Resistencia al estigma del trabajo sexual

 

Ronald Weitzer

Universidad George Washington, EE.UU.

Enero de 2017

 

https://www.academia.edu/31011252/Resistance_to_Sex_Work_Stigma_2017_?auto=download

 

Resumen

El estigma es omnipresente en el trabajo sexual y está bien documentado en estudios de trabajadoras sexuales. Pero rara vez los estudiosos han examinado la cuestión vital de si el estigma puede reducirse o eliminarse de cualquier tipo de trabajo sexual (stripping comercial, pornografía, prostitución, etc.). Después de una breve revisión de los temas relacionados con el estigma, este comentario propone un conjunto de condiciones previas para la reducción y, en última instancia, la eliminación del estigma del trabajo sexual.

 

 

El estigma es uno de los problemas más importantes en el trabajo sexual. Es omnipresente en el comercio sexual, aunque su contenido e intensidad varían un tanto por género, por sector ocupacional y por contexto nacional. Las investigaciones sobre las profesionales del sexo, sus directivos y sus clientes ofrecen abundantes pruebas de las consecuencias nocivas de la estigmatización.

 

El estigma se ha descrito como una imputación de estatus inferior a aquellos que tienen un rasgo desacreditador visible (por ejemplo, discapacidad física) o algún defecto moral percibido. Erving Goffman define el estigma como “un atributo que es profundamente desacreditador”, pero lo que es clave no es el atributo en sí: el estigma es producto de una relación entre al menos dos actores, no algo inherente a un tipo de comportamiento o condición física (Goffman, 1963: 3). Se aplica a categorías enteras de personas (por ejemplo, homosexuales, traficantes de drogas), así como a individuos específicos. Se manifiesta en las encuestas de opinión pública, las representaciones de los medios de comunicación, el discurso político, los encuentros cara a cara y las maneras en que los individuos internalizan los estereotipos, ocultan su identidad estigmatizada y llevan vidas dobles.

 

 

El libro de referencia de Goffman, Stigma (1963), ofrece un análisis convincente de las dimensiones clave del estigma. Pero el libro tiene una sorprendente deficiencia: no dice casi nada sobre la posibilidad de resistencia (por individuos o colectividades) ni considera si el estigma puede ser reducido o eliminado con el tiempo. Estas lagunas se reflejaban en las formulaciones originales de la teoría del etiquetado, que ignoraban la posibilidad de desafío por parte de los individuos que eran etiquetados como desviados, lo que John Kitsuse (1980) llamó posteriormente “desviación terciaria” y Edwin Schur (1980) examinó a nivel de grupo en su discusión de los “movimientos de liberación de la desviación”. Goffman y los fundadores de la teoría del etiquetado parecen haber asumido que una vez que un individuo o categoría de personas había sido estigmatizado, es internalizado por ellos y es básicamente permanente. La pegajosidad es quizá una función del período de tiempo en el que escribieron Goffman y los teóricos del etiquetado temprano (1951-1963) en la medida en que veían pocos ejemplos en ese momento de resistencia por parte de personas estigmatizadas o una política de identidad más amplia.

 

En lugar de desafío, Goffman se centra en las formas en que los individuos manejan el estigma: ocultándolo de los demás (“pasar” por normal); revelándolo selectivamente a algunas personas (“cobertura”); aislándose dentro de un grupo de otros igualmente estigmatizados; retener información biográfica sobre sí mismos; o de otra manera hacer frente a lo que él llamó una “identidad estropeada.” Los individuos estigmatizados se presentan como resignados a su estado devaluado, y su agencia consiste en limitar creativamente la exposición. Otro rasgo llamativo del libro de Goffman es el descuido de los orígenes y funciones del estigma hacia categorías particulares de personas -por ejemplo, las formas en que la estigmatización refuerza las normas convencionales y promueve intereses dominantes legitimando las jerarquías de poder establecidas (Link y Phelan, 2001; , 1980). El examen de las causas estructurales del estigma podría haber llevado a Goffman a explorar los corolarios de cómo el estigma puede reducirse. En vez de eso, nos quedamos con un análisis bastante estático, en el que los individuos internalizan las atribuciones desacreditantes de otros y hacen frente a ellos en la vida cotidiana.

 

Dos reseñas bibliográficas destacadas mencionan la cuestión del cambio, pero sólo de pasada y con escepticismo con respecto al potencial de erosión del estigma (Link y Phelan, 2001; Pescosolido y Martin, 2015). Y los pocos estudios que han examinado la resistencia se limitan en gran medida al nivel psicológico individual (por ejemplo Thoits, 2011) e ignoran la cuestión más amplia de cómo el estigma puede reducirse o eliminarse frente a una categoría entera de personas (excepciones incluyen a Anspach, 1979, De Young, 1988, Estro y otros, 2004, Schur, 1980). Un libro reciente discute programas diseñados para reducir el estigma hacia los enfermos mentales, incluyendo la iniciativa de la Asociación Mundial de Psiquiatría de 1996, Open the Doors Global Program para combatir el estigma debido a la esquizofrenia y campañas nacionales similares (Stuart et al., 2012). Dichos programas buscan difundir conocimientos, disminuir los prejuicios y poner fin a la discriminación contra quienes padecen una enfermedad mental. Estos programas han sido dirigidos menos al público en general que a grupos específicos como jóvenes, periodistas , policías, funcionarios de salud y encargados de formular políticas. Estos programas parecen haber tenido cierto éxito en la reducción de los estereotipos entre los grupos objetivo.

 

 

Estigma en el comercio sexual

 

El campo del trabajo sexual refleja la literatura académica más amplia en la que el propio estigma rara vez se problematiza. Una vez más, el defecto es tratarlo como una constante inmutable, no una variable, y asumir que es utópico imaginar su erosión. El estigma es universal en el ámbito del trabajo sexual: está bien documentado en la investigación sobre pornografía, prostitución y stripping comercial como un obstáculo que las trabajadoras sexuales y sus asociados enfrentan regularmente. Varía en intensidad, siendo generalmente más severo en prostitución (especialmente prostitución de calle) que en stripping comercial y pornografía. Varía un poco según la sociedad, y algunas naciones adoptan un enfoque más tolerante que otras, aunque el estigma sigue siendo un riesgo ocupacional para las trabajadoras sexuales en todas las naciones (Abel y Fitzgerald, 2010; Weitzer, 2012). Es más fácil para las trabajadoras sexuales inmigrantes protegerse del tipo de estigma que más les preocupa – el descubrimiento por familiares y amigos en su país de origen – que para las trabajadoras domésticas que viven con la amenaza diaria de detección de personas que conocen ( Scambler, 2007). Pero la nube negra del estigma afecta también a las trabajadoras sexuales migrantes. Y persiste incluso después de que una persona deje de vender sexo (por ejemplo, Sallmann, 2010). Su omnipresencia es evidente en las formas en que las trabajadoras sexuales llevan su vida laboral y personal: típicamente ocultan el tipo de trabajo que hacen de sus familias, conocidos, vecinos e incluso algunos amigos; niegan que están involucrados en el comercio sexual cuando se les pregunta; usan seudónimos en el trabajo y fabrican biografías personales; y llevan vidas dobles de otras maneras (Abel y Fitzgerald, 2010, Koken, 2012, Koken et al., Morrison y Whitehead, 2005, Sanders, 2005). Algunos analistas pueden considerar estas técnicas como una resistencia implícita (Sallmann, 2010), pero sigo argumentando que es mejor considerarlas como una forma de gestión del estigma y no una lucha contra el mismo. Las pocas prostitutas excepcionales que han “salido” en público sólo ilustran que las estrategias predominantes de afrontamiento son las de pasar por normales o hacer una revelación muy selectiva a los personas de confianza.2

 

También se estigmatizan los asociados de las trabajadoras sexuales: sus parejas, clientes y terceros que los ayudan o administran (por ejemplo, Birch 2015, Hammond, 2015). Los dueños de los burdeles, los directores de clubes de striptease, los distribuidores porno y otros terceros son a menudo reacios a revelar la naturaleza de su ocupación a extraños. Las personas que participan en empresas ilegales se ven obligadas a operar en el mercado negro o a ocultar la fuente de sus ingresos en la apertura de cuentas bancarias, de las autoridades fiscales y en otros negocios convencionales. Pero incluso los propietarios legales, gerentes y otros terceros se enfrentan rutinariamente con el estigma (Weitzer, 2012). Por último, sabemos que algunos investigadores que estudian el trabajo sexual han sido estigmatizados, sometidos a comentarios despectivos y a denuncias infundadas, marginados por los colegas, han sufrido altercados en reuniones profesionales y un nivel excepcional de escrutinio por parte de juntas de revisión institucionales que ha veces ha desembocado en negación de permiso para realizar investigaciones sobre la base de presunciones infundadas sobre el estudio propuesto (Dewey y Zheng, 2013, Hammond y Kingston, 2014, Siegel y de Wildt, 2015).

 

Mientras que esta literatura documenta la existencia del estigma en todo el campo del trabajo sexual, refleja a Goffman centrándose casi enteramente en cómo los individuos manejan sus identidades contaminadas, en lugar de preguntarse si algunos de ellos resisten activamente a las expresiones del prejuicio y la discriminación directa en encuentros cara a cara o colectivamente como miembros de organizaciones que buscan cambiar actitudes populares y políticas públicas. Existe una literatura de investigación sobre las organizaciones de derechos de las trabajadoras del sexo en diferentes países, que documenta las luchas a nivel de grupo por la normalización. Estas organizaciones se discuten más adelante en el artículo.

 

 

Reducción del estigma

 

La desestigmatización es un asunto tanto académico como político. Políticamente, podemos identificar un conjunto de estrategias prácticas para combatir el estigma, basadas en la táctica de los movimientos de liberación de desviación (Schur, 1980). Académicamente, podemos identificar un conjunto de condiciones previas para reducir y, en última instancia, eliminar el estigma de una categoría de personas. Link y Phelan (2001) señalan que ese cambio requiere un enfoque multifacético, pero no dicen nada acerca de en qué consisten estos cambios. A nivel individual, la resistencia por parte de una trabajadora sexual puede tomar las siguientes formas: anunciar que tenía plena autonomía al entrar en el trabajo sexual; estar actualmente en control de sus condiciones de trabajo e interacciones con los clientes; definir el trabajo como una profesión de servicio como cualquier otra o como una forma de apoyo o terapia para los clientes; negar el daño; condenar a los estigmatizadores; o distinguir su nivel (por ejemplo, escort ) de lo que consideran formas deshonestas de trabajo sexual (por ejemplo, la prostitución callejera). La evidencia de cada una de estas prácticas está esparcida por toda la literatura sobre el trabajo sexual, pero, de nuevo, estos esfuerzos tienden a limitarse al nivel psicológico o individual (por ejemplo, Koken et al., 2004; Morrison y Whitehead, 2005; Y Harred, 1992). Los actos aislados de resistencia de los individuos pueden tener poco o ningún impacto en la sociedad en general y también pueden ser peligrosos para los resistentes si sus acciones provocan ataques de otros.

 

En el plano social, el filósofo Lars Ericsson (1980: 362, 366) escribe que reducir el estigma requiere permitir que la prostitución funcione en un clima social libre de prejuicios emocionales … Para mejorar la prostitución debemos mejorar nuestras actitudes hacia ella . Su argumento es algo limitado -desatendiendo la cuestión crucial de cómo mejorar las actitudes de la sociedad- pero sí resalta un requisito central para la normalización. El cambio de actitud fundamental y generalizado es una condición necesaria, pero no suficiente, para la desestigmatización. A continuación, esbozo algunas condiciones previas adicionales para reducir el estigma.

 

 

Lenguaje neutro

 

Los nombres derogatorios deben ser borrados del discurso público y privado para la normalización de cualquier condición o comportamiento estigmatizados. Como Michel Foucault observó, las relaciones de poder están embebidas en el lenguaje, con grupos dominantes típicamente dedicados a “nombrar y avergonzar” a los subordinados. Palabras como prostituta, puta y putero deben ser reemplazadas por trabajadora y cliente. Cabe señalar que los grupos desacreditados a veces expropian términos peyorativos: pueden llamarse a sí mismos «putas» o «puteros» a efectos de obtener un valor de choque y reclamar e invertir los identificadores negativos. Ejemplos de ello son la Convención Mundial de Putas de 1985 en Bruselas; los eventos de baile de Hookers Ball que COYOTE patrocinó en San Francisco en la década de 1970; las revistas Whorezine y Johnzine publicadas por profesionales del sexo estadounidenses en los años noventa; y la defensa de los clientes de Chester Brown (2013) en su libro Paying For It: Una crónica en cómic sobre cómo ser un putero. Se puede argumentar que aquellos que participan en el comercio sexual deben ser libres para llamarse a sí mismos lo que quieran. Pero para reducir el estigma, otros deben dejar de usar términos despectivos debido a la relación de poder asimétrica que su uso reproduce con el tiempo.

 

 

Los medios de comunicación

 

En su mayor parte, hay un sesgo de negatividad en las representaciones que hacen los medios de comunicación de masas del trabajo sexual. Los medios de comunicación ponen de relieve los peores casos de abuso, confunden la prostitución con el tráfico humano y rara vez ofrecen una imagen positiva (o incluso neutral) de las profesionales del sexo y sus clientes. Los noticiarios de televisión, los periódicos y las noticias en línea suelen centrarse en la victimización, los daños, la prostitución callejera, la trata, las detenciones o las redadas en los “círculos” de la prostitución o los negocios relacionados con la misma (Farvid y Glass, 2014, Van Brunschot Et al., 2000). Los informes de prensa y los artículos de revistas raramente ofrecen un panorama contrastante, aunque algunos medios destacados lo han hecho en ocasiones (por ejemplo, Economist, 2014; Goldberg, 2014). La mayoría de los documentales también destacan la explotación económica y la victimización física, representada con la ayuda de imágenes extremadamente emotivas. Y las mismas representaciones sesgadas penetran los medios de entretenimiento. Algunos largometrajes y programas de televisión romantizan el trabajo sexual, pero éstas son excepciones en el cuadro dominante de presentación como cuentos de advertencia sórdidos (Campbell, 2006). La estigmatización requiere una representación más equilibrada de lo que se suele describir en los medios de comunicación. Por ejemplo, los documentales sobre la prostitución pueden representar una serie de escenarios, escalas y experiencias de las trabajadoras, en lugar de concentrarse exclusivamente en un solo tipo, por lo general presentado despectivamente. Al examinar arreglos radicalmente diferentes en varios países, los documentales Red-Light Districts del canal A & E (1997) y el documental de la National Geographic Television Prostitution (2010) resaltan la variación transcultural, lo que puede ayudar a reducir las generalizaciones estigmatizantes. El documental de CNBC Dirty Money: The Business of High End Prostitution (2008) y National Geographic American Escort Girls (2014) también contienen representaciones positivas de las personas que trabajan en el sector de las escorts. Y la serie de televisión Showtime e ITV2, Diario Secreto de una Escort, incluye aspectos eróticos y rutinarios de una escort, además de encuentros con una variedad de clientes, lo que también puede tener algún efecto normalizador sobre la percepción de la audiencia del sector de escorts. Los medios de comunicación de masas también pueden usarse como un vehículo para la educación pública, incluyendo Anuncios de Servicio Público o anuncios pagados en televisión basados en evidencia. Un ejemplo de esto último son los anuncios colocados en los medios canadienses por el grupo de abogacía, Stepping Stone, en 2011 (Griner, 2011). Y el Proyecto Paraguas Rojo ha llevado a cabo sesiones de capacitación para que profesionales del sexo defiendan mejor sus derechos cuando se relacionen con los medios combatiendo las caricaturas estereotipadas.

 

 

Despenalización

 

La experiencia del movimiento por los derechos de los homosexuales muestra que la derogación de leyes discriminatorias es de vital importancia pero no es suficiente para la normalización. Esto se aplica también al trabajo sexual. En los lugares donde el estriptis comercial, la producción de pornografía y la prostitución son legales y regulados por el Estado, el estigma persiste, aunque sea en forma diluida. Las encuestas de Gallup muestran que sólo el 29% de los británicos (en 2008) y el 31% de los estadounidenses (en 2013) piensan que ver pornografía es “moralmente aceptable” (Gallup, 2015). El estado de Nevada legalizó los prostíbulos rurales en 1971, pero tres décadas más tarde, sólo una ligera mayoría de los nevadenses (52%) apoyó la conservación de este sistema y sólo el 35% respaldó la idea de permitir que los burdeles legales operaran en la ciudad de Las Vegas (donde son ilegales bajo la ley estatal (citado en Weitzer, 2012: 51)). El estigma persiste también en las naciones que más recientemente han despenalizado la prostitución (por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, Alemania y los Países Bajos), aunque puede estar un poco acallada en esos lugares en comparación con las naciones donde la penalización reina. 4 En el área del trabajo sexual debemos esperar un retardo en el cambio cultural después de la reforma legal: puede llevar un tiempo considerable que las normas sociales se ajusten a las normas legales. La despenalización es una condición necesaria, pero no suficiente, para la desestigmatización.

 

 

Movilización de la industria

 

Los propietarios y gerentes de negocios eróticos pueden desempeñar un papel importante en el apoyo a la desestigmatización y la presión por los derechos. La industria de la pornografía en los Estados Unidos, por ejemplo, tiene sus propias organizaciones de apoyo y red de apoyo legal (Voss, 2015). Los propietarios de burdeles legales y agencias de escorts en algunos países también tienen organizaciones que abogan no sólo por sus propios intereses sino también por las trabajadoras sexuales en la medida en que sus intereses se superponen (Weitzer, 2012). Una advertencia importante es que algunos de los intereses de los dueños de negocios pueden entrar en conflicto con los de las trabajadoras sexuales. Los primeros persiguen naturalmente sus intereses económicos, que pueden entrar en conflicto con los de las trabajadoras sexuales. Pueden encontrarse alineados en algunas cuestiones, como combatir lo que consideran regulaciones injustificadas, pero pueden ser oponentes en otras cuestiones, como la de si los propietarios deben ser obligados a proporcionar beneficios de seguridad social a las trabajadoras. Sin embargo, la búsqueda de la desestigmatización se hará en la medida en que los propietarios de empresas eróticas abogan por la normalización de la industria y en la medida en que las élites de la industria (por ejemplo, Hugh Hefner y Larry Flynt) apoyen públicamente los derechos de las trabajadoras sexuales y aporten recursos para acabar con la discriminación legal y social.

 

 

Activismo de las trabajadoras sexuales

 

El cambio de política puede ser un proceso de arriba hacia abajo, orquestado por el Estado. Algunos legisladores han iniciado proyectos de despenalización con poca presión de las beneficiarias (por ejemplo, en Nevada, República Checa, Australia Occidental). Pero el cambio legal también ha sido catalizado desde abajo – por individuos y organizaciones. Para tener éxito, la investigación muestra que los grupos de derechos de las trabajadoras del sexo requieren:

 

  • Líderes inteligentes o carismáticos que sean capaces de soportar contraataques;
  • Recursos suficientes (material, personal);
  • Conexiones con organizaciones de medios de comunicación;
  • Alianzas con otras organizaciones y movimientos sociales; y
  • Apoyo generalizado de los beneficiarios (profesionales del sexo, clientes, empresarios).

 

Las organizaciones de trabajadoras del sexo en algunos países han disfrutado de uno o dos de estos factores (por ejemplo, una líder carismática), pero no todas ellas. Tales organizaciones tienden a estar muy poco financiadas, carecen de un liderazgo fuerte, reclutan a pocas trabajadoras sexuales como miembros, son marginadas por aliados potenciales (organizaciones de mujeres, sindicatos) y tienen pocas conexiones con los principales medios de comunicación (Gall, 2010; Majic, 2014, Mathieu, 2003, Oselin y Weitzer, 2013, Weitzer, 1991, West, 2000). Las trabajadoras sexuales carecen de solidaridad a través de la jerarquía del trabajo sexual; muchas ven su trabajo como temporal, no están inclinadas al activismo; y la mayoría percibe poca ventaja en la sindicalización, especialmente si son autónomas (Gall, 2010; van der Poel, 1992).

 

Hay excepciones importantes. El Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelandia, por ejemplo, desempeñó un papel instrumental en el proceso que condujo a la despenalización parlamentaria en 2003 y continúa influyendo en la política a través de su asiento permanente en el Comité de Revisión de la Prostitución del país que revisa periódicamente políticas y prácticas relacionadas con la prostitución . Respecto a los aliados, en 1973 la principal organización de derechos de las mujeres de Estados Unidos -la Organización Nacional de Mujeres- aprobó una larga resolución de despenalización declarando que NOW “se opone a las leyes prohibitivas continuas con respecto a la prostitución, creyendo que son punitivas” y por tanto apoya la derogación de todas las leyes relacionadas con el acto de prostitución “(NOW, 1973). Tal apoyo de una organización influyente dominante hizo poco para avanzar en la búsqueda de los derechos de las trabajadoras del sexo en los Estados Unidos (ahora no participan en ningún esfuerzo de reforma posterior), pero este tipo de apoyo, sin embargo, puede ser considerado vital para la desestigmatización. Amnistía Internacional, la Organización Mundial de la Salud, la Unión Americana de Libertades Civiles y la Comisión Mundial de las Naciones Unidas sobre el VIH y la Ley han defendido la despenalización, lo que bien divulgado puede ayudar a desafiar el estigma asociado con el trabajo sexual. En mayo de 2016, Amnistía Internacional apoyó formalmente la despenalización como una forma de reducir la victimización y la marginación de las trabajadoras sexuales. La decisión fue ampliamente divulgada y se considera como una gran victoria para la comunidad de trabajadoras del sexo (Amnistía Internacional, 2016).

 

Algunas acciones recientes ilustran las maneras en que las trabajadoras sexuales han intentado desestigmatizar el trabajo sexual, junto con otras metas. En 2001, una organización de San Francisco que proporciona atención médica a las trabajadoras sexuales (la St James Infirmary) publicó anuncios en autobuses urbanos que incluían fotos de profesionales del sexo y citas destinadas a desafiar los estereotipos: “los derechos de las trabajadoras sexuales son derechos humanos” “El trabajo sexual es un trabajo real” y “alguien que usted conoce es una trabajadora sexual” (Schreiber, 2015: 256). En septiembre de 2015 la organización escocesa de trabajadoras del sexo Scot-Pep lanzó una propuesta (con el miembro del Parlamento escocés Jean Urquhart) de una legislación que despenalizaría la prostitución, siguiendo el modelo de Nueva Zelanda. La Ley de Reforma de la ley de Prostitución de Escocia cuestiona la posición actual del Gobierno de Escocia de que el trabajo sexual equivale a la “explotación sexual comercial” y busca derogar las leyes contra la solicitud, el rastreo de clientes y el mantenimiento de burdeles. El proyecto de ley permitiría que más de una trabajadora sexual trabajara en las mismas instalaciones (la ley actual restringe esto a una trabajadora) y aumentaría las penas contra quienes coaccionan a las trabajadoras sexuales. En noviembre de 2015, el Colectivo Inglés de Prostitutas, junto con defensores de los derechos de las trabajadoras del sexo de otras naciones, testificó en un simposio especial sobre la despenalización en la Cámara de los Comunes británica.

 

Las demandas que cuestionan la constitucionalidad de las leyes de prostitución son otra estrategia que siguen los activistas de las trabajadoras sexuales. Un caso judicial importante de esta naturaleza tuvo éxito en Canadá en 2013, cuando la Corte Suprema dictaminó inconstitucionales las tres leyes de prostitución de la nación.5 En los Estados Unidos se presentó recientemente un recurso legal similar, que desafiaba las leyes de prostitución de California. En la medida en que el público es consciente de estos esfuerzos legislativos y judiciales, al ser cubiertos por los medios de comunicación, las iniciativas pueden tener algún efecto en el desafío de los conceptos erróneos populares sobre el trabajo sexual. Otros acontecimientos recientes mueven la política en una dirección más represiva. La legislación del Parlamento francés es un ejemplo, con la Asamblea y el Senado proponiendo diferentes proyectos de ley en 2013 y 2015: uno implementaría el sistema sueco de criminalización del cliente mientras que el otro lo rechazaría y mejoraría las penas contra las prostitutas que solicitaban en las calles. El proyecto de ley de criminalización de los clientes, aprobado en abril de 2016, fue rechazado por una variedad de organizaciones y más de 70 celebridades francesas, y la gran mayoría del público francés se opone a la criminalización de los clientes.6 Cientos de profesionales del sexo organizaron una protesta en las calles de París y una activista (Franceline Lepany) declaró: “Este proyecto de ley trata de estigmatizar aún más a las prostitutas” .7 Las activistas de las trabajadoras sexuales también han sido activas en la oposición a proyectos de penalización de clientes en Canadá en 2014, el Parlamento Europeo en 2014, e Irlanda del Norte en 2015. Todas las medidas fueron aprobadas a pesar de la oposición vocal de los críticos. Pero su impacto en el estigma del trabajo sexual puede ser mixto, ya que todas y cada una de las iniciativas provocaron la oposición de las trabajadoras sexuales y sus partidarios – resistencia que puede ayudar a iluminar al público y generar un mayor apoyo a las demandas de las trabajadoras sexuales.

 

 

La comunidad académica

 

La comunidad académica puede desempeñar un papel importante en la desestigmatización del comportamiento no convencional. En 1973, la Asociación Americana de Psiquiatría eliminó la homosexualidad de su compendio de enfermedades mentales (el Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales) y la Organización Mundial de la Salud siguió su ejemplo en 1990. Asociaciones profesionales y académicas pueden ayudar a reducir el estigma aprobando resoluciones en apoyo a grupos marginados o patrocinando directamente campañas contra el estigma, como lo han hecho varias organizaciones de salud mental. Este tipo de intervención es poco frecuente en el ámbito del trabajo sexual, pero hay al menos un ejemplo destacado: En octubre de 2011 la junta directiva de la Sociedad para el Estudio de Problemas Sociales aprobó una resolución declarando su apoyo formal a: ) La legislación bipartidista para despenalizar la prostitución, 2) la información al público sobre los costos de emplear a la policía para controlar a las trabajadoras del sexo, y 3) la normalización de esta ocupación.8 Otras asociaciones académicas y profesionales podrían aprobar resoluciones similares, que pueden ser ampliamente publicadas después. Los eruditos pueden intervenir de otras maneras, tales como escribir columnas para fuentes de noticias, aparecer en programas de entrevistas, y publicar los resultados de la investigación que demontan las falacias predominantes. Esto sucede en cierta medida ahora – p.ej., los académicos participaron en el simposio parlamentario británico mencionado anteriormente – pero una implicación más robusta del experto ofrecería un correctivo basado en la evidencia a las políticas basadas en mitos con respecto al trabajo del sexo.

 

 

Conclusión

 

Esta lista de condiciones previas no es exhaustiva, pero sí cubre las principales áreas en las que se necesita un cambio. Como se mencionó anteriormente, el estigma es frecuentemente mencionado por académicos y activistas en el campo del trabajo sexual, pero típicamente no se problematiza como una variable sujeta a cambio. Este Comentario pretende catalizar análisis más directos de las condiciones para reducir el estigma para todos los participantes en el comercio sexual.

 

Es importante señalar que cualquier esfuerzo de normalización tendrá la oposición de las instituciones establecidas si el contexto jurídico nacional es uno en el que la prostitución está penalizada, el ordenamiento jurídico en sí mismo agrava la estigmatización y las autoridades tienen interés por considerar el trabajo sexual como una desviación. Además de esto, sabemos que las principales instituciones sociales y muchos grupos de interés poderosos y bien organizados están empeñados no sólo en bloquear la normalización del sexo comercial, sino también en perpetuar e intensificar la estigmatización. El movimiento contra la prostitución es fuerte y está creciendo en la mayoría de las partes del mundo, reforzado por su exitosa equiparación de prostitución y trata (Weitzer, 2007). Y hay también un creciente movimiento anti-pornografía que ha logrado imponer nuevas restricciones sobre material y espectáculos eróticos en algunas naciones (Gran Bretaña, Islandia, India) (Attwood y Smith, 2010; Burke, 2015; Helgado’ttir, 2014 ). Pero como el estigma no es inherente a ningún tipo de comportamiento y es en cambio una construcción social, puede ser contrarrestado y desconstruido. Y esa desestigmatización puede tener consecuencias importantes para otros aspectos del trabajo sexual: si se permite a la prostitución “funcionar en un clima social libre de prejuicios emocionales” (Ericsson, 1980: 362), entonces resulta “imaginable que la prostitución pueda ser practicada siempre, como ocasionalmente es incluso ahora, en circunstancias de relativa seguridad, libertad, higiene y control personal “(Overall, 1992: 716). Este ensayo ha esbozado algunas condiciones previas para una normalización más amplia.

 

 

Agradecimientos

 

Una versión de este artículo fue presentada en la conferencia COST Action IS1209, “Troubling Prostitution: Exploring Intersections of Sex, Intimacy and Labour” en Viena, Austria, 18 de abril de 2015. La acción COST se conoce como Comparación de las políticas europeas de prostitución : Entendiendo Escalas y Culturas de Gobierno (Prospol) (www.propol.eu). Agradezco a Susan Dewey, Juline Koken y Sharon Oselin por sus comentarios sobre una versión anterior de este artículo.

 

 

Notas

 

  1. Goffman (1963: 7) escribe: “El individuo estigmatizado tiende a tener las mismas creencias acerca de la identidad que que las que tenemos nosotros; éste es un hecho fundamental “. Él menciona, pero sólo de paso, algunos ejemplos de intentos de los representantes de una categoría estigmatizada para dar voz a sus sentimientos compartidos (Goffman, 1963: 24-27).

 

 

  1. Esto se aplica menos a las personas cuyo trabajo es muy visible, como las estrellas porno y los intérpretes de webcam, que ya están ” fuera del armario” en virtud de sus apariciones en pantalla.

 

 

  1. Después de que 50 académicos firmaran una carta a la legislatura estatal de Rhode Island (Estados Unidos) oponiéndose a una nueva ley de prostitución en 2009 (Associated Press, 2009), dos activistas antiprostitución atacaron los motivos de los académicos, que fueron etiquetados como “radicales sexuales”. “Los radicales sexuales están tomando como objetivo a Rhode Island para su propia agenda libertaria sexual extrema de prevenir cualquier límite legal a cualquier comportamiento sexual “(Brooks y Hughes, 2009: 3). La carta de los académicos, que coescribí con Elizabeth Wood, no contiene nada que pudiera justificar esta conclusión y en cambio se organizó en torno a los principios de reducción de daños y derechos laborales (Carta a los Honorables Miembros de la Legislatura del Estado de Rhode Island, Re: Prostitution Law Reform Bill, 31 de julio de 2009).

 

 

  1. La Encuesta Mundial de Valores documenta actitudes más tolerantes hacia la prostitución en las naciones que han legalizado la prostitución que donde la prostitución es ilegal (ver Weitzer, 2012: 80). Sin embargo, incluso en los países donde la penalización es la norma, la opinión pública puede cambiar con el tiempo: según la Encuesta Mundial de Valores, la perspectiva de que la prostitución “nunca se justifica” ha disminuido sustancialmente en Estados Unidos: de 63% en 1981 a 40 % En 2006: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp (se accede el 25 de mayo de 2015).

 

 

  1. Bedford c. Canadá, ONSC 4264, Tribunal Superior de Justicia de Ontario, 28 de septiembre de 2010. El caso fue oído por un tribunal de apelaciones en 2012 y culminó con una sentencia del Tribunal Supremo en 2013 (Canadá [Fiscal General] v. Bedford, 2013 SCC 72, Tribunal Supremo de Canadá, 20 de diciembre de 2013).

 

 

  1. En cinco encuestas realizadas entre 2011 y 2013, del 70% al 82% de los encuestados franceses desaprobaron la idea de penalizar a los clientes, y una encuesta de 2013 informó que el 74% de los encuestados favoreció la “reapertura de burdeles” en el país (Weitzer, 2015).

 

  1. Esto fue citado en France24.com (se accedió el 3 de junio de 2015).

 

 

 

  1. Resolución 3, Sex Work: disponible en: http://www.sssp1.org/index.cfm/pageid/1516/m/ 392 # R3 (se accede el 20 de mayo de 2015).

 

 

Referencias

 

Abel G and Fitzgerald L (2010) Decriminalization and stigma. In: Abel G, Fitzgerald L and Healy C (eds) Taking the Crime Out of Sex Work: New Zealand Sex Workers’ Fight for Decriminalization. Bristol: Policy Press, pp. 239–258.

Amnesty International (2016) Policy on State Obligations to Respect, Protect, and Fulfill the Human Rights of Sex Workers. Policy 30/4026/2016.

Anspach R (1979) From stigma to identity politics: Political activism among the physically disabled and former mental patients. Social Science and Medicine 13(3): 765–773.

Associated Press (2009) Academics oppose banning indoor prostitution in Rhode Island. Boston Herald, 3 August.

Attwood F and Smith C (2010) Extreme concern: Regulating ‘dangerous pictures’ in the United Kingdom. Journal of Law and Society 37(1): 171–188.

Birch P (2015) Why Men Buy Sex. London: Routledge.

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Ronald Weitzer is a professor of sociology at George Washington University. He has published extensively on sex work, including his books Sex For Sale: Prostitution, Pornography, and the Sex Industry (2000 and 2010) and Legalizing Prostitution: From Illicit Vice to Lawful Business (2012). In 2014 he co-edited a volume on human tra.cking for the Annals of the American Academy of Political and Social Science.

Un momento transcendental para las trabajadoras sexuales británicas

 

Una encuesta sobre la prostitución llevada a cabo por la Cámara de los Comunes ha recomendado la legalización de los burdeles y del ejercicio independiente de la prostitución tan rápidamente como sea posible. ¿Qué va a pasar ahora?

 

Janet Eastham

 

Lunes 4 de julio de 2016

 

https://www.theguardian.com/global/2016/jul/04/sex-workers-commons-inquiry-prostituion-brothels-soliciting-legalised-womens-safety-stunning-victory

 

 

Cuando Mariana Popä fue asesinada a puñaladas en Redbridge, en el este de Londres, a primera hora del 29 de octubre de 2013, había estado trabajando hasta más tarde de lo habitual para pagar una multa puesta por la policía por hacer prostitución de calle. Le fue impuesta como parte de la Operación Clearlight, una campaña policial para echar a las prostitutas de la calle. Y —lo que fue decisivo— estaba trabajando sola.

El intercambio de sexo por dinero entre adultos es legal en el Reino Unido, pero las actividades asociadas —posesión de burdeles y prostitución de calle— están penalizadas, lo que significa que las trabajadoras sexuales se ven a menudo forzadas a trabajar aisladas unas de otras y en lugares apartados para evitar a la policía, lo que las hace vulnerables a los ataques. Popa, que había llegado de Rumanía solo tres semanas antes, se convirtió en una más de la estadística: una más de unas estimadas 152 trabajadoras sexuales asesinadas entre 1990 y 2015.

Así que el llamamiento radical hecho el viernes por un grupo interpartidario de diputados de alto nivel solicitando la despenalización de las trabajadoras sexuales no habría podido llegar en mejor momento; el informe provisional de la encuesta sobre prostitución del selecto comité de asuntos domésticos requiere que las leyes que penalizan la prostitución de calle y el uso compartido de locales por las trabajadoras sexuales sean revocadas con carácter de urgencia. La Universidad Abierta de Trabajadores Sexuales (SWOU, por su nombre en inglés) ha llamado a esto “una sorprendente victoria para las trabajadoras sexuales y nuestras demandas de despenalización” y “un paso de gigante hacia el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras sexuales en el Reino Unido”.

El resultado de la encuesta de los Comunes no es solo sorprendente, es que no tiene precedentes. Si la recomendación del comité se lleva a efecto, sería la primera vez que la ley del Reino Unido ha valorado las voces de las trabajadoras sexuales y los resultados de las investigaciones académicas por encima de las objeciones de los activistas discrepantes. Para mi, como miembro de la SWOU, es un triunfo del pensamiento racional sobre la retórica vacía.

“Tratar la prostitución de calle como un delito está teniendo un efecto adverso”, dice el presidente del comité, Keith Vaz, “y está mal que las trabajadoras sexuales, que son predominantemente mujeres, sean penalizadas y estigmatizadas de esta manera. La penalización de las trabajadoras sexuales debería, por tanto, terminar”. Bajo la actual legislación del Reino Unido, dos o más trabajadoras sexuales que trabajen juntas por su seguridad pueden ser denominadas un burdel. Como explica Vaz, esta ley “significa que las trabajadoras sexuales pueden temer ser procesadas si trabajan juntas en el mismo local, lo que a menudo compromete su seguridad”. Según estimaciones, un 49% de las trabajadoras sexuales dicen estar preocupadas por su seguridad; este cambio en la legislación puede salvar vidas.

El comité ha pedido también al Ministerio del Interior que borre las anotaciones previas por condenas y advertencias de los registros de las trabajadoras sexuales. Como explica el informe, “tener un registro penal por faltas relacionadas con la prostitución […] crea una barrera insuperable para las trabajadoras sexuales que desean dejar la prostitución y dedicarse a un trabajo regular.”

En una reciente edición del programa Ted Talk, Toni Mac, miembro de la SWOU, explicaba que las trabajadoras sexuales de todo el mundo están haciendo campaña por la “total despenalización y los derechos laborales”. Amnistía Internacional defiende la despenalización como la única manera de proteger a las trabajadoras sexuales de las violaciones de derechos humanos y los abusos. Su posición, escrupulosamente basada en datos demostrados y respaldada por otras diez organizaciones no gubernamentales de ámbito global, fue publicada el 26 de mayo. El selecto comité todavía no se ha pronunciado a favor de ningún marco legal en particular.

Las recomendaciones de este informe son totalmente sorprendentes dados los desalentadores comienzos de la encuesta sobre la prostitución. Antes de que se incorporara Nusrat Ghani, diputada por Wealden, el comité estaba formado en su totalidad por hombres, una decisión que entraba en contradicción con su concepción de la prostitución como un asunto de mujeres. Muchas trabajadoras sexuales y aliados suyos temieron un dictamen a favor de una ley del cliente, en la que se penaliza la compra de sexo y se despenaliza la venta.

Alex Feis-Bryce, director ejecutivo de National Ugly Mugs, una organización de recursos para las trabajadoras sexuales, describió los términos de referencia de la encuesta como “sesgados”, una preocupación de la que se hizo eco SWOU. Durante la investigación, fueron llamados testigos que proporcionaran pruebas en respuesta a los términos de referencia que equiparaban “prostitución” con “violencia contra las mujeres” y amalgamaban trabajo sexual con trata.

La autora Kat Banyard y la superviviente de prostitución Mia de Faoite fueron dos de los primeros testigos llamados a declarar. “No tengo ni la más remota idea de por qué se está contando con Banyard en cualquier consulta o política respecto al trabajo sexual”, dice Feis-Bryce. “Su único vínculo con el trabajo sexual es que tiene marcadas opiniones respecto al mismo. Hasta donde yo sé, su organización [UK Feminista, que lanzó la campaña por el Fin de la Demanda] no proporciona ningún tipo de apoyo de primera línea para las trabajadoras sexuales; no es más que una organización activista”.

Banyard publicó recientemente El Estado proxeneta: sexo, dinero y el futuro de la igualdad y argumentó en sus páginas que “renombrar la prostitución como trabajo sexual” fue uno de los mayores peligros de la industria. “La vehemencia del libro tiene un cierto impulso intoxicante”, dijo la crítica Charlotte Shane en una revisión para el Spectator, “pero el mensaje está embrollado en falacias lógicas y falta de pruebas”.

Las trabajadoras sexuales retiradas Paris Lees y Brooke Magnanti (alias Belle de Jour) preguntaron por qué el comité las eligió a ellas para declarar en lugar de a trabajadoras sexuales en activo. Magnanti sugirió: “Venimos con los medios de comunicación presentes; venimos y llamamos la atención. Somos el peluquín de pubis de estos procedimientos, lo que les permitirá a ustedes marcar una casilla y decir: ‘Hablamos con algunas ex-trabajadoras sexuales’”. Laura Lee fue la única trabajadora sexual en activo que habló cara a cara al comité.

Y sin embargo los diputados “redactaron un informe cuidadosamente fundamentado y bien razonado”, a pesar de las dudas iniciales. Tal giro de ciento ochenta grados fue hecho posible sin duda por las 250 piezas de evidencia escrita presentadas por trabajadoras, académicos, activistas y organizaciones no gubernamentales, hecho del que no hay precedentes.

En el pasado, el debate sobre la legislación del trabajo sexual se ha visto enturbiado por el mal uso de las estadísticas. Como el defensor de la despenalización y autor de Penalización de la compra de sexo: lecciones de Suecia, Jay Levy, explica: “Estamos hablando de una de las comunidades más clandestinas; la gran mayoría de las trabajadoras sexuales necesita permanecer invisible para sobrevivir. Así que cualquiera que diga “X por ciento de Y”, está hablando sin sentido, a mi juicio. En cuanto algunas personas comienzan a citar estas estadísticas yo pienso que quizás tienen una motivación oculta muy fuerte”. En la primera sesión de evidencia oral, Banyard declaró: “aproximadamente el 50% de las mujeres que se prostituyen empezaron siendo niñas. Comenzó como explotación sexual infantil y luego continuó”. Esto sería muy preocupante, pero solo si fuera cierto. Sin embargo, como Feis-Bryce aclara en su declaración suplementaria, esta estadística procede de un documento del Ministerio del Interior de 2004, basado a su vez en nueve fuentes muy antiguas, seis de las cuales son de antes de 1999. Más aún, “al menos una de las fuentes solo tenía participantes menores de 18 años, con lo que la conclusión estaba predeterminada”.

La Dra. Magnanti, que cambió su carrera de escort de alta clase por la ciencia forense y la estadística de poblaciones, fija la edad media de entrada al trabajo sexual en el Reino Unido en aproximadamente 23 años.

De Faoite dijo a los investigadores que “Europa tiene en este momento una horrible situación de trata de personas”, y Banyard describió “un enorme problema de trata sexual en este país”. Entre 2007 y 2009, el profesor Nicola Mai “dirigió una investigación que analizó las experiencias de migración y trabajo sexual de 100 inmigrantes (mujeres, hombres y personas transexuales) que trabajaban en Londres”. Encontró que alrededor del 6% de las mujeres entrevistadas tenían experiencias que podían ser consideradas trata.

Significativamente, el informe de los diputados traza una distinción entre trabajo sexual y trata, y señala que la Ley de Esclavitud Moderna de 2015 ya penaliza esta última. El comité se declaró “consternado al descubrir la mala calidad de la información disponible acerca de la extensión y la naturaleza de la prostitución en Inglaterra y Gales”. Ha recomendado a la comisión del Ministerio del Interior una investigación en profundidad de este asunto, con presentación de los resultados ante el parlamento en junio de 2017. Este informe, “debería buscar la publicación y explicación de estadísticas fiables, que puedan ser usadas para informar futuras decisiones legislativas y normativas, y desechar cualquier dato no fiable”.

Las pruebas proporcionadas a la comisión de investigación estuvieron “altamente polarizadas” entre aquellos que están a favor de una ley de compra de sexo al estilo de Suecia y los que defienden la total despenalización del trabajo sexual, tal como se ha llevado a cabo en Nueva Zelanda. El informe de los parlamentarios parece favorecer con cautela la opción de despenalización sobre la de ley de compra de sexo, pero los activistas de ambos bandos tendrán que esperar hasta el próximo mes de junio para conocer la decisión final de la encuesta.

Este informe señala que la ley de compra de sexo “se basa en la premisa de que la prostitución es moralmente mala y por tanto debe ser ilegal, cuando en los tiempos presentes la ley no hace tales juicios morales”, y que mucha de la “retórica” en torno a la ley “niega también a las trabajadoras sexuales la oportunidad de hablar por sí mismas y tomar sus propias decisiones”.

Por el contrario, el modelo de despenalización de Nueva Zelanda “ha producido beneficios, incluyendo un claro mensaje político, mejores condiciones para las trabajadoras sexuales, mejor cooperación entre las trabajadoras sexuales y la policía y no se ha detectado aumento alguno en el tamaño de la industria del sexo o en la explotación de las trabajadoras sexuales”.

Mientras tanto, la auténtica prueba para este informe será sus implicaciones para los miembros más vulnerables de nuestra comunidad. En el este de Londres, las trabajadoras sexuales de calle están recibiendo órdenes de dispersión, pequeños papelitos de color rosa que las penalizan por existir. Le toca ahora al Consejo Nacional de Jefes de Policía garantizar que las recomendaciones del comité sean aplicadas en todos los ámbitos.

 

Nueva Ley de Prostitución en Alemania: una ley especial impracticable y discriminatoria.

 

14 de abril de 2016

 

https://researchprojectgermany.wordpress.com/2016/04/14/prostschg-an-impractical-and-discriminatory-special-law-statement-by-voice4sexworkers/

 

 

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Foto: Parodia del registro de prostitutas en una protesta de trabajadoras sexuales en Berlín © 2016 Friederike Strack. All Rights Reserved.

 

 

En el día de hoy, la ministra de Salud de Rhin Norte-Westfalia, Barbara Steffens, y la presidenta de la Mesa Redonda sobre la Prostitución de Rhin Norte-Westfalia, Claudia Zimmermann-Schwartz, dieron una conferencia de prensa acerca de la planeada Ley de Protección de Prostitutas, de la que dijeron que llevará aún más a las trabajadoras sexuales a la ilegalidad, en lugar de protegerlas. Como parte del comunicado de prensa, se presentaron las declaraciones de dos trabajadoras sexuales que participaron en la Mesa Redonda. Lo que sigue es la declaración ampliada de una de ellas, traducida del original en alemán publicado por Voice4Sexworkers. Hacer clic, por favor, aquí para ver el comunicado de prensa emitido por el Ministerio de Salud, Igualdad, Servicios Sociales y Personas Mayores en Rhin Norte-Westfalia. Este recurso está en alemán.

 

Declaración de Melanie, participante en la Mesa Redonda sobre Prostitución

Soy madre soltera de dos hijos y he estado trabajando como trabajadora sexual durante los pasados diez años. Nunca he conseguido ganarme totalmente la vida con el trabajo sexual, pero no quise volver a recibir ayuda social o vivienda protegida. Por esta razón, los ingresos adicionales provenientes del trabajo sexual han sido siempre bien recibidos y me han permitido proporcionar a mis niños vidas normales libres de exclusiòn social.

El principio más importante —y esto es exactamente en lo que no se basa el proyecto de ley sobre nosotras— es que la prostitución tiene que ser despenalizada antes de ponerse a regularla. Esto significa que el trabajo sexual no debe ser regido por el código penal. El año pasado, Amnistía Internacional llegó a la misma conclusión tras llevar a cabo durante dos años un amplio estudio en el que entrevistaron a trabajadoras sexuales, en particular en los países en los que el trabajo sexual está intensamente regulado o incluso prohibido. Un informe de la ONU de 2012, basado en la investigación llevada a cabo en 48 países, encontró también que los sistemas de licencias o registros demostraban ser ineficaces o beneficiaban solo a un pequeño número de trabajadoras sexuales. En las jurisdicciones que han introducido estos sistemas, la vasta mayoría de las trabajadoras sexuales operaba fuera de ellos. Comparaciones con países como Alemania revelaron que las situaciones de trabajo y de vida de las trabajadoras sexuales mejoran cuando el trabajo sexual es legalizado. Pero los resultados más positivos se han conseguido en Nueva Zelanda, donde el paso final hacia la despenalización se dio hace casi 13 años.

Los autores de esta Ley de Protección de Prostitutas no han tenido el mismo valor. Bajo guisa de querer protegernos, han redactado una ley que está totalmente “orientada a la salida” pero no menciona nada acerca de cómo ganarse la vida o recibir prestaciones para subsistir. Las prestaciones de bienestar social Hartz IV son insuficientes incluso ahora, y es precisamente por esta razón por lo que muchas de nosotras decidimos dedicarnos al trabajo sexual. Si se estuviera realmente interesado en ayudarnos, se requerirían otras alternativas y formas de asistencia práctica en vez de engatusarnos con una cobertura básica mínima. Sobre todo, en áreas urbanas en las que la tasa de desempleo es elevada, esta cobertura básica mínima no permite unas perspectivas de futuro sostenibles.

En lugar del presente plan de dilapidar una cifra inicial de 76,2 millones de euros seguidos por 85 millones de euros anuales en este monstruo burocrático, estos fondos podrían ser usados para proyectos con más sentido, tales como centros de orientación, organizaciones de autoayuda, pagos temporales, y apoyo a medidas de cualificación que permitan una reorientación ocupacional. Un fondo de ayuda social para trabajadoras sexuales sería también una bendición, ya que un porcentaje considerable de nosotras no puede ni siquiera permitirse la mínima contribución que nos proporcione aseguramiento sanitario.

En lugar de ofrecernos la asistencia que hemos sugerido una y otra vez, la nueva ley nos impondría obstáculos insuperables. Nuestra encuesta entre trabajadoras sexuales de diciembre de 2015 ha mostrado también lo que de verdad desean y necesitan: protección eficaz frente a la discriminación, protección contra el despido de un trabajo principal por practicar trabajo sexual de forma accesoria, protección contra los alquileres extorsionadores, más centros de orientación (particularmente del tipo de los que no se limitan a ofrecer ayuda sobre cómo salir, sino también sobre cómo entrar de forma segura en el trabajo sexual), y mejor protección de su anonimato, en especial cuando tratan con las autoridades. La nueva ley no proporciona nada de esto y en cambio sí mucho de exactamente lo contrario, ya que incluso llega tan lejos como cancelar la Ley Fundamental. Si esta nueva ley llega a aplicarse, la policía estaría autorizada a entrar en cualquier domicilio particular sin orden judicial. Una simple alegación de que se estaba practicando prostitución en un apartamento determinado bastaría como justificación.

 

Registro

En nuestra encuesta, alrededor de una tercera parte de las que respondieron dijeron que ya habían tenido experiencias negativas con las autoridades. Una proporción similar dijeron que nunca se habían revelado ante las autoridades por miedo o vergüenza. Juntas, representan más de la mitad de las que respondieron. Tener que explicarse y proporcionar detalles íntimos a un extraño, solo lograría exacerbar esta tendencia.

Además, es incomprensible por qué debería ser necesario proporcionar todos nuestros lugares de trabajo o tener que registrarse de nuevo para trabajar en otras ciudades u otros estados. Estas medidas están pensadas solo para permitir a las autoridades crear perfiles de movimiento que darían mucha información pero no contribuirían en nada a nuestra protección.

Licencia

En lugar de ayudar a las personas que practican trabajo sexual a autoorganizarse y crear lugares de trabajo individual, la situación de empleo de las proveedoras independientes de servicios sexuales empeoraría. No es solo que la ley en su forma actual daría efectivamente a los grandes operadores poderes de supervisión sobre las trabajadoras sexuales, ya que los operadores tendrían que recoger sus detalles de registro, duración de la estancia y otras especificaciones para presentarlos a las autoridades, sino que la ley reforzaría también la posición general de esos operadores haciendo virtualmente imposible para las trabajadoras sexuales trabajar solas o con colegas en pisos. Como resultado de ello, se verían empujadas en manos de los mismos operadores que son como granos en el culo de tantos políticos municipales: solo por su vista, desde luego, no por sus impuestos. Esta ley pretende protegernos de la heteronomía (1) pero ocasionaría exactamente lo contrario: privaría a la mayoría de nosotras de la oportunidad de trabajar de forma autodeterminada e independiente.

Los autores de la ley también promueven el “cuento del laissez faire” de los negocios de prostitución no sometidos a estrictas regulaciones y de la pobre polícia no teniendo forma de controlar nada. Nada se aparta más de la realidad. Por el contrario, es un intento de ganar la aprobación del público para el proyecto de ley en lugar de explicarle por qué habría que ahorcar 85 millones de euros anuales en medidas que no ayudarán a las trabajadoras sexuales o a aquellos ayuntamientos que ya están cortos de fondos.

 

Estigma

El proyecto de ley carece de forma consistente del principio de imparcialidad. Es descaradamente evidente que los autores fueron incapaces de descartar el estigma unido al trabajo sexual, contra el que (dicho sea de paso) nunca se ha dado ningún paso desde que la actual ley de prostitución entró en vigor.

En cambio, las medidas planeadas bajo la Ley de Protección de Prostitutas agravan e intensifican el auténtico estigma que las trabajadoras sexuales de todo el mundo citan consitentemente como el principal obstáculo en su vida diaria. La redacción del proyecto de ley y las afirmaciones hechas en la fundamentación de la ley exacerban los prejuicios y clichés preexistentes. Si el trabajo sexual es mencionado al mismo nivel que las actividades criminales o las explotaciones sexuales, se está inculcando esa imagen en la cabeza de la gente.

Los que desprecian a las pocas trabajadoras sexuales que se atreven a ponerse en pie en defensa de sus derechos llamándolas “privilegiadas” deberían más bien ser conscientes de su propia complicidad con la estigmatización del trabajo sexual. En vez de proyectar leyes que recortarán las opciones a todas las trabajadoras sexuales, el objetivo debería ser aumentar las opciones que tengan a su disposición. Las que se verían más afectadas por esta ley son las mismas personas que ya tienen demasiadas pocas opciones de entrada, es decir, inmigrantes y personas trans, y que a menudo se ven sometidas a múltiples discriminaciones en el día a día.

 

Conclusión

Mi participación en la “Mesa Redonda sobre prostitución de Rhin Norte-Westfalia” ha sido la primera vez que he tenido la experiencia de que la gente hable conmigo. Habitualmente, la gente solo habla de mí, incuso en mi presencia. La Mesa Redonda ha probado que es enteramente posible sentarse con las expertas de hecho —nosotras(¡)— y encontrar soluciones. Si no se habla con las trabajadoras sexuales, se termina con el mismo resultado que representa la Ley de Protección de Prostitutas: una ley especial impracticable y discriminatoria, que nos excluye de la participación en términos de igualdad en la vida económica y nos vuelve socialmente vulnerables.

 

 

(1) heteronomía.

  1. f. Fil. Condición de la voluntad que se rige por imperativos que están fuera de ella misma.

 

Posición de TAMPEP respecto a la situación de las trabajadoras sexuales nacionales e inmigrantes en la Europa actual

 

dIBUJO 5
http://tampep.eu/documents/TAMPEP%20paper%202015_08.pdf

 

Las leyes y las decisiones políticas juegan un papel clave en la lucha contra la violencia, en la reducción de la vulnerabilidad y en la garantía de acceso pleno a los derechos y a la justicia por parte de las trabajadoras sexuales. Mediante la despenalización del trabajo sexual se pueden garantizar condiciones laborales más seguras y las trabajadoras sexuales se pueden empoderar para luchar contra la violencia y exigir sus derechos humanos.

Esta posición política es apoyada por varias agencias de las Naciones Unidas (FPNU, ONUSIDA y PNUD); importantes organizaciones defensoras de los derechos humanos, tales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que ha estado sometiendo a consulta un borrador de propuesta politica a favor de la despenalización del trabajo sexual ; las organizaciones contra la trata GAATW y La Strada International ; e importantes foros feministas (AWID) y fundaciones, como Open Society Foundations, Mama Cash y Red Umbrella Fund. La despenalización del trabajo sexual es defendida también por redes de trabajo sexual y organizaciones dirigidas por trabajadoras sexuales regionales, nacionales e internacionales, entre las que se encuentran TAMPEP (Red europea para la prevención de VIH/ETS y la promoción de la salud entre las trabajadoras sexuales inmigrantes), NSWP (Red global de proyectos de trabajo sexual), ICRSE (Comité internacional para la defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales en Europa) y SWAN (Red de defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales).

 

Despenalización

 

Si todas las demandas de las trabajadoras sexuales pudieran ser resumidas en una palabra, esta sería despenalización. Gobiernos progresistas en Nueva Zelanda y Nueva Gales del Sur en Australia adoptaron un modelo de despenalización para mejorar la situación de las trabajadoras sexuales. Recientemente, el gobierno de Nueva Zelanda y el Colectivo de prostitutas de Nueva Zelanda evaluaron este modelo positivamente . Los resultados de esta evaluación demuestran una reducción significativa de la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales y un mejor acceso a los derechos humanos.

Por despenalización se entiende la derogación de todas las leyes punitivas y las regulaciones relativas al trabajo sexual y un modo de garantizar que los gobiernos respeten los derechos humanos de las trabajadoras sexuales. Esto incluye la despenalización de las terceras partes que operan en la industria del sexo, pero garantizando al mismo tiempo que las trabajadoras sexuales puedan trabajar independientemente y/o en cooperativas. La autodeterminación y la autonomía de las trabajadoras sexuales son fundamentales para entender el modelo de despenalización.

Las trabajadoras sexuales y sus aliados a menudo piden la plena despenalización mediante un sistema legal que desmonte también las barreras legales que aumentan la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales inmigrantes ante la violencia y la trata de personas y obstaculizan el disfrute en situación de igualdad de sus derechos humanos. La justificación de este enfoque es que para combatir la vulnerabilidad en la industria del sexo, los gobiernos necesitan garantizar la plena protección de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales independientemente de su nacionalidad y/o de su estatus legal en el país de acogida. Los derechos que deberían ser plenamente protegidos incluyen (pero no se limitan a ellos) el derecho a la vida, a la salud, a la migración, al trabajo, a la privacidad, a la asociación, a la igualdad ante la ley y a verse libres de practicas de trata y de esclavitud.

 
Estigma e inmigración

A pesar de la demanda de despenalización, las leyes y las decisiones políticas relativas al trabajo sexual han sido cada vez más represivas y punitivas en toda Europa. TAMPEP ha documentado en varias de sus publicaciones los efectos negativos que las leyes y regulaciones nacionales han tenido para las trabajadoras sexuales.

Raramente se reconoce al trabajo sexual como trabajo por los gobiernos nacionales y la sociedad en general, y el arma más poderosa para negar al trabajo sexual el estatus de trabajo es la del estigma . La realidad es que en vez de empoderamiento y apoyo a la autodeterminación y la autonomía de las trabajadoras sexuales, y mejora de sus condiciones de trabajo y de vida, los agentes políticos están desarrollando y aplicando nuevas medidas que socavan los derechos humanos y la dignidad de las trabajadoras sexuales.

Existen claros vínculos entre esta tendencia represiva y el actual debate acerca de la trata. Los grupos antiprostitución utilizan la retórica antitrata para acabar con la prostitución. El lobby antiinmigración usa el discurso antitrata para aumentar las restricciones a la inmigración .

Las voces de las trabajadoras sexuales son a menudo ignoradas o mal utilizadas por los agentes políticos y los medios de comunicación. En este contexto de invisibilidad y aislamiento, las trabajadoras sexuales inmigrantes se ven particularmente afectadas por las medidas represivas y la creciente xenofobia.

La penalización del trabajo sexual, de las trabajadoras sexuales y de sus clientes, se suele acompañar de leyes antiinmigración, cuya finalidad es detener y deportar por la fuerza a inmigrantes indocumentados. Como consecuencia de ello, las trabajadoras sexuales inmigrantes se ven empujadas a la clandestinidad, a lugares de trabajo sexual más ocultos para evitar la persecución y el riesgo de expulsión. Esta tendencia exacerba la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales frente a la trata de personas y reduce sus posibilidades de acceder a las ayudas y los servicios de salud, así como a la justicia y a sus derechos.

 
Tendencias específicas de la Unión Europea

Una tendencia que ha sido señalada y resaltada por varios informes de TAMPEP a lo largo de los años es el aumento de migración y movilidad entre las trabajadoras sexuales a nivel global y, en particular, la migración de trabajadoras sexuales hacia Europa y entre los países europeos . Esto es una consecuencia directa de la globalización, pero puede ser atribuido también a factores históricos y socioeconómicos y al crecimiento de la Unión Europea.

La inmigración es un aspecto fundamental a ser tenido en cuenta cuando se analiza el trabajo sexual en Europa. Las inmigrantes siguen siendo con mucho el mayor grupo de trabajadoras sexuales en la región. También se observa un elevado nivel de migración y movilidad de trabajadoras sexuales entre los países de la Unión Europea.

El problema parece tener sus raíces en el racismo y la xenofobia que sigue a las tendencias de migración y movilidad a lo largo de Europa. Las trabajadoras sexuales inmigrantes indocumentadas son particularmente vulnerables a la aplicación de la ley y experimentan altos niveles de violencia y abuso.

Este escenario se ve agravado por la severa crisis financiera que afecta a la UE y al resto del mundo desde 2008, a las medidas de los gobiernos para combatir el terrorismo mediante legislaciones de seguridad nacional ad hoc, y también a las leyes de seguridad ciudadana.

 
Conservadurismo creciente

TAMPEP observa un creciente conservadurismo político y social, que afecta a los derechos humanos y a las libertades civiles de las poblaciones vulnerables.

Retrocesos conservadores en relación al trabajo sexual, el uso de drogas y la inmigración son generados por la ignorancia de los enfoques basados en la evidencia y en los derechos humanos en el terreno legal.

Las políticas socioeconómicas junto con una progresiva tendencia a las desigualdades provocan unas profundas exclusión y discriminación sociales de las trabajadoras sexuales, especialmente de las más vulnerables (inmigrantes, transexuales, usuarias de drogas, etc.)

 
Trata frente a trabajo sexual

Para luchar contra las violaciones y los abusos en la industria del sexo, los Estados miembros de la UE han estado usando la lucha contra la trata para combatir la prostitución y la inmigración, en lugar de crear un entorno de seguridad y apoyo que permita a las trabajadoras sexuales trabajar, autoorganizarse y garantizar buenas condiciones de trabajo.

Desmantelar la industria del sexo desbarata las vidas y el trabajo de las trabajadoras sexuales y las empuja a la ilegalidad y el aislamiento. Al mismo tiempo, las víctimas de la trata de seres humanos raramente son halladas y, si lo son, sus necesidades raramente son atendidas de forma eficaz. Los agentes políticos fusionan trabajo sexual y trata, lo que da lugar a políticas ineficaces dirigidas al conjunto de trabajadoras sexuales y a un completo desprecio por las necesidades de las trabajadoras sexuales que no son víctimas de trata.

Una de las cinco prioridades de la UE en relación a la trata es intensificar la prevención de la trata de personas. La mayor parte de los agentes políticos han limitado su interpretación de la prevención a terminar con la demanda y la oferta de servicios y bienes de víctimas de la trata. Es creencia general que terminar con la demanda de servicios sexuale llevará a terminar con la trata.

A pesar de los objetivos estratégicos de la UE que se basan en una interpretación más amplia de la demanda, las leyes y decisiones políticas que buscan penalizar a los clientes de las trabajadoras sexuales demuestran que esos objetivos son aplicados de forma excepcional al conjunto de la industria del sexo.

Sin embargo, dada la amplitud de la definición de trata, las medidas destinadas a disuadir la demanda deberían reflejar la extensión y la gravedad de todos los fines por los que las personas son víctimas de trata, incluyendo, por ejemplo, la industria de la construcción, la agricultura, el procesamiento de alimentos, el trabajo doméstico y el cuidado de dependientes. A pesar de la evidencia de que la trata y el trabajo forzado son alentados por la demanda de mano de obra barata, poco preparada y fácilmente desechable combinada con las políticas de inmigración crecientemente restrictivas y la falta de protección laboral para los trabajadores inmigrantes, las decisiones políticas no están buscando atajar estos determinantes estructurales de la trata y el trabajo forzado.

De 2012 a 2015 no ha habido decisiones por parte de la UE para impulsar leyes de despenalización como una estrategia para combatir la trata y mejorar la situación de las trabajdoras sexuales en Europa.

TAMPEP tambíén ha tenido conocimiento de un aumento en las iniciativas de financiación por parte de la UE y otros donantes de las actividades antitrata y abolicionistas, aunque raramente de grupos dirigidos por trabajadoras sexuales o de proveedores de servicios con un enfoque del tema basado en la defensa de los derechos humanos.

 

El abolicionismo y el modelo sueco

Los grupos de presión feministas abolicionistas, como el Lobby de Mujeres Europeas y Equality Now, se están volviendo más fuertes y más influyentes, y han sido fuertemente financiados en el curso de los actuales debates e intereses políticos en torno a la trata de mujeres con fines de explotación sexual y prostitución. Las feministas y organizaciones abolicionistas a menudo defienden el modelo sueco, que se ha convertido en una peligrosa tendencia en Europa y en el mundo.

El modelo sueco —un modelo legislativo creado en Suecia en 1999— tiene por fin reducir la incidencia de la prostitución, no grarantizar condiciones de trabajo seguras para las trabajadoras sexuales. Esta iniciativa legislativa penaliza a los clientes de las trabajadoras sexuales y considera a todas las personas que practican comercio sexual como víctimas.

En Europa, varios estados han introducido (Noruega, Islandia e Irlanda del Norte) o intentado aplicar (Francia y Escocia) medidas legales para implantar la penalización del trabajo sexual o la compra de servicios sexuales, sin tener en cuenta las consecuencias negativas que la penalización de los clientes tiene para las trabajadoras sexuales .

 

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Las trabajadoras sexuales suecas observan que la penalización ha llevado a que haya menos tiempo para negociar las condiciones de trabajo y la seguridad del entorno de trabajo. Las trabajadoras sexuales de interior ya no pueden pedir a sus clentes informaciones tales como el nombre y el número de teléfono, y no tienen tiempo para negociar los servicios que van a proporcionar, lo que afecta a su seguridad.

Las trabajadoras sexuales de calle son las más afectadas. Se ven empujadas a trabajar en las afueras de las ciudades, en zonas menos visibles y accesibles, donde la policía no pueda sorprender a sus clientes. Tienen menos probabilidades de establecer contacto con los servicios de ayuda.

El modelo sueco está basado en la ideología y no en la evidencia. Cuando los clientes corren el riesgo de ser detenidos, la prostitución se vuelve automáticamente clandestina.

Como señalan las trabajadoras sexuales activistas y sus aliados, la penalización del cliente socava la autodeterminación de las trabajadoras sexuales, las lleva a la clandestinidad y refuerza el estigma y la discriminación que ya margina a esa población.

Además, el modelo sueco y las cruzadas antitrata/prostitución han puesto los modelos holandés y alemán bajo escrutinio.

Aunque ciertamente existen problemas con los actuales enfoques reguladores en países como Holanda y Alemania, el enfoque regulador no deslegitima el trabajo sexual ni pretende abolirlo como hace el modelo sueco.

Las campañas y el lobby político abolicionistas han estado recibiendo cada vez más atención de los medios de comunicación y más apoyo político, a pesar de la creciente evidencia de que la penalización de los clientes o de las trabajadoras sexuales lo único que hace es aumentar la vulnerabilidad y desde luego no combate la violencia y el abuso en la industria del sexo.

Los defensores de la penalización de los clientes o del trabajo sexual en su conjunto desean despreciar las experiencias y puntos de vista de aquellas personas directamente afectadas: las propias trabajadoras sexuales, bajo pretexto de proteger a las mujeres.

Las trabajadoras sexuales están notablemente ausentes de las conferencias organizadas para discutir las políticas penalizadoras. Los abolicionistas en la Europa actual rechazan el término “trabajo sexual” así como la idea de que el trabajo sexual es trabajo e ignoran y persistentemente ignoran y excluyen las voces de aquellas personas que trabajan en la industria del sexo.

 

Dibujo 2

 

Actuación policial y represión

Las trabajadoras sexuales en Europa suelen ser detenidas en las calles, burdeles, parques y otros lugares de trabajo. Las trabajadoras sexuales de calle, sin embargo, son las que con mayor frecuencia son objeto de medidas de aplicación de la ley. Las trabajadoras sexuales de interior también han sido el objetivo en operaciones de redada y en el cierre de lugares de trabajo con fines de investigación. Estas prácticas privan a las trabajadoras sexuales de sus ingresos.

Tradicionalmente, las trabajadoras sexuales inmigrantes, especialmente las que carecen de documentación o trabajan en situación irregular, experimentan los mayores niveles de violencia y abuso por parte de la policía y de personas que se hacen pasar por clientes.

Esto arroja luz sobre el hecho de que las leyes nacionales han estado fusionando las actuaciones policiales dirigidas contra la inmigración con las dirigidas contra la prostitución con el propósito de detener y deportar a las inmigrantes (por ejemplo, deportaciones de trabajadoras sexuales chinas en París en 2014 e intento de Suecia de deportar a trabajadoras sexuales de la Unión Europea, a pesar de la ilegalidad de estas prácticas policiales) .

La red TAMPEP ha estado observando estas violaciones de derechos de las trabajadoras sexuales e informando de ellas, sobre todo de las de trabajadoras sexuales inmigrantes, desde su creación, en 1993. TAMPEP cree que la mejor herramienta para luchar contra las violaciones de derechos es la defensa de esos derechos y las reformas legal y política.

 

Salud pública

Las trabajadoras sexuales encuentran importantes obstáculos cuando intentan acceder a servicios de prevención, tratamiento y asistencia sanitarios, debido sobre todo al estigma, la discriminación y la penalización. Las crecientes represión y penalización estatales del trabajo sexual ha hecho a las trabajadoras sexuales más vulnerables al VIH y las ETS. Las han obligado a trabajar en espacios clandestinos, reduciendo su acceso a la atención sanitaria y a medidas de prevención, y han socavado su dignidad. Estos problemas son habitualmente mayores para las trabajadoras sexuales inmigrantes, en particular si están indocumentadas. Evitan el acceso a los servicios sociales y de atención sanitaria por miedo a ser registradas y/o deportadas.

Las pruebas obligatorias de salud sexual son todavía practicadas y exigidas legalmente por algunos países europeos (como Hungría y Latvia). Estos procedimientos a menudo vulneran los derechos a la confidencialidad y la privacidad de las trabajadoras sexuales. La penalización de la transmisión del VIH también supone riesgos severos para los grupos vulnerables, en la medida en que disuade a las trabajadoras sexuales de hacerse pruebas y acudir a los servicios de salud.

Más aún, un gran número de organizaciones de lucha contra el VIH y de defensa de la salud pública, incluyendo la OMS y ONUSIDA, han advertido a los agentes políticos de los peligros sanitarios de la penalización de las trabajadoras sexuales y/o de sus clientes. Citamos el Grupo Asesor de ONUSIDA sobre VIH y trabajo sexual en su informe de 2011 que acompaña a la Guía de ONUSIDA sobre VIH y trabajo sexual de 2009:

“Los estados deberían evitar la penalización del trabajo sexual o de actividades relacionadas con el mismo. La despenalización del trabajo sexual debería incluir la derogación de los castigos penales por comprar y vender sexo, gestionar trabajadoras sexuales y burdeles, y otras actividades relacionadas con el trabajo sexual”.

Las actuaciones dirigidas por las trabajadoras sexuales deben tener un papel central en la mejora de la defensa frente al VIH y es crucial escuchar a las trabajadoras sexuales. Las trabajadoras sexuales experimentan de primera mano los efectos de las leyes y las prácticas lesivas de aplicación de las mismas que violan sus derechos humanos y obstaculizan los avances en la lucha contra el VIH. Sin embargo, la cobertura de prevención del VIH se estima que alcanza a menos de una tercera parte de todas las trabajadoras sexuales de la región. La financiación para intervenciones en trabajo sexual y VIH está disminuyendo, a pesar de la evidencia de su efectividad.

TAMPEP continúa llamando la atención en varios foros de la UE sobre las necesidades de las trabajadoras sexuales para garantizar que dichas necesidades, incluyendo las de las trabajadoras sexuales inmigrantes, sean tenidas en cuenta en los programas relacionados con la prevención, la atención y el tratamiento del VIH.

 

Homo y transfobia

Otras leyes han empeorado también la situación de los trabajadores sexuales masculinos y transexuales, en particular en la Europa Central y del Este, incluyendo los países de la CEI. Las leyes antihomosexualidad en países como Rusia y Ucrania provocan más homofobia y transfobia en la sociedad y menos aceptación social de las personas LGBTI, lo que afecta específicamente a los trabajadores sexuales masculinos y trans. Tener que hacer frente a múltiples formas de estigmatización y despenalización a menudo priva a estos grupos de sus derechos humanos fundamentales.

La homofobia de la sociedad, las leyes contra la homosexualidad y la ausencia de protección legal frente a la discriminación son importantes obstáculos para los trabajadores sexuales masculinos y transexuales a la hora de acceder a los servicios de salud y de información relacionados con el sexo.

 

Comentarios de TAMPEP sobre las políticas en relación a la prostitución en la Europa actual

A TAMPEP le preocupa que las actuaciones contra las trabajadoras sexuales, en particular las inmigrantes, se vean legitimadas mediante el encuadre del trabajo sexual como un problema que implica criminales organizados y “esclavas sexuales”.

Los determinantes estructurales y las leyes que afectan negativamente a las trabajadoras sexuales, tanto nacionales como inmigrantes, y a la industria del sexo como un todo, no están siendo consideradas como de importancia central cuando se trata de las vulnerabilidades de las trabajadoras sexuales (incluyendo la explotación sexual y la trata).

TAMPEP reafirma que las medidas tomadas por los estados miembros de la UE en su lucha contra la trata a menudo se convierten en estrategias antiprostitución (por ejemplo, operaciones de redada) y antiinmigración (por ejemplo, controles fronterizos más estrictos). Las trabajadoras sexuales inmigrantes, especialmente aquellas sin papeles, están bajo amenaza constante de ser detenidas y deportadas. La violencia ejercida contra esta población ha sido también demostrada por varios informes financiados por la UE .

 

Dibujo 3
Este enfoque de lucha contra la trata, que ha influído en la política de la UE, oscurece tanto la relación entre política de inmigración y “trata” como la relación entre política de prostitución y trabajo forzado en la industria del sexo .

Está siendo necesario clarificar a los que toman las decisiones políticas y a los políticos en general las diferencias existentes entre trata y trabajo sexual, tanto en la ley como en la práctica. Aunque las consecuencias negativas para las trabajadoras sexuales de la lucha contra la trata no resultan políticamente interesantes para algunos miembros del Parlamento europeo, la ineficiencia al abordar el problema y proteger los derechos de las víctimas puede ser una estrategia que han adoptado.

La fusión de trabajo sexual y trata ha alcanzado niveles desproporcionados en el debate político y en los medios. TAMPEP promueve de forma consistente la visibilidad de las trabajadoras sexuales como un modo de desmantelar las teorías de la victimización y hacer patente la situación de las trabajadoras sexuales en Europa. Más aún, TAMPEP cree que las trabajadoras sexuales pueden ser grandes aliadas en la lucha contra la trata en la medida en que podrían detectar a las auténticas víctimas si ellas mismas no fueran tan a menudo penalizadas y desautorizadas.

 
La posición de TAMPEP

Poner de manifiesto y pormenorizar las violaciones de los derechos humanos que experimentan las trabajadoras sexuales parece no haber sido suficiente para impedir los modos conservadores de entender la industria del sexo y sus trabajadoras.

A la vista de las continuas regulaciones abusivas del trabajo sexual y de un clima de políticas sociales represivas, redes feministas y de inmigrantes, compañeros políticos, aliados y otras partes interesadas urgen a la sociedad civil para que emprenda una acción integrada en defensa de las trabajadoras sexuales que garantice el reconocimiento y protección de sus derechos y combata las leyes y prácticas discriminatorias.

Reafirmamos nuestro compromiso de luchar contra la penalización del trabajo sexual y el modelo sueco e invitamos a compañeros y aliados de toda Europa a unirse a nosotros en la lucha por garantizar a todas las trabajadoras sexuales el disfrute de sus derechos humanos en Europa.

 

Dibujo 4

Palabras engañosas y verdad desnuda: el estatus jurídico de la prostituta

Mi intención al escribir la anterior entrada (1) ha sido aclarar el significado de unas palabras que, con un sentido claramente equívoco, se usan constantemente en cualquier debate acerca de la prostitución. Un tema tan complejo como la prostitución no puede discutirse usando términos de significación ambigua. La síntesis de este pequeño estudio semántico está en la pizarra de la ilustración: “legalizar=penalizar”. Este contrasentido aparente lo es porque en el lenguaje cotidiano de la gente, legalizar es lo mismo que su definición en Derecho: hacer que una conducta antes prohibida pase a estar permitida; y penalizar es lo que define el diccionario: prohibir. Por eso, cuando en los medios se habla de propuestas de legalizar la prostitución, la gente se pregunta “ah, ¿pero es ilegal?”; y si deduce que, en efecto, lo es y que la propuesta de legalización va a dar libertad a su ejercicio, no saldrá de su asombro si lee dichas propuestas de legalización y ve que incluyen medidas penalizadoras.

 

No es extraño que se altere el significado de las palabras clave en un debate en el que la confusión es elemento clave para negar derechos fundamentales a las prostitutas. Pero, incluso después de aclarar ese significado, puede persistir la ambigüedad, porque, en definitiva, ambiguo es todo intento —en un Estado de derecho— de legalizar-regular-prohibir-penalizar la prostitución a la vez que se pretende proteger derechos fundamentales como la intimidad y la libertad sexual.

 

De hecho, el acto de prostitución no puede existir a los ojos de la ley (2), que debe velar por proteger su ámbito de cualquier intromisión, empezando por el de la ley misma. Para la ley, el acto de prostitución es alegal en su esencia, dado que pertenece de pleno derecho al ámbito de las libertades individuales; toda legalización-regulación-prohibición-penalización de la prostitución necesita, por tanto, basarse de forma exclusiva en la figura de la prostituta, mujer estigmatizada a la que se le pueden retirar sus derechos fundamentales mediante un acto administrativo, y que transmite a su entorno esa excepcionalidad, de forma que lo que se legaliza-regula-prohibe-penaliza no es la prostitución en sí, sino a la prostituta y sus circunstancias.

 

Esa excepcionalidad arbitraria (fundada en valores morales de religiones enemigas de la mujer) es la que hace que no baste, en opinión de algunos, la aplicación de las leyes generales y el mantenimiento de la prostitución en su estatus de alegalidad-despenalización para defender los derechos fundamentales de las ciudadanas prostitutas, y que sean precisas normas específicas para ellas que pueden contemplar también, según algunas propuestas, la defensa frente a ellas de la sensibilidad moral de la sociedad y de las necesidades fiscales del Estado.

 

Esta ambigüedad es la que hace que las propuestas de legalización-regulación-prohibición-penalización sean variadas e incluso contradictorias, dependiendo del interés particular de quien las hace, interés que puede ir desde la defensa de los derechos laborales de las prostitutas empleadas a la defensa de los derechos de los empleadores sobre las prostitutas y de la recaudación de impuestos. Por tanto, que legalización suponga penalización, no quiere decir que necesariamente sea negativa para los intereses de las prostitutas, ya que lo que se va a penalizar son algunas de las circunstancias de éstas, y entre esas circunstancias se encuentra la explotación laboral. Es por tanto legítimo que las prostitutas y sus aliados oscilen entre la legalizacion y la alegalidad como la mejor fórmula para defender sus derechos.

 

Como ejemplo de legalización favorable a los derechos de las prostitutas se halla la Ley de Reforma de la Prostitución de Nueva Zelanda (3), que mantiene en situación de alegalidad-despenalización a las trabajadoras de calle y a las autónomas y regula el funcionamiento de los burdeles para proteger de abusos a las prostitutas. Y como ejemplo de legalización favorable a los intereses de los propietarios de burdeles a costa de los de las prostitutas, se halla la propuesta del partido Ciudadanos (4), que incluye la prohibición de la prostitución de calle y severas sanciones para “los clientes que hiciesen un uso de los servicios sexuales fuera de los ámbitos legalizados”.

 

Es por tanto, mi conclusión, que una vez eliminada la carga engañosa de los términos a los que me estoy refiriendo, puede el análisis de las propuestas concretas permitir discernir entre aquellas que buscan mejorar la situación de las prostitutas y aquellas que buscan incrementar su exclusión y profundizar en su situación anticonstitucional de minoría marginada.

 

No debe extrañar que la batalla entre opresores y oprimidos se libre en el terreno de las palabras y su significado, ya que el poder político, al contrario que el poder personal, no soporta la verdad, y la libertad sexual de las mujeres —pues de eso se trata en este caso— es la verdad desnuda.

 
(1) https://elestantedelaciti.wordpress.com/2015/10/22/legalizar-lo-que-no-es-ilegal-significa-penalizar-lo-que-es-alegal/

 

(2) “La posesión de condones o dinero en efectivo por parte del cliente de una prostituta o la posesión de una libreta de clientes o atuendo sexy por parte de la persona que está ofreciendo los servicios de prostitución pueden sugerir que estaba por ocurrir algún tipo de prostitución, PERO EN SÍ NO SE PUEDE PROBAR EL ACTO DE PROSTITUCIÓN”
http://www.abogadosdefensacriminal.com/…/PROSTITUCI-N.aspx
(3) https://elestantedelaciti.wordpress.com/2015/10/16/resumen-de-la-ley-de-reforma-de-la-prostitucion-de-nueva-zelanda/
(4) https://elestantedelaciti.wordpress.com/2015/09/30/prostitucion-en-el-programa-electoral-de-ciudadanos/

Resumen de la Ley de Reforma de la Prostitución de Nueva Zelanda

 

Dibujo
11 de junio de 2009
Catherine Healy

Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda

info@nzpc.org.nz
http://prostitutescollective.net/2009/06/11/summary-of-the-new-zealand-prostitution-reform-act/

 

Querido Colectivo Inglés de Prostitutas,

 
Adjunto más abajo la información que me habéis solicitado acerca de la Ley de Reforma de la Prostitución que despenalizó la prostitución en Nueva Zelanda hace seis años.

 
En resumen, la ley dice que las trabajadoras sexuales de calle pueden ejercer sin ninguna restricción legal su trabajo sexual, pero deben respetar las normas de orden público, no hacer ruido, no tirar basura, etc, igual que todas las demás personas; y que hasta un máximo de cuatro trabajadoras sexuales pueden trabajar juntas como iguales sin necesidad de obtener un certificado. Solo si alguien tiene a su cargo una (o más de una) trabajadora sexual se necesita un certificado. Los certificados son guardados de forma confidencial por el juzgado, y ni siquiera la policía puede tener acceso a los nombres de las personas que han obtenido certificados. Esto proporciona anonimato y protege a aquellas trabajadoras sexuales que cambian alternativamente entre ser trabajadoras sexuales y ser directoras y no quieren aparecer en ninguna base de datos accesible al público.

 
Veréis que el documento contiene un listado de las pruebas académicas y de otros tipos usados por el Comité para la Revisión de la Ley de Prostitución y que trata temas como derechos humanos, salud, seguridad, condiciones laborales, jóvenes y las razones por las que las personas entran y salen de la industria del sexo.

 
Esperamos que esto sea útil para informar a los parlamentarios del Reino Unido y al público en general de los beneficios y el progreso que creemos que se han conseguido con esta Ley.

 

Con mis mejores deseos
Catherine Healy

 

 

RESUMEN DE LA LEY DE REFORMA DE LA PROSTITUCIÓN

 

La Ley de Reforma de la Prostitución (LRP) entró en vigor en Nueva Zelanda en junio de 2003. La LRP despenalizó la prostitución, creó un marco legal para salvaguardar los derechos humanos de las trabajadoras sexuales; promovió el bienestar y la salud laboral y la seguridad de las trabajadoras sexuales; y prohibió el uso en prostitución de personas menores de 18 años. La LRP estableció también un régimen de certificación para los directores de burdeles y un marco para que las autoridades territoriales pudieran hacer reglamentos.

 
La LRP está disponible online aquí:
http://www.legislation.govt.nz/act/public/2003/0028/latest/DLM197815.html

 
A la implementación de la LRP se adjuntó un proceso de revisión a los cinco años y se estableció el Comité de Revisión de la Ley de Prostitución (CRLP) para llevar a cabo esta revisión. Sus conclusiones pueden verse en:
http://www.justice.govt.nz/prostitution-law-review-committee/publications/plrc-report/tables.html?search=true

 

El CRLP reconoce que la LRP fue un cambio desde un enfoque moralista de la prostitución a un enfoque de salud y derechos humanos. Su informe estuvo sustentado en una investigación basada en la evidencia, recurriendo a la investigación del Centro de Investigación Crimen y Justicia (CICJ) de la Universidad Victoria, de Wellington (Nueva Zelanda) y de la Escuela de Medicina de Christchurch (EMC), de Christchurch (Nueva Zelanda).

 
Las entrevistas con los informantes clave del CICJ para la Revisión de la Ley de Reforma de la Prostitución 2003 pueden verse aquí:
http://www.justice.govt.nz/prostitution-law-review-committee/publications/key-informant-interviews/index.html

 

El informe de la EMC sobre el efecto de la Ley de Reforma de la Prostitución sobre las prácticas de salud y de seguridad de las trabajadoras sexuales puede verse aquí:
http://www.justice.govt.nz/prostitution-law-review-committee/publications/impact-health-safety/.

 

Este resumen de la LRP está basado en el Informe del Comité de Revisión de la Ley de Prostitución sobre el funcionamiento de la Ley de Reforma de la Prostitución, 2003, del CICJ, y resalta los siguientes aspectos: LRP y derechos humanos; salud, seguridad y bienestar de las trabajadoras sexuales; salida de la industria del sexo; el sistema de certificación del director de burdel; el uso de menores de edad en la prostitución; las trabajadoras sexuales de calle; la respuesta de las autoridades territoriales a la LRP; y las condiciones laborales de las trabajadoras sexuales.

 

LRP y derechos humanos:

La LRP salvaguarda el derecho de las menores de 18 años a no ser utilizadas en el trabajo sexual; el derecho de las adultas a no ser forzadas a hacer trabajo sexual, incluyendo el derecho a rehusar un cliente en particular o una práctica sexual determinada; y el derecho a no verse sometidas a prácticas de empleo explotadoras. La comisión de investigación para la revisión halló que el 90% de las trabajadoras sentían que ahora tenían derechos legales bajo la LRP y más del 60% sentían que les era más fácil negarse a proporcionar servicios sexuales comerciales. La LRP ha empoderado a las trabajadoras sexuales al eliminar la ilegalidad de su trabajo, permitiéndolas así acceder con más libertad a la ayuda de la policía y a los procesos de resolución de empleo.

 

Salud, seguridad y bienestar de las trabajadoras sexuales:

 

La LRP trajo a la industria del sexo al ámbito de la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo, 1992. La investigación señala que existe un alto nivel de conciencia de los requisitos de Salud y Seguridad Ocupacionales (SSO) en la industria del sexo, pero que no se puede medir su cumplimiento ya que no existe un sistema de inspecciones regulares de los burdeles por funcionarios médicos de salud y por el Departamento de Trabajo. La mayoría de las trabajadoras sexuales entrevistadas por la EMC dijeron que ahora se sentían más predispuestas a denunciar a la policía incidentes de violencia.

 
Los directores de burdeles deben adoptar y promover ahora prácticas sexuales más seguras. Si se encuentra que no han tomado todas las medidas razonables para asegurar que los servicios de sexo comercial cuenten con preservativos u otros métodos de barrera apropiados, o no han proporcionado la correcta información sanitaria, pueden ser sentenciados a una multa que no exceda de $2.000. (Al Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda le preocupa que esta disposición pueda ser usada contra las trabajadoras sexuales).

 

Entrada y salida de la industria del sexo:
De acuerdo con la investigación, las razones para entrar y salir de la industria del sexo son diversas y complejas, aunque la razón que se expresó con más frecuencia para entrar en la industria de sexo fue financiera: 93% de las trabajadoras sexuales encuestadas por la EMC mencionaron el dinero como una razón tanto para entrar como para permanecer en la industria del sexo. Las barreras más significativas para salir de la industria del sexo son la falta de ingresos alternativos, el rechazo a perder el horario laboral flexible, y el sentimiento de pertenencia y camaradería que declaran algunas trabajadoras sexuales. Hasta el momento no se ha desarrollado ningún modelo de mejor práctica para ayudar a las trabajadoras sexuales a dejar la industria del sexo.

 

El sistema de certificación de director de burdel:
Todo director de un negocio de prostitución debe tener un certificado expedido según lo establecido en la sección 35 de la LRP; cualquier persona que no tenga dicho certificado y esté dirigiendo un burdel está sometido a una condena y multa que no exceda los $10.000. Los certificados se obtienen en el Registro del Juzgado de Distrito de Auckland (Nueva Zelanda) y son válidos por tres años. Diversas delitos identificados en la Ley (Subsección 2 de la sección 36) descalifican a las personas que los hayan cometido para obtener un certificado de director de burdel. El CRLP concluyó que el actual régimen de certificación de burdel es efectivo, aunque sugirió que se añadiera un criterio al proceso, según el cual toda persona que tuviera el certificado deberia estar dispuesto a facilitar la inspección por el Departamento de Trabajo de los burdeles que regente. (El Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda está preocupado porque el sistema de certificación es demasiado restrictivo y hace que solo unas pocas personas puedan conseguir certificados). La certificación no se aplica a los burdeles dirigidos por pequeños propietarios, (BDPP), definidos por la LRP como aquellos burdeles en los que no trabajan más de cuatro trabajadoras sexuales y en los que ellas mismas controlan sus ingresos.

 

El uso de menores de edad en la prostitución:
La LRP tipifica como delito organizar o acoger, o facilitar o recibir un pago por los servicios de sexo comercial de una persona menor de 18 años. No comete delito la persona menor de 18 años que proporcione servicios de sexo comercial. La LRP ha proyectado luz sobre este tema, y parece que solo 1,3% del total de trabajadoras sexuales es menor de 18 años, y que muy pocas personas jóvenes que pueden ser consideradas “de riesgo” están implicadas en trabajo sexual. Lo más importante es que las trabajadoras sexuales menores de 18 años ya no son procesadas por su implicación en el trabajo sexual.

 

Trabajadoras sexuales de calle:
El sector de trabajo sexual localizado en la calle constituye el 11% de la industria del sexo, y es el sector más pequeño de dicha industria.
La investigación encontró que el número de trabajadoras sexuales de calle ha permanecido estable desde la implantación de la LRP. El CICJ ha sugerido una respuesta en tres frentes a los problemas potenciales con el trabajo sexual de calle: medidas proactivas tomadas por los gobiernos locales tales como la provisión de iluminación y limpieza de calle, la presencia de policía para prevenir las conductas desordenadas y servicios adecuados proporcionados por las ONGs.

 

Respuesta de las autoridades territoriales a la LRP:
La encuesta hecha por la EMC a las Autoridades Territoriales en relación al impacto de la LRP, ha encontrado que las Autoridades Territoriales no han tenido problemas con la industria del sexo y han recibido pocas quejas. Poco después de la instauración de la LRP cierto número de Autoridades Territoriales establecieron ordenanzas municipales o hicieron cambios en sus planes de distrito en relación al trabajo sexual comercial. Estas Autoridades Territoriales han impuesto un sistema de licencias, tanto para los burdeles grandes como para los dirigidos por pequeños propietarios, (definidos estos como aquellos en los que no trabajan más de cuatro trabajadoras sexuales que, además, controlan sus ingresos). Ha habido preocupación porque estas medidas pudieran potencialmente recriminalizar a aquellas trabajadoras sexuales que, por diversas razones, no pudieran adaptarse a ellas. Ciertos puntos de algunas de estas ordenanzas municipales, en particular los relativos a la localización de los burdeles, han sido derogados desde entonces, ya que se vio que violaban la LRP.

 

Condiciones de trabajo de las trabajadoras sexuales:
Para los fines del Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (DSST), una trabajadora sexual está “activa” cuando está proporcionando servicios sexuales. Se han desarrollado guías de seguridad y salud por parte del DSST, previa consulta con el Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda, las trabajadoras sexuales y los directores de burdeles.

 
Estas guías están disponibles aquí: http://www.osh.govt.nz/order/catalogue/235.shtml

 
La situación de ilegalidad de las actividades relacionadas con el trabajo sexual con anterioridad a la implantación de la LRP hacía que las trabajadoras sexuales se vieran expuestas a coacción y explotación por sus empleadores. El CICJ afirma que “la implantación de la LRP ha empoderado a las trabajadoras sexuales al quitar de su ocupación el tinte de criminalidad”. Los estudios indican que tras la LRP ha habido cierta mejora en las condiciones de empleo de las trabajadoras sexuales. El CICJ sugiere que, a la vez que deberían desarrollarse modelos de buena práctica de contratos de empleo para la industria del sexo, también es importante mantener un enfoque flexible del estatus de empleo. Algunas trabajadoras sexuales pueden preferir la seguridad del estatus de empleada y otras la flexibilidad del estatus de contratante independiente. Es necesario más trabajo para elaborar modelos de buena práctica en relación al empleo, y las condiciones de salud y seguridad, consultando con el Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda, las trabajadoras sexuales, los directores de burdeles, el Departamento de Trabajo y el DSST.