Amnistía Internacional y SWOP-EE.UU. Desvelando los misterios de la despenalización total del trabajo sexual consensual. Somos más fuertes juntos.

 

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1 Amnistía Internacional y SWOP-USA. Desbloquear los misterios de la despenalización total del trabajo sexual consensual. Somos más fuertes juntos.

 

2 “Las trabajadoras sexuales son uno de los grupos más marginados en el mundo que en la mayoría de los casos se enfrentan a un riesgo constante de discriminación, violencia y abuso. Nuestro movimiento mundial allanó el camino para la adopción de una política de protección de los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual, lo que ayudará a conformar el trabajo futuro de Amnistía Internacional sobre este importante tema “.

 

3 En agosto de 2015, Amnistía Internacional votó a favor de recomendar la despenalización total para el trabajo sexual consentido, lo que una vez más desencadenó la controversia mundial sobre si las trabajadoras sexuales deberían o no tener garantizados sus derechos humanos. La resolución recomienda que Amnistía Internacional desarrolle una política que respalde la despenalización total de todos los aspectos del trabajo sexual consentido. La política también llamará a los Estados a garantizar que las trabajadoras sexuales disfruten de protección legal plena e igualitaria contra la explotación, la trata y la violencia. Las violencias a las que pueden estar expuestas las trabajadoras sexuales incluyen la violencia física y sexual, el arresto y la detención arbitrarios, la extorsión y el acoso, la trata de personas, las pruebas forzadas de VIH y las intervenciones médicas forzadas. También pueden ser excluidas de los servicios de atención médica y vivienda y otras protecciones sociales y legales.

 

4 ¿Cuál es la diferencia entre el trabajo sexual y la trata sexual? La trata de personas es una violación atroz de los derechos humanos que involucra la amenaza o el uso de la fuerza, el secuestro, el engaño u otras formas de coerción con el propósito de la explotación. Esto puede incluir trabajo forzado, explotación sexual, esclavitud y más. El trabajo sexual, por otro lado, es una transacción consensual entre adultos, donde el acto de vender o comprar servicios sexuales no es una violación de los derechos humanos. Las organizaciones de trabajadoras sexuales se oponen a la explotación y pueden estar bien posicionadas para derivar a las víctimas de trata a los servicios apropiados. Confundir la trata con el trabajo sexual puede ser perjudicial. Muchas iniciativas antitrata consideran a todas las trabajadoras sexuales como víctimas, reubicándolas o deteniéndolas en las llamadas casas de seguridad en contra de su voluntad. Otras iniciativas, como las que cerraron burdeles, han privado a las trabajadoras sexuales de su autonomía, ingresos y condiciones laborales seguras. Esas iniciativas han fomentado la desconfianza entre las autoridades y las trabajadoras sexuales, han empujado el trabajo sexual a la clandestinidad y dificultado el alcance de la salud pública.

 

5 Amnistía Internacional considera aborrecible la trata de personas en todas sus formas, incluida la explotación sexual, y debe tipificarse como una cuestión de derecho internacional. Esto es explícito en esta nueva política y en todo el trabajo de Amnistía Internacional.

 

6 Despenalización La despenalización significa la eliminación de las sanciones penales y administrativas que se aplican al trabajo sexual, lo que permite que se rija por la legislación laboral y las protecciones similares a otros trabajos. Se preocupa principalmente de las reglamentaciones que mejoran la salud y la seguridad de las trabajadoras. En un entorno totalmente despenalizado, una trabajadora sexual podría acceder más fácilmente a la atención médica y a la vivienda. La legalización, por el contrario, crea regímenes regulatorios estrechos basados ​​en otras preocupaciones y objetivos, como la salud de los clientes, los impuestos o la moralidad pública. La legalización puede incluir regulaciones que limitan los derechos y protecciones de las trabajadoras del sexo, como las pruebas obligatorias del VIH. Esto puede estigmatizar aún más a las personas que ejercen el trabajo sexual. La legalización también podría crear mecanismos de abuso por parte de las autoridades. Por ejemplo, en los Países Bajos, donde el trabajo sexual está legalizado, las fuerzas del orden público han allanado los hogares de trabajadoras sexuales sin una orden judicial y llevado a cabo detenciones masivas de trabajadoras sexuales veladas como operaciones antitrata.

 

7 La despenalización total del trabajo sexual consentido significa que los compradores y vendedores de servicios sexuales no pueden ser discriminados con fines de arresto, vivienda, atención médica, transporte y / o beneficios públicos. También significa que si son víctimas de un delito (como violación, violencia doméstica e incluso trata) pueden denunciar estos crímenes directamente a la policía sin temor.

 

8 Problemas con la legalización Ampliamente presentado como un enfoque más tolerante y pragmático, el modelo legalizado aún penaliza a las personas que ejercen el trabajo sexual que no pueden cumplir o no cumplirán por la razón que sea diversos requisitos burocráticos y, por lo tanto, conserva algunos de los peores daños de la criminalización. Excluye de manera desproporcionada a las trabajadoras del sexo que ya están marginadas, como las personas que usan drogas o que son indocumentadas. Esto hace que su situación sea más precaria y, por lo tanto, refuerza el poder de los gerentes inescrupulosos. Nevada tiene un sistema de prostitución altamente regulado y legalizado como lo hace Alemania. España e India tienen trabajo sexual legal no regulado. Australia y Nueva Zelanda han despenalizado las políticas en algunos lugares. Suecia y Noruega tienen implantadas dos políticas altamente polémicas.

 

9 Los modelos nórdicos despenalizan la venta de sexo, pero hacen que sea ilegal comprar servicios sexuales.

PROS El modelo nórdico muestra una reducción del daño real, que no puede ser descartado de forma aislada. La tasa de trabajadoras objeto de trata disminuye drásticamente, porque la cantidad total de comercio sexual disminuye. Al mismo tiempo, la venta de sexo se despenaliza, por lo que las leyes no victimizan más a las personas que optan por vender sus servicios. Sin temor, pueden buscar ayuda de la policía si se sienten coaccionadas o abusadas ​​de alguna manera. Las vendedoras tienen todos los derechos para determinar las condiciones en las que participan en el comercio sexual con sus cuerpos.

CONTRAS El sistema de justicia penal Suecia está diseñado para proteger a las personas que ejercen el trabajo sexual, pero en realidad no es así. Debido a que los clientes todavía son criminalizados, esto hace que el trabajo sexual sea más clandestino. Las relaciones con la policía y los propietarios a menudo son divisivas y aún existe un abuso generalizado. Cuestiones como la custodia de los hijos se han convertido en un punto de tensión. Las mujeres son despojadas de su autonomía y sus derechos para hacer con su cuerpo lo que deseen.

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Catherine Healy: “Con la despenalización, las condiciones de vida y trabajo de las trabajadoras sexuales de Nueva Zelanda han mejorado”

En 2003, Nueva Zelanda aprobó la Reforma de la Ley de Prostitución, con la que descriminalizaba el trabajo sexual y daba a las trabajadoras de este sector derechos equivalentes a los de cualquier trabajador. Hablamos con Catherine Healy, fundadora de la NZPC, colectivo de trabajadoras sexuales impulsoras de esta ley.

 

Catherine Healy, durante la entrevista. ÁLVARO MINGUITO

 

TER GARCÍA

2018-01-13

 

https://elsaltodiario.com/trabajo-sexual/catherine-healy-con-la-descriminalizacion-las-condiciones-de-vida-y-trabajo-de-las-trabajadoras-sexuales-han-mejorado#

 

Cotizar, como el resto de trabajadores. Tener acceso a una jubilación. Si trabajas por cuenta de terceros, tener vacaciones. En resumen, tener los mismos derechos que el resto de trabajadores, aunque, eso sí, prestando especial atención a los derechos humanos, a la sanidad y a la seguridad de las trabajadoras y trabajadores. “Tiene sentido, ¿no?”, apunta Catherine Healy. Coordinador y una de las fundadoras del Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda (NZPC, por sus siglas en inglés), Healy explica a El Salto como ha influido en las condiciones que viven las trabajadoras del sexo de este país el modelo de descriminalización puesto en marcha en 2003 con la aprobación de la Reforma de la Ley de Prostitución, un texto que recogía las medidas defendidas por este colectivo y por el que luchó desde su creación en 1987.

¿Cómo es el modelo de Nueva Zelanda? 

Lo que llamamos descriminalización es una manera muy progresista de establecer las condiciones de las trabajadoras sexuales. Supone que las trabajadoras sexuales tengan muchas opciones para trabajar de diferentes maneras. La ley pone su principal interés en las trabajadoras sexuales, en su trabajo, seguridad y salud, con el marco de los derechos humanos y la protección frente a la explotación.

La ley contempla que las trabajadoras sexuales puedan trabajar para un jefe, puedan ser contratadas por una tercera persona o, si quieren, puedan trabajar en un prostíbulo, pueden trabajar en un prostíbulo y tener un jefe y si el trato no es bueno, como el resto de trabajadore, se puede quejar. Podemos tener sindicatos y trabajar juntas. Que también puedan trabajar por su cuenta, desde casa. Simplemente somos tratadas como cualquier otro trabajador u otra forma de fuerza trabajo, lo que tiene sentido.

Las trabajadoras sexuales pueden trabajar juntas [hasta cuatro sin necesidad de un certificado], desde casa o en la calle menos en las zonas explícitamente prohibidas, aunque, teniendo esa libertad, usualmente el trabajo en la calle es solo para encontrarse con los clientes. En Nueva Zelanda rechazamos que haya zonas delimitadas para el trabajo sexual de calle ya que crea muchos problemas de masificación, consideramos mejor que sean las trabajadoras las que decidan cuáles son los sitios más seguros para trabajar, y generalmente trabajan de manera muy discreta. La descriminalización es muy diferente de la legalización, que es un modelo muy restrictivo en el que las trabajadoras suelen estar gestionadas por el Estado y controladas por la Policía.

Creo que alrededor del 40% de las trabajadoras sexuales aun trabaja para un jefe en prostíbulos, pero el resto son independientes, e, incluso las que trabajan en prostíbulos son independientes también.

¿En la ley se dice algo sobre jornada laboral, vacaciones, por ejemplo, o hay, por ejemplo acuerdos para fijar precios del servicio?

No, porque la cada situación es bastante diferente, y las trabajadoras deciden independientemente sobre estos temas. Ellas se manejan su propio trabajo, e incluso si trabajan para un jefe, cada una paga sus impuestos y decide qué horas quiere trabajar etc. Si eres empleado tienes vacaciones y si trabajas por tu cuenta lo resuelves también por tu cuenta, como el resto de trabajadores autónomos.

En cuanto al precio del servicio, generalmente cada trabajadora decide sus propios precios. Si trabajan en un prostíbulo, en este se pueden fijar precios y si la trabajadora no está de acuerdo, no trabaja ahí ya está o se negocia entre la trabajadora y el dueño del prostíbulo.

Sobre la promoción de la salud, ¿cómo funciona? ¿hay controles sanitarios periódicos obligatorios, como pasa en países como Austria? 

Pienso que aquí la promoción del sexo seguro es muy fuerte y las trabajadoras sexuales son muy buenas en imponer el sexo seguro. Claro que a veces hay clientes que intentan tener sexo sin condón, pero creo que el modelo de descriminalización ha ayudado también en esto a las trabajadoras sexuales. Cuando el trabajo sexual era ilegal, si se encontraban condones en un local incluso se usaba como prueba de que este era un prostíbulo. Ahora se puede hablar francamente y con mucha libertad y es más fácil promover buenas prácticas. Creo firmemente que la descriminalización ha supuesto una mejora en la salud de las trabajadoras sexuales.

En cuanto a los controles sanitarios, no. No tenemos controles periódicos obligatorios controlados por el Estado. Cada trabajadora decide cuándo hacerse un examen médico y los resultados son confidenciales, entre la trabajadora y el médico. La mayoría de las trabajadoras sexuales están muy motivadas en controlar su salud. Por ejemplo, hay organizaciones médicas que trabajan con las trabajadoras sexuales, son centros comunitarios a los que pueden acudir sin decir su nombre, solo un código, y se respeta completamente su intimidad.

Hace algunos meses comenzó a sonar el nombre de Sabrina Valisce, una trabajadora sexual que también luchó en Nueva Zelanda por la ley aprobada en 2003 pero que ahora critica este modelo afirmando que este ha tenido como consecuencia que las trabajadoras trabajen hoy más por menos dinero, ¿qué opinas sobre que dice Valisce?

En primer lugar, Sabrina basa sus comentarios en su propia experiencia, no en investigaciones independientes. Es muy posible que esta haya sido su experiencia, que ahora tenga que trabajar mucho más para conseguir clientes, pero dudo de que esto esté relacionado con la descriminalización del trabajo sexual. Creo que lo está con una dinámica de edad que existe en muchos sitios en trabajo, en los que los más jóvenes son valorados por encima de los más mayores.

Sí hay investigaciones independientes llevadas a cabo desde varias universidades en las que se muestra que no es posible valorar si ahora las trabajadoras tienen que trabajar más o no. De todas maneras, y sí es importante, es que lo que sí que han mostrado es que las trabajadoras y trabajadores sexuales, con la descriminalización, tienen más capacidad para rechazar clientes, por lo que tienen mucho más control sobre cuánto trabajo, y de qué tipo, sienten que están haciendo.

Y en cuanto a las que decidan dejar el trabajo sexual, ¿se contempla algún tipo de ayuda? 

Sí, y si quieres dejar de ser trabajadora sexual también te dan ayudas económicas. Es muy diferente si estuviera trabajando en otro trabajo… Si fuera maestra, por ejemplo, y quisiera dejarlo, tendría que esperar un tiempo hasta recibir una ayuda económica y estaría un tiempo que pasaría sin trabajar ni cobrar esta ayuda, pero siendo trabajadora sexual, si quiero dejarlo, el Estado inmediatamente te daría dinero para apoyarte. Es algo que es muy diferente con respecto al resto de trabajadores. El Estado reconoce que no quiere forzar a las personas a mantenerse en el trabajo sexual.

Este apoyo económico ¿es por meses o por cuánto tiempo? 

Si consigues otro trabajo o vuelves a trabajar como prostituta te la quitan. La ayuda no tiene límite de tiempo, dura tanto tiempo como la necesites y te ayudan a encontrar otro trabajo.

Esta ley se aprobó en 2003, hace ya quince años. ¿Cómo fue el proceso que llevó a su aprobación?

La propuesta de ley vino de nosotras. Empezamos en 1987 como organización, y comenzamos a luchar por el cambio, directamente y con mucha fuerza. Nos llevó mucho tiempo que el Parlamento y los políticos nos escucharan. Fue muy controvertido, y conseguimos el apoyo de las grandes organizaciones de mujeres, fuimos muy afortunadas por ello. Ellas estaban de acuerdo en que las condiciones que afrontaban antes las trabajadoras sexuales no eran justas, que se necesitaba un reconocimiento de sus derechos humanos. También la gente de salud pública, y otras organizaciones de otro tipo, nos apoyaron.

Entonces, vuestra propuesta de descriminalización tuvo el apoyo también de prácticamente todo el movimiento feminista? 

Sí, en esa época contamos con su apoyo.

En España y gran parte de Europa, el trabajo sexual es un punto que divide al movimiento feminista. 

Sí, creo que muchas feministas confunden trabajo sexual con la trata. También argumentan que el trabajo sexual es la explotación de las mujeres. Pero también hay otras organizaciones feministas que dicen: “Mira, no podemos hacer que el trabajo sexual desaparezca, pero podemos mejorar las condiciones de trabajo”.

Aquí se habla mucho desde hace ya varios años sobre el modelo noruego, que pone el acento en criminalizar al cliente en vez de a la trabajadora sexual. En las últimas semanas incluso se apuesta por señalarles en las redes sociales bajo el hasghtag #holaputero. ¿Qué te parece este modelo? 

Pienso que es muy peligroso. Aquí también se ha tenido esta discusión en 2010, después de que cambiara la ley, sobre adoptar el modelo noruego, y el Parlamento se tomó muy en serio para asegurarse de que era una discusión tomada entre nosotras y los abolicionistas tomaron los argumentos. Se rechazó fuertemente. Lo vemos como un modelo muy peligroso y por supuesto estábamos totalmente en desacuerdo con que se tratara de esta manera a los clientes de las trabajadoras sexuales, que se les criminalizara, lo que influye en que se disminuya la seguridad de las trabajadoras sexuales. Sabemos que muchas trabajadoras en muchos países se están quejando de esto. Espero que en España no sigan esa vía. Estaría bien que viniera una delegación del Gobierno español a Nueva Zelanda a conocer este modelo. Justo ahora ha venido una delegación de Vietnam a conocer nuestro modelo. Es importante que conozcan cómo ha mejorado en la salud y seguridad de las trabajadoras.

¿Hay un censo de trabajadoras sexuales en Nueva Zelanda? ¿ha variado el número de personas que se dedican a la prostitución desde que se aprobó esta ley? 

Sí hay un censo, y no, no ha variado significativamente. Las cifras suben y bajan dependiendo de la economía, realmente. Creo que la gente pensó que con la ley de descriminalización iba a aumentar el número de personas que se dedicaran al trabajo sexual, pero es aún un estigma, aunque en este aspecto también haya habido una mejora. Hay muchas razones por las que una persona decide dedicarse al trabajo sexual, y también hay muchas razones por las que decidirse a continuar en este, pero el número de personas que se dedican al trabajo sexual no cambia simplemente porque cambie la ley. La gente no piensa de repente: “Oh, me voy a convertir en prostituta”.

No, realmente me planteaba que con esta ley, con la que se dan también tantas facilidades para abandonar el trabajo sexual, habría disminuido el número de personas dedicadas a este sector laboral. 

Hubo un 10% de trabajadoras sexuales que decidieron dedicarse a otra cosa, y creo que alrededor del 25% dijeron que este era el mejor trabajo que iban a poder encontrar. Ha habido investigaciones sobre esto, que ponían el foco en que estas personas estaban forzadas a trabajar en esto y necesitaban ayuda para poder salir del trabajo sexual, pero realmente era porcentaje muy pequeño. La mayoría ha decidido continuar y ha visto que se han mejorado sus condiciones de trabajo y vida.

 

Ley de Reforma de la Prostitución 2003 (Nueva Zelanda)

 

 

http://www.legislation.govt.nz/act/public/2003/0028/latest/whole.html#whole

 

 

Título

Esta Ley es la Ley de Reforma de la Prostitución de 2003.

 

Parte 1 Disposiciones preliminares

 

2 Comienzo

(1)

Esta Ley (excepto las disposiciones mencionadas en el inciso (2)) entra en vigencia el día posterior a la fecha en que reciba el asentimiento Real.

(2)

La Parte 3 y las Secciones 49 y 50 (2) entran en vigencia 6 meses después de la fecha en que esta Ley reciba el asentimiento Real.

3 Propósito

El objetivo de esta ley es despenalizar la prostitución (sin apoyar o sancionar moralmente la prostitución o su uso) y crear un marco que:

(a)

salvaguarde los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual y las proteja de la explotación:

(b)

promueva el bienestar y la salud y seguridad ocupacional de las trabajadoras sexuales:

(c)

sea propicio para la salud pública:

(d)

prohíba el uso en la prostitución de personas menores de 18 años:

(e)

implemente ciertas otras reformas relacionadas.

 

4 Interpretación

(1)

En esta Ley, a menos que el contexto requiera lo contrario, –

burdel significa cualquier local mantenido o utilizado habitualmente para propósitos de prostitución; pero no incluye las instalaciones en las que normalmente se ofrece alojamiento con carácter comercial si la prostitución se produce en virtud de un acuerdo iniciado en otro lugar

negocios de prostitución significa una empresa que proporcione u organice la provisión de servicios sexuales comerciales

cliente significa una persona que recibe, o busca recibir, servicios sexuales comerciales

servicios sexuales comerciales significa servicios sexuales que-

(a)

involucren la participación física de una persona en actos sexuales con otra persona y para su gratificación; y

(b)

se proporcionen por un pago u otra recompensa (independientemente de si la recompensa se otorga a la persona que proporciona los servicios o a otra persona)


miembro
significa un miembro del Comité de Revisión de la Ley de Prostitución

local significa una parte de las instalaciones

prostitución significa la provisión de servicios sexuales comerciales

Comité de Examen de la Ley de Prostitución significa el comité designado en la sección 43

lugar público-

(a)

significa un lugar que está abierto o es utilizado por el público, ya sea que la admisión sea gratuita o que haya que pagar un cargo y ya sea que un propietario u ocupante del lugar tenga el derecho legal de excluir o expulsar a una persona de ese lugar; y

(b)

incluye cualquier aeronave, aerodeslizador, barco, ferry u otro barco, tren o vehículo que transporte o esté disponible para llevar pasajeros por una recompensa

trabajadora sexual significa una persona que brinda servicios sexuales comerciales

pequeño burdel operado por el propietario significa un burdel-

(a)

en el cual trabajan no más de 4 trabajadoras sexuales; y

(b)

donde cada una de esas trabajadoras sexuales tiene control sobre sus ganancias individuales de la prostitución llevada a cabo en el burdel

autoridad territorial tiene el mismo significado que en la sección 5 (1) de la Ley de Gobierno Local de 2002.

(2)

En esta Ley, una referencia a la provisión o recepción de servicios sexuales comerciales significa proporcionar o recibir esos servicios personalmente (en lugar de coordinar a otra persona para proporcionar los servicios u organizar que los servicios sean recibidos por otra persona).

5 Definición de operador

(1)

En esta Ley, el operador, en relación con un negocio de prostitución, significa una persona que, ya sea solo o con otros, posee, opera, controla o administra el negocio; e incluye (sin limitación) a cualquier persona que:

(a)

es el director de una compañía que es un operador; o

(b)

determina-

(i)

cuándo o dónde trabajará una trabajadora sexual individual; o

(ii)

las condiciones en que trabajan las personas que ejercen el trabajo sexual en el negocio; o

(iii)

la cantidad de dinero, o proporción de una cantidad de dinero, que una trabajadora sexual recibe como pago por la prostitución; o

(c)

es una persona que emplea, supervisa o dirige a cualquier persona que haga cualquiera de las cosas mencionadas en el párrafo (b).

(2)

A pesar de cualquier cosa dicha en el inciso (1), una trabajadora sexual que trabaja en un pequeño burdel operado por sus dueños no es un operador de ese negocio de prostitución, y, para los fines de esta Ley, un pequeño burdel operado por sus dueños no tiene un operador .

6 Esta Ley vincula a la Corona.

Esta Ley vincula a la Corona.

Parte 2 Servicios sexuales comerciales

Los contratos de servicios sexuales comerciales no son nulos

7 Contrato para la provisión de servicios sexuales comerciales no nulo 

Ningún contrato para la provisión u organización de la provisión de servicios sexuales comerciales es ilegal o nulo en téminos de políticas públicas u otros motivos similares.

Requisitos de salud y seguridad

8 Los operadores de negocios de prostitución deben adoptar y promover prácticas de sexo seguro

(1)

Todo operador de una empresa de prostitución debe:

(a)
tomar todas las medidas razonables para garantizar que ninguna trabajadora sexual proporcione servicios sexuales comerciales a menos que se use una funda profiláctica u otra barrera apropiada si dichos servicios incluyen penetración vaginal, anal u oral u otra actividad con un riesgo similar o mayor de adquirir o transmitir infecciones sexualmente transmisibles; y

(b)

adoptar todas las medidas razonables para dar información de salud (ya sea oral o escrita) a las personas que ejercen el trabajo sexual y a los clientes; y

(c)

si la persona opera un burdel, exhibir información de salud de forma ostentosa en ese burdel; y

(d)

no declarar ni dar a entender que un examen médico de una trabajadora sexual significa que la trabajadora sexual no está infectada o es probable que esté infectada con una infección de transmisión sexual; y

(e)

adoptar todas las demás medidas razonables para minimizar el riesgo de las trabajadoras sexuales o de los clientes de adquirir o transmitir infecciones de transmisión sexual.

(2)

Toda persona que contravenga la subsección (1) comete un delito y es responsable por una multa no mayor de $ 10.000

(3) Las obligaciones de esta sección se aplican solo en relación con los servicios sexuales comerciales prestados para la empresa y con las personas que ejercen el trabajo sexual y los clientes que estén en relación con esos servicios.

(4)

En esta sección, información de salud significa información sobre las prácticas sexuales más seguras y sobre servicios para la prevención y el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual.

Sección 8 (2): modificada, el 1 de julio de 2013, por el artículo 413 de la Ley de procedimiento penal de 2011 (2011 no 81) .

9 Las trabajadoras sexuales y los clientes deben adoptar prácticas de sexo más seguro

( 1)

Una persona no debe proporcionar ni recibir servicios sexuales comerciales a menos que haya tomado todas las medidas razonables para asegurarse de que se use una funda profiláctica u otra barrera apropiada si dichos servicios incluyen penetración vaginal, anal u oral, u otra actividad con un riesgo similar o mayor de adquirir o transmitir infecciones de transmisión sexual.

2)

Una persona no debe, con el propósito de proporcionar o recibir servicios sexuales comerciales, declarar o dar a entender que un examen médico de esa persona significa que no está infectada, o es probable que esté infectada, con una infección de transmisión sexual.

(3)

Una persona que proporciona o recibe servicios sexuales comerciales debe adoptar todas las demás medidas razonables para minimizar el riesgo de adquirir o transmitir infecciones de transmisión sexual.

(4)

Toda persona que contravenga la subsección (1), subsección (2) o subsección (3) comete un delito y es responsable por una multa que no exceda de $ 2.000.

Sección 9 (4): enmendado, el 1 de julio 2013, por el artículo 413 de la Ley de procedimiento penal de 2011 (2011 no 81) .

10 Aplicación de la Ley de salud y seguridad en el trabajo de 2015

(1)

Una trabajadora sexual trabaja en el marco de la Ley de salud y seguridad en el trabajo de 2015, mientras proporcione servicios sexuales comerciales.

(2)

Sin embargo, nada en esta Ley (incluida la subsección (1)) limita esa Ley o cualquier reglamento o códigos de prácticas aprobados en virtud de esa Ley.

Título de la Sección 10: modificado, el 4 de abril de 2016, por la sección 232 de Ley de salud y seguridad en el trabajo 2015 (2015 no 70) .

Sección 10 (1): modificada, el 4 de abril de 2016, por el artículo 232 de la Ley de salud y seguridad en el trabajo de 2015 (2015 no 70).

Restricciones de publicidad 

11 Restricciones a la publicidad de servicios sexuales comerciales

(1)

Los anuncios de servicios sexuales comerciales no pueden ser:

(a)

transmitidos por radio o televisión; o

(b)

publicados en un periódico o revista, excepto en la sección de anuncios clasificados del periódico o revista; o

(c)

proyectados en un cine público.

(2)

Una persona que hace cualquiera de las cosas descritas en la subsección (1), o que autoriza a hacer cualquiera de las cosas descritas en esa subsección, comete un delito y es punible con una pena, –

(a)

en el caso de una persona jurídica, una multa que no exceda de $ 50.000; y

(b)

en cualquier otro caso, una multa que no exceda $ 10.000.

(3)

En esta sección, publicidad significa cualquier palabra, o cualquier representación pictórica u otra representación, utilizada para notificar la disponibilidad de, o promover la venta de, servicios sexuales comerciales , general o específicamente.

Sección 11 (2): modificada, el 1 de julio de 2013, por el artículo 413 de la Ley de procedimiento penal de 2011 (2011 no 81).

La autoridad territorial puede establecer ordenanzas

12 Ordenanzas que controlan la señalización publicitaria de servicios sexuales comerciales

(1)

La autoridad territorial puede establecer ordenanzas para su distrito que prohíban o regulen la señalización que esté en un lugar público o que sea visible desde allí, y que anuncie servicios sexuales comerciales.

(2)

Las ordenanzas se pueden establecer bajo lo dispuesto en esta sección sólo si la autoridad territorial está de acuerdo con que la ordenanza es necesaria para evitar la exhibición pública de señalización que:

(a)

es probable que cause molestias o una ofensa grave a los miembros comunes del público que usan el área; o

(b)

es incompatible con el carácter existente o el uso de esa área.

(3)

Las ordenanzas establecidas bajo esta sección pueden prohibir o regular la señalización en cualquier término, incluso (sin limitación) mediante la imposición de restricciones en el contenido, forma o cantidad de la señalización en exhibición.

(4)

Las partes 8 y 9 de la Ley de gobierno local de 2002 (que se refieren, entre otras cosas, a la aplicación de las ordenanzas y las sanciones por incumplimiento) se aplican a una ordenanza establecida en esta sección como si la ordenanza hubiera sido establecida según el artículo 145 de esa Ley.

13 Procedimiento para la elaboración de las ordenanzas

(1)

Una ordenanza establecida en virtud del artículo 12 debe hacerse de la misma manera en todos los aspectos como si fuera una ordenanza establecida en virtud de la Ley de administración local de 2002.

(2)

A pesar de subsección (1), se puede hacer una ordenanza bajo la sección 12 incluso si, contrariamente a la sección 155 (3) de la Ley de gobierno local de 2002, es incompatible con la Ley de la Carta de Derechos de Nueva Zelanda de 1990.

14 Reglamentos que regulan la ubicación de los burdeles.

Sin limitar la sección 145 de la Ley de gobierno local de 2002, una autoridad territorial puede establecer ordenanzas para su distrito bajo la sección 146 de esa Ley con el propósito de regular la ubicación de burdeles.

Consentimiento de recursos

15 Consentimiento de recursos en relación con negocios de prostitución

(1)

Al considerar una solicitud de consentimiento de recursos bajo la Ley de Manejo de Recursos de 1991 para un uso del terreno en relación con un negocio de la prostitución, una autoridad territorial debe tener en cuenta si el negocio de la prostitución: 

(a)

es probable que cause molestias o una ofensa grave a los miembros del público en general que utilizan el área en que se encuentra el terreno; o 

(b)

es incompatible con el carácter o uso existente del área en que se encuentra el terreno.

(2)

Habiendo considerado los asuntos en la subsección (1) (a) y (b), así como los asuntos que se requieren en virtud de la Ley de gestión de recursos de 1991, la autoridad territorial puede, de conformidad con las secciones 104A a 104D de esa Ley, otorgar o negarse a otorgar un consentimiento de recurso, o, de conformidad con la sección 108 de esa Ley, imponer condiciones a cualquier consentimiento de recurso.

(3)

La subsección (1) no limita o afecta el funcionamiento de la Ley de Manejo de Recursos de 1991 de ninguna manera, y puede ser anulada, con respecto a áreas particulares dentro de un distrito, por las disposiciones de un plan de distrito o propuesta de plan del distrito.

Protecciones para las trabajadoras sexuales 

16 Inducir u obligar a las personas a proporcionar servicios sexuales comerciales u obtener ganancias de la prostitución

(1)

Ninguna persona puede hacer lo descrito en la subsección (2) con la intención de inducir u obligar a otra persona (persona A) a-

(a)

proporcionar, o continuar proporcionando servicios sexuales comerciales a cualquier persona; o

(b)

proporcionar, o continuar proporcionando, a cualquier persona cualquier pago u otra recompensa derivada de los servicios sexuales comerciales proporcionados por la persona A.

(2)

Los actos mencionados en la subsección (1) son cualquier amenaza o promesa explícita o implícita de que cualquier persona (persona B):

(a)

utilizará indebidamente, en detrimento de cualquier persona, cualquier poder o autoridad que surja de:

(i)

cualquier puesto ocupacional o vocacional en poder de la persona B; o

(ii)

cualquier relación existente entre la persona B y la persona A:

(b)

cometerá un delito punible con prisión:

(c)

hará una acusación o divulgación (sea verdadera o falsa) –

(i)

de cualquier delito cometido por cualquier persona; o

(ii)

de cualquier otra conducta indebida que pueda dañar seriamente la reputación de cualquier persona; o

(iii)

de que cualquier persona se encuentra ilegalmente en Nueva Zelanda:

(d)

suministrará o retendrá el suministro de cualquier droga controlada según la definición de la Ley de Uso Indebido de Drogas de 1975.

(3)

Toda persona que contravenga la subsección (1) comete un delito y puede ser condenado a una pena de prisión de 14 años como máximo.

Sección 16 (3): modificada, el 1 de julio de 2013, por el artículo 413 de la Ley de procedimiento penal de 2011 (2011 no 81) .

17 Negativa a proporcionar servicios sexuales comerciales

(1)

A pesar de cualquier cosa que figure en un contrato para la provisión de servicios sexuales comerciales, una persona puede, en cualquier momento, negarse a proporcionar, o continuar proporcionando, un servicio sexual comercial a cualquier otra persona.

(2)

El hecho de que una persona haya firmado un contrato para proporcionar servicios sexuales comerciales no constituye en sí mismo un consentimiento a los efectos de la ley penal si no consiente o retira su consentimiento para proporcionar un servicio sexual comercial.

(3)

Sin embargo, nada en esta sección afecta al derecho (si lo hay) a rescindir o cancelar, o recibir indemnización por daños y perjuicios por un contrato para la provisión de servicios sexuales comerciales que no se realiza.

Protecciones para personas que se niegan a trabajar como trabajadoras sexuales

 18 La negativa a trabajar como trabajadora sexual no afecta los derechos

(1)

El beneficio de una persona, o el derecho a un beneficio, en virtud de la Ley de Seguridad Social de 1964 no puede ser cancelado o afectado de ninguna otra manera por su negativa a trabajar o continuar trabajando como trabajadora sexual (y, en este caso, ese trabajo es empleo no adecuado para esa persona bajo esa Ley).

(2)

Los derechos de una persona bajo la Ley de Prevención, Rehabilitación, y Compensación de Lesiones 2001 no pueden perderse ni verse afectados de ninguna otra manera por su capacidad de trabajar como trabajadora sexual. si se niega a hacer, o continuar haciendo, ese tipo de trabajo.

(3)

En esta sección, denegación significa una negativa a realizar este tipo de trabajo en general, en lugar de negarse a un trabajo en particular o en un momento particular.

Aplicación de la Ley de Inmigración 2009 

19 Aplicación de la Ley de Inmigración 2009

(1)

No se puede otorgar un visado bajo la Ley de Inmigración de 2009 a una persona sobre la base de que la persona:

(a)

ha proporcionado, o tiene la intención de proporcionar, servicios sexuales comerciales; o

(b)

ha actuado o tiene la intención de actuar como un operador de un negocio de prostitución; o

(c)

ha invertido, o tiene la intención de invertir, en un negocio de prostitución.

(2)

Es una condición de cada visado de clase de entrada temporal otorgada bajo la Ley de Inmigración de 2009 que el titular del visado no puede, mientras esté en Nueva Zelanda,

(a)

proporcionar servicios sexuales comerciales; o

(b)

actuar como operador de una empresa de prostitución en Nueva Zelanda; o

(c)

invertir en un negocio de prostitución en Nueva Zelanda.

(3)

Es motivo suficiente para que el Ministro de Inmigración o un oficial de inmigración determine que un titular de visado de clase de ingreso temporal es merecedor de la deportación según el artículo 157 de la Ley de Inmigración de 2009, si el Ministro o el oficial cree, por motivos razonables, que el titular está involucrado en cualquiera de las cosas enumeradas en la subsección (2) (a) a (c) de esta sección.

(4)

Las condiciones de un visado de residencia se considera no haber sido cumplidas y el residente es merecedor de la deportación bajo la sección 159 de la Ley de Inmigración de 2009 si el Ministro de Inmigración o un oficial de inmigración determina que el titular de un visado de residente actúa como operador de, o invierte en, un negocio de la prostitución en Nueva Zelanda .

(5)

Esta sección se aplica a todas los visados y permisos concedidos y a todos los requisitos y condiciones impuestos bajo la Ley de Inmigración de 1987 o la Ley de Inmigración de 2009, ya sea concedida o impuesta antes o después del comienzo de esta sección.

Sección 19: sustituida, a las 2 a. m. del 29 de noviembre de 2010, por la sección 406 (1) de la Ley de inmigración de 2009 (2009 n. ° 51) .

Prohibiciones sobre el uso en la prostitución de menores de 18 años

20 Ninguna persona puede ayudar a una persona menor de 18 años en la provisión de servicios sexuales comerciales.

Ninguna persona puede causar, ayudar, facilitar o alentar a una persona menor de 18 años a proporcionar servicios sexuales comerciales a ninguna otra persona.

21 Ninguna persona puede recibir ganancias de servicios sexuales comerciales proporcionados por personas menores de 18 años.

Ninguna persona puede recibir un pago u otra recompensa que él o ella sabe, o debería razonablemente saber, se deriva, directa o indirectamente, de servicios sexuales comerciales prestados por una persona menor de 18 años de edad

22 Ninguna persona puede contratar servicios sexuales comerciales de, o ser cliente de una persona menor de 18 años

(1)

Ninguna persona puede celebrar un contrato u otro arreglo por el cual una persona menor de 18 años deba proporcionar servicios sexuales comerciales a esa persona u otra persona

(2)

Ninguna persona puede recibir servicios sexuales comerciales de una persona menor de 18 años.

23 Delito por violar las prohibiciones de uso en la prostitución de personas menores de 18 años

(1)

Toda persona que infrinja la sección 20, la sección 21 o la sección 22 comete un delito y es responsable bajo sentencia condenatoria a una pena de prisión no superior a 7 años.

(2)

Ninguna persona contraviene la sección 20 simplemente por proporcionar asesoramiento legal, consejo, asesoramiento médico o cualquier servicio médico a una persona menor de 18 años.

(3)

No se puede imputar a una persona menor de 18 años como parte en un delito cometido en esa persona o en contra de esa persona.

Sección 23 (1): enmendada el 1 de julio de 2013 por el artículo 413 de la Ley de procedimiento penal de 2011 (2011 no 81) .

Personas que entren e inspeccionen el cumplimiento de los requisitos de salud y seguridad 

24 Propósito de la inspección

(1)

Las facultades de inspección en la sección 26 pueden usarse solo con el propósito de determinar si una persona cumple o ha cumplido con la sección 8 o sección 9.

(2)

Esta sección no limita la capacidad de un inspector para denunciar cualquier otro delito o presunto delito a la Policía o cualquier otra agencia relevante.

25 Inspectores

(1)

Toda persona designada como Oficial Médico de Salud por el Director General de Salud bajo el La Ley de Salud de 1956 es un inspector a los efectos de esta Ley.

(2)

Un Oficial Médico de Salud también puede designar personas como inspectores para su distrito de salud, de manera permanente o temporal, para los fines de esta Ley.

(3)

Un Oficial Médico de Salud puede nombrar a una persona como un inspector solo si está convencido de que está debidamente calificado o capacitado para desempeñar esa función.

(4)

Ese nombramiento debe ser por escrito y debe contener:

(a)

una referencia a esta sección; y

(b)

el nombre completo de la persona designada; y

(c)

una declaración de las facultades conferidas a la persona designada por la sección 26 y el propósito bajo la sección 24 para el cual esas facultades pueden ser utilizadas.

26 Poderes para entrar e inspeccionar el cumplimiento de los requisitos de salud y seguridad

(1)

Un inspector puede, en cualquier momento razonable, ingresar a las instalaciones con el propósito de llevar a cabo una inspección si tiene motivos razonables para creer que se está llevando a cabo un negocio de prostitución en las instalaciones.

(2)

A los fines de la inspección, el inspector puede –

(a)

realizar inspecciones razonables:

(b)

tomar fotografías y mediciones y realizar bocetos y grabaciones:

(c)

requerir que cualquiera de las siguientes personas brinde información o asistencia razonablemente requerida por el inspector:

(i)

una persona que opera el negocio de prostitución, o un empleado o agente de esa persona:

(ii)

una trabajadora sexual o cliente del negocio de la prostitución:

(d)

tomar copias de la información referida en el párrafo (c).

(3)

Un inspector puede confiscar y retener cualquier cosa en los locales en los que ingrese ​​bajo esta sección cuando el inspector tenga motivos razonables para creer que será evidencia de la comisión de un delito contra la sección 8 o la sección 9.

(4)

Nada en esta sección limita o afecta el privilegio contra la autoinculpación

(5)

Un inspector puede llevar a cualquier persona que actúe bajo la supervisión directa del inspector a las instalaciones para ayudarlo con la inspección.

27 Entrada en viviendas

(1)

Un inspector no puede ingresar en una vivienda según la sección 26 a menos que –

(a)

tiene el consentimiento de un ocupante de esa vivienda; o

(b)

está autorizado a hacerlo mediante una orden emitida bajo la subsección (2).

(2)

Un Juez del Tribunal de Distrito, Juez, Magistrado de la Comunidad o Registrador del Tribunal de Distrito (que no es un agente) puede emitir una orden de ingreso en una vivienda o parte de una vivienda si, en la solicitud hecha bajo juramento, está convencido de que existen motivos razonables para creer que-

(a)

un negocio de prostitución se lleva a cabo en la vivienda; o

(b)

la vivienda o la parte de la vivienda es el único medio practicable para ingresar a las instalaciones donde se lleva a cabo un negocio de prostitución.

(3)

La orden debe ser dirigida a un inspector por su nombre y debe estar en la forma prescrita.

Sección 27 (2): modificada, el 1 de marzo de 2017, por la sección 261 de la Ley de tribunales de distrito de 2016 (2016 no 49) .

Sección 27 (2): modificada, el 1 de octubre de 2008, de conformidad con la sección 116 (a ) (ii) de la Ley de vigilancia de 2008 (2008 no 72) .

28 Requisitos para llevar a cabo la inspección

(1)

Un inspector debe, al ingresar en los locales según la sección 26 y cuando le sea razonablemente solicitado en cualquier momento posterior, producir:

(a)

evidencia de su designación como Oficial Médico de Salud o nombramiento como inspector por un Oficial Médico de Salud; y

(b)

evidencia de su identidad; y

(c)

una declaración de las facultades conferidas al inspector por la sección 26 y el propósito bajo la sección 24 para el cual esas facultades pueden ser utilizadas; y

(d)

si ingresa a una casa bajo una orden emitida bajo la sección 27 (2), esa orden.

(2)

Si el propietario u ocupante del local no está presente en el momento en que un inspector ingresa e inspecciona las instalaciones, el inspector debe –

(a)

dejar en un lugar destacado de ese local una declaración por escrito que incluya la siguiente información:

(i)

la hora y la fecha de la entrada; y

(ii)

el nombre de la persona que ingresó al local; y

(iii)

el hecho de que la persona es un inspector; y

(iv)

las razones de la entrada; y

(v)

la dirección de la oficina del Ministerio de Salud en la cual se deben realizar las consultas; y

(b)

adoptar todas las medidas razonables para dar esa información al propietario u ocupante del local.

(3)

Si algo se incauta en el curso de una inspección, el inspector debe dejar en un lugar destacado del local, o entregar o enviar por correo certificado al propietario u ocupante dentro de los 10 días hábiles siguientes a la entrada, un inventario por escrito de todas las cosas incautadas.

(4)

La Sección 199 de la Ley de Procedimientos Resumidos de 1957 se aplica a cualquier cosa incautada en el curso de una inspección (como si el inspector fuera un alguacil y con cualquier otra modificación necesaria) .

29 Obstruir a los inspectores.

Una persona comete un delito, y debe pagar una multa no mayor de $ 2.000, si obstruye, obstaculiza o engaña intencionalmente a un inspector en la ejecución de un poder u orden en virtud de esta Ley.

Sección 29: modificada, el 1 de julio de 2013, por el artículo 413 de la Ley de procedimiento penal de 2011 (2011, no 81) .

Poderes de entrada

30 Orden para la entrada de la policía

(1)

Un funcionario emisor (dentro del significado de la sección 3 de la Ley de Búsqueda y Vigilancia de 2012) puede emitir una orden para ingresar en un lugar si está convencido de que:

(a)

existe una buena causa para sospechar que un delito, bajo cualquiera de las siguientes disposiciones es, ha sido o es probable que sea cometido en el lugar:

(i)

la sección 23 (que trata sobre el uso de menores de 18 años en la prostitución) :

(ii)

la sección 34 (que trata de ser un operador sin tener un certificado); y

(b)

hay motivos razonables para creer que es necesario que un alguacil ingrese al lugar con el propósito de prevenir la comisión o la repetición de ese delito o la investigación de ese delito.

(2)

Las disposiciones de la Parte 4 de la Ley de Búsqueda y Vigilancia 2012 se aplica como si la orden a la que se hace referencia en el inciso (1) fuera una orden de allanamiento.

(3)

[Derogado]

Sección 30 (1): enmendado el 1 de octubre de 2012 por la sección 293 (2) de Búsqueda y Vigilancia Ley de 2012 (2012 no 24) .

Sección 30 (1) (b): modificada, el 1 de octubre de 2008, de conformidad con el artículo 116 (a) (ii) de la Ley de vigilancia de 2008 (2008 no 72).

Sección 30 (2) : sustituido, el 1 de octubre de 2012, por el artículo 293 (3) de la Ley de búsqueda y vigilancia de 2012 (2012 no 24) .

Sección 30 (3): derogado, el 1 de octubre de 2012, por la sección 293 (3) de la Búsqueda y Ley de vigilancia de 2012 (2012 no 24)

31 Forma y contenido de la orden

[Derogada]

Sección 31: derogada el 1 de octubre de 2012 por la sección 293 (4) de la Ley de búsqueda y vigilancia de 2012 (2012 no 24) .

32 Facultades conferidas por la orden 

[derogado]

Sección 32: derogado, el 1 de octubre de 2012, por la sección 293 (4) de la Ley de Búsqueda y Vigilancia 2012 (2012 no 24) . 

33 Requisitos para ejecutar la orden 

[Derogado]

Sección 33: derogada, el 1 de octubre de 2012, por el artículo 293 (4) de la Ley de búsqueda y vigilancia de 2012 (2012 no 24).

Parte 3 Certificados de operador

34 Obtención de certificados por parte de operadores de empresas de prostitución

(1)

Todo operador de una empresa de prostitución (que no sea una sociedad) debe tener un certificado emitido en virtud de la sección 35.

(2)

Toda persona que, aún estando obligada por la subsección (1) a poseer un certificado, no posee un certificado, comete un delito y es responsable por una multa que no exceda los $ 10.000.

(3)

Si una persona que es acusada bajo la subsección (2) afirma que él o ella no es un operador porque él o ella es una trabajadora sexual en un pequeño burdel operado por sus dueños y no es un operador de ningún otro negocio de prostitución, debe probar esa afirmación en el balance de probabilidades.

(4)

A pesar de la subsección (2), ninguna persona puede ser condenada por un delito en virtud de esa subsección si el período durante el cual la persona no posee un certificado está dentro de los primeros 6 meses después de que esta sección entre en vigor.

Artículo 34 (2): enmendado, el 1 de julio de 2013, por el artículo 413 de la Ley de procedimiento penal de 2011 (2011 no 81).

35 Solicitud y concesión de certificados

(1)

Un solicitante de un certificado debe solicitarlo al Registrador.

(2)

En esta Parte, Registrador significa el Registrador del Tribunal de Distrito en Auckland, o el Registrador de cualquier otra oficina del Tribunal de Distrito identificada en las reglamentaciones establecidas en virtud de esta Ley como el Registrador que puede aceptar solicitudes bajo esta sección.

(3)

La solicitud debe estar en la forma prescrita e ir acompañada de la tarifa prescrita.

(4)

La solicitud puede requerir que el solicitante proporcione no más de lo siguiente:

(a)

el nombre completo, fecha de nacimiento y sexo del solicitante:

(b)

cualquier otro nombre por el cual el solicitante es, o alguna vez ha sido, conocido:

(c)

la dirección a la cual el solicitante desea que se envíe cualquier certificado y correspondencia relacionada:

(d)

una fotocopia de cualquier forma de identificación oficial que contenga una fotografía del solicitante, como un pasaporte o licencia de conducir, que esté autenticada de la manera prescrita:

(e)

1 ó más fotografías recientes del solicitante que cumplan con los requisitos prescritos y estén autenticadas de la manera prescrita:

(f)

si se realizó una petición en virtud de la sección 37, una copia de la orden.

(5)

El Registrador debe emitir un certificado a un solicitante si-

(a)

el solicitante paga la tarifa prescrita, suministra un formulario de solicitud debidamente completado y adjunta la fotocopia y las fotografías requeridas; y

(b)

el solicitante tiene 18 años o más; y

(c)

el solicitante es-

(i)

no descalificado para poseer un certificado bajo la sección 36; o

(ii)

está descalificado, pero se le ha otorgado una exención de descalificación según la sección 37 y la renuncia no ha sido cancelada.

(6)

Cada certificado debe estar en la forma prescrita y debe contener una fotografía del titular.

(7)

Si se rechaza un certificado, el Registrador debe notificarlo al solicitante por escrito, con los motivos, y proporcionar información sobre cómo solicitar una exención de descalificación en virtud de la sección 37.

Sección 35 (2): enmendada, el 1 de marzo de 2017, por la sección 261 de la Ley de tribunales de distrito de 2016 (2016 no 49).

36 Descalificación para poseer un certificado

(1)

Una persona está descalificada para obtener un certificado si ha sido condenada en cualquier momento por cualquiera de los delitos descalificadores establecidos en la subsección (2), o ha sido condenada por un intento de cometer tal delito, de conspiración para cometer cualquier tal delito, o de ser un cómplice del delito.

(2)

Los delitos descalificadores son los siguientes:

(a)

un delito bajo esta Ley (que no sea un delito bajo la sección 39 (3), sección 40 (2), y la sección 41 (3)):

(b)

un delito bajo cualquiera de los siguientes artículos o partes la Ley de de Delitos de 1961 que sea punible con 2 o más años de prisión:

(i)

sección 98A (participación en un grupo delictivo organizado):

(ii)

secciones 127 a 144C (incluye crímenes sexuales):

(iii)

Parte 8 (incluye asesinato, homicidio, asalto y secuestro):

(iv)

secciones 234 a 244 (robo, extorsión y robo):

(v)

sección 257A (lavado de dinero):

(c)

un delito tipificado en la Ley de Armas de 1983 que se castigue con pena de prisión:

(d)

en relación con la Ley de uso indebido de drogas de 1975, –

(i)

un delito bajo la sección 6 (aparte de la posesión de una droga controlada de Clase C):

(ii)

una ofensa bajo la sección 9, la sección 12A, la sección 12AB o la sección 12B:

(iii)

un delito bajo cualquier otra sección, pero solo si se trata de una droga controlada de Clase A o Clase B.

Sección 36 (2) (d) (ii): enmendada, el 22 de junio de 2005, por el artículo 23 de la Ley de Enmienda al Uso Indebido de Drogas de 2005 (2005 no 81).

37 Exención de la descalificación

(1)

Una persona que está descalificada para poseer un certificado puede solicitar por escrito al Registrador una orden de exención de la descalificación.

(2)

Al recibir una solicitud, el Registrador debe:

(a)

remitir la solicitud a un juez del tribunal de distrito para su determinación; y

(b)

enviar una copia de la solicitud al Comisionado de Policía para un informe sobre los asuntos mencionados en la subsección (4) (b).

(3)

El Comisionado de Policía debe proporcionar un informe al Registrador dentro de las 3 semanas posteriores a la recepción de la solicitud, y el Registrador debe enviar inmediatamente una copia del informe al solicitante.

(4)

Un juez del tribunal de distrito puede emitir una orden eximiendo de la descalificación si está convencido de que-

(a)

el delito del solicitante era de una naturaleza, o ocurrió hace tanto tiempo, que ya no debería ser una barrera para obtener un certificado; y

(b)

el solicitante no ha sido, y no ha sido recientemente, asociado o involucrado con personas que estarían descalificadas en virtud del artículo 36 y que se podría esperar razonablemente que ejercieran una influencia sobre el solicitante.

(5)

El Juez del Tribunal de Distrito que decide sobre la solicitud-

(a)

no puede emitir su orden hasta al menos 2 semanas después de recibir el informe proporcionado en la subsección (3); y

(b)

debe determinar la solicitud sobre la base del material contenido en la solicitud, el informe de la policía y cualquier otro material escrito proporcionado por el solicitante, ya sea en respuesta al informe de la policía o de otro modo.

(6)

Una orden de exención de la descalificación permanece vigente hasta que se cancela según la subsección (7) o la subsección (8).

(7)

Una orden de exención de la descalificación se cancela, mediante el funcionamiento de esta subsección, si la persona a la que se aplica es condenada por cualquier delito mencionado en la sección 36 (2).

(8)

Un juez del tribunal de distrito puede cancelar una orden de exención de la descalificación de una persona si-

(a)

la Policía solicita al Registrador una orden de cancelación de la exención; y

(b)

una copia de la solicitud de la Policía se envía a la persona a la dirección proporcionada en su solicitud de un certificado; y

(c)

al menos 2 semanas después de enviar esa solicitud, ya sea que el Registrador no haya recibido ninguna respuesta del titular del certificado o, si el titular ha hecho presentaciones por escrito, el Juez del Tribunal de Distrito ha considerado esas presentaciones; y

(d)

el juez del tribunal de distrito está convencido, sobre la base de la solicitud de la policía y las presentaciones recibidas de la persona interesada, de que la exención debe cancelarse porque la persona está asociada o involucrada con personas que quedarían descalificadas en virtud del artículo 36 y que se podría esperar razonablemente que ejercieran una influencia sobre la persona.

38 Vencimiento, renovación y reemplazo del certificado

(1)

Un certificado vence un año después de la fecha en que se emitió.

(2)

El titular del certificado puede solicitar, en cualquier momento dentro de los 2 meses anteriores a la expiración de su certificado, la renovación del certificado, en cuyo caso la sección 35 se aplica como si la solicitud de renovación fuera una solicitud de certificado.

(3)

Si se realiza una solicitud de renovación, pero no se resuelve antes de que expire un certificado, el certificado original no expira hasta que se resuelva la solicitud de renovación.

(4)

El registrador puede emitir un certificado de reemplazo a un titular de certificado si-

(a)

el titular solicita un certificado de reemplazo y el Registrador está convencido de que el certificado original se ha perdido o destruido; y

(b)

el titular proporciona 1 o más fotografías recientes de sí mismo que cumplen con los requisitos prescritos y están autenticadas de la manera prescrita; y

(c)

el titular paga la tarifa prescrita (si corresponde).

39 Cancelación del certificado

(1)

El Registrador debe cancelar un certificado al recibir la notificación de que el titular del certificado-

(a)

está descalificado para obtener un certificado como resultado de una condena por cualquier delito mencionado en la sección 36 (2); o

(b)

ha sido cancelada su exención de descalificación.

(2)

La cancelación del certificado entrará en vigencia 5 días después de que la notificación de la cancelación se envíe al titular del certificado a la dirección indicada en su solicitud de certificado.

(3)

Una persona cuyo certificado se cancela comete un delito y es responsable por una multa de no más de $ 2.000, si no devuelve el certificado al Tribunal de Distrito dentro de 1 mes de la cancelación del certificado.

Sección 39 (3): enmendada, el 1 de marzo de 2017, por el artículo 261 de la Ley de tribunales de distrito de 2016 (2016 no 49).

Sección 39 (3): modificada, el 1 de julio de 2013, por el artículo 413 de la Ley de procedimiento penal de 2011 (2011 no 81).

40 El operador debe mostrar el certificado a requerimiento

(1)

Un alguacil puede, tras presentar prueba de que él o ella es un alguacil, requerir a cualquier persona del que crea por motivos razonables que es un operador que muestre el certificado para inspección, y la persona debe presentar su certificado, a él o ella o a otro agente de la comisaría de policía local, dentro de las 24 horas posteriores a la solicitud.

(2)

Si se realiza una solicitud bajo la subsección (1) al titular de un certificado, ese titular comete un delito, y es responsable por una multa de hasta $ 2.000, si no presenta, sin justificación razonable, su certificado de la forma requerida por esa subsección.

Sección 40 (1): enmendada, el 1 de octubre de 2008, de conformidad con el artículo 116 (a) (ii) de la Ley de Policía de 2008 (2008 no 72).

Sección 40 (2): enmendada, el 1 de julio de 2013, por el artículo 413 de la Ley de procedimiento penal de 2011 (2011 no 81).

41 Registros judiciales

(1)

Los registros judiciales relativos a la identidad de los solicitantes de certificados, de los solicitantes de exención de la descalificación y los titulares de certificados pueden ser buscados, inspeccionados o copiados solo por:

(a)

el solicitante o titular interesado; y

(b)

el registrador; y

(c)

la Policía, pero solo con el propósito de investigar un delito

(2)

Nada en esta sección limita el poder del Registrador para preparar y suministrar (ya sea para uso del Departamento para Tribunales o cualquier otro propósito) información estadística sobre solicitantes de certificados, solicitantes de exención de descalificación y titulares de certificados, siempre que la información se proporcione en una forma que no identifique a los solicitantes individuales o titulares de certificados.

(3)

Una persona que, en contravención de esta sección, obtiene o usa información que proviene de, o pretende obtenerla de, los registros judiciales a los que se hace referencia en esta sección comete un delito y es responsable por una multa que no exceda $ 2.000.

Sección 41 (3): modificada, el 1 de julio de 2013, por el artículo 413 de la Ley de procedimiento penal de 2011 (2011 no 81).

Parte 4 Disposiciones varias

Revisión del funcionamiento de la Ley y asuntos relacionados por el Comité de Revisión de la Ley de Prostitución


42 Revisión del funcionamiento de la Ley y asuntos relacionados

(1)

El Comité de Revisión de la Ley de Prostitución debe, –

(a)

tan pronto como sea posible después del comienzo de esta Ley, –

(i)

evaluar el número de personas que trabajan como trabajadoras sexuales en Nueva Zelanda y cualquier asunto prescrito relacionado con las trabajadoras sexuales o la prostitución; y

(ii)

informar sobre sus conclusiones al Ministro de Justicia; y

(b)

no antes de la expiración de 3 años, pero antes de la expiración de 5 años, después del comienzo de esta Ley, –

(i)

revisar el funcionamiento de esta Ley desde su inicio; y

(ii)

evaluar el impacto de esta Ley sobre el número de personas que trabajan como trabajadoras sexuales en Nueva Zelanda y sobre cualquier asunto prescrito relacionado con las trabajadoras sexuales o la prostitución; y

(iii)

evaluar la naturaleza y la adecuación de los medios disponibles para ayudar a las personas a evitar o dejar de trabajar como trabajadoras sexuales; y

(iv)

considerar si es necesario o conveniente cualquier enmienda a esta Ley o cualquier otra ley y, en particular, si el sistema de certificación es efectivo o podría mejorarse, si otras agencias o agencias podrían o deberían administrarlo, y si se necesita un sistema para identificar la ubicación de las empresas de prostitución; y

(v)

considerar si otras enmiendas a la ley son necesarias o deseables en relación con las trabajadoras sexuales o la prostitución; y

(vi)

considerar si es necesario o deseable realizar cualquier otra revisión o evaluación de los asuntos establecidos en este párrafo; y

(vii)

informar sobre sus conclusiones al Ministro de Justicia; y

(c)

llevar a cabo cualquier otra revisión, evaluación e información requerida por las reglamentaciones hechas bajo esta Ley.

(2)

El Ministro de Justicia debe presentar una copia de cualquier informe proporcionado en esta sección a la Cámara de Representantes tan pronto como sea posible después de recibirla.

43 Comité de Revisión de la Ley de Prostitución

(1)

El Comité de Revisión de la Ley de Prostitución debe estar compuesto por 11 miembros nombrados por el Ministro de Justicia.

(2)

El Ministro de Justicia debe nombrar

(a)

2 personas nominadas por el Ministro de Justicia; y

(b)

1 persona designada por la Ministra de Asuntos de la Mujer después de consultar con el Ministro de Asuntos de la Juventud; y

(c)

1 persona designada por el Ministro de Salud; y

(d)

1 persona designada por el Ministro de Policía; y

(e)

2 personas nominadas por el Ministro de Comercio para representar a los operadores de negocios de prostitución; y

(f)

1 persona designada por el Ministro de Gobierno Local; y

(g)

3 personas nominadas por el Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda (o, si no hay un Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda, por cualquier otro organismo que el Ministro de Justicia considere que representa los intereses de las trabajadoras sexuales).

(3)

El Ministro de Justicia puede, por recomendación del nominador de un miembro, destituir a un miembro del cargo por incapacidad para realizar los deberes de los miembros, mala conducta por parte del miembro o cualquier otra causa justa probada por el miembro.

43 Comité de Revisión de la Ley de Prostitución

(1)

El Comité de Revisión de la Ley de Prostitución debe estar compuesto por 11 miembros nombrados por el Ministro de Justicia.

(2)

El Ministro de Justicia debe nombrar

(a)

2 personas nominadas por el Ministro de Justicia; y

(b)

1 persona designada por la Ministra de Asuntos de la Mujer después de consultar con el Ministro de Asuntos de la Juventud; y

(c)

1 persona designada por el Ministro de Salud; y

(d)

1 persona designada por el Ministro de Policía; y

(e)

2 personas nominadas por el Ministro de Comercio para representar a los operadores de negocios de prostitución; y

(f)

1 persona designada por el Ministro de Gobierno Local; y

(g)

3 personas nominadas por el Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda (o, si no hay un Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda, por cualquier otro organismo que el Ministro de Justicia considere que representa los intereses de las trabajadoras sexuales).

(3)

El Ministro de Justicia puede, por recomendación del nominador de un miembro, destituir a un miembro del cargo por incapacidad para realizar los deberes de los miembros, mala conducta del miembro o cualquier otra causa justa probada a satisfacción del nominador.

(4)

El miembro no tiene derecho a compensación u otro pago relacionado con la destitución.

(5)

El Comité de Revisión de la Ley de Prostitución deja de existir en una fecha designada por el Ministro de Justicia, mediante notificación en la Gaceta, es decir después de la fecha de su informe al Ministro conforme a la sección 42 (1) (b) (vii).

44 Otras disposiciones sobre nombramiento, remoción, plazo y renuncia de miembros 

(1)

Un miembro debe ser nombrado o removido mediante notificación por escrito al miembro y a su nominador.

(2)

Un miembro ocupa el cargo por un período establecido en ese aviso de hasta 5 años.

(3)

Un miembro cuyo mandato expira continúa ejerciendo su cargo hasta que vuelva a ser nombrado o se designe a su sucesor.

(4)

Sin embargo, todos los miembros cesan en sus funciones en la fecha en que deja de existir el Comité de Revisión de la Ley de Prostitución.

(5)

Una persona puede ser reelegida como miembro.

(6)

Un miembro puede renunciar mediante notificación por escrito al Ministro de Justicia y a su nominador.

(7)

Los poderes del Comité de Revisión de la Ley de Prostitución no se ven afectados por ninguna vacante en su membresía.

45 Remuneración de los miembros

(1)

Un miembro tiene derecho a recibir una remuneración en concepto de honorarios, sueldos o asignaciones y dietas y gastos de viaje de conformidad con la Ley de honorarios y dietas por viaje de 1951 (y las disposiciones de esa Ley se aplican como si el Comité de Revisión de la Ley de Prostitución fuera una junta estatutaria en virtud de esa Ley).

(2)

Esa remuneración debe pagarse desde la cuenta bancaria departamental operada por el Ministerio de Justicia.

(3)

Esta sección no se aplica a una persona que sea miembro en su calidad de empleado de un departamento.

46 Procedimiento del Comité de Examen de la Ley de Prostitución

El Comité de Revisión de la Ley de Prostitución puede reglamentar su propio procedimiento, salvo lo dispuesto en las reglamentaciones establecidas en virtud de esta Ley.

Regulaciones


47 Regulaciones

El Gobernador General puede, por orden del Consejo, establecer reglamentos para todos o cualquiera de los siguientes propósitos:

(a)

prescribir los formularios de las órdenes que se emitirán en virtud de las secciones 27 y 30:

(b)

prescribir los formularios, certificados y tarifas requeridos en la Parte 3 en relación con los certificados de operador:

(c)

prescribir cómo deben autenticarse las fotografías y fotocopias requeridas en la Parte 3:

(d)

prescribir el tamaño o rango de tamaños de las fotografías que se deben suministrar con una solicitud de certificado y el número de copias de las mismas:

(e)

prescribir que el Registrador de una oficina particular del Tribunal de Distrito sea el Registrador a los efectos de la Parte 3, ya sea además del Secretario de cualquier otro cargo del Tribunal de Distrito, o en lugar de él, en su lugar:

(f)

prescribir asuntos relacionados con el Comité de Revisión de la Ley de Prostitución, incluidos sus poderes, funciones adicionales de revisión, evaluación e información sobre el funcionamiento de esta Ley o sobre otros asuntos relacionados con las trabajadoras sexuales o la prostitución (si corresponde), cualquier límite en los períodos de que puede cumplir, asuntos relacionados con el presidente y los miembros, sus disposiciones financieras, sus procedimientos y su administración:

(g)

proveer para cualquier otro asunto contemplado por esta Ley, necesario para su administración, o necesario para darle pleno efecto.

Sección 47 (e): modificada, el 1 de marzo de 2017, por el artículo 261 de la Ley de tribunales de distrito de 2016 (2016 no 49).

Derogaciones, enmiendas y disposiciones transitorias

48 Las derogaciones entran en vigencia un día después del asentimiento Real

Enmienda (s) incorporada (s) en la (s) ley (es).

49 Revocaciones y derogaciones que entran en vigencia cuando la Parte 3 entra en vigencia

(1)

Se deroga la Ley de salas de masaje de 1978 (1978 no 13).

(2)

El Reglamento de salas de masaje de 1979 (SR 1979/35) se revocó.

50 Enmiendas consecuentes

(1)

Las Actas especificadas en la Parte 1 del Anexo se modifican consecuentemente con la manera establecida en ese cronograma.

(2)

Las reglamentaciones especificadas en la Parte 2 del Anexo se modifican consecuentemente con la manera establecida en ese cronograma.

51 Disposiciones transitorias para delitos pasados

(1)

Ninguna persona puede ser condenada por un delito contra cualquiera de las leyes derogadas por la sección 48 (que no sea un delito contra el artículo 149A de la Ley de Delitos de 1961) o después del comienzo de esta Ley si el delito fue cometido antes del comienzo de esta Ley .

(2)

La derogación del artículo 149A de la Ley de delitos de 1961 no afecta la responsabilidad de una condena o una pena por un delito cometido contra esa sección antes del inicio de esta Ley, y esa sección sigue surtiendo efecto como si no hubiera sido derogada por los propósitos de

(a)

investigar el delito:

(b)

comenzar o completar el proceso por el delito:

(c)

imponer una pena por el delito.

Programar modificaciones consecuentes a las promulgaciones

s 50

Parte 1 Hechos modificados

Ley de Tribunales de Distrito de 1947 (1947 No 16)

Enmienda (s) incorporada (s) en la (s) ley (es).


Ley de delitos sumarios de 1981 (1981 no 113)

Enmienda (s) incorporada (s) en la (s) ley (es).


Actas resumidas Ley 1957 (1957 No 87)


Enmienda (s) incorporada (s) en la (s) ley (es).

Parte 2 Reglamento modificado

Reglamento de tasas 1987 (SR 1987/68)


Enmiendas incorporadas en el Reglamento.

Notas de reimpresiones

  1. General

Esta es una reimpresión de la Ley de Reforma de la Prostitución de 2003 que incorpora todas las enmiendas a esa Ley en la fecha de la última enmienda a la misma.

2 Estado legal

Se presume que las reimpresiones indican correctamente, a la fecha de la reimpresión, la ley promulgada por la ley principal y cualquier enmienda a esa ley. La Sección 18 de la Ley de Legislación de 2012 establece que esta reimpresión, publicada en formato electrónico, tiene el estatus de una versión oficial bajo la sección 17 de esa Ley. Una versión impresa de la reimpresión producida directamente de esta versión electrónica oficial también tiene un estado oficial.

3 Cambios editoriales y de formato

Los cambios editoriales y de formato a las reimpresiones se realizan utilizando las facultades de las secciones 24 a 26 de la Ley de Legislación de 2012. Consulte también http://www.pco.parliament.govt.nz/editorial-conventions/.

4 Enmiendas incorporadas en esta reimpresión

Ley de tribunales de distrito de 2016 (2016 no 49): artículo 261

Ley de salud y seguridad en el trabajo 2015 (2015 no 70): sección 232

Ley de Búsqueda y Vigilancia 2012 (2012 no 24): sección 293

Ley de procedimiento penal de 2011 (2011 no 81): artículo 413

Ley de inmigración de 2009 (2009 no 51): artículo 406 (1)

Ley de patrullaje de 2003 (2008 no 72): artículo 116 (a) (ii)

Ley de enmienda al uso indebido de drogas de 2005 (2005 no 81): sección 23

Así se aprobó la Ley de Prostitución de Nueva Zelanda

 

 

Capítulo del libro Feminism, Prostitution and the State: The Politics of Neo-Abolitionism

editado por Eilis Ward,Gillian Wylie

 

http://bit.ly/2jlRivB

 

En busca de una sociedad justa y libre

La regulación del trabajo sexual en Nueva Zelanda

Por Gillian Abel

 

Introducción

El compromiso con los derechos humanos de todos los ciudadanos es de gran importancia en Nueva Zelanda. El país ha luchado mucho por los derechos humanos y ahora trabaja para mantenerlos.

 

(Barnett, Healy et al 2010: 71)

 

Las trabajadoras del sexo de Nueva Zelanda (NZ) libraron una larga batalla por los derechos humanos y en 2003 vencieron cuando se aprobó la Ley de Reforma de la Prostitución (PRA). Lograr la despenalización del trabajo sexual ha sido problemático en el contexto global, dada la creciente dominación de un discurso neoabolicionista que equipara la prostitución con la trata. Para el resto del mundo, parecía algo sorprendente que este discurso estuviera silenciado en Nueva Zelanda. Los neozelandeses han estado tradicionalmente “cableados” por una preocupación cultural por la justicia y la necesidad de que todos puedan tener una “salida justa” (Bromell 2014). En una interesante comparación de las historias de Nueva Zelanda y los Estados Unidos de América, Fisher (2012) escribió, entre otras cosas, sobre la cuestión de los derechos de la mujer. Mientras que las defensoras de los derechos de las mujeres en los Estados Unidos se concentraron en la libertad y la autonomía en su búsqueda de la igualdad, en NZ la justicia social y política y las nociones de equidad fueron los mensajes clave que resonaron. Esta diferencia no sólo era pertinente a los derechos de las mujeres, sino a todas las cuestiones sociales. Sugirió que esta diferencia se debía a las diferentes formas en que estos países fueron colonizados. Mientras que los EE.UU. se fundaron en el siglo XVII por personas que se consideraban víctimas de la tiranía y la persecución, NZ fue ocupada en el siglo XIX por personas que se sentían víctimas de la injusticia social y la inequidad (Bromell, 2014). En consecuencia, mientras los estadounidenses luchaban por el principio de la libertad y la ausencia de la opresión, los de Nueva Zelanda estaban más concentrados en el principio de justicia y equidad. ¿Podría ser que el contexto cultural de justicia en Nueva Zelanda silenciara la voz neoabolicionista?

Es en el contexto de justicia social y política que Tim Barnett, diputado del Partido Laborista, presentó el proyecto de reforma de la prostitución al Parlamento de Nueva Zelanda en septiembre de 2000. El arquitecto de este proyecto de ley fue el Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda (NZPC), una organización de derechos de las trabajadoras sexuales fundada en 1987. El proyecto de ley propuso la derogación de todas las leyes que regulaban las actividades sexuales clandestinas, allanando el camino para una industria sexual despenalizada en Nueva Zelanda. El objetivo declarado del proyecto de ley era despenalizar la prostitución y al hacerlo:

 

  • Salvaguardar los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y protegerlas de la explotación;
  • Promover el bienestar y la salud y la seguridad ocupacional de las trabajadoras sexuales
  • Crear un entorno propicio para la salud pública;
  • Proteger a los niños contra la explotación en relación con la prostitución.

El trabajo sexual es un tema polémico y ninguno de los principales partidos políticos (Laborista y Nacional) de Nueva Zelanda estaba preparado para introducir la despenalización como una iniciativa de partido. En cambio, entró en el parlamento como un proyecto de ley de un miembro privado y se dejó a cada diputado votar de acuerdo a su conciencia. Esto significó que el trabajo de persuación (lobbying) estuvo casi exclusivamente confinado a este grupo de personas, es decir, los diputados. No hubo debates públicos sobre este tema, ni manifestaciones ni referéndum público. El público pudo expresar su opinión a través de sugerencias a la Comisión de Justicia y Electoral del Parlamento de NZ, pero en última instancia, la decisión de despenalizar la clandestinidad sexual fue dejada a los parlamentarios. En junio de 2003, después de la lectura final del proyecto de ley, 60 diputados votaron a favor de la despenalización, 59 en contra y uno se abstuvo).

El principio de justicia estableció el escenario para la introducción del proyecto de ley al parlamento, pero como se argumentará en este capítulo, no fue suficiente para mantener su paso a través de las tres lecturas. La libertad tuvo que salir también a colación. Pero no fue libertad en el sentido de ‘liberación de la opresión’, sino que fue libertad de elección y libertad de poder tener una “salida justa”. Sigue habiendo preguntas sobre cómo la voz abolicionista dominante de la “liberación de la opresión” estuvo aparentemente ausente cuando goza de tanto poder en otros países occidentales. ¿Qué hace diferente a NZ? Un análisis del debate que tuvo lugar en el parlamento sobre el proyecto de ley parece un método útil para empezar a abordar esta cuestión.

 

Para analizar cualquier política pública es necesario primero hacer explícito el “problema” antes de analizarlo. Bacchi (2009) sostiene que los “problemas” se crean dentro del proceso de formulación de leyes y que, por lo tanto, los “problemas” pueden ser vistos como moldeados por las leyes y no resueltos por éstas. Ella plantea seis preguntas que deben ser abordadas al analizar cualquier “problema”:

  • ¿Cuál es el ‘problema’ representado?
  • ¿Cuáles son los supuestos que subyacen a la representación del “problema”?
  • ¿Cómo ha llegado a ser representado el “problema” de esta manera?
  • ¿Se puede pensar este “problema” de manera diferente?
  • ¿Qué efectos produce la representación del “problema”?
  • ¿Cómo o dónde se ha producido, difundido y defendido la representación del “problema”?

Carson y Edwards (2011) utilizaron el marco de Bacchi para analizar las leyes de trabajo sexual en Suecia y Victoria (Australia) con un enfoque particular en el “lado de la demanda” del trabajo sexual y su relación con la trata sexual. Sugirieron que esto proporcionaba un modo sistemático de separar los principales temas implicados. El presente trabajo recoge esta sugerencia, pero no pretende hacer comparaciones con ningún otro modo de regulación del trabajo sexual. Lo que sí proporciona es una idea de los argumentos que enmarcan el trabajo sexual en Nueva Zelanda como una ocupación de elección y no como un símbolo de opresión. En el resto de este capítulo, utilizaré las seis preguntas de Bacchi para analizar los debates sobre el proyecto de ley entre octubre de 2000 y junio de 2003.

Antes de emprender el análisis, es necesario posicionarme en el debate sobre la regulación del trabajo sexual ya que el enfoque que aporte al análisis no puede estar libre de valores. Mi posición ante el trabajo sexual se basa en mi compromiso con los principios de justicia social de la salud pública. Gran parte del énfasis de la salud pública en el pasado ha sido minimizar el daño, y este impulso ha estado detrás de los llamamientos para la despenalización del trabajo sexual. Pero cada vez más, la salud pública está reconociendo las cuestiones de derechos humanos asociadas con la penalización de personas que, por propia voluntad, trabajan en la industria del sexo. Los derechos humanos son esenciales para abordar los determinantes subyacentes de la salud (Organización Mundial de la Salud, 2007) y este es el enfoque de la salud pública. Cualquier respuesta al trabajo sexual debe comenzar con los puntos de vista de quienes trabajan en esta industria y todos deben asumir una responsabilidad colectiva en intervenir a través de prácticas y normas de minimización de daños (O’Neill, Beyrer, Crago et al., 2014). La despenalización del trabajo sexual es un ejemplo de política de salud pública eficaz que se desarrolló en colaboración en Nueva Zelanda (Abel, Fitzgerald et al 2010). La filosofía de salud pública de minimización de daños y derechos humanos estuvo en el corazón de este cambio regulatorio. Yo uso los términos “trabajo sexual” y “prostitución” de manera intercambiable en este capítulo dependiendo del contexto teórico del argumento.

 

¿Cuál es el problema representado?

El proyecto fue redactado por NZPC, con la ayuda de abogados, académicos y otros, para “satisfacer las necesidades de las trabajadores sexuales” (Barnett, Healy et al 2010: 62) y proteger su bienestar (Harrington 2012). Aceptó el trabajo sexual como una elección ocupacional y que las leyes que penalizaban las actividades sexuales negaban los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y las colocaban en riesgo de daño. Al analizar las intenciones del proyecto de ley (se indica en la introducción), es evidente que los supuestos eran que la vieja ley no daba a las trabajadoras sexuales el derecho a negarse a prestar ningún servicio comercial ya que eran susceptibles a la coacción de otros, como operadores de burdeles o clientes; no proporcionaba a las trabajadoras sexuales la protección laboral que se otorgaba a los trabajadores de otras ocupaciones; no fomentaba prácticas sexuales más seguras; y no protegía a los niños (menores de 18 años) de la tentación de la industria del sexo. La presunción era que estos riesgos serían minimizados por una nueva legislación que proporcionare derechos a las trabajadoras sexuales y las considerare involucradas en un trabajo legal reconocido. Los clientes se representan como un problema sólo en la medida en que pueden coaccionar o explotar a las trabajadoras sexuales que trabajan en el contexto del actual entorno legislativo.

 

¿Qué suposiciones subyacen a la representación del problema?

Las suposiciones subyacentes a la posición de que la penalización de las actividades de trabajo sexual creaban riesgos y negaban los derechos humanos se debían a la combinación de los derechos de las trabajadoras sexuales y la perspectiva de la salud pública. La investigación sobre el trabajo sexual llevada a cabo en Nueva Zelanda ha sido en su mayoría participativa, por y para las trabajadoras sexuales, y Harrington (2012) ha sugerido que esto ha producido un conocimiento que ha dado voz a las trabajadoras sexuales en la política. Sostiene que los políticos y los académicos no han problematizado la conducta sexual masculina y no han criticado la comercialización del sexo y, en gran medida, esto es correcto. Ya en la década de 1990, NZPC había desarrollado vínculos con académicos de salud pública y varios proyectos de investigación se llevaron a cabo utilizando un enfoque participativo basado en la comunidad. Aunque la mayoría de las investigaciones examinaron la salud y la seguridad de las trabajadoras sexuales en un ambiente penalizado (Chetwynd 1992, Chetwynd 1996, Plumridge y Abel 2000, Plumridge 2001, Plumridge y Abel 2001), se llevaron a cabo algunos pequeños trabajos de investigación con los clientes (Chetwynd y Plumridge 1994, Plumridge, Chetwynd y col., 1996, Plumridge, Chetwynd et al., 1997a, Plumridge, Chetwynd et al., 1997b). Esto se reflejó en la mayoría de las participantes en la investigación realizada en Nueva Zelanda, que aunque fueron capaces de citar al menos algunas experiencias desagradables con los clientes, en general dijeron que les gustaban sus clientes y disfrutaban del contacto con ellos (Plumridge y Abel 2000, Abel 2010) . La investigación proporcionó pruebas de que la penalización creaba una barrera para una industria del sexo segura, y Barnett se basó en esto en la construcción de sus discursos para las tres lecturas parlamentarias. Por lo tanto, estaban muy enfocados en temas de salud pública, de justicia social y de minimización del daño.

 

Cuando Barnett presentó el proyecto de ley en su primera lectura en octubre de 2000, se centró casi exclusivamente en la justicia social al enfatizar las injusticias “genuinas” y “reales” de la ley:

No estoy solo y mi causa es impulsada por una pasión nacida de la injusticia. Este proyecto de ley reemplaza una ley moralista por una ley justa … Las injusticias en la ley actual son claras y predecibles, y son reales. Los últimos 5 años han visto a 410 personas condenadas, innumerables horas de tiempo de la policía dedicadas a cruzadas esencialmente morales e improductivas, y la criminalidad genuina ocultada por el secreto y el misterio generados por la ley de prostitución actual. La reforma de esta ley puede ser vista como la limpieza de unos establos que llevan un siglo de desorden acumulado, la eliminación de las capas de la hipocresía victoriana, el raspado de los abusos a las trabajadoras sexuales sancionadas por nuestras leyes de prostitución actuales, el lavado de los peligros de salud pública generados por la penalización de la profesión más antigua, y el reemplazo del hedor del estigma que afecta a las trabajadoras sexuales debido a la posición en la que las pone la ley. Los diputados pueden estar en desacuerdo conmigo sobre la mejor manera de limpiar los establos, por dónde empezar, y la mejor manera de eliminar las manchas. Pero ¿alguien en esta Cámara realmente se atreve a afirmar que el establo no está sucio? Si todos los diputados creen que la ley de la prostitución necesita una limpieza, entonces el apoyo a este proyecto de ley es nuestra única opción … Las cuestiones planteadas por este proyecto de ley pueden ser difíciles, pero no deben ser vistas por nadie en esta Cámara como una amenaza. Son preocupaciones de importancia vital para algunas personas en nuestra comunidad. Es absolutamente correcto y adecuado que este Parlamento se ocupe de ellas. (Ley de reforma de la prostitución, Primera lectura, 11 de octubre de 2000)

Barnett instó a los parlamentarios a purgar las viejas leyes que penalizaban las actividades sexuales e hicieron una industria sexual no segura, para dar paso a una ley más moderna, liberal y “justa”. Desafió a los diputados a que dijeran si alguno no estaba de acuerdo con que la ley era el “problema” y ninguno se levantó para refutar esto. Las leyes moralistas y obsoletas, afirmó, hicieron que la industria fuera insegura e injusta y un peligro para la salud pública. Él y los partidarios del proyecto de ley se refirieron a esta “mala ley” como victoriana. La vinculación de la ley con los tiempos victorianos también fue reforzada por la analogía que Barnett proporcionó en su primer discurso, comparando la limpieza de la ley con la limpieza de los establos. Las metáforas se usan con frecuencia, particularmente en los medios de comunicación, para dar a entender que el trabajo sexual es sucio y malo (Stenvoll 2002, O’Neill y Campbell 2006). Fue interesante que en este caso Barnett lo diera la vuelta. Reforzando la naturaleza “sucia” del trabajo sexual, echó la culpa de esto a la ley y no al trabajo mismo. El tono del discurso evocó imágenes del movimiento sanitario de salud pública en la Inglaterra victoriana, librando las ciudades de aguas residuales, basura podrida y miasmas en un esfuerzo por combatir las enfermedades, lo que proporcionó un buen trampolín para sus posteriores argumentos de salud pública para minimizar el daño.

Diez diputados se dirigieron al Parlamento tras el discurso de apertura de Bamett: seis hablaron a favor del proyecto de ley (cinco de ellos eran mujeres) y cuatro en contra (todos hombres). Los partidarios de la despenalización siguieron el ejemplo de Barnett al destacar las injusticias y desigualdades causadas por la legislación vigente, como lo demuestran los siguientes ejemplos:

Las objeciones que he oído no tienen peso contra la injusticia básica que está escrita en nuestras leyes.

(Liz Gordon, Partido Alianza, Ley de Reforma de la Prostitución, Firs Reading, II Octubre de 2000)

Nuestras leyes actuales son inviables y simplemente discriminatorias. Estigmatizan y castigan principalmente a la fuerza laboral femenina. Ellas (las trabajadoras sexuales) pueden sufrir arbitrarias e injustas reglas de trabajo.

(Anne Tolley, portavoz del Partido Nacional de Asuntos de la Mujer, Ley de reforma de la prostitución, primera lectura, 8 de noviembre de 2000)

 

Esperamos con interés el día en que las mujeres y los hombres en este país ya no serán perseguidos debido a leyes anticuadas e inicuas.

(Sue Bradford, Partido Verde, Ley de Reforma de la Prostitución,
Primera lectura, 8 de noviembre de 2000)

Aunque la justicia social se filtró bajo la superficie en las lecturas segunda y tercera del proyecto de ley, lo que vino a primer plano fue un discurso que ponía más énfasis en la ley que protegía y minimizaba los riesgos; Un discurso que liberó a las trabajadoras sexuales de los daños que sufrían a causa de la vieja ley. No era que los diputados pro-despenalización hubieran cambiado sus ideas sobre el “derecho justo”, sino que percibían que la minimización del daño era más negociable que los derechos humanos. De hecho, Barnett reflejó que algunos diputados que tenían una antipatía personal hacia el trabajo sexual fueron persuadidos a votar a favor de la despenalización por el argumento de minimización de daños (Barnett, Healy et al., 2010).

 

¿Cómo se llegó a representar el “problema” de esta manera?

El giro a un argumento de minimización de daños se produjo después de la primera lectura cuando el proyecto de ley fue enviado a la Comisión de Justicia y Electoral. El comité examinó 222 comunicaciones de individuos y organizaciones, debatieron entre ellos y luego hicieron enmiendas que trataban directamente “los daños y riesgos potenciales exclusivos de la prostitución” (Tim Barnett, Partido Laborista, Ley de Reforma de la Prostitución, tercera lectura, 25 de junio de 2003). Presentaron la ley existente como insostenible en la medida en que disparaba los riesgos e identificaron qué riesgos podrían ser tratados por la ley y qué riesgos necesitaban una ley especial centrada en la prostitución. La justicia social era un tema muy secundario.

Los principales argumentos de los diputados que estaban contra la despenalización eran que la prostitución era moralmente corrupta, insalubre y perjudicial, y si se despenalizaba, alentaría a más gente a unirse a la industria, habría más delincuencia, más drogas, más pandillas, más tráfico y más trabajadoras menores de edad. Estos argumentos fueron bien rebatidos por la retórica de minimización de daños en las lecturas segunda y tercera, donde el enfoque se centró en la libertad y la elección individuales. Barnett recordó a los parlamentarios los argumentos contra otros cambios de la ley en el pasado, tales como la reforma del derecho homosexual y la implementación de un sistema de intercambio de agujas que “no había llevado al desastre. De hecho, esas medidas y otras han llevado a una vida más completa y menos arriesgada y han mejorado la libertad individual de los afectados. El proyecto de ley de reforma de la prostitución es sólo eso “. (Barnett, Ley de reforma de la prostitución, segunda lectura, 19 de febrero de 24203). El argumento pragmático de salud pública de que “la prostitución está aquí para quedarse” y por lo tanto es una necesidad “resolver la mejor manera de controlar estos daños” fue el fuerte mensaje de Bamett en su lectura final del proyecto de ley:

Es una medida de despenalización, similar a toda nuestra familia de leyes relacionadas con la salud pública. No trata de etiquetar la prostitución como normal, pero acepta su inevitabilidad ….. Habiendo aceptado que la prostitución está aquí para quedarse, les guste o no, lo siguiente es identificar qué problemas genera …. La siguiente etapa es elaborar la mejor forma de controlar esos daños. Eso es minimizar el daño.

(Ley de reforma de la prostitución, tercera lectura, 25 de junio de 2003)

Hubo menos oradores que se levantaron para hablar a favor de la ley (cuatro) que los que hablaron en contra (13) en la discusión final. Sue Bradford (Partido Verde) habló a favor del proyecto de ley en las tres lecturas y su discurso, como el de Barnett, había evolucionado. Citó a organizaciones respetadas como la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia que apoyaban la despenalización, “porque saben que las leyes restrictivas simplemente alientan la violencia, la trata, la violación y la propagación del VIH / SIDA, no lo contrario. La manera de combatir estas cosas es a través del enfoque de minimización de daños promovido en el proyecto de ley que tenemos ante nosotros” (Ley de reforma de la prostitución, tercera lectura, 25 de junio de 2003).

Volvió brevemente a centrarse en los derechos humanos y la justicia social al apelar a otras mujeres en el parlamento a votar por el derecho de las mujeres a optar por trabajar en la industria del sexo y poner fin al estado de cosas que privaban de poder a las mujeres en el trabajo sexual. Después combinó esto con un discurso del daño hablando a favor de la promoción de los derechos y del bienestar de grupos vulnerables y explotados, demandando que “un daño a uno es un daño a todos. Hasta que se elimine ese daño, ninguno de nosotros puede ser verdaderamente libre” ‘(Ley de reforma de la prostitución,

¿Puede el problema ser pensado de manera diferente?

El enfoque en la minimización del daño dejó inexplorado el poder de género en el debate. Las feministas radicales han destacado las desigualdades en la prostitución. La compra de sexo es vista como una violencia contra las mujeres y representa el privilegio masculino (Scoular 2004). Las mujeres son simples objetos sexuales que se pueden comprar y vender en una práctica de esclavitud sexual (Jeffreys 1997). Esto ha alimentado el argumento de que todas las mujeres que participan en la prostitución son objeto de trata y se presta poca atención a la autonomía de las mujeres y a las historias alternativas de las mujeres involucradas (Scoular 2004). Otras feministas no ven el trabajo sexual como inherentemente opresivo y reconocen la autonomía de las mujeres, aunque en algunos usos la autonomía está limitada (O’Neill 2001). Es esta última perspectiva feminista liberal la que está presente con más fuerza en Nueva Zelanda.

Cincuenta y seis de las presentaciones públicas a la Comisión de Justicia y Electoral se basaron en argumentos feministas, con 40 alegatos en defensa de la despenalización y sólo 16 en contra (Laurie 2010). La mayor parte de estas propuestas, tanto a favor como en contra de la despenalización, se basaron en el artículo 6 de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW):

“Las Partes de los Estados adoptarán las medidas apropiadas, incluida la legislación, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y la explotación de la prostitución de mujeres” (ONU Mujeres, 1979).

Esos grupos o individuos feministas que se basaron en el artículo 6 para argumentar contra la despenalización declararon que la despenalización aumentaría la trata Y la explotación de las mujeres, mientras que quienes defendían la despenalización se basaron en este artículo para afirmar que la trata de mujeres se reduciría al eliminar la ilegalidad de su trabajo. Sandra Coney, una de las más destacadas feministas radicales de Nueva Zelanda, escribió personalmente a cada diputado argumentando que la despenalización “haría de Nueva Zelanda un eslabón clave en el comercio mundial de mujeres y crearía el potencial de Nueva Zelanda para convertirse en un destino turístico de prostitución “(Laurie 2010). Proclamó que la prostitución era un símbolo de la desigualdad de género y propuso el “modelo nórdico” como un ejemplo de la manera de regular y finalmente abolir la prostitución.

Coney recibió el apoyo de una diputada del Partido Laborista, Dianne Yates, quien fue una de los nueve miembros del Partido Laborista en votar en contra del proyecto de ley. Propuso una enmienda al proyecto de ley (documento de pedido suplementario 56) para que fuere ilegal ser cliente de una prostituta. Proclamó que el “modelo nórdico” “proporcionaría una mayor igualdad entre hombres y mujeres”. Tuvo poco apoyo en el parlamento y su enmienda fue rechazada por 19 votos frente a 96. Sólo cuatro mujeres diputadas apoyaron esta enmienda. Otras mujeres diputadas se distanciaron de la postura adoptada por Yates y Coney, asumiendo la posición liberal de que las mujeres tienen derecho a la autodeterminación, especialmente en lo que respecta a sus cuerpos y sexualidad. Por ejemplo, en las palabras de Sue Bradford:

Me cuestiono fundamentalmente el derecho del Estado en el día de hoy a interferir con los derechos de las personas mayores de 18 años a tener relaciones sexuales consensuadas entre sí. No puede ser que las trabajadoras sexuales sigan estando expuestas al acoso y al enjuiciamiento por un crimen sin víctimas. Tampoco debemos recurrir al modelo sueco, que enjuicia a los hombres que pagan por el sexo. La experiencia sueca demuestra que todo lo que hace es conducir la prostitución a la clandestinidad. … Yo vengo de otro hilo de pensamiento feminista que cree que es nuestro trabajo hacer todo lo posible para mejorar la vida de las mujeres, incluso la de aquéllas que están en esta ocupación más vulnerable. A menos que realmente creamos que la prostitución va a desaparecer por completo y pronto, creo que lo mejor que podemos hacer como feministas es maximizar las condiciones que ayudarán a poner fin a los peores excesos de violencia, coerción y explotación, en lugar de permitir que la prostitución continúe como un subconjunto del mundo criminal. … Prefiero hacer todo lo que pueda, ahora mismo, para ayudar a proteger y empoderar a aquéllas que, por cualquier razón, han optado por hacer de la prostitución su ocupación.

 

(Sue Bradford, Partido Laborista, Ley de reforma de la prostitución, Segunda Lectura, 19 de febrero de 2003)

 

La principal organización liberal feminista, el Consejo Nacional de Mujeres de Nueva Zelanda (NCWNZ), una organización que agrupa a 43 grupos y asociaciones de mujeres, fue un actor clave en la despenalización del trabajo sexual en Nueva Zelanda. Aunque sentían firmemente que la prostitución representaba un desequilibrio de poder entre hombres y mujeres, consideraban esencial que las trabajadoras sexuales fueran protegidas con independencia de si eligen o no el trabajo sexual. Indicaron en su presentación que la esclavitud sexual no era diferente de otras clases de esclavitud laboral y rechazaron el “modelo nórdico” debido a la situación de peligro en la que colocaría a las trabajadoras del sexo si fueran forzadas a esconderse. Hicieron hincapié en que la despenalización era vital para “proteger los derechos de las trabajadoras sexuales y los niños contra la explotación y la violencia” (Laurie 2010: 94). De esto se hicieron eco las diputadas que votaron a favor de la despenalización:

Se trata de dar a algunas personas los mismos derechos que tienen las demás personas de Nueva Zelanda. … Yo no disculpo la prostitución. Creo que la gente tiene derecho a una vida mejor que la que se puede tener vendiendo sexo. Yo estaría desconsolada si una de mis hijas decidiera entrar en la industria del sexo la prostitución no juega ningún papel en mis sueños para ellas— pero si lo hicieran, yo querría saber que tendrían los mismos derechos que cualquier otra neozelandesa.

(Katherine Rich, Partido Nacional, Proyecto de Ley de Reforma de la Prostitución, Segunda Lectura, 19 de febrero de 2003).

 

Muchos diputados hablaron sobre el doble estándar de penalizar a la trabajadora sexual y no al cliente. Sin embargo, para ellos la solución no era penalizar al cliente. Era una cuestión de ser tratados por igual “… la decencia común exige que otorguemos a las trabajadoras del sexo el mismo estatus en la ley que al cliente: compradores y vendedoras deben ser tratados por igual. La situación actual es sencillamente abominable” (Anne Tolley, Partido Nacional, Proyecto de Ley de Reforma de la Prostitución, Primera Lectura, 8 de noviembre de 2000).

 

Se hizo hincapié en la autodeterminación, y porque se dio prioridad a la elección individual, se hizo necesario establecer protecciones para minimizar los riesgos. Lynne Pillay dijo que apoyaba este proyecto de ley como mujer, porque se trata del derecho de elegir y de estar segura en esa elección “(Lynne PHlay, Partido Laborista, Ley de Reforma de la Prostitución, Segunda Lectura, 19 de febrero de 2003):

He hablado con una serie de prostitutas y de personas del Colectivo de Prostitutas que no ven lo que hacen como degradante para ellas. Si se trata de una actividad a la que se dedican por libre elección, entonces no hay nada degradante … si es degradante, es la decisión de la persona que se dedica a la actividad.

(Helen Duncan, Partido Laborista, Ley de reforma de la prostitución, segunda lectura, 19 de febrero de 2003)

En un ambiente neoliberal como el de NZ en el que el gobierno busca desregular y gobernar desde cierta distancia, se pone énfasis en la autorregulación y la autovigilancia (Bacchi 2009). Hubo argumentos de que el gobierno no debería dedicarse a regular la moral: los individuos deberían regularse a sí mismos. «La sociedad no tiene por qué hacer juicios morales acerca de la prostitución. Debe convertirse en una actividad autorregulada …. en mi opinión, no debe arrojarse ninguna culpa sobre esta industria. Estas cuestiones deben ser gobernadas por la moralidad individual de la gente, no por las leyes de la tierra ” (Liz Gordon, Partido de la Alianza, Ley de Reforma de la Prostitución, Primera Lectura, 11 de octubre de 2000). O ACT es una partido que cree en la libertad de las personas para dirigir sus propios asuntos” (Penny Webster, ACT Party, Prostitution Reform Bill, Primera Lectura, 8 de noviembre de 2000). 

 

¿Qué efectos produce esta representación del problema?

Bacchi y Eveline (2003: 1 1) han argumentado que “las leyes producen tipos particulares de sujetos. La Ley de Reforma de la Prostitución ha producido la trabajadora sexual de Nueva Zelanda, una trabajadora que se dedica a una ocupación con derechos similares a los de individuos que se dedican a cualquier otra forma de ocupación. A los ojos de la ley, las trabajadoras sexuales son seres auténticos, que eligen libremente ser trabajadoras sexuales. Se reconoce que tiene sus riesgos trabajar en esta ocupación, riesgos relacionados con la salud y la seguridad, la explotación y la coerción, y la ley proporciona protecciones para minimizar estos riesgos. Lo que esta ley no produce es la mujer víctima de trata, necesitada de protección.”

¿Cómo / dónde se produce y se defiende esta representación del “problema”?

La despenalización del trabajo sexual tiene sentido en el contexto de una posición filosófica neoliberal de mínima intervención estatal, autorregulación e individualización económica. También tiene sentido en un país que se enorgullece de la igualdad de género el que las trabajadoras sexuales tengan los mismos derechos y el mismo estatus que sus clientes. Más de 12 años después de la despenalización, y con un gobierno de centro derecha ahora en su tercer mandato, el Estado continúa defendiendo la posición de considerar el trabajo sexual como una opción ocupacional.

Ha habido pocas preocupaciones desde la aprobación de la Ley de Reforma de la Prostitución. La revisión de la Ley, publicada cinco años después de su promulgación, concluyó que había sido efectiva para lograr sus propósitos y que la mayoría de las trabajadoras sexuales estaban mejor que cuando sus actividades eran penalizadas. Ha habido algunas preocupaciones planteadas por dos consejos de distrito en relación con el trabajo en la calle en sus ciudades, pero hay poca voluntad política para hacer cambios a un modo de regulación que está funcionando bien para la mayoría.

Hay una minoría de grupos en Nueva Zelanda que todavía resisten, pero esto son débiles y carecen de apoyo. Por ejemplo, en 2013 el “modelo nórdico” volvió a surgir cuando Elizabeth Subritzky presentó una petición en nombre del grupo “Libres de Explotación Sexual” al Comité de Justicia y Electoral de la Cámara de Representantes (Petición 2011/60). Este es un pequeño grupo de base religiosa en Nueva Zelanda comprometido con hacer cambios en las áreas de la prostitución y la trata sexual de mujeres y niños. Los peticionarios propusieron que se cambiara la Ley de Reforma de la Prostitución (2003) para permitir el enjuiciamiento de todos los clientes de las trabajadoras sexuales y afirmó que la prostitución no debe ser visto como separada de la trata (Justicia y Comité Electoral 2013). La petición también pedía una erradicación del sector de la calle. El argumento era que la despenalización era la culpable de atraer a las mujeres (víctimas) a vender sexo. El Ministerio de Justicia apoyó la recomendación del Comité de Revisión de la Prostitución de que Nueva Zelanda no siga un enfoque que criminalice al cliente ya que esto expondría a las trabajadoras del sexo a un mayor riesgo y las haría más vulnerables. Además:

El propósito de la Ley de Reforma de la Prostitución fue permitir que las trabajadoras sexuales tuvieran las mismas protecciones otorgadas a otros trabajadores. La LRP regulaba el negocio de la prostitución sin respaldarlo o sancionarlo moralmente ni a él ni a su uso. La Ley reconoce que las trabajadoras sexuales no son necesariamente víctimas, sino que requieren las mismas protecciones que los demás trabajadores, independientemente del género o de la orientación sexual.


(Ministerio de Justicia 2013: 5)

Las trabajadoras sexuales están trabajando dentro de un marco político donde tienen derechos; sin embargo siguen negociando sus vidas dentro de un contexto cultural donde hay ambivalencia social y fuertes discursos morales hacia la industria del sexo y sus trabajadoras (Abel, Fitzgerald et al., 2010). Sullivan (2010) sugiere que incluso en un contexto despenalizado, las trabajadoras sexuales pueden tener que luchar para obtener una identidad como “trabajadora” al margen de estos discursos dominantes. Sin duda, habrá intentos periódicos de ajustar y cambiar la Ley de Reforma de la Prostitución a medida que estos discursos morales vayan disminuyendo.

 

Conclusión

Lo interesante en el pulso por la despenalización fue una alianza entre cuatro posiciones filosóficas. En primer lugar, el contexto político en el que se desarrolló el debate fue uno en el que predominaron los principios neoliberales de individualismo económico y autorregulación. Harrington (2012: 338) ha argumentado que la despenalización del trabajo sexual en Nueva Zelanda “ejemplifica las tecnologías liberales avanzadas de autonomía”, siendo el ideal la libertad y “la presunción de que los individuos libres cuidarán de su propio bienestar”. Los estados neoliberales como NZ favorecen una “retórica de elección”, ideológicamente y también como una “estrategia generadora de legitimidad”, y al hacerlo de esa forma se ha argumentado que el género se hace invisible (Scambler 2007: 1092).

La voz de las trabajadoras sexuales fue la segunda posición importante en el debate sobre el trabajo sexual en Nueva Zelanda, ya que fue esta voz la que dio forma a la redacción del proyecto de ley. La voz de la trabajadora sexual exige que el trabajo sexual sea visto como una cuestión de trabajo; que es un trabajo de servicio que debe ser respetado y protegido como el trabajo en cualquier otra ocupación de servicio (Alexander 1997, Jenness 1993, Simmons 1999).

 

Se entiende que la mayoría de las trabajadoras sexuales optan por trabajar en la industria del sexo, y los derechos y la capacidad de estas personas para tomar esa decisión deben ser apoyados (Simmons 1999). El lado de la demanda del trabajo sexual no es un tema que produzca mucha discusión, ya que el trabajo sexual no se ve como violencia contra las mujeres. El análisis de Harrington (2012: 343) sobre el discurso sobre el sexo en Suecia y Nueva Zelanda sugiere que la red de conocimientos expertos que proporcionó información para debate sobre la ley en Nueva Zelanda privilegió la voz de las trabajadoras sexuales, puso en duda su falta de libertad y no participó en ningún análisis crítico de los “mercados del sexo comercial y su contribución a la construcción de la jerarquía social”. No hubo ninguna creencia firme en que los compradores de sexo y la explotación de las mujeres fueran la causa del problema durante los debates sobre la legislación sobre trabajo sexual en Nueva Zelanda. El debate se inició con un énfasis en las desigualdades, pero no se trataba tanto de cuestiones de desigualdad de género, sino de desigualdades en los derechos de ciudadanía que fueron consideradas injustas.

El tercer argumento a favor de la despenalización fue un argumento feminista liberal que hizo hincapié en el derecho de las mujeres a optar por trabajar en el trabajo sexual. El trabajo sexual como una opción profesional que exigía la protección de los derechos fue importante para la mayoría de las mujeres, tanto dentro como fuera del parlamento. Veinticinco por ciento de las propuestas presentadas en el proyecto de ley se basaban en argumentos feministas y sólo una cuarta parte de ellas argumentaban en contra de la despenalización, alegando que la prostitución era violencia contra las mujeres. Hubo una fuerte representación de las mujeres en el parlamento: 33 de los 120 diputados eran mujeres y 22 de estas diputadas (dos tercios) votaron a favor de la despenalización. En el momento en que el proyecto de ley estaba pasando por el parlamento, Nueva Zelanda tenía una Primera Ministra (que votó a favor del proyecto de ley), así como una Gobernadora General, una Presidenta de la Cámara y una Jefa de Justicia. Si bien la prostitución como violencia contra las mujeres no estuvo totalmente ausente del debate, fue una opinión débil y marginal al no ayudar al empoderamiento y la protección de quienes eligen trabajar en el trabajo sexual.

 

El cuarto —y en última instancia, el argumento más convincente— fue el argumento de salud pública de minimización del daño. En Nueva Zelanda se cuenta con un historial de reformas legales de salud pública exitosas, fundamentadas por principios de minimización de daños. Las más notables son la Ley de Reforma Homosexual y la implementación de intercambios de agujas en los años ochenta para ayudar a minimizar la propagación del VIH / SIDA. El punto de vista de la salud pública con relación al trabajo sexual ha sido generalmente pragmático. Las leyes prohibicionistas nunca han logrado su objetivo de erradicar la violencia sexual y sólo han servido para conducir la industria del sexo a la clandestinidad, donde las trabajadoras sexuales son vulnerables a una serie de daños (Davis y Shaffer 1994; Jordan 2005; World Health Organization 2005). Por lo tanto, el énfasis en la salud pública ha consistido en minimizar el daño reconociendo esto y despenalizando todas las actividades relacionadas con el trabajo sexual. Este fue un argumento que ganó a muchos de los diputados que estaban indecisos sobre la forma de votar.

En última instancia, el argumento neoliberal de la libertad de elección, los derechos de las trabajadoras sexuales y las posiciones feministas a favor del derecho de las mujeres a elegir, y el argumento de minimización del daño protegiendo a las mujeres que optan por trabajar en la industria del sexo, fueron consideradas como cuestiones de justicia. El argumento a favor de la despenalización del trabajo sexual comenzó y terminó en la justicia. La Ley de Derechos Humanos (1993) establece que “la intención es ayudar a asegurar que todas las personas en Nueva Zelanda sean tratadas de manera justa y equitativa”. El ex vicecanciller de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda, Raewyn Dalzicl, reforzó la tradición de justicia de Nueva Zelanda al afirmar que la justicia y los derechos siempre han sido un objetivo en este país. Al hablar del sufragio de las mujeres en Nueva Zelanda, declaró que el mensaje que Nueva Zelanda transmitía al mundo exterior no era sólo sobre las mujeres de Nueva Zelanda y la vida política de Nueva Zelanda, sino sobre la justicia social y política ” (citado en Fischer, 2012: 262). La justicia efectivamente silenció la voz neoabolicionista en Nueva Zelanda y, al hacerlo, las mujeres (así como los hombres y las personas transexuales) han obtenido la libertad de elegir ser trabajadoras sexuales.

 

Nota

I El Partido Laborista estaba en el poder en el momento en que el proyecto de ley pasó por el parlamento y por lo tanto tenían la mayoría de los escaños en el parlamento: cuarenta y uno de sus 51 diputados, así como nueve del Partido Verde votaron a favor de la despenalización. Los otros diez votos procedieron de los partidos de centro-derecha ACT (4) y Nacional (6). Los que votaron contra la despenalización fueron en su mayoría de centro o centro derecha. Los únicos votos de izquierda contra el proyecto de ley vinieron de nueve miembros del Partido Laborista y de los dos del Partido Progresista. La abstención fue de un miembro del Partido Laborista.

 

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Derechos para las trabajadoras sexuales en Bélgica – UTSOPI

 

Por Maxime Maes

 

Unión de Trabajadoras Sexuales Organizadas para la Independencia (UTSOPI)

 

Lunes, 6 de noviembre de 2017

 

 

Nosotras, trabajadoras sexuales, somos regularmente invitadas a hablar sobre nuestra situación y nuestros reivindicaciones, así que realmente querría encontrar las palabras adecuadas. Las palabras que busco son aquéllas que realmente te pueden explicar cuál es nuestra situación. Por supuesto, podría contarte sobre cifras, porcentajes y muchas otras cosas aburridas, pero trataré de que sea interesante.

UTSOPI se creó hace dos años, tras la observación de que no existía una asociación entre profesionales del sexo en Bélgica. Los proveedores de servicios de salud y sociales hacen un trabajo importante, pero, mientras conversábamos con otros dos o tres colegas, se nos ocurrió que necesitábamos un espacio específico, dedicado exclusivamente a nosotras. Pensamos que lo que más les faltaba a las trabajadoras sexuales era un espacio para intercambiar sobre nuestros problemas, con las personas interesadas, aquellos que las entienden de otra manera. Entonces, al principio, la idea era poder hablar pacíficamente, entre nosotras, sobre nuestras vidas, nuestras alegrías, nuestros problemas, nuestras tristezas, nuestras rabias.

Luego hubo algunos eventos políticos que nos hicieron ser más públicas: la comuna de Sint-Joost, en Bruselas, emitió una nueva regulación policial sobre prostitución, que, para decirlo con franqueza, tenía el único propósito de expulsar a las prostitutas de Sint-Joost. El 15 de diciembre de 2015, UTSOPI tomó su primera postura política y se opuso firmemente a esta regulación. Y también enviamos este mensaje a Bélgica y a todos los legisladores: no volveréis a hablar de nosotras sin nosotras.

Tienes que imaginar, aunque solo sea por un segundo, cómo se siente oír a las personas (los medios, tus amigos, tu familia) hablar constantemente sobre ti y tus colegas, mientras nadie te pide tu opinión. “Zorras”, “putas sucias”, “alienadas” … hay muchas palabras bastante poéticas para calificarnos, sin siquiera preguntarse qué piensan las personas más directamente interesadas sobre ellas. Es exactamente lo que UTSOPI intenta detener. No permitiremos más que las cosas se decidan sin ponernos sobre la mesa, no permitiremos más que se nos considere niñas, incapaces de decidir por nosotras mismas.

En mi caso, hará pronto siete años que soy trabajadora sexual. Me encantaría decirte que todo ha sido siempre perfecto, maravilloso y lleno de brillo, pero sería una mentira. Como en cada trabajo, hay algunas cosas muy agradables, y muchas otras muy malas. Pero, de hecho, creo que la parte más difícil de mi trabajo es que tengo que luchar para que me escuchen y para no ser juzgada día tras día.

Sin UTSOPI, me sería imposible hablar sobre los problemas que surgen durante mi trabajo. Mis amigos no pueden entender, mi familia estaría preocupada y mi novio aún más. Ya sabes, durante varios años, estuve sola en mi trabajo. Hice mis clientes, y eso fue todo. Pero cuando era demasiado difícil, cuando tenía preguntas, tenía que apretar los dientes y luego pensé que iría inevitablemente mejor después, que llegaría una solución. Y finalmente, la solución, la encontramos nosotras mismas, al crear UTSOPI.

Pero UTSOPI no es solo para nosotras. Somos conscientes de que la mayoría de nosotras somos privilegiadas: los simples hechos de tener documentos de identidad en Bélgica, un permiso de residencia, de hablar correctamente francés, holandés o inglés, y de tener, de cierta manera, “elegida” nuestra actividad nos hacen afortunadas . Lo que queremos con UTSOPI es también crear solidaridad en un mundo cada vez más difícil. Lo que queremos es derechos para todas las trabajadoras sexuales, sin excepción. Lo que queremos es el derecho a vivir, a tener una familia, a cambiar de trabajo si queremos, a ser consideradas como seres humanos.

Las leyes y el sistema belgas actuales sobre las trabajadoras sexuales son una hipocresía total. Existen tratados internacionales, como la Convención de Nueva York de 1949, que establece que nuestro trabajo es una violencia y que debe ser abolido, lo acordemos o no. Existen leyes belgas contra el proxenetismo con fines de prostitución y trata de personas, y finalmente, existen regulaciones comunales que, al parecer, pueden hacer lo que quieran, con el pretexto de evitar perturbar la paz pública, sin considerar a las trabajadoras sexuales ni siquiera por un segundo. Es bueno saber que la prostitución no es ilegal en Bélgica. Pero este sistema completamente impreciso conduce a una sensación constante de inseguridad para las trabajadoras del sexo, que nunca son realmente capaces de comprender lo que está permitido o no, lo que las hace desconfiar de todos. Esta situación nos hace vivir en secreto, entre mentiras, y para muchas de nosotras, con el temor de ser descubiertas.

Incluso cuando una quiere hacer un trabajo declarado, una todavía tiene que mentir, hacer algunos trucos y orar a Dios para que nadie se meta en nuestros asuntos. Todo lo cual hace imposible llevar una vida serena y llena de bienestar.

Pero no es solo un problema de reconocimiento y solidaridad o apoyo. La criminalización y la estigmatización de las trabajadoras sexuales impactan directamente en su estado general de salud y en los riesgos que corren. Se ha demostrado, entre otros, por investigaciones científicas e informes de UNO AIDS, NSWP, WHO, que la criminalización de las trabajadoras sexuales no hace más que impulsarlas más a la clandestinidad, y ponerlas en mayor riesgo, a fin de mantener sus ingresos habituales y poder seguir alimentando a ellas y a sus familias. En la misma idea, luchar contra la trata de personas —que está claramente bien representada en el trabajo sexual— no se hará por leyes y decisiones morales, al tratar de ocultar y estigmatizar a las prostitutas. Por el contrario, los países que han optado por la abolición nos muestran que, en realidad, la prostitución no desapareció, sino que se hizo menos visible, menos accesible y menos cuantificable. Dicen que ya no hay más quejas sobre prostitutas o clientes. Permítanme decirles que, si trabajara en un país abolicionista, si tuviera un problema, el último lugar donde buscaría ayuda y apoyo sería en la comisaría de policía. Porque simplemente temería ser considerada culpable o tratada como una víctima, a quien la única oportunidad que se le da es que detenga su trabajo y vaya a trabajar a Mc Donald.

 

La prostitución es un mundo vasto y variado. No hay solo “un” tipo de prostitución sino “varios” tipos de prostitución. No hay solo un perfil de puta, sino miles. Tantos como hay de seres humanos. Y este es el punto: detrás de las cifras y las estadísticas, hay personas. Personas que luchan todos los días para obtener el respeto que merecen, para sobrevivir en la vida y para seguir adelante.

 

UTSOPI también es parte del Proyecto de la Red Global de Trabajadoras Sexuales (NSWP) y del Comité Internacional por los Derechos de las Trabajadoras Sexuales en Europa (ICRSE). Gracias a estas redes globales, podemos ver lo que está sucediendo en otras partes del mundo, y considerar soluciones integrales y perspectivas para las trabajadoras sexuales. Claramente, no estamos a favor del abolicionismo, como supongo que ha quedado claro. Los sistemas completamente regulacionistas también muestran algunos límites.

 

Tomaré el caso de Alemania, o Austria, —de la que se habla con menos frecuencia— cuya política regulacionista hace que la vida de las trabajadoras sexuales sea una pesadilla. En la última reunión internacional de profesionales del sexo que tuvo lugar en Marsella, Francia, algunos de nuestros colegas, que trabajan en Viena, nos explicaron que obligan a hacerse un análisis de sangre para detectar el VIH y las ITS cada dos días. Entiendo la idea de la salud pública, pero sería más efectivo obligar a cada marido infiel a hacer estas pruebas que a las trabajadoras sexuales, quienes, en la gran mayoría de los casos, se protegen a sí mismas.

 

Actualmente, lo que todavía parece para nosotras el mejor y más efectivo modelo es la despenalización del trabajo sexual. Tomaré Nueva Zelanda como un ejemplo. Las trabajadoras sexuales de allá no están sujetas a un estatus específico como en Alemania o Austria, sino que se las considera como trabajadoras como todas las demás. No se trata de decir que el trabajo sexual es un trabajo como cualquier otro, por cierto, no es nuestra opinión en UTSOPI, sino que las personas que lo hacen merecen los mismos derechos que todos. Allí, todos los policías están capacitados para recibir quejas de las trabajadoras sexuales, para protegerlas en caso de litigio con un cliente, y trabajan codo a codo con las asociaciones de campo. Una colega nos contó cómo un cliente intentó robarla al no pagarle, y luego fue capturado por la policía, que lo obligó a pagarle a la trabajadora sexual, y que luego lo llevaron a la comisaría de policía.

 

Nueva Zelanda también facilita el acceso a otro trabajo para las trabajadoras sexuales que desean abandonar el trabajo sexual, y les da prioridad en la provisión de capacitación, considerando que el trabajo sexual es una profesión difícil, y es verdad, y que todo debe hacerse para apoyar a estas personas El único problema (pero no el menor) es el de las personas indocumentadas, que no pueden trabajar como trabajadoras sexuales legalmente, y por lo tanto no están protegidas por el sistema.

 

Todo eso ofrece posibles perspectivas e ideas para Bélgica, que pueden mostrar creatividad y pragmatismo cuando hay voluntad Todos sabemos que Roma no fue construida en un día y, por lo tanto, que la solución no caerá del cielo mañana por la mañana. Pero es necesario comenzar a colocar la piedra angular, con las trabajadoras sexuales, para construir un sistema sólido para proteger a las personas, que incluya a todos, y no deje de lado a las trabajadoras sexuales.

 

Finalmente, las afirmaciones de UTSOPI son claras: queremos poder hacer el trabajo declarado legalmente, para tener una protección social adaptada. Queremos tener acceso a un sistema de atención médica adaptado a nuestro trabajo, que tenga en cuenta las especificidades de nuestro trabajo. Queremos tener acceso a un sistema de pensiones claro, y no continuar viendo a nuestras colegas de más de sesenta años tener que seguir trabajando, con el temor de estar bajo el sistema de asistencia social o vivir bajo un puente. Queremos ser reconocidas como trabajadoras y tener la posibilidad de llegar a ofertas de trabajo o capacitaciones si nuestra voluntad es detener nuestra actividad. Queremos que el sistema de protección de la trata de personas se extienda a todas las personas que ejercen el trabajo sexual, que pueden ser víctimas de la violencia y sin tener la obligación de denunciar a sus proxenetas. Queremos tener acceso a una vida decente, y queremos el respeto que merecemos, en particular de los políticos que no parecen dejar de decir las cosas más horribles de nosotras.

 

Y una vez más, si aún no estaba claro, queremos que nuestro lema y nuestro mensaje sean respetados:

 

NADA SOBRE NOSOTRAS SIN NOSOTRAS

Con trabajo sexual es como apoyo a mi familia

Por Una Madre | Escritora invitada

Nueva Zelanda

4 de septiembre de 2017

 

https://thespinoff.co.nz/parenting/04-09-2017/sex-work-is-how-i-support-my-family/#.WbKX36aCLCp.facebook


¿Cómo se ganaría usted la vida si usted y su hija tuvieran una discapacidad severa? Una madre comparte cómo ella ha encontrado un trabajo que hace su vida apenas un poco más fácil.

Soy joven, maorí y trabajadora sexual, y mi vida es más difícil de lo que puedas imaginar, pero no por las razones que estás pensando. Algunas mañanas me despierto en la cama llorando. Sé que mi día será doloroso, y así será todos los días hasta lo que puedo ver en el futuro.

He vivido con dolor crónico en mi cuerpo desde que era una niña, y la discapacidad severa de mi hija significa que seguiré cuidándola a tiempo completo para el resto de mi vida. No es sólo un trabajo físico duro, es un trabajo duro emocionalmente, y algunos días no puedo soportarlo.

Como mucha gente, quiero trabajar duro ahora para poder retirarme cómodamente cuando sea anciana. Me imagino descansando en una pequeña cabaña rústica junto al mar, con un jardín lleno de plantas y flores silvestres. Pienso en sentarme al sol con amigos y hacer cadenas de cuentas y conchas para colgar en los árboles. Pienso en los adolescentes riéndose y diciendo lo atrasada que estoy. No es el objetivo de todos en la vida, pero no puedo esperar a quedarme atrasada.

Pero la realidad, sin embargo, es que vivo en una economía capitalista donde todo es de propiedad privada, y si no eres dueño de nada, no te queda más remedio que trabajar para la gente que sí tienen posesiones. Mi cuerpo no es capaz de trabajar una semana de 40 horas, ni permitir que me califique en algo que esté bien pagado. Estoy discapacitada para trabajar, y soy parte de una sociedad que no cuida a gente como yo, a gente como mi hija.

Tanto mi hija como yo nos vamos haciendo gradualmente más y más discapacitadas, pero ella mucho más deprisa que yo.

Ella ya necesita atención individualizada en todo momento, y todavía es sólo una niña pequeña. Las personas con su nivel de necesidades no se adaptan bien, ni siquiera en los centros de atención especializada.

No puedo soportar la idea de acortar su vida. Tengo que planear para su futuro — y me imagino que me sobrevivirá— así que necesito planear para eso también.

Pero, ¿cómo puedo planificar su futuro cuando apenas puedo pagar el alquiler?

¿Qué le pasará si no tengo una casa cuando no pueda trabajar?

Estas son las preguntas que contemplo mientras lloro en silencio en mi cama. Sé que mi vida siempre será difícil tanto física como emocionalmente, pero el trabajo sexual me ha dado esperanza para el futuro.

Ser una trabajadora del sexo significa que puedo trabajar cuando puedo y tener días libres cuando no. Puedo encajar mi trabajo en torno a mi discapacidad, elijo cuándo y cómo trabajo, y no hay presión en mi lugar de trabajo. Nunca tengo que hacer más horas de las que quiero, así que puedo pasar mucho tiempo cuidando de mi hija.

Lo más difícil de mi trabajo es ser organizada para colocar anuncios, contestar llamadas telefónicas, y tener un lugar conveniente para trabajar. Pago el impuesto sobre el dinero que hago, y ahorro todo lo que puedo para que mi sueño de una casa de campo se haga realidad un día.

Algunas personas argumentan que ninguna mujer que necesite dinero es libre de elegir el trabajo sexual, sino que se ve obligada a la prostitución por las circunstancias. Dicen que el trabajo sexual no es potenciador, es explotación. Dicen que mis clientes deben ser detenidos, y quieren que se me impida trabajar.

Dicen que estoy en un aprieto sin otras opciones, pero yo digo que el trabajo sexual me está sacando de un aprieto de por vida, y me alegro de tener la opción de hacerlo legalmente.

Después de luchar durante años en una situación desesperada de pobreza y dolor, abandonada por los servicios sociales y carente de redes de seguridad, finalmente encontré el trabajo sexual. Es un trabajo que puedo hacer, me permite trabajar y ahorrar, y está haciendo mi vida mucho mejor. El trabajo sexual me proporciona salud mental y felicidad, porque proporciona a mi hija un futuro, y cada día que pasa sin que ni mis clientes ni yo seamos detenidos es un día en el que mi vida se hace un poco más fácil.

¿Es empoderante? Te dejo decidir a ti .

Feminismo, prostitución y Estado

 

Feminism, Prostitution and the State: The Politics of Neo-Abolitionism

(Routledge Studies in Gender and Global Politics) 1st Edition

by Eilis Ward (Editor), Gillian Wylie (Editor)

 

 

http://www.readcube.com/articles/10.4324/9781315671437?author_access_token=CxraL-EyfweRmqUaUzp2mQLBIUWHziPdsn0vlMIwK3ThNDVrYF1U09lJam69h-SodlczmV0NZUKK01qmtoYPJFef4Z75mtJ9an59l6BUqDhUsnvQESsuxF-4WBPTmZ-U

 

INTRODUCCIÓN

Ellis Ward y Gillian Wylie

Introducción al neoabolicionismo: definición, conductores y debates

Cuando el gobierno sueco adoptó su Ley de Compra de Sexo en 1999, era difícilmente imaginable que la medida daría prestigio al Estado sueco al presentarlo como un supermodelo global para las políticas de prostitución en las décadas siguientes.

Aunque tradicionalmente las políticas de prostitución no han recibido mucha atención política —con algunas notables excepciones, como Nueva Zelanda y los Países Bajos—, los Estados del mundo occidental han empezado recientemente a debatir el comercio sexual como una prioridad urgente y un ámbito de acción imperioso. Dentro de estos debates, una opinión es siempre vociferante y de hecho domina en varias organizaciones internacionales y Estados-nación: que criminalizar a los que compran sexo está funcionando en Suecia y forzosamente lo hará en otros lugares para reducir el comercio sexual y, lo que es más importante, reducir la trata con fines de explotación sexual.

Para los académicos hay mucho que analizar en este fenómeno y mucha complejidad que es necesario desenredar. Una cuestión central que requiere un análisis es la pregunta a menudo planteada: ¿cómo ha llegado a dominar este modelo neoabolicionista la forma en que muchos gobiernos y organizaciones de la sociedad civil piensan acerca de la prostitución y el comercio sexual? Esta pregunta está en el corazón de este libro.

Este libro intenta ofrecer algunas explicaciones para la influencia creciente del neoabolicionismo, documentadas en estudios de casos de activismo político y prácticas estatales en un número selecto de jurisdicciones. Nuestro interés está en una evaluación crítica del surgimiento y ascenso del neoabolicionismo y su fundamento en un conjunto de creencias sobre su éxito en el ejemplo, es decir, Suecia. La política de Suecia ha sido legitimada a su vez por un fuerte discurso internacional que ha influido con éxito en cómo actores políticos y civiles piensan en la prostitución y el comercio sexual a principios del siglo XXI.

Ahí radica el desafío tanto para los responsables de la política como para los académicos. Mientras que los defensores del neoabolicionismo —sean activistas feministas radicales, grupos de presión religiosos o políticos— afirman que ésta es la única respuesta a las cambiantes circunstancias del comercio sexual de hoy, otras voces critican tanto las suposiciones contenidas en el modelo como su idoneidad como una respuesta de ‘talla única para todos”. Por lo tanto, el debate se ha polarizado y la compleja realidad de reconocer múltiples posiciones, múltiples situaciones y la relevancia del contexto al crear políticas alrededor del comercio sexual se ha vuelto algo desorientada. De hecho, el poder ejemplar de Suecia como modelo se refleja en el foco central de este libro en sí mismo: cómo explicar la manera en que este enfoque ha llegado a establecerse como la norma contra la cual todos los demás son medidos.

Antes de entrar en las discusiones que siguen, es necesario aclarar lo que se entiende por neoabolicionismo. El neoabolilionismo puede concebirse como una nueva versión de un enfoque establecido de la prostitución, el abolicionismo, que busca cerrar los espacios y lugares donde se practica el sexo comercial. Esto funciona criminalizando las actividades relacionadas con el trabajo sexual como el proxenetismo, la especulación, el vivir de los ingresos de la prostitución, la organización, y así sucesivamente. Podemos pensar en esto como un régimen que intenta estrangular el “suministro” criminalizando sus tecnologías, humanas o de otro tipo, pero que, sobre el papel al menos, no castiga a la vendedora.

El neoabolicionismo continúa argumentando que los Estados deben intentar abolir la prostitución, pero cambia la atención hacia la demanda como el pivote para este objetivo final. Si la demanda de sexo comercial es un crimen, entonces la oferta se marchitará en la vid. Este cambio se adoptó por primera vez en el mundo occidental en Suecia como parte de su programa de feminismo radical y postuló el sexo comercial, en el cual las mujeres eran vendedoras y compradoras de hombres, como una expresión inaceptable y violenta del patriarcado, que requería una intervención estatal mejorada. Así pues, se concibió como una política destinada a abolir la prostitución per se. A través de un proceso descrito en otro lugar (véase Swanstrom en este volumen), rápidamente se reelaboró nuevamente para incluir el objetivo de combatir la trata de mujeres con fines de explotación sexual, en respuesta a la presencia de mujeres inmigrantes en el comercio sexual sueco y convirtiéndose así en una premonición de los marcos internacionales de lucha contra la trata que luego emergieron en la ONU, la UE y otros lugares.

Esta breve historia social de la idea aísla los dos temas que definen el neoabolicionismo. En primer lugar, entiende la prostitución en sí como una forma de violencia contra la mujer, de acuerdo con los relatos feministas radicales de las relaciones de género y el poder de género. En segundo lugar, considera que la prostitución y la trata sexual son inseparables tanto desde el punto de vista conceptual (cómo pensamos en ellas) como en términos de leyes (cómo los Estados responden a ellas). Por lo tanto, el neoabolicionismo desagrega la “trata sexual” de otras formas de trata (como la laboral o el tráfico de órganos) y, en términos de política, desvincula la prostitución de los marcos de política social tales como la reducción de daños y las medidas contra la pobreza y se centra en cambio en las respuestas de la justicia penal y la aplicación de la ley.

Desde que la Ley de Suecia entró en vigor en 1999, Finlandia y Noruega, Irlanda del Norte, Francia y la República de Irlanda han adoptado o están a punto de adoptar el neoabolicionismo, aunque no siempre fielmente. En Irlanda del Norte, por ejemplo, las mujeres que venden sexo en grupos de más de una persona pueden ser procesadas ​​por propietarias de prostíbulos, produciendo así una extraña variante del neoabolicionismo que concibe a la persona que vende sexo como víctima y perpetradora de un delito al mismo tiempo, lo que sin duda es una profunda contradicción.

Mientras que la defensa del neoabolicionismo debe mucho al feminismo radical, es notable que otros grupos de presión , muy diferentes, también apoyan la idea. Más obviamente en el contexto de Estados Unidos, pero también en otros lugares como Irlanda del Norte, están en juego las fuerzas religiosas conservadoras y fundamentalistas (Bernstein 2012: Weitzel 2007; Zimmerman 2013). La improbable colaboración del feminismo y el fundamentalismo se manifiesta en una forma de gobernanza feminista (Halley 2006) o “feminismo carcelario” (Bernstein 2012) y se ha convertido en un componente clave de la política exterior de Estados Unidos con implicaciones directas en las relaciones internacionales. El compromiso contra la prostitución exigido a los beneficiarios de ayuda de los EE.UU. durante la administración Bush es un ejemplo clave de este impacto.

Aquí encontramos un aspecto adicional e inicialmente quizá desconcertante de la popularidad del neo-aboficionismo: su alianza con el neoliberalismo como una forma de gobierno y un conjunto de ideas o un ideal. Evidencia de esta convergencia se encuentra, por ejemplo, en la crítica de Bumiller (2008) a la alianza del feminismo radical con el Estado neoliberal en relación con la violencia sexual y en relación con la ley y las regulaciones sexuales de manera más general (Halley 2006). Desde este punto de vista, la formulación de la prostitución como una forma de violencia contra la mujer encaja con ciertos valores neoliberales o, al menos, no causa problemas a los Estados neoliberales. Por ejemplo, la influencia del neoabolicionismo en los programas de salida de la prostitución en los Estados Unidos encaja bien con un paradigma neoliberal de desviar la responsabilidad del bienestar social del Estado hacia los individuos, a los que se hace hiperresponsables (Leon Crysanthi, Shdaimah y Corey 2012: 269) Tema también identificado en relación con el Reino Unido (Scouter y O’Neill 2007: Carlin y Scouter en este volumen). Ejemplos como éstos dan peso a un argumento convincente de que las ideas feministas radicales, en particular sobre la violencia de género (incluyendo la prostitución en sí misma), han encontrado un hogar cómodo en el Estado neoliberal punitivo (Halley 2006. BumiIler 2008: 160).

Sin embargo, aunque el neoabolicionismo parece florecer en contextos neoliberales, un examen superficial no revela ningún patrón de correspondencia entre el tipo de Estado y el tipo de régimen de prostitución. De hecho, la tesis neoliberal parece estar confundida por el caso tanto de Suecia como, al otro extremo del espectro, de Nueva Zelanda. Suecia es un Estado de bienestar “feminista de Estado” y la prohibición de compra de sexo es parte integral de su agenda de igualdad intervencionista. Entiende que el Estado puede intervenir en los actos sexuales entre adultos para reparar y reequilibrar las desigualdades de género y está profundamente arraigado culturalmente en la larga historia de Suecia (Carson y Edwards, 2011). En cambio, Nueva Zelandia tiene una política completamente diferente que no criminaliza el acto de comprar o vender sexo y, en cambio, trata de regular la actividad a través de otros temas como los relacionados con la fiscalidad, la salud y la seguridad, la violencia sexual y el acoso, etc. Nueva Zelanda, en efecto, rechazó la idea de una prohibición de compra de sexo, pero Harrington argumenta que, contra los autores citados anteriormente, su régimen se ajusta cómodamente a las ideas de la mercantilización de la economía y de la sociedad inherentes al neoliberalismo del Estado (Hanington, 2012). De hecho, a menudo se argumenta que el neoliberalismo es bueno para las trabajadoras sexuales porque su privilegio del individualismo y las fuerzas del mercado pueden racionalizar el tipo de normas sociales dentro de las cuales las mujeres que se dedican al comercio sexual pueden hacerlo sin necesariamente ser estigmatizadas. En este enfoque, la venta de sexo se convierte por lo tanto, en un acto equivalente a vender cualquier otro “producto”.

El hecho de que no exista una relación directa entre los regímenes neoliberales y el neoabolicionismo puede estar en función de las contradicciones que existen dentro de la idea del neoliberalismo en sí mismo. Wendy Brown (2015) sostiene que el neoliberalismo es un concepto polémico, caracterizado por la ambigüedad. Es un fenómeno global, pero es inconsistente y no sistemático en su manifestación. Sin embargo, la manera en que regímenes del trabajo sexual diametralmente diferentes pueden “encajar” en los marcos neoliberales tiene sentido cuando concebimos al neoliberalismo no como una ideología, un conjunto de prácticas estatales singulares, coherentes y políticamente liberales, sino como conteniendo contradicciones y dinámicas complejas (Lamer 2000) que incluyen tendencias hacia ideologías políticas conservadoras y liberales.

Dejando a un lado la gran teoría, este libro sugiere que el mejor enfoque para considerar por qué el neoabolicionismo se ha vuelto tan influyente en el mundo occidental contemporáneo es, en efecto, construir la teoría desde el principio, basándose en estudios de casos concretos. Mientras que el neoabolicionismo tiende a ofrecer las mismas prescripciones políticas donde quiera que sea escuchado, en contextos variables debe adaptarse a las condiciones, historias y subjetividades locales. Sin embargo, no siempre ha tenido éxito precisamente debido a esas condiciones locales, como ilustran algunos de nuestros casos. De este modo, la historia de la organización de las trabajadoras sexuales en Nueva Zelanda seguramente es la principal barrera al neoabolicionismo allí. Mientras que las estructuras del gobierno australiano y la división relacionada de los poderes legislativos (O’Brien en este volumen) hacen extremadamente difícil para el activismo neoabolicionista tomar posiciones allí a pesar de una marea de apoyo a su agenda.

Aquí sugerimos, a partir de los estudios de caso presentados en este libro, un conjunto de conductores —factores, actores, fuerzas e instituciones— del neoabolicionismo. Sin embargo, es posible que no se encuentren en todas partes, o que de hecho funcionen de manera contraria dependiendo de las particularidades de cada contexto. Los lectores observarán que estos conductores se reflejan de una forma u otra a través de los capítulos a seguir.

 

Los conductores del neoabolicionismo

 

1 Suecia como supermodelo

Esto puede parecer un punto obvio dado la omnipresencia de las referencias al “modelo sueco” por sus defensores, pero es un punto insuficientemente reconocido y hay razones por las que la “suecidad” del modelo es particularmente influyente. Una de ellas es la percepción internacional generalizada de Suecia como una economía equitativa y justa desde el punto de vista moral. Gracias al estatus de Suecia como un “buen ciudadano internacional”, el neoabolicionismo gana legitimidad por asociación. Una segunda razón por la que el modelo se promueve tan exitosamente radica en el impacto de la acción consciente del Estado sueco. El Estado pone fondos y recursos políticos en la promoción del modelo en el extranjero (en la UE, por ejemplo) y en la acogida de delegaciones parlamentarias en el país, como lo atestiguan algunos de los capítulos del libro. El papel de Suecia en promover activamente su enfoque, como parte de su propia creación de imagen en el ámbito internacional, no puede ser subestimado al explicar la capacidad de la idea de obtener acogida en otras partes.

2 Redes transnacionales en la política internacional

La mayor parte de este libro toma como base la aproximación a la política del neoabolicionismo dentro de cada país “desde cero”. No cabe duda de que las redes transnacionales de promoción han sido actores influyentes en la difusión de la idea. Utilizando los espacios creados para ejercer presión en torno a las organizaciones mundiales y regionales, las redes de activistas neoabolicionistas han influido en marcos internacionales sobre la trata sexual, vinculando el tema estrechamente a las políticas de prostitución y abordando “el lado de la demanda”. Muchos de estos grupos de promoción transnacional están asociados con el movimiento mundial de lucha contra la violencia contra la mujer, que ha crecido cada vez más desde la Conferencia de Pekín de 1995 y ahora está integrado en grupos de presión transnacionales como el Lobby Europeo de Mujeres (EWL) cuyo papel clave en la promoción del abolicionismo en Europa es significativo. Los activistas locales de la sociedad civil, que intentan domesticar los ideales neoliberales en sus propios contextos, buscan a los aliados de la sociedad civil global como EVVL y la Coalición contra la Trata de Mujeres, para reforzar su posición.

3 Movimientos contra la violencia contra las mujeres en la política nacional

Mientras que el feminismo ha tenido un debate largo y continuo sobre sus posiciones en el trabajo del sexo, el neoabolicionismo, que postula el trabajo del sexo como intrínsecamente una forma de violencia, logró adaptarse con precisión a los avances hechos por movimientos contra la violencia contra las mujeres en diversos ambientes políticos nacionales. Si bien están vinculadas a organizaciones transnacionales como el EVVL (su Observatorio de la Violencia Contra la Mujer, por ejemplo), como se mencionó anteriormente, muchas organizaciones pequeñas y locales de mujeres han incorporado la idea de la intervención estatal y asegurado el financiamiento estatal para trabajar en contra de la violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer. Estos grupos afilaron sus dientes a través de muchos años de activismo a nivel local y nacional para conseguir refugios, programas de educación pública y muchas otras iniciativas. El neoabolicionismo se basó fácilmente en estos esfuerzos y en la experiencia de los grupos de presión para legitimar y popularizar su agenda.

4 Normas de moralidad anticuadas

Un elemento importante del atractivo de la retórica abolicionista consiste en recurrir a valores simplistas del bien contra el mal en lugar de ofrecer un análisis racional de las políticas basado en datos rigurosos. El conocimiento empírico sobre la naturaleza y la extensión del sexo comercial a menudo carece de rigor, o reconocimiento de la complejidad, en muchos contextos nacionales. Por el contrario, los debates sobre la prostitución y el trabajo sexual están a menudo cargados emocionalmente, ofrecen resistencia a los hechos fehacientes, están gobernados por una ideología muy explícita, concurridos por informantes con conocimientos limitados, preeminentemente preocupados por el simbolismo, y finalmente sujetos a cambios abruptos (Wagenaar y Mink 2012). Desde esta perspectiva, por lo tanto, el éxito del neoabolicionismo puede explicarse como una función de la dinámica particular de la formación de normativas de prostitución, tal vez distintas a las de otros ámbitos normativos (como el medio ambiente o el transporte) en la que las preocupaciones morales a menudo triunfan sobre la evidencia. Este argumento sugiere, pues, que es el poder discursivo del neoabolicionismo, su carga moral, lo que le lastra, junto (como ilustran algunos capítulos) a la convergencia de la “anticuada” moralidad sexual conservadora con su primo cercano cuando se trata del comercio sexual: el más a la moda feminismo radical.

5 El imaginario de la trata

El pensamiento neoabolicionista depende en gran medida de la creación de una equivalencia irreductible entre la prostitución y la trata sexual y el poder de la idea de que la trata sexual es un fenómeno enorme y abrumador. Esto no quiere decir que la explotación de las personas que se mueven global o localmente en el comercio sexual no tenga lugar (sería absurdo negar esto) sino que la idea de “trata sexual” se ha utilizado con gran efecto político de la misma manera que la trata de blancas funcionó en la primera parte del siglo XX (Doezema 2010, Soderlund 2013). El imaginario contemporáneo traza una equivalencia entre la prostitución y lo que se denomina trata sexual, porque ambos se entienden fundados en la violencia y la imposibilidad de consentimiento. Confiar en el imaginario de la víctima de trata —inocente, mujer, explotada— supera todos los otros enfoques, incluyendo aquellos que buscan incluir debates sobre la libertad en relación con el cuerpo sexual o la autonomía corporal. A pesar de las estadísticas impugnadas y la complejidad de la “trata” (véase, por ejemplo, Sharma 2003), el poder de este imaginario apunta a las dificultades encontradas para llevar la evidencia empírica al debate. Las víctimas de la trata son, por definición, invisibles y como tal siempre presentes e irrefutables. En virtud de su supuesta inocencia y victimización, siempre triunfarán frente a una trabajadora sexual cuyo estatus es tradicionalmente, aunque con algunas excepciones, considerado política, social y moralmente problemático, incluso dentro de la teoría feminista (Beloso 2012). El imaginario de la trata ha sido particularmente poderoso en los Estados Unidos, permitiendo al Estado asumir el papel de protector benevolente para hacerlo encajar con sus propios intereses territoriales (Soderlund 2005). Sorprendentemente, Portugal está solo entre los Estados miembros más antiguos de la UE como carente de pensamiento neoabolitionista a pesar de la presencia tanto de un movimiento feminista fuerte como de un comercio del sexo. Un fenómeno posiblemente explicado por el hecho de que la “trata” no es un problema para el Estado.

6 El evangelismo religioso

Las neoabolicionistas feministas se han encontrado como extraños compañeros de cama con los cristianos evangélicos en la lucha contra la prostitución / trata sexual. En el contexto americano, los cristianos evangélicos de derecha sostienen ideales neoabolicionistas a pesar de partir de puntos de vista diametralmente diferentes a los de las feministas radicales. Los evangélicos están preocupados por apuntalar la vida familiar heterosexual nuclear y oponerse a la “esclavitud” porque niega a la gente la libertad de seguir a Cristo (Zimmerman, 2013). Se podría argumentar que esta poderosa alianza entre el feminismo radical y la derecha religiosa aseguró la prevalencia del neoabolicionismo en los Estados Unidos. Además, otras tradiciones dentro del cristianismo también pueden conducir al respaldo del neoabolicionismo, como en Francia, donde el neoabolicionismo actual implica una convergencia del feminismo y los movimientos católicos históricos de rescate y justicia social (Mathieu 2016).

7 La cultura política nacional dominante

Como se mencionó anteriormente, el pensamiento neoliberal es un ideal y un conjunto de prácticas encontrados entre las democracias avanzadas discutidas en este libro. Sin embargo, como también se admitió anteriormente, el contexto neoliberal puede funcionar en ambos sentidos en relación con el comercio sexual. El libre mercado puede legitimar el sexo comercial, así como la transferencia de la responsabilidad del bienestar desde el Estado a los individuos puede promover una confluencia entre el abolicionismo neto y los enfoques de usar la justicia penal para tratar la prostitución. Por otra parte, las contradicciones internas del neoliberalismo también son evidentes en el deseo de los Estados liberales de permitir el libre mercado de los bienes a la vez que se evitan con determinación los movimientos transfronterizos de personas. La tendencia común de los Estados capitalistas avanzados a buscar el control de la inmigración en nombre de la seguridad puede crear una causa común con aquellos que buscan criminalizar a los tratantes de sexo y a los compradores de sexo. Dentro de estas corrientes políticas globales, por lo tanto, la importancia del neoabolicionismo en lugares particulares todavía depende mucho de la intersección entre el ideal y las culturas políticas locales. Así, la resistencia al neoabolicionismo puede provenir del individualismo histórico de Nueva Zelanda, mientras que la empatía con la idea se puede encontrar en el feminismo estatal de Suecia, en la historia del regulacionismo moral en Irlanda o en el cambio hacia la responsabilidad personal en Inglaterra y Gales. Las diferencias nacionales, incluidas las culturas y las instituciones políticas, por lo tanto, jugarán un papel en cómo el neoabolicionismo es conducido y quién lo conduce.

8 Política consensuada entre partidos

Un tema llamativo del éxito del neoabolicionismo es el grado de consenso entre los distintos partidos alcanzado en diferentes sistemas políticos. En Suecia. Inglaterra y Gales, Irlanda y los Países Bajos, partidos de todo el espectro, por lo general divididos en otros temas de moralidad privada (sobre cuestiones de derechos de aborto, por ejemplo, o más tradicionalmente sobre la homosexualidad) han encontrado suficiente causa común para trascender lo que los científicos políticos habitualmente denominan escisiones políticas . Donde esto ha ocurrido, es realmente difícil que las opiniones contrarias sean aireadas y / o legitimadas.

9 La fuerza o debilidad relativa de las organizaciones de trabajadoras sexuales

Por último, cualquier discusión sobre los factores conductores del neoabolicionismo necesita referirse a la presencia o ausencia de organizaciones de trabajadoras del sexo y su influencia estratégica o política dentro de cualquier forma de gobierno. Es una tentadora simetría argumentar que cuando hay organizaciones de trabajadoras sexuales fuertes y políticamente astutas el neoabolicionismo por lo menos tendrá ante sí un hueso duro de roer. En este sentido, podríamos argumentar, para poner de manifiesto un punto obvio, que su ausencia se convierte en un impulsor del neoabolicionismo. En los países donde estos movimientos son fuertes, Nueva Zelanda, Australia y los Países Bajos, la política neoabolicionista no ha alcanzado una posición dominante.

Sin embargo, como se trata en el capítulo de los Países Bajos más adelante, se trata de una simetría que no se puede asumir. Igualmente, en los Estados Unidos (la patria, después de todo, de una de las organizaciones originales de trabajadoras sexuales, COYOTE), otros factores, como los identificados anteriormente, han eclipsado el poder y la legitimidad de las organizaciones de trabajadoras sexuales. En este sentido, podemos identificar más correctamente las organizaciones de trabajadoras sexuales quizá como una variable importante en el conjunto en lugar de un conductor diferenciado. Nuestros estudios de caso aquí de nuevo parecen indicar que la mezcla de particularidades locales, incluyendo el poder relativo y el estatus de las organizaciones de trabajadoras sexuales, será significativa en la determinación del resultado de cualquier proceso de reforma de leyes o regulaciones.

 

CONCLUSIÓN


El feminismo carcelario, el Estado y la trabajadora sexual
En una era globalizada, ¿de quién es el poder?

Eilis Ward y Gillian Wylie

Introducción

Las ideas y políticas neoabolicionistas se han vuelto omnipresentes En muchas partes del mundo, está sencillamente dado como hecho probado que criminalizar la compra de sexo reducirá el trabajo sexual y automáticamente provocará una reducción de la demanda que, según se argumenta, es trata con fines de explotación sexual. Por lo tanto, de un solo golpe, junto con la abolición de la prostitución, también se pondrá fin a la trata sexual. Como ilustran los capítulos de este libro, estas ideas en la actualidad animan marcos políticos internacionales y dan forma a muchas políticas estatales hacia el trabajo sexual. Incluso en contextos de países aparentemente inmunes al atractivo de la idea, los activistas neoabolicionistas se conectan con determinación en la esfera pública, impactando en la política local y en las sociedades civiles. Pero, como también ilustra este libro, hay muchos problemas y desafíos en esta línea de argumentación y estos problemas se vuelven a su vez más complejos por las interacciones entre los ideales neoabolicionistas y los regímenes internacionales, las culturas políticas locales y los valores en pugna. A modo de conclusión, ofrecemos algunas reflexiones sintetizadoras sobre el análisis de la trayectoria del neoabolicionismo, reflexiones que se encuentran en los capítulos de este libro, así como algunas reflexiones sobre las implicaciones políticas y sociales de este proyecto feminista radical.

 

Afirmaciones y conductores neoabolicionistas

La afirmación de que “Suecia funciona” es un importante grito de reivindicación y legitimidad para el activismo neoabolicionista, y al que nos referimos al comienzo de este libro. Sin embargo, a lo largo de los capítulos, la idea de que existe una fuerte base de evidencia para el modelo sueco o las prohibiciones de compra del sexo se demuestra repetidamente que es frágil, no menos en el capítulo de Yvonne Swanstrom que señala la falta de una evaluación apropiada de la prohibición de la compra del sexo. A lo largo del libro se cuestiona la base empírica para abogar por criminalizar la demanda masculina. Por ejemplo, el capítulo sobre Irlanda muestra que las estadísticas a menudo citadas en defensa de la posición neoabolicionista son dudosas. En general, la confluencia de la cuestión de la trata sexual con la prostitución es una presunción central del neoabolicionismo porque la imagen predominante de la víctima de la trata como una mujer violada e inocente refuerza las llamadas a criminalizar la demanda y a superar cualquier preocupación “liberal” con la reducción del daño, la libertad de elección o la autonomía personal o las llamadas de atención en cuanto a la complejidad y diversidad dentro del comercio sexual y la viabilidad de la propuesta. Pero también aquí la evidencia sobre la naturaleza y extensión de la trata sexual es altamente problemática y politizada (Feingold 2010; Vance 2011). Lo que estamos sugiriendo aquí es que la influencia generalizada del neoabolicionismo no puede ser explicada en términos de “hechos” establecidos o eficacia probada de esa normativa, sino que su ascenso indudable tiene raíces políticas e ideológicas. Este libro intentó descubrir esas raíces y la interacción entre una idea muy poderosa (el relato feminista radical del comercio sexual) con los procesos políticos y las instituciones de los Estados seleccionados aquí.

Al comienzo de este libro identificamos una serie de conductores del neoabolicionismo, derivados de una visión general de los capítulos aportados. Sugerimos que estos conductores: el ejemplo sueco; el activismo transnacional feminista radical; la violencia contra las mujeres; las normas anticuadas de moralidad; el “imaginario de la trata”; el cristianismo evangélico; las culturas políticas mundiales y locales; y la fuerza del activismo del trabajo sexual, todos se intersectan para producir diversos grados de tracción para el neoabolicionismo en diferentes contextos Esperamos que, ahora al final del libro, la forma específica en que estos conductores combinados ejercen influencia dentro de cada contexto se haya vuelto más claro para los lectores y ayude a dar un sentido analítico a por qué el neoabolicionismo florece o falla en uno u otro lugar.

 

El activismo neoabolicionista tiene un alcance global que se desprende del impacto del activismo feminista transnacional en la ONU y en la UE y en las alianzas estratégicas que los activistas llevan a cabo con los Estados nacionales impulsando su agenda internacionalmente. Después de Palermo y su seguimiento en organizaciones regionales como la UE, los Estados-nación se vieron presionados para adoptar nuevos marcos de lucha contra la trata que a menudo están estrechamente asociados con las medidas neoabolicionistas para frenar la demanda de sexo comercial. Sin embargo, las nuevas normas internacionales no se traducen exactamente a los Estados-nación (Acharya 2004). Aquí los otros conductores también son cruciales en términos de alianzas, estratégicas o de más largo plazo, entre feministas radicales, grupos religiosos y partidos políticos, la presencia o ausencia de contraofertas y la naturaleza de las estructuras políticas, las políticas predominantes y las costumbres políticas. De Suecia a Nueva Zelanda, de los Estados Unidos a Australia y de los países situados en medio, el libro ha sugerido que necesitamos estudiar cada lugar “desde cero” y, con miras a su situación internacional, analizar por qué el neoabolicionismo arraiga o no a través de una lectura contextualizada de estos factores entremezclados.

Por supuesto, es necesario introducir aquí la advertencia usual que “se necesita más investigación”. Nuestro alcance en términos de estudios de casos y contenido de cada capítulo fue necesariamente limitado por el espacio y es posible que otros conductores se estén también presentes en los contextos en estudio. El papel de los medios de comunicación, por ejemplo, se menciona a lo largo de los capítulos, pero está fuera del enfoque del libro y quizá requiere una atención específica. Por otra parte, nuestro escrito se centra en los estados democráticos liberales avanzados y dentro de ese grupo en solamente un puñado seleccionado. Es necesario explorar las experiencias de organizaciones de otros Estados como Grecia, Italia y Hungría, y de Estados de América Latina, Asia y África. Se necesita , de hecho, más investigación, pero sugerimos que los conductores identificados aquí proporcionan un marco útil para ayudar a la investigación comparativa.

Prostitución, feminismo y Estado

Si bien el énfasis en este libro está en las lecturas matizadas del impacto del neoabolicionismo en lugares y espacios particulares, existe una preocupación general, incluida en el título del libro, de explorar lo que todos estos casos nos dicen acerca de las relaciones entre “prostitución, feminismo y Estado” en las democracias contemporáneas, avanzadas y liberales. Como queda claro en cada discusión, el neoabolicionismo lee la prostitución como una encarnación de la desigualdad de género y una forma de violencia contra las mujeres. También vincula la prostitución contemporánea con el imaginario de la trata sexual que se fundamenta en un tosco binario. Este binario niega la posibilidad de consentimiento o autonomía a las que venden sexo y presenta al tratante o al comprador de sexo como siempre hombre, poderoso y criminal. Esta lectura legitima las respuestas estatales al comercio sexual punitivas y procesales, con la ira del Estado (y de las feministas) ostensiblemente dirigida a los hombres pero, más a menudo, creando situaciones cada vez más complicadas para quienes venden sexo. Como tales neoabolicionistas son ejemplos arquetípicos de feministas carcelarias (Bernstein 2010), aliándose con los Estados para criminalizar a aquellos a quienes ven como los autores de la desigualdad. Sin embargo, al hacer estas alianzas con los Estados, terminan por sumarse a políticas a) diseñadas para promover enfoques neoliberales a los problemas sociales y b) promotoras de la exclusión de los trabajadores inmigrantes.

El capítulo británico de Scoular y Carline ofrece un ejemplo de la primera de estas tendencias. Aunque no es un régimen totalmente neoabolicionista, la regulación de la prostitución en Inglaterra y Gales se está moviendo en esta dirección con medidas cada vez más punitivas contra compradores masculinos. Estas políticas son paralelas a las medidas neoliberales de responsabilidad dirigidas a las mujeres que venden sexo, con la esperanza de que se autorreformen. Sin embargo, como hemos señalado al principio, la complejidad de cada caso significa que otras formas de feminismo también pueden encontrarse compinchadas con las políticas estatales de bienestar bajo condiciones de neoliberalismo generalizado, como ilustra la larga tradición del feminismo de Estado en Suecia.

Casi todos los capítulos incluyen una enseñanza de las maneras en que el neoabolicionismo feminista juega en la segunda de estas tendencias. Sobre todo tras el entrelazamiento del pensamiento sobre la prostitución con suposiciones sobre la trata sexual transnacional, las políticas neoabolicionistas pueden terminar implicadas en la justificación de un enfoque carcelario de la política fronteriza. Esto es muy claro, por ejemplo, en el capítulo de O’Brien sobre Australia que demuestra cómo los discursos de la criminalidad y la ilegalidad de la inmigración, ejemplificados por la trata, alinean las aspiraciones neoabolicionistas con la legitimación de las políticas migratorias de exclusión. Swanstrom sugiere que el uso de la prohibición de compra de sexo para desarrollar la política de inmigración y trata no era el objetivo de sus defensoras feministas, preocupadas por sus ideales de igualdad de género. Sin embargo, Halley (2006) sugiere que la determinación de las “feministas de gobernanza” de “recorrer los pasillos del poder” y abogar por los enfoques carcelarios tiene consecuencias problemáticas que deberían haber previsto. De nuevo, sin embargo, es importante reconocer que otras influencias dentro del feminismo también pueden enfocarse como colaboradoras (intencionalmente o no) con la política de control migratorio. El capítulo de Heumann y otros sobre los Países Bajos revela que el ímpetu político para la legalización de la prostitución procedía de la intención de separar a las trabajadoras locales legales de las extranjeras irregulares en lugar de un compromiso purista con los derechos de las trabajadoras sexuales. Irónicamente, el enfoque sueco de “imagen en espejo” también puede producir una jerarquía de víctimas del comercio sexual, dividiendo a las víctimas “nativas” de las trabajadoras sexuales “extranjeras” (Skilbrei y Holmstrom, 2013).

Por lo tanto, el libro muestra cómo el feminismo radical, revitalizado como activismo neoabolicionista, ha llevado al feminismo y a muchas organizaciones y movimientos de mujeres a una conexión preocupante con las agendas estatales y neoliberales. Además, las consecuencias negativas del neoabolicionismo para las mujeres que venden sexo y para las mujeres lnmigrantes en el mundo contradictorio de la globalización neoliberal parecen claras.

 

Conclusión

Las historias contadas en este libro tratan por tanto de los movimientos y alianzas de muchas ideas grandes e instituciones poderosas. Tratan del movimiento de una idea feminista radical en el seno de los aparatos de justicia penal del Estado. Tratan de los cambios profundos que se han producido en el comercio sexual provocados por la innovación tecnológica y los desafíos que ello implica tanto a la policía como a nuestras opiniones de justicia, derechos, moralidad, inclusión y exclusión. Tratan de la toma de posición estatal ante la inmigración y las desigualdades globales. Tratan de la tensa relación entre la evidencia y la formulación de políticas en un ámbito político que se ve afectado por la producción de conocimiento. También son historias sobre cómo algunos Estados (Suecia y los Estados Unidos) utilizan ciertas ideas para sus propios propósitos de Estado en las relaciones internacionales. Sin embargo, a lo largo de todo este libro y en las preocupaciones de los autores, no se encuentra el imaginario sino la realidad de la trabajadora sexual y en particular de la trabajadora sexual inmigrante. Nuestro enfoque en lo político, lo ideológico y lo institucional en el libro, necesariamente miró más allá de esta realidad y abarcó las narrativas más sociológicas y personales necesarias para explorar este campo. Sin embargo, queremos concluir reuniendo de nuevo todos estos ámbitos, desde el cuestionamiento del poder estatal, el feminismo de gobernanza y las ideas sobre el neoliberalismo hasta la realidad cotidiana de las trabajadoras sexuales. Dada la agenda liberal e inclusiva del feminismo, su rechazo de las políticas de dominación y su valoración de la subjetividad, es más preocupante que la “lógica primaria” del feminismo radical (Sandbeck 2012) dentro del neoabolicionismo sea una agenda de orden público, de mecanismos de justicia penal, encarcelamientos, actuación estatal prioritaria y avance de la política neoliberal. El feminismo radical ha permitido al poder del Estado reducir a un estereotipo, cosificar y victimizar los cuerpos de las trabajadoras sexuales inmigrantes y de todas las trabajadoras sexuales.

Referencias

Acharya, A. (2004) ‘How Ideas Spread: Whose Norms Matte?? Norm Localization and Institutional Change in Asian Regionalism’, International Organization, 58(2): 239-275.

Bernstein, E. (2010) ‘Militarized Humanitarianism Meets Cameral Feminism: The Politics of Sex, Rights and Freedom in Contemporary Anti-trafficking campaigns’, Signs, 36(1): 45-71.

Feingold, D. (2010) ‘Trafficking in Numbers: the Social Construction of Human Trafficking Data’ in P. Andreas and K. Greenhill (eds) Sex, Drugs, and Body Counts: The Politics of Numbers in Global Crime and Conflict. New York Cornell University Press, pp. 46-74.

Halley, J. (2006) Split Decisions: How and Why to Take a Break from Ferninian. Princeton, NJ and Oxford: Princeton University Press.

Sandbeck, S. (2012) ‘Towards an Understanding of Carceral Feminism as Neo-liberal Biopower’ unpublished paper delivered at the annual conference of the Canadian Political Science Association, University of Alberta, Canada.

Skfibrei, M. L. and Holmstrom, C. (2013) Prostitution Policy in the Nordic Region: Ambiguous Sympathies Farnham and Burlington, VA: Ashgate.

Vance, C. (2011) ‘States of Contradiction: Twelve Ways to Do Nothing About Trafficking while Pretending to’, Social Research, 78(3): 933-948.

Resistencia al estigma del trabajo sexual

 

Ronald Weitzer

Universidad George Washington, EE.UU.

Enero de 2017

 

https://www.academia.edu/31011252/Resistance_to_Sex_Work_Stigma_2017_?auto=download

 

Resumen

El estigma es omnipresente en el trabajo sexual y está bien documentado en estudios de trabajadoras sexuales. Pero rara vez los estudiosos han examinado la cuestión vital de si el estigma puede reducirse o eliminarse de cualquier tipo de trabajo sexual (stripping comercial, pornografía, prostitución, etc.). Después de una breve revisión de los temas relacionados con el estigma, este comentario propone un conjunto de condiciones previas para la reducción y, en última instancia, la eliminación del estigma del trabajo sexual.

 

 

El estigma es uno de los problemas más importantes en el trabajo sexual. Es omnipresente en el comercio sexual, aunque su contenido e intensidad varían un tanto por género, por sector ocupacional y por contexto nacional. Las investigaciones sobre las profesionales del sexo, sus directivos y sus clientes ofrecen abundantes pruebas de las consecuencias nocivas de la estigmatización.

 

El estigma se ha descrito como una imputación de estatus inferior a aquellos que tienen un rasgo desacreditador visible (por ejemplo, discapacidad física) o algún defecto moral percibido. Erving Goffman define el estigma como “un atributo que es profundamente desacreditador”, pero lo que es clave no es el atributo en sí: el estigma es producto de una relación entre al menos dos actores, no algo inherente a un tipo de comportamiento o condición física (Goffman, 1963: 3). Se aplica a categorías enteras de personas (por ejemplo, homosexuales, traficantes de drogas), así como a individuos específicos. Se manifiesta en las encuestas de opinión pública, las representaciones de los medios de comunicación, el discurso político, los encuentros cara a cara y las maneras en que los individuos internalizan los estereotipos, ocultan su identidad estigmatizada y llevan vidas dobles.

 

 

El libro de referencia de Goffman, Stigma (1963), ofrece un análisis convincente de las dimensiones clave del estigma. Pero el libro tiene una sorprendente deficiencia: no dice casi nada sobre la posibilidad de resistencia (por individuos o colectividades) ni considera si el estigma puede ser reducido o eliminado con el tiempo. Estas lagunas se reflejaban en las formulaciones originales de la teoría del etiquetado, que ignoraban la posibilidad de desafío por parte de los individuos que eran etiquetados como desviados, lo que John Kitsuse (1980) llamó posteriormente “desviación terciaria” y Edwin Schur (1980) examinó a nivel de grupo en su discusión de los “movimientos de liberación de la desviación”. Goffman y los fundadores de la teoría del etiquetado parecen haber asumido que una vez que un individuo o categoría de personas había sido estigmatizado, es internalizado por ellos y es básicamente permanente. La pegajosidad es quizá una función del período de tiempo en el que escribieron Goffman y los teóricos del etiquetado temprano (1951-1963) en la medida en que veían pocos ejemplos en ese momento de resistencia por parte de personas estigmatizadas o una política de identidad más amplia.

 

En lugar de desafío, Goffman se centra en las formas en que los individuos manejan el estigma: ocultándolo de los demás (“pasar” por normal); revelándolo selectivamente a algunas personas (“cobertura”); aislándose dentro de un grupo de otros igualmente estigmatizados; retener información biográfica sobre sí mismos; o de otra manera hacer frente a lo que él llamó una “identidad estropeada.” Los individuos estigmatizados se presentan como resignados a su estado devaluado, y su agencia consiste en limitar creativamente la exposición. Otro rasgo llamativo del libro de Goffman es el descuido de los orígenes y funciones del estigma hacia categorías particulares de personas -por ejemplo, las formas en que la estigmatización refuerza las normas convencionales y promueve intereses dominantes legitimando las jerarquías de poder establecidas (Link y Phelan, 2001; , 1980). El examen de las causas estructurales del estigma podría haber llevado a Goffman a explorar los corolarios de cómo el estigma puede reducirse. En vez de eso, nos quedamos con un análisis bastante estático, en el que los individuos internalizan las atribuciones desacreditantes de otros y hacen frente a ellos en la vida cotidiana.

 

Dos reseñas bibliográficas destacadas mencionan la cuestión del cambio, pero sólo de pasada y con escepticismo con respecto al potencial de erosión del estigma (Link y Phelan, 2001; Pescosolido y Martin, 2015). Y los pocos estudios que han examinado la resistencia se limitan en gran medida al nivel psicológico individual (por ejemplo Thoits, 2011) e ignoran la cuestión más amplia de cómo el estigma puede reducirse o eliminarse frente a una categoría entera de personas (excepciones incluyen a Anspach, 1979, De Young, 1988, Estro y otros, 2004, Schur, 1980). Un libro reciente discute programas diseñados para reducir el estigma hacia los enfermos mentales, incluyendo la iniciativa de la Asociación Mundial de Psiquiatría de 1996, Open the Doors Global Program para combatir el estigma debido a la esquizofrenia y campañas nacionales similares (Stuart et al., 2012). Dichos programas buscan difundir conocimientos, disminuir los prejuicios y poner fin a la discriminación contra quienes padecen una enfermedad mental. Estos programas han sido dirigidos menos al público en general que a grupos específicos como jóvenes, periodistas , policías, funcionarios de salud y encargados de formular políticas. Estos programas parecen haber tenido cierto éxito en la reducción de los estereotipos entre los grupos objetivo.

 

 

Estigma en el comercio sexual

 

El campo del trabajo sexual refleja la literatura académica más amplia en la que el propio estigma rara vez se problematiza. Una vez más, el defecto es tratarlo como una constante inmutable, no una variable, y asumir que es utópico imaginar su erosión. El estigma es universal en el ámbito del trabajo sexual: está bien documentado en la investigación sobre pornografía, prostitución y stripping comercial como un obstáculo que las trabajadoras sexuales y sus asociados enfrentan regularmente. Varía en intensidad, siendo generalmente más severo en prostitución (especialmente prostitución de calle) que en stripping comercial y pornografía. Varía un poco según la sociedad, y algunas naciones adoptan un enfoque más tolerante que otras, aunque el estigma sigue siendo un riesgo ocupacional para las trabajadoras sexuales en todas las naciones (Abel y Fitzgerald, 2010; Weitzer, 2012). Es más fácil para las trabajadoras sexuales inmigrantes protegerse del tipo de estigma que más les preocupa – el descubrimiento por familiares y amigos en su país de origen – que para las trabajadoras domésticas que viven con la amenaza diaria de detección de personas que conocen ( Scambler, 2007). Pero la nube negra del estigma afecta también a las trabajadoras sexuales migrantes. Y persiste incluso después de que una persona deje de vender sexo (por ejemplo, Sallmann, 2010). Su omnipresencia es evidente en las formas en que las trabajadoras sexuales llevan su vida laboral y personal: típicamente ocultan el tipo de trabajo que hacen de sus familias, conocidos, vecinos e incluso algunos amigos; niegan que están involucrados en el comercio sexual cuando se les pregunta; usan seudónimos en el trabajo y fabrican biografías personales; y llevan vidas dobles de otras maneras (Abel y Fitzgerald, 2010, Koken, 2012, Koken et al., Morrison y Whitehead, 2005, Sanders, 2005). Algunos analistas pueden considerar estas técnicas como una resistencia implícita (Sallmann, 2010), pero sigo argumentando que es mejor considerarlas como una forma de gestión del estigma y no una lucha contra el mismo. Las pocas prostitutas excepcionales que han “salido” en público sólo ilustran que las estrategias predominantes de afrontamiento son las de pasar por normales o hacer una revelación muy selectiva a los personas de confianza.2

 

También se estigmatizan los asociados de las trabajadoras sexuales: sus parejas, clientes y terceros que los ayudan o administran (por ejemplo, Birch 2015, Hammond, 2015). Los dueños de los burdeles, los directores de clubes de striptease, los distribuidores porno y otros terceros son a menudo reacios a revelar la naturaleza de su ocupación a extraños. Las personas que participan en empresas ilegales se ven obligadas a operar en el mercado negro o a ocultar la fuente de sus ingresos en la apertura de cuentas bancarias, de las autoridades fiscales y en otros negocios convencionales. Pero incluso los propietarios legales, gerentes y otros terceros se enfrentan rutinariamente con el estigma (Weitzer, 2012). Por último, sabemos que algunos investigadores que estudian el trabajo sexual han sido estigmatizados, sometidos a comentarios despectivos y a denuncias infundadas, marginados por los colegas, han sufrido altercados en reuniones profesionales y un nivel excepcional de escrutinio por parte de juntas de revisión institucionales que ha veces ha desembocado en negación de permiso para realizar investigaciones sobre la base de presunciones infundadas sobre el estudio propuesto (Dewey y Zheng, 2013, Hammond y Kingston, 2014, Siegel y de Wildt, 2015).

 

Mientras que esta literatura documenta la existencia del estigma en todo el campo del trabajo sexual, refleja a Goffman centrándose casi enteramente en cómo los individuos manejan sus identidades contaminadas, en lugar de preguntarse si algunos de ellos resisten activamente a las expresiones del prejuicio y la discriminación directa en encuentros cara a cara o colectivamente como miembros de organizaciones que buscan cambiar actitudes populares y políticas públicas. Existe una literatura de investigación sobre las organizaciones de derechos de las trabajadoras del sexo en diferentes países, que documenta las luchas a nivel de grupo por la normalización. Estas organizaciones se discuten más adelante en el artículo.

 

 

Reducción del estigma

 

La desestigmatización es un asunto tanto académico como político. Políticamente, podemos identificar un conjunto de estrategias prácticas para combatir el estigma, basadas en la táctica de los movimientos de liberación de desviación (Schur, 1980). Académicamente, podemos identificar un conjunto de condiciones previas para reducir y, en última instancia, eliminar el estigma de una categoría de personas. Link y Phelan (2001) señalan que ese cambio requiere un enfoque multifacético, pero no dicen nada acerca de en qué consisten estos cambios. A nivel individual, la resistencia por parte de una trabajadora sexual puede tomar las siguientes formas: anunciar que tenía plena autonomía al entrar en el trabajo sexual; estar actualmente en control de sus condiciones de trabajo e interacciones con los clientes; definir el trabajo como una profesión de servicio como cualquier otra o como una forma de apoyo o terapia para los clientes; negar el daño; condenar a los estigmatizadores; o distinguir su nivel (por ejemplo, escort ) de lo que consideran formas deshonestas de trabajo sexual (por ejemplo, la prostitución callejera). La evidencia de cada una de estas prácticas está esparcida por toda la literatura sobre el trabajo sexual, pero, de nuevo, estos esfuerzos tienden a limitarse al nivel psicológico o individual (por ejemplo, Koken et al., 2004; Morrison y Whitehead, 2005; Y Harred, 1992). Los actos aislados de resistencia de los individuos pueden tener poco o ningún impacto en la sociedad en general y también pueden ser peligrosos para los resistentes si sus acciones provocan ataques de otros.

 

En el plano social, el filósofo Lars Ericsson (1980: 362, 366) escribe que reducir el estigma requiere permitir que la prostitución funcione en un clima social libre de prejuicios emocionales … Para mejorar la prostitución debemos mejorar nuestras actitudes hacia ella . Su argumento es algo limitado -desatendiendo la cuestión crucial de cómo mejorar las actitudes de la sociedad- pero sí resalta un requisito central para la normalización. El cambio de actitud fundamental y generalizado es una condición necesaria, pero no suficiente, para la desestigmatización. A continuación, esbozo algunas condiciones previas adicionales para reducir el estigma.

 

 

Lenguaje neutro

 

Los nombres derogatorios deben ser borrados del discurso público y privado para la normalización de cualquier condición o comportamiento estigmatizados. Como Michel Foucault observó, las relaciones de poder están embebidas en el lenguaje, con grupos dominantes típicamente dedicados a “nombrar y avergonzar” a los subordinados. Palabras como prostituta, puta y putero deben ser reemplazadas por trabajadora y cliente. Cabe señalar que los grupos desacreditados a veces expropian términos peyorativos: pueden llamarse a sí mismos «putas» o «puteros» a efectos de obtener un valor de choque y reclamar e invertir los identificadores negativos. Ejemplos de ello son la Convención Mundial de Putas de 1985 en Bruselas; los eventos de baile de Hookers Ball que COYOTE patrocinó en San Francisco en la década de 1970; las revistas Whorezine y Johnzine publicadas por profesionales del sexo estadounidenses en los años noventa; y la defensa de los clientes de Chester Brown (2013) en su libro Paying For It: Una crónica en cómic sobre cómo ser un putero. Se puede argumentar que aquellos que participan en el comercio sexual deben ser libres para llamarse a sí mismos lo que quieran. Pero para reducir el estigma, otros deben dejar de usar términos despectivos debido a la relación de poder asimétrica que su uso reproduce con el tiempo.

 

 

Los medios de comunicación

 

En su mayor parte, hay un sesgo de negatividad en las representaciones que hacen los medios de comunicación de masas del trabajo sexual. Los medios de comunicación ponen de relieve los peores casos de abuso, confunden la prostitución con el tráfico humano y rara vez ofrecen una imagen positiva (o incluso neutral) de las profesionales del sexo y sus clientes. Los noticiarios de televisión, los periódicos y las noticias en línea suelen centrarse en la victimización, los daños, la prostitución callejera, la trata, las detenciones o las redadas en los “círculos” de la prostitución o los negocios relacionados con la misma (Farvid y Glass, 2014, Van Brunschot Et al., 2000). Los informes de prensa y los artículos de revistas raramente ofrecen un panorama contrastante, aunque algunos medios destacados lo han hecho en ocasiones (por ejemplo, Economist, 2014; Goldberg, 2014). La mayoría de los documentales también destacan la explotación económica y la victimización física, representada con la ayuda de imágenes extremadamente emotivas. Y las mismas representaciones sesgadas penetran los medios de entretenimiento. Algunos largometrajes y programas de televisión romantizan el trabajo sexual, pero éstas son excepciones en el cuadro dominante de presentación como cuentos de advertencia sórdidos (Campbell, 2006). La estigmatización requiere una representación más equilibrada de lo que se suele describir en los medios de comunicación. Por ejemplo, los documentales sobre la prostitución pueden representar una serie de escenarios, escalas y experiencias de las trabajadoras, en lugar de concentrarse exclusivamente en un solo tipo, por lo general presentado despectivamente. Al examinar arreglos radicalmente diferentes en varios países, los documentales Red-Light Districts del canal A & E (1997) y el documental de la National Geographic Television Prostitution (2010) resaltan la variación transcultural, lo que puede ayudar a reducir las generalizaciones estigmatizantes. El documental de CNBC Dirty Money: The Business of High End Prostitution (2008) y National Geographic American Escort Girls (2014) también contienen representaciones positivas de las personas que trabajan en el sector de las escorts. Y la serie de televisión Showtime e ITV2, Diario Secreto de una Escort, incluye aspectos eróticos y rutinarios de una escort, además de encuentros con una variedad de clientes, lo que también puede tener algún efecto normalizador sobre la percepción de la audiencia del sector de escorts. Los medios de comunicación de masas también pueden usarse como un vehículo para la educación pública, incluyendo Anuncios de Servicio Público o anuncios pagados en televisión basados en evidencia. Un ejemplo de esto último son los anuncios colocados en los medios canadienses por el grupo de abogacía, Stepping Stone, en 2011 (Griner, 2011). Y el Proyecto Paraguas Rojo ha llevado a cabo sesiones de capacitación para que profesionales del sexo defiendan mejor sus derechos cuando se relacionen con los medios combatiendo las caricaturas estereotipadas.

 

 

Despenalización

 

La experiencia del movimiento por los derechos de los homosexuales muestra que la derogación de leyes discriminatorias es de vital importancia pero no es suficiente para la normalización. Esto se aplica también al trabajo sexual. En los lugares donde el estriptis comercial, la producción de pornografía y la prostitución son legales y regulados por el Estado, el estigma persiste, aunque sea en forma diluida. Las encuestas de Gallup muestran que sólo el 29% de los británicos (en 2008) y el 31% de los estadounidenses (en 2013) piensan que ver pornografía es “moralmente aceptable” (Gallup, 2015). El estado de Nevada legalizó los prostíbulos rurales en 1971, pero tres décadas más tarde, sólo una ligera mayoría de los nevadenses (52%) apoyó la conservación de este sistema y sólo el 35% respaldó la idea de permitir que los burdeles legales operaran en la ciudad de Las Vegas (donde son ilegales bajo la ley estatal (citado en Weitzer, 2012: 51)). El estigma persiste también en las naciones que más recientemente han despenalizado la prostitución (por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, Alemania y los Países Bajos), aunque puede estar un poco acallada en esos lugares en comparación con las naciones donde la penalización reina. 4 En el área del trabajo sexual debemos esperar un retardo en el cambio cultural después de la reforma legal: puede llevar un tiempo considerable que las normas sociales se ajusten a las normas legales. La despenalización es una condición necesaria, pero no suficiente, para la desestigmatización.

 

 

Movilización de la industria

 

Los propietarios y gerentes de negocios eróticos pueden desempeñar un papel importante en el apoyo a la desestigmatización y la presión por los derechos. La industria de la pornografía en los Estados Unidos, por ejemplo, tiene sus propias organizaciones de apoyo y red de apoyo legal (Voss, 2015). Los propietarios de burdeles legales y agencias de escorts en algunos países también tienen organizaciones que abogan no sólo por sus propios intereses sino también por las trabajadoras sexuales en la medida en que sus intereses se superponen (Weitzer, 2012). Una advertencia importante es que algunos de los intereses de los dueños de negocios pueden entrar en conflicto con los de las trabajadoras sexuales. Los primeros persiguen naturalmente sus intereses económicos, que pueden entrar en conflicto con los de las trabajadoras sexuales. Pueden encontrarse alineados en algunas cuestiones, como combatir lo que consideran regulaciones injustificadas, pero pueden ser oponentes en otras cuestiones, como la de si los propietarios deben ser obligados a proporcionar beneficios de seguridad social a las trabajadoras. Sin embargo, la búsqueda de la desestigmatización se hará en la medida en que los propietarios de empresas eróticas abogan por la normalización de la industria y en la medida en que las élites de la industria (por ejemplo, Hugh Hefner y Larry Flynt) apoyen públicamente los derechos de las trabajadoras sexuales y aporten recursos para acabar con la discriminación legal y social.

 

 

Activismo de las trabajadoras sexuales

 

El cambio de política puede ser un proceso de arriba hacia abajo, orquestado por el Estado. Algunos legisladores han iniciado proyectos de despenalización con poca presión de las beneficiarias (por ejemplo, en Nevada, República Checa, Australia Occidental). Pero el cambio legal también ha sido catalizado desde abajo – por individuos y organizaciones. Para tener éxito, la investigación muestra que los grupos de derechos de las trabajadoras del sexo requieren:

 

  • Líderes inteligentes o carismáticos que sean capaces de soportar contraataques;
  • Recursos suficientes (material, personal);
  • Conexiones con organizaciones de medios de comunicación;
  • Alianzas con otras organizaciones y movimientos sociales; y
  • Apoyo generalizado de los beneficiarios (profesionales del sexo, clientes, empresarios).

 

Las organizaciones de trabajadoras del sexo en algunos países han disfrutado de uno o dos de estos factores (por ejemplo, una líder carismática), pero no todas ellas. Tales organizaciones tienden a estar muy poco financiadas, carecen de un liderazgo fuerte, reclutan a pocas trabajadoras sexuales como miembros, son marginadas por aliados potenciales (organizaciones de mujeres, sindicatos) y tienen pocas conexiones con los principales medios de comunicación (Gall, 2010; Majic, 2014, Mathieu, 2003, Oselin y Weitzer, 2013, Weitzer, 1991, West, 2000). Las trabajadoras sexuales carecen de solidaridad a través de la jerarquía del trabajo sexual; muchas ven su trabajo como temporal, no están inclinadas al activismo; y la mayoría percibe poca ventaja en la sindicalización, especialmente si son autónomas (Gall, 2010; van der Poel, 1992).

 

Hay excepciones importantes. El Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelandia, por ejemplo, desempeñó un papel instrumental en el proceso que condujo a la despenalización parlamentaria en 2003 y continúa influyendo en la política a través de su asiento permanente en el Comité de Revisión de la Prostitución del país que revisa periódicamente políticas y prácticas relacionadas con la prostitución . Respecto a los aliados, en 1973 la principal organización de derechos de las mujeres de Estados Unidos -la Organización Nacional de Mujeres- aprobó una larga resolución de despenalización declarando que NOW “se opone a las leyes prohibitivas continuas con respecto a la prostitución, creyendo que son punitivas” y por tanto apoya la derogación de todas las leyes relacionadas con el acto de prostitución “(NOW, 1973). Tal apoyo de una organización influyente dominante hizo poco para avanzar en la búsqueda de los derechos de las trabajadoras del sexo en los Estados Unidos (ahora no participan en ningún esfuerzo de reforma posterior), pero este tipo de apoyo, sin embargo, puede ser considerado vital para la desestigmatización. Amnistía Internacional, la Organización Mundial de la Salud, la Unión Americana de Libertades Civiles y la Comisión Mundial de las Naciones Unidas sobre el VIH y la Ley han defendido la despenalización, lo que bien divulgado puede ayudar a desafiar el estigma asociado con el trabajo sexual. En mayo de 2016, Amnistía Internacional apoyó formalmente la despenalización como una forma de reducir la victimización y la marginación de las trabajadoras sexuales. La decisión fue ampliamente divulgada y se considera como una gran victoria para la comunidad de trabajadoras del sexo (Amnistía Internacional, 2016).

 

Algunas acciones recientes ilustran las maneras en que las trabajadoras sexuales han intentado desestigmatizar el trabajo sexual, junto con otras metas. En 2001, una organización de San Francisco que proporciona atención médica a las trabajadoras sexuales (la St James Infirmary) publicó anuncios en autobuses urbanos que incluían fotos de profesionales del sexo y citas destinadas a desafiar los estereotipos: “los derechos de las trabajadoras sexuales son derechos humanos” “El trabajo sexual es un trabajo real” y “alguien que usted conoce es una trabajadora sexual” (Schreiber, 2015: 256). En septiembre de 2015 la organización escocesa de trabajadoras del sexo Scot-Pep lanzó una propuesta (con el miembro del Parlamento escocés Jean Urquhart) de una legislación que despenalizaría la prostitución, siguiendo el modelo de Nueva Zelanda. La Ley de Reforma de la ley de Prostitución de Escocia cuestiona la posición actual del Gobierno de Escocia de que el trabajo sexual equivale a la “explotación sexual comercial” y busca derogar las leyes contra la solicitud, el rastreo de clientes y el mantenimiento de burdeles. El proyecto de ley permitiría que más de una trabajadora sexual trabajara en las mismas instalaciones (la ley actual restringe esto a una trabajadora) y aumentaría las penas contra quienes coaccionan a las trabajadoras sexuales. En noviembre de 2015, el Colectivo Inglés de Prostitutas, junto con defensores de los derechos de las trabajadoras del sexo de otras naciones, testificó en un simposio especial sobre la despenalización en la Cámara de los Comunes británica.

 

Las demandas que cuestionan la constitucionalidad de las leyes de prostitución son otra estrategia que siguen los activistas de las trabajadoras sexuales. Un caso judicial importante de esta naturaleza tuvo éxito en Canadá en 2013, cuando la Corte Suprema dictaminó inconstitucionales las tres leyes de prostitución de la nación.5 En los Estados Unidos se presentó recientemente un recurso legal similar, que desafiaba las leyes de prostitución de California. En la medida en que el público es consciente de estos esfuerzos legislativos y judiciales, al ser cubiertos por los medios de comunicación, las iniciativas pueden tener algún efecto en el desafío de los conceptos erróneos populares sobre el trabajo sexual. Otros acontecimientos recientes mueven la política en una dirección más represiva. La legislación del Parlamento francés es un ejemplo, con la Asamblea y el Senado proponiendo diferentes proyectos de ley en 2013 y 2015: uno implementaría el sistema sueco de criminalización del cliente mientras que el otro lo rechazaría y mejoraría las penas contra las prostitutas que solicitaban en las calles. El proyecto de ley de criminalización de los clientes, aprobado en abril de 2016, fue rechazado por una variedad de organizaciones y más de 70 celebridades francesas, y la gran mayoría del público francés se opone a la criminalización de los clientes.6 Cientos de profesionales del sexo organizaron una protesta en las calles de París y una activista (Franceline Lepany) declaró: “Este proyecto de ley trata de estigmatizar aún más a las prostitutas” .7 Las activistas de las trabajadoras sexuales también han sido activas en la oposición a proyectos de penalización de clientes en Canadá en 2014, el Parlamento Europeo en 2014, e Irlanda del Norte en 2015. Todas las medidas fueron aprobadas a pesar de la oposición vocal de los críticos. Pero su impacto en el estigma del trabajo sexual puede ser mixto, ya que todas y cada una de las iniciativas provocaron la oposición de las trabajadoras sexuales y sus partidarios – resistencia que puede ayudar a iluminar al público y generar un mayor apoyo a las demandas de las trabajadoras sexuales.

 

 

La comunidad académica

 

La comunidad académica puede desempeñar un papel importante en la desestigmatización del comportamiento no convencional. En 1973, la Asociación Americana de Psiquiatría eliminó la homosexualidad de su compendio de enfermedades mentales (el Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales) y la Organización Mundial de la Salud siguió su ejemplo en 1990. Asociaciones profesionales y académicas pueden ayudar a reducir el estigma aprobando resoluciones en apoyo a grupos marginados o patrocinando directamente campañas contra el estigma, como lo han hecho varias organizaciones de salud mental. Este tipo de intervención es poco frecuente en el ámbito del trabajo sexual, pero hay al menos un ejemplo destacado: En octubre de 2011 la junta directiva de la Sociedad para el Estudio de Problemas Sociales aprobó una resolución declarando su apoyo formal a: ) La legislación bipartidista para despenalizar la prostitución, 2) la información al público sobre los costos de emplear a la policía para controlar a las trabajadoras del sexo, y 3) la normalización de esta ocupación.8 Otras asociaciones académicas y profesionales podrían aprobar resoluciones similares, que pueden ser ampliamente publicadas después. Los eruditos pueden intervenir de otras maneras, tales como escribir columnas para fuentes de noticias, aparecer en programas de entrevistas, y publicar los resultados de la investigación que demontan las falacias predominantes. Esto sucede en cierta medida ahora – p.ej., los académicos participaron en el simposio parlamentario británico mencionado anteriormente – pero una implicación más robusta del experto ofrecería un correctivo basado en la evidencia a las políticas basadas en mitos con respecto al trabajo del sexo.

 

 

Conclusión

 

Esta lista de condiciones previas no es exhaustiva, pero sí cubre las principales áreas en las que se necesita un cambio. Como se mencionó anteriormente, el estigma es frecuentemente mencionado por académicos y activistas en el campo del trabajo sexual, pero típicamente no se problematiza como una variable sujeta a cambio. Este Comentario pretende catalizar análisis más directos de las condiciones para reducir el estigma para todos los participantes en el comercio sexual.

 

Es importante señalar que cualquier esfuerzo de normalización tendrá la oposición de las instituciones establecidas si el contexto jurídico nacional es uno en el que la prostitución está penalizada, el ordenamiento jurídico en sí mismo agrava la estigmatización y las autoridades tienen interés por considerar el trabajo sexual como una desviación. Además de esto, sabemos que las principales instituciones sociales y muchos grupos de interés poderosos y bien organizados están empeñados no sólo en bloquear la normalización del sexo comercial, sino también en perpetuar e intensificar la estigmatización. El movimiento contra la prostitución es fuerte y está creciendo en la mayoría de las partes del mundo, reforzado por su exitosa equiparación de prostitución y trata (Weitzer, 2007). Y hay también un creciente movimiento anti-pornografía que ha logrado imponer nuevas restricciones sobre material y espectáculos eróticos en algunas naciones (Gran Bretaña, Islandia, India) (Attwood y Smith, 2010; Burke, 2015; Helgado’ttir, 2014 ). Pero como el estigma no es inherente a ningún tipo de comportamiento y es en cambio una construcción social, puede ser contrarrestado y desconstruido. Y esa desestigmatización puede tener consecuencias importantes para otros aspectos del trabajo sexual: si se permite a la prostitución “funcionar en un clima social libre de prejuicios emocionales” (Ericsson, 1980: 362), entonces resulta “imaginable que la prostitución pueda ser practicada siempre, como ocasionalmente es incluso ahora, en circunstancias de relativa seguridad, libertad, higiene y control personal “(Overall, 1992: 716). Este ensayo ha esbozado algunas condiciones previas para una normalización más amplia.

 

 

Agradecimientos

 

Una versión de este artículo fue presentada en la conferencia COST Action IS1209, “Troubling Prostitution: Exploring Intersections of Sex, Intimacy and Labour” en Viena, Austria, 18 de abril de 2015. La acción COST se conoce como Comparación de las políticas europeas de prostitución : Entendiendo Escalas y Culturas de Gobierno (Prospol) (www.propol.eu). Agradezco a Susan Dewey, Juline Koken y Sharon Oselin por sus comentarios sobre una versión anterior de este artículo.

 

 

Notas

 

  1. Goffman (1963: 7) escribe: “El individuo estigmatizado tiende a tener las mismas creencias acerca de la identidad que que las que tenemos nosotros; éste es un hecho fundamental “. Él menciona, pero sólo de paso, algunos ejemplos de intentos de los representantes de una categoría estigmatizada para dar voz a sus sentimientos compartidos (Goffman, 1963: 24-27).

 

 

  1. Esto se aplica menos a las personas cuyo trabajo es muy visible, como las estrellas porno y los intérpretes de webcam, que ya están ” fuera del armario” en virtud de sus apariciones en pantalla.

 

 

  1. Después de que 50 académicos firmaran una carta a la legislatura estatal de Rhode Island (Estados Unidos) oponiéndose a una nueva ley de prostitución en 2009 (Associated Press, 2009), dos activistas antiprostitución atacaron los motivos de los académicos, que fueron etiquetados como “radicales sexuales”. “Los radicales sexuales están tomando como objetivo a Rhode Island para su propia agenda libertaria sexual extrema de prevenir cualquier límite legal a cualquier comportamiento sexual “(Brooks y Hughes, 2009: 3). La carta de los académicos, que coescribí con Elizabeth Wood, no contiene nada que pudiera justificar esta conclusión y en cambio se organizó en torno a los principios de reducción de daños y derechos laborales (Carta a los Honorables Miembros de la Legislatura del Estado de Rhode Island, Re: Prostitution Law Reform Bill, 31 de julio de 2009).

 

 

  1. La Encuesta Mundial de Valores documenta actitudes más tolerantes hacia la prostitución en las naciones que han legalizado la prostitución que donde la prostitución es ilegal (ver Weitzer, 2012: 80). Sin embargo, incluso en los países donde la penalización es la norma, la opinión pública puede cambiar con el tiempo: según la Encuesta Mundial de Valores, la perspectiva de que la prostitución “nunca se justifica” ha disminuido sustancialmente en Estados Unidos: de 63% en 1981 a 40 % En 2006: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp (se accede el 25 de mayo de 2015).

 

 

  1. Bedford c. Canadá, ONSC 4264, Tribunal Superior de Justicia de Ontario, 28 de septiembre de 2010. El caso fue oído por un tribunal de apelaciones en 2012 y culminó con una sentencia del Tribunal Supremo en 2013 (Canadá [Fiscal General] v. Bedford, 2013 SCC 72, Tribunal Supremo de Canadá, 20 de diciembre de 2013).

 

 

  1. En cinco encuestas realizadas entre 2011 y 2013, del 70% al 82% de los encuestados franceses desaprobaron la idea de penalizar a los clientes, y una encuesta de 2013 informó que el 74% de los encuestados favoreció la “reapertura de burdeles” en el país (Weitzer, 2015).

 

  1. Esto fue citado en France24.com (se accedió el 3 de junio de 2015).

 

 

 

  1. Resolución 3, Sex Work: disponible en: http://www.sssp1.org/index.cfm/pageid/1516/m/ 392 # R3 (se accede el 20 de mayo de 2015).

 

 

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Ronald Weitzer is a professor of sociology at George Washington University. He has published extensively on sex work, including his books Sex For Sale: Prostitution, Pornography, and the Sex Industry (2000 and 2010) and Legalizing Prostitution: From Illicit Vice to Lawful Business (2012). In 2014 he co-edited a volume on human tra.cking for the Annals of the American Academy of Political and Social Science.

Un momento transcendental para las trabajadoras sexuales británicas

 

Una encuesta sobre la prostitución llevada a cabo por la Cámara de los Comunes ha recomendado la legalización de los burdeles y del ejercicio independiente de la prostitución tan rápidamente como sea posible. ¿Qué va a pasar ahora?

 

Janet Eastham

 

Lunes 4 de julio de 2016

 

https://www.theguardian.com/global/2016/jul/04/sex-workers-commons-inquiry-prostituion-brothels-soliciting-legalised-womens-safety-stunning-victory

 

 

Cuando Mariana Popä fue asesinada a puñaladas en Redbridge, en el este de Londres, a primera hora del 29 de octubre de 2013, había estado trabajando hasta más tarde de lo habitual para pagar una multa puesta por la policía por hacer prostitución de calle. Le fue impuesta como parte de la Operación Clearlight, una campaña policial para echar a las prostitutas de la calle. Y —lo que fue decisivo— estaba trabajando sola.

El intercambio de sexo por dinero entre adultos es legal en el Reino Unido, pero las actividades asociadas —posesión de burdeles y prostitución de calle— están penalizadas, lo que significa que las trabajadoras sexuales se ven a menudo forzadas a trabajar aisladas unas de otras y en lugares apartados para evitar a la policía, lo que las hace vulnerables a los ataques. Popa, que había llegado de Rumanía solo tres semanas antes, se convirtió en una más de la estadística: una más de unas estimadas 152 trabajadoras sexuales asesinadas entre 1990 y 2015.

Así que el llamamiento radical hecho el viernes por un grupo interpartidario de diputados de alto nivel solicitando la despenalización de las trabajadoras sexuales no habría podido llegar en mejor momento; el informe provisional de la encuesta sobre prostitución del selecto comité de asuntos domésticos requiere que las leyes que penalizan la prostitución de calle y el uso compartido de locales por las trabajadoras sexuales sean revocadas con carácter de urgencia. La Universidad Abierta de Trabajadores Sexuales (SWOU, por su nombre en inglés) ha llamado a esto “una sorprendente victoria para las trabajadoras sexuales y nuestras demandas de despenalización” y “un paso de gigante hacia el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras sexuales en el Reino Unido”.

El resultado de la encuesta de los Comunes no es solo sorprendente, es que no tiene precedentes. Si la recomendación del comité se lleva a efecto, sería la primera vez que la ley del Reino Unido ha valorado las voces de las trabajadoras sexuales y los resultados de las investigaciones académicas por encima de las objeciones de los activistas discrepantes. Para mi, como miembro de la SWOU, es un triunfo del pensamiento racional sobre la retórica vacía.

“Tratar la prostitución de calle como un delito está teniendo un efecto adverso”, dice el presidente del comité, Keith Vaz, “y está mal que las trabajadoras sexuales, que son predominantemente mujeres, sean penalizadas y estigmatizadas de esta manera. La penalización de las trabajadoras sexuales debería, por tanto, terminar”. Bajo la actual legislación del Reino Unido, dos o más trabajadoras sexuales que trabajen juntas por su seguridad pueden ser denominadas un burdel. Como explica Vaz, esta ley “significa que las trabajadoras sexuales pueden temer ser procesadas si trabajan juntas en el mismo local, lo que a menudo compromete su seguridad”. Según estimaciones, un 49% de las trabajadoras sexuales dicen estar preocupadas por su seguridad; este cambio en la legislación puede salvar vidas.

El comité ha pedido también al Ministerio del Interior que borre las anotaciones previas por condenas y advertencias de los registros de las trabajadoras sexuales. Como explica el informe, “tener un registro penal por faltas relacionadas con la prostitución […] crea una barrera insuperable para las trabajadoras sexuales que desean dejar la prostitución y dedicarse a un trabajo regular.”

En una reciente edición del programa Ted Talk, Toni Mac, miembro de la SWOU, explicaba que las trabajadoras sexuales de todo el mundo están haciendo campaña por la “total despenalización y los derechos laborales”. Amnistía Internacional defiende la despenalización como la única manera de proteger a las trabajadoras sexuales de las violaciones de derechos humanos y los abusos. Su posición, escrupulosamente basada en datos demostrados y respaldada por otras diez organizaciones no gubernamentales de ámbito global, fue publicada el 26 de mayo. El selecto comité todavía no se ha pronunciado a favor de ningún marco legal en particular.

Las recomendaciones de este informe son totalmente sorprendentes dados los desalentadores comienzos de la encuesta sobre la prostitución. Antes de que se incorporara Nusrat Ghani, diputada por Wealden, el comité estaba formado en su totalidad por hombres, una decisión que entraba en contradicción con su concepción de la prostitución como un asunto de mujeres. Muchas trabajadoras sexuales y aliados suyos temieron un dictamen a favor de una ley del cliente, en la que se penaliza la compra de sexo y se despenaliza la venta.

Alex Feis-Bryce, director ejecutivo de National Ugly Mugs, una organización de recursos para las trabajadoras sexuales, describió los términos de referencia de la encuesta como “sesgados”, una preocupación de la que se hizo eco SWOU. Durante la investigación, fueron llamados testigos que proporcionaran pruebas en respuesta a los términos de referencia que equiparaban “prostitución” con “violencia contra las mujeres” y amalgamaban trabajo sexual con trata.

La autora Kat Banyard y la superviviente de prostitución Mia de Faoite fueron dos de los primeros testigos llamados a declarar. “No tengo ni la más remota idea de por qué se está contando con Banyard en cualquier consulta o política respecto al trabajo sexual”, dice Feis-Bryce. “Su único vínculo con el trabajo sexual es que tiene marcadas opiniones respecto al mismo. Hasta donde yo sé, su organización [UK Feminista, que lanzó la campaña por el Fin de la Demanda] no proporciona ningún tipo de apoyo de primera línea para las trabajadoras sexuales; no es más que una organización activista”.

Banyard publicó recientemente El Estado proxeneta: sexo, dinero y el futuro de la igualdad y argumentó en sus páginas que “renombrar la prostitución como trabajo sexual” fue uno de los mayores peligros de la industria. “La vehemencia del libro tiene un cierto impulso intoxicante”, dijo la crítica Charlotte Shane en una revisión para el Spectator, “pero el mensaje está embrollado en falacias lógicas y falta de pruebas”.

Las trabajadoras sexuales retiradas Paris Lees y Brooke Magnanti (alias Belle de Jour) preguntaron por qué el comité las eligió a ellas para declarar en lugar de a trabajadoras sexuales en activo. Magnanti sugirió: “Venimos con los medios de comunicación presentes; venimos y llamamos la atención. Somos el peluquín de pubis de estos procedimientos, lo que les permitirá a ustedes marcar una casilla y decir: ‘Hablamos con algunas ex-trabajadoras sexuales’”. Laura Lee fue la única trabajadora sexual en activo que habló cara a cara al comité.

Y sin embargo los diputados “redactaron un informe cuidadosamente fundamentado y bien razonado”, a pesar de las dudas iniciales. Tal giro de ciento ochenta grados fue hecho posible sin duda por las 250 piezas de evidencia escrita presentadas por trabajadoras, académicos, activistas y organizaciones no gubernamentales, hecho del que no hay precedentes.

En el pasado, el debate sobre la legislación del trabajo sexual se ha visto enturbiado por el mal uso de las estadísticas. Como el defensor de la despenalización y autor de Penalización de la compra de sexo: lecciones de Suecia, Jay Levy, explica: “Estamos hablando de una de las comunidades más clandestinas; la gran mayoría de las trabajadoras sexuales necesita permanecer invisible para sobrevivir. Así que cualquiera que diga “X por ciento de Y”, está hablando sin sentido, a mi juicio. En cuanto algunas personas comienzan a citar estas estadísticas yo pienso que quizás tienen una motivación oculta muy fuerte”. En la primera sesión de evidencia oral, Banyard declaró: “aproximadamente el 50% de las mujeres que se prostituyen empezaron siendo niñas. Comenzó como explotación sexual infantil y luego continuó”. Esto sería muy preocupante, pero solo si fuera cierto. Sin embargo, como Feis-Bryce aclara en su declaración suplementaria, esta estadística procede de un documento del Ministerio del Interior de 2004, basado a su vez en nueve fuentes muy antiguas, seis de las cuales son de antes de 1999. Más aún, “al menos una de las fuentes solo tenía participantes menores de 18 años, con lo que la conclusión estaba predeterminada”.

La Dra. Magnanti, que cambió su carrera de escort de alta clase por la ciencia forense y la estadística de poblaciones, fija la edad media de entrada al trabajo sexual en el Reino Unido en aproximadamente 23 años.

De Faoite dijo a los investigadores que “Europa tiene en este momento una horrible situación de trata de personas”, y Banyard describió “un enorme problema de trata sexual en este país”. Entre 2007 y 2009, el profesor Nicola Mai “dirigió una investigación que analizó las experiencias de migración y trabajo sexual de 100 inmigrantes (mujeres, hombres y personas transexuales) que trabajaban en Londres”. Encontró que alrededor del 6% de las mujeres entrevistadas tenían experiencias que podían ser consideradas trata.

Significativamente, el informe de los diputados traza una distinción entre trabajo sexual y trata, y señala que la Ley de Esclavitud Moderna de 2015 ya penaliza esta última. El comité se declaró “consternado al descubrir la mala calidad de la información disponible acerca de la extensión y la naturaleza de la prostitución en Inglaterra y Gales”. Ha recomendado a la comisión del Ministerio del Interior una investigación en profundidad de este asunto, con presentación de los resultados ante el parlamento en junio de 2017. Este informe, “debería buscar la publicación y explicación de estadísticas fiables, que puedan ser usadas para informar futuras decisiones legislativas y normativas, y desechar cualquier dato no fiable”.

Las pruebas proporcionadas a la comisión de investigación estuvieron “altamente polarizadas” entre aquellos que están a favor de una ley de compra de sexo al estilo de Suecia y los que defienden la total despenalización del trabajo sexual, tal como se ha llevado a cabo en Nueva Zelanda. El informe de los parlamentarios parece favorecer con cautela la opción de despenalización sobre la de ley de compra de sexo, pero los activistas de ambos bandos tendrán que esperar hasta el próximo mes de junio para conocer la decisión final de la encuesta.

Este informe señala que la ley de compra de sexo “se basa en la premisa de que la prostitución es moralmente mala y por tanto debe ser ilegal, cuando en los tiempos presentes la ley no hace tales juicios morales”, y que mucha de la “retórica” en torno a la ley “niega también a las trabajadoras sexuales la oportunidad de hablar por sí mismas y tomar sus propias decisiones”.

Por el contrario, el modelo de despenalización de Nueva Zelanda “ha producido beneficios, incluyendo un claro mensaje político, mejores condiciones para las trabajadoras sexuales, mejor cooperación entre las trabajadoras sexuales y la policía y no se ha detectado aumento alguno en el tamaño de la industria del sexo o en la explotación de las trabajadoras sexuales”.

Mientras tanto, la auténtica prueba para este informe será sus implicaciones para los miembros más vulnerables de nuestra comunidad. En el este de Londres, las trabajadoras sexuales de calle están recibiendo órdenes de dispersión, pequeños papelitos de color rosa que las penalizan por existir. Le toca ahora al Consejo Nacional de Jefes de Policía garantizar que las recomendaciones del comité sean aplicadas en todos los ámbitos.

 

Nueva Ley de Prostitución en Alemania: una ley especial impracticable y discriminatoria.

 

14 de abril de 2016

 

https://researchprojectgermany.wordpress.com/2016/04/14/prostschg-an-impractical-and-discriminatory-special-law-statement-by-voice4sexworkers/

 

 

mock-whore-id-at-sex-worker-protest-in-berlin-c2a9-2016-friederike-strack-all-rights-reserved
Foto: Parodia del registro de prostitutas en una protesta de trabajadoras sexuales en Berlín © 2016 Friederike Strack. All Rights Reserved.

 

 

En el día de hoy, la ministra de Salud de Rhin Norte-Westfalia, Barbara Steffens, y la presidenta de la Mesa Redonda sobre la Prostitución de Rhin Norte-Westfalia, Claudia Zimmermann-Schwartz, dieron una conferencia de prensa acerca de la planeada Ley de Protección de Prostitutas, de la que dijeron que llevará aún más a las trabajadoras sexuales a la ilegalidad, en lugar de protegerlas. Como parte del comunicado de prensa, se presentaron las declaraciones de dos trabajadoras sexuales que participaron en la Mesa Redonda. Lo que sigue es la declaración ampliada de una de ellas, traducida del original en alemán publicado por Voice4Sexworkers. Hacer clic, por favor, aquí para ver el comunicado de prensa emitido por el Ministerio de Salud, Igualdad, Servicios Sociales y Personas Mayores en Rhin Norte-Westfalia. Este recurso está en alemán.

 

Declaración de Melanie, participante en la Mesa Redonda sobre Prostitución

Soy madre soltera de dos hijos y he estado trabajando como trabajadora sexual durante los pasados diez años. Nunca he conseguido ganarme totalmente la vida con el trabajo sexual, pero no quise volver a recibir ayuda social o vivienda protegida. Por esta razón, los ingresos adicionales provenientes del trabajo sexual han sido siempre bien recibidos y me han permitido proporcionar a mis niños vidas normales libres de exclusiòn social.

El principio más importante —y esto es exactamente en lo que no se basa el proyecto de ley sobre nosotras— es que la prostitución tiene que ser despenalizada antes de ponerse a regularla. Esto significa que el trabajo sexual no debe ser regido por el código penal. El año pasado, Amnistía Internacional llegó a la misma conclusión tras llevar a cabo durante dos años un amplio estudio en el que entrevistaron a trabajadoras sexuales, en particular en los países en los que el trabajo sexual está intensamente regulado o incluso prohibido. Un informe de la ONU de 2012, basado en la investigación llevada a cabo en 48 países, encontró también que los sistemas de licencias o registros demostraban ser ineficaces o beneficiaban solo a un pequeño número de trabajadoras sexuales. En las jurisdicciones que han introducido estos sistemas, la vasta mayoría de las trabajadoras sexuales operaba fuera de ellos. Comparaciones con países como Alemania revelaron que las situaciones de trabajo y de vida de las trabajadoras sexuales mejoran cuando el trabajo sexual es legalizado. Pero los resultados más positivos se han conseguido en Nueva Zelanda, donde el paso final hacia la despenalización se dio hace casi 13 años.

Los autores de esta Ley de Protección de Prostitutas no han tenido el mismo valor. Bajo guisa de querer protegernos, han redactado una ley que está totalmente “orientada a la salida” pero no menciona nada acerca de cómo ganarse la vida o recibir prestaciones para subsistir. Las prestaciones de bienestar social Hartz IV son insuficientes incluso ahora, y es precisamente por esta razón por lo que muchas de nosotras decidimos dedicarnos al trabajo sexual. Si se estuviera realmente interesado en ayudarnos, se requerirían otras alternativas y formas de asistencia práctica en vez de engatusarnos con una cobertura básica mínima. Sobre todo, en áreas urbanas en las que la tasa de desempleo es elevada, esta cobertura básica mínima no permite unas perspectivas de futuro sostenibles.

En lugar del presente plan de dilapidar una cifra inicial de 76,2 millones de euros seguidos por 85 millones de euros anuales en este monstruo burocrático, estos fondos podrían ser usados para proyectos con más sentido, tales como centros de orientación, organizaciones de autoayuda, pagos temporales, y apoyo a medidas de cualificación que permitan una reorientación ocupacional. Un fondo de ayuda social para trabajadoras sexuales sería también una bendición, ya que un porcentaje considerable de nosotras no puede ni siquiera permitirse la mínima contribución que nos proporcione aseguramiento sanitario.

En lugar de ofrecernos la asistencia que hemos sugerido una y otra vez, la nueva ley nos impondría obstáculos insuperables. Nuestra encuesta entre trabajadoras sexuales de diciembre de 2015 ha mostrado también lo que de verdad desean y necesitan: protección eficaz frente a la discriminación, protección contra el despido de un trabajo principal por practicar trabajo sexual de forma accesoria, protección contra los alquileres extorsionadores, más centros de orientación (particularmente del tipo de los que no se limitan a ofrecer ayuda sobre cómo salir, sino también sobre cómo entrar de forma segura en el trabajo sexual), y mejor protección de su anonimato, en especial cuando tratan con las autoridades. La nueva ley no proporciona nada de esto y en cambio sí mucho de exactamente lo contrario, ya que incluso llega tan lejos como cancelar la Ley Fundamental. Si esta nueva ley llega a aplicarse, la policía estaría autorizada a entrar en cualquier domicilio particular sin orden judicial. Una simple alegación de que se estaba practicando prostitución en un apartamento determinado bastaría como justificación.

 

Registro

En nuestra encuesta, alrededor de una tercera parte de las que respondieron dijeron que ya habían tenido experiencias negativas con las autoridades. Una proporción similar dijeron que nunca se habían revelado ante las autoridades por miedo o vergüenza. Juntas, representan más de la mitad de las que respondieron. Tener que explicarse y proporcionar detalles íntimos a un extraño, solo lograría exacerbar esta tendencia.

Además, es incomprensible por qué debería ser necesario proporcionar todos nuestros lugares de trabajo o tener que registrarse de nuevo para trabajar en otras ciudades u otros estados. Estas medidas están pensadas solo para permitir a las autoridades crear perfiles de movimiento que darían mucha información pero no contribuirían en nada a nuestra protección.

Licencia

En lugar de ayudar a las personas que practican trabajo sexual a autoorganizarse y crear lugares de trabajo individual, la situación de empleo de las proveedoras independientes de servicios sexuales empeoraría. No es solo que la ley en su forma actual daría efectivamente a los grandes operadores poderes de supervisión sobre las trabajadoras sexuales, ya que los operadores tendrían que recoger sus detalles de registro, duración de la estancia y otras especificaciones para presentarlos a las autoridades, sino que la ley reforzaría también la posición general de esos operadores haciendo virtualmente imposible para las trabajadoras sexuales trabajar solas o con colegas en pisos. Como resultado de ello, se verían empujadas en manos de los mismos operadores que son como granos en el culo de tantos políticos municipales: solo por su vista, desde luego, no por sus impuestos. Esta ley pretende protegernos de la heteronomía (1) pero ocasionaría exactamente lo contrario: privaría a la mayoría de nosotras de la oportunidad de trabajar de forma autodeterminada e independiente.

Los autores de la ley también promueven el “cuento del laissez faire” de los negocios de prostitución no sometidos a estrictas regulaciones y de la pobre polícia no teniendo forma de controlar nada. Nada se aparta más de la realidad. Por el contrario, es un intento de ganar la aprobación del público para el proyecto de ley en lugar de explicarle por qué habría que ahorcar 85 millones de euros anuales en medidas que no ayudarán a las trabajadoras sexuales o a aquellos ayuntamientos que ya están cortos de fondos.

 

Estigma

El proyecto de ley carece de forma consistente del principio de imparcialidad. Es descaradamente evidente que los autores fueron incapaces de descartar el estigma unido al trabajo sexual, contra el que (dicho sea de paso) nunca se ha dado ningún paso desde que la actual ley de prostitución entró en vigor.

En cambio, las medidas planeadas bajo la Ley de Protección de Prostitutas agravan e intensifican el auténtico estigma que las trabajadoras sexuales de todo el mundo citan consitentemente como el principal obstáculo en su vida diaria. La redacción del proyecto de ley y las afirmaciones hechas en la fundamentación de la ley exacerban los prejuicios y clichés preexistentes. Si el trabajo sexual es mencionado al mismo nivel que las actividades criminales o las explotaciones sexuales, se está inculcando esa imagen en la cabeza de la gente.

Los que desprecian a las pocas trabajadoras sexuales que se atreven a ponerse en pie en defensa de sus derechos llamándolas “privilegiadas” deberían más bien ser conscientes de su propia complicidad con la estigmatización del trabajo sexual. En vez de proyectar leyes que recortarán las opciones a todas las trabajadoras sexuales, el objetivo debería ser aumentar las opciones que tengan a su disposición. Las que se verían más afectadas por esta ley son las mismas personas que ya tienen demasiadas pocas opciones de entrada, es decir, inmigrantes y personas trans, y que a menudo se ven sometidas a múltiples discriminaciones en el día a día.

 

Conclusión

Mi participación en la “Mesa Redonda sobre prostitución de Rhin Norte-Westfalia” ha sido la primera vez que he tenido la experiencia de que la gente hable conmigo. Habitualmente, la gente solo habla de mí, incuso en mi presencia. La Mesa Redonda ha probado que es enteramente posible sentarse con las expertas de hecho —nosotras(¡)— y encontrar soluciones. Si no se habla con las trabajadoras sexuales, se termina con el mismo resultado que representa la Ley de Protección de Prostitutas: una ley especial impracticable y discriminatoria, que nos excluye de la participación en términos de igualdad en la vida económica y nos vuelve socialmente vulnerables.

 

 

(1) heteronomía.

  1. f. Fil. Condición de la voluntad que se rige por imperativos que están fuera de ella misma.