La nueva prostitución: de la calle a los pisos

Cruz Roja de Alicante registra un descenso de más del 50% en el número de mujeres que asiste en la vía pública

 

Imagen de archivo de una zona con presencia de prostitución en el centro de Alicante. Héctor Fuentes

 

Por Pablo González 

15 de mayo de 2018

http://www.diarioinformacion.com/alicante/2018/05/14/nueva-prostitucion-calle-pisos/2020388.html

 

Los apartamentos alquilados se convierten en los espacios «invisibles» más recurridos.

 

Preservativos, toallitas, sábanas de látex y alimentos. La furgoneta de Cruz Roja se llena de material una noche más en la ciudad de Alicante, donde desde hace siete años rueda muy de cerca entre las mujeres que ejercen la prostitución en la calle. En 2017, la ONG atendía a 105 prostitutas en la vía pública. Ahora, un año después, son 47 las que se encuentran en los mismos espacios. Un decrecimiento de más del 50% que lejos de significar un abandono, refleja un desplazamiento. La calle se deja atrás para trabajar en pisos.

Cae la noche y como cualquier otro viernes del año, la técnico encargada del programa de atención a mujeres contexto de prostitución de Cruz Roja, Lorena Marín, junto a una de las voluntarias del proyecto, preparan todo para hacer una salida. Llevan material de protección y algunos alimentosque, hasta ahora, repartían entre más de un centenar de mujeres. Pero, en los últimos seis meses, han dejado de ver a 58 de ellas. Lo que comenzó como un proyecto cuyo único objetivo era la prevención del VIH, acabó siendo una forma idónea de acercamiento al colectivo. De una información sobre el contagio y los recursos disponibles, se pasó pronto a una relación de tú a tú.

Lorena Marín aparca la furgoneta, abandona el asiento y enseguida se acerca un grupo de ellas saludándole con besos, preguntándole por su semana y con una notable alegría de verle un viernes más. Y lo mismo al contrario. De esta forma es como se migró pronto de una «simple» prevención a una actuación integral. «A raíz de este contacto, las chicas comenzaron a contarnos muchas cosas y nos dimos cuenta de que podíamos trabajar otras necesidades», explica Marín.

Pero esta atención integral, que trata de hacerles beneficiarias de distintas ayudas y vincularles a otros programas de la organización relacionados con la formación o el empleo, entre otros, se puede hacer ahora con menos de ellas. En concreto, con 58 menos: la cifra de las que han dejado de aparecer durante las salidas en los últimos meses.

Entre 2011, cuando se inició el proyecto en Alicante, y 2016, el número de mujeres fue en aumento. La organización pasó de tener un vínculo con 60 durante el primer año hasta conseguir establecerlo con 121. En el 2017, la tendencia de bajada ya comenzaba a asomar hasta situarse en las 105. Cifra, como se ha mencionado con anterioridad, notablemente reducida hasta el momento actual, en el que son 47 las personas a las que se asiste de día y de madrugada.

Lejos de abandonar la prostitución, el descenso del número de trabajadoras que se encuentran en la vía pública ha disminuido por el cambio de lugar para ejercer. «El acceso al sexo sin necesidad de vínculo está siendo cada vez más fácil. El hecho de que puedas contactar con una mujer por Internet, que te envíe una foto, saber que te gusta e ir a una cama bajo techo, es lo que están prefiriendo los consumidores. Les resulta más llamativo que tener una relación dentro del coche aparcado en la calle», cuenta la técnica que lleva el programa.

Más rentable

En estos espacios cerrados, el motor de la prostitución es el mismo que en la calle, todas las trabajadoras del sexo ejercen por necesidad. Del mismo modo, algunos de los que tienen el poder, es decir, de quienes ponen el dinero para pagar el alquiler, tienen las mismas caras. «Los pisos los llevan proxenetas, entre los que se encuentran personas que han estado metidas en la prostitución, que ahora se han dado cuenta de que les sale más rentable alquilar un apartamento para prostituir a varias mujeres», apunta la técnica del proyecto.

Por otra parte, ellas han notado el descenso en el número de hombres que consumen sexo en la vía pública. «Se han percatado de que a la calle van menos consumidores de prostitución. Y cuando deben trasladarse, muchas prefieren hacerlo a un piso que a un club», cuenta Marín. Esta preferencia, explica la técnica, guarda relación con comportamientos a los que se ven obligadas a seguir en algunos de estos círculos. La forma de atraer a los clientes a estos espacios «herméticos», en los que la asistencia de las entidades que ofrecen apoyo al colectivo se convierte en una tarea complicadísima, no deja de ser el clásico recurso publicitario, al que ahora se le suman las aplicaciones de móvil.

Desde un proyecto de Cruz Roja que trabaja con hombres que tienen sexo con hombres, en el que se establece un contacto a través de una conocida app de citas con las personas a las que se busca informar sobre las infecciones de transmisión sexual, la entidad ha logrado adentrarse en uno de los pisos en el que también hay mujeres. «Les comentamos el servicio de la organización a través del chat y nos invitaron a que fuéramos a darles preservativos», cuenta Marín.

El ambiente que respira este piso, en el que al menos cinco mujeres ejercen la prostitución, es el de poca higiene y drogadicción. Unas condiciones que pueden estar viviendo parte de las 58 mujeres que han abandonado la calle en los últimos meses, con el grandísimo contra añadido de ser un espacio de difícil acceso a las entidades que apoyan al colectivo.

 

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El Colectivo de Prostitutas de Sevilla se presenta en sociedad abogando por la “legalización”

 

  • La Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha acogido un acto del Colectivo de Prostitutas de Sevilla a favor de regular la prostitución
  • La conferencia ha creado una fuerte polémica dentro de la universidad y entre los movimientos feministas por estar organizada por Rocío Medina, profesora de la UPO y responsable de Feminismos de Podemos Andalucía

 

Por Raúl Solís Galván

13 de mayo de 2018

https://www.eldiario.es/andalucia/Colectivo-prostitutas-Sevilla-presenta-legalizacion_0_770623342.html

 

María José Barrera, fundadora del Colectivo de Prostitutas de Sevilla, y Rocío Medina, profesora de la UPO y responsable de feminismos de Podemos Andalucía

 

Las prostitutas sevillanas quieren derechos sanitarios, cotizar a la seguridad social, que los asesinatos a prostitutas sean contabilizados como violencia de género en las estadísticas oficiales, que se legalicen los prostíbulos para que las puedan contratar legalmente, dejar de ser falsas huéspedes de hoteles que en realidad son clubes de alterne, que acaben las redadas contra los hombres que pagan por sexo, el fin de las pruebas obligatorias de VIH, dejar de estar estigmatizadas, tener voz en los espacios institucionales donde se tratan los problemas de las prostitutas, que el movimiento feminista no hable en su nombre a favor de abolir la prostitución y que cesen las ordenanzas municipales del Ayuntamiento de Sevilla, pioneras y referentes en España, que persiguen la compra y venta de mujeres en la vía pública y lanzan un mensaje nítido contra los puteros.

Es lo que piden las integrantes del Colectivo de Prostitutas de Sevilla, asociación recién creada que se ha presentado en sociedad en la Universidad Pablo de Olavide en medio de una fuerte polémica, debido a que la organizadora del acto ha sido Rocío Medina, profesora de Pensamiento Político Feminista en la UPO y responsable de Feminismos de Podemos Andalucía, formación política que “no tiene aún un posicionamiento político decidido sobre la prostitución”, según la dirección andaluza del partido morado.

El acto, titulado ‘Respeto y derechos para las trabajadoras del sexo’, que ha tenido formato de conferencia pronunciada por María José Barrera, que se reivindica como exprostituta, fundadora del Colectivo de Prostitutas de Sevilla y “de Podemos, aunque cada vez soy un poquito menos y soy más anarquista”, ha provocado la división en el interior del movimiento feminista hispalense, unificado en la Asamblea Feminista Unitaria de Sevilla y donde hay entidades y activistas que consideran que la prostitución es “explotación sexual” y no “trabajo sexual”, ya que “hablar de libre elección es una trampa tendida por el neoliberalismo”, apostilla la presidenta de una asociación feminista integrada en la plataforma que agrupa a todo el movimiento feminista hispalense.

“El trabajo sexual es un intercambio libre y negociado entre dos personas adultas y todo lo que salga de ahí es trata, explotación y todo lo demás y hay leyes para poderlo denunciar”, incide  María José Barrera delante de un centenar de personas, entre estudiantes de la UPO y “aliados” de las demandas de la líder del Colectivo de Prostitutas de Sevilla, quien lanzó varios recados al PSOE por las ordenanzas antiprostitución de la capital andaluza: “Las putas seguimos aquí, los clientes siguen yendo donde estamos y no se ha disminuido la prostitución”.

Barrera, que actualmente no ejerce la prostitución, se quejó también de la “hipocresía” y de la “incongruencia” de la situación de la prostitución en España, donde “las putas no tenemos ningún reconocimiento legal pero contribuimos al PIB de este país”. La conferenciante, a la que la responsable de Feminismos de Podemos presentó como “una de las personas que más saben de las prostitutas y de los derechos que demandan”, envió sus críticas más duras contra lo que define como “feminismo institucional”: “No hay movimiento feminista que nos apoye, no nos encontramos aliadas por ningún lado, sólo nos hemos encontrado aliados: del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), estudiantes de Derecho y dos compañeras de la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A)”, dijo ante un foro que aplaudió y agradeció la “valentía” de la fundadora del Colectivo de Prostitutas de Sevilla, quien anunció que en junio tendrá lugar en la capital andaluza “un encuentro de putas de toda España” para organizar un colectivo a nivel estatal “a favor de nuestros derechos”.

“Mientras haya pobreza, habrá prostitución”, apostilló la exprostituta Barrera, que apela a la libertad individual de las mujeres para dedicarse al “trabajo sexual”, reclama “unidad a las putas” y asegura que “en los clubes no hay proxenetismo”: “Los empresarios no se quedan con dinero nuestro, nosotras pagamos hospedaje, por eso los empresarios no tienen problemas y nosotras sí. Las únicas que no estamos incluidas en las leyes somos las putas”, subraya, ante el aplauso de los asistentes a su discurso “pro-sex” y a favor de la regulación “a la neozelandesa”, en referencia a la Ley de Reforma de la Prostitución en Nueva Zelanda, aprobada en 2003 y que despenalizó la venta de sexo a la par que aboga por programas de apoyo para que las prostitutas puedan abandonar la prostitución e incorporarse al mercado laboral, que es el modelo defendido por Amnistía Internacional en una polémica decisión bajo el “principio de reducción de daños” que provocó reacciones contrarias del movimiento feminista abolicionista por considerar que esta postura avala la regulación de la explotación sexual y fomenta la trata.

Polémica en la UPO

El acto organizado por Rocío Medina, profesora de Pensamiento Político Feminista en la Universidad Pablo de Olavide a la vez que responsable de Feminismos de Podemos Andalucía, ha creado revuelo dentro del ámbito universitario, “porque debería haber sido en formato de debate para dar voz también a la otra parte del debate de la prostitución”. Si bien, “no se ha querido censurar el acto públicamente y todo se ha quedado en comentarios off the record para no dividir al movimiento feminista justo en este momento donde la unidad está permitiendo avanzar como nunca a las mujeres en la lucha por nuestros derechos”, confirma a eldiario.es/andalucia una profesora de la UPO que prefiere mantener su anonimato. En el turno de palabra abierto tras la conferencia de María José Barrera, eldiario.es/andalucia no pudo hacer preguntas ni a Rocío Medina ni a María José Barrera: “El Colectivo de Prostitutas de Sevilla me ha pedido que sólo haga preguntas la comunidad universitaria, así que le pido a la prensa que respete su decisión”, espetó Medina antes de abrir el turno de palabras al auditorio.

 

MANIFIESTO DE LXS TRABAJADORXS SEXUALES DE SEVILLA

 

 

 

Colectivo de Prostitutas de Sevilla

30 de abril de 2018

 

 

Basta de criminalizarnos. La prostitución no es delito.

El trabajo sexual es el intercambio libre, negociado y consentido de servicios sexuales a cambio de dinero u otra remuneración pactada de antemano entre dos personas adultas.

La situación de la prostitución en España es incongruente ya que nos encontramos ante una actividad que no posee ningún tipo de reconocimiento legal ni derechos pero que a la hora de calcular el PIB del país, se contabiliza para aumentarlo. A su vez los y las trabajadoras sexuales somos perseguidas y acosadas a través de las ordenanzas municipales.

El Ayuntamiento de Sevilla se vanagloria de sus acciones para protegernos y ”salvarnos”, pero sus medidas prohibicionistas sólo provocan que nuestras condiciones de trabajo sean aún más precarias y estemos más desprotegidas puesto que nos obligan a ocultarnos para poder ejercer, y hacer tratos más rápidos, asumiendo con esto mayores riesgos para nuestro bienestar.

Por una cobertura sanitaria real.

Para defender la salud y el bienestar de todas las personas trabajadoras del sexo, exigimos que nuestro Ayuntamiento cumpla con el Convenio de Salud de la Junta de Andalucía de 2003, en el cual se puso en marcha un plan para personas que ejercen la prostitución donde se garantiza el derecho a la asistencia sanitaria de todas las personas migrantes trabajadoras del sexo.

Hasta hoy, nuestro Ayuntamiento no nos ha ofrecido ninguna de las atenciones que ellos mismo acordaron, haciendo oídos sordos a nuestras necesidades e impidiendo que este plan se lleve a cabo. Por ello, pedimos que cumplan con su obligación y que todo el personal sanitario, así como el del resto de las administraciones, nos trate con respeto y dignidad.

Derechos laborales para los y las trabajadoras sexuales.

Todas las formas de trabajo sexual son igualmente válidas, tanto la prostitución en la calle, en clubes o en pisos de citas como los servicios de compañía, por webcam o la pornografía.

Si se aplicaran los derechos laborales que nos pertenecen, las personas trabajadoras del sexo podríamos solucionar muchos obstáculos administrativos, como solicitar un certificado de empadronamiento, reclamar la tarjeta sanitaria, tramitar un N.I.E. u optar a una vivienda digna sin necesidad de vernos obligadas a trabajar para terceros por no poder tener un lugar donde vivir.

El Ayuntamiento malgasta los recursos económicos en campañas publicitarias prohibicionistas, en lugar de invertirlos en planes de formación y atención real a nuestras necesidades.

A través de las ordenanzas municipales y de la Ley Mordaza, se nos multa y persigue criminalizando nuestro trabajo. Se nos obliga a ejercer en lugares más aislados y peligrosos (en el caso de los/las compañeros/as de la calle) y a su vez se nos multa con 200€ por portar sprays autodefensa.

Por eso, el hecho de no contar con derechos laborales genera un entorno favorable para la explotación descontrolada y la trata, y para los abusos y la coacción por parte de las instituciones abolicionistas.

Somos dueñas de nuestro cuerpo y de nuestro trabajo

Exigimos nuestro derecho a trabajar sin coacción. A decir no a un cliente o a un servicio.

Exigimos el derecho a estar en las zonas públicas y defendemos la designación de espacios para los y las trabajadoras de calle.

Exigimos nuestro derecho a una formación profesional y a servicios de asesoría, incluyendo una asistencia real y prevención de riesgos laborales.

Exigimos que se aplique una legislación antidiscriminatoria así como planes que incluyan opciones reales para las personas que decidan dejar de ejercer pero que a la vez les garanticen su supervivencia económica, considerando las dificultades específicas a las que se enfrentan debido a la estigmatización.

 

POR UN TRABAJO SEXUAL AUTOGESTIONADO E INSUMISO

 

Colectivo Prostitutas de Sevilla.

 

Colectivo de Prostitutas de Sevilla

Twitter: @ProstitutasSev

e-mail: Colectivo.prosev@gmail.com

 

Ley de Seguridad Ciudadana: amordazando a las trabajadoras sexuales

 

“Nuestro país mantiene una postura abolicionista a la hora de tratar el tema de la prostitución”

 

Por Rafael Barroso Pavía

 

24 de abril de 2018

 

https://www.eldiario.es/andalucia/APDHA/Ley-Seguridad-Ciudadana-amordazando-trabajadoras_6_764383562.html

 

Concentración en la provincia de Cádiz contra las ordenanzas municipales APDHA

 

La situación de la prostitución en España es incongruente porque nos encontramos ante una actividad que no posee ningún tipo de reconocimiento legal pero que a la hora de elaborar el PIB del país se contabiliza para así aumentarlo. Esta falta de reconocimiento lleva a que la ya, de por sí, complicada realidad de las personas que ejercen la prostitución se vea empeorada por algunas de las normas que se han desarrollado en los últimos años, en los cuales hemos sido testigos de un endurecimiento de las leyes y un retroceso en la protección de los derechos fundamentales de la sociedad en general, y de las personas que ejercen la prostitución en particular.

Nuestro país mantiene una postura abolicionista a la hora de tratar el tema de la prostitución, lo que se traduce en normas legales y campañas que tienden a aumentar la controversia social sobre este tema y que, además, empeoran las graves vulneraciones que las trabajadoras sexuales sufren. La visibilidad que se ha dado a esta realidad es prácticamente escasa, llamando la atención que normas como la Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como Ley Mordaza, que ha levantado controversias y numerosas críticas por la vulneración de derechos que su aplicación conlleva, no haya sido criticada por el ataque que perpetra sobre las trabajadoras sexuales.

La mencionada ley prevé, en su contenido, dos infracciones que afectan directamente a las trabajadoras sexuales que ejercen la prostitución en la calle: por un lado, pueden ser sancionadas con multas de hasta 600 euros si realizan actos que puedan ser considerados obscenos en la vía pública. Y por otro, pueden ser sancionadas con multas de hasta 30.000 euros si, tras ser notificadas por las autoridades para que no ofrezcan sus servicios en sitios públicos, estas continúan haciéndolo.

Debido a la forma en la que se recogen estas infracciones, la simple identificación como trabajadora sexual es suficiente para que puedan ser sancionadas, sin necesidad de que sean “pilladas” ofreciendo o prestando sus servicios. Al igual que ocurre con otras infracciones recogidas en dicha Ley, la redacción de la norma queda sujeta a la interpretación que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad realicen, lo cual se traduce en una vulneración total de derechos, al poder contemplarse casos de arbitrariedad y abuso de poder por parte de estos.

Si estamos hablando de una norma que protege la seguridad de la ciudadanía de nuestro país, ¿cómo es posible que se lleven a cabo prácticas que vulneran los derechos de este colectivo? El Gobierno negó en su momento que la intención fuese la de perseguir a las personas que ejercen la prostitución o entrar en el debate de su regulación o prohibición. Sin embargo, la experiencia nos dice que no, que desde la entrada en vigor de la ley se ha producido una caza de brujas hacia las trabajadoras sexuales. Una caza que las posiciona en una situación de mayor vulnerabilidad y desprotección y que, según datos de junio de 2017, se ha saldado con su expulsión de las calles y una recaudación de 54.000 euros con las multas que les han sido impuestas.

Debido a ello, consideramos que la aplicación de la ley conlleva la práctica de una violencia institucional hacia las trabajadoras sexuales. Dicha violencia se manifiesta con la imposición de multas a las que, en ocasiones, sólo pueden hacer frente con el ofrecimiento de sus servicios, lo cual hace que se expongan a ser multadas de nuevo para poder afrontar el pago. Pero esta violencia también se manifiesta al quedar excluidas de la zona pública, pues deben reubicarse en lugares alejados y con menor tránsito de personas, quedando expuestas y faltas de protección.

A pesar de que en los últimos meses hemos atendido a diferentes manifestaciones, por parte de los principales partidos políticos de la oposición, para derogar parte del articulado de esta ley, lo cierto es que seguimos en la incertidumbre de saber qué pasará. Además, desde los movimientos sociales, encontramos una falta de visibilidad y denuncia de las consecuencias que la aplicación de esta ley tiene sobre los derechos de este colectivo en concreto. Mientras tanto, las más perjudicadas por toda esta situación seguirán siendo las trabajadoras sexuales, las cuales, por el bien de la “seguridad ciudadana”, se ven amordazadas y expuestas a una mayor represión por parte de ese Estado que, si bien aprovecha las consecuencias económicas de esta actividad, no es capaz de reconocerles sus derechos.

 

Asociación Diversidad Sexual Milagro (DISEMI): nueva organización de trabajadoras sexuales en Ecuador

 

Por Global Network of Sex Works Projects (NSWP)

 

24 de abril de 2018

 

http://www.nswp.org/featured/asociacion-diversidad-sexual-milagro-disemi

 

 

Ecuador se encuentra en el noroeste de América del Sur, limita con Colombia al norte, Perú al este y al sur, y el Océano Pacífico al oeste. Ecuador también incluye las Islas Galápagos en el Pacífico, a unos 1.000 kilómetros (620 millas) al oeste del continente. San Francisco de Milagro es una ciudad ubicada en una provincia costera llamada Guayas.

Asociacion Diversidad Sexual Milagro es una organización dirigida por trabajadoras sexuales en Milagro, cuyo trabajo se centró en hablar en contra de la violencia, abogar por servicios de salud para su comunidad y empoderar a las trabajadoras sexuales, tanto cis como trans, para que se den cuenta de sus derechos.

La corresponsal regional de NSWP habló con DISEMI sobre su trabajo.

¿En qué países y / o regiones se enfoca la organización?

En la ciudad de Milagro, Ecuador.

¿Cuál es la historia de la organización? ¿Cómo y por qué se formó?

La organización fue fundada por nuestra presidenta, Katerin Mejía, usando su propia perspectiva.

La marginación, violencia y discriminación que vivió por ser una mujer trans y trabajadora sexual, le dio coraje para hablar, y en 2012 celebró su primer encuentro con la población LGBTI y trabajadoras sexuales, y fue elegida presidenta de DISEMI. En ese punto, ya se había estado empoderando a sí misma y aprendiendo sobre el activismo de los derechos humanos.

La junta se formó con personas responsables elegidas entre las asistentes a la reunión. El objetivo de la reunión fue elegir portavoces que lucharan por nuestros derechos humanos. Diez personas solicitaron la convocatoria, y después de la votación, hubo 5 miembros elegidos para la junta.

En la ciudad de Milagro hay una alta tasa de discriminación cuando no formas parte del modo de vida corriente, y no estás desempeñando el papel que el patriarcado necesita que desempeñes.

Desde el día en que se fundó la organización, el primer objetivo fue formarse como una entidad legal, y tardó 5 años en obtenerlo finalmente. Nos tomó todo ese tiempo porque antes de este proceso no teníamos conocimiento de cómo comportarnos en esas áreas. También ponen algunos obstáculos en las oficinas de los ministerios; pero recibimos consejos, nos adherimos a las leyes y, finalmente, logramos nuestro objetivo deseado. Hoy estamos legalmente constituidas y podemos obtener el apoyo de diferentes socios y participar en más espacios para lograr más en nuestro trabajo en beneficio de nuestra comunidad.

Durante esos 5 años trabajamos como voluntarias en varios proyectos y con autofinanciación. Ahora tenemos el nombre legal de “Asociación Diversidad Sexual Milagro DISEMI” desde el 17 de agosto de 2017. Esta es la primera organización dedicada a la protección de los derechos humanos de grupos vulnerables dirigida por un consejo LGBTI en la ciudad de Milagro.

¿Cuáles son las áreas prioritarias en las que trabaja la organización?

Abogamos por el acceso universal a los servicios de salud, incluida la atención primaria de salud, el VIH y los servicios de salud sexual y reproductiva. Hablamos sobre la violencia contra las trabajadoras sexuales, incluida la violencia de la policía, las instituciones, los clientes y las parejas íntimas, al tiempo que cuestionamos el mito de que el trabajo sexual es intrínsecamente violencia de género. Nos oponemos a los abusos contra los derechos humanos, incluida la programación coercitiva, las pruebas obligatorias, las redadas y la rehabilitación forzosa.

Abogamos por el empoderamiento económico y la inclusión social de las trabajadoras sexuales como trabajadoras sexuales, y trabajamos para mejorar la conciencia y erradicar la discriminación sobre la base de la orientación sexual.

Facilitamos la capacitación y los talleres, por ejemplo, sobre empoderamiento y liderazgo. Con autofinanciación, realizamos talleres para empoderar y brindar capacidades a nuevos líderes. Con esto nos aseguramos de capacitar constantemente a personas más valientes y animosas para que actúen como portavoces de forma que finalmente puedan tener influencia para detener la violación de nuestros derechos. Estas portavoces nos ayudan a ser más visibles y, al mismo tiempo, a divulgar evidencias precisas que disminuyen el estigma e informan a la sociedad en general. También realizamos talleres sobre diálogos sobre VIH / SIDA para promover el sexo seguro y el conocimiento sobre el VIH. También realizamos talleres de derechos humanos con énfasis en la población trans que son trabajadoras sexuales.

Con todas estas actividades priorizamos temas específicos y acciones en torno a:

  • Empoderamiento en cuestiones de derechos humanos
  • Creación de líderes
  • Salud sexual
  • Acompañamiento legal a compañeras que han sufrido o sufren algún tipo de discriminación o violencia.
  • Protestas a favor de los derechos humanos
  • Intervención social
  • Micro emprendimiento.

 Si la organización brinda servicios a trabajadoras sexuales, ¿qué tipo de servicios? 

  • Salud sexual
  • Entrega de condones y lubricantes
  • Trabajo de igual a igual

Si la organización hace trabajo político, ¿de qué tipo? 

No hacemos trabajo político, pero trabajamos en la construcción de una política pública que defienda los derechos humanos de las personas LGBTI.

¿Cómo se incluyen significativamente las trabajadoras sexuales en la organización?

Nuestra junta está compuesta principalmente por mujeres trans que realizan trabajo sexual dentro y fuera de la ciudad e incluso del país, porque la organización fue creada para garantizar nuestros derechos. También incluimos a la población LGBTI, ya que se encuentran entre las poblaciones más vulnerables de nuestro país.

Algunas miembros de nuestra organización trabajan en Europa, pero allí no tienen que hacer frente a tanta discriminación como nosotras en nuestro país.

Somos 5 miembros de la junta y 25 que están asociadas con nuestro grupo.

¿Cuáles fueron los principales eventos o desafíos en los que ha trabajado esta organización en el pasado? P.ej. oponerse o hacer campaña por una ley; organización de un evento …?

El acompañamiento legal definitivamente ha sido uno de los mayores desafíos en nuestra ciudad. Seguimos siendo la única organización que denuncia públicamente casos específicos de discriminación. Durante 2017 hubo 5 denuncias legales por violación de derechos, 2 de ellas culminaron en mutuo acuerdo, y para el resto no ha habido ningún pronunciamiento de sanción por parte de las autoridades. Sin embargo, continuamos trabajando en esos casos.

Vivir aquí siendo una mujer trans, joven, trabajadora sexual y vecina de barrio pobre definitivamente hace que las personas te clasifiquen como si fueras una persona de clase inferior; como si no mereciéramos los derechos. Estas violaciones de nuestros derechos nos impulsan a seguir trabajando todos los días para lograr el “buen vivir”, concepto sobre el cual la Constitución ecuatoriana habla tanto. A elevar nuestras voces en una sociedad que nos margina, nos excluye y nos discrimina por ser trabajadoras sexuales y por tener una identidad de género u orientación sexual diferente.

En la ciudad de Milagro tenemos muchos desafíos, especialmente después de que un grupo de mujeres trans decidiera hacer el trabajo sexual en las calles. Desde entonces, hemos luchado contra el hostigamiento, la persecución y las burlas de las autoridades, que en lugar de protegernos, nos discriminan y dejan que otros lo hagan también.

Para dar a conocer nuestro trabajo, tenemos una gran apertura con la prensa; pero la mayor barrera que tenemos es el gobierno local. Intentan constantemente hacernos invisibles y no están abiertos para darnos facilidades para seguir trabajando. El patriarcado que sobrevive en Milagro hace que cada día sea una lucha para dar importancia a la igualdad y la equidad que merecemos en nuestra ciudad. Esto en sí mismo es difícil, pero lo es aún más en nuestro caso, ya que no tenemos financiamiento y todas nuestras actividades son autogestionadas. Todos los días luchamos con este monopolio que permite que se violen nuestros derechos.

¿Cuáles serán los mayores desafíos para la organización en el futuro?

La situación del trabajo sexual es difícil y complicada en Ecuador, tanto legal como socialmente.

Nos atacan a diario, la ley casi no nos protege, las campañas de socialización o concienciación no se llevan a cabo, nuestro trabajo está criminalizado y a menudo enfrentamos la violencia.

Debemos continuar trabajando en un ambiente hostil, específicamente ahora después de la campaña “Con mis hijos no te metas”. Este movimiento ultraconservador nació en Perú en 2016 y se reprodujo en muchos países de América Latina como reacción a las políticas públicas que introdujeron una perspectiva de género en la educación y otras áreas del aparato estatal. La campaña creó el concepto de “ideología de género” y dice que es parte de una conspiración para “homosexualizar” los países y causar inestabilidad en el núcleo familiar. Esto ha tenido un efecto de arrastre en las trabajadoras sexuales de la región.

Hoy nos enfocamos en trabajar y presentar la primera ordenanza municipal a favor de la diversidad y el trabajo sexual. Este es un gran desafío al que nos enfrentamos como organización. 

¿Tiene la organización un mensaje para el movimiento por los derechos de las trabajadoras sexuales? ¿Qué hay para las personas fuera del movimiento?

El mensaje para el movimiento por los derechos de las trabajadoras sexuales es que juntas somos más fuertes. Aumentemos nuestro trabajo para hacerlo visible y mostrar que el trabajo sexual es trabajo. Y si alguien intenta violar nuestros derechos, preparémonos con las herramientas y el conocimiento necesarios para hacer cumplir las leyes de nuestros países. Si las leyes locales no nos favorecen, abracemos los derechos humanos internacionales y trabajemos para promover nuevas leyes locales.

Empoderarnos y encontrar fuerza en nuestro liderazgo es la única manera de ser libres en nuestro propio trabajo. Protejamos nuestro trabajo, erradiquemos todo tipo de violencia y discriminación usando nuestro aprendizaje y la fuerza de nuestra unión.

Mientras más nos apoyemos, más lograremos una buena vida. Avancemos con amor y respeto por un mundo con igualdad y equidad.

El mensaje para las personas que no conocen el movimiento del trabajo sexual y para la sociedad en general es que el trabajo sexual es trabajo, al igual que otras formas de trabajo. Hacerlo requiere esfuerzo y capacidad. La discriminación y la violencia no significan que el trabajo sexual vaya a ser eliminado, sino que será violado, lo que significa que las trabajadoras sexuales continuaremos siendo violadas, y que nuestras vidas correrán peligro, cuando todo lo que estamos haciendo es trabajar.

La sociedad debe respetar las decisiones de las personas. Una parte fundamental de la buena vida es el amor y lo que se puede ofrecer a la gente, sin juzgarlos ni señalarlos para el juicio por el trabajo que hacen.

 

Sitio web: https://www.facebook.com/Asociacion-Diversidad-Sexual-Milagro-disemi-151146692129292/

Correo electrónico de contacto: diversidadsexualmilagro@gmail.com

La presidenta del Colectivo de Prostitutas de Sevilla, entrevistada en CanalSur

 

2 de abril de 2018

 

En el siguiente enlace:

 

http://www.canalsur.es/multimedia.html?id=1266701

 

Y ésta es la transcripción: 

 

VBV: Buenas noches

Presidenta: Buenas noches

VBV: Yo le voy a llamar Julia, por ponerte un nombre, porque sé que no quieres que te reconozcan

P: Exacto

VBV: Porque la sociedad es muy injusta

P: Más injusta todavía: yo hace más de una década que dejé de ejercer la prostitución y todavía me sigo escondiendo. Y lo único que estoy haciendo ahora mismo es defendiendo los derechos de mis compañeras para que no se encuentren en las mismas situaciones en las cuales yo ejercí la prostitución.

VBV: Vamos a poner a los expectarores un poquito en situación: ¿cómo llega una persona a ejercer la prostitución? ¿Por qué?

P: Por necesidad; y hay diferentes necesidades: tenemos compañeras que están ejerciendo la prostitución para pagarse un máster, para estar mejor formadas para la carrera que están estudiando, y tenemos compañeras que están ejerciendo la prostitución por necesidades básicas.

VBV: Hay datos —y lo hemos estado hablando a lo largo de la noche, que es muy difícil hablar de datos porque no hay fuentes fiables— hay un dato que yo quiero que me confirmes: nosotros hemos leído que el 80% de las mujeres que ejercen la prostitución son irregulares, eso quiere decir pues que no tienen papeles o que son de fuera: tú que las conoces porque aunque hayas dejado de ejercerla sigues teniendo contacto con ellas, estás defendiendo sus derechos: en la calle, ¿hay mucho extranjero o hay extranjeros y españoles?

P: En la calle, en los pisos, en los clubs, en todos los sitios hay más compañeras inmigrantes que compañeras españolas, pero cada vez hay más mujeres españolas que están ejerciendo la prostitución, en particular desde que empezó la crisis. Muchas mujeres que han dejado de cobrar todas las ayudas que tienen, el paro y todas las ayudas que tenían y se han visto abocadas a ejercer la prostitución porque ya no han tenido más ayudas.

VBV: ¿A veces es la única solución que les queda a ciertas personas?

P: A lo mejor es la única solución, en ese momento es la única solución que encuentran. Tampoco el gobierno, los gobiernos, el mundo en general, no están por terminar con la pobreza; entonces, siempre que exista la pobreza siempre va a haber mujeres abocadas a ejercer la prostitución y en condiciones más deplorables. El problema que tenemos nosotras es que parece que se está regularizando todo lo que está alrededor de la prostitución menos las prostitutas. De hecho, se busca darle la vuelta; por ejemplo, en los clubs, los propietarios son empresarios, no son proxenetas, porque nosotras lo que pagamos allí es un hospedaje; entonces, somos huéspedes de ese hotel, pero esos hoteles no tienen licencia de club ni tampoco tienen licencia de hoteles, entonces, no se puede permitir el hospedaje en esos espacios. Así nos lo reconoce el Ayuntamiento de Sevilla porque le hemos presentado un listado para que nos dijeran las licencias que tenían todos los clubs.

VBV: Las prostitutas, ¿queréis legalizar vuestra situación?¿Queréis regularizar la prostitución?

P: Nosotras queremos derechos, queremos protección para las víctimas de trata, mejor protección, no la desprotección que tienen ahora las compañeras víctimas de trata. Nosotras queremos planes de reinserción y de formación para las compañeras que quieren dejar de ejercer la prostitución y queremos derechos laborales para las personas que quieren seguir ejerciendo la prostitución. No queremos: medidas asistenciales como son, por ejemplo, el Convenio de Salud de la Junta de Andalucía o los protocolos de actuación del Ayuntamiento de Sevilla, por poner un ejemplo.

VBV: ¿Tú has conseguido salir?¿Se puede?

P: Sí. Yo he conseguido salir porque yo he decidido salir en su momento; y salir, podemos salir todas, lo que pasa es que unas tendrán más problemas y otras tendrán menos problemas pero el problema es encontrar otra vida después de ejercer la prostitución.

VBV: La sociedad ¿pone muchas trabas?

P: Por supuesto. Y además esto está hecho para que desde su punto de vista, lo que se está mostrando a la sociedad, es para eso. El Ayuntamiento de Sevilla, por ejemplo, está persiguiendo a las compañeras de la calle desde el 2009 y ahora, en el plan nuevo que están ejecutando, que ha empezado a partir de enero, van a perseguir a las compañeras de pisos, mientras que los 1.500 clubs que hay en España, la licencia se las han dado a ellos.

VBV: Ahora vamos a explicar a los expectadores que en una ordenanza del Ayuntamiento se prohibía, bueno, se multaba al cliente de la prostitución. Eso ha llevado a que las prostitutas que trabajaban en la calle… ¿qué ha pasado con ellas?

P: Que nos desplacemos. Vamos a ver: este plan es pionero en España y está siendo felicitado en muchos lugares de España por el buen resultado que ha tenido, y el buen resultado que ha tenido ha sido que se han gastado un montón de dinero en campañas publicitarias en las cuales se pone “no tienes excusa para irte de prostitutas”, enfocadas a los clientes, y a las prostitutas lo que han hecho ha sido desplazarnos a sitios donde seamos perseguidas. Porque esto es un engaño: no estamos en contra del cliente, estamos en contra de la prostitución que nos molesta.

VBV: La prostitución no desaparece.

P: La prostitución de la calle, que les molesta a los turistas, la prostitución de los pisos que le molesta a mi moral y las encerramos en clubs donde no les molestamos a nadie y generamos mucho Producto Interior Bruto y del cual se beneficia nuestro gobierno, para quien sigue disfrazando esto con trata con prostitución, pero ellos se están beneficiando.

Que nos den derechos, que nos den protección, que es vergonzoso la atención que tenemos en los datos que dan. Las redadas que nos hacen, las redadas son más por el tema de extranjería que por el tema de trata, que ahora están viniendo muchas redadas por temas de empleo, del Ministerio de Empleo, que no lo entendemos, si saben que nosotras no podemos estar dadas de alta ni nada, no tenemos derecho, no sabemos tampoco por lo que van. Esto por la parte que ejecutan sus tareas. Y luego tenemos, pues, los policías que enseñan la chapa para hacer su servicio gratis sin pagar, el que cobra los sobres para no hacer redadas, y las hemerotecas están ahí, las mil noticias que habrá visto donde hay policías implicados y los que utilizan el amor romántico, como todo el machismo, todo el sistema patriarcal, igual, a nosotras nos utilizan igual.

VBV: Siempre hablamos de mujeres y yo, antes de que te vayas te quería hacer la pregunta: ¿se ve igual la prostitución en el hombre que en la mujer?

P: Los compañeros que ejercen la prostitución lo tienen peor que nosotras, porque ellos no existen ni para la Administración. Más todavía, hay veces que se hace un curso de formación, por ejemplo, para compañeras transexuales, y a las compañeras transexuales que todavía no tienen cambiado el nombre en el DNI con su nombre de mujer no les permiten hacer el curso porque no se puede registrar el nombre en esos documentos. Será que la Junta de Andalucía y este gobierno no tienen bastantes informáticos como para cambiar ese detalle.

VBV: No siempre se puede hablar con vosotras. Yo te doy las gracias porque sé que no es fácil, porque sé que os cuesta…

P: Una cosita.

VBV. Dime.

P:   Estamos hartas de que nos digan que somos víctimas de violencia de género, porque si somos víctimas de violencia de género, nuestros clientes son nuestros maltratadores y los que están dando las licencias de los clubes, ¿quiénes son? Dejemos ya de tanta sinvergonzonería, que luego no nos consideran víctimas de violencia de género, que luego nuestras compañeras asesinadas por sus parejas no son consideradas víctimas de violencia de género, porque tan sólo se les considera chulos o proxenetas. Nosotras no podemos tener pareja, parece ser.

Ya está bien de decirnos si nos gustaría esto para nuestra hijas. Esto no va a terminar porque nosotras queramos esto para nuestras hijas o no. Esto va a terminar con las hijas de muchas mujeres viniendo aquí, de muchas madres, y lo que queremos es que estén en mejores condiciones que las que hemos vivido nosotras.

Que no se utilice para recibir subvenciones, que no se utilice como programa electoral y que no se utilice para ganar una pelea feminista. Porque este es un movimiento que hace mucho tiempo que ha empezado y estamos empezando una lucha que ya la hemos ganado el 8 de marzo, cuando se ha conseguido, y eso sin participar todavía los colectivos de prostitutas, cuando se ha conseguido que la abolición no se lleve en el manifiesto

VBV: Pues gracias. Gracias porque son palabras muy sentidas, muy reales, y nosotros tenemos que seguir con el programa, con muchos más temas.  

 

Colectivo de Prostitutas de Sevilla

Twitter: @ProstitutasSev

e-mail: Colectivo.prosev@gmail.com

El feminismo regulacionista no existe, pero el pro-derechos sí

Las trabajadoras sexuales no disponen de protección laboral en caso de embarazo, enfermedad o vejez, por lo que siguen trabajando y se encuentran totalmente desprotegidas frente al empresariado que se lleva al menos el 50% de cada servicio

 

Por Paula Sánchez Perera 

19/03/2018

https://www.eldiario.es/tribunaabierta/feminismo-regulacionista-existe-pro-derechos_6_751784836.html

 

Hay a quien le cuestionan por lo que defiende y a quien, por el contrario, se le rechaza por lo que se cree que defiende. Que reconozcamos y respetemos que existe capacidad de decisión en prostitución no significa que este sea el argumento fundamental para abrazar la postura pro-derechos. Ciertamente, en el sistema capitalista solo las personas privilegiadas eligen en qué trabajar, el resto decidimos entre opciones restringidas a nuestros ejes de opresión. Nadie cobra de un matriarcado socialista, ni siquiera las lesbianas políticas. Todas naufragamos entre mecanismos de colaboración y resistencia y tratamos de que el engranaje neoliberal no se cebe con los sectores más vulnerables. Pese a esto, tanto la criminalización de la prostitución callejera como la explotación laboral a terceros se encuentran, de hecho, legitimadas. Las razones de peso que nos llevan a apoyar la lucha de las trabajadoras sexuales son las violaciones de derechos humanos que se producen en nuestro contexto.

Hacemos referencia a la violencia institucional, los abusos de poder de los cuerpos de policía, las detenciones arbitrarias amparadas por la Ley de Extranjería, el acoso policial, las multas, las fallas en la tutela judicial efectiva, la precarización y la exposición a una mayor violencia que acontecen en la calle gracias a la suma entre ordenanzas municipales, la ley mordaza y el vacío legal en el que se desenvuelve. De otro lado, aquellas que trabajan a terceros sufren la violencia anexa a la explotación laboral en la que caen por encontrarse en un limbo legal que propicia todo tipo de abusos. No disponen de ningún tipo de protección laboral en caso de embarazo, enfermedad o vejez, por lo que siguen trabajando y se encuentran totalmente desprotegidas frente al empresariado que se lleva al menos el 50% de cada servicio, puede imponer las prácticas, la clientela, el no uso del condón y jornadas de hasta 14 horas seguidas, sin descansos estipulados ni semanales, vacaciones, horas extraordinarias reconocidas o plus de nocturnidad. No tienen ninguna protección frente al despido, la salud o la higiene, que queda al arbitrio del empresario. No disponen de ninguna legitimación para exigir el uso de preservativos y se puede vulnerar el derecho a la libertad y a la salud obligándolas a consumir alcohol para que lo hagan los clientes. Tampoco obviamente tienen derecho a huelga, negociación colectiva o a sindicarse y, en caso de que conformen organizaciones que se presenten públicamente como sindicatos, ya se encargará un sector de tildarlas a ellas de proxenetas.

Se producen toda una ausencia de derechos sociales tales como el acceso a la vivienda. Habitualmente se ven abocadas a vivir y trabajar en un club, alquilar una habitación con suerte o al sistema de camas calientes. También se vulnera el derecho a la salud, sufren discriminación y padecen indefensión para acceder a servicios sanitarios siendo las ONG las que les facilitamos información sobre los recursos disponibles; quedan a expensas de que se produzca el contacto. A su vez, sufren indefensión en caso de violencia física y sexual y también la violencia psicológica y simbólica del estigma que reproducen ciertos discursos que las prostitutas interiorizan y que conducen a costes psicológicos múltiples. El estigma se traduce en una cadena de discriminaciones y exclusión social. Y el estigma, a la larga, mata.

Este es el escenario estructural de la prostitución en España. La situación de alegalidad en la que se encuentran se convierte en prohibicionismo en la calle, avalado por tesis abolicionistas. A su vez, la persecución que sufren en la calle favorece la zonificación del ejercicio reacoplándolo a terceros; alterne que está reglamentado en beneficio exclusivo del empresariado. Un matrimonio bien avenido que limpia las calles, reubica a las prostitutas a terceros desentendiéndose de las asalariadas y luego nos dice que, si quieren derechos, se hagan autónomas. Curiosamente, la mayoría que tanto preocupa al abolicionismo no puede darse de alta como autónoma, bien porque no dispone de ingresos suficientes y la estabilidad laboral para hacer frente a la cuota, bien porque trabajan en relación de dependencia o se encuentran en situación administrativa irregular. Y hay quien puede y no quiere, por legítima desobediencia civil -no taxation without representation-. Con todo, habría que recordar que aunque exista la posibilidad continúa en un vacío legal porque el objeto que se vende, el sexo, no es lícito.

Por mucho que se busque a la puta representativa -aquella que case con nuestros presupuestos- no existe una experiencia universal de prostitución. La diversidad es clave y la justicia social se consigna en dar respuesta a cada situación. Por una parte, debe asegurarse la protección efectiva de las víctimas de trata,  cifrada en un 14% según la ONU, pues actualmente, lejos de garantizarse, lo habitual es que la trata se utilice como excusa para perseguir y controlar la migración, tal como se denuncia  desde el informe Greta del Consejo de Europa. Habría que recordar que existe trata en multitud de sectores y su causa no es la prostitución, sino el cierre de fronteras europeo, las restricciones que impone la Ley de Extranjería y la clandestinidad obligatoria en la que se desarrollan los proyectos migratorios. En síntesis: el racismo institucionalizado del que se benefician las mafias. En segundo lugar, hacen falta alternativas laborales realistas para quienes quieran abandonar el ejercicio. Resulta paradójico que se inviertan más esfuerzos en desacreditarnos que en generar opciones laborales no feminizadas ni precarizadas, para que la prostitución no tenga que ser en ningún caso un destino. Por último, para aquellas que quieran seguir ejerciendo y reivindican la mejora de sus condiciones, el reconocimiento de su condición de trabajadoras, con titularidad de derechos laborales y, por tanto, civiles plenos. Son demandas que no están en conflicto.

Llevamos 23 años insistiendo en que no, no somos regulacionistas. Los modelos de este tipo regulan la prostitución como un problema de sanidad y orden público y se desarrollan a través de medidas administrativas y policiales como los controles médicos obligatorios, la inscripción en registros policiales y la zonificación del ejercicio considerando en qué espacios es legal ejercer. Recrean la división entre prostitución legal e ilegal para las migrantes en situación irregular, prohíben la prostitución callejera, favorecen el ejercicio a terceros y estigmatizan como grupo de riesgo y en la vida laboral. Frente a este modelo también nació el movimiento de prostitutas, es un marco que ninguna asociación pro-derechos defiende y que los sindicatos de prostitutas de los países con modelo reglamentarista critican abiertamente.

Si nos denominamos pro-derechos es porque nuestra prioridad se encuentra en el reconocimiento de estos desde una perspectiva de derechos humanos, cuyo ejemplo más próximo sería el neozelandés. Se trata de poner límites a los empresarios, de evitar las relaciones de explotación laboral que ya existen, de descriminalizar la prostitución callejera, incentivar el trabajo autónomo y, por encima de todo, que el modelo de prostitución que se quiera desarrollar cuente en su elaboración con la participación de las protagonistas. Un modelo revisable por un comité de evaluación en el que participen las trabajadoras, que vaya fortaleciéndose de sus fallas para garantizar la protección frente a la violencia, la explotación, la coerción y el machismo a las más vulnerables. Ahora, si se quiere llamar regulación a cualquier interjección legal en prostitución, hablemos claro, porque esta ya existe con el alterne, el uso del espacio público y la penalización de aspectos concomitantes al trabajo asalariado e independiente.

La frecuente asimilación entre regulación y enfoque pro-derechos, el desequilibrio de información sobre las cuatro posturas del que dispone la población, no es inocente y sí un síntoma de que el debate nunca ha sido tal cosa. Mientras nos meten en el mismo saco, se obvia quién tiene el monopolio del poder institucional, académico y los recursos asistenciales. Quienes defendemos esta postura no somos un todo monolítico. Hay quienes apoyan una visión pro-sexo y se concentran en reconocer la capacidad de decisión. Hay quienes desean la abolición a largo plazo, pero conscientes de la gravedad de la situación abrazan el principio de reducción del daño. Hay quienes, incluso, veníamos del abolicionismo y el trabajo de campo en las zonas de ejercicio nos hizo ir deconstruyendo una serie de supuestos. Cuántas instituciones son patriarcales, como el matrimonio, refugio indiscutible de la violencia machista y, sin embargo, no existe un movimiento organizado por su abolición. Cuántos trabajos están igualmente atravesados por el patriarcado y el capitalismo, como el servicio doméstico, y sin embargo nos solidarizamos con sus proclamas de alcanzar condiciones dignas de ejercicio.

Nos quedan muchas cuestiones en el tintero, como los clientes, por supuesto. Asunto, por cierto, sobre el que las trabajadoras sexuales han escrito ríos de tinta, pero no podemos convencer a quienes se niegan a revisar su sesgo de confirmación, la tendencia a valorar solo aquella información que confirme sus creencias. Cierto es que las que se autodenominan trabajadoras sexuales no son todas. Romper con el estigma, politizarse, organizarse y tener el valor de visibilizarse no es fácil, pero son un movimiento internacional y creciente desde los años 80. Es una maniobra perversa reducir a las que dan la cara al rótulo de privilegiadas cuando lo que están exigiendo es disfrutar de los mismos ‘privilegios’ que el resto de la clase trabajadora. En la misma operación, se borra intencionalmente el hecho de que los reclamos de las escorts son exactamente los mismos que los de las asalariadas y de calle como Prostitutas Indignadas del Raval, AFEMTRAS de Villaverde o el Colectivo de Prostitutas de Sevilla.

Pareciera que la preocupación central no son las putas, sino los efectos simbólicos de normalizar la prostitución. Si de verdad preocupara el machismo en la prostitución, con mayor razón buscaríamos que estuviesen protegidas frente a este. En Nueva Zelanda una trabajadora puede rechazar a un cliente sin dar ningún tipo de explicación, incluso después de habérsele pagado. Con todo, para que la ansiada revolución que erradique de base las instituciones patriarcales pueda llegar a buen puerto, no podemos olvidar dirigirnos primero hacia la feminización de la pobreza. Condenar a la clandestinidad y a la vulneración de derechos humanos no nos parece la mejor opción; multar a las que ejercen en la calle, desentenderse de las asalariadas y decirles a las que quieren trabajar que ahí tienen la cuota de autónomos sí es neoliberal. Pervertir la justicia social en sistema carcelario y exclusión  como en Suecia, también. Si no se quiere dar el brazo a torcer al menos que no se les exija a quienes nunca se ha considerado como sujetos políticos la misión de erradicar el patriarcado, el capitalismo, la alienación y el trabajo asalariado. Y sí, es trabajo.

 

Una trabajadora sexual lleva a juicio al Grupo Empresarial La Florida, propietario, entre otros, del Club Flowers, en Madrid.

 

Club de alterne Flowers: 90 euros al día por la habitación, hasta 15 horas diarias y una de descanso

 

Por Ter García

12 de marzo de 2018

 

https://www.elsaltodiario.com/trabajo-sexual/prostitucion-en-el-club-de-alterne-flowers-90-euros-dia-habitacion-una-hora-descanso

 

Una hora de permiso para comer —asignada y previa petición—, limpiar la propia habitación —por la que pagan 90 euros al día a los que sumar los gastos por toallas y sábanas— y asumir la obligación de cobrar 5 euros extra a los clientes por cada media hora de más de uso de la habitación —y si no, pagarlo del propio bolsillo—. Son algunas de las condiciones de trabajo que soportan las trabajadoras sexuales del Club Flowers, un local de alterne ubicado en Las Rozas propiedad del Grupo Empresarial La Florida SL, y que el próximo viernes 16 de marzo se pondrán sobre la mesa en el juicio por la querella presentada por una de las trabajadoras, Evelyn Rochel.

La historia de Rochel en el Club Flowers duró 15 años. De origen colombiano y de 41 años de edad, Rochel trabajaba en este club como captadora de clientes y como camarera. Durante esos 15 años, también ejerció la prostitución en diferentes clubes del mismo grupo empresarial. El primero de ellos fue en Riviera de Castelldefels, la llamada “catedral del sexo de Catalunya”, también propiedad de los dueños del Flowers, según publicada en 2017 El Español. De ahí pasó a otro club más del mismo grupo, y ya, en 2014, al Club Flowers, en Madrid.

Las condiciones eran duras. Rochel vivía en la habitación 113 del club, pagando 90 euros al día de alquiler por su habitación, una suma a la que, además, se sumaban los gastos en toallas y sábanas —un mínimo de 2 euros por muda—. Los horarios que iban de las once hasta las 15 horas diarias de trabajo. “Hay muchas niñas que se drogan para poder aguantar tantas horas, yo no porque estaba muy centrada en el deporte”, explica Rochel a El Salto. “Pero ¿os obligaban a trabajar tantas horas”, le preguntamos. Rochel explica que no, pero “te presionan: te llaman, te dicen que hay clientes; aunque no estés obligada, te sientes obligada”.

Con los días libres, Rochel es tajante: “No existen”. ¿Por qué? “No existen días libres porque el día que no trabajas no ganas, y tienes que pagar igualmente la habitación. Pagábamos el derecho al coto de caza, tenemos que pagar para poder conseguir el cliente”, explica.

Hay una conexión perversa entre estas normativas dirigidas a las chicas que trabajan en las calles y el impulso de los prostíbulos

Rochel señala que, aun así, prefiere trabajar en clubes de alterne por la sensación de seguridad. También apunta a las normativas municipales que en los últimos años se han enfocado en castigar a las trabajadoras sexuales de calle o a sus clientes. “Es una forma de empujarnos a que vayamos a trabajar a un club y paguemos al empresario, hay una conexión perversa entre estas normativas dirigidas a las chicas que trabajan en las calles y el impulso de los prostíbulos”.

ORGANIZADAS CONTRA EL ENDURECIMIENTO DE LAS CONDICIONES

El conflicto laboral comenzó en 2016, cuando los propietarios del club decidieron endurecer las condiciones laborales. A partir de entonces, las trabajadoras solo podrían ausentarse durante una hora para comer, y previa petición de un ticket en el que se le asignaba la hora de ausencia. También se disminuyeron las horas que la empresa pagaba por la limpieza del espacio, exigiendo que cada trabajadora limpiara su propia habitación tras cada servicio. La última modificación en las condiciones suponía obligar a las trabajadoras a que cobraran 5 euros extra al cliente por cada media hora de más en la habitación, poniendo la cantidad de su bolsillo si no lo hacían.

Rochel reunió a las cerca de 50 trabajadoras del club para pedir juntas que revocara las nuevas normas impuestas por el club

Rochel reaccionó ante las nuevas condiciones laborales reuniendo a las cerca de 50 trabajadoras del club para pedir juntas que revocara las nuevas normas, lo cual hizo, aunque sí comenzó a aplicarlas a las nuevas mujeres que llegaban a la empresa. Pero Rochel ya tenía los días contados en el club.

A mediados de febrero de 2017, a raíz de una discusión con un cliente, invitaron a Rochel a abandonar el club. La invitación la hicieron los gerentes del Club Flowers, Julián Cidoncha Ríos y Antonio Herrero Lázaro, condenado en mayo de 2014 por la Audiencia Provincial de Barcelona por inducción a la prostitución, asociación ilícita, cohecho continuado y uso de información privilegiada en relación al caso de Club La Riviera, en Castelldefels, que fue cerrado por orden judicial; condena que el Tribunal Supremo rebajó a una multa de 960 euros por hacer regalos a policías encargados de la inspección del prostíbulo. Rochel se atrincheró en su habitación hasta durante una semana, y lo abandonó escoltada por la Guardia Civil.

“Para Evelin, abandonar el club le suponía abandonar también el espacio en el que vivía. Esto es lo habitual en la prostitución, algo impensable en cualquier otra actividad económica”, señalan desde Hetaira, colectivo que subraya que, “además de quedarse sin trabajo y sin vivienda, su despido no vino respaldado por un finiquito, una indemnización o el derecho al paro” y que “por todos los años ejerciendo la prostitución en los clubes de las mismas personas, nunca, nadie, cotizó por ella a la Seguridad Social”.

Desde Hetaira explican que, desde hace unos años, y para “sortear” la Inspección de Trabajo, los propietarios de clubes de alterne siguen su propia estrategia para no tener que dar de alta a las profesionales como camareras de alterne. “No se abonan comisiones por las consumiciones que las trabajadoras propician que el cliente se pida en la barra y no se pueden acercar a ningún cliente a menos que éste haya encargado ya alguna consumición en la barra del local, con el fin de que el cliente tenga forzosamente que consumir para poder acceder a los servicios sexuales de las trabajadoras”, explican desde el colectivo en defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales. “Los propietarios de clubes ganan, las y los profesionales del sexo continúan sin derechos laborales y, supuestamente, sin relación laboral con un empresariado que impone sus propias condiciones laborales empeorándolas cada día más, continúan.

Durante la semana de encierro en su habitación, Rochel llamó a la policía y Guardia Civil para informarles sobre su caso, pero le respondieron que “no valía la pena denunciar al dueño porque iba a quedar en nada”. Pero en 2017, apoyada por el colectivo Hetaira, denunció al grupo empresarial por violación a la dignidad, a la integridad física y psíquica y a la intimidad durante los años que trabajó en los distintos clubes de esta empresa.

Esto supone romper con esa puerta que parecía imposible de traspasar en cuanto a las condiciones laborales en los clubes de alterne en este país

“Lo más complicado y difícil en la prostitución es poder tener en tus manos un caso como el de Evelin”, señala Mamen Briz, portavoz de Hetaira. “Evelin es una prostituta que ha decidido plantar cara a este grupo empresarial en concreto, pero para nosotras supone romper con esa puerta que parecía imposible de traspasar en cuanto a las condiciones laborales en los clubes de alterne en este país, y si esta situación pueda cambiar será por la presión de las propias trabajadoras de estos clubes”.

Briz señala la fuerza de estos grupos empresariales. “Sabemos la cantidad de influencias que pueden tener, también la influencia que ejercen sobre las testigos. Estamos en una situación de espera, sin saber cuál puede ser la resolución, pero este juicio sí va a ir sentando precedentes en cuanto a que mujeres y hombres trabajadoras del sexo se animen a presentar este tipo de denuncias, ya que si no, será imposible romper con esta situación”.

Este juicio, según subrayan desde Hetaira, “virtualmente puede tener gran trascendencia jurídica y práctica sobre los derechos laborales de las prostitutas de clubs de alterne en el Estado español”. El colectivo explica que algunos de los temas que este juicio pondrá sobre la mesa es si existe relación laboral entre la trabajadora sexual y la empresa, si la actividad de alterne puede encuadrarse o no dentro de alguna categoría profesional del Convenio de Hospedaje de la Comunidad de Madrid —si se entiende que sí existe relación laboral— y si el empresario abuso de su superioridad para vulnerar los derechos fundamentales de la trabajadora al no haber al no haber una legislación clara que ampare sus derechos laborales.

“La piedra angular será el reconocimiento de la prostitución como trabajo, y cuando pasemos a esa fase y se entienda que se necesitan de derechos laborales y las trabajadoras del sexo se puedan incorporar al Estatuto de los Trabajadores, se pondrá freno a estas situaciones”, concluye Briz.

“Yo sé que este juicio no lo voy a ganar —señala por su parte Rochel—, pero al menos que la sociedad sepa lo que pasa debajo de su casa. Eso es lo que me interesa, que conozcan las condiciones de vida de miles y miles de mujeres que trabajan en estos locales”.


Ver también

https://www.playgroundmag.net/now/Evelyn-la-prostituta-sindicalista-que-se-planto-ante-los-abusos-de-un-burdel-_28114128.html

http://www.ideal.es/sociedad/prostituta-derecho-20180316011941-ntvo.html

 

Despenalizar la prostitución es fundamental para los derechos de las mujeres transgénero

 

Por EVAN URQUHART

27 de febrero de 2018

https://slate.com/human-interest/2018/02/decriminalizing-prostitution-is-central-to-transgender-rights.html

 

Ilustración por Slate. Foto por Getty Images.

 

Harper Jean Tobin estaba tratando de evitar el frío en una parada de autobús una tarde de invierno, caminando de un lado para otro y escuchando música en sus auriculares, cuando fue perfilada como trabajadora sexual en su ciudad natal de Louisville, Kentucky. Iba a casa desde la universidad en un descanso, tomando un autobús para encontrarse con un amigo, y hasta que el auto de la policía se detuvo frente a ella, era un día perfectamente normal.

“Fue al comienzo de mi transición”, me dijo Tobin. “Llevaba un pesado abrigo de invierno con una colorida bufanda y maquillaje brillante. Estaba tan confundida que después de un par de minutos [los policías] salieron del coche y me preguntaron si estaba buscando clientes. Al final, parecieron convencerse de que estaba completamente desconcertada por su sospecha y me dejaron ir. La experiencia me dejó conmocionada, pero ahora sé cuán afortunada fui de que esta interacción no condujera a la intimidación, el hostigamiento, las difamaciones, una orden de búsqueda, un arresto o incluso un chantaje para tener relaciones sexuales, como tantas otras mujeres trans, particularmente las mujeres trans de color, han experimentado”. Tobin es ahora la directora de políticas del Centro Nacional para la Igualdad Trans.

Las mujeres trans lo llaman caminar siendo trans: cuando los agentes de policía suponen que cualquiera que se parezca a una mujer transgénero debe dedicarse al trabajo sexual. El miedo y las dificultades que esto genera entre las mujeres trans que no son trabajadoras sexuales es una de las múltiples razones por las cuales la despenalización completa de todo trabajo sexual debe ser una pieza central en la lucha por los derechos humanos de las personas trans. La despenalización, a diferencia de la legalización a través de la regulación, buscaría eliminar aquellas leyes que penalizan a las trabajadoras sexuales.

El trabajo sexual es una categoría amplia que abarca desde el baile erótico y la pornografía hasta la solicitación sexual en la calle, y puede hacerse por dinero o por comida, vivienda u otros bienes y servicios. De acuerdo con la Encuesta Transgénero de los Estados Unidos 2015, el 19 por ciento de todas las personas trans, y el 47 por ciento de las mujeres trans negras, han participado en el trabajo sexual. Esto no ocurre en el vacío sino en el contexto de la discriminación social generalizada contra las personas trans en general, y las mujeres trans de color en particular. El sesgo generalizado contra las personas trans limita severamente su acceso al empleo tradicional, la vivienda y la atención médica, pero también, a través del rechazo familiar, a redes informales de apoyo basadas en el parentesco.

“La aplastante pobreza, la falta de vivienda por el fanatismo y otros prejuicios institucionales perpetúan la necesidad de ‘sexo de supervivencia'”, explicó Nat Paul, un experto en la intersección de la trata y el trabajo sexual, que experimentó la trata de primera mano antes de convertirse en defensor de las mujeres transgénero víctimas de la práctica. Paul agregó que el “sexo de supervivencia” a menudo se confunde con el trabajo sexual, “pero trato de diferenciar porque la supervivencia no es consentimiento sino necesidad”.

“La penalización del trabajo sexual solo agrava los múltiples e intersecccionales   prejuicios que hacen que las mujeres trans tengan que hacer frente a antecedentes penales”, continuó Paul. “Si el trabajo sexual fuera legal y los policías no te explotaran para no acusarte de un ‘delito’, es más probable que pudieras salir de una situación mala y confiar en las personas que se supone que te protegerían [ de la trata y el abuso] “.

Incluso el más endurecido creyente en la responsabilidad personal debería detenerse a pensar en la forma en que el sistema de justicia penal empeora las vidas de las mujeres transgénero que ya están desesperadas por el rechazo familiar, la pobreza, el desempleo y la falta de vivienda. En todo el país, solo hay un puñado de camas seguras en refugios donde puede quedarse una mujer trans sin hogar, lo que puede ayudar a explicar por qué el 48 por ciento de las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual también informan haber experimentado la falta de vivienda. Las leyes que penalizan el trabajo sexual son particularmente difíciles para estas mujeres; El 86 por ciento de las mujeres trans que han estado en contacto con la policía informan haber sido hostigadas por ellas. Algunas veces, la policía les permite a las trabajadoras sexuales irse sin detenerlas, pero solo si realizan actos sexuales para los policías, llamados “chupa y vete” por las víctimas. Si son detenidas, las mujeres trans a menudo son enviadas a cárceles masculinas, donde se convierten en blanco de hostigamiento y abuso por parte de los guardias y otras personas encarceladas.

Por supuesto, no todas las personas trans que se dedican al trabajo sexual lo hacen para evitar la falta de vivienda. Ally Brinken, una persona queer de género transfemenina que inicialmente se metió en el trabajo sexual para complementar sus ingresos durante la escuela de posgrado, disfruta de ser su propia jefa como profesional. “El trabajo sexual como profesión y como comunidad está mucho más libre de marginación y discriminación y, siendo estudiante, establecí contacto con él de forma definitiva”, dijo Brinken. “El trabajo sexual como comunidad es muy trans positivo. Es rentable, y es bueno para nosotras, permitiéndonos usar nuestros cuerpos y nuestra sexualidad que la sociedad tan a menudo estigmatiza “.

La despenalización del trabajo sexual puede parecer una medida drástica, así que consideremos por un momento lo que se necesitaría para mitigar los factores que llevan a las mujeres trans a practicar sexo de supervivencia antes de ese paso. Necesitaríamos fuertes medidas antidiscriminatorias para garantizar que haya viviendas y puestos de trabajo disponibles para las mujeres trans que los necesiten, y camas seguras en albergues para personas sin techo donde las mujeres trans pudieran quedarse si se pierden por el camino. Necesitaríamos medidas policiales anticorrupción y capacitación en sensibilidad para garantizar que las mujeres trans no sean acosadas o extorsionadas por sexo mientras van por la calle y opciones humanitarias en el sistema de justicia penal para las detenidas por trabajo sexual. También necesitaríamos mejores opciones de reinserción una vez que las detenidas hayan cumplido su condena. Más allá de eso, necesitaríamos cambiar las actitudes de la sociedad para que los jóvenes no conformes con su género dejen de quedarse sin hogar debido al rechazo o al abuso familiares. Personalmente, espero que algún día estas piezas estén en su lugar en todo el país. Pero la despenalización al menos mitiga el daño al que tienen que hacer frente las mujeres trans en el trabajo sexual, aunque de manera imperfecta.

Muchas organizaciones han llegado a reconocer cuán importante es la despenalización dentro del marco más amplio de los derechos LGBTQ, incluido el Centro Nacional para la Igualdad Trans, Lambda Legal, GLAAD, Amnistía Internacional, el Grupo de Trabajo Nacional LGBTQ y muchos otros. Incluso la Campaña de Derechos Humanos (HRC), el más importante de los grupos LGBTQ, no se opone directamente a la despenalización. Ésta organización aún no se ha pronunciado explícitamente a favor de la despenalización, sin embargo. Pero Sarah McBride, la secretaria de prensa nacional de la Campaña de Derechos Humanos, hizo una insinuación en esa dirección, diciéndome:

Ninguna persona debe ser puesta en riesgo de abuso o de miedo a la violencia. La actual penalización del trabajo sexual en la mayoría de las jurisdicciones pone a demasiadas personas en riesgo de violencia, al tiempo que socava la salud pública y castiga desproporcionadamente a las personas de color, las personas transgénero y las personas que viven en la intersección de múltiples identidades marginadas. HRC continuará consultando y trabajando con socios y miembros de la comunidad para garantizar la seguridad y la dignidad de todos, incluidas las trabajadoras sexuales.

Ceyenne Doroshow, una trabajadora sexual trans negra que fundó la organización GLITS (Gays y Lesbianas que Viven en una Sociedad Transgénero) para defender los derechos de las trabajadoras sexuales transexuales, me dijo que todavía queda un largo camino por recorrer cuando se trata de lograr que las principales organizaciones LGBTQ apoyen las necesidades de las trabajadoras sexuales trans. “Estamos comenzando a ver conferencias inclusivas para la comunidad LGBT, pero seguimos siendo las más bajas en la cadena alimentaria”, dijo Doroshow. “Este año [el Grupo de Trabajo Nacional LGBTQ] finalmente nos invitó a todas nosotras [defensoras del trabajo sexual] a la Conferencia para la Creación de un Cambio, pero sigue habiendo un sentimiento de separación, de no valorar la vida trans sea del color que sea”, me dijo Doroshow .

Las mujeres trans no son responsables de las fuerzas que las empujan hacia el trabajo sexual cuando son discriminadas en el trabajo legal, ni son responsables del deseo que otros sienten por sus cuerpos, lo que las empuja hacia el trabajo sexual y las hace vulnerables a la trata de personas igual que otras mujeres. Muchas (si no todas) con mucho gusto elegirían otras ocupaciones si pudieran. No sirve de nada castigarlas con hostigamiento policial, temor a ser detenidas, antecedentes penales y encarcelamiento en prisiones que o no desean o no pueden albergarlas de manera segura. Las personas pueden estar en desacuerdo sobre si el trabajo sexual es dañino en último término, pero la profesión más antigua no va a desaparecer. Además, castigar a algunas de las personas más pobres y vulnerables no lo erradicará, sino que hará la vida aún más difícil para un grupo de personas que solo están intentando sobrevivir.

Otras realidades de la prostitución – Lo que no se dice

22 de junio de 2014

Por Ssociólogos

http://ssociologos.com/2014/06/22/otras-realidades-de-la-prostitucion-lo-que-se-dice/

 

 

Las políticas públicas que pretenden ‘rescatarnos’ y nos multan, nos ofrecen como alternativa al trabajo sexual empleos precarios, mal pagados y típicamente femeninos (cuidado y atención a mayores, menores, limpieza, costura, etc.)

 

Hablar de prostitución es ciertamente incómodo. Esta realidad social cuesta analizarla de una manera totalmente racional. No voy a volver a reproducir los argumentos que se esgrimen en el debate pro-prostitución/anti-prostitución, hay mucha bibliografía e información que defienden ambos modelos. Aclaro que no voy a escribir sobre ‘prostitución de menores’, porque cuando el intercambio de sexo por dinero afecta a menores no se le puede llamar prostitución, esto es directamente un delito contra menores y tampoco escribo de esclavitud o trata -que es cuando bajo amenazas y extorsiones que ponen en peligro la vida, la integridad física y psíquica, se obliga a una persona a hacer algo que ésta no quiere, sea sexo, sea cualquier otra actividad- que también está tipificado como delito y ya existen diversas leyes para luchar contra esta lacra.

Mientras el debate ideológico continúa y da de comer a personas que se han hecho ‘expertas’ en prostitución (curiosamente sin conocer de cerca a quienes ejercen), mujeres, mujeres transexuales y hombres la ejercen cada día como estrategia de obtención de ingresos, como ‘trabajo’, afirman la mayoría, más o menos indeseable o deseable, pero como trabajo y se les están vulnerando sus derechos fundamentales. Estos derechos fundamentales, recogidos por la Constitución Española, son los siguientes: el derecho a la igualdad sin discriminación de circunstancia personal o social (art. 14), a la dignidad (art. 10), a la libertad y a la seguridad (art. 17), al trabajo (art. 35), a la salud (art. 43), al progreso social y a la formación y readaptación profesional (art. 40 1 y 2) y a la salvaguardia de los derechos económicos y profesionales (art. 42).

Soy prostituta desde el año 89. Tenía 29 años, había trabajado desde los 13 años en diferentes oficios, a cada cual más duro y con sueldos que a duras penas cubrían los gastos corrientes que genera el mantenimiento de una familia monoparental. En un contexto de paro de larga duración decidí, como hacen la mayoría de mujeres, prostituirme, porque sabía -como saben todas las mujeres de manera universal- que ofreciendo sexo a cambio de dinero se ganaba más dinero y más rápido que en cualquier otra actividad económica. No estaba exenta de prejuicios y de miedos. Mis prejuicios eran que los clientes eran viejos, asquerosos, babosos, y que las putas eran drogadictas o viciosas o ambas cosas a la vez y que como pecaría iría al infierno. Mis miedos eran que ya nadie me amaría, ni me aceptaría si se enteraban de lo que hacía… y que me volvería una drogadicta, una ‘perdida’. No me daban miedo posibles agresiones porque a lo largo de mi vida ya había hecho frente a varias (una violación de adolescente y varios atracos a mano armada) y sabía cómo protegerme, y tampoco a las enfermedades, porque sabía que tenía que utilizar el preservativo para evitarlas y no quedarme embarazada.

El balance y contra todo pronóstico, después de 25 años ejerciendo la prostitución, habiendo ejercido en todo tipo de locales, pisos, clubs, y en un amplio abanico de tarifas desde las ‘económicas’ hasta otras más altas (pero que no son las de la prostitución de lujo), es positivo, muy positivo. Además de haber logrado mi ascenso social y haber sacado a mi familia de la miseria, he podido desarrollar todo mi potencial como persona, he podido formarme estudiando una carrera, me he cultivado y vivo la plenitud de la madurez.

Para llegar aquí he tenido que hacer frente y superar el estigma, sí, ese estigma que en realidad afecta a todas las mujeres: el estigma de la puta que nos controla, nos somete y nos presiona para que no nos podamos mostrar sexualmente activas, ni promiscuas y para que, ni mucho menos, ofrezcamos sexo por dinero, porque eso es lo peor de lo peor para una mujer. Es precisamente ese estigma el que hace que las mujeres que ejercemos la prostitución tengamos miedo, vergüenza y culpa, y esto es lo que nos hace vulnerables para poder afrontar las situaciones más indeseables que se dan en prostitución, sobre todo cuando se depende de terceros. No, los clientes no nos someten ni ejercen su poder con nosotras, en cuanto nos dan el dinero -que siempre es por adelantado- ya están sometidos a nuestra voluntad, no; es el haber interiorizado que somos malas personas, el creernos que nuestra dignidad está en la vagina, es el plantearte: “¿Cómo le voy a decir a mis hijos que me he prostituido?” “¿qué va a pensar mi familia de mi?” o “he tenido que poner mi coño para comprarme la casa“, “ningún hombre va a querer casarse conmigo“, sí, estas son las frases reproducidas literalmente de mis compañeras.

Asimismo, este miedo es el que hace que muchas mujeres en las entrevistas que se hacen no se atrevan a decir que prostituirse no es tan malo, ni peor que otro trabajo. Así es, el estigma hace que la mayoría de mujeres que nos prostituimos adoptemos el ser ‘cínicas’ para protegernos (nos ‘confundimos’ con el paisaje moral de la sociedad para no ser etiquetadas negativamente), con las consecuencias perversas de que no se conozca realmente todo lo que pasa en las relaciones con los clientes y que no se conozca a aquellas mujeres, mujeres transexuales y hombres que, igual que yo, han salido adelante y, además, su vida es mejor después de haber ejercido la prostitución que antes de hacerlo.

Afortunadamente, poco a poco cada vez más, mujeres y mujeres trans (el colectivo que en términos relativos más se prostituye) dejan de ocultarse y están luchando por esos derechos, están denunciando la violencia de la policía, de los clientes agresivos, de las políticas públicas que pretenden ‘rescatarnos’ y nos multan, ofreciéndonos como alternativa al trabajo sexual empleos precarios, mal pagados y típicamente femeninos (cuidado y atención de mayores y menores, limpieza, costura, etc.), empleos que solamente aceptan aquellas mujeres que realmente lo pasan muy mal ejerciendo la prostitución.

De todas las violencias que se ejercen contra las personas que ejercen la prostitución (mujeres y mujeres trans especialmente) su invisivilización, no tenerlas en cuenta a la hora de cualquier debate, en congresos, conferencias, seminarios y la vulneración de los derechos fundamentales por parte de instituciones públicas y algunas entidades que dicen querer ayudarlas, es la peor de todas. Porque la realidad es que aunque la mayoría de mujeres que trabajan en prostitución son inmigrantes y pobres, tienen capacidades, toman decisiones y son responsables de ellas y saben empoderarse ante situaciones duras.

Las prostitutas no somos ‘pobrecitas que hay que rescatar’.

 

Montserrat Neira, prostituta, bloguera, escritora (Una mala mujer), investigadora social, licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Autónoma de Barcelona.