Día Internacional de las Trabajadoras del Sexo: Contra el estigma de ‘puta’

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA)

 

2 de junio de 2017

 

http://www.apdha.org/dia-internacional-trabajadoras-sexo-contra-estigma-puta/

 

Existe un estigma que actúa sobre todas las mujeres como un aviso, una amenaza que llega en forma de censura social en caso de que ocupes un espacio que no debes, a una hora inapropiada y con una postura indebida… Nos referimos al estigma “puta”. Desde tiempos inmemoriales, hasta nuestros días, actúa dentro de nosotras esa llamada al orden social que, con mayor o menor fuerza, aparece en forma de vergüenza.

Este estigma “puta” que actúa como violencia estructural y simbólica es la misma violencia que nos alcanza a todas las mujeres. ¿Pero qué pasa cuando esta violencia, censura, este estigma, sale del ámbito de lo subjetivo y lo simbólico para acomodarse en nuestro mundo material a través de leyes que penalizan estos comportamientos? Nos referimos a lo que significa el estigma puta para la puta, la trabajadora sexual. Y nos referimos concretamente a la base de las muchas vulneraciones que sufren como colectivo y como trabajadoras, nos referimos a también a la Ley Mordaza o ley de seguridad ciudadana, los planes anti prostitución y las ordenanzas, formas de criminalizar  que viene a instaurar una verdadera “caza a la puta”.

La lucha de las trabajadoras sexuales contra el estigma lleva tiempo ocupando, a nivel individual y colectivo, su primera línea de trabajo. La estrategia no es siempre la misma: “Yo no soy puta, trabajo de puta” es una expresión que pone de manifiesto el anhelo de liberarse de la dura carga que supone el estigma. Atiende a la necesidad que muchas mujeres que ejercen el trabajo sexual tienen por separar su vida profesional de la familiar y la social. En otros casos, el lema “yo también soy puta” o “yo soy puta” está siendo reivindicado por muchas trabajadoras movilizadas en la reclamación de sus derechos, o por colectivos que trabajan junto a ellas.

Por ello, en este día  2 de Junio, Día Internacional de las Trabajadoras del Sexo, (aniversario de la protesta de 1975 en la que más de cien prostitutas francesas ocuparon la iglesia de Saint Nizier en Lyon) nos queremos sumar a la campaña que nuestras compañeras de Genera (Barcelona) han puesto en marcha, y decimos junto a ellas: #YoTambienSoyPuta 

 

 

La indefensión de las prostitutas

Por Ninfa

 

19 de Mayo de 2017 (19:04 h.)

 

 

http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/indefension-prostitutas/20170519175159140006.html

 

 

Soy trabajadora del sexo. Desde hace algunos años contacto con mis clientes en la calle. Empecé en esta actividad allá por el año 1997, en los tiempos en que la Casa de Campo de Madrid estaba abierta a todas horas al público. En aquellos tiempos, recuerdo, trabajábamos sin más problemas que los que se pudieran presentar en la cotidianidad: que si la lluvia, que si el cliente borracho, que si el maleducado… La Policía estaba continuamente pidiendo la documentación y no todas tenían “los papeles en regla”, eran frecuentes las redadas en busca de “sin papeles”.

Las trabajadoras del sexo captábamos a la clientela al pie de la vía y los servicios los realizábamos, como norma general, en los propios vehículos, cerca de donde nos ubicábamos. Después, poco a poco, nos lo pusieron más difícil. Primero colocaron vallas de maderas. Las autoridades explicaron que se trataba de “barreras protectoras”. La consecuencia fue que los coches ya no podían parar al lado de la vía. Nos trasladamos entonces a las zonas de parking, a un lugar más alejado. Pero las vías fueron cerrándose poco a poco. Cada vez contábamos con menos espacio para trabajar y lo hacíamos en lugares menos seguros, menos transitados.

Las incursiones policiales se acrecentaron. Actuaban conjuntamente la Policía Municipal y la Policía Nacional, concretamente de migración. Sufrimos cortes de tráfico y desvíos caprichosos de la circulación, calles cortadas a determinadas horas, redadas a las mujeres que se encontraban en “situación irregular”, insistentes controles de alcoholemia a los clientes, multas de tráfico injustificadas a horas intempestivas, etc. Es decir, poco a poco, las autoridades consiguieron poner en marcha la “diáspora” de prostitutas por Madrid. Tuvimos que desplazarnos a otros lugares como por ejemplo Capitán Haya y Paseo de la Castellana, Pintor Rosales y Parque del Oeste, Polígono de Villaverde (conocido también como Polígono Marconi), Montera y zona centro. Sitios, como éste último, que contaban con los inconvenientes consabidos: enfrentamientos y discrepancias con el vecindario, comerciantes, etc. Por si fuera poco, se colocaron cámaras en la vía pública que ahuyentaron a nuestros clientes. Las prostitutas nos vimos obligadas a demandar nuestras reivindicaciones ante el consistorio municipal y nos manifestamos exigiendo nuestros derechos en la calle de la Montera, en la zona centro de Madrid.

Particularmente, decidí desplazarme a trabajar hasta la localidad de Torrejón de Ardoz (Madrid) y estuve en sus inmediaciones cerca de 3 años. El inicio de obras de acceso a Torrejón, en la parte Este, me obligó a trasladarme al polígono conocido como Electrolux de Alcalá de Henares, donde se ejercía desde años antes. Poco duró la calma. El Ayuntamiento alcalaíno, liderado por el Partido Popular en aquel entonces, preparó una ordenanza municipal y entre sus puntos había uno que asestaba un golpe duro a la prostitución callejera y que contemplaba la prohibición de “ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o indirectamente de servicios sexuales retribuidos en el espacio público de la ciudad de Alcalá de Henares, en todo su término municipal.”  Las sanciones van de 300 a 3.000 euros de multa tanto para los clientes como para las trabajadoras del sexo. Esta ordenanza municipal, que entró en vigor en diciembre de 2010, desembocó en hostigamiento, persecución y acoso permanentes hacia nosotras. Ni siquiera podemos subirnos a un coche, a veces ni al propio. Desde entonces estamos penalizadas por ser prostitutas, independientemente de si estamos ejerciendo en ese momento o no.

La normativa trajo como consecuencia una mayor precarización:  A partir de ahí, al no contar con tiempo y tranquilidad para negociar los servicios, debemos apurar los acuerdos, desplazarnos más lejos para realizar los servicios sexuales acordados (con el consabido peligro que eso conlleva), estar pendientes de nuestros móviles porque, entre nosotras, nos alertamos mediante llamadas perdidas de la presencia policial.

Por las condiciones geográficas, no podemos subir a un coche ni para ir a tomar algo a las cafeterías próximas a la zona (cosa muy común) porque los efectivos policiales dan por sentado que vamos a dar un servicio. De nada sirve pararse a explicarles nada. Las multas van tanto para el conductor como para nosotras. Estamos absolutamente estigmatizadas por ejercer nuestro oficio. El Colectivo Hetaira ha sido testigo en directo, a veces, y vía telefónica, otras, de estas experiencias. Hubo una ocasión, en que por el solo hecho de encontrarme dentro de mí vehículo aparcado en el lugar, matando el tiempo de aburrimiento y jugando con mi dispositivo móvil, fui multada. Además nos influye mucho la intimidación que sufren los clientes; nos sentimos impotentes e indefensas.

 

La ley mordaza

Algunas compañeras, debido a la presión, cambiamos de lugar de trabajo. Decidí trasladarme al polígono de Villaverde, pero allí también se estaba preparando una normativa municipal similar a la de Alcalá de Henares que no llegó a aplicarse porque el Gobierno del Partido Popular aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza, que penaliza tanto a clientes como a trabajadoras del sexo. Dicha ley, que entró en vigor el 1 de julio de 2015, ha venido acompañada de consecuencias terribles: más estigmatización para nosotras, más hostigamientos, más actas de denuncias constantes por cualquier cosa: por pararnos aquí, por pararnos allá, por nuestras vestimentas (da igual cómo vistas, cualquier escote, falda, pantalón corto, largo o ceñido al cuerpo, blusa, vestido). Todo vale y justifica su denuncia impuesta, tanto si vas vestida como si no, si te encuentra en la acera como si no, si estás hablando, si vas en coche con alguien, si estás esperando el bus para marcharte, si estás parada o si estás en sitios estratégicos de la zona realizando servicios. Nosotras, las prostitutas somos juzgadas, en ocasiones, por la policía, juzgadas como “males madres”. Pueden soltarte tranquilamente la dichosa frase de “¿qué dirán tus hijos?”, porque la carga moral está presente en el momento que extienden la denuncia. Aquí no se salva nadie, ni el señor que vende los preservativos, ni el señor al que compramos los bocadillos, ni el cunda que nos hace de taxi. Todos son calificados de “puteros”, tratados como “criminales”… Y nosotras, vapuleadas, y nuestros datos personales utilizados para rellenar las denuncias hechas contra nuestros clientes o contra las personas que tratan de buscarse la vida en el polígono vendiendo bocadillos.

 

Reacción

Con esta ley en ejecución las putas llegamos a comprender lúcidamente que siempre se ha perseguido la prostitución, que se ha utilizado la ley de migración como excusa para perseguirnos y expulsarnos del país. Ahora ya hay un instrumento a nivel estatal. Días antes de la entrada en vigor de la ley mordaza, algunos policías de migración, concretamente del Grupo XI, nos lo advertían de manera pletórica y triunfal: “la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana acabaría con nuestra actividad”. Y se cumplió lo que nos habían prometido: las denuncias impuestas contra nosotras, las monsergas y reproches -casi peores‒ que acompañaban a las mismas.

En esta difícil situación –con más de 30 denuncias en una sola tarde‒ vimos la necesidad de protestar, gritar y hacernos escuchar. Así nació la Agrupación Feminista de Trabajadoras Sexuales (AFEMTRAS), conformada por mujeres cis, mujeres trans y travestidos. El colmo fue que el foco mediático sólo apuntaba hacia un objetivo: la denuncia de que una “posible víctima de trata” pudiera estar siendo multada. Porque para las autoridades sólo existen las “víctimas de trata”, nosotras no existimos. Y para los medios de comunicación, en ocasiones, tampoco. Y cuando existimos, se nos criminaliza por nuestra actividad.

Como AFEMTRAS estamos dando a conocer nuestra situación y nuestro descontento a medidas injustas, desproporcionadas e ineficaces. Ponemos el acento en las consecuencias negativas de la aplicación de leyes injustas sobre nuestras vidas. Asistimos, asombradas e indignadas, al descrédito que se hace de nuestro oficio y a la perversión que supone confundirla -intencionadamente‒ con la trata de personas.

Las trabajadoras del sexo apoyamos sin fisuras a las víctimas de trata y somos las primeras en ver “indicios” de trata y ponerlo en conocimiento de las asociaciones con quienes colaboramos. Quiero señalar también que son muchas veces los clientes quienes contactan con las autoridades y las asociaciones cuando detectan posibles casos de trata.

Pero, nosotras, profesionales del sexo estamos demandando a los consistorios espacios donde podamos trabajar sin molestar y sin ser molestadas. Las multas nos perjudican y las multas a nuestros clientes nos perjudican de manera flagrante (podemos no castigar a un comerciante por su actividad, pero si multamos a quienes entren en su establecimiento, le estamos perjudicando directamente). Tenemos la obligación de defender y “desdemonizar” a nuestros clientes porque entendemos que existe un contrato verbal de intercambio de servicios sexuales por dinero con el consentimiento de dos personas adultas y el Estado no debería de intervenir -y menos hacerlo con una moralidad propia de otros siglos-.

Por tanto, exigimos que las autoridades diferencien entre “trabajo sexual” y “trata de personas”. Si no es así, las víctimas de trata reales continuarán desprotegidas y nosotras soportando la indefensión y sin que nuestros derechos sociales y laborales sean reconocidos. Acaso, ¿alguien vive mejor sin derechos?

 

Comparecencia de Hetaira en la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de violencia de género

 

Colectivo Hetaira·Martes, 9 de mayo de 2017

 

Madrid, 08/05/2017

 

Gracias al Grupo Confederal de Unidos Podemos, En comú Podem En Marea por la invitación a comparecer en esta Subcomisión. Comparezco en nombre de Hetaira -colectivo que trabaja desde hace ya 22 años en defensa de los derechos de las prostitutas en nuestro país- y que forma parte del Movimiento Feminista de Madrid, de la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW), de la Red Internacional Europea TAMPEP, del Comité Internacional por los Derechos de Trabajador@s Sexuales en Europa (ICRSE), de la Coordinadora Estatal de VIH-Sida (CESIDA), de la Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual, de la Plataforma Estatal por los Derechos de las Personas Trabajadoras del Sexo, de la Plataforma CEDAW Sombra España y de la Plataforma No Somos Delito, entre otras.

 

La creación de esta subcomisión es un paso más para tratar de hacer frente a la violencia machista y esperamos que las recomendaciones que finalmente se hagan llegar al Gobierno sirvan para mejorar la asistencia a las víctimas de violencia de género y evitar más muertes y agresiones machistas. No obstante, no vale con que el Gobierno tome nota de las recomendaciones que de esta subcomisión salgan, sino que éste deberá hacer un esfuerzo para garantizar que algunas medidas se pondrán en marcha dentro un marco legislativo adecuado y que lógicamente contarán con un presupuesto económico. No parece que vaya a ser así a la vista de los Presupuestos Generales del Estado aprobados. Lo lamentamos profundamente. Lamentamos sobre todo que se pierda energía y tiempo en “debatir”, pero no en “poner en práctica” y “en hacer”. Porque también habremos hecho perder recursos a la sociedad española.

 

La ley contra la violencia de 2014 adolecía de algunos problemas. Así se lo hicimos saber en su momento las asociaciones feministas al Gobierno socialista. A pesar de ello, la ley supuso un gran avance y hubo consenso sobre la necesidad de un cambio cultural y de mentalidad. Sin embargo, se abandonaron las propuestas a largo plazo, aquellas basadas en la prevención en la educación o en la formación de profesionales en los diferentes sectores implicados. Lo que quedó en pie, finalmente, fue la parte penal.

 

Tampoco puede servir el Pacto de Estado para pasar a denominarle a cualquier situación discriminatoria contra las mujeres como “violencia machista. Por ejemplo cuando oímos expresiones del tipo: “Cobrar menos por un trabajo de igual valor es violencia”. Creemos que hemos de ser rigurosas, porque si metemos todas las situaciones discriminatorias en un mismo saco estaremos haciéndoles un flaco favor a las “víctimas reales de violencia de género”.

 

El “impulso masculino de dominio” no es el único factor desencadenante de la violencia sexista. Tenemos que seguir poniendo en cuestión, además, las estructuras familiares (núcleo de privacidad que amortigua o genera todo tipo de tensiones); el papel de la educación religiosa y sus mensajes sobre el amor; la falta de educación afectivo-sexual de menores y adolescentes que ayuden a resolver los conflictos futuros, etc.

 

Apostar exclusivamente por la filosofía del castigo sobre el autor concreto de una agresión concreta significa no repensar las sociedades en las que vivimos, no querer ver las responsabilidades de los Gobiernos y de las políticas públicas puestas en marcha por éstos para tratar de evitarlas.

 

La imagen exclusiva de “víctimas” tampoco ayuda a la lucha colectiva por los derechos de las mujeres pues no tiene en consideración nuestra capacidad de resistencia, de hacernos un hueco, de generar autoestima y empuje solidario entre nosotras.

 

Incluso en los casos de violencia de género o de víctimas de trata es importante reforzar la autonomía y la capacidad de decisión de las implicadas. Los movimientos feministas siempre cuestionaron el tutelaje y la falsa protección basada en considerar a las mujeres como “eternas niñas” necesitadas de protección por un Papá/Estado.

 

El conocimiento y el trabajo con mujeres concretas y diversas nos ha enseñado como éstas pueden dar la vuelta, y de hecho se la dan, a las situaciones de subordinación con las que pueden encontrarse. Y como escribía Gayle S. Rubin: “Los márgenes y los bajos fondos pueden ser un lugar de rebeldía”.

 

Contar con los relatos de las víctimas de violencia de género nos sigue pareciendo una de las mejores fórmulas para encontrar estrategias y posibles soluciones. Conocer de primera mano sus necesidades (que pueden ser distintas dependiendo de cada mujer, de cada caso) debería ser una prioridad.

 

Nuestra comparecencia está centrada en materia de trata y prostitución.

 

Trata de personas

 

¿Tiene algún sentido incorporar medidas concretas contra la trata en una ley de violencia de género o en un Pacto de Estado? ¿Se trata de una buena herramienta o, por el contrario, tendríamos que enmarcarla en otro contexto para proteger a las víctimas de trata y luchar contra el delito? Desde Hetaira creemos que tendríamos que separarlo por responsabilidad política y por ser más eficaces a la hora de prevenir y atajar tanto la violencia de género como la trata.

 

La trata de mujeres es una manifestación de la violencia de género. Y figura -gracias a las presiones de muchas ONG’s- como delito en el Código Penal español desde hace unos años. Además puede conllevar otros delitos también tipificados ya en nuestra legislación

 

La trata de personas se da en muchos sectores económicos, no sólo en prostitución. Nos la encontramos en la industria textil, en la agricultura, en la mendicidad, en matrimonios forzosos, en el servicio doméstico. Y son víctimas de trata tanto menores como personas adultas (mujeres y hombres cis, mujeres y hombres trans). La CEDAW pide explícitamente que se tipifiquen todas las manifestaciones de trata (y no sólo aquellas que se dan dentro de la industria del sexo).

 

Una ley integral de lucha contra la trata (que viene reclamándose desde 2012) tendría que garantizar la protección y la recuperación integral de las víctimas y debería abordar la lucha contra la trata desde una perspectiva de derechos humanos. Nos faltan datos, siempre nos falta conocer cuántas personas se encuentran en situación de protección, cuántas personas están viviendo en lugares seguros, cuántas personas han accedido a permisos de trabajo y residencia, cuántas personas consiguieron la condición de asilo por ser víctima de trata (se cuentan con los dedos de una mano, con un poco de suerte, de las dos) cuántas personas han sido indemnizadas por el sufrimiento causado (sabemos que ninguna).

 

La persecución del delito se está haciendo, pero no se está trabajando con el mismo ímpetu en la protección de las víctimas y en poner en primer plano los derechos humanos. Contamos con ejemplos dolorosos, como las expulsiones de posibles víctimas de trata de los CIE’s; víctimas que no han recibido protección sino que han sido contempladas como migrantes sin papeles.

 

Correr el riesgo de saturar los juzgados de violencia de género con casos tan complejos como el de la trata no nos parece una buena idea.

 

Otro problema con el que nos encontraríamos es que el delito de trata, por lo general, traspasa fronteras. Por tanto la persecución del delito fuera de nuestras fronteras exige investigar en otros países y colaborar con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de esos países.

 

Nuestras recomendaciones/propuestas al Gobierno en este punto son las siguientes (exponemos sucintamente algunas cuestiones):

 

. identificación de las víctimas de trata con garantías, no siendo consideradas migrantes sin papeles.

 

. el plan contra la trata debe extenderse a todas las situaciones y dejar de denominarse “de mujeres y niñas con fines de explotación sexual”;

 

. que la colaboración con las autoridades policiales no sea una condición indispensable para poder recibir protección. Es inaudita la existencia de la “contraprestación” en el delito de trata.

 

. indemnizaciones económicas para las víctimas

 

. contar con la opinión y el trabajo de las ONG especializadas.

 

. seguir gastando ingentes cantidades de dinero institucional para explicar que la trata es un delito (algo que toda la sociedad entiende), nos parece un despropósito cuando aún faltan recursos habitacionales para las víctimas, un ingreso mínimo que les permita sobrevivir en un ambiente relajado, etc, etc… Prioricemos los recursos, acojamos a las víctimas, persigamos el delito y transmitamos todo esto a la sociedad. Es la mejor manera de mostrar la realidad y que se comprenda. No podemos delegar el problema de la trata en la “conciencia ciudadana”.

 

. derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana (ley mordaza) que, como bien saben (porque se aprobó en el Parlamento) multa indiscriminadamente a quienes ejercen la prostitución en espacios públicos y a sus clientes. Y en ocasiones, a víctimas de trata.

 

. por último, exigimos recursos públicos, dependientes de las instituciones.

 

La prostitución es un trabajo

 

En la prostitución hay machismo. También hay machismo en la política. Pero Vds. eso ya lo saben, es a lo que se dedican y conocen perfectamente quién se sienta en cada escaño, ¿verdad? Las prostitutas soportan el machismo como lo soportan Vds., las políticas, o las periodistas o las profesoras universitarias o las cajeras de los supermercados. Y se hace lo que se puede, colectiva e individualmente. Vivimos en sociedades machistas. Es lo que tenemos en común.

 

El Gobierno español, en los dos últimos años, ha reducido la deuda gracias al aumento del PIB, un aumento que ha venido por contabilizar la entrada de dinero de la prostitución. ¿No les parece impresentable que no se reconozca legalmente la legitimidad del trabajo sexual, que no se reconozcan los derechos de estas personas y que por el contrario se contabilice el “supuesto” dinero que mueve? A nosotras sí.

 

El grupo de expertos en materia de trata de la Unión Europea, GRETA, insiste en que la prostitución no equivale automáticamente a trata. Esta distinción es imprescindible tanto para abordar la trata en toda su complejidad como para encontrar soluciones a la hora de acabar con la discriminación que sufren las prostitutas.

 

La prostitución por decisión propia no es violencia, es el trabajo, la actividad económica para muchas personas que reorganizan sus vidas en función del intercambio de servicios sexuales por dinero. Este intercambio se produce entre gente adulta y con mutuo consentimiento.

 

¿Tiene algún sentido seguir repitiendo que “la prostitución es violencia de género”, al tiempo que mantenemos la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida por ley mordaza, que multa a quienes ejercen la prostitución en los espacios públicos, el sector más débil?

 

¿tiene sentido mientras seguimos manteniendo discriminadas a las personas que la ejercen: discriminadas a la hora de poder alquilar una vivienda o pedir un crédito, trabajadoras sin derechos laborales, sin derecho al paro, soportando situaciones laborales que contravienen todas las legislaciones posibles, sin derecho a una pensión de jubilación…?

 

¿qué pensamos hacer con las mayores que dejaron su vida en la calle?

 

¿la propuesta de incorporar la prostitución a una ley contra la violencia de género supondría la inmediata supresión de las multas por la ley mordaza?

 

¿supondría que las prostitutas pasarían a ser víctimas de violencia de género? ¿con qué beneficios? ¿tendrían asegurado las prostitutas su nivel económico de ser así?

 

Pero, como bien podrán imaginar, no estamos en absoluto de acuerdo con la incorporación de la “prostitución” en un futuro Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La prostitución decidida no es violencia de género, sino una actividad económica para muchas mujeres que llevan tiempo reclamando derechos laborales para acabar con las malas condiciones en que se ejerce y con el estigma que pesa sobre ellas por dedicarse al trabajo sexual.

 

Amnistía Internacional está pidiendo la despenalización del trabajo sexual a nivel mundial. Sus últimos informes publicados, hace justo ahora un año, recoge a través de sendas investigaciones las violaciones de derechos humanos que sufren las trabajadoras y los trabajadores sexuales en Noruega, Argentina, Hong Kong y Papúa Nueva Guinea. Les recomiendo que lean, al menos el informe sobre Noruega y la persecución que están sufriendo quienes ejercen. Entre otras muchas cosas, sufren “desalojos inmediatos” de sus viviendas y de sus espacios de trabajo.

 

Las trabajadoras del sexo, como la mayoría de nosotras, buscan la manera de vivir lo mejor posible dentro de las opciones que la vida les ofrece. Y, por supuesto, deciden. En esta medida, la oferta de servicios sexuales es un trabajo para ellas, trabajo que debe ser reconocido legalmente, acabando con la hipocresía que hoy existe al respecto y articular los derechos sociales y laborales que se desprenden de ello. Los mismos derechos sociales y laborales de los que ya disfrutan sus señorías (permisos de maternidad, vacaciones pagadas, protección frente al desempleo, días libres, etc…).

 

Seguir negando esto y mantener a las prostitutas en la situación de discriminación actual contribuye, entre otras cosas, a que sigan siendo explotadas laboralmente, perseguidas y acosadas por la Policía y sufriendo abusos y agresiones de cualquiera que se lo proponga.

 

El proceso de estigmatización que sufren las trabajadoras sexuales hace que por el hecho de ejercer la prostitución se las considere una categoría particular de personas: “traumatizadas”, “trastornadas”, “víctimas extremas de las circunstancias” y lo que es peor sin capacidad de decisión sobre sus propias vidas.

 

El aumento de la presencia de migrantes trabajadoras sexuales ha sido la excusa perfecta para el desarrollo de políticas represivas en materia de prostitución y su aceptación por parte de las instituciones políticas. El hecho de que generalmente lleguen de manera irregular, sin papeles, así como el que se dediquen al ejercicio de la prostitución en un país donde no está reconocida como “actividad económica” favorece todo tipo de abusos sobre las inmigrantes que cuentan con menores recursos económicos. Esta situación ha servido de pretexto para definir la prostitución como violencia de género, no teniendo en cuenta las condiciones que favorecen que algunas prostitutas sufran diferentes formas de violencia sino considerando que es la prostitución en sí y, por lo tanto, los hombres con su demanda lo que hace que estos abusos sean posibles.

 

Discriminación es también la invisibilidad que soportan las prostitutas autoafirmadas y organizadas desde hace décadas a nivel mundial. Este sector de mujeres autoafirmadas, profesionalizadas y que se reivindican a sí mismas con orgullo, es el que se quiere ocultar cuando se habla de la prostitución desde una óptica victimista y sobreprotectora, asimilándola toda a violencia de género, al indefinido concepto de “esclavitud sexual” o a la trata. Palabras con fuertes resonancias emocionales pero que sirven de poco para entender las diferentes situaciones que se dan en el ejercicio de la prostitución. Sirven para hacer demagogia pero no para empoderar a las trabajadoras del sexo, a las que se niega su capacidad de decisión, su libertad y su autonomía para hacer con su cuerpo lo que quieran.

 

Para Hetaira lo importante sigue siendo estar cerca de quienes ejercen por decisión propia y entender y apoyar sus estrategias de supervivencia.

 

Hay partidos políticos que abogan por la erradicación de la prostitución. Pero ¿en qué se han concretado sus políticas públicas allá donde han gobernado (en ayuntamientos y comunidades autónomas)?

 

. En sus programas jamás vemos un plan de acción que contemple medidas sociales que puedan beneficiar a las prostitutas que voluntariamente desearan abandonar la prostitución, por los motivos que sea, muchas veces por no soportar el estigma social. Tan sólo se han puesto en marcha, en ocasiones, tímidos talleres y cursos a los que han podido acceder una cantidad ridícula de mujeres y que no les ha permitido abandonar la prostitución. Cursos de formación limitados, en muchas ocasiones, a trabajos precarizados y con una contraprestación económica insuficiente, que impide que dejen la calle.

 

. poniendo en marcha normativas cívicas ciudadanas (que multan a clientes, lo que significa castigar a las mujeres dejándoles sin fuente de ingresos); o normativas que multan a ambos o aplicando la ley mordaza;

 

. gastando cantidades ingentes de dinero público en campañas que “criminalizan a los clientes” y, por ende, a quienes ejercen;

 

 

. escribiendo guías con recomendaciones dirigidas a los medios de comunicación que hasta niegan a las mujeres la posibilidad de autodefinirse como trabajadoras del sexo.

 

. a hacer ruido ante el Consejo de Estado sobre la prohibición de publicidad de los anuncios de prostitución en los medios de comunicación. Intento baldío en el siglo XXI y con Internet al alcance de toda la población.

 

Poca cosa, poco serio, ¿no les parece? Y lo peor, ninguna de estas políticas públicas han tenido nunca en cuenta a sus protagonistas, las trabajadoras del sexo.

 

Cualquier plan contra la violencia hacia las mujeres, pero que suponga más “violencia institucional” contra algunas de ellas, en este caso las prostitutas, será un fracaso, un fracaso del Parlamento y un fracaso del feminismo y jamás contará con nuestro apoyo.

 

Si afirmamos tan contundentemente que la prostitución es violencia de género ¿qué deberíamos exigir para las “supuestas víctimas”, las prostitutas? ¿resarcirles económicamente por el sufrimiento causado?

 

Comparar trata (donde la voluntad de la víctima es nula) con prostitución por decisión propia es un ejercicio de cinismo. Comparar el sufrimiento de la trata frente a la decisión de quienes deciden ejercer la prostitución es pura demagogia.

 

La prostitución no es violencia de género, sin embargo, las prostitutas, en ocasiones (y además de sufrir violencia institucional) sufren y pueden sufrir agresiones por el hecho de ser mujeres. Y en este caso sí reclamamos medidas de protección para ellas.

 

Sólo por recordar, hace años nos vimos obligadas a denunciar que los servicios de atención a las víctimas de violencia de género dependientes del Ayuntamiento de Madrid no estaban atendiendo a mujeres que ejercían la prostitución y que querían denunciar a su compañero afectivo o sentimental, porque se consideraba que se trataba de su “proxeneta”. El estigma de nuevo en marcha. El estigma que considera que una puta no puede tener vida privada, ni una familia ni mucho menos un compañero afectivo.

 

Las políticas públicas nunca contemplaron una sola campaña de sensibilización de no estigmatización a las prostitutas. Exigimos acabar con la estigmatización que pesa sobre ellas (no son delincuentes, no son basura, no se “venden” a nadie), porque esta estigmatización llevará a que más de un indeseable -apoyándose en las propias políticas públicas discriminatorias- decida agredir a alguna de ellas o incluso asesinarla.

 

En la medida en que entendemos la prostitución como trabajo, con características especiales (el estigma entre otros), nuestras recomendaciones al Gobierno pasan por:

 

. normalización del trabajo sexual y derechos laborales y sociales para las prostitutas (de este modo, no ocurriría lo que ocurre a día de hoy día, que los empresarios de clubes de alterne imponen prácticas sexuales y/o clientes, entre otras cosas).

 

. que las migrantes puedan conseguir sus permisos de trabajo y residencia por ser trabajadoras del sexo.

 

. regular las relaciones laborales cuando median terceros. Para ello es fundamental que se derogue la última modificación que se hizo del artículo 188 bis del Código Penal que considera delito “lucrarse explotando la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de la misma”. Este añadido, (“aún con el consentimiento de la misma”) impide los tratos comerciales de las prostitutas en mejores condiciones y enmascara las relaciones que se están dando dentro de los clubes. ¿Por qué no evitar la explotación laboral que sabemos suceden en los clubes? ¿por qué no evitar maratonianas jornadas de trabajo? ¿por qué no normalizar la prostitución como trabajo para garantizar salarios dignos? ¿por qué no prevenir los riesgos laborales? ¿por qué no la existencia de convenios colectivos que regulen la situación?

 

. además de que la ley tenga en cuenta los aspectos básicos como licencias, localización de locales, etc… debería tener también en cuenta los horarios especiales los descansos semanales, separar el lugar del trabajo del lugar donde se vive (algo impensable en cualquier otro tipo de trabajo).

 

. priorizar los locales autogestionados y cooperativas de trabajadoras sexuales.

 

. no conceder licencias a truts o personas individuales que cuenten con antecedentes penales, especialmente por violencia de género o por trata.

 

. la negociación de espacios públicos, a través de políticas persuasivas y no criminalizadoras, de manera que quienes captan a su clientela en la calle puedan trabajar minimizando todo tipo de riesgos (también la de las posibles agresiones de algunos clientes).

 

. respeto al trabajo sexual. Celebración del 2 de Junio, Día Internacional de las Prostitutas.

 

. dípticos y reparto de materiales en lugares de ejercicio de prostitución contra las agresiones machistas, que las prostitutas sepan que tienen a los Ayuntamientos, a las Comunidades Autónomas y a los Gobiernos de su parte (y no en su contra).

 

. retirada inmediata de la ley mordaza, es imposible depositar tu confianza en quien te persigue y te multa día sí, día también.

 

. celebración del 17D, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Trabajadoras del Sexo.

 

. que se contabilicen las agresiones a las y los profesionales del sexo.

 

. es importante que se avance en el respeto al trabajo sexual y dejar de gastar dinero en discursos estériles. Nuestros adolescentes no necesitan que se les diga que no han de ser “consumidores de prostitución”, lo que necesitan es aprender que el RESPETO es el único camino posible para relacionarse en un encuentro sexual, sea pagado o no y siempre que exista previo consentimiento.

 

En 2016, desde Hetaira contabilizamos, a través de los medios de comunicación, al menos cinco asesinatos de trabajadoras del sexo cometidos en nuestro país. Tres de las víctimas eran mujeres trans. Ninguno de estos delitos puede quedar impune. Ningún asesinato puede ser justificado, tampoco el de las prostitutas. Sus muertes merecen ser igualmente lloradas y reclamadas por los movimientos de mujeres.

 

Muchas gracias por su atención.

 

Varios colectivos rechazan los juegos infantiles impulsados contra la prostitución

Escoltem Velluters defiende a las mujeres y pide a la concejalía que anule el proyecto

 

josé parrilla | valència 30.03.2017

http://www.levante-emv.com/valencia/2017/03/30/colectivos-rechazan-juegos-infantiles/1547949.html

Cruce de la calle Hiedra con la calle Linterna, donde se instalará el parque. j. p.

 

La instalación de juegos infantiles entre las calle Hiedra y Linterna con el propósito confeso de ahuyentar la prostitución amenaza con convertirse en un conflicto colectivo. Si la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, con el apoyo de la Asociación de Vecinos de Velluters, ha conseguido sacar adelante este proyecto en los presupuestos participativos con la finalidad de liberar al barrio de la presencia de prostitutas, el colectivo Escoltem Velluters, anuncia movilizaciones en defensa de éstas. A su juicio, la propuesta atenta «contra los principios de no discriminación, igualdad e inclusión», por lo que, a su juicio, debería haber sido retirada por la Concejalía de Participación Ciudadana.

Los juegos infantiles de la calle Linterna ha sido el proyecto más votado de Ciutat Vella gracias a la campaña desarrollada por comerciantes y vecinos. Se trata de una inversión de 60.000 euros que se ejecutará este mismo año al formar parte ya de los presupuestos generales de 2017.

Sus impulsores, comerciantes y vecinos, creen que la presencia de niños acabará alejando a las prostitutas de la zona, pues la policía se toma más interés en estas circunstancias, dicen, y además las sanciones en estos casos pueden llegar a los 2.000 euros.

No discriminación

Pero hay quien desaprueba frontalmente esta propuesta. Diferentes entidades de Ciutat Vella, agrupadas en la red de colectivos Escoltem Velluters, entienden que «esta propuesta atenta claramente contra los principios de no discriminación, igualdad e inclusión que supuestamente abandera la consulta». Así pues, acusan de «falta de valentía política» a la Concejalía de Participación Ciudadana «por no haber retirado en su momento dicho proyecto».

Escoltem Velluters lamenta que no se hayan dado alternativas para estas mujeres y denuncian, además, importantes errores técnicos en el desarrollo de la consulta ciudadana. A su juicio, y según el relato de las personas presentes en los grupos de trabajo de la consulta, el equipo dinamizador de la misma ya advirtió allí que esta propuesta vulneraba los principios recogidos en las bases del proceso. En consecuencia, identifican la falta de coordinación como el hecho que ha provocado que esta propuesta haya sido finalmente validada.

Escoltem Velluters defiende la idea de que en Ciutat Vella hacen falta más parques infantiles. Sin embargo, se entiende que «estos espacios son lugares de encuentro y convivencia del vecindario, cuyo propósito no puede ser expulsar a otros colectivos sociales». Así pues, califican de perverso el hecho de promocionar parques para expulsar al colectivo de mujeres que ejercen la prostitución.

Por último, los vecinos recuerdan el enorme peso que han tenido el grupo de propietarios de pisos turísticos y hoteles de la zona en la difusión de la propuesta finalmente ganadora. Los colectivos reivindican que «aquellos agentes que miran únicamente por incrementar sus beneficios privados no pueden ser quienes diseñen el futuro del conjunto de vecinos de Ciutat Vella».

En resumen, desaprueban el proyecto y anuncian futuras movilizaciones en contra del mismo.


 

 

Los comerciantes logran el parque infantil promovido contra la prostitución

El proyecto para construir los juegos en la calle Linterna se aprueba en la consulta ciudadana

 

josé parrilla | valència 28.03.2017

 

http://www.levante-emv.com/valencia/2017/03/28/comerciantes-logran-parque-infantil-prostitucion/1546968.html

 

La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico ha sacado adelante con una votación masiva en los presupuestos participativos la instalación de una zona de juegos infantiles en la calle Hiedra, cruce con Linterna, un proyecto con el que quieren revitalizar esta zona y alejar a las prostitutas que frecuentan la zona. Al final, este proyecto ha sacado 250 votos, el más popular de los tres aprobados para Ciutat Vella.

Como ya informó este periódico, el entorno de la calle Linterna se ha convertido en uno de los focos de prostitución callejera de València. Es una prolongación del Barrio Chino de València, situado al otro lado de la Avenida Barón de Cárcer.

Esto ha generado importantes molestias y perjuicios a los comerciantes de la zona y también al nuevo hotel que se ha inaugurado en esta calle, cuyos responsables ya pidieron al ayuntamiento que controlara la prostitución para no perjudicar su millonaria inversión.

Así pues, comerciantes y vecinos han pedido en numerosas ocasiones que se acabe con este problema y en vistas de que el ayuntamiento no adopta las medidas solicitadas, la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico ha buscado una fórmula alternativa, que consiste en promover parques infantiles para que la Policía Local tome conciencia del problema y pueda aplicar con todo su rigor la Ordenanza de Prostitución, que sanciona con hasta 2.000 euros a quienes soliciten servicios sexuales de una prostituta a menos de 200 metros de un colegio o un parque infantil.

Concretamente, han aprovechado la fórmula de los presupuestos participativos, en la que cada distrito puede elegir los proyectos que se ejecutan en sus barrios dentro del límite de dinero que cada año marca el ayuntamiento. La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico propuso que se creara un parque infantil en la replaza formada por la confluencia de las calles Hiedra, Linterna y Mallorquins, donde se ejerce la prostitución. Y una vez que el proyecto pasó el primer corte, la propia asociación ha hecho campaña para que vecinos y comerciantes la apoyaran con su voto.

Y lo han conseguido. Este proyecto ha recibido 250 apoyos y se ha convertido en el más votado de Ciutat Vella, por delante del acondicionamiento de la Plaza Centenar de la Ploma (193 votos) y la instalación de paneles luminosos para prevenir la contaminación acústica (119).

Estos juegos infantiles tienen un presupuesto de 60.000 euros y se instalarán obligatoriamente a lo largo de este ejercicio, pues los presupuestos participativos, cuyo montante global es de 7 millones de euros, forman parte de los presupuestos generales del Ayuntamiento de València para 2017.

El proyecto para la Plaza Centenar de la Ploma tiene un coste previsto de 61.082 euros, y los paneles luminosos para prevenir la contaminación acústica costarán 21.096 euros.

 

 

Apdha da un “suspenso” al Ayuntamiento de Sevilla por las medidas ante la prostitución al “no resolver su situación”

 

La Delegación de Sevilla de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha otorgado un “suspenso” al Ayuntamiento hispalense en materia de planes y ordenanzas elaborados para erradicar de la prostitución en la ciudad.

 

http://www.20minutos.es/noticia/2974488/0/apdha-da-suspenso-al-ayuntamiento-por-medidas-ante-prostitucion-al-no-resolver-su-situacion/

 

EUROPA PRESS. 02.03.2017

 

Con motivo del Día Internacional por los Derechos del Trabajo Sexual, que se celebra el viernes, la Apdha ha señalado a través de un comunicado que todas las medidas tomadas por la agrupación municipal, a través de ordenanzas y planes para erradicar la prostitución, “parten de principios ideológicos y morales que nada tienen que ver con dotar de derechos, atención y de herramientas a las personas trabajadoras del sexo” y, en consecuencia, afirman que “no resuelven la situación de marginalidad de este colectivo, sino que suponen un agravamiento de esta situación”.

 

Estas medidas, según critica, van encaminadas a “invisibilizar la prostitución y, acto seguido, se despreocupan de las consecuencias nefastas para las personas trabajadoras del sexo, ya que provocan que se vean desplazadas a zonas del extrarradio de la ciudad, donde la desprotección es mayor, o son obligadas a esconderse en clubes de alterne o salas de fiestas”. Asegura que, en estos locales “aumenta su dependencia a terceras personas y se las hace más vulnerables a la explotación, con jornadas interminables de trabajo, retribuciones precarias y condiciones abusivas e infrahumanas, difíciles de denunciar por colectivos pro derechos humanos o por la propia administración, pues no dejan de ser empresas privadas con acceso restringido”.

 

Por ello, afirma que, bajo la pretensión de erradicar la prostitución, “justifican el acoso y la criminalización de las trabajadoras sin escuchar su voz, arrebatándoles toda agencia y reconocimiento”.

 

Indica que sólo en 2015 el Ayuntamiento de Sevilla invirtió la cantidad de 344.000 euros para protección e inserción laboral para mujeres víctimas de violencia de género y trata, “de los cuales solo el 28 por ciento, 97.362 euros, se destinó en campañas y publicidad, según la web municipal”, mientras que para el programa de atención social de búsqueda de empleo de la oficina municipal del Punto de Información de la Mujer (PIM) “apenas un cinco por ciento, 17.779 euros”.

 

En opinión de la Apdha Sevilla, “se trata de una oficina sin herramientas ni recursos adecuados para atender a las trabajadoras del sexo, que ha estado cerrada durante el mes de enero, y ahora atiende en horario reducido, con personal contratado en precario y cuyas actividades no pasan por evaluación desde hace años”.

 

Además, apunta que el Ayuntamiento anunció en diciembre los primeros trabajos del segundo plan para promover la erradicación de la trata, la prostitución y otras formas de explotación sexual al cual se ha destinado 16.101,40 euros para su diseño y elaboración, “aun cuando todavía no se han publicado los resultados ni la evaluación del plan anterior”.

 

La Apdha lamenta la “falta de transparencia” del Ayuntamiento, que “no ha dado respuesta aún a varias preguntas presentadas en el Pleno sobre las condiciones de las licencias de los clubes y sobre la denominación y actividad comercial con las que están dados de alta, para conocer así el control que tienen sobre estas empresas, dónde se realiza el trabajo sexual y a cuáles facilitan licencias”.

 

Por todo ello, exige medidas que garanticen los derechos de las personas que trabajan en los clubes o salas y que posibiliten su apertura a entidades sociales. Además, pide “más y mejor” atención y recursos efectivos para las personas que quieran dejar de ejercer la prostitución, así como “el reconocimiento de derechos y dignidad a las personas que libremente presten servicios sexuales”. Por último, reclama dotar a los centros sociales municipales de herramientas prácticas y eficaces, programas sociales y personal cualificado.

Madrid merece putas con derechos

 

 

Por Mamen Briz (Hetaira)

 

Colectivo Hetaira·Martes, 31 de enero de 2017

 

Ponencia de Mamen, del Colectivo Hetaira, en Madrid, el 17 de diciembre de 2016 (Centro Dotacional Integrado de Arganzuela dentro de la Jornada El respeto de los derechos humanos en el trabajo sexual)

 

¿Qué hacemos con la prostitución en la ciudad de Madrid?

 

Ha pasado ya más de un año y medio desde aquel día, el 24 de mayo de 2015, en que las urnas decidieran “echar” a Ana Botella y al equipo de Gobierno del PP de Madrid.

 

Mucha gente lo celebró. Las prostitutas entre otras.

 

Lo celebraron ellas y lo celebramos quienes venimos haciendo, desde hace años, activismo en la defensa de los derechos de las prostitutas.

 

Pensábamos que, por fin, tendríamos la oportunidad de conseguir que la situación de las trabajadoras del sexo mejorase en nuestra ciudad. Pensábamos que podríamos dejar atrás años de desprecio por parte del anterior equipo de Gobierno.

 

Hetaira nunca ha tomado “partido”, ni hemos pedido el voto para ninguna formación política. Nuestra tarea ha consistido en informar sobre la situación real de las prostitutas en la ciudad y en el resto del país y en explicar qué queremos decir cuando hablamos de derechos o de la necesidad de descriminalizar el trabajo sexual. Por lo general, las formaciones políticas –de todo signo y color- nos han pedido reuniones previas a la redacción de sus programas electorales. En otros momentos, hemos sido nosotras quienes hemos solicitado reunirnos con partidos políticos concretos. Pero la realidad es que, a lo largo de nuestros 21 años de existencia, hemos coincidido, en no pocas ocasiones, con activistas de otras organizaciones que forman parte, en la actualidad, de Ahora Madrid.

 

La conformación de Ahora Madrid fue un proceso largo. Y se pidió a Hetaira que participase en diferentes reuniones para poder “repensar” qué hacer con la prostitución. Y allí estuvimos.

En las diferentes reuniones y espacios donde nos encontramos, las hetairas explicamos, por activa y por pasiva, cuáles pensábamos que podrían ser las mejores políticas municipales en materia de prostitución.

 

De todos aquellos procesos, salió una propuesta breve, pero clara, que se incorporó al programa electoral de Ahora Madrid.

 

El programa de Ahora Madrid recogía lo siguiente: “Desarrollar políticas a favor de los derechos de las prostitutas en colaboración con ellas, de forma que se garantice su integridad física, sus derechos ciudadanos, sus derechos de imagen, sus condiciones laborales y los recursos sociales necesarios para el abandono del ejercicio de la prostitución si así lo deciden”. [Programa electoral de Ahora Madrid, p.35]

 

El acuerdo PSOE-Ahora Madrid sabíams que no nos beneficiaría si la prostitución se convertía en moneda de cambio (como así parece estar ocurriendo); pero nunca pensamos que el equipo municipal de Ahora Madrid, más concretamente el Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, a cargo de Marta Higueras, se manifestara a favor de un modelo victimista y de criminalización del trabajo sexual y a favor de las políticas heredadas por Ana Botella, dándolas por válidas, sin ningún sentido crítico, sin revisar qué filosofía esconden estas políticas, sin evaluar las repercusiones que han tenido sobre las personas que ejercen la prostitución en la ciudad de Madrid. Y sin trabajar, codo con codo, con las afectadas.

.

Pensábamos que, por fin, podríamos mejorar las condiciones de trabajo (y por tanto de vida) de las prostitutas, sobre todo de aquellas que lo tienen más difícil: las prostitutas que captan a su clientela en la calle o de aquellas otras que, debido a las políticas de persecución y criminalización que se efectúan en la calle, deciden trabajar en pisos o clubs si poder negociar sus condiciones de trabajo.

 

Pensábamos que sería el momento de cerrar página, de esquivar el estigma que pesa sobre ellas. Por fin un Ayuntamiento que no gastase ingentes cantidades de dinero en actividades y en “supuestas” campañas de sensibilización que les venían haciendo un flaco favor a las prostitutas, ya que ahondaban en el estigma puta.

 

Pensábamos que sería el momento de negociar, por fin, espacios públicos donde las mujeres pudiesen trabajar sin molestar ni ser molestadas. No es económicamente imposible, tan sólo se necesita voluntad política para poner en marcha un proyecto piloto.

 

Pensábamos que sería el momento en que, por fin, las instituciones recibieran a las trabajadoras del sexo sin tener que soportar miradas de desprecio. Pero tampoco ha sido así, ni tan siquiera son reconocidas como lo que son: trabajadoras del sexo y se refieren a ellas como “prostituidas”.

Nunca nos recibió Manuela Carmena, algo que sí ha hecho con otros sectores sociales, con las trabajadoras domésticas organizadas, por ejemplo. Existen fotografías de ese encuentro y desde las redes sociales de Ahora Madrid se difundió por activa y por pasiva.

 

En la primera reunión de Hetaira con el equipo municipal, fuimos “redirigidas” a Marta Higueras. Tuvimos dicha reunión el 7 de septiembre de 2015, y no contó con ninguna foto “oficial”, ni se contó por las redes sociales, ni escuchamos una sola frase de compromiso en defensa de los derechos de las prostitutas. Tan sólo escuchamos en la despedida: “Ya os informaremos”; es decir, se nos cerraba la posibilidad de participación en las políticas públicas dirigidas a las prostitutas. Tras la reunión, expresamos nuestro malestar al equipo de Gobierno de Ahora Madrid.

 

Pero no desistimos, volvimos a solicitar una nueva reunión con Manuela Carmena -junto con nuestras compañeras de AFEMTRAS- en el mes de mayo de 2016; nos comunicaron que sería posible tras el verano. Estamos en diciembre y aún no hemos sido convocadas.

 

Pero volvamos al programa de Ahora Madrid: “Desarrollar políticas a favor de los derechos de las prostitutas en colaboración con ellas”. Tras aquella primera reunión, nunca más se ha vuelto a contar con las organizaciones pro derechos ni tampoco con las organizaciones propias de trabajadoras del sexo. La “colaboración” se cayó del programa.

 

Continuemos… “de forma que se garantice su integridad física, sus derechos ciudadanos, sus derechos de imagen, sus condiciones laborales”. Nada de esto ha ocurrido: no se ha hecho absolutamente nada para trabajar en la integridad física de quienes ejercen la prostitución, sobre todo de quienes captan a su clientela en la calle, en lugares apartados de los centros urbanos, que continúan abandonadas a su suerte y sufriendo, como novedad, las multas, a consecuencia de la ley mordaza.

 

Ni siquiera la denuncia de abusos policiales por parte de algunos miembros de la XI Brigada de la UCRIF hacia las prostitutas ha hecho reaccionar al equipo municipal, a pesar de que conocían estos hechos. Por eso el miércoles, día 14 de diciembre de 2016, convocamos a una cacerolada ante las puertas del Ayuntamiento de Madrid. Para volver a llamar la atención. Para que no se olviden de nuestra existencia y para que no miren hacia otro lado cuando denunciamos insultos (racistas, sexistas, tránsfobos), humillaciones y abuso de autoridad.

 

Tampoco reaccionó Purificación Causapié, concejala en el Ayuntamiento por el PSOE, con quién también nos reunimos el pasado 30 de junio de 2016. Porque, a pesar de conocer las ideas abolicionistas del PSOE, entendíamos que los abusos policiales que estaban teniendo lugar contra las prostitutas del Polígono de Villaverde debían estar por encima de sus ideas en torno al trabajo sexual. Pero no, no ha sido así.

 

Tampoco se han garantizado sus “derechos de ciudadanía”, a no ser que entendamos que la ley de seguridad ciudadana, la famosa ley mordaza, se haya empleado a gusto contra ellas. Podemos decir que por una vez se reconoce a las prostitutas como ciudadanas de pleno derecho, sí “ciudadanas multadas”.

 

Con respecto a sus “derechos de imagen” no solamente no se ha hecho nada sino que se ha perjudicado intencionadamente a algunas activistas-trabajadoras del sexo haciendo uso de sus imágenes, sin su consentimiento, en la famosa “guía de recursos para periodistas” [sobre la que volveré más tarde] titulada El abordaje de la prostitución y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

 

Sobre el garantizar sus “condiciones laborales” tampoco ha habido ni un solo cambio ni mejora. Las condiciones laborales continúan siendo paupérrimas y agravadas por la puesta en marcha de la ley mordaza.

 

Por último, decía el programa electoral de Ahora Madrid: “y los recursos sociales necesarios para el abandono del ejercicio de la prostitución si así lo deciden”.

 

Desde Hetaira siempre hemos puesto el foco de atención en exigir protección real para las víctimas de trata; derechos laborales y sociales para quienes deseen continuar ejerciendo y, por último, alternativas de empleo para quienes deseen, por los motivos que sea, abandonar el ejercicio de la prostitución.

 

Y aquí, sí, tenemos que decir que en éste último punto se ha hecho algo: se ha dado continuidad a algunos de los cursos puestos en marcha por Ana Botella. El Ayuntamiento de Madrid aprobó en 2015 un presupuesto de 72.000 euros y becó a 30 mujeres (600 euros mensuales por asistir a los cursos de formación, durante 4 meses). En 2016 el presupuesto ha sido de 76.500 euros y el número de becas 31. A falta de una evaluación concreta para conocer el éxito de la formación recibida y, si ésta es la más adecuada y demandada por las prostitutas, tan sólo contamos con la cifra que se ofrecía desde Concepción Arenal: 8 mujeres de 30 encontraron otra ocupación, todas en tareas de cocina y de camareras de piso.

 

Desde Hetaira entendemos que las becas han de ampliarse, es insuficiente fijar en 30/31 de forma anual. La cantidad de la beca no llega al salario mínimo interprofesional y es complicado pagar el alquiler, las facturas, la comida y el transporte en la ciudad de Madrid y llegar a fin de mes. Muchas mujeres siguen ejerciendo la prostitución al tiempo que estudian y el Ayuntamiento es conocedor de ello. Por otro lado, exigimos la diversidad de cursos ofertados, porque ofrecer trabajos precarizados y fuertemente feminizados no puede ser la única solución. Las trabajadoras del sexo cuentan con muchas otra habilidades y el abanico de posibilidades debería ampliarse: azafatas en eventos y congresos, recepcionistas de hotel… tienen don de gentes y algunas conocen varios idiomas.

 

La gestión de estos cursos y la “fase de inserción laboral” corre a cargo del proyecto Atención Víctimas Explotación Sexual Concepción Arenal, el mismo que puso en marcha Ana Botella y que continúa con su misma filosofía heredada. Porque este recurso deja bien claro quiénes son las personas beneficiarias del mismo: “Mujeres en situación de prostitución y/o víctimas de trata con fines de explotación sexual en el municipio de Madrid”. Ni siquiera nombra a las “prostitutas” ni a las “trabajadoras del sexo”. Quien quiera acudir al recurso, para empezar, ha de cambiar la propia forma de autonombrarse. En la información sobre dicho recurso, que aparece en la página web del Ayuntamiento de Madrid, se habla tan sólo de “mujeres víctimas de explotación sexual”. Nos preguntamos: “¿quiénes son las víctimas de explotación sexual?”

 

Recordamos que el delito de trata ya está reflejado en nuestro Código Penal, no así la “explotación sexual”.

 

“Explotación sexual” es un concepto muy discutible si nos atenemos a lo que plantea GAATW (Alianza Global contra la Trata de Mujeres): “No existe una definición internacional del término “explotación sexual”, con lo que cada país puede definir y abordar ésta como considere apropiado, teniendo así un gran margen de actuación”.

 

Lo que está sucediendo es que el término “explotación sexual” se utiliza como sinónimo de “prostitución” de forma intencionada para ahondar en la idea de que prostitución= “explotación sexual”.

 

Cuando se elaboró el Protocolo de Palermo, por el año 2000, la OIT ya recomendó eliminar este término y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, en junio de 1999, también recomendó suprimirlo para evitar las dificultades de implementación inherentemente asociadas a los términos vagos, imprecisos y emotivos (como ocurre con “explotación sexual”) cuando estos son utilizados refiriéndose a los adultos.

 

Si tal y como afirma la coordinadora del recurso Concepción Arenal: el 50% de mujeres que atienden son víctimas de redes. Nuestra pregunta es: ¿Por qué no lo denuncian ante las autoridades judiciales para que puedan recibir la protección adecuada y que se active el sistema judicial-policial para condenar a los “tratantes”?

 

Hemos tenido algunos otros encuentros y reuniones con miembros de Ahora Madrid. En concreto con Javier Barbero, delegado del Área de Salud, Seguridad y Emergencias, y con Guillermo Zapata, concejal presidente de los distritos de Fuencarral-El Pardo y Villaverde. En la reunión con Barbero, y en la que también estaba presente la Plataforma No Somos Delito, se habló de hacer una mesa de seguimiento de las vulneraciones de derechos de la ley mordaza. Hubo nota de prensa y foto, pero finalmente no se puso en marcha. Con Guillermo Zapata hemos mantenido varias reuniones tratando de conseguir una mesa en donde pudiéramos llegar a acuerdos entre comerciantes, vecindario y las mujeres que ejercen la prostitución en el Polígono de Villaverde; pero tampoco ha prosperado.

 

¿Qué otras cosas se han hecho desde el Ayuntamiento de Madrid en relación a las prostitutas, putas o trabajadoras del sexo?

 

  1. Publicidad ilícita

 

El 25 de noviembre de 2015, PP, PSOE, Ciudadanos y Ahora Madrid aprobaron en un pleno municipal considerar “publicidad ilícita” a los anuncios de prostitución que en ocasiones aparecen en los coches aparcados en las calles de Madrid, amparándose en la Ley General de Publicidad que considera “publicidad ilícita” los anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria o discriminatoria: “Utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto”. No hay que estar muy “viva” para darse cuenta de casi el 90% de la publicidad vende sus productos a través de “cuerpos”, cuerpos jóvenes siempre, de mujeres y de hombres… Así que el PP incorporó lo siguiente: “Anuncios que muestren también al hombre ‘como una mercancía’.

 

El delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, señaló que la Policía Municipal no actuará de igual modo ante los anuncios de prostíbulos y los que realizan: “Mujeres que ejercen la prostitución por su cuenta y hacen ellas mismas las fotocopias”. Un apunte interesante por su parte y que agradecemos.

 

A fecha de hoy, no tenemos constancia de qué repercusión ha tenido esta medida sobre la publicidad que se exhibe en coches y mobiliario urbano. Desconocemos si se ha podido hacer alguna evaluación de la misma. Desconocemos si sirvió para algo. Además de para divagar sobre la publicidad.

 

  1. Guía de recursos para periodistas El abordaje de la prostitución y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

 

El día 23 de septiembre de 2016, fue declarado por la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas (una coalición con una filosofía abiertamente abolicionista y que no tiene en cuenta la diversidad de situaciones entre quienes ejercen la prostitución), como Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Al margen de no entender esta asimilación de mujeres (es decir, personas adultas con capacidad de decisión sobre sus propias vidas) con “Niñas y niños” (menores a quienes hay que proteger). A pesar de que “tráfico” de personas significa una cosa y “trata” otra. A pesar de que no hay una única definición de “explotación sexual”; a pesar de todo ello, el Ayuntamiento de Madrid decidió que era el día perfecto para presentar en sociedad la guía de recursos para periodistas El abordaje de la prostitución y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

 

Se nos invitó a la presentación de la misma y allí estuvimos, sin entender nada de lo que estábamos escuchando. Oyendo más de lo de siempre, ninguneando a las trabajadoras del sexo, ninguneando sus necesidades, discriminándoles y estigmatizándoles como siempre se había venido haciendo desde la corporación municipal. El cambio no ha llegado para las trabajadoras del sexo.

 

Pero entre todas las opiniones las que más indignación nos causaron fueron las que vertió la alcaldesa, ya que no representaban para nada las diferentes sensibilidades que se dan dentro de su propio grupo municipal, a la par que barrenaba su propio programa electoral. Carmena esgrimió frases como ésta:”Es muy útil para conocer el acto de explotación individual que tantas mujeres sufren sólo porque un hombre ha decidido explotarlas” o ésta otra: “Hay que profundizar en las causas de la demanda de prostitución y utilizar el periodismo de datos para desmontar la hipocresía sistemática de esta sociedad”. Palabras-humo.

 

La guía propone, entre otras cosas, sustituir las palabras “prostituta” o “puta” por “mujer en situación de prostitución, víctima de trata o de explotación sexual o mujer prostituida”. También recomienda cambiar los términos al referirnos a los clientes. Sugiere llamarlos “puteros” o “demandantes de prostitución”. Es decir, que el Ayuntamiento impide que las trabajadoras del sexo se autonombren como deseen y les indica a los medios de comunicación cómo han de referirse a ellas (1). Es determinante, conocer cómo se autonombran los diferentes colectivos y no privarles de su capacidad de decisión como si necesitaran de tutela permanente.

 

Claro que cuando algo no se nombra, no existe, esto es lo que les ocurre con frecuencia a las prostitutas; podemos considerar “invisibilidad institucional” como discriminación. Confundir “trata” y “prostitución”, además de suponer un insulto a la inteligencia, y hacerlo de forma intencionada tiene consecuencias sobre las vidas de las prostitutas. Claro que es difícil pensar en las vidas de personas concretas, cuando son personas que ni conocemos ni deseamos conocer.

 

Otra perversión más, la guía -a pesar de no haber contado para su elaboración con activistas pro derechos ni con trabajadoras del sexo, ni con periodistas especializados en derechos humanos- cita a Hetaira (no sabemos si como forma de “contentar” o de que pareciera “plural”); cita a Hetaira para contradecir sus tesis y además nos cita mal, nos cita como “corriente pro reguladora” (pág. 28, 37 y 67), cuando jamás apostamos por la “regulación de la prostitución”, somos pro derechos (que es muy distinto). En la página 72, recomiendan a los periodistas que no recojan sólo la voz de las prostitutas cuando se manifiestan (a pesar de ser ellas las protagonistas), que hay que dar voz también a quien no se manifiesta ese día y está en contra de las prostitutas, vaya. Es como recomendar a los periodistas que en las manifestaciones por el derecho al aborto pasen el micrófono a las organizaciones pro vida.

 

En las últimas páginas de la guía aparecen fotografías de putas empoderadas, mujeres que han decidido dar la cara por todas sus compañeras. Y ahí están sus fotos y se les critica por no representar a todas las prostitutas, porque son de alto standing. Jamás pretendieron representar a “todas” las prostitutas. Las escorts lo que sí han hecho ha sido solidarizarse con quienes lo tienen más difícil. En el último mes ha surgido otra crítica: algunas mujeres de quienes están dando la cara no son “auténticas mujeres”, son “transexuales”. Por tanto, tampoco son representativas. El Área LGTB de Ahora Madrid tendría que tenerlo en cuenta.

 

En definitiva, la guía sirve para continuar estigmatizando a las prostitutas y servirá de poco o nada a los y las profesionales del periodismo.

 

Ante la crítica de dicha guía, por parte de asociaciones pro derechos y de asociaciones de prostitutas de Madrid y Barcelona, la única voz que escuchamos dando explicaciones fue la de Rita Maestre, portavoz del grupo municipal, quien muy brevemente explicó, tras la pregunta de un periodista, que se trataba de un tema “muy complejo” (esto no se le escapa a nadie, por cierto) y que no valen los “brochazos gordos”.

 

Estamos de acuerdo con ella en que el tema es complejo, muy complejo, pero no tanto para decidir no estar “con ninguna postura” (ni abolicionista ni pro derechos; ésta es una nueva moda, decid que una no se decanta por ninguna, como si esto sirviera para algo). Pero el equipo municipal no es que ante la complejidad haya decidido esperar, no, ante la complejidad ha decidido continuar aplicando políticas públicas que conllevan graves consecuencias sobre la vida de las mujeres que ejercen la prostitución, por ejemplo, profundizando en el estigma. Y declarar que no valen los “brochazos gordos”, aunque la guía para periodistas, no haya usado “pinceles finos” precisamente.

 

Problemas complejos nos rodean siempre y sin embargo, a pesar de la complejidad, tomamos partido, porque tomar partido es la única vía para buscar soluciones. Así el Ayuntamiento, a pesar de lo complejo del tema, decide, por ejemplo, involucrarse en la exigencia del cierre de los CIES. Podríamos dejar de debatir y apoyar a estas mujeres que esperan de nuestra respuesta y de nuestra solidaridad. ¿Debatimos mientras denuncian que son acusadas por determinados individuos de una unidad policial de la UCRIF? ¿Debatimos mientras les aplican la ley mordaza? ¿Debatimos mientras las deportan?

 

El día 28 de septiembre de 2016, publicaba el Huffington Post (2): “De momento, el Ayuntamiento de Madrid no ha respondido al comunicado de Hetaira y AFEMTRAS. “Nuestra idea es esperar, a ver si hay algún tipo de reacción para poder seguir consensuando. Si queremos una guía que sea práctica tanto para mujeres como para periodistas, esperemos poder retomarlo”, explicábamos. Pero estamos acabando el año y nuestra entrevista con Carmena continúa a la espera.

 

  1. Ordenanza de convivencia de consenso

 

Al día siguiente, el 29 de septiembre, la portavoz municipal Rita Maestre anuncia que se está trabajando en una ordenanza de convivencia de consenso: “La ordenanza va precedida de un periodo de diálogo previo para conocer la opinión de todos los actores”. Aún no hemos sido convocadas a ninguna reunión para poder dar a conocer nuestra opinión sobre el efecto pernicioso de las ordenanzas de convivencia impuestas en otras ciudades de nuestra geografía y que criminalizan y ahondan en el estigma puta.

 

  1. Jornadas en dependencias municipales

 

Por otro lado, y en este repaso que estamos haciendo sobre qué ha hecho el Ayuntamiento de Madrid en relación a la prostitución, han tenido lugar dos jornadas internacionales sobre prostitución y trata en diferentes dependencias municipales (en septiembre de 2015 y en septiembre de 2016), organizadas por la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres.

 

  1. II Plan contra la explotación sexual y la atención a la prostitución en la ciudad de Madrid

 

El II Plan contra la explotación sexual y la atención a la prostitución en la ciudad de Madrid se puso en marcha en enero de 2013 y finaliza ahora en diciembre de 2016. En su descripción dice que se elaboró teniendo en cuenta un enfoque “integral y transversal”. El plan incluye una evaluación con unos indicadores un tanto asombrosos.

 

Desde Hetaira exigimos una evaluación del plan para conocer su impacto sobre la población a la que va dirigida, en donde esta población pueda aportar su opinión. Pero entendemos que es difícil evaluar un plan con indicadores como los que incorpora. A modo de ejemplo: “Intensificar la presencia de la Policía Municipal y la Unidad Móvil “Concepción Arenal” en las cercanías de los centros educativos de la Colonia Marconi para dificultar el ejercicio de la prostitución durante los períodos de entrada y salida de los/as escolares y otros espacios de la Colonia Marconi. INDICADOR: nº de mujeres en situación de prostitución en la Colonia Marconi en horario de entrada y salida de los centros educativos”.

 

O éste otro: “Apoyar la instalación de empresas en el Polígono El Gato estableciendo un protocolo de actuación conjunta que garantice que se trata de un territorio libre de prostitución”.

Así que tal vez sea más eficaz que el Ayuntamiento actual tumbe el plan y se ponga a trabar en otro que realmente ponga por delante los derechos humanos y que cuente en la planificación y desarrollo de políticas públicas municipales que tengan en cuenta a las trabajadoras del sexo.

 

  1. Ley de Seguridad Ciudadana y el celo en su aplicación: denuncia de abusos policiales.

 

En julio de 2015, entró en vigor la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, de carácter estatal, más conocida como ley mordaza, que ofrece la misma receta para quienes ejercen la prostitución y captan su clientela en la calle: criminalización y multas. La innovación y las ideas críticas brillan por su ausencia. La Delegada de Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa dejó muy claros los objetivos de la intervención policial: “Controlar, erradicar y combatir la prostitución”. Con la ley mordaza se puso en marcha una potente maquinaria represiva contra las prostitutas.

El Ayuntamiento de Madrid dejó de tramitar las multas impuestas por la Policía Municipal y las enviaba a Delegación de Gobierno, para que resolviera. Probablemente las multas por el ejercicio de la prostitución hayan sido de las más numerosas, pero nunca se interesó el consistorio por conocer cómo estaban afectando a las prostitutas y si debía/podía intervenir de algún modo.

 

Más tarde, les hicimos llegar nuestro malestar por los abusos policiales y pusimos todos nuestros datos bajo su conocimiento, pero tampoco hubo respuesta.

 

Es la primera vez que realizamos una actividad las asociaciones que trabajamos por los derechos de las prostitutas en dependencias municipales.

 

Muchas gracias por su presentación a la concejala de Ahora Madrid del distrito de Arganzuela, Rommy Arce, por facilitar que la voz de las prostitutas se escuche.

 

  • (1) Como anécdota, la propia Marta Higueras, delegada del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, asistía al I Congreso sobre Empleo de Hogar y Cuidados. Visibilizar para transformar y aplaudía una intervención en donde las trabajadoras del hogar/trabajadoras domésticas reivindicaban autonombrarse como mejor les parezca.

 

(2) “Dos asociaciones de prostitutas critican la guía periodística de Manuela Carmena”, de Carolina Abellán , 28/09/2016: http://www.huffingtonpost.es/2016/0…#

 

 

Manifiesto a favor y propuesta de regulación del trabajo sexual en España

El Grupo de Estudios de Política Criminal hizo público, a finales de 2006, su Manifiesto a favor de la regulación del ejercicio voluntario de la prostitución entre adultos. Los argumentos del documento tuvieron cierto eco entre los diseñadores de las políticas locales y autonómicas relativas a la prostitución. Pero ninguna acogida en el Proyecto de reforma del Código Penal publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 27 de noviembre de 2009.

 

Puede consultarse el documento completo, con anexos, aquí:

http://www.gepc.es/web/sites/default/files/ficheros/DOCUMENTO10.pdf

 

1310231742

 

PRESENTACIÓN

 

Resulta obvio que las prácticas sexuales, incluso mediante precio, pueden responder a una decisión voluntaria. Y no parece que, en principio, los poderes públicos estén legitimados para oponerse al libre intercambio de placer por dinero; menos aún en un contexto en el que el dinero es la medida de todas las cosas.

 

La percepción de esta obviedad, sin embargo, ha estado históricamente condicionada por dos factores: de un lado, la imposición coactiva de sexo es un dato recurrente en la práctica de la prostitución; de otro, y con carácter más general, el sexo de la mujer —con la excepción del que fuera ejercido dentro del matrimonio— ha quedado recubierto con la pátina de lo sucio y de lo peligroso, a embates de un integrismo oscurantista que, durante siglos, ha venido impidiendo el discurso sobre la sexualidad femenina.

 

La concurrencia de estos factores provoca la contradicción de que, hoy, en las sociedades occidentales, donde se acepta que el placer, incluido el sexual, no puede ser visto con recelo, la prostitución comporta un estigma de descalificación in totum, que está en la base de los modelos abolicionistas y prohibicionistas.

 

Pero la amenaza penal propugnada por el prohibicionismo se ha mostrado ineficaz: “¿Qué multa podemos proponer-se preguntaba, ya en 1724, Bernard de Mandeville-que sea suficiente para disuadir a los hombres, cuando hay tantos que malgastan toda su fortuna por esta sola gratificación? ¿Y qué castigo corporal, aparte de la muerte, podemos encontrar equivalente a una sífilis, a la que se arriesgan todos los días?”. Por su parte, el paternalismo abolicionista, anclado en el tópico de la mujer débil y dócil, siempre necesitada de la tutela del Estado o de bienintencionados redentores, ni responde al sentir de los tiempos ni puede hacer olvidar el dato de que la explotación sexual se hace fuerte allí donde la clandestinidad y la marginalización hacen más vulnerables a sus víctimas.

 

A partir de ahí, el primer objetivo es la despenalización de la prostitución voluntaria entre adultos y la orientación del sistema penal a la tutela efectiva de la libertad sexual. Despenalización no significa, sin embargo, garantía de mejor tutela de derechos. Es sólo el primer paso, porque no se trata de garantizar al cliente un nivel sanitario aceptable o de facilitar una válvula de escape a los requerimientos del instinto sexual que refuerce la paz intra-matrimonial. No se trata de defender intereses ajenos a quien presta servicios sexuales, sino de asegurar los derechos inherentes a la dignidad personal de quien se decanta, por razones sobre las que no cabe inquirir, por una determinada opción laboral.

Se trata, en resumen, no sólo de despenalizar, sino también de regular. Lo que, como demuestran experiencias ajenas, no incrementa el tráfico o la explotación: ni siquiera favorece la expansión de la industria del sexo.

 

El Grupo de Estudios de Política Criminal hizo público, a finales de 2006, su Manifiesto a favor de la regulación del ejercicio voluntario de la prostitución entre adultos. Los argumentos del documento tuvieron cierto eco entre los diseñadores de las políticas locales y autonómicas relativas a la prostitución. Pero ninguna acogida en el Proyecto de reforma del Código Penal publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 27 de noviembre de 2009.

 

El Manifiesto reivindica no sólo la despenalización de la prostitución entre adultos, sino, sobre todo, la implementación de políticas sociales dirigidas a garantizar el respeto a los derechos esenciales –incluidos los laborales- de quienes deciden dedicarse a la prestación de servicios sexuales, en el marco general de la industria del ocio.

 

De acuerdo con el modus operandi del Grupo de Estudios de Política Criminal, se publica ahora, junto a aquel Manifiesto, la Propuesta de regulación del trabajo sexual: un conjunto de alternativas jurídicas para conciliar la salvaguardia de los derechos de los trabajadores del sexo con la persecución penal de cualquier forma de prostitución forzada.

 

El Anexo, que consuetudinariamente viene complementando nuestras publicaciones, incorpora extractos de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 20 de noviembre de 2001, que consagra el derecho al ejercicio de la prostitución, como práctica lícita, si libre, y diseña los criterios de su consideración como actividad económica no asalariada, contemplada como tal en el Tratado de la Unión Europea.

 

El Anexo incluye también un extracto del polémico, pero referente ineludible en la reflexión posterior, Informe de la ponencia sobre la situación actual de la prostitución en nuestro país, publicado en 2007 por la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer y la Igualdad de Oportunidades, del Congreso de los Diputados.

 

Tras dos décadas de actividad, el grupo pretende seguir estando presente en el debate, siempre inconcluso, sobre la cuestión penal, aportando documentos y argumentos que puedan enriquecer la reflexión compartida y crítica entre la ciudadanía, los juristas especializados y, sobre todo, los poderes públicos responsables del diseño de las estrategias político-criminales.

 

La Junta Directiva

 

 

 

 

MANIFIESTO A FAVOR DE LA REGULACIÓN DEL EJERCICIO VOLUNTARIO DE LA PROSTITUCIÓN ENTRE ADULTOS

 

Ante el debate suscitado en torno a la regulación de la prestación voluntaria y remunerada de servicios sexuales entre adultos, los abajo firmantes, miembros del Grupo de Estudios de Política Criminal, manifiestan lo siguiente:

 

1          El Código Penal de 1995 despenalizó el entorno de la prostitución voluntaria entre adultos, orientando la tutela penal a la salvaguardia exclusiva de la libertad sexual y despojando a la regulación punitiva de la influencia de ciertas concepciones moralistas que ni siquiera son hoy en día socialmente mayoritarias.

 

2          La represión de todas las actividades relacionadas con la prostitución ha arrojado un balance histórico que sólo puede ser calificado de lamentable, y, además, en lugar de erradicar el fenómeno –como pretendía- lo ha ocultado provocando una serie de efectos perniciosos tales como la estigmatización, la vulnerabilidad y la explotación de las personas que la ejercen.

 

3          Es una realidad constatada en nuestro país que miles de adultos voluntariamente prestan servicios sexuales remunerados. Es preciso que las autoridades no desprecien este hecho, para cuya comprobación ha de propiciarse un método de conocimiento razonable huyendo de las aproximaciones morales que intentan simplificar un fenómeno complejo y diverso. Tampoco puede desconocerse que, aun siendo dichas personas mayoritariamente mujeres, hay muchos hombres y transgéneros que se dedican a la prestación de servicios de carácter sexual. El debate, por tanto, no puede ser monopolizado por un discurso en clave de género.

 

4          El contexto de alegalidad actual permite una situación que sólo puede calificarse de hipócrita, pues mientras se ponen trabas a la regulación de la prestación voluntaria de servicios sexuales, se permite que la oferta de esos mismos servicios genere cuantiosos ingresos por publicidad a los medios de comunicación que la anuncian, al tiempo que se fomenta una actividad económica sumergida con todas las consecuencias negativas que ello conlleva.

 

5          La desregulación discrimina a las personas que voluntariamente ofrecen prestaciones sexuales frente a otros colectivos que realizan cierto tipo de trabajos relacionados con el sexo, como son las actividades de alterne, las líneas telefónicas eróticas o la elaboración de material audiovisual de la industria de la pornografía, cuyos trabajadores tienen un reconocimiento jurídico.

 

6          La situación de alegalidad favorece la explotación de la prostitución por parte de empresarios que en la actualidad no están obligados a reconocer a dichos trabajadores los derechos sociales y laborales básicos, así como la proliferación de organizaciones delictivas dedicadas a la trata de personas, en la medida en que fomenta el carácter clandestino de estas actividades y desmotiva la denuncia de la víctima. La privación a estos trabajadores del estatuto jurídico del ciudadano les impone la condición de infrasujetos. Circunstancia que se ha visto agravada por la desafortunada reforma penal de 2003, que, al castigar la obtención de lucro de la explotación de la prostitución ajena, ha venido a intensificar la tendencia al ocultamiento de las condiciones de contratación y prestación de servicios de los trabajadores del sexo.

 

 

Habida cuenta de lo anterior, resulta imprescindible que las autoridades establezcan un marco de reflexión seria sobre el reconocimiento de los derechos de las personas que prestan servicios sexuales, en el que participen todos los agentes sociales implicados y que se base en los siguientes pilares:

 

PRIMERO. Dicha reflexión deberá estar presidida por la ineludible distinción entre moral y derecho. El reconocimiento de la dignidad humana como valor supremo recogido en nuestra Constitución exige el respeto a la voluntad de la persona mayor de edad que libremente decide prestar servicios remunerados de carácter sexual. Negar de plano la posibilidad de que esa opción sea válida constituye un tratamiento paternalista de la mujer (y del hombre) como personas incapaces de tomar decisiones adultas. Están de más los discursos morales basados en el carácter degradante de la prostitución.

 

SEGUNDO. Resulta criticable el contenido del art. 188.1 del Código Penal, procedente de la reforma de 2003, que sanciona la obtención de lucro por la explotación de otra persona aun con su consentimiento. La ambigüedad del término explotación permite, tanto una interpretación restrictiva reducida a situaciones de abuso, como su interpretación en clave represiva y contraria al proceso de legalización de la prostitución. Por ello, en aras de la seguridad jurídica, resulta aconsejable su supresión. Y si lo que se pretende prevenir es la obtención de un lucro excesivo o la imposición de condiciones abusivas de trabajo, para ello están ya los tipos penales de protección de los derechos de los trabajadores. Así mismo, deben eliminarse de otros sectores del ordenamiento todos aquellos preceptos que imponen sanciones o privaciones de derechos a las personas que ejercen la prostitución.

 

TERCERO. Dada la naturaleza de la actividad a regular, deben fomentarse las formas de auto-organización, como el régimen de autónomos o las cooperativas, sin que ello suponga el desconocimiento de otras formas de prestación de servicios sexuales, como el trabajo por cuenta ajena, que habrá de ordenarse según un régimen especial. Dicho régimen no podrá conllevar en ningún caso medidas que supongan un etiquetamiento o una discriminación injustificada de las personas que prestan servicios de carácter sexual.

CUARTO. La regulación de la prestación voluntaria y remunerada de servicios sexuales entre adultos debe ir acompañada de una persecución eficaz de cualquier forma de actividad sexual forzada, así como de una política social adecuada que garantice la libertad del trabajador en el acceso y la permanencia en la actividad.

En Madrid, a 25 de noviembre de 2006

 

FIRMANTES

 

ABEL SOUTO, MIGUEL PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

ACALE SÁNCHEZ, MARÍA PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

ALONSO RIMO, ALBERTO PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

ÁLVAREZ GARCIA, FRANCISCO JAVIER CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

ANDRÉS DOMÍNGUEZ, ANA CRISTINA PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS

ARAMBURU GARCÍA-PINTOS, MIGUEL MAGISTRADO DEL JUZGADO DE LO PENAL Nº 2 DE VIGO

ASÚA BATARRITA, ADELA CATEDRÁTICA DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

BALERDI MÚGICA, JOSÉ MANUEL MAGISTRADO DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE HUELVA

BENÍTEZ ORTÚZAR, IGNACIO F. PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

BORJA JIMÉNEZ, EMILIANO PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

BRANDARIZ GARCÍA, JOSÉ ÁNGEL PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA

BUJÁN ÁLVAREZ, JOSÉ MANUEL MAGISTRADO DE LA SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ASTURIAS

CARMENA CASTRILLO, MANUELA MAGISTRADA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

CARMONA SALGADO, CONCEPCIÓN CATEDRÁTICA DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

CORTÉS BECHIARELLI, EMILIO PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

CUERDA ARNAU, MARÍA LUISA PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

DEMETRIO CRESPO, EDUARDO PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

DÍEZ RIPOLLÉS, JOSÉ LUIS CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

ESPINOSA CASARES, IGNACIO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA RIOJA

FARALDO CABANA, PATRICIA PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA

FEIJOO SÁNCHEZ, BERNARDO PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

GALLEGO SOLER, JOSÉ IGNACIO PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA

GARCÍA ARÁN, MERCEDES CATEDRÁTICA DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA

GARCÍA DE DIOS FERREIRO, RAMIRO MAGISTRADO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 6 DE MADRID

GARCÍA PÉREZ, OCTAVIO PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

GÓMEZ INIESTA, DIEGO J. PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

LAMARCA PÉREZ, CARMEN PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

LASCURAIN SÁNCHEZ, JUAN ANTONIO LETRADO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

LAURENZO COPELLO, PATRICIA CATEDRÁTICA DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

MACHADO RUIZ, Mª DOLORES PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, CARLOS CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA

MATA BARRANCO, NORBERTO DE LA PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

MUÑOZ SÁNCHEZ, JUAN PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

NÚÑEZ PAZ, MIGUEL ÁNGEL PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA

OLAIZOLA NOGALES, INÉS PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

OLIVAS DÍAZ, AMAYA JUEZ DE INSTRUCCIÓN DE BARCELONA

PANTOJA GARCÍA, FÉLIX FISCAL DEL TRIBUNAL SUPREMO

PAREDES CASTAÑÓN, JOSÉ MANUEL CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

PÉREZ CEPEDA, ANA ISABEL PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

PESTANA PÉREZ, MARIO MAGISTRADO DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

PRADA SOLAESA, JOSÉ RICARDO MAGISTRADO DE LA AUDIENCIA NACIONAL

RAMÍREZ ORTIZ, JOSÉ LUIS MAGISTRADO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 1 DE GRANOLLERS

RAMON RIBAS, EDUARD PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES

RAMOS TAPIA, Mª INMACULADA PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

RIOS CORBACHO, JOSÉ MANUEL PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

RODRÍGUEZ PUERTA, MARÍA JOSÉ PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA

SÁEZ VALCÁRCEL, RAMÓN MAGISTRADO DE LA AUDIENCIA NACIONAL

SALINERO ALONSO, CARMEN PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

SÁNCHEZ-ALBORNOZ BERNABÉ, CARMEN MAGISTRADA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SANTANA VEGA, DULCE MARÍA PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

TAMARIT I SUMALLA, JOSEP MARIA CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LÉRIDA

VALEIJE ÁLVAREZ, INMACULADA PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO

VICENTE MARTINEZ, ROSARIO DE PROFESORA TITULAR DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

ZUGALDÍA ESPINAR, JOSÉ MIGUEL CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

 

 

PROPUESTA DE REGULACIÓN DEL TRABAJO SEXUAL

 

 INTRODUCCIÓN

Con la presente propuesta de regulación del trabajo sexual, el Grupo de Estudios de Política Criminal pretende demostrar que existen alternativas jurídicas para dar respuesta a los problemas que esta actividad plantea, sin dejar por ello de salvaguardar los derechos de los trabajadores sexuales, ni de perseguir cualquier forma de prostitución forzada.

 

Debe decirse, en primer lugar, que no es cierto que la regulación del trabajo sexual incremente el tráfico y la explotación, ni que favorezca la expansión de la industria del sexo. Es un tópico más, que la realidad desmiente. Un estudio de 2005 (Andrea di Nicola, aportado al Informe del Congreso de los Diputados sobre la prostitución en España, 13 de marzo de 2007), sobre las políticas relativas a la prostitución en veinticinco Estados miembros de la Unión Europea y su impacto sobre la trata de seres humanos, reconoce al modelo laboral un efecto minimizador del daño y protector de los derechos de quienes se prostituyen. Es también la posición que mantiene la OIT desde hace años: “Guste o no, sea legal o no, la prostitución es una actividad económica y la misión de la OIT es mejorar las condiciones laborales y promover los derechos humanos de todos/a los/as trabajadores/as” (Declaración de 1998). Un reconocimiento que los tribunales españoles otorgan a las actividades de alterne desde los años 80, al margen de que esta actividad se encuentre recogida en convenio colectivo o esté presente, -que no lo está-, en la Clasificación nacional de ocupaciones del Instituto Nacional de Empleo.

 

Con todo, en nuestro país se ha abierto una vía jurisprudencial partidaria de la admisión también de la prostitución, o trabajo sexual, como actividad profesional lícita. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en sentencia de 23 de diciembre de 2003 (confirmada por la STS, Sala de lo Social, de 27 de noviembre de 2004) es una buena prueba de ello, y además pone el dedo en la llaga cuando afirma que la falta de previsión legislativa de esa realidad en un estado social como el nuestro no pone de manifiesto sino una “carencia de sensibilidad normativa” al no acometer “los múltiples problemas que desde ámbitos tan diferentes como la marginación, las relaciones de vecindad o de urbanidad, la sanidad o la economía sumergida plantea la prostitución”.

 

DIRECTRICES GENERALES:

En cuanto al ámbito de la propuesta de regulación, ésta tiene por objeto los servicios sexuales remunerados prestados en condiciones de libertad y no vulnerabilidad. La mayoría de edad debe ser requisito imprescindible para prestar y recibir servicios sexuales remunerados.

 

En cuanto a las relaciones jurídicas, la regulación del trabajo sexual debe reconocer la existencia de dos formas posibles de relación, que serán desarrolladas en el apartado correspondiente a la reforma laboral:

a) La relación laboral por cuenta ajena, que debe ser de carácter especial.

b) La prestación en régimen de trabajo autónomo, en la que debe atenderse a la relación entre quien presta los servicios y quien los recibe, pero también, en su caso, a la relación entre quien presta los servicios y el establecimiento en que lo hace.

 

Dada la naturaleza de la actividad a desarrollar, se propone el fomento de las formas de auto-organización laboral, como el régimen de autónomos o las cooperativas.

 

PROPUESTA DE REFORMA PENAL:

La propuesta presentada se limita a suprimir el obstáculo contenido en el Código Penal para la regulación del trabajo sexual libre, sin perjuicio de que, en otra propuesta más amplia que abordara temas no tratados en este documento, fueran pertinentes otras modificaciones legales en delitos relativos a la prostitución o en el delito de tráfico de personas.

 

Con tal objeto, se propone la supresión del último inciso del artículo 188.1 del Código Penal, incluido por L.O. 11/2003, que en la actualidad sanciona con la misma pena que la prostitución forzada, “al que se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma”. Dicho precepto quedaría redactado como sigue:

 

“El que determine, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, a persona mayor de edad a ejercer la prostitución o a mantenerse en ella, será castigado con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de 12 a 24 meses”.

 

JUSTIFICACIÓN: La regulación vigente, en aquello que proponemos suprimir, sanciona penalmente actos lucrativos vinculados a la realización libre de una actividad, lo que carece de sentido. Con el texto vigente, la ambigüedad del término “explotación” permite tanto una interpretación restrictiva, reducida a situaciones de abuso, como una interpretación en clave represiva y contraria al proceso de regulación del trabajo sexual realizado voluntariamente por adultos. Si lo que se pretende prevenir es la obtención de un lucro excesivo por parte del empleador o la imposición de condiciones laborales abusivas, para ello están ya los tipos penales de protección de los derechos de los trabajadores.

 

 

PROPUESTA DE REFORMA LABORAL:

 

  1. Trabajo por cuenta ajena.

 

Con el fin de evitar la imposición de condiciones abusivas por parte de los empleadores, y de proteger los derechos sociales de aquellas personas que realizan trabajos sexuales como asalariadas, se propone regular el trabajo por cuenta ajena mediante una relación laboral de carácter especial, en el marco del artículo 2 del Estatuto de los Trabajadores, que permita la adaptación de las normas laborales generales a las peculiares características y necesidades de este colectivo de trabajadores. Para ello, se requeriría una habilitación legal expresa, ya que el artículo 2.1.i) del Estatuto de los Trabajadores prevé que pueden crearse nuevas relaciones laborales de carácter especial por “Ley”.

 

En el momento de configurar la relación laboral especial mediante el correspondiente desarrollo reglamentario deberían diseñarse, con la mayor claridad posible, todos los aspectos que la conforman (esto es, a quién se aplica, régimen de jornadas, descansos, vacaciones, régimen de retribuciones, lugar de trabajo, causas de suspensión o extinción de la relación…).

 

Dadas las especiales características de la prestación de servicios sexuales, la regulación laboral debería hacer especial hincapié en el reconocimiento de la máxima autonomía en el ejercicio de su actividad al trabajador; esto es, el poder de dirección empresarial no podría alcanzar, en ningún caso, a la forma y condiciones concretas en que se produce la prestación de servicios sexuales a los clientes. En tal sentido, el empresario no podría decidir si se presta un servicio o no, o el tipo de servicio, siendole de aplicación otras limitaciones derivadas del principio de autonomía, del tenor de las indicadas para el trabajo autónomo. También cabría insistir en las cuestiones vinculadas con la prevención de riesgos laborales, en la medida en que constituyen una obligación empresarial.

 

  1. Trabajo autónomo

 

Por lo que respecta a la organización del trabajo sexual en régimen de autónomos, se propone la aplicación de los siguientes principios:

a) se tendrá por inexistente la condición por la cual la persona que demanda los servicios sexuales condiciona el pago de la remuneración a la obtención de un determinado resultado.

b) el contenido de la prestación deberá ser consentido y acordado directamente por la persona que presta los servicios con el demandante de dichos servicios.

c) la persona que presta los servicios podrá exigir el pago previo de la remuneración pactada. La remuneración pagada es irrepetible, salvo que no se hayan empezado a realizar los servicios pactados.

d) la persona que presta los servicios sexuales podrá desistir de realizarlos en cualquier momento, sin necesidad de alegar ningún motivo.

e) el titular del establecimiento no podrá imponer la prestación de un determinado servicio, la forma o manera de prestarlo o la persona receptora del mismo. No podrá ser objeto de acuerdo la determinación del domicilio o residencia de la persona que presta los servicios sexuales remunerados.

 

  1. Seguridad Social y negociación colectiva.

 

Con el fin de garantizar el acceso a las prestaciones del sistema de Seguridad Social, será de aplicación a los trabajadores por cuenta ajena el Régimen general de la Seguridad Social, debiéndose realizar la consiguiente cotización por parte del empresario y por parte del trabajador, de modo que se garantice el acceso a las prestaciones del sistema de Seguridad Social. Por lo que respecta a los trabajadores en régimen de autónomos, el reconocimiento del trabajo sexual como actividad económica permitiría su inclusión en el marco del Régimen especial de Seguridad Social de Trabajadores autónomos (RETA).

 

Tanto en el caso de trabajadores por cuenta ajena, como en el de los autónomos , se garantizará el ejercicio de la correspondiente negociación colectiva, determinando quiénes pueden ejercerla, con qué contenido, alcance temporal, etc.

 

DIRECTRICES PARA LA REGULACIÓN ADMINISTRATIVA

 

  1. Establecimientos.

 

Se propone la creación de una ley marco que, respetando las competencias de los municipios y demás entidades locales, permita la realización de trabajos sexuales en inmuebles urbanos conforme a un sistema de licencias municipales que no podrá incluir condiciones discriminatorias directamente relacionadas con la naturaleza de la actividad.

Los titulares de los establecimientos deberán contar con una licencia específica para este tipo de actividad económica, que requerirá previamente de las autorizaciones administrativas previstas en la legislación vigente, incluida, en su caso, la normativa sobre establecimientos abiertos al público y realización de espectáculos públicos. No podrán ser titulares de forma directa ni indirecta, ni participar en la financiación o aportación de medios económicos o materiales, ni dirigir, administrar o encargarse de un establecimiento, quienes tengan antecedentes penales vigentes por alguno de los delitos contra la libertad o indemnidad sexuales, contra los derechos de los trabajadores o contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

 

La regulacion debería establecer la posibilidad de establecimientos gestionados directamente por las personas que prestan los servicios sexuales remunerados. Se propone que a tales establecimientos les sean aplicables fórmulas societarias cooperativas que tengan como finalidad la adquisición, alquiler y cesión de uso de inmuebles, instalaciones y otros elementos auxiliares necesarios o convenientes para la actividad de sus socios.

 

  1. Trabajo sexual en zonas urbanas.

 

Con el fin de conciliar los derechos de las personas que desarrollan trabajos sexuales en la calle con los de otros conciudadanos, se propone que se regulen las posibilidades de creación, intervención y control, desde el ámbito municipal, de espacios específicos para el ejercicio de esta actividad. Dichos espacios deberán contar con las condiciones de accesibilidad,salubridad, iluminación, comodidad y seguridad aptas e idoneas para el desarrollo del trabajo sexual.

Se propone la modificación de aquellas ordenanzas municipales y otras disposiciones que prohiban la oferta y solicitud de servicios sexuales remunerados en la calle, con el fin de garantizar su práctica libre, siempre que se respete el resto de la legislación vigente.

 

  1. Inmigración.

 

La obtención del permiso de trabajo y de residencia por parte de los ciudadanos extranjeros no comunitarios que deseen desarrollar en nuestro país trabajos sexuales debe sujetarse a los mismos requisitos y condiciones que en el caso de los demás trabajadores extranjeros, sea en trabajo por cuenta propia o ajena.

 

  1. Programas de asistencia sanitaria y social

 

La realización de trabajo sexual remunerado no estará sometida a controles sanitarios extraordinarios no previstos en las normas generales de protección de la salud en el trabajo.

 

Se propone la puesta en marcha periódica de campañas informativas, dirigidas tanto a los trabajadores sexuales como a los consumidores, sobre salud y prevención de enfermedades de contagio sexual. El organismo competente en materia de salud deberá facilitar el acceso al sistema sanitario público a las personas que se dediquen a la prestación de servicios sexuales remunerados.

 

Asimismo se propone la creación de programas asistencia-les, con el fin de informar adecuadamente a los trabajadores sexuales de sus derechos y prevenir cualquier forma de prostitución forzada. Dichos programas y campañas deberán respetar el principio de autonomía en el ejercicio del trabajo sexual y deberá evitarse todo aquello que pueda llevar a la estigmatización social o institucional de los trabajadores del sexo.

 

En Jerez de la Frontera, a 2 de junio de 2007.

 

FIRMANTES

 

ABEL SOUTO, MIGUEL PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

ACALE SÁNCHEZ, MARÍA PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

ALONSO RIMO, ALBERTO PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

ÁLVAREZ GARCIA, FRANCISCO JAVIER CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

ANDRÉS DOMÍNGUEZ, ANA CRISTINA PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS

ARAMBURU GARCÍA-PINTOS, MIGUEL MAGISTRADO DEL JUZGADO DE LO PENAL Nº 2 DE VIGO

ASÚA BATARRITA, ADELA CATEDRÁTICA DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

BENÍTEZ ORTÚZAR, IGNACIO F. PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

BORJA JIMÉNEZ, EMILIANO PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

BRANDARIZ GARCÍA, JOSÉ ÁNGEL PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA

BUJÁN ÁLVAREZ, JOSÉ MANUEL MAGISTRADO DE LA SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ASTURIAS

CARMENA CASTRILLO, MANUELA MAGISTRADA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

CORTÉS BECHIARELLI, EMILIO PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

DEMETRIO CRESPO, EDUARDO PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA DÍEZ RIPOLLÉS, JOSÉ LUIS CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

ESPINOSA CASARES, IGNACIO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA RIOJA

FARALDO CABANA, PATRICIA PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA

GALLEGO SOLER, JOSÉ IGNACIO PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA

GARCÍA ARÁN, MERCEDES CATEDRÁTICA DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA

GARCÍA DE DIOS FERREIRO, RAMIRO MAGISTRADO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 6 DE MADRID

GÓMEZ INIESTA, DIEGO J. PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

LAMARCA PÉREZ, CARMEN PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

LASCURAIN SÁNCHEZ, JUAN ANTONIO LETRADO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

LAURENZO COPELLO, PATRICIA CATEDRÁTICA DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

MATA BARRANCO, NORBERTO JAVIER DE LA PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

NUÑEZ PAZ, MIGUEL ÁNGEL PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA

OLAIZOLA NOGALES, INÉS PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

OLIVAS DÍAZ, AMAYA JUEZ DE INSTRUCCIÓN DE BARCELONA

PANTOJA GARCÍA, FÉLIX FISCAL DEL TRIBUNAL SUPREMO

PAREDES CASTAÑÓN, JOSÉ MANUEL CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

PÉREZ CEPEDA, ANA ISABEL PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

PESTANA PÉREZ, MARIO MAGISTRADO DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

RAMÍREZ ORTIZ, JOSÉ LUIS MAGISTRADO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 1 DE GRANOLLERS

RAMON RIBAS, EDUARD PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES RIOS CORBACHO, JOSÉ MANUEL PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

RODRÍGUEZ PUERTA, MARÍA JOSÉ PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA

SÁEZ VALCÁRCEL, RAMÓN MAGISTRADO DE LA AUDIENCIA NACIONAL

SÁNCHEZ-ALBORNOZ BERNABÉ, CARMEN MAGISTRADA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SANTANA VEGA, DULCE MARÍA PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

TAMARIT I SUMALLA, JOSEP MARIA CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LÉRIDA

VALEIJE ÁLVAREZ, INMACULADA PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO

VICENTE MARTINEZ, ROSARIO DE PROFESORA TITULAR DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

ZUGALDÍA ESPINAR, JOSÉ MIGUEL CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

 

En Madrid se están violando los derechos humanos de las trabajadoras del sexo

 

dibujo

MANIFIESTO leído ante el Ayuntamiento de Madrid

 

Colectivo Hetaira·Viernes, 16 de diciembre de 2016

 

https://www.facebook.com/notes/colectivo-hetaira/manifiesto-14d-sinmordazas-le%C3%ADdo-ante-el-ayuntamiento-de-madrid/643486859145755

 

Hace más de un año que la Ley Mordaza entró en vigor. Una Ley que ha supuesto un gran recorte en derechos fundamentales y libertades para la ciudadanía en general. Pero también una Ley que se ha utilizado de forma encubierta para prohibir la prostitución en el espacio público; una herramienta para expulsar a las mujeres del Polígono de Villaverde sin contar con su opinión, sin ofrecerles una alternativa y sin preocuparse lo más mínimo por las consecuencias negativas que esto provoca en las trabajadoras del sexo.

 

“Desobediencia a la autoridad” es la fórmula que se le ocurrió al gobierno para penalizar a las mujeres por ejercer la prostitución, como si no fuera obvio que la única desobediencia es simplemente la de ser prostitutas. Se las multa por putas, no por cometer actos delictivos. Se las criminaliza y se potencia el estigma social. A su vez, crea un clima de inseguridad e indefensión en el Polígono y, por tanto, incrementa la vulnerabilidad ante cualquier tipo de violencia. Dicho y hecho. Algunos agentes del Grupo XI de la UCRIF, (paradójicamente, la misma unidad que investiga las redes de trata, que se encarga del control migratorio y la falsedad documental); esos mismos agentes han estado cometiendo abusos de poder contra las trabajadoras del sexo del Polígono de Villaverde. Hechos que hemos denunciado en diferentes administraciones públicas, mediante reuniones presenciales, informes por escrito y una rueda de prensa que tuvo lugar el pasado 29 de noviembre.

 

Hace más de 6 meses que Delegación de Gobierno tiene conocimiento de estos hechos. También lo saben representantes del Ayuntamiento de Madrid (representantes de Ahora Madrid y PSOE). A día de hoy, no hemos recibido ninguna respuesta contundente y los mencionados agentes del grupo XI de la UCRIF siguen patrullando el Polígono con total impunidad y aplicando la Ley Mordaza con toda su contundencia, como si las trabajadoras del sexo fueran un colectivo delictivo.

 

En AFEMTRAS y en el Colectivo Hetaira entendemos que esta inmovilidad y desinterés de las instituciones ante esta vulneración de derechos humanos es totalmente INADMISIBLE en un Estado de derecho. Están permitiendo que determinados agentes policiales del Grupo XI de la UCRIF cometan delitos de odio con la complicidad del Ayuntamiento de Madrid. Ayuntamiento que sabe lo que está ocurriendo en su municipio y no hace absolutamente nada, demostrando una línea continuista con las políticas del PP en materia de prostitución. Estas son las mismas políticas que llevaban a cabo Ruiz Gallardón y Ana Botella: las de cambiar los conflictos de sitio, sin solucionarlos; la política de mirar hacia otro lado. Las políticas de criminalizar a las mismas poblaciones vulnerables que en campaña electoral decían querer proteger.

 

Como parece que siguen perdidas en el complejo debate sobre prostitución y utilizan esa misma complejidad como excusa para no hacer nada, mientras siguen debatiendo y debatiendo. Y mientras tanto, a nosotras nos siguen acosando en las calles; mientras tanto, nosotras trabajamos de forma honrada en condiciones cada vez más precarias. Como hacen oídos sordos a nuestras reivindicaciones, por eso, estamos aquí, con nuestras cacerolas y silbatos para que se nos escuche bien alto. Manuela Carmena: llevamos más de un año pidiéndote audiencia para contarte de primera mano lo que sucede en Villaverde; para contarte los abusos policiales de los que somos diana en la ciudad en la que eres Alcaldesa.

 

-Exigimos una respuesta contundente de las instituciones contra los abusos policiales que estamos sufriendo en el polígono de Villaverde;

 

-exigimos (¡ooootra vez!) la derogación de la Ley Mordaza, que vulnera nuestros derechos como ciudadanas y como mujeres. Las trabajadoras del sexo No Somos Delito.

 

-hacemos un llamamiento al Ayuntamiento del cambio: queremos participar en el diseño de políticas a favor de la protección de los Derechos Humanos de las trabajadoras del sexo. El equipo de Manuela Carmena debería abandonar las políticas continuistas de Ruíz Gallardón y Ana Botella en materia de prostitución, tal y como estaba reflejado en el programa electoral de Ahora Madrid.

 

 

QUEREMOS UN ESPACIO SIN MORDAZAS: UN ESPACIO DONDE TRABAJAR SIN MOLESTAR NI SER MOLESTADAS.

 

UNA CIUDAD LIBRE DE VIOLENCIAS PARA TODAS

 

15589845_643487829145658_785521624790013499_n

15442186_643487932478981_8338103949173630137_n

Asociaciones de prostitutas denuncian que sufren “vejaciones” de algunos agentes en el polígono de Villaverde

Por EUROPA PRESS
MADRID| 29/11/2016

 

http://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/prostitucion/Asociaciones-prostitutas-denuncian-vejaciones-Villaverde_0_976403781.html

 

 1480431051_337805_1480431363_noticia_normal

 

Acusan a Delegación del Gobierno de “someterlas a un largo proceso de mentiras para hacer lo que anunció que no haría: perseguir, acosar y multar”

 

La Agrupación Feminista de Trabajadoras del Sexo (AFEMTRAS) y el colectivo Hetaira ha denunciado este martes el “silencio y la complicidad de las instituciones” hacia los “abusos policiales y vejaciones” que aseguran estar sufriendo por parte de algunos agentes las prostitutas del polígono de Villaverde.

Critican casos de supuestos abusos de poder por parte de algunos agentes del grupo XI de la Unidad Central contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) que operan en el polígono; la misma Unidad que se encarga de investigar los delitos de trata.

La portavoz de AFEMTRAS, Marcela, ha relatado que algunos policías “las hostigan a diario” en diferentes situaciones. “Nosotras, las prostitutas, somos juzgadas en muchas ocasiones por algunos agentes como ‘malas madres’. Nos cuestionan con frases como ‘qué dirán tus hijos’, porque la carga moral está presente en el momento en que nos extienden las multas”, critican.

Además, aseguran que las mujeres que “ya no les queda ningún lugar seguro” en el polígono. “Los agentes ordenan que nos situemos en ciertos lugares con la garantía de que allí no seremos multadas y después recibimos la multa igualmente. Nos mienten diciéndonos que han visto en su base de datos que no tenemos la documentación en regla y nos amenazan con no poder renovar la documentación. Nos vejan cuando nos rompen nuestros resguardos de documentos de identidad tirando los restos al suelo o nos tiran los documentos de identidad a los pies para que tengamos que recogerlos del suelo tras una identificación”, denuncian.

La asociaciones de meretrices detallan que muchas mujeres que han recibido frases como: “¡Vete a zorrear a tu país!”; “A España se viene a trabajar, no a putear” u “Os voy a llevar presas”. “Violan nuestra privacidad constantemente, nuestros datos personales son utilizados para rellenar el formulario de la multa de nuestros clientes, nos piden nuestros números de teléfono en identificaciones rutinarias”, continúa Marcela.

CRÍTICAS A LA ‘LEY MORDAZA’

La Agrupación Feminista de Trabajadoras del Sexo y el colectivo Hetaira han achacado estos comportamientos a la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que “se está cebando especialmente con las trabajadoras del sexo que captan su clientela en el polígono de Villaverde, uno de los colectivos más castigados en la ciudad de Madrid”.

Hetaira considera la llamada ‘Ley Mordaza’ como “una forma encubierta de prohibir la prostitución en el espacio público, un instrumento para expulsar a las mujeres de la calle sin contar con su opinión, sin ofrecerles una alternativa y sin preocuparse lo más mínimo por las consecuencias negativas que provoca en las trabajadoras del sexo”.

“Esta ley se vendió como una herramienta de protección de las mujeres y prevención de la trata. Una fórmula muy hipócrita para justificar la criminalización con una supuesta preocupación por el bienestar y la protección de las mujeres cuando el efecto que provoca es totalmente opuesto”, ha sentenciado una de las portavoces de Hetaira, Elisa Arenas.

La asociación critica que la desobediencia a la autoridad es “la fórmula encubierta que se le ha ocurrido al Gobierno para penalizar a las mujeres por ejercer la prostitución, como si no fuera obvio que la única desobediencia es simplemente ser prostitutas”.

Por su parte, AFEMTRAS argumenta que “esta persecución no ayuda en nada en la lucha contra la trata, sino que la fomenta y que conlleva clandestinidad; y la clandestinidad lleva al abuso”. “Precariza más nuestra situación y nos expone a más peligros. Tenemos que escondernos más para realizar los servicios y tenemos menos capacidad de negociación del preservativo, de los servicios, del precio, porque estamos más pendientes de la Policía y su agresiva actuación que de nuestra seguridad en el trabajo”, explican en el comunicado.

Las meretrices de Marconi se sienten “las grandes ninguneadas del derecho, víctimas de una constante violencia institucional”. “La Policía debería preservar y garantizar nuestra integridad como al resto de la ciudadanía, ya que la prostitución no es un delito”, asegura Marcela.

CRÍTICAS A LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO Y AL AYUNTAMIENTO

Hetaira denuncia que hace más de 6 meses que Delegación de Gobierno DE Madrid tiene conocimiento de estos hechos y que también lo habían puesto en conocimiento del Ayuntamiento de Madrid (representantes de Ahora Madrid y PSOE). Pero que a día de hoy afirman que no han recibido ninguna respuesta institucional y los problemas siguen siendo los mismos.

“La Delegación de Gobierno nos ha sometido a un largo proceso de mentiras y manipulación informativa para finalmente hacer lo que anunció que no haría: perseguir, acosar y multar las trabajadoras del sexo”, aseveran.

Por todo ello, tanto AFEMTRAS como Hetaira han exigido la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana. “Las políticas públicas deberían ir dirigidas a garantizar los derechos de las trabajadoras del sexo, no a criminalizarlas a través de legislaciones punitivas de control más típicas de regímenes totalitarios que de un Estado de derecho”, han explicado.

También han reclamado una “respuesta contundente hacia los agentes que han cometido estos delitos” y al Ayuntamiento de Madrid que “deje de ignorar a las trabajadoras del sexo y se comprometa con los derechos humanos y facilite un proceso democrático de participación de todos los agentes que operan en el espacio público, vecindario, empresariado y trabajadoras del sexo”.

Por último, las asociaciones en defensa de las prostitutas han presentado una campaña que firman conjuntamente con la Plataforma No Somos Delito llamada ‘Un año de leyes mordaza: No hay malas mujeres. Solo hay malas leyes. Juntas contra el acoso policial”, un lema inspirado en campañas de otros colectivos de trabajadoras del sexo en todo el mundo.

 

La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México frente la prostitución

Claudia Torres

octubre 19, 2016

 

http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?author_name=claudia-torres-patino

 

“En mi experiencia, la vida cotidiana de los grupos que viven el derecho es distinta de cómo nos la imaginamos los otros. En ese sentido, sus experiencias pueden cuestionar nuestras (muchas veces, erradas) asunciones; devolvernos de la fantasía de lo universal a lo concreto, e iluminar así el diseño de las normas y políticas públicas. Esa fue mi experiencia al estudiar los efectos del reconocimiento del trabajo sexual en la Ciudad de México, luego de que una jueza determinara que la prostitución es un trabajo protegido por la Constitución en 2014.11 Así, a partir de la narrativa de un muy pequeño grupo de trabajadoras sexuales organizadas, hice algunos hallazgos interesantes.”

 

El pasado 12 de octubre, el diputado Víctor Hugo Romo anunció el inicio de una serie de sesiones públicas en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México (ALCM) para discutir la posible regulación del trabajo sexual en la capital desde un enfoque de derechos humanos y seguridad.1 El diputado invitó a los actores interesados en el tema a participar en el debate público. A propósito de esta invitación, aprovecho para hablar sobre política y derecho en el contexto de la prostitución desde el feminismo crítico.2

La política

En los últimos años, los grupos feministas se han posicionado respecto de la prostitución y han intentado avanzar distintos esquemas de regulación. En general, y a riesgo de sobre-simplificar, hay dos grupos en disputa en los debates sobre prostitución en el ámbito global.3

Por un lado, están las feministas neo-reglamentaristas y los grupos de trabajadoras sexuales organizadas, quienes consideran que la prostitución voluntaria debe ser regulada como trabajo. Así, el Estado debe reglamentar la prostitución como haría con cualquier otra profesión. Dentro de este grupo, hay distintas posturas sobre qué tanto el Estado puede imponer controles sobre el ejercicio de la prostitución. Y es que los controles pueden ir desde el registro de trabajadoras sexuales o la certificación de éstas, hasta la vigilancia médica obligatoria. En contraste, respecto de la prostitución forzada, este grupo sostiene que el Estado tiene la obligación de perseguir a los terceros que se beneficien de esta actividad y proteger a las víctimas actuales y potenciales del delito.

En general, la ideología subyacente en esta postura es liberal. La voluntad de la persona define el tipo de intervención del Estado, es decir, si éste debe permitir o prohibir la prostitución. El argumento va así: como el ejercicio de la prostitución voluntaria no genera daño a terceros, el Estado debe abstenerse de intervenir en la esfera privada –dentro de la que se ejerce la sexualidad. De hecho, la presencia de vicios de la voluntad y en última instancia el daño que resiente la persona coaccionada justifican la intervención del Estado en el caso de la prostitución forzada.

Por otro lado, están las feministas abolicionistas –a cuyo grupo se han sumado, con más o menos legitimidad, grupos cristianos conservadores.4 Para este grupo, la prostitución necesariamente entraña explotación sexual y una violación a los derechos humanos de las personas prostituidas. Por ello, su argumento es que el Estado debe abolir la práctica. Nunca reglamentarla.5 En este sentido, las abolicionistas apoyan un rango de medidas cuyo fin último es erradicar la prostitución: criminalizar al cliente y los terceros que obtienen beneficio económico de la prostitución; aumentar las penas en los delitos de explotación sexual y trata de personas; adoptar políticas para combatir la desigualdad estructural; o incluso –en su vertiente más prohibitiva y estatista– criminalizar a las prostitutas bajo la lógica: “mejor en la cárcel que en la calle”.

En términos generales, la ideología detrás de esta postura es materialista. Para las abolicionistas, la desigualdad de género es fundacional y, en ese sentido, inescapable. Las personas (mujeres, en concreto) pueden pensar que ejercen el trabajo sexual por voluntad, pero normalmente se equivocan. Las estructuras de desigualdad les nublan el juicio.

Pues bien, ambas posturas sin dudan van a encontrarse durante los debates que se llevaran a cabo a partir del día de hoy en la ALCM. Hago énfasis en esto porque, típicamente, quienes participan en los debates sobre prostitución no explicitan sus posturas políticas y sesgos ideológicos. Tampoco mencionan que sus argumentos no son verdades, sino eso: posturas.

En este sentido, vale recordar que en el contexto de un régimen político democrático, la racionalidad y el progresismo del proceso de creación de normas vienen –creo– de articular los fines que éstas buscan y explicitar las razones para desear tales fines. Basarse simplemente en la tradición, los derechos humanos en abstracto o las tendencias en otros países para crear normas y políticas deja el fundamento de nuestros juicios morales en el dominio de la inconciencia. Ser críticos de las posturas de los grupos en contienda es dudar de las verdades que supuestamente subyacen en distintos esquemas de regulación. Estas dudas abren la posibilidad de reconsiderar deliberadamente el valor útil de las distintas propuestas: su conveniencia práctica. Me parece que el escepticismo moral es el primer paso hacia un mejor diseño de las normas y políticas públicas en materia de prostitución.

Ser escépticos, entonces, no significa adoptar el escepticismo como punto de llegada. En las democracias, alguna idea moral –o serie de ideas– termina primando en las discusiones públicas. Finalmente, ésta(s) idea(s) se deposita(n) en el orden jurídico y los programas de gobierno. Por el contrario, escepticismo apriorístico significa estar conscientes de que los principios que hemos decidido materializar en la legislación y la política pública son los mejores sólo para el aquí y el ahora. Nada más pretencioso. En términos morales, las discusiones políticas no son sino decisiones sobre en qué casos debe intervenir el Estado (sea en forma de prohibiciones y permisiones; distintas distribuciones de costos y beneficios; apoyos y la negación de estos, etc.).

¿Y qué hay con perpetuar el statu quo? Las desigualdades de género que dan lugar a la prostitución, dirían algunas feministas, son estructurales. Al regular la prostitución, el Estado –a través de sus normas y políticas– legitima y refuerza esas desigualdades. Continuarían: para cambiar las estructuras de desigualdad, hay que cambiar la ideología que subyace en ellas a través de políticas asistencialistas para las personas prostituidas y la persecución de los criminales. Difiero. Creo que las políticas asistencialistas y el derecho penal son convenientes, pero por motivos prácticos no simbólicos.6 Además, como han señalado algunos teóricos, las estructuras de desigualdad no son cosas que preexisten a la acción social.7 Una pequeña desviación en nuestras interacciones diarias tiene la capacidad de alterar las estructuras. Estas deviaciones pueden ser fomentadas o inspiradas a través de muchos mecanismos, incluyendo la regulación por parte del Estado. Estoy convencida de que si nos abrimos a la posibilidad de que las personas jueguen con –y paulatinamente resignifiquen– las estructuras en su vida cotidiana, ampliaríamos enorme y productivamente la gama de herramientas de cambio social.

El derecho

Como señala Janet Halley y otras académicas el actual feminismo de la gobernanza (i.e., el feminismo más popular e institucionalizado y que aquí he descrito como el dúo neo-reglamentarismo/abolicionismo) generalmente omite el análisis pragmático y distributivo de las consecuencias de los regímenes legales que propugna.8 Es decir, por lo general, los grupos feministas hemos mantenido las discusiones legislativas en el ámbito abstracto del deber ser –la moral– (que ya describí arriba). Hemos hecho esto a expensas del análisis sobre cómo opera, de hecho, el derecho.

En esta línea, la socióloga Elizabeth Bernstein explica qué pasa cuando nos seduce la retórica sobre los méritos morales de una propuesta legislativa y dejamos de prestar atención a los efectos de la reforma legal.9 Bernstein, por su parte, toma como objeto de deconstrucción los regímenes de Estocolmo y Ámsterdam: dos ciudades tomadas como modelo de reforma regulatoria en materia de prostitución. En Estocolmo, la adopción del modelo de criminalización de la demanda se justificó en la equidad de género. Al menos en el discurso, el objetivo era que la criminalización de los clientes eliminara la oferta de prostitución. No obstantes las declaraciones en contrario del gobierno sueco, Bernstein encuentra que la prostitución nunca fue eliminada, sino que se sumergió en el ámbito privado y de la clandestinidad. Según algunos entrevistados, la reforma no podía haber generado efectos más distintos de los que se esperaba lograr: ésta había incentivado la migración de mujeres al interior de Estocolmo y, dado el nuevo carácter clandestino del mercado, había aumentado la trata de personas.

Por su parte, en Ámsterdam, se puso en marcha la legalización de la prostitución en burdeles, así como la administración de estos establecimientos. La lógica era convertir el mercado negro en uno regulado, sujeto a impuestos y estándares de seguridad e higiene para mejorar las condiciones laborales de, entre otros, las trabajadoras sexuales. Los resultados fueron los siguientes. Los precios de los servicios sexuales cayeron, lo que llevó a que todos aquellos que no podían cumplir con los costos de la regulación (casi siempre migrantes) pensaran en irse a países donde la prostitución estaba desregulada y era mejor pagada. Simultáneamente, quienes sí pudieron afrontar el incremento en los costos de operación (típicamente, trabajadoras nativas y grandes o medianos empresarios) centralizaron el mercado.

Tanto en el caso de Estocolmo como el de Ámsterdam, las reformas terminaron afectando los intereses de quienes prometieron proteger: las mujeres –particularmente, migrantes. Aún hoy, muchas personas siguen propugnando estos esquemas de regulación como si fueran inequívocos e indisputables. No lo son. Las deficiencias de estos y otros regímenes se hacen evidentes al analizar –a priori o a posteriori– sus consecuencias. En los casos que describí, al menos algunos de los efectos adversos generados por las reformas eran previsibles. Empero, los daños colaterales de las reformas no se analizaron suficiente, no se explicitaron o no se tomaron en serio –ni antes ni después de la reforma.

La obliteración de estos daños podría ser producto, como señala Bernstein, de los intereses velados de los políticos malintencionados. Pero hay al menos una hipótesis alternativa: a veces, nos atrapa la fantasía de que las prescripciones legales se reflejan automáticamente, y tal cual, en el mundo social. Soñamos que las prescripciones de los tratados y las leyes van a materializarse de acuerdo con el bienintencionado derecho-en-los-libros. El realismo jurídico (norteamericano) apunta a que esto es imposible.10 Las normas jurídicas y las políticas públicas operan en una imbricada red de prácticas sociales, normas preexistentes y estructuras de mercado. De creerle a los realistas, tendríamos que identificar –en cada intento de creación de normas y políticas públicas– los contextos de operación de las normas, considerarlos en nuestros cálculos costo-beneficio y, más importante, monitorear los efectos de las reformas legales.

En mi experiencia, la vida cotidiana de los grupos que viven el derecho es distinta de cómo nos la imaginamos los otros. En ese sentido, sus experiencias pueden cuestionar nuestras (muchas veces, erradas) asunciones; devolvernos de la fantasía de lo universal a lo concreto, e iluminar así el diseño de las normas y políticas públicas. Esa fue mi experiencia al estudiar los efectos del reconocimiento del trabajo sexual en la Ciudad de México, luego de que una jueza determinara que la prostitución es un trabajo protegido por la Constitución en 2014.11 Así, a partir de la narrativa de un muy pequeño grupo de trabajadoras sexuales organizadas, hice algunos hallazgos interesantes. Uno: las credenciales de trabajador no asalariado aumentaron el poder de negociación de las trabajadoras sexuales en sus encuentros diarios con la policía. Más aún, que la Ley de Cultura Cívica del D.F. considerara una falta administrativa a la prostitución (artículo 24, fracción VII) desequilibraba excesivamente estas negociaciones informales a favor de la policía. Dos: las credenciales tuvieron efectos emancipadores para ciertas trabajadoras sexuales en relación con las así llamadas madrotas. Tres: los programas y servicios que las trabajadoras sexuales recibirían en tanto trabajadoras no respondían necesariamente a sus intereses y necesidades. En fin, este esquema ha tenido tanto efectos positivos como limitaciones. Sin embargo, analizar las consecuencias de la certificación libres de prejuicios morales plantea la posibilidad de mejora.

Las instituciones (derecho y política) pueden generar cambios. Sobra aclarar que no pienso lo contrario. Pero los cambios están mediados por la agencia de las personas. Es a estas, sus junto con sus contextos y experiencias, a quienes debemos traer al frente. El ejercicio que considero debe hacer la ALCM es de realismo jurídico, consecuencialismo y auto-crítica: una continua labor de filigrana. Lo cual exige estudiar el contexto de aplicación de las normas, predecir las consecuencias de la reforma legal y someterlas a constante evaluación. También supone transparencia respecto de los costos, no sólo los beneficios, que van a enfrentar distintos actores sociales. ¿Por dónde empezar? Hasta ahora, la ALCM lo ha hecho bien: convocar a distintos grupos con interés en las reformas, entre ellos (y, quizá, sobre todo), el de las trabajadoras sexuales. Lo que sigue ahora, desde nuestra trinchera, es un escrutinio puntual de estas discusiones.

Claudia Torres. Miembro del Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del CIDE; candidata SJD, Harvard Law School.

1 Convocatoria a las Sesiones de Parlamento Abierto sobre regulación del trabajo sexual, del diputado Víctor Hugo Romo a Claudia Torres (octubre 14, 2016) (en archivo con la autora). Las audiencias se llevarán a cabo el 19 y 26 de octubre, así como el 9 y el 16 de noviembre en el edificio legislativo ubicado en Gante #15, Colonia Centro. Respectivamente, los temas a abordar son trabajo sexual, trata de personas, discriminación y política de salud en relación con la prostitución.

2 En este contexto, entiendo al feminismo crítico como uno que rechaza la postura normativa de los feminismos liberal y radical, según los cuales la prostitución necesariamente debe ser legalizada o abolida, respectivamente. El feminismo crítico me parece, ante todo, consecuencialista: se pregunta cuáles son las consecuencias de cualquier esquema de regulación independientemente de su mérito moral.

3 Ver Prabha Kotiswaran, Burn unto Brothels: Toward a Legal Ethnography of Sex Work in an Indian Red-Light Area, 33(3) Law & Social Inquiry 579 (2008): 581 (describiendo las dos posturas del feminismo que participan en los debates sobre prostitución).

4 Cuando hablo de legitimidad, me refiero al reconocimiento que el grupo hace de sus miembros. Por ejemplo, Rosy Orozco no disfruta de mucha legitimidad dentro del movimiento abolicionista. Ver S. Rosagel, Rosi hace “trata” de víctimas, acusan; “son sobrevivientes”, revira (1 de 3), agosto 17, 2015, http://bit.ly/2eiOts3 (Teresa Ulloa, una de las máximas exponentes del abolicionismo en México, deslindándose de los proyectos de Rosi Orozco y denunciando el abuso de ésta en contra de ex-víctimas de trata de personas)

5 Ver, por ejemplo, Teresa Ulloa, Formas veladas de legalizar la prostitución, CIMAC Noticias, octubre 4, 2016, http://bit.ly/2eP2EIK

6 Por ejemplo, la provisión de servicios de salud gratuitos a trabajadoras sexuales de bajos ingresos me parece una política asistencial conveniente, porque para muchas de ellas –igual que para otros miembros de las clases sociales más bajas con seguros sociales de limitado alcance– es imposible pagar servicios de cuidado prolongado o de tercer nivel. Ver Claudia Torres, The Effects of Sex Work Certification in Mexico City, (tesis de maestría LL.M., Harvard University) (en archivo con la autora) (refiriendo la información recolectada a partir de una muestra de siete trabajadoras sexuales organizadas y certificadas). No es lo mismo (en términos de eficiencia presupuestal, principalmente) que decir que, en sí mismo, el Estado debe proveer servicios de salud a todas las trabajadoras sexuales. En realidad, varias de ellas ya cuentan con un seguro social relativamente funcional o tienen los medios para acceder a servicios de salud particulares.

7 Un ejemplo en el ámbito de la sociología del derecho está en Patricia Ewick y Susan Silbey, The Common Place of Law: Stories From Everyday Life (The University of Chicago Press, 1998) (citando a Stuart Henry acerca de las estructuras como propiedad emergente)

8 Janet Halley et al., From the International to the Local in Feminist Legal Responses to Rape, Prostitution/Sex Work and Sex Trafficking: Four Studies in Contemporary Governance Feminism, 29 Harvard Journal of Law and Gender 335 (2006): 361, 368.

9 Elizabeth Bernstein, Temporarily Yours: Inthimacy, Authenticity and the Comerce of Sex (The University of Chicago Press, 2007), 142 y ss.

10 Por ejemplo, ver Robert Hale, Coercion and Distribution in a Supposedly Noncoercive State, 38 Political Science Quart. 470 (1923); Karl Llewellyn, Some Realism About Realism –Responding to Dean Pound, 44 Harvard Law Review 1222 (1931).

11 Juicio de Amparo 112/2013, Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal [JD], January 21st, 2014 (Mx.).