El triste estado de la investigación académica sobre la trata sexual

Por Daniel Pryor

 

19 de julio de 2017

 

https://www.adamsmith.org/blog/the-sorry-state-of-sex-trafficking-research

 

El mes pasado, tuvo lugar en Irlanda del Norte el primer juicio a un acusado de pagar por servicios sexuales (delito equiparado a crímenes violentos). Después de haber adoptado el «modelo nórdico» de penalización de la compra de sexo en junio de 2015, Irlanda del Norte parece haber inspirado a los políticos del Partido Nacional Escocés para abogar por un enfoque similar en Escocia. El debate sobre la legislación referida al trabajo sexual también se agudiza en el resto del Reino Unido, donde se están logrando progresos marginales en algunas áreas.

La investigación sobre el impacto de las diferentes formas de legislación sobre el trabajo sexual y la trata sexual es un área fascinante, pero muy problemática. La prevalencia de la trata sexual y su relación con diferentes regímenes legales relacionados con el trabajo sexual es uno de los principales campos de batalla para aquellos que buscan la reforma, y ​​es difícil encontrar evidencia confiable sobre este tema tan emotivo.

Un nuevo artículo (1) publicado en línea la semana pasada por el sociólogo Ronald Weitzer —que escribió un excelente artículo (2) sobre la política del trabajo sexual y el tráfico sexual en 2011— da una nueva perspectiva del lamentable estado de la literatura académica sobre estos temas. En primer lugar en su lista de agravios está la falta de fiabilidad de los datos que se utilizan a menudo:

Utilizando información sobre 161 países de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Cho et al. (2013) y Jakobsson y Kotsadam (2013) intentaron determinar si las leyes nacionales de prostitución estaban relacionadas con la prevalencia de la trata de personas. Sin embargo, la ONUDD había advertido de que no se utilizaran sus cifras ni para una nación ni para un estudio comparativo transnacional, ya que “el informe no proporciona información sobre el número real de víctimas” (ONUDD 2006, pp. 37, 44-45). El aviso de la ONUDD se basaba en que las definiciones de trata varían de unos países a otros (algunos de los cuales amalgaman trata, paso ilegal de personas e inmigración irregular); la generalizada falta de transparencia en la recopilación de datos y la presentación de informes; y la dependencia de diferentes fuentes en los 161 países (medios de comunicación, institutos de investigación, agencias gubernamentales, ONGs, OIs). Para algunos países, sólo una de estas fuentes estaba disponible. Los autores reconocen que “los datos subyacentes pueden ser de mala calidad” y son “limitados e insatisfactorios de muchas maneras” (Jakobsson y Kotsadam, 1993, p.93) y que es “difícil, quizás imposible, encontrar pruebas sólidas” de una relación entre la trata y cualquier otro fenómeno (Cho et al., 2013, p.70). No obstante, tratan el informe de la ONUDD como una fuente de datos y extraen conclusiones profundas sobre la relación entre la trata de personas y las leyes nacionales de prostitución, concluyendo que la trata de personas es más frecuente en los países con prostitución legal que en los países donde la prostitución está penalizada.

Datos defectuosos son sólo la punta del iceberg. En el caso de los dos estudios citados anteriormente, el enfoque de los autores para el diseño del estudio también deja mucho que desear:

Se utiliza un diseño de sección transversal (en un solo punto de tiempo) para medir algo que debe examinarse longitudinalmente: la cantidad de trata antes y después de la legalización. Este último enfoque requeriría cifras de referencia fiables para comparar con cifras recientes fiables, ninguna de las cuales existe.

Los autores usan estimaciones agregadas de la trata nacional (que combinan trata laboral, trata sexual y otros tipos de trata) en su intento de evaluar si la prostitución legal marca una diferencia. Esto significa que existe una gran discrepancia entre las cifras de trata y las leyes de prostitución: al evaluar si las leyes de prostitución están relacionadas con la incidencia de la trata, se deben usar solamente cifras sobre la trata sexual, no las cifras totales para todos los tipos de trata. 

Es muy posible que las naciones donde algún tipo de prostitución es legal puedan tener mejores mecanismos para detectar la trata sexual, una variable que falta en ambos estudios.

Un estudio posterior de Cho (2016) utilizando una fuente de datos diferente contiene otro error garrafal. “Utiliza información sobre el nivel de protección de las víctimas de trata de personas (en general) en los países, para correlacionarla con el hecho de que la prostitución esté o no permitida en un país”. ¿La justificación para este truco?

Sin citar ninguna fuente, Cho afirma que “la prostitución está estrechamente ligada a la trata de personas, porque la trata sexual con fines de prostitución es la forma más común de trata de personas y constituye la mayor parte de las víctimas de trata” (Cho 2016, pp. ). Esta afirmación es contradicha por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Según la OIT, “la explotación sexual comercial forzada representa el 11% de todos los casos” de trabajo forzado en todo el mundo (OIT 2005, p.12), y el Departamento de Estado declara que “la mayor parte de la trata de personas en el mundo toma la forma de trata laboral “(USDS 2010, págs. 8-9).

Todos estos problemas son endémicos en el campo de la investigación sobre la trata sexual. El trabajo de Weitzer podría no ser más que un interesante ejercicio académico sobre los peligros del uso de datos de baja calidad y pobre metodología de investigación, si no fuera por el hecho de que las leyes que se promulgan sobre la base de los dos estudios anteriores están haciendo daño a las mujeres marginadas:

… estos dos estudios fueron adoptados por políticos y legisladores en varios países y sirvieron para justificar nuevas leyes de criminalización.

Weitzer también ofrece algunas reflexiones sobre cómo el estado actual de la investigación y el debate público basado en la misma puede persistir sin que se le haga una crítica significativa:

Es fácil hacer afirmaciones generales y desenfadadas sobre la trata y la prostitución cuando 1) faltan datos sólidos, 2) los medios de comunicación se limitan a recapitular afirmaciones “oficiales” sin cuestionarlas o verificarlas, 3) los expertos que cuestionan las afirmaciones oficiales son ignorados o denunciados, y 4) las participantes en el comercio sexual son altamente estigmatizadas y marginadas. Este patrón desafortunado puede verse tanto en las naciones prohibicionistas (por ejemplo, Suecia) como en las naciones que tienen que hacer frente a la oposición a sus actuales leyes [comparativamente] liberales (por ejemplo, Alemania y los Países Bajos).

Estoy seguro de que los lectores de este blog miran todos los titulares de los medios sensacionalistas con un ojo crítico. Sin embargo, cuando se trata de historias alarmistas sobre la epidemia de trata sexual y los acompañantes llamamientos a implantar el “modelo nórdico”, se debe tener precaución adicional.

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1.- https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-55973-5_4

https://books.google.es/books?id=Y9ksDwAAQBAJ&pg=PA47&dq=Legal+Prostitution+Systems+in+Europe+weitzer&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjTjeX0ksrVAhWrCcAKHTYcDtMQ6AEIJjAA#v=onepage&q=Legal%20Prostitution%20Systems%20in%20Europe%20weitzer&f=false

2.- http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=7413&context=jclc

 

 

 

Reunión del Grupo de Expertos convocada por ONU Mujeres incluye recomendaciones sobre el trabajo sexual

Publicado por NSWP el 22 de diciembre de 2016

 

Author: NSWP

 

http://www.nswp.org/news/expert-group-meeting-convened-un-women-includes-recommendations-sex-work

 

Como preparación para la Comisión sobre el Estado de las Mujeres, ONU Mujeres ha convocado una reunión del Grupo de Expertos sobre el tema prioritario: “El empoderamiento económico de las mujeres en el cambiante mundo del trabajo”. La reunión tuvo lugar en la sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra (Suiza) del 26 al 28 de septiembre de 2016. El informe incluye recomendaciones a propósito del trabajo sexual, incluyendo entre ellas la despenalización de trabajadoras sexuales y clientes a fin de salvaguardar los derechos humanos de las trabajadoras sexuales.

Las recomendaciones a propósito del trabajo sexual son las siguientes:

 

  • Reconocer que el trabajo sexual es trabajo y proteger los términos y condiciones de aquellas mujeres que puedan decidir libremente implicarse en el intercambio de sexo.

 

  • Asegurar que las trabajadoras sexuales tengan acceso a la atención médica y a la protección social y que no sean discriminadas negativamente por las leyes y normas nacionales

 

  • Reconocer a las organizaciones de trabajadoras sexuales como sindicatos y asociaciones legítimos e incluirlas activamente en los marcos e instituciones de negociación colectiva.

 

  • Despenalizar el trabajo sexual y la compra de sexo pero pedir cuentas a aquellos que se aprovechen de forma explotadora de su existencia.

 

Las opiniones expresadas en el informe (disponible al pie) no representan las opiniones de ONU Mujeres, pero sí representan las opiniones de los expertos convocados por ONU Mujeres.

Estas recomendaciones llegan en un momento interesante. ONU Mujeres está desarrollando actualmente su línea de actuación ante el trabajo sexual, sin incluir de forma significativa las experiencias vividas de las trabajadoras sexuales. ONU Mujeres lanzó una consulta a través de internet el 7 de septiembre de 2016, y han dejado claro que no tienen intención de ampliar su proceso de consulta más allá de esta excluyente consulta en línea. NSWP ha lanzado desde entonces una petición (1) solicitando a ONU Mujeres que incluya de forma significativa a las trabajadoras sexuales en el desarrollo de su línea de actuación. Ciento noventa organizaciones dirigidas por trabajadoras sexuales, organizaciones de derechos de las mujeres y organizaciones de derechos humanos han hecho un llamamiento (2) también a ONU Mujeres para que adopte un enfoque basado en la defensa de derechos en relación a los derechos de las trabajadoras sexuales.

NSWP lanzó la campaña ¿Nosotras no somos mujeres? #AreWeNotWomen (3) para poner de manifiesto cómo algunas personas en el movimiento de mujeres, incluyendo ONU Mujeres, están excluyendo a las trabajadoras sexuales en el desarrollo de la línea de actuación hacia el trabajo sexual. No será posible para ONU Mujeres desarrollar una posición sobre el trabajo sexual basada en los derechos humanos creíble si no reconocen y respetan las diversas realidades y experiencias vividas de todas las trabajadoras sexuales.

Descarga del informe:

EGM Report, UN Women – 2016.pdf

 


1.- https://elestantedelaciti.wordpress.com/2016/10/01/llamamiento-para-que-onu-mujeres-consulte-de-forma-significativa-a-las-trabajadoras-sexuales-cuando-desarrolle-normas-relativas-al-trabajo-sexual/

 

2.- http://www.creaworld.org/announcements/response-un-women-s-call-consultation-seeking-views-un-women-approach-sex-work-sex

 

3.- https://elestantedelaciti.wordpress.com/2016/12/12/campana-nosotras-no-somos-mujeres-arewenotwomen/

No se trata de castigarlos a ellos, sino de protegerlas a ellas

Comparto plenamente los argumentos esgrimidos por Amnistía Internacional (AI) en su defensa por la despenalización del trabajo sexual

Abogo por que no se convierta a las prostitutas en cómplices de delitos o sanciones administrativas, se les niegue cualquier elección que no sea ejercer en prostíbulos o se las margine socialmente como infrasujetos carentes de derechos humanos

 

 

3006_20150821rPUpb5Por Glòria Poyatos Matas

23/08/2015
http://bit.ly/1JtG9wk

 

Comparto plenamente los argumentos esgrimidos por Amnistía Internacional (AI) en su defensa por la despenalización del trabajo sexual, sustancialmente por el enfoque que se hace, fijando el objetivo en las propias trabajadoras y los derechos de éstas, desterrando otros enfoques que se centran más en sancionar (incluso penalmente) a los clientes o, a propietarios de locales de alterne o inmuebles en los que ellas trabajan. No se trata de castigarlos a ellos sino de protegerlas y empoderarlas a ellas y reconocerles los mismos derechos humanos que cualquier otra persona.

 
Hace años, otra organización internacional de igual prestigio e incluso con un conocimiento más especializado en materia de trabajo, la Organización Internacional de Trabajo, se mostró igualmente partidaria de la despenalización del trabajo sexual recomendando, incluso, su regulación, en su Informe de 1998, diseñado por Lin Lean Lim sobre el sector del sexo en Asia sudoriental. Y hay otros ejemplos, como ONUSIDA, la OMS, ONU Mujeres, la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW), Human Rights Watch, Open Society etc., que mantienen la misma línea de la OIT y AI.

 
Para poder opinar nítidamente sobre el trabajo sexual debe partirse de una premisa imprescindible, que es el deslinde del trabajo sexual como servicio realizado por persona adulta y libre a cambio de un precio del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, que personalmente me repugna, y abogo por un urgente incremento de las penas y una verdadera coordinación internacional en la lucha contra las mafias.

 
Que el trabajo sexual no es sinónimo de trata es algo incuestionable a estas alturas. Ha sido reconocido por la ONU, en un extenso estudio llevado a cabo en 2010 en Europa ( Trata de personas hacia Europa con fines de explotación sexual), en cuyas conclusiones se asevera que una de cada siete mujeres que ejercen la prostitución en Europa es víctima de trata, esto es, aproximadamente un 15%. Sin duda alguna, es una cifra abominable y demasiado elevada, en un entorno autocalificado de progresista y protector de la mujer frente a una de las delincuencias más repugnantes y, desgraciadamente, mejor organizadas, pero hay todo un 80% de mujeres desterradas a la invisibilidad y al ostracismo de derechos.

 
También la propia UE, en la sentencia dictada por el TJUE de 21 noviembre de 2001 ( asunto Jany y otras), separa claramente el trabajo sexual de otras actividades delictivas y lo define, sin tapujos, como actividad económica, si se ejerce libremente por persona adulta. Esa sentencia vincula jurídicamente a todos los estados miembros incluidos sus órganos judiciales, al igual que vincula el Reglamento de la UE 549/2013, que separa el trabajo sexual voluntario del que no lo es, a efectos de su inclusión en el PIB.

 
Esta separación no debe parecernos extraña, si tenemos en cuenta que el delito de trata de personas con fines de explotación laboral cohabita con una prolija regulación laboral que actúa de dique limitador de los perjuicios obreros surgidos del libre juego entre la oferta y la demanda. Un dique tutelador de la dignidad del trabajador y su desvalida posición contractual. He aquí el primer motivo para propugnar no sólo la despenalización del trabajo sexual sino también su regulación a medida, una regulación especial y específica para un trabajo de alto riesgo. Una regulación que limite el poder de clientes o proxenetas e incremente el de las trabajadoras sexuales a todos los niveles.

 
El segundo argumento para despenalizar el trabajo sexual es un argumento de género, el mismo que se esgrime por parte de las filas neo-abolicionistas o prohibicionistas, pero a la inversa y siempre fijando nuestra atención en ellas y no en castigarlos a ellos. Que la prostitución sea mayoritariamente femenina, y por tanto se proyecte sobre un colectivo (el de las mujeres) históricamente discriminado, refuerza la tesis de su despenalización, aumento de la protección y reconocimiento de derechos. No reconocer derechos puede llevar al absurdo de desterrar de tutela judicial a las trabajadoras sexuales frente a clientes o propietarios de los locales de alterne en los que trabajan, para satisfacción de estos.
Ello ocurre en nuestro país, donde algunas sentencias judiciales anulan las actas de infracción y sanción de la Inspección de Trabajo frente a los propietarios de los prostíbulos, y ocurrió en Colombia, donde una trabajadora sexual fue despedida por quedarse embarazada, siendo desestimada su demanda planteada frente al despido con el argumento de la inexistencia del contrato (negación de derechos), hasta que, con una alta dosis de sentido común, el Tribunal Constitucional de dicho país tuteló el derecho de la prostituta, sustancialmente por la vía de la discriminación por razones de género (sentencia 629/2010 – ponente don Juan Carlos Henao Pérez).

 
El tercero. La penalización de la prostitución por la vía de la criminalización de los clientes de las meretrices tampoco ayuda a sacarlas de su estado permanente de estigmatización, pues las convierte en cómplices necesarias de un hecho delictivo, reprochable administrativamente y, por ende, también socialmente. Además, las arrastra a ejercer su actividad en condiciones peores (clandestinidad), y más peligrosas para su libertad sexual e integridad física, aumentando peligrosamente su vulnerabilidad como víctimas de otros delitos. Y a ello también ayuda la pandemia de reglamentaciones locales de los últimos años, que barren a las trabajadoras sexuales de las ciudades, sin habilitar espacios alternativos donde puedan ejercer la actividad en condiciones más seguras para ellas. Una buena campaña para los locales de alterne y otro golpe a los derechos de estas perdedoras, acostumbradas a serlo.

 
Mi cuarto argumento parte de un principio de igualdad de trato respecto de otros trabajos sexuales (actrices de porno, bailarinas eróticas, alternadoras), que sí tienen reconocidos derechos sociales y laborales. ¿Dónde está la diferencia, excluyente de derechos, entre una actriz del porno y una prostituta? Y sobre todo, igualdad, en este macro-negocio de la prostitución donde todos tienen derechos menos ellas, como es el caso de la patronal del sexo que cuenta con regulación jurídica a medida, y una buena organización a través de asociaciones nacionales para la defensa de sus intereses. Asociaciones reconocidas judicialmente por el propio Tribunal Supremo español ( “sentencia Mesalina” de 24/11/2004).

 
El último de mis argumentos a favor de reconocer derechos a las trabajadoras sexuales es eminentemente práctico. Personalmente, desearía que la prostitución no existiese, al menos como una forma de supervivencia de las mujeres en situaciones de necesidad, pero es una quimera pensar en su desaparición. Por ello, y dado que muchas mujeres eligen esta alternativa temporalmente para poder cubrir las necesidades familiares más básicas, abogo por que al menos durante esa etapa, no se las convierta en cómplices de delitos o sanciones administrativas, se les niegue cualquier elección que no sea ejercer en prostíbulos, se las destierre del acceso a las prestaciones del Sistema de la Seguridad Social o se las margine socialmente como infrasujetos carentes de derechos humanos, pues ello supone perpetuar su histórica situación de exclusión social, como uno de los colectivos más vulnerado y vulnerable.

 

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Glòria Poyatos Matas es Magistrada decana en Lanzarote y autora del libro La prostitución como trabajo autónomo.

CON DOS OVARIOS

Publicado el 4 marzo 2014 por PaulaVip

 

http://elblogdepaula.com/2014/03/con-dos-ovarios/

 

La lucha es dura. Lo sabíamos al empezar y lo sabemos hoy también.

Esta no es una lucha de Feministas contra No Feministas.

Esta es una lucha de Mujeres contra Mujeres.

Es duro para mí, tener que escribir esto en este tono, pero no me queda más remedio.

APROSEX lucha desde mayo del 2012 por el reconocimiento de tantas y tantas mujeres, trans y hombres que, trabajan en el sector del  de pago.

Y sí, he dicho, digo y diré TRABAJO.

Porque eso y no otra cosa es lo que hacemos, TRABAJAR.

Es falso que el 99% de las mujeres que trabajan en , lo hagan en situación de trata.

Y tanto es así que ya en Julio de 2010 la propia ONU obliga a la entonces ministra de Igualdad, Doña Bibiana Aído a retractarse de las cifras que maneja con tanta alegría, a las que la propia ONU había ya publicado con anterioridad.

Mientras esta ministra venida de recolocadora de sillas en un centro cívico de Cádiz, dañaba cada día la dignidad de nuestro colectivo y menospreciaba a las verdaderas víctimas, aquellas que sí son sometidas a trata y a explotación  con su ya famoso 99%, la ONU ya se movía en esta cifra bien distinta: “Una de cada siete mujeres que trabajan en la prostitución son víctimas de Trata”.

Pues bien, 1 de cada 7, representa menos del 15% dato del cual nos alegramos con vehemencia porque significa que no hay tantas personas en esa situación.

Pero aunque sólo fuera una en todo el mundo, seguiríamos luchando contra la explotación y la trata, no sólo de mujeres, sino de personas.

No sólo en el mundo del sexo de pago, si no también en sectores como el textil o el agrario. Este año pasado, 2013, hemos sido espectadores de cómo obreros que trabajaban para empresas españolas en diferentes países, acababan muriendo en unas lamentables condiciones de trabajo. Tampoco nos resulta ajena en nuestro país, la explotación a la que algunos empresarios del campo, obligan a venir desde sus países a unos trabajadores a los que “pagan” con un alojamiento inmundo y una comida tan escasa como poco nutritiva. Sin olvidarnos de los abusos de los que son víctimas miles de personas que trabajan en el servicio doméstico, sobre todo en el fijo. Se les retiran los pasaportes nada más llegar al país de destino y están obligados a hacer jornadas de 24h./7 días a la semana para la familia demandante.

Si hablamos de Trata de Seres Humanos, hagámoslo en serio.

De lo contrario, mantengamos la boca cerrada y hagamos aquello que mejor sabemos hacer. Mirar hacia otro lado.

La OIT (La OIT es el organismo de las Naciones Unidas especializado en los temas relacionados con el empleo y el desarrollo y la aplicación de las normas internacionales de trabajo. Fundada en 1919, es la más antigua de cuantas se integran en el sistema de las Naciones Unidas. La OIT cuenta en la actualidad con 174 Estados Miembros) también está firmemente a favor de los Derechos de lxs Trabajadorxs  y exhortó a los gobiernos a reconocer OFICIALMENTE, la industria de la Prostitución.

Llegados a este punto, sólo nos queda referirnos a lxs atacantes del Libre Ejercicio de la Prostitución como enemigxs de las mujeres, en tanto en cuanto, es a nosotras básicamente, a quienes atacan, negándonos nuestros Legítimos Derechos como Trabajadoras.

 

Paula Vip

Conxa Borrell

 

La despenalización de terceros.

Informe de NSWP

 

Cuando mi jefe es penalizado, no puedo llevar condones conmigo al trabajo”.

 

http://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/thirdparties3_0_0.pdf

 

El movimiento global por los derechos de las trabajadoras sexuales reclama la plena despenalización del trabajo sexual, incluída la despenalización de terceros. El movimiento por los derechos de las trabajadoras sexuales cree que la despenalización ayudará a las trabajadoras sexuales a organizarse para extirpar la explotación, la opresión y la violencia y para luchar contra condiciones de trabajo desleales o abusivas instituídas por los agentes estatales y no estatales. Etiquetar la despenalización como un intento de legalizar “proxenetas y propietarios de burdeles” no ayuda a las trabajadoras sexuales en la lucha por sus derechos y por la justicia.

NSWP usa el término “terceros” porque este término reconoce las muy diversas relaciones de trabajo con terceras partes que tienen las trabajadoras sexuales. Por el contrario, el término “proxeneta” es estigmatizante tanto por presentar un estereotipo racializado (y limitado en la medida en que sólo abarca una forma de relación de trabajo con terceros) como por posicionar a las trabajadoras sexuales como víctimas en vez de como trabajadoras.

En realidad, las trabajadoras sexuales tienen una amplia variedad de relaciones con terceros. Las trabajadoras sexuales pueden ser empleadas, empleadoras, o participar en una gama de otras relaciones de trabajo, por ejemplo, pagando a alguien para que les haga la publicidad. Aunque planteadas como destinadas a controlar las relaciones de trabajo de las trabajadoras sexuales, las leyes contra terceros pueden ser usadas también para controlar las relaciones personales de las trabajadoras sexuales.

En relación a esto, la postura fundamental de NSWP es: “oposición a todas las formas de penalización y a cualquier otra opresión legal del trabajo sexual (incluyendo a las trabajadoras sexuales, a los clientes, a las terceras partes[1], a las familias, a las parejas y a los amigos)”. Todas las organizaciones miembros de NSWP en todo el mundo han firmado esta postura fundamental.

Este texto proporcionará una visión general de cómo los marcos legales que penalizan a terceros dañan a las trabajadoras sexuales, centrándose en las siguientes áreas principales:

  • Cómo la penalización de los lugares de trabajo de las trabajadoras sexuales (y de los terceros que los dirigen) expone a las trabajadoras sexuales a un mayor riesgo de transmisión del VIH, en contravención de la recomendación 200 de la OIT. 
  • Cómo la penalización de los gerentes obliga a las trabajadoras sexuales a trabajar de forma más insegura, y cómo la despenalización de los gerentes ha permitido a las trabajadoras sexuales combatir las condiciones de trabajo abusivas y rehusar a los clientes que no quieren ver. 
  • Cómo las trabajadoras sexuales son perseguidas en aplicación de las leyes contra terceros, usando los condones como prueba, lo que supone un riesgo para su salud. 
  • Cómo las trabajadoras sexuales pueden ser a la vez trabajadoras sexuales y terceras partes, y así ser perseguidas en aplicación de las leyes contra terceros cuando el Estado quiere perseguir a las trabajadoras sexuales; por ejemplo, si dos trabajadoras sexuales están trabajando juntas por seguridad, cada una de ellas es un “tercero” para la otra. 
  • Que los hijos o parejas de las trabajadoras sexuales son perseguidas como terceros, en contravención del artículo octavo de la Convención de Derechos Humanos de la ONU, que garantiza el derecho a la privacidad y a la vida en familia. 
  • Cómo la policía usa las leyes contra terceros para acosar a las trabajadoras sexuales, persiguiendo a aquellos que caen bajo las leyes contra terceros, como por ejemplo los caseros, haciendo que las trabajadoras sexuales vivan en un estado de inseguridad en cuanto a la vivienda. 

Lugares de trabajo y VIH

La recomendación 200 de la OIT, que se aplica a las trabajadoras sexuales, señala “el importante papel que juega el lugar de trabajo en relación a la información y al acceso a la prevención, tratamiento, cuidados y apoyo en la respuesta nacional al VIH y al SIDA”. La OIT recalca que el papel del lugar de trabajo resulta más crucial cuando los trabajadores forman parte de grupos de riesgo (“especialmente en las ocupaciones que están más expuestas”), como ocurre con las trabajadoras sexuales.

La OIT afirma que “la prevención por todos los medios de la transmisión del VIH debería ser una prioridad fundamental; los trabajadores, sus familias y los que dependen de ellos deberían tener acceso  a la prevención, tratamiento, cuidados y apoyo en relación al VIH y al SIDA y beneficiarse de ellos, y el lugar de trabajo debería jugar un papel en la facilitación del acceso a estos servicios”,

Más aún, afirma, lo que tiene particular relevancia para las trabajadoras sexuales, que a los trabajadores se les debe dar “acceso a todos los métodos de prevención, incluidos, entre otros, la disponibilidad garantizada de los medios necesarios, en particular preservativos masculinos y femeninos y, si procede, información sobre su utilización correcta, y acceso a medidas de profilaxis posterior a la exposición”.

La recomendación 200, al reclamar que los trabajadores tengan el derecho al acceso a lugares de trabajo que proporcionen protección en el lugar de trabajo frente a la transmisión del VIH (así como apoyo y atención sanitaria relevante para los trabajadores que vivan con VIH),  y al reconocer que las trabajadoras sexuales están incluídas en la recomendación, hace resaltar que la comunidad internacional ha aceptado ya que a) las trabajadoras sexuales merecen protección en el lugar de trabajo frente al VIH y b) que la programación basada en derechos (en lugar de en penalización) es el modo de proporcionar esta protección en el lugar de trabajo.

La penalización de las terceras partes limita directamente el acceso de las trabajadoras sexuales a lugares de trabajo seguros. En Corea del Sur, donde los gerentes y los clientes están penalizados, las trabajadoras sexuales sufren los efectos de esta penalización. Los locales de trabajo sexual de interior tales como burdeles o salones de masaje se niegan a proporcionar condones, ya que éstos pueden ser usados por la policía como prueba de que se hace trabajo sexual, penalizando así al gerente. Por tanto, el deseo del gerente de no ser perseguido está en conflicto con su capacidad de proporcionar protecciones adecuadas en el lugar de trabajo y, como resultado, los investigadores estiman que hay un gran incremente en las enfermedades de transmisión sexual —incluído el VIH— desde la implementación de la ley.

En los EE.UU., el uso por las fuerzas de policía de los condones como prueba ha sido defendido por algunos activistas sobre la base de que ello proporciona una útil herramienta con la que combatir a los “proxenetas”. Obviamente, esta política tiene serias implicaciones para la capacidad de todas las trabajadoras sexuales radicadas en los EE.UU. de protegerse a sí mismas mientras trabajan; ello demuestra también la confusión existente entre las categorías “tercera parte” y “trabajadora sexual”, confusión que es utilizada para penalizar a las trabajadoras sexuales incluso en contextos en los que, al contrario que en los EE.UU., las trabajadoras sexuales no están directamente penalizadas. En otras palabras, los estados o los agentes estatales que quieren perseguir a las trabajadoras sexuales en contextos en los que las mismas trabajadoras sexuales no están directamente penalizadas, no tendrán más que decir que la trabajadora sexual es una tercera parte, y usar las pruebas de su trabajo sexual (tales como los condones) para respaldar su afirmación.

En Suecia, incluso los proyectos de reducción de daños que distribuyen condones a las trabajadoras sexuales y los clientes “podrían ser percibidos como promotores de la prostitución”, lo que los coloca en una zona gris legal como potenciales ‘terceras partes’[2]. Estos tres ejemplos, de Corea del Sur, Estados Unidos y Suecia, demuestran que en todo el mundo la penalización de terceros impide una respuesta efectiva frente al VIH, en directa contravención de la mejor práctica de salud pública, y de la recomendación 200 de la OIT. Las leyes que criminalizan a las terceras partes ponen en riesgo la salud de las trabajadoras sexuales.

La penalizazión de los gerentes fuerza a las trabajadoras sexuales a trabajar de forma más insegura. 

Muchas trabajadoras sexules —tanto de interior como de calle— prefieren trabajar para alguien. En la India, los terceros son hombres o mujeres que encuentran clientes en la calle y los conducen hasta una trabajadora sexual de interior, a cambio de un porcentaje de los honorarios de la trabajadora. La penalización de esta figura significa que algunas trabajadoras sexuales se ven forzadas a encontrar clientes en la calle por sí mismas, cuando sería más seguro permanecer en el interior. Forzar a las trabajadoras sexuales a trabajar fuera porque la relación que las permite trabajar dentro está penalizada, expone a las trabajadoras al acoso y la violencia debidas al estigma llevada a cabo por parte de algunos individuos. Los gerentes son también cruciales para la seguridad de las trabajadoras sexuales en todos los sectores: el colectivo de trabajadoras sexuales indias VAMP señala: “los propietarios de burdeles juegan un papel clave en la protección de las trabajadoras sexuales frente a la violencia y la coacción”. Penalizar estas relaciones de trabajo reduce la seguridad de las trabajadoras sexuales.

En Nueva Zelanda, donde el trabajo sexual está despenalizado, un estudio destinado a examinar los efectos de la ley encontró pruebas sugerentes de que las trabajadoras sexuales estaban más empoderadas en sus relaciones con los gerentes[3]. Las trabajadoras sexuales indicaron que les era más fácil rechazar a clientes que no querían ver, y se sentían apoyadas en eso por sus gerentes. Más aún, en un marco de despenalización, las leyes laborales se aplican al trabajo sexual, dando a las trabajadoras sexuales derechos laborales y recursos para enfrentarse a los gerentes; derechos y recursos que las trabajadoras sexuales no tienen en un contexto en el que los gerentes son penalizados por la única razón de serlo. Como tal, la despenalización de los gerentes permite a las trabajadoras sexuales trabajar con seguridad en el sector de su elección, y hacer frente a condiciones laborales abusivas o injustas.

Las trabajadoras sexuales son perseguidas bajo las leyes contra terceros 

Las poblaciones de trabajadoras sexuales alrededor del mundo a menudo se solapan en gran medida con otras poblaciones penalizadas o estigmatizadas: por ejemplo, personas LBGTQ,  personas que usan drogas, o migrantes. Como tales, las leyes que son usadas para perseguir a las trabajadoras sexuales no son necesariamente leyes redactadas específicamente para las trabajadoras sexuales. Por ejemplo, las leyes contra la homosexualidad masculina se usan frecuentemente para acosar y penalizar más a trabajadorxs sexuales tanto hombres como (erróneamente) transexuales.

Las leyes contra terceros son por definición leyes que no penalizan directamente a las trabajadoras sexuales; sin embargo, en la práctica estas leyes tanto penalizan directamente a las trabajadoras sexuales como, al contribuir al contexto penalizado en el que las trabajadoras sexuales se ven forzadas a trabajar, aumentan la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales al VIH (como se ha expuesto arriba), a la explotación, al estigma y a la violencia (incluída la violencia de la policía). El tema de la violencia es particularmente relevante en relación a las leyes contra terceros, ya que cualquier trabajadora sexual que desee trabajar con otra persona, por ejemplo por seguridad, estará entrando en una relación de tercera parte.

Como se ha expuesto arriba respecto al tema de los condones como prueba, allí donde los terceros son penalizados y la policía desea perseguir a las trabajadoras sexuales, se difumina la diferencia entre la definición de ‘trabajadora sexual’ y la de ‘tercera parte’. Algunos activistas anti-trabajo sexual han argumentado a favor de seguir usando los condones como prueba, sobre la base de que ello hace más fácil atrapar a los “proxenetas”. Estas campañas anti-trabajo sexual están fusionando deliberadamente a las trabajadoras sexuales con las terceras partes (y apoyando una táctica policial que pone en peligro la salud de las trabajadoras sexuales). Las trabajadoras sexuales y los terceros son tratados como si fueran lo mismo por aquellos que aplican la ley, lo que significa que las trabajadoras sexuales son penalizadas de hecho y sus derechos humanos violados.

Las trabajadoras sexuales pueden ser también terceras partes, y perseguidas bajo las leyes contra las terceras partes, en particular cuando toman medidas para garantizar su seguridad en el trabajo. 

Cualquier trabajadora sexual que trabaje con una amiga, incluso aunque no haya intercambio de dinero entre ellas, se convierte en una ‘tercera parte’. En el Reino Unido, donde el intercambio de sexo o servicios sexuales por dinero no está penalizado en sí mismo, pero sí las terceras partes, las trabajadoras sexuales son perseguidas usando las leyes contra las terceras partes cuando trabajan juntas por seguridad.

Esta persecución es a menudo llevada más allá de lo que puede ser considerado razonable, demostrando hasta qué punto el Estado desea usar las leyes contra terceros para acosar a las personas que sabe que son trabajadoras sexuales. En 2009, el servicio de procesamiento de la corona del Reino Unido realizó el procesamiento de una trabajadora sexual bajo las leyes contra los propietarios de burdeles, a pesar del hecho de que había estado trabajando con otra mujer por seguridad tras sufrir violencia en el pasado, y a pesar del hecho de que padecía cáncer. Al estar luchando contra una enfermedad potencialmente fatal y ser procesada por un delito no violento, el que no se interrumpiera el procesamiento fue una violación de las propias directrices del CPS relativas a los contextos razonables en los que llevar a cabo causas penales. Las trabajadoras sexuales son, pues, directamente penalizadas  bajo las leyes contra terceros, en la medida en que agentes estatales que deseen acosar legalmente a las trabajadoras sexuales las procesarán bajo las leyes contra terceros.

Los miembros de las familias de las trabajadoras sexuales son acosados bajo las leyes contra terceros. 

En la India, la Ley de Prevención de Trata Inmoral penaliza a los hijos adultos de las trabajadoras sexuales (como “proxenetas”) si siguien viviendo con sus madres, o si aceptan ayuda financiera de estas, por ejemplo, para pagarles los estudios. El artículo octavo de la declaración de los derechos humanos de las Naciones Unidas garantiza el derecho a la vida privada y familiar, pero en todas partes en las que hay leyes contra terceros, el derecho de las trabajadoras sexuales a la vida privada y familiar es violado en la medida en que parejas e hijos adultos son penalizados por vivir con las trabajadoras sexuales o compartir sus ingresos.

Las leyes contra terceros pueden ser usadas por la policía para impedir el acceso de las trabajadoras sexuales a servicios como la vivienda. 

En Noruega, la ‘Operación Sin Techo’ permitió a la policía acosar a las trabajadoras sexuales —mediante la inseguridad de vivienda implícita en el nombre de la operación— mediante las leyes contra terceros. Bajo las leyes por las que un casero puede ser procesado por vivir de las ganancias de una trabajadora sexual, la policía llamó a los caseros de aquellas que sospechaba que eran trabajadoras sexuales, y les advirtió que o echaban de inmediato a la inquilina o ellos mismos serían procesados. Las trabajadoras sexuales fueron echadas a la calle, en un claro caso de cómo las leyes contra terceros pueden a) facilitar la represión policial de las trabajadoras sexuales, incluso en marcos legales en los que las trabajadoras sexuales mismas no están penalizadas aparentemente, y b) violar los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, con consecuencias particularmente negativas sobre la capacidad de las trabajadoras sexuales de proteger su salud (el desahucio repentino de una trabajadora sexual reducirá su poder negociador en el trabajo, con un efecto directo en su capacidad de exigir sexo con protección). Más aún, este acoso es extrajudicial en la medida en que los caseros solo necesitan la amenaza de un procesamiento para que echen a sus inquilinas, y la policía solo necesita sospechar  que una persona es trabajadora sexual para hacer la amenaza.

Así que los derechos de las trabajadoras sexuales son violados cuando las leyes contra terceros penalizan aspectos del trabajo sexual, ya que esas leyes serán invariablemente usadas contra los miembros de la familia y los asociados de las trabajadoras sexuales, así como penalizarán directamente a las trabajadoras sexuales cuando los agentes del Estado que deseen acosar legalmente a una población estigmatizada usen las leyes contra terceros contra las trabajadoras sexuales, ya procesándolas como si fueran terceras partes (como en el ejemplo del Reino Unido) o amenazando con las leyes contra terceros a cualquiera que se asocie con trabajadoras sexuales, a fin de aumentar la marginación social de las trabajdoras sexuales  (por ejemplo, aumentando la inseguridad de vivienda, como en el ejemplo noruego).


[1] El término ‘terceras partes’ incluye gerentes, propietarios de burdel, recepcionistas, empleadas de hogar, conductores, caseros, hoteles que alquilan habitaciones a trabajadoras sexuales y cualquier otra persona que sea vista como facilitadora del trabajo sexual