¿Prostitución es trabajo? Consideraciones jurídicas en la sentencia de un juez español

 

 

En la sentencia que sigue, el juez Don Joan Agustí Maragall hace un análisis exhaustivo de la jurisprudencia relativa al carácter laboral o no de la prostitución ejercida por cuenta ajena y, por extensión, de la situación legal de la prostitución hoy en España. Por su interés, he extractado esta segunda parte de la sentencia en la que desarrolla esas consideraciones, omitiendo el caso en sí y sus circunstancias procesales, que en cualquier caso pueden ser consultados en su totalidad en el siguiente enlace.

 

http://www.laboral-social.com/files-laboral/NSJ051287_0.pdf

 

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 10 DE BARCELONA

Sentencia 50/2015, de 18 de febrero de 2015

Rec. n.º 835/2013

SUMARIO:

Naturaleza laboral de la actividad desempeñada. Prestación de servicios de prostitución en centro de masajes a cambio de una retribución. En el actual marco regulador de la prostitución (regulación administrativa y despenalización aplicativa), mientras el Estado Español no asuma las recomendaciones de la Resolución del Parlamento Europeo de 26-2-2014, conforme a la cual no solo la prostitución forzada, sino la simple prostitución y la explotación sexual son cuestiones con un gran componente de género y constituyen violaciones de la dignidad humana contrarias a los principios de igualdad de género y a los contenidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el ejercicio libre, sin coacción y de manera no forzada, de la mencionada actividad, bajo la dirección y dependencia de una empresa, no es motivo de ilícito penal ni de lesión de derechos fundamentales individuales que impidan el reconocimiento de laboralidad postulado.

PRECEPTOS:

Constitución Española, art. 35.

Ley Orgánica 6/1985 (LOPJ), art. 7.

Ley Orgánica 10/1995 (CP), art. 188.

Código Civil, arts. 1.271 y 1.275.

PONENTE:

Don Joan Agustí Maragall.

 

(…)

Se trata, en definitiva, de una prestación voluntaria de servicios sexuales a los clientes de la empresaria demandada, en su local, por cuenta y bajo la dependencia y organización de la misma, a cambio de una retribución previamente convenida.

 

La concurrencia de los rasgos esenciales de todo contrato laboral en la relación descrita resulta evidente y no admite mucha discusión: prestación voluntaria de servicios, retribución, dependencia y ajenidad en los frutos.

 

El único e importante obstáculo para la estimación de la demanda radica en el posible carácter ilícito del objeto del contrato, al tratarse de servicios de prostitución, obstáculo que -por cierto- ni se analiza en la demanda ni ha sido opuesto por la empresaria demandada. Ha sido este magistrado quien, emitido el informe de conclusiones por todas las partes y de conformidad a la previsión del art. 87.3 LRJS, ha planteado tal cuestión a fin de que alegaran al respecto.

 

  1. Distinción jurisprudencial entre relación de alterne y de prostitución.

 

El análisis exhaustivo de las bases de datos jurisprudenciales, salvo error u omisión, ha llevado a este magistrado a la conclusión de que no existen precedentes jurisprudenciales que hayan reconocido como relación laboral la libre prestación de servicios de prostitución por cuenta ajena, aunque sí numerosos pronunciamientos que sí la han apreciado en la denominada “relación de alterne”.

Como es sabido, en la clásica relación de “alterne” la trabajadora recibe del titular del local una retribución exclusivamente por alternar con la clientela y estimularla en el consumo de bebidas; la prestación de servicios sexuales, en su caso, los concierta y presta la trabajadora con el cliente, a iniciativa y por cuenta propia, en el propio local y liquidando al mismo propietario un precio por el alquiler de la habitación.

 

En el presente caso, por contra, nos hallamos ante una relación de prostitución por cuenta ajena clara y diáfana, no enmascarada o interferida por una paralela o confluente relación de alterne.

Hasta el momento, los juzgados y tribunales de lo social han negado categóricamente la posibilidad de que exista y pueda ser válido un contrato de trabajo que dé cobertura a las situaciones de explotación lucrativa de la prostitución, al considerar que para que el contrato de trabajo pueda reputarse válido es imprescindible que su objeto y causa sean lícitos, considerándose que la explotación sexual de una persona no reúne ni puede reunir esta condición, aunque el ejercicio de la prostitución sea una decisión voluntaria de la persona que la ejerce.

 

Exponente de esta doctrina es la sentencia del TSJ de Galicia de 10.11.04, recurso de Suplicación núm. 3598/2004:

 

TERCERO. (….). Pero, en el caso de autos, no estamos ante una situación de alterne, sino, como expresamente se afirma en la fundamentación jurídica de la sentencia de instancia, con evidente valor fáctico, ante una “actividad (que) excede de la consecución de consumiciones ” -Fundamento de Derecho Cuarto-. Si estamos ante una situación de prostitución no existe, en modo alguno, una infracción de la jurisprudencia sobre la laboralidad de la prestación de servicios de alterne, de donde, en conclusión, la denuncia jurídica deberá ser rechazada.

 

A mayor abundamiento, debemos aclarar que, a juicio de la Sala, son totalmente compartibles los argumentos utilizados en la sentencia de instancia sobre la ilicitud de un contrato de trabajo cuyo objeto fuese la prostitución de la supuesta trabajadora al ser la explotación de la prostitución ajena una forma de violencia de género, de esclavitud de las mujeres y de actividad contraria a la moral. Pero es más -y aunque por la fecha de los hechos de autos no le sea aplicable a la sociedad limitada demandada-, actualmente sería un acto delictivo en la medida en que, siguiendo las tesis abolicionistas del Convenio para la reprensión de la trata de personas y de la prostitución ajena, adoptado el 2.12.1949, desde la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, modificadora del artículo 188 del Código Penal, resulta castigado “el que se lucre explotando la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de la misma “.

 

Como ha advertido un sector de la doctrina científica (Raquel Serrano “La despenalización parcial del proxenitismo y sus paradojas”), este criterio de la jurisprudencia plantea un decisivo elemento de desencuentro con la regulación penal del proxenetismo, que se analizará más adelante: la ilicitud del proxenetismo en el ámbito laboral no depende del carácter voluntario/consentido o no de su ejercicio por parte de quien ejerce la prostitución. Dicho de otro modo, el consentimiento de la persona que ejerce la prostitución es irrelevante. La ilicitud derivaría -según el criterio jurisprudencial expuesto- de la propia causa y objeto del contrato: el ejercicio de la prostitución por parte de una persona no puede ser ni objeto ni causa lícita de un contrato de trabajo ya que, por definición, el trabajo asalariado es un trabajo por cuenta ajena y subordinado a las órdenes y ámbito de organización de otra persona, de manera que las notas típicas del trabajo asalariado – la ajenidad y la dependencia – determinan la incompatibilidad absoluta del proxenetismo en régimen laboral con la libertad y la dignidad humanas. En razón de ello, la tutela judicial efectiva de los derechos laborales de las personas que ejercen la prostitución se alcanza a través de una distinción entre la actividad de alterne, donde sí cabe la existencia de una relación laboral o contrato de trabajo, y la actividad de prostitución. Con todo, esta distinción entre ambas actividades se intuye -en ocasiones- artificial o ficticia, en la medida en que la actividad de alterne no deja de ser en la mayoría de los casos meramente instrumental en orden a propiciar relaciones sexuales con los clientes.

 

En el presente caso, por el contrario y como ya se ha avanzado, no concurre una relación paralela de alterne: estamos en presencia -exclusivamente- de una prestación voluntaria de servicios sexuales, a cambio de una retribución, por cuenta de la empresaria, propietaria del prostíbulo (comercializado como “Centro de Masajes”), bajo la dirección y dependencia de la misma, en la persona de su encargada. No cabe, pues, como en la sentencia reproducida (y en tantas otras dictadas por la mayoría de Tribunales Superiores de Justicia), reconocer la laboralidad exclusivamente de una relación paralela de una inexistente relación de “alterne por cuenta ajena”.

 

Ello aboca a este magistrado a tener que resolver si asume o no el criterio de la doctrina expuesta, en el sentido que no puede calificarse como laboral una relación que, a pesar de reunir los rasgos esenciales de laboralidad, tendría una causa y/o objeto ilícito y, además, atentaría frontalmente a derechos fundamentales, cuestiones ambas que se abordan a continuación.

 

V. Primer obstáculo al reconocimiento de laboralidad: la -controvertida- ilicitud de la prostitución libremente ejercida por cuenta ajena.

 

Este primer obstáculo para la calificación como laboral de la relación tendría su fundamento en los artículos 1271 y 1275 del Codigo Civil, ya que -según el primero- sólo se admitiría como “objeto de contrato todos los servicios que no sean contrarios a las leyes o a las buenas costumbres”, mientras que el segundo dispone que “Los contratos sin causa, o con causa ilícita, no producen efecto alguno. Es ilícita la causa cuando se opone a las leyes o a la moral”.

 

El art. 188.1 del Código Penal, desde su reforma del año 2003, incorpora en el delito, denominado “de determinación a la prostitución” también a la ejercida por cuenta ajena, a pesar del libre consentimiento (como ha quedado acreditado en el presente caso) y no solamente cuando fuera “empleando violencia intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima”:

 

“Art. 188. 1º- El que determine, empleando violencia intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, a persona mayor de edad a ejercer la prostitución o a mantenerse en ella, será castigado con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de 12 a 24 meses. En la misma pena incurrirá el que se lucre explotando la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de la misma.”

 

Esta importante modificación supuso la vuelta a la penalización de la explotación de la prostitución, que el legislador de 1995 había despenalizado salvo en supuestos de proxenitismo. El artículo 188.1º del CP, tal y como se ha trascrito, es el que actualmente regula la prostitución de mayores de edad. El citado tipifica de forma incondicional la explotación de esta actividad, con o sin el consentimiento de la prostituta.

 

Es en razón de tal consideración como delictiva de la explotación de la prostitución ajena, aún consentida, la jurisprudencia social ya referida ha entendido -explícita o implícitamenteque se imposibilitaba la posible calificación de laboral ordinaria de la relación de prostitución por cuenta ajena, al tratarse de una explotación económica directa, que quedaría incluida en el tipo previsto en el artículo 188.1º del Código penal. Por tanto quedaría fuera del tráfico jurídico esta actividad, por delictiva, al no poder constituir el objeto de un contrato (incluido el laboral), de acuerdo con lo previsto en el artículo 1975 del Código civil.

 

Considera este magistrado, ello no obstante, siguiendo en esto a la mayoría de la doctrina científica, que el análisis de la propia evolución de la jurisprudencial penal, permiten ahora mismo sostener la conclusión contraria. Exponente de esta evolución o interpretación doctrinal es la STS, Sala de lo Penal, 425/2009, de 14 de abril, que dio un importante paso cualitativo en favor del reconocimiento de la legalidad de la prostitución por cuenta ajena al afirmar que «la cuestión de la prostitución voluntaria, bien por cuenta propia o dependiendo de un tercero que establece unas condiciones de trabajo que no conculquen los derechos de los trabajadores no puede solventarse con enfoques morales o concepciones ético-sociológicas ya que afecta a aspectos de la voluntad que no pueden ser coartados por el derecho…».

 

En la misma línea jurisprudencial, y también en la relación de prostitución por cuenta ajena no coercitiva, sólo cabria hablar del delito de “explotación laboral” cuando detecta condiciones abusivas de trabajo ( STS 651/2006, de 5 de junio) y se refiere a “explotación sexual lucrativa” cuando hay “grave riesgo para los derechos” ( STS 152/2008, de 8 de abril).

 

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo asume, así, una interpretación restrictiva del delito de proxenetismo, con el argumento de que no cabe asociar la misma pena a los actos violentos e intimidatorios que a la acción de lucrarse o vivir a costa de la prostitución ajena. Solo estaría penalmente prohibido el proxenetismo en el marco de la prostitución forzada. Y a tales efectos, el consentimiento de la persona que ejerce la prostitución juega un papel decisivo en cuanto garantía de su libertad sexual, resultando únicamente irrelevante el prestado por una persona que se halle mantenida en el ejercicio de la prostitución mediante el empleo de violencia, intimidación, engaño o como víctima del abuso de superioridad o de su situación de necesidad o vulnerabilidad. O cuando se aprecia delito de “explotación laboral” por concurrir condiciones abusivas de trabajo.

 

Y en el presente caso, como declaró la trabajadora comparecida a pregunta de este magistrado, ejerció la prostitución por cuenta ajena de forma libre, no coaccionada (más allá, obviamente, de la situación social y económica que puede haberla inducido al ejercicio de la prostitución), sin que ni ella, ni la Inspección de Trabajo, ni la TGSS, en su demanda de oficio, hayan puesto de manifiesto “condiciones abusivas de trabajo” o de “grave riesgo para los derechos”. Y, en congruencia con ello, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Barcelona de 5.11.12 se acordó el sobreseimiento y posterior archivo de las diligencias previas incoadas.

 

Por consiguiente, no apreciándose en el presente caso la concurrencia de ilícito penal, a la luz de la expuesta jurisprudencia penal, no podrá entenderse -como obstáculo al pretendido reconocimiento de laboralidad- la ilicitud ni de la causa ni del objeto del contrato.

 

VI. Segundo obstáculo al reconocimiento de laboralidad: la posible lesión de derechos fundamentales y atentado a la dignidad de la persona.

 

1.- La posición de la jurisprudencia social.

 

Quizás mayor complejidad requiere el abordaje y resolución del segundo motivo o razón que ha impedido, hasta ahora, el reconocimiento como laboral de la relación de prostitución por cuenta ajena por parte de la jurisdicción social. Según la jurisprudencia ya referida, toda relación de prostitución, intrínsecamente, es contraria a la dignidad de la persona y a los derechos que le son inherentes (art. 10 CE), y contraviene derechos fundamentales como son la libertad, la igualdad y la integridad física y moral (la referencia al derecho al honor ya prácticamente no se invoca, como derecho lesionado).

 

Así, la sentencia del TSJ de Galicia de 10.11.04 (sup.nº. 3598/2004), considera “la explotación de la prostitución ajena una forma de violencia de género, de esclavitud de las mujeres y de actividad contraria a la moral”, mientras que la sentencia del TSJ de Catalunya de 15.5.2009, (sup. 101/08), se pronuncia categóricamente en los siguientes términos:

 

“ha de confirmar la valoració que fa la magistrada de instància, en el sentit de indicar que l’explotació del negoci de prostitució aliena, en la mesura que atempta contra als drets fonaments de la persona, no pot ser objecte del contracte, i determina la seva nul litat, recordant la vigència del Conveni per a la repressió de la tracta de persones i prostitució aliena, de 2-12-1949, aplicat efectivament des de la Llei Orgànica 11/2003, de 29 de setembre modificadora del Codi penal , que en l’article 188-1 , que penalitza la explotació de la prostitució aliena.

 

Efectivament, excedeix totalment dels límits de mínims de la normativa laboral el fet que l’empresa pugui vendre o disposar de l’ús del cos de les treballadores com a objecte de negoci o intercanvi sexual amb els clients. Aquest principi laboral és dedueix directament de la Constitució Espanyola , quan regula el dret fonamental a la integritat física i moral, sense que en cap cas, puguin ser sotmeses a tortura ni a penes o tractes inhumans o degradants ( art. 15 CE ). També del Estatut dels Treballadors , quan estableix el dret a la integritat física i al respecte a la seva intimitat i a la consideració deguda a la seva dignitat, article 4.1.d) e ) compresa la protecció front al assetjament sexual i al assetjament per raó de sexe.”

 

2.- La antagónica posición mayoritaria de la doctrina científica.

 

Frente a este unánime criterio jurisprudencial, la mayoría de la doctrina científica se posiciona clara y categóricamente en sentido contrario. Exponente de este criterio, desde el ámbito del derecho penal, sería la catedrática M.L. Maqueda Abreu (“Hacia una justicia de los derechos”, Diario La Ley, 16.3.10), en su critica a la “tesis abolicionista”:

 

“La tesis actual es que se están defendiendo derechos constitucionales: la igualdad, la libertad o la dignidad de la mujer serían los que se verían comprometidos con la legalización de la prostitución. Según el nuevo ideario abolicionista, ésta debe seguir siendo negocio ilícito porque consiste en el arrendamiento temporal del cuerpo de la mujer, a la que a cambio de dinero se la despoja de su condición de persona, reduciéndola a mero objeto de placer para el cliente. Es la explicación que ofrece, por ejemplo, el Instituto de la Mujer de la causa de la ilicitud y de la nulidad de cualquier contrato que tuviera a la prostitución por objeto.

 

Hay mucho que cuestionar de una afirmación que parece confundir un contrato sexual con un contrato de esclavitud. Hablando de prostitución voluntaria, que es de lo que hablamos, ¿cómo admitir que un contrato libremente pactado despoje a una de las partes de su condición de persona?, ¿por qué entender que la venta de servicios sexuales atenta contra la dignidad de quien libremente la decide? Y, sobre todo, ¿hay algo más indigno y degradante que no ser reconocido como sujeto capaz de adoptar decisiones libres? Bajo una «política del derecho» y no meramente ideológica, creo que no es posible seguir manteniendo un reconocimiento de la capacidad de autodeterminación personal en el ámbito sexual que se haga depender de una noción de dignidad – selectiva-, que pueda ser negada en el caso de la prostitución. Entre otras razones, porque no parece una lectura compatible con la jurisprudencia constitucional, teniendo en cuenta la vertiente positiva que ésta ofrece de la idea de dignidad -como correlato de la libertad- e igual para todos.

 

Recuérdese, por ejemplo, la STC 192/2003, de 27 de octubre, donde señala que «la dignidad personal del trabajador debe ser entendida como el derecho de todas las personas a un trato que no contradiga su condición de ser racional, igual y libre, capaz de determinar su conducta en relación consigo mismo y su entorno, esto es, la capacidad de autodeterminación consciente y responsable de la propia vida». Resulta inaceptable que esta teoría general pueda ser olvidada en relación con una actividad laboral concreta, como la del trabajo sexual.”

 

En la misma línea, como exponente de la doctrina iuslaboralista, el profesor Fernando Fita (“La prostitución: posible objeto de un contrato de trabajo…”, Revista de Derecho Social nº 47, 2009), recopila y se hace eco de distintos trabajos doctrinales y aborda, para descartarla, la posible colisión de la laboralización de la prostitución no forzada por cuenta ajena, tanto respecto a la libertad como en relación al fundamento constitucional de la “dignidad” .

 

Invirtiendo el orden de su exposición y en relación a la dignidad, descarta la colisión en base a la configuración constitucional del derecho a la dignidad, como “derecho de todas las personas a un trato que no contradiga su condición de ser racional igual y libre, capaz de determinar su conducta en relación consigo mismo y su entorno, esto es, la capacidad de autodeterminación consciente y responsable de la propia vida” (STC 192/03). Considera que la valoración como indigna de la actividad de la prostitución responde a una valoración de tipo moral, que no puede imponerse al libre arbitrio individual, y que solamente sería predicable de las condiciones en las que se ejerce, lo cual quedaría reparado con la regulación y tutela de su ejercicio por parte de la normativa laboral, al contribuir a su inclusión social, coadyuvando a restituirles la dignidad que tradicional e injustificadamente se les ha negado. Y añade que resulta hipócrita negar este estatus de trabajo digno de protección jurídica, cuando dicha legitimación ya existe para los empresarios de la industria sexual.

 

Respecto de la libertad de ejercicio de actividad económica, invoca el art. 35 CE, y el art. 4 del CEDH, con la única limitación del respeto al ordenamiento jurídico y a los valores y principios inherentes al mismo, concluyendo que “en el caso del colectivo de mujeres prostituidas parece claro que la vía más adecuada para lograrlo es la de su reconocimiento legal, restituyendo la debida consideración social…”. Y en relación a la libertad sexual, la considera implícitamente reconocida en la libertad individual en sentido amplio, pudiendo reconducirse al derecho a la intimidad personal consagrado en el art. 18 CE, como han reconocido diversas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (22.10.81, 25.3.92 y 22.2.94).

 

Quedaría por resolver, ello no obstante, la posible colisión de la pretendida regularización con el principio de igualdad, con la necesaria perspectiva de género, cuestión que -a criterio de este magistrado – debe abordarse desde el ámbito comunitario por lo que a continuación se expondrá.

 

3.- El marco comunitario: de la STJCE de 20.11.01 a la Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género.

 

En el acto del juicio, la empresaria demandada, en forma subsidiaria a la negación de la relación de prostitución por cuenta ajena, invocó la la STJCE de 20.11.01 que, si bien referida a la prostitución por cuenta propia, dejó bien claro -en aquel momento- que el entonces TJCE no asumía los presupuestos ideológicos de las posiciones abolicionista y prohibicionista al concluir afirmando que “la prostitución constituye una prestación de servicios remunerada, que está comprendida en el concepto de actividades económicas…. Se trata de una actividad por la que el prestador satisface, con carácter oneroso, una demanda del beneficiario sin producir o ceder bienes materiales…. La actividad de prostitución ejercida de manera independiente puede considerarse un servicio prestado a cambio de una remuneración y, por consiguiente, está incluido en el concepto de actividades económicas por cuenta propia o no salariadas “.

 

Pero este magistrado tiene serias dudas que el actual TJUE ahora mismo mantuviera dicha posición, a la vista de la Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género. Dicha resolución se dicta en base a los artículos 4 y 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948, el Convenio de las Naciones Unidas para la represión de la trata de personas y de explotación de la prostitución ajena, de 1949, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, de 1979, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, de 1993, el Protocolo de Palermo, de 2000, el objetivo estratégico D.3 de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, de 1995, el Convenio (nº 29) relativo al trabajo forzoso u obligatorio de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de Bruselas (11) de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) sobre la prevención y lucha contra la trata de seres humanos, las Recomendaciones del Consejo de Europa en este ámbito, tales como la Recomendación 11 (2000) sobre la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, la Recomendación 5 (2002) sobre la protección de las mujeres contra la violencia y la Recomendación 1545 (2002) relativa a campañas contra la trata de mujeres, el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, la Directiva 2011/36 relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y otras muchas resoluciones.

 

En base a este cuerpo normativo, efectúa -entre otras muchas- las siguientes consideraciones, que se reproducen a continuación por este juzgador por cuanto, como juez comunitario, al considerarlas insoslayables, seleccionando exclusivamente aquellas que hacen referencia -también- a “la prostitución” a secas, obviando las exclusivamente referidas a “trata de personas” o “prostitución forzada”:

 

“A. que la prostitución y la prostitución forzadas son un fenómeno con un componente de género y de dimensión mundial que afecta en torno a 40 – 42 millones de personas en todo el mundo, siendo la inmensa mayoría de las personas que se prostituyen mujeres y niñas y casi la totalidad de los usuarios hombres y que, por lo tanto, es al mismo tiempo causa y consecuencia de la desigualdad de género, lo que agrava aún más el fenómeno;

 

B. Considerando que la prostitución y la prostitución forzada representan formas de esclavitud incompatibles con la dignidad de la persona y con sus derechos fundamentales. (….)

E. Considerando que la prostitución y la prostitución forzada están intrínsecamente ligadas a la desigualdad de género en la sociedad y tienen un efecto en la posición social de las mujeres y los hombres en la sociedad así como en la percepción de las relaciones entre mujeres y hombres y en la sexualidad;(…)

 

H. Considerando que toda política relativa a la prostitución repercute en la consecución de la igualdad de género, afecta a la comprensión de las cuestiones de género y transmite mensajes y normas a la sociedad, incluidos los jóvenes;(…)

K. Considerando que en la prostitución todos los actos íntimos se rebajan a un valor mercantil y el ser humano queda reducido a mercancía o instrumento a disposición del cliente;

 

L. Considerando que la gran mayoría de las personas que ejercen la prostitución proceden de grupos vulnerables;(…)

 

S. Considerando que la presión bajo la cual se ejerce la actividad de prostitución puede ser directa y física, o indirecta, por ejemplo a través de presiones sobre la familia en el país de origen, y puede consistir en una coacción psicológica insidiosa;

 

U. Considerando que la Comisión, en su Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres (2010-2015), declara que «las desigualdades entre mujeres y hombres violan derechos fundamentales»;

 

V. Considerando que hay una enorme divergencia en el modo en que los Estados miembros abordan la prostitución, con dos enfoques fundamentales: un enfoque considera la prostitución como una violación de los derechos de las mujeres – una forma de esclavitud sexual- que da lugar y mantiene la desigualdad de género con respecto a las mujeres; el segundo enfoque sostiene que la prostitución promueve la igualdad de género al fomentar el derecho de la mujer a controlar qué desea hacer con su cuerpo; considerando que en ambos casos los Estados miembros tienen competencia para decidir cómo abordar la cuestión de la prostitución;

 

W. Considerando que, si bien existe una diferencia entre prostitución «forzada» y prostitución «voluntaria»;

 

X. Considerando que el asunto de la prostitución debe abordarse con una visión a largo plazo y según la perspectiva de la igualdad de género;

 

En base a las siguientes consideraciones, el Parlamento adopta -entre otros- los siguientes acuerdos, de entre los cuales se han seleccionado los más relevantes en orden al objeto que ahora nos interesa (la dimensión de género de la prostitución no forzada):

 

1. Reconoce que la prostitución, la prostitución forzada y la explotación sexual son cuestiones con un gran componente de género y constituyen violaciones de la dignidad humana contrarias a los principios de los derechos humanos, entre ellos la igualdad de género, y, por tanto, son contrarias a los principios de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluido el objetivo y el principio de la igualdad de género;

 

2. Señala que debe respetarse la salud de todas las mujeres, incluido el derecho a disponer de su cuerpo y a una sexualidad libre de coacción, discriminación y violencia;

  1. Hace hincapié en que la prostitución es también una cuestión de salud, puesto que tiene efectos perjudiciales en las personas que la ejercen, que tienen más probabilidades de sufrir traumas sexuales, físicos y mentales, ser adictas al alcohol y las drogas, perder el respeto por sí mismas y presentar un mayor índice de mortalidad que la población media; añade y destaca que muchos de los compradores de sexo piden sexo comercial sin protección, lo que incrementa el riesgo de efectos perjudiciales para la salud, tanto para las personas que ejercen la prostitución como para los compradores de sexo;

 

  1. Hace hincapié en que la prostitución forzada, la prostitución y la explotación en la industria del sexo tienen consecuencias físicas y sicológicas devastadoras y duraderas, incluso después de haber cesado la prostitución, para los individuos que se ven implicados en ella, especialmente niños y adolescentes, además de ser, a la vez, causa y consecuencia de la desigualdad de género y de perpetuar los estereotipos de género y el pensamiento estereotipado sobre las mujeres que venden sexo, como la idea de que el cuerpo de las mujeres y mujeres menores de edad está en venta para satisfacer la demanda masculina de sexo;

 

  1. Reconoce que la prostitución y la prostitución forzada pueden tener un impacto en la violencia contra las mujeres en general, ya que las investigaciones sobre los usuarios de servicios sexuales muestran que los hombres que pagan por sexo tienen una imagen degradante de la mujer ; sugiere, por consiguiente, a las autoridades nacionales competentes que la prohibición de comprar servicios sexuales vaya acompañada de una campaña de sensibilización de los hombres;

 

  1. Subraya que las personas prostituidas son especialmente vulnerables desde el punto de vista social, económico, físico, psíquico, emocional y familiar y corren más riesgo de sufrir violencia y daños que en cualquier otra actividad; destaca que se debe alentar, por lo tanto, a la fuerzas de policía nacionales a abordar, entre otras cosas, las bajas tasas de condena por violación de prostitutas; hace hincapié en que las personas prostituidas son asimismo objeto de oprobio público y están socialmente estigmatizadas, incluso si dejan de ejercer la prostitución;

 

  1. Atrae la atención sobre el hecho de que las prostitutas tienen derecho a la maternidad, y a criar y cuidar a sus hijos;

 

  1. Hace hincapié en que la normalización de la prostitución incide en la violencia contra la mujer; señala, en particular, que los hombres que compran sexo son más proclives a cometer actos sexuales coercitivos, así como otros actos de violencia, contra las mujeres y que, con frecuencia, muestran actitudes misóginas;

 

  1. Señala que entre el 80 y el 95 % de las personas que se prostituyen ha sufrido alguna forma de violencia antes de empezar a ejercer la prostitución (violación, incesto, pedofilia), el 62 % declara haber sufrido una violación y el 68 % sufre trastornos de estrés postraumático, un porcentaje similar al de las víctimas de tortura(26) ;

 

  1. Hace hincapié en que la normalización de la prostitución afecta a la percepción de los jóvenes de la sexualidad y de la relación entre hombres y mujeres;

 

  1. Subraya que no debe penalizarse a las personas que ejercen la prostitución y pide a todos los Estados miembros que deroguen la legislación represiva contra las personas que ejercen la prostitución;

 

29.Considera que una manera de luchar contra el tráfico de mujeres y mujeres menores de edad con fines de explotación sexual y de mejorar la igualdad de género es el modelo aplicado en Suecia, Islandia y Noruega (el denominado modelo nórdico), que se está estudiando en diversos países europeos, en el que el delito lo constituye la compra de servicios sexuales, no los servicios de las personas que ejercen la prostitución;

 

  1. Opina que considerar la prostitución como un «trabajo sexual» legal, despenalizar la industria del sexo en general y legalizar el proxenetismo no es la solución para proteger a las mujeres y las mujeres menores de edad de la violencia y explotación, sino que produce el efecto contrario y aumenta el riesgo de que sufran un mayor nivel de violencia, al tiempo que se fomenta el crecimiento de los mercados de la prostitución y, por tanto, el número de mujeres y mujeres menores de edad víctimas de abusos;

 

  1. Condena todo intento o discurso político basado en la idea de que la prostitución puede ser una solución para las mujeres migrantes en Europa;

 

  1. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a poner en marcha los medios y herramientas necesarios para combatir la trata y la explotación sexual y para reducir la prostitución, como violaciones de los derechos fundamentales de las mujeres, en especial de las menores de edad, y de la igualdad de género;

 

  1. Pide a los Estados miembros que transpongan en la legislación nacional lo antes posible, en especial en lo que respecta a la protección de las víctimas, la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JI del Consejo;

 

  1. Insta a los Estados miembros a que evalúen tanto los efectos positivos como negativos que la penalización de la compra de servicios sexuales tiene en la reducción de la prostitución y la trata de personas;

 

  1. Insta a la UE y a sus Estados miembros a que establezcan políticas de prevención específicas en materia de género en los países de origen de las personas prostituidas como consecuencia de trata de seres humanos, dirigidas tanto a los compradores de servicios sexuales como a mujeres y menores, mediante sanciones, campañas de concienciación y educación;

 

  1. Solicita a la UE y a los Estados miembros que adopten medidas para desalentar la práctica del turismo sexual dentro y fuera de la UE.

 

La relevancia de esta Resolución del Parlamento Europeo, a criterio de este juzgador, es obvia:

 

Aún cuando la misma carece, lógicamente, de eficacia normativa, sí reconoce al fenómeno de la prostitución, aún la no forzada, una dimensión de género absolutamente ineludible para el juez nacional, de la que no puede prescindir. Más concretamente, la primera manifestación, conforme ” la prostitución, la prostitución forzada y la explotación sexual son cuestiones con un gran componente de género y constituyen violaciones de la dignidad humana contrarias a los principios de los derechos humanos, entre ellos la igualdad de género, y, por tanto, son contrarias a los principios de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluido el objetivo y el principio de la igualdad de género” integra una valoración que, en aplicación de la LOIEHM 3/07 no puede ser soslayada en la resolución del presente pleito.

 

VII. Conclusión: inexistencia de obstáculo legal o de constitucionalidad para el reconocimiento de laboralidad en el caso enjuiciado, aún desde la obligada perspectiva de género.

 

Recapitulando: le corresponde a este magistrado dilucidar, constatada la concurrencia de los requisitos que conforman toda relación laboral y superado ya el posible obstáculo de la ilicitud de la causa y/o objeto del contrato, si en la relación de prostitución que debe enjuiciar puede apreciarse la concurrencia de lesión de derechos fundamentales que impida el reconocimiento de laboralidad. O -a la vista de la Resolución del Parlamento Europeo de 24.2.14- un mandato comunitario, desde la perspectiva de género, que impida tal reconocimiento.

 

Ciertamente, desde la posición de la única trabajadora comparecida y como ya se ha razonado, en ningún momento ha afirmado o denunciado -ni ella ni su letrada- que en la prestación de servicios sexuales por cuenta de la empresaria demandada viera vulnerados su libertad, su dignidad o el resto de sus derechos fundamentales.

 

Pero tal conclusión, por si sola, no agota el análisis. Este magistrado, de oficio, puede apreciar que en la prestación de los servicios sexuales que debe calificar concurre manifiestamente la vulneración de uno o varios derechos fundamentales, por mandato del art. 7 LOPJ. Y, además, la Ley Orgánica de Igualdad efectiva de mujeres y hombres (LO 3/07) establece que “la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas.”.

 

En razón de tal mandato interpretativo y aplicativo, este magistrado debe asumir el primer punto de 1a resolución del Parlamento Europeo de 26.2.14, conforme al cual no sólo “la prostitución forzada” sino la simple “prostitución”, y “la explotación sexual” “son cuestiones con un gran componente de género y constituyen violaciones de la dignidad humana contrarias a los principios de los derechos humanos, entre ellos la igualdad de género, y, por tanto, son contrarias a los principios de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluido el objetivo y el principio de la igualdad de género”.

 

Pudiera pensarse que, en congruencia con tan categórico pronunciamiento, ello le debiera determinar a desestimar el reconocimiento del carácter laboral de la relación de prostitución sometida a su consideración, atendiendo -además- al apartado 34 de la misma resolución, según el cual el Parlamento Europeo “Opina que considerar la prostitución como un «trabajo sexual» legal, despenalizar la industria del sexo en general y legalizar el proxenetismo no es la solución para proteger a las mujeres y las mujeres menores de edad de la violencia y explotación, sino que produce el efecto contrario y aumenta el riesgo de que sufran un mayor nivel de violencia, al tiempo que se fomenta el crecimiento de los mercados de la prostitución y, por tanto, el número de mujeres y mujeres menores de edad víctimas de abusos”.

 

Pero, precisamente por tratarse de una cuestión de género y por los derechos fundamentales que están implicados, considera este magistrado que en tanto el Estado Español -como ya han hecho diversos países comunitarios- no asuma el “modelo nórdico” de lucha contra la prostitución (recomendado en el apartado 29 de dicha resolución) no puede llegar a tal conclusión, por cuanto -paradójicamente- ello no haría más que agravar la situación, también desde la perspectiva de género, de las trabajadoras afectadas.

 

En efecto, siguiendo a la profesora Raquel Serrano, mientras el Estado Español siga ofreciendo cobertura legal al proxenetismo -vía reglamentación administrativa y despenalización aplicativa- sin ofrecer cobertura jurídica específica (específicos derechos) al ejercicio de la prostitución se agrava el atentado a la dignidad, a la libertad y la discriminación por razón de sexo.

 

En otras palabras: En tanto el Estado Español no asuma las recomendaciones de la indicada resolución en orden a la erradicación absoluta de todas las formas de prostitución, la actual situación de “alegalidad” y el no reconocimiento del carácter laboral de la relación no hace más que agravar enormemente la incuestionable lesión de la dignidad, la libertad y la igualdad que comporta toda relación de prostitución por cuenta ajena, para la inmensa mayoría de las mujeres que la ejercen.

 

Por ello, la conclusión a la que debe llegar este magistrado, asumiendo plenamente las consideraciones de dicha Resolución del Parlamento Europeo y precisamente por ser congruente con las mismas, con la tutela de los derechos fundamentales concernidos y desde la obligada perspectiva de género, es clara: en el actual marco regulador de la prostitución (regulación administrativa y despenalización aplicativa), habiendo quedado plenamente acreditado que las trabajadoras codemandas ejercían libremente, sin coacción y de manera no forzada, la prestación de servicios de prostitución por cuenta de la empresaria demandada, bajo su dirección y dependencia, no son de apreciar motivos de ilicitud penal ni de lesión de derechos fundamentales individuales que impidan el reconocimiento de laboralidad postulado por la TGSS y al que se ha allanado la trabajadora codemandada.

 

Por las razones expuestas, pues, debe ser íntegramente estimada la pretensión declarativa de la demanda.

 

DECIDO

 

Estimar la demanda de oficio interpuesta por TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL contra A, como empresaria, y contra las trabajadoras B, C i D en demanda en PROCEDIMIENTO DE OFICIO, y declarar que la relación existente entre la una y otras tiene o tuvo carácter laboral.

 

 

 

 

 

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Estigma y vergüenza

 

 

El estigma de puta es la vergüenza de ser puta. El estigma es externo e interno: el externo es el esfuerzo de la sociedad por avergonzar y el interno, la vergüenza que puede llegar a sentir la prostituta.

El esfuerzo por avergonzar se acompaña siempre de leyes y normas que limitan los derechos ciudadanos de las trabajadoras sexuales. Esas leyes y normas ven facilitada su aplicación por la imagen degradante que de la prostituta hacen continuamente los medios de comunicación, y a su vez, esas leyes y normas refuerzan esa imagen degradante.

El avergonzamiento externo debería ser ya una reliquia del pasado, como lo son el avergonzamiento por tener sexo fuera del matrimonio, por ser esposa adúltera, por ser madre soltera, por ser homosexual, etc. Con la conquista de los derechos individuales a la intimidad y a la decisión sobre el propio cuerpo y el cambio de la concepción del sexo de ser algo sucio y pecaminoso a ser una expresión de primer orden de la naturaleza humana, y el cambio de ser fuente inevitable de infecciones a ser algo que puede ser tratado con higiene y sin menoscabo de la salud, el estigma de puta debería haber desaparecido de la sociedad.

Pero algo se interpuso en el camino hacia la liberación del control moral de los curas: la aparición del feminismo abolicionista y su asquerosa alianza con los antiabortistas. Su esfuerzo continuado a lo largo de años, fuertemente financiado, ha impedido la desaparición —y, por el contrario, ha reforzado— el estigma, el criminal intento de avergonzar a las trabajadoras sexuales y hacerles la vida imposible.

El estigma interno es consecuencia del externo y es el que más daño hace a las trabajadoras sexuales. Induce sentimientos de pérdida de valor personal, de culpa, de vergüenza, de fatalismo… Paraliza a la trabajadora sexual en su lucha por conseguir sus derechos y facilita la explotación y la aceptación resignada de leyes injustas. Limita seriamente la calidad de vida, al obligar a llevar muchas veces una doble vida y a ocultarse como si una fuera una delincuente.

El estigma interno se vence el día que la persona reflexiona en que realmente no está haciendo nada malo, que el sexo que ella practica no es diferente del que practican todos los demás y que nadie se ve perjudicado por su trabajo. Pero a veces es difícil llegar a esa conclusión sin el fuerte apoyo entre compañeras y sin el apoyo de aliadas y aliados exteriores dispuestos a decir en público que las trabajadoras sexuales son mujeres dignas.

En todo caso, la eliminación del estigma interior no se puede lograr plenamente sin que desaparezca el externo, y éste no puede desaparecer si no se hacen desaparecer las leyes y ordenanzas que tratan a las trabajadoras sexuales como delincuentes y como personas incapaces de decidir por sí mismas y necesitadas, por tanto, de tutela.

Sólo el empoderamiento de las trabajadoras sexuales conseguirá echar abajo el estigma, y ese empoderamiento solo se alcanzará organizándose y luchando por los derechos.

Desde el momento que se dé el primer paso en ese sentido, estaremos empezando a quitarnos de encima la vergüenza y a arrojarla sobre quienes realmente la merecen: las abolicionistas mafiosas y criminales.

Litigio en los tribunales para conseguir los derechos constitucionales de las trabajadoras sexuales en California (EE.UU.)

 

 

Louis Sirkin, preeminente abogado especializado en la Primera Enmienda de la Constitución de los EE.UU., presentará las alegaciones

Nota de Prensa: Louis Sirkin prepara alegaciones orales históricas PDF

10 de octubre de 2017

https://esplerp.org/louis-sirkin-preeminent-first-amendment-lawyer-will-argue/

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 10 de octubre de 2017
Contacto: Maxine Doogan (41Five) 265-3302
info (AT) esplerp (DOT) org

Louis Sirkin, preeminente abogado especializado en la Primera Enmienda, será el defensor de la novena apelación del circuito que defiende la privacidad sexual contra la penalización del trabajo sexual.
El caso pionero planteado por activistas del trabajo sexual está programado para vista oral en el noveno circuito de apelación el 19 de octubre

El 19 de octubre a las 9 am, Louis Sirkin se pondrá de pie ante un panel de jueces en el Noveno Circuito de Apelaciones en San Francisco, en la última etapa de un largo proceso judicial que aboga por la intimidad sexual y contra la prohibición a través de la criminalización del trabajo sexual.

En marzo de 2015, el Proyecto de Investigación en Educación Jurídica de Proveedores de Servicios Eróticos (ESPLERP) lanzó un caso histórico en el Tribunal Federal de Distrito de Oakland, en el Tribunal Federal de Distrito de Oakland, en el que se impugna el Código Penal 647 (b) de la ley contra la prostitución de California argumentando que es inconstitucional y buscando descriminalizar el trabajo sexual. Ese caso ha llegado a la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito de Apelación, donde es apoyado por escritos presentados por más de treinta organizaciones de derechos civiles y LGBTQ. Y el 19 de octubre a las 9 de la mañana, el Noveno Circuito tiene previsto escuchar los Argumentos Orales.

El abogado principal de ESPLERP es Louis Sirkin, uno de los principales abogados de la Primera Enmienda y de defensa criminal del país. Durante más de 50 años de práctica, Sirkin ha defendido consistentemente la libertad de expresión y los derechos constitucionales de innumerables personas y empresas.

● Alcanzó la prominencia nacional en 1990 cuando defendió con éxito a Dennis Barrie, director del Centro de Arte Contemporáneo de Cincinnati, en contra de los cargos de obscenidad por mostrar la obra desnuda de Robert Mapplethorpe.
● En 2002 argumentó con éxito ante el Tribunal Supremo en Ashcroft v. Free Speech Coalition que la Ley de Prevención de Pornografía Infantil era inconstitucional.
● En 2005, en el caso Estados Unidos vs. Extreme Associates, argumentó con éxito que el derecho a la privacidad, recientemente confirmado y reforzado en el caso Lawrence vs. Texas, otorgaba a las personas el derecho constitucional de ver los materiales ofensivos en privado, un derecho que no puede ejercerse de manera significativa sin un derecho correspondiente de las empresas a distribuir dichos materiales.
● Y en 2008, fue el abogado principal en el caso Reliable Consultants vs. Abbott, donde el Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito consideró inconstitucional la ley de Texas que prohibía la venta y distribución de juguetes sexuales. En resumen, el tribunal, citando la sentencia del caso Lawrence vs. Texas, declaró: “El caso no es sobre sexo público. No se trata de controlar el comercio del sexo. Se trata de controlar lo que la gente hace en la intimidad de sus propios hogares porque el Estado se opone moralmente a cierto tipo de conducta íntima privada consensual. Esta es una justificación insuficiente para el estatuto después del caso Lawrence”.

“Toda mi carrera legal se ha centrado en la libertad de expresión y la privacidad”, dijo Louis Sirkin. “Y este caso es una extensión natural de ese trabajo. En el caso Lawrence vs. Texas, la Corte Suprema dejó en claro que el gobierno no podía usar la moralidad como base para regular la actividad sexual consensual privada “.

Los acusados ​​en el caso son varios abogados de California y luego el fiscal general de California, Kamala Harris, quien desde entonces ha sido reemplazado por Xavier Becerra. Sus argumentos orales probables, basados ​​en sus argumentos legales en sus escritos al Noveno Circuito, y en el reciente testimonio de Xavier Becerra ante el Congreso, parecen estar totalmente basados ​​en desaprobación moral, junto con una mezcolanza de afirmaciones espeluznantes sin fundamento sobre factores que no tienen nada que ver con el comportamiento privado entre adultos que consienten.

“Una larga lista de organizaciones internacionales, incluida Amnistía Internacional, la Organización Mundial de la Salud, la revista médica Lancet, Human Rights Watch y la Comisión Global de las Naciones Unidas sobre el VIH y el Derecho, han pedido la despenalización del trabajo sexual”, dijo Maxine Doogan, Presidente de ESPLERP. “Les gusta que reconozcamos que las leyes contra la prostitución criminalizan la vida privada de adultos que consienten, atacan los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y sus clientes y tienen efectos muy adversos sobre la salud y la seguridad públicas. Tenemos el abogado adecuado para discutir nuestro caso “.

“Ha hecho falta mucho tiempo llegar aquí – y estamos muy agradecidos a todos nuestros partidarios y aliados que lo hicieron posible”, dijo Claire Alwyne, de ESPLERP. “Esperamos que llegue nuestro día en el tribunal, y ava zar otro paso hacia el final de la guerra represiva contra el sexo”.

ESPLERP v Gascon es mayormente financiado por individuos que hacen pequeñas contribuciones, pero nuestros oponentes tienen bolsillos profundos – esencialmente usando nuestros dólares de contribuyentes para negarnos nuestros derechos. Las contribuciones para apoyar el caso judicial pueden ser presentadas a través del enlace de crowfunding – Liberate To Emancipate

Proveedores de Servicios Eróticos Proyectos de Derecho, Educación e Investigación (ESPLERP) es una coalición diversa basada en la comunidad que promueve los derechos de privacidad sexual a través de litigios, educación e investigación. Proveedores de Servicios Eróticos Proyecto Legal, Educación e Investigación (ESPLERP) 2261 Market St. # 548 San Francisco, CA 94114esplerp.org, decriminalizesexwork .com ###

Así se criminaliza el Trabajo Sexual callejero en Argentina

 

Multas y arresto de hasta 30 días por la vigencia de Códigos Contravencionales que datan de la última dictadura militar. ¡Basta!

 

#AbajoLosCódigos#LaCalleEsDeTodxs

 

El nuevo gobierno holandés penaliza aún más la prostitución

 

Felicia Anna

8 de octubre de 2017

 

http://behindtheredlightdistrict.blogspot.com.es/2017/10/new-dutch-government-criminalizes.html

 

Los Países Bajos están formando un nuevo gobierno, y parece estar casi terminado con sus propuestas. Ahora se están elaborando los últimos detalles de sus acuerdos y uno de ellos se refiere a la nueva política de prostitución. La nueva política de prostitución podría haber ido en cualquier sentido, ya sea a favor de las trabajadoras del sexo o contra ellas, ya que la nueva coalición está formada por VVD (liberales) y D66 (demócratas), pero también por dos partidos cristianos, CDA y ChristenUnie. Y especialmente el ChristenUnie es de una línea dura contra la prostitución, a pesar de que hábilmente la disfraza como una política de lucha contra la trata de seres humanos.

Hoy, sin embargo, se anunció que la nueva política de prostitución incluirá una prohibición del proxenetismo, criminalizando a cualquier proxeneta sin licencia. Y sí, sé lo que estáis pensando. ¿Podrían los proxenetas obtener licencias en los Países Bajos? Bueno, no. Por lo menos, no lo que la mayoría de la gente piensa que son proxenetas. Debido a que es exactamente donde la ChristenUnie tiene la ventaja: están mucho mejor informados sobre la prostitución, y lo están usando contra nosotras. Porque otros partidos pro-prostitución en general como D66 están menos informados, y el ChristenUnie está jugando muy bien esta carta durante las negociaciones.

Ni siquiera los informes de prensa saben qué es realmente el nuevo plan. Algunos informes de noticias reportan que la prohibición de los proxenetas será reintroducida. Otros informan que los “proxenetas ilegales” no sólo serán multados, sino que incluso irán a la cárcel. Pero la pregunta, por supuesto, es ¿puede una persona ser un proxeneta legal? Porque ¿hay algo como una licencia proxeneta? Bueno, no. No hay licencia para los proxenetas en los Países Bajos, así que por definición, todos los proxenetas son ilegales.

Ahora, para aquellos de vosotros que estáis pensando: ¿cómo es que los Países Bajos nunca han penalizado a los proxenetas? Bueno, si estás pensando en personas que obligan a las mujeres a la prostitución y / o las explotan, ya están penalizados, ya que esto se llama trata de personas. Así que si esto es lo que estáis hablando, un proxeneta simplemente se llama un tratante de personas, y esa persona ya es un delincuente por la ley holandesa. En resumen, esta nueva ley no combate la trata de personas, la prostitución forzosa ni la explotación. Pero parece estar hablando de algo más que un simple tratante de personas.

Es difícil determinar qué quiere decir exactamente la nueva coalición con proxeneta, ya que a menudo la gente no tiene ni idea de cuál es la definición de un proxeneta. Pero si tenemos que creer en los informes de noticias, están hablando de “personas que se benefician financieramente de las prostitutas”. Y el nuevo plan es penalizar a las personas que hacen esto sin una licencia.

Entonces, ¿quién será exactamente el blanco de esta nueva ley? Bueno, la lista de personas que podrían considerarse “personas que se benefician financieramente de prostitutas sin licencia” es muy larga. Por ejemplo, mi contable se beneficia financieramente de prostitutas, y él no tiene una licencia de prostitución. O, por ejemplo, mi madre, a quien frecuentemente envío dinero, para ayudarla. Pero la lista se hace mucho más larga. Por ejemplo chóferes que llevan a chicas escorts. O qué pensar de los chicos de seguridad, que protegen a las prostitutas de daños: tampoco tienen una licencia de prostitución.

En resumen, hay un montón de gente que se benefician de las prostitutas financieramente sin tener una licencia. Pero eso no los convierte en personas malas. De hecho, muchas de estas personas nos ayudan. Pero eso podría ser exactamente el plan de ChristenUnie: hacer nuestro trabajo mucho más difícil y reducir lentamente la prostitución en los Países Bajos de esta manera.

Pero lo más importante, esto no ayuda a combatir la trata de personas. Después de todo, sólo por penalizar a un grupo más grande de personas, no resulta más fácil encontrar pruebas en casos de trata de personas. Lo único que hace, es meter a mucha más gente en la cárcel sin razón. La otra cosa es que sólo hace que las vidas de muchas trabajadoras del sexo sean más difíciles. Y cuanto más difíciles sean sus vidas, más dependerán de los demás, y eso las hará vulnerables a la trata de personas. En resumen, esta ley sólo aumentará drásticamente la trata de personas.

Por supuesto, esto también resultará en más personas que son detenidas y finalmente condenadas. Y una vez que eso ocurra, la ChristenUnie tendrá estadísticas que muestren que el número de personas condenadas por beneficiarse de las prostitutas ha aumentado mucho, y dirá que su enfoque funciona, y más personas terminarán en la cárcel siendo realmente inocentes. En resumen, esta ley es extremadamente peligrosa, y me hace preguntar hasta dónde llegarán para etiquetar a las personas que “se benefician de la prostitución”. Quiero decir, ¿pronto detendrán también a los empleados del banco, porque el banco se está beneficiando de mí como prostituta, y no tiene una licencia para esto? Así que eso significa que los bancos van a empezar a rechazarme por miedo a ser vistos como proxenetas ilegales.

Y las cosas pueden salirse de quicio. Por ejemplo, incluso el supermercado se beneficia de que yo sea una prostituta. ¿Van a detener a la gente del supermercado? ¿Y eso significa que ellos también me rechazarán si descubren que soy una prostituta? En resumen, ¿tengo que empezar a ocultar el hecho de que soy una prostituta, por temor a que las personas que se benefician de mí no me dejen seguir comprándoles cosas o utilizar sus servicios? ¿Y esto no nos hace mucho más vulnrables?

Si nadie quiere hacer negocios con nosotras ya, porque serían considerados criminales, las únicas personas que todavía querrán hacer negocios con nosotras, son los verdaderos criminales, porque sabrán que somos vulnerables, para poder explotarnos mucho más fácilmente. En resumen, ¿esto no es sólo un atajo para entregar toda la industria a los criminales?

Lo más extraño es que utilizan el hecho de que la prostitución ilegal está creciendo como un argumento. Después de todo, la razón por la que la prostitución ilegal está creciendo en los Países Bajos, es debido al hecho de que ciudades como Ámsterdam, ha cerrado tal cantidad de burdeles de ventanas, por ejemplo. En resumen, esto es un resultado de sus propias regulaciones, no porque haya tantas prostitutas a las que les encanta trabajar ilegal. Las trabajadoras sexuales quieren trabajar legalmente, pero las ciudades lo hacen imposible al reducir los puestos de trabajo para las prostitutas en más del 40%.

En resumen, si realmente quieren reducir la prostitución ilegal, no deben ir a por las personas que se benefician de las prostitutas, sino que deben darnos los lugares de trabajo que hemos perdido debido a proyectos de gentrificación tales como el proyecto 1012 en Amsterdam, y el cierre de las ventanas de los barcos en Utrecht.

Buenos Aires: Sentencia reconoce el Trabajo Sexual Autónomo como lícito

 

http://www.ammar.org.ar/Sentencia-reconoce-el-Trabajo.html

 

En el marco de una causa iniciada por AMMAR con el fin de proteger a los/as trabajadores/as sexuales de la Provincia de Buenos Aires del constante hostigamiento sufrido por las fuerzas de seguridad mediante la aplicación de normas abiertamente inconstitucionales, un fallo avaló la licitud del trabajo sexual autónomo declarando la inconstitucionalidad del articulo 68 del Código de faltas de la Provincia de Buenos Aires.

 

20 de diciembre de 2012 – Desde la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina queremos compartir con la sociedad toda la alegría que nos genera dentro de un cuestionado poder judicial, jueces comprometidos que nos permiten volver a soñar con una Argentina para todos y todas, al haberse declarado inconstitucional el artículo 68 del código de faltas de la provincia de Buenos Aires, norma abiertamente inconstitucional creada para imponer la moralina del gobierno de facto imperante al momento de su sanción.

 

En un esperado fallo, el Tribunal Oral Criminal 5, en la causa 1910, de acción de amparo promovida por AMMAR, resolvió: “ 1) Hacer lugar a la acción de amparo interpuesta…, en favor de los/las trabajadoras sexuales de la provincia de Buenos Aires. 2) Declarar la inconstitucionalidad del artículo 68 del decreto ley 8031/73,por los fundamentos y citas legales expuestas en los considerados precedentes. 3) Exhortar al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires que se arbitren los medios para la correcta aplicación del artículo 15 de la ley 13482 en lo referente a los/las trabajadores/as sexuales de la provincia de Buenos Aires, de tal forma que la misma no se torne un acto discriminatorio por parte del personal policial en contra de dicho colectivo de personas”.

 

Este fallo además de brindar seguridad jurídica a quienes ejercen en las calles de la Ciudad de La Plata el trabajo sexual, brindó conceptos de importante valor en tiempos en que so pretextos de luchar contra la trata de personas se pretende imponer preconceptos morales de cierta parte de la población avasallando los derechos de las mujeres y hombres que ejercen esta actividad, afectando no solo a ellos sino a sus familias, al tratarse en la mayoría de los casos de jefes y jefas de hogar.

 

A lo largo de la resolución que compartimos los/as jueces/as del Tribunal, avalaron la medida intentada por nuestra organización al decir: “en la medida que “por cuestiones morales” se afecten derechos reconocidos constitucionalmente, son los jueces los garantes de hacer efectivos los mismos, sin perjuicio de los debates que pudieren fomentarse al respecto en los ámbitos políticos. El sistema jurídico en un estado democrático de derecho, debe preferir la solución que asegure el máximo respeto por el pluralismo en la elección de opciones y modos de vida.

 

Ya en relación al artículo impugnado por AMMAR, pero en clara alusión al carácter lícito del trabajo sexual autónomo, los magistrados afirmaron en referencia a nuestro trabajo “práctica que, conviene dejar sentado también puede ser ejecutada de forma tal que no perturbe a terceros con ruidos o desórdenes en la circulación, o como en otros países, en lugares cerrados con el control estricto del estado desde lo legal hasta lo sanitario. … Recordando una vez más que la prostitución NO ES DELITO. …Queda claro que la tranquilidad pública no es protegida por la norma, solamente se castiga a quien honestamente ejerce la prostitución. La prohibición contenida en el articulo 68 del decreto ley, se dirige a sancionar acciones privadas …. La moral pública no puede ser el patrón con el que se miden estas acciones, las que no pueden ser objeto de regulación por el derecho…” para más adelante afirmar que …la oferta de sexo por si misma carece de entidad suficiente para configurar el daño a terceros que se debería exigir para prohibirla legítimamente sin afectar el principio de reserva ni de legalidad…”.

 

A modo de síntesis y haciendo expresa referencia a los derechos que puede vulnerar una norma que pretenda como el artículo 68 del código contravencional afectar nuestro derecho a ejercer el trabajo sexual dejo asentado que “En síntesis la inconstitucionalidad del artículo 68 deviene de la circunstancia de que los bienes jurídicos enunciados no son lo que se procura efectivamente garantizar, o su garantía, dicho de otra forma implica la violación de derechos fundamentales y constitucionales, entre los cuales se encuentra:…principio de legalidad, artículo 18 de la Constitución Nacional…principio de reserva, artículo 19 C.N…afectaría el derecho a la libertad, dignidad, por cuanto restringiría la posibilidad de elección y de acción de la persona humana… avasallaría el derecho a la igualdad y a la no discriminación…”

 

Hoy es un día de júbilo para quienes ejercemos el trabajo sexual, porque pudimos encontrar en este fallo una luz de esperanza en nuestra lucha por llevar adelante nuestra actividad con la dignidad que todo trabajador/a merecemos.

¿Trabajadoras sexuales o prostitutas? Por qué las palabras importan

 

Kate Lister

5 de octubre de 2017

 

https://inews.co.uk/opinion/columnists/sex-workers-prostitutes-words-matter/amp/

 

El debate sobre los derechos de las trabajadoras sexuales se ha estado calentando en los medios de comunicación.

El mes pasado vio la publicación de El proxenetismo de la prostitución: Abolición del mito del trabajo sexual de Julie Bindel y Sexo, mentiras y estadísticas de la Dra. Brooke Magnanti.

La BBC ha estado publicando artículos tanto a favor como en contra de la despenalización.

La trabajadora sexual y activista, Laura Lee, se encuentra ahora en las etapas finales de un recurso legal para revocar una ley en Irlanda del Norte que hace que sea ilegal comprar sexo.

La semana pasada, el Intercambio de Políticas Públicas de Londres celebró una conferencia titulada “Considerando el futuro de la prostitución en el Reino Unido“.

Y, como siempre, las organizaciones de derechos de las trabajadoras sexuales han estado luchando incansablemente por condiciones de trabajo más seguras y protección legal para aquellas que están en la industria.

Palabras elegidas

Antes de entrar en los acalorados debates sobre la despenalización del trabajo sexual, un lugar interesante para comenzar es el lenguaje utilizado cuando se habla de la industria del sexo. Quienes apoyan la abolición del comercio sexual generalmente no usan el término “trabajadora sexual” (el término preferido de uso por las que venden servicios sexuales); sino que se utilizan la palabra “prostituta” o “prostituída”.

Fue Carol Leigh quien usó por primera vez el término trabajadora sexual a finales de los años 80, escribiendo que el uso del término “trabajo sexual” marca el comienzo de un movimiento… Reconoce el trabajo que hacemos en lugar de definirnos por nuestra condición. “Desde entonces, numerosos grupos de derechos de las trabajadoras sexuales han hecho campaña para reemplazar ‘prostituta’ por ‘trabajadora sexual’.

(El Colectivo Inglés de Prostitutas fue fundado en 1975, antes de que “trabajadora sexual” entrara en uso, y aunque han conservado “prostituta” en su nombre para reflejar su historia, usan “trabajadora sexual” en toda su literatura).

Deshonra

El lenguaje es un importante campo de batalla en la lucha por la igualdad social. El lingüista Ferdinand de Saussure argumentaba, “el lenguaje constituye nuestro mundo, no sólo lo registra o lo etiqueta”.

El lenguaje es fluido y maleable; impulsa las actitudes sociales, en lugar de simplemente expresarlas.

Entonces, ¿qué se está reforzando cuando usamos la palabra “prostituta”, y por qué es importante? Tal vez el mejor lugar para comenzar sea con los orígenes de la palabra.

El Oxford English Dictionary registra el uso más temprano de la palabra “prostituta” en la década de 1530, y traza su significado desde el latín clásico prōstitūt, que significa ofrecer a la venta: “poner a un uso indigno, exponer a vergüenza pública, deshonor “. “Prostituta”generalmente se refiere a una mujer y a un estado de deshonra sexual femenina. (Por supuesto, los hombres también han estado vendiendo sexo, pero se ha referido a ellos a lo largo de la historia específicamente como “prostitutos masculinos”.)

La palabra “prostituta” surge primero en inglés en 1530 como un verbo que significa deshonrar sexualmente a uno mismo; “Yo prostytute, como una mujer en una casa de bordel” (Palsgrave, 1530). Y la verdad es que la palabra ha estado vinculada a un estado de deshonra desde entonces.

Significativamente, el primer uso registrado de ‘prostituta’ como un sustantivo en inglés está en Woman Hater de Francis Beaumont (1607) donde se usa como un insulto; “Mi amor y mi duelo no van a sufrirme / al verte follar cual prostituta”.

John Dryden también usa “prostituta” para insultar a las mujeres en sus Damas Rivales (1664): “Es una infame prostituta; la detesto en mi alma.”

 

Putas y rameras

La palabra «prostituta» empezó a asentarse en su sentido actual de una persona que vende sexo hacia fines del siglo XVII, pero nunca se deshizo totalmente de las asociaciones con el deshonor y es tan probable que se utilice como insulto como que se use para describir una profesión.

Antes de que “prostituta” se estableciera como la palabra oficial para alguien que vendía servicios sexuales, los términos comunes eran “puta”, “ramera”, “mala mujer”, etc.

Aunque ninguno de estos términos están directamente vinculados a una profesión como “prostituta”, todos ellos son peyorativamente utilizados para atacar y degradar la sexualidad de las mujeres.

Es precisamente la dualidad de la palabra como una profesión y un insulto lo que ha llevado a algunas organizaciones de derechos de las trabajadoras del sexo a atacar el uso continuado de “prostituta”.

“Prostituta” no es un término neutral y nunca lo ha sido. Es una palabra cargada de considerable bagaje histórico y cultural. Lizzie Smith argumentó que “el término ‘prostituta’ no significa simplemente una persona que vende su trabajo sexual, sino que trae consigo capas de ‘información’ sobre valor, relación con drogas, infancia, integridad, higiene personal y salud sexual ” (Smith, 2013).

“Prostituta” es también un término lamentablemente inadecuado para describir las complejidades de la industria del sexo moderna, que incluye chicas cam, operadoras de telefonía sexual, modelos de glamour y estrellas porno. Mientras que, ‘trabajadora sexual’ reúne todas estas profesiones y les da a todas un sentido de elección y profesionalismo.

Personas prostituidas

Los que se oponen a la venta y compra de servicios sexuales entre adultos usan el término “prostituta” y “persona prostituida” precisamente por las asociaciones negativas, y no usan “trabajadora sexual” porque refleja un nivel de empoderamiento y autonomía que niegan.

 

Pero la palabra “prostituta” sigue siendo ampliamente utilizada en los estudios académicos; especialmente los estudios históricos donde se utiliza con un sentido de indiferencia clínica.

 

Siempre que he atacado el uso de la palabra “prostituta” en la investigación, la reacción ha sido generalmente de sorpresa y la persona que la usaba era genuinamente inconsciente de su uso disputado.

 

Ocasionalmente he tenido que oír que el término ‘trabajadora sexual’ es anacrónico y “prostituta” se siente más históricamente auténtico.

 

Pero hemos logrado ir más allá del uso de términos históricos para las personas de color, la comunidad LGBTQ y las personas con discapacidades y sugiero que hagamos lo mismo en este caso.

 

En este sentido, cuando se trata de la historia de una comunidad socialmente marginada y vulnerable (en este caso, las trabajadoras sexuales), la historia se hace aún más importante, ya que ejerce una influencia palpable sobre temas y debates actuales.

 

Narrativas estigmatizadas

 

La forma como escriben los académicos sobre la historia de las trabajadoras sexuales importa porque mientras que las personas cuyas vidas están siendo examinadas pueden haber muerto hace mucho tiempo, las actitudes, los prejuicios y las narrativas que dieron forma a la vida de esas personas son resucitados cada vez que se cuenta esa historia.

Si contamos historias desde dentro de las mismas narraciones estigmatizadas que siguen dañando a las trabajadoras sexuales que están vivas hoy en día, somos cómplices del daño que se les causa.

Pero más que esto, si las mismas personas cuya historia y vidas están en discusión están pidiendo un cambio en el lenguaje utilizado para describirlas, ¿no es profundamente irrespetuoso negarse a escuchar?

 

El lenguaje que refleja la humanidad de la persona o personas que se describen es un proceso que requiere una revisión continua. Uno de los mayores problemas que enfrentan las trabajadoras sexuales hoy en día, y de hecho a lo largo de la historia, es el estigma social.

Aunque la corrección política frecuentemente es objeto de burla, no podemos ni queremos lograr la igualdad social para nadie si el lenguaje que usamos para describir a los grupos marginados realmente refuerza el estigma que tienen que soportar.

“El lenguaje constituye nuestro mundo, no sólo lo registra o lo etiqueta”.

La polémica detrás de “Alanis”, la película sobre una prostituta que es madre

ENTREVISTA (Por Malena Montes) SECCIÓN CIUDAD dialogó con AMMAR, sindicato de trabajadoras sexuales que participó en el guión del film que protagoniza Sofía Gala Castiglione y que fue prohibido en algunas salas de cine.

 

http://www.seccionciudad.com.ar/la-polmica-detrs-de-alanis-la-pelcula-sobre-una-prostituta-que-es-madre-aid33854.html

Martes, 3 de Octubre de 2017

 

Por Malena Montes @DraCasan

 

El cine argentino logró un lugar destacado en el palmarés del 65° Festival Internacional de Cine de San Sebastián, al obtener el pasado domingo tres de sus principales premios. Sofía Gala Castiglione se consagró con la Concha de Plata a la mejor actriz por su labor en Alanis, el film por el cual Anahí Berneri, a su vez, ganó la Concha de Plata a la mejor dirección. Así, Berneri fue la primera directora en 65 años en recibir la Concha de Plata.

No obstante, la película no fue bien recibida a nivel social. Muchos cines prohibieron la transmisión de la película en sus salas, mientras que algunos pidieron “cambiar” el afiche donde se ve a Sofía Gala amamantando a un niño.

El “escándalo” de la película deja entrever, una vez más, cómo la desigualdad de género, la opresión del cuerpo de la mujer y la maternidad como rol impuesto en la mujer, continúan firmes en una sociedad patriarcal que insiste en sobrevivir.

Para adentrarnos en el tema del trabajo sexual, SECCIÓN CIUDAD se acercó a la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR), sindicato que lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales, y dialogó con su secretaria general Georgina Orellano. Los reclamos centrales del gremio apuntan a conseguir derechos laborales como cualquier otra profesión. Desde 1995, AMMAR es parte de la Central Argentina de Trabajadores (CTA). Según ellas, más del 86 por ciento son madres.

 

¿Te gustó la película Alanis?

 

AMMAR aportó su mirada al guión y nos parece que refleja las problemáticas habituales que enfrentar las trabajadoras sexuales por trabajar en la clandestinidad. La historia central que narra la película empieza con el allanamiento del departamento de la protagonista. Ese allanamiento se inscribe dentro de una política antitrata de personas que llevó adelante nuestro país a partir de 2008. El problema es que esa política equiparó la trata de personas con el trabajo sexual, y eso expuso la constante precariedad de las trabajadoras sexuales. Es decir, que la película muestra cómo el trabajo de una mujer madre se precarizó aún más a partir de ese dispositivo punitivista que es el allanamiento, clausura y detención de su compañera de trabajo.

 

 Sofía Gala afirmó que “prefiero ser puta antes que moza”, frase que fue repudiada por la UTHGRA, gremio de gastronómicos. ¿Qué sentiste cuando la escuchaste?

 

El sindicato se sintió interpelado por comparar una trabajadora sexual con una moza. Lo que les llega tiene que ver con que se lo comparó con un sujeto político que está atravesado por mucha estigmatización y prejuicios sociales. Se sintieron desvalorizados por que los compararon con un sujeto que no está reconocido laboralmente y, además, socialmente se encuentra condenado.

 

¿Sabías que hay salas de cine que prohibieron la película?

 

Hay muchas cadenas de cines que decidieron no proyectar la película, porque creen que su contenido tiene escenas fuertes que pueden herir susceptibilidades del público. Otros aceptaron, pero le pidieron a la directora que cambie el afiche de presentación porque se ve a una trabajadora sexual dando de amamantar a su hijo. Todo esto tiene que ver, de nuevo, con el lugar estigmatizado que ocupa la trabajadora sexual en esta sociedad. Es tal que muchos no quieren reflejar esa situación por la ilegalidad y el vacío legal que hay de nuestra profesión. El hecho que sea una madre, además, tiene que ver con que en el imaginario social “la mamá es la mamá”, y no puede ser puta. Siempre se vió a la puta como un sujeto político aislado de la sociedad, y nunca se la vio como una mujer que tiene dificultades como el resto de las mujeres, que está atravesada por un montón de problemas como la mayoría de las mujeres que vivimos en esta sociedad machista y patriarcal. Siempre hay un aislamiento hacia la prostituta, entonces la película y el afiche traen esa representaciones juntas. Para nosotras, es importante que mucha gente la vaya a ver para que vean lo que es el trabajo sexual, y que se genere más empatía hacia ellas, pero desde la precaridad laboral, no desde el sesgo moral.

 

¿Cómo te hiciste feminista?

 

Al llegar a AMMAR, la primera identidad con la que me sentí identificada como trabajadora. Durante mucho tiempo me inscribí dentro del movimiento sindical como una mujer sindicalista que se organiza a partir de un problema. En mi caso primero fui sindicalista y luego feminista, cuando empecé a tener mayor conciencia de género. Entender que hay muchos problemas que nos atraviesan como trabajadoras sexuales, pero no es solamente por el trabajo, sino por el hecho de haber nacido mujer en una sociedad machista y patriarcal, donde los varones tienen más privilegios y las mujeres más desventajas, que esto sucede en todos los ámbitos. No hay un único feminismo. Fui una de las que creía que había un feminismo que estaba en contra de las trabajadoras sexuales y esa fue mi primer experiencia en los encuentros de mujeres. Me encontré con un feminismo que me cuestionaba, que me quería hacer trabajar la culpa, que me decía que era una víctima, que mi discurso estaba aleccionado y que yo no estaba decidiendo libremente sino que era una “imposición” de otras personas. Entonces lo primero que me generó el feminismo fue un rechazo. “Si esto es ser feminista, mejor me quedo en mi casa”, pensé. Cuando me empecé a formar me di cuenta que hay varios feminismos, y que lamentablemente el feminismo que predomina en nuestro país es abolicionista, que se opone a la legalización del trabajo sexual. La mejor manera de disputarle esos espacios a esas feministas que creen que su único discurso es hegemónico y es válido, es justamente no resignarnos, sino ir a disputárselos, generar tensión. Hay muchas mujeres que son feministas pero que todavía no tienen postura tomada sobre el trabajo sexual, y nunca tuvieron la posibilidad de tener frente a una trabajadora sexual. Me dí cuenta que desde AMMAR tenemos las dos banderas. Por un lado, la lucha sindical, que habla de derechos de reconocimiento laborales, de mejores condiciones, de una mirada contra la explotación en todos los mercados laborales; y, por otro lado, una lucha feminista que tiene que ver con la posibilidad de que las mujeres decidan aún teniendo pocas alternativas y pocas opciones; que sean ellas las que decidan qué es lo mejor para su vida, que tomen decisiones y que no haya nadie juzgando y castigándolas por eso.

 

¿Es necesario enseñar a la sociedad sobre feminismo?

 

Necesitamos construir una sociedad con conciencia feminista, justamente para que las mujeres podamos tener los mismos derechos que tienen los hombres; o que los varones se cuestionen los privilegios que tienen y que vean que las mujeres estamos en constante situación de desventaja a diferencia de ellos, porque fuimos criadas y criados con esta mirada machista y patriarcal. La ‘puta’ que es trabajadora, es madre y, encima, es feminista, claramente va a incomodar dentro de muchos espacios. Como sociedad nos cuesta comprender que hay mujeres que ejercen el trabajo sexual, porque nos cuesta aceptar que las mujeres deciden. El punto central es deconstruir las miradas prejuiciosas con esa cultura patriarcal en la que fuimos educados y educadas.

 

¿Cómo ves la lucha feminista en la actualidad?

 

Tiene mayor visualización que la que había cuando éramos adolescentes. Hoy se habla de feminismo en muchos espacios, se ve en los medios y se convocan marchas marchas multitudinarias para reclamar por nuestros derechos, como el Ni Una Menos. Por eso, hay muchas mujeres jóvenes que están hablando de feminismo y muchos hombres que se sienten cuestionados por el gran avance de la lucha. Falta conseguir mayores políticas públicas. La marcha del 8 de marzo nos dejó una visión de que las mujeres trans, lesbianas y bisexuales, frente al contexto neoliberal al que nos enfrentamos, nos unimos y organizamos a pesar de las diferencias, porque sabemos que la lucha tiene que ser una sola y hay que pelearla en la calle. Pero eso, no se tradujo en un cambio en el Estado. Todavía seguimos teniendo un Instituto de la Mujer, cuando el movimiento feminista lo que pide es que haya un Ministerio de la Mujer que tenga un presupuesto propio. Falta luchar por el sistema penal, porque las feministas sabemos que el sistema penal que tenemos en la Argentina es machista, patriarcal, clasista y selectivo. No somos ilusas de pensar que el derecho penal lo va a solucionar todo, cuando en realidad eso se va a traducir en mayor criminalización de la pobreza, en cárceles llenas de mujeres trans. El feminismo necesita dar una discusión de pensar alternativas por fuera del punitivismo, teniendo en cuenta el contexto político donde hay mayor recrudecimiento de la violencia institucional, mayor represión policial a los sectores sociales. La idea es que la mujer cuando vaya a denunciar no solo tenga el botón antipánico y la perimetral, sino que tenga otras políticas públicas que le generen mayor autonomía y emancipación. Plantear el tema de la ESI en todos los colegios. Otra de la gran deuda para el movimiento feminista es la despenalización del aborto legal, seguro y gratuito, la implementación del cupo laboral trans en todas las provincias, la legalización del trabajo sexual, la derogación de todos los códigos contravencionales. Todas nos unimos bajo el grito Ni Una Menos, pero después tenemos que seguir lamentando cada 18 horas la muerte de una mujer, entonces hay que pensar otras estrategias para que no nos sigan matando.

 

APDHA Sevilla: El Ayuntamiento de Sevilla “no tiene excusas” cuando identifica prostitución y trata

https://www.apdha.org/ayuntamiento-sevilla-no-excusas-cuando-identifica-prostitucion-y-trata/

 

Sevilla, 22 de septiembre de 2017-. Una vez más vuelve a ser noticia la campaña del Ayuntamiento de Sevilla, en esta ocasión por el Día Internacional Contra la Explotación Sexual y la Trata.

El 23 de septiembre es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Esta fecha fue instaurada por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas en 1999, como estrategia para sensibilizar sobre necesidad de luchar contra esta grave vulneración de derechos fundamentales. Este año, el Ayuntamiento de Sevilla ha decidido por su propia cuenta, añadir la prostitución a la celebración de este día, decidiendo de esta manera conmemorar el Día Internacional contra la Explotación Sexual, la Trata y, también en esta ocasión, la Prostitución. De esta forma, se apropia de un llamamiento acordado a través de una conferencia mundial para adecuarlo a sus propias políticas e intereses anti prostitución.

Y NO HAY EXCUSAS para ello. No sólo por el atrevimiento de esta apropiación, sino porque esta equiparación entre trata y prostitución no tiene ningún tipo de rigor objetivo, es fruto de un punto de vista sesgado y plagado de prejuicios morales, y lo que es aún peor, tiene graves consecuencias sobre las personas que ejercen la prostitución de manera voluntaria y supone una negación de su condición como sujetos de derechos.

Desde la delegación de Sevilla de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, insistimos en que no se puede legislar confundiendo trata con prostitución, porque no beneficia a las víctimas reales y supone una fuerte discriminación y vulneración de derechos para quienes la ejercen de forma voluntaria.

No hay excusas, legislar a través del acoso y criminalizar a los clientes no los resta, y solo favorece a la estigmatización de quienes ejercen el trabajo sexual. Desde APDHA, animamos al ayuntamiento a probar con campañas en positivo  por la educación, más que por la represión.

No hay excusas, y tenemos conocimiento que el propio Ayuntamiento de Sevilla reconoce en una evaluación tardía del Plan para Promover la Erradicación de la Trata, la Prostitución y otras formas de Explotación Sexual, que las medidas tomadas han llevado a la clandestinidad a las personas trabajadoras del sexo, suponiendo así, un agravamiento a su situación de marginalidad.

No hay excusas. Sin contar con las voces de las personas trabajadoras del sexo no se puede tener conocimiento de la realidad. El acoso invisibiliza, estigmatiza y provoca que se desplacen a zonas del extrarradio de la ciudad, más inseguras, o a esconderse en clubes de alterne o ‘salas de fiesta’ donde son más propensas a prestar los servicios para terceros, con condiciones precarias e infrahumanas, donde son más difíciles de atender y de detectar vulneraciones de derechos humanos.

No hay excusas para que la administración ataque a las personas que ejercen el trabajo sexual en la calle, las más visibles y vulnerables, mientras da la espalda y no atiende ni se preocupa por las condiciones de trabajo ni el cumplimiento de derechos laborales en clubes y empresas.

No hay excusas, no hay medidas o recursos efectivos suficientes para aquellas personas que quieran dejar de ejercer la prostitución. No basta con la realización de pruebas del VIH y el reparto de preservativos.

No hay excusas, establecer el miedo y la represión solo aleja a las personas que ofrecen servicios sexuales de las administraciones y las fuerzas de seguridad, por temor a ser estigmatizadas.

No hay excusas. Basta de criminalizar a las personas que libremente prestan servicios sexuales, porque sin dignidad no hay derechos.

 

El derecho a prostituirse resume todos los derechos de las mujeres frente al patriarcado

 

 

El derecho de las mujeres a prostituirnos —es decir, a intercambiar sexo por bienes de otra naturaleza fuera del matrimonio— está reconocido por la Constitución y las leyes españolas y no es negado por ningún organismo internacional.

 

Esto puede sorprender a quien lo lea, ya que en España los medios de comunicación, los partidos políticos y, en general, el activismo abolicionista, tanto el confesional como el laico, tienden a referirse a la prostitución como si fuera un delito, en un intento de confundir a la opinión pública. En los casos, cada vez menos frecuentes, en los que les queda un atisbo de vergüenza, se refieren a la prostitución como “alegal”, queriendo dar a entender que si no está prohibida es por un descuido o una desidia de los legisladores, aunque ellos se cuidan mucho de promover su prohibición, sabiendo como saben que para eso tendrían que cambiar la Constitución democrática y abolir las libertades civiles.

 

El derecho a la prostitución está amparado en España por la Constitución y las leyes, ya que, al ser un Estado democrático, está permitido todo lo que no está prohibido, y está prohibido impedir el libre ejercicio de todo lo que está permitido.

 

El ejercicio de la prostitución no sólo es un derecho reconocido en España, sino que es un derecho particularmente protegido. Hay leyes específicas para defender a las prostitutas de la explotación y la esclavitud, de forma que puedan actuar con total libertad y puedan disponer libremente de sus ganancias íntegras. No existe otro sector laboral que esté tan específicamente protegido como el del trabajo sexual.

 

El trabajo sexual está reconocido como trabajo por la Organización Internacional del Trabajo y otros organismos internacionales. También en España, aunque sólo bajo la modalidad de trabajo autónomo. La falta de reconocimiento de los derechos laborales de las trabajadoras sexuales por cuenta ajena es una anomalía que sólo se explica por la corrupción política que favorece los intereses de los empresarios frente a los de las trabajadoras, en este caso con la abierta complicidad de los sindicatos de clase.

 

Los derechos de las mujeres conculcados por el patriarcado pueden dividirse en derechos sexuales y derechos económicos.

 

La opresión sexual supone negar el derecho a disponer libremente del propio cuerpo. Sometidas por las leyes patriarcales, las mujeres debían conservar su virginidad hasta el matrimonio y, una vez casadas, debían mantenerse fieles y estar siempre dispuestas a cumplir su “deber conyugal”, es decir, que no existía el delito de violación dentro del matrimonio. Tampoco tenían derecho a abortar bajo ningún supuesto, grave delito castigado con severas penas de cárcel. Y la prostitución, o estaba perseguida o estaba estrictamente regulada con leyes que negaban a las prostitutas todo una serie de derechos fundamentales.

 

El derecho a disponer libremente del propio cuerpo encuentra su plena expresión en el derecho a la prostitución. Suprimidas felizmente en España las modalidades mayoritarias de opresión sexual patriarcal, subsiste sin embargo una amenaza permanente sobre el derecho a la prostitución de las mujeres. Poderosos grupos de presión que incluyen a poderosas organizaciones patriarcales antibortistas, entre otras, intentan mediante argucias prohibir de facto la prostitución. Por eso, la defensa de este derecho supone la plena defensa del derecho a la independencia sexual y al dominio sobre el propio cuerpo de las mujeres, y resume y es la garantía de las modalidades mayoritarias del mismo.

 

Los derechos económicos de las mujeres conculcados por el patriarcado encontraban su máxima expresión en el matrimonio clásico, que sometía a la esposa a la plena dependencia económica del marido, y en la legislación laboral que discriminaba negativamente a las mujeres, sometidas además a la explotación de los trabajos domésticos y reproductivos no pagados y obligadas a cargar, en el caso de las madres solteras, con todo el peso de la crianza de los hijos.

 

Ha desaparecido la dependencia obligada por ley dentro del matrimonio, pero no las otras. Castigadas especialmente por la precariedad dentro de un sistema capitalista abiertamente machista, las mujeres deben enfrentar particulares necesidades de supervivencia. Y el derecho a disponer del propio cuerpo siempre ha supuesto una posibilidad particular de supervivencia explotando las imperiosas necesidades sexuales masculinas, no siempre satisfechas con el matrimonio.

 

El derecho a disponer del propio cuerpo y el derecho al libre intercambio económico que garantizan la Constitución y las leyes en España, permite a algunas mujeres compensar la discriminación patriarcal remanente que las condena a la precariedad y, al liberarse ellas, contribuyen a la liberación de todas.

 

El derecho a prostituirnos resume todos los derechos de las mujeres frente al patriarcado y la pérdida de ese derecho, por el contrario, nos llevaría a las mujeres de vuelta bajo el dominio patriarcal, el mismo que, bajo la falacia de querer protegernos de nuestra propia sexualidad, busca perpetuar su dominación sobre las mujeres en todos los órdenes de la vida.