Feminismo carcelario: el fracaso de la prohibición de la prostitución

 

Robin Maynard, feminista canadiense de izquierdas y antiabolicionista

 

3 de agosto de 2018

Feminismo carcelario: el fracaso de la prohibición de la prostitución

 

El título de esta entrada está tomado literalmente de un artículo que escribió la feminista negra, activista y educadora canadiense Robyn Maynard en 2014, del que voy a exponer sus líneas básicas en torno a lo que viene siendo, en los últimos tiempos, una campaña de hostigamiento masivo por parte del feminismo hegemónico postmoderno, contra la prostitución intentando criminalizar y englobar en una sóla dos actividades totalmente diferentes: la trata (tolerada y, a la vez, reprimida en el hábil juego del mercado capitalista donde se permiten la proliferación de redes de burdeles) y el desarrollo de la actividad de “trabajo sexual” autónoma y libre por parte de las mujeres. No sé en qué mundo vivirán las progre-feministas abolicionistas que últimamente proliferan por las redes sociales y pontifican agresivamente desde los púlpitos feministas, pero seguro que estupendamente acomodadas en el mejor sistema que sirve a sus intereses: el capitalista, ese que le colma de privilegios legislativos y subvenciones. Les recuerdo que no estamos en un sistema político socialista como la URSS donde dicho ejercicio de la prostitución era irrelevante o mínimamente clandestino e inexistente en el caso de la trata ya que el propio sistema proveía de mecanismos que impedían ejercer una actividad que iba contra los derechos y dignidad de la mujer. Pero pretender el “abolicionismo”-prohibicionismo de una actividad sexual (la realizada autónomamente por mujeres) en una sociedad, la capitalista, de libre mercado, lucro y negocio fácil, es simplemente vivir en la irrealidad.

El inquisitorialismo de ese “feminismo radical”, que conecta con la agenda política globalista, lo define muy bien Maynard en el comienzo de su artículo: “las estrategias de las feministas prohibicionistas no sirven a la salud y el bienestar de las trabajadoras sexuales, sino que en realidad promueven la criminalización de las personas que pretenden proteger.  Por el contrario, los argumentos de este ensayo exponen un modelo de solidaridad con las personas que ejercen el trabajo sexual, en apoyo de sus propios movimientos en pro de la salud, la seguridad y la dignidad dentro del comercio sexual”.

Es curioso que la demanda penalizadora contra el consumo de la prostitución libre se esté intentando, interesadamente, solaparla con la trata, en particular, por parte determinadas ONGs  feministas, activistas o periodistas pseudoprogres de cuota afines a medios como Público y El Diario, que van con discurso “radical”, muy activas en las redes sociales, y también por recién aterrizadas en el feminismo pop, como las pseudoactrices Mabel Lozano y el dúo postizo de las Towanda Rebels, éstas conocidas a través de su video-show efectista Hola Putero.

Una de las ONGs más activas contra la prostitución y, en general, en todo lo concerniente a la industria de género (como en el reciente caso de la secuestradora Juana Rivas y otras) es Women’s Link, referente del que suele echar mano el feminismo postmoderno. Women’s Link no es una ONG cualquiera, sino una multinacional del negocio feminista creada en EEUU que ha constituido filiales en todo el mundo (incluida España) y que recibe apoyo económico de once potentes Fundaciones privadas estadounidenses, entre ellas dos muy conocidas y de las más poderosas: la Open Society de George Soros y la Fundación Ford.

Las feministas más intolerantes han focalizado su objetivo anti-prostitución, no en el sistema que explota y favorece esa industria del tráfico sexual de mujeres (donde el Estado monta, de vez en cuando, numeritos policiales de “desarticulación” de bandas organizadas de trata, para lavar su imagen) sino, como es habitual en su fóbica doctrina misándrica ya que su objetivo son los hombres, como consumidores (mayoritarios) finales de esa industria. Todo hombre es putero por definición y “culpable” de la existencia de la prostitución, de la trata, del tráfico de niños, del calentón global y del paro en Indochina.

La retórica feminista, de este modo, se nutre de falacias y falsedades para advertir que la mujer es víctima en todo caso, ya sea por el tráfico (lo cual es cierto), ya sea por ejercer la prostitución libre e individualmente (lo cual es incierto). Pero este maniqueismo no funciona, salvo en las mentes más sectarias del feminismo. El abolicionismo y el prohibicionismo, por otra parte, son dos conceptos que las feministas pretenden desligar cuando en la práctica, en su ideario, significan lo mismo, en su empeño de proscribir el “trabajo sexual” con el sólo objetivo de criminalizar al hombre.

Maynard deja bien a las claras de partida que: “Las abolicionistas creen que el trabajo sexual, en sí mismo, es intrínsecamente violento y explotador, y proponen, en cambio, que se adopte un enfoque prohibicionista y carcelario para eliminar ese trabajo.  Este modelo va en contra de las luchas por los derechos laborales, los derechos de las migrantes, la despenalización y la autodeterminación que actualmente están librando las activistas del trabajo sexual”.

Robyn Maynard fija su discurso, como canadiense, en la realidad de lo que fue y es la actividad de “trabajo sexual” en su país. Y expone qué clase de agenda ha movido siempre el abolicionismo-prohibicionismo: “Los grupos prohibicionistas en la reciente historia canadiense fueron colaboradores activos con una agenda carcelaria centrada en la prohibición del trabajo sexual, que se tradujo en arrestos, encarcelamiento y programas de rehabilitación forzosa para muchas trabajadoras sexuales. Muchos grupos de mujeres prohibicionistas fueron parte de una creciente tendencia de criminalización como medio para frenar los llamados vicios sociales e imponer el control sobre la sexualidad de las mujeres.  Esto tuvo el resultado correspondiente de vigilar a mujeres de clase baja, mujeres indígenas, inmigrantes y mujeres en el comercio sexual”.

Continúa Maynard: “A principios del siglo XX, un fuerte lobby de grupos de mujeres contra la prostitución apareció en Canadá y en el extranjero, en colaboración con grupos puritanos cristiano-protestantes, fue cada vez a más con un discurso explícito donde era necesario salvar a las mujeres del comercio sexual. El medio de lograr esta meta fue arrestar tanto a las mujeres como a los hombres que eran sus clientes.  Michaela Freund ha documentado uno de esos grupos, el Consejo de Mujeres de Vancouver, que estaba profundamente implicado en el proceso de criminalizar a las mujeres en el comercio sexual (y, en general, a las mujeres de clase baja)”.

“Este lobby estimuló la creación de una nueva división policial llamada División de Protección de Mujeres, también apoyada por la Liga de Amas de Casa de la Columbia Británica.  Esta división comenzó su actividad en 1912 y alcanzó su punto máximo en 1929, y fue atendida por mujeres que hicieron trabajo preventivo y visitas domiciliarias para evitar que las mujeres se involucrasen en el comercio sexual”.

“Joan Sangster, que estudió uno de los principales reformatorios de Ontario, el Reformatorio Mercer, demostró que muchas trabajadoras sexuales fueron enviadas contra su voluntad a centros de rehabilitación.  Estos reformatorios no fueron cualitativamente diferentes de la prisión, ya que las mujeres fueron retenidas contra su voluntad, obligadas a realizar trabajo doméstico, y además, “solo una minoría de los documentos que constan en los archivos de Mercer indican que las mujeres claramente abandonaron o quisieron abandonar la prostitución”.

Históricamente se podría afirmar, como señala Maynard que “Las abolicionistas, aunque supuestamente tienen en mente velar por los mejores intereses de las trabajadoras sexuales, han colaborado con enfoques prohibicionistas carcelarios contra el trabajo sexual en la imposición de un tipo particular de rol social y sexual para las mujeres en la sociedad, con resultados devastadores vividos por trabajadoras sexuales, inmigrantes y mujeres indígenas.

“Desafortunadamente, señala Maynard, no tenemos acceso a las voces de la mayoría de las trabajadoras sexuales que fueron forzadas contra su voluntad a “centros de rehabilitación” y prisiones a instancias de las prohibicionistas, la iglesia y los legisladores en la reciente historia canadiense.  En la época actual, sin embargo, las personas que ejercen el trabajo sexual se han empoderado cada vez más para organizarse, decidiendo por sí mismas para elaborar sus necesidades, en lugar de ser representadas como víctimas sin voz por otros”.

“Las activistas sexuales ven el daño involucrado en el trabajo sexual como arraigado en injusticias sistémicas más grandes en lugar de ser causado por el trabajo sexual en sí mismo. Debido a esto, las trabajadoras sexuales en Canadá han identificado cada vez más las leyes que penalizan su trabajo como una de las principales barreras para su seguridad, y de hecho como una de las principales causas de los altos niveles de violencia cometidos contra ellas”.

Tanto es así que una alianza de varias docenas de trabajadoras sexuales canadienses a pie de calle llamadas Sex Workers United Against violence (SWUAv), representadas por Pivot Legal Society, ”en varias ocasiones han denunciado públicamente los efectos negativos de la criminalización de las negociaciones entre las trabajadoras sexuales y sus clientes.  Numerosas publicaciones ordenadas por el gobierno han identificado la criminalización de estas interacciones cliente-trabajador como los principales factores en las condiciones existentes de violencia hacia las trabajadoras sexuales”.

Solidaridad frente a prohibicionismo. Maynard hace referencia a un  informe innovador de Kate Shannon del Centro de la Columbia Británica para la Excelencia en VIH/SIDA publicado en mayo de 2012 en el que se detallaba un “aumento en la seguridad percibida por las trabajadoras sexuales en Vancouver en Centros específicos para desarrollar su actividad con las siguientes reglas: “No traficar con drogas, no violentar ni presionar a otras mujeres para que hagan algo que no quieren hacer”. Estos centros para mujeres decidieron escuchar las necesidades de las trabajadoras sexuales en lugar de imponer sus propios puntos de vista sobre la industria y, en consecuencia, mejoró la seguridad de las mujeres”.

Maynard igualmente cita el caso de Nueva Zelanda, país que ha despenalizado por completo el “trabajo sexual”: “un estudio encargado por el Ministerio de Justicia demostró que las trabajadoras sexuales se sentían menos vulnerables a la violencia, que los niveles de explotación eran bajos y que el 60% de las trabajadoras sentían que tenían una mayor capacidad para denunciar la violencia en virtud de la nueva Ley de Reforma de la Prostitución que sin ella. El Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda también ha declarado que el acceso a los derechos laborales les permite combatir mejor los incidentes de violencia y explotación en sus lugares de trabajo. Por el contrario, el prohibicionismo moderno sigue siendo una forma de feminismo de “rescate” en lugar de feminismo basado en la solidaridad”. En su extremismo, la perspectiva prohibicionista niega que las trabajadoras sexuales puedan diferenciar entre trabajo sexual forzado y voluntario”.

Maynard matiza que, a pesar de las diferencias históricas existentes entre los abolicionistas de ayer y los de hoy hay un discurso en boga, ya señalado más arriba, claramente criminalizador “Los prohibicionistas contemporáneos difieren de sus contrapartes históricos en que ya no abogan directamente por el encarcelamiento o la rehabilitación forzada de las trabajadoras sexuales como el medio para terminar con la existencia del comercio sexual.  Sin embargo, su enfoque para abolir la prostitución sigue siendo necesariamente carcelario; dado que la compra en sí es vista como un acto violento, todos los clientes son vistos como abusadores y malhechores y todas los trabajadoras como víctimas”.

Las feministas abolicionistas en la Canadá de Maynard, como las de otros países de las democracias capitalistas, incluida España, son parte de una estrategia política de camuflaje del globalismo internacional para promulgar un modelo de prohibición como parte de una iniciativa estadounidense que comenzó bajo la administración Bush en 2003, el índice Trafficking in Persons (TIP), que define cualquier forma de prostitución, de facto, como tráfico y ha pedido la criminalización de los clientes en todo el mundo, a pesar de que muchas mujeres, por no decir todas (las que ejercen libre y voluntariamente), son las que ofertan sus servicios a los hombres. Detrás de esta iniciativa hay mucha hipocresía y lavado de imagen.

El TIP, dice Maynard, es un sistema de tres niveles que califica a los países sobre su supuesto éxito o fracaso en lo que considera que es la lucha contra el tráfico, y ejerce una influencia política significativa.  En efecto, sin embargo, a menudo ejerce presión sobre los países clientes para criminalizar (o aumentar la criminalización) el comercio sexual mediante incursiones y cerrando establecimientos de trabajo sexual, recompensándolos por una mayor represión del trabajo sexual y la migración ilegal, mientras castiga a los países que obtienen el puntaje más bajo en el índice TIP, con la amenaza de perder la ayuda extranjera estadounidense. 

En definitiva, el TIP es una herramienta de control político de EEUU enmascarada en la lucha contra la prostitución mundial (sea trata o no), de la misma forma, habría que decir, que aquella fraudulenta campaña de propaganda que la Administración Nixon lanzó en los años 70 a cuenta de la famosa “guerra contra las drogas”. En realidad, lo que estaba haciendo EEUU era aumentar los canales de distribución de droga para garantizarse ese país el control del narcotráfico eliminando la competencia de las mafias corsa o marsellesa mediante incursiones de la Interpol, favoreciendo a su vez a redes del crimen organizado como la mafia siciliana y los cárteles colombianos de la droga, que le eran más útiles en sus propósitos de obtener amplios fondos para la guerra sucia anticomunista (Operación Gladio). Para ello, EEUU utilizó a la CIA como operadora principal del narcotráfico a escala global.

Volviendo a la prostitución, señala Maynard que aunque Suecia es alabada por las feministas prohibicionistas por tomar medidas legislativas para criminalizar a los clientes, su propósito declarado de eliminar la industria del sexo ha sido un fracaso abyecto: En boca de los propios organismos oficiales suecos: “No podemos dar ninguna respuesta inequívoca a [la cuestión de si la prostitución ha aumentado o disminuido].  A lo sumo, podemos discernir que la prostitución callejera está regresando lentamente, después de desaparecer rápidamente a raíz de la ley”.

Maynard apunta algo a lo que las llamadas feministas “radicales” prefieren no ver y eludir el debate: “Ya sea si funcionan o no realmente esos métodos para eliminar el trabajo sexual, esa forma de feminismo de rescate está desconectada de las necesidades de las trabajadoras sexuales.  De hecho, la aplicación de la ley intenta centrarse en la criminalización de los clientes y ha tenido consecuencias perjudiciales para las trabajadoras sexuales de Canadá durante las últimas décadas. Por ejemplo, en Montreal en 2001, la policía realizó redadas masivas de clientes, y Stella, una organización de trabajadoras sexuales con sede en Montreal, documentó un aumento del triple de incidentes violentos y de cinco veces los incidentes con armas de fuego con resultados mortales durante un período de tres meses que duraron las redadas.”

El “modelo sueco” con el que sueñan las feministas más dogmáticas no sólo  no es la panacea anti-prostitución sino que ha desembocado en todo lo contrario. Maynard, lo describe: “Con la implementación internacional gradual del modelo sueco, las condiciones de trabajo y la seguridad relativa de las mujeres en todos los niveles de la industria del sexo se han visto reducidas considerablemente.  Según un estudio del Ministerio de Justicia y Policía de Norweigan, las trabajadoras sexuales a pie de calle en Suecia han informado que se sienten menos seguras y con mayor riesgo de violencia, y de hecho se enfrentan a un aumento real de la misma, mientras que las mujeres que trabajan en el interior de sus propios espacios se han enfrentado a un deterioro de las condiciones de trabajo. Las feministas prohibicionistas, incluida la Coalición contra la Trata de Mujeres y la Coalición de Mujeres para la Abolición de la Prostitución, abogan por la criminalización de todos los clientes como un medio para acabar con la trata, ya que no distinguen entre trabajadoras voluntarias y las que son forzadas a hacerlo. 

Maynard finaliza su larga exposición dejando bien claro a la neoinquisición feminista que: “El apoyo ético consiste en dejar que las trabajadoras sexuales determinen sus propias necesidades y reconocer que cada individuo tiene experiencias diferentes y es el más capaz para determinar el curso de su vida.  Todas las trabajadores sexuales merecen respeto, y necesitan ser apoyadas en sus elecciones en lugar de ser tratadas como víctimas que son incapaces de comprender su propia opresión. Como señala Nandita Sharma, autora de Home Economics: The Making of Migrant Labor in Canadá, “si queremos acabar con la explotación tenemos que dar más poder a las trabajadoras para poner fin a ella.

Las abolicionistas, por bien intencionadas que sean, continúan defendiendo la estructura del feminismo de rescate, apoyando políticas de cárcel y alineándose con los intereses de gobiernos de derechas.  Estas políticas promueven abusos contra los derechos de las trabajadoras sexuales. Como se describió anteriormente, el abolicionismo carcelario tiene poco efecto cuantitativo sobre el número de personas involucradas en el comercio sexual.  Además, causa un daño cualitativo, en forma de estigmatización y violencia hacia las trabajadoras sexuales (sin mencionar las deportaciones de las mujeres migrantes) que no desean ser “rescatadas”.

Finalizo. Si penalizan al “putero”….¿qué opciones van a dejar a las prostitutas, tanto las que abandonen el oficio como a las que no desean dejarlo? ¿Qué me dicen de las prostitutas que ofrecen voluntaria y conscientemente sus servicios pagando publicidad en los medios? ¿Qué clase de víctimas son estas? ¿Saben las cruzadas feministas que existen muchas putas de alto standing que sirven a jefes de Estado, políticos, jueces y representantes de las altas finanzas? ¿A esas también les van a “rescatar” o las dejamos a un lado? ¿Realmente quién promueve y está detrás del tráfico internacional de esclavas sexuales o prostitución infantil del Tercer Mundo que se importa a Occidente? ¿No serán los propios países capitalistas quiénes incitan, subterráneamente, esa demanda y a la vez implementan medidas represivas, aplaudidas por las feministas, para curarse en salud? ¿Tienen algo que decir agencias oficiales del crimen organizado como la CIA, la DEA (Agencia “anti-droga”) y el FBI, acusadas de promover redes internacionales de prostitución?

No hay respuesta a todo ello porque lo más fácil es seguir acurrucándose en las subvenciones del Estado (capitalista) y propagar en los medios hegemónicos que tanta voz les otorgan el cansino, disparatado y tóxico discurso de que el hombre es el “putero violador” que no paga por follar sino por “violar”…y así se construye el mendaz e idílico discurso abolicionista donde el objetivo a batir nunca es el sistema que genera injusticias sino que las feministas-yihadistas se apoyan precisamente en ese sistema para satanizar al hombre, ser perverso cuyo deporte favorito a lo largo de la historia es haber creado víctimas en serie del sexo femenino, casi diría que desde los mismos orígenes del espacio y el tiempo.

 

 

El nuevo modelo abolicionista

 

Por Laura Agustín 

12 de junio de 2017 

https://jacobinmag.com/2017/12/sex-work-the-pimping-of-prostitution-review

 

The Pimping of Prostitution, de Julie Bindel, pone a las trabajadoras sexuales en su punto de mira.

 

En el Moulin Rouge: El Baile, de Henri de Toulouse-Lautrec, 1890. Museo de Arte de Filadelfia / Wikimedia

 

 

Entrada para una enciclopedia del feminismo: Las Guerras del Trabajo Sexual: Décadas de acalorado debate sobre el significado de intercambiar sexo por dinero. Desacuerdo casi total sobre términos, definiciones, causas y efectos, y cómo medir los fenómenos involucrados. Incomprensión mutua sobre los significados culturales de sexo, identidad sexual y relaciones de género. Leyes respaldadas por políticos basadas en la supuesta verdad de una u otra opinión. Poca mejora para aquéllas sobre las que se discute. Consecuencia de las «guerras sexuales» lesbianas / feministas de los años ochenta.

 

Se ha lanzado un nuevo disparo en las Guerras del Trabajo Sexual. The Pimping of Prostitution, de Julie Bindel, llama a un retorno a comienzos más auténticos, cuando, como ella dice, todas las que participaron en el movimiento de liberación de la mujer de los años 60 fueron cautivas de unas pocas líderes brillantes.

Esta versión no me suena. Nos rebelamos contra la ideología doméstica de los años cincuenta que decía a las mujeres que fueran calladas, femeninas y satisfechas con hacer la casa para los hombres. El significado de la liberación era descubrir cómo vivir en nuestros propios términos, y si leíamos boletines a ciclostil de activistas, no creíamos que tuviéramos que estar necesariamente de acuerdo con ellas. No sentimos que nadie fuera nuestra líder. Hablamos juntas en las calles, en las aulas, en los cafés. Las experiencias de todas contaban.

En esas conversaciones, la prostitución no se consideraba un tema central ni una cosa terrible, o no más terrible que todo lo demás que reconocíamos como opresivo. Queríamos saber por qué no se pagaba el trabajo doméstico y se suponía que las mujeres debían llevar ellas solas el cuidado de los niños. Queríamos definir nuestras propias formas de disfrutar el sexo. Usamos una nueva palabra, «sexista». No recuerdo haber asistido a una sola reunión formal, pero me he identificado desde entonces como feminista.

En este libro, Bindel ofrece dos cosas: aplausos y comentarios hirientes. Aquellos que están de acuerdo con ella reciben aplausos, todos los demás reciben comentarios hirientes. Menos sutil que el comentario de boxeo que reconoce todos los buenos golpes, esta es una amargura nacida de la frustración: la prostitución todavía existe. Millett y Dworkin han sido traicionadas. Alguien debe pagar

Hoy en día, en las conversaciones sobre los derechos de las mujeres, existe un acuerdo generalizado sobre la necesidad de más educación, salarios iguales y mejores oportunidades laborales. Pero sacad a relucir los cuerpos físicos de las mujeres, y las ideologías de la feminidad y el patriarcado se disparan como un reguero de pólvora. El conflicto intransigente persigue la anticoncepción, el aborto, la maternidad subrogada y, quizás sobre todo, cómo las mujeres pueden consentir en tener relaciones sexuales. Para las feministas radicales como Bindel, la inserción de dinero en una relación sexual significa que ninguna mujer puede consentir nunca, incluso cuando dicen que sí consienten.

Las noticias sobre las mujeres que venden sexo han cambiado desde la publicación en el año 2000 del Protocolo de las Naciones Unidas sobre la trata de personas, aunque aún no se ha llegado a un acuerdo completo sobre las definiciones legales. Los reportajes de los medios confunden rutinariamente o usan todos los términos disponibles. La trata de personas no se distingue del contrabando de personas, pedir dinero prestado para emigrar se llama “esclavitud por deudas”, las condiciones laborales terribles y el trabajo infantil se convierten en “esclavitud moderna”, y la venta de sexo se renombra como “trata sexual” o “esclavitud sexual”. Todos los contextos socioculturales se eliminan a favor de definiciones universales. No se muestra interés en considerar cómo mejorar las condiciones laborales. El resultado es definir a las mujeres como víctimas que necesitan ser rescatadas, especialmente cuando están vendiendo sexo.

En este contexto, no es sorprendente que el abolicionismo deba resurgir en la corriente principal. Bindel llama al suyo el nuevo movimiento de abolición, vinculándolo engañosamente con las campañas de Josephine Butler del siglo XIX para abolir la regulación gubernamental de la prostitución (no la prostitución en sí). Bindel rechaza la proliferación de términos antes mencionada: «La trata de personas es simplemente un proceso en el que algunas mujeres y niños son prostituidos. La prostitución en sí misma es el problema.» Lo que al menos confirma una antigua queja de las activistas con respecto a las campañas contra la trata de personas: que el objetivo real es prohibir a cualquier mujer vender sexo, en cualquier lugar, en cualquier momento.

El miedo a la trata ahora se usa para justificar una variedad de regímenes represivos de política de prostitución, incluida una ley que prohíbe la compra de sexo. Primero se llamó el modelo sueco, luego el nórdico; esta ley, según Bindel, ahora se puede llamar el modelo abolicionista. La idea de esta prohibición es «Terminar con la Demanda», con la teoría de que, si a los hombres se les impidiera la compra de sexo, las mujeres no podrían ser explotadas y nunca venderían sexo. Es una teoría de mercado de la oferta y la demanda ridículamente simplificada . Las abolicionistas afirman que la ley despenaliza la venta de sexo por parte de las mujeres (apropiándose de la demanda central del movimiento por los derechos de las trabajadoras sexuales), sin abordar lo que sucedería con los ingresos de las mujeres si no hubiera clientes.

El subtítulo del libro, Aboliendo el mito del trabajo sexual, sugiere que probará que no hay trabajadoras sexuales. Bindel nombra muchos países que visitó. Detalla los sufrimientos personales de las mujeres que odiaban vender sexo: éstas son sus heroínas, y son vistas como individuos. Las representantes del «lobby pro prostitución», por el contrario, son tratadas como una serie de títeres, citadas para demostrar su cinismo. Aquellas que reconocen el concepto de autonomía como una de las razones para aceptar la existencia del trabajo sexual voluntario son ridiculizadas como feministas de «elección» o feministas de «diversión». No escuchamos nada de mujeres a las que puede no les guste el trabajo sexual, pero continúan haciéndolo por sus propias buenas razones.

Se arroja barro sobre gerentes de agencias de escorts, académicos queer, libertarios homosexuales, ONGs de VIH / salud, eruditos en migración, Amnistía Internacional y grupos dirigidos por trabajadoras sexuales. La mayor ira está reservada para financiadores como Open Society Foundations de George Soros por atreverse a tratar de fortalecer los derechos de las trabajadoras sexuales. Como quiere eliminar todas las diferencias y desacreditar a toda fuente concebible de oposición a la ideología feminista radical, la variedad en los tipos de trabajo sexual, los grados de control administrativo, las percepciones de autonomía y las cantidades de dinero son descartadas. Se lanzan resúmenes enlatados de algunos momentos de la historia de los derechos de las trabajadoras sexuales, pero se desprecia todo el movimiento social internacional como un «lobby» proxeneta.

Con fines de investigación, soy capaz de leer obras cuya visión del mundo no me gusta, pero este libro me derrotó. La tabla de contenido parece racional, pero cada capítulo consta de muchas subsecciones cortas que aparecen colocadas casi al azar. El estilo es irregular y torpe, lo que sugiere varios escritores y ningún editor. No hay profundidad, matices ni compromiso con las ideas.

Y encontré muy poco de lo que podría llamarse nuevo: ni hechos ni ideas. Si el movimiento abolicionista internacional esperaba que ésta fuera una nueva arma pesada contra los enemigos o una forma de convencer a los no expertos de que el trabajo sexual es una ilusión, sacudirán la cabeza con decepción.

Lo peor del proyecto abolicionista contemporáneo es su fracaso para encarar la cuestión de las opciones para las mujeres. ¿Bindel siente que Josephine Butler estaría de su lado? Yo creo que estaría del mío. A mediados del siglo XIX, Butler vio cuán pocas alternativas tenían las mujeres para alcanzar la independencia económica y no abogó por que se las privara de la posibilidad de vender sexo para sobrevivir.

Como académica en el campo, mi pregunta nunca ha sido si la venta de sexo es aceptable en términos morales o feministas. En cambio, me he centrado en el hecho de que las mujeres de todo el mundo tienen opciones de trabajo limitadas y, cuando no tienen una buena educación o están conectadas socialmente, esas opciones generalmente se reducen a trabajos mal remunerados y de bajo prestigio: venta ambulante, costura casera, cuidado, limpieza, trabajos de venta al por menor, trabajo en factorías y venta de sexo. Cuando las mujeres son inmigrantes indocumentadas, las opciones factibles se reducen a dos: vivir entre familias de otras personas como empleadas domésticas o vender sexo.

Dadas las bajas ganancias de estas ocupaciones, no es de extrañar que las mujeres que sienten que pueden tolerarlo hagan trabajo sexual. Menos tiempo dedicado a trabajar para obtener más dinero significa poder mantenerse, ayudar a los demás y aún tener tiempo para caminar o leer un libro. A veces, las trabajadoras sexuales establecen relaciones que no son bien vistas por los de fuera. Pero, ¿qué es lo que las abolicionistas creen que harán las mujeres con pocas opciones si se ven obligadas a dejar el trabajo sexual?

Las antiguas Lavanderías Magdalene y los hospitales con cerraduras no preveían nada mejor que la servidumbre doméstica para las «mujeres caídas». ¿Se sigue proponiendo de que ser una sirvienta a cambio de unos peniques y una escasa vida privada es mejor porque es más digno? ¿O es superior simplemente porque no es trabajo sexual? De cualquier manera, enfocarse siempre en los aspectos morales del trabajo sexual significa dejar siempre de lado los proyectos para mejorar las condiciones laborales y las protecciones legales.

La necesidad de Bindel de manifestar indignación ante la más mínima desviación de una ideología simplificada significa que los lectores no hagan distinciones entre cobardes proxenetas, grupos de derechos humanos, escorts independientes, investigadores académicos, trabajadoras en salones de masajes y Hugh Hefner. Todos somos lo mismo. Es la definición de libro de texto del fundamentalismo.

SUBVENCIONES: Desafiando las narrativas dominantes sobre el trabajo sexual

Fecha tope:

15 de junio de 2018

 

https://www.opensocietyfoundations.org/grants/challenging-dominant-narratives-sex-work-20180517?utm_source=Open+Society+Foundations&utm_campaign=24f3c9f8e3-Grants_RSS_email&utm_medium=email&utm_term=0_d16374add2-24f3c9f8e3-49475505

 

Desafiando las narrativas dominantes sobre el trabajo sexual

 

El Programa de Salud Pública de Open Society hace un llamamiento para recibir cartas de intención de organizaciones, grupos informales y redes de Francia, España y Suecia para solicitar fondos para proyectos que desafíen las narrativas dominantes sobre el trabajo sexual.

Las narraciones sobre el trabajo sexual moldean la forma en que percibimos y tratamos a las trabajadoras sexuales, la forma en que formulamos las leyes y las reglamentaciones sobre el trabajo sexual, y la forma en que se supervisa el trabajo sexual. En Europa, las narraciones sobre trabajadoras sexuales han cambiado significativamente en las últimas décadas. En el pasado, las trabajadoras sexuales generalmente eran consideradas delincuentes, degeneradas morales o vectores de enfermedades. Hoy, sin embargo, las narrativas sobre el trabajo sexual están configuradas de forma cada vez más dominante por un discurso de víctima. Las descripciones excesivamente simplistas de la prostitución como violencia contra las mujeres y la fusión del trabajo sexual consensuado y la trata de personas han dado lugar a leyes y reglamentaciones igualmente simplistas y dañinas.

Los esfuerzos para erradicar por completo el trabajo sexual mediante el «fin de la demanda» de servicios sexuales se han vuelto particularmente importantes en toda Europa occidental. La penalización de la compra de servicios sexuales y de las actividades relacionadas con el trabajo sexual, incluyendo anuncios y el hecho de que varias trabajadoras sexuales trabajen juntas, ha llevado a leyes y regulaciones que empujan el trabajo sexual cada vez más a la clandestinidad y aumentan el estigma, pero tienen poco impacto en el suministro de servicios sexuales. En Francia, un estudio de 2018 mostró que la ley de «fin de la demanda» en ese país llevó al 42 por ciento de las trabajadoras sexuales a una mayor exposición a la violencia, mientras que el 70 por ciento no experimentó cambios en las relaciones con la policía o incluso notó un deterioro de las mismas. En Suecia, que fue pionera en una ley de «fin de la demanda» hace casi veinte años, el trabajo sexual está lejos de haberse erradicado. Un informe del gobierno sobre la extensión de la prostitución publicado en 2014 mostró un aumento exponencial de los anuncios en internet de trabajadoras sexuales: de 304 en 2006 a 6.965 en 2014. Además, la policía sueca ha informado de un aumento en el número de lugares de trabajo sexual y un aumento en el número de los clientes más jóvenes.

Las narrativas de víctima también son prominentes en los medios de comunicación y en la cultura popular, lo que perpetúa aún más la marginación y el estigma. Las representaciones del trabajo sexual tienden a ser sensacionalistas y carecen de matices, y las voces y experiencias de las mismas trabajadoras sexuales a menudo están ausentes del todo. Al mismo tiempo, el arte y la cultura popular ofrecen oportunidades para desafiar las narrativas dominantes sobre el trabajo sexual mediante la introducción de nuevas voces y una mayor matización.

 

Criterios de elegibilidad

Los proyectos deben cumplir con la totalidad de los siguientes criterios para ser elegibles para la financiación:

  • El proyecto hace que el tema del trabajo sexual destaque más; proporciona un nuevo encuadre del tema del trabajo sexual o permite a los nuevos actores participar en el debate sobre el trabajo sexual.
  • Estratégico y relevante de cara a las leyes: si bien no esperamos que el cambio narrativo ocurra rápidamente, el proyecto propuesto debe diseñarse con el objetivo de cambiar el discurso público a largo plazo.
  • Centrados en las trabajadoras sexuales: los solicitantes deben demostrar liderazgo por trabajadoras sexuales o asociación de trabajadoras sexuales en igualdad de condiciones en todas las fases del proyecto.
  • El proyecto debe implementarse en uno de los siguientes países: Francia, España, Suecia.

 

Propósito y Prioridades

Con el objetivo general de desafiar las narrativas dominantes sobre el trabajo sexual, consideraremos financiar solicitudes que sean específicas para intervenciones creativas y artísticas que proporcionen contraargumentos a las representaciones de la corriente principal del trabajo sexual mediante:

  • sensibilización sobre los derechos de las trabajadoras sexuales y las consecuencias de la criminalización del trabajo sexual;
  • amplificación de las voces de las trabajadoras sexuales, empoderamiento de las trabajadoras sexuales para que cuenten sus propias historias y documenten sus experiencias cotidianas;
  • creación de espacios para el diálogo sobre el trabajo sexual y los múltiples problemas que afectan a las trabajadoras sexuales, incluida la pobreza, el estigma, las condiciones de trabajo precarias, la violencia, la deportación de inmigrantes indocumentadas, y más; y
  • realce de una multiplicidad de perspectivas sobre el trabajo sexual y contribución a los debates críticos sobre el trabajo sexual y los derechos humanos.

 

Directrices

Los solicitantes interesados ​​deben subir sus cartas de intención antes del 15 de junio de 2018, a través del Open Society Foundations Grant Portal. Los solicitantes pueden solicitar un máximo de 40.000 USD por un período máximo de 24 meses. Las cartas de intención no deben tener más de dos páginas y deben incluir un presupuesto con los puntos más importantes, así como las fechas de inicio y finalización propuestas.

Los solicitantes que tengan éxito serán contactados antes del 1 de julio de 2018 y tendrán hasta el 15 de julio de 2018 para presentar las propuestas completas para su consideración.

 

Las preguntas sobre el proceso de envío pueden dirigirse a:

SRHR.opencall@opensocietyfoundations.org

Lo que debemos al oculto e innovador activismo de las trabajadoras sexuales

 

Sin trabajadoras sexuales, nuestro panorama activista tendría un aspecto totalmente diferente, pero no esperéis leer acerca de su contribución en los libros de historia.

 

Por Leonie Roderick

8 de marzo de 2017

https://broadly.vice.com/en_us/article/8x4gmx/what-we-owe-to-the-hidden-groundbreaking-activism-of-sex-workers?utm_campaign=sharebutton

Trabajadoras sexuales en una manifestación por la legalización del trabajo sexual en Roma, Italia. Foto de Marco Ravagli / Barcroft Media a través de Getty Images

 

No existen cifras oficiales sobre el número de trabajadoras sexuales que existen en el mundo, siendo las estimaciones de aproximadamente entre 13,8 y 30 millones de personas. Pero su labor ha sido bien documentada a lo largo de las épocas, pasando por todas las clases y las sociedades, desde los burdeles legales durante el Imperio Romano hasta las oirans (cortesanas) japonesas. Es imposible imaginar un mundo sin trabajadoras sexuales.

Y —a pesar de la exclusión social— las mujeres corrientes tienen mucho que agradecer a las trabajadoras sexuales. Históricamente, las trabajadoras sexuales han estado muy involucradas en el activismo y han trabajado duro para promover los derechos de las mujeres y los derechos de los trabajadores, tanto dentro como fuera de la industria del trabajo sexual.

No leeréis nada en los libros de historia sobre las aportaciones de las trabajadoras sexuales a los derechos de las mujeres. La mayoría de sus esfuerzos han sido ridiculizados en el mejor de los casos e ignorados en el peor. La trabajadora sexual y activista Juno Mac, de la Sex Worker Open University y el Colectivo Inglés de Prostitutas, explica lo que se podría haber perdido sin la ayuda de las trabajadoras sexuales.

BROADLY: Hola Juno, gracias por hablar con nosotros. ¿Qué aspecto tendría para ti un mundo sin trabajadoras sexuales? 

Juno Mac: Para mí, no hay dudas sobre el significativo progreso político logrado en la sociedad gracias a las inestimables contribuciones hechas por las trabajadoras sexuales a lo largo de la historia. La mayoría de las veces, esto no ha sido reconocido.

Las contribuciones de las trabajadoras sexuales se remontan a las hetairas (cortesanas) de la antigua Grecia que buscaban promover la educación de las mujeres; a la activista y poeta estadounidense Maya Angelou, quien abiertamente escribió sobre sus experiencias como trabajadora sexual. El activismo moderno de las trabajadoras sexuales comenzó casi al mismo tiempo que el ascenso de los movimientos feministas y otros movimientos de justicia social en los años setenta. Las amas de casa también deben agradecer su progreso a las trabajadoras sexuales. El activismo del Colectivo Inglés de Prostitutas fue una parte esencial de la campaña «Salarios para el trabajo doméstico». Fue lanzada en Italia en 1972 para crear conciencia sobre cómo el trabajo doméstico y el cuidado de los niños son la base de todo el trabajo industrial y que a las mujeres se les debe pagar en consecuencia. También quería llamar la atención sobre la legitimidad y el valor del trabajo emocional de las mujeres en general, incluidas las trabajadoras sexuales.

¿Qué más hubiera sido diferente sin las trabajadoras sexuales? 

Las trabajadoras sexuales también han estado a la vanguardia de la salud pública y fueron increíblemente activas en la lucha contra el VIH y el SIDA. El Proyecto de Educación de Prostitutas de California fue fundado en 1984 para investigar el SIDA en las mujeres y proporcionar educación y preservativos. Cuando se celebró la Conferencia Internacional sobre el SIDA en EE. UU. en 2012, se organizó un evento paralelo completo en la India para que muchas trabajadoras sexuales activas en el activismo contra el SIDA —a las que se prohibió entrar en los EE. UU. debido a las restricciones de viaje impuestas por el gobierno a trabajadoras sexuales y usuarios de drogas— pudieran asistir.

¿Cómo se relaciona esto con el entorno político actual en el que se encuentran las trabajadoras sexuales?

En lo que respecta a los movimientos activistas en la actualidad, hay un gran conflicto interno sobre si las trabajadoras sexuales son bienvenidas o no en la mesa. Grandes partes del movimiento feminista dominante todavía nos rehuyen o trabajan activamente en contra de nuestros llamamientos a la despenalización. Incluso el movimiento LGBTQ duda si incluirnos. A pesar de que los disturbios de Stonewall fueron desendadenados por Sylvia Rivera, una trabajadora sexual trans, la organización de Stonewall aún no ha presentado una política de despenalización. Esto está sucediendo en un clima de creciente penalización contra las trabajadoras sexuales queer.

Pero, como siempre, perseveramos, y en todo el mundo las trabajadoras sexuales están luchando contra su propia penalización. Estamos firmemente integradas en otros movimientos, tejiendo nuestra defensa a través de la resistencia al complejo industrial penitenciario, en oposición a la violencia de la policía y a las fronteras, en la lucha contra la austeridad o la lucha por la despenalización de las drogas. Como puedes ver, lucharemos por muchas otras causas además de la nuestra.


Una manifestante en una manifestación por los derechos de las trabajadoras sexuales en Minneapolis. Foto del usuario de Flickr Fibonacci Blue

 

¿Qué pasaría si las mujeres involucradas en el trabajo sexual organizaran una huelga o se negaran a ir a trabajar por un tiempo? ¿Cuáles serían las implicaciones sociales?

Por el momento, si las trabajadoras sexuales nos pusiéramos en huelga, todas seríamos más pobres: no tenemos apoyo sindical ni una caja de resistencia. Los piquetes son una forma muy pública de presionar a los patronos y solo son accesibles para aquellos que no están penalizados. No podemos pedir cuentas a nuestros jefes hasta que podamos salir de las sombras.

Entonces, para descubrir cómo sería un mundo sin prostitución, o qué movimiento huelguístico se podría hacer para crear una industria sexual drásticamente cambiada, primero tendríamos que despenalizarla. Esto también cuenta con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud, ONUSIDA, el Lancet Medical Journal, las Fundaciones de la Open Society , el Observatorio de Derechos Humanos y Amnistía Internacional.

Reducir la trata de personas a través de la despenalización del trabajo sexual

 

AMA Journal of Ethics. January 2017, Volume 19, Number 1: 122-126.

 

Erin Albright, JD y Kate D’Adamo, MA

 

http: //journalofethics.ama-assn.org/2017/01/sect2-1701.html

 

Resumen

Para reducir la trata de personas, los trabajadores de la salud deberían apoyar la despenalización total de la prostitución. Al igual que la trata en otros tipos de trabajo, la prevención de la trata en el comercio sexual requiere abordar las diferentes formas de marginación que crean comunidades vulnerables. Al eliminar las leyes punitivas que impiden denunciar la explotación y el abuso, la despenalización permite a las trabajadoras sexuales trabajar de forma más segura, reduciendo así la marginación y la vulnerabilidad. La despenalización también puede ayudar a desestigmatizar el trabajo sexual y ayudar a resistir la marginación política, social y cultural de las trabajadoras sexuales.

 

 

Introducción

 

En agosto de 2016, Amnistía Internacional, manteniendo y reafirmando su enérgica condena de la trata de personas, publicó una orientación política modelo que llama a los países a despenalizar el comercio sexual para proteger mejor la salud y los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual [1]. Como explica Amnistía en la orientación política, la despenalización es el cambio de «delitos comunes que penalizan la mayoría o todos los aspectos del trabajo sexual», incluidas las leyes que se dirigen a terceros no coercitivos que compran o facilitan el trabajo sexual, a «leyes y políticas que brindan protección a las trabajadoras sexuales de los actos de explotación y abuso «[2]. La política ha sido respaldada por la Organización Mundial de la Salud, ONUSIDA, la Alianza Global contra el Tráfico de Mujeres (GAATW), Human Rights Watch, Lambda Legal, la Unión Americana de Libertades Civiles, Freedom Network USA y muchas otras organizaciones que se enfocan en poblaciones vulnerables, incluidas las víctimas de la trata de personas [3, 4]. Lo que es más importante, es una política abrumadoramente respaldada por las personas que comercian con sexo: la comunidad afectada por estas leyes y políticas [5].

 

En contraste, las organizaciones que ven la despenalización como algo que da permiso e impunidad a los posibles explotadores han criticado esta orientación política, a pesar de la insistencia expresada en ésta en que se mantengan o establezcan leyes contra la trata y las agresiones físicas y sexuales [1]. Sin embargo, estas críticas no logran entablar una conversación matizada sobre el trabajo sexual en lo que respecta a la explotación, la pobreza, la discriminación, los derechos de las trabajadoras y la trata de personas [6]. Más importante aún, la investigación muestra lo contrario: la penalización crea condiciones de impunidad y aumenta las vulnerabilidades de las trabajadoras sexuales a la violencia y la explotación, incluida la trata.

 

Razones para oponerse a la penalización del trabajo sexual

 

El trabajo sexual y la trata sexual no son sinónimos. La participación en el comercio sexual se produce en un espectro constantemente cambiante de elección, circunstancia y coacción. Las víctimas de trata se encuentran en el otro extremo de este espectro, implicadas en el trabajo sexual por la fuerza o la coacción. Si bien es difícil cuantificar el número de personas víctimas de trata en el comercio sexual, sí sabemos, como veremos más adelante, que la penalización del trabajo sexual aumenta la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales a la violencia, la explotación y la trata [7]. De esta forma, aquí, discutimos cuatro razones por las cuales los profesionales de la salud deberían oponerse a la penalización del trabajo sexual.

 

Aumento de la violencia. En primer lugar, la penalización aumenta las oportunidades de violencia que, de facto, no se pueden denunciar [7]; es decir, debido a que el trabajo que realizan se considera una actividad delictiva, las personas que ejercen el trabajo sexual son blancos fáciles de abuso y explotación, incluido la trata. El temor a la detención y otras consecuencias significa que aquellas personas que participan en el trabajo sexual tienen menos probabilidades de denunciar casos de violencia o explotación, lo que resulta en un «clima de impunidad que fomenta que la policía, el sector de la salud y grupos no estatales abusen de los derechos de las trabajadoras sexuales»[8]. Esto es cierto incluso para los llamados marcos de «penalización parcial», como los que penalizan sólo a los compradores de sexo. Si bien dicha estrategia parece basarse, a primera vista, en el bienestar de las personas que ejercen el trabajo sexual, su puesta en práctica a menudo significa la vigilancia de las áreas donde las trabajadoras sexuales realizan su trabajo. Esto obliga a trabajar en condiciones y lugares más aislados, lo que aumenta la vulnerabilidad física. Interrumpe las estrategias y negociaciones de seguridad críticas, incluidas las técnicas de reducción de daños, como el uso de preservativos, y las redes de pares [7]. Según un estudio publicado en The Lancet, la penalización parcial «crea daños similares a los de la penalización total al impedir la capacidad de las trabajadoras sexuales de proteger su salud y su seguridad, y creando una relación antagónica con la policía que da lugar a un clima de impunidad» [8].

 

Erosión de confianza. En segundo lugar, la penalización socava la confianza en los sistemas de apoyo, incluida la atención de la salud. El temor a ser juzagas moralmente, la discriminación, la menor calidad del servicio y las consecuencias legales impiden que muchas divulguen que están involucradas en el trabajo sexual, independientemente de si se han implicado a través de la elección, las circunstancias o la coacción [9]. Un estudio de 783 trabajadoras sexuales informó que el 70 por ciento nunca había revelado la naturaleza de su trabajo a un profesional de la salud [10]. En una evaluación de necesidades de trabajadoras sexuales que buscan clientes en espacios públicos, a menudo referidas como trabajadoras sexuales callejeras, una mujer explicó: «Fui violada y tenía miedo de ser enjuiciada por el hospital y que llamaran a la policía». [9]. Interrumpir la relación entre un profesional de la salud y una trabajadora sexual puede significar que no se tengan en cuenta las señales de alarma importantes de la explotación, la violencia y la trata.

 

Aumento de la vulnerabilidad. En tercer lugar, la implicación en el sistema de justicia penal crea consecuencias duraderas, en términos de la evolución de la salud de una persona y la vulnerabilidad a la trata y otras formas de explotación. La incapacidad de ocultar una detención y condena por prostitución hace que la obtención de empleo formal, vivienda, prestaciones sociales y apoyo comunitario sea significativamente más difícil. Las multas y los costos asociados con una detención agravan la pobreza, lo que aumenta significativamente la vulnerabilidad de una persona a la trata y otras formas de explotación.

 

Estigma. Finalmente, la penalización refuerza el estigma, que perpetúa la marginación de las trabajadoras sexuales. Las investigaciones respaldan el hecho de que las trabajadoras sexuales son algunas de las personas más marginadas del mundo, sometidas a violaciones generalizadas de los derechos humanos que incluyen homicidio, violencia física y sexual, encarcelamiento, acoso por parte de las fuerzas del orden y discriminación en el acceso a la atención médica y otras fuentes de apoyo [1] Social, cultural, política y económicamente, las trabajadoras sexuales son estigmatizadas, ignoradas y silenciadas activamente incluso en espacios activistas que debaten sobre las mismas políticas que influyen en sus vidas [11]. Con demasiada frecuencia, se habla de las personas que ejercen el trabajo sexual en lugar de darles una plataforma para hablar por sí mismas, y el resultado es la falta de reconocimiento y cumplimiento de sus derechos humanos básicos.

 

Conclusión

 

La despenalización puede motivar un mayor reconocimiento de los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual y es por tanto un mecanismo de importancia crítica para disminuir la trata. Cuando mejoramos la salud y los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual, también lo hacemos para aquellas que son víctimas de trata sexual. De hecho, los «Principios y directrices recomendados sobre derechos humanos y trata» de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señala que «las violaciones de los derechos humanos son a la vez causa y consecuencia de la trata de personas» y, por lo tanto, es «esencial colocar la protección de todos los derechos humanos en el centro de todas las medidas adoptadas para prevenir y poner fin a la trata «[12]. Al despenalizar el trabajo sexual, las trabajadoras sexuales que sufren violencia pueden buscar ayuda de las fuerzas de orden público, los trabajadores de la salud o incluso amigos, con menos temor a las consecuencias para ellas mismas o para otros. Pueden unirse a redes de pares y emplear técnicas de reducción de daños que les ayuden a mantenerse más seguras, de modo que ya no tengan que arrostrar las consecuencias de una ficha penal simplemente por tratar de sobrevivir.

 

 

Referencias

  1. Amnesty International. Sex workers at risk: a research summary on human rights abuses against sex workers. http://www.amnestyusa.org/sites/default/files/briefing_-_sex_workers_rights_-_embargoed_-_final.pdf. Published May 2016. Accessed September 5, 2016.
  2. Amnesty International, 20.
  3. Women’s rights organization applauds new Amnesty International Policy to protect sex workers’ rights [news release]. Washington, DC: Center for Health and Gender Equity; May 26, 2016. Accessed October 19, 2016.
  4. Koster K. Does Amnesty International’s sex work resolution support “gender Apartheid”? Huffington Post. November 3, 2015. http://www.huffingtonpost.com/katherine-koster/amnesty-sex-work-resolution_b_8447106.html. Accessed October 19, 2016.
  5. Due to the myriad systems that marginalize women, including gender discrimination in the formal workplace and a higher scrutiny for policing under prostitution and loitering laws, women, both cis and transgender, are disproportionately engaged in the sex trade and may experience higher rates of exploitation. See, for example, Bobashev GV, Zule WA, Osilla KC, Kline TL, Wechsberg WM. Transactional sex among men and women in the South at high risk for HIV and other STIs. J Urban Health. 2009;86(suppl 1):32-47.
  6. Critics may also incorrectly use the terms decriminalization and legalization interchangeably, despite important differences in meaning. Legalization involves imposing state control over sex work through regulation, often in ways that perpetuate marginalization of vulnerable people.
  7. World Health Organization. Implementing Comprehensive HIV/STI Programmes with Sex Workers: Practical Approaches from Collaborative Interventions. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2013:24.
    http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/90000/1/9789241506182_
    eng.pdf?ua=1. Accessed September 12, 2016.
  8. Decker R, Crago AL, Chu SK, et al. Human rights violations against sex workers: burden and effect on HIV. Lancet. 2015;385(9963):192.
  9. Neal N, Schrader T, Hyndman, et al. Street based sex workers needs assessment: Toronto, Barrie and Oshwa. Street Health. February 2014:15. http://www.streethealth.ca/downloads/sex-workers-needs-assessment.pdf. Accessed August 25, 2016.
  10. Cohan D, Lutnick A, Davidson P, et al. Sex worker health: San Francisco style. Sex Transm Infect. 2006;82(5):418-422.
  11. Sukthankar A. Sex work, HIV and the law. Paper presented at: 3rd Annual Meeting of the Technical Advisory Group of the Global Commission on HIV and the Law; July 7-9, 2011; Geneva, Switzerland. http://hivlawcommission.org/index.php/report-working-papers?task=document.viewdoc&id=99. Accessed November 11, 2016.
  12. United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights. Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking. http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Traffickingen.pdf. Published 2002:3. Accessed November 18, 2016

 

Erin Albright, JD, es la directora regional de programas en Give Way to Freedom, en Boston. Sus ocho años de experiencia en el campo contra la trata incluyen trabajos para la Unidad de Trata de Personas del Departamento de Policía de Boston, gestión de una red de proveedores de servicios en Nueva Inglaterra, participación y liderazgo para Freedom Network USA y asesoramiento y liderazgo para grupos de trabajo en Nueva Inglaterra y en todo el país. Se especializa en el desarrollo de la capacidad de organización y la colaboración de servicios a través de la capacitación y la consulta con proveedores de servicios, fuerzas del orden público, grupos de trabajo y legisladores.

Kate D’Adamo, MA, es una defensora de políticas nacionales en el Proyecto de Trabajadoras Sexuales en la ciudad de Nueva York, donde trabaja en políticas y apoyo social a nivel estatal, federal e interregional sobre cuestiones que afectan a quienes participan en el comercio sexual, incluida la trata de personas y el VIH. Antes de unirse al Proyecto de Trabajadoras Sexuales, Kate fue una organizadora principal del Proyecto de Extensión de Trabajadoras Sexuales en Nueva York y Sex Workers Action New York, dos organizaciones dirigidas por mandantes que apoyan a quienes comercian con sexo en el área de la ciudad de Nueva York. También ha trabajado en temas como la trata de personas, los derechos laborales, la solidaridad internacional y la migración en la Comisión Internacional de Derechos Laborales, Global Workers Justice Alliance, Open Society Foundation y Freedom Network USA.

Reconocimientos

Los autores desean agradecer a Meg Muñoz, fundadora y directora ejecutiva de Abeni, por su aporte, sabiduría y liderazgo general sobre este tema.

La ley de Alemania pone en peligro a las trabajadoras sexuales

Por un grupo diverso de trabajadoras sexuales activistas con sede en Berlín

8 julio 2016

Https://www.opendemocracy.net/beyondslavery/diverse-group-of-berlin-based-sex-worker-activists/german-law-endangers-sex-workers

La “ley de protección a las prostitutas”, aprobada el 7 de julio de 2016 por el parlamento alemán, es un enorme retroceso para los derechos de las trabajadoras del sexo.

 

Photo by Hydra. All Rights Reserved.

El 7 de julio es un día triste en la historia de los derechos de las trabajadoras sexuales en Alemania. El gobierno aprobó la ProstSchG (ley de protección de prostitutas) en el Bundestag alemán.

Somos trabajadoras del sexo de una variedad de lugares de trabajo y de ambientes. Entre nosotras hay profesionales del sexo en las calles y los burdeles, practicantes tántricas, escorts independientes, trabajadoras del BDSM y muchas más, afiliadas o no a uno o más de los grupos de derechos de las trabajadoras sexuales existentes.

Como profesionales del sexo y expertas en nuestro trabajo, condiciones y vidas, hemos sido inflexibles desde el principio: la nueva ley es muy peligrosa para aquellas a las que se supone que va a “proteger”, es decir, nosotras mismas.

Juntas tratamos de luchar contra la futura ley alemana y sus implicaciones. He aquí por qué: a pesar de las severas advertencias de grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional, Deutsche Aidshilfe, Hydra (la organización profesional nacional de profesionales del sexo), y muchos más expertos, la nueva ley hará obligatorio el registro obligatorio de las trabajadoras sexuales en todo el país.

La ley pretende luchar contra la trata de personas. Pero en lugar de ayudar a las víctimas de este crimen, eleva la estigmatización de las trabajadoras sexuales a un nuevo nivel. El registro forzado a través del asesoramiento obligatorio incluye la evaluación del estado mental por una autoridad estatal e implica que las trabajadoras sexuales (casi exclusivamente referidas como mujeres) son percibidas como seres irresponsables, mentalmente incapaces. Nos oponemos a esta opinión discriminatoria y reclamamos nuestra autonomía para tomar decisiones bien informadas sobre nuestras elecciones de vida y nuestra sexualidad. Somos adultas y nos dedicamos al trabajo sexual consensuado.

«¿Es mentalmente capaz de entender lo que el trabajo sexual le hace a usted?»

Nuestro carnet personal de prostituta será un documento emitido por el Estado incluyendo nuestra foto; nuestra profesión (que es «prostituta», ya que la palabra «trabajadora sexual» es un poco demasiado moderna para el Estado alemán), nuestro verdadero nombre y dirección, y nos identificará como profesionales del sexo aprobadas por el Estado. Para conseguirlo, nos veremos forzadas a visitar un organismo estatal y a recibir asesoramiento. La autoridad gubernamental que tendrá que tratar con nosotras todavía no se ha revelado, pero lo más probable es que sea la policía o el Ordnungsamt (orden público) los que se encargarán de juzgar si somos lo suficientemente estables mentalmente como para asumir la profesión. Lo estáis leyendo bien: un funcionario decidirá en una charla obligatoria si tienes el cerebro suficientemente amueblado para ser una trabajadora del sexo.

Genial.

No olvidemos también esto: sólo se podrá obtener el carnet de puta si se tiene un permiso de trabajo oficial. Esto excluye por completo a las inmigrantes, las solicitantes de asilo y muchas personas de los otros grupos más vulnerables de la sociedad que participan conscientemente en el trabajo sexual para sobrevivir. No tienes permiso de trabajo, no tienes carnet de puta. Si te pillan haciendo trabajo sexual con el fin de sostenerte a tí misma y a tu familia, serás deportada, muy probablemente a un país en el que el trabajo sexual siga siendo criminalizado y judicializado.

Una vez trabajadora sexual, siempre trabajadora sexual. Nuestro estigma ignorado

Genial, imaginad que conseguimos un carnet de puta. Ahora ya estamos oficialmente registradas como prostitutas en una base de datos del Estado. Todos sabemos que las bases de datos protegidas por el Estado que contienen información confidencial nunca se filtran, ni se piratean, ni se usan mal. Bueno, en realidad, sí que lo son.

Todas nos sentimos muy seguras ahora que hay una gran oportunidad de que, por ahora y por siempre, se nos descubra como trabajadoras sexuales. Esperemos que nunca planeemos trabajar en otro campo profesional, adoptar niños, convertirnos en políticos, viajar libremente o reservar alojamiento en unas vacaciones.

Obligar a las trabajadoras del sexo independientes a volverse dependientes

Pretendiendo «salvar» a las trabajadoras sexuales precarias, la nueva ley suprimirá activamente pequeños lugares de trabajo auto-organizados obligando a los propietarios de burdeles a obtener permiso para sus establecimientos. Tan útil como sería asegurarse sencillamente de que los burdeles cumplieran con los estándares básicos de la industria como la higiene o la seguridad de sus trabajadores, esta parte de la ley también hará imposible que las trabajadoras sexuales auto-organizadas trabajen juntas en equipos de dos o tres en pequeños lugares. Las trabajadoras que decidan compartir un pequeño espacio de trabajo serán consideradas como burdeles. Bajo la nueva ley, las trabajadoras sexuales en interiores tendrán sólo tres opciones:

Una, el trabajo en nuestras propias casas, ya sean alquiladas o en propiedad, e invitar a los clientes a nuestros dormitorios privados, lo que nos volverá potencialmente más vulnerables a los clientes abusivos, la violencia y las redadas policiales.

Dos, solicitar una habitación en un burdel regulado y certificado. Es fácil predecir que sólo unos cuantos burdeles podrán obtener la certificación necesaria por parte de las autoridades estatales. Esto conducirá a una escasez artificial de lugares de trabajo legales. Pensemos un momento en la oferta, la demanda, la explotación laboral y quién será el eslabón más vulnerable de esta cadena capitalista. Probablemente no serán los grandes propietarios de burdeles, sino más bien las trabajadoras. Estaremos atrapadas entre las prácticas de explotación de los grandes burdeles y la ilegalidad, donde nos arriesgamos al abuso y al chantaje de terceros.

 

De hecho, la tercera opción, seguramente la menos deseada, será trabajar ilegalmente. Compartir un piso con una colega para garantizar la independencia y la seguridad estará prohibido, a menos que se obtenga una licencia para poseer un burdel. Lástima que esta decisión será muy costosa y por lo tanto increíblemente difícil de lograr. Las leyes alemanas de regulación de edificios no son fáciles de manejar, pensad tan solo en el papeleo. Sólo las trabajadoras sexuales más capacitadas, pudientes y con conocimientos legales podrán obtener permiso.

 

Aquellas de nosotras que sean más vulnerables, pobres y precarias, aquellas que no tengan permiso de trabajo legal y aquellas que no pasen la prueba mental por falta de alfabetización y habilidades de lenguaje se quedarán en gran parte sin otra opción que terminar en la ilegalidad..

 

La nueva ley probablemente también empujará a muchas de nosotras a trabajar en condiciones inseguras e incluso a ofrecer servicios sin protección. Los clientes que buscan servicios desprotegidos o inhumanamente baratos probablemente buscarán trabajadoras sexuales precarias ilegalizadas en lugar de ir a burdeles legales enormes y controlados.

 

Como trabajadoras sexuales y expertas en nuestro trabajo, condiciones y vidas, hemos sido inflexibles desde el principio: la nueva ley es muy peligrosa para aquellas de nosotras que se supone que serán «protegidas» por esta misma ley y sus creadores. Si nos hubieran escuchado, esta ley nunca habría sido aprobada. Pero seguramente no se pide a los que se quiere proteger qué tipo de protección necesitan. Seguramente, los legisladores y los políticos de partido lo saben mejor. Bueno, en realidad, no.

Congreso Internacional de Sida: Los miedos de una prostituta

 

Como en muchos países, en Sudáfrica las trabajadoras sexuales son delincuentes, algo que las hace todavía más vulnerables a abusos y a enfermedades como el sida

 

Por Pablo Linde

Ciudad del Cabo / Durban 20 JUL 2016

http://elpais.com/elpais/2016/07/18/planeta_futuro/1468860161_427018.html

 

Ncumisa Sonandi, exprostituta de 29 años, ahora asesora a otras trabajadores sexuales. A su lado, su hija Luciana, de seis años. JAMES OATWAY

Ncumisa Sonandi, exprostituta de 29 años, ahora asesora a otras trabajadoras sexuales. A su lado, su hija Luciana, de seis años. JAMES OATWAY

 

Miedo. Miedo a las palizas, a los abusos, a la policía, a ser forzadas al sexo anal. Miedo al arresto, a las violaciones, a los asesinatos, a los secuestros, a la extorsión, a que se rompa un condón y al VIH, si es que no lo portan ya. Miedo al estigma, al qué dirán, a que sus propias familias sepan lo que hacen, a poner a sus hijos frente a su realidad. Miedo incluso a enamorarse de un cliente. En una nave a las afueras de Ciudad del Cabo, más de una veintena de prostitutas hace terapia de grupo exponiendo todos los temores de un trabajo que en Sudáfrica es ilegal. Ser delincuentes por la forma en la que se ganan la vida les hace todavía más vulnerables a todas estas amenazas, algo que, con diferentes tipos de legislación, sucede en la mayoría del mundo.

Gita November, una prostituta transexual de 43 años que lleva ejerciendo desde los 25, cuenta que es frecuente que los clientes no le paguen. “Como saben que nuestro trabajo es ilegal y no podemos denunciar si nos ocurre algo así, simplemente algunos deciden irse sin darnos nuestro dinero”, explica. Mejor no cobrar que acudir a la policía. “Una vez tuve que ir a la comisaría por asuntos personales y los agentes me reconocieron de la calle. Sin mediar más explicaciones me dieron una paliza y no atendieron mi caso”, explica.

Un estudio presentado este martes en Congreso Internacional de Sida que se está celebrando en Durban (Sudáfrica) muestra que prácticamente todas las prostitutas sudafricanas han sufrido algún tipo de violencia policial. “Tu cliente te viola, vas a la policía e incluso ellos abusan física y emocionalmente de ti. Como uno que me dijo que le enseñase mi vagina para comprobar que estaba dañada y que así pudiera ayudarme. Cuando se la mostré comenzó a violarme. Ni siquiera me atrevo a contarlo porque sé que se van a reír de mí”, narra una trabajadora sexual que prefiere no desvelar su identidad.

Si casos como los anteriores son frecuentes, es en buena medida porque la prostitución es un delito en el país, según denuncian las organizaciones en favor de los derechos de las trabajadoras sexuales. La evidencia les respalda. Varios estudios muestran que la criminalización de la prostitución es la mejor forma de fomentar los abusos y la propagación de enfermedades sexuales. Entre ellos, una serie publicada por la prestigiosa revista médica The Lancet en 2014. Según estas investigaciones, la descriminalización de las trabajadoras sexuales disminuye la violencia entre un 17% y un 20% y reduce el riesgo de infección de VIH en un 33% y un 46%. Una de las razones es que la tenencia de condones es una de las pruebas que suelen usar los agentes de los países que criminalizan la prostitución para arrestar a quienes la practican, así que un tercio de ellas decide no llevarlos consigo. En Australia, por ejemplo, donde en algunas regiones es legal y en otras no, se ha mostrado que en las primeras hay tasas mucho más bajas de infección.

“Cuando el trabajo sexual no es delito quienes lo practican están empoderadas para insistir en el uso del preservativo por parte de los clientes y tienen mejor acceso a las pruebas y los tratamientos de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual”, asegura el documento 10 razones para no criminalizar el trabajo sexual, de la Open Society.

El ejemplo en Sudáfrica es flagrante. Sus meretrices presentan la prevalencia de VIH más altas que prácticamente cualquier otro colectivo del mundo. Un estudio publicado en 2014 sobre su salud mostraba tasas del 71% en Johannesburgo, de un 40% en Ciudad del Cabo y de un 53,5% en Durban. Para dar una idea de la magnitud del problema, entre los trabajadores sexuales de todo el mundo se calcula que un 11,8% de las mujeres es seropositiva, un 14% de los hombres, y un 27,3% de las transexuales. Eso sí, para contextualizar este dato también hay que tener en cuenta que la tasa de VIH en el planeta es de un 0,8% frente al 13% de Sudáfrica.

Varias organizaciones trabajan en paralelo para presionar al Gobierno a que cambie las leyes y, mientras esto no sucede, a asesorar a las prostitutas para minimizar el abuso y proporcionarle el mayor acceso posible a la información, asistencia legal y sanitaria. En el Equipo de Trabajo para el Apoyo y la Educación de las Trabajadoras Sexuales (Sweat, por sus siglas en inglés), donde las prostitutas hacían terapia de grupo, no paran de reivindicar el trabajo sexual como “uno más”. Tienen habilitada una línea de teléfono las 24 horas para que las 153.000 prostitutas que estiman que trabajan en el país puedan llamar en cualquier momento si tienen problemas legales, médicos o de otro tipo.


La descriminalización de las trabajadoras sexuales disminuye la violencia entre un 17% y un 20% y reduce el riesgo de infección de VIH en un 33% y un 46%


Ishtar Lakhani, directora de Sensibilización y Derechos Humanos de Sweat, explica que la mayoría de las veces que las prostitutas son arrestadas no lo hacen acusadas de incumplir el artículo 23 de la Ley de Ofensas Sexuales, que desde 1953 penaliza la prostitución —por la que solo han sido condenadas 253 personas en los últimos tres años—, sino por otras ordenanzas municipales menores, como tirar desperdicios a la calle. “Los policías se aprovechan de que muchas veces no conocen sus derechos para maltratarlas y abusar de ellas”, explica. Han tratado de sensibilizar a los agentes mediante diferentes cursos, pero existen varios problemas. “Primero, están hartos de recibir formaciones de todo tipo y no son muy receptivos. Y segundo, es un poco ridículo ir a enseñarles que no deben violar y pegar a las prostitutas. ¡Claro que no deben hacerlo, como a ninguna otra persona!”, se indigna Lakhani, que ha atendido casos escalofriantes: “Hay una agente de un barrio, mujer [enfatiza], que en numerosas ocasiones ha obligado a las prostitutas a tragarse condones usados”.

Su organización, junto con Centro Legal para Mujeres (WLC, por sus siglas en inglés) ha puesto en marcha un programa de asistentes paralegales: forman a personas que se prostituyen para que ellas mismas puedan dar el asesoramiento básico a sus colegas. Esto les permite acercarse a ellas con más naturalidad y que su mensaje cale.

Son ellas los que le informan de la existencia de organizaciones como Sweat o WLC y de los programas que realizan. Hace unos meses se puso en marcha uno para para apoyar a las madres. Duduzile Dlamin, que lidera este grupo, explica que la relación con los hijos es uno de los mayores miedos que afrontan las trabajadoras sexuales. “Cuando se enteran de su trabajo comienzan a odiarlas porque son estigmatizados. Esto incluso lleva en ocasiones a que abandonen a sus propios críos. Trabajamos para que las madres puedan hablar con los hijos sin ser criminalizadas”, relata. Para eso, insiste, tienen que cambiar las leyes. “Sudáfrica necesita cambiar su aproximación al trabajo sexual y que sea regido por las misma legislación que cualquier otro empleo”, reclama.

Pero esto no tiene visos de ser una realidad pronto. Desde hace años, la Comisión de Reformas Legales de Sudáfrica está estudiando recomendaciones al Gobierno. Según anunció el lunes John Jeffery, vicemistro de Justicia, ya está concluido y, aunque no es público, adelantó que sus tesis no se inclinan hacia una descriminalización de la prostitución. “Es un debate complicado, el Gobierno tiene que estudiar este informe. Pero hay que tener en cuenta que este es un país conservador y religioso. Si hiciéramos un referéndum probablemente la mayoría de la población votaría por que siguiera siendo delito”, explicó en un foro de la Conferencia Internacional de Sida de Durban. Su presidente, Chris Beyrer, insiste en que desde el punto de vista científico no hay discusión: “No entramos en cómo los Gobiernos tienen que legislar específicamente o qué tipo de regulación han de hacer, pero la criminalización es la peor de las soluciones, como nos muestra la evidencia».

Una de las patas básicas para terminar con la epidemia de sida de aquí a 2030, tal y como recogen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es frenar su avance en los grupos más vulnerables, como son trabajadoras sexuales, hombres gays, transexuales, prisioneros y drogadictos. “Ellos suman un 30% de las nuevas infecciones. Si no acabamos con el estigma y la criminalización de estos grupos no terminaremos con el sida”, zanja Beyrer.

 

Posición de TAMPEP respecto a la situación de las trabajadoras sexuales nacionales e inmigrantes en la Europa actual

 

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http://tampep.eu/documents/TAMPEP%20paper%202015_08.pdf

 

Las leyes y las decisiones políticas juegan un papel clave en la lucha contra la violencia, en la reducción de la vulnerabilidad y en la garantía de acceso pleno a los derechos y a la justicia por parte de las trabajadoras sexuales. Mediante la despenalización del trabajo sexual se pueden garantizar condiciones laborales más seguras y las trabajadoras sexuales se pueden empoderar para luchar contra la violencia y exigir sus derechos humanos.

Esta posición política es apoyada por varias agencias de las Naciones Unidas (FPNU, ONUSIDA y PNUD); importantes organizaciones defensoras de los derechos humanos, tales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que ha estado sometiendo a consulta un borrador de propuesta politica a favor de la despenalización del trabajo sexual ; las organizaciones contra la trata GAATW y La Strada International ; e importantes foros feministas (AWID) y fundaciones, como Open Society Foundations, Mama Cash y Red Umbrella Fund. La despenalización del trabajo sexual es defendida también por redes de trabajo sexual y organizaciones dirigidas por trabajadoras sexuales regionales, nacionales e internacionales, entre las que se encuentran TAMPEP (Red europea para la prevención de VIH/ETS y la promoción de la salud entre las trabajadoras sexuales inmigrantes), NSWP (Red global de proyectos de trabajo sexual), ICRSE (Comité internacional para la defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales en Europa) y SWAN (Red de defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales).

 

Despenalización

 

Si todas las demandas de las trabajadoras sexuales pudieran ser resumidas en una palabra, esta sería despenalización. Gobiernos progresistas en Nueva Zelanda y Nueva Gales del Sur en Australia adoptaron un modelo de despenalización para mejorar la situación de las trabajadoras sexuales. Recientemente, el gobierno de Nueva Zelanda y el Colectivo de prostitutas de Nueva Zelanda evaluaron este modelo positivamente . Los resultados de esta evaluación demuestran una reducción significativa de la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales y un mejor acceso a los derechos humanos.

Por despenalización se entiende la derogación de todas las leyes punitivas y las regulaciones relativas al trabajo sexual y un modo de garantizar que los gobiernos respeten los derechos humanos de las trabajadoras sexuales. Esto incluye la despenalización de las terceras partes que operan en la industria del sexo, pero garantizando al mismo tiempo que las trabajadoras sexuales puedan trabajar independientemente y/o en cooperativas. La autodeterminación y la autonomía de las trabajadoras sexuales son fundamentales para entender el modelo de despenalización.

Las trabajadoras sexuales y sus aliados a menudo piden la plena despenalización mediante un sistema legal que desmonte también las barreras legales que aumentan la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales inmigrantes ante la violencia y la trata de personas y obstaculizan el disfrute en situación de igualdad de sus derechos humanos. La justificación de este enfoque es que para combatir la vulnerabilidad en la industria del sexo, los gobiernos necesitan garantizar la plena protección de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales independientemente de su nacionalidad y/o de su estatus legal en el país de acogida. Los derechos que deberían ser plenamente protegidos incluyen (pero no se limitan a ellos) el derecho a la vida, a la salud, a la migración, al trabajo, a la privacidad, a la asociación, a la igualdad ante la ley y a verse libres de practicas de trata y de esclavitud.

 
Estigma e inmigración

A pesar de la demanda de despenalización, las leyes y las decisiones políticas relativas al trabajo sexual han sido cada vez más represivas y punitivas en toda Europa. TAMPEP ha documentado en varias de sus publicaciones los efectos negativos que las leyes y regulaciones nacionales han tenido para las trabajadoras sexuales.

Raramente se reconoce al trabajo sexual como trabajo por los gobiernos nacionales y la sociedad en general, y el arma más poderosa para negar al trabajo sexual el estatus de trabajo es la del estigma . La realidad es que en vez de empoderamiento y apoyo a la autodeterminación y la autonomía de las trabajadoras sexuales, y mejora de sus condiciones de trabajo y de vida, los agentes políticos están desarrollando y aplicando nuevas medidas que socavan los derechos humanos y la dignidad de las trabajadoras sexuales.

Existen claros vínculos entre esta tendencia represiva y el actual debate acerca de la trata. Los grupos antiprostitución utilizan la retórica antitrata para acabar con la prostitución. El lobby antiinmigración usa el discurso antitrata para aumentar las restricciones a la inmigración .

Las voces de las trabajadoras sexuales son a menudo ignoradas o mal utilizadas por los agentes políticos y los medios de comunicación. En este contexto de invisibilidad y aislamiento, las trabajadoras sexuales inmigrantes se ven particularmente afectadas por las medidas represivas y la creciente xenofobia.

La penalización del trabajo sexual, de las trabajadoras sexuales y de sus clientes, se suele acompañar de leyes antiinmigración, cuya finalidad es detener y deportar por la fuerza a inmigrantes indocumentados. Como consecuencia de ello, las trabajadoras sexuales inmigrantes se ven empujadas a la clandestinidad, a lugares de trabajo sexual más ocultos para evitar la persecución y el riesgo de expulsión. Esta tendencia exacerba la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales frente a la trata de personas y reduce sus posibilidades de acceder a las ayudas y los servicios de salud, así como a la justicia y a sus derechos.

 
Tendencias específicas de la Unión Europea

Una tendencia que ha sido señalada y resaltada por varios informes de TAMPEP a lo largo de los años es el aumento de migración y movilidad entre las trabajadoras sexuales a nivel global y, en particular, la migración de trabajadoras sexuales hacia Europa y entre los países europeos . Esto es una consecuencia directa de la globalización, pero puede ser atribuido también a factores históricos y socioeconómicos y al crecimiento de la Unión Europea.

La inmigración es un aspecto fundamental a ser tenido en cuenta cuando se analiza el trabajo sexual en Europa. Las inmigrantes siguen siendo con mucho el mayor grupo de trabajadoras sexuales en la región. También se observa un elevado nivel de migración y movilidad de trabajadoras sexuales entre los países de la Unión Europea.

El problema parece tener sus raíces en el racismo y la xenofobia que sigue a las tendencias de migración y movilidad a lo largo de Europa. Las trabajadoras sexuales inmigrantes indocumentadas son particularmente vulnerables a la aplicación de la ley y experimentan altos niveles de violencia y abuso.

Este escenario se ve agravado por la severa crisis financiera que afecta a la UE y al resto del mundo desde 2008, a las medidas de los gobiernos para combatir el terrorismo mediante legislaciones de seguridad nacional ad hoc, y también a las leyes de seguridad ciudadana.

 
Conservadurismo creciente

TAMPEP observa un creciente conservadurismo político y social, que afecta a los derechos humanos y a las libertades civiles de las poblaciones vulnerables.

Retrocesos conservadores en relación al trabajo sexual, el uso de drogas y la inmigración son generados por la ignorancia de los enfoques basados en la evidencia y en los derechos humanos en el terreno legal.

Las políticas socioeconómicas junto con una progresiva tendencia a las desigualdades provocan unas profundas exclusión y discriminación sociales de las trabajadoras sexuales, especialmente de las más vulnerables (inmigrantes, transexuales, usuarias de drogas, etc.)

 
Trata frente a trabajo sexual

Para luchar contra las violaciones y los abusos en la industria del sexo, los Estados miembros de la UE han estado usando la lucha contra la trata para combatir la prostitución y la inmigración, en lugar de crear un entorno de seguridad y apoyo que permita a las trabajadoras sexuales trabajar, autoorganizarse y garantizar buenas condiciones de trabajo.

Desmantelar la industria del sexo desbarata las vidas y el trabajo de las trabajadoras sexuales y las empuja a la ilegalidad y el aislamiento. Al mismo tiempo, las víctimas de la trata de seres humanos raramente son halladas y, si lo son, sus necesidades raramente son atendidas de forma eficaz. Los agentes políticos fusionan trabajo sexual y trata, lo que da lugar a políticas ineficaces dirigidas al conjunto de trabajadoras sexuales y a un completo desprecio por las necesidades de las trabajadoras sexuales que no son víctimas de trata.

Una de las cinco prioridades de la UE en relación a la trata es intensificar la prevención de la trata de personas. La mayor parte de los agentes políticos han limitado su interpretación de la prevención a terminar con la demanda y la oferta de servicios y bienes de víctimas de la trata. Es creencia general que terminar con la demanda de servicios sexuale llevará a terminar con la trata.

A pesar de los objetivos estratégicos de la UE que se basan en una interpretación más amplia de la demanda, las leyes y decisiones políticas que buscan penalizar a los clientes de las trabajadoras sexuales demuestran que esos objetivos son aplicados de forma excepcional al conjunto de la industria del sexo.

Sin embargo, dada la amplitud de la definición de trata, las medidas destinadas a disuadir la demanda deberían reflejar la extensión y la gravedad de todos los fines por los que las personas son víctimas de trata, incluyendo, por ejemplo, la industria de la construcción, la agricultura, el procesamiento de alimentos, el trabajo doméstico y el cuidado de dependientes. A pesar de la evidencia de que la trata y el trabajo forzado son alentados por la demanda de mano de obra barata, poco preparada y fácilmente desechable combinada con las políticas de inmigración crecientemente restrictivas y la falta de protección laboral para los trabajadores inmigrantes, las decisiones políticas no están buscando atajar estos determinantes estructurales de la trata y el trabajo forzado.

De 2012 a 2015 no ha habido decisiones por parte de la UE para impulsar leyes de despenalización como una estrategia para combatir la trata y mejorar la situación de las trabajdoras sexuales en Europa.

TAMPEP tambíén ha tenido conocimiento de un aumento en las iniciativas de financiación por parte de la UE y otros donantes de las actividades antitrata y abolicionistas, aunque raramente de grupos dirigidos por trabajadoras sexuales o de proveedores de servicios con un enfoque del tema basado en la defensa de los derechos humanos.

 

El abolicionismo y el modelo sueco

Los grupos de presión feministas abolicionistas, como el Lobby de Mujeres Europeas y Equality Now, se están volviendo más fuertes y más influyentes, y han sido fuertemente financiados en el curso de los actuales debates e intereses políticos en torno a la trata de mujeres con fines de explotación sexual y prostitución. Las feministas y organizaciones abolicionistas a menudo defienden el modelo sueco, que se ha convertido en una peligrosa tendencia en Europa y en el mundo.

El modelo sueco —un modelo legislativo creado en Suecia en 1999— tiene por fin reducir la incidencia de la prostitución, no grarantizar condiciones de trabajo seguras para las trabajadoras sexuales. Esta iniciativa legislativa penaliza a los clientes de las trabajadoras sexuales y considera a todas las personas que practican comercio sexual como víctimas.

En Europa, varios estados han introducido (Noruega, Islandia e Irlanda del Norte) o intentado aplicar (Francia y Escocia) medidas legales para implantar la penalización del trabajo sexual o la compra de servicios sexuales, sin tener en cuenta las consecuencias negativas que la penalización de los clientes tiene para las trabajadoras sexuales .

 

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Las trabajadoras sexuales suecas observan que la penalización ha llevado a que haya menos tiempo para negociar las condiciones de trabajo y la seguridad del entorno de trabajo. Las trabajadoras sexuales de interior ya no pueden pedir a sus clentes informaciones tales como el nombre y el número de teléfono, y no tienen tiempo para negociar los servicios que van a proporcionar, lo que afecta a su seguridad.

Las trabajadoras sexuales de calle son las más afectadas. Se ven empujadas a trabajar en las afueras de las ciudades, en zonas menos visibles y accesibles, donde la policía no pueda sorprender a sus clientes. Tienen menos probabilidades de establecer contacto con los servicios de ayuda.

El modelo sueco está basado en la ideología y no en la evidencia. Cuando los clientes corren el riesgo de ser detenidos, la prostitución se vuelve automáticamente clandestina.

Como señalan las trabajadoras sexuales activistas y sus aliados, la penalización del cliente socava la autodeterminación de las trabajadoras sexuales, las lleva a la clandestinidad y refuerza el estigma y la discriminación que ya margina a esa población.

Además, el modelo sueco y las cruzadas antitrata/prostitución han puesto los modelos holandés y alemán bajo escrutinio.

Aunque ciertamente existen problemas con los actuales enfoques reguladores en países como Holanda y Alemania, el enfoque regulador no deslegitima el trabajo sexual ni pretende abolirlo como hace el modelo sueco.

Las campañas y el lobby político abolicionistas han estado recibiendo cada vez más atención de los medios de comunicación y más apoyo político, a pesar de la creciente evidencia de que la penalización de los clientes o de las trabajadoras sexuales lo único que hace es aumentar la vulnerabilidad y desde luego no combate la violencia y el abuso en la industria del sexo.

Los defensores de la penalización de los clientes o del trabajo sexual en su conjunto desean despreciar las experiencias y puntos de vista de aquellas personas directamente afectadas: las propias trabajadoras sexuales, bajo pretexto de proteger a las mujeres.

Las trabajadoras sexuales están notablemente ausentes de las conferencias organizadas para discutir las políticas penalizadoras. Los abolicionistas en la Europa actual rechazan el término “trabajo sexual” así como la idea de que el trabajo sexual es trabajo e ignoran y persistentemente ignoran y excluyen las voces de aquellas personas que trabajan en la industria del sexo.

 

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Actuación policial y represión

Las trabajadoras sexuales en Europa suelen ser detenidas en las calles, burdeles, parques y otros lugares de trabajo. Las trabajadoras sexuales de calle, sin embargo, son las que con mayor frecuencia son objeto de medidas de aplicación de la ley. Las trabajadoras sexuales de interior también han sido el objetivo en operaciones de redada y en el cierre de lugares de trabajo con fines de investigación. Estas prácticas privan a las trabajadoras sexuales de sus ingresos.

Tradicionalmente, las trabajadoras sexuales inmigrantes, especialmente las que carecen de documentación o trabajan en situación irregular, experimentan los mayores niveles de violencia y abuso por parte de la policía y de personas que se hacen pasar por clientes.

Esto arroja luz sobre el hecho de que las leyes nacionales han estado fusionando las actuaciones policiales dirigidas contra la inmigración con las dirigidas contra la prostitución con el propósito de detener y deportar a las inmigrantes (por ejemplo, deportaciones de trabajadoras sexuales chinas en París en 2014 e intento de Suecia de deportar a trabajadoras sexuales de la Unión Europea, a pesar de la ilegalidad de estas prácticas policiales) .

La red TAMPEP ha estado observando estas violaciones de derechos de las trabajadoras sexuales e informando de ellas, sobre todo de las de trabajadoras sexuales inmigrantes, desde su creación, en 1993. TAMPEP cree que la mejor herramienta para luchar contra las violaciones de derechos es la defensa de esos derechos y las reformas legal y política.

 

Salud pública

Las trabajadoras sexuales encuentran importantes obstáculos cuando intentan acceder a servicios de prevención, tratamiento y asistencia sanitarios, debido sobre todo al estigma, la discriminación y la penalización. Las crecientes represión y penalización estatales del trabajo sexual ha hecho a las trabajadoras sexuales más vulnerables al VIH y las ETS. Las han obligado a trabajar en espacios clandestinos, reduciendo su acceso a la atención sanitaria y a medidas de prevención, y han socavado su dignidad. Estos problemas son habitualmente mayores para las trabajadoras sexuales inmigrantes, en particular si están indocumentadas. Evitan el acceso a los servicios sociales y de atención sanitaria por miedo a ser registradas y/o deportadas.

Las pruebas obligatorias de salud sexual son todavía practicadas y exigidas legalmente por algunos países europeos (como Hungría y Latvia). Estos procedimientos a menudo vulneran los derechos a la confidencialidad y la privacidad de las trabajadoras sexuales. La penalización de la transmisión del VIH también supone riesgos severos para los grupos vulnerables, en la medida en que disuade a las trabajadoras sexuales de hacerse pruebas y acudir a los servicios de salud.

Más aún, un gran número de organizaciones de lucha contra el VIH y de defensa de la salud pública, incluyendo la OMS y ONUSIDA, han advertido a los agentes políticos de los peligros sanitarios de la penalización de las trabajadoras sexuales y/o de sus clientes. Citamos el Grupo Asesor de ONUSIDA sobre VIH y trabajo sexual en su informe de 2011 que acompaña a la Guía de ONUSIDA sobre VIH y trabajo sexual de 2009:

“Los estados deberían evitar la penalización del trabajo sexual o de actividades relacionadas con el mismo. La despenalización del trabajo sexual debería incluir la derogación de los castigos penales por comprar y vender sexo, gestionar trabajadoras sexuales y burdeles, y otras actividades relacionadas con el trabajo sexual”.

Las actuaciones dirigidas por las trabajadoras sexuales deben tener un papel central en la mejora de la defensa frente al VIH y es crucial escuchar a las trabajadoras sexuales. Las trabajadoras sexuales experimentan de primera mano los efectos de las leyes y las prácticas lesivas de aplicación de las mismas que violan sus derechos humanos y obstaculizan los avances en la lucha contra el VIH. Sin embargo, la cobertura de prevención del VIH se estima que alcanza a menos de una tercera parte de todas las trabajadoras sexuales de la región. La financiación para intervenciones en trabajo sexual y VIH está disminuyendo, a pesar de la evidencia de su efectividad.

TAMPEP continúa llamando la atención en varios foros de la UE sobre las necesidades de las trabajadoras sexuales para garantizar que dichas necesidades, incluyendo las de las trabajadoras sexuales inmigrantes, sean tenidas en cuenta en los programas relacionados con la prevención, la atención y el tratamiento del VIH.

 

Homo y transfobia

Otras leyes han empeorado también la situación de los trabajadores sexuales masculinos y transexuales, en particular en la Europa Central y del Este, incluyendo los países de la CEI. Las leyes antihomosexualidad en países como Rusia y Ucrania provocan más homofobia y transfobia en la sociedad y menos aceptación social de las personas LGBTI, lo que afecta específicamente a los trabajadores sexuales masculinos y trans. Tener que hacer frente a múltiples formas de estigmatización y despenalización a menudo priva a estos grupos de sus derechos humanos fundamentales.

La homofobia de la sociedad, las leyes contra la homosexualidad y la ausencia de protección legal frente a la discriminación son importantes obstáculos para los trabajadores sexuales masculinos y transexuales a la hora de acceder a los servicios de salud y de información relacionados con el sexo.

 

Comentarios de TAMPEP sobre las políticas en relación a la prostitución en la Europa actual

A TAMPEP le preocupa que las actuaciones contra las trabajadoras sexuales, en particular las inmigrantes, se vean legitimadas mediante el encuadre del trabajo sexual como un problema que implica criminales organizados y “esclavas sexuales”.

Los determinantes estructurales y las leyes que afectan negativamente a las trabajadoras sexuales, tanto nacionales como inmigrantes, y a la industria del sexo como un todo, no están siendo consideradas como de importancia central cuando se trata de las vulnerabilidades de las trabajadoras sexuales (incluyendo la explotación sexual y la trata).

TAMPEP reafirma que las medidas tomadas por los estados miembros de la UE en su lucha contra la trata a menudo se convierten en estrategias antiprostitución (por ejemplo, operaciones de redada) y antiinmigración (por ejemplo, controles fronterizos más estrictos). Las trabajadoras sexuales inmigrantes, especialmente aquellas sin papeles, están bajo amenaza constante de ser detenidas y deportadas. La violencia ejercida contra esta población ha sido también demostrada por varios informes financiados por la UE .

 

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Este enfoque de lucha contra la trata, que ha influído en la política de la UE, oscurece tanto la relación entre política de inmigración y “trata” como la relación entre política de prostitución y trabajo forzado en la industria del sexo .

Está siendo necesario clarificar a los que toman las decisiones políticas y a los políticos en general las diferencias existentes entre trata y trabajo sexual, tanto en la ley como en la práctica. Aunque las consecuencias negativas para las trabajadoras sexuales de la lucha contra la trata no resultan políticamente interesantes para algunos miembros del Parlamento europeo, la ineficiencia al abordar el problema y proteger los derechos de las víctimas puede ser una estrategia que han adoptado.

La fusión de trabajo sexual y trata ha alcanzado niveles desproporcionados en el debate político y en los medios. TAMPEP promueve de forma consistente la visibilidad de las trabajadoras sexuales como un modo de desmantelar las teorías de la victimización y hacer patente la situación de las trabajadoras sexuales en Europa. Más aún, TAMPEP cree que las trabajadoras sexuales pueden ser grandes aliadas en la lucha contra la trata en la medida en que podrían detectar a las auténticas víctimas si ellas mismas no fueran tan a menudo penalizadas y desautorizadas.

 
La posición de TAMPEP

Poner de manifiesto y pormenorizar las violaciones de los derechos humanos que experimentan las trabajadoras sexuales parece no haber sido suficiente para impedir los modos conservadores de entender la industria del sexo y sus trabajadoras.

A la vista de las continuas regulaciones abusivas del trabajo sexual y de un clima de políticas sociales represivas, redes feministas y de inmigrantes, compañeros políticos, aliados y otras partes interesadas urgen a la sociedad civil para que emprenda una acción integrada en defensa de las trabajadoras sexuales que garantice el reconocimiento y protección de sus derechos y combata las leyes y prácticas discriminatorias.

Reafirmamos nuestro compromiso de luchar contra la penalización del trabajo sexual y el modelo sueco e invitamos a compañeros y aliados de toda Europa a unirse a nosotros en la lucha por garantizar a todas las trabajadoras sexuales el disfrute de sus derechos humanos en Europa.

 

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No se trata de castigarlos a ellos, sino de protegerlas a ellas

Comparto plenamente los argumentos esgrimidos por Amnistía Internacional (AI) en su defensa por la despenalización del trabajo sexual

Abogo por que no se convierta a las prostitutas en cómplices de delitos o sanciones administrativas, se les niegue cualquier elección que no sea ejercer en prostíbulos o se las margine socialmente como infrasujetos carentes de derechos humanos

 

 

3006_20150821rPUpb5Por Glòria Poyatos Matas

23/08/2015
http://bit.ly/1JtG9wk

 

Comparto plenamente los argumentos esgrimidos por Amnistía Internacional (AI) en su defensa por la despenalización del trabajo sexual, sustancialmente por el enfoque que se hace, fijando el objetivo en las propias trabajadoras y los derechos de éstas, desterrando otros enfoques que se centran más en sancionar (incluso penalmente) a los clientes o, a propietarios de locales de alterne o inmuebles en los que ellas trabajan. No se trata de castigarlos a ellos sino de protegerlas y empoderarlas a ellas y reconocerles los mismos derechos humanos que cualquier otra persona.

 
Hace años, otra organización internacional de igual prestigio e incluso con un conocimiento más especializado en materia de trabajo, la Organización Internacional de Trabajo, se mostró igualmente partidaria de la despenalización del trabajo sexual recomendando, incluso, su regulación, en su Informe de 1998, diseñado por Lin Lean Lim sobre el sector del sexo en Asia sudoriental. Y hay otros ejemplos, como ONUSIDA, la OMS, ONU Mujeres, la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW), Human Rights Watch, Open Society etc., que mantienen la misma línea de la OIT y AI.

 
Para poder opinar nítidamente sobre el trabajo sexual debe partirse de una premisa imprescindible, que es el deslinde del trabajo sexual como servicio realizado por persona adulta y libre a cambio de un precio del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, que personalmente me repugna, y abogo por un urgente incremento de las penas y una verdadera coordinación internacional en la lucha contra las mafias.

 
Que el trabajo sexual no es sinónimo de trata es algo incuestionable a estas alturas. Ha sido reconocido por la ONU, en un extenso estudio llevado a cabo en 2010 en Europa ( Trata de personas hacia Europa con fines de explotación sexual), en cuyas conclusiones se asevera que una de cada siete mujeres que ejercen la prostitución en Europa es víctima de trata, esto es, aproximadamente un 15%. Sin duda alguna, es una cifra abominable y demasiado elevada, en un entorno autocalificado de progresista y protector de la mujer frente a una de las delincuencias más repugnantes y, desgraciadamente, mejor organizadas, pero hay todo un 80% de mujeres desterradas a la invisibilidad y al ostracismo de derechos.

 
También la propia UE, en la sentencia dictada por el TJUE de 21 noviembre de 2001 ( asunto Jany y otras), separa claramente el trabajo sexual de otras actividades delictivas y lo define, sin tapujos, como actividad económica, si se ejerce libremente por persona adulta. Esa sentencia vincula jurídicamente a todos los estados miembros incluidos sus órganos judiciales, al igual que vincula el Reglamento de la UE 549/2013, que separa el trabajo sexual voluntario del que no lo es, a efectos de su inclusión en el PIB.

 
Esta separación no debe parecernos extraña, si tenemos en cuenta que el delito de trata de personas con fines de explotación laboral cohabita con una prolija regulación laboral que actúa de dique limitador de los perjuicios obreros surgidos del libre juego entre la oferta y la demanda. Un dique tutelador de la dignidad del trabajador y su desvalida posición contractual. He aquí el primer motivo para propugnar no sólo la despenalización del trabajo sexual sino también su regulación a medida, una regulación especial y específica para un trabajo de alto riesgo. Una regulación que limite el poder de clientes o proxenetas e incremente el de las trabajadoras sexuales a todos los niveles.

 
El segundo argumento para despenalizar el trabajo sexual es un argumento de género, el mismo que se esgrime por parte de las filas neo-abolicionistas o prohibicionistas, pero a la inversa y siempre fijando nuestra atención en ellas y no en castigarlos a ellos. Que la prostitución sea mayoritariamente femenina, y por tanto se proyecte sobre un colectivo (el de las mujeres) históricamente discriminado, refuerza la tesis de su despenalización, aumento de la protección y reconocimiento de derechos. No reconocer derechos puede llevar al absurdo de desterrar de tutela judicial a las trabajadoras sexuales frente a clientes o propietarios de los locales de alterne en los que trabajan, para satisfacción de estos.
Ello ocurre en nuestro país, donde algunas sentencias judiciales anulan las actas de infracción y sanción de la Inspección de Trabajo frente a los propietarios de los prostíbulos, y ocurrió en Colombia, donde una trabajadora sexual fue despedida por quedarse embarazada, siendo desestimada su demanda planteada frente al despido con el argumento de la inexistencia del contrato (negación de derechos), hasta que, con una alta dosis de sentido común, el Tribunal Constitucional de dicho país tuteló el derecho de la prostituta, sustancialmente por la vía de la discriminación por razones de género (sentencia 629/2010 – ponente don Juan Carlos Henao Pérez).

 
El tercero. La penalización de la prostitución por la vía de la criminalización de los clientes de las meretrices tampoco ayuda a sacarlas de su estado permanente de estigmatización, pues las convierte en cómplices necesarias de un hecho delictivo, reprochable administrativamente y, por ende, también socialmente. Además, las arrastra a ejercer su actividad en condiciones peores (clandestinidad), y más peligrosas para su libertad sexual e integridad física, aumentando peligrosamente su vulnerabilidad como víctimas de otros delitos. Y a ello también ayuda la pandemia de reglamentaciones locales de los últimos años, que barren a las trabajadoras sexuales de las ciudades, sin habilitar espacios alternativos donde puedan ejercer la actividad en condiciones más seguras para ellas. Una buena campaña para los locales de alterne y otro golpe a los derechos de estas perdedoras, acostumbradas a serlo.

 
Mi cuarto argumento parte de un principio de igualdad de trato respecto de otros trabajos sexuales (actrices de porno, bailarinas eróticas, alternadoras), que sí tienen reconocidos derechos sociales y laborales. ¿Dónde está la diferencia, excluyente de derechos, entre una actriz del porno y una prostituta? Y sobre todo, igualdad, en este macro-negocio de la prostitución donde todos tienen derechos menos ellas, como es el caso de la patronal del sexo que cuenta con regulación jurídica a medida, y una buena organización a través de asociaciones nacionales para la defensa de sus intereses. Asociaciones reconocidas judicialmente por el propio Tribunal Supremo español ( “sentencia Mesalina” de 24/11/2004).

 
El último de mis argumentos a favor de reconocer derechos a las trabajadoras sexuales es eminentemente práctico. Personalmente, desearía que la prostitución no existiese, al menos como una forma de supervivencia de las mujeres en situaciones de necesidad, pero es una quimera pensar en su desaparición. Por ello, y dado que muchas mujeres eligen esta alternativa temporalmente para poder cubrir las necesidades familiares más básicas, abogo por que al menos durante esa etapa, no se las convierta en cómplices de delitos o sanciones administrativas, se les niegue cualquier elección que no sea ejercer en prostíbulos, se las destierre del acceso a las prestaciones del Sistema de la Seguridad Social o se las margine socialmente como infrasujetos carentes de derechos humanos, pues ello supone perpetuar su histórica situación de exclusión social, como uno de los colectivos más vulnerado y vulnerable.

 

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Glòria Poyatos Matas es Magistrada decana en Lanzarote y autora del libro La prostitución como trabajo autónomo.

Respalda la propuesta política de Amnistía Internacional a favor de la despenalización del trabajo sexual

 

Pedimos al Consejo de Amnistía Internacional que se mantenga firme y defienda la despenalización del trabajo sexual y proteja los derechos humanos de las trabajadoras sexuales

 

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http://chn.ge/1Mxjiq8

 

Nosotros, la Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual (NSWP), y nuestros aliados aprovechamos esta oportunidad para expresar nuestro respaldo a la propuesta política de Amnistía Internacional a favor de la despenalización del trabajo sexual que ha de ser presentada para su aprobación en la Reunión del Consejo Internacional que tendrá lugar entre los días 6 y 11 de agosto de 2015. Amnistía Internacional está siendo objeto de una contraofensiva por parte de aquellos que se oponen a una propuesta política que busca defender los derechos humanos de las trabajadoras sexuales.

 
Pedimos al Consejo de Amnistía Internacional que se mantenga firme y defienda la despenalización del trabajo sexual y proteja los derechos humanos de las trabajadoras sexuales.

 
La propuesta política está respaldada por los datos obtenidos por la investigación de campo llevada a cabo por Amnistía Internacional en relación a la repercusión sobre los derechos humanos que tiene la penalización del trabajo sexual, y también por la consulta realizada en 2014, que incluyó la aportación de muchas trabajadoras sexuales de todo el mundo, que es la comunidad más afectada por las propuestas.
NSWP desearía también condenar, en los términos más contundentes posibles, la declaración, la carta abierta y la petición online de CATW que ataca las propuestas de Amnistía Internacional. La posición de CATW es estigmatizante, discriminatoria y deforma los hechos, fusionando el trabajo sexual con la trata de seres humanos. Y lo que es más importante, ignora las experiencias vitales de las trabajadoras sexuales, silencia sus voces y busca perpetuar los sistemas legales que ponen a las trabajadoras sexuales en situación de mayor riesgo de sufrir violencia, estigmatización y discriminación; así como limitan su acceso a los servicios sanitarios y sociales. Más aún, CATW ignora el abrumador cuerpo de evidencia y los hallazgos de organismos internacionales tales como el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH y Trabajadoras Sexuales, que recomienda que los gobiernos deberían trabajar por la despenalización del trabajo sexual, y la revista médica The Lancet, que recientemente publicó una serie especial sobre VIH y trabajadoras sexuales, que recomienda también la despenalización del trabajo sexual, y que afirmó lo siguiente: “La despenalización del trabajo sexual tendría el máximo efecto sobre del desarrollo de la epidemia de VIH en todos los parámetros, previniendo entre el 33 y el 46% de las infecciones por VIH en la próxima década”.

 
Existe una amplia aceptación entre las agencias internaciones de que la despenalización del trabajo sexual es necesaria para proteger y respetar los derechos humanos de las trabajadoras sexuales. Estas agencias incluyen: ONUSIDA, UNFPA, UNDP, el Banco Mundial, la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW), Human Rights Watch , The Lancet, y las Fundaciones de la Open Society.

 
La Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual (NSWP) ha editado una Declaración de Apoyo a Amnistía Internacional que establece algunas de las muchas pruebas que respaldan el llamamiento a Amnistía Internacional para que apoye la despenalización del trabajo sexual y llama a los defensores de los derechos humanos a ponerse de parte de las trabajadoras sexuales en apoyo de esta política progresista.

 
Por favor, firma esta petición para mostrar apoyo a la resolución de Amnistía Internacional que defienda la despenalización del trabajo sexual y asegure que los derechos humanos de las trabajadoras sexuales sean respetados.

 
Firma aquí: http://chn.ge/1Mxjiq8

 
AFRICA
African Sex Workers Alliance – Regional Network
Sisonke Botswana, Botswana
Solidarite Pour Les Droits Des Travailleuses De Sexe, Burundi
AIDS-ACODEV, Cameroon
Alcondoms, Cameroon
CAMEF, Cameroon
AHUSADEC, Democratic Republic of Congo
ALCIS, Democratic Republic of Congo
CODESCI, Democratic Republic of Congo
UMANDE, Democratic Republic of Congo
Nikat Charitable Association, Ethiopia
CAFAF, Ghana
Nayford Foundation, Ghana
Bar Hostess Empowerment and Support Programme, Kenya
CHAANI Post Test Club, Kenya
Ebigeri United Self Help Group, Kenya
HOYMAS, Kenya
Kisauni Peer Educators, Kenya
Action Hope, Malawi
Female National Sex Workers Alliance, Malawi
APYIN, Nigeria
NDN, Nigeria
Nigeria Sex Workers Association – Precious Jewels, Nigeria
NNEWI, Nigeria
RENAGAIDS, Nigeria
Sisonke, South Africa
SWEAT, South Africa
CHESA, Tanzania
Devine Economic Development Group, Tanzania
Gender, Equality and Health Organisation, Uganda
Kaana Foundation, Uganda
Lady Mermaid’s Bureau, Uganda
Organization For Gender Empowerment and Rights Advocacy, Uganda
Transgender Equality Uganda, Uganda
Uganda Harm Reduction Network, Uganda
Uganda Harmonized Rights Alliance, Uganda
WONETHA, Uganda
Thubelihle, Zimbabwe
ASIA PACIFIC
Asia Pacific Network of Sex Workers – Regional Network
Respect Inc, Australia
Scarlet Alliance, Australia
SWOP New South Wales, Australia
Dujoy Nari Shongho, Bangladesh
HARC, Bangladesh
MNDP, Bangladesh
Community Legal Service, Cambodia
JJJ Association, China
Midnight Blue, China
SCMC, China
Xin’ai Female Sex Worker’s Home, China
Yunnan Parallel, China
Pacific Rainbow$ Advocacy Network, Fiji
Aastha Parivaar, India
Ashodaya Samithi, India
Astitva, India
Durbar Mahila Samanwaya Committee, India
GAURAV, India
Koshish, India
MITRA, India
MUSKAN, India
National Network of Sex Workers, India
SANGRAM, India
VAMP, India
VAMP Plus, India
OPSI, Indonesia
SWASH, Japan
O.F. Taldikorgan Regional Fund for Promotion of Occupations, Kazakstan
AMA, Myanmar
New Zealand Prostitutes Collective, New Zealand
Aakash Welfare Society, Pakistan
Care & Support Welfare Organisation, Pakistan
Gender & Reproductive Health Forum, Pakistan
Friends Frangipani, Papua New Guinea
Poro Sapot Project, Papua New Guinea
Empower Foundation, Thailand
SWING, Thailand
Scarlet Timor Collective, Timor Leste
EUROPE
International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe – Regional Network
SWAN Foundation for the Human Rights of Sex Workers – Regional Network
LEFO, Austria
Maiz, Austria
Projekt PiA, Austria
SXA-Info/Verein Frauenservice Graz, Austria
Association PROI, Bosnia and Herzegovina
NGO Action Against AIDS, Bosnia and Herzegovina
Collectif Droits & Prostitution, France
PASTT, France
STRASS, France
Women for Freedom, Georgia
Berufsverband erotische und sexuelle Dienstleistung e.V., Germany
Bufas e.V., Germany
Hydra e.V., Germany
Madonna e.V. Germany
SZEXE, Hungary
Tais Plus, Kyrgyzstan
Demetra, Lithuania
HOPS, Macedonia
STAR-STAR, Macedonia
Juventas, Montenegro
PION, Norway
APDES, Portugal
Silver Rose, Russia
JAZAS, Serbia
Sloboda Prava, Serbia
Colectivo Hetaira, Spain
Rose Alliance, Sweden
Aspasie, Switzerland
Dignity, Tajikistan
Soa Aids, The Netherland
TAMPEP, The Netherlands
Pembe Hayat LGBTT Dayanisma Dernegi, Turkey
Red Umbrella Sexual Health and Human Right Association, Turkey
English Collective of Prostitutes, UK
SCOT-PEP, UK
Sex Worker Open University, UK
UK Network of Sex Work Projects, UK
Working Mens Project, UK
X:talk, UK
HPLGBT, Ukraine
Legalife, Ukraine
Vsiyeukraiynskaya Assotsiyatsya Snyzhyenya Vriyeda, Ukraine
LATIN AMERICA
Associação das Profissionais do Sexo do Maranhao, Brazil
Associação das Prostitutas dr Minas Gerais, Brazil
Associação das Prostitutas da Paraiba, Brazil
Associação de Mulheres Profissionais do Sexo do Estado do Amapa, Brazil
Associação Mulheres Guerreiras, Brazil
Dignidade, Acao, Saude, Sexualidade e Cidadania, Brazil
Davida, Brazil
Grupo de Mulheres Prostitutas do Estado do Para, Brazil
Nucleo de Estudos da Prostituicao, Brazil
Vitória Régia, Brazil
P.A.R.C.E.S, Columbia
Asociacion de Mujeres Autonomas «22 de Junio», Ecuador
Asociacion de ‘Mujeres Con Esperanza Al Futuro’, Ecuador
Asociacion De Mujeres Trabajadoras Del Sexo «Colectivo Flor De Azalea», Ecuador
Aproase, Mexico
Colectivo de Hombres Accion Comunitaria, Mexico
Diversidad TTT, Mexico
Tamaulipas Diversidad Vihda Trans A.C., Mexico
Union y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses A.C., Mexico
Asociación Civil Angel Azul, Peru
Asociación Civil Cambio Y Accion, Peru
Miluska Vida y Dignidad A.C., Peru
NORTH AMERICA and CARIBBEAN
Antiguan Resilience Collective Inc., Antigua
Butterfly – Asian and Migrant Sex Workers Network, Canada
FIRST, Canada
Maggie’s, Canada
PACE, Canada
Peers Victoria Resources Society, Canada
POWER, Canada
Projet L.U.N.E., Canada
Sex Professionals of Canada, Canada
Sida-Vie Laval (Venus Project), Canada
Stella, l’amie de Maimie, Canada
Stepping Stone, Canada
Students for Sex Worker Rights, Canada
SWAG, Canada
SWAN Vancouver, Canada
The Coalition for the Rights of Sex Workers, Canada
Triple X Workers’ Solidarity Association of British Columbia, Canada
Champions for Change, Guyana
Guyana Sex Workers Coalition, Guyana
One Love, Guyana
IWICC, Jamaica
J-FLAG, Jamaica
Sex Work Association of Jamaica, Jamaica
Fundashon Orguyo Korsou, Netherlands Antilles
Suriname Men United, Suriname
RED Initiatives, Trinidad and Tobago
BAYSWAN, USA
Best Practices Policy Project, USA
Community United for Safety & Protection, USA
Desiree Alliance, USA
HIPS, USA
HOOK, USA
New Jersey Red Umbrella Alliance, USA
PERSIST Health Project, USA
PONY, USA
Red Umbrella Project, USA
St James Infirmary, USA
SWOP Chicago, USA
SWOP Denver, USA
SWOP Las Vegas, USA
SWOP NOLA, USA
SWOP Northern California, USA
SWOP NYC, USA
SWOP Philadelphia, USA
SWOP Sacramento, USA
SWOP San Antonio, USA
SWOP San Francisco, USA
SWOP Seattle, USA
SWOP Tucson, USA
SWOP USA, USA
The Sex Workers Project, USA
Women with a Vision, USA
SIMPATIZANTES
AFAO – Australian Federation of AIDS Organisations
Alex Feis-Bryce, Director of Services, National Ugly Mugs, United Kingdom
Alexander Alvina Chamberland, MA Gender studies, trans feminine author and former sex worker, Sweden
Alexander Bard, Philosopher, Sweden
Alexandra Oliveira, Professor, University of Porto, Faculty of Psychology and Sciences of Education, Porto, Portugal
Amanda Brihed, Liberal debater, Sweden
Amelie Eklöf, Independent contractor, Sweden
Andrès Lekanger, Outreach worker, PION, Norway
Anna Kontula, Sociologist and Politician, Finland
Annelie de Cabo, PhD student/university lecturer , Gothenburg University, Sweden
Astrid Renland, Criminologist, Norway
Bam Björling, Gender Management Institute, Sweden
Basil Donovan MD, Professor and Head, Sexual Health Program, The Kirby Institute, Australia
Ben Plumley, CEO, Pangaea Global AIDS, USA
Butterfly: Asian and Migrant Sex Workers Support Network, Toronto, Canada
Carina Edlund, Activist and Sex worker, Sweden
Carina Kallenberg, Sexworker and coach at the BDSM institute, Sweden
Catriona O’Brien, Sex worker, Ireland
Caty Simon, Tits and Sass co-editor, USA
Christina Franzén, Chair of HIV-Sweden, Sweden
Daniel Bergqvist, Activist, Sweden
Daria Mogucheva, Freelance translator, Russia
Doaa Abdelaal, Activist and board member of the International Network of Women Living Under Muslim Laws, Egypt
Dr Teela Sanders, Reader in Sociology, School of Sociology & Social Policy University of Leeds, United Kingdom
Dr Thaddeus Gregory Blanchette, Federal University of Rio de Janeiro, Anthropologist, Brazil Dr. Ana Paula Silva, Federal Fluminense University, Rio de Janeiro, Brazil
Dr. Adriana Graça Piscitelli, State University of Campinas, Campinas, Brazil
Dr. Soraya Simões, Federal University of Rio de Janeiro / Davida, Anthropologist, Rio de Janeiro, Brazil
Elena Jeffreys, 3rd year PHD Student, School of Political Science and International Studies, University of Queensland, Sydney, NSW, Australia
Emmy Östlund, Activist, United Kingdom
Eva Cox, AO, Sociologist, Australia
Filipa Alvim, Anthropologist, PhD, Researcher, Teacher, CRIA – Centre for Research Network in Anthropology, ISPA – Institute of Applied Psychology, RTS – Portuguese Network on Sex Work, Portugal.
Flávio Cesar Lenz, Davida, Rio de Janeiro, Brazil
Frederique Chabot, POWER (Prostitutes of Ottawa – Work Educate Resist), Canada
Fundacion para Estudio e Investigacion de la Mujer, Argentina
Gadejuristen, The Danish Street Lawyers, Copenhagen, Denmark
Gaye Dalton, Former sex worker, Wicklow, Ireland
Geoff Ward, Policy, Advocacy & Peer Support Worker at CAHMA – Canberra Alliance for Harm Minimisation and Advocacy, Australian
Hanna Söderström, Web developer, Sweden
Helene Bergman, Journalist, author and feminist, Sweden
INPUD – the International Network of People Who Use Drugs
International Community of Women Living With HIV, Rebecca Matheson
Global Director, Nairobi, Kenya
Jaana Kauppinen, Executive director, Pro-Tukipiste, Finland
Jair-Rohm Parker Wells, Musician, New Jersey, USA
Jakob Huber, Director Contact Netz Bern – Switzerland
Jamie Bridge, Senior Policy and Operations Manager, IDPC, United Kingdom
Janelle Fawkes, Sex worker, Sydney, Australia
Jenn Clamen, Mobilization Coordinator, Stella, l’amie de Maimie, Montréal, Québec, Canada
Jens Odsvall, Liberal debater, Sweden
Jill Martin, Sex worker/student, Melbourne Australia
Joanna Megan, Sex worker, Sydney, Australia
Jody Williams, Sex Workers Anonymous, Los Angeles, California
Johanna Sirkiä, Accountant and former Sex worker, Finland
Jude Byrne, Senior Project Officer AIVL, Australia
Julie Bates, Sex worker, sex worker rights advocate and sex industry researcher, NSW, Australia
Kikki Paulsrud, Chair of Stockholm’s Drug Users Union, Sweden
Krissy Summers, Educator, Australia
Lee Hertel, Principal, Lee’s Rig Hub, USA
Leif Holmstrand, Writer/artist, Sweden
Linda Byqvist, Social worker, Sweden
Linda Rosén, Chair of Rose Alliance, Sweden
Lisa Magnusson, Journalist, Sweden
Liv Jessen, Former Director of the Prostitution Centre of Norway, Norway
Lucy Kelley-Patterson, Activist, United Kingdom
Maria Johansson, Sex worker, Sweden
Maria Phelan, Deputy Director, Harm Reduction International, United Kingdom
Maria Sundin, Social worker, Målerås, Sweden
Mariha Hammarbäck, Activist, Sweden
Marinette Sjöholm, sex worker and activist for the rights of sex workers and people who use drugs and an advocate for Harm Reduction and Human rights for all, Sweden
Mathilde Bouvard, Artist, France
Matthew Weait, Professor of Law and Policy, United Kingdom
May-Len Skilbrei, Professor in Criminology at the University of Oslo, Norway
Meg Munoz, Former Sex Worker, Domestic Sex Trafficking Survivor (Founder/Exec. Director, Abeni), USA
Melissa Gira Grant, Journalist, former sex worker, United States
Melissa Hope Ditmore, Ph.D. Editor, Encyclopedia of Prostitution and Sex Work, USA
Migrant Sex Workers Project, Toronto, Canada
Mika Mikkonen, Development coordinator, A-clinicfoundation, Finland
Mina Gäredal, Sexual educator, Sweden
Morgan Norman, Chair of PG Mitt, Sweden
Nanna W. Gotfredsen, director, Gadejuristen, The Danish Street Lawyers, Copenhagen, Denmark
Nicklas Dennermalm, B.A in Peace and Conflict Studies, Sweden
Nicola Mai, Professor of Sociology and Migration Studies, London Metropolitan University, United Kingdom
Niina Vuolajarvi, PhD Student, University of Eastern Finland / Rutgers University, United States
Nikhil Gurung, Secretary, ANPUD, Nepal
Olga Byelyayeva, Chair of board, ASTAU – Association of Substitution Treatment Advocates of Ukraine, Ukraine
Ophelia, Sex worker, Germany/Sweden/Australia
People For Sex Worker Rights in Western Australia
Peter Bengtson, Composer, Sweden
Peter Söderlund, Former parliamentary candidate and former party executive member for the Green Party of Sweden, Sweden
Petra Östergren, PhD student, Social Anthropology, Lund University, Sweden
Pye Jakobsson, Sex worker and feminist, Sweden
Rachel Wotton, International migrant sex worker, co-founder of Touching Base, and subject of Scarlet Road, Australia
Rita Alcaire, PhD Researcher in Human Rights and Member of RTS – Portuguese Network on Sex Work, Portugal
Ryan Cole, Sex worker and President of Scarlet Alliance Australian Sex Workers Association, Australia
Sarah, Private sex worker, Perth, Australia
Sharon Eves, Sex worker, South Australia
Shelley Stoops, United Kingdom
Signe Bremer, PhD in ethnology and researcher in gender studies, Uppsala University, Sweden
Sophie Strachan, Trustee, The Sophia Forum, United Kingdom
SWOP NT, Australia
Tarkwin Coles, Sex worker, NSW, Australia
Touching Base Inc, Australia
Tove Pils, Film director and care assistant, Sweden
Tracy Quan, New York, NY, USA
Wendy Lyon, Feminist, Ireland
Women Won’t Wait Campaign – End HIV and Violence Against Women NOW!
Xzenu Cronström Beskow, Sociologist, Sweden
Zahra Stardust, PhD Student, University of New South Wales, Australia
Zenitha Smith Westberg, Mother of Petite Jasmine, Sweden
Zoë Dodd, Feminist, community health care worker and activist, Toronto, Canada