Irlanda: grupos de expertos, “profundamente decepcionados” con la nueva Ley de Delitos Sexuales

Mientras tanto, varios funcionarios gubernamentales han acogido con satisfacción la aprobación de la ley

En esta foto de archivo, la trabajadora sexual Kate McGrew se unió a aliados y trabajadoras del sexo en Leinster House una noche del año pasado para una vigilia para conmemorar el Día Internacional para poner fin a la violencia contra los trabajadores del sexo.

En esta foto de archivo, la trabajadora sexual Kate McGrew se unió a aliados y trabajadoras del sexo en Leinster House una noche del año pasado para una vigilia para conmemorar el Día Internacional para poner fin a la violencia contra los trabajadores del sexo.

http://www.newstalk.com/Group-calls-Sexual-Offences-Bill-narrow-protective-and-paternalistic

El Proyecto de Ley de Delitos Penales (Delitos Sexuales) 2015 ha pasado a través de ambas Cámaras del Oireachtas.

El proyecto de ley proporciona una mayor claridad en relación con la definición de consentimiento sexual por primera vez, y contiene disposiciones que incluyen:

  •    Nuevos delitos para proteger a los niños contra el abuso;
  •     Nuevas medidas para proteger a los niños de los depredadores en internet;
  •     Infracciones nuevas y reforzadas para combatir la pornografía infantil;
  •     Se introducirán nuevas disposiciones relativas a las pruebas presentadas por las víctimas, en particular los niños;
  •     Nuevos delitos contra la indecencia pública;
  •     Una disposición relativa a las órdenes de hostigamiento para proteger a las víctimas de los delincuentes sexuales condenados;
  •     Disposiciones para mantener la edad de consentimiento a la actividad sexual a los 17 años de edad y para una nueva defensa de “proximidad de edad”;
  •     Una disposición para penalizar la compra de servicios sexuales.
  •     Declaración estatutaria sobre el consentimiento a los actos sexuales

    Sin embargo, varios grupos de expertos han expresado “graves preocupaciones” con la Parte IV del proyecto de ley. La Parte IV penaliza la compra de servicios sexuales y aumenta las penas para algunos aspectos del trabajo.

Reacción de los expertos

Colm O’Gorman, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional de Irlanda, dijo: “Después de dos años de investigación, Amnistía Internacional adoptó una posición global a favor de la despenalización del trabajo sexual y contra el modelo nórdico. Nuestra investigación puso de manifiesto los peligros de la criminalización de cualquier aspecto del trabajo sexual consensuado, como lo demuestran Argentina, Hong Kong, Noruega y Papúa-Nueva Guinea.

“La evidencia de Noruega demuestra que la criminalización de la compra de sexo no cumple con su propósito de reducir la prostitución y, lo que es más importante, no es una manera efectiva de proteger a las trabajadoras sexuales”.

Niall Mulligan, Director Ejecutivo de VIH Irlanda, dijo: “Nosotros aconsejamos enérgicamente contra esta acción, que va en contra de la opinión de expertos de la Organización Mundial de la Salud y ONUSIDA. La criminalización de la compra de sexo impulsa el trabajo sexual más hacia la clandestinidad, forzando a las trabajadoras sexuales a asumir más riesgos y trabajar con menos seguridad, lo que a su vez aumenta el riesgo de transmisión del VIH.

“Con los nuevos diagnósticos de VIH promediando casi 10 por semana, esta ley agravará lo que ya es una creciente crisis del VIH en Irlanda”.

Edel McGinley, Directora del MRCI dijo que la ley “no protege a los más vulnerables”, diciendo que promueve la dañina estigmatización y obstruye el acceso a la justicia.

“Sabemos por nuestra década de trabajo sobre la trata de personas y el trabajo forzado que este enfoque no ayudará a las víctimas de la trata”, concluyó.

Sin embargo, todos los grupos acogieron con beneplácito la inclusión en el último momento de una revisión dentro de tres años y la despenalización limitada de las trabajadoras sexuales de la calle, tras un extenso trabajo de lobby por parte de la Alianza de Trabajadoras del Sexo de Irlanda (SWAI) y otros.

Por su parte, el Defensor del Niño, Niall Muldoon, ha acogido con beneplácito la aprobación de la Ley de Delitos Penales (Delitos Sexuales), diciendo que aunque no ha abordado todas las cuestiones relacionadas con los niños, ofrece protecciones debidas en muchas áreas.

“La Ley de Delitos Sexuales reconoce nuevas formas de abuso y explotación sexual de los niños, incluído el abuso de niños, e introduce nuevas medidas de protección de los niños, lo que constituye un avance significativo en la protección de los derechos y el bienestar de los niños.

“Se ha incluido una salvaguardia contra la criminalización de los actos consensuales de igual a igual, así como nuestra recomendación de incluir el término” acto sexual con un niño “, en lugar de impurezas. Hacía mucho tiempo que eran necesarios estos cambios”, dijo.
Reacción del gobierno

Ayer Tánaiste Frances Fitzgerald calificó el proyecto de ley de “una de las más amplias leyes sobre delitos sexuales que jamás se ha aprobado”.

“Las disposiciones de este proyecto de ley buscan mejorar y actualizar las leyes para combatir la explotación sexual y el abuso sexual de los niños”, dijo. “Amplía la gama de delitos asociados con la pornografía infantil para asegurarse de que nadie que participe de ninguna manera en la creación, distribución, visualización o compartición de tal material aborrecible puede escapar a la ley”.

Niall Ó Donnghaile, portavoz de la Justicia de Sinn Féin, dijo: “Este proyecto de ley va de alguna manera a ponerse al día con el resto de la sociedad irlandesa que están exigiendo que cambiemos la ley para reflejar la naturaleza siempre cambiante de la explotación para asegurar que Gardaí y otras agencias puedan responder de una manera que sea relevante para los tiempos en los que vivimos ahora, leyes que reconocen que las formas de abuso y explotación de los más vulnerables ha cambiado y seguirá cambiando.”

Alerta: ¡penalización = sida!

 

Comunicado de prensa del Collectif Droits & Prostitution

 

1 de diciembre de 2016

http://droitsetprostitution.fr/1/index.php/actualite-mobilisation/42-alerte-penalisation-sida

 

dp

Con ocasión del 1º de diciembre, Día mundial de lucha contra el sida, el colectivo Droits & Prostitution interpela de nuevo a las asociaciones, instituciones, autoridades públicas y políticos a propósito de la situación sanitaria de las trabajadoras del sexo.

Desde que se aprobó la ley antiprostitución del 16 de abril de 2016, constatamos un aumento de la precarización, de los desplazamientos inducidos por la penalización, un poder creciente de los clientes en detrimento de las trabajadoras del sexo en la negociación de las prácticas, de la utilización del preservativo y de las tarifas. Según los testimonios que recogemos, hay un menor uso del preservativo y un aumento de los casos de violencia. Todas estas situaciones son reconocidas como factores de vulnerabilidad en el último informe de la Alta Autoridad de la Salud [1] así como en el conjunto de la literatura científica [2] que trata de la epidemiología del VIH/sida en lo que concierne a las trabajadoras del sexo. Por tanto, tememos un próximo aumento de las ETS y de los embarazos no deseados.

Constatamos igualmente que la mayor movilidad de las trabajadoras del sexo, en adelante necesaria para mantener su nivel de ingresos, lleva a un seguimiento médico menos bueno de las seropositivas o de las compañeras que toman un tratamiento profiláctico PrEP. Observamos en efecto que algunas compañeras interrumpen sus tratamientos antirretrovirales o PrEP por no poderlos renovar fácilmente cuando ellos/ellas son obligadas a desplazarse para trabajar. A causa de estos desplazamientos y del mayor aislamiento, es por otra parte más difícil para nuestras asociaciones garantizar sus misiones de prevención y de acceso a la atención médica destinadas a identificar y acompañar a las compañeras en sus trámites administrativos, sociales y de salud.

Si bien la penalización de los clientes ha entrado efectivamente en vigor tras la aprobación de la ley, el decreto de Reducción de riesgos referente a la salud nunca ha sido publicado y nos encontramos aún más desprotegidas frente a problemas crecientes. La ideología abolicionista y las políticas de penalización son incompatibles con la salud pública. Sufrimos hoy un retroceso de treinta años hasta aquella época en la que se nos pedía convencer a nuestra comunidad de que cesara el trabajo sexual en lugar de buscar autoprotegerse y autoorganizarse en defensa de su salud y sus derechos. Cuando las asociaciones abolicionistas son en este momento favorecidas política y financieramente en detrimento de las asociaciones de salud y/o de lucha contra el VIH, es evidente que el gobierno tiene por objetivo matar la salud comunitaria y, haciendo eso, contraviene el conjunto de recomendaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud y de ONUSIDA .[3]

 

Exigimos:

– la derogación de la ley de 13 de abril de 2016, que penaliza a nuestros cliente y condiciona cualquier ayuda que se nos preste al cese de nuestra actividad.

– la puesta en marcha inmediata de una  política pública realista de reducción de riesgos en materia de salud sexual y de lucha contra las ETS, y de una  política realista de financiación de estas actuaciones.

 

LLamamiento para que ONU Mujeres consulte de forma significativa a las trabajadoras sexuales cuando desarrolle normas relativas al trabajo sexual

 

Firmar aquí:

https://www.change.org/p/call-for-un-women-to-meaningfully-…

 

La NSWP, una red global de 263 organizaciones de personas que ejercen el trabajo sexual en 78 países, está llevando a cabo una llamada para participar en una consulta significativa con personas que ejercen el trabajo sexual ya que están desarrollando su política sobre trabajo sexual.

El Programa Conjunto de ONUSIDA sobre SIDA, del cual ONU Mujeres es un co-sponsor, ya tiene una política de trabajo sexual que está basado en los Derechos Humanos de la ONU y que se desarrolló siguiendo una consulta significativa del proceso con personas que ejercen el trabajo sexual y demás socios.

La NSWP recibió una invitación de ONU Mujeres para participar en una consulta electrónica formal el 7 de septiembre de 2016. Sin embargo, este proceso está basado en sólo aquellos más privilegiados y excluirá a la mayoría de las personas que ejercen el trabajo sexual del globo sur que tienen acceso limitado a internet; la mayoría analfabetos de los lenguajes colonialistas de las Naciones Unidas y que no están familiarizados con los tratados de la ONU, con los documentos que guían a ONU Mujeres ni con su marco de consultas.

ONU Mujeres cree que es importante escuchar a “diferentes personas y grupos, agencias y organizaciones que tienen un interés sobre el tema incluyendo: personas que ejercen el trabajo sexual / grupos de trabajo sexual, supervivientes de la prostitución y grupos que los representen, organizaciones feministas y de derechos de las mujeres”. A pesar de que se nombra primero a las personas que ejercen el trabajo sexual, el proceso que se usa y el fracaso en organizar consultas de personas que ejercen el trabajo sexual a nivel nacional y regional demuestra una ignorancia sobre la realidad de las vidas de las personas que ejercen el trabajo sexual, un fracaso a reconocer la centralidad que las personas que ejercen el trabajo sexual deben jugar en el desarrollo de las políticas y los programas de trabajo sexual y el deseo de limitar la involucración de las personas que ejercen el trabajo sexual en el desarrollo de esta política.

La NSWP cree que es esencial que se provea a las personas que ejercen el trabajo sexual con oportunidades de participación significativa en las consultas que les impactarán y recomendar a las Personas que Ejercen el Trabajo Sexual y Aliados del Sudeste Asiático (SWASA) para que organice una consulta cara a cara con las personas que ejercen el trabajo sexual de la región Surasiática para juntar sus voces y documentar lo que es un proceso de consulta para mujeres que son marginadas y discriminadas incluso dentro de otros movimientos de mujeres.

La experiencia nos ha enseñado que las comunidades de personas que ejercen el trabajo sexual —a nivel local, nacional, regional y global— donde se han impuesto políticas sin preguntarles sobre sus experiencias vividas y sin una involucración significativa de las personas que ejercen el trabajo sexual tiene, a menudo, un gran efecto perjudicial para sus vidas y las de sus familias. Para recalcar estas experiencias de las personas que ejercen el trabajo sexual con políticas perjudiciales, la NSWP ofrece a la ONU Mujeres un borrador para un acercamiento cerciorando los derechos humanos al trabajo sexual para ser considerado y para que haya más consultas a lo largo del desarrollo de su política.

¡¡Nada sobre nosotros/as, sin nosotros/as!!

El signatario más abajo llama a la ONU Mujeres a:

  • Participar en una consulta significativa con personas que ejercen el trabajo sexual para desarrollar su política sobre trabajo sexual.
  • Asegurar que su política respete, proteja y cumpla con los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual y que reconozca la autodeterminación de las personas que ejercen el trabajo sexual.

Esta petición será entregada a:

  • UN Women
  • United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

La Ley de compra de sexo sueca: éxito proclamado y resultados documentados

 

 

La Ley de compra de sexo sueca: éxito proclamado y resultados documentados 1

 
Por Susanne Dodillet y Petra Östergren

 
Comunicación presentada en el Taller internacional: Despenalización de la prostitución y más allá: experiencias prácticas y retos. La Haya, 3 y 4 de marzo de 2011

 

http://gup.ub.gu.se/records/fulltext/140671.pdf

 

Introducción

 

De la penalización de la compra de servicios sexuales implantada en Suecia en 1999 se dice que es una medida única en el mundo: castigar solo a los que compran servicios sexuales, no a quienes los venden. Sin embargo, esta alegada excepcionalidad es cuestionable, y por varias razones. Existe una serie de otras leyes y regulaciones contra la prostitución que, en la práctica, hacen que la política sueca hacia la prostitución sea similar a la de otros países en el mundo que intentan reducir o erradicar la prostitución con medidas legislativas. Otra razón por la que la reivindicación de excepcionalidad es dudosa es que se debe examinar algo más que la letra de una ley o modelo de reglamentación (“solo serán castigados los que compran sexo”) cuando se analizan estos: se tiene que considerar las consecuencias de hecho. Por ejemplo, una ley contra la compra de los servicios ofrecidos en una terapia de masaje, psicoterapia o consejo de salud sexual obviamente no castigaría solo a los compradores, sino que también acarrearía consecuencias negativas para quienes ofrecen los servicios. Por tanto, fijarse solo en una de entre varias leyes hacia la prostitución, ignorar sus consecuencias y llamar a esto un modelo regulador “único” o es ignorancia o es intento deliberado de engañar.

 

Pero hay algunos aspectos de la Ley de Compra de Sexo de los que sí se puede decir que son exclusivos. Uno de tales aspectos es la forma como ha sido justificada por los legisladores.

 

La Ley de Compra de Sexo fue presentada por legisladoras feministas que argumentaron que la prostitución es una forma de violencia machista contra las mujeres, que es física y psicológicamente dañino vender sexo y que no existen mujeres que vendan sexo voluntariamente. Más aún, se dijo que si uno quiere conseguir una sociedad con igualdad de géneros, debe dejar de existir la prostitución: no solo por las razones mencionadas, sino también porque todas las mujeres de la sociedad se ven dañadas en la medida en que los hombres piensan que pueden “comprar cuerpos de mujeres”.2 Si la prohibición tiene efectos adversos para las mujeres individuales que venden sexo, o si viola su derecho a la autodeterminación, son cosas que no importan. El valor simbólico de igualdad de géneros de la Ley de Compra de Sexo es más importante.3 Esta visión de la prostitución inspirada en el feminismo radical ha existido en occidente desde los años setenta, pero no se ha aplicado a nivel estatal con anterioridad. En Suecia, fue adoptada en primer lugar por el gobierno socialdemócrata en 1998, y posteriormente por el gobierno de alianza liberal en 2006.

 
Otro aspecto exclusivo de la Ley de Compra de Sexo es la persistencia con la que la prohibición o, como se denomina, el “modelo sueco”, ha sido promocionada. Uno de los objetivos declarados desde el mismo comienzo fue exportarla a otros países.4 Tanto gobiernos como autoridades, agentes políticos y Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) han dedicado tiempo y dinero a promocionarla internacionalmente. Se han producido panfletos, sitios web, artículos, libros y películas, y se han desarrollado acciones de lobby hacia la Unión Europea (UE) y el resto del mundo con la ayuda de este material y mediante talleres, seminarios y debates.5 Subsecuentemente, ha habido países que, considerando la conveniencia de introducir cambios en sus leyes de prostitución, han buscado inspiración en Suecia.

 

En el centro de la campaña de promoción ha estado el proclamado éxito de la Ley de Compra de Sexo. Se dice que ha reducido la prostitución y la trata con fines sexuales, que ha tenido un efecto disuasivo sobre los clientes, y que ha cambiado las actitudes sociales hacia la prostitución; todo ello sin haber tenido ninguna consecuencia negativa. Recientemente, estas declaraciones fueron expresadas en la evaluación oficial de 2010 de la Ley de Compra de Sexo, y repetidas por la Ministra de Justicia Beatrice Ask en un artículo para la CNN.6 El problema con estas declaraciones es que si son cuidadosamente investigadas, no resultan respaldadas por los hechos conocidos o por los estudios realizados. En cuanto fue publicada la evaluación oficial, fue criticada desde diferentes direcciones.7 En el proceso de consulta que siguió a la publicación de la evaluación, la crítica fue especialmente áspera por parte de aquellas entidades de referencia que dirigieron la investigación de la prostitución, y por aquellas que trabajan en temas de salud y discriminación (cuando se proponen enmiendas a la ley en una encuesta oficial, el informe circula para consulta antes de que experimente más modificaciones).8 La crítica se ha centrado primariamente en la falta de rigor científico de la evaluación: no tuvo un punto de partida objetivo, ya que los términos de referencia dados fueron que la compra de sexo tenía que seguir siendo ilegal; no hubo una definición satisfactoria de la prostitución; no se tuvo en cuenta la ideología, el método, las fuentes y los posibles factores de confusión; hubo inconsistencias, contradicciones, referencias aleatorias, comparaciones irrelevantes o sesgadas, y las conclusiones se establecieron sin estar respaldadas por hechos probados y fueron a veces de carácter especulativo.9

 

En este informe nos centraremos en el conflicto existente entre el éxito proclamado de la prohibición y la falta de datos que puedan respaldar esa proclamación. Porque, cuando se revisan los datos y los informes disponibles, queda claro que no se puede decir que la Ley de Compra de Sexo haya hecho disminuir la prostitución o la trata con fines sexuales, ni que haya tenido un efecto disuasorio sobre los clientes de la magnitud proclamada. Ni es posible afirmar que las actitudes públicas hacia la prostitución hayan cambiado significativamente en la dirección deseada por el feminismo radical ni que haya aumentado el apoyo a la prohibición. Hemos encontrado también informes de serios efectos adversos de la Ley de Compra de Sexo —en especial concernientes a la salud y el bienestar de las trabajadoras sexuales— a pesar del hecho de que los legisladores recalcaron que la prohibición no tendría un efecto negativo sobre las personas que se dedican a la prostitución.10

 

Las autoras de este informe han investigado diferentes aspectos de la política sueca hacia la prostitución durante varios años. Una de nosotras ha dirigido también trabajo de campo entre personas que venden sexo en Suecia.11 Este informe en particular está basado en la investigación que hemos realizado en el contexto de un proyecto mayor realizado en la Universidad de Leiden, en Holanda. Está escrito teniendo en mente una audiencia internacional, debido a que parece haber una gran demanda de información respecto a las consecuencias reales del “modelo sueco”; un conocimiento basado en investigación sueca que no haya pasado el filtro del discurso oficial. A nuestro entender, la investigación presentada aquí no ha sido hasta ahora compilada y traducida al inglés.
Comenzaremos este informe proporcionando una visión general de las leyes y regulaciones realtivas a la prostitución, pasaremos luego a discutir los efectos documentados de la Ley de Compra de Sexo, y terminaremos con una breve conclusión.

 

Regulación de la prostitución en Suecia

 

El “modelo sueco” consiste en varias leyes y regulaciones. Las tres leyes principales que penalizan o prohiben la prostitución de adultos son las que prohiben el proxenetismo, prescriben la confiscación de apartamentos y locales de alquiler usados para la prostitución, y prohiben la compra de sexo. La ley de proxenetismo (2005:90) prevé una multa y hasta cuatro años de prisión (u ocho años si el delito es grave). Proxenetismo es cuando una persona promueve o explota de una forma financieramente inadecuada la implicación de otra persona en relaciones sexuales ocasionales a cambio de un pago. Delito grave se define como una actividad a gran escala, que conlleva un ganancia financiera significativa o que supone la explotación despiadada de otra persona.12

 

Para evitar el uso de apartamentos y habitaciones para practicar la prostitución y el proxenetismo, hay varias provisiones de sanciones penales y confiscaciones. Estas provisiones incluyen el Código Penal Capítulo 6 § 12.2, el Código del Suelo (1970:994) Capítulo 12. § 42.1.9 y la Ley de Propiedad Horizontal (1991:614) Capítulo 7. § 18.8 (2003:31). Estas provisiones significan también que un propietario o inquilino es requerido a dar por terminado el contrato de arrendamiento si los locales se usan para la prostitución y los inquilinos/propietarios son requeridos a salir de un apartamento usado para la prostitución.

 

Lo que estas leyes implican, en general, es que nadie puede dirigir un burdel, alquilar un apartamento, habitación o habitación de hotel, ayudar a encontrar clientes, actuar como agente de seguridad o permitir que se anuncien las trabajadoras sexuales. Esto a su vez implica que las trabajadoras sexuales no pueden trabajar juntas, recomendarse clientes unas a otras, anunciarse, trabajar desde una propiedad que alquilan o poseen y ni siquiera vivir con un compañero (ya que el compañero probablemente compartiría parte de cualquier ingreso que derive del trabajo sexual). Además, la ley contra el proxenetismo dificulta a las autoridades el empleo de estrategias de reducción del daño. Por ejemplo, la distribución de condones, aunque perfectamente legal bajo la Ley de Servicios Sociales y la Ley de Enfermedades Transmisibles, podría ser percibida por expertos ajenos al mundo de la jurisprudencia como una actividad promotora de la prostitución.

 
La ley mejor conocida, la Ley de Compra de Sexo (2005:90), entró en vigor en 1999 y hace ilegal obtener, o intentar obtener, servicios sexuales ocasionales a cambio de una compensación.13 La “compensación” no tiene que ser necesariamente monetaria, sino que podría incluir alcohol, drogas, comidas o regalos que se hubieran convenido por adelantado. Es también ilegal tener sexo con una persona que reciba cualquier clase de recompensa por parte de un tercero. La pena por la infracción es una multa o un año de prisión. En este contexto, es importante señalar que Suecia no despenalizó la venta de servicios sexuales en 1999, como se dice a veces en los medios internacionales. Ni la venta ni la compra de servicios sexuales eran en sí mismos un delito antes de la aprobación de esta ley, aunque la legislación represiva contra la vagancia y las ETS fue usada contra las personas que vendían sexo durante gran parte del siglo veinte.

 

La Ley de Trata de 2002 (2002: 436) 14 prevé que cualquier persona que mediante coacción u otros métodos inadecuados participe en el proceso de cruce de fronteras o en el reclutamiento, transporte, transferencia, alojamiento o recepción de una persona con fines de explotación sexual, puede ser sentenciada a entre dos y diez años de prisión (§ 1a). Si la víctima es menor de dieciocho años, no hacen falta pruebas de coacción u otros métodos impropios para obtener una condena (§ 1a). En 2004, la letra de la Ley fue enmendada (2004:406) para hacerla más parecida al protocolo de Palermo. La legislación fue expandida también para incluir la trata para trabajo forzado y extracción de órganos, así como la trata dentro de un país. Según esta nueva redacción, se debe demostrar que un tratante ha tenido control sobre la víctima para obtener una condena. En 2010, la letra fue enmendada por segunda vez (2010:371), ya que se estimó que la versión de 2004 “impedía que la ley se aplicara de forma eficaz”. 15 Muy pocas personas habían sido condenadas porque era difícil para los acusadores probar que el tratante controlaba a la víctima. En consecuencia, se retiró este requisito.

 
Hay dos leyes que controlan la prostitución de jóvenes. Bajo la Ley de Seducción de Jóvenes (1984:399)16 es ilegal prometer o entregar una recompensa a cambio de intercambio sexual ocasional con alguien menor de dieciocho años. La pena es prisión que no exceda de dos años. También es penable el intento de realizar dicho intercambio, y el consentimiento es irrelevante. La conducta sexual con un niño menor de quince años está prohibida por el párrafo § 10.

 

La Ley de Protección de Jóvenes (LVU; 1990:52) da a la sociedad el derecho a poner a un joven bajo protección si pone su salud o su desarrollo en riesgo por el uso de alguna sustancia, actividad criminal o “conducta socialmente destructiva” (§ 3). Esto significa un joven que se comporte de cualquier forma que se desvíe de las normas básicas de la sociedad, tales como la implicación en prostitución o el trabajo en un club de sexo. En casos normales, esta ley se aplica solo a los menores de dieciocho años, pero la “conducta socialmente destructiva” puede aplicarse a personas de hasta de 21 años de edad.

 
La Ley de Extranjería (2005:716) contiene provisiones que, entre otras, se refieren al derecho de los extranjeros a entrar, residir y trabajar en Suecia. Los extranjeros que tienen permisos de residencia pueden ver negado el permiso para entrar si se puede suponer que la persona cometerá un delito o que él o ella no se mantendrán “por medios honestos” durante su estancia (Chapter 8 § 2.2). Esto incluye la prostitución.

 

La prohibición de actuaciones pornográficas en público recogida en la Ley de Orden Público (1993:1617); Chapter 2 § 14 hace ilegal mostrar sexo “real” en un escenario (siempre que no sean representaciones artísticas en un teatro). Se permiten los shows de estriptis en los clubs de sexo, pero no se permite que se toquen las bailarinas y los clientes, y no se puede servir alcohol en la sala. La prohibición fue establecida con la finalidad de combatir la prostitución y fue dirigida principalmente contra la así llamada actividad de club de sexo.

 
Junto a estas leyes, hay también normas con fines fiscales que afectan a la capacidad de las personas para mantenerse gracias a la prostitución. Todos los ingresos se ven sometidos a imposición, incluso las ganancias de la prostitución, pero la oficina de hacienda no acepta “prostitución” o “trabajo sexual” como un negocio si una persona quiere registrar una empresa (y porque, debido a la ley contra el proxenetismo, no puede tener empleadas). Esto tiene como consecuencia que la persona que vende sexo tiene dos opciones: registrar una empresa como una forma distinta de negocio o vender favores sexuales ilegalmente en el mercado negro, en la economía sumergida. Las que escogen lo primero pueden pagar impuestos y recibir los beneficios de la seguridad social, pero resulta difícil a las trabajadoras sexuales deducirse sus gastos de empresa. Las trabajadoras sexuales que, por el contrario, escogen vender sexo en el mercado negro, no tienen derecho a los beneficios sociales, no pueden reclamar deducciones por sus gastos y pueden tener que enfrentarse a liquidaciones de impuestos arbitrarias si el Tesoro hace su propia estimación de las ganancias obtenidas por las trabajadoras sexuales a lo largo de varios años, forzándolas a pagar grandes sumas de impuestos de forma retrospectiva. 17

 

Cuando se propuso la Ley de Compra de Sexo, se recalcó que las medidas sociales eran la principal herramienta utilizada en el intento de reducir la prostitución. 18 Tales medidas están regidas por la legislación clave de los servicios sociales y los sectores sanitarios, tales como la Ley de Servicios Sociales (2001:453) y la Ley de Salud y Servicios Médicos (1982:763), pero ninguna de ellas contiene provisiones específicas para las personas que venden sexo. En relación a la asistencia social, las agencias de servicios sociales tienen servicios especializados para las personas que se dedican a la prostitución en las tres ciudades principales: la Unidad de Prostitución en Estocolmo, el Grupo de Prostitución en Gotenburgo y el Centro de Conocimiento de la Prostitución en Malmoe. Como no existen directrices que rijan esta actividad, ni fondos públicos destinados a ella, ha habido distintos enfoques. En Estocolmo, por ejemplo, el foco está en hacer que las personas dejen de vender sexo con ayuda de terapia, mientras que en Malmoe se incluye una perspectiva de reducción de daños. 19

 
Finalmente debemos considerar el Plan de Acción Nacional contra la prostitución y la trata de personas con fines de explotación sexual (en adelante, el Plan de Acción Nacional). Este plan contiene treinta y seis medidas a aplicarse entre 2008 y 2011 y el gobierno tiene asignados 213 millones de coronas para financiarlo. El plan de acción incluye una mayor protección y ayuda para las personas en riesgo, más énfasis en el trabajo preventivo, estándares más elevados y mayor eficiencia en el sistema judicial, mayor cooperación nacional e internacional, y un nivel más elevado de conocimiento y consciencia. La base ideológica de todas estas medidas es el feminismo radical y el objetivo es reducir la prostitución. 20

 
Nuestro material

 
A fin de evaluar la validez de las declaraciones de que la Ley de Compra de Sexo ha sido un éxito, hemos usado principalmente material procedente de las autoridades que han sido responsables de informar sobre la prostitución y de evaluar las medidas tomadas. Estas autoridades son: el Consejo Nacional de Salud y Bienestar, que es una agencia del gobierno dependiente del Ministerio de Salud y Asuntos Sociales, que ha elaborado tres informes;21 el Consejo Nacional para la Prevención del Crimen, que es un consejo que funciona como el cuerpo de expertos del gobierno dentro del sistema judicial, del que hemos revisado cuatro informes;22 el Comité de Policía Nacional y sus once informes anuales referentes a la trata; una temprana evaluación de la prohibición y un informe local sobre prostitución;23 la previamente mencionada evaluación oficial de 2010 de la Ley de Compra de Sexo; y la respuesta de las cincuenta y dos entidades de referencia.24 Estas autoridades han recogido a su vez información de la policía, de trabajadores sociales, ONGs, investigadores académicos y algunas entrevistas con personas con experiencia en prostitución. Algunas de estas autoridades han llevado a cabo sus propias investigaciones.

 
Hemos consultado también los hallazgos de la encuesta oficial sobre prostitución que fue publicada en 1995,25 la encuesta especial hecha por el Ministerio de Justicia noruego en 2004 “Compra de servicios sexuales en Suecia y Holanda”;26 el proyecto de investigación de 2008 “Prostitución en los países nórdicos”, que fue realizado por encargo del Consejo Nórdico de Ministros para la Igualdad de Género por el Instituto Nórdico de Género (NIKK);27 la encuesta de 2008 “Veme” por el Comité Nacional para Asuntos de la Juventud;28 un informe de 2010 realizado por el Centro de Conocimiento de la Prostitución en Malmoe:29 y el informe de 2011 de la Federación Sueca para la defensa de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (RFSL).30 Este material ha sido suplementado con nuestra investigación previa y con ejemplos de los debates actuales en los medios y en internet, así como con declaraciones de trabajadoras sexuales.

 

Prevalencia

 
A fin de evaluar si la prostitución ha disminuido o no desde la implantación de la Ley de Compra de Sexo en 1999, se necesita saber qué prevalencia tenía la prostitución antes de la aprobación de la ley. Las cifras usadas con mayor frecuencia indican que había alrededor de 650 mujeres haciendo prostitución de calle en las tres mayores ciudades, Estocolmo, Malmoe y Gotenburgo, y se estima que el número de las que vendían sexo en interiores era dos o tres veces mayor. Esto quiere decir que el número total de trabajadoras sexuales que estaban trabajando antes de la ley era de entre 1.850 y 2.500, aunque a veces se cita la cifra de 3.000.31

 

Aquí hay varias vaguedades. Las fuentes no dicen si el número de 650 es un recuento exacto hecho en la calle en un día determinado, o si es una estimación anual de cuántas mujeres venden sexo durante un año; y si es así, si esas mujeres vendían sexo a tiempo completo o a tiempo parcial, con qué duración, por qué razones y bajo qué condiciones. Tampoco sabemos quién hizo la estimación de “dos o tres veces más en interiores”, y con qué fundamento. Otra vaguedad es que no se contabilizan los hombres y transexuales que venden sexo. Dadas estas vaguedades, se podría concluir que es sencillamente imposible comparar las estadísticas de antes y de después de la Ley de Compra de Sexo. También hay problemas con las cifras de después de la implantación de la ley.

 
El informe del Ministerio de Justicia noruego habla de un “problema general” con las estadísticas de Suecia dado que son “sumamente imprecisas”. Se refieren a sus propias investigaciones, pero también a uno de los primeros informes en el que el policía responsable de las cifras admite que el método de medición es “tosco” y no proporciona una cifra fiable, tan solo “indica hacia dónde están yendo las cosas”.32 Cuando Charlotta Holmström tiene en cuenta toda la información disponible en las cifras suecas del informe de la investigación del NIKK, señala que una lectura detenida del material disponible relativo al alcance y la existencia de prostitución muestra lagunas de conocimiento, y que la investigación que pueda poner de manifiesto la extensión del fenómeno es limitada.33
Dicho esto, sigue habiendo un consenso general en que la prostitución de calle declinó a aproximadamente la mitad tras la implantación de la Ley de Compra de Sexo. La cuestión es si este declive fue o no una consecuencia directa de la Ley.

 
El número estimado de trabajadoras de calle en las tres mayores ciudades en 2007 fue de 300, con 200 en Estocolmo, 30 en Gotenburgo y 70 en Malmoe.34

 

Hasta donde podemos decir, estas cifras adolecen de las arriba mencionadas imprecisiones, pero también ha habido algunas otras preocupaciones científicas durante el proceso de consulta que siguió a la evaluación oficial de 2010. En su respuesta, el Departamento de Criminología de la Universidad de Estocolmo declara que unos cambios tan acentuados en las actividades estudiadas (un descenso del 50%) son raros de ver en la literatura criminológica. Esto plantea la cuestión de si los cambios referidos son “demasiado buenos”, y esta observación necesitaría ser sometida a discusión si dichas cifras son usadas para ejemplificar el éxito de la prohibición. En segundo lugar, los efectos de la prohibición varían mucho entre las tres ciudades, algo que también necesita ser discutido. Y, en tercer lugar, habría sido necesaria una serie de observaciones anterior a la ley más prolongada en el tiempo, ya que las cifras de 1998 podrían haber sido una excepción, un “caso aparte”.35

 

Otros han señalado que los números estimados de trabajadoras de calle han estado reduciéndose desde finales de los setenta, lo que sugiere que cualquier reducción observada desde la aplicación de la ley —si es que ha habido alguna reducción— es parte de una tendencia mucho más prolongada en el tiempo.36 Más aún, esta tendencia no es un fenómeno específicamente sueco, como señala Holmström en el NIKK, sino un fenómeno internacional.37

 
Otra cuestión es cuán estable es esta evolución. En su informe sobre prostitución de 2007, el Consejo Nacional de Salud y Bienestar escribe: 38

“El cuadro general que emerge de las entrevistas es que el comercio sexual desapareció prácticamente de las calles durante un breve período inmediatamente después de que entrara en vigor la ley. Luego volvió, aunque de forma menos extensa. Por ejemplo, los representantes del Centro para la Prostitución de Estocolmo dicen que la prostitución inicialmente desapareció de las calles cuando se aprobó la ley, para volver más tarde con una extensión aproximadamente la mitad que antes. Ahora, aproximadamente dos tercios de las prostitución de calle ha vuelto, en comparación con la situación de antes de que entrara en vigor la ley contra la compra de servicios sexuales.”

El Consejo Nacional de Salud y Bienestar

Hay también algunas objeciones más específicas a la relación entre la prohibición y sus efectos sobre la prostitución practicada en la calle. Según los trabajadores sociales entrevistados por el Consejo Nacional para la Prevención del Crimen, se ha vuelto más difícil contar el número de trabajadoras sexuales, ya que se han desplazado a calles secundarias y cubren un área mayor que antes.39 También, varias fuentes refieren que los números en las calles han fluctuado, y algunas de las autoridades declaran que la fluctuación (y por tanto cualquier pretendida disminución) depende más de la extensión de la vigilancia y la actuación policiales que de la ley. El Consejo escribe: 40

“Una extensa actividad obstaculizadora ha sido ejercida sobre la prostitución de calle en grandes áreas urbanas. Parte de esta actividad han sido los controles de tráfico. Para la policía municipal y la policía de tráfico, el objeto de estas actividades ha sido primordialmente garantizar la tranquilidad nocturna a los residentes, mientras que para los que trabajan contra la prostitución ha sido una forma de combatir el problema de la prostitución. Esto significa que están siendo usadas otras leyes para combatir el problema para el que la nueva ley ha sido diseñada, lo que podría significar que la nueva ley en sí misma no es una medida eficiente de luchar contra la prostitución”.

El Consejo Nacional para la Prevención del Crimen

Entonces, ¿cuál es el efecto sobre la prostitución en general, de calle y de interior? Se ha dicho que un problema a la hora de evaluar el efecto sobre la prostitución de interior es que cuanto de mayor “categoría” es la prostitución, menos fiables son los datos.41 La evaluación oficial sueca, a la vez que declara que ha disminuído la prostitución en general, opina también paradójicamente de esta manera:42

“Cuando se trata de la prostitución de interior en la que el contacto se hace en restaurantes, hoteles, clubs de sexo o salones de masaje, la información disponible sobre la extensión con la que ocurre es limitada. No hemos sido capaces de hallar ningún estudio realizado en profundidad sobre estas formas de prostitución en la última década.”

La evaluación oficial de 2010

Sin embargo, las autoridades y los informes concluyen que solo porque haya menos personas vendiendo sexo en las calles no se puede deducir que se haya reducido la prostitución en general. La estimación general en los informes que hemos revisado es que las trabajadoras sexuales han comenzado a usar otros métodos para encontrar clientes, y viceversa. Las trabajadoras sexuales dan su número de móvil a los clientes en la calle o contactan con ellos por internet (a causa de la prohibición contra la facilitación, los anuncios en internet tienen que hacerse a través de un servidor localizado en otro país). Se cree también que las trabajadoras sexuales y los clientes establecen contacto sobre todo en bares, restaurantes y hoteles.43

 
Este cambio de las calles a interiores se cree que no es necesariamente un resultado de la Ley de Compra de Sexo, sino parte de una tendencia general de disminución de la prostitución ejercida en la calle. El Consejo de Salud y Bienestar escribe que la prostitución ha evolucionado a la par que la sociedad en el uso de esa nueva tecnología, y que compradores y vendedoras de servicios sexuales establecen ahora contacto unos con otras de múltiples formas.44

 

En cuanto a internet, ha habido algunos intentos de recontar el número de trabajadoras sexuales que se anuncian ahí. Dependiendo de las fuentes, las cifras estimadas son de entre 300 y 400 personas.45 El recuento de las cifras de internet tampoco está estandarizado, ni hay mucha información recogida que permita saber durante cuánto tiempo, bajo qué circunstancias y por qué razones la gente vende sexo, etc. Pero el Centro de Conocimiento de la Prostitución en Malmoe, que parece ser la única entidad que mide los anuncios en internet de forma regular, informa de que ha habido un notable incremento en el área de Öresund durante 2009, y la evaluación oficial declara que “por lo que respecta a la juventud explotada mediante prostitución, internet es un nuevo escenario que ha crecido en proporciones de avalancha”.46 También, de acuerdo con el Centro de Conocimiento de Malmoe, la tecnología cambiante ha hecho que la prostitución “oculta” (de interior) constituya ahora cuatro quintas partes (80%) de la prevalencia general de la prostitución, a comparar con dos tercios (67%) antes de que se aplicara la prohibición.47 Esto supondría que habría un número total de personas dedicadas a la prostitución similar al que había antes de la prohibición, es decir, alrededor de 1.500 personas.

 
En resumen, debido a los problemas metodológicos, no hay forma de saber con certidumbre qué ha ocurrido tras la implantación de la Ley de Compra de Sexo. En su informe de 2007, el Consejo Nacional de Salud y Bienestar resumía la situación de la siguiente manera:48

“También es difícil discernir alguna tendencia clara de evolución: ¿ha aumentado o ha disminuído la extensión de la prostitución? No podemos responder de forma inequívoca a esta cuestión. Como mucho, podemos observar que la prostitución de calle está volviendo lentamente, tras desaparecer rápidamente tras la aplicación de la ley contra la compra de servicios sexuales. Pero, como se ha dicho, esto se refiere a la prostitución de calle, que es la que se manifiesta de forma más obvia. Con relación a aumentos o disminuciones en otras áreas de la prostitución —la “prostitución oculta”— todavía podemos decir menos.”

El Consejo Nacional de Salud y Bienestar

La conclusión es que las declaraciones oficiales relativas al “éxito” de la prohibición no pueden ser sustanciadas, dados los problemas con los datos que acabamos de describir.

 

Trata con fines sexuales

 

Se dice a menudo que Suecia ha hecho excepcionalmente bien lo referente a la reducción de la trata con fines sexuales, y que esto se debe a la Ley de Compra de Sexo. Pero los números de la trata diponibles en Suecia son, si cabe, incluso más vagos y contradictorios. Según el Consejo Nacional para la Prevención del Crimen, la Ley de Compra de sexo puede ser tanto un obstáculo para los tratantes como una herramienta para mejorar las condiciones del mercado, debido a la subida de precios de venta de sexo que puede originar.la prohibición. Por una parte puede reducir el número de mujeres usadas en la trata, pero también proporciona un beneficio razonablemente bueno para aquellos tratantes que tienen la capacidad de proveer servicios sexuales sin ser atrapados por las autoridades. Esto, a su vez, hace a Suecia un país atractivo para los delincuentes más sofisticados.49 Estas contradicciones pueden apreciarse en otros documentos. Se declara en la evaluación oficial:50

“Según la Policía sueca, está claro que la prohibición de compra de servicios sexuales actúa como una barrera para los tratantes de personas y los proxenetas que están considerando esblecerse en Suecia”.

La evaluación oficial de 2010

Pero en una nota de prensa emitida solo unos pocos meses antes de que se publicara la evaluación, la misma autoridad policial declaraba:51

“El crimen organizado importante, incluidas la prostitución y la trata, ha aumentado en fuerza, poder y complejidad durante la pasada década. Constituye un serio problema social en Suecia y el crimen organizado gana grandes cantidades de dinero de la explotación y la trata de personas bajo condiciones similares a la esclavitud.”

Nota de prensa del Comité de Policía Nacional de marzo de 2010

Si nos fijamos en el número de personas implicadas en la trata con fines sexuales, las discrepancias y vaguedades continúan. En sus informes de 2002 a 2006, el Comité de Policía Nacional estimaba que las víctimas reales de trata serían unas 400-600 mujeres. Pero desde 2007 no han publicado ningún número de mujeres en absoluto (y no han dado ninguna razón de ello). Es también difícil conseguir una lista exhaustiva de los delitos de trata con fines sexuales denunciados y condenados, a pesar de los muchos informes que elabora la policía. Hay que buscar en diferentes documentos para encontrar todos los datos. Cuando se compilan, aparecen así:

Número de personas denunciadas y condenadas por trata con fines sexuales:

CUADRO 1

En base a esto, la trata con fines sexuales no parece ser algo importante en Suecia: hay pocos casos denunciados e incluso menos condenas (además, los números fluctúan de año en año, en lugar de mostrar un descenso continuado). La tendencia general manifestada en la Encuesta Nacional sobre Prostitución de 1993 parece ser correcta: Suecia no ha sido nunca un país con mucha trata.52 Pero, por otra parte, en sus informes anuales, el Consejo Nacional de Policía critica a los juzgados por no condenar a más personas por trata. Como relator nacional sobre trata que es, el Consejo está obligado a describir anualmente la evolución de este delito. En el informe de 2006 la autoridad introdujo un nuevo término: prostitución “similar a la trata”. Nunca ha habido una clara definición de este término, pero la nueva categoría permitió al Consejo describir más casos en sus informes. La prostitución “similar a la trata” es término usado también en la evaluación oficial, donde es descrito como “mujeres extranjeras que durante una visita temporal a Suecia ofrecen servicios sexuales”.53 Lo que esto muestra es que la definición de trata hecha por Suecia y la hecha por relatores de otros países podría diferir considerablemente, lo que podría ocasionar dificultades aún mayores al comparar la extensión de este delito entre países.

 
Las muchas discrepancias y ambigüedades en los informes anuales del Consejo Nacional de Policía no serán objeto de más discusión aquí, pero debería repararse en que la Universidad de Malmoe critica la evaluación oficial por no presentar pruebas que respalden su afirmación de que la prohibición ha disuadido a los tratantes de establecerse en Suecia.54 Y al investigar la relación entre la Ley de Compra de Sexo y la prevalencia de la prostitución, el Consejo de Salud y Bienestar tiene que decir lo siguiente:55

“Hemos determinado en informes previos [1, 2] que la prostitución es un fenómeno multifacético que se ve afectado por varios factores interactuantes. No pueden ser probadas conexiones causales entre legislación y cambios en la prostitución. Es también difícil identificar las consecuencias de la legislación debido a que los procesos sociales se ven afectados por varios factores complejos y circunstanciales.”

El Consejo de Salud y Bienestar

 

¿Disuade la ley a los compradores?

 

La conclusión en la mayor parte de los informes y estudios es que la Ley de Compra de Sexo no disuade a los clientes. En entrevistas con clientes hechas por el Consejo de Salud y Bienestar, la mayor parte de los hombres dicen que la prohibición no ha supuesto ningún cambio para ellos, y la describen como “un puñetazo al aire”.56 Anneli Sirling, del proyecto de investigación de NKK, entrevistó a trabajadores sociales que dijeron que, según los clientes con los que habían hablado, la penalización no ha sido un tema importante de conversación y no ha sido vista como un problema. La decisión de comprar o no comprar sexo  estaba relacionada con otros temas más que con el hecho de que fuera ilegal.57 Sirling y otros muestran también que para muchos hombres la prohibición no es una preocupación en absoluto, ya que compran sexo casi siempre en el extranjero.58 Los clientes entrevistados en los proyectos de investigación del Centro de Conocimiento de la Prostitución en Malmoe y el RFSL, la Federación Sueca para la defensa de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, expresan un sentimiento similar: la prohibición no afecta a su conducta.59 Y las personas que venden sexo expresan la misma conclusión: la prohibición no disuade a sus clientes.60 Incluso la evaluación oficial, que por otra parte declara que la ley disuade a los clientes, hace referencia a “muchos policías” que creen que el castigo al que se arriesgan los clientes no es particularmente disuasorio.61

 

Si miramos otras encuestas, encontramos resultados similares. La Radio Nacional Sueca hizo una encuesta en la primavera de 2009 a fin de investigar la efectividad de la ley. La Ley de Compra de Sexo estaba siendo sometida a evaluación y la radio quería saber si disuadía o no a los hombres. Diecinueve estaciones de radio locales subieron un anuncio falso a internet, pretendiendo ser una mujer local que vendía sexo y podía ser contactada por e-mail o por teléfono móvil. Las estaciones se vieron inundadas de contestaciones. En menos de una semana tuvieron mil respuestas, distribuídas por igual a lo largo del país. Los periodistas de la radio llamaron a algunos de los hombre y vieron que la prohibición no les asustaba. Muchos compararon la naturaleza ilegal de comprar sexo con la velocidad: también es ilegal conducir un coche demasiado deprisa, y podían ser cazados o no, pero aún así valía la pena. Cuando la Radio Nacional se puso en contacto con el coordinador del Plan de Acción Nacional para obtener algún comentario, el coordinador dijo que esos hallazgos no le sorprendían:62

“Esto no es algo que me sorprenda. Pienso que esto solo confirma lo que nosotros decimos todo el tiempo. Sabemos que existe una gran demanda. Eso es algo que hemos intentado señalar: no es solo un fenómeno de las grandes ciudades (…) hay una corriente constante de compradores de sexo en el medio callejero también, así que pienso que eso suena como que es lo que está pasando en realidad, nada más.”

Patrik Cederlöf, coordinador del Plan de Acción Nacional

A pesar de estos datos, la evaluación oficial proclama que la Ley de Compra de Sexo disuade a los clientes, refiriéndose a solo uno de los estudios realizados dentro del proyecto de investigación de NIKK.63
Se trataba de una encuesta mediante un cuestionario acerca de las experiencias con la prostitución y las actitudes hacia la misma de hombres y mujeres suecos, cuestionario que constituyó la base del estudio de Jari Kuosmanen de 2008, y que contenía cuestiones pensadas para determinar si la prohibición había afectado al patrón de actuaciones de los compradores de sexo prospectivos. Kuosmanen escribe que los hombres que dijeron que habían comprado sexo fueron menos en este estudio (8%) que en un estudio hecho en 1996 (13,6%), y que varias personas de las preguntadas en esta encuesta dijeron que la prohibición había afectado a sus actuaciones, haciéndoles abandonar o reducir la compra de sexo. Pero (y esto no ha sido traducido en el resumen en inglés de la evaluación oficial), el propio Kuosmanen resta importancia a los resultados, entre otras razones por la baja tasa de respuestas. De los 2.500 cuestionarios que fueron enviados, solo respondieron el 45,5 por ciento, ligeramente menos hombres que mujeres, y los hombres jóvenes en especial estaban subrepresentados. Este autor plantea también la cuestión de si el resultado representa una disminución real o alguna otra cosa. Finalmente, discute hasta qué punto hubo libre decisión de contestar a las preguntas acerca de la compra de sexo en 2008, dado que se había vuelto un acto penalizado. Concluye que para saber si hay una reducción real en el número de clientes, hacen falta encuestas basadas en una población más amplia.64

 
Los criminólogos de la Universidad de Estocolmo escriben en su respuesta a la evaluación oficial que las cifras resultantes de las encuestas no nos dicen nada acerca de lo que está pasando en realidad, al contrario de lo que dice la gente. Demuestran también por qué las cifras arriba mencionadas no pueden ser correctas. Si las respuestas se consideran representativas, entonces todos los hombres que contestaron “sí” a haber comprado sexo alguna vez en 1996 habrían estado representados también en la encuesta de 2008 (con la excepción de los doce grupos de más edad) y habrían vuelto a contestar “sí” si hubieran contestado sinceramente. Incluso aunque ninguno hubiera comprado sexo tras la instauración de la Ley de Compra de Sexo, un descenso tan importante en la prevalencia de compra de sexo entre los hombres sencillamente no puede conseguirse en ese plazo.65 El Consejo Nacional para la Prevención del Crimen está también entre los que discuten el posible efecto disuasorio de la Ley de Compra de Sexo. En un informe temprano, dice que no se sabe si la nueva prohibición ha disuadido a los compradores en el mercado de prostitución oculta de interior.66
Igual que ocurría con las cifras de la trata, es difícil encontrar todos los números de clientes condenados y procesados en un solo documento. Pero, yendo a través de diferentes informes, hemos conseguido compilar estas cifras.

Dibujo 2
En la fila superior de la tabla están los números de las personas procesadas de 1999 a 2010. En la segunda fila están las cifras de los acusados que se confesaron culpables ante la policía (y de esta forma evitaron ir a juicio), y la tercera fila muestra cuántos hombres fueron condenados a pagar multas (hasta el momento, nadie ha sido condenado a prisión).

 

Las cifras de cuántos se declararon culpables y cuántos fueron sentenciados en los años 2009 y 2010 no han sido publicadas todavía pero, como muestra la tabla, 352 personas fueron procesadas en 2009 y 1.252 en 2010, lo que supone un incremento de más del trescientos por ciento. Estos números no pueden ser interpretados como un gran aumento de hombres que compran sexo, sino que deberían ser interpretados a la luz del Plan de Acción Nacional de 2008, en virtud del cual se aumentaron considerablemente los recursos de la policía. En su respuesta, los criminólogos de la Universidad de Estocolmo discuten esta relación:67

“La compra de servicios sexuales es un típico delito de vigilancia. Si se destinan más recursos para ello, más delitos serán detectados y penalizados. Según los oficiales de policía entrevistados durante la evaluación, el número de delitos informados podría verse ‘multiplicado si este delito fuera una prioridad en las operaciones del día a día’ (p. 217). Con este razonamiento, se puede conseguir el tipo de criminalidad que se desee (Christie 2004). La actividad en sí misma de la policía produce más y más delitos, que a su vez pueden justificar por qué se necesitan más recursos para combatir la compra de sexo por medios policiales”.

El Departamento de Criminología de la Universidad de Estocolmo

¿Ha cambiado la ley las actitudes?

 

Según la evaluación oficial, ha habido un aumento del apoyo público a la prohibición, y la Ley de Compra de Sexo ha influído en la opinión pública en lo que concierne a la prostitución. Hay más suecos que la ven como un fenómeno indeseable, se lee en dicha evaluación oficial, y dado que el apoyo a la penalización es mayor entre los jóvenes, se espera que este efecto de la normativa sea duradero. Estas afirmaciones son respaldadas por los resultados de cuatro encuestas de opinión basadas en población realizadas antes y después de la ley.68 Dos de ellas ya han sido mencionadas, el estudio de 1996 y el estudio Kuosmanen de 2008. Las otras dos fueron realizadas por SIFO, la rama sueca de TNS Custom Market Research. Las encuestas muestran que en 1996 el 67 por ciento pensaba que comprar sexo no debería ser considerado un acto delictivo, mientras que en 1999 el 76 por ciento decía que estaba bien prohibir la compra de servicios sexuales. El apoyo a la penalización fue casi igual de fuerte en las dos últimas encuestas: 76 por ciento en 2002 y 71 por ciento en 2008. En las últimas encuestas, las mujeres eran más favorables que los hombres (81 en 1999, 83 en 2002 y 79 por ciento en 2008) y el apoyo a la prohibición disminuyó más entre los hombres (70 en 1999, 69 en 2002 y 60 por ciento en 2008).69

 

Pero hay que preguntar a favor de qué está la gente. Porque, como Kuosmanen apunta, los encuestados no solo desean penalizar al comprador, quieren que también la vendedora sea penalizada. En la encuesta de SIFO de 1999, el 71 por ciento querían que la venta de sexo fuera ilegal (78 por ciento de las mujeres y 64 por ciento de los hombres). En la encuesta de Kuosmanen de 2008, el 59 por ciento pensaba que la venta de sexo debería ser penalizada (66 por ciento mujeres y 49 por ciento hombres). Kuosmanen concluye en consecuencia que “la mayor parte de la gente parece percibir la prostitución como un problema general, y no en primer lugar y lo más importante una expresión de la desigualdad de género“.70

 

Un problema similar con el aspecto “educacional” o normativo de la legislación puede ser detectado en el estudio de NIKK dirigido por Sirling. En sus entrevistas con las autoridades responsables de la aplicación de la ley, encontró que la policía percibía la ley como una especie de ley “humanista”, no una prohibición cuya finalidad fuera mejorar las relaciones de género. Según ella, esto indica que las autoridades no interpretan la industria del sexo como un problema de igualdad de género incluso si, a nivel de retórica, describen a todas las mujeres como víctimas, en base a la interpretación feminista radical.71

 

Por tanto, la cuestión que se podría plantear es si la prohibición educa al público en general en la dirección normativa deseada. Volveremos sobre este tema más adelante, pero veamos antes la declaración respecto a los jóvenes y sus actitudes, y a que su apoyo a la prohibición es el mayor entre los encuestados y por tanto se espera que el efecto de la normativa sea duradero.

 

En 2009, el Consejo para Asuntos de la Juventud envió un cuestionario en el que 1,7 por ciento de los que respondieron, que se extrapolaría a 20.000 chicas y chicos, dijeron que habían intercambiado dinero por sexo. Pero también, más de uno de cada diez consideraría recibir un pago a cambio de sexo, y cuatro de cada diez pensaban que es aceptable tener sexo a cambio de dinero si las dos partes están de acuerdo. Quizá lo más significativo es que el 11,4 por ciento dijo que conocían a alguien que había recibido un pago por sexo.72 Por tanto, la proporción que de hecho vendía sexo puede aproximarse más al 10 por ciento que al 2 por ciento. En relación a las afirmaciones hechas por la evaluación oficial, varios de los que respondieron señalaron que esas cifras deberían ser interpretadas como una actitud liberal hacia la prostitución, y no lo contrario.73

 

Para más discusión de los posibles cambios en la actitud general hacia la prostitución y la Ley de Compra de Sexo, podría ser de ayuda mencionar los puntos de vista del público tal como se expresan en los medios.

 

En 1998, el año en que se aprobó la ley en el parlamento, solo hubo tres figuras públicas que se opusieron a la ley, argumentando que la prostitución es un fenómeno polifacético y que las trabajadoras sexuales deberían tener los mismos derechos que los demás ciudadanos.74 En 2011 los críticos han proliferado en tal grado que es difícil seguirles a todos. Prominentes comentadores sociales, así como jóvenes blogueros, escriben columnas y artículos contra la prohibición y a favor de una comprensión más matizada de la prostitución. Feministas y activistas queer, académicos y artistas, hablan contra la forma como las trabajadoras sexuales son tratadas en Suecia y la forma como es percibida la prostitución.75 Incluso las trabajadoras sexuales cada vez son retratadas de forma menos estereotipada en los medios y en los estudios académicos, y ellas mismas han comenzado a proclamar sus propias opiniones y a relatar sus experiencias y opiniones en blogs, en libros y en artículos y a organizarse en foros como Rose Alliance.76

 

La naturaleza de la oposición política a la prohibición también ha cambiado. La Consulta Nacional sobre la Prostitución de 1995, en la que se propuso por primera vez la Ley de Compra de Sexo (y también la prohibición de la venta de servicios sexuales), reflejó muchas críticas de los que respondieron. Fueron más los que estuvieron contra la prohibición de comprar sexo que los que estuvieron a favor, argumentando que la prostitución sería conducida a la clandestinidad y haría más difícil adoptar medidas sociales. Se cuestionó también si una prohibición realmente disuadiría a los clientes.77 Esta oposición pronto se apaqó, y cuando los partidos políticos que una vez votaron contra la prohibición en el parlamento llegaron al gobierno, abrazaron la retórica feminista radical así como la misión de eliminar la prostitución mediante la penalización, en vez de solo con intervenciones sociales. Pero en los últimos años hemos visto una nueva clase de oposición ejercida por parlamentarios tanto de izquierda como de centro y de derecha.78 Algunos argumentan que la prostitución ni es intrínsecamente mala ni es una expresión de patriarcado y violencia machista. Un importante miembro del parlamento, Fredrick Federley, presentó incluso mociones para abolir la ley.79 Del mismo modo, las ramas juveniles de los partidos políticos han tenido acaloradas discusiones, y políticos de partidos juveniles y ayuntamientos se han opuesto abiertamente a la ley.80 Más aún, ONGs con influencia política como RFSL y la Asociación Sueca para la Educación Sexual (RFSU) cuestionan la visión de las trabajadoras sexuales como mujeres víctimas y oprimidas, y defienden la abolición de la Ley de Compra de Sexo. Un enfoque de no enjuiciamiento y reducción de daños es cada vez más prevalente en trabajos y escritos de trabajadores sociales y autoridades sociales.81

 
Esta actitud parece corresponderse con el estado de ánimo del público en general, al menos tal como se manifiesta en los medios y en internet. Todas las semanas hay varios artículos sobre los diferentes aspectos de la prostitución, y muchos de ellos son publicados en ediciones en internet en las que los lectores pueden hacer comentarios. La mayoría de estos comentarios parecen expresar una visión polifacética del trabajo sexual y defienden la despenalización de la prostitución. Cuando Federley tuvo la iniciativa de pedir la abolición de la Ley de Compra de Sexo, fue entrevistado en uno de los periódicos de la tarde.82 Se hizo una encuesta en la edición en internet del periódico, preguntando a la gente si estaban de acuerdo con que la prohibición debería ser abolida.

 

De 57.336 respuestas, el 63,2 por ciento estuvieron de acuerdo y contestaron sí, el 24,3 por ciento contestó no y el restante 12,5 por cientro dijeron que no, y que además la prohibición debería hacerse más extensiva.83 Cuando la Ministra de Justicia, Beatrice Ask, defendió el aumento de las sanciones más de un año después, el 88 por ciento estuvo en desacuerdo con ella.84 Newsmill, un foro de debate en internet muy leído, deja por sistema a sus lectores expresar sus opiniones (“mill”) sobre los temas de los que versan los artículos. Mientras escribíamos este artículo, se han publicado 49 artículos sobre el asunto de la Ley de Compra de Sexo y en ellos 12.855 personas han votado la cuestión “¿Qué opinas de la Ley de Compra de Sexo”, resultando que el 81 por ciento están “enfadados” con la ley, 12 por ciento se sienten “felices” con ella, 4 por ciento están “aburridos” y 1 por ciento se sienten “curiosos”.85
Se debería considerar también la respuesta a la evaluación oficial. Como se mencionó más arriba, hubo severas críticas a la falta de rigor científico, pero muchos se mostraron también críticos con la forma como era descrita la prostitución. En su respuesta, el Consejo para la Salud y el Bienestar dice que desea llamar la atención sobre el hecho de que las personas que venden sexo constituyen una “categoría heterogénea”.86 El Departamento de Criminología de la Universidad de Estocolmo piensa que la imagen de la prostitución expresada por la evaluación estaba “anticuada”.87 RFSL están entre los que critican la evaluación por su perspectiva heteronormativa, ignorando datos que muestran que hay más hombres que mujeres que tienen experiencia en la venta de sexo. La organización critica también la ausencia de una distinción entre trata, por una parte, y sexo pagado entre adultos que están de acuerdo, por otra.88

 

La Asociación Sueca para Educación de la Sexualidad (RFSU) reconoce que existen personas a las que el ejercicio de la prostitución ha hecho daño, pero reconoce también que están aquellas que dicen que han decidido libremente vender sexo.89 El Defensor de la Igualdad piensa que el énfasis en el tipo de prostitución en el que mujeres venden sexo a hombres lleva a una visión excesivamente estrecha de los fenómenos y debería ser complementada con un análisis polifacético.90 Sociólogos de la Universidad de Gotenburgo piensa que el discurso del victimismo en la evaluación ignora la autonomía y el derecho a la autodeterminación de las trabajadoras sexuales. Señalan también que este discurso no es coherente con los objetivos del trabajo social contemporáneo:91

“En otras palabras, es problemática una aproximación a las personas que venden sexo con nociones y definiciones demasiado intensamente preconcebidas respecto a su estatus como víctimas. Esto no es coherente con la ambición de empoderamiento que el trabajo social contemporáneo percibe como una plataforma importante para su trabajo. Proclamar unilateralmente que alguien es una víctima explotada o una persona necesitada pertenece a la así llamada tradición paternalista, en la que los expertos tienen poder para definir a los clientes.”

Departamento de Trabajo Social, Universidad de Gotenburgo

Consecuencias no deseadas

 

Se han denunciado varias consecuencias negativas y no deseadas de la Ley de Compra de Sexo, relativas tanto a las trabajadoras sexuales como a sus clientes. Estas consecuencias han sido denunciadas en artículos académicos y de investigación, que son los documentos que constituyen la base de este informe, así como en numerosos artículos en los medios. Las trabajadoras sexuales han hablado también de estos temas en los medios, en foros de internet, en sus blogs y en sus libros.92 Casi todos tienden a ser críticos con la prohibición, pero hay algunos que dicen que es positiva, ya que “protege” a la mujer pero penaliza al cliente, y que eso podría ser un incentivo para dejar la prostitución.93

 

Por lo que se refiere a los clientes, parece que ahora son menos proclives a colaborar como testigos en los casos en los que son procesados proxenetas que explotan el trabajo sexual de otros, ya que ahora se sienten ellos mismos culpables de un delito. Los clientes se ven expuestos a ser víctimas de chantajes y robos, y el estigma asociado a la compra de sexo significa que hay personas que a menudo tienen que dejar sus trabajos y posiciones sociales, incluso por una mera sospecha.94

 

La queja más corriente —y quizá la más seria— que manifiestan las propias trabajadoras sexuales es que experimentan una mayor estigmatización tras la instauración de la Ley de Compra de Sexo. Algunas dicen también que la prohibición es una violación de sus derechos humanos, y muchas dicen que no se sienten tratadas con equidad y respeto: no son vistas como miembros plenamente dignos de la sociedad. Las trabajadoras sexuales objetan el hecho de que no fueran consultadas al elaborar la ley. Como las trabajadoras sexuales sienten que no son capaces de influir en su situación legal o social, se sienten impotentes. Y como la ley se construye sobre la idea de que las mujeres que venden sexo son víctimas, débiles y explotadas, muchas dicen que la ley propaga nociones estereotipadas acerca de las trabajadoras sexuales.

 

El Consejo Nacional de Salud y Bienestar refiere que, debido a la prohibición, las trabajadoras sexuales tienen menos confianza en las autoridades sociales, en la policía y en el sistema legal, y la mitad de los que respondieron en el estudio de RFSL dicen que la actual legislación impide que las personas busquen ayuda.95 En lugar de ser la policía una fuente de protección, las trabajadoras sexuales se sienten cazadas por ella, y se ven sometidas a registros invasivos e interrogatorios. Es también un problema el que estén en una posición legal poco clara: pueden ser obligadas a testificar en un juicio, pero no disfrutan ni de los derechos del acusado ni de los de la víctima. Algunas refieren que están en una situación de mayor dependencia de terceros. Ahora que es difícil establecer un contacto directo con los clientes, las vendedoras deben depender de agentes/chulos/auxiliares para encontrar clientes.

 

Los informes concluyen también que desde que ha decrecido la prostitución de calle, las trabajadoras sexuales experimentan mayores niveles de vulnerabilidad en su contacto con los clientes. Esto se explica de la siguiente forma: cuando hay menos clientes en las calles, los clientes tienen mayor poder de negociación, lo que erosiona el poder negociador de las vendedoras. Esto significa que las trabajadoras sexuales podrían no ser capaces de exigir prácticas sexuales más seguras, que acepten riesgos mayores y menores precios. Algunas se refieren a la prohibición como una ley clasista, ya que a menudo no hay otros espacios accesibles más que la calle para aquellas que venden sexo para pagarse una drogodependencia. Y como los clientes en las calles son menos y potencialmente más peligrosos, hay más consecuencias negativas para aquellas que ya están marginadas. Esto parece diferir según ciudades. En un estudio en marcha en la Universidad de Gotenburgo, las situaciones se describen de la siguiente manera:96

“Una trabajadora social dice, por ejemplo, que puede ver cómo algunas mujeres se arriesgan más, entran en coches en los que hay más de un hombre y aceptan precios más bajos. Mientras que en Estocolmo dicen que la demanda es siempre mayor que la oferta en la calle, en Malmoe dicen que los clientes son tan pocos que las mujeres tienen que aceptar a los que antes habrían rechazado, a fin de ganar dinero suficiente para drogas.”

Departamento de Trabajo Social, Universidad de Gotenburgo

Pero también hay otros problemas con la actual situación de las trabajadoras de calle. Cuando la negociación tiene que hacerse de forma más rápida (debido a que los clientes temen ser pillados) es mayor el riesgo de que la trabajadora sexual haga una evaluación errónea del cliente. Y cuando los clientes están más estresados y temerosos de ser descubiertos, es también más difícil para la vendedora evaluar si el cliente podría ser peligroso. Y sobre todo, los servicios deben realizarse en zonas aún más escondidas y, por tanto, más desprotegidas. No se ha llevado a cabo ningun estudio específico sobre los niveles de violencia, pero varias trabajadoras sexuales expresan miedo a que aumente la violencia, así como refieren que de hecho ha aumentado. Esta situación se resume así por uno de los informantes en la Consulta Noruega:97

“Las prostitutas de calle suecas pasan por tiempos difíciles. Se ven expuestas con mayor frecuencia a clientes peligrosos, mientras que los clientes formales tienen miedo de ser detenidos. La prohibición nunca será capaz de detener la compra y venta de sexo. Solo podría hacer las condiciones peores para las prostitutas. Tienen menos tiempo para evaluar al cliente, ya que el trato se hace con mucha prisa por el miedo que tiene el cliente. Ellas (las prostitutas) están expuestas a violencia y enfermedades de transmisión sexual. Si el cliente pide sexo sin protección, muchas de las prostitutas no pueden permitirse decir que no. El acoso policial ha aumentado y los clientes ya no dan soplos acerca de proxenetas, por miedo a ser detenidos ellos mismos. Los trabajadores sociales que trabajan en las calles tienen problemas para acercarse a ellas. Ellas (las prostitutas) usan a chulos para su protección.”

El Ministerio de Justicia de Noruega

Esta clase de consecuencias negativas fueron también objeto de informe en la evaluación oficial. Siete mujeres que contestaron un breve sondeo (realizado por email) y que se describieron a sí mismas como habiendo decidido libremente vender sexo, dijeron que la penalización ha intensificado el estigma social de vender sexo, que se sienten cazadas por la policía y que se resienten de ser tratadas como personas incapacitadas cuyos actos son tolerados, pero cuyos deseos y decisiones no son respetados. La evaluación comenta estos resultados de la siguiente manera:98

“Para las personas que están siendo todavía explotadas en la prostitución, las consecuencias negativas de la prohibición que se describen más arriba deben ser vistas como positivas desde la perspectiva de que el propósito de la ley es de hecho combatir la prostitución.”

La evaluación oficial de 2010

Esta conclusión fue enérgicamente objetada por los encuestados que trabajan contra la discriminación y por la salud sexual. El Defensor contra la Discriminación la denominó “increíble”, ya que el motivo por el que los legisladores penalizaron solo al cliente fue no estigmatizar más a un grupo ya vulnerable.99 Pero la oficina del Defensor fue incluso más allá en su crítica. Dado que no se han dado suficientes oportunidades a las trabajadoras sexuales para participar en la evaluación oficial e influir en la definición de sus propias necesidades y de su situación, declaró que la evaluación había contribuído a su desempoderamiento. Un temor planteado por el Defensor fue que el mayor estigma llevaría a peores perspectivas para el trabajo de promoción de la salud y prevención del VIH. Se refirió a ONUSIDA, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH/SIDA, que se opone a la penalización por esta razón: el estigma social podría influir en la relación de las trabajadoras sexuales con las autoridades sociales, el sistema de salud y el sistema judicial.

 
RFSL se refirió también a ONUSIDA y expresó su gran preocupación por la situación sueca: la organización tiene conocimiento de varios casos en los que las medidas de prevención del VIH dirigidas a los clientes se detuvieron en referencia a la ley. Cree además que el punto de vista expresado por la evaluación de que “una mayor estigmatización es positiva” es una actitud casi contrarrestante hacia la reducción de daños. Por ejemplo, las trabajadoras sexuales con las que RFSL ha estado en contacto han referido que el estigma las impide hablar de sus experiencias de prostitución cuando se hacen las pruebas para VIH/ETS. Reforzar el estigma disminuirá las oportunidades de tomar contacto con las personas que venden sexo y llevar a cabo medidas de reducción de daños, concluye RFSL. La organización señala también que las necesidades preventivas frente al VIH son mayores entre los hombres que venden sexo a hombres y entre las personas transexuales, pero que la evaluación oficial ignora casi por completo a esta población. Estudios llevados a cabo por RFSL mostraron que el 38,5 de los hombres que venden sexo nunca se han hecho pruebas de ETS. 100

 

Es por tanto posible que otra consecuencia negativa más de la prohibición sea una mayor incidencia de ETS y VIH entre las trabajadoras sexuales y sus clientes. El Consejo de Salud y Bienestar, que también expresa preocupación por las consecuencias de un mayor estigma, escribe en su respuesta que, según el informe sueco para ONUSIDA de 2010, solo el 18,5 por ciento de las trabajadoras sexuales usuarias de drogas utilizaron condón durante sus últimas relaciones sexuales.101

 

Conclusión

 

Creemos que hay que considerar varios factores para entender la discrepancia entre el proclamado éxito de la Ley de Compra de Sexo y sus resultados documentados. Mientras que hay algunos policías, trabajadores sociales y antiguas trabajadoras sexuales que dicen que la prohibición ha ayudado de hecho a reducir la prostitución y la trata y ha disuadido a los clientes sin ninguna consecuencia adversa, los informes y documentos con una base científica más que ideológica no respaldan esas proclamas de éxito. Por tanto, como nosotras y otros hemos escrito en otra parte, creemos que es en los dominios ideológico y cultural donde se deben situar la creación de la “exclusiva” Ley de Compra de Sexo y la discrepancia arriba mencionada. Ello tiene que ver con un deseo de crear y mantener una identidad nacional de ser la conciencia moral del mundo; con nociones de sexualidad “buena” y “mala”; con el estigma de puta; con la creación de nuevas formas de desviación sexual; con una cultura política comunitarista, en lugar de liberal; y, quizás por encima de todo, con una visión estereotipada y desinformada de la prostitución.102

 
Nuestra postura respecto a la política hacia la prostitución es que debe estar basada en el conocimiento y no en la moralidad o en la ideología feminista radical. Creemos también que cuando se desarrolla una actuación política, las personas a las que se dirige esa actuación deben ser adecuadamente consultadas y debidamente respetadas. En nuestra opinión, este no ha sido el caso por lo que respecta al “modelo sueco”.

 

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—————————————————————————————————————————

1 El trabajo de investigación llevado a cabo para la elaboración de este informe ha sido parte del Estudio Comparativo Internacional de Políticas hacia la Prostitución en Holanda, Austria y Suecia (investigador principal: Hendrik Wagenaar), financiado por el Nicis Institute, las ciudades de Roterdam, La Haya, Utrecht y Viena y la Universidad de Leiden. Las conclusiones y opiniones expresadas en este informe no representan necesariamente las de los investigadores principales en el proyecto más amplio ni la de sus socios patrocinadores. Las autoras de este informe desean agradecer a Ola Florin, Hendrik Wagenaar y Ronald Weitzer sus valiosos comentarios, y hacer extensivo un agradecimiento especial a Michael Goodyear por sus amplios comentarios sobre el texto, traducciones legales del sueco al inglés, y edición y revisión de fuentes documentales. Cualquier error que haya persistido es de la única responsabilidad de las autoras.

2 Östergren 2006. & Dodillet 2009. & Proposition 1997/98:55, p 20 ff & p 104.

3 Östergren 2006, p 64. & Altstadt 2006.

4 Proposition 1997/98:55, p 105.

5 El Instituto Sueco recibió fondos extras en el Plan de Acción Nacional para promocionar la “opinión sueca” sobre la prostitución y la trata. Ver BRÅ 2010, p 59 para un resumen de estas actividades. & Svenska Institutet 2011.

6 SOU 2010:49. & Ask 2010.

The National Board of Youth Affairs (2010) See me. Summary.
http://www2.ungdomsstyrelsen.se/butiksadmin/showDoc/ff8080812568bac501270973ec3b0027/See_me.pdf (1st May 2011).

7 Agustín 2010; Agustín & Persson 2010a & 2010b; Dodillet 2010; Berg & Lindberg 2010; Pion & RoseAlliance & Sexarbejdernes InteresseOrganisation 2010; Hagwall & Laakso & Rehbinder & von Schantz & Wagenius 2010.

8 Las referencias o respuestas a consultas pueden venir de autoridades gubernamentales, autoridades locales, policía, sistema judicial, universidades, ONGs, accionistas y el público en general. Ver “Cómo se hacen las leyes”. Las entidades críticas fueron: Federación Sueca por los derechos de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (RFSL), Asociación Sueca para la Educación Sexual (RFSU), el Defensor contra la Discriminación, el Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Gotenburgo, la Facultad de Salud y Sociedad de la Universidad de Malmoe, la Facultad de Derecho de la Universidad de Lund, la Facultad de Derecho de la Universidad de Upsala, el Departamento de Criminología de la Universidad de Estocolmo, el Departamento de Medicina Clínica y Experimental de la Universidad de Linköping, el Departamento de Estudios de Género de la Universidad de Södertörn, el Consejo Nacional de Salud y Bienestar (Socialstyrelsen). También la Agencia Sueca para la Gestión Pública (Statskontoret), el apoyo a la investigación del Gobierno y las Fuerzas Armadas Suecas criticaron la evaluación en el proceso de consulta.

9 Ibid.

10 Proposition 1997/98:55.

11 Susanne Dodillet tiene un doctorado en Historia Intelectual, y en su disertación Är sex arbete? (¿Es el sexo trabajo?) comparó las regulaciones de la prostitución suecas y alemanas entre 1970 y 2000. El material que analizó fueron documentos parlamentarios y debates periodísticos realizados a lo largo de cuatro décadas. Ver http://www.susannedodillet.com.

Petra östergren es doctoranda en Antropología Social. También es comentarista social y escritora. En uno de sus libros, Porr, horor och feminister (Porno, putas y feministas), de 2006, analiza las tres décadas del movimiento antipornografía y antiprostitución en Suecia, usando un amplio espectro de material, no solo textos y discusiones de fuentes parlamentarias, sino también las actividades de base que llevaron a la actual normativa. Ha entrevistado también a legisladores y a muchas trabajadoras sexuales. El tema de su disertación actual es la Ley de Compra de Sexo. Ver http://www.petraostergren.com

12 Código Penal: Capítulo 12 § 12

13 Código Penal: Capítulo 11

14 Código Penal: Capítulo 4 § 1, 1a, 2, 4, 10

15 SOU 2008:41, p 22.

16 Código Penal: Capítulo 6 § 9

17 Östergren 2003a. & Östergren 2003b.

18 Proposition 1997/98:55.

19 National Board of Health and Welfare 2004, p 13. & Sirling 2009, p 333.

20 Regeringens skrivelse 2007/08:167, Justitiedepartementet 2008, Ministry of Education and Research 2008.

21 Ver Socialstyrelsen and National Board of Health and Welfare en la bibliografía. Dos de los informes están disponibles en inglés.

22 Ver BRÅ and National Council for Crime Prevention en la bibliografía. Algunos de los informes están disponibles en inglés.

23 Ver Rikskriminalpolisen, Rikspolisstyrelsen, National Criminal Police, National Police Board and SamO-Kut Nord 2008 en la bibliografía. Algunos de los informes están disponibles en inglés.

24 SOU 2010:49.

25 SOU 1995:15.

26 Norwegian Ministry of Justice 2004.

27 Holmström & Skilbrei 2008.

28 Ver el National Board of Youth Affairs 2008 & Ungdomsstyrelsen 2008.

29 Malmö Stad Kompetenscenter prostitution 2010.

30 RFSL 2011.

31 SOU 1995:15. Aunque sería ‘de dos a tres veces’ 1.950 – 2.600.

32 Norwegian Ministry of Justice 2004, p 9.

33 NIKK 2008, p 17. & Holmström 2008, p 303.

34 Holmström 2008, p 306.

35 Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet 2010.

36 Holmström 2008, p 306. & Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet 2010.

37 Holmström 2008, p 321.

38 National Board of Health and Welfare 2008, p 33.

39 BRÅ 2000, p 20.

40 BRÅ 2000, p 48. Ver también Norwegian Ministry of Justice 2004, p 22, 23. & Swedish National Council for Crime Prevention 2008, p 124.

41 National Board of Health and Welfare 2004, p 8.

42 SOU 2010:49b, p 19.

43 Holmström 2008, p 307. Ver también SOU 2010:49b; Socialstyrelsen 2000 & 2004; Rikskriminalpolisen 1999, p 26, 28 & 29; National Board of Health and Welfare 2008, p. 47.

44 The National Board of Health and Welfare 2008, p 63.

45 Holmström 2008. & Malmö Stad Kompetenscenter prostitution 2010. & National Board of Health and Welfare 2008.

46 Malmö Stad Kompetenscenter Prostitution (sin fecha), p 3; SOU 2010:49a, p 112.

47 Como se informa en BRÅ 2000, p 20.

48 National Board of Health and Welfare 2008, p 63.

49 BRÅ 2008, p 87.

50 SOU 2010:49b, p 9.

51 Rikspolisstyrelsen 2010b.

52 SOU 1995:15, p 100.

53 SOU 2010:49, p 201.

54 Institutionen för Hälsa och samhälle vid Malmö högskola 2010.

55 The National Board of Health and Welfare 2008, p 46.

56 Socialstyrelsen 2000, p 42 f.

57 Sirling 2008, p 346. & Kuosmanen 2008, p 372.

58 Siring 2008, p 345 f.

59 Malmö Stad Kompetenscenter prostitution 2010, p 86. & RFSL 2011, p 194.

60 Malmö Stad Kompetenscenter prostitution 2010, p 50 ff. Ver también declaraciones de trabajadoras sexuales, por ejemplo en los blogs “Greta Garbo…en glädjeflicka”, ”Frida”, ”Secretary academy”, ”Isabella Lund” & ”Njutning till salu” y la entrevista en Sveriges Radio P3 2008.

61 SOU 2010:49a, p 197.

62 Sveriges Radio P1 2009.

63 SOU 2010:49b, p 9.

64 Kuosmanen 2008, p 377 f. Ver también Kuosmanen 2010.

65 Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet 2010.

66 BRÅ 2000, p 49.

67 Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet 2010.

68 SOU 2010:49b, p 9.

69 Como resume Kuosmanen 2008, p 362.

70 Kuosmanen 2008, p 367.

71 Siring 2008, p 354.

72 Ungdomstyrelsen 2006, p 113, 154.

73 RFSL 2010; Institutionen för klinisk och experimentell medicin vid Linköpings universitet 2010.

74 Fueron Alexander Bard, Don Kulick y Petra Östergen. Gould 2001 pp 445 ff.

75 Ver, por ejemplo, las declaraciones hechas por Laura Agustín, Carl-Erland Andersson, Alexander Bard, Magnus Betnér, Jesper Brygemark, Ulrika Dahl, Niklas Dougherty, Cordelia Edvardsson, Rolf Hillegren, Staffan Heimersson, Ida Kock, Johan Lundberg, Lotta Lundberg, Sakine Madon, Liza Magnusson, Paulina Neuding, Johan Nordansjö, Carl Johan Rehnbinder, Louise Persson, Mårten Schultz, Nathan Shachar, Oscar Swartz, Jan Söderqvist, Alice Teodorescu, Dick Wase, Charlotte Wiberg, Malin Westberg y blogs como ”Röd Libertarian”, ”Reformera sexköpslagen”, ”Kamferdroppar”, ”Strötankar i samtidens liberala utmarker” y ”Loke – kultur & politik”.

76 Ver, por ejemplo, el trabajo y las declaraciones de Lilian Andersson, Liw Enqvist, Johannes Eriksson, Pye Jakobson, Linnea Edvardsdotter, Ingegärd Granath, Christina Persson y Rosinha Sambo, y los blogs “Greta Garbo…en glädjeflicka”, “Frida”, “Isabella Lund”, “Njutning till salu” y el foro de discusión “Secretary Academy”.

77Dodillet 2009, p 381 ff.

78 Se trata de Maria Abrahamsson, Marianne Berg, Fredrick Federley, y Camilla Lindberg.

79 Motion 2009/10:Ju276. & Motion 2010/11:Ju249.

80 Ver las ramas juveniles del Partido del Centro, el Partido Liberal y los Conservadores. Ver, por ejemplo, políticos como Per Hagwall, Helena von Schantz, Tobias Schelin, Erik Svansbro, Hanna Wagenius, y Filip Wästerberg. Ver también Sveriges Radio Radio Sweden 2009.

81 Ver, por ejemplo, los informes dirigidos por el Consejo de Salud y Bienestar y su material educativo (Socialstyrelsen 2011) y los informes del Centro de Conocimiento de Malmoe.

82 “Låt folk få köpa sex!” 2009.

83 http://www.aftonbladet.se/debatt/article12035042.ab

84 http://www.expressen.se/nyheter/1.2307402/darfor-vill-ask-skarpa-maxstraff-for-sexkop

85 http://www.newsmill.se/millord/Sexköpslagen

86 Socialstyrelsen 2010.p. 3

87 Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet 2010.

88 RFSL 2010.

89 RFSU 2010.

90 Diskrimineringsombudsmannen 2010.

91 Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet 2010, p 2.

92 Este resumen está basado en: Holm 2005; Institutionen för Hälsa och samhälle vid Malmö högskola 2010; Jakobson 2009; Lundström 2010; Lizdek & Rödström & Steko 2008; Malmö Stad Kompetenscenter prostitution 2010 p 12, 41, 50 ff & 67; National Board of Health and Welfare 2004, p 3, 32ff &77; National Board of Health and Welfare 2008, p. 46 ff; National Council for Crime Prevention 2008, p 21 & 47; National Criminal Police 2002; Norwegian Ministry of Justice 2004, p 12 ff, 19, 20, 52 & 53; Öster 2004; Östergren 2003a&b & 2006; RFSL 2011, p 162, 164, 166, 176; Rikskriminalpolisen 1999, p 14, 26ff; Rikskriminalpolisen 2000, p 21, Rikskriminalpolisen 2002, p 16 & 21; Rikspolisstyrelsen 2000; SamO-Kut Nord 2008, page 9; Socialstyrelsen 2000, p 33 & 43. Ver también los blogs: ”Greta Garbo… en glädjeflicka”, ”Frida”, ”Secretary academy”, ”Isabella Lund” & ”Njutning till salu”.

93 RFSL 2011, p 164. & National Board of Health and Welfare 2008, p 48.

94 Ver, por ejemplo, el “caso Littorin”, cuando el Ministro de Empleo dimitió tras ser acusado de comprar sexo, “Billström nombrado Ministro de Empleo” 2010; “Reinfeldt resta importancia a los rumores sobre el ‘crimen’ de Littorin” 2010; “Littorin niega compra de sexo: abogado” 2010; “El asunto Littorin daña la confianza de los votantes en Reinfeldt,” 2010; “Littorin: Yo quería proteger a mi familia”, 2010; “Aftonbladet calumnió a Littorin: ex-vigilante” 2010. En relación a chantajes, ver, por ejemplo, ”Man utpressade sexköpare” 2010; ”Utpressarliga slår till mot sexköpare” 2010. &”Sexköpare lurad av utpressare” 2010.

95 Consejo Nacional de Salud y Bienestar 2008, p 12. & RFSU 2010.

96 Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet 2010.

97 Ministerio de Justicia noruego 2004, p 19.

98 SOU 2010:49b, p 34.

99 Diskrimineringsombudsmannen 2010.

100 RFSL 2010.

101 Socialstyrelsen 2010.

102 Dodillet 2009, Kulick 2005, Gould 2001, Östergren 2006.

Dictamen del Defensor de los derechos de la República Francesa: no a la penalización de los clientes de la prostitución

Dibujo

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_avis_20151216_15-28.pdf

 
París, a 18 de diciembre de 2015

Dictamen del Defensor de los derechos nº 15-28

El Defensor de los derechos,

Visto el artículo 71-1 de la Constitución de 4 de octubre de 1958;
Vista la ley orgáinica nº 2011-333 del 29 de marzo de 2011 relativa al Defensor de los derechos;

El Defensor de los derechos emite el dictamen adjunto concerniente a la propuesta de ley nº 3149 que intenta reforzar la lucha contra el sistema prostitucional y asistir a las personas prostitutas.

El Defensor de los derechos

Jacques TOUBON

.

A título preliminar, el Defensor de los derechos reconoce la necesidad de luchar contra todas las formas de explotación y proteger a las personas víctimas. Esta es la razón por la que suscribe plenamente la voluntad del legislador de reforzar los medios de lucha contra el proxenetismo y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual (capítulo I).

En contrapartida, el Defensor de los derechos lamenta que las personas prostitutas sean uniformemente percibidas como víctimas en la propuesta de ley. La prostitución es un fenómeno heterogéneo y complejo, como testimonia en particular el informe de la Inspección general de asuntos sociales publicada en 2012 (1). Al considerar de manera arbitraria que las personas prostitutas son mayoritariamente “víctimas”, “débiles” y “explotadas”, el legislador hace oídos sordos a los diferentes informes que demuestran la ausencia de cifras fiables y a las observaciones hechas por las asociaciones. En efecto, los/as prostitutos/as no son todas y todos víctimas de trata, y la prostitución refleja realidades múltiples. La propuesta de ley no está hecha a imagen de esta realidad polimorfa y tiende a hacer una amalgama entre prostitución y trata.

 

1. Sobre el capítulo II relativo a la protección de las víctimas de la prostitución y a la creación de un circuíto de salida de la prostitución y de inserción social y profesional.

 

Al tiempo que reconoce la necesidad de proteger y de asistir a las personas prostitutas que lo deseen, el Defensor de los derechos deplora la noción de “circuíto de salida”. Esta noción parece particularmente inadecuada, ya que obliga a la inscripción de las personas prostitutas en un procedimiento predefinido sin permitir, una vez más, tener en cuenta la diversidad de su situación. La obligación para las “víctimas de prostitución” de dejar la prostitución si quieren poder beneficiarse de esta asistencia o protección es problemática. Además, el Defensor de los derechos expresa serias reservas sobre la condición de inscribirse en un “circuíto de salida”, contraria al principio de igualdad de acceso a los derechos, y preconiza un acceso incondicional a los dispositivos de asistencia social, sanitaria y profesional.

El Defensor de los derechos toma nota con satisfacción de la supresión, por el artículo 13, del delito de captación previsto por el artículo 225-10-1 del código penal, que sanciona a las personas prostitutas. La utilidad de la detención preventiva de las personas prostitutas detenidas por captación, con la finalidad de reunir información en el marco de la lucha contra el proxenetismo, está lejos de ser siempre constatada, como revela la exposición de motivos. Además, el delito de captación ha degradado sobremanera las condiciones de salud y de ejercicio de las personas que se prostituyen, y la mención de este delito en los archivos judiciales de las personas afectadas dificulta profundamente su reinserción social y profesional.

 

2. Sobre el capítulo IV relativo a la prohibición de compra de actos sexuales mediante el establecimiento de una multa que sancione el recurso a la prostitución

 

El Defensor señala que la prohibición de la compra de un acto sexual basada en el modelo sueco no es la medida más eficaz para “reducir la prostitución y para disuadir a las redes de trata y de proxenetismo de implantarse en nuestro territorio” y aún menos “la solución que mejor protege a las personas que permanezcan en la prostitución”, como se enuncia en la propuesta de ley.

Aparte del hecho de que en Francia, como en Suecia, no disponemos de cifras fiables y es por tanto difícil cuantificar los efectos de la ley sobre el sistema prostitucional, el modelo sueco citado en referencia es hoy objeto de gran controversia (2). Así, el efecto de una disposición tal sobre el fenómeno prostitucional en Francia se anuncia limitado o incluso nulo.

 
En contrapartida, los efectos sobre la salud, la seguridad de las personas y su acceso a los derechos fundamentales están bien definidos por las instituciones internacionales (OMS, ONUSIDA, PNUD) y francesas (CNS, IGAS, INVS). A la vista de los efectos generados por la penalización de la captación en Francia, la penalización de los clientes acentuará la precariedad de las personas prostitutas al forzarlas a una mayor clandestinidad. En efecto, una medida tal desplazará el ejercicio de la prostitución de calle a zonas cada vez más apartadas y/o aisladas, empeorando unas condiciones de ejercicio ya difíciles.

 
Por dicha razón, esta mayor clandestinidad hará más difícil la actuación de los servicios de policía en la lucha contra la trata y el proxenetismo. ¿Cómo luchar contra las redes desde el momento en que las víctimas no sean ya visibles y accesibles?

 
Esta disposición tendrá igualmente como consecuencia una mayor exposición de los/as prostitutos/as a la violencia de ciertos clientes y a los contagios de VIH y/o hepatitis víricas. La OMS, ONUSIDA y el CNS se muestran unánimes: la penalización de la prostitución perjudica la salud de las personas que la practican. Estén o no forzadas a ejercer la prostitución, las personas que proponen servicios sexuales tarifados verán mermada su capacidad de negociación, obligándolas a aceptar ciertas prácticas o relaciones sin protección.

 
Por otra parte, su acceso a la prevención y a la asistencia será aún más problemática al alejarlas de las redes de apoyo de las estructuras asociativas y médicas existentes y haciendo más complicada la actuación de los agentes de prevención. ¿Cómo aplicar una verdadera política de reducción de riesgos, que está sin embargo inscrita en la ley, desde el momento en que las personas se prostituirán en lugares mal conocidos por las asociaciones o inaccesibles para ellas?

 
En conclusión, al mantener la amalgama entre trabajo sexual y delincuencia, la penalización de la prostitución aumenta la vulnerabilidad jurídica de los/as prostitutos/as, a veces víctimas de acoso policial, de detenciones abusivas y de humillaciones. En consecuencia, las asociaciones prevén una mayor desconfianza hacia las fuerzas del orden y un menor recurso a ellas en caso de sufrir violencia. En lugar de ser una fuente de protección, la sanción a los clientes por recurrir a la prostitución obstaculiza el acceso a sus derechos de las personas prostituídas.

En consecuencia, el Defensor de los derechos constata con satisfacción la supresión del artículo 18 y no desea su reintegración.

 

3. Sobre las disposiciones finales previstas en el artículo 18

 

El Defensor de los derechos saluda la obligación que se plantea al Gobierno de presentar un informe sobre la aplicación de la presente ley en un plazo de dos años a contar desde su promulgación, pero desea que este informe permita igualmente elaborar datos públicos fiables y compartidos sobre el sistema prostitucional.

A día de hoy, los diferentes actores están de acuerdo en deplorar la ausencia casi total de datos públicos sobre las condiciones de ejercicio, así como sobre la situación sanitaria y social, de las personas prostitutas. Los únicos datos disponibles emanan de las autoridades al cargo de la seguridad pública y de las asociaciones que trabajan sobre el terreno y se refieren esencialmente a la prostitución de calle.

 


 

1.- AUBIN Claire, JOURDAIN-MENNINGER Danielle, EMMANUELLI Julien, Prostitución: cuestiones sanitarias, IGAS, diciembre de 2012 ___

2.- Ver en particular DODILLET Susanne et ÖSTERGREN Petra, La ley sueca contra la compra de actos sexuales: éxito proclamado y efectos documentados. Documento de conferencia presentado en el Taller internacional: Despenalización de la prostitución y más allá: las experiencias prácticas y los desafíos. La Haya, 3 y 4 de marzo de 2011.

 

Implementación de programas integrales de VIH/ITS con personas trabajadoras del sexo: enfoques prácticos basados en intervenciones colaborativas

Autores:

OMS; UNFPA; ONUSIDA; Global Network of Sex Work Projects (NSWP); Banco Mundial; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Detalles de la publicación

Número de páginas: 196
Fecha de publicación: junio de 2015
ISBN: 978 92 4 350618 0

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Presentación

Tras la publicación de las Recomendaciones 2012, algunas partes interesadas solicitaron indicaciones sobre cómo aplicarlas. Esta publicación responde a esa necesidad, ofreciendo consejos prácticos sobre la aplicación de los programas de respuesta al VIH y las infecciones de transmisión sexual (ITS) para los diferentes colectivos en el trabajo sexual. Contiene ejemplos de buenas prácticas del mundo entero, con la finalidad de apoyar los esfuerzos en la planificación de programas y servicios; también describe los asuntos que deben ser tomados en consideración y cómo superar las dificultades.

Esta herramienta es el fruto de la colaboración estrecha entre personas trabajadoras del sexo, profesionales de la salud, investigadores, funcionarios gubernamentales y organizaciones no gubernamentales (ONG) provenientes del mundo entero, y de la colaboración de Naciones Unidas y algunos socios para el desarrollo de los Estados Unidos.

La herramienta sigue los lineamientos de las Recomendaciones 2012. También incluye un dictamen mundial llevado a cabo con personas trabajadoras del sexo por la NSWP como parte de la elaboración de las Recomendaciones 2012.


Índice

  • Capítulo 1: Empoderamiento comunitario
    pdf, 668kb

    Elementos clave del empoderamiento comunitario, Trabajando con las comunidades de personas trabajadoras del sexo, Fomentar la participación dirigida por las propias personas trabajadoras del sexo, Capacitación del colectivo de personas trabajadoras del sexo, Adaptarse a las necesidades y a los contextos locales, Promover un entorno basado en los derechos humanos, Fortalecer los sistemas comunitarios (fortalecer el colectivo), Adaptar las políticas y crear entornos propicios, La sostenibilidad de los movimientos, Dar seguimiento al progreso realizado
  • Capítulo 2: Abordar la violencia contra las personas trabajadoras del sexo
    pdf, 907kb

    Contextos de la violencia, Valores y principios para dar respuesta a la violencia contra las personas trabajadoras del sexo, Valores fundamentales, Principios que deben regir los programas, Intervenciones y estrategias alentadoras, Empoderar a las comunidades, Fortalecer la las capacidades de las personas trabajadoras del sexo, Promover reformas, Fomentar la responsabilidad de las fuerzas policiales, Promover la protección y la seguridad de las personas trabajadoras del sexo, Proporcionar servicios de salud a las personas trabajadoras del sexo que son víctimas de la violencia, Proporcionar servicios de apoyo psicosocial, jurídico y otros, Gestión, seguimiento y evaluación
  • Capítulo 3: Servicios dirigidos por la comunidad
    pdf, 519kb

    La sensibilización dirigida por la comunidad, ¿Qué hacen los trabajadores de sensibilización comunitaria?, Pasos para la implementación de la sensibilización dirigida por la comunidad, Espacios seguros (centros de acogida), Establecer espacios seguros, Configuración del local, Manejo del espacio, Otras actividades realizadas en el espacio seguro, Mejoramiento de la calidad dirigido por la comunidad, Comités comunitarios, Otros enfoques dirigidos por la comunidad que refuerzan la calidad de los servicios clínicos, Aseguramiento de la calidad comunitaria en el seguimiento y la evaluación, Seguimiento de la calidad de la implementación de los servicios comunitarios, Seguimiento del acceso comunitario a servicios y de la autonomía comunitaria
  • Capítulo 4: Promoción del uso del condón y de lubricantes
    pdf, 398kb

    Pasos efectivos para programas del uso del condón, Establecer el abastecimiento de condones y lubricantes masculinos y femeninos accesible a las personas trabajadoras del sexo, Promoción a varios niveles de los condones y lubricantes masculinos y femeninos, Promoción del uso del condón dirigida por la comunidad, Desestigmatizar el uso del condón entre la sociedad en general, Crear un entorno propicio para los programas del uso del condón, Aspectos específicos a tener en cuenta en los programas del uso del condón Gestión de programas de promoción del uso del condón, Roles y responsabilidades en los programas del uso del condón, Seguimiento de programas, Evaluación
  • Capítulo 5: Servicios clínicos y de apoyo
    pdf, 1.03Mb

    Principios operativos para los servicios clínicos y de apoyo, Asesoramiento y pruebas voluntarias de VIH, Tratamiento antirretrovírico, La tuberculosis y las personas trabajadoras del sexo, Servicios complementarios para las personas trabajadoras del sexo que consumen drogas inyectables, Servicios de ITS, Satisfacer las necesidades de salud sexual y reproductiva de las personas trabajadoras del sexo, Salud mental
  • Capítulo 6: Gestión de programas y fortalecimiento de la capacidad organizativa
    pdf, 685kb

    Parte I: Gestión del programa: La planificación e implementación de un programa de VIH/ITS con personas trabajadoras del sexo, Fortalecimiento de las capacidades y conocimiento del programa, Formación y fortalecimiento del personal, Parte II: Fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones de personas trabajadoras del sexo, Crear una organización registrada, Fortalecimiento de las capacidades organizativas

Posición de TAMPEP respecto a la situación de las trabajadoras sexuales nacionales e inmigrantes en la Europa actual

 

dIBUJO 5
http://tampep.eu/documents/TAMPEP%20paper%202015_08.pdf

 

Las leyes y las decisiones políticas juegan un papel clave en la lucha contra la violencia, en la reducción de la vulnerabilidad y en la garantía de acceso pleno a los derechos y a la justicia por parte de las trabajadoras sexuales. Mediante la despenalización del trabajo sexual se pueden garantizar condiciones laborales más seguras y las trabajadoras sexuales se pueden empoderar para luchar contra la violencia y exigir sus derechos humanos.

Esta posición política es apoyada por varias agencias de las Naciones Unidas (FPNU, ONUSIDA y PNUD); importantes organizaciones defensoras de los derechos humanos, tales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que ha estado sometiendo a consulta un borrador de propuesta politica a favor de la despenalización del trabajo sexual ; las organizaciones contra la trata GAATW y La Strada International ; e importantes foros feministas (AWID) y fundaciones, como Open Society Foundations, Mama Cash y Red Umbrella Fund. La despenalización del trabajo sexual es defendida también por redes de trabajo sexual y organizaciones dirigidas por trabajadoras sexuales regionales, nacionales e internacionales, entre las que se encuentran TAMPEP (Red europea para la prevención de VIH/ETS y la promoción de la salud entre las trabajadoras sexuales inmigrantes), NSWP (Red global de proyectos de trabajo sexual), ICRSE (Comité internacional para la defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales en Europa) y SWAN (Red de defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales).

 

Despenalización

 

Si todas las demandas de las trabajadoras sexuales pudieran ser resumidas en una palabra, esta sería despenalización. Gobiernos progresistas en Nueva Zelanda y Nueva Gales del Sur en Australia adoptaron un modelo de despenalización para mejorar la situación de las trabajadoras sexuales. Recientemente, el gobierno de Nueva Zelanda y el Colectivo de prostitutas de Nueva Zelanda evaluaron este modelo positivamente . Los resultados de esta evaluación demuestran una reducción significativa de la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales y un mejor acceso a los derechos humanos.

Por despenalización se entiende la derogación de todas las leyes punitivas y las regulaciones relativas al trabajo sexual y un modo de garantizar que los gobiernos respeten los derechos humanos de las trabajadoras sexuales. Esto incluye la despenalización de las terceras partes que operan en la industria del sexo, pero garantizando al mismo tiempo que las trabajadoras sexuales puedan trabajar independientemente y/o en cooperativas. La autodeterminación y la autonomía de las trabajadoras sexuales son fundamentales para entender el modelo de despenalización.

Las trabajadoras sexuales y sus aliados a menudo piden la plena despenalización mediante un sistema legal que desmonte también las barreras legales que aumentan la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales inmigrantes ante la violencia y la trata de personas y obstaculizan el disfrute en situación de igualdad de sus derechos humanos. La justificación de este enfoque es que para combatir la vulnerabilidad en la industria del sexo, los gobiernos necesitan garantizar la plena protección de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales independientemente de su nacionalidad y/o de su estatus legal en el país de acogida. Los derechos que deberían ser plenamente protegidos incluyen (pero no se limitan a ellos) el derecho a la vida, a la salud, a la migración, al trabajo, a la privacidad, a la asociación, a la igualdad ante la ley y a verse libres de practicas de trata y de esclavitud.

 
Estigma e inmigración

A pesar de la demanda de despenalización, las leyes y las decisiones políticas relativas al trabajo sexual han sido cada vez más represivas y punitivas en toda Europa. TAMPEP ha documentado en varias de sus publicaciones los efectos negativos que las leyes y regulaciones nacionales han tenido para las trabajadoras sexuales.

Raramente se reconoce al trabajo sexual como trabajo por los gobiernos nacionales y la sociedad en general, y el arma más poderosa para negar al trabajo sexual el estatus de trabajo es la del estigma . La realidad es que en vez de empoderamiento y apoyo a la autodeterminación y la autonomía de las trabajadoras sexuales, y mejora de sus condiciones de trabajo y de vida, los agentes políticos están desarrollando y aplicando nuevas medidas que socavan los derechos humanos y la dignidad de las trabajadoras sexuales.

Existen claros vínculos entre esta tendencia represiva y el actual debate acerca de la trata. Los grupos antiprostitución utilizan la retórica antitrata para acabar con la prostitución. El lobby antiinmigración usa el discurso antitrata para aumentar las restricciones a la inmigración .

Las voces de las trabajadoras sexuales son a menudo ignoradas o mal utilizadas por los agentes políticos y los medios de comunicación. En este contexto de invisibilidad y aislamiento, las trabajadoras sexuales inmigrantes se ven particularmente afectadas por las medidas represivas y la creciente xenofobia.

La penalización del trabajo sexual, de las trabajadoras sexuales y de sus clientes, se suele acompañar de leyes antiinmigración, cuya finalidad es detener y deportar por la fuerza a inmigrantes indocumentados. Como consecuencia de ello, las trabajadoras sexuales inmigrantes se ven empujadas a la clandestinidad, a lugares de trabajo sexual más ocultos para evitar la persecución y el riesgo de expulsión. Esta tendencia exacerba la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales frente a la trata de personas y reduce sus posibilidades de acceder a las ayudas y los servicios de salud, así como a la justicia y a sus derechos.

 
Tendencias específicas de la Unión Europea

Una tendencia que ha sido señalada y resaltada por varios informes de TAMPEP a lo largo de los años es el aumento de migración y movilidad entre las trabajadoras sexuales a nivel global y, en particular, la migración de trabajadoras sexuales hacia Europa y entre los países europeos . Esto es una consecuencia directa de la globalización, pero puede ser atribuido también a factores históricos y socioeconómicos y al crecimiento de la Unión Europea.

La inmigración es un aspecto fundamental a ser tenido en cuenta cuando se analiza el trabajo sexual en Europa. Las inmigrantes siguen siendo con mucho el mayor grupo de trabajadoras sexuales en la región. También se observa un elevado nivel de migración y movilidad de trabajadoras sexuales entre los países de la Unión Europea.

El problema parece tener sus raíces en el racismo y la xenofobia que sigue a las tendencias de migración y movilidad a lo largo de Europa. Las trabajadoras sexuales inmigrantes indocumentadas son particularmente vulnerables a la aplicación de la ley y experimentan altos niveles de violencia y abuso.

Este escenario se ve agravado por la severa crisis financiera que afecta a la UE y al resto del mundo desde 2008, a las medidas de los gobiernos para combatir el terrorismo mediante legislaciones de seguridad nacional ad hoc, y también a las leyes de seguridad ciudadana.

 
Conservadurismo creciente

TAMPEP observa un creciente conservadurismo político y social, que afecta a los derechos humanos y a las libertades civiles de las poblaciones vulnerables.

Retrocesos conservadores en relación al trabajo sexual, el uso de drogas y la inmigración son generados por la ignorancia de los enfoques basados en la evidencia y en los derechos humanos en el terreno legal.

Las políticas socioeconómicas junto con una progresiva tendencia a las desigualdades provocan unas profundas exclusión y discriminación sociales de las trabajadoras sexuales, especialmente de las más vulnerables (inmigrantes, transexuales, usuarias de drogas, etc.)

 
Trata frente a trabajo sexual

Para luchar contra las violaciones y los abusos en la industria del sexo, los Estados miembros de la UE han estado usando la lucha contra la trata para combatir la prostitución y la inmigración, en lugar de crear un entorno de seguridad y apoyo que permita a las trabajadoras sexuales trabajar, autoorganizarse y garantizar buenas condiciones de trabajo.

Desmantelar la industria del sexo desbarata las vidas y el trabajo de las trabajadoras sexuales y las empuja a la ilegalidad y el aislamiento. Al mismo tiempo, las víctimas de la trata de seres humanos raramente son halladas y, si lo son, sus necesidades raramente son atendidas de forma eficaz. Los agentes políticos fusionan trabajo sexual y trata, lo que da lugar a políticas ineficaces dirigidas al conjunto de trabajadoras sexuales y a un completo desprecio por las necesidades de las trabajadoras sexuales que no son víctimas de trata.

Una de las cinco prioridades de la UE en relación a la trata es intensificar la prevención de la trata de personas. La mayor parte de los agentes políticos han limitado su interpretación de la prevención a terminar con la demanda y la oferta de servicios y bienes de víctimas de la trata. Es creencia general que terminar con la demanda de servicios sexuale llevará a terminar con la trata.

A pesar de los objetivos estratégicos de la UE que se basan en una interpretación más amplia de la demanda, las leyes y decisiones políticas que buscan penalizar a los clientes de las trabajadoras sexuales demuestran que esos objetivos son aplicados de forma excepcional al conjunto de la industria del sexo.

Sin embargo, dada la amplitud de la definición de trata, las medidas destinadas a disuadir la demanda deberían reflejar la extensión y la gravedad de todos los fines por los que las personas son víctimas de trata, incluyendo, por ejemplo, la industria de la construcción, la agricultura, el procesamiento de alimentos, el trabajo doméstico y el cuidado de dependientes. A pesar de la evidencia de que la trata y el trabajo forzado son alentados por la demanda de mano de obra barata, poco preparada y fácilmente desechable combinada con las políticas de inmigración crecientemente restrictivas y la falta de protección laboral para los trabajadores inmigrantes, las decisiones políticas no están buscando atajar estos determinantes estructurales de la trata y el trabajo forzado.

De 2012 a 2015 no ha habido decisiones por parte de la UE para impulsar leyes de despenalización como una estrategia para combatir la trata y mejorar la situación de las trabajdoras sexuales en Europa.

TAMPEP tambíén ha tenido conocimiento de un aumento en las iniciativas de financiación por parte de la UE y otros donantes de las actividades antitrata y abolicionistas, aunque raramente de grupos dirigidos por trabajadoras sexuales o de proveedores de servicios con un enfoque del tema basado en la defensa de los derechos humanos.

 

El abolicionismo y el modelo sueco

Los grupos de presión feministas abolicionistas, como el Lobby de Mujeres Europeas y Equality Now, se están volviendo más fuertes y más influyentes, y han sido fuertemente financiados en el curso de los actuales debates e intereses políticos en torno a la trata de mujeres con fines de explotación sexual y prostitución. Las feministas y organizaciones abolicionistas a menudo defienden el modelo sueco, que se ha convertido en una peligrosa tendencia en Europa y en el mundo.

El modelo sueco —un modelo legislativo creado en Suecia en 1999— tiene por fin reducir la incidencia de la prostitución, no grarantizar condiciones de trabajo seguras para las trabajadoras sexuales. Esta iniciativa legislativa penaliza a los clientes de las trabajadoras sexuales y considera a todas las personas que practican comercio sexual como víctimas.

En Europa, varios estados han introducido (Noruega, Islandia e Irlanda del Norte) o intentado aplicar (Francia y Escocia) medidas legales para implantar la penalización del trabajo sexual o la compra de servicios sexuales, sin tener en cuenta las consecuencias negativas que la penalización de los clientes tiene para las trabajadoras sexuales .

 

Dibujo 1
Las trabajadoras sexuales suecas observan que la penalización ha llevado a que haya menos tiempo para negociar las condiciones de trabajo y la seguridad del entorno de trabajo. Las trabajadoras sexuales de interior ya no pueden pedir a sus clentes informaciones tales como el nombre y el número de teléfono, y no tienen tiempo para negociar los servicios que van a proporcionar, lo que afecta a su seguridad.

Las trabajadoras sexuales de calle son las más afectadas. Se ven empujadas a trabajar en las afueras de las ciudades, en zonas menos visibles y accesibles, donde la policía no pueda sorprender a sus clientes. Tienen menos probabilidades de establecer contacto con los servicios de ayuda.

El modelo sueco está basado en la ideología y no en la evidencia. Cuando los clientes corren el riesgo de ser detenidos, la prostitución se vuelve automáticamente clandestina.

Como señalan las trabajadoras sexuales activistas y sus aliados, la penalización del cliente socava la autodeterminación de las trabajadoras sexuales, las lleva a la clandestinidad y refuerza el estigma y la discriminación que ya margina a esa población.

Además, el modelo sueco y las cruzadas antitrata/prostitución han puesto los modelos holandés y alemán bajo escrutinio.

Aunque ciertamente existen problemas con los actuales enfoques reguladores en países como Holanda y Alemania, el enfoque regulador no deslegitima el trabajo sexual ni pretende abolirlo como hace el modelo sueco.

Las campañas y el lobby político abolicionistas han estado recibiendo cada vez más atención de los medios de comunicación y más apoyo político, a pesar de la creciente evidencia de que la penalización de los clientes o de las trabajadoras sexuales lo único que hace es aumentar la vulnerabilidad y desde luego no combate la violencia y el abuso en la industria del sexo.

Los defensores de la penalización de los clientes o del trabajo sexual en su conjunto desean despreciar las experiencias y puntos de vista de aquellas personas directamente afectadas: las propias trabajadoras sexuales, bajo pretexto de proteger a las mujeres.

Las trabajadoras sexuales están notablemente ausentes de las conferencias organizadas para discutir las políticas penalizadoras. Los abolicionistas en la Europa actual rechazan el término “trabajo sexual” así como la idea de que el trabajo sexual es trabajo e ignoran y persistentemente ignoran y excluyen las voces de aquellas personas que trabajan en la industria del sexo.

 

Dibujo 2

 

Actuación policial y represión

Las trabajadoras sexuales en Europa suelen ser detenidas en las calles, burdeles, parques y otros lugares de trabajo. Las trabajadoras sexuales de calle, sin embargo, son las que con mayor frecuencia son objeto de medidas de aplicación de la ley. Las trabajadoras sexuales de interior también han sido el objetivo en operaciones de redada y en el cierre de lugares de trabajo con fines de investigación. Estas prácticas privan a las trabajadoras sexuales de sus ingresos.

Tradicionalmente, las trabajadoras sexuales inmigrantes, especialmente las que carecen de documentación o trabajan en situación irregular, experimentan los mayores niveles de violencia y abuso por parte de la policía y de personas que se hacen pasar por clientes.

Esto arroja luz sobre el hecho de que las leyes nacionales han estado fusionando las actuaciones policiales dirigidas contra la inmigración con las dirigidas contra la prostitución con el propósito de detener y deportar a las inmigrantes (por ejemplo, deportaciones de trabajadoras sexuales chinas en París en 2014 e intento de Suecia de deportar a trabajadoras sexuales de la Unión Europea, a pesar de la ilegalidad de estas prácticas policiales) .

La red TAMPEP ha estado observando estas violaciones de derechos de las trabajadoras sexuales e informando de ellas, sobre todo de las de trabajadoras sexuales inmigrantes, desde su creación, en 1993. TAMPEP cree que la mejor herramienta para luchar contra las violaciones de derechos es la defensa de esos derechos y las reformas legal y política.

 

Salud pública

Las trabajadoras sexuales encuentran importantes obstáculos cuando intentan acceder a servicios de prevención, tratamiento y asistencia sanitarios, debido sobre todo al estigma, la discriminación y la penalización. Las crecientes represión y penalización estatales del trabajo sexual ha hecho a las trabajadoras sexuales más vulnerables al VIH y las ETS. Las han obligado a trabajar en espacios clandestinos, reduciendo su acceso a la atención sanitaria y a medidas de prevención, y han socavado su dignidad. Estos problemas son habitualmente mayores para las trabajadoras sexuales inmigrantes, en particular si están indocumentadas. Evitan el acceso a los servicios sociales y de atención sanitaria por miedo a ser registradas y/o deportadas.

Las pruebas obligatorias de salud sexual son todavía practicadas y exigidas legalmente por algunos países europeos (como Hungría y Latvia). Estos procedimientos a menudo vulneran los derechos a la confidencialidad y la privacidad de las trabajadoras sexuales. La penalización de la transmisión del VIH también supone riesgos severos para los grupos vulnerables, en la medida en que disuade a las trabajadoras sexuales de hacerse pruebas y acudir a los servicios de salud.

Más aún, un gran número de organizaciones de lucha contra el VIH y de defensa de la salud pública, incluyendo la OMS y ONUSIDA, han advertido a los agentes políticos de los peligros sanitarios de la penalización de las trabajadoras sexuales y/o de sus clientes. Citamos el Grupo Asesor de ONUSIDA sobre VIH y trabajo sexual en su informe de 2011 que acompaña a la Guía de ONUSIDA sobre VIH y trabajo sexual de 2009:

“Los estados deberían evitar la penalización del trabajo sexual o de actividades relacionadas con el mismo. La despenalización del trabajo sexual debería incluir la derogación de los castigos penales por comprar y vender sexo, gestionar trabajadoras sexuales y burdeles, y otras actividades relacionadas con el trabajo sexual”.

Las actuaciones dirigidas por las trabajadoras sexuales deben tener un papel central en la mejora de la defensa frente al VIH y es crucial escuchar a las trabajadoras sexuales. Las trabajadoras sexuales experimentan de primera mano los efectos de las leyes y las prácticas lesivas de aplicación de las mismas que violan sus derechos humanos y obstaculizan los avances en la lucha contra el VIH. Sin embargo, la cobertura de prevención del VIH se estima que alcanza a menos de una tercera parte de todas las trabajadoras sexuales de la región. La financiación para intervenciones en trabajo sexual y VIH está disminuyendo, a pesar de la evidencia de su efectividad.

TAMPEP continúa llamando la atención en varios foros de la UE sobre las necesidades de las trabajadoras sexuales para garantizar que dichas necesidades, incluyendo las de las trabajadoras sexuales inmigrantes, sean tenidas en cuenta en los programas relacionados con la prevención, la atención y el tratamiento del VIH.

 

Homo y transfobia

Otras leyes han empeorado también la situación de los trabajadores sexuales masculinos y transexuales, en particular en la Europa Central y del Este, incluyendo los países de la CEI. Las leyes antihomosexualidad en países como Rusia y Ucrania provocan más homofobia y transfobia en la sociedad y menos aceptación social de las personas LGBTI, lo que afecta específicamente a los trabajadores sexuales masculinos y trans. Tener que hacer frente a múltiples formas de estigmatización y despenalización a menudo priva a estos grupos de sus derechos humanos fundamentales.

La homofobia de la sociedad, las leyes contra la homosexualidad y la ausencia de protección legal frente a la discriminación son importantes obstáculos para los trabajadores sexuales masculinos y transexuales a la hora de acceder a los servicios de salud y de información relacionados con el sexo.

 

Comentarios de TAMPEP sobre las políticas en relación a la prostitución en la Europa actual

A TAMPEP le preocupa que las actuaciones contra las trabajadoras sexuales, en particular las inmigrantes, se vean legitimadas mediante el encuadre del trabajo sexual como un problema que implica criminales organizados y “esclavas sexuales”.

Los determinantes estructurales y las leyes que afectan negativamente a las trabajadoras sexuales, tanto nacionales como inmigrantes, y a la industria del sexo como un todo, no están siendo consideradas como de importancia central cuando se trata de las vulnerabilidades de las trabajadoras sexuales (incluyendo la explotación sexual y la trata).

TAMPEP reafirma que las medidas tomadas por los estados miembros de la UE en su lucha contra la trata a menudo se convierten en estrategias antiprostitución (por ejemplo, operaciones de redada) y antiinmigración (por ejemplo, controles fronterizos más estrictos). Las trabajadoras sexuales inmigrantes, especialmente aquellas sin papeles, están bajo amenaza constante de ser detenidas y deportadas. La violencia ejercida contra esta población ha sido también demostrada por varios informes financiados por la UE .

 

Dibujo 3
Este enfoque de lucha contra la trata, que ha influído en la política de la UE, oscurece tanto la relación entre política de inmigración y “trata” como la relación entre política de prostitución y trabajo forzado en la industria del sexo .

Está siendo necesario clarificar a los que toman las decisiones políticas y a los políticos en general las diferencias existentes entre trata y trabajo sexual, tanto en la ley como en la práctica. Aunque las consecuencias negativas para las trabajadoras sexuales de la lucha contra la trata no resultan políticamente interesantes para algunos miembros del Parlamento europeo, la ineficiencia al abordar el problema y proteger los derechos de las víctimas puede ser una estrategia que han adoptado.

La fusión de trabajo sexual y trata ha alcanzado niveles desproporcionados en el debate político y en los medios. TAMPEP promueve de forma consistente la visibilidad de las trabajadoras sexuales como un modo de desmantelar las teorías de la victimización y hacer patente la situación de las trabajadoras sexuales en Europa. Más aún, TAMPEP cree que las trabajadoras sexuales pueden ser grandes aliadas en la lucha contra la trata en la medida en que podrían detectar a las auténticas víctimas si ellas mismas no fueran tan a menudo penalizadas y desautorizadas.

 
La posición de TAMPEP

Poner de manifiesto y pormenorizar las violaciones de los derechos humanos que experimentan las trabajadoras sexuales parece no haber sido suficiente para impedir los modos conservadores de entender la industria del sexo y sus trabajadoras.

A la vista de las continuas regulaciones abusivas del trabajo sexual y de un clima de políticas sociales represivas, redes feministas y de inmigrantes, compañeros políticos, aliados y otras partes interesadas urgen a la sociedad civil para que emprenda una acción integrada en defensa de las trabajadoras sexuales que garantice el reconocimiento y protección de sus derechos y combata las leyes y prácticas discriminatorias.

Reafirmamos nuestro compromiso de luchar contra la penalización del trabajo sexual y el modelo sueco e invitamos a compañeros y aliados de toda Europa a unirse a nosotros en la lucha por garantizar a todas las trabajadoras sexuales el disfrute de sus derechos humanos en Europa.

 

Dibujo 4

No se trata de castigarlos a ellos, sino de protegerlas a ellas

Comparto plenamente los argumentos esgrimidos por Amnistía Internacional (AI) en su defensa por la despenalización del trabajo sexual

Abogo por que no se convierta a las prostitutas en cómplices de delitos o sanciones administrativas, se les niegue cualquier elección que no sea ejercer en prostíbulos o se las margine socialmente como infrasujetos carentes de derechos humanos

 

 

3006_20150821rPUpb5Por Glòria Poyatos Matas

23/08/2015
http://bit.ly/1JtG9wk

 

Comparto plenamente los argumentos esgrimidos por Amnistía Internacional (AI) en su defensa por la despenalización del trabajo sexual, sustancialmente por el enfoque que se hace, fijando el objetivo en las propias trabajadoras y los derechos de éstas, desterrando otros enfoques que se centran más en sancionar (incluso penalmente) a los clientes o, a propietarios de locales de alterne o inmuebles en los que ellas trabajan. No se trata de castigarlos a ellos sino de protegerlas y empoderarlas a ellas y reconocerles los mismos derechos humanos que cualquier otra persona.

 
Hace años, otra organización internacional de igual prestigio e incluso con un conocimiento más especializado en materia de trabajo, la Organización Internacional de Trabajo, se mostró igualmente partidaria de la despenalización del trabajo sexual recomendando, incluso, su regulación, en su Informe de 1998, diseñado por Lin Lean Lim sobre el sector del sexo en Asia sudoriental. Y hay otros ejemplos, como ONUSIDA, la OMS, ONU Mujeres, la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW), Human Rights Watch, Open Society etc., que mantienen la misma línea de la OIT y AI.

 
Para poder opinar nítidamente sobre el trabajo sexual debe partirse de una premisa imprescindible, que es el deslinde del trabajo sexual como servicio realizado por persona adulta y libre a cambio de un precio del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, que personalmente me repugna, y abogo por un urgente incremento de las penas y una verdadera coordinación internacional en la lucha contra las mafias.

 
Que el trabajo sexual no es sinónimo de trata es algo incuestionable a estas alturas. Ha sido reconocido por la ONU, en un extenso estudio llevado a cabo en 2010 en Europa ( Trata de personas hacia Europa con fines de explotación sexual), en cuyas conclusiones se asevera que una de cada siete mujeres que ejercen la prostitución en Europa es víctima de trata, esto es, aproximadamente un 15%. Sin duda alguna, es una cifra abominable y demasiado elevada, en un entorno autocalificado de progresista y protector de la mujer frente a una de las delincuencias más repugnantes y, desgraciadamente, mejor organizadas, pero hay todo un 80% de mujeres desterradas a la invisibilidad y al ostracismo de derechos.

 
También la propia UE, en la sentencia dictada por el TJUE de 21 noviembre de 2001 ( asunto Jany y otras), separa claramente el trabajo sexual de otras actividades delictivas y lo define, sin tapujos, como actividad económica, si se ejerce libremente por persona adulta. Esa sentencia vincula jurídicamente a todos los estados miembros incluidos sus órganos judiciales, al igual que vincula el Reglamento de la UE 549/2013, que separa el trabajo sexual voluntario del que no lo es, a efectos de su inclusión en el PIB.

 
Esta separación no debe parecernos extraña, si tenemos en cuenta que el delito de trata de personas con fines de explotación laboral cohabita con una prolija regulación laboral que actúa de dique limitador de los perjuicios obreros surgidos del libre juego entre la oferta y la demanda. Un dique tutelador de la dignidad del trabajador y su desvalida posición contractual. He aquí el primer motivo para propugnar no sólo la despenalización del trabajo sexual sino también su regulación a medida, una regulación especial y específica para un trabajo de alto riesgo. Una regulación que limite el poder de clientes o proxenetas e incremente el de las trabajadoras sexuales a todos los niveles.

 
El segundo argumento para despenalizar el trabajo sexual es un argumento de género, el mismo que se esgrime por parte de las filas neo-abolicionistas o prohibicionistas, pero a la inversa y siempre fijando nuestra atención en ellas y no en castigarlos a ellos. Que la prostitución sea mayoritariamente femenina, y por tanto se proyecte sobre un colectivo (el de las mujeres) históricamente discriminado, refuerza la tesis de su despenalización, aumento de la protección y reconocimiento de derechos. No reconocer derechos puede llevar al absurdo de desterrar de tutela judicial a las trabajadoras sexuales frente a clientes o propietarios de los locales de alterne en los que trabajan, para satisfacción de estos.
Ello ocurre en nuestro país, donde algunas sentencias judiciales anulan las actas de infracción y sanción de la Inspección de Trabajo frente a los propietarios de los prostíbulos, y ocurrió en Colombia, donde una trabajadora sexual fue despedida por quedarse embarazada, siendo desestimada su demanda planteada frente al despido con el argumento de la inexistencia del contrato (negación de derechos), hasta que, con una alta dosis de sentido común, el Tribunal Constitucional de dicho país tuteló el derecho de la prostituta, sustancialmente por la vía de la discriminación por razones de género (sentencia 629/2010 – ponente don Juan Carlos Henao Pérez).

 
El tercero. La penalización de la prostitución por la vía de la criminalización de los clientes de las meretrices tampoco ayuda a sacarlas de su estado permanente de estigmatización, pues las convierte en cómplices necesarias de un hecho delictivo, reprochable administrativamente y, por ende, también socialmente. Además, las arrastra a ejercer su actividad en condiciones peores (clandestinidad), y más peligrosas para su libertad sexual e integridad física, aumentando peligrosamente su vulnerabilidad como víctimas de otros delitos. Y a ello también ayuda la pandemia de reglamentaciones locales de los últimos años, que barren a las trabajadoras sexuales de las ciudades, sin habilitar espacios alternativos donde puedan ejercer la actividad en condiciones más seguras para ellas. Una buena campaña para los locales de alterne y otro golpe a los derechos de estas perdedoras, acostumbradas a serlo.

 
Mi cuarto argumento parte de un principio de igualdad de trato respecto de otros trabajos sexuales (actrices de porno, bailarinas eróticas, alternadoras), que sí tienen reconocidos derechos sociales y laborales. ¿Dónde está la diferencia, excluyente de derechos, entre una actriz del porno y una prostituta? Y sobre todo, igualdad, en este macro-negocio de la prostitución donde todos tienen derechos menos ellas, como es el caso de la patronal del sexo que cuenta con regulación jurídica a medida, y una buena organización a través de asociaciones nacionales para la defensa de sus intereses. Asociaciones reconocidas judicialmente por el propio Tribunal Supremo español ( “sentencia Mesalina” de 24/11/2004).

 
El último de mis argumentos a favor de reconocer derechos a las trabajadoras sexuales es eminentemente práctico. Personalmente, desearía que la prostitución no existiese, al menos como una forma de supervivencia de las mujeres en situaciones de necesidad, pero es una quimera pensar en su desaparición. Por ello, y dado que muchas mujeres eligen esta alternativa temporalmente para poder cubrir las necesidades familiares más básicas, abogo por que al menos durante esa etapa, no se las convierta en cómplices de delitos o sanciones administrativas, se les niegue cualquier elección que no sea ejercer en prostíbulos, se las destierre del acceso a las prestaciones del Sistema de la Seguridad Social o se las margine socialmente como infrasujetos carentes de derechos humanos, pues ello supone perpetuar su histórica situación de exclusión social, como uno de los colectivos más vulnerado y vulnerable.

 

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Glòria Poyatos Matas es Magistrada decana en Lanzarote y autora del libro La prostitución como trabajo autónomo.

Respalda la propuesta política de Amnistía Internacional a favor de la despenalización del trabajo sexual

 

Pedimos al Consejo de Amnistía Internacional que se mantenga firme y defienda la despenalización del trabajo sexual y proteja los derechos humanos de las trabajadoras sexuales

 

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http://chn.ge/1Mxjiq8

 

Nosotros, la Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual (NSWP), y nuestros aliados aprovechamos esta oportunidad para expresar nuestro respaldo a la propuesta política de Amnistía Internacional a favor de la despenalización del trabajo sexual que ha de ser presentada para su aprobación en la Reunión del Consejo Internacional que tendrá lugar entre los días 6 y 11 de agosto de 2015. Amnistía Internacional está siendo objeto de una contraofensiva por parte de aquellos que se oponen a una propuesta política que busca defender los derechos humanos de las trabajadoras sexuales.

 
Pedimos al Consejo de Amnistía Internacional que se mantenga firme y defienda la despenalización del trabajo sexual y proteja los derechos humanos de las trabajadoras sexuales.

 
La propuesta política está respaldada por los datos obtenidos por la investigación de campo llevada a cabo por Amnistía Internacional en relación a la repercusión sobre los derechos humanos que tiene la penalización del trabajo sexual, y también por la consulta realizada en 2014, que incluyó la aportación de muchas trabajadoras sexuales de todo el mundo, que es la comunidad más afectada por las propuestas.
NSWP desearía también condenar, en los términos más contundentes posibles, la declaración, la carta abierta y la petición online de CATW que ataca las propuestas de Amnistía Internacional. La posición de CATW es estigmatizante, discriminatoria y deforma los hechos, fusionando el trabajo sexual con la trata de seres humanos. Y lo que es más importante, ignora las experiencias vitales de las trabajadoras sexuales, silencia sus voces y busca perpetuar los sistemas legales que ponen a las trabajadoras sexuales en situación de mayor riesgo de sufrir violencia, estigmatización y discriminación; así como limitan su acceso a los servicios sanitarios y sociales. Más aún, CATW ignora el abrumador cuerpo de evidencia y los hallazgos de organismos internacionales tales como el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH y Trabajadoras Sexuales, que recomienda que los gobiernos deberían trabajar por la despenalización del trabajo sexual, y la revista médica The Lancet, que recientemente publicó una serie especial sobre VIH y trabajadoras sexuales, que recomienda también la despenalización del trabajo sexual, y que afirmó lo siguiente: “La despenalización del trabajo sexual tendría el máximo efecto sobre del desarrollo de la epidemia de VIH en todos los parámetros, previniendo entre el 33 y el 46% de las infecciones por VIH en la próxima década”.

 
Existe una amplia aceptación entre las agencias internaciones de que la despenalización del trabajo sexual es necesaria para proteger y respetar los derechos humanos de las trabajadoras sexuales. Estas agencias incluyen: ONUSIDA, UNFPA, UNDP, el Banco Mundial, la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW), Human Rights Watch , The Lancet, y las Fundaciones de la Open Society.

 
La Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual (NSWP) ha editado una Declaración de Apoyo a Amnistía Internacional que establece algunas de las muchas pruebas que respaldan el llamamiento a Amnistía Internacional para que apoye la despenalización del trabajo sexual y llama a los defensores de los derechos humanos a ponerse de parte de las trabajadoras sexuales en apoyo de esta política progresista.

 
Por favor, firma esta petición para mostrar apoyo a la resolución de Amnistía Internacional que defienda la despenalización del trabajo sexual y asegure que los derechos humanos de las trabajadoras sexuales sean respetados.

 
Firma aquí: http://chn.ge/1Mxjiq8

 
AFRICA
African Sex Workers Alliance – Regional Network
Sisonke Botswana, Botswana
Solidarite Pour Les Droits Des Travailleuses De Sexe, Burundi
AIDS-ACODEV, Cameroon
Alcondoms, Cameroon
CAMEF, Cameroon
AHUSADEC, Democratic Republic of Congo
ALCIS, Democratic Republic of Congo
CODESCI, Democratic Republic of Congo
UMANDE, Democratic Republic of Congo
Nikat Charitable Association, Ethiopia
CAFAF, Ghana
Nayford Foundation, Ghana
Bar Hostess Empowerment and Support Programme, Kenya
CHAANI Post Test Club, Kenya
Ebigeri United Self Help Group, Kenya
HOYMAS, Kenya
Kisauni Peer Educators, Kenya
Action Hope, Malawi
Female National Sex Workers Alliance, Malawi
APYIN, Nigeria
NDN, Nigeria
Nigeria Sex Workers Association – Precious Jewels, Nigeria
NNEWI, Nigeria
RENAGAIDS, Nigeria
Sisonke, South Africa
SWEAT, South Africa
CHESA, Tanzania
Devine Economic Development Group, Tanzania
Gender, Equality and Health Organisation, Uganda
Kaana Foundation, Uganda
Lady Mermaid’s Bureau, Uganda
Organization For Gender Empowerment and Rights Advocacy, Uganda
Transgender Equality Uganda, Uganda
Uganda Harm Reduction Network, Uganda
Uganda Harmonized Rights Alliance, Uganda
WONETHA, Uganda
Thubelihle, Zimbabwe
ASIA PACIFIC
Asia Pacific Network of Sex Workers – Regional Network
Respect Inc, Australia
Scarlet Alliance, Australia
SWOP New South Wales, Australia
Dujoy Nari Shongho, Bangladesh
HARC, Bangladesh
MNDP, Bangladesh
Community Legal Service, Cambodia
JJJ Association, China
Midnight Blue, China
SCMC, China
Xin’ai Female Sex Worker’s Home, China
Yunnan Parallel, China
Pacific Rainbow$ Advocacy Network, Fiji
Aastha Parivaar, India
Ashodaya Samithi, India
Astitva, India
Durbar Mahila Samanwaya Committee, India
GAURAV, India
Koshish, India
MITRA, India
MUSKAN, India
National Network of Sex Workers, India
SANGRAM, India
VAMP, India
VAMP Plus, India
OPSI, Indonesia
SWASH, Japan
O.F. Taldikorgan Regional Fund for Promotion of Occupations, Kazakstan
AMA, Myanmar
New Zealand Prostitutes Collective, New Zealand
Aakash Welfare Society, Pakistan
Care & Support Welfare Organisation, Pakistan
Gender & Reproductive Health Forum, Pakistan
Friends Frangipani, Papua New Guinea
Poro Sapot Project, Papua New Guinea
Empower Foundation, Thailand
SWING, Thailand
Scarlet Timor Collective, Timor Leste
EUROPE
International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe – Regional Network
SWAN Foundation for the Human Rights of Sex Workers – Regional Network
LEFO, Austria
Maiz, Austria
Projekt PiA, Austria
SXA-Info/Verein Frauenservice Graz, Austria
Association PROI, Bosnia and Herzegovina
NGO Action Against AIDS, Bosnia and Herzegovina
Collectif Droits & Prostitution, France
PASTT, France
STRASS, France
Women for Freedom, Georgia
Berufsverband erotische und sexuelle Dienstleistung e.V., Germany
Bufas e.V., Germany
Hydra e.V., Germany
Madonna e.V. Germany
SZEXE, Hungary
Tais Plus, Kyrgyzstan
Demetra, Lithuania
HOPS, Macedonia
STAR-STAR, Macedonia
Juventas, Montenegro
PION, Norway
APDES, Portugal
Silver Rose, Russia
JAZAS, Serbia
Sloboda Prava, Serbia
Colectivo Hetaira, Spain
Rose Alliance, Sweden
Aspasie, Switzerland
Dignity, Tajikistan
Soa Aids, The Netherland
TAMPEP, The Netherlands
Pembe Hayat LGBTT Dayanisma Dernegi, Turkey
Red Umbrella Sexual Health and Human Right Association, Turkey
English Collective of Prostitutes, UK
SCOT-PEP, UK
Sex Worker Open University, UK
UK Network of Sex Work Projects, UK
Working Mens Project, UK
X:talk, UK
HPLGBT, Ukraine
Legalife, Ukraine
Vsiyeukraiynskaya Assotsiyatsya Snyzhyenya Vriyeda, Ukraine
LATIN AMERICA
Associação das Profissionais do Sexo do Maranhao, Brazil
Associação das Prostitutas dr Minas Gerais, Brazil
Associação das Prostitutas da Paraiba, Brazil
Associação de Mulheres Profissionais do Sexo do Estado do Amapa, Brazil
Associação Mulheres Guerreiras, Brazil
Dignidade, Acao, Saude, Sexualidade e Cidadania, Brazil
Davida, Brazil
Grupo de Mulheres Prostitutas do Estado do Para, Brazil
Nucleo de Estudos da Prostituicao, Brazil
Vitória Régia, Brazil
P.A.R.C.E.S, Columbia
Asociacion de Mujeres Autonomas “22 de Junio”, Ecuador
Asociacion de ‘Mujeres Con Esperanza Al Futuro’, Ecuador
Asociacion De Mujeres Trabajadoras Del Sexo “Colectivo Flor De Azalea”, Ecuador
Aproase, Mexico
Colectivo de Hombres Accion Comunitaria, Mexico
Diversidad TTT, Mexico
Tamaulipas Diversidad Vihda Trans A.C., Mexico
Union y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses A.C., Mexico
Asociación Civil Angel Azul, Peru
Asociación Civil Cambio Y Accion, Peru
Miluska Vida y Dignidad A.C., Peru
NORTH AMERICA and CARIBBEAN
Antiguan Resilience Collective Inc., Antigua
Butterfly – Asian and Migrant Sex Workers Network, Canada
FIRST, Canada
Maggie’s, Canada
PACE, Canada
Peers Victoria Resources Society, Canada
POWER, Canada
Projet L.U.N.E., Canada
Sex Professionals of Canada, Canada
Sida-Vie Laval (Venus Project), Canada
Stella, l’amie de Maimie, Canada
Stepping Stone, Canada
Students for Sex Worker Rights, Canada
SWAG, Canada
SWAN Vancouver, Canada
The Coalition for the Rights of Sex Workers, Canada
Triple X Workers’ Solidarity Association of British Columbia, Canada
Champions for Change, Guyana
Guyana Sex Workers Coalition, Guyana
One Love, Guyana
IWICC, Jamaica
J-FLAG, Jamaica
Sex Work Association of Jamaica, Jamaica
Fundashon Orguyo Korsou, Netherlands Antilles
Suriname Men United, Suriname
RED Initiatives, Trinidad and Tobago
BAYSWAN, USA
Best Practices Policy Project, USA
Community United for Safety & Protection, USA
Desiree Alliance, USA
HIPS, USA
HOOK, USA
New Jersey Red Umbrella Alliance, USA
PERSIST Health Project, USA
PONY, USA
Red Umbrella Project, USA
St James Infirmary, USA
SWOP Chicago, USA
SWOP Denver, USA
SWOP Las Vegas, USA
SWOP NOLA, USA
SWOP Northern California, USA
SWOP NYC, USA
SWOP Philadelphia, USA
SWOP Sacramento, USA
SWOP San Antonio, USA
SWOP San Francisco, USA
SWOP Seattle, USA
SWOP Tucson, USA
SWOP USA, USA
The Sex Workers Project, USA
Women with a Vision, USA
SIMPATIZANTES
AFAO – Australian Federation of AIDS Organisations
Alex Feis-Bryce, Director of Services, National Ugly Mugs, United Kingdom
Alexander Alvina Chamberland, MA Gender studies, trans feminine author and former sex worker, Sweden
Alexander Bard, Philosopher, Sweden
Alexandra Oliveira, Professor, University of Porto, Faculty of Psychology and Sciences of Education, Porto, Portugal
Amanda Brihed, Liberal debater, Sweden
Amelie Eklöf, Independent contractor, Sweden
Andrès Lekanger, Outreach worker, PION, Norway
Anna Kontula, Sociologist and Politician, Finland
Annelie de Cabo, PhD student/university lecturer , Gothenburg University, Sweden
Astrid Renland, Criminologist, Norway
Bam Björling, Gender Management Institute, Sweden
Basil Donovan MD, Professor and Head, Sexual Health Program, The Kirby Institute, Australia
Ben Plumley, CEO, Pangaea Global AIDS, USA
Butterfly: Asian and Migrant Sex Workers Support Network, Toronto, Canada
Carina Edlund, Activist and Sex worker, Sweden
Carina Kallenberg, Sexworker and coach at the BDSM institute, Sweden
Catriona O’Brien, Sex worker, Ireland
Caty Simon, Tits and Sass co-editor, USA
Christina Franzén, Chair of HIV-Sweden, Sweden
Daniel Bergqvist, Activist, Sweden
Daria Mogucheva, Freelance translator, Russia
Doaa Abdelaal, Activist and board member of the International Network of Women Living Under Muslim Laws, Egypt
Dr Teela Sanders, Reader in Sociology, School of Sociology & Social Policy University of Leeds, United Kingdom
Dr Thaddeus Gregory Blanchette, Federal University of Rio de Janeiro, Anthropologist, Brazil Dr. Ana Paula Silva, Federal Fluminense University, Rio de Janeiro, Brazil
Dr. Adriana Graça Piscitelli, State University of Campinas, Campinas, Brazil
Dr. Soraya Simões, Federal University of Rio de Janeiro / Davida, Anthropologist, Rio de Janeiro, Brazil
Elena Jeffreys, 3rd year PHD Student, School of Political Science and International Studies, University of Queensland, Sydney, NSW, Australia
Emmy Östlund, Activist, United Kingdom
Eva Cox, AO, Sociologist, Australia
Filipa Alvim, Anthropologist, PhD, Researcher, Teacher, CRIA – Centre for Research Network in Anthropology, ISPA – Institute of Applied Psychology, RTS – Portuguese Network on Sex Work, Portugal.
Flávio Cesar Lenz, Davida, Rio de Janeiro, Brazil
Frederique Chabot, POWER (Prostitutes of Ottawa – Work Educate Resist), Canada
Fundacion para Estudio e Investigacion de la Mujer, Argentina
Gadejuristen, The Danish Street Lawyers, Copenhagen, Denmark
Gaye Dalton, Former sex worker, Wicklow, Ireland
Geoff Ward, Policy, Advocacy & Peer Support Worker at CAHMA – Canberra Alliance for Harm Minimisation and Advocacy, Australian
Hanna Söderström, Web developer, Sweden
Helene Bergman, Journalist, author and feminist, Sweden
INPUD – the International Network of People Who Use Drugs
International Community of Women Living With HIV, Rebecca Matheson
Global Director, Nairobi, Kenya
Jaana Kauppinen, Executive director, Pro-Tukipiste, Finland
Jair-Rohm Parker Wells, Musician, New Jersey, USA
Jakob Huber, Director Contact Netz Bern – Switzerland
Jamie Bridge, Senior Policy and Operations Manager, IDPC, United Kingdom
Janelle Fawkes, Sex worker, Sydney, Australia
Jenn Clamen, Mobilization Coordinator, Stella, l’amie de Maimie, Montréal, Québec, Canada
Jens Odsvall, Liberal debater, Sweden
Jill Martin, Sex worker/student, Melbourne Australia
Joanna Megan, Sex worker, Sydney, Australia
Jody Williams, Sex Workers Anonymous, Los Angeles, California
Johanna Sirkiä, Accountant and former Sex worker, Finland
Jude Byrne, Senior Project Officer AIVL, Australia
Julie Bates, Sex worker, sex worker rights advocate and sex industry researcher, NSW, Australia
Kikki Paulsrud, Chair of Stockholm’s Drug Users Union, Sweden
Krissy Summers, Educator, Australia
Lee Hertel, Principal, Lee’s Rig Hub, USA
Leif Holmstrand, Writer/artist, Sweden
Linda Byqvist, Social worker, Sweden
Linda Rosén, Chair of Rose Alliance, Sweden
Lisa Magnusson, Journalist, Sweden
Liv Jessen, Former Director of the Prostitution Centre of Norway, Norway
Lucy Kelley-Patterson, Activist, United Kingdom
Maria Johansson, Sex worker, Sweden
Maria Phelan, Deputy Director, Harm Reduction International, United Kingdom
Maria Sundin, Social worker, Målerås, Sweden
Mariha Hammarbäck, Activist, Sweden
Marinette Sjöholm, sex worker and activist for the rights of sex workers and people who use drugs and an advocate for Harm Reduction and Human rights for all, Sweden
Mathilde Bouvard, Artist, France
Matthew Weait, Professor of Law and Policy, United Kingdom
May-Len Skilbrei, Professor in Criminology at the University of Oslo, Norway
Meg Munoz, Former Sex Worker, Domestic Sex Trafficking Survivor (Founder/Exec. Director, Abeni), USA
Melissa Gira Grant, Journalist, former sex worker, United States
Melissa Hope Ditmore, Ph.D. Editor, Encyclopedia of Prostitution and Sex Work, USA
Migrant Sex Workers Project, Toronto, Canada
Mika Mikkonen, Development coordinator, A-clinicfoundation, Finland
Mina Gäredal, Sexual educator, Sweden
Morgan Norman, Chair of PG Mitt, Sweden
Nanna W. Gotfredsen, director, Gadejuristen, The Danish Street Lawyers, Copenhagen, Denmark
Nicklas Dennermalm, B.A in Peace and Conflict Studies, Sweden
Nicola Mai, Professor of Sociology and Migration Studies, London Metropolitan University, United Kingdom
Niina Vuolajarvi, PhD Student, University of Eastern Finland / Rutgers University, United States
Nikhil Gurung, Secretary, ANPUD, Nepal
Olga Byelyayeva, Chair of board, ASTAU – Association of Substitution Treatment Advocates of Ukraine, Ukraine
Ophelia, Sex worker, Germany/Sweden/Australia
People For Sex Worker Rights in Western Australia
Peter Bengtson, Composer, Sweden
Peter Söderlund, Former parliamentary candidate and former party executive member for the Green Party of Sweden, Sweden
Petra Östergren, PhD student, Social Anthropology, Lund University, Sweden
Pye Jakobsson, Sex worker and feminist, Sweden
Rachel Wotton, International migrant sex worker, co-founder of Touching Base, and subject of Scarlet Road, Australia
Rita Alcaire, PhD Researcher in Human Rights and Member of RTS – Portuguese Network on Sex Work, Portugal
Ryan Cole, Sex worker and President of Scarlet Alliance Australian Sex Workers Association, Australia
Sarah, Private sex worker, Perth, Australia
Sharon Eves, Sex worker, South Australia
Shelley Stoops, United Kingdom
Signe Bremer, PhD in ethnology and researcher in gender studies, Uppsala University, Sweden
Sophie Strachan, Trustee, The Sophia Forum, United Kingdom
SWOP NT, Australia
Tarkwin Coles, Sex worker, NSW, Australia
Touching Base Inc, Australia
Tove Pils, Film director and care assistant, Sweden
Tracy Quan, New York, NY, USA
Wendy Lyon, Feminist, Ireland
Women Won’t Wait Campaign – End HIV and Violence Against Women NOW!
Xzenu Cronström Beskow, Sociologist, Sweden
Zahra Stardust, PhD Student, University of New South Wales, Australia
Zenitha Smith Westberg, Mother of Petite Jasmine, Sweden
Zoë Dodd, Feminist, community health care worker and activist, Toronto, Canada

American Jewish World Service: “por qué apoyamos a las trabajadoras sexuales”

https://ajws.org/stories/why-we-support-sex-workers/

Hace unos pocos años, la presidenta de AJWS, Ruth Messinger, habló con una trabajadora sexual de Tailandia acerca de su vida y su trabajo. Esta mujer, de treinta y siete años de edad y madre de tres hijos, dijo a Ruth: “Estas fueron mis opciones: podía estar separada de mis hijos durante diez horas al día mientras trabajaba en una factoría, cosiendo botones a camisas, o podía pasar el día con mis hijos y, por la noche, hablar con un interesante hombre occidental, acostarme con él durante veinte minutos en un lugar seguro y familiar, y hacer un montón de dinero”. A continuación preguntó a Ruth: “¿Qué escogerías tú?”

 
Nuestra decisión es apoyar a organizaciones que defienden la dignidad, los derechos y la seguridad de las trabajadoras sexuales del mundo en desarrollo, que a menudo son víctimas de violencia y discriminación.

 
Guiados por nuestra creencia en la dignidad esencial de todas las personas, AJWS y nuestras beneficiadas hacemos una distinción muy clara entre trabajo sexual y trata de seres humanos. Para ser claros, estamos contra todas las formas de trata de seres humanos o trabajo forzado. Hemos aprendido de nuestras beneficiarias que el trabajo sexual es una ocupación voluntaria, totalmente diferente de la trata de seres humanos, que es un problema que viola los derechos humanos de las personas forzándolas a trabajar contra su voluntad.

 

¿Cómo apoya AJWS los derechos y la dignidad de las trabajadoras sexuales?

 

AJWS es uno de los mayores financiadores del activismo llevado a cabo por y para las trabajadoras sexuales en todo el mundo, proporcionando actualmente más de medio millón de dólares en subvenciones a diecisiete organizaciones que defienden los derechos de las trabajadoras sexuales en ocho países en desarrollo.

 
Las dirigentes de estas organizaciones luchan en los niveles local, nacional e internacional para conseguir lo siguiente:

 

  •  Terminar con el acoso y la violencia de la policía contra las trabajadoras sexuales, incluida la violación
  •  Asegurar que las trabajadoras sexuales tengan condiciones de trabajo seguras
  •  Hacer que las trabajadoras sexuales reciban un buen trato y un buen pago
  •  Garantizar el acceso de las trabajadoras sexuales a los servicios de salud
  •  Vencer el estigma y la discriminación
  •  Identificar y asistir a las víctimas de trata sexual
  •  Acabar con las dañinas redadas en burdeles, que maltratan a las trabajadoras sexuales
  •  Despenalizar el trabajo sexual, como recomiendan ONUSIDA, el Programa de Desarrollo de la ONU y la Comisión Global sobre el VIH

Para oir a una de nuestras beneficiarias explicar su compromiso con los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, ved este vídeo de Meena Seshu, fundadora y Secretaria General de SANGRAM, una organización india, apoyada por AJWS, que defiende los derechos de las mujeres, las personas LGBT y las trabajadoras sexuales de la India.

 

Meeba Seshu, fundadora y Secretaria General de SANGRAM, una ONG india, en las intersecciones del activismo entre las mujeres, las personas LGBT y las trabajadoras sexuales de la India.

 

¿Cuál es la diferencia entre trabajo sexual y trata de seres humanos?

 

El trabajo sexual y la trata de seres humanos son fusionados a menudo. Pero existe una diferencia fundamental. La trata de seres humanos es trabajo forzado, mientras que el trabajo sexual es una ocupación voluntaria y consensuada que está dentro de la gama de opciones económicas de una persona.

 
A pesar de esta diferencia crítica, muchos gobiernos y organizaciones no gubernamentales no consiguen distinguir entre trabajo sexual y trata, ocasionando daño a muchas personas inocentes. En los países en los que el trabajo sexual es penalizado, la policía realiza a menudo redadas violentas en burdeles de adultos bajo la apariencia de “rescatar” a las trabajadoras sexuales de la explotación. Más aún, niños en situaciones de explotación sexual a menudo son detenidos, cuando deberían ser puestos bajo la protección de los servicios sociales.

 
AJWS y nuestras beneficiarias entendemos que defender los derechos de las trabajadoras sexuales es un modo eficaz de combatir la trata de seres humanos y la prostitución infantil. Muchas organizaciones defensoras de los derechos de las trabajadoras sexuales —incluyendo las beneficiarias de AJWS— trabajan proactivamente contra la trata. Nuestras beneficiarias a menudo son capaces de identificar a niños y adultos que son víctimas de trata y derivarlos a los servicios sociales.

 
Guiados por nuestra creencia en la dignidad esencial de todas las personas, AJWS y nuestras beneficiarias hacemos una distinción muy clara entre trabajo sexual y trata de seres humanos. Para ser claros, estamos contra todas las formas de trata de seres humanos o trabajo forzado. Hemos aprendido de nuestras beneficiarias que el trabajo sexual es una ocupación voluntaria, que difiere totalmente de la trata de seres humanos, que es un problema que viola los derechos humanos de las personas forzándolas a trabajar contra su voluntad.