Las 15.000 esclavas holandesas de las Hermanas del Buen Pastor

Una investigación destapa una red de explotación de mujeres en Países Bajos similar a la que funcionó en países como Irlanda. Las víctimas piden compensaciones y reconocimiento

 

Por Isabel Ferrer

La Haya, 12 de junio de 2018

https://elpais.com/elpais/2018/06/11/planeta_futuro/1528708348_796358.html

 

Una ‘lavandería de las Magdalenas’ irlandesa sin identificar: imagen tomada alrededor de 1900.
Imane Rachidi (EFE)

 

«Mi tutora, la señorita Van de Biggelaar, me llevó en tren hasta Almelo [en el este de Holanda]. En Tilburgo, al menos tenía un nombre que coser en la etiqueta de mi ropa, pero al llegar a Almelo me convertí en un número más», cuenta Jo Keepers, de 76 años. Hija de un padre alcohólico y maltratador, ella es una de las miles de víctimas holandesas de los trabajos forzados no remunerados de la orden católica Hermanas del Buen Pastor.

Al menos 15.000 niñas y mujeres, en su mayoría prostitutas, madres solteras o discapacitadas, trabajaron en condiciones de esclavitud entre 1860 y 1973 en las lavanderías y talleres de costura de esta congregación en Holanda, según una investigación de años realizada por el medio holandés NRC.

Las monjas, establecidas en los llamados «refugios del amor» en las ciudades de Almelo, Tilburgo, Zoeterwoude y Gelderland, vivían de tareas de la costura comercial. Todas las esclavas que tenían a su disposición elaboraron durante décadas todo tipo de indumentarias. Desde ropa de bebé hasta prendas para los militares, pasando por chalecos de fuerza para instituciones psiquiátricas o camisas especiales para compañías determinadas.

Esta orden religiosa ya se vio implicada en un escándalo semejante en Irlanda, donde participaban en la gestión de las llamadas «lavanderías de las Magdalenas». Allí, unas 10.000 mujeres jóvenes, muchas de ellas madres solteras, fueron detenidas y forzadas a trabajar en las lavanderías que comenzaron a operar en la década de 1920 e incluso seguían vigentes hasta 1996, según un informe del Gobierno de Dublín.


Irlanda: Las órdenes religiosas de las “lavanderías” encabezan la coalición contra el trabajo sexual


A los trabajos de lavandería se sumaba el bordado. Según el Archivo holandés de la Vida Conventual, que guarda también objetos, en El Buen Pastor se bordaba para la Casa Real. “Se presume que para la entonces princesa Juliana (abuela del actual rey Guillermo)”. Parte del lavado y almidonado de manteles del Palacio het Loo, residencia oficial de Juliana, también se hizo en los conventos de la orden.

En el caso holandés, las monjas proveían con sus productos a las fábricas textiles, empresas de moda, hoteles, hospitales, particulares, la Iglesia y el propio Gobierno. La investigación de NRC incluye testimonios de varias víctimas y eleva su cifra a al menos 15.000 personas. Contactadas por Efe, algunas de estas personas explican que por su estado de salud y edad prefieren no rememorar aquella época de nuevo hasta el día que tengan que dar testimonio ante un tribunal.

Una de ellas es Margot Verhagen, de 85 años. Su padre murió en la Segunda Guerra Mundial y su madre falleció en 1950, cuando ella tenía 17 años y seis hermanos. Verhagen se quedó con una de sus tías, pero pocos días después, dos policías y una mujer de protección de menores la trasladaron a la institución del Buen Pastor en Velp, donde las hermanas la pusieron a trabajar desde las seis de la mañana hasta las 10 de la noche, recuerda.

Verhagen, nacida en La Haya, asegura en el medio holandés que no solo fue sometida a los trabajos forzados en las lavanderías —»una cultura normal de esa época», apostilla— sino que dice haber sido violada por el rector de la institución. El episodio, según ella, quedó impune porque las esclavas no tenían voz, ni voto, ni derecho a quejarse.

Se les consideraba niñas y mujeres «perdidas» cuando quedaban embarazadas fuera del matrimonio, huérfanas, abandonadas, maltratadas, discapacitadas o condenadas por un delito menor. En esos casos, su ingreso en la Hermandad era considerada «la única solución», refiere Verhagen. Nunca recibieron un salario por esas labores, aunque una vez al año las monjas les entregaban un billete de cartón, una especie de moneda ficticia con la que podían comprar dulces o comida en los puestos del mercado de la Hermandad.


El trabajo de las jóvenes servía para surtir a hoteles, particulares, la Iglesia y el propio Gobierno


Jo Keepers también intentó escapar varias veces del centro de Almelo, pero siempre acababa detenida por la policía y castigada luego por las monjas, hasta que finalmente lo logró el 20 de marzo de 1960, fecha que marca en el calendario como el día de su liberación. Hasta la década de 1970, las niñas, generalmente en contra de su voluntad, fueron colocadas en las instituciones por el Gobierno (como en el caso irlandés), las asociaciones de tutela, protección infantil o los propios padres.

Algunas víctimas recurrieron la semana pasada a los juzgados para exigirle al propio Ejecutivo que reconozca el daño causado por esta Hermandad y les pague los salarios pendientes porque consideran que el Estado es en parte responsable de la falta de humanidad en la que fueron obligadas a trabajar.

Las denuncias efectuadas ahora son formales, pero las críticas contra las prácticas de las Hermanas del Buen Pastor ha aparecido en Holanda en libros y documentales a lo largo del tiempo. El goteo con declaraciones de las afectadas se remonta a 1930, cuando dos de las antiguas esclavas contaron su doloroso pasado. Una decena se animaron luego a hacerlo en diarios, semanarios y libros, pero no hubo reacción oficial por considerarse “propaganda anticatólica”. La Real Biblioteca Nacional guarda todos estos documentos, que constituyen una de las principales fuentes de información histórica de lo ocurrido, Sin embargo, como las autoridades se inhibieron, la situación se prolongó hasta los años setenta. Las monjas se apartaron entonces de los centros que dirigían. Las últimas, ya ancianas, viven en residencias, pero la congregación vendió en el país sus inmuebles y posesiones por millones de euros. Uno de los edificios de su propiedad tenía 14 hectáreas, y en 2004, cerraron un trato con una inmobiliaria dispuesta a construir al menos 83 apartamentos.

Este caso judicial está apoyado por la plataforma holandesa de niños víctimas de abusos religiosos (VPKK, en sus siglas en neerlandés), que también exige al Gobierno que realice una investigación independiente sobre aquella explotación y determine el papel que tuve el Ejecutivo durante esa etapa. En una carta publicada el año pasado, las Hermanas se disculparon ante sus víctimas pero se niegan a pagar las indemnizaciones porque consideran que todo ha prescrito y señalan que han pasado «muchos años».

El trabajo en los talleres de lavanderías y de costura, un modelo de ingreso que enriqueció a la congregación religiosa, era considerado por las autoridades como un ‘trabajo de terapia’ y penitencia. El jardín del edificio de la Hermandad estaba cercado con alambre para evitar que las chicas escapasen de manos de las religiosas.

El Buen Pastor, llegó a tener cuatro residencias en Holanda y aparece asimismo entre las 800 denuncias estudiadas desde 2016 por la comisión que investiga la violencia en centros de menores. Los casos incluyen abusos, físicos, psíquicos y sexuales desde 1945, y cuatro víctimas de los trabajos forzosos impuestos por las monjas han remitido sus biografías. Como los afectados pueden acudir a la comisión hasta enero de 2019, la orden religiosa ha asegurado que “está dispuesta a ponerse en contacto con los investigadores”. Micha de Winter, catedrático de Pedagogía, dirige ese equipo de expertos y ha reconocido ya el carácter “estructural del abuso”. “Si nos dan su permiso, aprovecharemos sus historias para investigar a fondo la época y lo ocurrido. Si una vez puesta la denuncia precisan ayuda, pueden acudir a la asociación que presta ayuda a víctimas de abusos en el país”, añade.

La VPKK, que apoya a las cinco denunciantes, está compuesta por un grupo de cinco juristas, expertas en ética y pedagogía que dan voz “a las mujeres sometidas también por otras mujeres, además de sacerdotes o capellanes, en internados, congregaciones y otras instancias religiosas”. A través de su cuenta de Facebook anima a las víctimas a ponerse en contacto, “porque algo así puede pasarle a cualquier chica y es preciso contar la verdad de unos hechos bochornosos”. Se ocupan a su vez de los afectados varones porque, según explican “lo peor es que nadie te crea o reconozca lo ocurrido”.

 

Lavar los pecados

Se estima que al menos 10.000 mujeres y jóvenes fueron internadas en instituciones gestionadas por la hermandad del Buen Pastor en Irlanda entre 1922 y 1996. Las religiosas las obligaban a trabajar en condiciones muy duras y sin retribución en lavanderías para que metafóricamente lavaran sus pecados, al mismo tiempo que la congregación religiosa traía beneficios económicos.

Las llamadas Magdalenas eran mujeres consideradas indeseables por la sociedad, como prostitutas y madres solteras, o jóvenes recluidas de manera preventiva, para protegerlas de los peligros (por ejemplo, huérfanas).

Ante el rechazo de la sociedad y el estigma asociado a haber trabajado en las lavanderías, muchas Magdalenas optaban por permanecer durante toda la vida en las instituciones.

Irlanda revela que 9.000 niños murieron en casas de acogida religiosas y estatales entre 1922 y 1998

El primer ministro irlandés, Micheál Martin, ha pedido perdón a las «madres solteras y los bebés» que sufrieron «terribles abusos» en instituciones estatales y religiosas durante gran parte del pasado siglo.

 

12 de enero de 2021

https://www.elespanol.com/mundo/europa/20210112/irlanda-revela-ninos-murieron-acogida-religiosas-estatales/550696118_0.html

 

Zapatos de bebé cuelgan en el cementerio de Tuam, donde se hallaron los cuerpos de 796 bebés. Reuters

 

El primer ministro irlandés, Micheál Martin, ha pedido perdón a las «madres solteras y los bebés» que sufrieron «terribles abusos» en instituciones estatales y religiosas durante gran parte del pasado siglo, como consecuencia de una sociedad con actitudes «retorcidas respecto a la sexualidad y asuntos íntimos».

Martin efectuó esas declaraciones después de publicar este martes las conclusiones de una investigación sobre las condiciones de vida en 18 instituciones públicas entre 1922 y 1998, que denuncia que hasta 9.000 menores fallecieron en casas de acogidas regentadas por órdenes religiosas católicas y autoridades estatales.

El informe, de más de 3.000 páginas y fruto de un trabajo de cinco años, describe un «capítulo negro, difícil y vergonzoso de nuestra muy reciente historia», lamentó el jefe del Ejecutivo de Dublín, de coalición entre centristas, democristianos y verdes.

«Si bien este informe, obviamente, tendrá mayor impacto sobre los supervivientes y sus familias, plantea cuestiones más profundas para toda la sociedad irlandesa. Lo que se ha descrito en este informe no nos lo infligió ninguna potencia extranjera. Nos lo hicimos nosotros mismos», subrayó Martin, quien insistió en que esa «sociedad disfuncional», con «actitudes retorcidas», «maltrató a las mujeres», a las «madres jóvenes» y, «especialmente, a los niños».

Larga lista de abusos

El primer ministro irlandés confió en que este documento ayude a cerrar así otro «episodio oscuro del pasado», después que otras investigaciones han revelado en los últimos años los abusos sexuales cometidos por religiosos contra miles de menores durante gran parte del pasado siglo.

En 2013, otra investigación oficial descubrió el comportamiento de las monjas católicas en las llamadas «Lavanderías de la Madgalena», donde entre 1922 y 1996 miles de internas trabajaron en un régimen de semiesclavitud y abusos.


Irlanda: Las órdenes religiosas de las “lavanderías” encabezan la coalición contra el trabajo sexual


Ahora, la llamada Comisión sobre Madres y Bebés ha documentado las duras condiciones de vida en las casas de acogida y la negligencia de las religiosas y responsables estatales que las regentaron durante 76 años.

También examinó, entre otros asuntos, las altas tasas de mortalidad registradas entre los menores, los ensayos de vacunas efectuados con ellos y el establecimiento de un sistema de adopciones ilegales para obtener ingresos.

El Gobierno estableció la citada comisión en 2014, tras el hallazgo ese año de casi 800 esqueletos de niños en cámaras subterráneas de un convento regentado por monjas del Buen Socorro en la localidad de Tuam, en el oeste de Irlanda, entre 1925 y 1961.

Catherine Corless, la historiadora que sacó a la luz el caso de los abusos a niños en centros de acogida. Reuters

Este caso, que conmocionó al país, salió a la luz cuando un estudio de la historiadora local Catherine Corless descubrió certificados de defunción de 798 niños, aunque sólo dos de ellos estaban acompañados por certificados de enterramiento.

Las excavaciones efectuadas posteriormente confirmaron que los esqueletos yacían en el espacio que ocupaban tanques sépticos en el edificio del citado centro de acogida, conocido como ‘El Hogar’.

Argumento de una película

Además de las más de 9.000 muertes de menores documentadas, el informe conocido hoy indica que la tasa de mortalidad doblaba la media nacional, lo que da una idea de «las condiciones de abandono, malnutrición y enfermedades» que reinaban en esos centros.

En torno a una de esas casas de acogida gira el argumento de la película ‘Philomena’, que recibió cuatro candidaturas a los Oscar en 2014 y que relata los esfuerzos de Philomena Lee para encontrar a su hijo, dado en adopción sin su permiso a una familia estadounidense.

Según la cinta y el libro en el que está basada, Lee se topó con los intentos de las monjas por entorpecer su búsqueda, dejando entrever que quemaron todos los registros y que obtuvieron beneficios económicos por las adopciones, unas prácticas que también quedan recogidas en el informe de la comisión.

Otro aspecto siniestro de este caso es el programa de vacunación experimental desarrollado por científicos entre 1960 y 1961 con 58 niños internados en tres centros de acogida.

 

Los infames asilos de Magdalena

 

 

AGENCIAS

27 de agosto de 2019

https://www.nvinoticias.com/nota/124209/los-infames-asilos-de-magdalena

 

La tradición en torno a María Magdalena no está muy bien sustentada por la información bíblica. Sin embargo, su imagen como prostituta arrepentida que alcanzó la salvación al seguir a Jesús le valió que las damas “irreverentes” la convirtieran en santa patrona de los sitios a donde acudían para alcanzar la redención. Desde la Edad Media, por toda Europa, era posible encontrar estos “centros penitenciarios” que contaban con total respaldo de la Iglesia Católica.

Y es que la noción del pecado inherente a la mujer, así como la necesidad de expiar los comportamientos indebidos, apalancaron estos actos de penitencia extrema. Es importante aclarar que estos lugares, muchas veces anexos a los conventos, servían de refugio a mujeres que buscaban protección, ya fuera contra el acoso sexual o matrimonios no deseados. Sin embargo, acudir a uno de estos sitios implicaba el compromiso de quedarse definitivamente.

Prostitución en la Revolución Industrial

En los albores del siglo XVIII, con el apogeo de la Revolución Industrial, el incremento en el número de hijos ilegítimos y la proliferación de la prostitución se convirtieron en alarma pública para los habitantes del Reino Unido. La prostitución en calles y burdeles era desenfrenada, pero las mujeres que trabajaban como sirvientas o cocineras a menudo enfrentaban abuso sexual de sus patrones y embarazos no deseados.

El fenómeno llevó a que reformadores sociales de la época propusieran la apertura de “casas” especiales destinadas a reformar a las mujeres que ejercían la prostitución por decisión propia, y las “mujeres caídas”. Organizaciones evangelistas, como la Society for the Suppression of Vice, ejercieron presión para que se clausuraran burdeles y fortalecieran las leyes contra la prostitución.

El origen de los asilos de Magdalena

Como resultado de esta cruzada contra la prostitución, las mujeres que ejercían el oficio fueron reubicadas en refugios que, en honor a María Magdalena, llamaron “asilos de Magdalena”. A finales del siglo XIX, asilos de esta clase ya proliferaban por todas partes, incluso en otros continentes. Algunas estimaciones realizadas en 1900 señalan que, tan sólo en Reino Unido, existían 300 asilos de Magdalena que daban albergue a unas 6,000 mujeres cada año.

Se suponía que las casas de Magdalena fungían como alternativa a la prisión o situación de pobreza que a menudo debían soportar las mujeres que ejercían la prostitución; sin embargo, a nadie le quedaba duda de que fueran prisiones por derecho propio. Supuestamente, la estancia en estas casas era voluntaria, pero el hecho de que las mujeres vivieran permanentemente encerradas y que la policía regresara a cualquiera que pretendía huir, mostraban lo opuesto.

Cumplir la penitencia en estas casas implicaba someterse a diversas formas de “redención”: visitas estrictamente supervisadas, portar batas de la institución, pasar hambre, cabezas rapadas e incluso la flagelación. Además, la fuerza de trabajo de las mujeres se aprovechaba lavanderías y todo el dinero iba a las agencias sociales o religiosas que administraban los albergues.

Limpiar pecados de Magdalena

También sufrían un profundo adoctrinamiento religioso, enfocado principalmente en los pecados a los que se consideraban susceptibles. En aquellas regiones donde la Iglesia tenía gran poder, los asilos de Magdalena rápidamente quedaron bajo su control.

A medida que los asilos se iban transformando en cárceles, sobre todo aquellos a cargo de órdenes religiosas, las mujeres se desanimaban a irse y llegaron a permanecer recluidas durante décadas. Al interior de estos asilos la vida no era nada fácil. Las mujeres debían guardar silencio todo el tiempo y dirigirse a todas las monjas como “madre”, independientemente de la edad.

Las extensas jornadas laborales como lavanderas no les rendían ganancia alguna.Y es que el trabajo no sólo se veía como el principal sustento para los asilos de Magdalena, sino que se hizo creer a las “penitentes” que trabajando limpiarían sus pecados.

Aunque los asilos se concibieron originalmente para reformar a mujeres dedicadas a la prostitución, con el paso del tiempo los requisitos de admisión se hicieron más flexibles.Los líderes comunitarios y párrocos en las ciudades remitían a estos sitios a las madres solteras, niñas con padecimientos mentales o discapacidades físicas e incluso a las víctimas de abuso.

Era muy común que los bebés de las mujeres embarazadas que llegaban a las casas de Magdalena se entregaran para adopción en otros países, incluso sin consentimiento de la madre. Sin el respaldo de sus familias, muchas se veían obligadas a quedarse en los asilos para toda su vida.

El escándalo de Magdalena en Irlanda

Aunque el sistema que se implementó en Irlanda es uno de los más famosos en la actualidad por las acusaciones de abuso sistemático, estas prácticas no eran exclusivas de este país. Cuando los irlandeses atravesaron la triste hambruna de papas, el número de huérfanos en orfanatos se disparó y el tejido social quedó severamente roto. Los asilos de Magdalena fungieron como lugares ideales para reubicar a las jóvenes “problemáticas”.

El escándalo en torno a los asilos de Magdalena en Irlanda estalló en 1993, cuando un convento en Dublín vendió parte de su propiedad a un desarrollo inmobiliario.

En el terreno adquirido por la constructora se desenterraron 133 cuerpos de antiguas reclusas que fueron sepultadas en tumbas sin ningún tipo de identificación. Aunque es difícil estimar la cantidad de personas que fueron sepultadas de forma anónima en asilos de esta clase, cuando las antiguas “penitentes” empezaron a relatar lo que habían sufrido en estos lugares, las historias fueron suficientes para ponerles un alto.

Los relatos

Entre los relatos, antiguas reclusas señalaron que las enviaron a estos asilos por la simple sospecha de actividad sexual. Les cambiaban el nombre y las obligaban a realizar extensas jornadas laborales en las lavanderías. Mientras lavaban ropa, debían hacer oración en voz alta solicitando perdón por sus pecados.

Sex in a Cold Climate(1998) fue el primer documental irlandés que abordó el tema. En el Reino Unido generó un gran alboroto, pero en Irlanda ni se enteraron pues la Iglesia no permitió su difusión.

 

Consuelo García del Cid: “La retirada de tutela de los hijos en manos de los servicios sociales supone en muchos casos la criminalización de la pobreza”

 

Por Jmfrancas

23 de noviembre de 2018

Conversación tranquila de @jmfrancas con Consuelo García del Cid Guerra (@Txaite), escritora, investigadora y presidenta de la asociación ‘Desterradas hijas de Eva’ (https://www.facebook.com/groups/758480310836369/?ref=bookmarks).

blog: http://www.noentiendonada.es

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcEzxyMJwuOCBNnjwPDxg?view_as=subscriber

 

 

JMF: ¿Qué es ‘Desterradas hijas de Eva’?

Consuelo: Desterradas hijas de Eva ayuda a las madres y familias afectadas en general por la retirada de tutela de sus hijos en manos de los servicios sociales. Damos soporte personal, presentamos escritos y atendemos los casos que se nos presentan de forma espontánea a través de las redes sociales, prensa o el boca a boca.

JMF: ¿Qué quieres decir con ‘retirada de tutela’?

Consuelo: Separar a un hijo de su madre, así de claro. Perder la tutela de tu hijo, que te lo arrancan de los brazos policías que acuden al domicilio como si de una terrorista se tratara en cuanto se entra en servicios sociales en busca de ayuda o bien intervienen con denuncian falsas extendiendo a su vez informes falsos y manipulados con la única intención de que se queden sin hijos.

JMF: Eso será a través de un juez ¿no?

Consuelo: No. Ese es el quid de la cuestión. No interviene un juez. Son funcionarios de los servicios sociales quienes deciden a través de sus informes, no interviene un juez. ¿Alguien puede imaginar esta salvajada en plena democracia? pues así es.

JMF: Yo no me la imagino. ¿Me estas diciendo que los bebes robados de otras épocas mediante engaño, ahora, en pleno siglo XXI, se puede ‘quitar’ sin trampas legalmente?

Consuelo: Efectivamente, tal cual lo has expuesto. Asistimos a la prolongación de un delito legalizado.

JMF: ¿Puedes explicarme brevemente como funciona el proceso?

Consuelo: Se puede activar de muchas formas. Empieza a ser visible con el inicio de la crisis económica, cuando se acude a pedir ayuda a servicios sociales. Se abre un protocolo de actuación en el que las familias son sometidas a un proceso de humillación flagrante, es un strip-tease psíquico, moral y social. Entran en sus casas, abren armarios, neveras…, preguntan cuantos hijos tienes y si son del mismo padre, si eres vegetariana o vegana…; no se aceptan formas de vida alternativas ni otras formas de estar en el mundo que las “establecidas”, te puede denunciar un vecino, convirtiendo un altercado doméstico en la retirada de los hijos, puesto que funciona la delación.

JMF: Me dices que hay un investigación por parte de servicios sociales, ¿y?

Consuelo: A partir de ahí, cada caso pasa por muchas manos, aumentando una situación de necesidad que convierten en “desamparo” , los niños son un negocio. Se paga mensualmente de 3 mil a 9 mil € mensuales por niño tutelado, pero también existe un trasfondo moral que se impone. Por otro lado, las familias de acogida cobran una media de 500 € mes, por qué no se da esa ayuda a la familia biológica para que salga adelante? Los centros de menores están privatizados, son un negocio redondo, con esas cantidades mensuales, algunos centros dan comida caducada y ropa de segunda mano. ONG que cobran subvenciones, centros…. ¿Dónde va a parar todo ese dinero? Estamos ante la criminalización de la pobreza.

JMF: No corras, ¿quién decide que unos padres no pueden cuidar a sus hijos?

Consuelo: Los servicios sociales, sus técnicos, funcionarios, etc, que elaboran y extienden informes falsos y manipulados con la única intención de tener hijos del Estado a tres mil € mensuales. Después, las familias serán sometidas a un plan de trabajo demoledor. Si hay quien se suicida porque no puede pagar la hipoteca y se queda sin casa ¿cómo se supone que se queda una madre a la que separan de su hijo? Es un proceso salomónico inhumano y desnaturalizador en el que las familias se destrozan y el daño causado a los niños es irreparable. Con suerte, les podrán ver una vez por semana en Puntos de Encuentro, lugares gélidos institucionalizados donde verás a tus hijos ante una persona extraña que te indica que no le abraces, que no le digas tanto que le quieres, que no le digas que volverá a casa pronto porque no es verdad…,   no pueden fotografiar libremente a sus hijos y, como se rebelen, se suspenden las visitas.

JMF: Ni juez, ni fiscal, ni abogado… eso suena muy mal…

Consuelo: No interviene un juez, como he dicho antes. Los trabajadores sociales afirman estar sobradamente formados y preparados como para ejercer semejantes funciones, ellos deciden, son intocables. Se les puede denunciar, pero siempre ganan, son el poder. Las familias se arruinan pagando abogados, que -dicho sea de paso-, existen muy pocos especializados al respecto.

JMF: Desde tu asociación, ¿habéis denunciado ese comportamiento más que totalitario y sin garantías judiciales?

Consuelo: Denuncié públicamente en el Senado la situación real en Mayo de 2017, lo he hecho también en mi último libro “El desmadre de los servicios sociales”, lo dije también en la OSCE Conferencia Internacional Europea de los Derechos Humanos en Varsovia (Polonia). He sido denunciada por decir la verdad y actualmente me encuentro pendiente de juicio. La libertad de expresión no existe.

JMF: ¿Son casos muy aislados? ¿Tienes estadísticas?

Consuelo: No son casos aislados. Orientativamente podemos hablar de 50 mil retiradas anuales de tutela. No son transparentes, no se publican las cifras. Los centros de menores están llenos, a rebosar, y se piden familias de acogida de forma pública disfrazados de un “buenismo” en nombre de la infancia que encierra un sistema de regresión al pasado.

Consuelo: Por otro lado, hay que hablar también de “arrancamientos judiciales” en cuanto se denuncian malos tratos o abusos sexuales. Las madres son cuestionadas, se les aplica un falso síndrome llamado SAP (Alienación Parental) y se ven obligadas a entregar a sus hijos al maltratador o abusador en un Juzgado. En esos casos sí interviene un juez puesto que anteriormente la madre ha denunciado, y se inicia un periplo judicial vejatorio en extremo, para quedarse sin hijos.

JMF: ¿Sabes si en la UE funciona parecido?

Consuelo: Sí. Tenemos casos en Alemania y Austria de niños secuestrados por el Jugendamt hijos de españoles que han emigrado en busca de una oportunidad. Jugendamt actúa exactamente igual. Es un sistema europeo. Noruega tiene las cifras más altas de retirada de tutela.

JMF: Tu nombre se asocia a Margarita Robles, ¿qué tienes con ella?

Consuelo: Caso Clínica Dexeus, 1987, servicios sociales. Clara Reinoso era una menor tutelada que dio a luz a los 14 años en una clínica de lujo. Le  dijeron que había tenido un varón muerto. 27 años después, apareció su hija, una niña, que la encontró. Quien deshace el desamparo de la madre, Clara, es Margarita Robles, entonces jueza decana del Tribunal de Menores. Su firma en varios documentos supone que la menor quedara sola, en la calle, desamparada, con 16 puntos de sutura y una hemorragia posparto no atendida. Abandono puro y duro tras robarle a su hija.

JMF: Y, ¿Qué ha pasado con esto?

Consuelo: Se han archivado las causas penales. Asistí al juicio civil por filiación, resulta que una menor no tenía derecho ninguno sobre su propia hija, no podía ser madre porque no tenía dinero. Algo tan sumamente injusto como dantesco.

JMF: Me dejas más que alucinado, que también, escandalizado, lo de los servicios sociales y las tutelas me resulta de novela negra. Gracias Consuelo y un beso, te agradeceré me facilites algún contacto real para seguir con esos atropellos legales sin jueces.

Consuelo: Todos los que necesites, gracias a ti. Decir, si me lo permites, que mantengo esta lucha porque pasé por dos reformatorios franquistas.

JMF: Te permito todo, la verdad tiene prioridad para mi.

Consuelo: Las mismas congregaciones religiosas del pasado actúan y gestionan los centros de menores actuales.

JMF: Un beso y mil gracias por tu lucha.

Consuelo: un abrazo y muchas gracias.

 

Robo de niños en España: “A mí me han dado con la Ley Mordaza en toda la boca”

13 de enero de 2018

“A mí me han dado con la Ley Mordaza en toda la boca”

 

La escritora Consuelo García del Cid ha sido acusada de calumnias e injurias tras exponer ante el Senado español el drama de los bebés robados del franquismo y asegurar que en España “se continúan robando niños en manos de la Administración Pública.”

 

Consuelo García del Cid durante su intervención en el Senado el pasado 28 de mayo

 

Mientras el Parlamento Europeo y la ONU instan al gobierno español a investigar la trama de niños robados enraizada en la última dictadura, los presuntos involucrados se blindan ante las denuncias y criminalizan a víctimas y activistas. Es el caso de la investigadora y escritora Consuelo García del Cid Guerra, acusada de injurias y calumnias por poner sobre la mesa del Senado español el robo de niños desde el franquismo hasta el día de hoy. Y es que la activista manifestó que este delito de lesa humanidad sigue vigente en España gracias al actual Sistema de Protección de Menores que “ha cambiado en las formas, pero no en el fondo. Ahora el robo de niños es legal”. Después de recordar que existen más de 300.000 víctimas a las que aún se les niega el derecho a la identidad, García del Cid subrayó que en la actualidad “es más que alarmante el caso de secuestros institucionales de menores que atentan contra los derechos fundamentales de los niños y sus familias”. En su exposición, describió cómo ahora, sin necesidad de orden judicial y a través de un Ministerio de Asuntos Sociales regido en parte por funcionarios con varias décadas en sus cargos, se retiran hijos por motivos tan cuestionables como ser inmigrante o madre soltera, haber sido tutelada en la infancia, estar sin trabajo, en riesgo de pobreza o sufrir violencia de género. La escritora manifestó además que, cuando las familias intentan defenderse por la prohibitiva y lenta vía judicial “magistrados octogenarios que aplican el derecho de una manera autárquica y parcial, como por ejemplo el señor Carril Pan de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Tarragona, evitan de forma inconstitucional el traslado de estas causas al Tribunal Supremo. Y la falta de competencias es un derecho de gravedad y trascendencia jurídica por ser un claro indicio de prevaricación“. Estas palabras, recogidas en su libro El desmadre de los Servicios Sociales a través del testimonio de una afectada que vio archivarse una tras otra las denuncias que interpuso contra el citado magistrado, le han costado una acusación por vía penal a cargo de la Fiscalía Provincial de Madrid y del propio Carril Pan. Por delitos de injurias y calumnias contra funcionario público, Consuelo García del Cid tendrá que declarar ante el Juzgado de Instrucción número 26 de Barcelona el próximo 16 de enero.

Me parece indignante que se pueda ir contra un escritor que hace su trabajo de investigación –opinó el periodista Javier Salaberría en el programa de radio Vuelo 714– Es un ataque a la libertad de expresión. Lo que nos debería preocupar es lo que señala la investigadora, no si este señor se siente ofendido por unas declaraciones. A este juez lo definen como una institución del poder judicial, pero si él mueve más que el interés general, estamos ante el fracaso de la independencia judicial. Porque hubo una actuación instantánea de la Fiscalía sin contrastar lo que se expone en el libro de Consuelo y sin cuestionarse si el juez está diciendo la verdad, lo cual es muy preocupante mientras hay niños y familias que están sufriendo un sistema que es totalmente inhumano.

Con miedo a la verdad

Amenazar con penas de cárcel y multas estratosféricas se ha convertido en la estrategia de un poder judicial que obstaculiza y archiva la mayoría de las denuncias sobre los niños robados, sin ni siquiera tomar testimonio. Uno de los motivos apunta a la implicación de jueces, médicos, abogados, políticos y personalidades relevantes del actual panorama español. Es el caso de Margarita Robles, Portavoz del PSOE en el Congreso, denunciada por el robo del bebé de Clara Alfonsa Reinoso en una clínica de Barcelona durante 1987, cuando Robles era Jueza de Menores. Aunque la causa se archivó, Reinoso intenta reabrirla con nuevas pruebas. Si su petición prospera, el escándalo será mayúsculo y salpicará a muchos nombres respetables.

Entiendo que haya grupos políticos o grupos de élite que estén resistiendo porque alguna gente va a quedar expuesta en algo tan bárbaro como es robar niños a madres y padres -reflexiona David Carracedo, diputado por Podemos y Vocal de la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia-. En la medida que empiece a ser viable iniciar una investigación seria como reclaman las Naciones Unidas o el Parlamento Europeo, vamos a encontrarnos con más casos como el de Consuelo, que es vergonzoso, ya que su libro plantea una serie de indicios razonables de posible prevaricación administrativa. Estamos ante una serie de mordidas de aquellos que se empiezan a ver acosados y temen lo que se les viene encima. Haría una reflexión acerca de la impunidad en este país y de la necesidad de acabar con ella.” concluye el parlamentario. Mientras, la realidad del actual Sistema de Protección de Menores español habla por sí sola: cada niño tutelado sirve para engordar una descomunal infraestructura institucional de centros gestionados por fundaciones religiosas y empresas privadas. Por cada menor se reciben entre 4000 y 9000 euros mensuales de las arcas públicas y de subvenciones europeas. Las familias son separadas a la fuerza de sus criaturas -despliegue policial mediante si hace falta y sin garantías procesales- por decisión de meros técnicos administrativos que pueden ordenar una retirada sin mediación judicial ni pruebas. El Estado español tutela en este momento a más de 40.000 niños y niñas, algunos por padecer verdaderas situaciones de desamparo como maltratos y abusos, pero a otros por considerar “no aptos” a sus padres y familiares biológicos al aplicar baremos ideológicos y morales similares a los de antaño, según García del Cid. Al respecto, el diputado David Carracedo añade “hay una fórmula legal que permite a los Servicios Sociales quitar la patria potestad permitiendo un abuso clasista en el que la Administración, con unos patrones muy claros, define qué deber ser un ‘hogar decente’ y unas condiciones de vida dignas mientras dictamina quitarles a sus niños a quienes no las cumplen.” Además, la investigadora apuntó durante su intervención en el Senado que órdenes religiosas como la de las Oblatas o Adoratrices, en la mira por el robo de niños de antes y a cargo de muchos centros de menores en la actualidad, son galardonadas con frecuencia sin haber depurado responsabilidades pasadas. En 2002 y 2012 se les otorgó la Cruz de Plata de la Orden Civil de la Solidaridad Social, y en 2015 el Premio de Derechos Humanos Rey de España.

Más voces críticas

Pero no sólo Consuelo García del Cid denuncia esta tragedia silenciada. Numerosos colectivos de trabajadores de lo social, movimientos de madres afectadas como el de Marea Turquesa o pediatras de renombre como Carlos González, se suman a visibilizar este drama. Por si fuera poco, el hacinamiento y las malas condiciones sufridas por las criaturas en los centros de menores están saliendo a la luz cada vez con mayor frecuencia. Incluso muertes no esclarecidas y redes de prostitución que se nutren de menores tutelados han saltado a los titulares en los últimos años.

El sistema de Protección también es muy criticado por romper de manera drástica todo vínculo biológico entre madres e hijos una vez separados, someterlos a un régimen carcelario en caso de concederse una hora de visita vigilada semanal o quincenal, y por entregar a los niños en adopción cuando las familias aún reclaman su vuelta a través del largo e infructuoso proceso judicial. Un sistema condenado desde Estrasburgo con varias sentencias contra la Administración española. Pero llegar a Bruselas cuesta unos diez años y, para ese entonces y por más que se les dé la razón a los padres, los hijos ya han sido adoptados y no hay vuelta atrás. Como señala Javier Salaberría, “es increíble la pasividad de la Fiscalía de Menores ante todas las denuncias que se están presentando sobre los abusos de la Administración en relación a las tutelas de menores”. Sin embargo, a la hora de procesar a los imputados por las propias instituciones, la Justicia cobra velocidad. Milud y Aicha estuvieron acampados en las puertas del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales durante 15 meses. Les quitaron a sus tres hijos de golpe y les entregaron un único papel para justificar esa brutal intervención. A pesar de su angustia, nadie les decía dónde, cómo o con quién estaban sus hijos. Durante el tiempo que durmieron en una tienda de campaña a los pies de la sede de menores, tampoco obtuvieron ninguna respuesta. Pero ellos no se iban a marchar de allí sin sus niños. La hija mayor se escapó varias veces del centro donde la internaron para volver con sus padres. Pero al final, Milud y Aicha levantaron campamento por orden judicialCatalina Cirer, que fue alto cargo de la Admistración de Menores, miembro del Partido Popular y actualmente investigada por prevaricación, denunció a la pareja por calumnias e injurias, ofendida con las pancartas que la señalaban como corrupta. En un juicio donde su declaración gozó de presunción de veracidad y sin ninguna prueba que acreditase su versión, Cirer testificó que Milud la había amenazado con el dedo. Él y su mujer han sido condenados a tres años de cárcel cada uno y a pagar 12000 euros de multa cuando apenas logran subsistir con sus modestos ingresos. A su hija mayor la trasladaron a más de mil kilómetros para evitar otras fugas. Está en uno de esos hogares terapéuticos para menores denunciados por Amnistía internacional en un informe llamado “Si vuelvo, me mato”.

A la Asociación mallorquina Infancia y Derecho, que surgió en defensa de éstos y otros muchos afectados, se la criminalizó abriendo una causa penal a dos de sus integrantes por el supuesto secuestro de un menor. Por calumnias e injurias también está imputada Pilar Lozano, activista del movimiento de madres afectadas Marea Turquesa . La lista es larga. En España, señalar la corrupción puede salir muy caro. De hecho, la primera en pisar la cárcel por la trama de niños robados del franquismo será Ascención López, una bebé robada acusada de calumnias e injurias por la monja a la que denunció. “El país que miente, oculta o niega su propia Historia, ya sea pasada o presente, está condenado irremediablemente a repetirla” dijo Consuelo García del Cid para cerrar esa intervención en el Senado que le puede costar la libertad y muchos miles de euros. Por el momento, el 16 de enero, fecha en la que la escritora está citada a declarar, habrá una concentración en su apoyo a las nueve de la mañana en la Ciutat de la Justicia de Barcelona.

 

Entre rejas por denunciar su adopción ilegal 

Ascención López se animó a denunciar a la monja que en 1964 había tramitado su más que irregular adopción. De hecho, ni siquiera existe partida de nacimiento y su propia madre le confesó antes de morir que la compró recién nacida por 250.000 pesetas. Pero su gesto le acarreó una denuncia de injurias y calumnias por parte de la religiosa. Finalmente condenada, con dos hijos, sin recursos económicos y con una salud muy deteriorara, Ascención adeuda una indemnización de cuarenta mil euros a la monja y una multa de tres mil euros. Al no poder abonar esas cantidades, la bebé robada irá a prisión. El indulto, que se puede conceder siempre que la denunciante esté de acuerdo, tampoco ha sido viable. La religiosa no sólo le niega su perdón, sino que exige que se ejecute la condena con celeridad. Mientras, el caso de la adopción ilegal de Ascención ha sido archivado a pesar de los claros indicios que la señalan como víctima de la trama del robo de bebés.

 

«El Patronato fue como una cárcel moral de mujeres en el franquismo»

La historiadora, Carmen Guillén Lorente, investiga la posición social de la mujer durante la dictadura franquista en su tesis doctoral

 

Carmen Guillén Lorente. / LV

 

Por MINERVA PIÑERO

22 de noviembre de 2018

https://www.laverdad.es/murcia/patronato-carcel-moral-20181122010839-ntvo.html

 

«En principio, la edad mínima para entrar al Patronato era de 16 años y la máxima de 25, pero estas reglas se las saltaban bastantes veces», explica Carmen Guillén (Murcia, 1988), doctora en Historia Comparada por la UMU. Tras cuatro años de investigación, la joven obtuvo hace unos días la calificación de sobresaliente ‘cum laude’ por ‘El Patronato de Protección a la Mujer: prostitución, moralidad e intervención estatal durante el franquismo’, su tesis doctoral, dirigida por Encarna Nicolás y Carmen González y en la que indaga sobre «uno de los aparatos más eficaces y duraderos desarrollados por el franquismo para el control social de la mujer».

-¿La prostitución fue legal en algún momento?

-Más que legal, la prostitución fue reglamentada desde 1941 hasta 1956. Esto significa que el franquismo permitía que existiera, pero, al igual que la regulaba, renegaba de ella. Era la expresión máxima de la doble moral del régimen. Había una serie de medidas que permitían que existiera la prostitución, pero no estaban enfocadas a proteger legalmente a la prostituta. Se entendía que era un mal menor y medicable.

-¿Cuál era la función del Patronato?

-La primera línea que se escribe dentro de los informes del Patronato es que su objetivo era redimir a la mujer caída y ayudar a la que está en peligro de caer. Para lograrlo, desarrolló un sistema de vigilancia, de terapia y reclusión a todas las mujeres que no cumplían con los estándares morales impuestos por el régimen. Cualquier mujer que no comulgase con el dogma o moral del franquismo era susceptible de entrar en los reformatorios del Patronato. Esta institución también se encargaba de escribir una serie de informes sobre cuestiones relacionadas, según su criterio, con la moralidad pública, como la homosexualidad, el uso de estupefacientes, las relaciones de género… Por algunas regiones, hasta se movieron los llamados agentes del Patronato, quienes deambulaban por las zonas que consideraban peligrosas para controlar la moralidad pública.

-¿En qué año se fundó?

-Aparece en 1941 y finaliza a mediados de los 80. Sobrevivió diez años al propio franquismo.

-¿Por qué motivos entraban las mujeres a los centros de esta institución?

-Teniendo en cuenta que era una realidad que se regulaba, las medidas eran bastantes represivas. El franquismo había regulado ciertas zonas de prostitución, entendidas como desagües sociales. Aquellas que salían de estos límites, tras ser denunciadas por la Policía o algún vecino, entraban a las cárceles de mujeres y a los centros del Patronato. Ocurría lo mismos con quienes ejercían sin el carné que les acreditaba como prostitutas, el cual existía.

-¿Cuántas mujeres fueron detenidas?

-Es un número muy difícil de cuantificar, sobre todo, porque la mayoría lo hacían de manera clandestina. En Murcia, uno de los datos registrados es que en 1952 había 72 mujeres ‘oficiales’. Y se estima que las clandestinas superaban en un 80% a las legales. En 1942, por causas relacionadas con la prostitución, en España se detuvieron a seis mil mujeres. Y en 1943 el Patronato estimó que el número de prostitutas era de 12.180, repartidas en 1.056 casas de tolerancia.

-¿Qué papel jugó la Iglesia en este contexto?

-Uno absolutamente crucial. La Iglesia no solo dio el arquetipo de mujer que debía existir; también facilitó las infraestructuras y el personal que el Patronato necesitó, a través de las congregaciones religiosas. Prestaron las casas de acogida, repartidas por toda la geografía española y regentadas por las congregaciones religiosas, principalmente por adoratrices y oblatas. Era como una cárcel moral de mujeres en el franquismo.

-¿Y la medicina, en concreto la psiquiatría?

-Apoyó completamente la causa del Patronato. La psiquiatría de la época estaba supeditada a la ideología del nacional catolicismo. Científicos como Vallejo-Nágera, conocido como el psiquiatra del régimen, apoyaron totalmente la represión a estas mujeres. La medicina se esforzó en buscar las causas clínicas que favorecían la práctica de la prostitución y la psiquiatría franquista se puso al servicio de la condena moral de las prostitutas. Para justificar esa actitud, el régimen tuvo que difundir un discurso articulado por la medicina.

-¿Cuántos centros del Patronato había en la Región?

-Dos. Uno en Murcia y otro en Cartagena.

 

Prostitución bajo amenaza de muerte

 

La pobreza y la búsqueda de una vida mejor es utilizada por mafias para obligar a mujeres a prestar servicios sexuales

 

Por F. Guijarro 

19 de agosto de 2018

https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2018/08/19/prostitucion-amenaza-muerte/1340227.html

 

Víctimas de trata. «Hay pocas experiencias tan dramáticas como las que viven las mujeres que son víctima de trata», afirma el responsable de una de las organizaciones que atienden a mujeres en situación de prostitución, entre las que se encuentra el Casal Petit, que cada año da servicio a unas 250 personas en la isla. Entre ellas se encuentra María, residente en Mallorca y madre de tres hijos.

 


Xisca Plasencia (izquierda) y Magdalena Alomar (derecha), del Casal Petit, junto a María (de espaldas). m. Mielniezuk

 

Amenazas de muerte hacia ellas o sus familias, agresiones y humillaciones forman parte del recorrido realizado por las mujeres en situación de prostitución que han sido objeto de trata. En el camino dejan buena parte de su autoestima y heridas que no se ven sobre la piel. Algunas de ellas son atendidas en Mallorca por el Casal Petit de las Hermanas Oblatas,entre las que se encuentra María.

La historia de esta mujer latinoamericana tiene en sus orígenes un factor que es prácticamente constante entre las personas afectadas por estas situaciones: la pobreza. Madre de dos hijos y sin pareja, con un trabajo de secretaria que no era suficiente para sacar adelante a su familia y que les obligaba a vivir con su madre o con su abuela en barrios humildes, un día se cruzó con una antigua amiga que «iba en un cochazo»«Lo primero que pensé es que se había casado con un narco». Pero el lujo en el que vivía procedía del ejercicio de la prostitución en Japón. Ella fue la que la puso en contacto en un hotel con un japonés que hizo la primera oferta para trasladarse a ese país, que en un principio rechazó. Más tarde llegó una nueva reunión con una mujer que también había trabajado durante años en ese país oriental y que le cobró un millón de pesos colombianos solo por ponerla en contacto por personas que debían de ayudarla a realizar ese viaje. María no oculta que era consciente de que la oferta era para ejercer la prostitución, pero se la presentaban como «algo muy fácil por el carácter de los japoneses y en lo que se podía ganar mucho dinero».

La organización con la que se relacionó le pagó el billete de avión hasta Londres, para desde allí partir hacia Tokio, donde la policía japonesa no la permitió entrar en el país, obligada a volver a Inglaterra donde permaneció 15 días. Para poder mantenerse durante este tiempo, fue en Londres donde ejerció la prostitución por primera vez. Regresó a su país para desde allí hacer un nuevo intento para entrar en Japón, pasando previamente por Nueva York y Corea. Esta vez lo consiguió. El año era 1993.

Un laberinto sin salida

Una vez allí, pasó a manos de una mujer a la que debía entregar cada día 250 yenes para saldar una deuda de 60.000 dólares y que en lugar de hacerlo en algún local, la puso a ejercer en la calle. Al verse en esa situación, admite que se pasó la primera noche llorando y que rogó que la dejaran volver a su tierra, con el compromiso de que saldaría su deuda hipotecando la casa de su abuela si era necesario.

«La respuesta que recibí es que podía coger mi pasaporte y mi dinero e irme, pero inmediatamente después con la advertencia de que si me marchaba no iba a salir viva del aeropuerto de mi país».

Ahí se inició una etapa de meses en la que se la obligaba a trabajar cada día y en la que durante los fines de semana debía atender a trabajadores extranjeros que pagaban menos pero que apenas permanecían con ella poco más de 10 minutos. Si un japonés le abonaba 250 o 300 yenes, estos migrantes solo pagaban entre 100 y 150, pero con una enorme rotación.

Llegó a enfermar por este exceso de trabajo y comenzó a consumir drogas. «Me volví agresiva y tenía problemas con todos», lamenta.

Hasta que un día decidió que ya había saldado su deuda de 60.000 euros y escapó de la mujer para la que trabajaba. La reacción de ésta fue vender esa deuda pendiente a la mafia japonesa. «Me encontraron, me sacaron de madrugada de la casa en la que estaba» y la obligaron a hacer una gira por tres ciudades, trabajando 10 días en cada una. Allí aprendió una nueva forma de ejercer en Japón. Debía actuar en ‘teatros’ con público donde hacía un baile. Luego los asistentes se jugaban quién subía al escenario con ella, donde practicaban sexo a la vista de todos y la tradición hacía que luego el hombre se sacara el preservativo para demostrar que había eyaculado, entre aplausos del público. Después debía de atender a los asistentes que lo deseaban en pequeñas salas, con una relación que duraba muy poco tiempo en cada caso. Durante esas semanas, la mafia japonesa se quedaba con la mitad de las ganancias que generaba, y permitía que la otra mitad se la enviará a su madre. Al dar por saldada su deuda, le organizaron una fiesta.

Ella se quedó a vivir en Japón con el novio que había conocido allí, pero las actividades de este último hicieron que la policía les detuviera y la devolviera a su país, cerrando una etapa de tres años en Oriente.

Entonces decidió viajar a España, de nuevo para ejercer la prostitución, y permaneció en un hotel de carretera durante un mes, con una notable diferencia con la clientela japonesa, porque «en España muchos querían hacerlo sin preservativo y sin lavarse».

En esa etapa sucede una de las situaciones más dramáticas que ha vivido. Se quedó embarazada de un cliente (no sabe de cuál, porque a uno se le rompió el preservativo y a otro se le enrollo en su interior al sacarlo y se derramó el semen). Cuando pretendía abortar en España, fue detenida y deportada, y al llegar a su país lo intentó de nuevo pero le dijeron que el feto ya estaba demasiado desarrollado. Es al llegar a este punto cuando algo se rompe en María y empieza a llorar, porque quiso desprenderse «de lo mejor que he hecho en mi vida», su hija. «Ella conoce toda esta historia», afirma entre lagrimas.

De nuevo hizo las maletas y viajó a Europa, esta vez con su hijo mayor y su hija pequeña (el mediano no quiso abandonar su país). Tras una peripecia en Suiza, volvió a España en noviembre de 2000, para instalarse en Barcelona. Allí trabajó un tiempo en un mercado, pero no conseguía ingresos suficientes para mantener a sus hijos y volvió a la prostitución. «Llega un momento en el que piensas que no sirves para otra cosa. En esas fechas tenía que haber parado, pero no lo hice», señala con lágrimas.

Barcelona la asusta para vivir con sus hijos y viajó a Mallorca, donde ha criado a dos de ellos. Ha trabajado en el club Globo Rojo y en un chalé de la calle Hiroshima, entre otros lugares. Más de tres lustros después de llegar a la isla, sigue en situación de prostitución, y con el dinero que gana ayuda a su segundo hijo, que terminó viviendo en EE UU donde se le detectó un cáncer, al que envía 800 dólares cada mes porque allí la sanidad es muy cara. «La vida no me deja respirar». Durante esos 17 años, solo ha encontrado algún empleo precario, «y de algo tenemos que vivir», concluye.

 

El objetivo de eso que llaman “lucha contra la trata” es prohibir la prostitución

 

4 de agosto de 2018

Madrid

 

Hace casi cuatro años publicó Laura Agustin un artículo (1) que yo traduje y publiqué (2) en este blog hace casi un año: “’El trabajo sexual no es trata sexual’”: una idea cuyo tiempo no ha llegado”.

No he visto en este tiempo ninguna reacción, ni en este blog en forma de comentario ni en ningún otro sitio, y sí he visto en cambio cómo se ha seguido usando rutinariamente el eslogan “trabajo sexual no es trata”.

Pero no han dejado de resonar en mi memoria las palabras de Laura cada vez que he visto repetir el eslogan. Porque la advertencia de la ilustre académica es muy grave: según ella ese eslogan

Arroja a los pies de los caballos a todas las inmigrantes, documentadas o no; a las que no les gusta mucho vender sexo y no se llaman a sí mismas trabajadoras sexuales, pero sin embargo no quieren ser salvadas o deportadas.”

“(…)el eslogan trabajo sexual no es trata sexual solo contribuye al reduccionismo impulsado por activistas anti prostitución y anti trata.”

Voy a intentar explicar de la forma más breve posible cómo interpreto yo las palabras de Laura, interpretación que no pretende coincidir con el sentido exacto que les ha dado ella.

 

Manipulación del lenguaje, violación semántica de las palabras

 

Según ella,

“Decir ‘Trabajo sexual no es trata sexual’ es materializar la actual narrativa de la trata, aceptando que se refiere a algo real y malo contra lo que se debe luchar”. 

Y en otra parte (3) dice:

“No existe término sustitutorio para trata porque usar un único término sencillamente hace desaparecer todas esas situaciones diferentes, estimula el reduccionismo y se alimenta directamente de una agenda moralista de ‘bueno contra malo’. Esta categoría fue una invención y no describe realidades”.

Es decir: el término “trata” es una invención que no significa nada real.

Voy a intentar analizar el significado de las palabras “trata”, “esclavitud” y “explotación” desde su origen hasta su estado corrupto actual.

 

 

“Trata”, según leo en un diccionario (4) de 1960, significa: 

Tráfico, comercio. T. de negros > Negros. T. de blancas Tráfico de mujeres para su explotación

En cambio, según el actual (5) Diccionario de la R.A.E., el significado es:

trata

  1. f. Tráfico que consiste en vender seres humanos como esclavos.

trata de blancas 

  1. f. Tráfico de mujeres, que consiste en atraerlas con coacción o mediante engaño a centros de prostitución para su explotación sexual.

En esta última versión ha desaparecido el significado original de la palabra y se ha reducido a dos significados parciales, con lo que desaparece su relación esencial con la palabra “mercancía”. De esa forma, se puede introducir tras la primera acepción —auténtico caso de trasiego de mercancías— la segunda, en la que no existe mercancía alguna, ya que no existe esclavitud como en la primera. En el diccionario antiguo también se incluían las dos acepciones parciales, pero la definición previa de la palabra ponía en evidencia la manipulación que supone la expresión “trata de blancas”.

Y así pasamos a la manipulación de la palabra “esclavitud”. De este modo la define (6) la Wikipedia:

La esclavitud, como institución jurídica, es una situación por la cual una persona (el esclavo) es propiedad de otra (el amo); es una forma particular de relaciones de producción, característica de un determinado nivel de desarrollo de las fuerzas productivas en la evolución de la economía.

Es decir, en la auténtica esclavitud el estatus jurídico del esclavo es el de mercancía, y por tanto puede ser objeto de trata. Y solo vale la acepción jurídica de la palabra esclavitud —y de todas las palabras, en general— si estamos hablando de leyes y de derechos.

Entonces, ¿la “esclavitud sexual” es esclavitud? No parece; más bien se evidencia como otro ejemplo de manipulación del sentido de las palabras:

“Mientras que los esclavos negros eran propiedad legal de su explotador, las mujeres víctimas de la trata de blancas, víctimas de esclavitud sexual, nunca fueron consideradas por los Estados como tales, como propiedad legal de sus traficantes o de sus proxenetas (7).”

Es decir, “esclavitud sexual” no es esclavitud, y “trata”, por tanto, tampoco es trata. Es lo que dice Laura Agustin: 

“Esta categoría (trata) fue una invención y no describe realidades”. 

La invención de esta categoría “trata” fue mérito del Comité de Expertos de la Sociedad de Naciones, cuyo informe, publicado en 1927, ha influído en todas las decisiones posteriores hasta nuestros días. Este fue el espíritu con el que se elaboró dicho informe (8):

Si en los casos de “trata”, en el sentido ampliado del término que se asume en el informe, no existe ejercicio de violencia ni violación de la libertad, ¿en nombre de qué oponerse a ellos? El informe nos lo dice: “la trata de prostitutas”, encontramos en él, “es una plaga que debe ser radicalmente suprimida en nombre de la higiene y de la moral y del interés del porvenir de la raza.” 

Y éste es el espíritu con el que las actuales abolicionistas siguen manipulando (7) el concepto vacío de “trata” siguiendo su programa ideológico:

El empeño de las abolicionistas actuales por vincular inextricablemente prostitución y trata mediante la definición de ésta en función de la existencia de una “situación de vulnerabilidad”, aboca a conclusiones absurdas; cabría, incluso, decir que constituye una “lógica del delirio” (en el sentido que Remo Bodei, 2002 confiere a esta expresión). Además, facilita la criminalización de los flujos migratorios y de las personas de un modo u otro implicadas en ellos. 

En cuanto a la expresión “explotación sexual” (9), ya viene de fábrica carente de significado:

 De forma más significativa, el Protocolo (contra la trata de la ONU) decidió específicamente no definir el concepto de “explotación sexual”. Esto dejaba al criterio de cada Estado definir ésta como le pareciera mejor, haciendo equivalentes prostitución y explotación sexual o definiendo la explotación sexual como un abuso dentro de la prostitución. De este modo, el Protocolo podría ser interpretado como que respalda tanto a los que defienden la legalización de la prostitución como a los que buscan su abolición.(10)

Es obvio que en España se ha optado por hacer sinónimos “prostitución” y “explotación sexual”. Porque la definición de una palabra viene dada por el uso general que se hace de la misma, y es evidente que en España todas las instituciones y medios de comunicación usan sistemáticamente el término “explotación sexual” como sinónimo de prostitución.

Así, el juez (y ahora también ministro del interior) Sr. Grande-Marlaska puede afirmar (11) que “el 99% de la prostitución procede de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual”. Para él prostitución y explotación sexual son lo mismo; no dice “la totalidad” sino “el 99%” para dar la apariencia de que se trata del resultado de algún estudio y no de una mera manipulación del significado de las palabras.

La expresión “explotación sexual” es especialmente engañosa, ya que en la prostitución sí se dan situaciones de “explotación laboral”, motivadas por la falta de derechos laborales de las trabajadoras sexuales. Así que se puede jugar con la ambiguedad de diseño de la palabra “explotación” para crear confusión.

Decir que el 99% de las prostitutas son victimas de trata deriva también del sinsentido de la palabra trata, que se refiere a “víctimas” cuyo “consentimiento es irrelevante” (12), lo que coincide con el sesgo ideológico abolicionista de que en la prostitución no es posible el libre consentimiento (13) porque la prostitución es siempre violencia de género (14) y, por tanto, todas las prostitutas son, por la propia naturaleza de la prostitución, víctimas de trata.

En definitiva, la “trata de personas con fines de explotación sexual” es la forma como los abolicionistas denominan a la prostitución. La eliminación de un plumazo del derecho constitucional y humano de las trabajadoras sexuales a decidir sobre sus propias vidas queda plasmada en la ley bajo el camuflaje de “lucha contra la esclavitud” (15).

Porque es toda una enorme maniobra de engaño de cara a la opinión pública. Una operación de “pánico moral” (16) calcada de la que inventó la “trata de blancas” (17) de principios del s. XX. Una operación cuyo objetivo es la prohibición de la prostitución, su clandestinización, la entrega de las prostitutas y del negocio de la prostitución a la mafia.

Entonces, ¿no son víctimas las prostitutas de ningún abuso? ¿No necesitan ley que las proteja?

Por supuesto que necesitan ley que las proteja, pero no una “ley especial” que las incapacite como personas, sino las leyes generales que protegen a todos los ciudadanos: las leyes contra el secuestro, contra la violación, contra la extorsión, contra la estafa, contra la usura, contra las agresiones. Necesitan ser protegidas por la ley general que garantiza derechos laborales a los trabajadores para evitar la explotación laboral.

Las prostitutas necesitan la despenalización total del trabajo sexual, es decir, la eliminación en las leyes de cualquier referencia a la prostitución. El fin de su discriminación y estigmatización.

Terminaré con las palabras con las que Laura Agustin terminaba su artículo (2):

Se ha negado toda la gama de complejidad y diversidad que en la actualidad se incluye en el término víctima de trata. Años de intentos de llevar la justicia y los matices a un mal marco penal son ignorados. La miríada de formas diferentes de sentirse forzado, obligado o coaccionado a dejar el hogar o tener relaciones sexuales por dinero o dar algo del propio dinero a otra persona han desaparecido. Y sí, entiendo que la victimización de la industria del rescate hace que la gente se sienta ansiosa por ofrecer algo que pueda captar el público en general. Pero el eslogan “trabajo sexual no es trata sexual” solo contribuye al reduccionismo impulsado por activistas antiprostitución y antitrata.

 Es deplorable Evítalo.

 


1.- https://www.lauraagustin.com/sex-work-is-not-sex-trafficking-an-idea-whose-time-has-not-come

2.- https://elestantedelaciti.wordpress.com/2017/12/11/el-trabajo-sexual-no-es-trata-sexual-una-idea-cuyo-tiempo-no-ha-llegado/

3.- https://elestantedelaciti.wordpress.com/2015/11/03/trata-de-personas-se-ha-vuelto-un-termino-carente-de-significado/

4.- Enciclopedia Vergara, Editorial Vergara S.A, Barcelona. Edición especial para el Ministerio de Educación Nacional.

5.- http://dle.rae.es/srv/fetch?id=aWr4q9P

6.- https://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud

7.- https://elestantedelaciti.wordpress.com/2018/07/22/la-trata-de-seres-humanos-con-fines-de-explotacion-sexual-analisis-conceptual-e-historico/

8.- https://elestantedelaciti.wordpress.com/2018/07/22/la-trata-de-seres-humanos-con-fines-de-explotacion-sexual-analisis-conceptual-e-historico/

9.- https://elestantedelaciti.wordpress.com/2016/09/27/definicion-de-explotacion-sexual/

10.- https://elestantedelaciti.wordpress.com/2015/04/30/campanas-contra-la-trata-trabajadoras-sexuales-y-los-origenes-del-dano/

11.- https://www.elboletin.com/nacional/140930/grande-marlaska-prostitucion-procede-trata.html

12.- http://www.phit.ub.edu/wp-content/uploads/2017/04/Codigo-Penal-art-177bis.pdf

13.- https://elpais.com/elpais/2018/08/01/opinion/1533119067_676537.html

14.- https://elestantedelaciti.wordpress.com/2014/02/28/el-tendencioso-informe-honeyball-sobre-trabajo-sexual-respaldado-por-el-parlamento-europeo/

15.- “Creíamos que la esclavitud, aquella que describía Mark Twain, había sido desterrada. Pero no es así. Todavía en pleno siglo XXI existe una forma de esclavitud.“ Decía Soledad Becerril en el acto de entrega del Premio a los Derechos Humanos Rey de España por parte del actual representante de la monarquía negrera española a una orden de monjas carceleras. https://elestantedelaciti.wordpress.com/2018/07/30/los-derechos-humanos-de-las-adoratrices/

16.- https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1nico_moral

17.- https://elestantedelaciti.wordpress.com/2014/04/25/esclavas-sexuales-y-estado-vigilante/

El Patronato, la cárcel de la moral franquista para adolescentes: «Era como la Gestapo»

 

Entre 1941 y 1985 funcionó en España una institución encargada de encerrar a las adolescentes ‘caídas o en riesgo de caer’ en centros de monjas para «rehabilitarlas»

 

Menores del Patronato de Sevilla. (Imagen del archivo histórico de la Junta de Andalucía)

 

Por MARÍA ZUIL

8 de julio de 2018

https://www.elconfidencial.com/espana/2018-07-08/patronato-proteccion-mujer-franquismo-gestapo_1586930/

 

Justo un mes después de que Raquel Castillo cumpliese 16 años, dos policías se presentaron en su habitación. Sin mediar palabra, le pusieron unas esposas y se la llevaron a un centro de monjas, donde le hicieron una prueba de virginidad y la observaron durante una semana. Su madre la había entregado a las autoridades, simplemente porque no quería hacerse cargo de ella. «Estuve en estado de ‘shock’, no sabía qué había hecho, no entendía nada…», narra ahora 43 años después, cerca del centro donde vivió su primer encierro, en Arturo Soria, todavía perteneciente a las Trinitarias.

Con la misma edad, Marian Torralbo fue ingresada por una denuncia de su propio hermano en otro reformatorio, en su caso de la orden de las Oblatas. «A mí me gustaba salir y una noche, cuando volvía de fiesta, mi hermano que era de Acción Católica se presentó con mi cuñado y me llevaron a un piso custodiado por monjas. Mis padres renunciaron a mi tutela, y empezó mi infierno». Consuelo García del Cid ni siquiera recuerda cómo llegó a un centro de las Adoratrices en la capital, muy lejos de su Barcelona natal. «Me desperté en una habitación con una pequeña ventana desde donde vi que todos los coches tenían matrícula M, y ya pensé que algo iba mal…».

El Patronato se quedaba con la tutela de las adolescentes de entre 16 y 25 años que consideraba «caídas o en riesgo de caer»

Como ellas, miles de adolescentes fueron encerradas entre 1941 y 1985 en centros de religiosas de toda España bajo la custodia delPatronato de Protección a la Mujer, una institución que se encargaban de controlar la moral de la población femenina. Denominados oficialmente «colegios», eran reformatorios en la práctica que extendieron el yugo de la represión franquista entre las mujeres de entre 16 y 25 consideradas «descarriadas». Denunciadas por desconocidos, familiares o de oficio, el Patronato se quedó con la tutela de incontables mujeres que fueron condenadas sin juicio, y privadas de su libertad. Del Patronato poco se ha sabido tras la dictadura, a pesar de que sus prácticas se extendieron hasta 1985, cuando las tutelas de las menores de edad que quedaban bajo su «protección» se extinguieron y los últimos reformatorios cerraron rodeados de polémica.

Redadas en cines y bares.

Rebeldes, prostitutas, lesbianas, campesinas, violadas, embarazadas… Cualquier chica que se alejase de los cánones del único modelo de mujer que contemplaba el franquismo era susceptible de ser encerrada. Ni siquiera hacía falta que hubiese cometido todavía pecado, incluía a todas las «caídas o en riesgo de caer». “Eran cárceles legalizadas, a las que no hacía falta ningún juicio para condenar a todas aquellas que no cumplían lo que en la Alemania nazi se denominaban las 3 K: Kinder, Küche und Kirche (niños, cocina e Iglesia)», explica la abogada Teresa Fernández, de la Fundación Women’s Link Worldwideque ha incluido el caso del Patronato como ejemplo de la represión del franquismo con las mujeres en la causa que investiga sus crímenes en Argentina.

Los antecedentes del Patronato franquista se remontan a 1902 cuando se creó el Real Patronato para la Represión de la Trata de Blancas, vigente hasta la segunda república. Sin embargo, es con el franquismo cuando los supuestos se amplían a su máxima expresión y adquiere la misión de «rehabilitación» moral, bajo el paraguas del ministerio de Justicia y la presidencia de Carmen Polo, mujer de Franco. «La existencia de este patronato indica cómo la dictadura, sin abandonar la maquinaria represiva, va poniendo en funcionamiento otros instrumentos y mecanismos de control, socialmente más aceptables y políticamente más rentables que la represión pura y dura», explica Pura Sánchez, investigadora del periodo del franquismo, ha indagado a fondo en los documentos de Sevilla.

Al Patronato de Protección a la Mujer se llegaba de muchas maneras. Redadas policiales, entregadas por la propia familia o denunciadas por un vecino afín a la ideología fascista. Pero sobre todo, jugaban un papel fundamental las celadoras, funcionarias de entre 28 y 45 años de «moral intachable y espíritu apostólico», cuya tarea era visitar las zonas «calientes del pecado», como podían ser los cines, bailes, bares o piscinas. «Cuando veían a una menor en actitud que consideraban que no era adecuada para la moral de la época, llamaban a la Policía», explica Consuelo García del Cid, investigadora que ha dedicado un libro solo a esta institución tras su paso por dos de sus centros, ‘Ruega por nosotras‘. También había asociaciones de voluntarios que hacían este espionaje de manera altruista como la Liga Española contra la Pública Inmoralidad de Barcelona o el Bloque contra la Pública Inmoralidad de Zaragoza.

La institución se organizaba por Juntas Provinciales; al menos una por cada provincia. De algunas de ellas, como la de Sevilla, se conserva numerosa documentación que permite reconstruir una parte de la historia de este instrumento ideológico. Por ejemplo, guardan esperpénticos informes de ingreso de menores por motivos tan dispares como «por haberse ido con las comparsas de la Artista de Cine Marisol» o «por no obedecer a su madre«. «Una mujer caída podía ser cualquiera. Besarse en un cine, bailar agarrado, fumar a escondidas, llevar la falda más o menos corta […] ser víctima de una violación, de un incesto, ser homosexual […] negarse a rezar […] ser pobre», narra García del Cid en su libro.

«La mayoría de las mujeres que se atendían en el Patronato eran chicas jóvenes, de 16, 17, 21 años, a las que se califica de «débiles mentales» o ‘deficientes mentales'», continúa Sánchez. «De hecho, en las fichas se incluye su coeficiente intelectual. Pero lo común a todas ellas es unambiente familiar y/o social que se califica de «nocivo» o «pernicioso». En muchas de estas fichas lo que se intuye en realidad es la pobreza y la marginación, consecuencia de la violencia económica y política que la dictadura siguió practicando contra las familias de las y los vencidos. Cada año, las juntas provinciales elaboraban una memoria anual sobre el «estado de la moralidad» de cada región. «El hecho de que se llamara ‘de protección’ tiene que ver, por una parte, con la ideología patriarcal, católica y conservadora de los vencedores de la guerra, que pensaban que las mujeres, como sujetos débiles, necesitaban protección, pero también reeducación, para tratar de hacer desaparecer, en la población joven sobre todo, los posibles residuos de la ‘modernidad republicana».

Gran parte de las adolescentes que pasaron por los reformatorios, donde la mayoría de edad pasaba de ser de los 21 a los 25 años,constaban como ‘rebeldes’, pero una de las cosas que más sorprende a los investigadores es la cantidad de casos donde era la propia familia la que las ingresaba allí. Esta circunstancia se explica por dos razones. La primera, la labor del Patronato era completamente desconocida, y muchos padres pensaban estar mandado a sus hijas a un internado, sin imaginar las condiciones que allí había. «Mi padre había fallecido ese año y a mi madre le dijeron que lo mejor para mí era ir a un internado. Yo había estado en colegios de monjas y pensé que no sería para tanto, pero no tenía nada que ver. Cuando mi madre me visitaba y le contaba todo, las monjas le decían que eran cosas mías. Y no se las cuestionaba», explica Teresa F. Gismero que estuvo en un centro de las Adoratrices de Madrid en 1977, desde el que la trasladaron a otro en Albacete. «Querían alejarme de mi madre».

Al final, éramos penadas dos veces. Por el propio drama y por el que se imponía institucionalmente en manos del Estado

La segunda razón surgía de la propia familia, ya fuera por abusos sexuales o por pobreza, como era el caso de las chicas procedentes del campo que acabaron en un reformatorio de la capital como única vía de escape de la miseria de los pueblos. «La mayoría estábamos ahí por un problema familiar: abusos, incompatibilidad familiar, pobreza… En realidad tendrían que haber entregado a las familias, porque no tenían capacidad para ocuparse de unas hijas. Podría haber delincuencia, pero yo en Madrid no conocí a ni una que estuviese ahí por eso», asegura Consuelo García del Cid, que fue ingresada por sus padres como interna ‘de pago’, es decir, sin que perdiesen la tutela, aunque con las mismas condiciones que el resto. «Al final, éramos penadas dos veces. Por el propio drama y por el que se imponía institucionalmente en manos del Estado».

Exámenes de virginidad.

La primera parada de las «descarriadas» eran los Centros de Observación y Clasificación (COC). Durante una semana, chicas de todos los perfiles y procedencias compartían espacio mientras eran analizadas por las monjas que decidían a qué centro las enviarían posteriormente. El COC de Madrid está en Arturo Soria y sigue siendo un edificio propiedad de las Trinitarias, la orden que tenía encomendada esa labor de clasificación en la capital. En la parte de arriba del edificio todavía pueden verse las huellas de cemento de las rejas que un día franquearon sus ventanas para evitar fugas. «Me causó muchísimo impacto, era una cárcel, te cerraban la puerta para dormir en una celda con una ventana. Todas las noches venía la Policía a traer prostitutas detenidas, que se quedaban solo una o dos noches», recuerda Raquel a los pies de la fachada. «Yo era una niña y nunca me había mezclado en ambientes así. Recuerdo que me senté donde pude, toda tímida, y me dijo una ‘quítate de mi lado que tengo el carné de bollera’. No la entendí, pero por si acaso me quité».

Carlos Álvarez, investigador de la Universidad del País Vasco, ha estudiado concretamente el papel del Patronato en la persecución y encierro de las prostitutas, que suponían una minoría en la población recluida en los centros —entre un 7% y un 10%—. «Su encierro cumplía con dos objetivos: por un lado separarlas del resto de la sociedad para que no influyese en ella, y por otro ser ‘rehabilitadas’, por el camino de la redención».

Todas las que pasaron por el COC de Madrid narran la monotonía de esos días, recluidas en un salón donde no hacían nada más que fumar y escuchar música. La comida no era mala, pero ninguna olvida los cubiertos de plástico que usaban a diario. «No intimábamos unas con otras, no hablábamos, yo creo que porque estábamos todas en ‘shock'». A los días, todas eran sometidas a un examen de virginidad. «Me subieron a un potro y me preguntaron si era virgen. Dije que sí y el doctor me contestó ‘sí, eso decís todas’, entonces empecé a chillar, porque lo de la virginidad entonces lo llevaba muy adentro porque mi madre era madre soltera. Chillé muchísimo y me puse tan histérica que no me tocó. Y puso ‘completa’ en el informe». Figurar como completa o incompleta, junto al comportamiento que hubiesen tenido durante esa semana, determinaba la dureza del centro al que eran redirigidas.

Convivíamos con niñas del Tribunal de Menores, y muchas se hacían pis en la cama. Las monjas las castigaban con duchas frías

No se tiene constancia, siquiera de manera aproximada, de cuántos centros podría haber por España, pero sí de que pertenecían al menos a siete órdenes religiosas, cada una especializada en un perfil: el Buen pastor —señalado por muchas como de los más benevolentes a pesar de tener los casos más complicados—, las Adoratrices, las Terciarias capuchinas, las Cruzadas Evangélicas, las Trinitarias, las de María Ianua Coeli y las Oblatas, consideradas de las más duras.

Marian Torralbo pasó por un centro de las Oblatas a principios de los 70 y no ha olvidado todavía los periodos de aislamiento que sufrió allí: «Convivíamos con niñas del Tribunal de Menores, y había muchas que se hacían pis en la cama. Las monjas las castigaban con duchas frías, pero una vez me interpuse y dije que yo limpiaba todo, pero que no castigaran a una niña de 4 añitos. La monja me dio un guantazo y se lo devolví. Por eso me tuvieron un mes encerrada». En otra ocasión estuvo tres meses sin salir de una celda de aislamiento por pelearse con otra interna.

«No había compasión. Cuando llegabas había unos días de licencia para llorar, pero como te pasaras… El llanto podía ir contra ti. Te decían ‘anda, llora un poco más que estás muy guapa’ o directamente te lo prohibían», explica García del Cid. Era habitual también en algunos centros que a las chicas les rapasen el pelo, ya fuera por higiene o como represalia. «Psíquicamente nos llevaban al límite».

Sin embargo, la experiencia de cada interna varía de unas a otras. Raquel recuerda que su paso por las adoratrices, donde coincidió con Consuelo, fue positivo: «Yo estuve bien, sobre todo porque venía de vivir en una habitación con mi madre, que me había entregado», explica. «Dependía mucho de cada una. Igual que había chicas del campo para las que solo tener agua corriente ya era un lujo». Antes de cumplir los 16 años y poder entrar legalmente en el Patronato, la madre de Raquel intentó entregarla al Tribunal de Menores, quien consideró que no había motivos suficientes y le recomendaron esperar para poder deshacerse de ella con más facilidad en el Patronato, que ponía menos pegas.

Tampoco los centros y su dureza eran iguales. En las Oblatas, por ejemplo, no se impartían clases ni había cursos de formación, como sí tuvieron las Adoratrices. Raquel y Teresa recibieron clases de auxiliar de clínica por parte del doctor Eduardo Vela, investigado por la trama de los bebés robados, e hicieron sus prácticas en la tristemente famosa clínica San Ramón: «Yo nunca vi nada, tampoco lo iban a hacer delante de mí. Lo que sí recuerdo de él es que nunca sonreía», cuenta Raquel.

«Nos levantábamos a las seis de la mañana, íbamos a misa, después desayuno y luego a fregar el suelo de rodillas. Después iban los talleres, rezar el Ave María Purísima y el Ángelus y luego te dejaban 15 minutos para hablar entre nosotras. Cuando acabábamos cada una hacía un poco lo que quería hasta la cena. Para terminar, una reunión en el que se hablaba de lo que había pasado ese día, y a la cama», narra Teresa F. Gismero que pasó por las Adoratrices en 1977.

El funcionamiento de los centros se basaba en tres máximas: fregar, rezar y coser. La mayor parte de la jornada se pasaba en los talleres, donde las internas confeccionaban ajuares para las familias ricas o para marcas como El Corte Inglés. También montaban envases para firmas como rímel Pinaud o el refresco Tang. La explotación laboral era generalizada, por la que no recibían ninguna compensación económica, y gracias a la cual estas órdenes estuvieron lucrándose durante años. Cada centro recibía además 2.000 pesetas por interna y día en la época de los 70 —unos 190 euros con la inflación actual—.

Pero independientemente de las condiciones, todas señalan la pérdida de libertad como lo peor de su paso por la institución que incluía también la confiscación de cartas o escuchas telefónica. «El no entender el porqué, ese no saber, no merecértelo… Eso era lo peor», recuerda Raquel.

Manicomio para las más rebeldes.

En la red de centros y órdenes que salpicaba el país, había dos centros considerados como el peor final posible. Uno era el de Baeza en Jaén, con el que eran sistemáticamente amenazadas todas las internas de España, pero del que no se conserva ningún testimonio. «Ninguna ha querido hablar», recoge García del Cid. El otro era el manicomio de Ciempozuelos, a 30 km de Madrid. A este último iban a parar las más difíciles de domar o las que habían caído en depresión. Allí estuvo ejerciendo el psiquiatra Guillermo Rendueles, quien no conocía la existencia del Patronato hasta que empezó a trabajar con él en 1975. «Había chicas que estaban allí por cosas tan tontas como llegar tarde a casa, o tener un novio. Algunas sí tenían trastornos de conducta, perola propia institución creaba la patología. Era difícil saber lo que era debido al encierro y lo que eran problemas mentales. Pasaba como con los animales: la conducta en el zoo no es la misma que en libertad».

En este manicomio, las internas —apodadas ‘las patronatas’— tenían habitaciones individuales «para prevenir la homosexualidad femenina» y recibían algunas de las terapias más punteras de la época. Un trato que contrasta, por ejemplo, con los amarres que sufrían cuando intentaban fugarse. «La mayoría se iban sin dinero ni ropa, así que lo normal era que a los pocos kilómetros algún caminero abusase de ellas y las entregase a la Guardia Civil», afirma Rendueles. El psiquiatra recuerdacómo en una ocasión ayudó a una a escapar de su encierro: «Era un día que estaba muy cabreado con el sistema porque acababan de ejecutar a Puig Antich. Me tocaba guardia de fin de semana en el manicomio y me dedicaba a dar patadas a las puertas cuando percibí cómo una de las patronatas, una de aquellas con poca afición a verbalizar sus problemas, se guardaba mortadela y un bollo de pan mientras me miraba con desconfianza. Un rato más tarde le di mil pelillas, un anorak usado y una bolsa deportiva. No pareció sorprenderse, no me dio las gracias, ni siquiera sonrió. El lunes en el café del cambio de guardia comentaron la fuga y hubo apuestas sobre cuántos días tardarían los guardias en devolverla. Tres meses después yo dejaba de trabajar en Ciempozuelos, todavía no la habían detenido».

Algunas sí tenían trastornos de conducta, pero la propia institución creaba la patología

Al Patronato era fácil entrar, pero muy difícil salir. Los padres que querían recuperar la tutela tardaban meses en conseguirlo, por lo que muchas acababan de sirvientas, dependientas, o amas de casa por encargo. Era habitual que las pusiesen en contacto por carta con hombres solteros de países como Australia, o las exhibiesen y vendiesen al mejor postor, como se hacía en el centro de Peña Grande para embarazadas. También hubo quien se hizo monja, y quien se fugó.

Marian Torralba fue de las que optó por la última opción. «Durante días estuve escondiendo dinero y ropa en el coro de la Iglesia, hasta que un día salí por la puerta. Llevaba un tiempo portándome bien así que cuando me crucé con una monja y le dije que me esperaba mi padre fuera para llevarme al dentista, me creyó. En cuanto pasé la puertaempecé a correr como no he corrido en mi vida».

En el caso de Teresa, hizo una huelga de hambre después de que prohibiesen a todas las internas hablar con ella. «Me ingresaron en el hospital y las monjas ni siquiera llamaron a mi madre. Fue gracias a una enfermera que pude hablar con ella y me sacó de allí. Se llama Maricarmen y la llevo buscando desde entonces porque me salvó la vida». Salió en 1977, un año antes de que el Gobierno, ya en democracia, anunciase su abolición y sustitución por el Instituto para la Promoción a la Mujer.

Sin embargo, tuvieron que pasar siete años más para que las prácticas del Patronato se extinguiesen. Unos años en los que los centros siguieron actuando con total impunidad y, aunque no se dieron nuevas tutelas, las concedidas previas a la abolición se mantuvieron. El principio del fin se fraguó con la tragedia de una interna que murió intentando escapar del reformatorio Nuestra Señora del Pilar, en San Fernando de Henares (Madrid), bajo custodia de las Cruzadas Evangélicas. La indignación y la denuncia social hizo el resto, pero aun así tardó dos años más en cerrar, el 5 de abril de 1985, como recogen las crónicas de entonces. Poco antes, en septiembre del 83 el nuevo presidente del Consejo Superior de Protección de Menores, había prohibido pegar a las internas y la utilización de celdas de castigo acolchadas y con puertas blindadas —oficialmente llamadas salas de reflexión—.

Más de 30 años después, la figura del Patronato de Protección a la mujer sigue siendo un misterio incluso para los expertos en Memoria Histórica. Apenas se conserva documentación, que fue abandonada o destruida con la marcha de las monjas. «Se ha tendido a la no investigación en general, por nuestra Transición basada en el olvido y en el silencio, y por la ley de Amnistía que lo ha dificultado mucho», considera Teresa Fernández, la abogada de Women’s Link Worlwide. «Y al final son las mujeres las que quedan olvidadas, las invisibilizadas en todos los conflictos». Carlos Álvarez apunta más bien a la opacidad de la institución, incluso durante su existencia: «La cara visible era el internado o reformatorio, pero nadie sabia lo que había detrás, no había oficinas del Patronato».

Consuelo se ha encontrado con todo tipo de trabas a la hora de investigar cómo funcionó el Patronato, al que considera máximo responsable de este negro capítulo del franquismo: «Se quebrantó la frontera entre el bien y el mal. Las monjas estaban absolutamente convencidas de hacer el bien, lo que pasa es que su bien hizo mucho mal, pero no las culpo. No lo hacían para jodernos, sino porque estaban convencidas de que tenían que hacerlo así y la ley se lo permitió. Había monjas malas, como cualquier comunidad, pero el responsable es el sistema que permitió esto: una Gestapo a la española pero dirigida a la mujer».

 

Los «derechos humanos» de las adoratrices

 

Por  Consuelo G. del Cid Guerra

13 de mayo de 2015

http://www.tenemoslapalabra.com/actualidad/1600-los-qderechos-humanosq-de-las-adoratrices

 

“Creíamos que la esclavitud, aquella que describía Mark Twain, había sido desterrada. Pero no es así. Todavía en pleno siglo XXI existe una forma de esclavitud.“

 

Felipe VI entrega el VI Premio Derechos Humanos Rey de España a la superiora general de las Adoratrices, Teresa Valenzuela. /EFE

 

Son palabras pronunciadas por Soledad Becerril, durante el acto de entrega del Premio a los Derechos Humanos Rey de España, concedido por la Universidad de Alcalá y el Defensor del Pueblo a las monjas Adoratrices, Esclavas del Santísmo Sacramento y de la Caridad. La congregación, fundada hace 159 años por Santa María Micaela, colaboró con el franquismo a través del Patronato de Protección a la Mujer, institución presidida por la esposa del dictador, Carmen Polo de Franco.

Actualmente se dedican a las víctimas de trata, prostitución y violencia de género. Su cometido, así como la forma de hacer, cambió forzosamente junto con España, aunque la democracia les llegó más tarde ,cuando se quedaron sin internas caídas o en riesgo de caer, a mediados de los años ochenta. Ellas, las Adoratrices, arrastran su propia historia y cargan un lado oscuro que se ha mantenido impune hasta la fecha por puro desconocimiento. Entre el silencio de las propias monjas, hacedoras de un supuesto bien quebrantado en los interiores de sus conventos, y la ley del silencio, ese supuesto defensor del pueblo que habla les concede el Premio de los Derechos Humanos a las Adoratrices, que quebrantaron los más elementales derechos, esos mismos que hoy se defienden con forma de galardón entregado por Felipe VI, a decenas de miles de mujeres hasta los años ochenta.

Adolescentes encerradas por un beso en la boca, por fumar en la calle, saltarse las clases, manifestarse, llevar la falda corta, ser huérfanas, estar abandonadas, quedarse embarazadas…

Soledad Becerril, que cita a Mark Twain refiriéndose al destierro de la esclavitud, desconoce por completo a Las Desterradas Hijas de Eva: mujeres que luchamos por reivindicar lo sucedido, sometidas, encerradas en los conventos de las Adoratrices en régimen carcelario, explotadas laboralmente sin percibir salario alguno, castigadas en cuartos de aislamiento, obligadas a rezar, fregar, obedecer y fingir, mientras intentaban, con todos sus medios, anular personalidades, lavarnos el cerebro e imponer el patrón femenino del régimen con especial devoción. Auspiciadas por el Patronato de Protección a la Mujer, que les entregaba una cantidad mensual por interna, explotaron a menores en sus talleres de trabajo durante más de cien años, y sus redentores internados no pasaban especialmente por la formación académica (tres horas de clase al día), aunque sí por personajes como el Doctor Eduardo Vela, profesor de Auxiliar de Clínica en el convento de las Adoratrices de Padre Damián 52, que acudía diariamente con su bata blanca a impartir las clases para contar, nueve meses más tarde, con mano de obra gratuita en la Clínica San Ramón. Vela, principal imputado en la trama de robo de bebés, estaba directamente relacionado con el Patronato y las Adoratrices, que recibían, gozosas, a chicas recién llegadas de Peña Grande –reformatorio de madres solteras- con los pechos vendados, hemorragia pos parto incluida, y sin niño. Nadie preguntaba nada. Las chicas desaparecían, iban, venían de un reformatorio y otro, castigadas, expulsadas, atentando algunas contra su propia vida antes de continuar soportando aquel régimen de internado castrador, e ingresando a las incorregibles en el psiquiátrico de Ciempozuelos para los restos. Nadie rogó por nosotras. Nadie se detuvo a contemplar lo que sucedía en el interior de los reformatorios de las Adoratrices. Estoy casi segura de que Soledad Becerril no lo sabe, y Felipe VI, tampoco. Los expedientes han desaparecido. Ellas mismas afirman haberlos destruido por miedo a que se deterioraran–palabras textuales de una adoratriz de Madrid encargada de los archivos en 2014-. Nos quedan las fotografías y el testimonio, demoledor en muchos casos. Teresa Fernández Gismero estuvo en las Adoratrices de Albacete. Desde el primer segundo se sintió presa, sin saber por qué. Era –como yo- una rebelde de los 70 que acudía a manifestaciones contra Franco. Inició una huelga de hambre que se prolongó cuarenta días, hasta que cayó desmayada. Las monjas no movieron pieza. Despertó llena de tubos, al borde de la muerte, en un hospital. Nadie la creía, del mismo modo en que nadie me creyó a mí cuando intentaba explicar lo que nos hacían ; aunque su madre, finalmente, al encontrarla en semejante estado sin que adoratriz alguna se hubiera preocupado en absoluto, decidió sacarla de allí.

-Volverá :dijo la monja-. Es una rebelde. Volverá, seguro que la traerá la policía.

Teresa no volvió. Sigue siendo rebelde. Una gran parte de todas nosotras, también. Y una gran parte de Las Desterradas Hijas de Evapasamos por las Adoratrices. Su premio a los derechos humanos es un golpe bajo en la boca del estómago. Celebramos que en los últimos años se dediquen a las víctimas de trata, a la violencia de género y a las mujeres que deseen abandonar la prostitución, pero nos preguntamos muy seriamente dónde queda el trato recibido, su violencia de género y todas las prostitutas que jamás lo fueron y así se las llamaba, sin más, por las malas y desde su cuestionable concepto del bien. Nos preguntamos qué hacían con el dinero de nuestro trabajo, con el Doctor Eduardo Vela, con los niños desaparecidos, con las ingresadas en manicomios. Queremos respuestas, una palabra, un careo, un mínimo reconocimiento por el daño causado y que se contemple el clima moral de sus asuntos. Queremos saber por qué nos encerraron, por qué nos castigaban, por qué no podíamos hablar libremente, por qué nuestra intimidad se reducía al retrete y por qué, ahora, nuestros derechos humanos no cuentan. Las adoratrices crearon un sistema penitenciario oculto, colaboraron con el franquismo y sometieron menores hasta los 25 años. Que su premio presente pase por asumir ese pasado reciente que queda por resolver. Tenemos muchas cuentas pendientes y un gran ajuste de hechos.