“Nos niegan derechos por el hecho de ser putas y mantenernos encima de los tacones”

El Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS) ha llevado a cabo acciones por la capital hispalense para conmemorar el Día Internacional por los Derechos de las Trabajadoras Sexuales

 

Carmen Marchena

4 de marzo de 2021

https://www.lavozdelsur.es/ediciones/sevilla/prostitucion-nos-niegan-derechos-por-ser-putas-y-mantenernos-encima-de-los-tacones_256775_102.html

 

María José Barrera (Colectivo de Prostitutas de Sevilla) en el encuentro por el Día Internacional por los Derechos de las Trabajadoras Sexuales en la Alameda de Hércules. JOSÉ LUIS TIRADO

 

El 3 de marzo de 2001, más 25.000 trabajadoras sexuales acudieron a un festival en Calcuta (La India), a pesar de los grupos prohibicionistas, para reivindicar sus derechos laborales como ciudadanas. Desde entonces, cada 3 de marzo, se celebra el Día Internacional por los Derechos de las Trabajadoras Sexuales. 20 años después, este colectivo sigue sin tener reconocidos sus derechos como cualquier trabajador/a y continúa fuertemente estigmatizado por la sociedad.

“Si las putas de países no tan privilegiados como el nuestro salieron a la calle pidiendo derechos en situaciones muchísimo peores, será porque vivir sin derechos no es vida”, exclamaba ayer María José Barrera, la portavoz del Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS) en mitad de la Alameda de Hércules de Sevilla. Las trabajadoras sexuales organizadas, o como ellas mismas se llaman con orgullo “las putas organizadas”, convocaron varias acciones para informar sobre su situación y exponer cuáles son sus peticiones, con el fin de generar empatía para que se las ayude a conseguir “los mismos derechos que el resto de personas como ciudadanxs de pleno derecho”.

María José, ataviada con su camiseta de “Sin trabajadoras sexuales no hay feminismo”, expuso la cruda realidad a la que se han enfrentado miles de trabajadorxs sexuales durante el confinamiento. “En el último año hemos sido ignoradas tanto por el Gobierno como por el resto de las instituciones, no hemos accedido al Ingreso Mínimo Vital ni a ningún tipo de ayuda, a pesar de nuestro trabajo”, revela su manifiesto. El círculo alrededor de Barrera se hizo cada vez más numeroso, pero siempre guardando las distancias de seguridad. “Mientras las mujeres vivan en un sistema capitalista y patriarcal, seguirán viéndose abocadas a ejercer la prostitución”, espetaba elevando el tono con una aclaración: “Somos pro derechos, no somos regulacionistas. Estamos luchando por los derechos laborales, no estamos engañando a nadie”.

María José durante su intervención previa a las acciones. JOSÉ LUIS TIRADO

Durante su exposición aprovechó para agradecer el apoyo “cada vez mayor”, ya que “somos conscientes de que no resulta fácil acercarse a un colectivo como el nuestro, cuando ni siquiera las putas pueden dar la cara precisamente por la violencia que recibimos al exponer nuestra realidad”. Seguidamente clamó por “la protección real para las víctimas de trata” y por “alternativas efectivas para las compañeras que quieran dejar la prostitución”. En este sentido, la portavoz del CPS manifestó que “las putas no queremos salvaoras, queremos derechos reconocidos y no vernos abocadas a ejercer la prostitución, para que nadie tenga que venir a salvarnos”, en alusión a la “industria del rescate”.

En el manifiesto también denuncian que “el proyecto de Ley Orgánica de Libertad Sexual del Ministerio de Igualdad quiere perseguirnos a través de la clausura de nuestros espacios de trabajo, incluyéndose en esta ley la tercería locativa (que prohibiría que un tercero se lucre del trabajo de las prostitutas), el llamado proxenetismo no coactivo, que no podamos trabajar en clubs y agencias, o incluso que quien nos lleve en taxi a trabajar pueda llegar a ser considerado nuestro ‘proxeneta’, y por supuesto a través de la Ley Mordaza, con multas a aquellas que trabajen en la calle”.

Minutos antes de salir a la pegada de pegatinas y la colocación de paraguas rojos por monumentos históricos de la ciudad, María José insistió en que “nos niegan derechos por el hecho de ser putas y mantenernos encima de los tacones”. E ilustró con firmeza: “Nosotras hemos decidido dónde ponemos el coño en esta mierda de patriarcado y lo cobramos”. Porque no solo hay mujeres que quieren dejar la prostitución, advirtió, “también las hay que quieren dejar de limpiar casas y de cuidar a domicilio, porque estamos hartas de trabajos feminizados de mierda”. Finalizó su exposición con una llamada a la acción: “No acordaros de las putas para el victimismo, sino preguntémonos qué podemos hacer por ellas, ¿o es que alguien se preocupa por lo que comemos o en qué condiciones están nuestros lugares de trabajo?”. Además de criticar la desprotección que implica no tener derechos laborales de cara a la sanidad pública.

Colocación de la pancarta en la muralla frente al Parlamento andaluz. JOSÉ LUIS TIRADO

La noche terminó con la colocación de una pancarta en la muralla de la ronda frente al Parlamento de Andalucía con el lema: “Putas con derechos”. Para el 7 de marzo tienen prevista una acción estatal en redes con las fotografías de todos los monumentos históricos retratados con paraguas rojos para reivindicar los derechos de todas las personas que “ejercen el trabajo sexual y transgreden la norma social”.

Asimismo, los objetivos que proponen desde los colectivos pro derechos de trabajadoras sexuales en su manifiesto son, además de conseguir los derechos sociolabores como cualquier ciudadana o ciudadano, “frenar todas aquellas medidas punitivas que quieren acabar con nuestro trabajo; eliminar los artículos 187.2 y 187 bis del proyecto de ley (tercería locativa y proxenetismo no coactivo); la derogación de todas las ordenanzas municipales que las criminalizan, así como los preceptos de la ley mordaza que nos persiguen; el cese de redadas persecutorias contra las compañeras migrantes para tramitar órdenes de expulsión, así como su acceso a la salud y empadronamiento, y la protección real y efectiva (protección, asilo e indemnización) para las víctimas de trata, y que estas no sean instrumentalizadas”.

 

¿Qué derecho(s)? Las prostitutas y trabajadoras del sexo como actoras colectivas

 

Por GESP el 25 noviembre, 2020

25/11/2020 – María Martínez (UNED)

https://blogs.uned.es/gesp/trabajadoras-del-sexo-como-actoras-colectivas/

 

  • ¿Qué derechos va a demandar quien ni siquiera es considerado sujeto? ¿Es pensable que quien es negado como sujeto reclame derechos?
  • Los procesos de negación de la condición de sujetos y ciudadanas, incluso de humanas, de las prostitutas me hace plantear si el primer derecho a demandar no debe ser el mismo derecho a existir, el derecho mismo a tener derechos. Eso no es algo, sin embargo, que tenga que ser concedido por otros, sino que estas prostitutas y trabajadoras del sexo, con su mera auto-organización colectiva y su presencia en el espacio público, están obligándonos a reconocerlas como sujeto de derechos.

 

En agosto de 2018 se inscribe en Barcelona el sindicato OTRAS (Organización de TRAbajadoras Sexuales). Su constitución provocó un revuelo en el gobierno y buscó por todos los medios la forma de anularlo. Así, y tras sólo 3 meses después de su inscripción oficial, sus estatutos fueron invalidados por la Audiencia Nacional. Era la primera vez que se registraba en España un sindicato de trabajadoras sexuales de ámbito estatal. Ahora bien, no era la primera sección sindical ni la primera organización de prostitutas y trabajadoras del sexo en este país. De hecho, unos meses antes, en mayo del mismo año, se había constituido en Cataluña una sección sindical de trabajadoras y trabajadores sexuales dentro del sindicato Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC). Y desde la década de 2010, trabajadoras del sexo y prostitutas han venido conformando en España organizaciones propias: AFEMTRAS (Agrupación Feminista de Trabajadoras del Sexo) en Madrid; Aprosex, Putas Indignadas y Putas Libertarias del Raval en Cataluña; Colectivo de Prostitutas de Sevilla; o el colectivo Caye, formado por trabajadores sexuales, en Asturias. La novedad está, entonces, en la auto-organización de las prostitutas, pues desde 1995 con la constitución de Hetaira (Colectivo en Defensa de los Derechos de las Trabajadoras del Sexo) en Madrid, o más tarde, ya en los años 2000, la creación de CATS (Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo) en Murcia, o de Genera en Barcelona se venía constituyendo una red de apoyo a este colectivo. En parte fueron esas redes de apoyo las que propiciaron primero algunas acciones colectivas (en Montera la primera manifestación de prostitutas se organizó ya en 2003 y probablemente ha habido más que no están registradas), y han servido de apoyo para la ahora auto-organización de las trabajadoras del sexo.

Las teorías de los movimientos sociales tendrían mucho que decir sobre la organización autónoma de este colectivo, pero han estado silentes, al menos en nuestro país; lo mismo sucede con la movilización en general de las mujeres (Martínez, 2019), especialmente las situadas en los márgenes (víctimas, trabajadoras del hogar, mujeres racializadas…) y de otros colectivos subalternos[1]. La primera pregunta que desde los estudios de los movimientos sociales nos podemos hacer es: ¿por qué ahora la organización de prostitutas y trabajadoras del sexo? ¿por qué no hace 10, 20 ó 30 años? Esta pregunta tiene, además, su sentido si analizamos cómo a nivel internacional la organización de prostitutas y trabajadoras del sexo tiene más largo recorrido —recordemos la ocupación de iglesias por prostitutas que comenzó en Lyon (Francia) en 1975 y se extendió por ese país— y ha sido analizada en varios trabajos (por citar algunos: Mac y Smith, 2020; Mathieu, 2009; Osborne, 1991; Pheterson, 1989). Así, Lilian Mathieu (2009) hace uso de la Teoría de la Movilización de Recursos para explicar por qué el movimiento de prostitutas surgió en Francia en 1975 y concluye que en ese momento consiguieron acumular los recursos políticos —conocimiento práctico de las formas de la protesta, los canales de comunicación con las autoridades o los medios de comunicación, etc.— gracias, en parte, a las redes que habían desarrollado, lo que les permitió organizarse y empezar a actuar colectivamente. Y esos recursos fueron eficaces incluso ante una Estructura de Oportunidades Políticas, como afirma también Mathieu, cerrada. Esta explicación es plausible para el caso de España. Por poner un ejemplo, el colectivo AFEMTRAS surge precisamente en reacción a la conocida como Ley Mordaza (Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana), contra las multas que la policía les estaba imponiendo auspiciada bajo esa ley y un movimiento abolicionista de la prostitución con una creciente proyección pública —esto se podría considerar una Estructura de Oportunidad Política cerrada—. En este contexto el papel de algunas organizaciones de apoyo a las prostitutas, en concreto de Hetaira, fue clave para acumular esos recursos políticos y apoyar su auto-organización.

La segunda pregunta común cuando se analizan movimientos sociales suele ser: ¿cuáles son sus demandas? Y, junto a ella, ¿qué vías de reclamación (repertorios de acción) se utilizan? Aunque las propuestas de las organizaciones de prostitutas y trabajadoras del sexo son diversas, dos podemos indicar cómo las grandes demandas: la despenalización del trabajo sexual impidiendo que se multe, y por supuesto que se castigue penalmente, a las personas que ejercen la prostitución; y, el reconocimiento del trabajo sexual en sus diferentes formas como trabajo. La primera gran demanda se concretaría en la derogación de leyes y normativas que criminalizan a las personas que ejercen la prostitución, entre otras las ordenanzas municipales que tan impacto negativo han tenido (Bodelón y Arce, 2018). La segunda —reconocimiento del trabajo sexual como un trabajo— implicaría el reconocimiento de derechos laborales. Aquí es donde las divergencias comienzan: algunas organizaciones (OTRAS) apuestan por diferentes modos de regulación laboral (por cuenta propia, por cuenta ajena), mientras que la sección sindical de la IAC tiene una postura más radical y sólo considera el trabajo realmente autónomo (para un debate sobre esta cuestión se puede consultar el siguiente vídeo). A pesar de esas divergencias, en un manifiesto firmado por la totalidad de las organizaciones de trabajadoras del sexo indicadas se afirmaba: “Lo que queremos y necesitamos es un modelo basado en el reconocimiento de derechos y la plena participación en el diseño de las políticas que nos afectan. Sólo los derechos garantizarán que podamos defendernos de los abusos.” (manifiesto consultable aquí). Así, se está de acuerdo con que, en nuestras sociedades de ciudadanía laboral, de los derechos laborales dependen otros muchos en cascada: derechos sociales, derecho a una jubilación, derecho a paro, derechos sanitarios, derecho a la vivienda, derechos a un ingreso mínimo, etc. A estas demandas se suman otras como la distinción entre prostitución y trata con fines de explotación sexual y desarrollo de programas de atención específicos para las personas tratadas, la derogación de la ley de extranjería pues muchas prostitutas y trabajadoras del sexo son extranjeras viéndose afectadas de manera particular, y la concienciación social sobre el estigma que sufre quien ejerce la prostitución (Juliano, 2004).

Los repertorios de acción que usan para articular sus demandas no difieren mucho de los puestos en marcha por otros movimientos sociales: manifestaciones, concentraciones, performances, lobby político, talleres de sensibilización, participación en foros institucionales, el mantenimiento de la apertura de los clubes ahora que se ha pedido su cierre en tiempos de pandemia, etc. En el caso de las organizaciones que han tomado la forma de sindicatos, como OTRAS, a esto se une el trabajo sindical común: negociación y mediación entre trabajadoras y empresarios, la mejora de las condiciones laborales especialmente en trabajos por cuenta ajena. Pero hay un tipo de acción menos visible y quizás más comúnmente olvidado en los estudios de los movimientos sociales pues no tiene como objeto el “gobierno” o las instituciones y es la constitución misma de estas organizaciones como espacios colectivos en los que trabajar sobre el estigma que las atraviesa y apoyarse en la lucha por la supervivencia. Así, y en tiempos de confinamiento debido al covid-19, estas organizaciones han puesto en marcha, ante su exclusión de la Renta Mínima de Inserción, bancos de alimentos y recaudado fondos para ayudarse, para sostenerse, para cuidarse.

Me gustaría cerrar este texto con una última reflexión que saca el análisis de la organización y acción colectiva de prostitutas del terreno tradicional de los estudios de movimientos sociales. Es una pregunta sobre el sujeto colectivo que todo movimiento social requiere para articular demandas y desarrollar repertorios de acción. La pregunta se podría concretar en lo que sigue: ¿Qué derechos va a demandar quien ni siquiera es considerado sujeto? ¿Es pensable que quien es negado como sujeto reclame derechos? Las prostitutas y trabajadoras del sexo están permanentemente siendo expulsadas (Maqueira, 2017) —del lugar donde ejercen la prostitución, sobre todo si es la calle, de la ciudadanía-laboral pues no se les reconoce como trabajadoras, etc.—, no son nunca reconocidas como sujetos individuales y mucho menos colectivos. Como afirma Georgina Orellano, líder del movimiento de meretrices argentino: “Las consecuencias que tiene la clandestinidad y la criminalización de nuestro trabajo es que no existimos…” (extraído del muro de Facebook de la organización AMMAR el 18 de noviembre de 2020). En este marco adquiere sentido la pregunta por el “derecho a tener derechos” que he escuchado en varias conferencias sobre la auto-organización de prostitutas y trabajadoras del sexo (entre otras, esta). La primera vez que la oí vino a mi cabeza, como no, el trabajo de Arendt (2006/1951) con su discusión de la imposibilidad de conceder derechos a quien no pertenece, en su caso los apátridas, a un Estado-Nación, a quien no existe. Los procesos de negación de la condición de sujetos y ciudadanas, incluso de humanas, de las prostitutas me hace plantear si el primer derecho a demandar no debe ser el mismo derecho a existir, el derecho mismo a tener derechos. Eso no es algo, sin embargo, que tenga que ser concedido por otros, sino que estas prostitutas y trabajadoras del sexo, con su mera auto-organización colectiva y su presencia en el espacio público están obligándonos a reconocerlas como sujeto de derechos (Butler, 2017). Y ese es, por supuesto, el primer paso para su “reconocimiento como sujeto político” (Entrevista a Putas Libertarias del Raval, en la revista “Todo por hacer”, consultable aquí), como actoras colectivas.

 

Referencias

Arendt, H. (2006/1951). Los orígenes del totalitarismo. Madrid: Alianza Editorial.

Bodelón González, E., y Arce Becerra, P. (2018). La reglamentación de la prostitución en los Ayuntamientos: una técnica de ficticia seguridad ciudadana. Revista Critica Penal y Poder, 15, 71-89.

Butler, J. (2017). Cuerpos aliados y lucha política. Hacia una teoría performativa de la asamblea. Barcelona-Buenos Aires-México: Paidos.

Juliano, D. (2004). Excluidas y marginales: Una aproximación antropológica. Barcelona: Cátedra.

Mac, J., y Smith, M. (2020). Putas insolentes. La lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales. Madrid: Traficantes de sueños.

Martínez, M. (2019). Identidades en proceso. Una propuesta a partir del análisis de las movilizaciones feministas contemporáneas. Madrid: CIS.

Mathieu, L. (2001). Mobilisations de prostituées. Paris: Belin.

Osborne, R. (1991). Las prostitutas: una voz propia (crónica de un encuentro). Barcelona: Icaria Editorial.

Pheterson, G. (Comp.). (1989). Nosotras, las putas. Madrid: Talasa.

Piven, F., & Cloward, R. (1977). Poor people’s movements: Why they succeed, how they fail. US: Vintage.

 

[1] Esto es algo que recorre los trabajos de movimientos sociales como ya pusieran sobre la mesa Piven y Cloward en 1977 al analizar por qué este ámbito de estudio no había analizado lo que ellos llamaban “movimientos de pobres” (movimiento de parados, de trabajadores industriales, de derechos civiles y del Estado providencia).

 

Prostitutas de Murcia se unen para luchar contra el “acoso y la criminalización”

Crean la Asociación de Trabajadoras del Sexo La Calle, para dar visibilidad a sus “dificultades para trabajar” y a las “sanciones casi diarias” que les ponen

 

A.L.H.

22 de febrero de 2011

https://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2021/02/22/prostitutas-murcia-unen-luchar-acoso-35269605.html

 

Una joven por la zona del Eroski, donde habitualmente se ponen trabajadoras sexuales. Juan Caballero

 

Prostitutas que ejercen en la vía pública del municipio de Murcia han constituido la Asociación de Trabajadoras del Sexo La Calle, para denunciar, unidas, las “políticas de acoso, miedo y criminalización” que vienen sufriendo desde hace años, explican en un comunicado de prensa.

“Durante muchos años las trabajadoras del sexo venimos sufriendo no sólo el rechazo y victimización de una parte de la sociedad sino también las políticas de criminalización, acoso y persecución de los y las gobernantes de turno. Todas las personas pueden hablar por nosotras y en nuestro nombre, pero rara vez se nos escucha y para poner fin a esta situación y convertirnos en un ente legitimado y poder hablar en nombre propio”, detallan las afectadas en la nota.

La prostitución en España y, por ende, en la Región de Murcia, se encuentra en una situación de alegalidad: no es directamente legal, pero tampoco es ilegal, y su ejercicio libre (es decir, cuando una persona decide ejercerlo y quedarse con el beneficio) no está penado.

El confinamiento hizo mella en el trabajo sexual desde el momento en que los potenciales clientes no podían salir a la calle. Las trabajadoras sexuales, en situación de alegalidad, muchas veces se vieron con auténticas necesidades. “Si nuestra situación siempre ha sido compleja, este último año se ha incrementado. La pandemia y las medidas establecidas para paliar sus efecto, han llevado a miles de trabajadoras y trabajadores a situaciones de vulnerabilidad y desprotección: las trabajadoras del sexo entre ellas. Pero, en nuestro caso, la situación se ve más agravada por la ausencia de reconocimiento a nuestro trabajo, lo que nos impide poder generar derechos vinculados a él y, por tanto, tener garantías de protección en un plano de igualdad con el resto de trabajadores y trabajadoras”, detallan desde la recién creada asociación.

“A la ausencia de ingresos por las dificultades para trabajar nos enfrentamos a las sanciones casi diarias que nos impone la Policía Local, por el simple hecho de estar en la calle, por el simple hecho de considerarnos prostitutas, estemos o no trabajando. Nos identifican y sin mediar explicación, ni acta de propuesta para sanción, nos multan. A la llegada de estas sanciones a casa hemos constatado que nos aplican una ordenanza municipal aprobada en 2013, y sin mediar explicación o información alguna, por parte de las entidades locales, como la propia ordenanza reza en su articulado”, subrayan.

En este sentido, lamentan “la política de lucha contra la prostitución promovida por el Ayuntamiento de Murcia, basada en el castigo y criminalización de quienes ejercen el trabajo sexual a través de la imposición de sanciones económicas y con total ausencia de alternativas para aquellas que deseen buscar otro trabajo”. “Nos marginalizan, nos expulsan hacia los márgenes de la ciudad“, remarcan, al tiempo que piden “alternativas reales para aquellas compañeras que quieran cambiar de trabajo o combinar este con otro”.

En la misma línea, apuntan al Consistorio que “si no quieren que trabajemos en la calle o en determinadas calles, que nos cedan espacios para poder hacerlo”. En el caso de Murcia, desde hace años suelen ponerse por la zona del Eroski, alejada del centro de la ciudad.

 

Entrevista a Kenia García: “Con el 187 bis del Código Penal sufriremos desahucios y persecución”

 

Por Gloria Marín

16 de febrero de 2021

“Con el 187 bis del Código Penal sufriremos desahucios y persecución”

 

Las trabajadoras sexuales llevan años organizándose y defendiendo sus derechos. Entrevistamos a Kenia García, trabajadora sexual y miembro del Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS) para hablar de la situación actual, del movimiento y de los retos más inmediatos. [Aquí se pueden encontrar otros materiales sobre este movimiento publicados en viento sur]

¿Cuál es la situación de las trabajadoras sexuales en el Estado español? Háblanos en primer lugar de los aspectos que ya estaban antes de la pandemia.

Es una situación de falta de derechos. El movimiento de las trabajadoras sexuales en el Estado español hace décadas que viene reivindicando derechos humanos y laborales. Los derechos son herramientas para defendernos ante los abusos y los atropellos. No tenerlos es no tener esas herramientas. Su ausencia provoca explotación, clandestinidad, abusos…

En concreto, la falta de reconocimiento de nuestra actividad como trabajo impide acceder a derechos tan básicos como la vivienda, porque sin nómina no se puede acceder a un alquiler, no se puede pedir una hipoteca…

Además padecemos incluso persecución. Especialmente las compañeras que trabajan en los espacios públicos, que son perseguidas por los Ayuntamientos por medio de las Ordenanzas municipales y por el Estado por la Ley Mordaza…

En resumen la situación era, y es, de abandono, exclusión, marginación y persecución.

¿Y qué ocurre cuando llega la pandemia? ¿Cómo os afecta?

Se añade la violencia económica. Pero no solo para las trabajadoras sexuales, sino en general para trabajadores y trabajadoras precarizadas y de la economía sumergida. Colectivos que quedamos excluidos del escudo social, entre ellos las trabajadoras sexuales.

¿Qué pasa cuando te confinan y no tienes derecho a paro, a ERTE…? Tienes que seguir trabajando, y lo tienes que hacer a costa de poner en peligro tu salud y la salud de la sociedad, porque tienes que elegir entre no comer o arriesgarte a enfermar. Muchas trabajadoras sexuales tienen familia que depende de ellas. Al no estar incluidas en la protección social no les quedó más remedio que seguir trabajando, en una actividad en la que no es posible aplicar las medidas para protegerse de la covid.

Es violencia económica porque se nos dejó sin ingresos. Tenemos un estado negligente. El “Nadie se va quedar atrás” fue solo un lema. Miles de personas se quedaron atrás, entre ellas las trabajadoras sexuales.

Además muchas han vivido otras situaciones añadidas. Hay muchísimas compañeras que viven en los lugares de trabajo porque no pueden alquilar, por no tener nómina, otras por estar en situación administrativa irregular. Esta supone un estado de no persona, de no derecho, no poder tener ni siquiera una cuenta bancaria… lo que les hace depender totalmente de estos sitios. Al cerrarse los clubes se dieron varias situaciones. Algunas negociaron seguir viviendo en ellos, en muchos casos pagando menos que cuando trabajaban, pero en cualquier caso acumulando deudas con los propietarios. En otros, como el del Club Olimpo, quedaron sin agua y sin luz. Y hay otro caso que es paradigmático de lo que supone la falta de reconocimiento como trabajo y de a quién beneficia. Es el caso del Club Paradise de La Jonquera. En marzo se adhirió a un ERTE para 69 empleados: cajeras, guardias de seguridad, limpiadoras… mientras las 90 mujeres que eran la base del negocio se quedaron fuera de él y en la calle —literalmente— porque no estaban reconocidas como trabajadoras. Muchas de las mujeres que trabajan en clubes son migrantes que no tienen una red familiar o social que las acoja.

Otras alquilamos pisos donde vivimos y trabajamos. Algunas conseguimos pagar menos o aplazar el pago, pero otras muchas al no poder pagar se quedaron en situación de sinhogarismo y tuvimos que buscarles albergues. Como los contratos que tenemos son verbales, no tenemos protección legal ni estamos cubiertas por las medidas para proteger los alquileres o evitar los desahucios.

Hablabas de la ley de Extranjería y del estatus de no persona que genera en mucha gente, entre ella las trabajadoras sexuales. ¿Cómo afecta la ley de Extranjería al trabajo sexual?

La ley de Extranjería es un mecanismo perverso que fomenta la economía sumergida; da poder a los delincuentes, a los abusadores; fomenta la trata…

Las mujeres migran por necesidad y por su derecho legítimo a buscar una vida mejor. Ante la imposibilidad de hacerlo por su cuenta tienen que recurrir a traficantes. No pueden pagarse el billete de avión y migrar, las fronteras no son permeables para ellas. Pero sí lo son para las redes. Por eso tienen que pagar muchísimo dinero y endeudarse con las redes para poder cruzar. Ahí empieza el círculo de vulneración de derechos. La Ley de Extranjería da a los proxenetas mucha más oportunidad de explotar a las mujeres, de abusar de ellas. Si una persona pudiera llegar y tener un trabajo, tener una cuenta bancaria, pagar alquiler, pagar impuestos… disminuiría mucho no solo la prostitución, también la economía sumergida. Habría menos abusos.

Esta ley hace que podamos optar solo a trabajos irregulares, entre ellos el trabajado sexual, durante al menos tres años, que suelen convertirse en siete, diez o más. Por una parte porque los ayuntamientos no cumplen su obligación legal de empadronar a todas las personas que realmente viven en él, independientemente de su situación legal o de que tengan contrato de alquiler, por lo que no pueden demostrar la residencia. Además se requiere un contrato de trabajo, que tiene que ser de un año a tiempo completo. Si soy trabajadora sexual, ¿dónde lo consigo? Todo esto más la burocracia prolonga la situación irregular, lo que va ligado a continuar en la prostitución, porque no se puede optar a otros empleos.

Además obliga a las mujeres a “buscar cobijo” en los clubes, porque no pueden alquilar una vivienda. Y eso da poder a los propietarios de los clubes para explotarlas. Esa es la perversidad del círculo vicioso en que nos mete la Ley de Extranjería. Gracias a ella los propietarios pueden explotar más a las mujeres.

El segundo Anteproyecto de ley de Libertad Sexual que está preparando el gobierno incluye como disposición adicional la introducción en el Código Penal del artículo 187 bis que castiga con prisión la tercería locativa, proporcionar un espacio donde se ejerce la prostitución. ¿Qué piensas de esta propuesta?

La idea general de la Ley de Libertad sexual, más conocida como ley del Solo sí es sí, es algo que hace tiempo que el movimiento feminista viene pidiendo y que las trabajadoras sexuales apoyamos. Pero esta ley basa la libertad sexual en el consentimiento de las mujeres y a la vez ignora, no da valor, al consentimiento de las trabajadoras sexuales. El Art. 187 bis criminaliza todo nuestro entorno, “aun con nuestro consentimiento”.

No sabemos en qué se basa el Ministerio de Igualdad para recuperar esta medida, que no es nada novedosa, es lo que había hasta la reforma del Código Penal de 1995. ¿Cuáles son las razones? No se han dado. Ni siquiera ha habido debate público de esta medida que no estaba en el primer Anteproyecto. Con las trabajadoras sexuales, que somos las principales afectadas, no se han reunido en ningún momento. Lo que sabemos es que organismos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la OMS… recomiendan a los gobiernos despenalizar la prostitución eliminando cualquier normativa que la criminalice directa o indirectamente, porque esto pone en peligro los derechos fundamentales de las personas que la ejercen.

En otros países, debido a medidas similares a estas, las mujeres están sufriendo desalojos forzosos, se quedan en la calle, porque los propietarios se ven amenazados de proxenetismo y no les queda más remedio que desalojarlas. En Argentina, que tiene una Ley de Trata —son medidas similares que se insertan en leyes diferentes— hay muchas compañeras que están siendo encarceladas, porque si varias alquilan juntas por seguridad es acusada de proxeneta la compañera que tiene el contrato a su nombre.

Las que trabajamos en pisos que alquilamos estamos con muchísima preocupación. Yo tengo mucho miedo, porque tengo un contrato verbal del estudio donde vivo y trabajo y si sale la ley el propietario me puede decir: tienes que dejar el estudio. ¿Dónde voy si yo no tengo una nómina para poder alquilar? Nos va costar mucho más encontrar un espacio donde trabajar de manera autónoma.

Con la ley Mordaza y con las Ordenanzas han ido contra las compañeras que están en los espacios públicos, con este proyecto de ley van contra las que trabajamos de manera autónoma.

En resumen, la consecuencia va a ser: desalojos, persecución vecinal, persecución policial… Va a estar más en peligro nuestro derecho a la vivienda y nuestra seguridad.

El  movimiento de las trabajadoras sexuales en el Estado español ha dado un salto adelante en los últimos años. El Colectivo de Prostitutas de Sevilla es uno de los más activos. ¿Cómo os organizáis y con qué objetivos?

Es cierto, el movimiento va tomando impulso, poco a poco vamos fortaleciéndonos, pero aún somos pocas. El gran reto que tiene el movimiento a nivel internacional, no solo en el Estado español, es superar el estigma. Es muy difícil dar la cara. Si no hay más mujeres reivindicando, denunciando, es por culpa de esa violencia social que es el estigma, ese es un obstáculo muy grande. No obstante, poco a poco, las trabajadoras sexuales se van organizando.

El Colectivo de Prostitutas de Sevilla nace en 2017 en Sevilla. Desde su inicio busca tejer, articular con otros colectivos, y eso le lleva a conformarse como una plataforma que une a mujeres de Sevilla,  A Corunha, Canarias, Madrid, Almería, Valencia, Asturias, el País Vasco…

Es un experimento social de lo que yo creo que debería ser el feminismo. Es un colectivo de y por las trabajadoras sexuales, somos nosotras quienes tomamos las decisiones y quienes tenemos la voz y el discurso. Pero también hay compañeras de otros ámbitos profesionales, mujeres que se unen porque creen en nuestros derechos. Pienso que eso debería ser el feminismo, que las mujeres deberíamos tejer desde todos los ámbitos sociales.

El CPS nace para hacer una incidencia social y política. Para conseguirlo, para poner en la agenda política el debate sobre la prostitución que necesitamos, primero hay que hacer una concienciación, porque es la sociedad la que tiene que presionar a las y los políticos, tiene que haber un interés en la sociedad. Ese es nuestro objetivo y nuestro trabajo habitual, pero el estado de alarma nos puso patas arriba. Ante las peticiones de auxilio que nos llegaban, nos dedicamos a formar redes de apoyo a nuestras compañeras que se habían quedado en la calle o no tenían ya para comer, para pagar el butano… No tenemos recursos propios y los tuvimos que buscar en nuestras redes.

Has hablado de problemas específicos de las trabajadoras sexuales, como el estigma, y de otros compartidos con otros sectores de la sociedad como la exclusión del escudo social y la Ley de Extranjería. ¿Cómo entendéis la articulación con estos sectores? Más en concreto, eres coportavoz de Regularización Ya, ¿qué significado tiene esta portavocía?¿cómo se llega a ella?

En efecto, muchos de los problemas que sufrimos los sufren también otras trabajadoras, pero la gran diferencia es que su trabajo sí está reconocido. Mientras las compañeras trabajadoras del hogar luchan por mejores condiciones y más derechos, nosotras no tenemos ninguno.

La portavocía es el resultado de un trabajo prolongado. Al CPS nos importan las luchas de las mujeres precarizadas de todos los sectores. Creemos que la manera de tener fuerza es articular los colectivos. Desde la fundación en 2017 siempre estuvimos apoyando a otros colectivos, como reflejan nuestras redes sociales. Esta es la base que ya teníamos. En abril, durante el estado de alarma, se lanza la campaña #RegularizaciónYa, que luego se convierte en movimiento. Las compañeras de SEDOAC, con quien ya teníamos lazos, nos propusieron participar, y también a las Prostitutas Libertarias del Raval. Y ahí entramos. Las portavocías se eligieron por votación de los colectivos, la propuesta de que una de ellas fuera para el CPS fue una de las más votadas.

Para mí este es un movimiento valiente, porque las prostitutas siempre somos consideradas agentes contaminantes. Por eso ni los políticos, ni los colectivos sociales, ni las asociaciones se quieren involucrar con nosotras, por miedo a ser señalados, difamados, por el hecho de apoyarnos. Pero a estas compañeras y compañeros eso no les importó. Creyeron que las trabajadoras sexuales necesitaban también tener voz en el movimiento y tuvieron la valentía de votar esta propuesta, que transmite un mensaje social muy potente: nosotras también formamos parte de las personas que estamos sufriendo esta situación de no persona, de exclusión, de empobrecimiento, de precarización, que provoca la Ley de Extranjería.

¿Cuáles son vuestros planes inmediatos?

Hay mucha incertidumbre y resulta difícil hacer planes. La mayor preocupación en este momento es el debate de la Ley de Libertad Sexual. Nos estamos organizando para pedir el apoyo del movimiento feminista, de las mujeres, de quienes crean que este artículo 187 bis lo que va a hacer es vulnerar nuestros derechos y ponernos en peligro, que es intolerable que una ley que supuestamente pone en el centro el consentimiento de las mujeres, anule el consentimiento de las trabajadoras sexuales. Nos hemos dirigido a la Relatora sobre Derecho a la Salud de Naciones Unidas para manifestarle nuestra preocupación.

Esto es fundamental porque sabemos las consecuencias que va a tener esta medida. Sabemos que con ella va a ser mayor la clandestinidad, el empobrecimiento, la persecución. Dicen que quieren combatir la explotación sexual, pero paradójicamente, lo que van a hacer es fomentarla, porque si no puedes trabajar de manera autónoma, al final buscas la ayuda de terceros. De ahí surge la explotación.

Pero además esto no nos afecta solo a nosotras, es algo que nos compete a todas las mujeres, porque con esto se están recortando libertades sexuales, se jerarquiza a las mujeres, se reproduce la división entre ellas: tú no puedes consentir porque eres una víctima, tú si puedes. Por eso nuestro objetivo es que se retire el 187 bis, y lo tenemos que enfrentar entre todas.

Por otra parte seguimos pidiendo lo mismo que siempre: el Ministerio de Igualdad debería dejar el camino del punitivismo y hacer lo posible para que la Ley Mordaza y las Ordenanzas —aunque estas sabemos que no son su competencia— dejen de penalizar a las trabajadoras sexuales.

Para acabar, ¿quieres añadir algo?

Mandaría un mensaje al Ministerio de Igualdad. Les diría que bajen a hablar con las mujeres de los sectores precarizados. Tenemos una ministra que no ha hablado con las jornaleras, las Kellys, las trabajadoras del hogar, las envasadoras, las aparadoras, las trabajadoras sexuales… Y está diseñando políticas equivocadas en nuestro caso, porque esta política nos va a vulnerar derechos. Las políticas se tienen que diseñar con las personas a quienes afectan, no desde arriba ignorándolas.

Gloria Marín

16/02/2021

 

Por qué en materia de trata conviene no hacerse la sueca

El nuevo gobierno anuncia una ley integral contra la trata. Ojalá esta ponga los derechos humanos en el centro en lugar del punitivismo y la ideología

 

Por Paula Sánchez Perera

21 de enero de 2020

https://ctxt.es/es/20200115/Firmas/30620/prostitucion-trata-abolicionismo-paula-sanchez-gobierno-ley.htm

 

Poco después de conocer el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, varios medios resaltaron que en él se recogía la lucha contra la trata con fines de explotación sexual, pero no la abolición de la prostitución. Sin embargo, Pedro Sánchez, en su discurso de investidura, remarcaba de nuevo su compromiso con el abolicionismo punitivo, en la misma estela que aquel Proyecto No de Ley presentado en la última legislatura. El abolicionismo en el que hoy se inscribe el Partido Socialista no es otro que el sueco. Mientras que el abolicionismo clásico, que opera desde nuestro Código Penal, se limita a la penalización del lucro de terceras partes (proxenetismo), el neoabolicionismo nórdico amplía la criminalización hasta los clientes. Por su parte, Unidas Podemos, a cargo ahora del Ministerio de Igualdad, aglutina en su formación a feministas de ambos polos del espectro –abolicionistas y proderechos– en un debate abierto, reflejo del que se mantiene en el movimiento feminista. Entre todo aquello que puede celebrar lo que queda a la izquierda del neoliberalismo progresista se encuentra el haber respaldado el consenso fundamental que existe entre la posición abolicionista y la proderechos: elaborar una ley integral que prevenga, proteja y asista a todas las personas que se encuentran en situación de trata.

Aunque aún sea demasiado pronto para realizar valoraciones de una ley que no se ha desarrollado todavía, la manera en la que, de entrada, se encuentra formulada la propuesta de nueva legislación contra la trata en el pacto de gobierno resulta, cuanto menos, preocupante. Si ley “integral” quiere decir que comprende todas las partes que precisa para encontrarse completo, ¿puede decirse que una ley aspira a combatir de manera integral la trata de personas cuando se limita a un solo tipo? El acuerdo, recordemos, no habla de lucha contra la trata a secas, sino que demarca “con fines de explotación sexual”. Quizás pensemos que es la forma mayoritaria, pero en el último balance estadístico del centro criminológico patrio, el CITCO, vemos que las cifras comparadas entre trata sexual y laboral son ajustadas, casi paralelas. Si, a su vez, queremos hacer la operación de centrarnos en aquella forma de trata que afecta fundamentalmente a mujeres, basta recordar que la trata con fines de prostitución forzada no es la única atravesada por el género, ya que cada día se detecta con mayor frecuencia en matrimonios forzados o en el servicio doméstico. De hecho, la última evaluación del Consejo de Europa sobre los esfuerzos españoles por combatir la trata concluía denunciando que en nuestro país la trata laboral se encuentra escasamente detectada, sin apenas protocolos específicos de actuación ni suficiente intervención al respecto. Nos tiraban de las orejas para que comenzásemos a dirigir la mirada hacia otros tipos de trata, esos que no ocupan espacio en la agenda política porque aparentemente no generan votos.

Cuando hablamos de trata a secas, y no solo de aquella con fines de prostitución forzada, ocurre que ciertas fórmulas discursivas no funcionan y que, a su vez, se revelan como construcciones ideológicas. Este es el caso del famoso “sin clientes no hay trata”. Difícilmente llegaría a buen puerto el decir que “si no comprases fresas o camisetas, no existiría la trata”, a pesar de su acusada prevalencia en los sectores agrícola y textil. Tampoco tendría mucho éxito alegar que si no hubiese trabajadoras domésticas –cuidando dependientes o haciendo tareas del hogar– no habría trata en el sector, aunque en esta modalidad se explote casi en exclusiva a mujeres. Una de las razones por las que estos razonamientos se juzgarían con sospecha es porque hemos aprendido que el ejercicio de culpar al consumidor de problemas que tienen su origen en factores estructurales es un argumento propio del neoliberalismo. Una buena cantidad de causas complejas que dan lugar a la trata se suspenden cuando la culpa se coloca principalmente o en exclusiva en el consumidor –como la clandestinidad obligatoria con la que ha de producirse la migración laboral gracias al cierre de la Europa Fortaleza; las condiciones económicas dadas por la desigualdad Norte/Sur; la desregulación del trabajo informal o la feminización de la supervivencia, incrementadas, a su vez por las restricciones que impone la Ley de Extranjería para migrar de forma regular–. Este razonamiento disculpa, mistifica y oculta las estructuras económicas, políticas y legales que avivan la trata.


Una buena cantidad de causas complejas que dan lugar a la trata se suspenden cuando la culpa se coloca principalmente o en exclusiva en el consumidor


A pesar de los esfuerzos discursivos de un sector del abolicionismo, el modelo sueco no lo trajo a España la izquierda. En realidad, la primera interesada en valorar el modelo fue doña Ana Botella con sus planes contra “la esclavitud sexual” en Madrid. Ya entonces se nos vendía la idea de que este modelo, que sostenía que había conseguido reducir la trata hasta volverla irrisoria, era la panacea. En rigor, tal información no procede de investigaciones independientes –que, de hecho, la contradicen–. (Aquí algunas de ellas: este de la GAATWel de la Universidad de Derecho de WashingtonCambridgeeste de especialistas suecas, entre otras muchas).  Pero la idea se extendió a partir del resumen traducido al inglés de un informe triunfalista que difundió el propio gobierno sueco en 2010. Informe, por cierto, criticado de manera sistemática en la academia tanto por su falta de rigor científico y metodología –establecía a priori que los resultados que se publicasen tenían que confirmar la ley, sí o sí– como por la falta de evidencia empírica para sostener sus afirmaciones. El modelo sueco no ha reducido la trata por tres sencillas razones. Primero hay que poner en duda los datos porque no había estadísticas exhaustivas previas a la entrada en vigor de la ley y por tanto no se pueden realizar comparaciones. En segundo lugar, porque, a juzgar por las denuncias, estas no descienden de manera progresiva, sino que fluctúan cada año. Por último, lo que ha conseguido es desplazar la prostitución de su espacio más visible, la calle, para ocultarla en espacios cerrados, donde se trabaja para terceros como casas de masaje tailandesas, según reconoce la propia policía sueca.

Entidades como Amnistía Internacional o Médicos del Mundo Francia, en sus estudios sobre el impacto del modelo nórdico en Noruega y Francia respectivamente, señalan que este vulnera derechos humanos y repercute negativamente en la seguridad, la salud y las condiciones de vida de quienes ejercen la prostitución. Ahora bien, para comprender cuáles serían los efectos de la sanción a la clientela en nuestro contexto no hace falta cruzar la frontera, porque esta penalización al cliente que demanda servicios en el espacio público lleva en vigor en España desde julio de 2015 a través de la Ley Mordaza –e, incluso, antes, a partir de varias ordenanzas municipales–. A cuatro años de su implementación, sabemos que afecta negativamente a las mujeres en ejercicio, incrementando su precariedad y exponiéndolas a un mayor riesgo de sufrir violencia, por la ocultación que implica tener que huir de la policía para evitar que sancionen a sus fuentes de ingresos. El descenso de la clientela para quien ejerce significa, en primer lugar, bajada de los ingresos y desesperación económica. En esta tesitura, o bien deciden bajar las tarifas o bien ocuparse con clientes que en otras circunstancias hubiesen podido rechazar; es decir: les aboca hacia un escenario aun peor.

Aunque el neoabolicionismo no criminalice directamente a quien ejerce la prostitución, sí lo hace con todo el universo que le rodea y, como hasta la fecha desconocemos la existencia de una actividad económica de prestación de servicios que no requiera de clientes, resulta sencillo comprender por qué cualquier medida que criminalice su actividad les afecta necesariamente a ellas. De ahí que la investigación realizada en España por el grupo Antígona de la Universidad Autónoma de Barcelona concluya que el impacto de la sanción a la clientela sobre quienes ejercen la prostitución supera con creces las consecuencias a las que se exponen los clientes. Les afecta tres veces más a ellas que a ellos.

Varias entidades especializadas con décadas de trabajo con personas en situación de trata, como Proyecto Esperanza o Genera, llevan largo tiempo indicando las insuficiencias de nuestras herramientas normativas y de nuestra actuación contra la trata. Hace falta escucharlas; antes de depositar toda nuestra esperanza en un elixir mágico, se trata de aprender de los errores de años de práctica diaria. La crítica más recurrente que realizan es que el modelo español actual tiene dos prioridades: el control migratorio y la persecución penal de los tratantes. En otras palabras, los derechos humanos de las víctimas pasan a un segundo plano. Pensemos que las víctimas son identificadas en los mismos operativos policiales que buscan migrantes en situación administrativa irregular. Reparemos en que el proceso se pone en marcha solo si la persona en situación de trata decide denunciar; esto es, nuestro sistema considera que la protección se merece “a cambio de”. Es decir, solo se garantiza protección si decides formar parte de un intercambio de favores donde el objetivo no es la recuperación de quien ha sido tratada, sino meter en prisión a los tratantes. El dinero público se invierte en campañas contra la prostitución mientras pocas personas en situación de trata consiguen reagrupar a sus familias, muchos permisos de residencia y asilo no llegan a concederse, faltan recursos habitacionales o, como denuncia Women’s Link, muchas mujeres nigerianas en situación de trata sufren la retirada de la custodia de sus hijos de manera automática. Mientras se nos vende el falso porcentaje de que el 80% o el 90% de la prostitución es trata, sin estudio alguno que lo avale, seguimos sin conocer las cifras de mujeres protegidas e indemnizadas en nuestro país. Quizá ahora por fin tengamos un gobierno con altura política para elaborar una ley que prevenga, asista y proteja a todas las personas que están en situación de trata. Una ley que ponga los derechos humanos en el centro en lugar del punitivismo y la ideología. En esto, más que nunca, conviene no hacerse la sueca.

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Paula Sánchez Perera es activista e investigadora. Colaboradora del Colectivo de Prostitutas de Sevilla.

 

Trabajadoras sexuales de Ámsterdam hablan sobre la “desastrosa” reubicación del Barrio Rojo

Se teme que una propuesta para cerrar los burdeles de ventanas y crear un “centro erótico” en los suburbios ponga en peligro a las trabajadoras sexuales

 

Por Brit Dawson

5 de febrero de 2021

https://www.dazeddigital.com/life-culture/article/51861/1/amsterdam-sex-workers-on-the-disastrous-red-light-district-relocation?utm_source=Link&utm_medium=Link&utm_campaign=RSSFeed&utm_term=amsterdam-

 

Esta semana (1 de febrero), los concejales de la ciudad de Ámsterdam anunciaron que cerrarán los burdeles de ventanas en el famoso Barrio Rojo, y establecerán en cambio un “centro erótico” en algún lugar de los suburbios.

La propuesta fue presentada por primera vez por la alcaldesa de Ámsterdam, Femke Halsema, y ​​se dice que es parte de un “reinicio del turismo”, que también prevé una posible prohibición de que los turistas compren cannabis en los cafés de la ciudad.

“Los turistas pueden disfrutar de la belleza y la libertad de la ciudad”, dijo Dennis Boutkan, miembro del Partido Laborista holandés, “pero no a cualquier precio”.

El plan ha sido criticado por grupos de derechos de las trabajadoras sexuales y personas que han hablado con Dazed sobre la amenaza que supone para sus ingresos y su seguridad. En 2019, Red Light United —el sindicato de trabajadoras sexuales de las ventanas del Barrio Rojo— realizó una encuesta sobre la posible reubicación y encontró que el 93 por ciento de las trabajadoras sexuales estaban en contra de la medida.

La presidenta del grupo, Felicia Anna —que ha trabajado en el Barrio Rojo durante 10 años— presentó el informe al concejo municipal y a la alcaldesa, pero no recibió respuesta. “Teniendo en cuenta el resultado de los últimos debates del ayuntamiento, parece que no tienen absolutamente ningún interés en escucharnos”, le dice a Dazed.

Felicia dice que la reubicación propuesta tendría un “impacto desastroso en nuestro trabajo e ingresos, ya que la mayoría de las trabajadoras sexuales no quieren mudarse de allí”. Ella agrega: “Esto llevará a las trabajadoras sexuales a optar por trabajar ilegalmente en la clandestinidad, en lugar de en su nuevo centro erótico que nadie pidió, y por lo tanto las hará más vulnerables a la violencia y la trata de personas”.

Incluso las trabajadoras sexuales que elijan trasladarse al centro erótico experimentarán menos seguridad en su trabajo, afirma Felicia. “Las ventanas hacen que el trabajo sexual sea fácilmente visible desde la calle y, por lo tanto, más visible para la policía, que puede garantizar nuestra seguridad y combatir la trata de personas”, explica. “Un centro erótico hace que las trabajadoras sexuales sean menos visibles para el mundo exterior porque todo sucede dentro del edificio”.

Un informe de 2018 de la organización de salud sexual sin fines de lucro SOAIDS Nederland y de PROUD, un sindicato holandés de trabajadoras sexuales, encontró que las mujeres que trabajan en las ventanas experimentan menos violencia que otras trabajadoras sexuales. Felicia dice que la visibilidad es la razón por la que el trabajo en ventanas es la forma más segura de trabajo sexual en los Países Bajos.


“Esto hará que las trabajadoras sexuales elijan trabajar ilegalmente de forma clandestina y, por lo tanto, las hará más vulnerables a la violencia y la trata de personas” – Felicia Anna, Red Light United


Durante dos consultas recientes con Halsema y el ayuntamiento, respectivamente, Red Light United presionó para que no se cerraran las ventanas y, en cambio, pidió una expansión de las ventanas en el área, que según el grupo “conduciría a una menor presión sobre las ventanas restantes actuales y haría la zona menos concurrida ”. De hecho, un estudio de 2020 sobre las propuestas encontró que quitar las ventanas probablemente no tendría ningún impacto en las tasas de turismo, ya que dos tercios de los encuestados dijeron que seguirían yendo al Barrio Rojo con la misma frecuencia.

Felicia dice que estas propuestas “básicamente (significarían) reactivar el Proyecto 1012”, que comenzó en 2007 con la intención de “limpiar” el Barrio Rojo. El proyecto, que lleva el nombre del código postal del distrito, tiene como objetivo reemplazar los burdeles de ventanas con boutiques de lujo, cafés y proyectos de arte y, como era de esperar, no ha sido bien recibido por las trabajadoras sexuales y los dueños de burdeles. Según The Guardian, se han cerrado aproximadamente 126 ventanas desde que comenzó el proyecto. En 2015, más de 200 trabajadoras sexuales se manifestaron por las calles de Ámsterdam en protesta por la demonización de su industria; los cierres de ventanas se detuvieron poco después.

“La ciudad no ha aprendido nada de la década del Proyecto 1012. Esto es básicamente una continuación de este proyecto”, dice Felicia. Ella describe el Proyecto 1012 como “un completo fracaso”, citando un informe de 2018 del Tribunal de Cuentas de Ámsterdam, que dice que el proyecto “no ha resultado en la mejora económica deseada del centro histórico de la ciudad de Ámsterdam” ni “un gran avance en la lucha contra la infraestructura criminal”.

Lotte Alberg, propietaria del club de striptease BonTon y del club de sexo LV, tiene una visión muy diferente de la nueva reubicación. “No es que quieran que el Barrio Rojo desaparezca”, le dice a Dazed, “quieren tener el nuevo Barrio Rojo y el antiguo. Creo que puedes hacer algo que sea mejor para las chicas; tienes la oportunidad de hacer las cosas diferentes a como eran antes “. Alberg sugiere que el nuevo centro erótico puede presumir de habitaciones más grandes y un alquiler más bajo.

Al discutir por qué el consejo propuso una reubicación en primer lugar, Alberg dice que es porque el Barrio Rojo está “demasiado ocupado”. Agrega: “Fue peligroso en cierto momento. Tanta gente. Y muchos de los turistas solo miran las ventanas y miran (a las trabajadoras sexuales) como monos. No me gusta eso. No creo que a las chicas les guste eso “.

Alberg tiene la esperanza de que el centro erótico propuesto traerá “más turistas de calidad”, y agregó que los visitantes y clientes tratarían mejor a las trabajadoras sexuales si tuvieran la oportunidad de “aprender sobre el trabajo que hacen las chicas”. Durante un recorrido en uno de los clubes de Alberg, los turistas pueden hablar con una ex trabajadora sexual sobre “por qué hizo el trabajo y por qué lo dejó”.

“200 personas vienen a la gira esa semana y 200 personas piensan diferente sobre la prostitución. Puedes hacer cosas así en el nuevo centro”.


“Creo que puedes hacer algo que sea mejor para las chicas; tienes la oportunidad de hacer las cosas diferentes a como eran antes ”- Lotte Alberg, propietaria de club


En declaraciones a VICE Holanda, Quirine Lengkeek, presidenta de la red de trabajo sexual Sekswerk Expertise, no está de acuerdo y afirma que este tipo de reubicaciones a menudo van acompañadas de cierres. “Lo viste en el Nieuwe Zandpad en Utrecht. Hace años, los burdeles se cerraron allí, pero el plan de trasladar a las trabajadoras sexuales a otro lugar aún no se ha materializado ”. Independientemente, si el estudio de 2020 mencionado anteriormente se basa en algo, la mayoría de los encuestados no visitaría un centro de entretenimiento sexual fuera de la ciudad de todos modos.

Ya sea que el centro erótico abra o no, Felicia dice que no se mudará allí. “Conozco chicas que incluso han dicho que comenzarán a trabajar en la calle frente a su vieja ventana si la cierran”.

Liderando Red Light United, Felicia continuará luchando contra la decisión de todas las formas que pueda. “Podríamos protestar como lo hicimos en 2015; podríamos acudir a los medios de comunicación para exponer las mentiras del ayuntamiento y de la alcaldesa sobre cómo esto está “mejorando” nuestra seguridad; incluso podríamos emprender acciones legales contra las decisiones del ayuntamiento si es posible “, dice. “Haremos cualquier cosa para evitar que esta horrible alcaldesa y el ayuntamiento destruyan nuestras vidas”.

Los partidos abertzales se desmarcan de la lucha conjunta contra la prostitución en Navarra

EH Bildu y Geroa Bai se han mostrado muy críticos con instar el Gobierno central a aprobar una ley contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y contra la prostitución.

 

NAVARRA.COM

4 de febrero de 2021

https://navarra.elespanol.com/articulo/politica/prostitucion-politica-navarra-debate-criticas/20210204134819354673.html

 

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves una moción en la que insta al Gobierno de España a “aprobar una ley integral contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y contra la prostitución“.

Este punto de la moción, presentada por el PSN, ha recabado el apoyo de Navarra Suma, Podemos e I-E, mientras que Geroa Bai y EH Bildu han votado en contra.

(…)

Desde Geroa Bai, Jabi Arakama ha compartido algunos de los puntos de la resolución, pero ha cuestionado otros como lo referente a la aprobación de ordenanzas municipales de carácter abolicionista. Ha considerado que “existe un enfoque diferente” entre los grupos sobre el tema de la prostitución y ha señalado que hay quienes “prefieren salvarlas sin preguntarlas antes”. “En Geroa Bai ponemos en el centro a las propias prostitutas, a todas ellas, con sus divergencias, contradicciones, pero ellas son el centro, el sujeto político principal, no ignoramos la parte de su voz que no nos gusta”, ha apuntado.

En representación de EH Bildu, Patricia Perales ha remarcado que en esta sociedad “hay diferentes y profundos debates sobre la prostitución y hay que considerar todos ellos”. En su opinión, la moción del PSN muestra “un enfoque parcial” y ha afirmado que “hay otras opiniones que habría que considerarlas” para no sea un debate “estéril”. Además, ha pedido “autocrítica” a Medina porque los socialistas están gobernando y “lo que está haciendo el Ejecutivo es escaso”.

(…)

¿Sería mucho soñar con una ley que regule el trabajo sexual?

 

Por Amarú Varela

3 de febrero de 2021

https://www.aimdigital.com.ar/politica/sera-mucho-soar-con-una-ley-que-regule-el-trabajo-sexual.htm

 

 

Por Amarú Varela, de Revista PPV, especial para AIM. Primero, aclaremos que se entiende al trabajo sexual como el intercambio simultáneo o inmediato y autónomo de servicios de índole sexual a cambio de una retribución para beneficio propio, pero que el concepto se modifica a través del tiempo y las sociedades.

Segundo, es necesario diferenciar la despenalización de la legalización: la primera significa eliminar las leyes y políticas que penalizan o sancionan el trabajo sexual. La legalización, por otro lado, plantea la regulación expresa de una determinada situación de hecho para darle un marco normativo, a fin de resguardar los derechos de les trabajadores sexuales.

Desde los años 70, las trabajadoras sexuales, para que su milenario oficio fuera considerado un trabajo legal, en diversas partes del mundo armaron conferencias y encuentros internacionales en diversas partes del mundo para debatir sobre sus condiciones de regulación, e incluso algunas hicieron huelgas de hambre y amenazaron con dar a conocer el nombre de sus clientes.

Hasta mediados de la década de los 80´ hubo progresos en distintos frentes: sindicalización, derogación de leyes discriminadoras, debates sobre la libertad sexual y establecimiento de alianzas con otros movimientos y grupos.

Pero a partir de los años 90, el avance se frenó en muchos países y por distintas cuestiones, en su mayoría por la presión de la Iglesia Católica y grupos de derecha, junto con los gobiernos neoliberales que se limitaban a negar derechos sociales y laborales.

Pese a que se fueron debilitando los procesos de autoorganización de les trabajadores sexuales, en varios países, algunos grupos han seguido reivindicando su quehacer como una cuestión laboral, y han desarrollado diversas estrategias para obtener los derechos correspondientes.

El por qué de la necesidad de una Ley del Trabajo Sexual

Legalizar el trabajo sexual, traería beneficios a les trabajadores sexuales y también límites para aquellos que no sólo se benefician —directa o indirectamente— de ese mismo trabajo (por ejemplo, los policías que exigen coimas a les trabajadores en una clara extorsión), sino que además violan los derechos humanos de les trabajadores sexuales mediante el maltrato al que son sometidas a diario.

Si pensamos en la normalización del trabajo sexual autónomo, mediante su regulación por una ley nacional, podemos fundamentar esta decisión por tres ejes fundamentales: primero, el trabajo sexual es una cuestión de libertad individual y autonomía de las mujeres y de les trabajadores sexuales; segundo, las mujeres y les trabajadores sexuales tienen derecho a ofrecer sus servicios sexuales (equiparándolo a cualquier otro servicio que se pueda ofrecer en un mundo capitalista donde ponemos el cuerpo a diario para ganar lo que llamamos “salario” y que sólo alcanza para subsistir) y, por último, regular este servicio garantizará el reconocimiento de derechos humanos básicos de las mujeres y trabajadores sexuales que eligen esta actividad diariamente.

Así, Georgina Orellano, como titular de Ammar (Asociación de Meretrices de la República Argentina) a nivel nacional, hace hincapié en que la lucha del colectivo es la lucha de cualquier trabajador o trabajadora: una obra social, el acceso al crédito y a una cuenta bancaria para ingresar al sistema formal de bancarización, y sobre todo una situación laboral digna, libre de discriminación y de agresiones.

En nuestro país son aproximadamente 80.000 las personas que ejercen el trabajo sexual, las que en su mayoría son jefas de hogar.

Además, la legalización llevaría a una mejora de la situación sanitaria de este colectivo y le permitiría contar con elementos de cobertura estándar del mercado laboral, como seguros, programas de salud, seguridad ocupacional, y reglas de comercio justo. Además, un reclamo que se agudizó en tiempos de pandemia, fue la necesidad de acceder a una vivienda digna que tiene el colectivo de les trabajadores sexuales, lo cual es casi imposible, ya que las condiciones para alquilar vivienda son muchos más estrictas para estas personas debido a que no cuentan con recibos de sueldo ni constancias de ingreso alguno.

Una ley en este sentido garantizaría el libre ejercicio de la actividad en el territorio nacional y separaría a la actividad lícita de delitos, como son la trata de personas y la explotación sexual por parte de proxenetas.

Además, se brindaría un marco legal al trabajo sexual donde les trabajadores podrían acceder a derechos actualmente vedados.

¿No dice nuestra Constitución Nacional en el Art. 19 que “las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados”?

Haciendo una interpretación conjunta con la del art. 15 de la Ley de Profilaxis N.º 12.331 (de 1936) que explicita que “queda prohibido en toda la República el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución, o se incite a ella, con excepción de aquellos cuyo funcionamiento fuera autorizado por la Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia Social con aprobación del Ministerio del Interior. Estas autorizaciones sólo deberán otorgarse atendiendo a necesidades y situaciones locales, limitando su vigencia al tiempo que las mismas subsistan, con carácter precario, debiendo los establecimientos autorizados sujetarse a las normas sanitarias que se impongan por la reglamentación” y su artículo 17: “Los que sostengan, administren o regenteen, ostensible o encubiertamente casas de tolerancia, serán castigados con una multa (…). En caso de reincidencia sufrirán prisión de 1 a 3 años, la que no podrá aplicarse en calidad de condicional”, entendemos por el simple ejercicio del trabajo sexual autónomo por la mujer u hombre en su domicilio privado, en forma individual e independiente y dentro del marco de la privacidad personal, sin afectar el orden público, la moral y las buenas costumbres, no constituye violación a los mencionados artículos.

El trabajo sexual en los Códigos Contravencionales argentinos y su anacronismo

Es sabido que a les trabajadores sexuales se les sigue deteniendo y dejando preses por muchos días (desde cinco hasta 20 o 30 días como lo prevé la contravención en Provincia de Buenos Aires) sólo por el hecho de ejercer el trabajo sexual en la calle. Este mecanismo de crimininalización del trabajo sexual tiene una base legal que está en jaque desde hace varios años y que es necesario reformar para evitar los abusos policiales actuales.

Existen grandes discusiones acerca de la constitucionalidad de los códigos contravencionales de nuestro país. A lo largo de los años, diversos actores sociales y políticos se han encargado de afirmar que los códigos contravencionales y de faltas fomentan y legitiman violaciones a los derechos humanos, vulnerando las garantías constitucionales y los Tratados Internacionales en la materia. No sólo porque criminalizan conductas que no lesionan bienes jurídicos específicos, sino porque —en algunos casos— permiten que determinadas acciones sean castigadas sin siquiera la intervención de un juez o un defensor, operando a modo de trámite administrativo e incumpliendo con el debido proceso legal.

Las faltas y contravenciones son conductas sancionadas con menos lesividad que implican una transgresión menor a los cánones de la vida común. Esta legislación está bajo la potestad de las provincias argentinas. Es decir, son estas las encargadas de su redacción, sanción y juzgamiento. En algunas provincias no existen juzgados contravencionales, por lo que el Poder Judicial no interviene en la imposición de este tipo de pena, que aunque menor, no deja de ser un castigo estatal.

El trabajo sexual ejercido libremente no es penalizado por el Código Penal de la Nación Argentina, es decir, la prostitución libre no es un delito. Sin embargo, desde el comienzo de la redacción de los Códigos de Faltas y Contravenciones provinciales, se ha incorporado el ejercicio de esta actividad como una conducta perseguida y castigada con arresto, multa y quizás —en los códigos más modernos— con trabajos comunitarios.

La realidad muestra que la mayoría de les trabajadores sexuales se ven sometidas a arbitrariedad y discriminación del poder policial y judicial mediante la imposición de la pena —en la mayoría de los casos— de arresto o multa.

Además, alrededor de la penalización de la prostitución existen otras conductas castigadas como es el hecho de “circular por la vía pública con ropa indecente, el travestismo y el homosexualismo”, conductas que claramente hablan del anacronismo que presentan los códigos y la gran carga de corrección social que sostienen. Este tipo de faltas y contravenciones, muchas veces van de la mano con la criminalización del trabajo sexual del Colectivo Travesti y Trans, que desde hace largo tiempo reclama el libre ejercicio de sus derechos y la adecuación de la legislación heteronormativa.

Por estas cuestiones, vemos que la legislación prohibicionista del trabajo sexual lo único que genera es la estigmatización y criminalización de un trabajo válido, resultado de la libre elección de las trabajadoras sexuales. En cuestión de derechos, no puede permitirse una solución moral.

Un Registro para les Trabajadores Sexuales

Como avance para el reconocimiento del trabajo sexual también es necesaria la creación de un Registro de Trabajadores Sexuales. Este registro debería tener como objeto relevar a les trabajadores sexuales y tener información sobre sus ingresos, condiciones laborales, habitacionales y de seguridad social, entre otros.

Como antecedente podemos mencionar el registro uruguayo que dio resultados positivos, ya que les trabajadores sexuales luego de inscribirse -respetando los requisitos legales para ser trabajadora sexual- obtienen una libreta sanitaria, que les permite la atención médica y que, además, sirve como documento para poder demandar en instancias judiciales a los clientes que no cumplen con la prestación en el intercambio del servicio sexual. Es un claro reconocimiento del trabajo sexual autónomo con herramientas que permiten la defensa de sus derechos.

En el mes de junio de 2020, el Ministerio de Desarrollo Social, al anunciar el lanzamiento del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (Renatep), había incluido la categoría de “trabajadores sexuales”, lo que devendría en uno de los primeros reconocimientos institucionales a esa actividad en nuestro país. A las pocas horas, el Ministerio dio marcha atrás con la medida.

Fallos con Perspectiva de género a favor de les trabajadores sexuales

En el año 2012, el Tribunal Oral Criminal de La Plata hizo lugar en la Causa 1910, a una acción de amparo interpuesta por Ammar a favor de les trabajadores sexuales de la Provincia de Buenos Aires, reconociendo el trabajo sexual como trabajo autónomo y declarando la inconstitucionalidad del art. 68 del decreto ley 8031/73 (Código de Faltas de Buenos Aires). En el fallo se exhortó al ministerio de Seguridad de esa provincia para que apliquen debidamente la ley 13.482 a fin de que el personal policial no discrimine al colectivo de les trabajadores sexuales.

Lo importante de este fallo es que el tribunal se encargó de sentenciar que la prostitución no es un delito, y que con la norma antes mencionada solamente se castiga “a quien honestamente ejerce la prostitución”. Así, la prohibición se dirige a sancionar acciones privadas y la moral pública no puede ser el patrón para medir estas acciones. El tribunal además afirmó que la “oferta de sexo por sí misma carece de entidad suficiente para configurar el daño a terceros que se debería exigir para prohibirla legítimamente sin afectar el principio de reserva ni legalidad”. Además, se dijo que el articulo 68 afectaría al artículo 18 y 19 de nuestra Constitución Nacional, en una clara violación del derecho de libertad, dignidad, por cuanto restringe la posibilidad de elección y de acción de la persona humana, avasallando la igualdad y la no discriminación.

En el año 2015, la jueza Natalia Molina, del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, declaró ilegítimo el procedimiento del Gobierno porteño para imponer la clausura y multas en domicilios de trabajadoras sexuales y sostuvo en el fallo que la falta de regulación es una deuda con la sociedad para con este colectivo de trabajadores.

La inexistencia de una ley nacional sobre el trabajo sexual autónomo facilita la violencia policial, el abuso y la extorsión, y perpetúa el estigma y la discriminación que sufren les trabajadores sexuales a manos de funcionarios públicos, prestadores de atención médica y la comunidad en general.

Las sanciones punitivas contra el trabajo sexual también perpetúan estereotipos negativos que impiden el acceso de les trabajadores sexuales a servicios de atención médica y a una vivienda adecuada, y hacen que trabajen en condiciones más precarias. Además, el temor de les trabajadores sexuales hacia las autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes también merma su capacidad de buscar protección frente a la violencia y el delito.

Podemos elegir entre un derecho al trabajo sexual autónomo reconocido o un trabajo clandestino, con sus violencias y sus violaciones de derechos humanos; podemos elegir entre el reconocimiento de derechos o la persecución policial y judicial de les trabajadores sexuales; podemos elegir entre un trabajo registrado o la coima y la extorsión policial; podemos elegir entre reconocer y ampliar derechos o simplemente negarlos.

Dice Gerda Lerner: “cuando en el proceso de lucha, y en ciertos momentos históricos, las mujeres toman conciencia de las contradicciones de su relación con la sociedad y el proceso histórico, las perciben correctamente y las denominan privaciones que ellas comparten en cuanto a que son un colectivo. Esta toma de conciencia de las mujeres se convierte en la fuerza dialéctica que las empuja a la acción a fin de cambiar su condición y entablar una nueva relación con una sociedad dominada por los varones”. Eso misma pasa con la lucha feminista de las trabajadoras sexuales.

 

La Asamblea y el Senado de Nueva York derogaron este martes una ley de 1976 contra la práctica de la prostitución en los espacios públicos

 

2 de febrero de 2021

https://www.lavanguardia.com/politica/20210202/6218460/nueva-york-da-paso-defensa-derechos-transexuales.html

 

Nueva York, 2 feb (EFE).- La Asamblea y el Senado de Nueva York derogaron este martes una ley de 1976 contra la práctica de la prostitución en los espacios públicos, pero que los agentes de la Policía de la ciudad han utilizado con asiduidad para detener a mujeres transexuales, especialmente negras y latinas, según han denunciado numerosos legisladores y ONG.

La ley, que popularmente se conoce como la prohibición de las mujeres trans a caminar, permitía a los agentes del orden arrestar y acosar a cualquier persona que supuestamente estuviera practicando la prostitución, sobre vagos preceptos que muchas veces se limitaban a su aspecto o forma de vestir.

“Este proyecto de ley es una victoria monumental para las mujeres transgénero negras y morenas en todo el estado y un paso fundamental para reducir la criminalización de las mujeres trans”, aseguró la ONG Make the Road Nueva York en un comunicado para celebrar la votación la derogación.

Una miembro trans de esta asociación, Mayra Colon, mostró su “desbordante alegría” por la decisión de las dos cámaras legislativas neoyorquinas, controladas por el Partido Demócrata, y contó que durante años ha sido acosada por la policía por pasear con su marido o por su manera de vestir.

“Cuando mi marido y yo salíamos de noche, siempre llevaba mi certificado de matrimonio. En caso de ser parados, podía demostrar a los agentes de policía que estábamos casados y evitar ser arrestada bajo la ley de merodear con el objetivo de prostituirse”, dijo Colon, que mostró su deseo de que el gobernador Andrew Cuomo, que ya ha expresado su apoyo a la iniciativa, la apruebe cuanto antes para que la ley entre en vigor.

La reforma fue propuesta por el senador estatal Brad Hoylman y la asambleísta Amy Paulin, a quienes se unieron numerosos políticos en señal de apoyo.

“El Senado de Nueva York ha aprobado la ley para derogar la prohibición de las mujeres trans a caminar, una norma desfasada que la policía usaba para arrestar y acosar a las mujeres transgénero. Esta es una enorme victoria para la lucha por la igualdad”, escribió Hoylman en su cuenta de Twitter.

El fin de esta norma, defendida por el opositor Partido Republicano, era una antigua reivindicación de los activistas por los derechos humanos y cobró renovadas fuerzas durante el movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan) surgido en mayo del año pasado tras el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de un policía.

El movimiento LGTBI de Nueva York secundó estas protestas uniéndose a las marchas y celebrando concentraciones paralelas, muchas de ellas encabezadas por activistas transexuales negros y latinos. EFE

 

 

Violencias hacia las personas que ejercen la prostitución en la Región de Murcia

Publicación: 10.12.2020

 

Puede descargarse el artículo completo, en formato PDF, en el siguiente enlace:

https://www.upo.es/revistas/index.php/relies/article/view/5062/4709

 

Resumen

Este estudio se centra en visibilizar las violencias perpetradas hacia las personas que ejercen la prostitución en la Región de Murcia (España), poniendo en relieve a los diferentes colectivos que las protagonizan. La hipótesis de partida es que la salud, las condiciones laborales y las relaciones interpersonales de los y las trabajadoras del sexo están determinadas por la articulación de una cadena de violencias ejercidas por diferentes agentes sociales. La metodología está basada en una serie de entrevistas semidirigidas en las que se han tenido en cuenta dos perspectivas: la de nueve personas que ejercen la prostitución y la de siete expertos/as en investigación e intervención directa con trabajadoras/es del sexo. En el análisis de resultados el contenido se organizó atendiendo a los diferentes grupos que se identificaron como responsables de los actos violentos: profesionales sanitarios/as, trabajadores/as de los servicios sociales, políticos/as, cuerpos de seguridad estatal, entidades del tercer sector, secciones feministas, empresariado de la industria del sexo, clientela, investigadores/as vinculados a la academia, medios de comunicación, familiares, parejas, exparejas, amistades y otros/as responsables.

 

1          Introducción

Cuando se habla de prostitución y de violencias se tiende a pensar en las agresiones ejercidas por los clientes y por el empresariado de la industria del sexo. Incluso, habitualmente se piensa en las mafias relacionadas con la trata, ya que no es infrecuente que se equipare la prostitución con la trata de personas con fines de prostitución forzada2. Es incuestionable la importancia de denunciar los abusos cometidos por la clientela y por los/las responsables de los pisos de contactos y de los clubes, pero el trabajo sexual está sometido a otro tipo de violencias que son menos visibles. El interés de esta investigación reside en que permite describir este tipo de violencias y sus efectos, a la vez que sitúa el foco en la identificación de los diferentes colectivos por los que están protagonizadas. La hipótesis de partida es que la salud (física y psicológica), las condiciones laborales y las relaciones sociales de las personas que deciden ejercer la prostitución (en adelante PDEP) están determinadas por la articulación de una cadena de violencias practicadas por diferentes actores y actrices sociales.

En cuanto a la situación de la prostitución en la Región de Murcia (España), a pesar su disminución en la vía pública, (debido a la proliferación de clubes de alterne y de pisos de contactos) siguen existiendo zonas de prostitución de calle bastante populares, tanto a las afueras de los pueblos como en la ciudad de Murcia. Un ejemplo relevante es el céntrico Barrio del Carmen, en el que se está aplicando la «Ordenanza para luchar contra la prostitución en el municipio de Murcia», la cual tiene por objeto:

“Luchar contra la prostitución, preservando los espacios públicos como lugares de convivencia, civismo e igualdad, evitando actividades de explotación sexual que difunden una imagen del ser humano, muy especialmente de la mujer, como mero objeto sexual y que perturban la convivencia social.” (BORM nº 234, 2013:2).

A pesar de que en dicha ordenanza se afirma que uno de los principales propósitos es el fomento y la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, lo cierto es que mayoritariamente se multa a mujeres migrantes con pocos recursos que captan a su clientela en la vía pública, empeorando así su situación de vulnerabilidad. A partir de dos estudios realizados por el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS, 2014, 2018)3 se ha evidenciado que la aplicación de medidas punitivas anti-prostitución, como la ordenanza o la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana (conocida como ley mordaza), han contribuido al agravamiento de la discriminación y la precarización que ya sufrían las PDEP, tal y como podemos observar en la figura 1

Hay que mencionar, además, la dificultad de proporcionar información precisa sobre el conjunto de las personas que se dedican a una actividad tan estigmatizada y criminalizada como la prostitución, la cual se caracteriza por una gran movilidad de las PDEP y por pertenecer a la economía sumergida (CATS, 2017a). No obstante, a pesar de que no se disponen de datos fiables sobre las personas que ejercen en la Región de Murcia, se pueden tomar a modo de orientación los datos recabados por entidades como el CATS. Entre las personas trabajadoras del sexo atendidas por esta ONG en el año 2017 (1.857 usuarias/os en total), la mayoría procedían de Rumanía (468), seguidas por mujeres de nacionalidad colombiana (241) y marroquí (216). Por otro lado, en los resultados de una investigación-acción participativa desarrollada por la socióloga Sara Oñate (2009) en la Región de Murcia, se mostró un alto grado de autogestión por parte de las personas trabajadoras del sexo. Igualmente, en el presente estudio las PDEP que participaron afirmaron no sentirse obligadas/os por nadie a trabajar, aunque consideraban que era una decisión que estaba condicionada por estructuras socioeconómicas.

 

2          Consideraciones Metodológicas

(…)

3          Marco Teórico: Violencias ejercidas hacia las personas que trabajan en la prostitución.

(…)

 

4          Resultados

4.1     El estigma asociado a la prostitución: la mayor violencia y de la que todas/os somos responsables

La psicóloga Cristina Garaizabal (2007) afirma que lo que mayoritariamente genera las malas vivencias, la angustia o la baja autoestima, no son tanto las prácticas sexuales que se desarrollan en el trabajo sexual, sino la falta de derechos laborales y la devaluación social. Los resultados de esta investigación son coincidentes, ya que prácticamente la totalidad de las personas entrevistadas señalaron que lo que más perjudicaba a las PDEP era tener que llevar una doble vida a raíz del estigma. En cuanto a lo que supone, podemos hablar de un intenso temor ante la idea de que pueda trascender la vida oculta en la vida pública, por lo que las personas que ejercen la prostitución en secreto se ven sometidas a un continuo estado de alerta.

“Lo que más pesa de alguna manera como una violencia es el estigma social. Es lo que transmiten como mayor problema, más allá de la lucha económica vinculada al proyecto migratorio (…). En el estigma social todos somos responsables, porque es una construcción social que forma parte de las diferentes mentalidades que componen esa sociedad. Entonces, en el estigma social todos y todas podemos hacer algo: o incrementarlo o reducirlo” (Educadora social, PR.3)

Uno de los casos de miedo al rechazo y de ocultación del ejercicio de la prostitución es el de TS.9. Esta mujer española de veintisiete años comenzó a ejercer la prostitución cuando se mudó a Barcelona (España) en el 2017. Al cambiar de ciudad se sentía sola, y como le había supuesto mucho esfuerzo hacer amistades no quería perderlas. Por ende, tuvo que ocultar su trabajo tanto en la nueva ciudad de residencia, como ante su familia y las amistades que se encontraban en Murcia.

“Viendo cómo habían reaccionado de mal cuando les conté que me prostituía, tanto mi gente cercana como mis compañeras de piso, pues me daba miedo que las pocas amistades que había hecho me rechazaran, y con lo que me ha costado… pues me callé” (Trabajadora sexual española, TS.9)

Otro testimonio muy relevante respecto a las múltiples consecuencias que conlleva el estigma nos lo compartió TS.6, una mujer peruana de treinta y cinco años con dos hijas a cargo. Esta trabajadora del sexo, a pesar de que tiene muy presentes los beneficios que le proporciona ejercer la prostitución (mayores ingresos, facilidad en la conciliación, disfrute de diversidad de experiencias sexuales, etc.), considera que ha tenido que pagar un alto precio a nivel emocional debido al repudio asociado a su trabajo.

“¡A mí me parece el mejor trabajo del planeta! Por lo menos pa´mí. A lo mejor porque yo puedo elegir (…). Tía, yo no puedo explicar lo bondadosa, lo generosa, lo noble… la experiencia que yo he tenido en la prostitución me ha empoderado sexual y económicamente, porque es muy muy rentable” (Trabajadora sexual peruana, TS.6)

“Es un miedo perpetuo. El tener que estar ocultándoselo a mi familia es terrible. Yo sinceramente pienso que esa es la peor parte de la prostitución. La doble vida es lo peor. No sé… esa es la peor parte, la de no salir del closet [llora y le cuesta hablar] (…). En la prostitución el precio es tu libertad emocional. El precio aquí es tener una doble vida si no vas a salir del armario. Y si sales del armario el precio es aprender a vivir con el estigma. Todo tiene un precio finalmente” (Trabajadora sexual peruana, TS.6)

4.2     Miedos y mentiras durante las visitas a los servicios sociales y a los centros de salud

Algunas de las PDEP participantes evitaban acudir a los servicios sociales porque anticipaban posibles conductas discriminatorias de los/as trabajadoras/es sociales por motivos relacionados con su trabajo, como la retirada de la custodia de sus hijos/as. Ahora bien, cuando decidían asistir a los servicios sociales o a los servicios de la sanidad pública la mayoría ocultaba que se dedicaba a la prostitución, con la finalidad de protegerse de juicios y/o episodios de maltrato como el sufrido por TS.4:

“Una vez tuve una muy mala experiencia con un digestivo, porque yo he tenido siempre problemas del estómago, entonces yo le conté al médico de que yo ejercía la prostitución y me dijo: “ya ves los problemas que usted se acarrea por andar en esas sinvergonzonerías”. Entonces yo me cabreé y le dije: “¿pero usted que tiene que opinar de mi vida personal?”. Después, me levanté de la silla y me fui” (Trabajador sexual ecuatoriano, TS.4)

Situaciones como la vivida por TS.4 ocasionan importantes perjuicios, en vista de que para ciertas problemáticas relacionadas con la salud sería oportuno que las PDEP pudieran hablar con naturalidad de su ocupación. Es, por ejemplo, el caso de las revisiones ginecológicas y andrológicas. Por otro lado, aunque algunos/as entrevistadas/os afirmaron acudir a doctores/as privados/as o a la consulta ginecológica del CATS no podemos conformarnos con este hecho, debido a que no todas las PDEP pueden permitirse pagar la sanidad privada o asistir a la consulta ginecológica del CATS por motivos relacionados con la movilidad laboral.

Con respecto a la salud psicológica, varias de las personas entrevistadas declararon que los/as profesionales sanitarios/as habían relacionado sus problemas de salud mental con el trabajo sexual, por lo que la solución principal que aportaban pasaba por abandonar la prostitución. Es decir, en primera instancia se producía una problematización del trabajo sexual, y los/as profesionales de la psiquiatría y/o la psicología no indagaban en el conjunto de causas que pudieran estar afectando al bienestar psicológico de la persona.

“Sobre todo, me he sentido violentada por profesionales de la salud mental. Hicieron una lectura del tema [trabajar en prostitución] como si me estuviera autodestruyendo, lo psicopatologizaron mucho. Pues cosas de mi vida que no tenían que ver con la prostitución enseguida las relacionaron con prostitución. Con lo cual tampoco estaban yendo a la diana correcta. A raíz de haber sido prostituta psicopatologizaron mucho mi sexualidad, porque consideraban que no era lo suficientemente íntima, monógama, emocional, etcétera. Que no estaba lo suficientemente sujeta a la heteronormatividad y al proyecto de tener una relación de pareja estable con alguien.” (Trabajadora sexual española, TS.1)

4.3     Elaboración e implementación de leyes: todo por las prostitutas, pero sin las prostitutas

La combinación de política abolicionista en materia de trabajo sexual y política migratoria restrictiva limita, en gran medida, la posibilidad de que las PDEP, en especial las migrantes, puedan acceder a derechos civiles y laborales (Oso, 2008). Por otra parte, es reseñable cómo en España los poderes políticos están desoyendo la voz de las trabajadoras del sexo e impidiendo que participen como interlocutoras válidas en la elaboración de las legislaciones que les atañen (Arella et al. 2007). En este sentido, dos de las PDEP entrevistadas resaltaron cómo habían sido ignoradas cuando habían intentado iniciar diálogos con representantes políticos, concretamente se refirieron a miembros del PSOE (Partido Socialista Obrero Español) a nivel regional y estatal.

“Incluso en estas elecciones [elecciones generales de España del 28 de abril de 2019] por más que se insistió en que nos invitaran a los debates, el gobierno se declaró abolicionista, pero sin nunca consultar a las trabajadoras sexuales. Está claro que no estamos dentro de la agenda, ni del feminismo, ni de la política” (Trabajadora sexual mexicana, TS.3)

Por otro lado, los/as profesionales del tercer sector manifestaron que por lo que se sienten más violentadas las mujeres que captan a la clientela en la calle es por la ordenanza para luchar contra la prostitución del municipio de Murcia y por la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana. Aunque mediante la ordenanza se aduce perseguir la igualdad, se está produciendo un aumento de las desigualdades entre las trabajadoras del sexo que ejercen en la vía pública y el resto de la población.

“Ellas se encuentran en una situación de una continua ansiedad y de tener miedo a salir de su casa (…). A las mujeres les causa mucha desazón, porque ellas temen que esa multa les vaya a perjudicar a la hora de sacar sus papeles de residencia que están en trámite, que los tienen que renovar o que se van a iniciar. Eso las victimiza mucho más, por lo que no se aplica la perspectiva de género de la ordenanza.” (Abogada, PR.6)

4.4     Garantes de la seguridad: multas y persecuciones a la hora de comprar el pan

Los/as profesionales del CATS destacaron que durante los primeros meses de la ordenanza antiprostitución las mujeres que captan a su clientela en el Barrio del Carmen se vieron muy acosadas, ya que son vecinas de la zona conocidas por la policía. A raíz de la ordenanza, los/as agentes comenzaron a poner multas a estas trabajadoras cuando salían a comprar, a recoger a sus hijos/as del colegio o cuando estaban paseando. Además, la policía comenzó a realizar sus labores de paisano, con lo que se les vulnera mucho más, porque ya ni siquiera pueden identificar quién es policía y quién no, lo que hace que todavía tengan más miedo. Asimismo, algunas mujeres no pueden pagar las multas, lo cual hace más difícil su ya delicada situación socioeconómica. Es importante destacar que en el Barrio del Carmen las trabajadoras del sexo no se ocupan en la vía pública, sino que captan a la clientela en la calle y prestan sus servicios en pisos.

“Lo resultante de la ordenanza para luchar contra la prostitución es una angustia vital total, o sea, las repercusiones son bestiales. Y eso es de lo que no se da cuenta la gente, el cómo puede afectar a una persona el hecho de tener miedo a bajar a comprar el pan (…). La policía local multa muchísimas veces sin seguir el texto de la ordenanza. O sea, ya tienen nombre y apellidos de las mujeres. O sea, son cuarenta y pico mujeres que se sabe quiénes son y en cuanto bajan de la casa pues las multan, porque saben que son trabajadoras del sexo, cuando ni siquiera están captando un cliente.” (Coordinador, PR1)

Por otro lado, a lo largo de las entrevistas se compartieron testimonios que relataban abusos sexuales por parte de miembros de la policía que se aprovechaban de su posición de poder, sobre todo ante trabajadoras/es del sexo migrantes en situación administrativa irregular.

“A veces, los policías venían de paisano a la barra y toqueteaban a las chicas, sobre todo a las nuevas. Ellas, como tenían miedo de que las deportaran, se dejaban tocar.” (Trabajadora sexual brasileña, TS.8)

“Cuando llegué a España y empecé a prostituirme había un patrullero que se pasaba por la zona dónde yo captaba la clientela. En esa época yo no tenía los papeles y los policías me decían que si no me iba con ellos y se la chupaba me iban a llevar al calabozo (…). Tuve que irme con ellos varias veces en el coche y hacerles lo que me pidieran.” (Trabajador sexual ecuatoriano, TS.4)

4.5     Entidades del tercer sector: del empoderamiento al paternalismo

Las personas entrevistadas afirmaron que el juicio por ser trabajadora sexual existe desde el momento en que lo primero que te ofrecen algunas ONG es una alternativa laboral, antes siquiera de escuchar las demandas de la persona a la que están atendiendo. A lo largo del trabajo de campo se pudo constatar que el principal inconveniente de los recursos ofrecidos por algunas entidades es su carácter discriminatorio, ya que tratan a las personas que ejercen la prostitución como ignorantes, vulnerables e indisciplinadas. Como resultado, la movilidad laboral de las PDEP se dificulta por la idea transmitida de que hay que reeducarlas en habilidades básicas antes de que puedan desempeñar otras tareas diferentes a la prostitución (Juliano, 2002). Por tanto, unos recursos de orientación laboral inapropiados, unidos al rechazo social y a la escasez de empleo, provocan que la inclusión de las PDEP en el mercado laboral reglado de la Región de Murcia se convierta en un objetivo realmente complejo. Así, por ejemplo, una de las trabajadoras sexuales entrevistadas (TS.1) se mostró disgustada tras acudir a Cáritas y preguntar por proyectos dirigidos a trabajadoras sexuales. El motivo fue que le mostraron un programa en el que se les enseñaba a las PDEP a actividades tan elementales como el lavado de la ropa. A pesar de que existen personas que necesitan de este tipo de recursos, resulta inapropiado que se oferten al colectivo de trabajadoras sexuales de forma genérica.

“Fui a Cáritas, y la monja que me atendió me estuvo explicando un montón de programas que tenían y, entre ellos, había un programa para prostitutas en el que les enseñaban a lavar la ropa, a planchar, a cuidar de sus hijos y de vez en cuando las llevaban de excursión al museo. Y yo le dije: “bueno, es que el hecho de que sean prostitutas no significa que no sepan hacer todas esas cosas.” (Trabajadora sexual española, TS.1)

Además, trabajadoras del sexo politizadas sienten que incluso desde las ONG pro-derechos muestran reticencias a la hora de que se autoorganicen, debido a que temen que las PDEP logren un empoderamiento tan sublime que ya no las necesiten, lo que podría desembocar en el cierre de estas entidades y en la pérdida de los empleos vinculados.

“Lo que yo siento, todavía, por parte de las asociaciones pro-derechos es que hay un tutelaje. Todavía no hay espacio para que nosotras tomemos nuestras propias decisiones o nos organicemos, y que las propias organizaciones nos apoyen al 100% sin cuestionar lo que estamos haciendo.” (Trabajadora sexual mexicana, TS.3)

“Las ONG chupan del bote y eso sí me violenta mucho (…). A mí me parece muy fuerte que la gente de las asociaciones tenga 14 pagas al año y yo no llegue a fin de mes.” (Trabajadora sexual mexicana, TS.3).

4.6     “Toda mujer tiene derecho a decidir, mientras no decida ser prostituta”. Feminismos y negación de la capacidad de agencia

Dentro de los feminismos la prostitución se entiende de diversos modos, dando lugar a que unos sectores batallen junto a las trabajadoras del sexo por la conquista de sus derechos, mientras que otros defienden una postura abolicionista/prohibicionista de la prostitución violentando, en ocasiones, al colectivo de mujeres al que afirman proteger. Durante las entrevistas, algunas de las trabajadoras del sexo participantes expresaron que sienten que desde el feminismo más institucionalizado solo hablan de los efectos del patriarcado y el capitalismo en su profesión, como si en las demás no estuviera presente.

“Estar trabajando, como yo, 25 horas a la semana en un restaurante por 500 euros no es ser una esclava del patriarcado ni del capitalismo, ¿verdad?” (Trabajadora sexual española, TS.9)

Por otra parte, en debates y conferencias sobre prostitución se ha producido la negación de los discursos de activistas pro-derechos, debido a que no encajan en el molde del discurso demonizador de la industria del sexo propio del feminismo abolicionista. Asimismo, entidades pro-derechos como el CATS han sido tildadas de proxenetas, mientras que las trabajadoras del sexo politizadas han sido tachadas de malas mujeres al no aceptar el estatus de víctima. El resultado es que muchas PDEP sientan un profundo malestar a la hora de participar en eventos relacionados con los feminismos, como le ocurrió a TS.6 cuando participó en la manifestación del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo del año 2019.

“Cuando yo fui a la manifestación del 8M fui asustadísima, fui con una máscara porque me di cuenta de que la necesitaba (…). Además, yo me sentía muy violentada porque yo no sabía qué personas y qué sector del 8M era el que me apoyaba (…). Hay un colectivo de mujeres, además inmenso, que tiene unos mensajes de odio que lo único que hacen es asustarte de verdad. Yo tenía un montón de miedo en el 8M.” (Trabajadora sexual peruana, TS.6)

4.7     El empresariado de la industria del sexo: el summum de la vulneración de derechos

En el análisis de los datos extraídos se ha mostrado cómo en los clubes de la Región de Murcia se vulneran múltiples derechos laborales: las jornadas de trabajo suelen ser de más de 12 horas; no disponen de vacaciones ni de días libres; el porcentaje de la ganancia en la venta de las copas es cada vez más bajo; los/as empresarios/as dan de alta a las trabajadoras como camareras, pero ellas tienen que pagarse la seguridad social, etc. Por otro lado, las PDEP afirman que el mayor abuso que se comete en los pisos de contactos es que se llevan porcentajes muy altos de su trabajo: al menos del 50%. Además, los empresarios/as de la industria del sexo, en ocasiones, intentan imponer prácticas sexuales y formas de trabajar con las que las PDEP no están de acuerdo.

“Ha habido sitios en los que me han echado del trabajo por no complacer al cliente 100% como los jefes querían que lo hiciera. Me dejaron dinero sin pagar e intentaban imponerme prácticas como sexo sin condón o sexo anal, pero mis apetencias van primero.” (Trabajadora sexual brasileña, TS.8).

4.8     La clientela: dar poco y pedir mucho

Durante el trabajo de campo todas las PDEP se quejaron de que algunos de sus clientes no respetan su trabajo, e intentan regatearles las tarifas para disfrutar de extensos servicios (con todo tipo de prácticas) por muy poco dinero. Por otro lado, tampoco se sienten respetadas cuando clientes con los que acuerdan un servicio no acuden a la cita y no llaman para cancelarla (situación que se torna muy habitual). En este sentido, una de las trabajadoras entrevistadas, aunque piensa que la prostitución es un buen trabajo para ella porque le permite conciliar con su faceta de madre y esposa, en varias ocasiones destacó la falta de consideración de los clientes.

“Igual que todo trabajo, tiene unos costes y unos beneficios, y ellos se piensan que solo tenemos beneficios. No lo paran a pensar y, a veces, solo te ven como un objeto al que follar.” (Trabajadora sexual española, TS.2).

Asimismo, existe un sector minoritario de clientes que abusa sexualmente de las PDEP o intenta chantajearlas para recibir servicios gratis. Cómo comentan desde el CATS, estos comportamientos violentos pueden afectar gravemente en a la salud física y psicológica.

“Hay un sector de clientes que no trata bien a las trabajadoras sexuales y hay algunas a las que le afecta en su propia autoestima. Hablando de violencias y de clientes… estaba pensando en los clientes que se rompen el preservativo. Que por cierto salió hace poco una sentencia en la que, efectivamente, se considera abuso sexual el romper un preservativo o quitarlo cuando se ha acordado una práctica sexual con preservativo (…). Las chicas me cuentan que les pasa, aunque no frecuentemente.” (Ginecóloga, PR.2).

Otra violencia que mencionaron algunas de las personas entrevistadas se refiere a los clientes que acuden a solicitar los servicios de las trabajadoras del sexo con falta de higiene, ya que piensan que por el hecho de pagar todo está permitido.

“Como van a pagar vienen todo mugrosos después de estar todo el día trabajando. Como van a pagar su mierda de 15 o 20 euros vienen todo cochinos a que les chupes la polla.” (Trabajadora sexual ecuatoriana, TS.5).

4.9     Profesionales de los medios de comunicación y de la academia: a la caza del morbo

Los medios de comunicación y las investigaciones académicas, en algunos casos, avivan el estigma asociado a la prostitución, ya que suelen mostrar a PDEP que presentan características como el consumo de drogas, enfermedades de transmisión sexual, problemas de salud mental o conductas delictivas. Durante los encuentros, las PDEP y los profesionales del CATS aludieron a la importancia que los medios de comunicación tienen en la construcción de las imágenes sesgadas sobre las PDEP. Destacan que existe la necesidad de desactivar la carga estigmatizadora que se da en el tratamiento sensacionalista del trabajo sexual, porque se tiende a mostrar una imagen de las/os prostitutas/os asociada con la delincuencia, la drogadicción y la desviación. Asimismo, las PDEP entrevistadas se sienten ignoradas en el desarrollo de investigaciones y debates que tienen que ver con su trabajo.

“Que escuchen a las mujeres trabajadoras. Que nos escuchen. Solo pedimos eso. Que si quieren hacer algún estudio que nadie hable por nosotras. No necesitamos que nadie hable por nosotras. Si hacen algún estudio que nos tomen en cuenta.” (Trabajadora sexual ecuatoriana, TS.5).

4.10          Otros/as responsables, otras violencias

“Yo procuro que lo que hago con una mano no se entere la otra mano. Me da mucha vergüenza y mucho respeto porque tengo familia (…). Si se entera mi familia me quitan hasta el apellido.” (Trabajadora sexual española, TS.7).

En el caso de TS.7, en principio, no podríamos hablar de violencia intrafamiliar que se haya materializado, pero sí de una anticipación al rechazo, lo que desemboca en una profunda autovigilancia y estrés. Esta trabajadora vivía ejercer la prostitución con gran angustia, y destacaba que para ella era una actividad temporal que solo realizaba cuando se encontraba en fuertes apuros económicos. También, se dan situaciones de ocultamiento a parejas y exparejas, sobre todo si hay hijos/as por medio. Y es que el hecho de ejercer la prostitución en manos de padres maltratadores puede utilizarse como chantaje y como una amenaza para la retirada de custodia.

“A partir de que mi exmarido empezó a sospechar que era prostituta fue un acoso constante y a perpetuidad. Tía, no he pasado mayor ansiedad en mi vida, al verle la cara y pensar que iba a agredirme.” (Trabajadora sexual peruana, TS.6).

Habría que mencionar, además, testimonios de PDEP que debido a su trabajo han tenido problemas de convivencia con compañeras/os de piso y con vecinos/os. Personas con los/as que mantenían una buena relación hasta que salió a la luz que se dedicaban a la prostitución.

“Una vez estuve en un piso de alquiler en el que me pusieron hasta cámaras de vigilancia en el pasillo para ver si entraban clientes a mi casa. Tuve enfrentamientos muy grandes con mis vecinos y con mi casero porque estaban vulnerando mi privacidad (…). Yo no entendía tanto revuelo, porque yo sobre todo trabajaba en la calle y a mi piso solo entraban unos pocos clientes de confianza.” (Trabajadora sexual ecuatoriana, TS.5). Como hemos podido comprobar a lo largo de estos diez sub apartados la violencia hacia las PDEP está caracterizada por su complejidad, tanto a nivel de la naturaleza de las agresiones (físicas, psicológicas, sexuales…), como de las/os agentes sociales responsables (cuerpos de seguridad estatal, trabajadoras/es sociales, periodistas…), lo que inserta a las PDEP en un clima de inseguridad ya que, por el hecho de ejercer la prostitución, en ocasiones, no se sienten respaldadas ni por sus redes sociales más íntimas.

 

5          Conclusiones

En el presente estudio el objetivo fundamental ha consistido en visibilizar a los colectivos que ejercen violencias hacia las PDEP, con el fin de situar el foco en las personas estigmatizadoras y responsables de las agresiones, y no tanto en el colectivo estigmatizado: las personas que trabajan en la prostitución. Para ello, se ha abordado desde la violencia física y sexual a la relacionada con la vulneración de derechos humanos, pasando por la vinculada al despojo de la capacidad de agencia mediante la victimización de las PDEP. Como se mencionó con anterioridad, la hipótesis de partida es que las condiciones laborales, la salud y las relaciones interpersonales de las PDEP están determinadas por la articulación de una cadena de violencias ejercidas por diferentes agentes sociales. Dicha hipótesis se ha confirmado, ya que las múltiples violencias abordadas a lo largo del texto no resultan inocuas. El resultado es la exclusión, una forma de violencia estructural que se deriva de las circunstancias del sistema; se trata de un recorrido social a través del cual las personas pierden progresivamente los vínculos que les unen con la sociedad. En este proceso existen factores desencadenantes que se acumulan, y combinan desventajas en los diferentes ámbitos de la vida de las PDEP (Tezanos, 1999).

Por otra parte, la principal violencia que perjudica a las PDEP y que supone el caldo de cultivo de gran parte de las restantes formas de violencia es el estigma de puta4. El rechazo social fruto del estigma se materializa en que algunos/as miembros de los cuerpos de seguridad del estado comentan abusos de poder; en que referentes feministas difamen y silencien a las PDEP; en que las ONG sientan que pueden llevar las riendas de la vida de las PDEP, a las que consideran víctimas carentes de autodeterminación; o en que la academia y los medios de comunicación busquen acumular audiencias y logros a partir del sensacionalismo con el que abordan las vidas y las realidades de las personas que ejercen la prostitución. Para sintetizar los resultados fruto del análisis de las entrevistas podemos observar la tabla 5: una herramienta analítica que identifica el estigma como eje vertebrador de las violencias, así como a los actores y a las actrices que las protagonizan.

En cuanto a las limitaciones de este estudio, destacaría que la accesibilidad al colectivo de trabajadoras/es del sexo que ejercen o han ejercido en la Región de Murcia ha sido compleja debido a la movilidad del colectivo y a la clandestinidad en la que muchas/os ejercen su trabajo. Por ende, la muestra de personas entrevistadas no es representativa y los resultados obtenidos no pretenden ser generalizables. No obstante, se considera que esta aproximación a las violencias que sufren las PDEP puede servir como punto de partida para realizar investigaciones más profundas en el territorio murciano, y para desarrollar estrategias en dos sentidos: en primer lugar, para prevenir las violencias mediante la realización de intervenciones con los actores y actrices que las ejercen y, en segundo lugar, para el diseño de programas destinados a apoyar a las PDEP que lo necesiten en el afrontamiento de estas agresiones.