por la cual la persona que demanda los servicios sexuales condiciona el pago de la remuneración a la obtención de un determinado resultado.

b) el contenido de la prestación deberá ser consentido y acordado directamente por la persona que presta los servicios con el demandante de dichos servicios.

c) la persona que presta los servicios podrá exigir el pago previo de la remuneración pactada. La remuneración pagada es irrepetible, salvo que no se hayan empezado a realizar los servicios pactados.

d) la persona que presta los servicios sexuales podrá desistir de realizarlos en cualquier momento, sin necesidad de alegar ningún motivo.

e) el titular del establecimiento no podrá imponer la prestación de un determinado servicio, la forma o manera de prestarlo o la persona receptora del mismo. No podrá ser objeto de acuerdo la determinación del domicilio o residencia de la persona que presta los servicios sexuales remunerados.

 

  1. Seguridad Social y negociación colectiva.

 

Con el fin de garantizar el acceso a las prestaciones del sistema de Seguridad Social, será de aplicación a los trabajadores por cuenta ajena el Régimen general de la Seguridad Social, debiéndose realizar la consiguiente cotización por parte del empresario y por parte del trabajador, de modo que se garantice el acceso a las prestaciones del sistema de Seguridad Social. Por lo que respecta a los trabajadores en régimen de autónomos, el reconocimiento del trabajo sexual como actividad económica permitiría su inclusión en el marco del Régimen especial de Seguridad Social de Trabajadores autónomos (RETA).

 

Tanto en el caso de trabajadores por cuenta ajena, como en el de los autónomos , se garantizará el ejercicio de la correspondiente negociación colectiva, determinando quiénes pueden ejercerla, con qué contenido, alcance temporal, etc.

 

DIRECTRICES PARA LA REGULACIÓN ADMINISTRATIVA

 

  1. Establecimientos.

 

Se propone la creación de una ley marco que, respetando las competencias de los municipios y demás entidades locales, permita la realización de trabajos sexuales en inmuebles urbanos conforme a un sistema de licencias municipales que no podrá incluir condiciones discriminatorias directamente relacionadas con la naturaleza de la actividad.

Los titulares de los establecimientos deberán contar con una licencia específica para este tipo de actividad económica, que requerirá previamente de las autorizaciones administrativas previstas en la legislación vigente, incluida, en su caso, la normativa sobre establecimientos abiertos al público y realización de espectáculos públicos. No podrán ser titulares de forma directa ni indirecta, ni participar en la financiación o aportación de medios económicos o materiales, ni dirigir, administrar o encargarse de un establecimiento, quienes tengan antecedentes penales vigentes por alguno de los delitos contra la libertad o indemnidad sexuales, contra los derechos de los trabajadores o contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

 

La regulacion debería establecer la posibilidad de establecimientos gestionados directamente por las personas que prestan los servicios sexuales remunerados. Se propone que a tales establecimientos les sean aplicables fórmulas societarias cooperativas que tengan como finalidad la adquisición, alquiler y cesión de uso de inmuebles, instalaciones y otros elementos auxiliares necesarios o convenientes para la actividad de sus socios.

 

  1. Trabajo sexual en zonas urbanas.

 

Con el fin de conciliar los derechos de las personas que desarrollan trabajos sexuales en la calle con los de otros conciudadanos, se propone que se regulen las posibilidades de creación, intervención y control, desde el ámbito municipal, de espacios específicos para el ejercicio de esta actividad. Dichos espacios deberán contar con las condiciones de accesibilidad,salubridad, iluminación, comodidad y seguridad aptas e idoneas para el desarrollo del trabajo sexual.

Se propone la modificación de aquellas ordenanzas municipales y otras disposiciones que prohiban la oferta y solicitud de servicios sexuales remunerados en la calle, con el fin de garantizar su práctica libre, siempre que se respete el resto de la legislación vigente.

 

  1. Inmigración.

 

La obtención del permiso de trabajo y de residencia por parte de los ciudadanos extranjeros no comunitarios que deseen desarrollar en nuestro país trabajos sexuales debe sujetarse a los mismos requisitos y condiciones que en el caso de los demás trabajadores extranjeros, sea en trabajo por cuenta propia o ajena.

 

  1. Programas de asistencia sanitaria y social

 

La realización de trabajo sexual remunerado no estará sometida a controles sanitarios extraordinarios no previstos en las normas generales de protección de la salud en el trabajo.

 

Se propone la puesta en marcha periódica de campañas informativas, dirigidas tanto a los trabajadores sexuales como a los consumidores, sobre salud y prevención de enfermedades de contagio sexual. El organismo competente en materia de salud deberá facilitar el acceso al sistema sanitario público a las personas que se dediquen a la prestación de servicios sexuales remunerados.

 

Asimismo se propone la creación de programas asistencia-les, con el fin de informar adecuadamente a los trabajadores sexuales de sus derechos y prevenir cualquier forma de prostitución forzada. Dichos programas y campañas deberán respetar el principio de autonomía en el ejercicio del trabajo sexual y deberá evitarse todo aquello que pueda llevar a la estigmatización social o institucional de los trabajadores del sexo.

 

En Jerez de la Frontera, a 2 de junio de 2007.

 

FIRMANTES

 

ABEL SOUTO, MIGUEL PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

ACALE SÁNCHEZ, MARÍA PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

ALONSO RIMO, ALBERTO PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

ÁLVAREZ GARCIA, FRANCISCO JAVIER CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

ANDRÉS DOMÍNGUEZ, ANA CRISTINA PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS

ARAMBURU GARCÍA-PINTOS, MIGUEL MAGISTRADO DEL JUZGADO DE LO PENAL Nº 2 DE VIGO

ASÚA BATARRITA, ADELA CATEDRÁTICA DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

BENÍTEZ ORTÚZAR, IGNACIO F. PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

BORJA JIMÉNEZ, EMILIANO PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

BRANDARIZ GARCÍA, JOSÉ ÁNGEL PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA

BUJÁN ÁLVAREZ, JOSÉ MANUEL MAGISTRADO DE LA SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ASTURIAS

CARMENA CASTRILLO, MANUELA MAGISTRADA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

CORTÉS BECHIARELLI, EMILIO PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

DEMETRIO CRESPO, EDUARDO PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA DÍEZ RIPOLLÉS, JOSÉ LUIS CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

ESPINOSA CASARES, IGNACIO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA RIOJA

FARALDO CABANA, PATRICIA PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA

GALLEGO SOLER, JOSÉ IGNACIO PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA

GARCÍA ARÁN, MERCEDES CATEDRÁTICA DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA

GARCÍA DE DIOS FERREIRO, RAMIRO MAGISTRADO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 6 DE MADRID

GÓMEZ INIESTA, DIEGO J. PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

LAMARCA PÉREZ, CARMEN PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

LASCURAIN SÁNCHEZ, JUAN ANTONIO LETRADO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

LAURENZO COPELLO, PATRICIA CATEDRÁTICA DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

MATA BARRANCO, NORBERTO JAVIER DE LA PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

NUÑEZ PAZ, MIGUEL ÁNGEL PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA

OLAIZOLA NOGALES, INÉS PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

OLIVAS DÍAZ, AMAYA JUEZ DE INSTRUCCIÓN DE BARCELONA

PANTOJA GARCÍA, FÉLIX FISCAL DEL TRIBUNAL SUPREMO

PAREDES CASTAÑÓN, JOSÉ MANUEL CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

PÉREZ CEPEDA, ANA ISABEL PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

PESTANA PÉREZ, MARIO MAGISTRADO DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

RAMÍREZ ORTIZ, JOSÉ LUIS MAGISTRADO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 1 DE GRANOLLERS

RAMON RIBAS, EDUARD PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES RIOS CORBACHO, JOSÉ MANUEL PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

RODRÍGUEZ PUERTA, MARÍA JOSÉ PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA

SÁEZ VALCÁRCEL, RAMÓN MAGISTRADO DE LA AUDIENCIA NACIONAL

SÁNCHEZ-ALBORNOZ BERNABÉ, CARMEN MAGISTRADA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SANTANA VEGA, DULCE MARÍA PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

TAMARIT I SUMALLA, JOSEP MARIA CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LÉRIDA

VALEIJE ÁLVAREZ, INMACULADA PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO

VICENTE MARTINEZ, ROSARIO DE PROFESORA TITULAR DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

ZUGALDÍA ESPINAR, JOSÉ MIGUEL CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

 

En Madrid se están violando los derechos humanos de las trabajadoras del sexo

 

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MANIFIESTO leído ante el Ayuntamiento de Madrid

 

Colectivo Hetaira·Viernes, 16 de diciembre de 2016

 

https://www.facebook.com/notes/colectivo-hetaira/manifiesto-14d-sinmordazas-le%C3%ADdo-ante-el-ayuntamiento-de-madrid/643486859145755

 

Hace más de un año que la Ley Mordaza entró en vigor. Una Ley que ha supuesto un gran recorte en derechos fundamentales y libertades para la ciudadanía en general. Pero también una Ley que se ha utilizado de forma encubierta para prohibir la prostitución en el espacio público; una herramienta para expulsar a las mujeres del Polígono de Villaverde sin contar con su opinión, sin ofrecerles una alternativa y sin preocuparse lo más mínimo por las consecuencias negativas que esto provoca en las trabajadoras del sexo.

 

“Desobediencia a la autoridad” es la fórmula que se le ocurrió al gobierno para penalizar a las mujeres por ejercer la prostitución, como si no fuera obvio que la única desobediencia es simplemente la de ser prostitutas. Se las multa por putas, no por cometer actos delictivos. Se las criminaliza y se potencia el estigma social. A su vez, crea un clima de inseguridad e indefensión en el Polígono y, por tanto, incrementa la vulnerabilidad ante cualquier tipo de violencia. Dicho y hecho. Algunos agentes del Grupo XI de la UCRIF, (paradójicamente, la misma unidad que investiga las redes de trata, que se encarga del control migratorio y la falsedad documental); esos mismos agentes han estado cometiendo abusos de poder contra las trabajadoras del sexo del Polígono de Villaverde. Hechos que hemos denunciado en diferentes administraciones públicas, mediante reuniones presenciales, informes por escrito y una rueda de prensa que tuvo lugar el pasado 29 de noviembre.

 

Hace más de 6 meses que Delegación de Gobierno tiene conocimiento de estos hechos. También lo saben representantes del Ayuntamiento de Madrid (representantes de Ahora Madrid y PSOE). A día de hoy, no hemos recibido ninguna respuesta contundente y los mencionados agentes del grupo XI de la UCRIF siguen patrullando el Polígono con total impunidad y aplicando la Ley Mordaza con toda su contundencia, como si las trabajadoras del sexo fueran un colectivo delictivo.

 

En AFEMTRAS y en el Colectivo Hetaira entendemos que esta inmovilidad y desinterés de las instituciones ante esta vulneración de derechos humanos es totalmente INADMISIBLE en un Estado de derecho. Están permitiendo que determinados agentes policiales del Grupo XI de la UCRIF cometan delitos de odio con la complicidad del Ayuntamiento de Madrid. Ayuntamiento que sabe lo que está ocurriendo en su municipio y no hace absolutamente nada, demostrando una línea continuista con las políticas del PP en materia de prostitución. Estas son las mismas políticas que llevaban a cabo Ruiz Gallardón y Ana Botella: las de cambiar los conflictos de sitio, sin solucionarlos; la política de mirar hacia otro lado. Las políticas de criminalizar a las mismas poblaciones vulnerables que en campaña electoral decían querer proteger.

 

Como parece que siguen perdidas en el complejo debate sobre prostitución y utilizan esa misma complejidad como excusa para no hacer nada, mientras siguen debatiendo y debatiendo. Y mientras tanto, a nosotras nos siguen acosando en las calles; mientras tanto, nosotras trabajamos de forma honrada en condiciones cada vez más precarias. Como hacen oídos sordos a nuestras reivindicaciones, por eso, estamos aquí, con nuestras cacerolas y silbatos para que se nos escuche bien alto. Manuela Carmena: llevamos más de un año pidiéndote audiencia para contarte de primera mano lo que sucede en Villaverde; para contarte los abusos policiales de los que somos diana en la ciudad en la que eres Alcaldesa.

 

-Exigimos una respuesta contundente de las instituciones contra los abusos policiales que estamos sufriendo en el polígono de Villaverde;

 

-exigimos (¡ooootra vez!) la derogación de la Ley Mordaza, que vulnera nuestros derechos como ciudadanas y como mujeres. Las trabajadoras del sexo No Somos Delito.

 

-hacemos un llamamiento al Ayuntamiento del cambio: queremos participar en el diseño de políticas a favor de la protección de los Derechos Humanos de las trabajadoras del sexo. El equipo de Manuela Carmena debería abandonar las políticas continuistas de Ruíz Gallardón y Ana Botella en materia de prostitución, tal y como estaba reflejado en el programa electoral de Ahora Madrid.

 

 

QUEREMOS UN ESPACIO SIN MORDAZAS: UN ESPACIO DONDE TRABAJAR SIN MOLESTAR NI SER MOLESTADAS.

 

UNA CIUDAD LIBRE DE VIOLENCIAS PARA TODAS

 

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Manuela Carmena, el Papa Francisco y la prostitución

El Vaticano organizó los días 21 y 22 de julio de 2015 un foro sobre el “Cambio climático y nuevas formas de esclavitud moderna”. Sobre ecologismo y prostitución debatieron Manuela Carmena, el Papa Francisco y el alcalde de Nueva York Bill de Blasio.

 

Clara Mallo

 

Madrid | @ClaraMallo

 

Martes 28 de julio de 2015

 

http://www.izquierdadiario.es/spip.php?page=movil-nota-3510&id_article=21121

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La cita estuvo organizada por Academia Pontificia Ciencias Sociales del Vaticano y por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En el foro intervinieron más de 70 participantes entre alcaldes y alcaldesas de todo el mundo como los de Nueva York, París, Bogotá, Buenos Aires, o Madrid y representantes de la ONU.

El objetivo del Papa Francisco es buscar aliados. Así en su discurso se dirigió a los más de 70 participantes con estas palabras: “La Santa Sede o tal país podrán hacer un buen discurso en la ONU, pero si no hay trabajo desde la periferia al centro, no tendrá efecto. Y ahí, en la periferia, es donde está el trabajo de los alcaldes”. Con ello Bergoglio cuenta poder influir en las decisiones de la Cumbre sobre el Clima que la ONU celebrará a finales de año.

Pero no solo el Papa pidió “conciencia ecológica” sino que el otro de los puntos del encuentro fue los “nuevos modos de esclavitud moderna”. Entre los diferentes temas, la prostitución fue uno de los debatidos en este foro vaticano.

Manuela Carmena sobre la prostitución: un tema a evitar

Manuela Carmena intervino en el foro sobre esta cuestión, centrándose en una reflexión sobre los motivos del “consumo de la prostitución”. “Si queremos evitar el terrible crimen de la esclavitud sexual, tenemos que reflexionar con sinceridad sobre las causas”, dijo la recientemente electa alcaldesa de Madrid, a la vez que señaló que “hay que entender la sexualidad desde la cultura de los cuidados“.

En el programa de Ahora Madrid presentado para las elecciones del 24M, la formación encabezada por Carmena propuso un proyecto piloto para el “reconocimiento de los derechos laborales de las trabajadoras del sexo”, un tema en torno al que hay debates “eternos, que nunca concluyen”, según aseguró Carmena en su momento. La propuesta giraba en torno a la voluntad de “buscar algún tipo de estructura de apoyo muy grande para el sector que está en contra de la legalización y otra de ensayo de una cierta legalización y sobre todo de reconocimiento de derechos laborales de protección“, pero parecía no concretar en propuestas.

No obstante, por el momento Manuela y su equipo se han limitado a mantener el “Plan contra la Explotación Sexual” iniciado por la anterior alcaldía del PP en la anterior legislación, ya que como afirmó la portavoz del Ayuntamiento Rita Maestre (dirigente de Podemos), lo consideran “muy interesante”.

El plan impulsado por Botella y avalado por Carmena reza “erradicar la demanda de prostitución y prestar atención a las mujeres que la ejercen ofreciéndoles recursos y alternativas viables para el abandono de la prostitución”. Un plan que fue criticado por algunas asociaciones que trabajan con mujeres en situación de esclavitud sexual y que lo definían como un plan nefasto principalmente porque con él “las prostitutas han sufrido un mayor acoso policial”, como expresó Cristina Garaizabal, cofundadora de Hetaira, un colectivo que trabaja con mujeres en situación de explotación sexual.

La ingenuidad de Carmen y la frivolidad de Bergoglio

El intento de capitulación por parte del Vaticano de la lucha por los Derechos Humanos en el último periodo, ha hecho que algunos vean a esta como una nueva etapa de la Iglesia Católica. Pero el mismo Bergoglio que organiza un encuentro en el que debatir la explotación sexual hacia las mujeres es el autor de declaraciones que arremeten contra derechos básicos de las estas como el aborto, o en contra de la diversidad sexual, alegando que las personas LGTB “no reconocen el orden de la creación”.

En los últimos tiempos el Vaticano ha buscado mostrarse con un nuevo rostro. Para ello ha utilizado una serie de discursos sociales con declaraciones en los distintos foros de gestión capitalista. Sus declaraciones en el Parlamento Europeo sobre la recuperación de los “viejos valores”, la lucha contra el cambio climático en la ONU y las declaraciones en su última visita a algunos estados latinoamericanos donde expresó “ningún poder fáctico o constituido tiene derecho a privar a los países pobres del pleno ejercicio de su soberanía”, son ejemplo de ello.

Todo esto es parte de un discurso que busca lavarle la cara a la Iglesia, fuertemente desprestigiada por los casos de corrupción y abusos a menores que saltaron públicamente en los últimos años. Una Iglesia que durante años fue fiel impulsora de las políticas neo liberales y adoctrinó en base a los pilares de la familia y el patriarcado.

Este nuevo discurso de “buenas intenciones” genera unas falsas expectativas que parece han causado efecto en ciertos líderes de algunas formaciones que se reivindican herederas de los movimientos sociales. Los cuales han visto en el Papa un aliado para sus políticas de mejora social. Primero fue Pablo Iglesias que mostró en varias ocasiones su admiración y voluntad de acercamiento a Bergoglio, y ahora es Manuela Carmena que ve voluntad en las “buenas intenciones” de la Iglesia.

Resulta paradójico (y no menos cínico) que una institución como la Iglesia Católica que desde hace 2000 años niega a las mujeres sus derechos más básicos, como el derecho a decidir sobre la maternidad o sobre la orientación sexual de las personas, discuta sobre la libertad de las mujeres. La discusión sobre esta cuestión en el seno de la Santa Sede solo puede perpetuar y fortalecer la situación de opresión y explotación que sufren millones de mujeres en todo el mundo.

La Iglesia junto con los gestores locales de los negocios capitalistas y la ONU, son instituciones que sostienen el orden mundial capitalista y, como la Iglesia, apoyan las bases del sistema patriarcal que lleva a las mujeres a las peores situaciones humanas posibles como la esclavitud sexual, el feminicidio, y les niega derechos como la educación, la libre sexualidad y el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos.

Ni con un plan redactado por el PP, ni debatiendo con el Papa, puede abrirse camino para discutir sobre la cuestión de la explotación sexual. Solo un debate amplio independiente del Estado y de los intereses de la Iglesia podrá avanzar en temas como el de la esclavitud sexual y llevar a cabo medidas para comenzar a acabar con ello.

Pero terminar definitivamente con la opresión de género no será posible sin un movimiento fuerte de trabajadoras, jóvenes, estudiantes, precarias, inmigrantes, LGTBI, que, junto al conjunto de la clase obrera, entierre definitivamente al sistema capitalista que la sostiene.

 

Señoras y señores periodistas, llámenme puta

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Colectivo Hetaira·Martes, 27 de septiembre de 2016

COMUNICADO DE PRENSA/ COLECTIVO HETAIRA Y AFEMTRAS

El pasado viernes día 23 de septiembre el Ayuntamiento de Madrid presentaba una guía de recursos para periodistas bajo el título El abordaje de la prostitución y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Desde el Colectivo Hetaira y la Agrupación Feminista de Trabajadoras del Sexo (AFEMTRAS) deseamos manifestar nuestro desacuerdo con los contenidos de dicha guía, pero sobre todo nuestro malestar por la presentación que de la misma hizo la alcaldesa Manuela Carmena. Las opiniones de la alcaldesa no representan las diferentes sensibilidades dentro del propio grupo municipal de Ahora Madrid, barrena su propio programa electoral (1) y cede ante las ideas abolicionistas y prejuicios que el PSOE enarboló durante su campaña electoral.

 

Lo practicaba el anterior Gobierno local del Partido Popular y ahora lo practica el actual: ignorar a las trabajadoras del sexo organizadas que están reclamando el acceso a derechos laborales y sociales en igualdad de condiciones al resto de la ciudadanía.

 

Desde AFEMTRAS y el Colectivo Hetaira vemos con normalidad que se elaboren guías ofreciendo pautas a periodistas y medios de comunicación sobre cómo nombrar y acercar realidades (pensemos, por ejemplo, en la comunidad LGTBIQ o la de personas con diversidad funcional, etc.). Recomendaciones para evitar que colectivos que ya se encuentran en situaciones de clara desigualdad, por lo general de discriminación social, sean “nombrados” de la forma más correcta posible. Es determinante, por tanto, saber cómo estos colectivos se autonombran y no privarles de capacidad de decisión como si necesitaran tutela.

 

Es responsabilidad del periodismo mostrar la realidad en toda su diversidad, por tanto, también debe reflejar la de las trabajadoras del sexo que así quieren ser llamadas. La guía tampoco cuestiona la violencia que supone que las instituciones, en este caso, el Ayuntamiento de Madrid, invisibilice e ignore sistemáticamente a un colectivo de mujeres que está reclamando ser escuchado.

 

La estrategia para ignorar a este colectivo de mujeres se basa en no reflejar la diversidad de situaciones que se dan en el mundo de la prostitución. Se confunde intencionadamente prostitución y trata como si fueran la misma cosa, como si se vulneraran los mismos derechos, como si las condiciones en ambas situaciones fueran las mismas. Y no, no es igual a pesar de que se intente equiparar una y otra vez.

 

No lo decimos solo nosotras sino el Grupo de Expertos en Lucha contra la Trata de Seres Humanos (GRETA) del Consejo de Europa, toda una autoridad en la materia. En su informe de 2013 sobre España dice: “GRETA subraya la necesidad de diferenciar entre Trata de seres Humanos con fines de explotación sexual por un lado, y prostitución por otro. GRETA deja constancia de que poner multas a prostitutas y/o sus clientes no corresponde específicamente a la obligación del artículo 19 del Convenio que prevé criminalizar el uso de servicios ofrecidos por una persona de la que se sabe que es víctima de trata, ya que la situación de las prostitutas no equivale automáticamente a trata.”

 

Es terrible escuchar al presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid hablando de “lenguaje discriminatorio”, en la presentación de la guía. Discriminatorio es que un sector del Ayuntamiento de Madrid no quiera escuchar a las trabajadoras del sexo. “Eufemismo” es no permitir que las mujeres, en este caso “putas”, se autodenominen como deseen. Es decir, las trabajadoras del sexo somos esto, “trabajadoras del sexo”, “prostitutas”, “putas”, “meretrices”. Así es como nos nombramos y autonombramos las mujeres que estamos organizadas y exigiendo derechos laborales y sociales desde hace años. Todas estas palabras para enfrentarnos al estigma que pesa sobre nosotras. Consideramos que personas ajenas a nuestra actividad no deberían colgarnos ningún otro cartel, como por ejemplo, “mujeres en situación de prostitución”.

 

Es decir, que las fontaneras son fontaneras “y no mujeres en situación de fontanería”. Porque nuestro oficio es un trabajo, aunque a algunas personas no les guste. Ni necesitamos que nadie nos denomine “víctimas de trata” cuando no sea cierto. Les recordamos que muchos movimientos sociales han pasado por reapropiarse de palabras supuestamente “despectivas” para dotarlas de un nuevo contenido (“bolleras” o “tortilleras” para autonombrarse como lesbianas, por ejemplo).

 

Para hacer políticas públicas responsables, abiertas a la diversidad y respetuosas con los Derechos Humanos hay que tener en cuenta todas las situaciones que se dan: es necesario proteger los derechos de las víctimas de trata, ofrecer oportunidades reales a quienes quieren abandonar el ejercicio de la prostitución y escuchar las reivindicaciones de las mujeres que quieren seguir ejerciendo en mejores condiciones.

 

Nos decepciona enormemente que un Gobierno local que presumía de respetar la diversidad y de querer gobernar para las poblaciones más vulnerables, nos ofrezca más de lo mismo, de lo que ya conocemos y no nos beneficia. Un Gobierno que ha dado continuidad al Plan contra la Explotación Sexual y la Atención a la Prostitución de Ana Botella, sin ningún cuestionamiento crítico. Sin embargo, cuando hablamos de prostitución, las ideas siempre se repiten, son las mismas: o nos victimizan o nos criminalizan. No existe la innovación ni el espíritu crítico. Desde el Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo hablan de una realidad que conocen de oídas y a la que, de momento, no han querido acercarse, al menos no a través de nuestros ojos. Lo mismo que ya hizo Ana Botella y anteriormente Ruiz Gallardón.

Es necesario que el Ayuntamiento de Madrid abra la participación a la planificación y desarrollo de políticas públicas municipales que no vulneren los derechos humanos de las trabajadoras del sexo. Estamos aquí, existimos.

 

Exigimos al Ayuntamiento de Madrid que en caso de reeditar nuevamente la guía no cite al Colectivo Hetaira como corriente “Pro reguladora” (págs. 28, 37, 67). Jamás nos hemos definido de este modo y se nos confunde deliberadamente como “defensoras de la regulación de la prostitución”. Un modelo en el que no solo no nos enmarcamos, sino que somos totalmente opuestas a él. Siempre nos hemos definido, y así seguiremos haciéndolo, como corriente “pro derechos”, es decir, que lo que perseguimos es el reconocimiento de derechos laborales en el trabajo sexual teniendo en cuenta a las protagonistas y la normalización de este.

 

Igualmente no deja de parecernos chocante que en el apartado “La representación de las protestas de las prostitutas en los medios de comunicación” (pág. 72) se escriba lo siguiente: Falta de diálogo y pluralidad entre posiciones en una misma información: se recoge la voz de Hetaira pero no la de las posiciones contrarias a la regularización”. Es de recibo que se recoja la voz de Hetaira y de las trabajadoras del sexo y putas que se manifiestan públicamente, son quienes convocan, son quienes protestan contra los ayuntamientos y los Estados que las multan por dedicarse al ejercicio de la prostitución. Cuando los movimientos feministas salen a la calle exigiendo el derecho al aborto no parece que tenga ningún interés que se reclame la voz de la Iglesia para que opinen, a la par, sobre dicha manifestación pública. Es sólo un ejemplo.

Todos los grupos y colectivos marginados rompen su marginalidad cuando se atreven a ser protagonistas de sus propias historias, cuando consiguen “dar la cara” y hacer valer sus derechos. En la última página de la guía se desvirtúa y estigmatiza a las protagonistas, porque las putas vinculadas a Hetaira, las putas de AFEMTRAS no son como la guía las define (mujeres españolas, de clase media, blancas…) son mujeres que trabajan en la calle, por lo general inmigrantes, algunas de ellas trans (otra realidad que no se visibiliza en ningún lugar de la guía). Nuestra apuesta siempre fue trabajar con quienes lo tienen más difícil y sí, buscar el apoyo y la solidaridad de otras que lo tienen más fácil (en este caso, sí, españolas, clase media, blancas…) que, no sin dificultades, también se atreven a plantarle cara a esta sociedad que continúa estigmatizándolas y que entienden que el feminismo es “solidaridad entre mujeres”, por ello están ahí, defendiendo a las compañeras que lo tienen más difícil.

 

Esperamos que el equipo municipal reflexione sobre la conveniencia o no de continuar gastando el dinero de la ciudadanía en guías que, entendemos, van a servir de poco a los profesionales del periodismo y de “muy poco” a las prostitutas.

 

<NOTAS> (1) “Desarrollar políticas a favor de los derechos de las prostitutas en colaboración con ellas, de forma que se garantice su integridad física, sus derechos ciudadanos, sus derechos de imagen, sus condiciones laborales y los recursos sociales necesarios para el abandono del ejercicio de la prostitución si así lo deciden”. [Programa electoral de Ahora Madrid, p.35]

 

 

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