¿Qué significa en España “despenalización total del trabajo sexual”?

 

 

 

Las trabajadoras sexuales en lucha por sus derechos en todo el mundo exigen la plena despenalización de la prostitución como el único modelo legal respetuoso con sus derechos humanos. Despenalización no debe confundirse con legalización/regulación:

“La legalización significaría la regulación de la prostitución con leyes sobre dónde, cuándo y cómo puede tener lugar la prostitución. La despenalización elimina todas esas leyes y prohibe al Estado y a la policía intervenir en cualesquiera actividades o transacciones relacionadas con la prostitución, a menos que sean de aplicación otras leyes”.

Decir en España “despenalización total del trabajo sexual” es decir algo muy preciso: es decir “derogación de los artículos abolicionistas del actual Código Penal” y “derogación de los artículos regulacionistas de la Ley Mordaza.”

En concreto:

—Supresión del párrafo b) del artículo 177 bis (De la trata de seres humanos) que dice “La explotación sexual, incluyendo la pornografía.”

Basta con el párrafo “a) La imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, a la servidumbre o a la mendicidad.”

—Supresión del art. 187 (“prostitución forzada” y “proxenetismo”).

Basta con los artículos del Código Penal que penalizan el secuestro y la violación.

En ambos casos, el desprecio al consentimiento de la persona (la prostituta) expresado en los mismos atenta contra la libertad sexual protegida por el mismo Código Penal.

—Y eliminación del párrafo 11 del art. 36 de la Ley Mordaza: “La solicitud o aceptación por el demandante de servicios sexuales retribuidos en zonas de tránsito público…)”

Porque viola los derechos constitucionales a la libre circulación y a la intimidad, se penaliza una conversación privada protegida por las leyes de protección de la intimidad y se viola la igualdad de todas las personas ante la ley al penalizar por el solo hecho de estar en la calle a aquellas mujeres que la policía supone que realizan la actividad legal de venta de sexo.

Habría que añadir también la derogación de la Ley de Extranjería. Aunque esta Ley no se refiere expresamente a la prostitución, si afecta al gran número de trabajadoras sexuales inmigrantes indocumentadas que, bajo la amenaza constante de detención, ingreso en CIE y deportación, deben esconderse de la policía y quedan indefensas en manos de los explotadores laborales.

Esta despenalización debería completarse —al modo de Nueva Zelanda, primer país en el que se ha despenalizado totalmente el trabajo sexual— con una regulación estricta de los propietarios de burdeles y del funcionamiento de éstos, con el objetivo, como dice el preámbulo de la Ley de Reforma de la Prostitución de Nueva Zelanda, de:

“salvaguardar los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual y protegerlas de la explotación, promover el bienestar y la salud y seguridad ocupacional de las trabajadoras sexuales y propiciar la salud pública.”

 

 

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María José Barrera: “Las putas no pedimos permiso; pedimos paso”

 

Por Anna Solé Sans

Barcelona. Viernes, 8 de marzo de 2019

https://www.elnacional.cat/es/sociedad/huelga-feminista-maria-jose-barrera-putas-pedimos-paso_361374_102.html

 

Foto: Sergi Alcàzar

 

 

“A las putas nos quieren sacar del movimiento feminista porque políticamente no interesamos”. Así se expresa la exprostituta y fundadora del Colectivo de Prostitutas de Sevilla, Maria José Barrera. “El movimiento feminista no quiere que las trabajadoras sexuales formemos parte de él”.

Barrera explica que no las dejan participar y opina que el 8-M es abolicionista. “Estamos diciendo que el 8-M haremos huelga de consumo, de educación, pero nadie dice nada de las putas”. Cuenta que el año pasado, fueron a la manifestación de Sevilla con sus hijos con las caras tapadas: “No éramos bienvenidas. Nos hacían fotos como si fuésemos algo raro, nos mapeaban en las redes sociales. El día del orgullo salimos con una pancarta y vinieron en busca de nosotras. Las abolicionistas parecían paparazzis”.

Así, reclama que “no somos un colectivo vulnerable porque tenemos unos ovarios como dos carretas. Somos un colectivo marginado por la sociedad. Por los políticos, por los colectivos feministas, estamos olvidadas por los sindicatos…”.

Los estudios indican que hasta el 90% de las prostitutas que ejercen esta actividad lo hacen de manera forzada. Pero Barrera no está de acuerdo. “¿Estos datos de dónde los sacan? Los da la policía. ¿Y cómo cuentan? 1, 2, 3, 4 y 45 son víctimas de trata. Cuando lo seríamos todas. Las ‘víctimas de trata’ son inmigrantes no documentadas. Nosotras no hablamos. Entran y te separan”. Y expone que “cuando llegan, no sé si te habrás dado cuenta, pero en las redadas las mujeres salen menos difuminadas. Al hombre y a la mujer les tapan la cara, pero a las mujeres menos. Y cuando las enseñan apuntan a la ropa, tetas y culo. ¿Eso no cosifica el cuerpo?”.

Barrera cuenta que el ejercicio libre y consentido de la prostitución no es delito y que quiénes la trabajan no son víctimas. Resalta que simplificar y confundir la trata de seres humanos o la violencia de género con la prostitución, no contribuye a proteger a las verdaderas víctimas de estos delitos.

“¿A mí sólo me invaden mi cuerpo cuando soy puta?”, se pregunta. “Mira, no. También cuando mi novio me obliga a follar. También cuando vives con un maltratador y estás aguantando sabiendo que es un maltratador y tienes que mantener relaciones sexuales con él. No lo dejas porque no tienes alternativa laboral. Cuando decidimos que con nuestro cuerpo hacemos lo que nos da la gana es porque tenemos derechos. Las putas pedimos derechos”.

“Nos hacen las pruebas del sida en guetos”

Barrera comenta que las prostitutas evitan ir a los servicios sociales por miedo a que les quiten sus hijos. Aun así, remarca que se pueden organizar “como cualquier mujer monoparental. Un niño va al cole a tomar las clases lectivas, pero ¿cuántas hacemos uso de la guardería, del comedor o alguna extraescolar para ganar más tiempo?”.

“Y no he terminado”, subraya. Porque tomar la decisión de ir a los servicios sociales o no, no es para Barrera lo más difícil. Una de las otras cosas que preocupa a las trabajadoras sociales es el hecho de ir al médico. “Tú llegas allí y le dices que eres puta. A partir de entonces,todo lo que tu tengas está relacionado con el coño. Te duele una muela y está relacionado con eso. ¿Te duele la garganta? Pues también. ¿Tienes problemas psicológicos? Eso es porque eres puta. A ti, te joden en tu trabajo, vienes con problemas laborales y te dan la baja por ansiedad. A mí se me señala”.

No vamos a los servicios sociales porque tenemos miedo de que nos quiten a nuestros hijos

“Nos hacen las pruebas del sida en guetos” y destaca que ir a hacerse un análisis es complicado. Ir al médico, para ellas, “no sólo tiene que ver con el sida o las enfermedades de transmisión sexual. Quizá estaría bien una revisión ginecológica”, reclama.

Barrera también echa de menos educación y pedagogía en los clientes y en los clubes. Asegura que no ha “visto jamás un cartel en las puertas de los clubes diciendo que el condón no se negocia”, y se queja que “nadie educa al cliente, pero a nosotras nos enseñan a poner condones con la boca”. Aunque éste no es el único problema con el que se encuentran las trabajadoras sexuales en los clubes donde trabajan. Según explica, las comidas son un problema. “Tenemos una alimentación de mierda. He visto los huevos cambiar tres veces de color”. “Si trabajamos hasta las 5 de la mañana, ¿quién baja a desayunar a las 7 o las 8?”, demanda.

“No he visto jamás un cartel en las puertas de los clubes diciendo que el condón no se negocia”

El estigma social que recae sobre las trabajadoras sexuales llega, sin embargo, a todos los niveles. Así, explica que no reciben el mismo trato que otras chicas. “Cuando te violan, no es lo mismo si eres puta. La gente no sale a protestar por ello”. “Hay un estigma muy fuerte”, remarca. “Hay víctimas de primera y víctimas de segunda. Y las putas somos víctimas de segunda”. Precisamente por eso, la consigna y la petición que resalta Barrera es bien clara: “Las putas no pedimos permiso, pedimos paso”.

Ni Ámsterdam ni Alemania

“No lo queremos. Ninguna quiere Ámsterdam. Las putas no queremos Alemania. Nosotras estamos de acuerdo con el derecho de las putas”. Según su opinión, en Ámsterdam se ha regulado la prostitución para terceros, es decir, para empresarios. “Las putas de ahí no están ni organizadas ni representadas. Están en asociaciones y en clubes”.

“En Ámsterdam te dan un carné como puta y hay clientes que le han hecho fotos”. “Ámsterdam es una vergüenza. Eso no es prostitución. Eso no es trabajo sexual. Eso es ocio y libertinaje y gente riéndose de las putas”, sentencia

 

Experto dice que el modelo de trabajo sexual en Nueva Zelanda es líder mundial

 

Por Saturday Morning

2 de marzo de 2019

https://www.radionz.co.nz/national/programmes/saturday/audio/2018684812/nz-sex-work-model-a-world-leader-expert-says

 

Una investigación de los Países Bajos dice que el modelo de trabajo sexual despenalizado de Nueva Zelanda es líder mundial y trabaja a favor de las prostitutas locales.

Joep Rottier visitó Nueva Zelanda durante varios meses en 2015 y 2016 y habló con personas de toda la industria del sexo luego de conocer el modelo único de Nueva Zelanda que considera despenalizados a las trabajadoras sexuales y a los clientes, un modelo que describe como pragmático y racional.

Rottier se reunió con Kim Hill para refutar algunos de los comentarios hechos por la feminista radical Julie Bindel, quien habló la semana pasada sobre lo que ella cree que son los efectos nocivos del régimen liberal de trabajo sexual en Nueva Zelanda.

Rottier dice que muchos países alrededor del mundo han luchado con la cuestión de cómo gestionar la industria del sexo y muchos han optado por reprimirla y moralizarla.

“Nueva Zelanda es el único país del mundo que decidió, en 2003, despenalizar todo el trabajo sexual comercial voluntario. “Eso me sorprendió, y eso me hizo sentir curiosidad y esa fue la razón por la que quería comenzar a investigar sobre los efectos”.

La presunción común de que el trabajo sexual en los Países Bajos también está despenalizado no es cierta. Era la intención del gobierno, pero fue descarrilada por las preocupaciones sobre la trata de personas.

“La legislación cambió de despenalización —que fue la intención al principio— a legalización. La diferencia entre Holanda y Nueva Zelanda es que Holanda legalizó la industria del sexo y Nueva Zelanda la despenalizó. Lo que es similar es que ambos países ven el trabajo sexual como un trabajo y lo reconocen. Reconocen que las trabajadoras sexuales tienen su propia autonomía.

“Sin embargo, la diferencia es que los Países Bajos lo han legalizado, lo que significa que aceptan la prostitución y la existencia de trabajo sexual, pero, sin embargo, hay una serie de regulaciones muy específicas relacionadas con la prostitución que no se aplican a otros servicios. Entonces, eso significa que esta política crea un sistema de dos niveles: un circuito legal y otro ilegal”.

Rottier dice que la otra gran diferencia es que Nueva Zelanda considera la industria del sexo como cualquier otra industria de servicios con las mismas responsabilidades, deberes y derechos.

Julie Bindel dijo la semana pasada que si una mujer está lo suficientemente desesperada como para ser una trabajadora sexual, no puede estar haciendo una elección racional. Rottier no está de acuerdo.

Joep Rottier

“Es la voz de la abolicionista. Lo que hay que erradicar es el trabajo sexual forzado. Debemos respetar que hay un grupo de personas que eligieron esta ocupación —podrían ser razones económicas u otras razones— y debemos respetarlas y respetar su decisión de ingresar o salir de la industria del sexo.

“En comparación con la situación anterior a 2003, las trabajadoras sexuales ahora tienen la oportunidad de sentirse protegidas por la policía o por el sistema de justicia y eso hace su trabajo menos difícil.”

Sin embargo, Bindel dijo que si bien las mujeres que trabajan en la industria podrían decir que no se sienten explotadas, cuando salen, describen el trabajo como horrible. Lo comparó con mujeres que se han separado de parejas abusivas.

Rottier dice que no le gusta la comparación.

“Podría ser que algunas trabajadoras sexuales estén felices de dejar el trabajo, pero no creo que eso sea típico de la prostitución o el trabajo sexual, también podría ocurrir en otras ocupaciones”.

Bindel es partidaria del llamado modelo sueco, que penaliza al cliente, pero no a la trabajadora. Rottier dice que no es una solución efectiva y puede tener un efecto perjudicial sobre las trabajadoras sexuales que tienen que tomar decisiones rápidas sobre si pueden confiar en que un cliente no será detenido. Esto las empuja a zonas más escondidas de la ciudad y potencialmente las pone en mayor peligro, dice.

Joep Rottier ha completado recientemente un doctorado en la Universidad de Utrecht, en los Países Bajos, titulado Despenalización del trabajo sexual: el modelo de Nueva Zelanda.

‘Me encanta el sexo. Me gusta ganar dinero’: lo que realmente quieren las trabajadoras sexuales

 

Por Meera Senthilingam, CNN

Fotografías de Ilvy Njiokiktjien para CNN.

8 de febrero de 2019

https://edition.cnn.com/2019/02/08/health/sex-workers-human-rights-netherlands-global-laws-intl/index.html

 

Foxxy Angel alquila una ventana en el burdel My Red Light en Amsterdam.

 

 (CNN) Las cortinas rojas y la habitación está a oscuras. El negocio está cerrado.

Las paredes oscuras, con patrones vibrantes en ciertos lugares, y un techo oscuro rodean una cama oscura cubierta con una sábana protectora. En la pared adyacente, un espejo del tamaño de la cama se alinea junto a ésta

.Un gran baño se encuentra en el centro de la habitación, con un lavabo cerca, y una silla roja alta se asienta prominentemente en la esquina.

La habitación se parece a muchas otras en la zona de De Wallen, en el centro de Ámsterdam, sede del barrio rojo de la ciudad, y es alquilada regularmente por una mujer que usa el nombre profesional de Foxxy Angel.

Alquila la habitación, a menudo conocida como “ventana”, propiedad del colectivo holandés de trabajadoras sexuales My Red Light.

El trabajo sexual ha sido legal de alguna forma en los Países Bajos desde 1830, pero fue reconocido como una profesión legal en 1988

La trabajadora sexual, de 37 años, se puede encontrar aquí durante el día, lista para clientes, generalmente turistas.

Un tirón del cordón de la cortina es todo lo que se necesita para revelar la multitud aglomerada en las calles y para indicar que la habitación está abierta para el negocio.

“Me encanta el sexo. Me gusta ganar dinero”, dice Angel, que ha estado en el negocio por más de 15 años. “He tenido muchos trabajos diferentes antes, y este es el único que realmente me gustó”. 

El alquiler de la ventana cuesta 80 € por día, explica, y ella suele ver cinco o seis clientes por día, haciendo al menos 50 € por cliente. Cuando termina su turno, ella también ve clientes en bares o clubes y sale para experiencias con grupos más grandes.

Sus horas son suyas, y solo tiene que rendir cuentas a sí misma.

“Después de 15 años, todavía lo disfruto todos los días”, dice. Pero ha establecido un límite de edad de 45 años para pasar después a centrarse más en su trabajo de activismo, luchando por los derechos de las trabajadoras sexuales; ella es una integrante fervorosa de la Unión Holandesa de Trabajadores Sexuales, también conocida como PROUD.

Está peleando porque Amsterdam, dice, no es tan liberal para las trabajadoras sexuales como muchos creen.

‘Pagamos los mismos impuestos’

El trabajo sexual ha sido legal de alguna forma en los Países Bajos desde 1830, pero fue reconocido como una profesión legal en 1988. En 2000, una ley hizo que el trabajo estuviera sujeto a las regulaciones municipales, requiriendo una licencia para operar y siguiendo ciertas reglas establecidas por un municipio.

Ser una trabajadora sexual es legal en áreas con licencia, explicó Ángel. “Tenemos que seguir todas estas reglas, y estas reglas no garantizan nuestra seguridad”, dijo, dando un ejemplo de cómo el aumento de la regulación y la legalización traen los controles de la policía y de los municipios, que a menudo impiden que los clientes vengan.

Foxxy Angel muestra sus nudillos tatuados.

Pero ella también quiere la flexibilidad otorgada a otras profesiones, dijo, como la opción de trabajar desde casa.

“Cualquier barbero y tenedor de libros puede trabajar desde su casa, pero nosotras no podemos porque somos trabajadoras sexuales”, dijo. “Pagamos los mismos impuestos. Necesitamos tener los mismos derechos”.

Otro problema, agregó Velvet December, coordinadora de activismo de PROUD, es que los municipios de los Países Bajos tienen el derecho de hacer su propia legislación, por lo que cada uno puede diferir. Por ejemplo, pueden decidir cuántas licencias dar, dijo.

La legalización ofrece cierta protección, cree December. “Hay lugares en los que es mucho más peligroso hacer trabajo sexual”, reconoció. “Podemos confiar en que estamos protegidas por la policía. Tenemos algunos derechos, pero aún no hemos conseguido todos”.

Angel no está de acuerdo y dice que obtiene una protección limitada de su profesión al estar legalizada.

Según Amnistía Internacional, donde los trabajadores sexuales son ilegales, están criminalizados o ambas cosas, las trabajadoras son obligadas a permanecer en la clandestinidad y con frecuencia son objeto de hostigamiento por parte de la policía.

Tanto December como Angel quieren llegar al punto en que se despenalice el trabajo sexual: los cargos penales por trabajo sexual se eliminen por completo, el trabajo sexual entre personas se trate como cualquier otro trabajo, y se incluya en las leyes laborales regulares, como dice la Sex Workers Education and Advocacy Taskforce.

Velvet December, coordinadora de activismo de la Unión Holandesa de Trabajadoras Sexuales, o PROUD.

Los únicos lugares que han despenalizado el trabajo sexual son Nueva Zelanda y el estado de Nueva Gales del Sur en Australia. En ambos lugares, el trabajo sexual no está penalizado a través de leyes punitivas, y las regulaciones se basan en la salud y seguridad de las trabajadoras, como en cualquier otra profesión.

“El trabajo sexual es realmente visto como trabajo y tratado como tal”, dijo December.

Se cree que la reforma en Nueva Zelanda redujo la violencia contra las trabajadoras sexuales, aumentó su facilidad para denunciar los abusos a la policía y mejoró las actitudes de la policía hacia las trabajadoras sexuales, según el Ministerio de Justicia del país.

La investigación también mostró que la despenalización en Nueva Zelanda dio como resultado que las trabajadoras sexuales pudieran rechazar a los clientes e insistir en el uso de condones. Un estudio demostró que la despenalización tiene el potencial de reducir la discriminación, así como las denegaciones de justicia, la denigración y el abuso verbal.

¿Pero está el resto del mundo listo para ponerse al día?

‘Las licencias no han funcionado’

El trabajo sexual en entornos como Amsterdam a menudo es “demasiado restrictivo en formas no respaldadas por evidencia”, dijo Sally Shackleton, que trabaja con poblaciones clave, como las trabajadoras sexuales, en la Alianza Internacional contra el VIH / SIDA.

Botones de trabajadora sexual decoran el bolso de Foxxy Angel.

“Las trabajadoras sexuales de todo el mundo están exigiendo menos control y más posibilidad de decidir por sí mismas” con el apoyo de la ley, dijo.

CNN habló con seis trabajadores sexuales, con edades comprendidas entre los 36 y los 76 años, en cinco países, incluidos Brasil, Francia, Ucrania y México. Todas ellas resaltan cómo disfrutan con lo que hacen y dicen que la profesión, para ellas, “es una elección”. Explicaron que la industria del trabajo sexual ha cambiado con el tiempo, desplazándose a internet y, a menudo, desde casa, lo que requiere leyes que lo reconozcan.

Para limitar aún más el modelo en los Países Bajos, explicó Shackleton, está el hecho de que las trabajadoras sexuales deben trabajar en un espacio definido, y con el tiempo, estos espacios han sido cada vez más pequeños y menos numerosos, lo que hace que la competencia sea “muy alta”, sin que exista la opción de trabajar desde casa.

Cree que la legalización ha ayudado a eliminar cierta discriminación y ha mejorado algunas relaciones con la policía, pero no en la medida en que lo ha hecho en otros lugares.

“La despenalización es coherente con un enfoque basado en los derechos”, dijo Liesl Gerntholtz, subdirectora ejecutiva de programas de Human Rights Watch. La investigación realizada por su organización ha demostrado que las trabajadoras sexuales se enfrentan a la extorsión y el abuso por parte de la policía, incluido el sexo forzado, así como al abuso de los trabajadores de la salud y las fuerzas militares, en entornos donde la práctica está completamente criminalizada. “Vemos mucho estigma”, dijo.

Un estudio reciente descubrió que las trabajadoras sexuales en 33 países que enfrentan medidas policiales represivas (identificadas como detención, encarcelamiento, confiscación de agujas, jeringas, condones, desplazamiento a nuevas áreas o violencia física o sexual por parte de los agentes) tienen tres veces más posibilidades de experimentar violencia física o sexual que la población general.

Pero la legalización tampoco ha funcionado, dijo Gerntholtz.

En el núcleo de la reforma legal y de normativas se encuentra un “tema muy controvertido”, agregó: el hecho de que “algunas personas creen que el trabajo sexual es ofensivo para las mujeres”.

Esto lleva a objeciones morales en lugar de a las basadas en evidencia que, a su vez, empeoran las leyes, agregó Shackleton.

“Me gustaría vivir en un mundo donde las mujeres no tuvieran que vender sexo”, dijo Gerntholtz, donde el trabajo no fuera una opción. “Pero aquellas mujeres que lo hacen necesitan poder hacerlo de manera segura y con acceso a la atención médica y proteger sus derechos”. 

‘La primera línea de la violencia’

En última instancia, los expertos dicen que la prioridad para las trabajadoras sexuales, los activistas, los sindicatos y los legisladores es permitir la seguridad en una profesión que de otra manera sería de riesgo. “Las trabajadoras sexuales a menudo están en la primera línea de la violencia”, dijo Shackleton.

Además, tienen 14 veces más probabilidades de ser VIH-positivas, se inhiben de reportar crímenes contra ellas y están sujetas a la explotación por parte de las autoridades policiales, agregó.

Un botón de pánico en una habitación en el burdel My Red Light.

Shackleton cree que adoptar un enfoque laboral de la profesión puede garantizar sus derechos y luchar contra la explotación, pero agregó que “no existe una legislación que se adapte a todos”.

“Los detalles deben personalizarse para el contexto de cada país concreto”, dijo, pero destaca que el objetivo de cualquier cambio o reforma de la ley no debería ser reducir el número de trabajadoras sexuales. “Eso no funciona”.

Gerntholtz está de acuerdo en que un simple cambio de ley no es la solución. “Si simplemente cambia la ley mañana, no va a haber diferencia”, dijo, y agregó que se necesitan campañas de concienciación pública, leyes contra la discriminación y talleres con la policía y las escuelas para cambiar las percepciones y opiniones del público.

Cuando Angel experimentó una violación por primera vez en sus primeros días de trabajo, no se lo reportó a la policía. “Sólo dicen, ‘eres una trabajadora sexual’. ”

Esta es la actitud que ella y las trabajadoras sexuales de todo el mundo están luchando por cambiar, junto con sus derechos.

“El trabajo sexual se ha convertido en una cuestión de moralidad y en asegurar que las mujeres se comporten de la manera esperada”, dijo Shackleton. “Ese es el problema fundamental”.

 

Fotos: Por qué están luchando las trabajadoras sexuales

 

Fany Lilian Torrez Rodriguez, de 37 años, de Nicaragua, ha sido trabajadora sexual durante 18 años. Dice que el trabajo le ha dado buen dinero y es “el mejor trabajo que podría haber hecho”.

 

Thierry Shaffauser, de 36 años, muestra su tatuaje de paraguas rojo, un símbolo de los derechos de las trabajadoras sexuales.

 

Maria De Lourdes Araujo, 76, de Barreto, Brasil, muestra su tatuaje de “Soy una puta”. La industria del trabajo sexual solía estar llena de pasión y glamour, dice, con el baile a menudo utilizado como un medio de seducción. Hoy en día, la bisabuela sigue viendo clientes habituales.

 

Cynthia Navarrete, de 52 años, sostiene un cartel que dice “Libertad para Alejandra Gil”, su madre, quien cree que fue detenida injustamente por trata de personas. Trabaja como trabajadora sexual en las calles de la Ciudad de México y dice que le gusta porque puede elegir cuándo trabajar.

 

Natalia Isaieva, de 40 años, nació en Rusia y ahora vive en Ucrania. Comenzó como trabajadoras sexual a la edad de 16 años y se detuvo hace cuatro años. Ahora hace campaña por mejores derechos.

 

María Benta Melo Dos Santos, de 45 años, de Brasil, ha sido trabajadora sexual durante más de 26 años. La profesión fue una elección, dice, y ella hace campaña para que sea reconocida como tal.

 

La despenalización del trabajo sexual en Nueva Zelanda

 

https://www.gaatw.org/publications/SWorganising/Nueva_Zelandia_espanol.pdf

 

NUEVA ZELANDA1

 

Lynzi Armstrong

 

Nueva Zelanda supone un contexto muy especial a la hora de estudiar cómo se organizan las trabajadoras del sexo, cómo organizaciones dirigidas por ellas interactúan en el marco de la lucha contra la trata, y cómo reaccionan ante casos de coacción y explotación en el trabajo sexual. La singularidad del contexto de Nueva Zelanda radica en el marco jurídico vigente en el país: el trabajo sexual fue descriminalizado en 2003 con la aprobación de la Ley de reforma de la prostitución (Prostitution Reform Act, PRA por sus siglas en inglés), una medida por la que las organizaciones dirigidas por trabajadoras del sexo de todos los rincones del mundo llevan décadas haciendo campaña. Nueva Zelanda es también un caso peculiar porque las trabajadoras participaron directamente en el proceso de la reforma legal. El Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda (NZPC por sus siglas en inglés) encabezó la campaña por la descriminalización y fue reconocido como actor clave en el proceso. No obstante, aunque se considera que el marco legal es un ejemplo positivo desde el punto de vista de los derechos, no es una ley perfecta; una de sus limitaciones es que las migrantes temporales tienen prohibido el ejercicio del trabajo sexual y pueden enfrentarse a ser deportadas si infringen esta norma. Este capítulo documenta la singular historia del NZPC y explora la influencia del discurso antitrata en Nueva Zelanda desde la perspectiva de trabajadoras sexuales y representantes del NZPC. También subraya el papel jugado por el NZPC en la reacción frente a distintas formas de explotación y coacción que pueden encontrar las trabajadoras sexuales, y cómo el marco legal vigente influye en su labor en defensa de los derechos de las trabajadoras del sexo.

La investigación que dio origen a este capítulo tuvo un enfoque feminista y participativo, y el NZPC participó en todo el proceso del estudio. La investigadora tiene una estrecha relación con la organización por haber participado en ella como estudiante de doctorado a finales de 2007 y haber trabajado como voluntaria empleada entre 2008 y 2011, tras lo cual mantuvo una relación como investigadora. El estudio fue cualitativo, con nueve entrevistas en profundidad con representantes del NZPC, trabajadoras sexuales en activo y una informante externa. A pesar de ser un estudio monográfico pequeño, la investigadora ha interactuado formal e informalmente con un gran número de trabajadoras del sexo en Nueva Zelanda durante los últimos diez años y posee una visión detallada y compleja del trabajo sexual en este contexto, incluyendo los desafíos a los que se enfrentan las migrantes temporales y los debates sobre la trata a niveles local y global.

Las entrevistas revelaron una imagen contradictoria sobre el marco legal en Nueva Zelanda. La situación representa una historia de éxito de una organización dirigida por trabajadoras sexuales, dado que el NZPC pasó de ser un grupo informal de trabajadoras del sexo en 1987 a convertirse en una organización respetada y con fondos gubernamentales que dirigió una exitosa campaña de descriminalización. Sin embargo, aunque las entrevistas con las informantes del NZPC destacaron el potente efecto de la descriminalización en la reducción de los riesgos de explotación y en el refuerzo de la capacidad de las trabajadoras del sexo de enfrentarse a ella, también se mencionaron preocupaciones significativas acerca del hecho de que las trabajadoras del sexo migrantes han sido dadas de lado. Todas las participantes de este estudio consideraron que esto era muy problemático, ya que hace a las trabajadoras sexuales migrantes más vulnerables frente a la explotación y la violencia. Una abrumadora mayoría de las participantes cree que la ley debe cambiar para garantizar que todas las trabajadoras del sexo en Nueva Zelanda puedan beneficiarse plenamente de un contexto cuya intención explícita es la de dar prioridad a su salud y seguridad laboral.

Este capítulo comienza con una breve introducción del contexto socioeconómico y político en el que se da el trabajo sexual en Nueva Zelanda, y ofrece después información sobre el marco legal que afecta al trabajo sexual, la composición del sector del sexo y la respuesta legal a los riesgos de trata y explotación. Posteriormente, pasa a presentar de modo breve la trayectoria del NZPC como organización y cómo perciben y cómo les afecta a las trabajadoras sexuales el discurso antitrata y la trata. Seguidamente se exploran los desafíos clave para las trabajadoras del sexo en el contexto actual, con especial atención a los efectos de la prohibición a las migrantes de ejercer el trabajo sexual, lo que resultó ser la principal preocupación en las entrevistas con trabajadoras del sexo y otras informantes. El capítulo acaba debatiendo el papel del NZPC en dar respuesta a estos retos y señalando la naturaleza contradictoria del marco legal existente, y finaliza con recomendaciones resultantes del estudio.

 

Introducción

 

Contexto socioeconómico y político

Nueva Zelanda es un país de renta alta y está bien clasificado internacionalmente en varios campos como en desarrollo humano, calidad de vida y libertades civiles. En 2016, fue 13º en el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, que clasifica los países según su nivel de vida, renta bruta per cápita, esperanza de vida y educación.2 Sin embargo y en contradicción con ello, existe un nivel de desigualdad salarial relativamente alto. Los cálculos más recientes, de 2012, daban a Nueva Zelanda un coeficiente de Gini de 33, lo que indica que tiene un nivel de desigualdad de renta más elevado que la media, de 31, para países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).3

Nueva Zelanda tiene una situación geográfica relativamente aislada, situada a unos 1600 kilómetros de Australia y de las islas más cercanas del Pacífico. No obstante, es un país muy visitado. En el año natural anterior a febrero de 2017, se habían registrado 3,54 millones de visitantes, la cifra más alta jamás registrada.4 Para contextualizar este dato, en el último censo la población total era de 4,4 millones. Por tanto, a pesar del aislamiento geográfico, el país atrae a gran cantidad de visitantes internacionales. Además, también es un destino atractivo para migrantes. El censo de 2013 reveló que el 25% de la población había nacido fuera del país.5 De este modo, aunque se ha sostenido que el aislamiento geográfico podría mitigar los riesgos de trata, está claro que hay un flujo constante de personas a través de las fronteras neozelandesas.

Las maoríes son el pueblo indígena del país. Nueva Zelanda se convirtió en colonia británica en 1840, y las cicatrices del asentamiento y la colonización siguen existiendo en el contexto contemporáneo. Las maoríes tienen más probabilidad que las no maoríes de vivir en pobreza, de ser víctimas de violencia familiar y de ser encarceladas. Cuando el trabajo sexual estaba criminalizado, las maoríes también eran el grupo de trabajadoras del sexo con más probabilidades de ser arrestadas por acusaciones relacionadas con la prostitución6.

En el primer trimestre de 2017, la tasa de desempleo en el país era de 4,9%.7 Todas las residentes y ciudadanas que quedan desempleadas y buscan empleo activamente pueden optar por un pago semanal de “ayuda de búsqueda de empleo”. Para personas que han dejado su trabajo de manera voluntaria hay un periodo de 13 semanas hasta poder acceder a dicha ayuda. Ahora bien, es importante señalar que las trabajadoras del sexo están exentas de ello y pueden recibir su ayuda de búsqueda de empleo en cuanto dejan de trabajar.8 Por tanto, hay una red de seguridad económica para trabajadoras sexuales que quieran dejar el trabajo sexual o hacer un paréntesis.

 

El trabajo sexual en contexto

El trabajo sexual en Nueva Zelanda fue descriminalizado al aprobarse la ley de reforma de la prostitución (PRA) en 2003.9 Ello implica que no es ilegal vender sexo ni pagar por él. Tampoco es ilegal facilitar la compra ni la venta de servicios sexuales. En virtud de las secciones 20 a 23 de dicha ley, es ilegal pagar a alguien menor de 18 años por servicios sexuales o facilitar su participación en trabajo sexual. Sin embargo, cabe destacar que las menores que ejercen el trabajo sexual no están criminalizadas. Según la sección 16, también es delito inducir u obligar a cualquier persona de cualquier edad a ofrecer o seguir ofreciendo servicios sexuales.

El trabajo sexual fue descriminalizado en Nueva Zelanda en 2003. El objetivo de la reforma fue derogar la legislación que criminalizaba el trabajo sexual y dar prioridad a la salud, la seguridad y los derechos humanos de las trabajadoras del sexo.

La PRA fue una ley polémica aprobada por un solo voto de margen tras años de firme trabajo del NZPC. La oposición a la PRA se basaba en lo que se denominó “política de la moralidad”10, y fue llevada a cabo sobre todo por grupos fundamentalistas religiosos y una minoría de feministas.11 Sin embargo, existe un fuerte discurso feminista por los derechos de las trabajadoras del sexo en Nueva Zelanda que, hasta cierto punto, diferencia este contexto del de otras partes del mundo.12

Contexto legal

La lógica para el cambio de la ley era mejorar los derechos de las trabajadoras del sexo, afrontar los daños de la criminalización y dar prioridad a la salud, la seguridad y los Derechos Humanos de las trabajadoras del sexo. El proceso de reforma de la legislación en Nueva Zelanda fue único, como se ha dicho, por dos razones principales: se centraba en mejorar las vidas de las trabajadoras sexuales y además el NZPC desempeñó un papel central en la configuración del documento y en influir en el proceso político.13 Así, Nueva Zelanda se convirtió en el primer país del mundo en descriminalizar completamente el regentar burdeles, ofrecer o solicitar servicios sexuales y vivir de ingresos de prostitución.

Un estudio posterior llevado a cabo con trabajadoras del sexo que captan su clientela en la calle indicó que la descriminalización supone un mejor apoyo para estrategias de seguridad y mejora la relación entre trabajadoras sexuales y policía.

Un requerimiento del cambio de de la ley fue que su impacto sería evaluado de manera rigurosa a los tres años de su entrada en vigor. El cambio de ley también exigía que se estableciera un Comité para la revisión de la ley de prostitución (PLRC, por sus siglas en inglés) que revisara la ley y dirigiera un informe al Ministerio de justicia. La investigación llevada a cabo para evaluar los impactos de la PRA destacó numerosos beneficios. Por ejemplo, el 95% de las trabajadoras del sexo que respondieron creían que tenían derechos en el contexto descriminalizado.14 El estudio también halló que el 60% de las participantes se sentía más capaz de rechazar a clientes desde que había cambiado la ley.15 El informe del PLRC concluía que en general la descriminalización del trabajo sexual estaba logrando su objetivo y que las trabajadoras del sexo estaban en una situación mejor de la que tenían anteriormente.16 Un estudio posterior llevado a cabo con trabajadoras del sexo que captan su clientela en la calle indicó que la descriminalización supone un mejor apoyo para estrategias de seguridad17 y mejora la relación entre trabajadoras sexuales y policía.18

Características del trabajo sexual en Nueva Zelanda

En toda Nueva Zelanda ejercen trabajadoras del sexo, pero principalmente en zonas urbanas de las tres ciudades más pobladas de Auckland, Wellington y Christchurch. Wellington es la capital y el centro político; Auckland es el polo comercial del país y donde se halla el principal aeropuerto internacional, y Christchurch es la principal ciudad de la Isla Sur. Calcular el número real de trabajadoras sexuales es todo un desafío, en parte por el alto nivel de fluctuación, con personas que frecuentemente entran y salen del trabajo sexual.19 Sin embargo, los datos disponibles apuntan a que Nueva Zelanda alberga una población de trabajadoras del sexo relativamente pequeña. Los datos recabados en 2006 calculan que la población total de trabajadoras del sexo en un momento determinado en las tres ciudades principales y las provincias de Nelson y Hawke’s Bay era de 2396,20 lo que equivale al 0,057% de la población total, que en aquel momento era de 4,185 millones. En contra del mito que circula con frecuencia, las evidencias muestran que no ha habido un aumento significativo de trabajadoras sexuales tras la descriminalización.21

En contra del mito que circula con frecuencia, las evidencias muestran que no ha habido un aumento significativo de trabajadoras sexuales tras la descriminalización.

Las trabajadoras del sexo de Nueva Zelanda trabajan principalmente en lugares cerrados; solo un 10% lo hace desde la calle.22 Las que trabajan en interiores lo hacen como trabajadoras “gestionadas” en burdeles o de forma privada en sus casas u otros lugares, que pueden compartir con hasta cuatro trabajadoras del sexo más sin necesitar un certificado de operadora. Según la PRA, las operadoras de burdeles en los que hay una encargada de las instalaciones deben solicitar un certificado al Ministerio de justicia mediante una solicitud y el pago de una tasa de 250 NZD (unos 180 dólares estadounidenses).23

La mayoría de las trabajadoras del sexo de Nueva Zelanda son mujeres cisgénero, aunque también hay hombres y transgénero y personas con género independiente que ejercen el trabajo sexual. El mayor estudio realizado con trabajadoras del sexo en el país, con 777 participantes, indicó que las trabajadoras sexuales son diversas en cuanto a su edad, etnia y origen social. Más del 50% de las participantes de este estudio eran neozelandesas de origen europeo24, aproximadamente un tercio eran maoríes, 5% del Pacífico y 12% se identificaban como de otras etnias. La mayoría de las participantes empezaron a ejercer el trabajo sexual después de cumplir los 18 años (81,7% de las participantes), mientras que menos del 10% declaraba haber empezado con menos de 16 años. De las 777 participantes, aproximadamente un tercio tenían estudios superiores y la mayoría declaró que llevaba a cabo otras actividades además del trabajo sexual, como tareas de cuidados, voluntariado y/o otros trabajos remunerados o a tiempo parcial o jornada completa fuera de la industria del sexo.25

Trabajo sexual, migración y trata de seres humanos

La mayoría de las trabajadoras del sexo viven permanentemente en Nueva Zelanda, pero el país también es un destino para trabajadoras sexuales migrantes que vienen de forma temporal desde distintas regiones, entre ellas diferentes puntos de Asia, Europa, EEUU y América Latina.26 Hasta la fecha, solo se ha finalizado un estudio que se centraba exclusivamente en trabajo sexual de migrantes.27 Este estudio inluía una encuesta con 124 trabajadoras del sexo migrantes, un análisis de historiales anónimos sobre la salud reproductiva y sexual de trabajadoras del sexo y entrevistas exhaustivas con 12 informantes seleccionadas. Los resultados del estudio indicaban que las trabajadoras sexuales migrantes encuestadas habían empezado a ejercer por voluntad propia y, en general, estaban satisfechas con sus condiciones laborales. No había indicadores de prácticas sexuales no seguras, lo cual refuta la imagen de trabajadora del sexo migrante carente de capacidad de decidir y forzada a participar en dichas prácticas.

Nueva Zelanda tiene una exhaustiva legislación frente a la trata de seres humanos incluida en la ley de delitos (Crimes Act) de 1961. Esta legislación fue modificada en 2015 con la enmienda de la ley de delitos (Crimes Amendment Act),28 tras la aprobación del proyecto de ley contra la corrupción y el crimen organizado (Organised Crime and Anti-Corruption Legislation Bill). Este cambio venía a ampliar la definición de trata de seres humanos para incluir la trata “nacional”, en el sentido de que se puede clasificar como víctima de trata a las personas trasladadas, alojadas, reclutadas o recibidas dentro de Nueva Zelanda con fines de explotación. Antes de este cambio, la trata de seres humanos se definía como un delito enteramente transnacional. Este cambio se introdujo para reforzar el cumplimiento de compromisos internacionales como el Protocolo de Naciones Unidas contra la trata de personas.

 

Metodología

El estudio tuvo un enfoque cualitativo para obtener información detallada y en profundidad, lo cual contribuiría a documentar los objetivos generales del proyecto, que eran: 1) documentar la trayectoria del NZPC; 2) examinar su experiencia en la interacción con el marco de la lucha contra la trata, si este ha tenido efectos sobre su trabajo y, en caso de que sí, cuáles; 3) explorar estrategias de la organización para dar respuesta a la explotación, y 4) tener en cuenta qué factores afectan a la capacidad del NZPC, y de las trabajadoras del sexo en general, para dar respuesta a situaciones de explotación y coacción. Se empleó un acercamiento feminista y participativo, por lo que las representantes del NZPC participaron en toda la investigación, desde las fases iniciales de planificación a la finalización del informe.

Métodos

Por la naturaleza delicada de este estudio, las entrevistas exhaustivas se consideraron el mejor método para alcanzar los objetivos de la investigación. Se usó un muestreo intencional para garantizar que las entrevistadas tenían la experiencia necesaria para responder a las preguntas del estudio.

Se hicieron nueve entrevistas exhaustivas y semiestructuradas en Wellington y Auckland, que duraron entre 30 minutos y hora y media. Cuatro participantes eran empleadas del NZPC y se las seleccionó por su conocimiento y experiencia en la organización. Entre ellas estaba la coordinadora nacional, que colaboró en la fundación de la organización en 1987; una empleada veterana de la oficina nacional que había desempeñado funciones políticas, de investigación y operativas; la coordinadora regional de la sede de Auckland, y la persona de enlace con la comunidad migrante con base en Auckland. El objetivo de estas entrevistas era el de obtener información sobre la historia de la organización, la percepción de la trata de seres humanos, cómo la organización había interactuado con el marco de la lucha contra la trata y qué estrategias se utilizaron para dar respuesta a trabajadoras sexuales que habían experimentado explotación. Se entrevistó también a cuatro trabajadoras del sexo (una migrante de China, una maorí y dos neozelandesas de origen europeo); de estas últimas una tenía mucha experiencia en viajar para realizar trabajo sexual y otra había trabajado con trabajadoras sexuales migrantes en burdeles. El objetivo de las entrevistas era el de explorar sus percepciones en temas clave para trabajadoras sexuales en el contexto neozelandés y su visión sobre la trata con fines de prostitución como un problema, e identificar cómo deberían actuar las organizaciones ante casos de trabajadoras sexuales que experimentan explotación. Por fin, la última de las entrevistas se realizó con una representante de una organización religiosa que tiene varios años de experiencia en contacto con el NZPC por asuntos de trata de seres humanos y un interés continuado en estrategias antitrata en Nueva Zelanda. El propósito de la entrevista era el de obtener una perspectiva externa sobre el papel del NZPC para dar respuesta a la explotación que sufren las trabajadoras del sexo, incluyendo la trata de seres humanos.

Cuestiones éticas

Se facilitaron hojas informativas a todas las participantes, que pudieron hacer preguntas antes de participar; se les pidió que firmaran una autorización antes de la entrevista. Todas las trabajadoras del sexo que participaron eligieron un seudónimo para el estudio. Tres de las informantes del NZPC quisieron que se las identificara con su nombre completo en la investigacion y una participante (la persona de enlace con las trabajadoras sexuales migrantes) prefirió que se la identificara por su función, no por su nombre. La informante externa también solicitó que se usase una descripción de su función y no su nombre ni el de su organización. Todas las entrevistas fueron grabadas, transcritas literalmente y revisadas para eliminar cualquier información potencialmente identificativa en los casos en los que las participantes habían pedido no ser identificables en el estudio. El comité ético de la Victoria University of Wellington dio su visto bueno ético para la realización del trabajo de campo.

Análisis de datos

Tras transcribir las entrevistas, se analizaron los datos para identificar temas clave. Una vez finalizado el borrador del informe, se invitó a las participantes a comentar sobre el borrador, y pudieron hacerlo por correo electrónico o en una reunión en el NZPC. Este proceso, llamado verificación grupal, se hizo para asegurar que las participantes creían que la interpretación de los datos representaba con precisión su punto de vista y sus vivencias. Al acabar el borrador, se celebró una reunión en el NZPC con cinco revisoras que eran voluntarias o empleadas del NZPC para debatir las conclusiones y recomendaciones finales antes de finalizar el informe.

 

Resultados

La historia del NZPC

El NZPC fue fundado en 1987 por un pequeño grupo de trabajadoras del sexo que trabajaban en interiores que se reunieron para plantear la creación de una organización que representara a las trabajadoras del sexo, y a las que pronto se les unieron trabajadoras sexuales que captaban su clientela en la calle.29 La legislación de aquel tiempo, que criminalizaba el trabajo sexual, además del estigma y la salud sexual, fueron las principales motivaciones para constituir la organización. Catherine Healy, la coordinadora nacional y una de las miembros fundadoras del NZPC, explicó:

Queríamos formar una organización y hacer que la policía dejara de arrestarnos, así como hacer algo acerca del VIH y la percepción de la gente de que las trabajadoras del sexo éramos … las transmisoras de la enfermedad, pero también de la percepción de la gente de que las trabajadoras sexuales éramos inferiores … Queríamos juntar … a distintas trabajadoras del sexo y tener centros comunitarios donde reunirnos y hablar de cosas que nos importaban … Las actividades en torno al trabajo sexual eran ilegales, así que queríamos crear espacios seguros donde pudiéramos compartir información e ideas para apoyar nuestro trabajo sexual.

El NZPC es una organización de trabajadoras del sexo sin igual por dos razones principales: una es que consiguió financiación del gobierno desde 1988, un año después de su comienzo formal, y la otra es que su influencia fue fundamental en decisiones políticas relacionadas con el trabajo sexual. Además, la organización ofrece servicios vitales para las trabajadoras sexuales y ayuda a trabajadoras del sexo que tienen problemas en su trabajo. La organización ha logrado trabajar con gobiernos sucesivos sin ser controlada por ellos. Como explicó Catherine:

Tenemos un contrato con el gobierno, tenemos relaciones con el gobierno, pero mantenemos nuestra propia identidad y dirección. No nos hemos sentido dirigidas ni controladas ni manipuladas ni manejadas por el gobierno.

El NZPC no es un sindicato: las trabajadoras del sexo pueden participar en la medida que deseen y del modo que mejor satisfaga sus intereses y planes.30 Está supervisado por una junta de siete miembros, compuesta totalmente por trabajadoras del sexo en activo o retiradas. A día de hoy, el NZPC desempeña varias funciones: ofrecer servicios sanitarios y jurídicos directos, asesorar sobre leyes y políticas acerca del trabajo sexual a niveles nacional e internacional, colaborar en investigaciones y ofrecer un espacio seguro para que las trabajadoras sexuales se reúnan, desarrollen estrategias y compartan ideas y experiencias.

Los beneficios de organizarse

Las entrevistas con las empleadas del NZPC revelaron varios beneficios importantes de estar organizadas y que no se habrían logrado si la organización no hubiera sido fundada. El más significativo fue la aprobación de la PRA en 2003, un cambio por el que el NZPC había trabajado desde su nacimiento. Es lógico concluir que Organizarse también ha implicado que las trabajadoras del sexo han establecido fuertes relaciones con otras instancias y han sido capaces de utilizar estas instancias de un modo que contribuye al beneficio de las trabajadoras del sexo. El NZPC de Auckland, por ejemplo, acoge una asesoría semanal de Work and Income31 que ayuda a trabajadores sexuales que están atravesando situaciones difíciles o que desean dejar de ejercer el trabajo sexual. El NZPC también acoge servicios de salud sexual y asesoramiento en varios locales comunitarios. Catherine Healey explicó lo siguiente:

.Creo que al principio del todo no pensábamos que fuéramos a durar ni que llegaríamos a despegar. Pensábamos que probablemente repartiríamos un boletín escrito por trabajadoras del sexo y luego, bueno, pues probablemente la cosa se derrumbaría. Pero la organización se ha desarrollado. [Abrimos] centros comunitarios, recibimos a otros proveedores como entidades asesoras que acuden a ofrecer servicios complementarios para nosotras, pero en nuestro contexto, en nuestra sede; y a profesionales de salud sexual y de planificación familiar. Hemos logrado ser efectivas al enfrentarnos a la ley y la política, hemos sido relevantes a la hora de impulsar la derogación de una ley y política negativa, hemos tenido mucha influencia en consultas políticas y hemos sido determinantes en muchas decisiones sobre el trabajo sexual.

La descriminalización del trabajo sexual no habría ocurrido si las trabajadoras sexuales no hubieran empezado a organizarse y movilizarse por el cambio.

La historia de NZPC es por tanto única por reflejar un compromiso a largo plazo por los derechos, la salud y la seguridad de las trabajadoras del sexo, lo cual ha resultado en que sea una organización respetada, fuerte y estable que es una autoridad en materia de trabajo sexual.

El discurso antitrata en Nueva Zelanda

El discurso en torno al trabajo sexual en Nueva Zelanda no ha estado tan dominado por la preocupación por la trata como en otras regiones del mundo. Incluso en el proceso de reforma de la ley sobre prostitución anterior a 2003, el discurso antitrata no tuvo un papel significativo hasta fases tardías del debate. Annah Pickering explicó:

Al final, sí, había gente que hablaba de la trata porque había quien decía que al descriminalizar la prostitución habría hordas de mujeres que vendrían de otros países a cruzar la frontera, y la cosa es que a la gente le dio pánico. Pánico moral.

Aunque se presentaba como una preocupación por las posibilidades de que se produjese trata, estas preocupaciones también representaban un sentimiento contra la inmigración. Esto influyó significativamente en la introducción de una cláusula que prohibía a las migrantes con visados temporales ejercer o regentar un negocio de trabajo sexual.

Sobre este aspecto, Annah explicó que aunque este pánico de última hora por el impacto potencial de la descriminalización tenía que ver con la trata, también estaba muy relacionado con el miedo de que la población de trabajadoras sexuales “explotaría” y el país se inundaría de trabajadoras del sexo. Algunas personas contrarias a la descriminalización especulaban que “vamos a tener prostitutas por todos lados”. De este modo, aunque se presentaba como una preocupación por las posibilidades de que se produjese trata, estas preocupaciones también representaban un sentimiento contra la inmigración. Aunque no había pruebas que indicasen que la descriminalización conduciría a la trata o llevaría a un aumento del número de trabajadoras sexuales, estas preocupaciones influyeron significativamente en la introducción de una cláusula que prohibía a las migrantes con visados temporales ejercer o regentar un negocio de trabajo sexual.32

Cuando se les preguntó por la presencia y el impacto del discurso antitrata, las participantes en el estudio también mencionaron la influencia de debates internacionales y, sobre todo, el informe anual del Departamento de Estado de EEUU Trafficking in Persons (TIP, trata de personas), que previamente había identificado a Nueva Zelanda como país de destino para víctimas de trata con fines de prostitución. Había una impresión general de que el gobierno de Nueva Zelanda había dado una respuesta efectiva y crítica a dichas afirmaciones, basándose en que hasta la fecha no hay pruebas de que Nueva Zelanda sea un país destino para víctimas de trata con fines de prostitución. No obstante, una de las entrevistadas observó un aumento en actividad policial que parecía coincidir con la publicación del informe:

Mi experiencia trabajando a nivel de base es que cuando aquel documento estadounidense, el informe Trafficking in Persons, que suele salir cada año en junio, y hay cierta presión, yo creo, de no sé quién, los poderes fácticos o gente que cree que están pasando cosas aquí en Nueva Zelanda que no tendrían que estar pasando … los departamentos gubernamentales, principalmente Aduanas, Inmigración, Policía, Interior, que tienen a un grupo o a alguien allí metido para que mueva las cosas antes de que salga el informe. Y por lo que yo sé, en Auckland hemos tenido redadas en burdeles.

También se percibía que la proliferación del discurso antitrata internacionalmente llevó a una minoría de ONG de Nueva Zelanda a apoyarse en estadísticas y afirmaciones incorrectas sobre la trata con fines de prostitución, como indicó la informante externa:

Hay que reconocer que en algunos de los grupos antitrata que tenemos en Nueva Zelanda siguen casi obsesionadas con la trata con fines de prostitución … y seguimos con esa mentalidad de exagerar cifras, como bien sabrás. Así que esas mismas cifras sin base siguen siendo citadas una y otra y otra vez.

La proliferación del discurso antitrata internacionalmente llevó a una minoría de ONG de Nueva Zelanda a apoyarse en estadísticas y afirmaciones incorrectas sobre la trata con fines de prostitución.

Se reconoció que, aunque una minoría de particulares y organizaciones siguen haciendo afirmaciones sobre la trata con fines de prostitución que no están basadas en evidencia, en general se admite que la trata en Nueva Zelanda parece ser un tema asociado más a otros sectores como el pesquero, la agricultura y la hostelería. De este modo, mientras el discurso antitrata tuvo la desafortunada consecuencia de definir aspectos de la política sobre el trabajo sexual en el pasado, en el contexto local actual los debates sobre trata están generalmente fundados en pruebas y la trata no se entiende en el país como un tema de trabajo sexual.

Posicionamiento ante el discurso antitrata y sus efectos: “bueno, al menos no soy la de la peli ‘Venganza’”

Aunque el discurso antitrata no ha dominado los debates en Nueva Zelanda, la atención que le prestan ciertas particulares y organizaciones y el interés que suscita internacionalmente implica que el NZPC ha tenido que posicionarse sobre ello. Las participantes recalcaron que la perspectiva del NZPC siempre ha sido la de centrarse en las pruebas y las observaciones y vivencias de las trabajadoras sexuales. Uno de los puntos fuertes de la organización es su disposición a trabajar con personas de distintas ideologías, lo que ha permitido racionalizar los debates sobre la trata. Como indicó Catherine Healy:

Sin duda hemos dejado algunas puertas abiertas a organizaciones antitrata de aquí y nos hemos puesto en contacto y reunido y hablado con ellas. Intentamos evitar la polarización mientras haya alternativas … y creo que como hemos intentado evitar esa polarización, nos ha servido para amortiguar … historias falsas sobre las trabajadoras del sexo y la realidad de la trata en este país.

A pesar de todo, quedó claro que el discurso antitrata sigue afectando a las trabajadoras del sexo de Nueva Zelanda. El efecto más obvio es la sección 19 de la PRA, que prohíbe ejercer el trabajo sexual a las personas migrantes. Ahora bien, las participantes explicaron que el discurso antitrata también tiene implicaciones menos evidentes para las trabajadoras del sexo y la labor de apoyo del NZPC, y expresaron frustración debido a que el discurso antitrata refleja la explotación en el trabajo sexual en términos extremos, eclipsando las formas más cotidianas de explotación que sufren las trabajadoras del sexo. Las entrevistadas explicaron que esto implica que no se actúe contra los caso reales de explotación porque dichas situaciones son percibidas como “aburridas” y triviales cuando se las compara con, en palabras de Catherine Healy:

 … este tipo de casos extravagantes e imaginarios sobre trabajadoras del sexo que son esclavas sexuales, que están encadenadas a la cama y que van a ser descubiertas en el desván de alguien en alguna parte.

El discurso antitrata refleja la explotación en el trabajo sexual en términos extremos, eclipsando las formas más cotidianas de explotación que sufren las trabajadoras del sexo.

Esto era una importante fuente de frustración para las participantes ya que, como dijo Calum Bennachie, las autoridades “ignoran los problemas reales de coacción y lo que podría estar pasando en un burdel y buscan una fantasía que no existe”. Esta idea también la mencionaron las trabajadoras sexuales. Danielle, por ejemplo, pensaba que el discurso antitrata podría llevar a las trabajadoras del sexo a aceptar formas de explotación menores:

Tengo la sensación de que todas esas narrativas de trata también contribuyen a que las trabajadoras del sexo estén más dispuestas a aguantar la explotación. Como cuando oyes una historia de, yo que sé, por ejemplo unas chicas encerradas en una habitación atiborradas de drogas y vendidas al mejor postor y piensas: “menos mal que no me está pasando a mí”. Y es que sí, mis jefas pueden estar tratándome mal y hacerme trabajar 14 horas cada noche y retener mi paga … pero por lo menos no me violan, ¿sabes?

Y añadió:

Eso lleva a que no te des cuenta de las formas en que te están explotando, que es de la misma forma aburrida que el capitalismo explota a todo el mundo … el tipo de explotación al que la mayoría nos enfrentamos es trabajar largas jornadas, pagos inestables, jefas que lo intentan todo para timarte cada dólar que pueden … no es la explotación de estar encadenada a la cama y ser violada durante doce horas seguidas … y decir que eso es lo que nosotras vivimos solo quita importancia a las cosas malas que sí nos pasan. Y cuesta reconocerlo cuando pasan cosas malas y estás pensando: “bueno, por lo menos yo no soy la de la peli ‘Venganza’”.33

Las participantes rechazaron rotundamente el atractivo emocional del discurso antitrata, que no solo influye en la respuesta de las autoridades ante la explotación cotidiana del trabajo sexual, sino que también puede influir en cómo las trabajadoras sexuales entienden las situaciones con las que se encuentran como trabajadoras por cuenta ajena. De este modo, el discurso de la trata tiene efectos importantes sobre las trabajadoras sexuales y puede ocultar la verdadera naturaleza de la explotación que puede tener lugar en el trabajo sexual, y también tiene implicaciones para el NZPC cuando intenta responder a estos asuntos.

Análisis de la trata

Se pidió a todas las participantes que describieran lo que implica la trata y que reflexionaran sobre hasta qué punto la trata con fines de prostitución es un problema en Nueva Zelanda. En general, se ajustaban a la definición internacional: describían la trata como una circunstancia en la que una persona pasa a estar en una situación caracterizada por el engaño y la coacción. También se percibía que la trata está caracterizada por una falta de elección y libertad, como una situación en la que se obliga a una persona a realizar trabajo sexual contra su voluntad y sin remuneración. La persona de enlace con la comunidad migrante del NZPC lo describía así:

Es como: llegan aquí, no saben dónde van , llegan aquí y hacen algo en contra de su voluntad, no las dejan marchar, no hay libertad, no les pagan ni nada.

Todas las participantes niegan rotundamente haber observado u oído de ningún caso de personas forzadas a venir a Nueva Zelanda para realizar trabajo sexual. Esto es coherente con los datos existentes que muestran que, a pesar de las investigaciones intensivas de Inmigración, no se ha identificado hasta la fecha ningún caso de trata dentro de la industria del sexo en Nueva Zelanda. Calum Bennachie señaló:

Inmigración ha seguido visitando burdeles regularmente para inspeccionar y ver si hay alguien que podría ser víctima de trata, y cuando van comprueban si hay paredes falsas o armarios ocultos o gente escondida o cosas así. Hacen un registro completo y por ahora no han encontrado una sola víctima de trata con fines de prostitución en Nueva Zelanda.

Las participantes, tanto las del NZPC como las trabajadoras sexuales, también notaron que trata es un término mal definido y vago que se usa para describir un amplio abanico de prácticas de explotación, que se identifica con el trabajo sexual en el discurso popular de muchos países y que es a menudo usado en detrimento de las trabajadoras del sexo.

Las participantes, tanto las del NZPC como las trabajadoras sexuales, también notaron que trata es un término mal definido y vago que se usa para describir un amplio abanico de prácticas de explotación, que se identifica con el trabajo sexual en el discurso popular de muchos países y que es a menudo usado en detrimento de las trabajadoras del sexo. Danielle apuntó:

Es un término tan mal definido que todo puede ser trata si quieres que lo sea. Quiero decir, es como lo que te dije antes, que, según ciertas definiciones, al haber venido a trabajar de otro país, yo misma soy víctima de trata, aunque he venido por voluntad propia.

Del mismo modo, Michelle indicó:

Creo que es un término muy vago y mal definido. Para serte sincera, mi reacción emocional cuando lo oigo es que se me ponen los pelos de punta, estoy predispuesta a ese sentimiento contra las trabajadoras del sexo … y he visto muchas veces usar la trata como argumento para defender cosas que reducen mis derechos como trabajadora sexual.

Mientras que todas las informantes criticaron el término trata y no habían observado casos de lo que les parecía que se podría definir como trata, sí expresaron su preocupación por el potencial existente para la explotación de trabajadoras del sexo migrantes en el marco de la ley actual. Como explicó Catherine Healy:

Creo que es importante recordar que, sabes, que las condiciones están ahí y vienen proporcionadas por la ley. La ley proporciona las condiciones necesarias para la trata al convertir en ilegales a las migrantes que ejercen el trabajo sexual. Así que, como creo que sabes, estamos con los ojos y los oídos bien abiertos. Es algo que nos preocupa. Y la preocupación es muy muy real.

Aunque las trabajadoras del sexo entrevistadas fueron categóricas al afirmar no haber visto ni oído de situaciones en las que se hubiera forzado a personas a ejercer el trabajo sexual contra su voluntad o engañadas, dos participantes declararon haber oído de trabajadoras del sexo migrantes sometidas a condiciones laborales inaceptables. Amy, una trabajadora sexual migrante nacida en China, describía haber oído de trabajadoras del sexo a las que se animaba a venir a trabajar a Nueva Zelanda en un burdel durante un periodo corto de tiempo y se les insinuaba que podían ganar grandes sumas de dinero. Sin embargo, al llegar, aunque sí podían ganar mucho dinero, también se les exigía disponibilidad completa. Explicó:

No, no se las forzaba, pero … Decían a las chicas que vinieran a trabajar para ellos pero no se preocupaban por las chicas. Eso es lo que quería decir. Las tienen trabajando jornadas muy largas, realmente muy muy largas.

Michelle también expresó su preocupación por algunas trabajadoras del sexo migrantes que tenían un escaso control sobre su tiempo de trabajo y unos costes de vida excesivamente altos:

He visto a trabajadoras migrantes que planearon venir a trabajar, se pusieron en contacto con la empleadora o la dueña del burdel y gestionaron su venida para trabajar y residir en el local. Creo que potencialmente es un problema, que muchas veces esas chicas están pagando mucho por alojamiento y gastos, y como viven en el local, hacen jornadas larguísimas con muchísima frecuencia. Yo no puedo hablar en su nombre, pero sé que muchas de ellas no estaban contentas con eso y habrían preferido librar más o tener más flexibilidad en el modo de trabajar.

De este modo, todas las participantes mostraron su inquietud por el hecho de que la legislación sobre el trabajo sexual de personas migrantes crea condiciones que facilitan la explotación. Aunque las trabajadoras sexuales migrantes tienen experiencias y circunstancias diversas, pueden encontrar condiciones laborales que serían consideradas inaceptables por la mayoría de las trabajadoras del sexo neozelandesas.

Trabajo sexual de personas migrantes y una ley de consecuencias no deseadas

Se pidió a todas las participantes que describieran lo que pensaban que eran los principales desafíos para las trabajadoras del sexo en el contexto actual de Nueva Zelanda. Se subrayaron una serie de temas como el estigma y la discriminación que siguen existiendo, problemas con jefas explotadoras o condescendientes y una cantidad insuficiente de clientes. Sin embargo, el problema más citado fue el precario estatus legal de las trabajadoras del sexo migrantes, que tiene algunas repercusiones importantes en lo que respecta a la explotación de migrantes y la trata.

Desempoderamientro de trabajadoras del sexo, empoderamiento de clientes abusivos

Las trabajadoras del sexo migrantes en Nueva Zelanda están desempoderadas en sus interacciones con clientes. Su precaria situación legal da a clientes abusivos la oportunidad de realizar demandas poco razonables porque, como indicó Lydia, asumen que “esta persona seguramente no llame a la policía”. En este sentido, Amy recordó una experiencia adversa con una persona que había hecho una reserva con ella:

… un cliente dirá … pensará que no tienes un visado en condiciones y te dirá que le hagas un buen servicio y si no va a llamar a la policía. 

Las trabajadoras del sexo migrantes en Nueva Zelanda están desempoderadas en sus interacciones con clientes.

Amy también describió un tipo específico de cliente con una idea racista de las trabajadoras migrantes. Este tipo de clientes no respeta sus límites por su idea estereotipada y racializada de las trabajadoras asiáticas como personas pasivas. Explicó:

Como soy asiática, algunos clientes ya han estado en Asia antes y les gustan las chicas asiáticas especialmente porque piensan que pueden hacer lo que quieran. Porque normalmente no somos como las chicas neozelandesas, que saben que existe ese derecho de decir “no”. Porque en Asia a nosotras (las trabajadoras del sexo) se nos trata de forma inhumana. Así que cuando viene este tipo de cliente a Nueva Zelanda piensa que somos iguales que en China. Por ejemplo, te agarran y te dicen: “Voy a hacer esto”. Y puedes decir “no” pero no te escuchan. Dices “stop” y dicen que quieren que les devuelvas el dinero. Porque no consiguen lo que quieren como en otros países asiáticos, así que dicen: [con voz de burla] “Oh, quiero que me devuelvas el dinero” [risas].

Lydia describió una situación en la que una trabajadora sexual migrante había sido chantajeada por una persona que se le había acercado como cliente y luego la amenazaba con delatarla a Inmigración para extorsionarla y obtener servicios de ella:

Una vez conocí a una chica que … había un tío que la llamó y dijo que quería hacer una reserva con ella y luego … apareció y dijo: “Tienes que tener sexo conmigo gratis o llamo a Inmigración”. Y ella se quedó [pensando]: “¿Qué voy a hacer, dios mío?” No se podía deshacer de él, así que lo hizo y luego se cambió el nombre profesional y el número de teléfono y después él la encontró de nuevo. Creo que le pasó unas tres veces y estaba muy asustada y muy traumatizada. Lo estaba pasando fatal. 

Riesgo de deportación

Las migrantes que son descubiertas ejerciendo el trabajo sexual pueden ser deportadas, lo que inevitablemente genera miedo al contacto con las autoridades como la policía. Esto significa que si una migrante se encuentra con un cliente abusivo, hay un fuerte efecto disuasorio a la hora de denunciar el caso. Aunque según la sección 16 de la PRA es una infracción amenazar con revelar que una persona está ilegalmente en Nueva Zelanda para inducir u obligar a otra persona a que realice servicios sexuales comerciales, el estatus legal precario de las trabajadoras del sexo migrantes implica que no es probable que denuncien experiencias adversas a la policía. Amy no creía que la policía pudiera proteger a personas que trabajan ilegalmente, y señaló: “Si eres ilegal no puedes llamar a la policía. Si eres ilegal, no pueden protegerte”. También pensaba que los burdeles en los que ejercen trabajadoras migrantes pueden ser reticentes a denunciar disputas menores con clientes porque “pensarán: ‘Oh, no quiero que vengan policías a mi edificio’”.

“Si eres ilegal no puedes llamar a la policía. Si eres ilegal, no pueden protegerte.”

En el caso que describe Lydia, la trabajadora sexual estaba demasiado asustada para denunciar su situación, aunque Lydia estaba convencida de que una agente de policía podría ser discreta en lo que respecta al estatus de inmigración de la trabajadora del sexo:

Ella no quería llamar a la policía porque estaba preocupada, y le dije: “Creo que podrías llamar a la policía porque … a las polis les importa que no haya un violador por ahí intentando violar a trabajadoras del sexo. Probablemente les importe más eso que pasar tus datos a Inmigración”. Lo que hizo al final fue ir y buscar a alguien que la protegiera … Supongo que es lo que suele pasar … Si no consigues protección mediante la ley, tienes que ir y buscarte a alguien que te proteja de otra manera.

Paralelamente está el hecho de que las migrantes, que ya tienen experiencia en ser objetivo de agentes de policía e Inmigración por haber sido consideradas posibles víctimas de trata o migrantes indocumentadas, podrían ser particularmente reticentes a dirigirse a las autoridades. Lydia describió a una amiga que había tenido varias experiencias de acoso cuando estuvo en el extranjero:

Imagino que hay muchas personas indígenas de lugares colonizados, toda su familia es muy pobre y la gente no espera que puedan viajar ni nada. Así que siempre las paran en las fronteras … y sí, tienen un montón de ansiedad con eso y nunca llamarían a la policía.

Las migrantes, que ya tienen experiencia en ser objetivo de agentes de policía e Inmigración por haber sido consideradas posibles víctimas de trata o migrantes indocumentadas, podrían ser particularmente reticentes a dirigirse a las autoridades. 

Estigma, discriminación y apoyo de pares

El estatus legal precario de las trabajadoras del sexo migrantes también implica que experimenten una dosis extra de estigma, ya que están infringiendo la ley, mientras que otras trabajadoras del sexo no lo hacen. Esto podría implicar que algunas trabajadoras sexuales migrantes se aíslen y no se beneficien del apoyo de sus compañeras ni compartan información con otras trabajadoras del sexo. Michelle lo explicó así:

Ese miedo a que te pillen trabajando ilegalmente y que te deporten, que es una consecuencia enorme. Es terrible tener que enfrentarse a eso simplemente por estar ejerciendo el trabajo sexual. Y yo creo que hay cierto estigma hacia ellas, como que pone a las trabajadoras migrantes al margen porque están haciendo algo ilegal y el resto de las chicas que trabajan en el burdel no están haciendo nada ilegal … Y también creo que, sí, que hace que sea menos probable que insistan en que se respeten sus derechos laborales.

Las trabajadoras del sexo migrantes pueden aislarse por miedo a que las trabajadoras sexuales nacidas en Nueva Zelanda las delaten si se enteran de su estatus migratorio. Annah Pickering apuntó:

Hemos tenido incluso a trabajadoras del sexo nacidas en Nueva Zelanda que pueden ser muy racistas … e informar a las autoridades, porque las trabajadoras migrantes se promocionan bien, son muy trabajadoras, y me parece que las nacidas en Nueva Zelanda se sienten amenazadas por ellas.

Al mismo tiempo, muchas se muestran solidarias con las trabajadoras del sexo migrantes si sufren explotación. Annah Pickering recordó una situación en la que una trabajadora sexual migrante recibió el apoyo de trabajadoras del sexo nacidas en Nueva Zelanda cuando se enteraron de su situación:

Había una gente que llevaba un burdel comercial en el centro y también tenía un establecimiento más exclusivo en un área residencial. Tenían a algunas trabajadoras migrantes trabajando en el burdel residencial [y] una noche a una de las trabajadoras del burdel residencial le dijeron que fuera al burdel comercial. Había trabajadoras de Nueva Zelanda trabajando en ese burdel y ella acabó diciéndoles que llevaba aquí cierto tiempo y que no tenía acceso a su pasaporte y que los dueños del burdel se lo habían retenido. Así que las trabajadoras del sexo neozelandesas, al oír la historia, se quedaron en plan: “Joder, tienes que llamar a la policía”. Con el consentimiento de la trabajadora llamaron a la policía, que fue a ese burdel y ahí empezó todo. A esa mujer le devolvieron el dinero y el pasaporte y luego volvió a casa … Me acuerdo de que las trabajadoras neozelandesas me dijeron que habían alucinado con eso. Estaban en plan: “¿Pero quién coño se creen que son para eso? ¿Cómo se atreven a hacerle eso?” 

Obstáculos para denunciar

Las trabajadoras del sexo nacidas en Nueva Zelanda del caso anterior se quedaron claramente impactadas al enterarse de lo que consideraban una situación completamente inaceptable, tal vez por la normalización de los derechos de las trabajadoras del sexo por la PRA y las expectativas de unas condiciones laborales decentes o al menos relativamente decentes. Ahora bien, aunque esta situación tuvo un final positivo, cabe la posibilidad de que llamar a la policía en dicha situación pudiera tener consecuencias negativas inesperadas para la trabajadora sexual migrante, especialmente si su deseo era quedarse en Nueva Zelanda. Las trabajadoras del sexo entrevistadas para este proyecto no estaban convencidas de poder contactar con la policía si una colega migrante sufría explotación, y únicamente recurrirían al NZPC.

Michelle explicó lo que haría si se encontrase a una trabajadora sexual migrante que sufría explotación: 

Creo que mi primera reacción habría sido ofrecerle que viniera aquí al NZPC. Sé que el NZPC tiene recursos y trabajadoras con otros idiomas que pueden comunicarse con gente que no habla inglés. Así que yo creo que esa habría sido mi primera medida. Creo que si esa persona pensaba que estaba verdaderamente en peligro, le habría dicho que la policía no iba a portarse horriblemente con ella, pero no sé si es muy probable que le hubiera recomendado eso por las posibles consecuencias de la deportación que, si has venido a trabajar durante unas vacaciones, no parece tan gran cosa, pero luego están las consecuencias: si te han deportado de un país por ejercer el trabajo sexual es posible que no puedas entrar en otros países. Podría afectarte la vida entera y a tus posibilidades de viajar. 

Michelle explicó lo que haría si se encontrase a una trabajadora sexual migrante que sufría explotación: “Creo que mi primera reacción habría sido ofrecerle que viniera aquí al NZPC.”

Del mismo modo, Amy no se sentía segura de que la policía pudiera ayudar a alguien que ejerciera ilegalmente el trabajo sexual, y dijo que sería reticente a recomendar que se llame a la policía porque: “Se metería en problemas … la policía se la llevaría”. Al preguntarle cuáles serían las consecuencias, Amy contestó que probablemente le dirían: “No puedes trabajar aquí. No puedes trabajar y te tienes que volver a tu país”.

Vigilancia y control

Además de enfrentarse a obstáculos para denunciar experiencias adversas, las trabajadoras del sexo migrantes también viven con la posibilidad constante de que las autoridades las identifiquen mientras trabajan. Aunque las redadas en burdeles no son muy corrientes en Nueva Zelanda, las agentes de Inmigración las llevan a cabo de forma esporádica. Las participantes en este estudio también describieron casos de trabajadoras sexuales a las que se interrogaba en la frontera cuando intentaban entrar en Nueva Zelanda, una práctica que también ha sido identificada en un estudio australiano.34 Asimismo, una participante contaba que hay agentes de Inmigración que van revisando los anuncios de trabajadoras del sexo en internet y los contrastan con perfiles de las redes sociales para intentar identificar a personas que podrían estar trabajando ilegalmente. Annah Pickering lo explicó así:.

He hablado con una trabajadora migrante que se anunciaba en [una plataforma online] e Inmigración de Nueva Zelanda la había estado revisando. Le enviaron una carta que mostraba su anuncio diciéndole “has mentido, te has anunciado aquí, podemos demostrarlo porque esta eres tú, te hemos visto en Facebook, Instagram…” Ella lo impugnó pero Inmigración de Nueva Zelanda le dijo: “Si no sales del país para esta fecha … te mandaremos una notificación legal de deportación”. Así que acabó negociando con ellos diciendo que tenía un billete de ida y vuelta a su país y que no iba a volver aquí.

Las trabajadoras del sexo migrantes también viven con la posibilidad constante de que las autoridades las identifiquen mientras trabajan

Los informes de la prensa sobre las actividades de Inmigración de Nueva Zelanda en materia de trabajo sexual indican que dichas actividades, por ahora, no han identificado a ninguna víctima de trata. En 2007, agentes de policía y de Inmigración, acompañadas por un equipo de grabación del reality de televisión “Borderline”, hicieron redadas en seis burdeles de Auckland. En una de esas redadas, un cliente murió al saltar por la ventana para no ser identificado. Aunque se dijo que la policía estaba en la redada por si se identificaban víctimas de trata, una portavoz de Inmigración de Nueva Zelanda dijo que “el objetivo de las redadas era garantizar que no se incumple la normativa sobre prostitución e inmigración”.35 Desde entonces, se han realizado nuevas redadas con agentes de Inmigración y/o de policía. En 2012, se informó de redadas en ocho burdeles y las agentes encontraron a 21 trabajadoras del sexo trabajando de forma ilegal. Dos optaron por abandonar el país voluntariamente y 19 recibieron notificaciones de deportación.36 En una redada en un burdel en 2014 no se identificó a ninguna víctima de trata ni trabajadora sexual menor de edad, pero el resultado fueron tres trabajadoras del sexo con notificaciones de deportación.37

La prohibición de ejercer el trabajo sexual para migrantes ha creado un contexto contradictorio en el que las trabajadoras del sexo nacidas en Nueva Zelanda disfrutan de los beneficios de un entorno laboral caracterizado por ser abierto y transparente, mientras que a las trabajadoras sexuales migrantes básicamente se las obliga a la clandestinidad y son, por tanto, vulnerables a la explotación y la violencia. La política de descriminalización de Nueva Zelanda ha demostrado ser una política exitosa.38 No obstante, al excluir a las trabajadoras del sexo migrantes, no tiene suficiente alcance y se puede decir que la política actual crea las condiciones que llevan a la trata más que proteger contra ella. La situación de las trabajadoras del sexo migrantes en Nueva Zelanda también afecta a la respuesta del NZPC frente a casos de explotación.

La prohibición de ejercer el trabajo sexual para migrantes ha creado un contexto contradictorio en el que las trabajadoras del sexo nacidas en Nueva Zelanda disfrutan de los beneficios de un entorno laboral caracterizado por ser abierto y transparente, mientras que a las trabajadoras sexuales migrantes básicamente se las obliga a la clandestinidad y son, por tanto, vulnerables a la explotación y la violencia.

 

Respuesta a la explotación: el papel y el enfoque del NZPC

Como organización establecida por y para trabajadoras del sexo hace 30 años, el NZPC tiene un firme compromiso con los derechos de las trabajadoras sexuales y su seguridad y salud laborales. Este compromiso queda demostrado con los años de trabajo que dedicó a la descriminalización del trabajo sexual, además de las muchas otras maneras en que defiende diariamente el derecho de las trabajadoras del sexo a unas condiciones laborales justas y razonables. Por tanto, el NZPC tiene una notable función que desempeñar dando respuesta a una amplia gama de prácticas explotadoras abarcadas con frecuencia bajo el término muy general “trata”.

Ser una de ellas

El valor singular que aporta el NZPC en su réplica a la explotación en el trabajo sexual es que son parte de la comunidad de trabajadoras del sexo. Son, por tanto, una más, en lugar de personas de fuera y, por tanto, las trabajadoras del sexo y otras personas que están relacionadas con el trabajo sexual pueden intercambiar información con el NZPC que no estarían dispuestas a intercambiar con otras organizaciones que no son de la comunidad. Un día, mientras yo estaba en el NZPC haciendo una entrevista, un operador de un burdel entró y se llevó recursos en distintos idiomas elaborados por el NZPC para trabajadoras del sexo migrantes, y reveló que en su negocio tiene a trabajadoras sexuales que no son de Nueva Zelanda. Recordando esta interacción, Catherine Healy explicaba:

Un operador de un burdel acaba de revelar que tiene a tres trabajadoras y le parecía que podía hablar de ello … que son obviamente de otra parte del mundo, y luego él pudo llevarse material que sabe que va dirigido a trabajadoras migrantes. Eso es confianza … Es una persona que podría perder su licencia de operador por contratar trabajadoras migrantes y nos está contando algo muy delicado, y eso es la diferencia [con organizaciones externas] … Pertenecemos a estas comunidades. Somos una más, no somos de fuera. Y las de dentro suelen compartir sus cosas.

En el NZPC son una más, en lugar de personas de fuera y, por tanto, las trabajadoras del sexo y otras personas que están relacionadas con el trabajo sexual pueden intercambiar información con el NZPC que no estarían dispuestas a intercambiar con otras organizaciones que no son de la comunidad.

La función del NZPC como organización de pares también implica que es más probable que las trabajadoras del sexo revelen sus preocupaciones y experiencias adversas en este ámbito que en otras organizaciones. Su papel es particularmente importante en el contexto de apoyar a trabajadoras sexuales migrantes que pueden temer a las autoridades como la policía por su situación legal precaria o por experiencias pasadas con la policía en sus países de origen. Annah Pickering apuntaba:

Algunas de nuestras trabajadoras migrantes vienen de países en los que, bueno, hay corrupción en la policía y en Inmigración y cosas así … Las trabajadoras migrantes confiarán en lo que decimos, claro, más que en lo que dice la autoridad.

Las cuatro trabajadoras sexuales entrevistadas en este proyecto dijeron que el NZPC sería su primer recurso si experimentaban explotación o violencia o si se encontraban con una trabajadora del sexo que estaba siendo explotada. Danielle explicó que a veces las prohibicionistas critican que el NZPC trabaje desde dentro y la labor que realiza, y acusan a esta organización de apoyar la explotación al desarrollar recursos para las trabajadoras del sexo. Danielle estaba segura de que el NZPC estaría muy preocupado si supiera de algún caso de trata:

Si pasara algo, creo que el NZPC apoyaría enormemente a la trabajadora. Lo digo porque ya están, de algún modo, arriesgándose al elaborar información para trabajadoras extranjeras y especialmente en Auckland al elaborar información en chino … Los que están en contra del trabajo sexual siempre se fijan en este tipo de cosas y dicen: “Es que el NZPC defiende la trata”. No es así. No es más que intentar asegurarse de que todas pueden acceder a la información que puede mantenernos a salvo.

La informante externa entrevistada también valoró la condición del NZPC de “estar dentro” explicando que, debido a ello, el NZPC tiene información privilegiada de lo que pasa dentro del sector que otras organizaciones no pueden conseguir:

Creo que Catherine y la gente con la que trabaja, porque están por todas partes, se van a enterar bastante de lo que pasa. Están en todos esos sitios en que las demás no estamos. Se van a enterar mejor que el resto de nosotras … Tienen más oportunidades de enterarse de lo que pasa.

Esto también quiere decir que el NZPC sabe cómo lidiar con situaciones problemáticas en las que las trabajadoras del sexo puedan estar sufriendo problemas pero les cueste enfrentarse a ellos, especialmente cuando quieren seguir trabajando en determinado local y no quieren estropear la relación con la dirección si se quejan. Una estrategia inicial del NZPC, según cada caso, es usar un enfoque indirecto para mantener la comunicación con los operadores: intentan educarles primero, dándoles la oportunidad de mejorar sus prácticas. Catherine Healy explicó:

Puede ser que hablemos directamente con los operadores y les digamos algo como: “No sabemos si es tu caso o no, pero se lo estamos diciendo a todo el mundo”. Así, de manera general, se les dice que podría haber medidas duras según como la gente esté tratando a sus empleadas. Así que se trata de concienciar sobre malas prácticas e indicar que pueden tener repercusiones.

Desafiar la explotación y resolver conflictos

Se consideró que es fundamental mantener relaciones con los operadores de burdeles, ya que garantiza que la comunicación es posible cuando surjan problemas. Las trabajadoras sexuales entrevistadas también dejaron claro que el NZPC podría ayudarlas en dichas situaciones presionando a los operadores. Por ejemplo Danielle explicó que si era multada por un operador, contactaría con el NZPC porque: “Sé que Catherine es muy capaz de hacer un poquito de presión”. La autodeterminación de las trabajadoras del sexo es esencial para el enfoque del NZPC, que siempre es hacer lo que quiere la trabajadora sexual. Por ejemplo, aunque pasar inmediatamente por el proceso de denuncia formal no sea la respuesta más adecuada si se puede resolver un problema informalmente, si la trabajadora del sexo así lo quiere, el NZPC siempre respeta su voluntad. Catherine lo explicó así:

Sí que depende de lo que quiera la trabajadora sexual. No podemos pasar por alto lo que la trabajadora del sexo dice. Si dice: “De eso nada, quiero ir directa a las autoridades a solucionar esto”, pues eso es lo que tenemos que hacer.

Cuando las trabajadoras del sexo realmente desean recurrir a canales oficiales para enfrentarse a la explotación, el marco de descriminalización implica que las autoridades se toman en serio sus denuncias.

El NZPC también ha establecido relaciones importantes con otras organizaciones que pueden ayudar en estas situaciones, como Medical Officers of Health, que tienen el conocimiento y la experiencia adecuados. Estas pueden avisar a otras profesionales y trabajar conjuntamente para dar una respuesta. Por ejemplo, el NZPC estaba recibiendo quejas de trabajadoras del sexo sobre que otras trabajadoras sexuales ofrecían prácticas sexuales no seguras. El NZPC trabajó con Medical Officers of Health para desarrollar una respuesta no amenazadora de modo que pudieran contactar con operadores de burdeles.

Cuando las trabajadoras del sexo realmente desean recurrir a canales oficiales para enfrentarse a la explotación, el marco de descriminalización implica que las autoridades se toman en serio sus denuncias. Esto queda de manifiesto con un caso de 2014 en el que una trabajadora sexual, con el apoyo del NZPC, ganó un caso que había llevado al Tribunal de Derechos Humanos contra un propietario de un burdel que la había acosado sexualmente. La decisión del tribunal sentenciaba que no es aceptable que el propietario de un burdel utilice lenguaje sexual al comunicarse con las trabajadoras del sexo y condenó al propietario del burdel a pagar a la mujer, de 22 años, 25 000 NZD (unos 21 000 dólares estadounidenses en aquel momento) por daños.39

Crear defensoras de los derechos de las trabajadoras del sexo

Para garantizar que el NZPC pueda confiar en que las autoridades den una respuesta adecuada a las trabajadoras del sexo que están afrontando problemas, trabaja para formar “paladines” o personas defensoras en organizaciones, a las que se pueda recurrir cuando se las necesite; estas personas pueden también reforzar el conocimiento institucional dentro de sus propias organizaciones acerca de cómo apoyar mejor a las trabajadoras sexuales. A Danielle la amenazó una expareja con delatarla ante su familia si no hacía lo que él quería. Ella confió la situación a su jefe de aquel momento, que la puso en contacto con el NZPC. Lo explicaba así:

Mi jefe de entonces … se puso en contacto con el NZPC y averiguó el nombre de un policía respetuoso con el trabajo sexual, así que fui a hablar con él y me apoyó un montón.

 Las relaciones del NZPC con otras organizaciones son de vital importancia para facilitar una respuesta ante la explotación de trabajadoras del sexo migrantes, y sería de especial relevancia si hubiera un caso de trata.

Las relaciones del NZPC con otras organizaciones son de vital importancia para facilitar una respuesta ante la explotación de trabajadoras del sexo migrantes, y sería de especial relevancia si hubiera un caso de trata. La capacidad del NZPC de dar respuesta a trabajadoras sexuales migrantes que sufren explotación queda minada por la ley actual. Esto significa que aunque las trabajadoras del sexo migrantes se dirigen al NZPC con problemas, muchas veces son reticentes a llevar la denuncia más allá; se dirigen al NZPC simplemente porque quieren contar a alguien su experiencia. Sin embargo, los estrechos lazos del NZPC con “paladines” o defensoras individuales de las trabajadoras sexuales dentro de organizaciones gubernamentales significan que si una trabajadora del sexo quiere hacer una denuncia formal, a veces son capaces de conseguirlo asegurando que no hay consecuencias negativas. Lydia recordaba a una trabajadora sexual migrante a la que ayudó el NZPC después de sufrir una agresión sexual:

Le preocupaba Inmigración y se fue al NZPC y la ayudaron. Hablaron con la policía y consiguieron que la policía hablara con ella sin ponerla en peligro … No acabó siendo deportada, ni nada así. Por eso pienso que el NZPC es muy bueno gestionando este tipo de cosas.

Colaboraciones y servicios externos

Dentro su marco centrado en las trabajadoras del sexo, el NZPC también colabora con otras organizaciones para que ofrezcan servicios a trabajadoras sexuales. Por ejemplo, se facilitan servicios de salud sexual confidenciales y gratuitos, lo que atrae a muchas trabajadoras del sexo a la organización por primera vez. En Auckland, las asesoras de Work and Income40 ofrecen una clínica satélite para trabajadoras sexuales que se estén enfrentando a problemas significativos en su vida. Annah Pickering comentó:

Aquí en Auckland tenemos por ejemplo hoy a Work and Income … trabajan con subsidios y viviendas de protección oficial. Así que hemos desarrollado una relación con agencias gubernamentales que pueden dar asistencia a nuestra comunidad.

El NZPC también ofrece servicios externos a las trabajadoras del sexo, también en zonas del país en las que no hay una base comunitaria. Esto es particularmente importante para algunas trabajadoras sexuales migrantes que se desplazan por el país haciendo una gira para maximizar sus ingresos o para que no las descubran las autoridades. Los servicios externos también son importantes para trabajadoras del sexo migrantes de las grandes ciudades; y en Auckland, el NZPC tiene un proyecto dedicado a ello: el proyecto Migrant Education and Information (Educación y Formación para Migrantes), coordinado por una educadora que habla cantonés y mandarín. La persona de enlace con la comunidad migrante explicó:

A veces les cuesta acceder a nuestras oficinas. La mayoría de las migrantes no saben cómo llegar, incluso no conducen. No saben cómo llegar a nosotras así que vamos nosotras hacia ellas, nos reunimos, les contamos qué es el NZPC … La organización apoya a todas las trabajadoras del sexo y, como la mayoría de las trabajadoras chinas no habla bien inglés, les cuento qué es el NZPC y que les podemos ayudar y apoyar, que pueden denunciar un delito y que el NZPC puede interponer la denuncia en su nombre.

Desarrollo de recursos

Desarrollar recursos también es una parte integral de la labor del NZPC para abordar la explotación en el trabajo sexual. En la mayoría de los casos, estos recursos se desarrollan con trabajadoras del sexo en activo, como el “Código de conducta para todo el sector”, que traza unas directrices para una conducta y prácticas aceptables en negocios de trabajo sexual. El NZPC también puede apoyar a los operadores de burdeles para poner en práctica este código de conducta.41 La organización desarrolla igualmente recursos en colaboración con otras organizaciones, como un folleto desarrollado con Inmigración de Nueva Zelanda en el que se dan consejos en numerosos idiomas para trabajadoras sexuales a las que se les retiene el pasaporte o el sueldo.

Apoyo a personas que quieren dejar el trabajo sexual

Dado que el NZPC está comprometido con la autodeterminación de las trabajadoras del sexo, también apoya plenamente a cualquiera que quiera dejar el trabajo sexual. Aunque las participantes de esta investigación pensaban que la mayoría de las trabajadoras sexuales no necesita ninguna ayuda específica para dejarlo, el NZPC ayuda a las que sí que lo necesitan a ponerse en contacto con Work and Income para conseguir ayuda económica. El NZPC también las deriva a otros servicios, como un refugio religioso para personas que están dejando el trabajo sexual, si eso les interesa. Catherine lo explicó así:

Describimos ese lugar con un lenguaje neutro y decimos que “hay un lugar donde te puedes quedar si quieres” y que “es religioso y eso puede ser o no ser un problema para ti. Y te van a ayudar a hacer otras cosas si es lo que quieres.” Reconocemos que esta organización tiene una perspectiva ideológica particular, pero también reconocemos que las trabajadoras también tienen diferentes perspectivas ideológicas.

Contribuir a la seguridad de las jóvenes

Un punto fuerte del NZPC es su compromiso de contribuir a que todas las personas relacionadas con el trabajo sexual (independientemente de su estatus migratorio y de su edad) tengan la mayor seguridad posible. Para personas jóvenes que empiezan a ejercer el trabajo sexual, esto implica abordar sus necesidades y circunstancias inmediatas. Annah Pickering lo explicó así: 

Cuando pregunto a las jóvenes: “¿Por qué estás aquí, por qué estás trabajando?”, no van a decir: “Soy trabajadora sexual y estoy contenta y orgullosa.” Más bien dicen: “Tengo que sobrevivir. Tengo que comer…” Con las jóvenes siempre me aseguro de que tengan ropa, comida y un sitio seguro para dormir.

El mejor modo de dar respuesta a las jóvenes que están siendo pagadas por sexo es facilitarles ayuda práctica que pudiera aliviar sus necesidades económicas inmediatas y reforzar su red de apoyo.

Las participantes de la investigación tenían la sensación de que definir a las jóvenes que ejercen el trabajo sexual como víctimas de trata es una respuesta poco útil, ya que generalmente están en esta situación por necesidades económicas inmediatas, a veces tras haber huido de su casa o de la custodia del estado. Danielle pensaba que definir a las jóvenes automáticamente como víctimas de trata no ayuda porque puede implicar que las organizaciones duden a la hora de dar información práctica que pueda contribuir a la seguridad de la joven:

No implicarse y decir cosas como: “Ah, no, no, no, lo siento. No podemos ayudarte, no podemos tener nada que ver contigo porque no queremos cargárnosla por trata”, no ayuda en nada.

Igualmente, Lydia apuntó:

Llamarlas víctimas de trata no ayuda. Sería mejor llamarlas “sin hogar”, o decir “que no tienen una familia en la que puedan apoyarse”.

Por tanto, las participantes estuvieron de acuerdo en que el mejor modo de dar respuesta a las jóvenes que están siendo pagadas por sexo era facilitarles ayuda práctica que pudiera aliviar sus necesidades económicas inmediatas y reforzar su red de apoyo. Se consideró que este es el enfoque que el NZPC está desarrollando. Danielle comentó:

Yo creo que llegar con mano dura y decirle a alguien que la decisión que está tomando es completamente errónea va a alienar a la gente a la que podrías estar ayudando. Si te acercaras de forma más respetuosa y alentadora, diciendo: “¿Qué podemos hacer para ayudarte?”, e interesándote por las razones por las que están ejerciendo el trabajo sexual y por sus circunstancias … Creo que con una mente abierta y sin juzgar y buscando maneras de ayudarles de forma palpable, pues así sí. Y según mi experiencia, eso se le da muy bien al (NZ)PC.

“Decirle a alguien que la decisión que está tomando es completamente errónea va a alienar a la gente a la que podrías estar ayudando.”

Aunque el NZPC está comprometido con el apoyo práctico a las jóvenes que ejercen el trabajo sexual, también tiene un fuerte compromiso para posibilitar el acceso a la justicia para las jóvenes que son explotadas. Annah Pickering dijo:

En la calle sabes que hay adultos que pueden ser muy explotadores. Cuando ocurre eso, yo siempre les digo: “Estos son tus derechos, la ley te da estos derechos. ¿Qué quieres hacer al respecto? Porque podemos decírselo a la policía y conseguir que metan a esa gente en la cárcel”. Y aquí en Auckland he tenido experiencia con casos en los que se ha metido a gente en la cárcel por haber explotado a jóvenes.

El NZPC desempeña, por tanto, un papel importantísimo y único en su labor con las trabajadoras del sexo para enfrentarse a la explotación. Su punto fuerte fundamental es ser una organización de iguales, que están dentro de la industria del sexo y en las que por tanto es más probable que confíen otras personas relacionadas con el trabajo sexual. Además, también tienen una posición ideal para ofrecer servicios y desarrollar recursos a los que las trabajadoras del sexo podrán acceder y de los que se beneficiarán.

 

Trata, explotación y descriminalización del trabajo sexual

Está bien documentado que la descriminalización ha tenido un efecto positivo a la hora de reforzar que las trabajadoras se enfrenten a la explotación.42 Se puede decir que la descriminalización del trabajo sexual tiene implicaciones importantes para la protección frente a la trata. Como dijo Catherine Healy, la descriminalización ha cambiado las expectativas de lo que es aceptable en el trabajo sexual:

La descriminalización hace que la genta tenga mayores expectativas de que las cosas funcionen bien y de que no deberían encontrarse con situaciones que parecen injustas o peligrosas sin tener la sensación de que podrían hacer algo para corregirlo. Así que existe la expectativa de que las cosas pueden cambiarse y eso quiere decir que suele haber personas que suenen la alarma. ¿A quién se lo puedo contar? Es la primera reacción en lugar de lo que nos solían decir [antes de la descriminalización], como: “Bueno, no podemos hacer nada”.

La descriminalización ha creado un contexto en el que las trabajadoras sexuales pueden revelar con seguridad los casos en los que experimentan explotación o perciben un tratamiento injusto de otras.

La descriminalización ha creado un contexto en el que las trabajadoras sexuales pueden revelar con seguridad los casos en los que experimentan explotación o perciben un tratamiento injusto de otras. Esto queda bien demostrado con la historia que contaba Annah Pickering en este mismo capítulo sobre una trabajadora del sexo migrante a la que apoyaron trabajadoras sexuales neozelandesas indignadas cuando se enteraron de que le habían retirado el pasaporte. El marco de descriminalización en Nueva Zelanda también implica que los clientes lo tengan más fácil para hablar con las autoridades si les preocupa la posible explotación de una trabajadora del sexo. Calum Bennachie dijo:

A menudo significa que los clientes están más dispuestos a hablar si sospechan que es un caso de trata. Como antes era ilegal, los clientes no denunciaban y no decían nada porque querían permanecer en el anonimato, a pesar de no ser los delincuentes, mientras que ahora es más probable que denuncien si detectan que alguien está siendo víctima de trata.

La afirmación de que los clientes son conscientes de la posibilidad de explotación y les preocupa el bienestar de las trabajadoras sexuales es algo que corrobora la experiencia de Amy, quien explicó que como trabajadora del sexo migrante algunos clientes le preguntaban antes de hacer un servicio si se la estaba obligando a trabajar:

Sí, algunos clientes piensan que te fuerzan a trabajar. Llegan y te dicen: “¿Te obliga alguien a hacer esto?” Y yo les digo que no me fuerzan y que pienso que para mí es un trabajo y que lo hago y me gusta y me permite ahorrar. Está bien.

El NZPC también ha recibido llamadas de clientes a los que les preocupaba el bienestar de las trabajadoras sexuales migrantes. Annah Pickering lo explicó:

Los clientes que pagan por sexo, ya sabes que hay algunos buenos y otros malos y hay otros que hasta quieren ser una especie de trabajadores sociales para las trabajadoras del sexo porque … se encariñan muchísimo con una trabajadora sexual y en particular con algunas de las trabajadoras migrantes … Un cliente que paga por sexo que se va a un local, y paga a una trabajadora migrante y ella le cuenta cosas que están pasando allí. Ese cliente llama al NZPC y dice: “Mira, estoy muy preocupado. He ido a tal local … Me preocupa realmente lo que está pasando allí.”

Las participantes se mostraban frustradas con la política actual que implica que la descriminalización brinda mejores condiciones para algunas, pero no para todas las trabajadoras sexuales.

De este modo, la descriminalización sin duda ha creado un entorno abierto y transparente que puede proteger frente a la trata hasta cierto punto. Sin embargo, es vital que se siga reforzando, al menos, mediante la ampliación de derechos a las trabajadoras del sexo migrantes que disponen de permisos temporales. Las participantes se mostraban frustradas con la política actual que implica que la descriminalización brinda mejores condiciones para algunas, pero no para todas las trabajadoras sexuales. Lydia lo explicó así:

Es muy, muy racista tener dos legislaciones distintas. Eso es una discriminación horrible. La gente tiene que tener los mismos derechos. Es realmente discriminatorio y racista y peligroso ilegalizarlas. Así que creo que deberían darles los mismos derechos que a las demás y creo que si se ven con los mismos derechos como cualquier otra trabajadora migrante de otro país es un avance enorme.

El contexto actual en Nueva Zelanda es, por tanto, contradictorio: por un lado, la descriminalización del trabajo sexual es un factor que protege a las trabajadoras del sexo frente a la explotación, ya que tienen el derecho de enfrentarse a esa explotación. Sin embargo, la política que prohíbe que ejerzan el trabajo sexual las personas migrantes implica que no todas las trabajadoras del sexo se beneficien plenamente de la descriminalización. Las trabajadoras del sexo migrantes son más vulnerables a la explotación, lo que crea condiciones en las que podría darse explotación. Aunque no se ha identificado ningún caso de trata con fines de prostitución hasta la fecha, la vulnerabilidad de las trabajadoras migrantes bajo el marco normativo actual quiere decir que no hay lugar para la autocomplacencia. Son necesarios más cambios para una mejor protección frente a la explotación de las trabajadoras del sexo migrantes en Nueva Zelanda.

 

Conclusiones y recomendaciones

Este informe explora el punto de vista y las experiencias de explotación y técnicas antitrata, así como la respuesta del NZPC frente a estos asuntos dentro del marco legislativo actual de Nueva Zelanda. Los resultados indican que, aunque actualmente no hay evidencias de trata con fines de prostitución en Nueva Zelanda, la normativa existente, que prohíbe a las migrantes temporales (incluyendo las que tienen visados de trabajo válidos) ejercer el trabajo sexual, genera una vulnerabilidad de las trabajadoras migrantes frente a la explotación, incluyendo el riesgo de trata. El NZPC desempeña una función crucial en la ayuda a las trabajadoras del sexo que hayan vivido distintos tipos de explotación, aunque su capacidad de apoyar a las trabajadoras sexuales migrantes está muy limitada por la normativa existente. Para abordar esta vulnerabilidad y reforzar la protección frente a la explotación, el presente estudio emite las siguientes recomendaciones generales:

 

Al gobierno de Nueva Zelanda:

  1. Establecer un comité interdepartamental dirigido por Inmigración de Nueva Zelanda y compuesto de un abanico de actores como la policía, la Comisión de Derechos Humanos, el ministerio de justicia, el ministerio de mujeres, el NZPC y otras ONG pertinentes lo antes posible para revisar el efecto en las trabajadoras del sexo migrantes de la normativa actual con el fin de cambiar la legislación para acabar con esta práctica discriminatoria.
  1. Mientras tanto, establecer cortafuegos formales entre los agentes de Inmigración y los que tienen la responsabilidad de proteger a las trabajadoras del sexo (como la policía), para garantizar que las trabajadoras sexuales que ejercen ilegalmente puedan siempre denunciar delitos y acceder a la justicia sin riesgo de repercusiones.
  1. Promover activamente la descriminalización del trabajo sexual como un modelo de buenas prácticas del que puedan aprender otros países. Ahora bien, al hacer esto, también se debería reconocer que la exclusión de las trabajadoras sexuales migrantes es una limitación del marco actual, que se puede mejorar ampliando la normativa para proteger mejor los Derechos Humanos de todas las trabajadoras del sexo.

 

A organizaciones antitrata:

  1. Reconocer el trabajo sexual como un tipo más de trabajo y reconocer que defender los derechos laborales es inherente a la protección frente a la explotación, incluyendo el riesgo de trata. Los grupos antitrata deberían, por tanto, revisar el lenguaje que emplean y referirse a explotación laboral, no a explotación sexual, cuando se refieran a la explotación en el contexto del trabajo sexual.
  1. Apoyar al NZPC en su labor de identificar y llamar la atención sobre los daños causados por la aplicación de la ley vigente que prohíbe a las trabajadoras migrantes temporales ejercer el trabajo sexual. Ser solidarias con las trabajadoras del sexo pidiendo la derogación de esta cláusula discriminatoria y otras formas de discriminación contra las trabajadoras del sexo.

 

A organizaciones de donantes:

  1. Identificar los grupos y organizaciones que representan a las trabajadoras del sexo y financiar aquellas que trabajan por el empoderamiento de la comunidad y los Derechos Humanos.

 

 

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Lynzi Armstrong es profesora de criminología en la Victoria University of Wellington y una apasionada defensora de los derechos de las trabajadoras del sexo. Durante los últimos diez años ha estado investigando y escribiendo sobre el trabajo sexual en Nueva Zelanda. Su investigación doctoral, publicada en varias revistas internacionales y libros, se centraba en la gestión del riesgo de violencia entre trabajadoras del sexo que operan en la calle. Sus investigaciones actuales se centran en explorar cómo se manifiesta el estigma y la discriminación en las trabajadoras del sexo dentro de un contexto en el que hay diversos marcos legislativos.

 


1 Esta traducción está redactada en femenino genérico.

2 United Nations Development Programme, Human Development Reports – New Zealand, 2016, retrieved 13 June 2017, http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/NZL.

3 Ministry of Social Development, The Social Report 2016, 2016, retrieved 20 June 2017, http://socialreport.msd.govt.nz/economic-standard-of-living/income-inequality.html.

4 Statistics New Zealand, International travel and migration, retrieved 23 June 2017, http://www.stats.govt.nz/browse_for_stats/population/Migration/IntTravelAndMigration_HOTPFeb17.aspx.

5 Statistics New Zealand, 2013 Census QuickStats about culture and identity, retrieved 14 April 2017, http://m.stats.govt.nz/Census/2013-census/profile-and-summary-reports/quickstats-culture-identity/birthplace.

6 NZPC, Decriminalisation of Sex Work in New Zealand – Impact on Maori, 2013, retrieved 10 May 2017, http://www.sexworklaw.co.nz/pdfs/Decriminalisation_of_Sex_Work_in_New_Zealand_-_Impact_on_Maori.pdf.

7 Statistics New Zealand, Labour Market Statistics: March 2017 quarter media release, 2017, retrieved 20 June 2017, http://www.stats.govt.nz/browse_for_stats/income-and-work/employment_and_unemployment/LabourMarketStatistics_MRMar17qtr.aspx.

8 NZPC, Law, retrieved 23 June 2017, http://www.nzpc.org.nz/Law.

9 Parliamentary Council Office, Prostitution Reform Act, 2003, retrieved 12 March 2017, http://www.legislation.govt.nz/act/public/2003/0028/latest/DLM197815.html.

10 H. Wagenaar and S. Altink, ‘Prostitution as Morality Politics or Why it is Exceedingly Difficult to Design an Sustain Effective Prostitution Policy’, Sexuality Research an Social Policy, vol. 9, issue 3, 2012, pp. 1–14

11 T. Barnett, C. Healy, A. Reed and C. Bennachie, ‘Lobbying for decriminalisation’ in G. Abel et al. (ed.), Taking the Crime out of Sex Work: New Zealand sex workers fight for decriminalisation, Policy Press, Bristol, 2010, pp 57–73.

12 G. Abel, ‘In Search of a Free and Fair Society: The regulation of sex work in New Zealand’ in E. Ward and G. Wylie (eds.), Feminism, Prostitution and the State: The politics of neo-abolitionism, Routledge, Oxon, 2017, pp. 140–154.

13 C. Healy, C. Bennachie and A. Reed, ‘History of the New Zealand Prostitutes’ Collective’ in. G Abel et al., 2010, pp. 45–55.

14 G. Abel, L. Fitzgerald and C. Brunton, The Impact of the Prostitution Reform Act on the Health and Safety Practices of Sex Workers, Department of Public Health and General Practice, University of Otago, Christchurch, 2007.

15 Ibid.

16 Prostitution Law Review Committee, Report of the Prostitution Law Review Committee on the Operation of the Prostitution Reform Act 2003, 2008, retrieved 7 May 2017, http://prostitutescollective.net/wp-content/uploads/2016/10/report-of-the-nz-prostitution-law-committee-2008.pdf.

17 L. Armstrong, ‘Screening Clients in a Decriminalised Street-based Sex Industry: Insights into the experiences of New Zealand sex workers’, Australian and New Zealand Journal of Criminology, vol. 47, issue 2, 2014, pp. 207–222.

18 L. Armstrong, ‘From Law Enforcement to Protection? Interactions between sex workers and police in a decriminalised street-based sex industry’, British Journal of Criminology, vol. 57, issue 3, 2016, pp. 570–588.

19 L. Plumridge and G. Abel, ‘A “Segmented” Sex Industry in New Zealand: Sexual and personal safety of female sex workers’, Australian and New Zealand Journal of Public Health, vol. 25, issue 1, 2001, pp. 78–83.

20 P. Bellamy, ‘Prostitution law reform in New Zealand’, Parliamentary Library Research Paper, 2012, retrieved 14 May 2017, https://www.parliament.nz/en/pb/research-papers/document/00PLSocRP12051/prostitution-law-reform-in-new-zealand.

21 G. Abel, L. Fitzgerald and C. Brunton, ‘The impact of decriminalisation on the numbers of sex workers in New Zealand’, Journal of Social Policy, vol. 38, 2009, pp. 515–31.

22 Abel, Fitzgerald and Brunton, 2007.

23 Véase: New Zealand Ministry of Justice, ‘Brothel Operator Certification’, available at https://www.justice.govt.nz/licences-certificates/brothel-operator-certification/apply-for-a-brothel-operator-certificate/#people-who-need.

24 “New Zealand European” (neozelandesa de origen europeo) es una categoría oficial de etnicidad que describe a personas nacidas en Nueva Zelanda que son de descendencia europea.

25 Abel, Fitzgerald and Brunton, 2007.

26 M. Roguski, Occupational health and safety of migrant sex workers in New Zealand, New Zealand Prostitutes Collective, 2013, retrieved 22 May 2017, http://www.communityresearch.org.nz/research/occupational-safety-and-health-of-migrant-sex-workers-in-new-zealand/.

27 Ibid.

28 Parliamentary Counsel Office, Crimes Amendment Act 2015, retrieved 20 June 2017, http://www.legislation.govt.nz/act/public/2015/0095/latest/DLM6150617.html.

29 Healy, Bennachie and Reed, 2010.

30 I. Radacic, ‘New Zealand Prostitutes’ Collective – An example of a successful policy actor’, Social Sciences, vol. 6, issue 2, 2017.

31 “Work and Income” (Trabajo e Ingresos) forma parte del ministerio de desarrollo social de Nueva Zelanda y es la organización responsable de proveer asistencia económica a personas en situación de desempleo

32 Véase la sección 19 de la ley de Reforma de la Prostitución.

33 “Venganza” es una película de ficción de 2008 que trata del secuestro de dos mujeres jóvenes por traficantes de seres humanos con fines de esclavitud sexual. En su versión original en inglés se titula “Taken”, en Hispanoamérica se distribuyó bajo el título “Búsqueda Implacable”.

34 S. Pickering and J. Ham, ‘Hot pants at the border: Sorting sex work from trafficking’, British Journal of Criminology, vol. 54, issue 1, 2014, pp. 2–19; L. Armstrong, 2014.

35 B. Fawkes, ‘Police banned from brothel raids’, The Dominion Post, 21 February 2009, retrieved 12 April 2017, http://www.stuff.co.nz/national/1752325/Police-banned-from-brothel-raids.

36 L. Tan, ‘Immigration raids catch 21 illegal sex workers’, New Zealand Herald, 26 April 2012, retrieved 20 June 2017, http://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=10801461.

37 Stuff NZ (no author), ‘Brothel raid sparks court action’, Stuff NZ, 30 May 2014, retrieved 14 May 2017, http://www.stuff.co.nz/national/10103579/Brothel-raid-sparks-court-action.

38 Armstrong, 2016; Abel, Fitzgerald and Brunton, 2007.

39 M. Duff, ‘Sex worker gets $25,000 over harassment’, The Dominion Post, 28 February 2017, retrieved 28 July 2017, http://www.stuff.co.nz/business/industries/9777879/Sex-worker-gets-25-000-over-harassment

40 Véase nota al pie 31.

41 Véase http://www.nzpc.org.nz/For-Brothel-Operators.

42 Abel, Fitzgerald and Brunton, 2007.

 

 

La penalización del trabajo sexual normaliza la violencia, según una revisión

 

Según los datos, las trabajadoras sexuales tienen tres veces más probabilidades de experimentar violencia por parte del cliente cuando se penaliza el comercio.

 

Insignias que promueven la despenalización del trabajo sexual de Scarlet Alliance, la organización de trabajadoras sexuales en Australia. Fotografía: Michael Wickham para The Guardian.

 

Por Sarah Boseley editora de salud

11 de diciembre de 2018

https://www.theguardian.com/society/2018/dec/11/criminalisation-of-sex-work-normalises-violence-review-finds?CMP=twt_gu

 

Una revisión de primera importancia ha encontrado que las trabajadoras sexuales son más propensas a sufrir problemas de salud, violencia y abuso en los países donde su comercio está penalizado.

La revisión, realizada por investigadores de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, encontró que las trabajadoras sexuales que sufrían represión policial, incluidos la detención, el encarcelamiento y la extorsión por parte de los agentes, tenían tres veces más probabilidades de experimentar violencia sexual o física por parte de un cliente y era dos veces más probable que tuvieran VIH u otra infección de transmisión sexual que aquellas que vivían en países donde se toleraba el trabajo sexual.

Las trabajadoras sexuales que temen que la policía las detenga, a ellas o a sus clientes, es más probable que participen en encuentros arriesgados, que no pueden tomarse el tiempo necesario para hablar con un cliente antes de subir a un automóvil o negociar los términos con anticipación, según encontraron los investigadores.

Su salud y seguridad corrían peligro, no solo en los países donde se penalizaba el trabajo sexual, sino también en Canadá, que introdujo el “modelo nórdico” iniciado por Suecia, en el que el cliente puede ser detenido acusado de un delito pero no la trabajadora sexual.

Publicado en la revista PLOS Medicine, el artículo de Lucy Platt, profesora asociada en epidemiología de la salud pública, y Pippa Grenfell, profesora asistente de sociología de la salud pública, es una revisión de los datos de 33 países. Incluyeron comentarios de trabajadoras sexuales que participaron en algunos de los estudios.

“No podrían haber diseñado mejor una ley para hacerla menos segura”, dijo una trabajadora sexual. “Es como si tuvieras que ocultarte, no puedes hablar con un chico, y no hay discusión sobre lo que estás dispuesta a hacer y por cuánto. La negociación tiene que tener lugar después, lo que siempre es mucho más aterrador. Está diseñada para hacer peligroso el trabajo sexual. No creo que fuera la intención original, pero eso es lo que hace “.

Otra mujer que trabajaba en las calles de Canadá dijo que ya no podía hablar a través de la ventanilla de los coches para asegurarse de que los clientes parecían seguros. “Debido a que tengo tanto frío y me sentía acosada, me subí a un coche al que normalmente no me habría subido. El chico no me miró a la cara de frente. Y me limité a entrar porque tenía frío y estaba cansada de estar parada allí. Y ¿sabes? puso algo en mi garganta. Y tuve que hacerlo por nada”.

Francia, Islandia, Irlanda del Norte, Noruega, la República de Irlanda y Suecia también penalizan al cliente. Guatemala, México, Turquía y el estado estadounidense de Nevada han regulado el trabajo sexual, lo que permite mejores condiciones para algunas, pero peor para las muchas que operan fuera de los acuerdos regulados.

Un hombre en el Reino Unido dijo que la situación ideal era trabajar en locales compartidos, donde todos tenían compañerismo y mayor seguridad. Pero, aunque la compra y venta de servicios sexuales es legal, eso puede infringir la ley. “Debido a la situación legal, tienes que ser muy, muy cuidadoso. Porque obviamente eso es operar un burdel, lo que tiene … consecuencias realmente peligrosas en estos días “, dijo.

Nueva Zelanda es el único país que ha despenalizado el trabajo sexual, en 2003, aunque no es legal para las inmigrantes. Las trabajadoras sexuales dijeron que eran más capaces de rechazar clientes e insistir en el uso del condón, mientras que las relaciones con la policía eran mejores. “Siempre tenemos policías que suben y bajan por la calle cada noche”, dijo una mujer. “Incluso los hacemos venir para asegurarnos de que estamos bien y seguras… de que contamos con personal de atención y que están tomando placas de registro y la identidad de los clientes”. Así que … eso cambió totalmente la calle, lo cambió todo “.

Grenfell dijo: “De nuestra revisión se desprende que la penalización del trabajo sexual normaliza la violencia y refuerza las desigualdades de género, raciales, económicas y otras. Se necesita urgentemente la despenalización del trabajo sexual, pero también se deben abordar otras áreas.

“Se requiere una acción política más amplia para abordar las desigualdades, el estigma y la exclusión que enfrentan las trabajadoras sexuales, no solo en los sistemas de justicia penal, sino también en los sectores de salud, violencia doméstica, vivienda, bienestar, empleo, educación e inmigración”.

Un estudio encuentra más violencia e infecciones sexuales cuando se penaliza el trabajo sexual

 

 

Por Nina Avramova, CNN

11 de diciembre de 2018

https://edition.cnn.com/2018/12/11/health/criminalizing-sex-work-more-violence-stds-intl/index.html?no-st=1544563446

 

Las trabajadoras sexuales experimentan una probabilidad tres veces mayor de violencia sexual o física en ambientes de represión policial.

 

 

(CNN) Las trabajadoras sexuales en 33 países que tienen que hacer frente a actuaciones policiales represivas (identificadas como detención, encarcelamiento, confiscación de agujas, jeringas o condones, desplazamiento a nuevas áreas o violencia física o sexual por parte de los agentes) tienen una probabilidad tres veces mayor de experimentar una enfermedad física. o violencia sexual, según un nuevo estudio.

Tenían el doble de probabilidades de tener VIH y otras enfermedades de transmisión sexual que las trabajadoras sexuales que no estaban expuestas a la violencia policial represiva y al abuso de poder. El grupo que tiene que hacer frente a la represión policial también tenía más probabilidades de tener peor salud mental, informa el estudio, publicado el martes en la revista PLOS Medicine.

Lucy Platt, investigadora principal y profesora asociada en epidemiología de salud pública de la London School of Hygiene & Tropical Medicine, dijo que las “prácticas represivas de la policía aumentan los daños” para las trabajadoras sexuales. El documento también afirma que la reforma de las leyes es necesaria para mejorar la seguridad de las trabajadoras sexuales.

Peter Greenhouse, portavoz y consultor de salud sexual de la Asociación Británica para la Salud Sexual y el VIH, estuvo de acuerdo. “Esta nueva investigación exhaustiva demuestra definitivamente lo que hemos sabido durante muchos años”, escribió Greenhouse, que no participó en el estudio, en un correo electrónico. “Que la represión policial contra las trabajadoras sexuales aumenta la violencia contra las mujeres y reduce el acceso a la atención de salud sexual”.

Las trabajadoras sexuales, en promedio, tienen 13 veces más riesgo de contraer VIH que la población general, según la organización benéfica Avert, con sede en el Reino Unido, que brinda educación sobre el VIH. Esto se debe a que son económicamente vulnerables, no pueden negociar el uso del condón todas las veces y experimentan violencia, criminalización y marginación, dice Avert.

El estudio examinó artículos de investigación revisados ​​por pares entre 1990 y 2018 sobre trabajo sexual, legislación, actuación policial y salud. Los datos de 33 países, incluido el Reino Unido, se utilizaron para estimar los efectos promedio de la actuación policial represiva, en comparación con los efectos que las trabajadoras sexuales experimentaron en ausencia de ésta.

Las trabajadoras sexuales que no estuvieron expuestas a la represión policial tenían un 30% menos de probabilidades de tener relaciones sexuales sin condón que sus compañeras en ambientes represivos. El riesgo de contraer el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual se duplicó y el riesgo de sufrir violencia física o sexual se triplicó en las trabajadoras sexuales en entornos represivos.

El colectivo activista británico SWARM, que defiende los derechos de las trabajadoras sexuales, conectó a CNN con una de sus miembros, una trabajadora sexual que solicitó ser mencionada por el seudónimo Katy Caradonna. “Es obvio para las trabajadoras sexuales que cuando tenemos menos derechos en el trabajo —y cualquier penalización del trabajo sexual reduce nuestros derechos en el trabajo— somos menos capaces de protegernos de la violencia o de buscar remedio, y los depredadores saben que somos objetivos más fáciles”, escribió en un correo electrónico.

En su análisis, el estudio descubrió muchas formas de violencia policial y abusos de poder, como la detención arbitraria, la extorsión, la violencia física y sexual y la falta de acceso a la justicia.

El estudio explicó que el temor a la detención o la detención de hecho llevó a las trabajadoras sexuales a acelerar las negociaciones con los clientes o a trabajar en lugares aislados que aumentan los peligros.

La denuncia de delitos también es un problema. “Con frecuencia, la policía no actuó tras la denuncia de tales delitos por parte de las trabajadoras sexuales, o culpó y detuvo a las trabajadoras sexuales, lo que significa que los delincuentes pueden actuar con impunidad y las trabajadoras sexuales se mostraron reacias a informar a la policía en el futuro”, dijo Platt.

El estudio también identificó que las desigualdades dentro de la comunidad de trabajadoras sexuales se veían agravadas por la represión policial, porque la policía a menudo se dirige a poblaciones o entornos específicos, como las trabajadoras sexuales en la calle o las personas trans. Esto “marginó aún más a estos grupos vulnerables”, explicó Platt.

Del mismo modo, la represión policial en los lugares de trabajo sexual restringe el acceso a los servicios de salud, lo que dificulta que los programas de ayuda encuentren a las trabajadoras sexuales.

Investigaciones anteriores demostraron que la despenalización en Nueva Zelanda dio como resultado que las trabajadoras sexuales pudieran rechazar a los clientes e insistir en el uso de condones. Otro estudio mostró que la despenalización tiene el potencial de reducir la discriminación, así como las denegaciones de justicia, la denigración y el abuso verbal.

Los investigadores esperan que haya cambios en las leyes de trabajo sexual. Mientras tanto, abogan por la necesidad de aumentar la financiación de los servicios especializados en sexo y los servicios dirigidos por trabajadoras sexuales para abordar las diversas necesidades de asistencia médica y bienestar de las personas que venden sexo.

Una de los investigadores, Pippa Grenfell, profesora asistente de sociología de salud pública en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, agregó que “los cambios en las leyes de trabajo sexual por sí solos no son suficientes”. Explicó que existe la necesidad de una acción política más amplia para hacer frente al estigma y la discriminación de las trabajadoras sexuales abordando también las desigualdades en otros asuntos, como la vivienda o el bienestar social.

El estudio tiene algunas limitaciones. Solo se incluyó un pequeño número de artículos centrados en la despenalización del trabajo sexual y en la penalización de la compra de sexo. Del mismo modo, pocos estudios incluyeron datos sobre trabajadoras sexuales trans femeninas y cis masculinos.

Catherine Murphy, asesora de género de Amnistía Internacional, que no participó en el estudio, señaló en un correo electrónico que “la penalización perjudica a las trabajadoras sexuales y este estudio muestra que tenemos casi tres décadas de investigaciones que lo confirman”.

Deborah Gold, directora ejecutiva del National AIDS Trust del Reino Unido, que no participó en el estudio, dijo en un correo electrónico que la revisión presenta “pruebas convincentes que respaldan la alegación que las trabajadoras sexuales han estado haciendo sobre el VIH durante una generación: que las leyes penales represivas contra el trabajo sexual aumentan el riesgo de contraer el VIH y son la causa de muchas otras desigualdades. Esto tiene que terminar “.

Silencio, hablan las putas

 

El debate en el seno del movimiento feminista sobre la prostitución es complejo y no admite simplificaciones. Unas charlas en Cáceres el pasado día 24 organizadas por CNT destierran tópicos e introducen la discusión en el terrenos de los derechos humanos.  

 

Por  CHEMA ÁLVAREZ RODRÍGUEZ

26 de noviembre de 2018

https://www.elsaltodiario.com/trabajo-sexual/silencio-hablan-las-putas-#

 

 

Quienes asistimos el pasado 24 de noviembre por la tarde en Cáceres a la charla “Feminismo y prostitución”, tuvimos la ocasión de escuchar un discurso claro, directo y bien fundamentado sobre la lucha de un colectivo, el de las prostitutas, para que, de una vez por todas, le sean reconocidos los derechos humanos que la Declaración Universal considera como iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, tal y como establece en su preámbulo, sin que exista distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición (artículo 2).

Ese discurso, que impele a nuestra sociedad en todas sus formas —de a pie, política, legislativa— a procurar el bien de los derechos humanos de las prostitutas por encima de cualquier otra motivación, trasciende el discurso sobre el patriarcado y las circunstancias que impone a la mujer, no ya como prostituta, sino como prostituida por un sistema capitalista que convierte su cuerpo en moneda de cambio y transforma el sujeto individual en objeto de consumo.

Una charla donde se reclaman derechos laborales, cívicos e individuales para las prostitutas, un acto de disidencia y de desobediencia frente a unas leyes que criminalizan el ejercicio de la prostitución

La charla fue impartida en el local del sindicato CNT de Cáceres por Paula Sánchez Perera, del Colectivo Hetaira de Madrid, Rocío Medina Martín, del Colectivo Antígona de la Universidad Autónoma de Barcelona y Marijose B. Márquez, del Colectivo de Prostitutas de Sevilla, justo un día antes de que las plazas y las redes sociales se llenaran de multitudes y mensajes reclamando la eliminación de la violencia contra las mujeres, y ante un auditorio de apenas 70 personas que, como señaló Rocío Medina, profesora asociada del área de Filosofía del Derecho de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, ejercían con su asistencia a una charla donde se reclaman derechos laborales, cívicos e individuales para las prostitutas, un acto de disidencia y de desobediencia frente a unas leyes que criminalizan el ejercicio de la prostitución, de muchas y muy diversas formas, y una sociedad que recurre a una doble moral en la que se legitima y legaliza la venta de armas a países que violan los derechos humanos, permite que mueran ahogados en el Mediterráneo miles de personas que huyen de la miseria y de la guerra, sin distinción de sexo ni edad, o establece políticas laborales que propician la miseria, precarización y explotación del sector más vulnerable, el de las mujeres, ocasionando lo que se ha dado en llamar la feminización de la pobreza, que obliga a esas mismas mujeres a buscar ingresos económicos a través de la prestación de servicios sexuales.

“En condiciones de pobreza, los hombres delinquen y las mujeres se prostituyen”. Esta frase, traída a colación por Paula Sánchez Perera, del colectivo Hetaira de Madrid, licenciada en Filosofía y premio extraordinario del Máster en Teoría y Crítica de la Cultura, pertenece a una de las antropólogas que mejor ha estudiado la relación entre pobreza y mujer, Dolores Juliano, autora de libros como Presunción de inocencia. Riesgo, delito y pecado en femenino, Las que saben…subculturas de mujeres o La prostitución: el espejo oscuro.  Paula Sánchez repasó los cinco modelos jurídicos que ha adoptado el Estado a lo largo de la Historia frente a la prostitución: reglamentarismo, abolicionismo, prohibicionismo, regulación y despenalización.

Paula Sánchez repasó los cinco modelos jurídicos que ha adoptado el Estado a lo largo de la Historia frente a la prostitución: reglamentarismo, abolicionismo, prohibicionismo, regulación y despenalización

El primero, el reglamentarismo, entiende la prostitución como un mal necesario. Fundamenta su discurso en la protección de la sociedad y no de las prostitutas, a quienes se ve en unas ocasiones como focos de ETS, enfermedades de transmisión sexual, y en otras como mal ejemplo moral para una comunidad que pretende proteger a los menores del exhibicionismo sexual pero que no les impide acceder a otro tipo de malas influencias, como puede ser a una violencia prestigiada por los medios de comunicación y de ocio (ahí está, sin más, la publicidad indiscriminada de las casas de apuestas). Impone la zonificación, los registros y los controles médicos, así como una tarjeta sanitaria para las prostitutas. El proxenetismo es considerado una actividad ilegal y está, en principio, prohibido.

El prohibicionismo, propio del siglo XIX y aún vigente en Estados Unidos, a excepción del Estado de Nevada, fomenta la clandestinidad y la criminalización de mujeres que, a pesar de ir contra la ley, seguirán ejerciendo esta práctica como modo de subsistencia, lo cual favorece su dependencia del proxenetismo, al que también persigue, y las aboca a un mundo submarginal. Considera la prostitución como un vicio inmoral y trata como delincuentes a las mujeres que lo ejercen.

El abolicionismo, también considerado como modelo nórdico, por su implantación en Suecia, convierte a la prostituta en víctima y en objeto constante de acoso policial, desalojos y desahucios, deportaciones y retirada de la custodia de los hijos e hijas. Es un modelo defendido a veces por el feminismo que pretende la erradicación absoluta de la prostitución por considerarla efecto de un sistema patriarcal. Afirma no perseguir a las prostitutas, sino a la organización de la prostitución y a la explotación de las mujeres como víctimas de un comercio de personas. Sin embargo, tal y como expuso Paula Sánchez, este modelo criminaliza también a las mujeres que lo sufren y no ofrece una alternativa clara a la prostitución.

Su historia refleja la política de un país, Suecia, que exporta una imagen idílica del respeto a los derechos humanos y de erradicación de la prostitución mientras desarrolla una verdadera caza de brujas contra quienes la ejercen

Ejemplo de ello es el documental Allí donde las putas no existen, que se puede ver en youtube, de la directora Ovidie, en el que se relata la tragedia de Eva-Marie Kullander Smith, de 27 años, que también fue “escort”, a la que se le retiraron sus hijos y que acabó asesinada por su expareja con treinta puñaladas. Su historia refleja la política de un país, Suecia, que exporta una imagen idílica del respeto a los derechos humanos y de erradicación de la prostitución mientras desarrolla una verdadera caza de brujas contra quienes la ejercen.

Estos tres modelos (reglamentación, prohibición y abolición), en opinión de Paula Sánchez, criminalizan a la mujer prostituta, al mismo tiempo que le niegan protección y seguridad jurídica, no le procuran alternativas laborales e impiden el ejercicio de sus derechos civiles, sociales y humanos, las tres reivindicaciones que ha enarbolado desde siempre un movimiento organizado en defensa de las prostitutas que cuenta ya con más de 50 años de existencia en Europa y con 23 en España, la edad del Colectivo Hetaira.

El modelo jurídico de la regulación propone un control estatal de las mujeres y favorece el trabajo a terceros. No es defendido por las prostitutas, pero es el modelo jurídico que prevalece en el Estado español a través de diversas sentencias que establecen la actividad en clubs de alterne, como una dictada por el Tribunal Supremo a principios de 2017 en la que consideraba que existía una relación laboral entre quienes ejercían dicha actividad y quien regenta el local donde se produce. Es el modelo propio de países como Holanda y Alemania, donde se considera la legalización como un mal necesario y se comienza a hablar de las prostitutas como de “trabajadoras”.

Desde 2003 existe una ley reguladora elaborada y evaluada por ese Comité de Prostitutas de Nueva Zelanda, que ha venido a sustituir un sistema punitivo por otro basado en los derechos de las personas y que procura un sexo seguro para las trabajadoras del sector

Por último, Paula Sánchez habló del modelo jurídico de despenalización, también conocido como modelo neozelandés, modelo idóneo que centra el foco en el respeto a los derechos humanos. En este modelo, propio de Nueva Zelanda, las prostitutas no precisan inscribirse en registro alguno, salvo que ejerzan la actividad más de cuatro juntas, gozan del derecho a la confidencialidad en las revisiones sanitarias, que eligen por propia voluntad, existen inspecciones periódicas y controladas a los burdeles, dirigidas por un Comité de Prostitutas, que impone sanciones por cuestiones como no ponerse condón a la hora de mantener relaciones sexuales e incluso estima la denuncia hecha contra el cliente tras haberle prestado el servicio sexual. Desde 2003 existe una ley reguladora elaborada y evaluada por ese Comité de Prostitutas de Nueva Zelanda, que ha venido a sustituir un sistema punitivo por otro basado en los derechos de las personas y que procura un sexo seguro para las trabajadoras del sector. Ello ha facilitado que las prostitutas se sientan más seguras y capaces para denunciar maltratos y casos de explotación, rechazar a clientes indeseables y negociar condiciones dignas en la prestación de sus servicios. Según Paula Sánchez, Nueva Zelanda es hoy un país que entiende que el respeto a la persona no depende de su reputación sexual.

Por supuesto, a decir del colectivo Hetaira, el modelo neozelandés no supondría la panacea en la cuestión de la prostitución en nuestro país, como tampoco acabaría con la práctica de la trata, una práctica alimentada por la Ley de Extranjería y el fuerte control inmigratorio.

En España, la prostitución, según Paula Sánchez, que habla con una voz consensuada por muchos otros colectivos, no es ilegal, sino alegal. El modelo español es un modelo tripartito donde se combinan el reglamentarismo, el prohibicionismo y el abolicionismo. Con esta visión coincide Rocío Medina Martín, del colectivo Antígona, quien afirmó que existe una macropolítica conformada por los cientos de ordenanzas municipales que tratan de regular la prostitución en los distintos municipios españoles, integrando una red que supera, en gran medida, cualquier legislación estatal. El colectivo Antígona, de la UAB, desarrolla un proyecto de investigación conocido como DEORGE (Desarrollo de los Derechos Fundamentales en las Ordenanzas Municipales: límites y vulneraciones de derechos desde la perspectiva de género). En este estudio se evidencia que la sanción administrativa municipal se ha convertido en un nuevo modelo de penalización de la prostitución. En muchos casos las prostitutas que hacen la calle son sancionadas en atención a esa reglamentación local con fuertes multas que son saldadas por sus proxenetas, lo que incrementa la deuda que mantienen con los mismos. Por otra parte, algunas prácticas de alcaldes, alcaldesas y ayuntamientos reflejan la miseria que les caracteriza. Como anécdota, Rocío Medina narró el caso de una primera edil que ordenó rociar con desinfectantes y repelentes de pipí de perros una rotonda donde solían ponerse las prostitutas para evitar que lo siguieran haciendo.

El modelo neozelandés no supondría la panacea en la cuestión de la prostitución en nuestro país, como tampoco acabaría con la práctica de la trata, una práctica alimentada por la Ley de Extranjería y el fuerte control inmigratorio

Otra legislación utilizada para la persecución de las prostitutas es la conocida como Ley Mordaza, que en ningún momento habla de derechos de las mujeres, sino de penalización de las mismas, sobre todo en lo referente a sus artículos 37.5 y 36.6. El primero establece infracciones por “actos de exhibición obscena”, mientras que el segundo multa claramente por desobediencia a la autoridad. Se penaliza tanto la apariencia física, el cómo van vestidas, como la falta de documentación o de domicilio reconocido.

Todo ello conlleva, en boca de las ponentes, a que la interpretación de la ley quede en manos exclusiva de la policía, quien hace una interpretación arbitraria de la misma, no sujeta a derecho, que constantemente ejerce acoso verbal e identificaciones, transformando la represión que tradicionalmente se hacía a través de la vía penal en represión a través de la vía administrativa, de tal modo que la respuesta que en muchas ocasiones se le da a la prostituta cuando pregunta por qué se la sanciona es que “la multa te la ponemos por ser lo que eres”. En otras ocasiones, cuando la sanción se impone al cliente, obliga a la prostituta a buscar nuevas estrategias de captación, lo cual aumenta su riesgo e invisibilidad pública.

Frente al discurso elaborado de que casi toda la prostitución es trata, siendo muy escasa la que es elegida por voluntad propia, el colectivo Hetaira señala la falsedad de las cifras que en ocasiones se han dado en torno a este oficio. En un artículo publicado en septiembre de 2018, el periódico El País informaba de que, según la policía, el 80% de las mujeres dedicadas a la prostitución en España eran víctimas que ejercían esta práctica de modo forzado. Sin embargo, al preguntarle Hetaira a El País cuáles eran las fuentes, en qué estudio se basaba dicha cifra, este medio contestó que no existía ningún estudio ni referente serio que avalara ese porcentaje. De hecho, el único estudio fiable sobre prostitución en España es uno de la ONU ya desfasado, del 2010, que establecía la cifra de víctimas de trata en el 14%. El resto de mujeres ejercían la prostitución por elección propia y por causas que se desconocen, salvo la de la pobreza. Aun así, Paula Sánchez, del colectivo Hetaira, concluye: “las cifras no son argumentos”.

En muchos casos las prostitutas que hacen la calle son sancionadas en atención a esa reglamentación local con fuertes multas que son saldadas por sus proxenetas, lo que incrementa la deuda que mantienen con los mismos

El lenguaje fluctúa entre trabajadoras sexuales, trabajadoras del sexo, prestación de servicios sexuales, putas, meretrices, prostitutas, chulos. Pero también hay otro lenguaje más cercano, que habla de mujeres de la calle, hermanas, colectivos, compañeras y compañeros, parejas…

Marijose B. Márquez, del Colectivo de Prostitutas de Sevilla es muy clara hablando. Denuncia qué es lo peor para una puta: el estigma social, algo en lo que coinciden claramente Paula Sánchez y Rocío Medina. Se ve a la legua que las tres están unidas por lazos fraternales, lo que el feminismo conoce como sororidad, un feminismo a veces de salón que centra su preocupación y su lucha en la abolición del patriarcado y olvida la lucha por los derechos humanos de quienes han elegido ejercer su sexualidad libremente, sea por la causa que sea. Marijose narra las peripecias de su colectivo cuando pretendieron acercarse a los colectivos feministas, que pronto las repudiaron por ser putas convencidas… y porque asustaban a otras mujeres que también querían ser feministas y luchar contra ese patriarcado que las oprime. Ahora, dice Marijose, “las feministas se han unido a las comunistas, y como nosotras solo somos putas no nos quieren a su lado, porque queda feo eso de exigir derechos laborales y reconocimiento de la profesión. Asustamos”.

Marijose conoce la realidad de la calle. Sabe de persecuciones, acoso, rechazo. No de los clientes, sino de las instituciones. La llamada Ley Mordaza andaluza las tiene fritas. Dice que si un acto como al que ha venido lo hiciera en Sevilla, ya habríamos sido desalojados y multados. Habla también del engaño que existe sobre lo que cobra una prostituta y lo que se lleva el dueño del club de alterne, y de la doble moral e hipocresía que hay en cuanto a los beneficios económicos que genera la prostitución, de los cuales solo se cuestionan lo que gana la puta, que es la que hace el trabajo.

Marijose narra las peripecias de su colectivo cuando pretendieron acercarse a los colectivos feministas, que pronto las repudiaron por ser putas convencidas…

Esa doble moral permite que existan asociaciones legales, reconocidas y no cuestionadas, como la ANELA, la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne, y se persiga o estigmatice a los colectivos de prostitutas que exigen un reconocimiento institucional. Curiosamente, uno de los altos cargos de la patronal del alterne lo es también de España 2000, un partido de ultraderecha.

La criminalización y alegalidad a la que se aboga a la prostitución le genera desconcierto e incertidumbre a un Estado como el español que es incapaz de saber cuánto dinero se mueve en torno a esta práctica. Según informó el diario El Mundo a principios de septiembre de 2018, cuando surgió la polémica por el posible y fallido reconocimiento de un sindicato de trabajadoras sexuales, existe una estimación del INE (Instituto Nacional de Estadística) de septiembre de 2014 que establece el sexo de pago en el 0,35% del PIB, si bien esos datos son solo a título informativo, resultando imposible cuantificar los millones de euros que mueve la prostitución y el negocio que la rodea. Tanto es así que, como afirmó Marijose B. Márquez a modo de rechifla contra el descontrol de la administración pública sobre este gasto, con el dinero que ganaron las putas se pagó en su día el rescate de los bancos.

Marijose no es una víctima de trata. Su elección de la prostitución fue voluntaria pero motivada por una situación de pobreza. Sabe del estigma, que lo siente en la piel. Pone sobre la mesa un testimonio real y cercano de lo que es la prostitución. Llama la atención sobre el hecho de que cuando una prostituta es asesinada no se considera violencia de género, no se contabiliza. También denuncia la hipocresía que existe en torno al execrable asunto de la trata: en los últimos 25 años solo se ha concedido asilo político a 10 mujeres por denuncia de las mafias que las mantenían secuestradas. Mismamente CCOO emitía recientemente un informe en el que llama la atención sobre el hecho de que solo una de cada cuatro mujeres peticionarias de asilo, sospechosas de estar siendo explotadas, es sometida a seguimiento mediante el protocolo establecido entre la Oficina de Asilo y Refugio y la Ucrif de la Policía Nacional (Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsificación). No obstante, frente a estos datos, el diario El Mundo tituló la noticia dada por CCOO el pasado 25 de Noviembre, con motivo del Día Internacional contra la violencia machista, del siguiente modo: “Las mafias de trata de personas utilizan el asilo para traficar con mujeres”.

Llama la atención sobre el hecho de que cuando una prostituta es asesinada no se considera violencia de género, no se contabiliza

Ni Paula, ni Rocío, ni Marijose, en nombre de los colectivos a los que representan (Hetaira de Madrid, Antígona de la UAB y Prostitutas de Sevilla) niegan en ningún momento que la prostitución sea una institución patriarcal, alienante, opresora. Tampoco defienden un sentido romántico de la misma, aunque sí desmontan muchos mitos y tabúes creados por la ignorancia. Ponen negro sobre blanco la vulneración de los derechos de unas personas que son estigmatizadas por su reputación sexual, y en función de ese estigma criminalizadas, perseguidas y represaliadas, desprovistas de derechos. Hablan de una clara vulneración de derechos laborales, cuyo reconocimiento exigen como puerta de entrada de todos los demás, de la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, a la integridad, a la seguridad jurídica, a la libertad deambulatoria, a la igualdad y no discriminación, a la atención sanitaria, al acceso a la vivienda… y tantos otros olvidados cuando se las silencia porque se entiende que su voz particular y colectiva no cuenta.

Como dejó escrito Ruth Toledano en un artículo publicado en el libro grupal coordinado por Mamen Briz y Cristina Garaizabal, del colectivo Hetaira, La prostitución a debate. Por los derechos de las prostitutas(Talasa Ediciones, 2007), “hay que defender los derechos de quien ejerce este trabajo, defenderlo de sus accidentes y de los peligros de la moral aquella (la doble, la falsa, la mentirosa, la rancia, la represora, la injusta, la machista, la triste). Defender una moral alegre, segura y libre, una moral puta. Como todas”.

Tienen voz. Ya es hora de que se las escuche.

 

Putecismo

 

 

 

 

1.- ¿Qué es la prostitución?

La prostitución es el intercambio de sexo por dinero u otros bienes, al margen del matrimonio.

2.- ¿En qué se diferencia del matrimonio?

En el matrimonio se busca la reproducción y la crianza de los hijos, y no solo la satisfacción sexual. Por esa razón se limita el número de participantes y se firma un contrato a largo plazo.

3.- ¿Es mala la prostitución?

La prostitución consta de sexo y dinero. El sexo es bueno y el dinero también, por lo que la prostitución en sí no puede ser algo malo. Cualquier cosa que se puede hacer legítimamente de manera gratuita, se puede hacer también legítimamente cobrando por ella. 

4.- No siendo mala en sí misma, ¿hay algo que haga mala la prostitución? 

La violencia machista de algunos clientes, la violencia institucional del Estado, la explotación laboral ejercida por terceros, la discriminación social, hacen sufrir a las prostitutas. Pero este sufrimiento causado a las prostitutas no significa que la prostitución en sí sea mala, sino que la hacen mala los malvados que no nos respetan.

5.- No tener otra opción para sobrevivir que la prostitución, ¿significa que ésta es mala?

No. Eso significa que el sistema económico y social en el que vivimos es malo, ya que permite que exista la pobreza. 

6.- ¿Somos malas las prostitutas?

La prostitución no es mala porque no hace daño a nadie, por lo tanto las prostitutas no somos malas.

7.- ¿Es “inmoral” la prostitución?

La moralidad o inmoralidad de algo se establece con referencia a una ley moral. Algunas religiones que subestiman a la mujer consideran inmoral el sexo fuera del matrimonio y, por tanto, la prostitución. Pero, en un Estado aconfesional, las leyes morales solo obligan a quienes voluntariamente las aceptan.

8.- ¿Es ética la prostitución?

El principio básico de la ética es el respeto a los demás y, por tanto, la prostitución es ética, pues no hace daño a nadie y, por tanto, debe ser igualmente respetada por todos, por el mismo principio ético.

9.- Entonces, ¿por qué se usa “puta” como insulto para las mujeres e “hijo de puta” para los hombres?

Porque la sociedad desprecia injustamente a las prostitutas: es lo que se llama “estigma de puta.”

Además, la palabra “puta” es una herramienta que el patriarcado utiliza como insulto para oprimir y aleccionar a la mujer que se rebele ante cualquier norma que establezca lo que el sistema no considera adecuado y haga peligrar así su control sobre ella. Cualquier mujer que decida vivir su vida y su sexualidad a su manera es considerada puta.

10.- ¿Qué significa “estigma”?

Marca o señal en el cuerpo, especialmente la impuesta con un hierro candente como signo de esclavitud o de infamia. Para las prostitutas, es una marca simbólica, pero igualmente infamante y de por vida, infligida por los prejuicios de la sociedad. 

11.- ¿Por qué marca la sociedad a las prostitutas con el estigma de puta?

La sociedad se basa en la ficción hipócrita de que el sexo es algo sucio que solo debe ser usado para la reproducción dentro del matrimonio y no para buscar placer, al tiempo que necesita un mínimo de libertad sexual que permita el placer sexual que es inseparable de la vida. La solución a este dilema es cargar sobre las prostitutas toda la culpa y el desprecio de lo que realmente es la conciencia de su propia naturaleza como sociedad, para así mantener la imagen de sí misma como limpia y virtuosa. Cuanto más evidente es la mentira, con más fuerza debe la hipocresía marginar y castigar a quien es en sí misma la verdad: la prostituta.

12.- ¿Es nocivo el estigma?

Las personas estigmatizadas son aisladas, devaluadas, rechazadas y vilipendiadas. Experimentan discriminación, insultos, ataques e incluso asesinatos. La interiorización del estigma es lo que más daño hace a las prostitutas. Induce sentimientos de pérdida de valor personal, de culpa, de vergüenza, de fatalismo… Paraliza a la prostituta en su lucha por conseguir sus derechos y facilita la explotación y la aceptación resignada de leyes injustas. Limita seriamente la calidad de vida, al obligarla a llevar muchas veces una doble vida y a ocultarse como si fuera una delincuente.

13.- ¿Cómo podemos librarnos del estigma?

Como seres sociales que somos, nos vemos reflejadas en los demás. Sólo nuestras hermanas, las putas empoderadas, nos devolverán el reflejo de lo que realmente somos: mujeres luchadoras y valientes que no debemos avergonzarnos por lo que hacemos ni humillarnos ante nadie. En la soledad no nos libraremos del estigma, ni nos librarán de él las “salvadoras” que nos proponen el camino de las víctimas indefensas.

Esto en cuanto al estigma interior, el más venenoso. Del estigma exterior, del injusto castigo que nos impone la sociedad, nos libraremos cuando consigamos que las leyes sean justas con nosotras.

14.- ¿Es compatible la denominación “puta” con la liberación?

La palabra “puta” es el estigma en sí mismo. Solo venciéndola se vence el estigma. Y se la vence de dos maneras: impidiendo su uso normalizado por la sociedad, por los medios de comunicación y, a la vez, apropiándonos nosotras del mismo, es decir, transformando el “estigma de puta” en el “orgullo de puta”. Para nosotras y entre nosotras, el glorioso nombre de puta; para los de fuera, el glorioso nombre de trabajadora sexual.

15.- ¿Desde cuándo las putas somos “trabajadoras sexuales”?

A finales de la década de 1970, la activista neoyorkina Carol Leigh acuñó el término “trabajo sexual”. “El uso del término ‘trabajo sexual’ marca el comienzo de un movimiento”, escribió Carol Leigh. “Reconoce el trabajo que hacemos en lugar de definirnos por nuestra condición”. Desde entonces, el término ha sido progresivamente utilizado, en primer lugar por el movimiento que reivindica el reconocimiento de sus derechos, y luego por académicos, instituciones y medios de comunicación de todo el mundo.

16.- Entonces ¿el trabajo sexual es un trabajo como cualquier otro?

Ningún trabajo es como cualquier otro: cada uno es según la naturaleza del servicio que presta. Pero todos tienen en común que son reconocidos como trabajo por las leyes. La naturaleza del trabajo sexual es, como su nombre indica, sexual, pues sexual es el servicio que presta; y todavía no ha sido reconocido legalmente como trabajo por eso mismo: por su naturaleza sexual, que los jueces en su sentencias han considerado que es ilícita, indigna e inmoral.

Existen relaciones laborales que reúnen todos los requisitos de la prestación de trabajo pero que, por sus especiales características, se rigen por normativas propias. Se trata de las relaciones laborales especiales. A éstas sólo se les aplicará la normativa laboral general en aquellos aspectos no contemplados en la norma específica que regula dicha relación. Estas relaciones laborales especiales son, entre otras, la alta dirección, el servicio del hogar. los deportistas profesionales y los estibadores portuarios.

El trabajo sexual sería una relación laboral especial en la que lo primero sería el respeto a la libertad sexual de la trabajadora y, por tanto, la autoridad empresarial sería limitada (horarios, etc.). Asimismo, no sería ofertado en las oficinas de empleo. Es lo que ocurre (en contra de lo que dice la propaganda abolicionista) en los países en los que la prostitución por cuenta ajena tiene consideración de trabajo. Además, sería precisa una regulación estricta de los propietarios de burdeles (según el modelo de Nueva Zelanda), que deberían obtener un certificado de validez temporal, demostrando carecer de determinados antecedentes delictivos, además de otras obligaciones.

17.- ¿Es cierto que la prostitución no puede ser considerada trabajo porque es ilícita, indigna e inmoral?

Los jueces deben administrar las leyes y basar en éstas sus sentencias.

Ilícito es igual que ilegal, luego la prostitución no es ilícita porque no es ilegal.

Dignidad es “el valor de la persona que se manifiesta en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida”, luego lo indigno es negarnos a las prostitutas nuestra dignidad en una sentencia.

Inmoral es lo que atenta contra la moral… ¿Qué moral? ¿La moral personal de los jueces? La moralidad tiene una dimensión subjetiva   mientras que la ley tiene un carácter objetivo y, en consecuencia, un acto solo se convertirá en ilícito si encaja con lo que expresa una norma jurídica.

La negación a las prostitutas de nuestros derechos laborales es un ataque al Estado de Derecho y a la Constitución. Es un ataque a nuestros derechos humanos.

18.- ¿Cuáles son los marcos legales del trabajo sexual en el mundo?

Son cuatro: prohibición, regulación/legalización, abolición y despenalización.

19.- ¿En qué consiste la prohibición?

En los Estados prohibicionistas, se considera a la prostituta una delincuente que debe ser castigada por la ley y perseguida por la policía, sufriendo castigos que llegan a la pena de cárcel y obligandola a trabajar en la clandestinidad, donde puede ser objeto de todo tipo de abusos por terceros, por clientes e incluso por la misma policía. Es el caso de Estados Unidos.

20.- ¿En que consiste la regulación/legalización?

Los Estados que regulan la prostitución reglamentan (legalizan) estrictamente el ejercicio de la prostitución mediante medidas que lesionan los derechos humanos de las trabajadoras sexuales estigmatizándolas negativamente, tales como el registro obligatorio, los controles sanitarios obligatorios, la limitación del derecho a la libre circulación… De hecho, la regulación puede considerarse una prohibición parcial, que afecta a todas aquellas prostitutas que, por una u otra razón, no se someten a las normas regulatorias.

21.- ¿En que consiste la abolición?

El régimen abolicionista considera a la prostituta una víctima incapaz de decidir sobre su propia vida que debe ser protegida, y penaliza a todos aquellos que ella necesita para hacer su trabajo: terceras partes y clientes. De hecho, aunque diga lo contrario, penaliza indirectamente a la prostituta, ya que la obliga a trabajar en condiciones de clandestinidad que ponen en riesgo su seguridad. Y también la penaliza directamente, aunque afirme lo contrario, al separarla de sus hijos, estigmatizarla a los ojos de la sociedad e incluso, en algunos casos, privarla de libertad para su “rehabilitación”.

22.- ¿En qué consiste la despenalización?

La despenalización (también llamado modelo proderechos) elimina de las leyes toda referencia a la prostitución y a las prostitutas, que pasan a depender de las leyes generales, que son consideradas suficientes para establecer para ellas los mismos derechos y deberes que tienen todos los ciudadanos. Es el modelo vigente en Nueva Zelanda, donde además se aprobó una Ley de Prostitución que, con el fin expresado de proteger a las trabajadoras sexuales, regula el funcionamiento de los burdeles y a los operadores de los mismos, que deben solicitar un certificado demostrando que carecen de antecedentes penales.

El modelo de Nueva Zelanda es el preferido por las trabajadoras sexuales de todo el mundo.

23.- ¿Qué modelo tenemos en España?

España siguió el modelo abolicionista, con penalización del proxenetismo aún con consentimiento de la prostituta, desde 1956 hasta 1995, año en el que la prostitución fue totalmente despenalizada. Sin embargo, desde 2003 vuelve a seguir el modelo abolicionista, aunque moderado en su aplicación por los jueces, que solo castigan el proxenetismo coactivo. No obstante, en los últimos años, se han ido introduciendo medidas punitivas para algunas de las prostitutas que ejercen en la calle, mediante la Ley Mordaza y las ordenanzas municipales de algunos ayuntamientos, siguiendo una tendencia penalizadora que recuerda a la de los últimos años de la etapa abolicionista franquista con su Ley de Peligrosidad Social.

Hay una intensa actividad por parte del lobby abolicionista que intenta reimplantar de forma plena el modelo abolicionista, añadiendo además a la penalización de todo tipo de proxenetismo la penalización de los clientes, lo que se conoce como “modelo sueco”.

24.- Realmente, ¿se puede penalizar la prostitución?

Realmente, no, ya que el acto de prostitución no puede existir a los ojos de la ley, dado que pertenece de pleno derecho al ámbito de las libertades individuales, pertenece a la vida íntima de las personas y la intimidad está protegida por la ley; toda penalización necesita, por tanto, basarse de forma exclusiva en la figura de la prostituta, mujer estigmatizada a la que se le pueden retirar sus derechos fundamentales mediante un acto administrativo.

Es decir, el primer paso es marcar a una mujer como prostituta y, a continuación, negarle los derechos que tienen todas las mujeres.

Así, la penalización de la prostitución de calle convierte a la policía en policía controladora de la moral de las mujeres, con poderes para discriminar a simple vista a las mujeres que son putas de las que no lo son y castigar a las “inmorales” por el solo hecho de estar en la calle.

25.- ¿Qué es el abolicionismo?

El abolicionismo es una corriente ideológica sectaria fruto de la alianza de las llamadas “feministas radicales” con los sectores más reaccionarios de la derecha. Las abolicionistas buscan la prohibición de la prostitución (lo que ellas llaman “abolición”) mediante la negación a las prostitutas de nuestra capacidad de decidir sobre nuestros propios cuerpos y nuestras propias vidas, Esta incapacitación contraria a nuestros derechos fundamentales las lleva a considerar a los clientes como violadores y como proxenetas a todos quienes reciban dinero de nuestra parte; de esta forma, pretenden imponer por ley el bloqueo económico total de las trabajadoras sexuales. Para conseguir sus fines, atacan a cualquier trabajadora sexual que desafíe el estigma y dé la cara defendiendo su libertad de elección.

El abolicionismo utiliza su influencia en partidos políticos y medios de comunicación e intenta sin descanso impedir que nos organicemos para defender nuestros derechos, prestando así un gran servicio a quienes se aprovechan económicamente de nosotras. Promueven con su propaganda la violencia contra nosotras, y se lucran económicamente de las subvenciones de las instituciones públicas que controlan.

El abolicionismo ataca directamente la libertad sexual de las mujeres y debe ser tipificado por tanto en el Código Penal como delito contra dicha libertad. Las abolicionistas promueven campañas de odio contra las prostitutas y deben ser procesadas por delito de odio.

26.- ¿Todas las feministas son abolicionistas?

No, en absoluto. Aunque las abolicionistas han conseguido influir en importantes sectores del feminismo, los sectores defensores de los derechos de las mujeres, incluído el derecho a prostituirnos, mantienen su posición en defensa de las trabajadoras sexuales y son nuestras firmes aliadas.

27.- ¿Cuál es el papel de las aliadas en nuestra lucha?

Las aliadas (y los aliados) tienen su propia agenda (derechos humanos, feminismo…), más amplia que la nuestra. Ellas no luchan directamente por sus propios intereses, como nosotras, sino que lo hacen de forma totalmente altruista, por lo que merecen todo nuestro reconocimiento. Su colaboración es totalmente necesaria para el éxito de nuestra lucha, pero no debemos olvidar que sólo nosotras podemos ser las protagonistas de nuestra propia liberación. Es indispensable que creemos organizaciones constituídas y dirigidas de forma independiente por nosotras mismas.

28.- ¿Qué organizaciones de trabajadoras sexuales hay ahora mismo en España?

Asociación Feminista de Trabajadoras Sexuales (AFEMTRAS), Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS), Putas Libertarias del Raval, Asociación de Profesionales del Sexo (Aprosex) y Colectivo Caye. También hay un sindicato: Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS) y una sección sindical (de la IAC Catalunya): Unión Sindical de Trabajo Sexual (USTS). Organizaciones formadas por trabajadoras sexuales y aliadas son Colectivo Hetaira y Colectivo de Ayuda a Trabajadoras del Sexo (CATS).

29.- ¿Dónde reside la fuerza de la organización de trabajadoras sexuales?

En el fuerte vínculo que nos une, como compañeras que somos en el puterío. Es lo que se ha llamado “zorroridad”, fusionando las palabras sororidad (que es el sentimiento de hermandad entre todas las mujeres que defiende el feminismo) y zorra.

Somos putas feministas y la zorroridad es nuestra fuerza.

30.- ¿Qué es la trata de personas?

La trata de personas se define como “la captación, el traslado, el transporte, la acogida o la recepción de una persona utilizando la violencia, amenazas, engaño, rapto, el abuso de poder o abuso de la situación de vulnerabilidad u otros elementos de coacción con el fin de someterla a explotación y lucrarse con su actividad.

“Esa explotación incluye la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual.

“El consentimiento dado por la víctima no será tenido en cuenta cuando se den las circunstancias mencionadas.”

En España, está tipificada la trata de personas con fines de explotación sexual en el art.177 bis del Código Penal.

Hay algunos aspectos de esta tipificación que a veces no son comprendidos.

El más importante, quizás, es que la víctima de trata da su consentimiento a esa operación de traslado, consentimiento que es invalidado por un juez —pues solo un juez puede determinar quién es víctima de trata— si aprecia que ha habido violencia, amenazas, vulnerabilidad, etc. Estas coacciones no pueden ser de tal intensidad como para haberse violado el libre consentimiento de la persona, pues en ese caso no sería trata, sino secuestro (art.164 del C.P.).

El delito de trata es un delito “de intención” que se consuma en el momento en el que la víctima y el tratante cierran su trato, independientemente de que llegue a producirse la entrega en el lugar de explotación. Los delitos que se produzcan desde el momento de esta entrega, relacionados con la explotación, son independientes del delito de trata.

Todo trabajo asalariado en el sistema capitalista es explotación por definición, ya que del mismo el empresario obtiene su beneficio, es decir, se lucra. Explotación sexual es la explotación laboral de las prostitutas expresada desde el punto de vista abolicionista, que considera que la prostitución no es trabajo. En ningún caso explotación sexual es sinónimo de violencia de género o violación, delitos que tienen su propia tipificación independiente.

La víctima de trata no se considera a sí misma víctima, pues nadie se considera víctima de sus propias decisiones. Ha optado por la que ha considerado su mejor opción dadas sus circunstancias. Esto choca con la necesidad del Estado de conseguir un número mínimo de sentencias condenatorias por trata que le permita aprobar el examen que el Departamento de Estado de los Estados Unidos hace anualmente a todos los países. Ante esta necesidad, se opta por presionar a las presuntas víctimas de trata para que pasen a considerarse víctimas y denuncien , aprovechando la situación de vulnerabilidad en que las coloca la Ley de Extranjería, y utilizando métodos como la amenaza de deportación, la retirada de sus hijos, si los tienen, o las falsas promesas de permiso de residencia y trabajo.

No se debe confundir la trata, pues, con las situaciones de abuso a las que se ven sometidas las trabajadoras sexuales inmigrantes, que son consecuencia de la clandestinidad que las impone la Ley de Extranjería y la falta de reconocimiento de derechos laborales, circunstancias ambas que las dejan indefensas ante los dueños de los clubes.

31.- Y ¿por qué dicen las abolicionistas que trata sexual y prostitución son la misma cosa?

Desde el punto de vista distorsionado de la realidad que tienen las abolicionistas se puede deducir esa afirmación, ya que las abolicionistas dicen que todas las prostitutas, por el hecho de serlo, somos vulnerables y objeto de coacción, con lo que se cumplirian las condiciones para ser consideradas víctimas de trata. Como además alientan la confusión generalizada entre los delitos que se producen en el lugar de trabajo y que llegan a los tribunales (y que pueden ser espeluznantes, como palizas, violaciones, abortos forzados, etc.) y el delito de trata, que ya hemos visto que no tiene nada que ver, concluyen que eso demuestra que la prostitución es en sí misma violencia y coacción, y así lo difunden en su propaganda.

Bien es cierto que, si se aceptara el dogma abolicionista de que las prostitutas no somos dueñas de nuestros actos, no se cumplirían las condiciones para ser consideradas víctimas de trata, ya que la condición del delito de trata es que exista el libre consentimiento (si no, sería secuestro). Solo podríamos ser consideradas víctimas de trata de niñas, ya que en los menores no existe la posibilidad de libre consentimiento y de hecho, eso es lo que ocurre: que para las abolicionistas las prostitutas somos niñas.

Nuestro eslogan ¡TRABAJO SEXUAL NO ES TRATA! defiende nuestra dignidad frente al intento de las abolicionistas de negar nuestra capacidad de decidir sobre nuestros propios cuerpos y nuestras propias vidas.

32.- ¿Es delito la explotación de la prostitución ajena?

Según la actual legislación española, sólo es delito la explotación de la prostitución ajena si se hace mediante coacción (art.187 del C.P.). Exactamente, si se hace a través de la imposición de “condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas” o si se aprovechan de “una situación de vulnerabilidad personal o económica”. La apreciación acerca de cuándo concurren dichas circunstancias queda abierta a la interpretación de los jueces.

Las abolicionistas defienden la penalización de todo tipo de explotación de la prostitución ajena (también llamada “proxenetismo”) y no sólo de la coactiva. De llegar ser así, todo trabajo sexual por cuenta ajena sería condenado a la clandestinidad, con el empeoramiento de condiciones que eso supondría para las trabajadoras sexuales. Además, interpretado de forma amplia el “proxenetismo”, podría alcanzar a todo el que recibiera dinero de la trabajadora, desde su pareja o sus hijos hasta su casero o el servicio de seguridad, como ya ocurre en otros países.

El movimiento pro derechos de las trabajadoras sexuales defiende la despenalización de las terceras partes (nombre preferible al estigmatizado de “proxenetas”), dentro del ámbito general de total despenalización de la prostitución, aunque con la garantía del reconocimiento de derechos laborales para las prostitutas y, preferiblemente, la promulgación de una Ley como la de Nueva Zelanda que regule a los propietarios de burdeles.

33.- ¿Qué es el tráfico de personas?

El tráfico de personas es el delito consistente en facilitar el paso clandestino de la frontera a un inmigrante a cambio de una remuneración. Podría llamarse “contrabando de personas”.

En el tráfico de personas, al contrario que en la trata, no hay víctima, pues la relación del inmigrante con el traficante se extingue una vez atravesada la frontera y no existe intención de posterior explotación, como en la trata. Además, en la trata no es preciso que exista paso de fronteras, pues puede ocurrir en territorio español, sin necesidad de que éste sea lugar de origen, tránsito o destino.

Es muy frecuente la confusión entre los términos “tráfico” y “trata”, facilitada a veces porque en inglés trata se dice “trafficking” (y tráfico se dice “smuggling”). Ante la duda, recordad siempre que en el delito de tráfico de personas no existe víctima.

34.-   ¿Hasta qué punto sufren explotación las trabajadoras sexuales en los clubes y pisos?

En el sistema capitalista, todos los trabajadores sufren explotación: explotación laboral. La diferencia entre el valor de lo que producen y el salario que reciben es el beneficio con el que se lucra el empresario. Esta explotación, vista desde el punto de vista de la clase dominante que controla el Estado, es legal, legítima, decente, digna y moral.

Las trabajadoras sexuales a terceros sufren pues, como cualquier otro trabajador, explotación laboral.

Pero la explotación laboral puede ser modulada por la relación de fuerzas entre trabajadores y empresarios. La lucha de los trabajadores a lo largo de muchos años han conseguido los derechos laborales que permiten que la relación salarios y condiciones de trabajo / beneficios empresariales sea objeto de negociación.

Las trabajadoras sexuales nos vemos injustamente desposeídas de nuestros derechos laborales y de nuestra capacidad de negociación, por lo que podemos decir que nos vemos sometidas a sobreexplotación laboral.

35.- Y, las compañeras “de deuda” ¿sufren algún tipo particular de explotación?

Las trabajadoras sexuales inmigrantes —como el resto de personas inmigrantes— casi siempre tienen que endeudarse para poder financiar su proyecto migratorio. Cuando el acreedor es el mismo empresario, como suele ocurrir a las trabajadoras sexuales que trabajan en clubs, aparece la posibilidad de abusos. El empresario puede imponer unas condiciones económicas a la trabajadora que haga que su deuda no termine nunca de desaparecer e incluso aumente. Es lo que se llama “peonaje por deuda”. Este abuso es posibilitado por la Ley de Extranjería, que pone a la trabajadora sexual inmigrante en manos del empresario, que es su único “protector” frente a la policía que intentaría deportarla. Porque la deportación es lo que más teme la trabajadora sexual inmigrante, ya que la devolvería a la situación de pobreza de la que intenta escapar, agravada aún más por la deuda contraída.

La explotación particular que pueden sufrir las compañeras “de deuda” es posibilitada por la Ley de Extranjería, ley rechazada por todos los defensores de los derechos humanos. Por eso, nuestra primera reivindicación como trabajadoras sexuales, solidarizándonos con las más vulnerables de nuestro colectivo, debe ser la ¡DEROGACIÓN DE LA LEY DE EXTRANJERÍA!

El segundo factor que permite los abusos contra las prostitutas “de deuda” es la falta de derechos laborales y, en particular, del derecho a la libre sindicación. Porque en una situación de recuperación de la totalidad de nuestros derechos humanos, las condiciones laborales en los burdeles serían objeto de negociación y vigilancia por parte de los sindicatos que, además, tendrían por ley derecho al libre acceso a los clubs y a hablar libremente con las trabajadoras, lo que evitaría los abusos derivados de la falta de información.

36.- También dicen que la prostitución es “violación pagada”…

Una de las razones por las que las abolicionistas dicen que en la prostitución no existe la libre decisión es porque, según ellas, hacer algo a cambio de dinero por necesidad de dinero es actuar bajo coacción. Eso lo dicen solo para el trabajo sexual, claro. “El dinero es como el cuchillo en el cuello”, llegan a decir. Pero la coacción que realmente existe es la de quienes niegan a las mujeres pobres alimento, vestido y vivienda, para ellas y para quienes dependen de ellas, si no es a cambio de dinero. La auténtica violencia es la pobreza.

Con esta opinión, las abolicionistas revelan su ideología de clase acomodada. Se revelan como las portavoces de la clase dominante explotadora que no está dispuesta a que las mujeres se liberen del paro y de sus salarios de miseria.

37.- … y “violencia de género”.

Es lo mismo que decir que es “violación pagada”. Pero como saben que ningún juez considerará a un cliente de prostitución como violador, rebajan la “violación” de las prostitutas (según defienden) a una mera “violencia de género” que puede saldarse con una multa. Esto es lo que han conseguido que vote el Parlamento Europeo en 2014 y, aunque no es más que una recomendación a los Estados, las abolicionistas españolas se aplican con entusiasmo a multar y estigmatizar a los “puteros” con la vista puesta en una Ley estatal que aplique en España el “modelo sueco”.

38.- ¿Por qué llaman siempre “puteros” a nuestros clientes?

Llamar puteros a nuestros clientes es llamarnos a nosotras putas con todo el desprecio y el odio que sienten hacia nosotras. Intentan reforzar al máximo nuestro estigma con el fin de contagiar del mismo a nuestros clientes. Porque, como nos quieren tanto, nos quieren librar de nuestros “maltratadores” y dejarnos así sin la fuente de nuestro sustento. Pero nosotras no odiamos a los hombres y, desde luego, no consideramos maltratadores a nuestros clientes. Odiamos, como mujeres, la violencia machista, y los malos clientes, y reclamamos nuestros derechos para poder defendernos de éstos. Las abolicionistas quieren enviarnos a la clandestinidad para que solo los malos clientes se atrevan a desafiar sus multas. Las abolicionistas quieren abolir la prostitución exterminando a las putas.

39.- Las putas, ¿somos agente político?

Las putas empoderadas —es decir, conscientes de nuestra dignidad, nuestros derechos y la fuerza de nuestra unidad— somos agente político de primer orden, porque nuestra causa es la causa de la liberación de las mujeres, de la liberación de las clases oprimidas y de la defensa de las libertades democráticas como garantía de derechos humanos; y porque, además, somos la piedra de toque de esas luchas:

  • estar con las putas es estar con las mujeres, con los oprimidos y con la democracia,
  • estar contra las putas es estar con el patriarcado, con el capital y con el totalitarismo fascista.

40.- Una puta empoderada, ¿debe necesariamente presentarse en público como tal?

No, de ninguna manera. El empoderamiento es un proceso personal que lleva desde la vergüenza de puta hasta el orgullo de puta. El empoderamiento es colectivo, y cada una participa en el mismo según sus circunstancias, sin que eso suponga una jerarquización de compromisos. Aquéllas que dan la cara y actúan como portavoces de todas nosotras merecen el máximo reconocimiento y son indispensables para avanzar, pero tambíén actúan con valentía las que participan en manifestaciones o ruedas de prensa bajo máscaras y, también, cualquiera de nosotras que, en su fuero interno, se atreve a desafiar el estigma.

41.- ¿Existe una jerarquia entre las trabajadoras sexuales?

No, de ninguna manera. El estigma de puta nos marca a todas por igual. Hacer distinciones entre “prostitución de supervivencia”, “prostitución bajo explotación laboral” o “prostitución autónoma” con el fin de dar más valor a la libre decisión de unas que a las de otras es un error que sólo lleva a la división. Cada una tiene sus motivaciones personales y todas son igualmente respetables. El estigma de puta que a todas nos oprime por igual también nos une a todas por igual como hermanas.

42.- ¿Cuáles son nuestras reivindicaciones políticas?

Seis reivindicaciones políticas resumen la lucha por nuestros derechos, por el reconocimiento de nuestra dignidad, por la total despenalización del trabajo sexual y por la protección frente a todo tipo de explotación.

43.- (1) Derogación de la Ley de Extranjería

Porque sin ella, aún después de que consigamos los derechos laborales, los dueños de los clubs se seguirían lucrando a costa de las trabajadoras sexuales en situación irregular, sin derechos ni opción a establecerse por cuenta propia.

¡Ninguna persona es ilegal!

44.- (2) Derogación de la Ley Mordaza y de las ordenanzas municipales antiputas

Porque esas leyes no sancionan ninguna conducta en particular, sino que dan poderes especiales a la policía para actuar como policía moral y clasificar arbitrariamente a las mujeres en putas y no putas, multando y extorsionando a las primeras por hacer lo mismo que hacen las segundas.

¡Por la democracia y contra el régimen talibán!

¡Todas somos iguales!

¡La calle es de todas!

45.- (3) Reconocimiento del carácter laboral del trabajo sexual

Una ocupación con la que nos ganamos el sustento es trabajo porque esa es la definición de trabajo. Nos niegan el carácter laboral de la prostitución por cuenta ajena haciendo la falsa dicotomía entre alterne y prostitución, cuando todo el mundo sabe que son inseparables. La hipocresía judicial nos condena a la sobreexplotación laboral al negarnos los derechos laborales, que son derechos fundamentales.

¡Trabajo sexual es trabajo!

46.- (4) Regulación estricta de los dueños de burdeles

Exigimos una ley que regule a los dueños de burdeles “para salvaguardar nuestros derechos humanos, protegernos de la explotación y promover nuestro bienestar, nuestra salud y nuestra seguridad”, como dicen los primeros artículos de la Ley de Reforma de la Prostitución de Nueva Zelanda, que tomamos como modelo.

¡Basta de respaldo legal a la patronal para que nos explote laboralmente sin control!

47.- (5) Tipificación del abolicionismo como delito contra la libertad sexual

Tan delito contra la libertad sexual es forzar a alguien a ejercer la prostitución como forzar a alguien a abandonarla contra su voluntad. Exigimos la tipificación del abolicionismo como delito contra la libertad sexual (Título VIII del Libro II del Código Penal). El abolicionismo conspira continuamente contra nuestra dignidad, es decir, contra nuestro derecho constitucional a decidir sobre nuestros propios cuerpos y nuestra propia vida. Mientras el abolicionismo no sea penalizado, la libertad sexual de las mujeres estará bajo continua amenaza.

¡Por la libertad, contra el totalitarismo!

48.- (y 6) Apartar de nuestras leyes cualquier alusión a “considerar irrelevante el consentimiento” de cualquier persona.

Y, por tanto, supresión del párrafo 3ª del art. 177 bis del Código Penal. El consentimiento no es otra cosa que la dignidad de la persona que es el fundamento mismo de la legitimidad de la Constitución. Considerar irrelevante el consentimiento de cualquier persona es atentar contra sus derechos fundamentales y hace nula por inconstitucional cualquier ley que se base en esa consideración. Esa negación del consentimiento —de la dignidad— de las prostitutas es la clave del intento abolicionista de convertirnos en una especie de “raza inferior”, de cosificarnos y deshumanizarnos, y constituye una amenaza no solo para nosotras, sino para la esencia misma de la democracia.

¡Nuestro cuerpo, nuestra decisión!

¡Las mujeres no somos niñas!

49.- Y para terminar, ¿debo creer y estar de acuerdo con todo lo que he leído en este Putecismo?

No necesariamente. Leer, reflexionar, volver a leer y debatir es el método, pero mi única maestra es mi experiencia y mi único guía, mi instinto.

 

 

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Se terminó este Putecismo el día 2 de octubre de 2018,

bajo la auspiciosa mirada de la muy veneranda,

divina entre las divinas,

Afrodita Porné.

 

 

 

 

 

La despenalización del trabajo sexual y la seguridad y salud laborales en Nueva Zelanda

 

Por el Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda (NZPC)

Septiembre de 2015

Se puede descargar aquí en formato PDF (inglés y español): https://bit.ly/2RX58W3

 

En 1992, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo1 fue aprobada en el Parlamento de Nueva Zelanda. El NZPC, colectivo dirigida por personas que ejercen el trabajo sexual, participó en las consultas con el personal gubernamental que estaba analizando las prácticas en los diferentes espacios de trabajo sexual. En esta revisión se incluyeron los salones de masaje, pese a no existir, en el marco legislativo, mecanismos legales para reconocer los problemas específicos relacionados con el trabajo sexual y las personas que lo ejercen ni los medios para abordar estas cuestiones.

En ese momento, los salones de masaje eran los principales lugares donde se empleaban las mujeres que ejercen el trabajo sexual. Un porcentaje mucho menor de profesionales del sexo, incluidos los hombres y mujeres transgéneros que ejercen el trabajo sexual, trabajaban de manera autónoma como acompañantes (scorts) o bien contactaban con sus clientes en el espacio público.

El conflicto entre la realidad y la falta de reconocimiento oficial del trabajo sexual limitaron el alcance de esta legislación y su capacidad para incrementar la seguridad y la salud laboral de las personas que ejercen el trabajo sexual. Como consecuencia de este conflicto, no existen directrices claras y eficaces para la industria del sexo, lo que deja a las personas que ejercen el trabajo sexual en una posición vulnerable frente a los riesgos específicos en sus lugares de trabajo.

La implicación tuvo lugar a nivel de las autoridades locales, con la realización de inspecciones en los salones de masaje para garantizar que cumplían con las normas de salud necesarias en relación al uso de las piscinas de masaje, las duchas, etc. Esto posibilitó seguir considerando los salones de masaje como espacios donde solo se realizaban servicios de masaje, por lo que no se hacía necesario trabajar a favor de condiciones seguras para las actividades sexuales comerciales realizados en ellos. En caso de que las personas que ejercen el trabajo sexual tuvieran contrato con el establecimiento, el objetivo se centró en permitir la negación de responsabilidad en relación a los impuestos, en lugar de apoyar las buenas prácticas laborales respecto a la seguridad y la salud en el trabajo. En algunos casos, los condones se almacenaron en congeladores o lavaplatos para ocultarlos y evitar que fueran utilizados en un posible juicio por trabajo sexual clandestino.

La Ley de Reforma de la Prostitución fue aprobada en 2003 y declara que su objetivo es despenalizar la prostitución. La Ley establece que ‘salvaguarda los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual y las protege de explotación; promueve el bienestar, la seguridad y la salud laborales de las personas que ejercen el trabajo sexual [y] garantiza el acceso a la salud pública’. Después de la aprobación de la Ley, la división de Seguridad y Salud laboral del Departamento de Trabajo contactó con el NZPC con el objetivo de desarrollar unas directrices de Seguridad y Salud laborales (OSH, por sus siglas en inglés) para la industria del sexo en Nueva Zelanda. Tras las negociaciones con Scarlet Alliance 2 y después de una amplia consulta en el seno de la industria del sexo-que incluyó al NZPC, las personas que ejercen el trabajo sexual y los directores de burdeles-, el Departamento de Trabajo publicó las directrices definitivas para la industria del sexo de Nueva Zelanda.3 4

 


Póster deL NZPC: ¡Nuestro derecho a decir SÍ, nuestro derecho a decir NO!

 

Las directrices contienen un capítulo que incluye una amplia sección sobre salud para las personas que ejercen el trabajo sexual, incluyendo el ‘almacenamiento y manipulación del EPP (Equipo de Protección Personal, esto es, material profiláctico), juguetes sexuales y otros objetos’5, el mal uso del condón y la rotura, así como las infecciones de transmisión sexual (ITS). También se analizan las evaluaciones de salud sexual para las personas profesionales del sexo, y afirma que ‘las personas que ejercen el trabajo sexual deben acceder a servicios de salud sexual… o tener un médico de cabecera para realizarse revisiones periódicasen salud sexual, y asesoramiento y formación adecuada a las necesidades de cada persona. La frecuencia de la revisión periódica es un asunto que compete a la decisión de la persona que ejerce el trabajo sexual y a su facultativo y siempre debe ser voluntaria.6

La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo establece que una persona contratada puede negarse a realizar cualquier trabajo que ella considere que pueda causarle un daño grave.7

No obstante, es importante destacar que las personas que ejercen el trabajo sexual no tienen por qué percibir un posible daño para no aceptar trabajos. La Ley de Reforma de la Prostitución y las leyes penales son explícitas en relación al derecho de la persona que ejerce el trabajo sexual para decir no a mantener relaciones sexuales, sean comerciales o de otra índole. Afortunadamente, este aspecto también se incorpora en las directrices de Seguridad y Salud Laboral, lo que fortalece la posición de la persona que ejerce el trabajo sexual para negociar tanto con las personas clientes como con las personas que gestionan los burdeles. Y esto a pesar de que algunas personas tratan de socavar este derecho haciendo comparaciones con sus propias ocupaciones no vinculadas al trabajo sexual, para argumentar por qué se les debería permitir rechazar ninguna prestación de servicios sexuales.

Ha habido cooperación interinstitucional entre grupos tan diversos como la Policía, el Ministerio de Negocios, Innovación y Empleo y la organización NZPC, un colectivo liderado por personas que ejercen el trabajo sexual y que promocionan la salud laboral y la seguridad en los espacios de trabajo sexual, incluidos los burdeles. El material promocional menciona explícitamente el derecho de la persona que ejerce el trabajo sexual a decir sí o a decir no, su derecho a establecer el uso de las duchas y los condones y su derecho a trabajar libre de coacción8.

La presentación de denuncias ante los organismos responsables, tales como la WorkSafe, la agencia encargada de regular la seguridad y la salud laboral en Nueva Zelanda9, supone un gran reto para las personas que ejercen el trabajo sexual, al igual que en otros casos donde cualquier trámite a través de las vías oficiales puede convertirse en un proceso lento para cualquier persona.

Sin embargo, a las personas que ejercen el trabajo sexual les está resultando fácil acceder a los servicios de mediación laboral, a los Tribunales Contenciosos, así como a la Comisión de Derechos Humanos, para resolver los conflictos que se producen en los lugares de trabajo que crean estrés y vulneran su seguridad y salud laborales. El Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda NZPC es con frecuencia el primer contacto para las personas que ejercen el trabajo sexual preocupadas por alguna cuestión. A partir de ahí, se da apoyo a la persona que ejerce el trabajo sexual de la forma más adecuada para buscar una solución o un cambio en las prácticas perjudiciales para ella.

En una sentencia dictada en 2014 por el Tribunal de Revisión de los Derechos Humanos10, un director de burdel fue obligado a recibir formación sobre acoso sexual y a pagar a una mujer 25000 dólares neozelandeses como indemnización ‘por la humillación, el atentado a su dignidad y el daño causado a los sentimientos’ de la mujer profesional del sexo.

Con el fin de que las personas que ejercen el trabajo sexual tengan garantizada la seguridad en el trabajo, se necesitan páginas web mediante las cuales puedan acceder a los organismos institucionales competentes que ellas elijan. Nuestra experiencia en Nueva Zelanda es que las prácticas laborales ilegales en un contexto de criminalización hace casi imposible que las personas profesionales del sexo puedan abordar esta cuestión de manera efectiva, ya que hay demasiados obstáculos que colocan en riesgo a la persona que ejerce el trabajo sexual.

Estos obstáculos incluyen, entre otros, la identificación en futuras redadas de personas que ejercen el trabajo sexual por parte de las fuerzas de seguridad o Inmigración, debido al endurecimiento de las medidas contra el trabajo sexual clandestino.

La despenalización del trabajo sexual en Nueva Zelanda significa que las personas profesionales del sexo, las personas clientes, los directores de burdeles y terceras partes relacionadas pueden trabajar dentro de un marco legal donde las malas prácticas puedan

ser abordadas a través de un marco legislativo, incluyendo leyes laborales que establezcan, entre otras, una normativa que garantice la seguridad y salud laborales. Es necesario que cualquier institución pública construya, en la industria del sexo, relaciones que no sean coercitivas ni innecesariamente intrusivas, y que, simultáneamente, faciliten la defensa del derecho de las personas que ejercen el trabajo sexual a un convenio de seguridad y salud laborales. Se trata de conocimiento institucional y económico, de establecer la relación desde el respeto y la confianza, donde la persona que ejerce el trabajo sexual pueda acceder sin dificultad al apoyo, a la información adecuada o a presentar una reclamación, sin ser objeto de prejuicios por parte del personal que la atiende.

Mientras que la despenalización y su implementación siguen su curso, las numerosas evidencias confirman que la salud laboral y la seguridad de las personas que ejercen el trabajo sexual mejoran con este marco legal.

 

Autores

 

Catherine Healy, licenciada en Humanidades, coordinadora nacional y coordinadora de operaciones del programa de doctorado Calum Bennachie. Ahi Wihongi, enlace comunitario, colaboró en la realización de este artículo. Ambas forman parte de NZPC y desempeñan un papel de liderazgo en la defensa de los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual en Aotearoa (Nueva Zelanda).

 

Pies de página

 

1 Ley de Salud y Seguridad Laboral de 1992. Legislación de Nueva Zelanda. Disponible en http://www.legislation. govt.nz/act/public/1992/0096/latest/ DLM278829.html?search=ts_act%

40bill%40regulation%40deemedr eg_health+and+safety+in+employment resel_25_a&p=1

2 Scarlet Alliance (Alianza Escarlata) es la organización de personas que ejercen el trabajo sexual más importante en Australia. El NZPC puso en conocimiento de los funcionarios del Departamento del Trabajo de la existencia de directrices elaboradas por Scarlet Alliance, y sugirió que se acercaran a dicha organización con miras a utilizar sus directrices como modelo y su posible adopción en Nueva Zelanda. Scarlet Alliance publicó las directrices bajo la condición de que el Departamento de Trabajo colaborase con las personas que ejercen el trabajo sexual para su adaptación. Ya entonces el gobierno estaba trabajando con el NZPC.

3 G. Abel, C. Healy, C. Bennachie, y A. Reed (2010) ‘The Prostitution Reform Act’. En G.Abel et al., Taking the crime out of sex work: New Zealand sex workers fight for decriminalisation. Bristol: Polity Press, p, 77.

4 Guía para la seguridad y salud laborales en la industria del sexo de Nueva Zelanda. Departamento de Trabajo. Disponible en http://www.business.govt.nz/worksafe/information-guidance/all-guidance-items/ sex-industry-a-guide-to-occupational-healthand-safety-in-the-new-zealand/sexindustry. pdf 6 Ibíd., p. 34

7 Ley de Salud y Seguridad Laboral de 1992, sección 28A. Legislación de Nueva Zelanda. Disponible en http://www. legislation.govt.nz/act/public/1992/0096/ latest/DLM279602.html?search=ts_ac t%40bill%40regulation%40deemedr eg_health+and+safety+in+employment_ resel_25_a&p=1

8 Eslógan de la campaña: ‘Derecho a decir sí, derecho a decir no’

9 ‘About us,’ WORKSAFE. Disponible en http:// http://www.business.govt.nz/worksafe/about

10 DML v Montgomery [2014] NZHRRT 6 (12 de febrero de 2014). Disponible en http:// www.nzlii.org/cgi-bin/download.cgi/cgibin/download.cgi/download/nz/cases/ NZHRRT/2014/6.pdf

Portada del folleto de OSH OSH Booklet Cover IMAGE PROVIDED BY/FUENTE: NZPC