Así se aprobó la Ley de Prostitución de Nueva Zelanda

 

 

Capítulo del libro Feminism, Prostitution and the State: The Politics of Neo-Abolitionism

editado por Eilis Ward,Gillian Wylie

 

http://bit.ly/2jlRivB

 

En busca de una sociedad justa y libre

La regulación del trabajo sexual en Nueva Zelanda

Por Gillian Abel

 

Introducción

El compromiso con los derechos humanos de todos los ciudadanos es de gran importancia en Nueva Zelanda. El país ha luchado mucho por los derechos humanos y ahora trabaja para mantenerlos.

 

(Barnett, Healy et al 2010: 71)

 

Las trabajadoras del sexo de Nueva Zelanda (NZ) libraron una larga batalla por los derechos humanos y en 2003 vencieron cuando se aprobó la Ley de Reforma de la Prostitución (PRA). Lograr la despenalización del trabajo sexual ha sido problemático en el contexto global, dada la creciente dominación de un discurso neoabolicionista que equipara la prostitución con la trata. Para el resto del mundo, parecía algo sorprendente que este discurso estuviera silenciado en Nueva Zelanda. Los neozelandeses han estado tradicionalmente “cableados” por una preocupación cultural por la justicia y la necesidad de que todos puedan tener una “salida justa” (Bromell 2014). En una interesante comparación de las historias de Nueva Zelanda y los Estados Unidos de América, Fisher (2012) escribió, entre otras cosas, sobre la cuestión de los derechos de la mujer. Mientras que las defensoras de los derechos de las mujeres en los Estados Unidos se concentraron en la libertad y la autonomía en su búsqueda de la igualdad, en NZ la justicia social y política y las nociones de equidad fueron los mensajes clave que resonaron. Esta diferencia no sólo era pertinente a los derechos de las mujeres, sino a todas las cuestiones sociales. Sugirió que esta diferencia se debía a las diferentes formas en que estos países fueron colonizados. Mientras que los EE.UU. se fundaron en el siglo XVII por personas que se consideraban víctimas de la tiranía y la persecución, NZ fue ocupada en el siglo XIX por personas que se sentían víctimas de la injusticia social y la inequidad (Bromell, 2014). En consecuencia, mientras los estadounidenses luchaban por el principio de la libertad y la ausencia de la opresión, los de Nueva Zelanda estaban más concentrados en el principio de justicia y equidad. ¿Podría ser que el contexto cultural de justicia en Nueva Zelanda silenciara la voz neoabolicionista?

Es en el contexto de justicia social y política que Tim Barnett, diputado del Partido Laborista, presentó el proyecto de reforma de la prostitución al Parlamento de Nueva Zelanda en septiembre de 2000. El arquitecto de este proyecto de ley fue el Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda (NZPC), una organización de derechos de las trabajadoras sexuales fundada en 1987. El proyecto de ley propuso la derogación de todas las leyes que regulaban las actividades sexuales clandestinas, allanando el camino para una industria sexual despenalizada en Nueva Zelanda. El objetivo declarado del proyecto de ley era despenalizar la prostitución y al hacerlo:

 

  • Salvaguardar los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y protegerlas de la explotación;
  • Promover el bienestar y la salud y la seguridad ocupacional de las trabajadoras sexuales
  • Crear un entorno propicio para la salud pública;
  • Proteger a los niños contra la explotación en relación con la prostitución.

El trabajo sexual es un tema polémico y ninguno de los principales partidos políticos (Laborista y Nacional) de Nueva Zelanda estaba preparado para introducir la despenalización como una iniciativa de partido. En cambio, entró en el parlamento como un proyecto de ley de un miembro privado y se dejó a cada diputado votar de acuerdo a su conciencia. Esto significó que el trabajo de persuación (lobbying) estuvo casi exclusivamente confinado a este grupo de personas, es decir, los diputados. No hubo debates públicos sobre este tema, ni manifestaciones ni referéndum público. El público pudo expresar su opinión a través de sugerencias a la Comisión de Justicia y Electoral del Parlamento de NZ, pero en última instancia, la decisión de despenalizar la clandestinidad sexual fue dejada a los parlamentarios. En junio de 2003, después de la lectura final del proyecto de ley, 60 diputados votaron a favor de la despenalización, 59 en contra y uno se abstuvo).

El principio de justicia estableció el escenario para la introducción del proyecto de ley al parlamento, pero como se argumentará en este capítulo, no fue suficiente para mantener su paso a través de las tres lecturas. La libertad tuvo que salir también a colación. Pero no fue libertad en el sentido de ‘liberación de la opresión’, sino que fue libertad de elección y libertad de poder tener una “salida justa”. Sigue habiendo preguntas sobre cómo la voz abolicionista dominante de la “liberación de la opresión” estuvo aparentemente ausente cuando goza de tanto poder en otros países occidentales. ¿Qué hace diferente a NZ? Un análisis del debate que tuvo lugar en el parlamento sobre el proyecto de ley parece un método útil para empezar a abordar esta cuestión.

 

Para analizar cualquier política pública es necesario primero hacer explícito el “problema” antes de analizarlo. Bacchi (2009) sostiene que los “problemas” se crean dentro del proceso de formulación de leyes y que, por lo tanto, los “problemas” pueden ser vistos como moldeados por las leyes y no resueltos por éstas. Ella plantea seis preguntas que deben ser abordadas al analizar cualquier “problema”:

  • ¿Cuál es el ‘problema’ representado?
  • ¿Cuáles son los supuestos que subyacen a la representación del “problema”?
  • ¿Cómo ha llegado a ser representado el “problema” de esta manera?
  • ¿Se puede pensar este “problema” de manera diferente?
  • ¿Qué efectos produce la representación del “problema”?
  • ¿Cómo o dónde se ha producido, difundido y defendido la representación del “problema”?

Carson y Edwards (2011) utilizaron el marco de Bacchi para analizar las leyes de trabajo sexual en Suecia y Victoria (Australia) con un enfoque particular en el “lado de la demanda” del trabajo sexual y su relación con la trata sexual. Sugirieron que esto proporcionaba un modo sistemático de separar los principales temas implicados. El presente trabajo recoge esta sugerencia, pero no pretende hacer comparaciones con ningún otro modo de regulación del trabajo sexual. Lo que sí proporciona es una idea de los argumentos que enmarcan el trabajo sexual en Nueva Zelanda como una ocupación de elección y no como un símbolo de opresión. En el resto de este capítulo, utilizaré las seis preguntas de Bacchi para analizar los debates sobre el proyecto de ley entre octubre de 2000 y junio de 2003.

Antes de emprender el análisis, es necesario posicionarme en el debate sobre la regulación del trabajo sexual ya que el enfoque que aporte al análisis no puede estar libre de valores. Mi posición ante el trabajo sexual se basa en mi compromiso con los principios de justicia social de la salud pública. Gran parte del énfasis de la salud pública en el pasado ha sido minimizar el daño, y este impulso ha estado detrás de los llamamientos para la despenalización del trabajo sexual. Pero cada vez más, la salud pública está reconociendo las cuestiones de derechos humanos asociadas con la penalización de personas que, por propia voluntad, trabajan en la industria del sexo. Los derechos humanos son esenciales para abordar los determinantes subyacentes de la salud (Organización Mundial de la Salud, 2007) y este es el enfoque de la salud pública. Cualquier respuesta al trabajo sexual debe comenzar con los puntos de vista de quienes trabajan en esta industria y todos deben asumir una responsabilidad colectiva en intervenir a través de prácticas y normas de minimización de daños (O’Neill, Beyrer, Crago et al., 2014). La despenalización del trabajo sexual es un ejemplo de política de salud pública eficaz que se desarrolló en colaboración en Nueva Zelanda (Abel, Fitzgerald et al 2010). La filosofía de salud pública de minimización de daños y derechos humanos estuvo en el corazón de este cambio regulatorio. Yo uso los términos “trabajo sexual” y “prostitución” de manera intercambiable en este capítulo dependiendo del contexto teórico del argumento.

 

¿Cuál es el problema representado?

El proyecto fue redactado por NZPC, con la ayuda de abogados, académicos y otros, para “satisfacer las necesidades de las trabajadores sexuales” (Barnett, Healy et al 2010: 62) y proteger su bienestar (Harrington 2012). Aceptó el trabajo sexual como una elección ocupacional y que las leyes que penalizaban las actividades sexuales negaban los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y las colocaban en riesgo de daño. Al analizar las intenciones del proyecto de ley (se indica en la introducción), es evidente que los supuestos eran que la vieja ley no daba a las trabajadoras sexuales el derecho a negarse a prestar ningún servicio comercial ya que eran susceptibles a la coacción de otros, como operadores de burdeles o clientes; no proporcionaba a las trabajadoras sexuales la protección laboral que se otorgaba a los trabajadores de otras ocupaciones; no fomentaba prácticas sexuales más seguras; y no protegía a los niños (menores de 18 años) de la tentación de la industria del sexo. La presunción era que estos riesgos serían minimizados por una nueva legislación que proporcionare derechos a las trabajadoras sexuales y las considerare involucradas en un trabajo legal reconocido. Los clientes se representan como un problema sólo en la medida en que pueden coaccionar o explotar a las trabajadoras sexuales que trabajan en el contexto del actual entorno legislativo.

 

¿Qué suposiciones subyacen a la representación del problema?

Las suposiciones subyacentes a la posición de que la penalización de las actividades de trabajo sexual creaban riesgos y negaban los derechos humanos se debían a la combinación de los derechos de las trabajadoras sexuales y la perspectiva de la salud pública. La investigación sobre el trabajo sexual llevada a cabo en Nueva Zelanda ha sido en su mayoría participativa, por y para las trabajadoras sexuales, y Harrington (2012) ha sugerido que esto ha producido un conocimiento que ha dado voz a las trabajadoras sexuales en la política. Sostiene que los políticos y los académicos no han problematizado la conducta sexual masculina y no han criticado la comercialización del sexo y, en gran medida, esto es correcto. Ya en la década de 1990, NZPC había desarrollado vínculos con académicos de salud pública y varios proyectos de investigación se llevaron a cabo utilizando un enfoque participativo basado en la comunidad. Aunque la mayoría de las investigaciones examinaron la salud y la seguridad de las trabajadoras sexuales en un ambiente penalizado (Chetwynd 1992, Chetwynd 1996, Plumridge y Abel 2000, Plumridge 2001, Plumridge y Abel 2001), se llevaron a cabo algunos pequeños trabajos de investigación con los clientes (Chetwynd y Plumridge 1994, Plumridge, Chetwynd y col., 1996, Plumridge, Chetwynd et al., 1997a, Plumridge, Chetwynd et al., 1997b). Esto se reflejó en la mayoría de las participantes en la investigación realizada en Nueva Zelanda, que aunque fueron capaces de citar al menos algunas experiencias desagradables con los clientes, en general dijeron que les gustaban sus clientes y disfrutaban del contacto con ellos (Plumridge y Abel 2000, Abel 2010) . La investigación proporcionó pruebas de que la penalización creaba una barrera para una industria del sexo segura, y Barnett se basó en esto en la construcción de sus discursos para las tres lecturas parlamentarias. Por lo tanto, estaban muy enfocados en temas de salud pública, de justicia social y de minimización del daño.

 

Cuando Barnett presentó el proyecto de ley en su primera lectura en octubre de 2000, se centró casi exclusivamente en la justicia social al enfatizar las injusticias “genuinas” y “reales” de la ley:

No estoy solo y mi causa es impulsada por una pasión nacida de la injusticia. Este proyecto de ley reemplaza una ley moralista por una ley justa … Las injusticias en la ley actual son claras y predecibles, y son reales. Los últimos 5 años han visto a 410 personas condenadas, innumerables horas de tiempo de la policía dedicadas a cruzadas esencialmente morales e improductivas, y la criminalidad genuina ocultada por el secreto y el misterio generados por la ley de prostitución actual. La reforma de esta ley puede ser vista como la limpieza de unos establos que llevan un siglo de desorden acumulado, la eliminación de las capas de la hipocresía victoriana, el raspado de los abusos a las trabajadoras sexuales sancionadas por nuestras leyes de prostitución actuales, el lavado de los peligros de salud pública generados por la penalización de la profesión más antigua, y el reemplazo del hedor del estigma que afecta a las trabajadoras sexuales debido a la posición en la que las pone la ley. Los diputados pueden estar en desacuerdo conmigo sobre la mejor manera de limpiar los establos, por dónde empezar, y la mejor manera de eliminar las manchas. Pero ¿alguien en esta Cámara realmente se atreve a afirmar que el establo no está sucio? Si todos los diputados creen que la ley de la prostitución necesita una limpieza, entonces el apoyo a este proyecto de ley es nuestra única opción … Las cuestiones planteadas por este proyecto de ley pueden ser difíciles, pero no deben ser vistas por nadie en esta Cámara como una amenaza. Son preocupaciones de importancia vital para algunas personas en nuestra comunidad. Es absolutamente correcto y adecuado que este Parlamento se ocupe de ellas. (Ley de reforma de la prostitución, Primera lectura, 11 de octubre de 2000)

Barnett instó a los parlamentarios a purgar las viejas leyes que penalizaban las actividades sexuales e hicieron una industria sexual no segura, para dar paso a una ley más moderna, liberal y “justa”. Desafió a los diputados a que dijeran si alguno no estaba de acuerdo con que la ley era el “problema” y ninguno se levantó para refutar esto. Las leyes moralistas y obsoletas, afirmó, hicieron que la industria fuera insegura e injusta y un peligro para la salud pública. Él y los partidarios del proyecto de ley se refirieron a esta “mala ley” como victoriana. La vinculación de la ley con los tiempos victorianos también fue reforzada por la analogía que Barnett proporcionó en su primer discurso, comparando la limpieza de la ley con la limpieza de los establos. Las metáforas se usan con frecuencia, particularmente en los medios de comunicación, para dar a entender que el trabajo sexual es sucio y malo (Stenvoll 2002, O’Neill y Campbell 2006). Fue interesante que en este caso Barnett lo diera la vuelta. Reforzando la naturaleza “sucia” del trabajo sexual, echó la culpa de esto a la ley y no al trabajo mismo. El tono del discurso evocó imágenes del movimiento sanitario de salud pública en la Inglaterra victoriana, librando las ciudades de aguas residuales, basura podrida y miasmas en un esfuerzo por combatir las enfermedades, lo que proporcionó un buen trampolín para sus posteriores argumentos de salud pública para minimizar el daño.

Diez diputados se dirigieron al Parlamento tras el discurso de apertura de Bamett: seis hablaron a favor del proyecto de ley (cinco de ellos eran mujeres) y cuatro en contra (todos hombres). Los partidarios de la despenalización siguieron el ejemplo de Barnett al destacar las injusticias y desigualdades causadas por la legislación vigente, como lo demuestran los siguientes ejemplos:

Las objeciones que he oído no tienen peso contra la injusticia básica que está escrita en nuestras leyes.

(Liz Gordon, Partido Alianza, Ley de Reforma de la Prostitución, Firs Reading, II Octubre de 2000)

Nuestras leyes actuales son inviables y simplemente discriminatorias. Estigmatizan y castigan principalmente a la fuerza laboral femenina. Ellas (las trabajadoras sexuales) pueden sufrir arbitrarias e injustas reglas de trabajo.

(Anne Tolley, portavoz del Partido Nacional de Asuntos de la Mujer, Ley de reforma de la prostitución, primera lectura, 8 de noviembre de 2000)

 

Esperamos con interés el día en que las mujeres y los hombres en este país ya no serán perseguidos debido a leyes anticuadas e inicuas.

(Sue Bradford, Partido Verde, Ley de Reforma de la Prostitución,
Primera lectura, 8 de noviembre de 2000)

Aunque la justicia social se filtró bajo la superficie en las lecturas segunda y tercera del proyecto de ley, lo que vino a primer plano fue un discurso que ponía más énfasis en la ley que protegía y minimizaba los riesgos; Un discurso que liberó a las trabajadoras sexuales de los daños que sufrían a causa de la vieja ley. No era que los diputados pro-despenalización hubieran cambiado sus ideas sobre el “derecho justo”, sino que percibían que la minimización del daño era más negociable que los derechos humanos. De hecho, Barnett reflejó que algunos diputados que tenían una antipatía personal hacia el trabajo sexual fueron persuadidos a votar a favor de la despenalización por el argumento de minimización de daños (Barnett, Healy et al., 2010).

 

¿Cómo se llegó a representar el “problema” de esta manera?

El giro a un argumento de minimización de daños se produjo después de la primera lectura cuando el proyecto de ley fue enviado a la Comisión de Justicia y Electoral. El comité examinó 222 comunicaciones de individuos y organizaciones, debatieron entre ellos y luego hicieron enmiendas que trataban directamente “los daños y riesgos potenciales exclusivos de la prostitución” (Tim Barnett, Partido Laborista, Ley de Reforma de la Prostitución, tercera lectura, 25 de junio de 2003). Presentaron la ley existente como insostenible en la medida en que disparaba los riesgos e identificaron qué riesgos podrían ser tratados por la ley y qué riesgos necesitaban una ley especial centrada en la prostitución. La justicia social era un tema muy secundario.

Los principales argumentos de los diputados que estaban contra la despenalización eran que la prostitución era moralmente corrupta, insalubre y perjudicial, y si se despenalizaba, alentaría a más gente a unirse a la industria, habría más delincuencia, más drogas, más pandillas, más tráfico y más trabajadoras menores de edad. Estos argumentos fueron bien rebatidos por la retórica de minimización de daños en las lecturas segunda y tercera, donde el enfoque se centró en la libertad y la elección individuales. Barnett recordó a los parlamentarios los argumentos contra otros cambios de la ley en el pasado, tales como la reforma del derecho homosexual y la implementación de un sistema de intercambio de agujas que “no había llevado al desastre. De hecho, esas medidas y otras han llevado a una vida más completa y menos arriesgada y han mejorado la libertad individual de los afectados. El proyecto de ley de reforma de la prostitución es sólo eso “. (Barnett, Ley de reforma de la prostitución, segunda lectura, 19 de febrero de 24203). El argumento pragmático de salud pública de que “la prostitución está aquí para quedarse” y por lo tanto es una necesidad “resolver la mejor manera de controlar estos daños” fue el fuerte mensaje de Bamett en su lectura final del proyecto de ley:

Es una medida de despenalización, similar a toda nuestra familia de leyes relacionadas con la salud pública. No trata de etiquetar la prostitución como normal, pero acepta su inevitabilidad ….. Habiendo aceptado que la prostitución está aquí para quedarse, les guste o no, lo siguiente es identificar qué problemas genera …. La siguiente etapa es elaborar la mejor forma de controlar esos daños. Eso es minimizar el daño.

(Ley de reforma de la prostitución, tercera lectura, 25 de junio de 2003)

Hubo menos oradores que se levantaron para hablar a favor de la ley (cuatro) que los que hablaron en contra (13) en la discusión final. Sue Bradford (Partido Verde) habló a favor del proyecto de ley en las tres lecturas y su discurso, como el de Barnett, había evolucionado. Citó a organizaciones respetadas como la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia que apoyaban la despenalización, “porque saben que las leyes restrictivas simplemente alientan la violencia, la trata, la violación y la propagación del VIH / SIDA, no lo contrario. La manera de combatir estas cosas es a través del enfoque de minimización de daños promovido en el proyecto de ley que tenemos ante nosotros” (Ley de reforma de la prostitución, tercera lectura, 25 de junio de 2003).

Volvió brevemente a centrarse en los derechos humanos y la justicia social al apelar a otras mujeres en el parlamento a votar por el derecho de las mujeres a optar por trabajar en la industria del sexo y poner fin al estado de cosas que privaban de poder a las mujeres en el trabajo sexual. Después combinó esto con un discurso del daño hablando a favor de la promoción de los derechos y del bienestar de grupos vulnerables y explotados, demandando que “un daño a uno es un daño a todos. Hasta que se elimine ese daño, ninguno de nosotros puede ser verdaderamente libre” ‘(Ley de reforma de la prostitución,

¿Puede el problema ser pensado de manera diferente?

El enfoque en la minimización del daño dejó inexplorado el poder de género en el debate. Las feministas radicales han destacado las desigualdades en la prostitución. La compra de sexo es vista como una violencia contra las mujeres y representa el privilegio masculino (Scoular 2004). Las mujeres son simples objetos sexuales que se pueden comprar y vender en una práctica de esclavitud sexual (Jeffreys 1997). Esto ha alimentado el argumento de que todas las mujeres que participan en la prostitución son objeto de trata y se presta poca atención a la autonomía de las mujeres y a las historias alternativas de las mujeres involucradas (Scoular 2004). Otras feministas no ven el trabajo sexual como inherentemente opresivo y reconocen la autonomía de las mujeres, aunque en algunos usos la autonomía está limitada (O’Neill 2001). Es esta última perspectiva feminista liberal la que está presente con más fuerza en Nueva Zelanda.

Cincuenta y seis de las presentaciones públicas a la Comisión de Justicia y Electoral se basaron en argumentos feministas, con 40 alegatos en defensa de la despenalización y sólo 16 en contra (Laurie 2010). La mayor parte de estas propuestas, tanto a favor como en contra de la despenalización, se basaron en el artículo 6 de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW):

“Las Partes de los Estados adoptarán las medidas apropiadas, incluida la legislación, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y la explotación de la prostitución de mujeres” (ONU Mujeres, 1979).

Esos grupos o individuos feministas que se basaron en el artículo 6 para argumentar contra la despenalización declararon que la despenalización aumentaría la trata Y la explotación de las mujeres, mientras que quienes defendían la despenalización se basaron en este artículo para afirmar que la trata de mujeres se reduciría al eliminar la ilegalidad de su trabajo. Sandra Coney, una de las más destacadas feministas radicales de Nueva Zelanda, escribió personalmente a cada diputado argumentando que la despenalización “haría de Nueva Zelanda un eslabón clave en el comercio mundial de mujeres y crearía el potencial de Nueva Zelanda para convertirse en un destino turístico de prostitución “(Laurie 2010). Proclamó que la prostitución era un símbolo de la desigualdad de género y propuso el “modelo nórdico” como un ejemplo de la manera de regular y finalmente abolir la prostitución.

Coney recibió el apoyo de una diputada del Partido Laborista, Dianne Yates, quien fue una de los nueve miembros del Partido Laborista en votar en contra del proyecto de ley. Propuso una enmienda al proyecto de ley (documento de pedido suplementario 56) para que fuere ilegal ser cliente de una prostituta. Proclamó que el “modelo nórdico” “proporcionaría una mayor igualdad entre hombres y mujeres”. Tuvo poco apoyo en el parlamento y su enmienda fue rechazada por 19 votos frente a 96. Sólo cuatro mujeres diputadas apoyaron esta enmienda. Otras mujeres diputadas se distanciaron de la postura adoptada por Yates y Coney, asumiendo la posición liberal de que las mujeres tienen derecho a la autodeterminación, especialmente en lo que respecta a sus cuerpos y sexualidad. Por ejemplo, en las palabras de Sue Bradford:

Me cuestiono fundamentalmente el derecho del Estado en el día de hoy a interferir con los derechos de las personas mayores de 18 años a tener relaciones sexuales consensuadas entre sí. No puede ser que las trabajadoras sexuales sigan estando expuestas al acoso y al enjuiciamiento por un crimen sin víctimas. Tampoco debemos recurrir al modelo sueco, que enjuicia a los hombres que pagan por el sexo. La experiencia sueca demuestra que todo lo que hace es conducir la prostitución a la clandestinidad. … Yo vengo de otro hilo de pensamiento feminista que cree que es nuestro trabajo hacer todo lo posible para mejorar la vida de las mujeres, incluso la de aquéllas que están en esta ocupación más vulnerable. A menos que realmente creamos que la prostitución va a desaparecer por completo y pronto, creo que lo mejor que podemos hacer como feministas es maximizar las condiciones que ayudarán a poner fin a los peores excesos de violencia, coerción y explotación, en lugar de permitir que la prostitución continúe como un subconjunto del mundo criminal. … Prefiero hacer todo lo que pueda, ahora mismo, para ayudar a proteger y empoderar a aquéllas que, por cualquier razón, han optado por hacer de la prostitución su ocupación.

 

(Sue Bradford, Partido Laborista, Ley de reforma de la prostitución, Segunda Lectura, 19 de febrero de 2003)

 

La principal organización liberal feminista, el Consejo Nacional de Mujeres de Nueva Zelanda (NCWNZ), una organización que agrupa a 43 grupos y asociaciones de mujeres, fue un actor clave en la despenalización del trabajo sexual en Nueva Zelanda. Aunque sentían firmemente que la prostitución representaba un desequilibrio de poder entre hombres y mujeres, consideraban esencial que las trabajadoras sexuales fueran protegidas con independencia de si eligen o no el trabajo sexual. Indicaron en su presentación que la esclavitud sexual no era diferente de otras clases de esclavitud laboral y rechazaron el “modelo nórdico” debido a la situación de peligro en la que colocaría a las trabajadoras del sexo si fueran forzadas a esconderse. Hicieron hincapié en que la despenalización era vital para “proteger los derechos de las trabajadoras sexuales y los niños contra la explotación y la violencia” (Laurie 2010: 94). De esto se hicieron eco las diputadas que votaron a favor de la despenalización:

Se trata de dar a algunas personas los mismos derechos que tienen las demás personas de Nueva Zelanda. … Yo no disculpo la prostitución. Creo que la gente tiene derecho a una vida mejor que la que se puede tener vendiendo sexo. Yo estaría desconsolada si una de mis hijas decidiera entrar en la industria del sexo la prostitución no juega ningún papel en mis sueños para ellas— pero si lo hicieran, yo querría saber que tendrían los mismos derechos que cualquier otra neozelandesa.

(Katherine Rich, Partido Nacional, Proyecto de Ley de Reforma de la Prostitución, Segunda Lectura, 19 de febrero de 2003).

 

Muchos diputados hablaron sobre el doble estándar de penalizar a la trabajadora sexual y no al cliente. Sin embargo, para ellos la solución no era penalizar al cliente. Era una cuestión de ser tratados por igual “… la decencia común exige que otorguemos a las trabajadoras del sexo el mismo estatus en la ley que al cliente: compradores y vendedoras deben ser tratados por igual. La situación actual es sencillamente abominable” (Anne Tolley, Partido Nacional, Proyecto de Ley de Reforma de la Prostitución, Primera Lectura, 8 de noviembre de 2000).

 

Se hizo hincapié en la autodeterminación, y porque se dio prioridad a la elección individual, se hizo necesario establecer protecciones para minimizar los riesgos. Lynne Pillay dijo que apoyaba este proyecto de ley como mujer, porque se trata del derecho de elegir y de estar segura en esa elección “(Lynne PHlay, Partido Laborista, Ley de Reforma de la Prostitución, Segunda Lectura, 19 de febrero de 2003):

He hablado con una serie de prostitutas y de personas del Colectivo de Prostitutas que no ven lo que hacen como degradante para ellas. Si se trata de una actividad a la que se dedican por libre elección, entonces no hay nada degradante … si es degradante, es la decisión de la persona que se dedica a la actividad.

(Helen Duncan, Partido Laborista, Ley de reforma de la prostitución, segunda lectura, 19 de febrero de 2003)

En un ambiente neoliberal como el de NZ en el que el gobierno busca desregular y gobernar desde cierta distancia, se pone énfasis en la autorregulación y la autovigilancia (Bacchi 2009). Hubo argumentos de que el gobierno no debería dedicarse a regular la moral: los individuos deberían regularse a sí mismos. «La sociedad no tiene por qué hacer juicios morales acerca de la prostitución. Debe convertirse en una actividad autorregulada …. en mi opinión, no debe arrojarse ninguna culpa sobre esta industria. Estas cuestiones deben ser gobernadas por la moralidad individual de la gente, no por las leyes de la tierra ” (Liz Gordon, Partido de la Alianza, Ley de Reforma de la Prostitución, Primera Lectura, 11 de octubre de 2000). O ACT es una partido que cree en la libertad de las personas para dirigir sus propios asuntos” (Penny Webster, ACT Party, Prostitution Reform Bill, Primera Lectura, 8 de noviembre de 2000). 

 

¿Qué efectos produce esta representación del problema?

Bacchi y Eveline (2003: 1 1) han argumentado que “las leyes producen tipos particulares de sujetos. La Ley de Reforma de la Prostitución ha producido la trabajadora sexual de Nueva Zelanda, una trabajadora que se dedica a una ocupación con derechos similares a los de individuos que se dedican a cualquier otra forma de ocupación. A los ojos de la ley, las trabajadoras sexuales son seres auténticos, que eligen libremente ser trabajadoras sexuales. Se reconoce que tiene sus riesgos trabajar en esta ocupación, riesgos relacionados con la salud y la seguridad, la explotación y la coerción, y la ley proporciona protecciones para minimizar estos riesgos. Lo que esta ley no produce es la mujer víctima de trata, necesitada de protección.”

¿Cómo / dónde se produce y se defiende esta representación del “problema”?

La despenalización del trabajo sexual tiene sentido en el contexto de una posición filosófica neoliberal de mínima intervención estatal, autorregulación e individualización económica. También tiene sentido en un país que se enorgullece de la igualdad de género el que las trabajadoras sexuales tengan los mismos derechos y el mismo estatus que sus clientes. Más de 12 años después de la despenalización, y con un gobierno de centro derecha ahora en su tercer mandato, el Estado continúa defendiendo la posición de considerar el trabajo sexual como una opción ocupacional.

Ha habido pocas preocupaciones desde la aprobación de la Ley de Reforma de la Prostitución. La revisión de la Ley, publicada cinco años después de su promulgación, concluyó que había sido efectiva para lograr sus propósitos y que la mayoría de las trabajadoras sexuales estaban mejor que cuando sus actividades eran penalizadas. Ha habido algunas preocupaciones planteadas por dos consejos de distrito en relación con el trabajo en la calle en sus ciudades, pero hay poca voluntad política para hacer cambios a un modo de regulación que está funcionando bien para la mayoría.

Hay una minoría de grupos en Nueva Zelanda que todavía resisten, pero esto son débiles y carecen de apoyo. Por ejemplo, en 2013 el “modelo nórdico” volvió a surgir cuando Elizabeth Subritzky presentó una petición en nombre del grupo “Libres de Explotación Sexual” al Comité de Justicia y Electoral de la Cámara de Representantes (Petición 2011/60). Este es un pequeño grupo de base religiosa en Nueva Zelanda comprometido con hacer cambios en las áreas de la prostitución y la trata sexual de mujeres y niños. Los peticionarios propusieron que se cambiara la Ley de Reforma de la Prostitución (2003) para permitir el enjuiciamiento de todos los clientes de las trabajadoras sexuales y afirmó que la prostitución no debe ser visto como separada de la trata (Justicia y Comité Electoral 2013). La petición también pedía una erradicación del sector de la calle. El argumento era que la despenalización era la culpable de atraer a las mujeres (víctimas) a vender sexo. El Ministerio de Justicia apoyó la recomendación del Comité de Revisión de la Prostitución de que Nueva Zelanda no siga un enfoque que criminalice al cliente ya que esto expondría a las trabajadoras del sexo a un mayor riesgo y las haría más vulnerables. Además:

El propósito de la Ley de Reforma de la Prostitución fue permitir que las trabajadoras sexuales tuvieran las mismas protecciones otorgadas a otros trabajadores. La LRP regulaba el negocio de la prostitución sin respaldarlo o sancionarlo moralmente ni a él ni a su uso. La Ley reconoce que las trabajadoras sexuales no son necesariamente víctimas, sino que requieren las mismas protecciones que los demás trabajadores, independientemente del género o de la orientación sexual.


(Ministerio de Justicia 2013: 5)

Las trabajadoras sexuales están trabajando dentro de un marco político donde tienen derechos; sin embargo siguen negociando sus vidas dentro de un contexto cultural donde hay ambivalencia social y fuertes discursos morales hacia la industria del sexo y sus trabajadoras (Abel, Fitzgerald et al., 2010). Sullivan (2010) sugiere que incluso en un contexto despenalizado, las trabajadoras sexuales pueden tener que luchar para obtener una identidad como “trabajadora” al margen de estos discursos dominantes. Sin duda, habrá intentos periódicos de ajustar y cambiar la Ley de Reforma de la Prostitución a medida que estos discursos morales vayan disminuyendo.

 

Conclusión

Lo interesante en el pulso por la despenalización fue una alianza entre cuatro posiciones filosóficas. En primer lugar, el contexto político en el que se desarrolló el debate fue uno en el que predominaron los principios neoliberales de individualismo económico y autorregulación. Harrington (2012: 338) ha argumentado que la despenalización del trabajo sexual en Nueva Zelanda “ejemplifica las tecnologías liberales avanzadas de autonomía”, siendo el ideal la libertad y “la presunción de que los individuos libres cuidarán de su propio bienestar”. Los estados neoliberales como NZ favorecen una “retórica de elección”, ideológicamente y también como una “estrategia generadora de legitimidad”, y al hacerlo de esa forma se ha argumentado que el género se hace invisible (Scambler 2007: 1092).

La voz de las trabajadoras sexuales fue la segunda posición importante en el debate sobre el trabajo sexual en Nueva Zelanda, ya que fue esta voz la que dio forma a la redacción del proyecto de ley. La voz de la trabajadora sexual exige que el trabajo sexual sea visto como una cuestión de trabajo; que es un trabajo de servicio que debe ser respetado y protegido como el trabajo en cualquier otra ocupación de servicio (Alexander 1997, Jenness 1993, Simmons 1999).

 

Se entiende que la mayoría de las trabajadoras sexuales optan por trabajar en la industria del sexo, y los derechos y la capacidad de estas personas para tomar esa decisión deben ser apoyados (Simmons 1999). El lado de la demanda del trabajo sexual no es un tema que produzca mucha discusión, ya que el trabajo sexual no se ve como violencia contra las mujeres. El análisis de Harrington (2012: 343) sobre el discurso sobre el sexo en Suecia y Nueva Zelanda sugiere que la red de conocimientos expertos que proporcionó información para debate sobre la ley en Nueva Zelanda privilegió la voz de las trabajadoras sexuales, puso en duda su falta de libertad y no participó en ningún análisis crítico de los “mercados del sexo comercial y su contribución a la construcción de la jerarquía social”. No hubo ninguna creencia firme en que los compradores de sexo y la explotación de las mujeres fueran la causa del problema durante los debates sobre la legislación sobre trabajo sexual en Nueva Zelanda. El debate se inició con un énfasis en las desigualdades, pero no se trataba tanto de cuestiones de desigualdad de género, sino de desigualdades en los derechos de ciudadanía que fueron consideradas injustas.

El tercer argumento a favor de la despenalización fue un argumento feminista liberal que hizo hincapié en el derecho de las mujeres a optar por trabajar en el trabajo sexual. El trabajo sexual como una opción profesional que exigía la protección de los derechos fue importante para la mayoría de las mujeres, tanto dentro como fuera del parlamento. Veinticinco por ciento de las propuestas presentadas en el proyecto de ley se basaban en argumentos feministas y sólo una cuarta parte de ellas argumentaban en contra de la despenalización, alegando que la prostitución era violencia contra las mujeres. Hubo una fuerte representación de las mujeres en el parlamento: 33 de los 120 diputados eran mujeres y 22 de estas diputadas (dos tercios) votaron a favor de la despenalización. En el momento en que el proyecto de ley estaba pasando por el parlamento, Nueva Zelanda tenía una Primera Ministra (que votó a favor del proyecto de ley), así como una Gobernadora General, una Presidenta de la Cámara y una Jefa de Justicia. Si bien la prostitución como violencia contra las mujeres no estuvo totalmente ausente del debate, fue una opinión débil y marginal al no ayudar al empoderamiento y la protección de quienes eligen trabajar en el trabajo sexual.

 

El cuarto —y en última instancia, el argumento más convincente— fue el argumento de salud pública de minimización del daño. En Nueva Zelanda se cuenta con un historial de reformas legales de salud pública exitosas, fundamentadas por principios de minimización de daños. Las más notables son la Ley de Reforma Homosexual y la implementación de intercambios de agujas en los años ochenta para ayudar a minimizar la propagación del VIH / SIDA. El punto de vista de la salud pública con relación al trabajo sexual ha sido generalmente pragmático. Las leyes prohibicionistas nunca han logrado su objetivo de erradicar la violencia sexual y sólo han servido para conducir la industria del sexo a la clandestinidad, donde las trabajadoras sexuales son vulnerables a una serie de daños (Davis y Shaffer 1994; Jordan 2005; World Health Organization 2005). Por lo tanto, el énfasis en la salud pública ha consistido en minimizar el daño reconociendo esto y despenalizando todas las actividades relacionadas con el trabajo sexual. Este fue un argumento que ganó a muchos de los diputados que estaban indecisos sobre la forma de votar.

En última instancia, el argumento neoliberal de la libertad de elección, los derechos de las trabajadoras sexuales y las posiciones feministas a favor del derecho de las mujeres a elegir, y el argumento de minimización del daño protegiendo a las mujeres que optan por trabajar en la industria del sexo, fueron consideradas como cuestiones de justicia. El argumento a favor de la despenalización del trabajo sexual comenzó y terminó en la justicia. La Ley de Derechos Humanos (1993) establece que “la intención es ayudar a asegurar que todas las personas en Nueva Zelanda sean tratadas de manera justa y equitativa”. El ex vicecanciller de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda, Raewyn Dalzicl, reforzó la tradición de justicia de Nueva Zelanda al afirmar que la justicia y los derechos siempre han sido un objetivo en este país. Al hablar del sufragio de las mujeres en Nueva Zelanda, declaró que el mensaje que Nueva Zelanda transmitía al mundo exterior no era sólo sobre las mujeres de Nueva Zelanda y la vida política de Nueva Zelanda, sino sobre la justicia social y política ” (citado en Fischer, 2012: 262). La justicia efectivamente silenció la voz neoabolicionista en Nueva Zelanda y, al hacerlo, las mujeres (así como los hombres y las personas transexuales) han obtenido la libertad de elegir ser trabajadoras sexuales.

 

Nota

I El Partido Laborista estaba en el poder en el momento en que el proyecto de ley pasó por el parlamento y por lo tanto tenían la mayoría de los escaños en el parlamento: cuarenta y uno de sus 51 diputados, así como nueve del Partido Verde votaron a favor de la despenalización. Los otros diez votos procedieron de los partidos de centro-derecha ACT (4) y Nacional (6). Los que votaron contra la despenalización fueron en su mayoría de centro o centro derecha. Los únicos votos de izquierda contra el proyecto de ley vinieron de nueve miembros del Partido Laborista y de los dos del Partido Progresista. La abstención fue de un miembro del Partido Laborista.

 

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Reducir la trata de personas a través de la despenalización del trabajo sexual

 

AMA Journal of Ethics. January 2017, Volume 19, Number 1: 122-126.

 

Erin Albright, JD y Kate D’Adamo, MA

 

http: //journalofethics.ama-assn.org/2017/01/sect2-1701.html

 

Resumen

Para reducir la trata de personas, los trabajadores de la salud deberían apoyar la despenalización total de la prostitución. Al igual que la trata en otros tipos de trabajo, la prevención de la trata en el comercio sexual requiere abordar las diferentes formas de marginación que crean comunidades vulnerables. Al eliminar las leyes punitivas que impiden denunciar la explotación y el abuso, la despenalización permite a las trabajadoras sexuales trabajar de forma más segura, reduciendo así la marginación y la vulnerabilidad. La despenalización también puede ayudar a desestigmatizar el trabajo sexual y ayudar a resistir la marginación política, social y cultural de las trabajadoras sexuales.

 

 

Introducción

 

En agosto de 2016, Amnistía Internacional, manteniendo y reafirmando su enérgica condena de la trata de personas, publicó una orientación política modelo que llama a los países a despenalizar el comercio sexual para proteger mejor la salud y los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual [1]. Como explica Amnistía en la orientación política, la despenalización es el cambio de “delitos comunes que penalizan la mayoría o todos los aspectos del trabajo sexual”, incluidas las leyes que se dirigen a terceros no coercitivos que compran o facilitan el trabajo sexual, a “leyes y políticas que brindan protección a las trabajadoras sexuales de los actos de explotación y abuso “[2]. La política ha sido respaldada por la Organización Mundial de la Salud, ONUSIDA, la Alianza Global contra el Tráfico de Mujeres (GAATW), Human Rights Watch, Lambda Legal, la Unión Americana de Libertades Civiles, Freedom Network USA y muchas otras organizaciones que se enfocan en poblaciones vulnerables, incluidas las víctimas de la trata de personas [3, 4]. Lo que es más importante, es una política abrumadoramente respaldada por las personas que comercian con sexo: la comunidad afectada por estas leyes y políticas [5].

 

En contraste, las organizaciones que ven la despenalización como algo que da permiso e impunidad a los posibles explotadores han criticado esta orientación política, a pesar de la insistencia expresada en ésta en que se mantengan o establezcan leyes contra la trata y las agresiones físicas y sexuales [1]. Sin embargo, estas críticas no logran entablar una conversación matizada sobre el trabajo sexual en lo que respecta a la explotación, la pobreza, la discriminación, los derechos de las trabajadoras y la trata de personas [6]. Más importante aún, la investigación muestra lo contrario: la penalización crea condiciones de impunidad y aumenta las vulnerabilidades de las trabajadoras sexuales a la violencia y la explotación, incluida la trata.

 

Razones para oponerse a la penalización del trabajo sexual

 

El trabajo sexual y la trata sexual no son sinónimos. La participación en el comercio sexual se produce en un espectro constantemente cambiante de elección, circunstancia y coacción. Las víctimas de trata se encuentran en el otro extremo de este espectro, implicadas en el trabajo sexual por la fuerza o la coacción. Si bien es difícil cuantificar el número de personas víctimas de trata en el comercio sexual, sí sabemos, como veremos más adelante, que la penalización del trabajo sexual aumenta la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales a la violencia, la explotación y la trata [7]. De esta forma, aquí, discutimos cuatro razones por las cuales los profesionales de la salud deberían oponerse a la penalización del trabajo sexual.

 

Aumento de la violencia. En primer lugar, la penalización aumenta las oportunidades de violencia que, de facto, no se pueden denunciar [7]; es decir, debido a que el trabajo que realizan se considera una actividad delictiva, las personas que ejercen el trabajo sexual son blancos fáciles de abuso y explotación, incluido la trata. El temor a la detención y otras consecuencias significa que aquellas personas que participan en el trabajo sexual tienen menos probabilidades de denunciar casos de violencia o explotación, lo que resulta en un “clima de impunidad que fomenta que la policía, el sector de la salud y grupos no estatales abusen de los derechos de las trabajadoras sexuales”[8]. Esto es cierto incluso para los llamados marcos de “penalización parcial”, como los que penalizan sólo a los compradores de sexo. Si bien dicha estrategia parece basarse, a primera vista, en el bienestar de las personas que ejercen el trabajo sexual, su puesta en práctica a menudo significa la vigilancia de las áreas donde las trabajadoras sexuales realizan su trabajo. Esto obliga a trabajar en condiciones y lugares más aislados, lo que aumenta la vulnerabilidad física. Interrumpe las estrategias y negociaciones de seguridad críticas, incluidas las técnicas de reducción de daños, como el uso de preservativos, y las redes de pares [7]. Según un estudio publicado en The Lancet, la penalización parcial “crea daños similares a los de la penalización total al impedir la capacidad de las trabajadoras sexuales de proteger su salud y su seguridad, y creando una relación antagónica con la policía que da lugar a un clima de impunidad” [8].

 

Erosión de confianza. En segundo lugar, la penalización socava la confianza en los sistemas de apoyo, incluida la atención de la salud. El temor a ser juzagas moralmente, la discriminación, la menor calidad del servicio y las consecuencias legales impiden que muchas divulguen que están involucradas en el trabajo sexual, independientemente de si se han implicado a través de la elección, las circunstancias o la coacción [9]. Un estudio de 783 trabajadoras sexuales informó que el 70 por ciento nunca había revelado la naturaleza de su trabajo a un profesional de la salud [10]. En una evaluación de necesidades de trabajadoras sexuales que buscan clientes en espacios públicos, a menudo referidas como trabajadoras sexuales callejeras, una mujer explicó: “Fui violada y tenía miedo de ser enjuiciada por el hospital y que llamaran a la policía”. [9]. Interrumpir la relación entre un profesional de la salud y una trabajadora sexual puede significar que no se tengan en cuenta las señales de alarma importantes de la explotación, la violencia y la trata.

 

Aumento de la vulnerabilidad. En tercer lugar, la implicación en el sistema de justicia penal crea consecuencias duraderas, en términos de la evolución de la salud de una persona y la vulnerabilidad a la trata y otras formas de explotación. La incapacidad de ocultar una detención y condena por prostitución hace que la obtención de empleo formal, vivienda, prestaciones sociales y apoyo comunitario sea significativamente más difícil. Las multas y los costos asociados con una detención agravan la pobreza, lo que aumenta significativamente la vulnerabilidad de una persona a la trata y otras formas de explotación.

 

Estigma. Finalmente, la penalización refuerza el estigma, que perpetúa la marginación de las trabajadoras sexuales. Las investigaciones respaldan el hecho de que las trabajadoras sexuales son algunas de las personas más marginadas del mundo, sometidas a violaciones generalizadas de los derechos humanos que incluyen homicidio, violencia física y sexual, encarcelamiento, acoso por parte de las fuerzas del orden y discriminación en el acceso a la atención médica y otras fuentes de apoyo [1] Social, cultural, política y económicamente, las trabajadoras sexuales son estigmatizadas, ignoradas y silenciadas activamente incluso en espacios activistas que debaten sobre las mismas políticas que influyen en sus vidas [11]. Con demasiada frecuencia, se habla de las personas que ejercen el trabajo sexual en lugar de darles una plataforma para hablar por sí mismas, y el resultado es la falta de reconocimiento y cumplimiento de sus derechos humanos básicos.

 

Conclusión

 

La despenalización puede motivar un mayor reconocimiento de los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual y es por tanto un mecanismo de importancia crítica para disminuir la trata. Cuando mejoramos la salud y los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual, también lo hacemos para aquellas que son víctimas de trata sexual. De hecho, los “Principios y directrices recomendados sobre derechos humanos y trata” de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señala que “las violaciones de los derechos humanos son a la vez causa y consecuencia de la trata de personas” y, por lo tanto, es “esencial colocar la protección de todos los derechos humanos en el centro de todas las medidas adoptadas para prevenir y poner fin a la trata “[12]. Al despenalizar el trabajo sexual, las trabajadoras sexuales que sufren violencia pueden buscar ayuda de las fuerzas de orden público, los trabajadores de la salud o incluso amigos, con menos temor a las consecuencias para ellas mismas o para otros. Pueden unirse a redes de pares y emplear técnicas de reducción de daños que les ayuden a mantenerse más seguras, de modo que ya no tengan que arrostrar las consecuencias de una ficha penal simplemente por tratar de sobrevivir.

 

 

Referencias

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  5. Due to the myriad systems that marginalize women, including gender discrimination in the formal workplace and a higher scrutiny for policing under prostitution and loitering laws, women, both cis and transgender, are disproportionately engaged in the sex trade and may experience higher rates of exploitation. See, for example, Bobashev GV, Zule WA, Osilla KC, Kline TL, Wechsberg WM. Transactional sex among men and women in the South at high risk for HIV and other STIs. J Urban Health. 2009;86(suppl 1):32-47.
  6. Critics may also incorrectly use the terms decriminalization and legalization interchangeably, despite important differences in meaning. Legalization involves imposing state control over sex work through regulation, often in ways that perpetuate marginalization of vulnerable people.
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Erin Albright, JD, es la directora regional de programas en Give Way to Freedom, en Boston. Sus ocho años de experiencia en el campo contra la trata incluyen trabajos para la Unidad de Trata de Personas del Departamento de Policía de Boston, gestión de una red de proveedores de servicios en Nueva Inglaterra, participación y liderazgo para Freedom Network USA y asesoramiento y liderazgo para grupos de trabajo en Nueva Inglaterra y en todo el país. Se especializa en el desarrollo de la capacidad de organización y la colaboración de servicios a través de la capacitación y la consulta con proveedores de servicios, fuerzas del orden público, grupos de trabajo y legisladores.

Kate D’Adamo, MA, es una defensora de políticas nacionales en el Proyecto de Trabajadoras Sexuales en la ciudad de Nueva York, donde trabaja en políticas y apoyo social a nivel estatal, federal e interregional sobre cuestiones que afectan a quienes participan en el comercio sexual, incluida la trata de personas y el VIH. Antes de unirse al Proyecto de Trabajadoras Sexuales, Kate fue una organizadora principal del Proyecto de Extensión de Trabajadoras Sexuales en Nueva York y Sex Workers Action New York, dos organizaciones dirigidas por mandantes que apoyan a quienes comercian con sexo en el área de la ciudad de Nueva York. También ha trabajado en temas como la trata de personas, los derechos laborales, la solidaridad internacional y la migración en la Comisión Internacional de Derechos Laborales, Global Workers Justice Alliance, Open Society Foundation y Freedom Network USA.

Reconocimientos

Los autores desean agradecer a Meg Muñoz, fundadora y directora ejecutiva de Abeni, por su aporte, sabiduría y liderazgo general sobre este tema.

Derechos para las trabajadoras sexuales en Bélgica – UTSOPI

 

Por Maxime Maes

 

Unión de Trabajadoras Sexuales Organizadas para la Independencia (UTSOPI)

 

Lunes, 6 de noviembre de 2017

 

 

Nosotras, trabajadoras sexuales, somos regularmente invitadas a hablar sobre nuestra situación y nuestros reivindicaciones, así que realmente querría encontrar las palabras adecuadas. Las palabras que busco son aquéllas que realmente te pueden explicar cuál es nuestra situación. Por supuesto, podría contarte sobre cifras, porcentajes y muchas otras cosas aburridas, pero trataré de que sea interesante.

UTSOPI se creó hace dos años, tras la observación de que no existía una asociación entre profesionales del sexo en Bélgica. Los proveedores de servicios de salud y sociales hacen un trabajo importante, pero, mientras conversábamos con otros dos o tres colegas, se nos ocurrió que necesitábamos un espacio específico, dedicado exclusivamente a nosotras. Pensamos que lo que más les faltaba a las trabajadoras sexuales era un espacio para intercambiar sobre nuestros problemas, con las personas interesadas, aquellos que las entienden de otra manera. Entonces, al principio, la idea era poder hablar pacíficamente, entre nosotras, sobre nuestras vidas, nuestras alegrías, nuestros problemas, nuestras tristezas, nuestras rabias.

Luego hubo algunos eventos políticos que nos hicieron ser más públicas: la comuna de Sint-Joost, en Bruselas, emitió una nueva regulación policial sobre prostitución, que, para decirlo con franqueza, tenía el único propósito de expulsar a las prostitutas de Sint-Joost. El 15 de diciembre de 2015, UTSOPI tomó su primera postura política y se opuso firmemente a esta regulación. Y también enviamos este mensaje a Bélgica y a todos los legisladores: no volveréis a hablar de nosotras sin nosotras.

Tienes que imaginar, aunque solo sea por un segundo, cómo se siente oír a las personas (los medios, tus amigos, tu familia) hablar constantemente sobre ti y tus colegas, mientras nadie te pide tu opinión. “Zorras”, “putas sucias”, “alienadas” … hay muchas palabras bastante poéticas para calificarnos, sin siquiera preguntarse qué piensan las personas más directamente interesadas sobre ellas. Es exactamente lo que UTSOPI intenta detener. No permitiremos más que las cosas se decidan sin ponernos sobre la mesa, no permitiremos más que se nos considere niñas, incapaces de decidir por nosotras mismas.

En mi caso, hará pronto siete años que soy trabajadora sexual. Me encantaría decirte que todo ha sido siempre perfecto, maravilloso y lleno de brillo, pero sería una mentira. Como en cada trabajo, hay algunas cosas muy agradables, y muchas otras muy malas. Pero, de hecho, creo que la parte más difícil de mi trabajo es que tengo que luchar para que me escuchen y para no ser juzgada día tras día.

Sin UTSOPI, me sería imposible hablar sobre los problemas que surgen durante mi trabajo. Mis amigos no pueden entender, mi familia estaría preocupada y mi novio aún más. Ya sabes, durante varios años, estuve sola en mi trabajo. Hice mis clientes, y eso fue todo. Pero cuando era demasiado difícil, cuando tenía preguntas, tenía que apretar los dientes y luego pensé que iría inevitablemente mejor después, que llegaría una solución. Y finalmente, la solución, la encontramos nosotras mismas, al crear UTSOPI.

Pero UTSOPI no es solo para nosotras. Somos conscientes de que la mayoría de nosotras somos privilegiadas: los simples hechos de tener documentos de identidad en Bélgica, un permiso de residencia, de hablar correctamente francés, holandés o inglés, y de tener, de cierta manera, “elegida” nuestra actividad nos hacen afortunadas . Lo que queremos con UTSOPI es también crear solidaridad en un mundo cada vez más difícil. Lo que queremos es derechos para todas las trabajadoras sexuales, sin excepción. Lo que queremos es el derecho a vivir, a tener una familia, a cambiar de trabajo si queremos, a ser consideradas como seres humanos.

Las leyes y el sistema belgas actuales sobre las trabajadoras sexuales son una hipocresía total. Existen tratados internacionales, como la Convención de Nueva York de 1949, que establece que nuestro trabajo es una violencia y que debe ser abolido, lo acordemos o no. Existen leyes belgas contra el proxenetismo con fines de prostitución y trata de personas, y finalmente, existen regulaciones comunales que, al parecer, pueden hacer lo que quieran, con el pretexto de evitar perturbar la paz pública, sin considerar a las trabajadoras sexuales ni siquiera por un segundo. Es bueno saber que la prostitución no es ilegal en Bélgica. Pero este sistema completamente impreciso conduce a una sensación constante de inseguridad para las trabajadoras del sexo, que nunca son realmente capaces de comprender lo que está permitido o no, lo que las hace desconfiar de todos. Esta situación nos hace vivir en secreto, entre mentiras, y para muchas de nosotras, con el temor de ser descubiertas.

Incluso cuando una quiere hacer un trabajo declarado, una todavía tiene que mentir, hacer algunos trucos y orar a Dios para que nadie se meta en nuestros asuntos. Todo lo cual hace imposible llevar una vida serena y llena de bienestar.

Pero no es solo un problema de reconocimiento y solidaridad o apoyo. La criminalización y la estigmatización de las trabajadoras sexuales impactan directamente en su estado general de salud y en los riesgos que corren. Se ha demostrado, entre otros, por investigaciones científicas e informes de UNO AIDS, NSWP, WHO, que la criminalización de las trabajadoras sexuales no hace más que impulsarlas más a la clandestinidad, y ponerlas en mayor riesgo, a fin de mantener sus ingresos habituales y poder seguir alimentando a ellas y a sus familias. En la misma idea, luchar contra la trata de personas —que está claramente bien representada en el trabajo sexual— no se hará por leyes y decisiones morales, al tratar de ocultar y estigmatizar a las prostitutas. Por el contrario, los países que han optado por la abolición nos muestran que, en realidad, la prostitución no desapareció, sino que se hizo menos visible, menos accesible y menos cuantificable. Dicen que ya no hay más quejas sobre prostitutas o clientes. Permítanme decirles que, si trabajara en un país abolicionista, si tuviera un problema, el último lugar donde buscaría ayuda y apoyo sería en la comisaría de policía. Porque simplemente temería ser considerada culpable o tratada como una víctima, a quien la única oportunidad que se le da es que detenga su trabajo y vaya a trabajar a Mc Donald.

 

La prostitución es un mundo vasto y variado. No hay solo “un” tipo de prostitución sino “varios” tipos de prostitución. No hay solo un perfil de puta, sino miles. Tantos como hay de seres humanos. Y este es el punto: detrás de las cifras y las estadísticas, hay personas. Personas que luchan todos los días para obtener el respeto que merecen, para sobrevivir en la vida y para seguir adelante.

 

UTSOPI también es parte del Proyecto de la Red Global de Trabajadoras Sexuales (NSWP) y del Comité Internacional por los Derechos de las Trabajadoras Sexuales en Europa (ICRSE). Gracias a estas redes globales, podemos ver lo que está sucediendo en otras partes del mundo, y considerar soluciones integrales y perspectivas para las trabajadoras sexuales. Claramente, no estamos a favor del abolicionismo, como supongo que ha quedado claro. Los sistemas completamente regulacionistas también muestran algunos límites.

 

Tomaré el caso de Alemania, o Austria, —de la que se habla con menos frecuencia— cuya política regulacionista hace que la vida de las trabajadoras sexuales sea una pesadilla. En la última reunión internacional de profesionales del sexo que tuvo lugar en Marsella, Francia, algunos de nuestros colegas, que trabajan en Viena, nos explicaron que obligan a hacerse un análisis de sangre para detectar el VIH y las ITS cada dos días. Entiendo la idea de la salud pública, pero sería más efectivo obligar a cada marido infiel a hacer estas pruebas que a las trabajadoras sexuales, quienes, en la gran mayoría de los casos, se protegen a sí mismas.

 

Actualmente, lo que todavía parece para nosotras el mejor y más efectivo modelo es la despenalización del trabajo sexual. Tomaré Nueva Zelanda como un ejemplo. Las trabajadoras sexuales de allá no están sujetas a un estatus específico como en Alemania o Austria, sino que se las considera como trabajadoras como todas las demás. No se trata de decir que el trabajo sexual es un trabajo como cualquier otro, por cierto, no es nuestra opinión en UTSOPI, sino que las personas que lo hacen merecen los mismos derechos que todos. Allí, todos los policías están capacitados para recibir quejas de las trabajadoras sexuales, para protegerlas en caso de litigio con un cliente, y trabajan codo a codo con las asociaciones de campo. Una colega nos contó cómo un cliente intentó robarla al no pagarle, y luego fue capturado por la policía, que lo obligó a pagarle a la trabajadora sexual, y que luego lo llevaron a la comisaría de policía.

 

Nueva Zelanda también facilita el acceso a otro trabajo para las trabajadoras sexuales que desean abandonar el trabajo sexual, y les da prioridad en la provisión de capacitación, considerando que el trabajo sexual es una profesión difícil, y es verdad, y que todo debe hacerse para apoyar a estas personas El único problema (pero no el menor) es el de las personas indocumentadas, que no pueden trabajar como trabajadoras sexuales legalmente, y por lo tanto no están protegidas por el sistema.

 

Todo eso ofrece posibles perspectivas e ideas para Bélgica, que pueden mostrar creatividad y pragmatismo cuando hay voluntad Todos sabemos que Roma no fue construida en un día y, por lo tanto, que la solución no caerá del cielo mañana por la mañana. Pero es necesario comenzar a colocar la piedra angular, con las trabajadoras sexuales, para construir un sistema sólido para proteger a las personas, que incluya a todos, y no deje de lado a las trabajadoras sexuales.

 

Finalmente, las afirmaciones de UTSOPI son claras: queremos poder hacer el trabajo declarado legalmente, para tener una protección social adaptada. Queremos tener acceso a un sistema de atención médica adaptado a nuestro trabajo, que tenga en cuenta las especificidades de nuestro trabajo. Queremos tener acceso a un sistema de pensiones claro, y no continuar viendo a nuestras colegas de más de sesenta años tener que seguir trabajando, con el temor de estar bajo el sistema de asistencia social o vivir bajo un puente. Queremos ser reconocidas como trabajadoras y tener la posibilidad de llegar a ofertas de trabajo o capacitaciones si nuestra voluntad es detener nuestra actividad. Queremos que el sistema de protección de la trata de personas se extienda a todas las personas que ejercen el trabajo sexual, que pueden ser víctimas de la violencia y sin tener la obligación de denunciar a sus proxenetas. Queremos tener acceso a una vida decente, y queremos el respeto que merecemos, en particular de los políticos que no parecen dejar de decir las cosas más horribles de nosotras.

 

Y una vez más, si aún no estaba claro, queremos que nuestro lema y nuestro mensaje sean respetados:

 

NADA SOBRE NOSOTRAS SIN NOSOTRAS

El necesario debate de los derechos de las prostitutas

 

 

Mamen Briz (Colectivo Hetaira).

 

Colectivo Hetaira·Martes, 18 de abril de 2017

 

El pasado día 29 de marzo, Daniel Bernabé escribía en La Marea el artículo “La trampa de la diversidad. Una crítica del activismo” (http://www.lamarea.com/2017/03/29/la-trampa-la-diversidad-una-critica-del-activismo/). Escribimos este pequeño texto de respuesta y lo enviamos hace unas semanas, como no ha sido publicado, compartimos por nuestras redes.

 

Hay una trasnochada forma de pensar desde la izquierda que insiste en la “unidad de acción” en los grandes y todopoderosos temas que son los importantes y sobre los que hay que debatir y ponerse de acuerdo desestimando el activismo que no se ajusta a sus cánones, el activismo que remueve y pone en jaque las grandes ideas “válidas” como dogmas de fe para esa vieja izquierda.

 

Durante años esta ha sido una gran pelea y hemos visto a muchos partidos políticos y organizaciones sindicales ponerse las pilas para entrar en temas hasta entonces “intocables”. A día de hoy nadie cuestiona la necesidad de un programa de acción de políticas LGTBQI en cualquier organización política, sindical o social. Pero no hace mucho los maricones y las bolleras eran expulsados de estas mismas organizaciones. La gente trans ni siquiera se planteaba una posible pertenencia, claro está. Eran distracciones “pequeño burguesas” para la construcción de una izquierda “verdadera”.

 

Sucedió algo parecido con el movimiento de mujeres y la defensa de sus derechos. Se trataba de una “pedrada” en la que insistían algunas militantes, sindicalistas o feministas que daban la vara para que en sus organizaciones se tuviera el feminismo en cuenta. Costó lo suyo también. Se les aconsejaba esperar a derrotar el “capitalismo”, que era lo importante, y se aseguraba con contundencia que después ya vendría (ella sola) la liberación de las mujeres y la consecución de derechos.

 

Estamos en el siglo XXI y ahora ninguna organización (política, sindical, social) o persona a título individual se atrevería a afirmar que la lucha por la defensa de los derechos LGTBQI o de las mujeres ha de esperar. Hemos avanzado. Sin embargo, hay otros temas que siguen siendo inasumibles. Así, leemos con estupor que la defensa de los derechos de un sector de mujeres concreto, las prostitutas, que se encuentran en una situación de absoluta desprotección en cuanto a derechos laborales y sociales se refiere y que soportan un cúmulo de discriminaciones inaceptables en las sociedades actuales, en realidad es un “extraño debate” y una “marcianada inasumible” (1).

 

Es un tanto sorprendente el que se desconsidere la existencia de una corriente feminista pro derechos, de un feminismo pro sex, al que se vinculan organizaciones de activistas y de trabajadoras del sexo, en todos los continentes, desde mediados de los años 80.

 

Es inaudito que se desprecie el trabajo de organizaciones como Amnistía Internacional, la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW), la Comisión Global sobre VIH y Derecho, Human Rights Watch, ONUSIDA, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la salud y la Organización Mundial de la Salud y, por supuesto, el de las propias organizaciones de prostitutas y aliadas, que están exigiendo a los Gobiernos que actúen y despenalicen el trabajo sexual como forma de evitar, entre otras cosas, situaciones de violaciones, otras violencias, extorsión y discriminación de las prostitutas que han quedado más que demostradas en multitud de informes. Y no estamos hablando de África o Asia. Uno de los últimos informes de Amnistía Internacional se centra en Noruega, un país que multa a los clientes de la prostitución, donde se dan violaciones de derechos humanos y existe la violencia contra las prostitutas; violencia que ellas no se atreven a denunciar, porque la Policía es estricta a la hora de aplicar la ley y su primera actuación es desalojarlas de los domicilios en que se ocupan y viven. Esa es su prioridad (2).

 

La vieja izquierda decía que había que esperar en algunos temas, la nueva vieja izquierda ni siquiera pide esperar. Lo que hace simple y llanamente es descalificar los temas que no son de su interés y que se escapan a su comprensión (esa que no acepta la existencia de la diversidad) y los califica como “posmodernos” o “neoliberales”. Y además la culpa de que la izquierda no vaya por mejor camino y que la derecha vaya ganando terreno es precisamente por estas “marcianadas inasumibles”. Buen intento de echar balones fuera. Ahora resulta que las putas organizadas son las responsables del avance de la ultraderecha.

 

No sabemos lo que será tangible para la izquierda, lo que sí sabemos es qué es tangible para las prostitutas. Es tangible la discriminación que sufren cada día por ejercer el trabajo del sexo. Son tangibles las multas que soportan a diario a consecuencia de la ley mordaza (Ley de Seguridad Ciudadana). Lo tangible es que tengan que soportar malos modos, humillaciones e insultos sexistas, racistas, tránsfobos mientras son multadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por ejercer la prostitución e intentar llegar a fin de mes (3). Lo tangible es que tengan que soportar reflexiones destructivas y juicios sobre su propio movimiento de quien jamás se acercó a ellas para interesarse de primera mano por su situación.

 

Se argumenta, por último, que desde las organizaciones pro derechos se defiende la “libertad individual”, ¿desde cuándo exigir derechos laborales y derechos sociales para mejorar las condiciones de vida y trabajo de todo un colectivo de personas discriminadas es una pelea individual? Esa misma izquierda los llama “derechos colectivos” cuando se trata de cualquier otro grupo de trabajadores o trabajadoras.

 

Para finalizar tenemos que darle la razón a Daniel Bernabé en que hay que escuchar mucho más a Las Kellys. Las “putas” y las “chachas” sí que tenemos alianzas, fuertes alianzas de hecho, porque muchos de los objetivos son comunes: acabar con la invisibilidad y acabar con el machismo que nos desconsidera, desconsidera nuestras voces y desconsidera nuestras luchas. Les dejamos con un vídeo en donde ambos colectivos hablan sobre las violencias laborales y las violencias machistas (4), esperando a que les ayude a comprender algo mejor las exigencias de las prostitutas.

 

 

Mamen Briz es activista de Hetaira (colectivo en defensa de los derechos de las prostitutas, http://www.colectivohetaira.org/WordPress/).

 

<NOTAS>

 

  1. El pasado día 29 de marzo, Daniel Bernabé escribía en La Marea el artículo “La trampa de la diversidad. Una crítica del activismo” (http://www.lamarea.com/2017/03/29/la-trampa-la-diversidad-una-critica-del-activismo/).
  2. Noruega: El coste humano de ” machacar” el mercado: La penalización del trabajo sexual en Noruega: Resumen ejecutivo: https://www.amnesty.org/es/documents/eur36/4130/2016/es/.
  3. La Agrupación Feminista de Trabajadoras del Sexo (AFEMTRAS) y el Colectivo Hetaira denuncian el silencio y la complicidad de las instituciones hacia los abusos policiales que se están cometiendo en el Polígono de Villaverde contra las trabajadoras del sexo, Madrid, 29 de noviembre de 2016: https://www.youtube.com/watch?v=ee0S7AmamLc.
  4. Empleadas de hogar, Kellys y trabajadoras sexuales | Violencias laborales y violencias machistas: https://www.youtube.com/watch?v=N95-Dr0xOzg.

 

 

La autoperpetuación de las fantasías de “acabar con la demanda”

Por Desmond Ravenstone

7 de abril de 2016

http://ravenstonesreflections.blogspot.com.es/2016/04/the-self-perpetuation-of-end-demand.html

 

Francia se acaba de unir a la lista de países que han adoptado el así llamado enfoque de “acabar con la demanda” en su lucha coantra la prostitución, penalizando a los clientes de las trabajadoras sexuales en una vana esperanza de que una caída mantenida en la demanda lleve a la eventual erradicación de la “trata de blancas”. Olvida que Suecia, que fue la primera en adoptar este enfoque en 1999, no ha observado ningún descenso mensurable ni en la oferta ni en la demanda. Olvida que este enfoque solo puede ser llevado a la práctica mediante una vigilancia altamente intrusiva y el acoso tanto a las trabajadoras sexuales como a los clientes. Olvidan que todo esto está siendo propagado por ideólogos extremistas que urden una investigación espúrea basada en sus escabrosas fantasías en lugar de basarse en datos empíricos reales.

 
Imaginemos una gran nación insular, gobernada por una federación de cinco Estados. En ella crece una planta —llamémosla “Gudstoff”— que, cuando su fruto es consumido, produce un estado temporal y moderado de euforia y relajación. Algunos ciudadanos están abiertamente preocupados por esta planta, y extienden mitos acerca de que es adictiva y produce brotes psicóticos. Los científicos legítimos no ven que haga daño si se consume con moderación, y quizás hasta tenga algunos efectos beneficiosos. Pero, como todos los políticos, los líderes de todas las regiones deciden que la venta, compra, posesión y consumo de Gudstoff serán faltas castigadas con multas.

Eventualmente, se produce una división entre los partidos políticos. Uno dirigido o influenciado por ideólogos anti-Gudstoff, que presionan para que estas faltas sean elevadas a la consideración de delitos, junto con procedimientos encaminados a su erradicación. El otro, tras prestar atención a los resultados de la investigación empírica, está a favor de la legalización de Gudstoff y su consecuente aporte recaudatorio, junto con medidas de educación encaminadas a evitar potenciales abusos. En tres de las regiones gana el partido “anti”, que instituye sus estrictas medidas, mientras que las otras dos se convierten en Estados “legales”.

Cualquiera con un conocimiento básico de economía vería que, dado que la oferta de Gudstoff se vuelve menos accesible en los Estados “anti”, los que buscan Gudstoff viajarán sencillamente al otro lado de la frontera para obtenerla en los Estados “legales”. El resultado es un aparente aumento de la demanda en los países “legales”, lo que es recibido con aullidos de “ya os lo dijimos” por aquellos que piensan que Gudstoff es veneno. He dicho deliberadamente “un aparente aumento” porque, de hecho, se trata meramente de un desplazamiento del sitio donde tiene lugar la demanda, basado en las acciones locales para restringir el comercio. La demanda total en toda la isla no ha cambiado. Pero, esto no importa a los “antis”, ellos ven que las ventas de Gudstoff se disparan en los Estados “legales” y se dan prisa en echar la culpa a la legalización.

Esto es exactamente lo que hemos visto en Europa cuando Suecia y Noruega adoptaron medidas contra las trabajadoras sexuales y sus clientes (y no nos equivoquemos, su objetivo son las trabajadoras sexuales), y con Francia cometiendo ahora el mismo error, veremos ahora seguir la misma tendencia cuando más clientes del trabajo sexual de Francia y Escandinavia viajen a los Estados “legales” como Alemania y Holanda. Y ¿si los militantes “antis” siguen su marcha y convencen a más países para que adopten este enfoque? Hacer más difícil comprar o vender algo no hace que desaparezca, solo lleva a cambios en la estrategia.

Es hora de que aquellos preocupados por los daños ligados a la prostitución cambien sus estrategias, antes de que causen aún más daños. Estos daños, si no ligados directamente a la penalización de alguna forma, son exacerbados por ésta. Esto ha sido notado por una amplia gama de grupos que apuestan por la despenalización, desde el movimiento pro derechos de las trabajadoras sexuales hasta la Organización Mundial de la Salud y la Alianza Global contra la Trata de Mujeres. La despenalización no es en sí misma la solución completa, pero abre las puertas a auténticas soluciones. Y si queremos soluciones auténticas, es hora de que prestemos oído tanto a la evidencia empírica como a la experiencia de las mismas trabajadoras sexuales; no a prohibicionistas equivocados.

Dictamen del Defensor de los derechos de la República Francesa: no a la penalización de los clientes de la prostitución

Dibujo

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_avis_20151216_15-28.pdf

 
París, a 18 de diciembre de 2015

Dictamen del Defensor de los derechos nº 15-28

El Defensor de los derechos,

Visto el artículo 71-1 de la Constitución de 4 de octubre de 1958;
Vista la ley orgáinica nº 2011-333 del 29 de marzo de 2011 relativa al Defensor de los derechos;

El Defensor de los derechos emite el dictamen adjunto concerniente a la propuesta de ley nº 3149 que intenta reforzar la lucha contra el sistema prostitucional y asistir a las personas prostitutas.

El Defensor de los derechos

Jacques TOUBON

.

A título preliminar, el Defensor de los derechos reconoce la necesidad de luchar contra todas las formas de explotación y proteger a las personas víctimas. Esta es la razón por la que suscribe plenamente la voluntad del legislador de reforzar los medios de lucha contra el proxenetismo y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual (capítulo I).

En contrapartida, el Defensor de los derechos lamenta que las personas prostitutas sean uniformemente percibidas como víctimas en la propuesta de ley. La prostitución es un fenómeno heterogéneo y complejo, como testimonia en particular el informe de la Inspección general de asuntos sociales publicada en 2012 (1). Al considerar de manera arbitraria que las personas prostitutas son mayoritariamente “víctimas”, “débiles” y “explotadas”, el legislador hace oídos sordos a los diferentes informes que demuestran la ausencia de cifras fiables y a las observaciones hechas por las asociaciones. En efecto, los/as prostitutos/as no son todas y todos víctimas de trata, y la prostitución refleja realidades múltiples. La propuesta de ley no está hecha a imagen de esta realidad polimorfa y tiende a hacer una amalgama entre prostitución y trata.

 

1. Sobre el capítulo II relativo a la protección de las víctimas de la prostitución y a la creación de un circuíto de salida de la prostitución y de inserción social y profesional.

 

Al tiempo que reconoce la necesidad de proteger y de asistir a las personas prostitutas que lo deseen, el Defensor de los derechos deplora la noción de “circuíto de salida”. Esta noción parece particularmente inadecuada, ya que obliga a la inscripción de las personas prostitutas en un procedimiento predefinido sin permitir, una vez más, tener en cuenta la diversidad de su situación. La obligación para las “víctimas de prostitución” de dejar la prostitución si quieren poder beneficiarse de esta asistencia o protección es problemática. Además, el Defensor de los derechos expresa serias reservas sobre la condición de inscribirse en un “circuíto de salida”, contraria al principio de igualdad de acceso a los derechos, y preconiza un acceso incondicional a los dispositivos de asistencia social, sanitaria y profesional.

El Defensor de los derechos toma nota con satisfacción de la supresión, por el artículo 13, del delito de captación previsto por el artículo 225-10-1 del código penal, que sanciona a las personas prostitutas. La utilidad de la detención preventiva de las personas prostitutas detenidas por captación, con la finalidad de reunir información en el marco de la lucha contra el proxenetismo, está lejos de ser siempre constatada, como revela la exposición de motivos. Además, el delito de captación ha degradado sobremanera las condiciones de salud y de ejercicio de las personas que se prostituyen, y la mención de este delito en los archivos judiciales de las personas afectadas dificulta profundamente su reinserción social y profesional.

 

2. Sobre el capítulo IV relativo a la prohibición de compra de actos sexuales mediante el establecimiento de una multa que sancione el recurso a la prostitución

 

El Defensor señala que la prohibición de la compra de un acto sexual basada en el modelo sueco no es la medida más eficaz para “reducir la prostitución y para disuadir a las redes de trata y de proxenetismo de implantarse en nuestro territorio” y aún menos “la solución que mejor protege a las personas que permanezcan en la prostitución”, como se enuncia en la propuesta de ley.

Aparte del hecho de que en Francia, como en Suecia, no disponemos de cifras fiables y es por tanto difícil cuantificar los efectos de la ley sobre el sistema prostitucional, el modelo sueco citado en referencia es hoy objeto de gran controversia (2). Así, el efecto de una disposición tal sobre el fenómeno prostitucional en Francia se anuncia limitado o incluso nulo.

 
En contrapartida, los efectos sobre la salud, la seguridad de las personas y su acceso a los derechos fundamentales están bien definidos por las instituciones internacionales (OMS, ONUSIDA, PNUD) y francesas (CNS, IGAS, INVS). A la vista de los efectos generados por la penalización de la captación en Francia, la penalización de los clientes acentuará la precariedad de las personas prostitutas al forzarlas a una mayor clandestinidad. En efecto, una medida tal desplazará el ejercicio de la prostitución de calle a zonas cada vez más apartadas y/o aisladas, empeorando unas condiciones de ejercicio ya difíciles.

 
Por dicha razón, esta mayor clandestinidad hará más difícil la actuación de los servicios de policía en la lucha contra la trata y el proxenetismo. ¿Cómo luchar contra las redes desde el momento en que las víctimas no sean ya visibles y accesibles?

 
Esta disposición tendrá igualmente como consecuencia una mayor exposición de los/as prostitutos/as a la violencia de ciertos clientes y a los contagios de VIH y/o hepatitis víricas. La OMS, ONUSIDA y el CNS se muestran unánimes: la penalización de la prostitución perjudica la salud de las personas que la practican. Estén o no forzadas a ejercer la prostitución, las personas que proponen servicios sexuales tarifados verán mermada su capacidad de negociación, obligándolas a aceptar ciertas prácticas o relaciones sin protección.

 
Por otra parte, su acceso a la prevención y a la asistencia será aún más problemática al alejarlas de las redes de apoyo de las estructuras asociativas y médicas existentes y haciendo más complicada la actuación de los agentes de prevención. ¿Cómo aplicar una verdadera política de reducción de riesgos, que está sin embargo inscrita en la ley, desde el momento en que las personas se prostituirán en lugares mal conocidos por las asociaciones o inaccesibles para ellas?

 
En conclusión, al mantener la amalgama entre trabajo sexual y delincuencia, la penalización de la prostitución aumenta la vulnerabilidad jurídica de los/as prostitutos/as, a veces víctimas de acoso policial, de detenciones abusivas y de humillaciones. En consecuencia, las asociaciones prevén una mayor desconfianza hacia las fuerzas del orden y un menor recurso a ellas en caso de sufrir violencia. En lugar de ser una fuente de protección, la sanción a los clientes por recurrir a la prostitución obstaculiza el acceso a sus derechos de las personas prostituídas.

En consecuencia, el Defensor de los derechos constata con satisfacción la supresión del artículo 18 y no desea su reintegración.

 

3. Sobre las disposiciones finales previstas en el artículo 18

 

El Defensor de los derechos saluda la obligación que se plantea al Gobierno de presentar un informe sobre la aplicación de la presente ley en un plazo de dos años a contar desde su promulgación, pero desea que este informe permita igualmente elaborar datos públicos fiables y compartidos sobre el sistema prostitucional.

A día de hoy, los diferentes actores están de acuerdo en deplorar la ausencia casi total de datos públicos sobre las condiciones de ejercicio, así como sobre la situación sanitaria y social, de las personas prostitutas. Los únicos datos disponibles emanan de las autoridades al cargo de la seguridad pública y de las asociaciones que trabajan sobre el terreno y se refieren esencialmente a la prostitución de calle.

 


 

1.- AUBIN Claire, JOURDAIN-MENNINGER Danielle, EMMANUELLI Julien, Prostitución: cuestiones sanitarias, IGAS, diciembre de 2012 ___

2.- Ver en particular DODILLET Susanne et ÖSTERGREN Petra, La ley sueca contra la compra de actos sexuales: éxito proclamado y efectos documentados. Documento de conferencia presentado en el Taller internacional: Despenalización de la prostitución y más allá: las experiencias prácticas y los desafíos. La Haya, 3 y 4 de marzo de 2011.

 

Implementación de programas integrales de VIH/ITS con personas trabajadoras del sexo: enfoques prácticos basados en intervenciones colaborativas

Autores:

OMS; UNFPA; ONUSIDA; Global Network of Sex Work Projects (NSWP); Banco Mundial; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Detalles de la publicación

Número de páginas: 196
Fecha de publicación: junio de 2015
ISBN: 978 92 4 350618 0

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Presentación

Tras la publicación de las Recomendaciones 2012, algunas partes interesadas solicitaron indicaciones sobre cómo aplicarlas. Esta publicación responde a esa necesidad, ofreciendo consejos prácticos sobre la aplicación de los programas de respuesta al VIH y las infecciones de transmisión sexual (ITS) para los diferentes colectivos en el trabajo sexual. Contiene ejemplos de buenas prácticas del mundo entero, con la finalidad de apoyar los esfuerzos en la planificación de programas y servicios; también describe los asuntos que deben ser tomados en consideración y cómo superar las dificultades.

Esta herramienta es el fruto de la colaboración estrecha entre personas trabajadoras del sexo, profesionales de la salud, investigadores, funcionarios gubernamentales y organizaciones no gubernamentales (ONG) provenientes del mundo entero, y de la colaboración de Naciones Unidas y algunos socios para el desarrollo de los Estados Unidos.

La herramienta sigue los lineamientos de las Recomendaciones 2012. También incluye un dictamen mundial llevado a cabo con personas trabajadoras del sexo por la NSWP como parte de la elaboración de las Recomendaciones 2012.


Índice

  • Capítulo 1: Empoderamiento comunitario
    pdf, 668kb

    Elementos clave del empoderamiento comunitario, Trabajando con las comunidades de personas trabajadoras del sexo, Fomentar la participación dirigida por las propias personas trabajadoras del sexo, Capacitación del colectivo de personas trabajadoras del sexo, Adaptarse a las necesidades y a los contextos locales, Promover un entorno basado en los derechos humanos, Fortalecer los sistemas comunitarios (fortalecer el colectivo), Adaptar las políticas y crear entornos propicios, La sostenibilidad de los movimientos, Dar seguimiento al progreso realizado
  • Capítulo 2: Abordar la violencia contra las personas trabajadoras del sexo
    pdf, 907kb

    Contextos de la violencia, Valores y principios para dar respuesta a la violencia contra las personas trabajadoras del sexo, Valores fundamentales, Principios que deben regir los programas, Intervenciones y estrategias alentadoras, Empoderar a las comunidades, Fortalecer la las capacidades de las personas trabajadoras del sexo, Promover reformas, Fomentar la responsabilidad de las fuerzas policiales, Promover la protección y la seguridad de las personas trabajadoras del sexo, Proporcionar servicios de salud a las personas trabajadoras del sexo que son víctimas de la violencia, Proporcionar servicios de apoyo psicosocial, jurídico y otros, Gestión, seguimiento y evaluación
  • Capítulo 3: Servicios dirigidos por la comunidad
    pdf, 519kb

    La sensibilización dirigida por la comunidad, ¿Qué hacen los trabajadores de sensibilización comunitaria?, Pasos para la implementación de la sensibilización dirigida por la comunidad, Espacios seguros (centros de acogida), Establecer espacios seguros, Configuración del local, Manejo del espacio, Otras actividades realizadas en el espacio seguro, Mejoramiento de la calidad dirigido por la comunidad, Comités comunitarios, Otros enfoques dirigidos por la comunidad que refuerzan la calidad de los servicios clínicos, Aseguramiento de la calidad comunitaria en el seguimiento y la evaluación, Seguimiento de la calidad de la implementación de los servicios comunitarios, Seguimiento del acceso comunitario a servicios y de la autonomía comunitaria
  • Capítulo 4: Promoción del uso del condón y de lubricantes
    pdf, 398kb

    Pasos efectivos para programas del uso del condón, Establecer el abastecimiento de condones y lubricantes masculinos y femeninos accesible a las personas trabajadoras del sexo, Promoción a varios niveles de los condones y lubricantes masculinos y femeninos, Promoción del uso del condón dirigida por la comunidad, Desestigmatizar el uso del condón entre la sociedad en general, Crear un entorno propicio para los programas del uso del condón, Aspectos específicos a tener en cuenta en los programas del uso del condón Gestión de programas de promoción del uso del condón, Roles y responsabilidades en los programas del uso del condón, Seguimiento de programas, Evaluación
  • Capítulo 5: Servicios clínicos y de apoyo
    pdf, 1.03Mb

    Principios operativos para los servicios clínicos y de apoyo, Asesoramiento y pruebas voluntarias de VIH, Tratamiento antirretrovírico, La tuberculosis y las personas trabajadoras del sexo, Servicios complementarios para las personas trabajadoras del sexo que consumen drogas inyectables, Servicios de ITS, Satisfacer las necesidades de salud sexual y reproductiva de las personas trabajadoras del sexo, Salud mental
  • Capítulo 6: Gestión de programas y fortalecimiento de la capacidad organizativa
    pdf, 685kb

    Parte I: Gestión del programa: La planificación e implementación de un programa de VIH/ITS con personas trabajadoras del sexo, Fortalecimiento de las capacidades y conocimiento del programa, Formación y fortalecimiento del personal, Parte II: Fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones de personas trabajadoras del sexo, Crear una organización registrada, Fortalecimiento de las capacidades organizativas

Posición de TAMPEP respecto a la situación de las trabajadoras sexuales nacionales e inmigrantes en la Europa actual

 

dIBUJO 5
http://tampep.eu/documents/TAMPEP%20paper%202015_08.pdf

 

Las leyes y las decisiones políticas juegan un papel clave en la lucha contra la violencia, en la reducción de la vulnerabilidad y en la garantía de acceso pleno a los derechos y a la justicia por parte de las trabajadoras sexuales. Mediante la despenalización del trabajo sexual se pueden garantizar condiciones laborales más seguras y las trabajadoras sexuales se pueden empoderar para luchar contra la violencia y exigir sus derechos humanos.

Esta posición política es apoyada por varias agencias de las Naciones Unidas (FPNU, ONUSIDA y PNUD); importantes organizaciones defensoras de los derechos humanos, tales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que ha estado sometiendo a consulta un borrador de propuesta politica a favor de la despenalización del trabajo sexual ; las organizaciones contra la trata GAATW y La Strada International ; e importantes foros feministas (AWID) y fundaciones, como Open Society Foundations, Mama Cash y Red Umbrella Fund. La despenalización del trabajo sexual es defendida también por redes de trabajo sexual y organizaciones dirigidas por trabajadoras sexuales regionales, nacionales e internacionales, entre las que se encuentran TAMPEP (Red europea para la prevención de VIH/ETS y la promoción de la salud entre las trabajadoras sexuales inmigrantes), NSWP (Red global de proyectos de trabajo sexual), ICRSE (Comité internacional para la defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales en Europa) y SWAN (Red de defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales).

 

Despenalización

 

Si todas las demandas de las trabajadoras sexuales pudieran ser resumidas en una palabra, esta sería despenalización. Gobiernos progresistas en Nueva Zelanda y Nueva Gales del Sur en Australia adoptaron un modelo de despenalización para mejorar la situación de las trabajadoras sexuales. Recientemente, el gobierno de Nueva Zelanda y el Colectivo de prostitutas de Nueva Zelanda evaluaron este modelo positivamente . Los resultados de esta evaluación demuestran una reducción significativa de la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales y un mejor acceso a los derechos humanos.

Por despenalización se entiende la derogación de todas las leyes punitivas y las regulaciones relativas al trabajo sexual y un modo de garantizar que los gobiernos respeten los derechos humanos de las trabajadoras sexuales. Esto incluye la despenalización de las terceras partes que operan en la industria del sexo, pero garantizando al mismo tiempo que las trabajadoras sexuales puedan trabajar independientemente y/o en cooperativas. La autodeterminación y la autonomía de las trabajadoras sexuales son fundamentales para entender el modelo de despenalización.

Las trabajadoras sexuales y sus aliados a menudo piden la plena despenalización mediante un sistema legal que desmonte también las barreras legales que aumentan la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales inmigrantes ante la violencia y la trata de personas y obstaculizan el disfrute en situación de igualdad de sus derechos humanos. La justificación de este enfoque es que para combatir la vulnerabilidad en la industria del sexo, los gobiernos necesitan garantizar la plena protección de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales independientemente de su nacionalidad y/o de su estatus legal en el país de acogida. Los derechos que deberían ser plenamente protegidos incluyen (pero no se limitan a ellos) el derecho a la vida, a la salud, a la migración, al trabajo, a la privacidad, a la asociación, a la igualdad ante la ley y a verse libres de practicas de trata y de esclavitud.

 
Estigma e inmigración

A pesar de la demanda de despenalización, las leyes y las decisiones políticas relativas al trabajo sexual han sido cada vez más represivas y punitivas en toda Europa. TAMPEP ha documentado en varias de sus publicaciones los efectos negativos que las leyes y regulaciones nacionales han tenido para las trabajadoras sexuales.

Raramente se reconoce al trabajo sexual como trabajo por los gobiernos nacionales y la sociedad en general, y el arma más poderosa para negar al trabajo sexual el estatus de trabajo es la del estigma . La realidad es que en vez de empoderamiento y apoyo a la autodeterminación y la autonomía de las trabajadoras sexuales, y mejora de sus condiciones de trabajo y de vida, los agentes políticos están desarrollando y aplicando nuevas medidas que socavan los derechos humanos y la dignidad de las trabajadoras sexuales.

Existen claros vínculos entre esta tendencia represiva y el actual debate acerca de la trata. Los grupos antiprostitución utilizan la retórica antitrata para acabar con la prostitución. El lobby antiinmigración usa el discurso antitrata para aumentar las restricciones a la inmigración .

Las voces de las trabajadoras sexuales son a menudo ignoradas o mal utilizadas por los agentes políticos y los medios de comunicación. En este contexto de invisibilidad y aislamiento, las trabajadoras sexuales inmigrantes se ven particularmente afectadas por las medidas represivas y la creciente xenofobia.

La penalización del trabajo sexual, de las trabajadoras sexuales y de sus clientes, se suele acompañar de leyes antiinmigración, cuya finalidad es detener y deportar por la fuerza a inmigrantes indocumentados. Como consecuencia de ello, las trabajadoras sexuales inmigrantes se ven empujadas a la clandestinidad, a lugares de trabajo sexual más ocultos para evitar la persecución y el riesgo de expulsión. Esta tendencia exacerba la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales frente a la trata de personas y reduce sus posibilidades de acceder a las ayudas y los servicios de salud, así como a la justicia y a sus derechos.

 
Tendencias específicas de la Unión Europea

Una tendencia que ha sido señalada y resaltada por varios informes de TAMPEP a lo largo de los años es el aumento de migración y movilidad entre las trabajadoras sexuales a nivel global y, en particular, la migración de trabajadoras sexuales hacia Europa y entre los países europeos . Esto es una consecuencia directa de la globalización, pero puede ser atribuido también a factores históricos y socioeconómicos y al crecimiento de la Unión Europea.

La inmigración es un aspecto fundamental a ser tenido en cuenta cuando se analiza el trabajo sexual en Europa. Las inmigrantes siguen siendo con mucho el mayor grupo de trabajadoras sexuales en la región. También se observa un elevado nivel de migración y movilidad de trabajadoras sexuales entre los países de la Unión Europea.

El problema parece tener sus raíces en el racismo y la xenofobia que sigue a las tendencias de migración y movilidad a lo largo de Europa. Las trabajadoras sexuales inmigrantes indocumentadas son particularmente vulnerables a la aplicación de la ley y experimentan altos niveles de violencia y abuso.

Este escenario se ve agravado por la severa crisis financiera que afecta a la UE y al resto del mundo desde 2008, a las medidas de los gobiernos para combatir el terrorismo mediante legislaciones de seguridad nacional ad hoc, y también a las leyes de seguridad ciudadana.

 
Conservadurismo creciente

TAMPEP observa un creciente conservadurismo político y social, que afecta a los derechos humanos y a las libertades civiles de las poblaciones vulnerables.

Retrocesos conservadores en relación al trabajo sexual, el uso de drogas y la inmigración son generados por la ignorancia de los enfoques basados en la evidencia y en los derechos humanos en el terreno legal.

Las políticas socioeconómicas junto con una progresiva tendencia a las desigualdades provocan unas profundas exclusión y discriminación sociales de las trabajadoras sexuales, especialmente de las más vulnerables (inmigrantes, transexuales, usuarias de drogas, etc.)

 
Trata frente a trabajo sexual

Para luchar contra las violaciones y los abusos en la industria del sexo, los Estados miembros de la UE han estado usando la lucha contra la trata para combatir la prostitución y la inmigración, en lugar de crear un entorno de seguridad y apoyo que permita a las trabajadoras sexuales trabajar, autoorganizarse y garantizar buenas condiciones de trabajo.

Desmantelar la industria del sexo desbarata las vidas y el trabajo de las trabajadoras sexuales y las empuja a la ilegalidad y el aislamiento. Al mismo tiempo, las víctimas de la trata de seres humanos raramente son halladas y, si lo son, sus necesidades raramente son atendidas de forma eficaz. Los agentes políticos fusionan trabajo sexual y trata, lo que da lugar a políticas ineficaces dirigidas al conjunto de trabajadoras sexuales y a un completo desprecio por las necesidades de las trabajadoras sexuales que no son víctimas de trata.

Una de las cinco prioridades de la UE en relación a la trata es intensificar la prevención de la trata de personas. La mayor parte de los agentes políticos han limitado su interpretación de la prevención a terminar con la demanda y la oferta de servicios y bienes de víctimas de la trata. Es creencia general que terminar con la demanda de servicios sexuale llevará a terminar con la trata.

A pesar de los objetivos estratégicos de la UE que se basan en una interpretación más amplia de la demanda, las leyes y decisiones políticas que buscan penalizar a los clientes de las trabajadoras sexuales demuestran que esos objetivos son aplicados de forma excepcional al conjunto de la industria del sexo.

Sin embargo, dada la amplitud de la definición de trata, las medidas destinadas a disuadir la demanda deberían reflejar la extensión y la gravedad de todos los fines por los que las personas son víctimas de trata, incluyendo, por ejemplo, la industria de la construcción, la agricultura, el procesamiento de alimentos, el trabajo doméstico y el cuidado de dependientes. A pesar de la evidencia de que la trata y el trabajo forzado son alentados por la demanda de mano de obra barata, poco preparada y fácilmente desechable combinada con las políticas de inmigración crecientemente restrictivas y la falta de protección laboral para los trabajadores inmigrantes, las decisiones políticas no están buscando atajar estos determinantes estructurales de la trata y el trabajo forzado.

De 2012 a 2015 no ha habido decisiones por parte de la UE para impulsar leyes de despenalización como una estrategia para combatir la trata y mejorar la situación de las trabajdoras sexuales en Europa.

TAMPEP tambíén ha tenido conocimiento de un aumento en las iniciativas de financiación por parte de la UE y otros donantes de las actividades antitrata y abolicionistas, aunque raramente de grupos dirigidos por trabajadoras sexuales o de proveedores de servicios con un enfoque del tema basado en la defensa de los derechos humanos.

 

El abolicionismo y el modelo sueco

Los grupos de presión feministas abolicionistas, como el Lobby de Mujeres Europeas y Equality Now, se están volviendo más fuertes y más influyentes, y han sido fuertemente financiados en el curso de los actuales debates e intereses políticos en torno a la trata de mujeres con fines de explotación sexual y prostitución. Las feministas y organizaciones abolicionistas a menudo defienden el modelo sueco, que se ha convertido en una peligrosa tendencia en Europa y en el mundo.

El modelo sueco —un modelo legislativo creado en Suecia en 1999— tiene por fin reducir la incidencia de la prostitución, no grarantizar condiciones de trabajo seguras para las trabajadoras sexuales. Esta iniciativa legislativa penaliza a los clientes de las trabajadoras sexuales y considera a todas las personas que practican comercio sexual como víctimas.

En Europa, varios estados han introducido (Noruega, Islandia e Irlanda del Norte) o intentado aplicar (Francia y Escocia) medidas legales para implantar la penalización del trabajo sexual o la compra de servicios sexuales, sin tener en cuenta las consecuencias negativas que la penalización de los clientes tiene para las trabajadoras sexuales .

 

Dibujo 1
Las trabajadoras sexuales suecas observan que la penalización ha llevado a que haya menos tiempo para negociar las condiciones de trabajo y la seguridad del entorno de trabajo. Las trabajadoras sexuales de interior ya no pueden pedir a sus clentes informaciones tales como el nombre y el número de teléfono, y no tienen tiempo para negociar los servicios que van a proporcionar, lo que afecta a su seguridad.

Las trabajadoras sexuales de calle son las más afectadas. Se ven empujadas a trabajar en las afueras de las ciudades, en zonas menos visibles y accesibles, donde la policía no pueda sorprender a sus clientes. Tienen menos probabilidades de establecer contacto con los servicios de ayuda.

El modelo sueco está basado en la ideología y no en la evidencia. Cuando los clientes corren el riesgo de ser detenidos, la prostitución se vuelve automáticamente clandestina.

Como señalan las trabajadoras sexuales activistas y sus aliados, la penalización del cliente socava la autodeterminación de las trabajadoras sexuales, las lleva a la clandestinidad y refuerza el estigma y la discriminación que ya margina a esa población.

Además, el modelo sueco y las cruzadas antitrata/prostitución han puesto los modelos holandés y alemán bajo escrutinio.

Aunque ciertamente existen problemas con los actuales enfoques reguladores en países como Holanda y Alemania, el enfoque regulador no deslegitima el trabajo sexual ni pretende abolirlo como hace el modelo sueco.

Las campañas y el lobby político abolicionistas han estado recibiendo cada vez más atención de los medios de comunicación y más apoyo político, a pesar de la creciente evidencia de que la penalización de los clientes o de las trabajadoras sexuales lo único que hace es aumentar la vulnerabilidad y desde luego no combate la violencia y el abuso en la industria del sexo.

Los defensores de la penalización de los clientes o del trabajo sexual en su conjunto desean despreciar las experiencias y puntos de vista de aquellas personas directamente afectadas: las propias trabajadoras sexuales, bajo pretexto de proteger a las mujeres.

Las trabajadoras sexuales están notablemente ausentes de las conferencias organizadas para discutir las políticas penalizadoras. Los abolicionistas en la Europa actual rechazan el término “trabajo sexual” así como la idea de que el trabajo sexual es trabajo e ignoran y persistentemente ignoran y excluyen las voces de aquellas personas que trabajan en la industria del sexo.

 

Dibujo 2

 

Actuación policial y represión

Las trabajadoras sexuales en Europa suelen ser detenidas en las calles, burdeles, parques y otros lugares de trabajo. Las trabajadoras sexuales de calle, sin embargo, son las que con mayor frecuencia son objeto de medidas de aplicación de la ley. Las trabajadoras sexuales de interior también han sido el objetivo en operaciones de redada y en el cierre de lugares de trabajo con fines de investigación. Estas prácticas privan a las trabajadoras sexuales de sus ingresos.

Tradicionalmente, las trabajadoras sexuales inmigrantes, especialmente las que carecen de documentación o trabajan en situación irregular, experimentan los mayores niveles de violencia y abuso por parte de la policía y de personas que se hacen pasar por clientes.

Esto arroja luz sobre el hecho de que las leyes nacionales han estado fusionando las actuaciones policiales dirigidas contra la inmigración con las dirigidas contra la prostitución con el propósito de detener y deportar a las inmigrantes (por ejemplo, deportaciones de trabajadoras sexuales chinas en París en 2014 e intento de Suecia de deportar a trabajadoras sexuales de la Unión Europea, a pesar de la ilegalidad de estas prácticas policiales) .

La red TAMPEP ha estado observando estas violaciones de derechos de las trabajadoras sexuales e informando de ellas, sobre todo de las de trabajadoras sexuales inmigrantes, desde su creación, en 1993. TAMPEP cree que la mejor herramienta para luchar contra las violaciones de derechos es la defensa de esos derechos y las reformas legal y política.

 

Salud pública

Las trabajadoras sexuales encuentran importantes obstáculos cuando intentan acceder a servicios de prevención, tratamiento y asistencia sanitarios, debido sobre todo al estigma, la discriminación y la penalización. Las crecientes represión y penalización estatales del trabajo sexual ha hecho a las trabajadoras sexuales más vulnerables al VIH y las ETS. Las han obligado a trabajar en espacios clandestinos, reduciendo su acceso a la atención sanitaria y a medidas de prevención, y han socavado su dignidad. Estos problemas son habitualmente mayores para las trabajadoras sexuales inmigrantes, en particular si están indocumentadas. Evitan el acceso a los servicios sociales y de atención sanitaria por miedo a ser registradas y/o deportadas.

Las pruebas obligatorias de salud sexual son todavía practicadas y exigidas legalmente por algunos países europeos (como Hungría y Latvia). Estos procedimientos a menudo vulneran los derechos a la confidencialidad y la privacidad de las trabajadoras sexuales. La penalización de la transmisión del VIH también supone riesgos severos para los grupos vulnerables, en la medida en que disuade a las trabajadoras sexuales de hacerse pruebas y acudir a los servicios de salud.

Más aún, un gran número de organizaciones de lucha contra el VIH y de defensa de la salud pública, incluyendo la OMS y ONUSIDA, han advertido a los agentes políticos de los peligros sanitarios de la penalización de las trabajadoras sexuales y/o de sus clientes. Citamos el Grupo Asesor de ONUSIDA sobre VIH y trabajo sexual en su informe de 2011 que acompaña a la Guía de ONUSIDA sobre VIH y trabajo sexual de 2009:

“Los estados deberían evitar la penalización del trabajo sexual o de actividades relacionadas con el mismo. La despenalización del trabajo sexual debería incluir la derogación de los castigos penales por comprar y vender sexo, gestionar trabajadoras sexuales y burdeles, y otras actividades relacionadas con el trabajo sexual”.

Las actuaciones dirigidas por las trabajadoras sexuales deben tener un papel central en la mejora de la defensa frente al VIH y es crucial escuchar a las trabajadoras sexuales. Las trabajadoras sexuales experimentan de primera mano los efectos de las leyes y las prácticas lesivas de aplicación de las mismas que violan sus derechos humanos y obstaculizan los avances en la lucha contra el VIH. Sin embargo, la cobertura de prevención del VIH se estima que alcanza a menos de una tercera parte de todas las trabajadoras sexuales de la región. La financiación para intervenciones en trabajo sexual y VIH está disminuyendo, a pesar de la evidencia de su efectividad.

TAMPEP continúa llamando la atención en varios foros de la UE sobre las necesidades de las trabajadoras sexuales para garantizar que dichas necesidades, incluyendo las de las trabajadoras sexuales inmigrantes, sean tenidas en cuenta en los programas relacionados con la prevención, la atención y el tratamiento del VIH.

 

Homo y transfobia

Otras leyes han empeorado también la situación de los trabajadores sexuales masculinos y transexuales, en particular en la Europa Central y del Este, incluyendo los países de la CEI. Las leyes antihomosexualidad en países como Rusia y Ucrania provocan más homofobia y transfobia en la sociedad y menos aceptación social de las personas LGBTI, lo que afecta específicamente a los trabajadores sexuales masculinos y trans. Tener que hacer frente a múltiples formas de estigmatización y despenalización a menudo priva a estos grupos de sus derechos humanos fundamentales.

La homofobia de la sociedad, las leyes contra la homosexualidad y la ausencia de protección legal frente a la discriminación son importantes obstáculos para los trabajadores sexuales masculinos y transexuales a la hora de acceder a los servicios de salud y de información relacionados con el sexo.

 

Comentarios de TAMPEP sobre las políticas en relación a la prostitución en la Europa actual

A TAMPEP le preocupa que las actuaciones contra las trabajadoras sexuales, en particular las inmigrantes, se vean legitimadas mediante el encuadre del trabajo sexual como un problema que implica criminales organizados y “esclavas sexuales”.

Los determinantes estructurales y las leyes que afectan negativamente a las trabajadoras sexuales, tanto nacionales como inmigrantes, y a la industria del sexo como un todo, no están siendo consideradas como de importancia central cuando se trata de las vulnerabilidades de las trabajadoras sexuales (incluyendo la explotación sexual y la trata).

TAMPEP reafirma que las medidas tomadas por los estados miembros de la UE en su lucha contra la trata a menudo se convierten en estrategias antiprostitución (por ejemplo, operaciones de redada) y antiinmigración (por ejemplo, controles fronterizos más estrictos). Las trabajadoras sexuales inmigrantes, especialmente aquellas sin papeles, están bajo amenaza constante de ser detenidas y deportadas. La violencia ejercida contra esta población ha sido también demostrada por varios informes financiados por la UE .

 

Dibujo 3
Este enfoque de lucha contra la trata, que ha influído en la política de la UE, oscurece tanto la relación entre política de inmigración y “trata” como la relación entre política de prostitución y trabajo forzado en la industria del sexo .

Está siendo necesario clarificar a los que toman las decisiones políticas y a los políticos en general las diferencias existentes entre trata y trabajo sexual, tanto en la ley como en la práctica. Aunque las consecuencias negativas para las trabajadoras sexuales de la lucha contra la trata no resultan políticamente interesantes para algunos miembros del Parlamento europeo, la ineficiencia al abordar el problema y proteger los derechos de las víctimas puede ser una estrategia que han adoptado.

La fusión de trabajo sexual y trata ha alcanzado niveles desproporcionados en el debate político y en los medios. TAMPEP promueve de forma consistente la visibilidad de las trabajadoras sexuales como un modo de desmantelar las teorías de la victimización y hacer patente la situación de las trabajadoras sexuales en Europa. Más aún, TAMPEP cree que las trabajadoras sexuales pueden ser grandes aliadas en la lucha contra la trata en la medida en que podrían detectar a las auténticas víctimas si ellas mismas no fueran tan a menudo penalizadas y desautorizadas.

 
La posición de TAMPEP

Poner de manifiesto y pormenorizar las violaciones de los derechos humanos que experimentan las trabajadoras sexuales parece no haber sido suficiente para impedir los modos conservadores de entender la industria del sexo y sus trabajadoras.

A la vista de las continuas regulaciones abusivas del trabajo sexual y de un clima de políticas sociales represivas, redes feministas y de inmigrantes, compañeros políticos, aliados y otras partes interesadas urgen a la sociedad civil para que emprenda una acción integrada en defensa de las trabajadoras sexuales que garantice el reconocimiento y protección de sus derechos y combata las leyes y prácticas discriminatorias.

Reafirmamos nuestro compromiso de luchar contra la penalización del trabajo sexual y el modelo sueco e invitamos a compañeros y aliados de toda Europa a unirse a nosotros en la lucha por garantizar a todas las trabajadoras sexuales el disfrute de sus derechos humanos en Europa.

 

Dibujo 4

Prohibir la prostitución es un crimen

Por Steve Chapman

26 de agosto de 2015

 
http://www.chicagotribune.com/news/opinion/chapman/ct-prostitution-amnesty-international-cindy-mccain-sex-workers-trafficking-rape–20150826-column.html

 
Prohibir cosas que no te gustan tiene una larga historia, aunque no es una historia feliz. Los estadounidenses han intentado prohibir el alcohol, la marihuana, la pornografía y la homosexualidad. Sin embargo, todas esas cosas siguen hoy ahí.

 
Así que hemos aprendido no solo a tolerarlas, sino también a permitirlas. Hoy día, te puedes tomar un vaso de whisky en un bar gay mientras miras porno en tu iPad, y la policía no te dirá nada. En Colorado y Washington, puedes ir a comprar hierba a una expendeduría autorizada por el Estado.

 
La prohibición ha fracasado también con el sexo comercial. Encontrar un “salón de masaje erótico” en internet es casi tan difícil como encontrar una pizzería. Los sitios web ofrecen página tras página de escorts, tanto mujeres como hombres.

 
Un catorce por ciento de hombres estadounidenses admiten haber sido clientes de una prostituta al menos una vez en su vida, lo que supone alrededor de diecisiete millones de clientes. Se estima que un millón de mujeres se han dedicado a la prostitución en Estados Unidos.

 
Enfrentados a esta realidad, los activistas de Amnistía Internacional han ratificado recientemente la despenalización del “trabajo sexual”. Esta posición es defendida por la Organización Mundial de la Salud, Anti-Esclavitud Internacional y la Alianza Global contra la Trata de Mujeres.
Entienden que la prohibición de la prostitución no termina con esta. Tan solo la empuja a la clandestinidad, donde son más probables los abusos y estos son más difíciles de detectar. Mientras siga siendo un delito, dice el Comité Internacional por los Derechos de las Trabajadoras Sexuales en Europa, “las trabajadoras sexuales estarán en riesgo de sufrir violencia policial, detenciones, violaciones, chantajes y deportaciones, y no tendrán posibilidad de denunciar los abusos”.

 
En los lugares donde su trabajo es despenalizado, las prostitutas pueden trabajar con más facilidad en entornos en los que las condiciones estén controladas, los clientes sean seleccionados y las medidas de prevención de salud sean obligatorias. Tampoco tienen que preocuparse de ser detenidas o chantajeadas por la policía.

 
Pero la postura de Amnistía Internacional ha provocado un aluvión de críticas. Una carta firmada por feministas, clérigos y celebridades acusó al grupo de reforzar a los proxenetas y defender un “apartheid de género”. Cindy McCain, presidenta del Consejo Consultivo sobre Trata de Seres Humanos en el Instituto McCain para el Liderazgo Internacional, denominó la decisión “un abandono desgarrador de aquellas mujeres que son vendidas por sexo todos y cada uno de los días”.

 
Lo que molesta a los críticos es la idea de que adultos en perfecto uso de sus facultades mentales decidan alquilar sus cuerpos para la obtención de una gratificación erótica. McCain insistió: “la decisión de vender el propio cuerpo para la obtención de sexo en ausencia de mejores alternativas no es un derecho humano”. Pero este mismo razonamiento podría aplicarse a aquellas personas que se dedican a toda una serie de trabajos desagradables, desde matar pollos hasta vigilar presos.

 
La prostitución puede ser un modo terrible de ganarse la vida. Pero las mujeres (y los hombres) que la escogen consideran sus otras opciones aún menos atractivas. Apartarles del trabajo sexual, por definición, les hace ir a peor.

 
Los oponentes de Amnistía Internacional insisten en que el negocio se basa en la esclavización de las mujeres. Pero esto ocurre raras veces. La administración de George W. Bush estableció cuarenta y dos grupos de trabajo en el Departamento de Justicia y gastó unos ciento cincuenta millones de dólares en intentar encontrar mujeres y chicas forzadas a ejercer la prostitución, según informó el Washington Post. A lo largo de siete años, todo esto esfuerzo solo consiguió 148 procesamientos.

 
La revista Time dice que los datos sugieren que “la mayoría de las personas que trabajan en la industria del sexo lo hacen contra su voluntad”, una afirmación que el sociólogo de la Universidad George Washington Ronald Weitzer, autor del libro “Legalización de la prostitución”, editado en 2012, dice que es “una majadería. No hay encuestas representativas de trabajadoras sexuales, encuestas que serían necesarias para confirmar que ‘una mayoría’, o un porcentaje cualquiera, de trabajadoras sexuales lo hacen contra su voluntad”.

 
Los criminólogos de la Universidad Rutgers James Finckenauer y Ko-lin Chin entrevistaron a 149 mujeres chinas que emigraron para dedicarse al trabajo sexual. “Ninguna de las mujeres a las que entrevistamos dijeron haber sido sometidas a rapto, fuerza o coacción”, informaron. Muchas lo hicieron “para ganar un dinero que nunca habrían ganado por otros medios”.

 
Se ha descubierto trata de seres humanos en muchas industrias en todo el mundo, incluyendo salones de uñas en Manhattan. Pero nadie piensa que deberíamos ilegalizar a las manicuras.

 
Los ataques a la despenalización provienen de una extraña alianza de feministas que miran a todas las trabajadoras sexuales (incluídas las estrellas porno y las strippers) como víctimas de opresión y cristianos que las ven como sumidas en la depravación. Ambos grupos explotan la idea de que algunos tipos de sexualidad son vergonzosos, peligrosos e intolerables, una actitud que siempre alimentó la persecución de los homosexuales.

 

Pero una cosa que hemos aprendido es que personas diferentes tienen diferentes tipos de sexo por toda una serie de razones que a nadie más le importan. Hacerlo por dinero no es algo distinto.

 

Steve Chapman, miembro del Consejo del Tribune, bloguea en http://www.chicagotribune.com/chapman.

 
schapman@tribpub.com

 
Twitter @SteveChapman13

No se trata de castigarlos a ellos, sino de protegerlas a ellas

Comparto plenamente los argumentos esgrimidos por Amnistía Internacional (AI) en su defensa por la despenalización del trabajo sexual

Abogo por que no se convierta a las prostitutas en cómplices de delitos o sanciones administrativas, se les niegue cualquier elección que no sea ejercer en prostíbulos o se las margine socialmente como infrasujetos carentes de derechos humanos

 

 

3006_20150821rPUpb5Por Glòria Poyatos Matas

23/08/2015
http://bit.ly/1JtG9wk

 

Comparto plenamente los argumentos esgrimidos por Amnistía Internacional (AI) en su defensa por la despenalización del trabajo sexual, sustancialmente por el enfoque que se hace, fijando el objetivo en las propias trabajadoras y los derechos de éstas, desterrando otros enfoques que se centran más en sancionar (incluso penalmente) a los clientes o, a propietarios de locales de alterne o inmuebles en los que ellas trabajan. No se trata de castigarlos a ellos sino de protegerlas y empoderarlas a ellas y reconocerles los mismos derechos humanos que cualquier otra persona.

 
Hace años, otra organización internacional de igual prestigio e incluso con un conocimiento más especializado en materia de trabajo, la Organización Internacional de Trabajo, se mostró igualmente partidaria de la despenalización del trabajo sexual recomendando, incluso, su regulación, en su Informe de 1998, diseñado por Lin Lean Lim sobre el sector del sexo en Asia sudoriental. Y hay otros ejemplos, como ONUSIDA, la OMS, ONU Mujeres, la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW), Human Rights Watch, Open Society etc., que mantienen la misma línea de la OIT y AI.

 
Para poder opinar nítidamente sobre el trabajo sexual debe partirse de una premisa imprescindible, que es el deslinde del trabajo sexual como servicio realizado por persona adulta y libre a cambio de un precio del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, que personalmente me repugna, y abogo por un urgente incremento de las penas y una verdadera coordinación internacional en la lucha contra las mafias.

 
Que el trabajo sexual no es sinónimo de trata es algo incuestionable a estas alturas. Ha sido reconocido por la ONU, en un extenso estudio llevado a cabo en 2010 en Europa ( Trata de personas hacia Europa con fines de explotación sexual), en cuyas conclusiones se asevera que una de cada siete mujeres que ejercen la prostitución en Europa es víctima de trata, esto es, aproximadamente un 15%. Sin duda alguna, es una cifra abominable y demasiado elevada, en un entorno autocalificado de progresista y protector de la mujer frente a una de las delincuencias más repugnantes y, desgraciadamente, mejor organizadas, pero hay todo un 80% de mujeres desterradas a la invisibilidad y al ostracismo de derechos.

 
También la propia UE, en la sentencia dictada por el TJUE de 21 noviembre de 2001 ( asunto Jany y otras), separa claramente el trabajo sexual de otras actividades delictivas y lo define, sin tapujos, como actividad económica, si se ejerce libremente por persona adulta. Esa sentencia vincula jurídicamente a todos los estados miembros incluidos sus órganos judiciales, al igual que vincula el Reglamento de la UE 549/2013, que separa el trabajo sexual voluntario del que no lo es, a efectos de su inclusión en el PIB.

 
Esta separación no debe parecernos extraña, si tenemos en cuenta que el delito de trata de personas con fines de explotación laboral cohabita con una prolija regulación laboral que actúa de dique limitador de los perjuicios obreros surgidos del libre juego entre la oferta y la demanda. Un dique tutelador de la dignidad del trabajador y su desvalida posición contractual. He aquí el primer motivo para propugnar no sólo la despenalización del trabajo sexual sino también su regulación a medida, una regulación especial y específica para un trabajo de alto riesgo. Una regulación que limite el poder de clientes o proxenetas e incremente el de las trabajadoras sexuales a todos los niveles.

 
El segundo argumento para despenalizar el trabajo sexual es un argumento de género, el mismo que se esgrime por parte de las filas neo-abolicionistas o prohibicionistas, pero a la inversa y siempre fijando nuestra atención en ellas y no en castigarlos a ellos. Que la prostitución sea mayoritariamente femenina, y por tanto se proyecte sobre un colectivo (el de las mujeres) históricamente discriminado, refuerza la tesis de su despenalización, aumento de la protección y reconocimiento de derechos. No reconocer derechos puede llevar al absurdo de desterrar de tutela judicial a las trabajadoras sexuales frente a clientes o propietarios de los locales de alterne en los que trabajan, para satisfacción de estos.
Ello ocurre en nuestro país, donde algunas sentencias judiciales anulan las actas de infracción y sanción de la Inspección de Trabajo frente a los propietarios de los prostíbulos, y ocurrió en Colombia, donde una trabajadora sexual fue despedida por quedarse embarazada, siendo desestimada su demanda planteada frente al despido con el argumento de la inexistencia del contrato (negación de derechos), hasta que, con una alta dosis de sentido común, el Tribunal Constitucional de dicho país tuteló el derecho de la prostituta, sustancialmente por la vía de la discriminación por razones de género (sentencia 629/2010 – ponente don Juan Carlos Henao Pérez).

 
El tercero. La penalización de la prostitución por la vía de la criminalización de los clientes de las meretrices tampoco ayuda a sacarlas de su estado permanente de estigmatización, pues las convierte en cómplices necesarias de un hecho delictivo, reprochable administrativamente y, por ende, también socialmente. Además, las arrastra a ejercer su actividad en condiciones peores (clandestinidad), y más peligrosas para su libertad sexual e integridad física, aumentando peligrosamente su vulnerabilidad como víctimas de otros delitos. Y a ello también ayuda la pandemia de reglamentaciones locales de los últimos años, que barren a las trabajadoras sexuales de las ciudades, sin habilitar espacios alternativos donde puedan ejercer la actividad en condiciones más seguras para ellas. Una buena campaña para los locales de alterne y otro golpe a los derechos de estas perdedoras, acostumbradas a serlo.

 
Mi cuarto argumento parte de un principio de igualdad de trato respecto de otros trabajos sexuales (actrices de porno, bailarinas eróticas, alternadoras), que sí tienen reconocidos derechos sociales y laborales. ¿Dónde está la diferencia, excluyente de derechos, entre una actriz del porno y una prostituta? Y sobre todo, igualdad, en este macro-negocio de la prostitución donde todos tienen derechos menos ellas, como es el caso de la patronal del sexo que cuenta con regulación jurídica a medida, y una buena organización a través de asociaciones nacionales para la defensa de sus intereses. Asociaciones reconocidas judicialmente por el propio Tribunal Supremo español ( “sentencia Mesalina” de 24/11/2004).

 
El último de mis argumentos a favor de reconocer derechos a las trabajadoras sexuales es eminentemente práctico. Personalmente, desearía que la prostitución no existiese, al menos como una forma de supervivencia de las mujeres en situaciones de necesidad, pero es una quimera pensar en su desaparición. Por ello, y dado que muchas mujeres eligen esta alternativa temporalmente para poder cubrir las necesidades familiares más básicas, abogo por que al menos durante esa etapa, no se las convierta en cómplices de delitos o sanciones administrativas, se les niegue cualquier elección que no sea ejercer en prostíbulos, se las destierre del acceso a las prestaciones del Sistema de la Seguridad Social o se las margine socialmente como infrasujetos carentes de derechos humanos, pues ello supone perpetuar su histórica situación de exclusión social, como uno de los colectivos más vulnerado y vulnerable.

 

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Glòria Poyatos Matas es Magistrada decana en Lanzarote y autora del libro La prostitución como trabajo autónomo.