El necesario debate de los derechos de las prostitutas

 

 

Mamen Briz (Colectivo Hetaira).

 

Colectivo Hetaira·Martes, 18 de abril de 2017

 

El pasado día 29 de marzo, Daniel Bernabé escribía en La Marea el artículo “La trampa de la diversidad. Una crítica del activismo” (http://www.lamarea.com/2017/03/29/la-trampa-la-diversidad-una-critica-del-activismo/). Escribimos este pequeño texto de respuesta y lo enviamos hace unas semanas, como no ha sido publicado, compartimos por nuestras redes.

 

Hay una trasnochada forma de pensar desde la izquierda que insiste en la “unidad de acción” en los grandes y todopoderosos temas que son los importantes y sobre los que hay que debatir y ponerse de acuerdo desestimando el activismo que no se ajusta a sus cánones, el activismo que remueve y pone en jaque las grandes ideas “válidas” como dogmas de fe para esa vieja izquierda.

 

Durante años esta ha sido una gran pelea y hemos visto a muchos partidos políticos y organizaciones sindicales ponerse las pilas para entrar en temas hasta entonces “intocables”. A día de hoy nadie cuestiona la necesidad de un programa de acción de políticas LGTBQI en cualquier organización política, sindical o social. Pero no hace mucho los maricones y las bolleras eran expulsados de estas mismas organizaciones. La gente trans ni siquiera se planteaba una posible pertenencia, claro está. Eran distracciones “pequeño burguesas” para la construcción de una izquierda “verdadera”.

 

Sucedió algo parecido con el movimiento de mujeres y la defensa de sus derechos. Se trataba de una “pedrada” en la que insistían algunas militantes, sindicalistas o feministas que daban la vara para que en sus organizaciones se tuviera el feminismo en cuenta. Costó lo suyo también. Se les aconsejaba esperar a derrotar el “capitalismo”, que era lo importante, y se aseguraba con contundencia que después ya vendría (ella sola) la liberación de las mujeres y la consecución de derechos.

 

Estamos en el siglo XXI y ahora ninguna organización (política, sindical, social) o persona a título individual se atrevería a afirmar que la lucha por la defensa de los derechos LGTBQI o de las mujeres ha de esperar. Hemos avanzado. Sin embargo, hay otros temas que siguen siendo inasumibles. Así, leemos con estupor que la defensa de los derechos de un sector de mujeres concreto, las prostitutas, que se encuentran en una situación de absoluta desprotección en cuanto a derechos laborales y sociales se refiere y que soportan un cúmulo de discriminaciones inaceptables en las sociedades actuales, en realidad es un “extraño debate” y una “marcianada inasumible” (1).

 

Es un tanto sorprendente el que se desconsidere la existencia de una corriente feminista pro derechos, de un feminismo pro sex, al que se vinculan organizaciones de activistas y de trabajadoras del sexo, en todos los continentes, desde mediados de los años 80.

 

Es inaudito que se desprecie el trabajo de organizaciones como Amnistía Internacional, la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW), la Comisión Global sobre VIH y Derecho, Human Rights Watch, ONUSIDA, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la salud y la Organización Mundial de la Salud y, por supuesto, el de las propias organizaciones de prostitutas y aliadas, que están exigiendo a los Gobiernos que actúen y despenalicen el trabajo sexual como forma de evitar, entre otras cosas, situaciones de violaciones, otras violencias, extorsión y discriminación de las prostitutas que han quedado más que demostradas en multitud de informes. Y no estamos hablando de África o Asia. Uno de los últimos informes de Amnistía Internacional se centra en Noruega, un país que multa a los clientes de la prostitución, donde se dan violaciones de derechos humanos y existe la violencia contra las prostitutas; violencia que ellas no se atreven a denunciar, porque la Policía es estricta a la hora de aplicar la ley y su primera actuación es desalojarlas de los domicilios en que se ocupan y viven. Esa es su prioridad (2).

 

La vieja izquierda decía que había que esperar en algunos temas, la nueva vieja izquierda ni siquiera pide esperar. Lo que hace simple y llanamente es descalificar los temas que no son de su interés y que se escapan a su comprensión (esa que no acepta la existencia de la diversidad) y los califica como “posmodernos” o “neoliberales”. Y además la culpa de que la izquierda no vaya por mejor camino y que la derecha vaya ganando terreno es precisamente por estas “marcianadas inasumibles”. Buen intento de echar balones fuera. Ahora resulta que las putas organizadas son las responsables del avance de la ultraderecha.

 

No sabemos lo que será tangible para la izquierda, lo que sí sabemos es qué es tangible para las prostitutas. Es tangible la discriminación que sufren cada día por ejercer el trabajo del sexo. Son tangibles las multas que soportan a diario a consecuencia de la ley mordaza (Ley de Seguridad Ciudadana). Lo tangible es que tengan que soportar malos modos, humillaciones e insultos sexistas, racistas, tránsfobos mientras son multadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por ejercer la prostitución e intentar llegar a fin de mes (3). Lo tangible es que tengan que soportar reflexiones destructivas y juicios sobre su propio movimiento de quien jamás se acercó a ellas para interesarse de primera mano por su situación.

 

Se argumenta, por último, que desde las organizaciones pro derechos se defiende la “libertad individual”, ¿desde cuándo exigir derechos laborales y derechos sociales para mejorar las condiciones de vida y trabajo de todo un colectivo de personas discriminadas es una pelea individual? Esa misma izquierda los llama “derechos colectivos” cuando se trata de cualquier otro grupo de trabajadores o trabajadoras.

 

Para finalizar tenemos que darle la razón a Daniel Bernabé en que hay que escuchar mucho más a Las Kellys. Las “putas” y las “chachas” sí que tenemos alianzas, fuertes alianzas de hecho, porque muchos de los objetivos son comunes: acabar con la invisibilidad y acabar con el machismo que nos desconsidera, desconsidera nuestras voces y desconsidera nuestras luchas. Les dejamos con un vídeo en donde ambos colectivos hablan sobre las violencias laborales y las violencias machistas (4), esperando a que les ayude a comprender algo mejor las exigencias de las prostitutas.

 

 

Mamen Briz es activista de Hetaira (colectivo en defensa de los derechos de las prostitutas, http://www.colectivohetaira.org/WordPress/).

 

<NOTAS>

 

  1. El pasado día 29 de marzo, Daniel Bernabé escribía en La Marea el artículo “La trampa de la diversidad. Una crítica del activismo” (http://www.lamarea.com/2017/03/29/la-trampa-la-diversidad-una-critica-del-activismo/).
  2. Noruega: El coste humano de ” machacar” el mercado: La penalización del trabajo sexual en Noruega: Resumen ejecutivo: https://www.amnesty.org/es/documents/eur36/4130/2016/es/.
  3. La Agrupación Feminista de Trabajadoras del Sexo (AFEMTRAS) y el Colectivo Hetaira denuncian el silencio y la complicidad de las instituciones hacia los abusos policiales que se están cometiendo en el Polígono de Villaverde contra las trabajadoras del sexo, Madrid, 29 de noviembre de 2016: https://www.youtube.com/watch?v=ee0S7AmamLc.
  4. Empleadas de hogar, Kellys y trabajadoras sexuales | Violencias laborales y violencias machistas: https://www.youtube.com/watch?v=N95-Dr0xOzg.

 

 

La autoperpetuación de las fantasías de “acabar con la demanda”

Por Desmond Ravenstone

7 de abril de 2016

http://ravenstonesreflections.blogspot.com.es/2016/04/the-self-perpetuation-of-end-demand.html

 

Francia se acaba de unir a la lista de países que han adoptado el así llamado enfoque de “acabar con la demanda” en su lucha coantra la prostitución, penalizando a los clientes de las trabajadoras sexuales en una vana esperanza de que una caída mantenida en la demanda lleve a la eventual erradicación de la “trata de blancas”. Olvida que Suecia, que fue la primera en adoptar este enfoque en 1999, no ha observado ningún descenso mensurable ni en la oferta ni en la demanda. Olvida que este enfoque solo puede ser llevado a la práctica mediante una vigilancia altamente intrusiva y el acoso tanto a las trabajadoras sexuales como a los clientes. Olvidan que todo esto está siendo propagado por ideólogos extremistas que urden una investigación espúrea basada en sus escabrosas fantasías en lugar de basarse en datos empíricos reales.

 
Imaginemos una gran nación insular, gobernada por una federación de cinco Estados. En ella crece una planta —llamémosla “Gudstoff”— que, cuando su fruto es consumido, produce un estado temporal y moderado de euforia y relajación. Algunos ciudadanos están abiertamente preocupados por esta planta, y extienden mitos acerca de que es adictiva y produce brotes psicóticos. Los científicos legítimos no ven que haga daño si se consume con moderación, y quizás hasta tenga algunos efectos beneficiosos. Pero, como todos los políticos, los líderes de todas las regiones deciden que la venta, compra, posesión y consumo de Gudstoff serán faltas castigadas con multas.

Eventualmente, se produce una división entre los partidos políticos. Uno dirigido o influenciado por ideólogos anti-Gudstoff, que presionan para que estas faltas sean elevadas a la consideración de delitos, junto con procedimientos encaminados a su erradicación. El otro, tras prestar atención a los resultados de la investigación empírica, está a favor de la legalización de Gudstoff y su consecuente aporte recaudatorio, junto con medidas de educación encaminadas a evitar potenciales abusos. En tres de las regiones gana el partido “anti”, que instituye sus estrictas medidas, mientras que las otras dos se convierten en Estados “legales”.

Cualquiera con un conocimiento básico de economía vería que, dado que la oferta de Gudstoff se vuelve menos accesible en los Estados “anti”, los que buscan Gudstoff viajarán sencillamente al otro lado de la frontera para obtenerla en los Estados “legales”. El resultado es un aparente aumento de la demanda en los países “legales”, lo que es recibido con aullidos de “ya os lo dijimos” por aquellos que piensan que Gudstoff es veneno. He dicho deliberadamente “un aparente aumento” porque, de hecho, se trata meramente de un desplazamiento del sitio donde tiene lugar la demanda, basado en las acciones locales para restringir el comercio. La demanda total en toda la isla no ha cambiado. Pero, esto no importa a los “antis”, ellos ven que las ventas de Gudstoff se disparan en los Estados “legales” y se dan prisa en echar la culpa a la legalización.

Esto es exactamente lo que hemos visto en Europa cuando Suecia y Noruega adoptaron medidas contra las trabajadoras sexuales y sus clientes (y no nos equivoquemos, su objetivo son las trabajadoras sexuales), y con Francia cometiendo ahora el mismo error, veremos ahora seguir la misma tendencia cuando más clientes del trabajo sexual de Francia y Escandinavia viajen a los Estados “legales” como Alemania y Holanda. Y ¿si los militantes “antis” siguen su marcha y convencen a más países para que adopten este enfoque? Hacer más difícil comprar o vender algo no hace que desaparezca, solo lleva a cambios en la estrategia.

Es hora de que aquellos preocupados por los daños ligados a la prostitución cambien sus estrategias, antes de que causen aún más daños. Estos daños, si no ligados directamente a la penalización de alguna forma, son exacerbados por ésta. Esto ha sido notado por una amplia gama de grupos que apuestan por la despenalización, desde el movimiento pro derechos de las trabajadoras sexuales hasta la Organización Mundial de la Salud y la Alianza Global contra la Trata de Mujeres. La despenalización no es en sí misma la solución completa, pero abre las puertas a auténticas soluciones. Y si queremos soluciones auténticas, es hora de que prestemos oído tanto a la evidencia empírica como a la experiencia de las mismas trabajadoras sexuales; no a prohibicionistas equivocados.

Dictamen del Defensor de los derechos de la República Francesa: no a la penalización de los clientes de la prostitución

Dibujo

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_avis_20151216_15-28.pdf

 
París, a 18 de diciembre de 2015

Dictamen del Defensor de los derechos nº 15-28

El Defensor de los derechos,

Visto el artículo 71-1 de la Constitución de 4 de octubre de 1958;
Vista la ley orgáinica nº 2011-333 del 29 de marzo de 2011 relativa al Defensor de los derechos;

El Defensor de los derechos emite el dictamen adjunto concerniente a la propuesta de ley nº 3149 que intenta reforzar la lucha contra el sistema prostitucional y asistir a las personas prostitutas.

El Defensor de los derechos

Jacques TOUBON

.

A título preliminar, el Defensor de los derechos reconoce la necesidad de luchar contra todas las formas de explotación y proteger a las personas víctimas. Esta es la razón por la que suscribe plenamente la voluntad del legislador de reforzar los medios de lucha contra el proxenetismo y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual (capítulo I).

En contrapartida, el Defensor de los derechos lamenta que las personas prostitutas sean uniformemente percibidas como víctimas en la propuesta de ley. La prostitución es un fenómeno heterogéneo y complejo, como testimonia en particular el informe de la Inspección general de asuntos sociales publicada en 2012 (1). Al considerar de manera arbitraria que las personas prostitutas son mayoritariamente “víctimas”, “débiles” y “explotadas”, el legislador hace oídos sordos a los diferentes informes que demuestran la ausencia de cifras fiables y a las observaciones hechas por las asociaciones. En efecto, los/as prostitutos/as no son todas y todos víctimas de trata, y la prostitución refleja realidades múltiples. La propuesta de ley no está hecha a imagen de esta realidad polimorfa y tiende a hacer una amalgama entre prostitución y trata.

 

1. Sobre el capítulo II relativo a la protección de las víctimas de la prostitución y a la creación de un circuíto de salida de la prostitución y de inserción social y profesional.

 

Al tiempo que reconoce la necesidad de proteger y de asistir a las personas prostitutas que lo deseen, el Defensor de los derechos deplora la noción de “circuíto de salida”. Esta noción parece particularmente inadecuada, ya que obliga a la inscripción de las personas prostitutas en un procedimiento predefinido sin permitir, una vez más, tener en cuenta la diversidad de su situación. La obligación para las “víctimas de prostitución” de dejar la prostitución si quieren poder beneficiarse de esta asistencia o protección es problemática. Además, el Defensor de los derechos expresa serias reservas sobre la condición de inscribirse en un “circuíto de salida”, contraria al principio de igualdad de acceso a los derechos, y preconiza un acceso incondicional a los dispositivos de asistencia social, sanitaria y profesional.

El Defensor de los derechos toma nota con satisfacción de la supresión, por el artículo 13, del delito de captación previsto por el artículo 225-10-1 del código penal, que sanciona a las personas prostitutas. La utilidad de la detención preventiva de las personas prostitutas detenidas por captación, con la finalidad de reunir información en el marco de la lucha contra el proxenetismo, está lejos de ser siempre constatada, como revela la exposición de motivos. Además, el delito de captación ha degradado sobremanera las condiciones de salud y de ejercicio de las personas que se prostituyen, y la mención de este delito en los archivos judiciales de las personas afectadas dificulta profundamente su reinserción social y profesional.

 

2. Sobre el capítulo IV relativo a la prohibición de compra de actos sexuales mediante el establecimiento de una multa que sancione el recurso a la prostitución

 

El Defensor señala que la prohibición de la compra de un acto sexual basada en el modelo sueco no es la medida más eficaz para “reducir la prostitución y para disuadir a las redes de trata y de proxenetismo de implantarse en nuestro territorio” y aún menos “la solución que mejor protege a las personas que permanezcan en la prostitución”, como se enuncia en la propuesta de ley.

Aparte del hecho de que en Francia, como en Suecia, no disponemos de cifras fiables y es por tanto difícil cuantificar los efectos de la ley sobre el sistema prostitucional, el modelo sueco citado en referencia es hoy objeto de gran controversia (2). Así, el efecto de una disposición tal sobre el fenómeno prostitucional en Francia se anuncia limitado o incluso nulo.

 
En contrapartida, los efectos sobre la salud, la seguridad de las personas y su acceso a los derechos fundamentales están bien definidos por las instituciones internacionales (OMS, ONUSIDA, PNUD) y francesas (CNS, IGAS, INVS). A la vista de los efectos generados por la penalización de la captación en Francia, la penalización de los clientes acentuará la precariedad de las personas prostitutas al forzarlas a una mayor clandestinidad. En efecto, una medida tal desplazará el ejercicio de la prostitución de calle a zonas cada vez más apartadas y/o aisladas, empeorando unas condiciones de ejercicio ya difíciles.

 
Por dicha razón, esta mayor clandestinidad hará más difícil la actuación de los servicios de policía en la lucha contra la trata y el proxenetismo. ¿Cómo luchar contra las redes desde el momento en que las víctimas no sean ya visibles y accesibles?

 
Esta disposición tendrá igualmente como consecuencia una mayor exposición de los/as prostitutos/as a la violencia de ciertos clientes y a los contagios de VIH y/o hepatitis víricas. La OMS, ONUSIDA y el CNS se muestran unánimes: la penalización de la prostitución perjudica la salud de las personas que la practican. Estén o no forzadas a ejercer la prostitución, las personas que proponen servicios sexuales tarifados verán mermada su capacidad de negociación, obligándolas a aceptar ciertas prácticas o relaciones sin protección.

 
Por otra parte, su acceso a la prevención y a la asistencia será aún más problemática al alejarlas de las redes de apoyo de las estructuras asociativas y médicas existentes y haciendo más complicada la actuación de los agentes de prevención. ¿Cómo aplicar una verdadera política de reducción de riesgos, que está sin embargo inscrita en la ley, desde el momento en que las personas se prostituirán en lugares mal conocidos por las asociaciones o inaccesibles para ellas?

 
En conclusión, al mantener la amalgama entre trabajo sexual y delincuencia, la penalización de la prostitución aumenta la vulnerabilidad jurídica de los/as prostitutos/as, a veces víctimas de acoso policial, de detenciones abusivas y de humillaciones. En consecuencia, las asociaciones prevén una mayor desconfianza hacia las fuerzas del orden y un menor recurso a ellas en caso de sufrir violencia. En lugar de ser una fuente de protección, la sanción a los clientes por recurrir a la prostitución obstaculiza el acceso a sus derechos de las personas prostituídas.

En consecuencia, el Defensor de los derechos constata con satisfacción la supresión del artículo 18 y no desea su reintegración.

 

3. Sobre las disposiciones finales previstas en el artículo 18

 

El Defensor de los derechos saluda la obligación que se plantea al Gobierno de presentar un informe sobre la aplicación de la presente ley en un plazo de dos años a contar desde su promulgación, pero desea que este informe permita igualmente elaborar datos públicos fiables y compartidos sobre el sistema prostitucional.

A día de hoy, los diferentes actores están de acuerdo en deplorar la ausencia casi total de datos públicos sobre las condiciones de ejercicio, así como sobre la situación sanitaria y social, de las personas prostitutas. Los únicos datos disponibles emanan de las autoridades al cargo de la seguridad pública y de las asociaciones que trabajan sobre el terreno y se refieren esencialmente a la prostitución de calle.

 


 

1.- AUBIN Claire, JOURDAIN-MENNINGER Danielle, EMMANUELLI Julien, Prostitución: cuestiones sanitarias, IGAS, diciembre de 2012 ___

2.- Ver en particular DODILLET Susanne et ÖSTERGREN Petra, La ley sueca contra la compra de actos sexuales: éxito proclamado y efectos documentados. Documento de conferencia presentado en el Taller internacional: Despenalización de la prostitución y más allá: las experiencias prácticas y los desafíos. La Haya, 3 y 4 de marzo de 2011.

 

Implementación de programas integrales de VIH/ITS con personas trabajadoras del sexo: enfoques prácticos basados en intervenciones colaborativas

Autores:

OMS; UNFPA; ONUSIDA; Global Network of Sex Work Projects (NSWP); Banco Mundial; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Detalles de la publicación

Número de páginas: 196
Fecha de publicación: junio de 2015
ISBN: 978 92 4 350618 0

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Presentación

Tras la publicación de las Recomendaciones 2012, algunas partes interesadas solicitaron indicaciones sobre cómo aplicarlas. Esta publicación responde a esa necesidad, ofreciendo consejos prácticos sobre la aplicación de los programas de respuesta al VIH y las infecciones de transmisión sexual (ITS) para los diferentes colectivos en el trabajo sexual. Contiene ejemplos de buenas prácticas del mundo entero, con la finalidad de apoyar los esfuerzos en la planificación de programas y servicios; también describe los asuntos que deben ser tomados en consideración y cómo superar las dificultades.

Esta herramienta es el fruto de la colaboración estrecha entre personas trabajadoras del sexo, profesionales de la salud, investigadores, funcionarios gubernamentales y organizaciones no gubernamentales (ONG) provenientes del mundo entero, y de la colaboración de Naciones Unidas y algunos socios para el desarrollo de los Estados Unidos.

La herramienta sigue los lineamientos de las Recomendaciones 2012. También incluye un dictamen mundial llevado a cabo con personas trabajadoras del sexo por la NSWP como parte de la elaboración de las Recomendaciones 2012.


Índice

  • Capítulo 1: Empoderamiento comunitario
    pdf, 668kb

    Elementos clave del empoderamiento comunitario, Trabajando con las comunidades de personas trabajadoras del sexo, Fomentar la participación dirigida por las propias personas trabajadoras del sexo, Capacitación del colectivo de personas trabajadoras del sexo, Adaptarse a las necesidades y a los contextos locales, Promover un entorno basado en los derechos humanos, Fortalecer los sistemas comunitarios (fortalecer el colectivo), Adaptar las políticas y crear entornos propicios, La sostenibilidad de los movimientos, Dar seguimiento al progreso realizado
  • Capítulo 2: Abordar la violencia contra las personas trabajadoras del sexo
    pdf, 907kb

    Contextos de la violencia, Valores y principios para dar respuesta a la violencia contra las personas trabajadoras del sexo, Valores fundamentales, Principios que deben regir los programas, Intervenciones y estrategias alentadoras, Empoderar a las comunidades, Fortalecer la las capacidades de las personas trabajadoras del sexo, Promover reformas, Fomentar la responsabilidad de las fuerzas policiales, Promover la protección y la seguridad de las personas trabajadoras del sexo, Proporcionar servicios de salud a las personas trabajadoras del sexo que son víctimas de la violencia, Proporcionar servicios de apoyo psicosocial, jurídico y otros, Gestión, seguimiento y evaluación
  • Capítulo 3: Servicios dirigidos por la comunidad
    pdf, 519kb

    La sensibilización dirigida por la comunidad, ¿Qué hacen los trabajadores de sensibilización comunitaria?, Pasos para la implementación de la sensibilización dirigida por la comunidad, Espacios seguros (centros de acogida), Establecer espacios seguros, Configuración del local, Manejo del espacio, Otras actividades realizadas en el espacio seguro, Mejoramiento de la calidad dirigido por la comunidad, Comités comunitarios, Otros enfoques dirigidos por la comunidad que refuerzan la calidad de los servicios clínicos, Aseguramiento de la calidad comunitaria en el seguimiento y la evaluación, Seguimiento de la calidad de la implementación de los servicios comunitarios, Seguimiento del acceso comunitario a servicios y de la autonomía comunitaria
  • Capítulo 4: Promoción del uso del condón y de lubricantes
    pdf, 398kb

    Pasos efectivos para programas del uso del condón, Establecer el abastecimiento de condones y lubricantes masculinos y femeninos accesible a las personas trabajadoras del sexo, Promoción a varios niveles de los condones y lubricantes masculinos y femeninos, Promoción del uso del condón dirigida por la comunidad, Desestigmatizar el uso del condón entre la sociedad en general, Crear un entorno propicio para los programas del uso del condón, Aspectos específicos a tener en cuenta en los programas del uso del condón Gestión de programas de promoción del uso del condón, Roles y responsabilidades en los programas del uso del condón, Seguimiento de programas, Evaluación
  • Capítulo 5: Servicios clínicos y de apoyo
    pdf, 1.03Mb

    Principios operativos para los servicios clínicos y de apoyo, Asesoramiento y pruebas voluntarias de VIH, Tratamiento antirretrovírico, La tuberculosis y las personas trabajadoras del sexo, Servicios complementarios para las personas trabajadoras del sexo que consumen drogas inyectables, Servicios de ITS, Satisfacer las necesidades de salud sexual y reproductiva de las personas trabajadoras del sexo, Salud mental
  • Capítulo 6: Gestión de programas y fortalecimiento de la capacidad organizativa
    pdf, 685kb

    Parte I: Gestión del programa: La planificación e implementación de un programa de VIH/ITS con personas trabajadoras del sexo, Fortalecimiento de las capacidades y conocimiento del programa, Formación y fortalecimiento del personal, Parte II: Fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones de personas trabajadoras del sexo, Crear una organización registrada, Fortalecimiento de las capacidades organizativas

Posición de TAMPEP respecto a la situación de las trabajadoras sexuales nacionales e inmigrantes en la Europa actual

 

dIBUJO 5
http://tampep.eu/documents/TAMPEP%20paper%202015_08.pdf

 

Las leyes y las decisiones políticas juegan un papel clave en la lucha contra la violencia, en la reducción de la vulnerabilidad y en la garantía de acceso pleno a los derechos y a la justicia por parte de las trabajadoras sexuales. Mediante la despenalización del trabajo sexual se pueden garantizar condiciones laborales más seguras y las trabajadoras sexuales se pueden empoderar para luchar contra la violencia y exigir sus derechos humanos.

Esta posición política es apoyada por varias agencias de las Naciones Unidas (FPNU, ONUSIDA y PNUD); importantes organizaciones defensoras de los derechos humanos, tales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que ha estado sometiendo a consulta un borrador de propuesta politica a favor de la despenalización del trabajo sexual ; las organizaciones contra la trata GAATW y La Strada International ; e importantes foros feministas (AWID) y fundaciones, como Open Society Foundations, Mama Cash y Red Umbrella Fund. La despenalización del trabajo sexual es defendida también por redes de trabajo sexual y organizaciones dirigidas por trabajadoras sexuales regionales, nacionales e internacionales, entre las que se encuentran TAMPEP (Red europea para la prevención de VIH/ETS y la promoción de la salud entre las trabajadoras sexuales inmigrantes), NSWP (Red global de proyectos de trabajo sexual), ICRSE (Comité internacional para la defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales en Europa) y SWAN (Red de defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales).

 

Despenalización

 

Si todas las demandas de las trabajadoras sexuales pudieran ser resumidas en una palabra, esta sería despenalización. Gobiernos progresistas en Nueva Zelanda y Nueva Gales del Sur en Australia adoptaron un modelo de despenalización para mejorar la situación de las trabajadoras sexuales. Recientemente, el gobierno de Nueva Zelanda y el Colectivo de prostitutas de Nueva Zelanda evaluaron este modelo positivamente . Los resultados de esta evaluación demuestran una reducción significativa de la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales y un mejor acceso a los derechos humanos.

Por despenalización se entiende la derogación de todas las leyes punitivas y las regulaciones relativas al trabajo sexual y un modo de garantizar que los gobiernos respeten los derechos humanos de las trabajadoras sexuales. Esto incluye la despenalización de las terceras partes que operan en la industria del sexo, pero garantizando al mismo tiempo que las trabajadoras sexuales puedan trabajar independientemente y/o en cooperativas. La autodeterminación y la autonomía de las trabajadoras sexuales son fundamentales para entender el modelo de despenalización.

Las trabajadoras sexuales y sus aliados a menudo piden la plena despenalización mediante un sistema legal que desmonte también las barreras legales que aumentan la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales inmigrantes ante la violencia y la trata de personas y obstaculizan el disfrute en situación de igualdad de sus derechos humanos. La justificación de este enfoque es que para combatir la vulnerabilidad en la industria del sexo, los gobiernos necesitan garantizar la plena protección de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales independientemente de su nacionalidad y/o de su estatus legal en el país de acogida. Los derechos que deberían ser plenamente protegidos incluyen (pero no se limitan a ellos) el derecho a la vida, a la salud, a la migración, al trabajo, a la privacidad, a la asociación, a la igualdad ante la ley y a verse libres de practicas de trata y de esclavitud.

 
Estigma e inmigración

A pesar de la demanda de despenalización, las leyes y las decisiones políticas relativas al trabajo sexual han sido cada vez más represivas y punitivas en toda Europa. TAMPEP ha documentado en varias de sus publicaciones los efectos negativos que las leyes y regulaciones nacionales han tenido para las trabajadoras sexuales.

Raramente se reconoce al trabajo sexual como trabajo por los gobiernos nacionales y la sociedad en general, y el arma más poderosa para negar al trabajo sexual el estatus de trabajo es la del estigma . La realidad es que en vez de empoderamiento y apoyo a la autodeterminación y la autonomía de las trabajadoras sexuales, y mejora de sus condiciones de trabajo y de vida, los agentes políticos están desarrollando y aplicando nuevas medidas que socavan los derechos humanos y la dignidad de las trabajadoras sexuales.

Existen claros vínculos entre esta tendencia represiva y el actual debate acerca de la trata. Los grupos antiprostitución utilizan la retórica antitrata para acabar con la prostitución. El lobby antiinmigración usa el discurso antitrata para aumentar las restricciones a la inmigración .

Las voces de las trabajadoras sexuales son a menudo ignoradas o mal utilizadas por los agentes políticos y los medios de comunicación. En este contexto de invisibilidad y aislamiento, las trabajadoras sexuales inmigrantes se ven particularmente afectadas por las medidas represivas y la creciente xenofobia.

La penalización del trabajo sexual, de las trabajadoras sexuales y de sus clientes, se suele acompañar de leyes antiinmigración, cuya finalidad es detener y deportar por la fuerza a inmigrantes indocumentados. Como consecuencia de ello, las trabajadoras sexuales inmigrantes se ven empujadas a la clandestinidad, a lugares de trabajo sexual más ocultos para evitar la persecución y el riesgo de expulsión. Esta tendencia exacerba la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales frente a la trata de personas y reduce sus posibilidades de acceder a las ayudas y los servicios de salud, así como a la justicia y a sus derechos.

 
Tendencias específicas de la Unión Europea

Una tendencia que ha sido señalada y resaltada por varios informes de TAMPEP a lo largo de los años es el aumento de migración y movilidad entre las trabajadoras sexuales a nivel global y, en particular, la migración de trabajadoras sexuales hacia Europa y entre los países europeos . Esto es una consecuencia directa de la globalización, pero puede ser atribuido también a factores históricos y socioeconómicos y al crecimiento de la Unión Europea.

La inmigración es un aspecto fundamental a ser tenido en cuenta cuando se analiza el trabajo sexual en Europa. Las inmigrantes siguen siendo con mucho el mayor grupo de trabajadoras sexuales en la región. También se observa un elevado nivel de migración y movilidad de trabajadoras sexuales entre los países de la Unión Europea.

El problema parece tener sus raíces en el racismo y la xenofobia que sigue a las tendencias de migración y movilidad a lo largo de Europa. Las trabajadoras sexuales inmigrantes indocumentadas son particularmente vulnerables a la aplicación de la ley y experimentan altos niveles de violencia y abuso.

Este escenario se ve agravado por la severa crisis financiera que afecta a la UE y al resto del mundo desde 2008, a las medidas de los gobiernos para combatir el terrorismo mediante legislaciones de seguridad nacional ad hoc, y también a las leyes de seguridad ciudadana.

 
Conservadurismo creciente

TAMPEP observa un creciente conservadurismo político y social, que afecta a los derechos humanos y a las libertades civiles de las poblaciones vulnerables.

Retrocesos conservadores en relación al trabajo sexual, el uso de drogas y la inmigración son generados por la ignorancia de los enfoques basados en la evidencia y en los derechos humanos en el terreno legal.

Las políticas socioeconómicas junto con una progresiva tendencia a las desigualdades provocan unas profundas exclusión y discriminación sociales de las trabajadoras sexuales, especialmente de las más vulnerables (inmigrantes, transexuales, usuarias de drogas, etc.)

 
Trata frente a trabajo sexual

Para luchar contra las violaciones y los abusos en la industria del sexo, los Estados miembros de la UE han estado usando la lucha contra la trata para combatir la prostitución y la inmigración, en lugar de crear un entorno de seguridad y apoyo que permita a las trabajadoras sexuales trabajar, autoorganizarse y garantizar buenas condiciones de trabajo.

Desmantelar la industria del sexo desbarata las vidas y el trabajo de las trabajadoras sexuales y las empuja a la ilegalidad y el aislamiento. Al mismo tiempo, las víctimas de la trata de seres humanos raramente son halladas y, si lo son, sus necesidades raramente son atendidas de forma eficaz. Los agentes políticos fusionan trabajo sexual y trata, lo que da lugar a políticas ineficaces dirigidas al conjunto de trabajadoras sexuales y a un completo desprecio por las necesidades de las trabajadoras sexuales que no son víctimas de trata.

Una de las cinco prioridades de la UE en relación a la trata es intensificar la prevención de la trata de personas. La mayor parte de los agentes políticos han limitado su interpretación de la prevención a terminar con la demanda y la oferta de servicios y bienes de víctimas de la trata. Es creencia general que terminar con la demanda de servicios sexuale llevará a terminar con la trata.

A pesar de los objetivos estratégicos de la UE que se basan en una interpretación más amplia de la demanda, las leyes y decisiones políticas que buscan penalizar a los clientes de las trabajadoras sexuales demuestran que esos objetivos son aplicados de forma excepcional al conjunto de la industria del sexo.

Sin embargo, dada la amplitud de la definición de trata, las medidas destinadas a disuadir la demanda deberían reflejar la extensión y la gravedad de todos los fines por los que las personas son víctimas de trata, incluyendo, por ejemplo, la industria de la construcción, la agricultura, el procesamiento de alimentos, el trabajo doméstico y el cuidado de dependientes. A pesar de la evidencia de que la trata y el trabajo forzado son alentados por la demanda de mano de obra barata, poco preparada y fácilmente desechable combinada con las políticas de inmigración crecientemente restrictivas y la falta de protección laboral para los trabajadores inmigrantes, las decisiones políticas no están buscando atajar estos determinantes estructurales de la trata y el trabajo forzado.

De 2012 a 2015 no ha habido decisiones por parte de la UE para impulsar leyes de despenalización como una estrategia para combatir la trata y mejorar la situación de las trabajdoras sexuales en Europa.

TAMPEP tambíén ha tenido conocimiento de un aumento en las iniciativas de financiación por parte de la UE y otros donantes de las actividades antitrata y abolicionistas, aunque raramente de grupos dirigidos por trabajadoras sexuales o de proveedores de servicios con un enfoque del tema basado en la defensa de los derechos humanos.

 

El abolicionismo y el modelo sueco

Los grupos de presión feministas abolicionistas, como el Lobby de Mujeres Europeas y Equality Now, se están volviendo más fuertes y más influyentes, y han sido fuertemente financiados en el curso de los actuales debates e intereses políticos en torno a la trata de mujeres con fines de explotación sexual y prostitución. Las feministas y organizaciones abolicionistas a menudo defienden el modelo sueco, que se ha convertido en una peligrosa tendencia en Europa y en el mundo.

El modelo sueco —un modelo legislativo creado en Suecia en 1999— tiene por fin reducir la incidencia de la prostitución, no grarantizar condiciones de trabajo seguras para las trabajadoras sexuales. Esta iniciativa legislativa penaliza a los clientes de las trabajadoras sexuales y considera a todas las personas que practican comercio sexual como víctimas.

En Europa, varios estados han introducido (Noruega, Islandia e Irlanda del Norte) o intentado aplicar (Francia y Escocia) medidas legales para implantar la penalización del trabajo sexual o la compra de servicios sexuales, sin tener en cuenta las consecuencias negativas que la penalización de los clientes tiene para las trabajadoras sexuales .

 

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Las trabajadoras sexuales suecas observan que la penalización ha llevado a que haya menos tiempo para negociar las condiciones de trabajo y la seguridad del entorno de trabajo. Las trabajadoras sexuales de interior ya no pueden pedir a sus clentes informaciones tales como el nombre y el número de teléfono, y no tienen tiempo para negociar los servicios que van a proporcionar, lo que afecta a su seguridad.

Las trabajadoras sexuales de calle son las más afectadas. Se ven empujadas a trabajar en las afueras de las ciudades, en zonas menos visibles y accesibles, donde la policía no pueda sorprender a sus clientes. Tienen menos probabilidades de establecer contacto con los servicios de ayuda.

El modelo sueco está basado en la ideología y no en la evidencia. Cuando los clientes corren el riesgo de ser detenidos, la prostitución se vuelve automáticamente clandestina.

Como señalan las trabajadoras sexuales activistas y sus aliados, la penalización del cliente socava la autodeterminación de las trabajadoras sexuales, las lleva a la clandestinidad y refuerza el estigma y la discriminación que ya margina a esa población.

Además, el modelo sueco y las cruzadas antitrata/prostitución han puesto los modelos holandés y alemán bajo escrutinio.

Aunque ciertamente existen problemas con los actuales enfoques reguladores en países como Holanda y Alemania, el enfoque regulador no deslegitima el trabajo sexual ni pretende abolirlo como hace el modelo sueco.

Las campañas y el lobby político abolicionistas han estado recibiendo cada vez más atención de los medios de comunicación y más apoyo político, a pesar de la creciente evidencia de que la penalización de los clientes o de las trabajadoras sexuales lo único que hace es aumentar la vulnerabilidad y desde luego no combate la violencia y el abuso en la industria del sexo.

Los defensores de la penalización de los clientes o del trabajo sexual en su conjunto desean despreciar las experiencias y puntos de vista de aquellas personas directamente afectadas: las propias trabajadoras sexuales, bajo pretexto de proteger a las mujeres.

Las trabajadoras sexuales están notablemente ausentes de las conferencias organizadas para discutir las políticas penalizadoras. Los abolicionistas en la Europa actual rechazan el término “trabajo sexual” así como la idea de que el trabajo sexual es trabajo e ignoran y persistentemente ignoran y excluyen las voces de aquellas personas que trabajan en la industria del sexo.

 

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Actuación policial y represión

Las trabajadoras sexuales en Europa suelen ser detenidas en las calles, burdeles, parques y otros lugares de trabajo. Las trabajadoras sexuales de calle, sin embargo, son las que con mayor frecuencia son objeto de medidas de aplicación de la ley. Las trabajadoras sexuales de interior también han sido el objetivo en operaciones de redada y en el cierre de lugares de trabajo con fines de investigación. Estas prácticas privan a las trabajadoras sexuales de sus ingresos.

Tradicionalmente, las trabajadoras sexuales inmigrantes, especialmente las que carecen de documentación o trabajan en situación irregular, experimentan los mayores niveles de violencia y abuso por parte de la policía y de personas que se hacen pasar por clientes.

Esto arroja luz sobre el hecho de que las leyes nacionales han estado fusionando las actuaciones policiales dirigidas contra la inmigración con las dirigidas contra la prostitución con el propósito de detener y deportar a las inmigrantes (por ejemplo, deportaciones de trabajadoras sexuales chinas en París en 2014 e intento de Suecia de deportar a trabajadoras sexuales de la Unión Europea, a pesar de la ilegalidad de estas prácticas policiales) .

La red TAMPEP ha estado observando estas violaciones de derechos de las trabajadoras sexuales e informando de ellas, sobre todo de las de trabajadoras sexuales inmigrantes, desde su creación, en 1993. TAMPEP cree que la mejor herramienta para luchar contra las violaciones de derechos es la defensa de esos derechos y las reformas legal y política.

 

Salud pública

Las trabajadoras sexuales encuentran importantes obstáculos cuando intentan acceder a servicios de prevención, tratamiento y asistencia sanitarios, debido sobre todo al estigma, la discriminación y la penalización. Las crecientes represión y penalización estatales del trabajo sexual ha hecho a las trabajadoras sexuales más vulnerables al VIH y las ETS. Las han obligado a trabajar en espacios clandestinos, reduciendo su acceso a la atención sanitaria y a medidas de prevención, y han socavado su dignidad. Estos problemas son habitualmente mayores para las trabajadoras sexuales inmigrantes, en particular si están indocumentadas. Evitan el acceso a los servicios sociales y de atención sanitaria por miedo a ser registradas y/o deportadas.

Las pruebas obligatorias de salud sexual son todavía practicadas y exigidas legalmente por algunos países europeos (como Hungría y Latvia). Estos procedimientos a menudo vulneran los derechos a la confidencialidad y la privacidad de las trabajadoras sexuales. La penalización de la transmisión del VIH también supone riesgos severos para los grupos vulnerables, en la medida en que disuade a las trabajadoras sexuales de hacerse pruebas y acudir a los servicios de salud.

Más aún, un gran número de organizaciones de lucha contra el VIH y de defensa de la salud pública, incluyendo la OMS y ONUSIDA, han advertido a los agentes políticos de los peligros sanitarios de la penalización de las trabajadoras sexuales y/o de sus clientes. Citamos el Grupo Asesor de ONUSIDA sobre VIH y trabajo sexual en su informe de 2011 que acompaña a la Guía de ONUSIDA sobre VIH y trabajo sexual de 2009:

“Los estados deberían evitar la penalización del trabajo sexual o de actividades relacionadas con el mismo. La despenalización del trabajo sexual debería incluir la derogación de los castigos penales por comprar y vender sexo, gestionar trabajadoras sexuales y burdeles, y otras actividades relacionadas con el trabajo sexual”.

Las actuaciones dirigidas por las trabajadoras sexuales deben tener un papel central en la mejora de la defensa frente al VIH y es crucial escuchar a las trabajadoras sexuales. Las trabajadoras sexuales experimentan de primera mano los efectos de las leyes y las prácticas lesivas de aplicación de las mismas que violan sus derechos humanos y obstaculizan los avances en la lucha contra el VIH. Sin embargo, la cobertura de prevención del VIH se estima que alcanza a menos de una tercera parte de todas las trabajadoras sexuales de la región. La financiación para intervenciones en trabajo sexual y VIH está disminuyendo, a pesar de la evidencia de su efectividad.

TAMPEP continúa llamando la atención en varios foros de la UE sobre las necesidades de las trabajadoras sexuales para garantizar que dichas necesidades, incluyendo las de las trabajadoras sexuales inmigrantes, sean tenidas en cuenta en los programas relacionados con la prevención, la atención y el tratamiento del VIH.

 

Homo y transfobia

Otras leyes han empeorado también la situación de los trabajadores sexuales masculinos y transexuales, en particular en la Europa Central y del Este, incluyendo los países de la CEI. Las leyes antihomosexualidad en países como Rusia y Ucrania provocan más homofobia y transfobia en la sociedad y menos aceptación social de las personas LGBTI, lo que afecta específicamente a los trabajadores sexuales masculinos y trans. Tener que hacer frente a múltiples formas de estigmatización y despenalización a menudo priva a estos grupos de sus derechos humanos fundamentales.

La homofobia de la sociedad, las leyes contra la homosexualidad y la ausencia de protección legal frente a la discriminación son importantes obstáculos para los trabajadores sexuales masculinos y transexuales a la hora de acceder a los servicios de salud y de información relacionados con el sexo.

 

Comentarios de TAMPEP sobre las políticas en relación a la prostitución en la Europa actual

A TAMPEP le preocupa que las actuaciones contra las trabajadoras sexuales, en particular las inmigrantes, se vean legitimadas mediante el encuadre del trabajo sexual como un problema que implica criminales organizados y “esclavas sexuales”.

Los determinantes estructurales y las leyes que afectan negativamente a las trabajadoras sexuales, tanto nacionales como inmigrantes, y a la industria del sexo como un todo, no están siendo consideradas como de importancia central cuando se trata de las vulnerabilidades de las trabajadoras sexuales (incluyendo la explotación sexual y la trata).

TAMPEP reafirma que las medidas tomadas por los estados miembros de la UE en su lucha contra la trata a menudo se convierten en estrategias antiprostitución (por ejemplo, operaciones de redada) y antiinmigración (por ejemplo, controles fronterizos más estrictos). Las trabajadoras sexuales inmigrantes, especialmente aquellas sin papeles, están bajo amenaza constante de ser detenidas y deportadas. La violencia ejercida contra esta población ha sido también demostrada por varios informes financiados por la UE .

 

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Este enfoque de lucha contra la trata, que ha influído en la política de la UE, oscurece tanto la relación entre política de inmigración y “trata” como la relación entre política de prostitución y trabajo forzado en la industria del sexo .

Está siendo necesario clarificar a los que toman las decisiones políticas y a los políticos en general las diferencias existentes entre trata y trabajo sexual, tanto en la ley como en la práctica. Aunque las consecuencias negativas para las trabajadoras sexuales de la lucha contra la trata no resultan políticamente interesantes para algunos miembros del Parlamento europeo, la ineficiencia al abordar el problema y proteger los derechos de las víctimas puede ser una estrategia que han adoptado.

La fusión de trabajo sexual y trata ha alcanzado niveles desproporcionados en el debate político y en los medios. TAMPEP promueve de forma consistente la visibilidad de las trabajadoras sexuales como un modo de desmantelar las teorías de la victimización y hacer patente la situación de las trabajadoras sexuales en Europa. Más aún, TAMPEP cree que las trabajadoras sexuales pueden ser grandes aliadas en la lucha contra la trata en la medida en que podrían detectar a las auténticas víctimas si ellas mismas no fueran tan a menudo penalizadas y desautorizadas.

 
La posición de TAMPEP

Poner de manifiesto y pormenorizar las violaciones de los derechos humanos que experimentan las trabajadoras sexuales parece no haber sido suficiente para impedir los modos conservadores de entender la industria del sexo y sus trabajadoras.

A la vista de las continuas regulaciones abusivas del trabajo sexual y de un clima de políticas sociales represivas, redes feministas y de inmigrantes, compañeros políticos, aliados y otras partes interesadas urgen a la sociedad civil para que emprenda una acción integrada en defensa de las trabajadoras sexuales que garantice el reconocimiento y protección de sus derechos y combata las leyes y prácticas discriminatorias.

Reafirmamos nuestro compromiso de luchar contra la penalización del trabajo sexual y el modelo sueco e invitamos a compañeros y aliados de toda Europa a unirse a nosotros en la lucha por garantizar a todas las trabajadoras sexuales el disfrute de sus derechos humanos en Europa.

 

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Prohibir la prostitución es un crimen

Por Steve Chapman

26 de agosto de 2015

 
http://www.chicagotribune.com/news/opinion/chapman/ct-prostitution-amnesty-international-cindy-mccain-sex-workers-trafficking-rape–20150826-column.html

 
Prohibir cosas que no te gustan tiene una larga historia, aunque no es una historia feliz. Los estadounidenses han intentado prohibir el alcohol, la marihuana, la pornografía y la homosexualidad. Sin embargo, todas esas cosas siguen hoy ahí.

 
Así que hemos aprendido no solo a tolerarlas, sino también a permitirlas. Hoy día, te puedes tomar un vaso de whisky en un bar gay mientras miras porno en tu iPad, y la policía no te dirá nada. En Colorado y Washington, puedes ir a comprar hierba a una expendeduría autorizada por el Estado.

 
La prohibición ha fracasado también con el sexo comercial. Encontrar un “salón de masaje erótico” en internet es casi tan difícil como encontrar una pizzería. Los sitios web ofrecen página tras página de escorts, tanto mujeres como hombres.

 
Un catorce por ciento de hombres estadounidenses admiten haber sido clientes de una prostituta al menos una vez en su vida, lo que supone alrededor de diecisiete millones de clientes. Se estima que un millón de mujeres se han dedicado a la prostitución en Estados Unidos.

 
Enfrentados a esta realidad, los activistas de Amnistía Internacional han ratificado recientemente la despenalización del “trabajo sexual”. Esta posición es defendida por la Organización Mundial de la Salud, Anti-Esclavitud Internacional y la Alianza Global contra la Trata de Mujeres.
Entienden que la prohibición de la prostitución no termina con esta. Tan solo la empuja a la clandestinidad, donde son más probables los abusos y estos son más difíciles de detectar. Mientras siga siendo un delito, dice el Comité Internacional por los Derechos de las Trabajadoras Sexuales en Europa, “las trabajadoras sexuales estarán en riesgo de sufrir violencia policial, detenciones, violaciones, chantajes y deportaciones, y no tendrán posibilidad de denunciar los abusos”.

 
En los lugares donde su trabajo es despenalizado, las prostitutas pueden trabajar con más facilidad en entornos en los que las condiciones estén controladas, los clientes sean seleccionados y las medidas de prevención de salud sean obligatorias. Tampoco tienen que preocuparse de ser detenidas o chantajeadas por la policía.

 
Pero la postura de Amnistía Internacional ha provocado un aluvión de críticas. Una carta firmada por feministas, clérigos y celebridades acusó al grupo de reforzar a los proxenetas y defender un “apartheid de género”. Cindy McCain, presidenta del Consejo Consultivo sobre Trata de Seres Humanos en el Instituto McCain para el Liderazgo Internacional, denominó la decisión “un abandono desgarrador de aquellas mujeres que son vendidas por sexo todos y cada uno de los días”.

 
Lo que molesta a los críticos es la idea de que adultos en perfecto uso de sus facultades mentales decidan alquilar sus cuerpos para la obtención de una gratificación erótica. McCain insistió: “la decisión de vender el propio cuerpo para la obtención de sexo en ausencia de mejores alternativas no es un derecho humano”. Pero este mismo razonamiento podría aplicarse a aquellas personas que se dedican a toda una serie de trabajos desagradables, desde matar pollos hasta vigilar presos.

 
La prostitución puede ser un modo terrible de ganarse la vida. Pero las mujeres (y los hombres) que la escogen consideran sus otras opciones aún menos atractivas. Apartarles del trabajo sexual, por definición, les hace ir a peor.

 
Los oponentes de Amnistía Internacional insisten en que el negocio se basa en la esclavización de las mujeres. Pero esto ocurre raras veces. La administración de George W. Bush estableció cuarenta y dos grupos de trabajo en el Departamento de Justicia y gastó unos ciento cincuenta millones de dólares en intentar encontrar mujeres y chicas forzadas a ejercer la prostitución, según informó el Washington Post. A lo largo de siete años, todo esto esfuerzo solo consiguió 148 procesamientos.

 
La revista Time dice que los datos sugieren que “la mayoría de las personas que trabajan en la industria del sexo lo hacen contra su voluntad”, una afirmación que el sociólogo de la Universidad George Washington Ronald Weitzer, autor del libro “Legalización de la prostitución”, editado en 2012, dice que es “una majadería. No hay encuestas representativas de trabajadoras sexuales, encuestas que serían necesarias para confirmar que ‘una mayoría’, o un porcentaje cualquiera, de trabajadoras sexuales lo hacen contra su voluntad”.

 
Los criminólogos de la Universidad Rutgers James Finckenauer y Ko-lin Chin entrevistaron a 149 mujeres chinas que emigraron para dedicarse al trabajo sexual. “Ninguna de las mujeres a las que entrevistamos dijeron haber sido sometidas a rapto, fuerza o coacción”, informaron. Muchas lo hicieron “para ganar un dinero que nunca habrían ganado por otros medios”.

 
Se ha descubierto trata de seres humanos en muchas industrias en todo el mundo, incluyendo salones de uñas en Manhattan. Pero nadie piensa que deberíamos ilegalizar a las manicuras.

 
Los ataques a la despenalización provienen de una extraña alianza de feministas que miran a todas las trabajadoras sexuales (incluídas las estrellas porno y las strippers) como víctimas de opresión y cristianos que las ven como sumidas en la depravación. Ambos grupos explotan la idea de que algunos tipos de sexualidad son vergonzosos, peligrosos e intolerables, una actitud que siempre alimentó la persecución de los homosexuales.

 

Pero una cosa que hemos aprendido es que personas diferentes tienen diferentes tipos de sexo por toda una serie de razones que a nadie más le importan. Hacerlo por dinero no es algo distinto.

 

Steve Chapman, miembro del Consejo del Tribune, bloguea en http://www.chicagotribune.com/chapman.

 
schapman@tribpub.com

 
Twitter @SteveChapman13

No se trata de castigarlos a ellos, sino de protegerlas a ellas

Comparto plenamente los argumentos esgrimidos por Amnistía Internacional (AI) en su defensa por la despenalización del trabajo sexual

Abogo por que no se convierta a las prostitutas en cómplices de delitos o sanciones administrativas, se les niegue cualquier elección que no sea ejercer en prostíbulos o se las margine socialmente como infrasujetos carentes de derechos humanos

 

 

3006_20150821rPUpb5Por Glòria Poyatos Matas

23/08/2015
http://bit.ly/1JtG9wk

 

Comparto plenamente los argumentos esgrimidos por Amnistía Internacional (AI) en su defensa por la despenalización del trabajo sexual, sustancialmente por el enfoque que se hace, fijando el objetivo en las propias trabajadoras y los derechos de éstas, desterrando otros enfoques que se centran más en sancionar (incluso penalmente) a los clientes o, a propietarios de locales de alterne o inmuebles en los que ellas trabajan. No se trata de castigarlos a ellos sino de protegerlas y empoderarlas a ellas y reconocerles los mismos derechos humanos que cualquier otra persona.

 
Hace años, otra organización internacional de igual prestigio e incluso con un conocimiento más especializado en materia de trabajo, la Organización Internacional de Trabajo, se mostró igualmente partidaria de la despenalización del trabajo sexual recomendando, incluso, su regulación, en su Informe de 1998, diseñado por Lin Lean Lim sobre el sector del sexo en Asia sudoriental. Y hay otros ejemplos, como ONUSIDA, la OMS, ONU Mujeres, la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW), Human Rights Watch, Open Society etc., que mantienen la misma línea de la OIT y AI.

 
Para poder opinar nítidamente sobre el trabajo sexual debe partirse de una premisa imprescindible, que es el deslinde del trabajo sexual como servicio realizado por persona adulta y libre a cambio de un precio del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, que personalmente me repugna, y abogo por un urgente incremento de las penas y una verdadera coordinación internacional en la lucha contra las mafias.

 
Que el trabajo sexual no es sinónimo de trata es algo incuestionable a estas alturas. Ha sido reconocido por la ONU, en un extenso estudio llevado a cabo en 2010 en Europa ( Trata de personas hacia Europa con fines de explotación sexual), en cuyas conclusiones se asevera que una de cada siete mujeres que ejercen la prostitución en Europa es víctima de trata, esto es, aproximadamente un 15%. Sin duda alguna, es una cifra abominable y demasiado elevada, en un entorno autocalificado de progresista y protector de la mujer frente a una de las delincuencias más repugnantes y, desgraciadamente, mejor organizadas, pero hay todo un 80% de mujeres desterradas a la invisibilidad y al ostracismo de derechos.

 
También la propia UE, en la sentencia dictada por el TJUE de 21 noviembre de 2001 ( asunto Jany y otras), separa claramente el trabajo sexual de otras actividades delictivas y lo define, sin tapujos, como actividad económica, si se ejerce libremente por persona adulta. Esa sentencia vincula jurídicamente a todos los estados miembros incluidos sus órganos judiciales, al igual que vincula el Reglamento de la UE 549/2013, que separa el trabajo sexual voluntario del que no lo es, a efectos de su inclusión en el PIB.

 
Esta separación no debe parecernos extraña, si tenemos en cuenta que el delito de trata de personas con fines de explotación laboral cohabita con una prolija regulación laboral que actúa de dique limitador de los perjuicios obreros surgidos del libre juego entre la oferta y la demanda. Un dique tutelador de la dignidad del trabajador y su desvalida posición contractual. He aquí el primer motivo para propugnar no sólo la despenalización del trabajo sexual sino también su regulación a medida, una regulación especial y específica para un trabajo de alto riesgo. Una regulación que limite el poder de clientes o proxenetas e incremente el de las trabajadoras sexuales a todos los niveles.

 
El segundo argumento para despenalizar el trabajo sexual es un argumento de género, el mismo que se esgrime por parte de las filas neo-abolicionistas o prohibicionistas, pero a la inversa y siempre fijando nuestra atención en ellas y no en castigarlos a ellos. Que la prostitución sea mayoritariamente femenina, y por tanto se proyecte sobre un colectivo (el de las mujeres) históricamente discriminado, refuerza la tesis de su despenalización, aumento de la protección y reconocimiento de derechos. No reconocer derechos puede llevar al absurdo de desterrar de tutela judicial a las trabajadoras sexuales frente a clientes o propietarios de los locales de alterne en los que trabajan, para satisfacción de estos.
Ello ocurre en nuestro país, donde algunas sentencias judiciales anulan las actas de infracción y sanción de la Inspección de Trabajo frente a los propietarios de los prostíbulos, y ocurrió en Colombia, donde una trabajadora sexual fue despedida por quedarse embarazada, siendo desestimada su demanda planteada frente al despido con el argumento de la inexistencia del contrato (negación de derechos), hasta que, con una alta dosis de sentido común, el Tribunal Constitucional de dicho país tuteló el derecho de la prostituta, sustancialmente por la vía de la discriminación por razones de género (sentencia 629/2010 – ponente don Juan Carlos Henao Pérez).

 
El tercero. La penalización de la prostitución por la vía de la criminalización de los clientes de las meretrices tampoco ayuda a sacarlas de su estado permanente de estigmatización, pues las convierte en cómplices necesarias de un hecho delictivo, reprochable administrativamente y, por ende, también socialmente. Además, las arrastra a ejercer su actividad en condiciones peores (clandestinidad), y más peligrosas para su libertad sexual e integridad física, aumentando peligrosamente su vulnerabilidad como víctimas de otros delitos. Y a ello también ayuda la pandemia de reglamentaciones locales de los últimos años, que barren a las trabajadoras sexuales de las ciudades, sin habilitar espacios alternativos donde puedan ejercer la actividad en condiciones más seguras para ellas. Una buena campaña para los locales de alterne y otro golpe a los derechos de estas perdedoras, acostumbradas a serlo.

 
Mi cuarto argumento parte de un principio de igualdad de trato respecto de otros trabajos sexuales (actrices de porno, bailarinas eróticas, alternadoras), que sí tienen reconocidos derechos sociales y laborales. ¿Dónde está la diferencia, excluyente de derechos, entre una actriz del porno y una prostituta? Y sobre todo, igualdad, en este macro-negocio de la prostitución donde todos tienen derechos menos ellas, como es el caso de la patronal del sexo que cuenta con regulación jurídica a medida, y una buena organización a través de asociaciones nacionales para la defensa de sus intereses. Asociaciones reconocidas judicialmente por el propio Tribunal Supremo español ( “sentencia Mesalina” de 24/11/2004).

 
El último de mis argumentos a favor de reconocer derechos a las trabajadoras sexuales es eminentemente práctico. Personalmente, desearía que la prostitución no existiese, al menos como una forma de supervivencia de las mujeres en situaciones de necesidad, pero es una quimera pensar en su desaparición. Por ello, y dado que muchas mujeres eligen esta alternativa temporalmente para poder cubrir las necesidades familiares más básicas, abogo por que al menos durante esa etapa, no se las convierta en cómplices de delitos o sanciones administrativas, se les niegue cualquier elección que no sea ejercer en prostíbulos, se las destierre del acceso a las prestaciones del Sistema de la Seguridad Social o se las margine socialmente como infrasujetos carentes de derechos humanos, pues ello supone perpetuar su histórica situación de exclusión social, como uno de los colectivos más vulnerado y vulnerable.

 

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Glòria Poyatos Matas es Magistrada decana en Lanzarote y autora del libro La prostitución como trabajo autónomo.

A todos los directores nacionales de Amnistía Internacional: total despenalización del trabajo sexual

 

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Firma esta petición

Apoyamos la propuesta de política global de Amnistía Internacional por la total despenalización del trabajo sexual en todo el mundo

https://secure.avaaz.org/en/petition/All_Country_Heads_Full_decriminalisation_of_sex_work/?ffhAlhb

 

Por qué es esto importante

Apoyamos la declaración de Amnistía Internacional que dice que los Estados tienen la obligación de ‘reformar sus leyes y desarrollar e implementar sistemas y políticas que eliminen la discriminación contra aquellas que ejercen el trabajo sexual’. Amnistía llama a los Estados a ‘buscar activamente el empoderamiento de los más marginados de la sociedad, en particular mediante la defensa de los derechos de libertad de asociación de aquellas personas que realizan trabajo sexual, el establecimiento de sistemas que garanticen el acceso a servicios sanitarios apropiados y de calidad, condiciones de trabajo seguras y lucha contra la discriminación o abuso por motivos de sexo, orientación sexual y / o identidad o expresión de género’

En los lugares donde muchos aspectos del trabajo sexual están penalizados —tales como la captación de clientes, vivir de las ganancias de una trabajadora sexual [las familias y los hijos son los que más sufren esto], ser gerentes— las trabajadoras sexuales deben hacer frente a la discriminación y el estigma que minan sus derechos humanos, incluidos los derechos a la libertad, a la seguridad personal, a la igualdad y a la salud. La evidencia sugiere que el riesgo de infección por el VIH de las trabajadoras sexuales está inextricablemente relacionado con su estatus marginado e ilegal, estatus que arrastra su trabajo a la clandestinidad y aumenta los abusos de la policía y la explotación por terceros.

Según la Nota Orientativa de ONUSIDA sobre VIH y Trabajo Sexual, “incluso allí donde los servicios están disponibles en teoría, las trabajadoras sexuales y sus clientes encuentran ante ellos importantes obstáculos para acceder a la prevención, al tratamiento y al apoyo frente al VIH, en particular allí donde el trabajo sexual está penalizado”. En los países donde el trabajo sexual está despenalizado, se ha demostrado que la violencia contra las trabajadoras sexuales ha disminuído, las relaciones entre las trabajadoras sexuales y la policía han mejorado y el acceso a los servicios de salud ha aumentado.

Las leyes punitivas que penalizan y castigan el trabajo sexual actúan como instrumentos que facilitan el acoso a las trabajadoras sexuales y hacen que éstas vean constantemente violados sus derechos humanos por los agentes de la ley, las autoridades sanitarias y los clientes. En muchos países, las trabajadoras sexuales son el principal medio del que se vale la policía para cubrir su cuota de detenciones, extorsionar dinero y extraer información. El amplio poder de la policía sobre las trabajadoras sexuales en forma de amenazas de detención y humillación pública y el uso de los preservativos como prueba de actividad ilegal, deshace lo conseguido durante años de eficaces promociones de la salud pública y y campañas contra el VIH y las ETS. Las pruebas forzadas de VIH son moneda corriente, así como las violaciones del derecho a un proceso justo y a la privacidad.

En muchas jurisdicciones, las trabajadoras sexuales son blanco de frecuentes acosos, abusos físicos y sexuales y “rehabilitaciones” forzadas. Donde el trabajo sexual es ilegal, las trabajadoras sexuales suelen creer que tienen poco que hacer contra las violaciones perpetradas contra ellas y evitan acceder a los servicios de salud por miedo a ser víctimas de más estigma y abuso.

Las trabajadoras sexuales apoyan el análisis de Amnistía Internacional del contexto de derechos humanos del trabajo sexual y las consideraciones de salud y otros extremos en relación a las trabajadoras sexuales. La derogación de las leyes punitivas y de las políticas contra las trabajadoras sexuales es imperativa. Agencias internacionales tales como la Comisión Global sobre VIH y Legislación, ONUSIDA, la Organización Mundial de la Salud, la Alianza Global coantra la Trata de Mujeres (GAATW) y el Observatorio de Derechos Humanos, han llamado a la despenalización del trabajo sexual o la defienden. La despenalización no es un intento de legalizar a los ‘proxenetas’, ni aumenta la explotación de las trabajadoras sexuales. Tales argumentos suponen una limitada comprensión de lo que es el comercio sexual y debilitan la lucha de las trabajadoras sexuales por el derecho a la salud y la justicia.

La despenalización ayudará a las trabajadoras sexuales a organizarse y combatir todas las formas de explotación, incluyendo las condiciones de trabajo abusivas, de calidad inferior o injustas instituídas por actores tanto estatales como no estatales. El movimiento por los derechos de las trabajadoras sexuales se alinea con los movimientos por los derechos humanos y por los derechos de las mujeres a la hora de condenar el abuso y la violación de los derechos de las mujeres, incluídas las trabajadoras sexuales. El trabajo sexual no debe ser considerado como lo mismo que la explotación sexual o la trata sexual.

Meena Saraswathi Seshu SANGRAM, India

 

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Meena Saraswathi Seshu es la secretaria general de Sampada Gramin Mahila Sanstha (SANGRAM), una organización sobre prevención, apoyo y tratamiento del VIH/SIDA que trabaja con personas marginadas en Maharashtra, India.

Meena tiene más de 20 años de experiencia trabajando con organizaciones comunitarias y fundamentadas en los derechos (particularmente con trabajadoras y trabajadores sexuales) en temas relacionados con el VIH/SIDA, salud sexual y reproductiva, violencia en contra de la mujer, alivio de la pobreza y derechos de género y minorías sexuales.

Adicionalmente, ella tiene más de 10 años de experiencia trabajando con movimientos mundiales en el tema de la violencia contra las mujeres y los derechos de las trabajadoras y trabajadores sexuales.

En 1996, SANGRAM agrupó a trabajadoras sexuales para formar VAMP (Veshya Anyay Mukti Parishad, que significa “trabajadoras sexuales luchando contra las injusticias”). Eso fue seguido, en el 2000, por un grupo de educación entre pares para hombres que tienen sexo con hombres (HSH) y personas transgénero, MUSKAN y WLHIV.

http://www.hivhumanrights.org/about-us/who-we-are/meena-saraswathi-seshu/?lang=es

 

 

NSWP responde a la propuesta de Amnistía Internacional sobre el trabajo sexual

 

logo

 

NSWP ha respondido al anteproyecto de política hacia el trabajo sexual de Amnistía Internacional (AI). AI está llevando a cabo una consulta global entre sus miembros en referencia al trabajo sexual. El anteproyecto propone la despenalización del trabajo sexual consensuado entre adultos.

Si los miembros de AI votan a favor de adoptar esta política, Amnistía Internacional se unirá a la creciente lista de organizaciones internacionales que la apoyan y que piden la despenalización del trabajo sexual. La Comisión Global sobre VIH y Legislación, ONUSIDA, OMS, la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW) y el Observatorio de Derechos Humanos han reclamado o defienden todos ellos la despenalización del trabajo sexual. Las recomendaciones a favor de la despenalización del trabajo sexual se basan en una robusta base de evidencias que muestra que la política basada en los derechos es clave para asegurar el respeto a los derechos humanos de las trabajadoras sexuales.

http://www.nswp.org/news-story/nswp-responds-amnestys-draft-policy-sex-work

http://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/AI_%20IS_NSWP_Global_Policy_Consultation_Response.pdf

 

Estimado Salil                                                          25 de marzo de 2014

A la Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual (NSWP) le gustaría aprovechar esta oportunidad de contribuir a la discusión acerca de la propuesta de política hacia el trabajo sexual de Amnistía Internacional. Los miembros de NSWP comprenden más de 180 organizaciones de trabajadoras sexuales en más de 60 países de todo el mundo, incluyendo redes locales, regionales y nacionales. Nuestras redes regionales en el Sur Global y el Norte Global representan respectivamente un número importante de trabajadoras sexuales que hacen campaña de forma activa por la plena despenalización del trabajo sexual.

El año pasado, NSWP publicó la “Declaración de Consenso Global sobre Trabajo Sexual, Derechos Humanos y Legislación” en nombre de los miembros de NSWP y de las trabajadoras sexuales a las que representan. La declaración de consenso esboza ocho derechos que están establecidos en varios tratados internacionales de derechos humanos, así como en constituciones nacionales. NSWP y otros grupos de justicia social argumentan que los estados son responsables de proteger proactivamente los derechos fundamentales y adoptar medidas que ayuden a proteger, respetar y hacer cumplir estos derechos para todos.

Derechos fundamentales de las trabajadoras sexuales:

1. Derecho a asociarse y organizarse

2. Derecho a ser protegidas por la ley

3. Derecho a verse libres de violencia

4. Derecho a no ser discriminadas

5. Derecho a la privacidad y a verse libres de interferencias arbitrarias

6. Derecho a la salud

7. Derecho a viajar y a emigrar

8. Derecho a trabajar y a elegir empleo libremente

NSWP apoya ampliamente la propuesta de política hacia el trabajo sexual de Amnistía Internacional; sin embargo, nos gustaría llamar la atención del Secretariado Internacional sobre algunos puntos fundamentales. Estos puntos resaltan algunas lagunas en la propuesta y abordan la ambigua noción de ‘despenalización parcial’ que, aunque no se hace referencia explícita a ella en el sumario de la propuesta, es presentada como una opción política en el ‘Formulario de respuesta a la consulta’ de Amnistía Internacional del Reino Unido. De tal forma que creemos que Amnistía Internacional del Reino Unido tiene la obligación y la responsabilidad de presentar a sus miembros una revisión equilibrada de la evidencia que sustente todas y cada una de las opciones que son sometidas a consideración.

Los siguientes puntos serían, en nuestra opinión, la cristalización de algunos de los razonamientos hechos en la propuesta de política:

• La consideración de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales en los marcos legales que penalizan cualquier aspecto del trabajo sexual de adultos, incluyendo a terceras partes

• El aumento del estigma y la discriminación experimentados por las trabajadoras sexuales en entornos en los que la compra de sexo ha sido penalizada (el así llamado ‘modelo nórdico’)

Con relación a la consideración de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, a NSWP le gustaría llamar la atención de Amnistía Internacional sobre el reciente Informe Mundial 2014 del Observatorio de Derechos Humanos1. El informe es una revisión anual de las prácticas de derechos humanos en todo el mundo. Resume los temas clave de derechos humanos en más de 90 países y territorios de todo el mundo, recogiendo hechos ocurridos hasta noviembre de 2013. El informe pone de manifiesto violaciones de derechos humanos perpetradas contra trabajadoras sexuales en Camboya, China, Vietnam, Grecia, Líbano y los Estados Unidos. Los abusos de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales incluyen detención arbitraria (Camboya), redadas punitivas, pruebas forzadas de VIH, violaciones de la intimidad, maltratos por profesionales sanitarios (China), rehabilitación forzada de trabajadoras sexuales (Vietnam), detención y prueba forzada de VIH de supuestas trabajadoras sexuales (Grecia), sometimiento de trabajadoras sexuales (junto a usuarios de drogas y personas LGBT) bajo custodia por las fuerzas de seguridad a malos tratos y tortura (Líbano), y uso de condones como prueba de trabajo sexual (Estados Unidos). El informe reclama la despenalización del trabajo sexual entre adultos en reconocimiento del hecho de que allí donde el trabajo sexual es penalizado (incluyendo la penalización de los clientes), dicha penalización permite que ocurran abusos y violaciones de los derechos humanos a causa del estigma y la discriminación, que hacen que las trabajadoras sexuales sean consideradas ciudadanas de segunda clase que no merecen ni siquiera los derechos humanos básicos.

Uno de los valores centrales de NSWP que busca abordar el daño que las trabajadoras sexuales sufren en entornos en los que cualquier aspecto del trabajo sexual es penalizado es: oposición a todas las formas de penalización y otras formas de opresión legal del trabajo sexual (incluyendo a trabajadoras sexuales, clientes, terceras partes, familias, parejas y amigos). El término ‘terceras partes’ incluye gerentes, propietarios de burdeles, recepcionistas, camareras, conductores, arrendadores, hoteles que alquilan habitaciones a trabajadoras sexuales y cualquier otra persona que se considere que está facilitando el trabajo sexual.

El debate en torno a las terceras partes ha sido caracterizado por una deliberada falta de matización (y, ciertamente, de claridad) por aquellos que buscan penalizar el trabajo sexual. NSWP puso de manifiesto en una reciente nota 2 que el debate en torno a la penalización de terceras partes se ha centrado en palabras como “proxeneta”, que NSWP no usa por varias razones. Sobre todo, porque el término evoca un estereotipo claramente racializado. Los grupos de presión del Norte Global buscan acallar las voces de las trabajadoras sexuales, sobre todo en el Sur Global, con campañas extremadamente emotivas y ofensivas diseñadas para silenciar a las trabajadoras sexuales. Este silenciamiento se hizo evidente cuando los activistas contra el trabajo sexual crearon el hashtag de twitter #questionsforamnesty, con la intención de debilitar a Amnistía Internacional y a la reclamación de respeto de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales. La penalización de las terceras partes afecta a las trabajadoras sexuales de muchas maneras:

• La penalización de los lugares de trabajo de las trabajadoras sexuales (y de las terceras partes que los dirigen) expone a las trabajadoras sexuales a mayor riesgo de transmisión del VIH, en contravención de la Recomendación 200 de la OIT;

• La penalización de los gerentes fuerza a las trabajadoras sexuales a trabajar con menor seguridad;

• Las trabajadoras sexuales son procesadas en aplicación de leyes contra terceros, utilizando los condones como prueba, lo que pone en riesgo la salud de las trabajadoras sexuales.

• Las trabajadoras sexuales pueden ser a la vez trabajadoras sexuales y terceras partes, y ser así procesadas en aplicación de leyes contra terceros cuando el estado busca perseguir a las trabajadoras sexuales: por ejemplo, si dos trabajadoras sexuales están trabajando juntas por seguridad, se convierte cada una de ellas en ‘tercera parte’ de la otra;

• Los hijos o parejas de las trabajadoras sexuales son procesados como terceras partes, en contravención del artículo octavo de la Convención de derechos humanos de la ONU, que garantiza el derecho a la privacidad y a la vida en familia;

• Los agentes de la ley usan las leyes contra las terceras partes para acosar a las trabajadoras sexuales, persiguiendo a aquellos a los que se aplican las leyes contra terceros —tales como arrendadores— y haciendo así que las trabajadoras sexuales vivan en un estado de inseguridad de alojamiento.

Para reiterar las recomendaciones de las principales agencias internacionales: “Las leyes que directa o indirectamente criminalizan o penalizan a las trabajadoras sexuales, a sus clientes o a las terceras partes, […] pueden debilitar la efectividad de los programas de salud sexual y de lucha contra el VIH, y limitar la capacidad de las trabajadoras sexuales y de sus clientes de buscar estos programas y beneficiarse de ellos”.3

Los ejemplos de abusos de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y la explicación de las formas en que la penalización de terceros afecta a las trabajadoras sexuales sirven para ilustrar cuán precarios son los derechos humanos de éstas. Es la firme creencia de NSWP que la total despenalización del trabajo sexual es la mejor manera posible de proteger y promover los derechos humanos de las trabajadoras sexuales.

Nos gustaría llamar la atención del Secretariado Internacional sobre las consecuencias del así llamado ‘modelo sueco’, tal y como son relatadas por las propias trabajadoras sexuales y por los informes de varias autoridades oficiales. En Suecia, los investigadores del trabajo sexual informan rutinariamente de los altos niveles de estigma que deben afrontar las trabajadoras sexuales. El gobierno sueco proclamó los altos niveles de estigma de aquellas implicadas en el trabajo sexual como un ‘resultado positivo’. El Defensor de la Igualdad sueco escribió, en un informe publicado en octubre de 2010 que encontraban esto “digno de mención”. Los niveles aumentados de estigma tienen serias implicaciones para las trabajadoras sexuales, que a menudo se sienten desalentadas a la hora de buscar ayuda de la policía  y asistencia de los servicios sociales y sanitarios.5

El ‘modelo nórdico’ asegura que los niveles de trabajo sexual desminuirán en la medida en la que la penalización de los clientes llevará a una menor ‘demanda de servicios sexuales’. Investigación independiente realizada sobre estas leyes ha mostrado que no son efectivas para reducir el número de mujeres implicadas en trabajo sexual. En cambio, “las trabajadoras se han limitado a cambiarse a pisos, a internet y a países vecinos”.6

Además de estos hallazgos, un reciente informe de la policía sueca sobre trata de seres humanos reveló que, por ejemplo, el número de salones de masaje Thai (que son conocidas tapaderas de negocios de trabajo sexual) ha aumentado. El número de trabajadoras sexuales de Lituania y Rumania (entre trabajadoras sexuales de otros países) que habían o bien emigrado por su propia voluntad o bien sido introducidas en Suecia por trata o tráfico había aumentado también en los años 2010 y 2011.7 

La penalización de la compra de servicios sexuales tiene implicaciones negativas para la seguridad de las trabajadoras sexuales. Por ejemplo, en un entorno despenalizado, los clientes de las trabajadoras sexuales no tienen motivo para ocultar información (tal como números de teléfono, nombres completos o direcciones) a las trabajadoras sexuales con las que se reúnen. En el contexto de penalización del ‘comprador de sexo’, es más probable que los clientes oculten la información que las trabajadoras sexuales necesitan para su seguridad a fin de impedir que la policía use tal información. En Suecia, el Consejo Nacional de Policía ha encontrado que la ley que penaliza a los clientes es un obstáculo para procesar a aquellos que explotan el trabajo sexual de otros. Antes se podía confiar en los compradores de sexo como testigos, pero este no es ya el caso en la medida en que ahora ellos mismos son culpables de cometer un delito. Por otra parte, las trabajadoras sexuales están ahora atrapadas en una posición ambigua con respecto a la ley. Vender sexo no es un delito, pero ya que comprar servicios sexuales sí lo es, la trabajadora sexual puede ser presentada como testigo durante el proceso judicial. No tiene, por tanto, ni los derechos del acusado ni los derechos de la víctima. El informe del Consejo de Policía discute también el hecho de que las trabajadoras sexuales son ahora sometidas rutinariamente a registros e interrogatorios invasivos, de forma que las pruebas contra los clientes puedan ser obtenidas in fraganti”.8

En conclusión, nos gustaría reiterar algunas de las principales razones 9 por las que el movimiento por los derechos de las trabajadoras sexuales hace campaña por la total despenalización del trabajo sexual.

La despenalización del trabajo sexual:

Promueve condiciones de trabajo seguras – Las trabajadoras sexuales pueden trabajar juntas por seguridad, comunicarse abiertamente con los clientes o gerentes sin temer constantemente el acoso de la policía o algo peor. En Nueva Zelanda, la despenalización del trabajo sexual durante la última década ha ayudado a promover los derechos humanos y laborales de las trabajadoras sexuales. El Tribunal de Revisión de Derechos Humanos de Nueva Zelanda dictó una resolución histórica 10

en enero de 2014 sobre la violación de los derechos humanos de una mujer en un burdel de Wellington en la que estaba empleada. La mujer presentó una querella contra el gerente y el propietario del burdel después de que el gerente la acosara sexualmente y la intimidara. La querella fue admitida y a la mujer se la reconocieron daños sustanciales.

Aumenta el acceso a los servicios de salud y reduce el riesgo de las trabajadoras sexuales frente al VIH y las ETS – Las trabajadoras sexuales se ven frecuentemente expuestas al VIH y a las ETS y tienen muchas probabilidades de infectarse. Las trabajadoras sexuales a menudo no están en condiciones de controlar estos factores de riesgo a causa del entorno legal, político y social en el que trabajan. 11 Por ejemplo, en muchos territorios la policía usa la presencia de condones como prueba de actividad sexual; por ejemplo, para probar que alguien es ‘propietario de burdel’. Si los condones son usados como prueba para llevar a cabo procesamientos por cualquier cargo relacionado con el trabajo sexual, se desincentiva fuertemente tener suministro disponible de los mismos y se penaliza de hecho su posesión, lo que afecta a la capacidad de las trabajadoras sexuales de protegerse a sí mismas. Esto va contra las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que llama a los países a ‘estimular la creación de “lugares de trabajo seguros” y la disponibilidad de preservativos en todos los locales de trabajo sexual’ y a ‘terminar con la práctica de los agentes de la ley de usar los condones como prueba de trabajo sexual’..12

Aumenta el acceso de las trabajadoras sexuales a la justicia– La despenalización aparta las principales barreras que obstaculizan la denuncia por parte de las trabajadoras sexuales de violaciones y otros crímenes de los que son víctimas, en la medida en que como trabajadoras sexuales en entornos criminalizados a menudo temen ser detenidas o castigadas de otros modos (por ejemplo, perdiendo la custodia de sus hijos). Hará también más difícil que la violencia contra las trabajadoras sexuales sea cometida con impunidad.

Reduce el abuso y la violencia de la policía–Los policías son frecuentemente los perpetradores de abusos contra las trabajadoras sexuales. En los lugares donde el trabajo sexual está penalizado,  la policía ejerce poder sobre las trabajadoras sexuales en forma de amenazas de detención y humillación pública. En Sudáfrica y Uganda, por ejemplo,  la policía a menudo hace desfilar en público a las sospechosas de ser trabajadoras sexuales, obligándolas a llevar condones hinchados alrededor del cuello.13

Ayuda a combatir la explotación y la coacción cuando tienen lugar– La Nota Orientativa de ONUSIDA sobre VIH y Trabajo Sexual declaraba que “las mismas trabajadoras sexuales son a menudo las que están en mejor situación para saber quién está siendo víctima de trata en sexo comercial y por quién, y están particularmente motivadas para trabajar por acabar con tales prácticas odiosas”.14

La penalización del trabajo sexual puede impedir los esfuerzos contra la trata que llevan a cabo las organizaciones de trabajadoras sexuales y hacer más fácil la errónea categorización de las trabajadoras sexuales como personas víctimas de trata. Muchas medidas antitrata son usadas deliberadamente para desbaratar negocios legítimos de trabajo sexual y con regularidad usan descaradamente una retórica antiinmigratoria. Las iniciativas antitrata deben estar probadamente fundadas en los principios de los derechos humanos y no deben afectar negativamente a los derechos de las trabajadoras sexuales.

 

Le saluda atentamente,

Ruth Morgan Thomas

Coordinadora Global

 

 

Más de 550 ONGs y 60 investigadores piden a los miembros del Parlamento Europeo que rechacen el informe de la Sra. Honeyball

 

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Martes 18 de febrero de 2014, el Coordinador de ICRSE

 

COMUNICADO DE PRENSA

 

http://www.sexworkeurope.org/news/general-news/more-550-ngos-and-60-researchers-demand-members-european-parliament-reject-ms

 

Más de 550 organizaciones de la sociedad civil y 60 investigadores dicen al Parlamento Europeo que rechace un informe sobre la prostitución realizado por Mary Honeyball, europarlamentaria por Londres, informe que promueve la penalización de los clientes de las trabajadoras sexuales y que será sometido a votación en la próxima sesión plenaria del 25 de febrero.

Un increíble número de 554 ONGs y organizaciones de la sociedad civil así como 60 académicos e investigadores han firmado cartas dirigidas a los miembros del Parlamento Europeo pidiéndoles que rechacen un informe realizado por Mary Honeyball en el que se pide a los Estados miembros de la UE que tomen en consideración la penalización de los clientes de las trabajadoras sexuales.

La carta de las ONGs, iniciada por el Comité Internacional por los Derechos de las Trabajadoras Sexuales en Europa, red que representa a 59 organizaciones de Europa y Asia Central, denuncia la fusión de trabajo sexual y trata de seres humanos, el desprecio por la salud y la seguridad de las trabajadoras sexuales y la falta de evidencias en las que se base el informe. 

Luca Stevenson, Coordinador de ICRSE comentó: “ El modelo sueco de penalización de clientes no sólo es inefectivo para reducir la prostitución y la trata, sino que también es peligroso para las trabajadoras sexuales. Aumenta el estigma, que es la causa primera de la violencia contra nosotras. Es una política fracasada denunciada por todas las organizaciones de trabajadoras sexuales y muchas organizaciones de mujeres, LGBT e inmigrantes, así como por muchos organismos de las Naciones Unidas”.

Los firmantes incluyen organizaciones de derechos de las trabajadoras sexuales, pero también muchos grupos defensores de los derechos de las mujeres, tales como la Federación Internacional de Planificación Familiar, una red de 40 miembros en Europa, y el Consejo General de Organizaciones de Mujeres Alemanas, que representa a 50 organizaciones de mujeres de Alemania. Los últimos firmantes incluyen la red antitrata La Strada y Transgender Europe, que representa a 79 organizaciones trans en la región. 

Mona Küppers, vicepresidenta de esta última, comentó: “Pensamos que la penalización sistemática de los compradores de sexo no traerá el cambio que esperan los que apoyan esta resolución. Todo lo contrario: la experiencia en Suecia demuestra que la prostitución no desaparece sin más tras la instauración de la penalización de los clientes: las actividades sencillamente pasan a la clandestinidad. Esta no puede ser la solución; en particular, no puede serlo para las mujeres que trabajan en el comercio sexual”.

Marija Tosheva, portavoz de SWAN, la Red para la Defensa de los Derechos de las Trabajadoras Sexuales de Europa del Este Central y Asia Central, explica: “El informe no representa las diferentes realidades de las trabajadoras sexuales a lo ancho de Europa, y así las etiqueta a todas ellas como víctimas, negando su autonomía y excluyéndolas del próximo debate y de los procesos de toma de decisiones. Algunas trabajadoras sexuales migran en busca de mejores oportunidades laborales, y algunas se vuelven vulnerables a la violencia y la explotación, pero etiquetarlas a todas como víctimas sin voz y penalizar todos los aspectos del trabajo sexual es justamente distraer la atención de las soluciones pragmáticas para dirigirla hacia soluciones moralistas y represivas”.

Un gran número de organizaciones de lucha contra el VIH, incluyendo el Grupo Europeo de Tratamiento del SIDA y el Grupo de Acción SIDA, han firmado también la carta. Mary Honeyball apenas menciona el VIH en su informe, ignorando aparentemente que las trabajadoras sexuales son una población clave en la respuesta frente al VIH. El informe cita la definición de salud sexual de la Organización Mundial de la Salud, pero irónicamente ignora que la OMS ha tomado posición contra el “modelo sueco” en la medida en que afecta negativamente a las vidas de las trabajadoras sexuales y limita su acceso a los preservativos y otros medios de prevención del VIH. 

Otro documento redactado y firmado por más de 60 académicos e investigadores consiste en una carta dirigida a los europarlamentarios y un contrainforme que analiza la falta de pruebas y la interpretación errónea de la evidencia en el informe de Mary Honeyball. La carta afirma: “Nos preocupa que este informe no sea un estándar aceptable en el que basar un voto que tendría un impacto tan serio y potencialmente peligroso sobre unas poblaciones que ya están marginadas”. Continúa: “El informe de la Sra. Honeyball no analiza los problemas y perjuicios que pueden rodear el trabajo sexual y en su lugar aporta datos sesgados, inexactos y desmentidos. Creemos que las decisiones políticas deberían estar basadas en pruebas sólidas y, por tanto, esperamos que vote usted contra la moción que insta a  penalizar a los clientes de las trabajadoras sexuales”.

El contrainforme revela que, entre otros sorprendentes errores, Mary Honeyball ha interpretado de forma completamente errónea un informe conjunto encargado por la Ciudad de Amsterdam y el Ministerio de Justicia holandés, “malinterpretando” de forma desconcertante los datos referidos a las coffee shops como datos referidos a burdeles.

Las 554 ONGs y los 60 investigadores firmantes de estas cartas instan a los europarlamentarios a considerar las pruebas aportadas y rechazar el informe de Mary Honeyball el 25 de febrero.

Contacto con Luca Stevenson del ICRSE:  info@sexworkeurope.org

 

Para descargar la carta firmada por más de 554 ONGs, click aquí.

 

Para descargar la carta y el contrainforme firmado por 60 investigadores y académicos, click aquí.

 

Para más información sobre esta campaña y sus declaraciones, click aquí.

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suomalainen: http://tinyurl.com/q9728m2

Click aquí para la declaración contra el informe Honeyball de la Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual

Click aquí para la declaración contra el informe Honeyball del Consejo de Mujeres Alemanas

Click aquí para la declaración contra el informe Honeyball hecha por 7 Fondos Feministas y de Mujeres.