Irlanda: grupos de expertos, “profundamente decepcionados” con la nueva Ley de Delitos Sexuales

Mientras tanto, varios funcionarios gubernamentales han acogido con satisfacción la aprobación de la ley

En esta foto de archivo, la trabajadora sexual Kate McGrew se unió a aliados y trabajadoras del sexo en Leinster House una noche del año pasado para una vigilia para conmemorar el Día Internacional para poner fin a la violencia contra los trabajadores del sexo.

En esta foto de archivo, la trabajadora sexual Kate McGrew se unió a aliados y trabajadoras del sexo en Leinster House una noche del año pasado para una vigilia para conmemorar el Día Internacional para poner fin a la violencia contra los trabajadores del sexo.

http://www.newstalk.com/Group-calls-Sexual-Offences-Bill-narrow-protective-and-paternalistic

El Proyecto de Ley de Delitos Penales (Delitos Sexuales) 2015 ha pasado a través de ambas Cámaras del Oireachtas.

El proyecto de ley proporciona una mayor claridad en relación con la definición de consentimiento sexual por primera vez, y contiene disposiciones que incluyen:

  •    Nuevos delitos para proteger a los niños contra el abuso;
  •     Nuevas medidas para proteger a los niños de los depredadores en internet;
  •     Infracciones nuevas y reforzadas para combatir la pornografía infantil;
  •     Se introducirán nuevas disposiciones relativas a las pruebas presentadas por las víctimas, en particular los niños;
  •     Nuevos delitos contra la indecencia pública;
  •     Una disposición relativa a las órdenes de hostigamiento para proteger a las víctimas de los delincuentes sexuales condenados;
  •     Disposiciones para mantener la edad de consentimiento a la actividad sexual a los 17 años de edad y para una nueva defensa de “proximidad de edad”;
  •     Una disposición para penalizar la compra de servicios sexuales.
  •     Declaración estatutaria sobre el consentimiento a los actos sexuales

    Sin embargo, varios grupos de expertos han expresado “graves preocupaciones” con la Parte IV del proyecto de ley. La Parte IV penaliza la compra de servicios sexuales y aumenta las penas para algunos aspectos del trabajo.

Reacción de los expertos

Colm O’Gorman, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional de Irlanda, dijo: “Después de dos años de investigación, Amnistía Internacional adoptó una posición global a favor de la despenalización del trabajo sexual y contra el modelo nórdico. Nuestra investigación puso de manifiesto los peligros de la criminalización de cualquier aspecto del trabajo sexual consensuado, como lo demuestran Argentina, Hong Kong, Noruega y Papúa-Nueva Guinea.

“La evidencia de Noruega demuestra que la criminalización de la compra de sexo no cumple con su propósito de reducir la prostitución y, lo que es más importante, no es una manera efectiva de proteger a las trabajadoras sexuales”.

Niall Mulligan, Director Ejecutivo de VIH Irlanda, dijo: “Nosotros aconsejamos enérgicamente contra esta acción, que va en contra de la opinión de expertos de la Organización Mundial de la Salud y ONUSIDA. La criminalización de la compra de sexo impulsa el trabajo sexual más hacia la clandestinidad, forzando a las trabajadoras sexuales a asumir más riesgos y trabajar con menos seguridad, lo que a su vez aumenta el riesgo de transmisión del VIH.

“Con los nuevos diagnósticos de VIH promediando casi 10 por semana, esta ley agravará lo que ya es una creciente crisis del VIH en Irlanda”.

Edel McGinley, Directora del MRCI dijo que la ley “no protege a los más vulnerables”, diciendo que promueve la dañina estigmatización y obstruye el acceso a la justicia.

“Sabemos por nuestra década de trabajo sobre la trata de personas y el trabajo forzado que este enfoque no ayudará a las víctimas de la trata”, concluyó.

Sin embargo, todos los grupos acogieron con beneplácito la inclusión en el último momento de una revisión dentro de tres años y la despenalización limitada de las trabajadoras sexuales de la calle, tras un extenso trabajo de lobby por parte de la Alianza de Trabajadoras del Sexo de Irlanda (SWAI) y otros.

Por su parte, el Defensor del Niño, Niall Muldoon, ha acogido con beneplácito la aprobación de la Ley de Delitos Penales (Delitos Sexuales), diciendo que aunque no ha abordado todas las cuestiones relacionadas con los niños, ofrece protecciones debidas en muchas áreas.

“La Ley de Delitos Sexuales reconoce nuevas formas de abuso y explotación sexual de los niños, incluído el abuso de niños, e introduce nuevas medidas de protección de los niños, lo que constituye un avance significativo en la protección de los derechos y el bienestar de los niños.

“Se ha incluido una salvaguardia contra la criminalización de los actos consensuales de igual a igual, así como nuestra recomendación de incluir el término” acto sexual con un niño “, en lugar de impurezas. Hacía mucho tiempo que eran necesarios estos cambios”, dijo.
Reacción del gobierno

Ayer Tánaiste Frances Fitzgerald calificó el proyecto de ley de “una de las más amplias leyes sobre delitos sexuales que jamás se ha aprobado”.

“Las disposiciones de este proyecto de ley buscan mejorar y actualizar las leyes para combatir la explotación sexual y el abuso sexual de los niños”, dijo. “Amplía la gama de delitos asociados con la pornografía infantil para asegurarse de que nadie que participe de ninguna manera en la creación, distribución, visualización o compartición de tal material aborrecible puede escapar a la ley”.

Niall Ó Donnghaile, portavoz de la Justicia de Sinn Féin, dijo: “Este proyecto de ley va de alguna manera a ponerse al día con el resto de la sociedad irlandesa que están exigiendo que cambiemos la ley para reflejar la naturaleza siempre cambiante de la explotación para asegurar que Gardaí y otras agencias puedan responder de una manera que sea relevante para los tiempos en los que vivimos ahora, leyes que reconocen que las formas de abuso y explotación de los más vulnerables ha cambiado y seguirá cambiando.”

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Cinco preguntas pertinentes (o no) sobre trabajo sexual y derechos humanos

 

Por Ana Martínez

 

15 de julio de 2016

 

http://bit.ly/29WHgjK

 

Oslo, Noruega, 11 de la noche. Las calles están vacías, a excepción de dos mujeres de origen africano que conversan bajo la luz de una farola. Varios policías vestidos de paisano se acercan y las interpelan de malas maneras: “¿Tenéis condones? ¿Dónde está vuestra documentación? No os queremos ver más por aquí”.

Acoso policial como en este caso, violencia, extorsión, hostigamiento o discriminación. Las personas que se dedican al trabajo sexual están especialmente expuestas a estas y a otras muchas vulneraciones de derechos humanos en todo el mundo. En su mayoría se trata de mujeres que, además, se enfrentan a múltiples formas de discriminación y desigualdades de género.

Amnistía Internacional ha publicado cuatro informes sobre trabajo sexual en Noruega, Argentina, Hong Kong y Papúa Nueva Guinea que evidencian los abusos y violaciones de derechos humanos que sufren las trabajadoras y trabajadores sexuales en estos países, la solución pasa por exigir a los Estados normas que protejan, respeten y hagan efectivos sus derechos humanos a la vez que abordan la trata, la explotación y la discriminación de género. Entre las medidas que Amnistía Internacional solicita a los gobiernos está la despenalización del trabajo sexual entre personas adultas cuando hay consentimiento.

Mona ejerce como trabajadora sexual y vive en las calles de Port Moresby, capital de Papúa Nueva Guinea, con sus tres hijos. A menudo, sufren agresiones verbales. “Dormimos y nos bañamos en los desagües. En ocasiones, algún cliente nos paga una habitación. Si pedimos agua a los vecinos, nos persiguen y nos insultan. Me da mucha vergüenza, pero no hay esperanza para nosotros”, explica. Las trabajadoras sexuales y sus familias están particularmente expuestas a la violencia y a otros abusos de derechos humanos. La esperanza de la que habla Mona está precisamente en leyes que garanticen que todas las personas tengan acceso a sus derechos económicos, sociales y culturales, a la educación y a oportunidades de empleo, además de que gocen de una protección y seguridad mayores. La despenalización supone eliminar las leyes y políticas que criminalizan o sancionan el trabajo sexual y reforzar aquellas que penalizan la explotación, la trata de personas o la violencia contra quienes se dedican a ello.

A Laura, una trabajadora sexual de las calles bonaerenses, la asaltaron una noche a punta de navaja. Nunca lo denunció a la policía. “No me van a escuchar porque trabajo en esto”, asegura. Cuando el trabajo sexual está penalizado, las trabajadoras y trabajadores sexuales están también privados de medidas de protección que podrían servir para aumentar la vigilancia e identificar y prevenir abusos de derechos humanos tan atroces como por ejemplo la trata. A menudo, las víctimas son reacias a denunciar si temen que la policía tome medidas contra ellas por vender servicios sexuales.

Es el caso del modelo nórdico, que prohíbe la compra de servicios sexuales, criminaliza la organización del trabajo sexual y penaliza a las personas que ejercen este trabajo y que se organizan con el objetivo de sentirse más seguras. Amnistía Internacional destaca que estas personas tienen dificultades hasta para encontrar algo tan básico como el alojamiento, ya que sus arrendadores pueden ser procesados por alquilarles un hogar. “Algunos clientes te agreden en sus apartamentos. Pueden hacerlo porque saben que estás demasiado asustada como para ir a la policía. No nos queda otra opción que obedecer sus reglas porque estamos en su casa y no podemos llevarlos a la nuestra”, explica Tina, una mujer nigeriana que trabaja en las calles de Oslo.

La doble discriminación y el estigma que sufren algunos colectivos, como el LGBTI, es otra de las principales preocupaciones en torno a la vulneración de derechos humanos en el trabajo sexual. Virginia, una mujer trans que ejerció como trabajadora sexual en Buenos Aires durante años, explica las dificultades a las que tenía que hacer frente para acceder a los servicios médicos: “Cuando estaba enferma, iba al hospital, pero la gente siempre nos maltrataba. Nos decían que fuéramos a otra clínica porque allí no podían tratarnos…”. Ante este tipo de abusos, es necesario combatir la discriminación y los estereotipos de género perjudiciales, empoderar a las mujeres y al resto de grupos marginados y garantizar que ninguna persona carece de alternativas viables para ganarse la vida.

En definitiva, ¿qué deben hacer los gobiernos para proteger los derechos de las trabajadoras y trabajadores sexuales? Amnistía Internacional demanda un marco jurídico que proteja a estas personas frente a la violencia, explotación y la coerción; que impulse su participación en la elaboración de las leyes y políticas que afectan a su vida y su seguridad; y que garantice el acceso a la salud, la educación y les ofrezca oportunidades de empleo.

Ana Martínez es periodista en Amnistía Internacional España.

 

Graves violaciones de derechos humanos sufridas por trabajadoras y trabajadores sexuales en el mundo (Amnistía Internacional)

 

  Foto por Spencer Platt/Getty Images


Foto por Spencer Platt/Getty Images

 

 

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/graves-violaciones-de-derechos-humanos-sufridas-por-trabajadoras-y-trabajadores-sexuales-en-el-mundo/?utm_source=FBPAGE&utm_medium=social&utm_term=Womens_rights&utm_content=News-sexworkers–20160526-FBPAGE&utm_campaign=Awareness_education

 

 

“Si un cliente se porta mal contigo, al final tienes que solucionarlo tú misma. Sólo llamas a la policía en caso de peligro de muerte. Si llamas a la policía, lo pierdes todo.” Trabajadora sexual de Noruega

 

26 de mayo de 2016

 

Amnistía Internacional publica hoy cuatro informes de investigación sobre las violaciones de derechos humanos que sufren las trabajadoras y los trabajadores sexuales en Noruega, Argentina, Hong Kong y Papúa Nueva Guinea.

Las personas que se dedican al trabajo sexual están especialmente expuestas a sufrir toda una serie de abusos contra los derechos humanos, como violación, violencia, extorsión y discriminación. Con demasiada frecuencia la protección de la ley y las medidas de reparación con que cuentan son escasas o inexistentes”, ha explicado Tawanda Mutasah, director general del Programa de Derecho Internacional y Política de Amnistía Internacional.

“Los gobiernos deben tomar aún más medidas para proteger de los abusos y violaciones de derechos humanos a quienes se dedican al trabajo sexual, en su mayoría mujeres que se enfrentan a múltiples formas de discriminación y desigualdades de género. Nuestra investigación pone de relieve los testimonios de estas personas y los problemas a los que se enfrentan a diario.”

Amnistía Internacional exige una serie de responsabilidades a los gobiernos para que, entre otras recomendaciones, garanticen la protección contra la violencia, la explotación y la coerción de manera que nadie se vea obligado a entrar en el trabajo sexual por falta de oportunidades. Además, pide la participación de las trabajadoras y los trabajadores sexuales en la elaboración de las leyes que afectan a su vida y a su seguridad, el fin de la discriminación y el acceso a la educación y a oportunidades de empleo para todas las personas.

Entre otras medidas de protección y prevención se recomienda la despenalización del trabajo sexual consentido, incluida la anulación de las disposiciones legales que prohíben las actividades conexas, como la prohibición de la compra y el ofrecimiento de servicios sexuales y de la organización general de trabajo sexual. Esta recomendación está basada en la evidencia de que tales disposiciones hacen a menudo que las personas que se dedican al trabajo sexual estén menos seguras y que se abuse de ellas con impunidad, pues es frecuente que tengan demasiado miedo a que las sancionen para presentar una denuncia ante la policía. Las leyes sobre el trabajo sexual deben estar centradas en la protección contra la explotación y los abusos, no en intentar prohibirlo por completo y sancionar a quienes se dedican a él.

Amnistía Internacional refuerza de esta manera su postura de que el trabajo forzoso, la explotación sexual infantil y la trata de seres humanos son abusos atroces contra los derechos humanos
, que hacen necesaria una acción concertada y que, con arreglo al derecho internacional, han de estar penalizados en todos los países.

“Queremos que se modifiquen las leyes para centrarlas en conseguir que la vida de las personas que se dedican al trabajo sexual sea más segura y que mejore su relación con la policía, a la vez que se aborda el problema absolutamente real de la explotación. Queremos que los gobiernos se aseguren de que ninguna persona es coaccionada para vender servicios sexuales o no puede dejar el trabajo sexual si decide hacerlo”, ha añadido Tawanda Mutasah.

La investigación
Un extenso trabajo de investigación -con cuatro informes específicos que ofrecen una cobertura global desde el punto de vista geográfico- muestra que las trabajadoras y los trabajadores sexuales sufren a menudo terribles abusos contra los derechos humanos. Es así debido en parte a la criminalización, que agrava su situación de peligro y marginación y les impide buscar protección contra la violencia y solicitar servicios jurídicos y sociales.

“Algunas trabajadoras sexuales nos contaron que la criminalización permite a la policía acosarlas y no dar prioridad a sus denuncias y a su seguridad”, ha explicado Tawanda Mutasah.

En vez de centrarse en proteger a las trabajadoras y los trabajadores sexuales de la violencia y el crimen, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley de muchos países se centran en prohibir el trabajo sexual por medio de la vigilancia, el acoso y las redadas.

La investigación de Amnistía Internacional revela que las personas que realizan trabajo sexual suelen tener muy poca o ninguna protección frente a los abusos y carecer de reparación por medios judiciales incluso en los países donde la venta de servicios sexuales es legal.

Noruega
En Noruega, comprar servicios sexuales es ilegal, pero el acto directo de venderlos, no. Otras actividades relacionadas con el sexo están penalizadas, entre ellas la “promoción de la prostitución” y alquilar establecimientos para vender servicios sexuales.

A pesar del alto índice de violaciones y violencia de clientes y bandas organizadas, el grado de resistencia de las personas dedicadas al trabajo sexual a denunciar la violencia ante la policía es muy alto.

“Fui a casa de un hombre. Me dio dos puñetazos en la cara. No lo denuncié a la policía. No quiero que figure en mi historial”, dijo a Amnistía Internacional una trabajadora sexual.

Amnistía Internacional escuchó el testimonio de varias personas dedicadas al trabajo sexual en Noruega que habían denunciado violencia a la policía y habían sido desalojadas de sus hogares o expulsadas por haber hablado con la policía.

En virtud de la legislación noruega, las trabajadoras y los trabajadores sexuales corren riesgo de desalojo forzoso, pues sus caseros pueden ser procesados por alquilarles la casa si venden servicios sexuales en ella.

Una persona que representaba a una organización noruega de defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores sexuales explicó: “Si los caseros no proceden al desalojo, la policía interpone una querella criminal contra ellos […] La policía anima a los caseros a tomarse la justicia por su mano y aplicarla ellos mismos.”

Las personas dedicadas al trabajo sexual no pueden tampoco agruparse para trabajar por motivos de seguridad ni contratar servicios de terceros en funciones de seguridad, pues probablemente se calificaría de “promoción de la prostitución” según la ley.

Buenos Aires, Argentina
En teoría, la venta o compra de servicios sexuales no es ilegal en Buenos Aires, pero en la práctica a las personas dedicadas al trabajo sexual se las criminaliza por medio de diversas leyes que sancionan actividades conexas y que no distinguen entre trabajo sexual con consentimiento y trata de seres humanos.

En la investigación de Amnistía Internacional se determinó que entre las personas dedicadas al trabajo sexual en Buenos Aires el grado de resistencia a denunciar violencia a la policía era muy alto.

“[El cliente] me pagó y estaba a punto de bajarme del auto cuando me agarró del cuello y me cortó con un cuchillo. Le di todo el dinero que tenía y mi teléfono celular, y me dejó ir,” dijo a Amnistía Internacional Laura, trabajadora sexual que se desempeña en la calle.

Explicó que no había denunciado la violencia ni el robo a la policía porque le parecía que iba a ser una pérdida de tiempo: “No me van a escuchar, porque soy trabajadora de la calle.”

La policía suele abordar arbitrariamente en la calle a las personas que se dedican al trabajo sexual, que en ocasiones tienen que pagar reiteradas multas y son sometidas a libertad vigilada. Es ilegal que la policía o los fiscales de Buenos Aires tengan en cuenta la apariencia, la vestimenta o los modales de una persona al hacer cumplir una ley que penaliza la comunicación relacionada con el trabajo sexual en público. Sin embargo, la aplicación de estos criterios es un hecho, y en sus operaciones la policía se dirige específicamente contra las personas trans que se dedican al trabajo sexual.

En Buenos Aires, aunque desarrollen su actividad en domicilios particulares, las trabajadoras y los trabajadores sexuales suelen sufrir largas y violentas inspecciones y allanamientos de la policía, así como extorsiones y chantajes.

Las personas que se dedican al trabajo sexual en Buenos Aires informaron también de restricciones para acceder a los servicios de salud, entre ellos una enorme estigmatización y discriminación.

“Realmente no teníamos acceso a los servicios de salud, porque siempre que íbamos a un hospital los médicos se burlaban o nos atendían en último lugar”, dijo a Amnistía Internacional una persona trans que se había dedicado al trabajo sexual.

Amnistía Internacional comprobó que estos obstáculos habían hecho que algunas personas que realizaban trabajo sexual prescindieran por completo de estos servicios.

Hong Kong
En Hong Kong, vender servicios sexuales no es ilegal si se trata de una persona que lo hace en un domicilio particular. Sin embargo, trabajar en lugares aislados deja a las trabajadoras y los trabajadores sexuales en situación vulnerable, expuestos a sufrir robos, agresiones físicas y violaciones.

En su calidad de trabajadora sexual, Queen contó a Amnistía Internacional: “No he denunciado nunca ningún delito, como violación, porque temo que me acusen de ofrecer servicios sexuales.”

Las personas dedicadas al trabajo sexual en Hong Kong no sólo reciben poca protección de la policía, sino que a veces son sometidas deliberadamente a acoso por ella.

La investigación de Amnistía Internacional revela que los agentes de policía ejercen a menudo sus atribuciones de manera indebida para atrapar y sancionar a estas personas tendiéndoles trampas, extorsionándolas y coaccionándolas. Se permite que agentes de policía de incógnito reciban en el curso de su trabajo determinados servicios sexuales de personas dedicadas al trabajo sexual para conseguir pruebas. Amnistía Internacional ha registrado también casos de policías o individuos que afirmaban serlo que dijeron a trabajadoras o trabajadores sexuales que podían librarse de sanciones legales si les daban dinero o sexo “gratis”.

Las personas trans dedicadas al trabajo sexual suelen ser objeto de prácticas policiales especialmente abusivas, como humillantes e invasivos cacheos integrales, practicados por agentes varones a mujeres trans.

“Hay mucho manoseo y mucha mofa”, explicó un abogado que defiende a personas trans dedicadas al trabajo sexual en Hong Kong.

Tras su detención, las trabajadoras sexuales trans pueden ser enviadas a centros de detención para hombres y a unidades especiales para personas con enfermedades mentales.

Papúa Nueva Guinea
En Papúa Nueva Guinea es ilegal vivir del trabajo sexual y organizar actividades de comercio sexual. La homosexualidad también está penalizada y es la principal causa de procesamiento de trabajadores sexuales.

La investigación de Amnistía Internacional ha determinado que esta legislación penal permite a la policía amenazar, extorsionar y detener arbitrariamente a las personas dedicadas al trabajo sexual.

Las trabajadoras y los trabajadores sexuales de Papúa Nueva Guinea sufren en grado extremo estigmatización, discriminación y violencia, incluidos la violación y el asesinato. Según una encuesta de investigación académica de 2010, en un periodo de seis meses el 50% de las personas dedicadas al trabajo sexual en la capital del país, Port Moresby, habían sido violadas por clientes o por la policía.

Amnistía Internacional escuchó testimonios terribles de personas que habían sido sometidas a violación y abusos sexuales por agentes de policía, clientes y otros agresores, pero tenían demasiado miedo para denunciarlo porque incluso ellas mismas se consideraban “ilegales”.

Mona, trabajadora sexual sin hogar, contó a Amnistía Internacional: “La policía comenzó a golpear a mi amigo [un cliente] y a mí […] Seis agentes tuvieron sexo conmigo uno tras otro. Estaban armados, así que tuve que hacerlo. No tengo ningún apoyo para denunciarlos ante los tribunales. Fue muy doloroso, pero lo he dejado estar. Si recurro a la ley, no podrán ayudarme, porque el trabajo sexual es ilegal en Papúa Nueva Guinea.”

La policía de Papúa Nueva Guinea ha utilizado preservativos como prueba contra personas dedicadas al trabajo sexual, a quienes a menudo se estigmatiza y se acusa de ser “propagadoras” de enfermedades. Esta práctica hace que muchas se abstengan de buscar información y servicios de salud sexual y reproductiva, incluso para el VIH/sida.

Mary, trabajadora sexual, explicó: “Cuando nos atrapa o nos retiene la policía, si nos encuentran condones nos golpean y dicen que promovemos el sexo o que somos las que propagamos enfermedades de esas como el VIH. La policía pide dinero; nos amenaza o nos dice que le demos tanto. Nosotras se lo damos, porque tenemos miedo de que nos golpeen si no.”

La posición de Amnistía Internacional

La posición de Amnistía Internacional ante la situación que sufren trabajadoras y trabajadores sexuales de todo el mundo es la culminación de extensas consultas de ámbito mundial, un minucioso examen de datos sustanciales y normas internacionales de derechos humanos e investigación directa, llevados a cabo a lo largo de más de dos años.

Su aprobación formal y su publicación son el resultado de una decisión democrática, tomada por Amnistía Internacional en agosto de 2015 y de la que se informó ampliamente entonces.

En ella se insta a los gobiernos a:

 

  • Garantizar que todas las personas tienen acceso a sus derechos económicos, sociales y culturales, a la educación y a oportunidades de empleo

 

  • Eliminar los estereotipos de género perjudiciales y todas las formas de discriminación y las desigualdades estructurales que puedan llevar a grupos marginados a vender servicios sexuales en cantidad desproporcionada

 

  • Reformular las leyes relativas al trabajo sexual para eliminar los delitos de carácter muy general que criminalizan la mayoría de los aspectos –si no todos– del trabajo sexual y convertirlas en leyes que brinden protección frente a la coacción (incluida la trata de personas) y los actos de explotación y abuso y prevengan la participación de niños y niñas en el comercio sexual.

 

  • Eliminar la regulación penal y cualquier otra regulación punitiva del trabajo sexual con consentimiento entre personas adultas, ya que refuerzan la marginación, el estigma y la discriminación y pueden negar a las personas que se dedican al trabajo sexual el acceso a la justicia bajo el amparo de la ley.

 

  • Garantizar la participación de las trabajadoras y los trabajadores sexuales en la elaboración de las leyes y políticas que afectan directamente a su vida y su seguridad.

 

  • Garantizar marcos efectivos que permitan a las personas abandonar el trabajo sexual cuando así lo decidan.

 

  • Garantizar que las trabajadoras y los trabajadores sexuales gozan de igualdad de acceso a la justicia, la atención médica y otros servicios públicos, e igualdad de protección ante la ley.

 

El proceso de consulta sobre esta posición se complementó con investigaciones existentes de Amnistía Internacional sobre derechos humanos que ponen de relieve los abusos y violaciones de derechos humanos contra trabajadoras y trabajadores sexuales, en concreto con:

  • Un informe de 2010 sobre la violencia contra las mujeres en Uganda, en el que la organización denunció casos de mujeres a quienes dijeron que, como vendían sexo “lo estaban pidiendo”, y que “una prostituta no puede ser violada”.

 

  • Una declaración pública de 2012 en la que se pedía a Grecia que pusiera fin a la criminalización y el estigma de unas presuntas trabajadoras sexuales que habían resultado ser seropositivas.

 

  • Un informe de 2014 sobre el uso de la tortura en Nigeria y el modo en que la policía acosaba en particular a las personas dedicadas al trabajo sexual para extorsionarlas y violarlas.

 

  • Una Acción Urgente de 2014 sobre los ataques y homicidios de trabajadoras sexuales en Honduras

 

  • Una Acción Urgente de 2014 sobre el desalojo y los abusos de la policía contra personas dedicadas al trabajo sexual en Brasil

 

  • Un informe de 2015 sobre Túnez, donde se explicaba que las personas dedicadas al trabajo sexual están expuestas a sufrir explotación sexual, chantaje y extorsión, fundamentalmente de la policía.

 

Amnistía Internacional se ha sumado a un gran grupo de organizaciones de una amplia gama de disciplinas y áreas de conocimiento que apoyan o piden la despenalización del trabajo sexual con consentimiento. Entre ellas figuran la Alianza Global contra la Trata de Mujeres, la Comisión Global sobre VIH y Derecho, Human Rights Watch, ONUSIDA, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la salud y la Organización Mundial de la Salud.