Una mujer apuñalada en París, la reacción (¿hipócrita?) de Pécresse e Hidalgo

 

Por THIERRY SCHAFFAUSER

16 de junio de 2019

http://MA.LUMIERE.ROUGE.BLOGS.LIBERATION.FR/2019/06/16/UNE-FEMME-POIGNARDEE-DANS-PARIS-LA-REACTION-HYPOCRITE-DE-PECRESSE-ET-HIDALGO/

El Grupo de Autodofensa de Trabajadoras Sexuales SWAG.

 

¿Se convertirá finalmente la lucha contra la violencia contra las trabajadoras sexuales en un problema político?

 

El viernes por la tarde, nos enteramos del ataque con cuchillo a una joven de 28 años en el Bois de Boulogne. Un artículo del Parisien describía su estado como crítico, entre la vida y la muerte. Esta agresión es tanto más triste cuanto que hace meses que avisamos sobre el aumento de esto actos de violencia. En agosto de 2018, en el mismo Bois de Boulogne, Vanesa Campos fue asesinada.

La Sra. Schiappa había organizado una reunión con DILCRAH para ver cómo se podían mejorar las cosas y no se llegó a nada. Sin duda ocupada en las 24 Horas de Le Mans, no ha reaccionado a este ataque.

Las señoras Pécresse e Hidalgo, sin embargo, se han expresado en Twitter.

La Sra. Pécresse reaccionó primero (de forma tal vez un poco apresurada) hablando de “asesinato”:

Seguida unos minutos después por la señora Hidalgo:

Estas reacciones son una novedad, ya que hasta ahora es muy raro que los políticos de este rango se expresen sobre la violencia cometida contra las trabajadoras sexuales. El contexto de la proximidad de las elecciones municipales puede explicar esto. Pero lo que plantea dudas es la sinceridad de estas respuestas. De hecho, las actuaciones políticas y los votos de estas mujeres políticas siempre han sido dirigidas contra las trabajadoras sexuales y sus demandas.

La señora Pécresse votó a favor de la penalización de los clientes en tanto que diputada y no sigue una política favorable a las mujeres precarizadas y a las minorías. La Sra. Hidalgo es partidaria de la penalización de clientes desde hace mucho tiempo y también aplica una política municipal muy represiva contra el trabajo sexual en París: ordenanzas municipales en el Bois de Boulogne y en el Bois de Vincennes, hostigamiento policial en Belleville, controles en Château Rouge y otros lugares y un alcalde socialista del distrito 13 que ha llegado a filmar a las trabajadoras sexuales para difundir su imagen (no borrosa) en Internet con todas las repercusiones que esto puede tener en su vida. El “apoyo total” del que habla no parece realmente creíble…


En esta carta dirigida a los vecinos del distrito 18 “en relación con la prostitución”, la alcaldesa de París dice exigir la represión de los propietarios de los pisos de trabajadoras sexuales y garantizar la presencia de la policía en el espacio público para la tranquilidad de los residentes.

Con cursos de defensa personal, asesoramiento legal, sistemas de alerta, las trabajadoras sexuales se organizan a través del proyecto Jasmine y de otros grupos contra la violencia sin el apoyo político o financiero de las autoridades. Hay que considerar el hecho de que estas acciones sean dirigidas por las mismas trabajadoras sexuales y que la clase política siga petrificada en una ideología abolicionista que prohíbe cualquier “ayuda a la prostitución”, que supuestamente debe ser abolida y, por tanto, no se deben crear las condiciones que permitan una mayor seguridad en su ejercicio.

STRASS (Syndicat du Travail Sexuel) denuncia este estado de cosas comparando la lucha contra la violencia con la lucha contra el SIDA:

La muerte de Vanesa Campos en agosto pasado, ha ayudado a aumentar la conciencia pública, pero los legisladores se están quedando por detrás de la sociedad. La “salida de la prostitución” no puede ser la única respuesta del gobierno y las autoridades. Es hora de aceptar en el campo de la lucha contra la violencia que es posible reducir los riesgos, como lo hicimos en el campo de la lucha contra el SIDA en los años 1980-90. Aquí también, se trata de la vida o la muerte. Aquí también, debemos cambiar el paradigma.

Apostar todo a la abstinencia y al fin del trabajo sexual no parece funcionar porque el número de trabajadoras sexuales continúa aumentando, incluídas las víctimas de trata y la explotación de menores. Sin embargo, las políticas de penalización han resultado en una escalada continua de la violencia debido a una mayor precariedad y, por lo tanto, un poder de selección más débil, el desplazamiento de los escenarios de trabajo sexual a lugares más remotos y el aislamiento y, por tanto, la menor ayuda mutua entre trabajadoras sexuales.

Hay que creer que la muerte de las trabajadoras sexuales es preferible a considerar cualquier mejora en sus condiciones de trabajo y correr el riesgo de que se piense que se tolera la existencia de la “prostitución”; pero también, de paso, la suya.

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¿Puede estar la prostitución a punto de ser despenalizada en Estados Unidos?

 


Una manifestante frente a una concentración a las puertas del Ayuntamiento en Manhattan de quienes se oponen a la despenalización de la prostitución. Crédito de Estepanie Keith para The New York Times.

 

Por Jesse McKinley

31 de mayo de 2019

 

 

ALBANY – La marihuana se ha generalizado, los juegos de casino están en todas partes y las apuestas deportivas se están extendiendo. ¿Podría ser la prostitución la próxima?

Los legisladores de todo el país están empezando a reconsiderar cómo manejar la prostitución, ya que las peticiones de despenalización están ganando impulso.

Se han presentado proyectos de despenalización en Maine y Massachusetts; se espera que un proyecto de ley similar se presente al Concejo Municipal en Washington DC en junio; y los legisladores de Rhode Island celebraron audiencias en abril sobre una propuesta para estudiar las consecuencias de despenalizar la prostitución.

Nueva York puede ser la siguiente: algunos legisladores demócratas están a punto de proponer un proyecto de ley de despenalización integral que eliminaría las penas tanto para las mujeres como para los hombres que ejercen la prostitución, así como para los clientes a quienes ofrecen sus servicios.

“Se trata de la profesión más antigua y entendemos que no hemos podido disuadirla o terminar con ella en milenios”, dijo la senadora Jessica Ramos, demócrata de Queens que es una de los patrocinadores del plan. “Así que creo que es hora de enfrentar la realidad”.

Parece poco probable que la legislación de Nueva York se apruebe en los próximos meses, pero la idea de la despenalización ya ha acumulado una creciente lista de partidarios destacados, lo que sugiere que podría seguir ganando terreno.

El debate es indiscutiblemente polarizante en muchos círculos, incluso entre las defensoras de las mujeres víctimas de la trata y el abuso sexual que temen que la creación de un camino legal para la prostitución no elimine, sino que en realidad fomente, la trata sexual clandestina.

Y la despenalización ya está despertando una intensa reacción en las capitales de los estados por parte de los oponentes que consideran que las medidas son ingenuas y potencialmente peligrosas.

Aún así, el tema se ha deslizado en la naciente campaña presidencial del Partido Demócrata: a fines de febrero, la Senadora Kamala Harris de California se convirtió en el primer candidato en respaldar alguna forma de despenalización, una idea también presentada por otro contendiente, el ex gobernador de Colorado, John Hickenlooper.

Kate Zen, a la derecha, dirige a un grupo de mujeres a una reunión en Albany para discutir los argumentos para presentar un proyecto de ley que haría legal la prostitución. Crédito Shannon Straney para The New York Times

“Cuando se habla de adultos que consienten, creo que sí, realmente deberíamos considerar que no podemos penalizar el comportamiento consensual siempre que nadie resulte perjudicado”, dijo Harris, en una entrevista con The Root.

Los partidarios de la despenalización ven sus esfuerzos como parte de una mayor liberalización de las costumbres estadounidenses de décadas, como levantar la prohibición de vender alcohol en domingo y legalizar la marihuana. También enmarcan el tema como un acto de reducción de daños para las prostitutas y una admisión tácita de que la aplicación de la ley moderna y la indignación moral antigua han hecho poco para detener la práctica.

“Hemos aprendido esta lección muchas veces con la prohibición del alcohol, la penalización del aborto o incluso la penalización de la marihuana: el mercado negro crea circunstancias oscuras y proporciona cobertura para mucha violencia y explotación”, dijo Kaytlin Bailey, comediante y ex prostituta que se desempeña como portavoz de Decriminalize Sex Work, que se fundó el año pasado.

La prostitución es legal solo en unos pocos condados de Nevada, e incluso allí, la industria de los burdeles tuvo que rechazar recientemente un proyecto de ley que habría prohibido la prostitución en el estado. E incluso los más optimistas de aquellos que presionan para lograr cambios no creen que ningún estado despenalizará pronto completamente la prostitución.

Pero en lugares como Nueva York, donde los demócratas ahora controlan la Legislatura del Estado después de que una gran cantidad de titulares republicanos fueron eliminados en noviembre por los demócratas que actúan en plataformas progresistas, no hay duda de que el ambiente ha cambiado.

En un mitin reciente en Albany para derogar una ordenanza que penaliza el merodear con el propósito de la prostitución, ex trabajadoras sexuales posaron junto a legisladores como el senador Ramos y el asambleísta Richard N. Gottfried, el presidente del comité de salud.

Los organizadores de la protesta consideran su lucha como una batalla por los derechos civiles y económicos, lo que refleja una pasión progresista más amplia por los derechos de los homosexuales y transexuales, así como la reforma de la justicia penal, que también defiende los derechos de las minorías y los inmigrantes ilegales, e incluso la “autonomía física”, la capacidad de llegar a fin de mes por cualquier medio necesario.

“Yo no veía el sexo como el problema”, dijo Jessica Raven, organizadora comunitaria y ex prostituta menor de edad que fue una de las docenas de trabajadoras sexuales que se manifestaron en Albany en mayo. “Veía la falta de vivienda estable como el problema”.

No obstante, algunos defensores de las mujeres víctimas de la trata y el abuso sexual caracterizan tales esfuerzos en Nueva York y en otros lugares como desorientados. Ellos creen que la despenalización total creará una demanda que será llenada por más mujeres.

“La prostitución es inherentemente violenta”, dijo Ane Mathieson, especialista en programas de Sanctuary for Families, una organización con sede en Manhattan que atiende a las víctimas de la violencia doméstica y es parte de una coalición contra la despenalización. “La compra de sexo promueve la trata sexual, promueve el proxenetismo y el crimen organizado, y la explotación sexual de los niños”.


“Esto se trata de la profesión más antigua, y entendemos que no hemos podido disuadirla o ponerle fin”, dijo la senadora Jessica Ramos, demócrata de Queens, que apoya la despenalización del trabajo sexual. Crédito: Cindy Schultz para The New York Times

El impulso para presentar la despenalización como un problema de derechos civiles también afectó a Laura Ramírez, coordinadora de AF3IRM, un grupo feminista internacional, que dijo que estaba “absolutamente consternada por el hecho de que esto se venda como algo que es progresista”.

“Esta legislación propuesta es la legislación más clasista, racista y absolutamente obtusa que jamás hayamos visto”, dijo Ramírez, durante una contraprotesta opuesta a la despenalización en Albany, agregando que “las mujeres y niñas de este estado merecen algo mejor”.

La Sra. Mathieson y otras personas que trabajan con mujeres en el comercio sexual dicen que los partidarios de la despenalización pasan por alto una serie de detalles espantosos sobre la profesión, incluida la violación, el abuso físico por parte de clientes y proxenetas, el uso habitual de drogas y una carga física a menudo devastadora de múltiples parejas sexuales, a veces en el lapso de unas pocas horas.

“Han aceptado una especie de mito de la industria del sexo que habla de prostitutas felices y crímenes sin víctimas”, dijo Dorchen Leidholdt, directora del Centro de Servicios Legales para Mujeres Maltratadas en Sanctuary for Families en Nueva York, y agregó: “Es una fantasía perpetuada y aceptada por los medios de comunicación “.

Si bien es poco probable que la despenalización se apruebe en Nueva York este año, un par de proyectos de ley relacionados con elementos de la prostitución parecen tener una mayor probabilidad de aprobación, incluido uno que eliminaría los delitos no relacionados con la prostitución, como los cargos por drogas, de los registros de las víctimas de trata sexual.

Recientemente avanzó más allá de un comité del Senado. Un segundo proyecto de ley derogaría el delito de merodeo con fines de prostitución, una ley que los activistas dicen que conduce a detenciones injustas de personas, a menudo transgénero, por usar faldas, condones o incluso “caminar siendo trans.”

El gobernador Andrew M. Cuomo, un demócrata, no ofreció ninguna opinión sobre esos proyectos de ley o sobre la despenalización, y dijo que solo revisaría tales propuestas.

Los Estados Unidos siguen a muchos otros países desarrollados al considerar los efectos de despenalizar la prostitución, que es legal en países europeos como Alemania, Suiza y los Países Bajos, y en otras partes del mundo.

Los resultados de tales reformas son mixtos: en Nueva Zelanda, por ejemplo, que despenalizó la prostitución en 2003, un estudio de 2012 descubrió que “la gran mayoría de las personas involucradas en la industria del sexo están en mejores condiciones” con la despenalización. Pero el informe también agregó que “muchas trabajadoras sexuales seguían siendo vulnerables a las ‘condiciones de empleo explotadoras’” y que algunas trabajadoras sexuales estaban siendo obligadas a aceptar clientes “en contra de su voluntad”.

Sin embargo, también encontró que “el número de trabajadoras sexuales, y de trabajadoras menores de edad, no parece haber cambiado significativamente” debido a la despenalización.

John Hickenlooper, ex gobernador de Colorado y candidato demócrata a la presidencia, ha planteado la idea de algún tipo de despenalización. Crédito Kristopher Radder / The Brattleboro Reformer, a través de Associated Press

Algunos opositores a la legalización apoyan una forma de despenalización parcial conocida como el “modelo nórdico” o el enfoque de “terminar con la demanda”, que pone el énfasis en el procesamiento judicial de las personas que compran sexo, pero no de quienes venden sus cuerpos, y ofrece en cambio servicios sociales a las prostitutas.

Dichas políticas tienen partidarios de alto perfil como Gloria Steinem, quien ofreció su apoyo al modelo nórdico en una reciente manifestación en el Ayuntamiento de la ciudad de Nueva York con el objetivo de combatir los esfuerzos en Albany.

“Es crucial despenalizar a las mujeres, hombres y niños prostituidos”, escribió Steinem en una declaración que se leyó en el mitin. “E igualmente crucial, no despenalizar a los proxenetas y tratantes que los explotan”.

Además de las complejidades en torno al tema, algunos opositores de la despenalización total, como Sanctuary for Families, apoyan la eliminación de registros de antecedentes penales y la eliminación de las ordenanzas de merodeo, una posición también sostenida por Decrim NY, la coalición que está tras del impulso general de despenalización en Nueva York.

Los proyectos de ley de despenalización ofrecidos por los legisladores en Massachusetts y Maine crearían sistemas similares al “modelo nórdico”, eliminando las penas para las prostitutas, pero siguiendo penalizando a los compradores y proxenetas.

La patrocinadora de Massachusetts, la representante Kay Khan, una demócrata de Newton, Massachusetts, dijo que su proyecto de ley no solo ayudaría a poner fin al “ciclo de trauma y encarcelamiento” sino que también le ahorraría al estado aproximadamente $ 1 millón por año que podría usarse para servicios como alojamiento.

Pero la senadora estatal Julia Salazar, una demócrata de Brooklyn que realizó una campaña insurgente exitosa para el cargo el año pasado que incluyó la aprobación de la despenalización, dijo que el “modelo nórdico” no resolvía el problema de la prostitución porque aún hacía a las trabajadoras sexuales “cómplices de actividad ilegal”. . ”

“Todavía no traería la industria a la superficie”, dijo.

Aún así, agregó que había sido “muy gratamente sorprendida” por la rapidez con que la despenalización ha aumentado “en el discurso público” durante el último año.

A pesar de algunos avances, los logros legislativos en torno a la prostitución a menudo han sido escasos. El proyecto de ley de Maine fue declarado muerto en el Senado del estado a fines de mayo, y otros esfuerzos recientes también se han estancado: en 2017, por ejemplo, la Cámara de Representantes de New Hampshire aprobó un proyecto de ley que establece un comité legislativo para estudiar la despenalización del trabajo sexual, como la actual propuesta en Rhode Island. Pero el proyecto de ley de New Hampshire se estancó en el Senado estatal en medio de una fuerte oposición del gobernador Chris Sununu, un republicano.

La patrocinadora del proyecto de ley, Elizabeth Edwards, dejó el cargo el año pasado, pero dijo que espera que sus antiguos colegas continúen luchando. “Parece un área de política en la que podríamos hacerlo mucho mejor”, dijo.

“Ojalá el mundo supiera que estas son solo personas que están ganando dinero de una manera que creo que es un beneficio social neto”, agregó la Sra. Edwards, una demócrata. “Siempre habrá gente que quiere tener sexo. Es un impulso humano básico. Todo lo que puedes hacer es hacerlo más seguro”.

 

Jeffery C. Mays contribuyó reportando.

Ningún modelo en la práctica: ¿un “modelo nórdico” para responder a la prostitución?

 

 

Crimen, ley y cambio social.

Mayo de 2019, Volumen 71, Número 4, pp 423–439 | Citar como

 

 

 

  • Autores
  • Sarah Kingston
  • Terry Thomas

 

Primera publicación en línea:: 25 de octubre de 2018

https://link.springer.com/article/10.1007/s10611-018-9795-6

 

Resumen

El llamado modelo nórdico para responder a la prostitución ha sido considerado en los debates legislativos en toda Europa e internacionalmente, y algunos lo consideran la mejor práctica para combatir la trata sexual y se cree que apoya la igualdad de género. Sin embargo, cuando cuestionamos la utilización de las leyes de los países nórdicos por los encargados de hacer cumplir la ley, no se está implementando de acuerdo con la ley. Argumentamos que “todo lo que está ocurriendo es la transferencia de retórica e ideología” en estos países ((Stone Politics, 19 (1): 51-59, 1999) en 56). En este artículo, exponemos las grietas en el llamado modelo nórdico, desacreditando así la naturaleza “persuasiva” de un enfoque nórdico unificado de la prostitución. Nos basamos en la transferencia de leyes y en la literatura de derecho comparado para ilustrar los problemas y desafíos de la adopción ingenua de este llamado modelo, argumentando que esto puede llevar a una transferencia no informada, inapropiada e incompleta del modelo nórdico, que luego se convierte en una norma irritante. exacerbando los problemas que trata de resolver.

Introducción

Se ha afirmado que existe un modelo nórdico para responder a la prostitución después de que Suecia, Noruega, Islandia y Finlandia introdujeron una legislación que tipificó como delito la compra de sexo. Este modelo se ha considerado posteriormente como un enfoque político exitoso en muchos países internacionales y europeos, y ha llevado a algunas naciones a promulgar leyes similares. El enfoque adoptado por los países nórdicos se ha identificado como un enfoque de política “neo-abolicionista” a la prostitución [1]. Este enfoque considera que la prostitución es el resultado de la opresión de las mujeres por parte de los hombres y, por lo tanto, el enfoque de política legal que se toma se centra en la penalización de los clientes [2], ya que siempre se asume que son hombres. Este enfoque de política es identificado por algunos como la mejor práctica y, por lo tanto, se ha identificado como un enfoque de política progresivo a seguir internacionalmente. Su consideración generalizada en los debates sobre la prostitución legal y política demuestra la gravedad de un enfoque aparentemente coherente y unificado de la prostitución y que el modelo nórdico tiene importancia internacional.

Por lo tanto, no es sorprendente que otros países hayan buscado inspiración en este modelo. La ministra de Justicia e Igualdad de la República de Irlanda, la diputada Frances Fitzgerald, identificó el modelo como un enfoque a seguir al debatir el proyecto de ley de la República de Irlanda, antes de que se convirtiera en ley [3]. En Canadá, el modelo se discutió a lo largo de los debates parlamentarios antes de que la compra de servicios sexuales se convirtiera en un delito penal [4]. Más recientemente, en las presentaciones del Reino Unido presentadas al Comité de Asuntos Internos de la Cámara de los Comunes (2016), el Tercer informe sobre la prostitución identificó el modelo nórdico como un posible enfoque a seguir [5].

Sin embargo, cuando investigamos las leyes de prostitución de los países nórdicos y la utilización de estas leyes por parte de los encargados de hacer cumplir la ley, es evidente que las leyes no se están implementando. Por lo tanto, esto pone en duda la afirmación de que existe un enfoque unido y convincente de la prostitución. Más bien, la evidencia sugiere que los enfoques en estos países nórdicos son dispares, y que Noruega, Finlandia e Islandia enfrentaron muchos problemas y desafíos cuando adoptaron el enfoque de política adoptado por Suecia. En particular, los encargados de hacer cumplir la ley no utilizan y aplican la ley. En este sentido, afirmamos que “todo lo que está ocurriendo es la transferencia de retórica e ideología” en estos países nórdicos ([6] en 56).

En este artículo, realizamos una revisión sistemática de la implementación de la ley por parte de los países nórdicos para penalizar la compra de sexo. Nuestra contribución original a estos debates se basa en la transferencia de leyes y la literatura de derecho comparado, así como en la investigación académica que ha documentado los debates de implementación post-legislativa. Exponemos las grietas en el llamado modelo nórdico, desacreditando así la naturaleza persuasiva de un enfoque nórdico unificado de la prostitución. Iluminamos los problemas y los desafíos de la adopción ingenua de este llamado modelo, argumentando que esto puede llevar a una transferencia no informada, inapropiada e incompleta del modelo nórdico, que luego se convierte en una norma irritante, lo que exacerba aún más los problemas que trata de resolver. Por lo tanto, instamos a los gobiernos a que aprendan las lecciones de los problemas y desafíos de la adopción del modelo nórdico, en lugar de transferir el enfoque de políticas por razones puramente ideológicas.

Comenzamos el artículo examinando los antecedentes de la afirmación de que existe un modelo nórdico. Luego examinamos la importación internacional del modelo nórdico. Luego cuestionamos la implementación de estas leyes por parte de los encargados de hacer cumplir la ley, así como los problemas y desafíos asociados con la adopción del modelo. Finalmente, el artículo considera las razones por las cuales el modelo nórdico sigue teniendo importancia internacional y las implicaciones que esto tiene.

Antecedentes del modelo nórdico

Se ha sugerido que la introducción de un delito penal por la compra de servicios sexuales en Suecia, seguida más tarde por Noruega e Islandia, y parcialmente en Finlandia, significa un enfoque nórdico unificado de la prostitución [7]. Las afirmaciones de que existe un modelo nórdico se han identificado en los medios de comunicación, los debates políticos y los círculos políticos. La investigación del Comité de Asuntos Internos de la Cámara de los Comunes del Reino Unido (2016) sobre la prostitución ha generado presentaciones escritas que han identificado un modelo nórdico [5]. Las ONG y las organizaciones basadas en los derechos también han hecho referencia a la existencia de este modelo [8], y algunos grupos lo identifican como ‘un enfoque basado en los derechos humanos y la igualdad de género también conocido como el “modelo sueco”‘ ([9] en 1 ).

Este modelo a veces se conoce como el modelo sueco porque Suecia fue el primer país en introducir una legislación que creó un delito para la compra de sexo en 1999 [10]. La ofensa, según lo establecido en el Código Penal Sueco, Capítulo 6 s.11, lo convierte en un delito ‘cualquier persona que: obtiene relaciones sexuales casuales a cambio de un pago, es sentenciada por la compra de servicios sexuales a una multa o prisión que no exceda un año’ ‘[11]. La legislación en Suecia se introdujo para “actuar como un elemento disuasorio para quienes compran servicios sexuales, de modo que el número de compradores disminuya” ([12] en 1). El gobierno sueco creyó que:

Se considera que la prostitución causa graves daños tanto a las personas como a la sociedad en su conjunto. La delincuencia a gran escala, incluida la trata de personas con fines sexuales, las agresiones, la procuración y el tráfico de drogas, también suele asociarse con la prostitución … la penalización de la compra de servicios sexuales podría dificultar que varios grupos o individuos en otros países establezcan actividades más extensas actividades de prostitución organizadas en Suecia (ibid: ([12] en 1).

También se consideró que la existencia de la prostitución socavaba la posición de las mujeres en la sociedad y que la nueva ley enviaría un mensaje importante a nivel internacional:

es vergonzoso e inaceptable que, en una sociedad con igualdad de género, los hombres obtengan relaciones sexuales casuales con las mujeres a cambio de un pago y que Suecia, al introducir una prohibición en la compra de servicios sexuales, también envió una señal importante a otros países destacando nuestra perspectiva sobre la compra. Servicios sexuales y prostitución ([13] en 4).

Se creía que la ley “marca la actitud de Suecia hacia la prostitución”, ya que el gobierno cree que “no es un fenómeno social deseable” ([13] en 9). Se esperaba que esta actitud y enfoque de la prostitución serían adoptados por otros países y, como Levy ha afirmado:

Desde la introducción de la ley, Suecia ha realizado grandes esfuerzos para exportar la legislación, impactar e influir en el derecho, la filosofía política y académica y el debate a nivel internacional ([14] en 1).

El gobierno sueco realizó dos revisiones para demostrar la efectividad de las leyes y su implementación en la práctica después de diez años [13, 15]. La primera revisión comparó la prevalencia supuesta de la prostitución en Suecia con Noruega y Dinamarca antes de la introducción de la prohibición y concluyó que la prevalencia era tres veces mayor en Noruega y Dinamarca que en Suecia después de la prohibición [13]. La segunda revisión fue parte de un plan de acción del Gobierno contra la prostitución y la trata de personas con fines sexuales, y nuevamente concluyó que la demanda se había reducido [15], y que en general “la prohibición de la compra de servicios sexuales ha tenido el efecto deseado y es un instrumento importante para prevenir y combatir la prostitución y la trata de personas con fines sexuales ‘([12] en 1). La evaluación e implementación de la ley para prohibir la compra de servicios sexuales se consideró, por lo tanto, un éxito [16]. Después de implementar leyes similares en 2009, Noruega presuntamente presenció una reducción dramática similar en la prevalencia de la prostitución callejera [16] .1 Es esta emulación de política legal, así como la introducción de un delito similar en Finlandia e Islandia, 2,3 lo que ha llevado a algunos a afirmar que existe un modelo nórdico.

Importacion internacional

El éxito percibido del enfoque de la política nórdica ha llevado a otros países a considerar la transferencia al modelo nórdico. Los llamamientos a adoptar este modelo legal se deben a la creencia de que este enfoque aborda la desigualdad de género, la trata y la explotación. Por ejemplo, la eurodiputada Mary Honeyball y ponente de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo publicó un informe sobre la explotación sexual y la igualdad de género el 3 de febrero de 2014; Entre otras cosas el informe dice que:

Considera que la forma más eficaz de combatir la trata de mujeres y mujeres menores de edad para la explotación sexual y mejorar la igualdad de género es el modelo implementado en Suecia, Islandia y Noruega (el llamado modelo nórdico) [22].

Aunque la Unión Europea siempre ha dicho que las políticas y leyes sobre la prostitución están fuera de su competencia y que, por lo tanto, son un asunto para países individuales, todavía se han hecho intentos para aprobar leyes paneuropeas.4 Por lo tanto, se ha afirmado que hay un fuerte viento que sopla desde Suecia y otros países nórdicos:

Apoyo el modelo sueco (también utilizado en Islandia y Noruega), y he escrito un informe para el comité de mujeres del Parlamento Europeo que lo defiende. Hoy votamos el informe para que llegue al parlamento el próximo mes, enviando una fuerte señal de que el viento sopla en dirección de Escandinavia [23].

Los debates sobre políticas de prostitución internacional se han vuelto cada vez más interesados ​​en lo que se ha denominado el modelo sueco y nórdico. En Escocia y Luxemburgo, aunque los planes para adoptar este modelo fueron rechazados, el modelo sueco y nórdico se identificó en las discusiones políticas y durante las visitas realizadas a Suecia [24, 25, 26, 27, 28]. Este interés se demuestra mediante la introducción de leyes algo similares en Irlanda del Norte5 e Inglaterra y Gales6, donde se penalizó la compra de servicios sexuales de una prostituta sometida a la fuerza. En Francia, después de dos años de debate, el Senado francés introdujo la ley por la que la compra de sexo era un delito y el delincuente es responsable de una multa y otras sanciones [31, 32, 33, 34]. En las etapas de consulta de este proyecto de ley, una delegación de activistas, que formó parte de la Asamblea Nacional en Francia, estableció un grupo de trabajo que, entre otras cosas, realizó una visita a Suecia para comprender cómo se estaba implementando la ley y qué impacto La ley tenía sobre las trabajadoras sexuales [35]. En los debates parlamentarios franceses se reconoció que Finlandia, Noruega e Islandia habían seguido el modelo sueco y esta ley había cambiado las actitudes y comportamientos en estos países [35].

Otros países europeos, como la República de Irlanda, han mostrado sus intenciones de adoptar este enfoque legislativo. En junio de 2013, la Comisión de Justicia, Defensa e Igualdad del Parlamento irlandés emitió un informe en el que recomendaba una reforma de la legislación sobre la prostitución, con disposiciones que penalizan la compra de servicios sexuales [36]. El comité visitó Suecia para ver cómo funcionaba su ‘Ley de Compra de Sexo’ y recibió un gran apoyo para el enfoque sueco de los grupos de campaña en Irlanda.7 En 2017, Irlanda se convirtió en otro país que convirtió la compra de sexo en un delito penal .8 La ministra de Justicia e Igualdad, Frances Fitzgerald declaró en su discurso ante el Departamento de Justicia e Igualdad que “Irlanda será la séptima jurisdicción en introducir leyes dirigidas a la compra y despenalizar a quienes prestan el servicio sexual” ([3] en 1 ).

Al igual que con otros países, las preocupaciones sobre la trata parecen haber dado impulso a esta búsqueda. La ministra de Justicia e Igualdad, la diputada Frances Fitzgerald, declaró: “Mi principal preocupación, al presentar estas disposiciones, es reivindicar los derechos humanos de las personas objeto de trata con fines de explotación sexual”, la ley del comprador sexual dice que es “la más efectiva”. herramienta para prevenir y combatir la trata de seres humanos ‘([37] en 1). Teresa Whitaker, de la Sex Workers Alliance of Ireland , dijo que estos movimientos ignoran a las mujeres que deciden vender sexo y, a su vez, como “este movimiento está arrasando … en toda Europa, se ha convertido en una cruzada moderna” ([38] en 1).

La importación internacional del modelo nórdico sigue siendo considerada por otros países de Europa. Sin embargo, el grado en que existe un modelo nórdico coherente es cuestionable, sobre todo porque las leyes nórdicas operan en contextos diferentes y no están implementadas en la legislación existente o por los profesionales de la misma manera. Por lo tanto, el grado en que se puede afirmar que existe un modelo de política nórdica debe considerarse con cautela. Para examinar críticamente si existe un llamado modelo nórdico unificado entre los países nórdicos, la siguiente parte del artículo considerará estas leyes en su entorno regulatorio.

 Ningún modelo en la práctica: falla de implementación

Las afirmaciones de que existe un modelo nórdico deben verse con escepticismo cuando examinamos la implementación de los fundamentos de la ley en el entorno regulatorio. Aunque parece haber un argumento razonado de que existe un enfoque de política común para la prostitución, ‘una vez que interroguemos el entorno regulatorio, es probable que encontremos que las normas que realmente guían el trato diario son bastante diferentes a las reglas que se han logrado. La notoriedad en los libros de leyes ‘([39] en 199). De hecho, una vez que examinamos la implementación de la ley, es evidente que estos países nórdicos han experimentado problemas posteriores a la transferencia, cuando aquellos cuya función es aplicar la ley no lo hacen. Por lo tanto, el contexto en el que se transfiere una norma legal es fundamental para su implementación y adopción exitosas. Como explica Hage, el funcionamiento de los fundamentos de la ley depende de cómo los agentes legales lo utilizan en su trabajo. Y esto, a su vez, depende de la cultura general del país o región dentro del cual la ley y los agentes legales deben funcionar “([40] en 50). Por lo tanto, aunque se ha introducido una legislación para que sea un delito pagar por el sexo, no necesariamente se está implementando, lo que socava la afirmación de que en la práctica existe un “modelo” coherente.

Como resultado, Dolowitz y Marsh afirman que las transferencias de leyes pueden llevar al fracaso de la ley [41]. Sugieren que hay tres factores que pueden llevar al fracaso de la ley: transferencia no informada, transferencia incompleta y transferencia inapropiada. La primera, transferencia no informada, surge cuando un país toma prestada la ley de otro pero no tiene información suficiente sobre cómo funciona. La segunda, transferencia incompleta, se produce cuando no se transfieren los elementos clave de la ley. En tercer lugar, la transferencia inapropiada tiene lugar cuando el país prestatario pasa por alto o ignora los contextos económicos, políticos, sociales e ideológicos críticos. Zweigert y Kotz identifican que cuando se considera una transferencia de una ley de un país a otro, se deben hacer dos preguntas importantes: primero si ha resultado satisfactoria en su país de origen y, segundo, si funcionará en el país donde se ha propuesto adoptarla ‘([42] en 17). La siguiente parte del artículo, por lo tanto, examinará la ley en contexto para explorar si existe un modelo coherente en la práctica.

¿Transferencia no informada?

La adopción del enfoque sueco de la prostitución sin tener en cuenta la información suficiente sobre los efectos negativos podría llevar a la transferencia no informada de la política legal, ya que “si hubiera habido un análisis más exhaustivo … es probable que el gobierno se hubiera dado cuenta de algunos de los inconvenientes”. ‘([41] en 18–19). Una consecuencia de la transferencia mal informada de la política legal, podría llevar a lo que Teubner describe como un “irritante legal” [43], ya que “la transferencia intentada no solo fracasará sino que exacerbará aún más los problemas a los que se dirige una ley” ([44] en 228). Las investigaciones han demostrado que el enfoque sueco tiene una serie de consecuencias negativas que deberían ser consideradas por los países prestatarios, así como el impacto negativo que este enfoque ha tenido en otros países nórdicos.

Los efectos negativos del enfoque sueco han incluido el aumento de la vulnerabilidad de quienes venden servicios sexuales y de víctimas de la trata. Algunos incluso han afirmado que el gobierno sueco ignora y hace la vista gorda a los efectos negativos de la ley. Como dijo un entrevistado en el estudio de Levy, “no pensaron realmente en los efectos que esto tendrá en la vida de las personas”. Y aún cierran sus ojos y oídos ante el efecto que ha tenido “([24] en 64). En Suecia, se ha argumentado que, en lugar de reducir la explotación y el abuso, la ley ha hecho que las trabajadoras sexuales sean más vulnerables a la explotación [45]. Se ha demostrado que quienes venden servicios sexuales en la calle en Suecia tardan menos tiempo en negociar con los clientes, lo que reduce su capacidad para evaluar los riesgos potenciales [46]. Estudios previos en Suecia y el Reino Unido han demostrado que la aplicación de la ley puede llevar a la industria a la clandestinidad, lo que puede conllevar mayores riesgos tanto para las trabajadoras sexuales como para sus clientes mientras intentan evadir el procesamiento policial [47, 48, 49]. Del mismo modo, en Francia, las investigaciones de Le Bail y Giametta han demostrado cómo la penalización de los clientes en Francia ha incrementado los niveles de violencia y los riesgos que enfrentan quienes venden sexo y cambió la relación de poder en favor de los clientes que se sienten más capaces de hacer demandas e imponer condiciones [50].

Los efectos negativos de adoptar el enfoque sueco también se pueden observar en Noruega, donde el informe Pro Sentret indicó que la ley para penalizar a los clientes hace que las trabajadoras sexuales sean mucho más susceptibles a la violencia porque la industria del sexo se oculta aún más para evitar el enjuiciamiento penal [51]. Según este informe de 2012, el 59% de las participantes dijeron que habían experimentado violencia después de la introducción de la ley de compra de sexo ([51] en 4). Al responder al informe, la miembro del Parlamento del Partido Conservador, Anniken Hauglie afirmó que “la realidad es que la ley ha dificultado las cosas para las mujeres en la prostitución” [52]. En contraste, la investigación ha demostrado que la despenalización en Nueva Zelanda ha permitido a quienes venden sexo determinar qué servicios proporcionarán y cuáles no, a qué clientes prestarán servicios, así como a negociar prácticas sexuales más seguras [53]. Su posición legal significa que, cuando se producen casos de explotación, pueden llevar su caso a un tribunal de derechos humanos o mediante otros procesos legales [54].

Otro problema asociado con el enfoque sueco es la base de evidencia sobre la cual se ha racionalizado. Se ha sugerido que su introducción era necesaria para combatir la trata sexual. La creencia sostenida es que al reducir la demanda de prostitución, la trata sexual se reduciría. Esta es una suposición interesante cuando exploramos investigaciones realizadas donde la compra de sexo no está tipificada como delito, como en Nueva Zelanda, que encontró que solo el 4% de las trabajadoras sexuales encuestadas informaron que habían sido obligadas a trabajar [55]. En cambio, los críticos del modelo sueco han argumentado que la penalización de la compra de sexo en Suecia no ha conducido a una reducción en el alcance de la trata. Como la Alianza Global contra el Tráfico de Mujeres ha afirmado, “no hay pruebas de que criminalizar o penalizar de otro modo a los clientes de las trabajadoras sexuales ha reducido la trata de personas o el trabajo sexual” ([56] en 1). En cambio, la penalización de los clientes ha hecho que las trabajadoras sexuales sean más vulnerables a la explotación [45], y las víctimas de la trata de personas son más reacias a denunciar su explotación a la policía por temor a las represalias de los tratantes y por su inherente desconfianza hacia las autoridades. Además, en Finlandia, el sargento jefe Kenneth Eriksson afirma que la ley finlandesa es contraproducente ya que los clientes son disuadidos de reportar posibles evidencias de trata sexual y explotación a la policía, ya que ellos mismos temen el procesamiento penal ([57] en 28). A pesar de estas consecuencias negativas, un informe encargado por el Ministerio de Justicia de Finlandia indicó claramente su apoyo a una prohibición total de la compra de sexo (actualmente, en Finlandia opera una prohibición “parcial”). Su preferencia es seguir el modelo sueco, que se considera que tiene pocos problemas, es menos ambiguo y tiene poco impacto negativo en las trabajadoras sexuales [20].

La afirmación de que “la prohibición de comprar servicios sexuales ha reducido la demanda de sexo y, por lo tanto, ha contribuido a reducir el alcance de la prostitución en Noruega” ([58] 11), también se ha sometido a un examen crítico. Por ejemplo, aunque la investigación ha identificado que la prevalencia de la compra de sexo tiende a ser mayor en países donde la prostitución es legal, los autores también resaltan que es probable que las tasas de autoinforme sean más bajas en un país donde la prostitución es ilegal y esto explica por lo tanto estas tasas de prevalencia más bajas [59]. De hecho, las investigaciones han demostrado que en los países donde la prostitución es ilegal, la industria se oculta más a medida que los involucrados tratan de evitar ser identificados o procesados ​​por las autoridades [48, 60]. Una consecuencia de esto puede ser el “cambio espacial” donde la prostitución se desplaza a espacios menos visibles: gracias a los desarrollos tecnológicos, quienes venden sexo no abandonan la industria, sino que adaptan sus prácticas para evitar el procesamiento [61]. Por lo tanto, la aparente reducción de la prostitución es simplemente un reflejo de la invisibilidad de la industria desde espacios públicos o visibles.

El cambio espacial y el deseo de evitar el enjuiciamiento también pueden ayudar a explicar la investigación que ha identificado que en los países donde la prostitución es legal, las tasas de trata también son más altas [62]. Las investigaciones sobre clientes masculinos del sexo comercial han indicado su renuencia a reportar casos de posible explotación o abuso a las autoridades en el Reino Unido porque pueden enfrentar un proceso judicial [63]. Además, aunque la investigación realizada por Kotasdam y Jakobsson encontró que las tasas de trata sexual son más altas en los países donde la prostitución es legal, también reconocen que, en los países con una gran cantidad de recursos, las capacidades mejoradas de aplicación de la ley y los sistemas legales pueden estar en mejores condiciones para detectar y procesar la trata sexual [64]. La investigación también ha demostrado que algunas migrantes que venden servicios sexuales han reclamado su condición de víctima para obtener acceso a los recursos y evitar la deportación, lo que complica aún más los hallazgos de las tasas de prevalencia de la trata sexual [46, 65].

La ineficacia y legitimidad potencial del enfoque de política legal sueca o nórdica, sin embargo, no ha sido ignorada por otros países. Por ejemplo, en Luxemburgo, el gobierno luxemburgués rechazó un proyecto de ley que penalizaría la compra de sexo en 2014 porque se creía que la ley podría aumentar los peligros para las trabajadoras sexuales, ya que serían más propensas a trabajar solas si la ley era aprobada [28]. Según el eurodiputado luxemburgués Cécile Hemmen “No vamos a aplicar el modelo sueco u otro. En cuanto a la prostitución, la idea del gobierno es encontrar un enfoque adaptado a Luxemburgo ‘[66]. Del mismo modo, Dinamarca, país nórdico, no ha tipificado como delito penal la compra de sexo a pesar de las campañas de los grupos de mujeres y políticos para cambiar la ley [67].

Transferencia incompleta e inapropiada

La simple adopción de un modelo de otro país, porque parece funcionar, no tiene en cuenta los problemas sociales más amplios y, por lo tanto, puede no funcionar en otro país. La transferencia de leyes puede ser un proceso diverso y multifacético que puede estar plagado de muchos desafíos y problemas, y puede estar mediado por un contexto social, histórico, cultural particular. Canton y McFarlane argumentan:

Al igual que cada ley es única, diferentes áreas de la política pública plantean sus propios desafíos para la transferencia. Esto es cierto de la justicia penal. Hay variaciones considerables entre las diferentes naciones en sus puntos de vista sobre los orígenes del crimen y sobre cómo el Estado y la comunidad deben responder a los delincuentes … Cada vez se reconoce más que la trayectoria del desarrollo de leyes de justicia penal depende de una amplia gama de normas, leyes y políticas económicas e influencias sociales, culturales y emocionales, interactuando entre sí de manera incierta ([68] en 1-2).

Los problemas que puede la transferencia de políticas legales pueden incluir “organización económica”, “diferencias en contextos institucionales políticos”, “el papel desempeñado por los medios de comunicación” y “un conjunto particular de ‘rasgos culturales’” ([69] en 442 –3). Como argumentan Stenson y Edwards, “si se debe evitar la emulación ingenua de leyes, se debe prestar mayor atención … al concepto de “filtro social”([44] en 228). De hecho, el intento de adopción del modelo nórdico puede ser rechazado por la nación anfitriona debido a su incompatibilidad con los valores sociales y culturales de ese país. Esto se observó en el Reino Unido cuando los acuerdos de Estados Unidos de acceso abierto al registro de delincuentes sexuales, conocido como ‘Notificación a la Comunidad’ (o ley de Megan) fueron rechazados en el parlamento en 1997. Como Alun Michael (por la oposición) afirmó ‘Podemos aprender algunas lecciones de los Estados Unidos [pero] … nuestra cultura, ley, servicio de policía y otros servicios son diferentes ‘[70].

Muchos estudios legales comparativos han demostrado que las leyes transferidas o copiadas no han funcionado debido a la resistencia a la plena aplicación de la ley o debido al incumplimiento por parte de los legisladores o los encargados de hacer cumplir la ley [39]. Utilizando el ejemplo del mercado de consumo en Europa y las crecientes directivas de armonización del mercado para los consumidores, Brownsword describe cómo “aunque se pueden copiar las directivas, no se copian en la práctica de la misma manera” ([39] en 198 ).

Por lo tanto, los problemas con la implementación del modelo nórdico también pueden ocurrir después de la transferencia cuando aquellos cuya función es utilizar la ley no lo hacen porque no pueden, no quieren o son ineptos. A pesar del enfoque legal de la aplicación de la ley centrada en los clientes en Francia, quienes venden sexo son aún procesadas con más frecuencia ​​y enfrentan la intimidación y amenazas de la policía [50]. En Suecia, a pesar de que la venta de sexo no es un delito penal, las investigaciones han demostrado la manera parcial y discriminatoria en que la policía responde y trata con quienes venden servicios sexuales [71]. La creencia de que una persona que vende servicios sexuales no puede ser violada fue expresada por los oficiales de policía en la investigación de Levy en Suecia [14], y se hizo eco en una investigación en Inglaterra [72]. En Inglaterra y Gales, Kingston y Thomas descubrieron que la policía no estaba usando la ley parcial que penalizaba a los hombres por comprar servicios sexuales a mujeres víctimas de trata. La policía no pudo detectar si una trabajadora sexual era víctima de explotación o coerción porque la ley tampoco es necesaria, la policía no recibió la capacitación adecuada para identificar a las víctimas o debido a la incapacidad / falta de voluntad de las trabajadoras sexuales para denunciar su victimización a la policía [ 73]. Por lo tanto, aunque la falta de pagar por el sexo puede ser procesada, aquellos cuya función es hacer cumplir esta ley, la policía, no lo están haciendo.

De manera similar, en Noruega, a pesar del éxito aparente de los grupos de activistas para lograr un cambio en la ley, los críticos han argumentado que ha habido una falta de apoyo político a la ley y la consiguiente falta de implementación de la legislación por parte de la policía [74] . En septiembre de 2013, los partidos políticos noruegos como el Partido Liberal (Venstre), el Partido Conservador (Høyre), el Partido del Progreso populista de derecha (Fremskrittspartiet) y el Partido Verde (Miljøpartiet de Grønne) hicieron todo lo necesario para revocar la Ley de Compra de Sexo. Durante su campaña electoral [74]. Stø y Håland afirmaron que faltaba apoyo político para que la ley penalizara a los clientes ([74] en 4). Como afirman:

Nunca podríamos haber imaginado cuán fuerte sería la oposición a la Ley de Compra de Sexo de Noruega cuando se implementó por primera vez el 1 de enero de 2009: por parte de la policía, que apenas la aplica; por los políticos, que han hecho de levantar la prohibición parte de sus promesas electorales; y por los medios de comunicación, que proporcionan una plataforma para los opositores de la ley y para quienes elogian la prostitución… No es ningún secreto que se implementó la Ley de Compra de Sexo contra la voluntad de los líderes del Partido Laborista y del Partido de la Izquierda Socialista. El ministro de Justicia en ese momento, Knut Storberget, era un fuerte opositor a la nueva ley y al que estaba dispuesto a implementarla. Sabiendo esto, puede que no sea una sorpresa que la ley se haya aplicado de manera muy relajada.

En Islandia, Stø y Håland informan que el movimiento feminista todavía está luchando para que la policía utilice la ley contra los compradores de servicios sexuales [74]. Un grupo clandestino llamado “Stóra Systir” (“Big Sister”) publicó anuncios falsos en sitios web como einkamal.is, mypurplerabbit.com., Raudatorgid.is y publicó anuncios clasificados que ofrecían “masajes” en el diario Fréttabladid. Obtuvieron los nombres de 56 hombres, 117 números de teléfono y detalles de 29 correos electrónicos de hombres que habían mostrado interés en comprar servicios sexuales durante un período de tres semanas. El grupo afirmó que habían decidido tomar medidas y exponer a los hombres debido a la inacción de la policía [75].

En Suecia, del trabajo de Levy se desprende claramente que hay muchos profesionales que no apoyan la ley sueca y han criticado duramente la evaluación de la ley por parte del gobierno sueco [14]. Como afirmó un participante de su estudio, “con mucho es la peor mierda que he leído entre los informes comisionados … es extremadamente pobre y está lleno de contradicciones e inconsistencias” ([14] en 55). El Instituto Sueco también ha reconocido la evidencia de la falta de apoyo a la ley y la división en la opinión pública en Suecia, quienes afirman que:

A pesar de la posición oficial, todavía hay un debate en Suecia sobre las actitudes hacia la prostitución. Quienes defienden la prostitución argumentan que es posible diferenciar entre prostitución voluntaria y no voluntaria, que los adultos deberían tener el derecho de vender libremente y comprar sexo libremente, y que la prohibición de la compra de servicios sexuales representa una posición obsoleta basada en la moralidad sexual ([13] en 5).

Al igual que con las leyes que se instauran, su implementación por parte de los profesionales no es automática. Esto se puede ver muy claramente en el caso de la Ley de delitos y trastornos del Reino Unido de 1998 (ss. 14 a 15) que permite a las autoridades locales solicitar órdenes de toque de queda locales para niños menores de 10 años en áreas específicas. Posteriormente, ninguna autoridad local en Inglaterra y Gales ha tratado de usar este poder. Se podría argumentar que la adopción y transferencia del enfoque de la política legal sueca fue una forma de “transferencia coercitiva” ([76] en 344), y ha resultado en un “fracaso de implementación” ([41] en 21). Como no hay apoyo para su introducción en algunos países, se ha producido un fallo en su implementación por parte de los profesionales. Estos debates de implementación posteriores a la transferencia evidentemente resaltan la utilización fragmentada, inconsistente e incoherente de la ley por parte de los encargados de hacer cumplir la ley y la falta de apoyo por parte de otros profesionales. Como resultado, la función de la ley no se pone en práctica.

Discusión

La transferencia de políticas legales y públicas sigue siendo vista como una estrategia útil a emplear y se afirma que su uso ha crecido en el contexto de los avances en la tecnología que ha permitido la comunicación internacional y el aprendizaje mutuo mucho más fácil [41]. En un mundo cada vez más interconectado y dependiente, puede que no sea sorprendente que hayan surgido políticas globales para abordar problemas como las presiones económicas mundiales, ya que los responsables de legislar van a otras naciones para ver cómo funcionan las leyes, los procesos y las instituciones para enfrentar los problemas sociales. Como lo sugieren Zweigert y Kotz, “el aislamiento nacional está en decadencia” [42].

La influencia de los “procesos de política global” en el desarrollo de la política de prostitución no es nada nuevo, ya que Skilbrei y Holmstrom señalan que los países no son circuitos cerrados en los que se hacen leyes [7]. “Copiar”, la política de otro país y “promulgar un programa más o menos intacto” ([77] en 27) no se limita a la ley de prostitución; se ha observado en muchas áreas de la reforma del bienestar, la justicia penal y la política pública [41, 76]. Esto ha llevado a algunos a argumentar que es un “fenómeno en crecimiento” ([41] en 5). Su existencia también se ha documentado en áreas de control de delitos, y se puede observar en áreas como “correcciones privatizadas, vigilancia de”tolerancia cero” y sentencias de “tres huelgas”([78] en 129); estrategias de lucha contra el terrorismo [79]; y la justicia juvenil [80]. Asimismo, la transferencia de políticas legales ha sido bien documentada dentro de Europa. De hecho, Zweigert y Kotz han sugerido que “la armonización de las leyes … tiene un significado cada vez mayor” ([42] en 24).

Por lo tanto, es probable que seamos testigos del continuo interés internacional en adoptar el modelo nórdico. No solo por el papel fundamental que los grupos feministas continúan desempeñando en las discusiones políticas internacionales sobre la prostitución. La desigualdad de género, los derechos de las mujeres y las preocupaciones sobre la trata sexual a menudo han constituido la razón para que los países consideren la adopción del enfoque nórdico. De hecho, en Noruega, Finlandia e Islandia está claro que los grupos feministas hicieron campaña en los respectivos gobiernos para penalizar la compra de sexo y estas iniciativas tuvieron éxito. En Noruega, las campañas de grupos feministas, como el Frente de Mujeres de Noruega y otros grupos como la Confederación de Sindicatos de Noruega, trataron de persuadir al gobierno noruego durante muchos años de que legislara para hacer que la compra de sexo fuera ilegal [81]. La influencia de los grupos de activistas también se puede ver en Islandia, cuando la primera ministra Jóhanna Sigurðardóttir afirmó que Islandia había seguido el camino sueco para hacer que la compra de sexo fuera ilegal, después de una campaña de nueve años de duración del movimiento de mujeres y parlamentarias ([82 ] a las 8). Sigurðardóttir explicó más tarde:

Llevó aproximadamente diez años aprobar una ley en el Parlamento para prohibir la prostitución o, más bien, pagar favores sexuales. Esto se debió a un gran esfuerzo de los movimientos de mujeres de los partidos políticos y también al fuerte apoyo de un grupo que lucha contra la violencia sexual. Las encuestas de opinión pública también mostraron que la mayoría de la población islandesa quería que se aprobara esta ley, ya que el 70 por ciento quería prohibir la prostitución. Esta fue una legislación muy importante y detener la trata de personas fue una motivación clave detrás de esta lucha ([83] en 1).

Posteriormente, Islandia prohibió los clubes de striptease en 2010, lo que llevó a algunos a afirmar que Islandia era el “país más feminista del mundo” ([84] en 1).

En los Estados Unidos, los grupos feministas han hecho campaña contra la legalización de la prostitución durante muchos años, argumentando que es una forma de violencia contra las mujeres y que los clientes son “malvados” [85]. Del mismo modo, en el Reino Unido, la campaña de grupos como Object Now ha hecho campaña al gobierno durante muchos años para avanzar hacia la creación del delito de pagar por sexo y no limitar el delito a quienes pagan por tener relaciones sexuales con alguien que es obligado o forzado.

En el momento de redactar este informe, la investigación del Comité de Asuntos Domésticos de la Cámara de los Comunes del Reino Unido (2016) sobre la prostitución y la investigación del Ministerio del Interior en este campo aún están en curso. La investigación del Comité, entre otros términos de referencia autoimpuestos, buscaba discutir si las sanciones penales en relación con la prostitución deberían seguir afectando más a quienes venden sexo, en lugar de a quienes lo compran. De las pruebas escritas enviadas a la investigación ya se desprende claramente que el modelo nórdico se presenta como una posible forma de avanzar. La investigación también ha identificado en sus términos de referencia el reconocimiento de la prostitución por parte del Servicio de Prosecución de la Corona como violencia contra las mujeres. Al igual que con la retórica ideológica evidente en los debates políticos nórdicos, las preocupaciones sobre la trata sexual, la desigualdad de género y la posición de las mujeres en la sociedad parecen haber alimentado este enfoque sobre aquellos que compran sexo, pero específicamente en los hombres.

En esta etapa, se podría sugerir que Inglaterra y Gales se encuentran actualmente en una fase de aprendizaje de lecciones sobre la transferencia de leyes, ya que el Ministerio del Interior ha reconocido algunas de las desventajas de los diferentes modelos de leyes de prostitución. El aprendizaje de la lección se describe como aprender de las posibles consecuencias negativas de adoptar una ley y, por lo tanto, el cambio institucional no siempre tiene lugar [76]. Sin embargo, también se podría sugerir que Inglaterra y Gales ya han adoptado un enfoque híbrido, similar a Finlandia, cuando introdujo el s.14 de la Ley de Policía y Crimen de 2009. Esta ley hizo un delito de pagar los servicios sexuales de una prostituta que ha sido objeto de conducta explotadora; esta ofensa es una de “responsabilidad estricta”. Investigaciones anteriores ya han identificado la no implementación de esta ley por parte de los encargados de hacer cumplir la ley [73]. Por lo tanto, instamos a la Oficina central a realizar más investigaciones sobre el uso de esta ley existente antes de considerar si se debe introducir una prohibición total en la compra de servicios sexuales para evitar una transferencia no informada, inapropiada e incompleta.

Observamos con interés las deliberaciones y recomendaciones que se presentarán y la respuesta del gobierno del Reino Unido a su debido tiempo. Aunque se ha demostrado que no existe un modelo nórdico coherente, la importación internacional del supuesto modelo nórdico continúa a medida que los países buscan en estas naciones una solución legal a la trata sexual y a la desigualdad de género y una reducción general de la prostitución. Sin embargo, si los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley utilizarán una ley para penalizar la compra de sexo requiere una mayor consideración, ya que, si no se hace, esto puede llevar a una transferencia no informada del modelo nórdico y, por lo tanto, a una transferencia incompleta por parte de los profesionales.

 Conclusión

Los comentaristas han sugerido que la adopción del modelo sueco por Islandia, Finlandia y Noruega demuestra la existencia de un modelo nórdico para lidiar con la prostitución. Aunque hay diferencias entre las leyes en estos países nórdicos, las leyes siguen desempeñando la misma función: que la compra de sexo es un delito penal. En este sentido, Noruega, Finlandia e Islandia han emulado el enfoque de política legal adoptado en Suecia, conservando la funcionalidad de la ley pero haciéndolo de formas ligeramente diferentes [77]. Sin embargo, cuando comenzamos a examinar estas leyes en su entorno regulatorio, comenzamos a ver que la función de la ley no está totalmente cumplida; socavando así la afirmación de que existe un modelo nórdico coherente.

Este artículo ha demostrado que existe un modelo nórdico en la ley pero que no se está implementando, ya que aquellos que están asignados para implementar la legislación no lo están haciendo y no apoyan la ley, socavando la afirmación de que existe un modelo coherente. En cambio, argumentamos que las variaciones en el entorno regulatorio de estos países nórdicos no se tienen en cuenta cuando se afirma que existe un modelo nórdico. Más bien, lo que hemos visto es que hay un fuerte apoyo político para la tipificación como delito penal porque se cree que eso ayuda en la lucha contra la trata sexual y la desigualdad de género en general, pero hay falta de voluntad o capacidad para implementar esta ley. Claramente entonces, ‘las reclamaciones de leyes y prácticas de transferencia deben ser tratadas con cierto escepticismo si todo lo que está ocurriendo es la transferencia de retórica e ideología’ ([6] en 56).

El artículo también ha demostrado las razones por las cuales el modelo nórdico no está funcionando. Primero, el modelo nórdico no reduce la demanda, la trata sexual, la violencia o la explotación. Más bien, actúa como una ley irritante que exacerba estos problemas. El modelo tampoco contribuye a la igualdad de género, porque la base de evidencia en la que se basa el enfoque de la ley no reconoce la investigación que muestra que las mujeres y las parejas pagan por sexo y que los hombres y las personas trans venden servicios sexuales [86]. Si los países prestatarios tampoco consideran estos temas, afirmamos que esto se traduce en una transferencia no informada. Finalmente, la falta de implementación de la ley por parte de los encargados de hacer cumplir la ley resulta en una transferencia incompleta e inadecuada debido a la falta de apoyo a la ley por parte de los profesionales y la falta de implementación. Estas grietas identificadas en el modelo nórdico, aparentemente unificado y coherente, como su nombre sugiere, por lo tanto socavan su capacidad de persuasión. Por lo tanto, instamos a los países a que aprendan lecciones de los problemas y desafíos de la adopción del modelo nórdico que se han documentado aquí.

 

Notas al pie

 

  1. 1. El Código Penal Civil General de Noruega se modificó en 2009 con una nueva Sección 202a que “en efecto penaliza (ed) la compra de actividad sexual o un acto sexual” ([17] en 1).

 

  1. 2. La sección 8 del Código Penal de Finlandia tipificó como delito comprar sexo a una persona explotada o obligada a ejercer la prostitución en 2006 [18]. Bajo este delito, una víctima se define como alguien que está “controlada para obtener ganancias” o es una víctima de trata [18, 19]. Esta prohibición parcial surgió como un compromiso después de intensos debates parlamentarios en los que el modelo sueco fue considerado como un enfoque para su promulgación en Finlandia [20].

 

  1. 3. En 2009, Islandia modificó su Código Penal para incluir el delito de pagar por servicios sexuales. El Código Penal lo convierte en un delito: “Cualquier persona que pague, o se comprometa a pagar o prestar consideración de otro tipo, por prostitución será multada o encarcelada por hasta 1 año” (Capítulo XXII. [Delitos sexuales], Ley 40 / 1992, Art. 12, citado en [21]).

 

  1. 4. Véase, por ejemplo, un intento de aprobar una moción para una resolución de conformidad con la Regla 120 del Reglamento por el eurodiputado italiano Lorenzo Fontana en julio de 2013 sobre la implementación de un marco común para gestionar y regular la prostitución (B7–0372 / 2013, 18.7 .2013).

 

  1. 5. El artículo 64A de la Orden sobre delitos sexuales de 2008, enmendado por el Proyecto de ley sobre la trata y la explotación de personas [29].

 

  1. 6. s.14 La Ley de Policía y Delincuencia de 2009 [30].

 

  1. 7. Ver por ejemplo http://www.turnofftheredlight.ie/).

 

  1. 8. La Ley de Derecho Penal (Delitos Sexuales) de 2017, Parte 4, sección 25, modificó la Ley de Derecho Penal de 1993 mediante la inserción de S.7A Pago, etc., por la actividad sexual con una prostituta.

 

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COPRED rechaza criminalización del trabajo sexual en dictamen de nueva Ley de Cultura Cívica de Ciudad de México

 

Publicado el 20 Mayo 2019

Pronunciamiento núm. 010

https://www.copred.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/copred-rechaza-criminalizacion-del-trabajo-sexual-en-dictamen-de-nueva-ley-de-cultura-civica?fbclid=IwAR0k6J7WBgcyr6_sT0QRzXGeLzii4AeUww7YwZ83iaMOJMrhMATdiWZ9Dfo

 

Ciudad de México, 20 de mayo de 2019

 

  • La fracción VII del artículo 27 de la nueva Ley de Cultura Cívica, es contraria a los derechos establecidos en la Constitución General y Local.
  • El dictamen criminaliza y estigmatiza a las personas trabajadoras sexuales.
  • El principio de progresividad conlleva el no retroceso en la plena efectividad de los derechos conquistados.

Desde el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) manifestamos nuestra preocupación por la criminalización y estigmatización de las personas trabajadoras sexuales en la nueva Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, aprobada por el Congreso de la Ciudad de México en días pasados, la cual abroga la anterior promulgada el 29 de diciembre de 2017.

Respecto a ese dictamen nos alerta que la nueva Ley de Cultura Cívica mantenga una disposición que ha sido ya considerada contraria a los derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la propia Constitución Política de la Ciudad de México.

Lo anterior, debido a que se viola frontalmente la perspectiva garantista con la que fue creada la Constitución Política de la Ciudad de México, misma que reconoce como fundamental el principio de dignidad y garantiza el de no regresividad y progresividad de forma transversal para los derechos ya conquistados en esta Ciudad.

La Constitución establece que la Ciudad de México adoptará las medidas necesarias para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas que integran los grupos de atención prioritaria, el derecho a una vida libre de todo tipo de violencia o discriminación, motivada por su condición, así como el derecho a la no criminalización, represión o reclusión, motivada por características específicas de su condición.

En este sentido, reiteramos que el trabajo sexual debe ser entendido como un trabajo no asalariado de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 10 de la Constitución Política de la Ciudad de México, que reconoce el derecho a realizar un trabajo digno y a su regularización y formalización en términos de ley. Por ello, no puede ser calificado simplemente desde un punto de vista moral, pues actualmente se ejerce dentro de un contexto de discriminación, violencia, inseguridad, abuso, falta de oportunidades y acceso a derechos.

Las personas que ejercen el trabajo sexual sufren violencia institucional, exclusión y marginación debido a la negativa al reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos. De este modo, nos preocupa la normativa que refuerza la nueva fracción VII del artículo 27 de la ley de Cultura Cívica, en donde deja, por un lado, al arbitrio de terceras personas el ejercicio del derecho al trabajo, y por otro, en un amplio margen de discrecionalidad su aplicación, al incorporar, además de las personas del vecindario, a las Alcaldías, sin especificar, quiénes tendrían dicha atribución, ni las razones del por qué habrían de presentar la “queja”.

Por lo anterior, hacemos un respetuoso llamado a las autoridades involucradas para no olvidar que los derechos humanos son progresivos y por ende, que se tiene que hacer efectiva esa progresividad, no retrocediendo y tomando en consideración criterios jurisdiccionales como lo es la sentencia de amparo 112/2013 de fecha 31 de enero de 2014, en la que la Jueza Primera de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal determinó la inconstitucionalidad de la misma normativa contenida en la Ley del 29 de diciembre de 2017 y que hoy continúa vigente, ya que es contraria al artículo 5º de la Constitución General por vulnerar el derecho al trabajo.

La Sentencia del amparo indirecto 112/2013 concluye que “no hay razón constitucional alguna por la que a las y los sexo servidores se les dé un trato distinto a quienes se dedican a otro oficio, en el sentido de considerarla como una infracción administrativa, ya que cuando se ejerce voluntaria y libremente por personas mayores de edad, la autoridad legislativa debe regularla, en lugar de considerarla como una infracción administrativa y, por su parte, la autoridad administrativa, debe velar porque los y las sexo servidoras/es que se dediquen al oficio de la prostitución voluntariamente y puedan tener otras alternativas de vida y conozcan sus derechos.”

Desde la creación de este Consejo hemos velado por la efectividad y acceso a todos los derechos sin discriminación de todas las personas que habitan y transitan por la Ciudad de México, por lo que expresamos nuestra disposición de colaborar y apoyar en el ámbito de nuestras competencias, para que el trabajo sexual en la capital del país sea dignificado y reconocido como trabajo no asalariado en términos de ley.

 

¿ES ÉSTE EL ABOLICIONISMO QUE QUIERO?

Publicado 6th February por ambar il

https://supervivientesdeprostitucion.blogspot.com/2019/02/es-este-el-abolicionismo-que-quiero.html

 

 

Me llamo Ambar. Soy superviviente de trata y prostitución. Como tal soy muy consciente de los condicionantes que me llevaron a entrar en esa espiral, (en mi caso los abusos sexuales que sufrí en mi infancia), y de todo lo que implicó en mi vida.
Y por ello quiero la abolición de los condicionantes que llevan a la prostitución.

Precisamente por haberla vivido durante tantos años, también soy consecuente y reconozco la que era mi realidad en esos momentos (y la que es ahora), lo que hubiera necesitado (y necesito), y lo que me perjudicó (y perjudica) basándome en ella, en esa y en esta realidad.

Este abolicionismo que llevo viendo, escuchando y leyendo desde hace dos años, cuando empecé a romper el silencio acerca de esta etapa de mi vida en la prostitución, no aborda como propuesta abolicionista uno de los grandes condicionantes previos de entrada a la prostitución, para muchas niñas y mujeres, incluso para muchos chicos y trans: la prevención de los abusos y agresiones sexuales en la infancia, entre otros.
Y sí, siempre he sido muy crítica con ello. Siempre.

Este abolicionismo también quiere perseguir el proxenetismo y la trata, esto es genial y lo aplaudo porque hay que prohibir, condenar y erradicar ambas.
Pero no aplaudo el que quiera sancionar y multar al putero, al menos no como está ahora la situación de la prostituta (escasez de prevención, de ayudas y alternativas), y sin estudiar previamente donde aplicar esta medida.

Si eres o has sido puta sabes perfectamente que la persecución al putero implica en muchos casos la persecución a la prostituta. Por eso creo necesario estudiar en que ámbito aplicar esta penalización.

Ni a mi ni a muchas otras mujeres nadie nos ayudó a no acabar en ello previamente. Tampoco hasta ahora, nadie nos ofreció ni ofrece alternativas de salida. Nadie nos ayuda a reconstruir nuestra vida después, cuando, quieres o consigues salir SOLA de esa espiral.

Entonces, me planteo, que si mi realidad en ese momento era esa porque no tenía, porque no quería otra, ¿qué pasa si lo único para lo que me habían hecho creer que era válida y que era lo único que quería o me veía capaz de hacer, con lo que sobrevivía y vivía, fuera perseguido por la policía y tuviera que esconderme más aún para hacerlo?

Como puta, ¿en que me solucionaría la vida que se multe al putero? Ni estando explotada por proxenetas, porque probablemente en muchos casos como también me ocurrió a mi, no queda otra opción que “elegir” ser explotada sexualmente por terceros, (porque no tienes ni derecho a alquilarte una vivienda ni a ser sujeto social ni de derecho), voy a ver alternativas, ni ayuda de ningún tipo porque NO las hay, o son muy escasas y/o están mal enfocadas.

La multa al putero estaría bien si fuera rodeada de medidas REALES, preventivas antes de llegar a ello, para que se evitara que niñas, mujeres, trans, acabaran en la prostitución. Educación sexual y emocional en las escuelas. Medidas de apoyo y protección a la prostituta cuando ya estuvieras en ella. No criminalizarlas y convertirlas en objetivos de una caza de brujas.
Alternativas de salida y ayudas factibles para reconstruir tu vida.
En definitiva, repito, ayuda a la prostituida y prostituta antes, durante y después.

Pero por ahora no es así. Esta solución en concreto que propone el abolicionismo puede perjudicar más que beneficiar.

Me pregunto también si el dinero incautado a los puteros va destinado a las prostitutas.

¿El estado qué hace con el dinero de las supuestas multas? ¿Es una ayuda directa a las putas? Ya te digo yo que no. Intermediarios de por medio, a la prostituta le llega poco o nada. ¿No es acaso esto proxenetismo también?
Teniendo en cuenta que si lo multas a él y a mi me sigues dejando tirada y olvidada antes, durante y después, ¿que coño hago yo con mi vida si no veo ni tengo otra salida? ¿Alguien se plantea esta cuestión? ¿Los países se plantean esta cuestión?

Pienso que la abolición debería llevarse a cabo de manera natural, progresiva, no a golpe de multas. Con políticas fuertes de prevención de los condicionantes previos, TODOS, con educación emocional y sexual, con medidas reales y efectivas por parte del estado, de ayuda a las prostituidas y prostitutas, no revictimizándolas, precarizándolas y marginándolas más, como ocurre en muchos casos y en los que, como ex-prostituta me incluyo.

La abolición debería abordarse, junto con la persecución y condena de proxenetas y la explotación sexual, de la mano sobretodo de nosotras, las propias prostitutas y ex-prostitutas.
Siendo coherentes TODAS con las realidades de nuestras historias y con la realidad de lo que implica la prostitución y eso sí, pidiendo y pudiendo ser escuchadas TODAS por igual, no castigando ni silenciando a las que su realidad no coincide con la que se quiere oír.
Tendiendo puentes y encontrando puntos en común por los que luchar al unísono en favor del eslabón más débil, la prostituta, para que no tenga que llegar a ello y si llega, protegerla y ayudarla a salir si así lo desea.
No abandonarla antes, durante y después como está ocurriendo ahora.

En conclusión, soy plenamente consciente de que mis palabras a lo mejor no gustarán a algunos sectores del feminismo y/o del abolicionismo, pero estoy cansada de toda una vida sometida y violentada por unas circunstancias o por otras, por unas personas o por otras.
Cansada de no poder decir lo que pienso o como lo siento desde la propia experiencia porque al final tu vida es eso, tu vida, tu historia y nadie quiere ni va a ponerse en tu lugar, ni para lo bueno, ni mucho menos para lo malo.

Ámbar IL.

 

Publicado 6th February por ambar il

 

Barcelona Ciudad Pro Derechos

 

Todas las mujeres, todos los cuerpos, todos los derechos, todos los días

 

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Més de 110 col·lectius i entitats ja s’han adherit!
ACATHI
Actuavallès
Grup AFIN de la UAB
Almena Cooperativa Feminista
Cooperativa l’Apòstrof, SCCL
ARA Associació de Serveis i Formació Socioeducativa.
Assemblea de la Kasa de la Muntanya
Associació CA LA DONA
Associació GOGARA
Associació Hèlia
Atc llibertat
Colectivo Al hanan. Acciones contra la exclusión. Barcelona.
Aliadas Transfeministas
ARSU
Asamblea 8M proderechos Valencia
Asaupa’m
Assamblea Feminista de Gracia
Assemblea feminista La Filadora del Poblenou
Assemblea Feminista de Sants
Atzagaia
Ateneu Llibertari de Gràcia
Ateneu La Zitzània
Averlasailas Teatrodeloposible
La Bonne
Bilgune Feminista
Calala Fondo de Mujeres
Can Masdeu
C.A.M.P.A
CATNPUD. Xarxa Catalana de Persones que Usen Drogues
Cooperativa Candela, acció comunitària i feminista sccl
Las Ciclobollos
La Ciutat Invisible, SCCL
Ciutat Vella No Està En Venda
Col·lectiu i fons feminista, LGTB i queer a Can Batlló
EL ALETEO DESEQUILIBRADO de CONTRABANDA FM
Associació Ciutadana Anti-sida de Catalunya
Cooperacció
Associació Cooptècniques
CGT UB
Creación Positiva
Cultura Trans
Comitè 1r de Desembre
Dones Llibertàries
Dones x Dones
Associació de Drets Sexuals i Reproductius
Editorial Virus
Associació Cultural el Raval – El Lokal
Eje de Precariedad y Economía Feminista de Madrid
Entrepobles (Barcelona)
Escola Bollera
Espacio del Inmigrante
FAGC
Fem Bandada
Feministes Indignades
FLG Associació de Famílies LGTBI
Fundació Àmbit Prevenció-Servei Àmbit Dona
Fundació Aroa
Fundació ICEERS. International Center of Ethnobotanical Estudies Research and Services
Fractalitats de la Investigació Crítica de UAB
Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC)
GAIS POSITIUS
Gatamaula. Col·lectiu de dones feministes
GENERA – Associació en defensa dels drets de les dones.
GENEREM
Grup de dones Artemis de Santa Coloma de Gramenet
Hèlia
Federació D’Altres Activitats de la IAC (Intersindical Alternativa de Catalunya)
Fundació Socialisme sense fronteres
IAC-FAA
JIS Joves per l’ Igualtat i la Solidaritat
La Brotada, Assemblea Feminista de Vallcarca
La Electrodoméstica
Las Bajas Pasiones
Asociación cultural “Las Mirillas”.
LesBiCat
Liquen Data Lab – Consultoría feminista & Data Lab & Design Justice
Luciérnagas Arte en Acción
Marikas Llibertàries Transfeministes de BCN
Marxa Mundial de Dones Catalunya
Masala
MEDEAK
METZINERES “Entorns d’aixopluc per dones que usen drogues, Sobrevivint violències”
Associació La Morada
Mujeres Palante
Mujeres Migrantes Diversas
Mujeres Cannábicas
Negreta Feminista
(N)O.M.A.D.A.S – oficina migración y atención a la diversidad afectivo sexual
Novembre Feminista
Observatori Contra l’Homofòbia (OCH)
Post-Op
Precarias Empoderadas
Projecte Vaca, Asociacio creadores esenciales
Projecte X
Prostitutas Sevilla
Putas Libertarias Raval
REMA. Red de Mujeres Antiprohibicionistas
Assemblea Revuelta Trans
Secció Sindical CGT CCMA
SIDA STUDI
Simbiosis Kolective
Sindicato Lab
Stop Sida
SUDS – Associació Internacional de Solidaritat i Cooperació
Tamaia
Talaiar salut. Psicoanàlisi
Espai de Salut de la Teixidora (Col.lectiu)
Asociación T.I.C.T.A.C. , Taller de Intervenciones Críticas Transfeministas Antirracistas Combativas
TekillArt Fanzine
Asamblea Transmaricabollo de Sol
Tribade
Sindicato popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona
Unitat PSICOGÈNERE. S.P.L. Facultat de Psicologia. UAB
XADUD. Xarxa de Dones que Usen Drogues
Xarxa de Consum Solidari
Xarxa Feminista
Xarxa DDiPAS
I més de 350 persones!
Abraham Mesa Barroso Activista Marika Transfeminista, integrante del Movimiento Marika de Madriz (MMM)
Adriana Irurita González
Adriana Nicosia
Adriana Rosa Kaplan Marcusán Cátedra de Transferencia del Conocimiento, Directora Fundación Wassu-UAB
Adriana Sabaté Muriel educadora social i activista feminista
Àfrica Garcia-rincón Activista feminista de Sindillar
Agnès Vayreda Duran Docent UOC, Grup de Recerca MEDUSA
Alba castro Educadora social
Alba Garcia Sanchez Activista Feminista i Sindicalista
Alba Gràcia Martínez Militant anarcofeminista
Albert Recio Andreu Professor de la UAB, Revista Mientras Tanto
Alec Tosquella Alvarez Activista
Alejandra Outomuro Metgessa
Alejandro Forero Cuellar Professor Dret Penal i Criminología, i Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals UB
Alexandre Guillamon Lloret Coordinador de Entrepobles, Activista Social y DDHH
Alicia Cobo Peña activista veina
Alicia Dujovne Ortiz Escriptora
Alicia Rodriguez Activista
Alicia Sanchez Advocada
Amaia Peralto Treballadora Social
Ana Fábregas Martínez Activista
Ana G. Aupi Poeta Feminista
Ana Hernando Atorrasagasti miembro de la Asamblea Feminista de Madrid
Ana Mª Rivas Rivas Docent de la Universitat Complutense de Madrid
Ana Mañas
Ana Montero Novembre Feminista
Ana Nicolás Garrido Vecina
Ana Ramos Activista e integrante del colectivo antirracista Repensandones
Ana Varela Mateos Inspectora de Trabajo y Seguridad Social
Andrea Nunes Brions
Ángel J. Gordo López Docent Universitat Complutense de Madrid
Ángeles Poves Vecina
Anna Cervera Veïna de Barcelona
Anna Gabarró Sindicalista i feminista
Anna Jódar Corredera Feminista y educadora
Anna Miñarro Professional
Anna Moreno Integrant d’un col.lectiu
Anna Moreno Gómez Activista
Anna Romaguera Martinez de Castilla Integradora social a la fundacio ambit prevencio
Anna Sala Vila
Antoni Folguera Bonjorn Mestre
Antonia Raya Tena
Apen Ruiz Activista Feminista i Docent
Araceli Aiguaviva Baulies
Ares Batlle Manonelles activista feminista i investigadora predoctoral en criminologia feminista a la Universitat Pompeu Fabra
Ariadna Cases Treballadora sexual
Aura Roig Forteza Directora de Metzineres
Barbara Biglia Professora de la Universitat Rovira i Virgili
Bárbara Ramajo Membre de Bollos en Teoría
Bart Bloem Herraiz Activista por los derechos trans, integrante del Bloque Andaluz de Revolución Sexual, vecine de la ciudad de Bcn
Bart López Activista
Beatriz San Román Sobrino
Beka Iglesias (Calafou) Integradora Social.
Bel Olid Escriptora
Belén de la Rosa Fisioterapeuta,terapeuta gestalt trabajadora se educación y activista Q
Betlem Cañizar Bel Activista Feminista
Brigitte Vasallo
Carla Molina Fort trabajadora en el ámbito de Drogas y Género en el barrio del Raval
Carla Secondi Veïna de Barcelona
Carme Alemany Sociòloga
Carme Ambròs Ceron activista i veïna del Raval
Carme López
Carme Murias
Carme Porta Abad
Carmen García Vara Jubilada
Carmen Romero Bachille Feminista i professora de la Universitat Complutense de Madrid
Carolina Álvarez Rossat Fundación Wassu-UAB
Carolina Egio Artal Activista
Cecilia Carrillo activista veïnal a 9 Barris
Chiara Dalla Vecchia XADUD
Cinta Tort – Zinteta Artista i artivista feminista
Clara Fernández Psicóloga y educadora pro-derechos
Clarisa Velocci Activista Pro Drets
Claudia Conde Fisas veïna
Consuelo Álvarez Plaza Profesora Universidad Complutense de Madrid
Conxa Regañó
Coral Cuadrada professora de la URV
Cristina Conde Eujen Activista veïna
Cristina Fernández Bessa
Cristina Garaizabal Elizalde
Cristina Hernández Filósofa
Cristina Sanchez Edo veïna
Dámaris García Carbonell Activista Feminista
DANIEL PARDO RIVACOBA Vecino
Daniel Raventós Panyella professor de la UB y editor de Sin Permiso
David Casassas Marquès Professor Sociologia de la UB
David Jiménez Militant marika
Deborah Maire
Diego Marchante
Dolo Pulido León Activista feminista i personal d’administració i serveis de la Universitat de Barcelona
Edurne Jiménez Pérez activista, educadora i investigadora feminista
Elena Longares Hernández
Elia Martínez-Cava Carrasco Veïna feminista de Sants
Elisa Arenas Lopez trabajadora social
Elisa Felip Feminista y anarcovegana
Elisabet Almeda Samaranch Catedratica Sociologia Universitat de Barcelona
Empar Pineda Erdozia
Encarna Bodelón Professora de Filosofia del Dret
Encarna Laza Izquierdo Feminista, Técnica Sanitaria en el sistema públic de salut
Esperanza Aguila Ducet Infermera i activista feminista
Estrella Pineda Menor Activista veïnal
Estrella Ramil Paz Feminista
Eva Abril Chaigne Activista Cuir
Eva Fernández Antropóloga, activista feminista i veïnal
Fabiola Romera Rodríguez veïna
Fina Rubio Presidenta de Surt. Creu de Sant Jordi
Flavia Anconetani
Francesc Matas Salla Estrateg i activista.
Francesca Malloci Vecina activista
Gabriela Serra Frediani Activista Social
Gabrielle Royant Activista feminista pro derechos
Gal·la Llobet PiquerC
Garazi Rodríguez proyecte Metzineres
Gemma Torres Delgado Historiadora
Gerard Coll-Planas Director del Centre d’Estudis Interdisciplinaris de Gènere. Universitat de Vic
Glòria Roig i Gimenez Dones x Dones i Feministes per la Independència
Gracia Trujillo socióloga y activista feminista queer
Griselda Piñero Delledonne Jubilada
Helena Nuviala de Miguel Activista feminista
Iñaki Rivera Beiras Director de l’Observatori del Sistema penal i els Drets Humans de la Universitat de Barcelona
Inés Massot professora titular Departament MIDE, Universitat de Barcelona
Irene Zapata Rubio
Isabel Carreras Molina feminista, dona lliure
Isabel Holgado
Isabel Moga Sampere Metgessa Jubilada
Isabel Muntané activista
issa archs aunion activista
Itsasne Gaubeca Vidorreta Sociòloga
Itziar Ziga Escritora y feminista
Janet Mérida Treballadora Sexual
Jara Henar delegada a Catalunya de l’ONG Alianza por la Solidaridad
Javier Sáez Activista lgtb y feminista
Joan Bover i Alonso. aturat i simpatitzant de Entrepobles.
Joan Font Perez Associació DEMÀ
Joana Garcia Grenzner Periodista
Joana Garcia Grenzner Periodista i activista feminista
Joaquim Roqueta Manen Activista
Jokin Azpiazu Carball profesor e investigador de la Universidad del Pais Vasco
Jokin Azpiazu Carballo Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)
Jordi Arcarons Bullich Catedràtic d’Econometria, Estadística i Economia Aplicada UB
Jordi Bonet Martí Professor Universitat de Girona (UdG)
Jordi Ferré Virgili Economista Jubilat
Jordi Muñoz i Burzon mestre
Josefa Calbet Monserrat
Josefina Jiménez Betancor
Josep Maria Moragriega Andrés Docent
Juan Diego Ortega Persona
Juanjo Lavergne Integrante Colectiu RidersxDerechos
Judith Juanhuix Gibert Presidenta de Generem
Júlia Abelló Vilalta Antropòloga feminista, tècnica d’inclusió i gènere
Julia Montilla Campillo Trabajadora Cultural
Júlia Ojuel Médica de família feminista
Karla Arranque Candal Socióloga
Koldo Arostegui Bailarín
Laia Alsina Periodista
Laia Fargas Fursa Activista en la Defensa dels DDHH
Laia Otero Serrado Veïna
Laia Rossich psicòloga experta en l’abordatge de les violències masclistes
Laia Serra Perelló Advocada
Laura Labiano Ferré Militant de l’esquerra independentista i activista pro-drets
Laura Macaya-Andres Militant anarcofeminista i especialista en atenció a violències de gènere.
Laura Viladevall Corominas Activista
Lidia Sandalinas Félez Feminista, sindicalista de CCOO, sòcia de Ca la Dona, activista de Novembre Feminista
Lola Badenes Antropòloga, activista feminista
Lola Benítez Méndez
Lola Blesa Activista
Lorena Garrido Jurista
Lourdes Ponce Noria Activista Veïnal i dels Drets de les persones migrades
Lucía Egaña Rojas Artista visual y docente del Programa de Estudios Independientes del MACBA
Lucía Estrella Serra
Luis Royo Muñoz
Luis Villegas Negró activista y trabajador social (Stop Sida)
Lupicinio Íñiguez Rueda Profesor
M Carme Navarro Cardenete Activista feminista
M. Carme Catalan Piñol Transfeminista Antirracista Combativa
M. Dolores Fumanal Laplana. Professora jubilada, feminista
M. Gabriela Serra Frediani Activista social
M. Pilar Martín Bonaga Integrant col.lectiu
M.Carme Folguera Bonjorn Veïna
Mairê Costa de Carli
Mamen Briz periodista y activista pro derechos
Manuel Miguel Sepúlveda Profesor de artes plásticas y audiovisuales
Mar Zapata Integrante de un colectivo
Marcela Lamas Gomez Individual
Margarita López Carrillo Documentalista de salut
Margarita Sanchez Romeo Soc activista
Margot Pujal i Llombart Professora de la UAB
Mari Carmen Fernández Molina
Maria Antonia Arnau activista social a Gràcia i en defensa dels DDHH
Maria Barcons Campmajó Doctora en Dret – investigadora del Grup de recerca Antígona (UAB)
Maria Berzosa Activista feminista
Maria de la Fuente consultora
María Dolores Juliano Corregido Professora titular jubilada Antropologia UB
Maria Feliu i Gil estudiant i educadora
Maria Ginard Rodríguez tècnica auxiliar d’igualtat i activista feminista (membre del col.lectiu Fúria Feminista)
María Isabel Jociles Rubio Docent Universitat Complutense de Madrid
Maria Jesús Núñez González Treballadora de la UB
Maria Llopis
Maria Lopez Ruiz Activista Feminista
María Luisa Maqueda Abreu Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Granada
Maria Mateu Soc veïna i activista
Maria Morales Armayones
Maria Morales Codina Artista
Maria Moron Martin activista feminista
María Palomares Arenas Cabral
Maria Rodó de Zárate investigadora i activista feminista
María Rodriguez Metzineres
Maria Rosa Dalurzo
María Royo Díaz
Maria Teresa Cocciarini
Maria viñolo berenguel Activista
Marielle Paon Veïna
Marisa Cebrian Batalla Infermera
Marisa Iglesias Vila professora de Filosofia del Dret de la Universitat Pompeu Fabra
Marisela Montenegro Universitat Autònoma de Barcelona
Marta Busquets Gallego Derecho, género y salud
Marta Carrera Plans Activista Feminista i en Defensa de la Salut Pública
Marta Castro Zaera
Marta Farrés Anglada Activista feminista i educadora
Marta Jorba Investigadora en filosofia a la Universitat del País Basc (UPV/EHU) i activista feminista.
Marta Morató Contreras
Marta Padrós Castells Professora de la UAB
Marta Padrós Castells Integrant d’un col·lectiu
Marta Ruiz de Arcaute Naudí Costurera
Marta Sales Romero Educadora i activista feminista
Marta Villar Sexòloga feminista
Martí Caussa Calvet Redactor de la revista Viento Sur i activista de Stop mare mortum
Mercè Claramunt Bielsa Advocada
Mercè Compte Martínez Espai feminista de Sants
Mercè Espelleta actriu actriu
Mercè Fernàndez activista feminista
Mercè Meroño Salvador coordinadora del servei Àmbit Dona del Raval.
Mercè Molina Garcia Advocada
Mercè Nebot Ventura
Mercè Otero Vidal Docent. Creu de Sant Jordi
Mercè Redón Zorita mestra persones adultes jubilada
Merce Tafalla Veina
Meri Rodríguez Lourenço proyecto Metzineres
Miquel Àngel Garcia Àlvarez No
Miquel Missé Activista trans i sociòleg
Mireia Foradada Villar Investigadora i activista feminista
Mireia Redondo
Miren Etxezarreta Economista. Profesora jubilada
Miriam Aleman Calatayud Activista Feminista
Miriam Alemany Gómez Professora Licenciada en Comunicació i documentació, jubilada de Formació Professional
Miriam Sol i Torelló
Miriam Solà Activista e investigadora feminista
Mistress Nereida
Mistress Nicole
Monica Penas Activista feminista i sindicalista
Mónica Redondo Professora de matemàtiques i activista transmaricabollo
Monica Vargas Collazos Activista Social
Mónica Viviana Muro Activista
Montse Milà Estrada Treballadora Social i Activista Veïnal
Montse Puig Garrido Pedagoga i clown
Montse Vila
Montserrat Ballart Macabich
Montserrat Benito Soriano Activista Feminista i en defensa dels Drets humans
Montserrat Cervera Rodon Activista Feminista
Muntsa OV activista feminista
Nadina Bértolo Sanjuan Deseñadora gráfica
Nagore García Fernández Investigadora i activista feminista
Nagore Iturrioz Profesora
Natalia Esberti activista ddhh.
Nati Murguialday feminista
Natxo perez Veí
Nerea Abella Pinto
Neus Llop Rodríguez Educadora social y parte de LiquenDataLab
Neus Moreno Sáenz activista feminista i sindicalista
Nizaiá Cassián Yde
Noemí Elvira Marín Feminista
Noemi Parra Abaúnza Activista feminista y profesora asociada de la ULPGC
Nora Ancarola Artista Visual
Nora Miralles Periodista i investigadora en gènere i conflictes
Norma Falconi Fabara Papeles para Todos y Todas
Núria Balada Cardona Presidenta de l’Institu Català de les Dones i del Consell Nacional de Dones de Catalunya
Núria Casals Feministes per l’independència
Núria Escudé Massip Feminista
Núria Sadurní Balcells Investigadora psicosocial i activista feminista
Núria Vergés Bosch Investigadora Sociòloga Feminista
Olga Sahún Activista
Oriol Alfambra Serrano Riders X Derechos i IAC
Pam Rodríguez Pérez coordinadora de servei d’atenció especialitzat en violència de gènere
Patri Bert
Patricia Gonzalez Prado Profesora Master Interuniversitario de Estudios de Género, Mujeres y Ciudadanía, Universidad Autónoma de Barcelona
Patrícia Martínez i Àlvarez Historiadora i Feminista
Patsilí Toledo Vásquez Docent UPF i integrant del Grup de Recerca Antígona de la UAB
Pau Canals Activista Marica i Investigador psicosocial
Pau Pérez Professor
Paul B. Preciado Filósofo y Activista Trans
Paula Arce Becerra professora UAB i Membre de l’Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans
Paula Ezkerra Delegada sindical de la sección sindical de trabajo sexual de IAC-FAA
Paula Rodríguez. Educadora Social
Paula Sánchez Perera activista e investigadora
Pauline Ezkerra activista y vecina
Pilar Díaz García-Mauriño
Pol Galofre Molero
R. Lucas Platero Méndez Profesor de Intervención Sociocomunitaria, Comunidad de Madrid
Rafaela Subías de la Fuente
Raquel Rey Blanco Activista
Raquel Sánchez García
Raúl Quiroz Barreto Jubilado
Ricard Martínez i Muntada treballador de la UAB
Rocío Medina Martín Professora Filosofía del Dret (UAB), Grupo Antígona
Rommy Arce Legua Militante anticapitalista
Rosa Bofill
Rosa Isart Margarit Auxiliar d’arxiu i dramaturga
Rosa Lázaro Castellanos vecina
Rosa María Armario Grau ASIHD
Rosa Maria Palencia Villa. Periodista i professora UAB
Rosa Mestres Núñez Sóc veïna integrant d’un col·lectiu
Rosa Miró Rodríguez Feminista de l’economia social
Rosa villanueva maurell Soc veïna
Rosalia Molina professora i feminista
Rosalia Molina Activista de Dones Llibertaries de Cgt
Rosario Galarza
Rosario Galarza Comissió laboral 8M
Roser Pineda Casademont
Roser Pineda Casademont Dones Libertaries
Roser Rius camps
Sandra Sánchez Enfermera
Sara Barrientos Carrasco Terapeuta, formadora y activista feminista
Sara Cagliero Investigadora Departament de Pedagogia, URV
Sejo Carrascosa activista cuir
Sergi Raventós Panyella Treballador social
Sílvia Bofill Mas Docent
Silvia López Gil Professora de Filosofía i feminista
Sílvia Merino i Navalón Educadora, dissident sexual i feminista
Sílvia Moreira da Silva Psicòloga, Àmbit Dona
Silvina Monteros Obelar Universidad de Granada y ESCODE
Sira Vilardell Directora General de Surt
Sofia Bengoetxea Activista Trans
Sonia Sanchez Busques Personal d’administració i serveis de la Universitat Autònoma de Barcelona
Sonya Torres Planells Historiadora i docent
Sonya Torres Planells Activista feminista
Susana Batle Activista
Tània Verge Docent UPF
Teo Pardo Activista Trans
Teresa Sanz Coll professora de llengua i literatura, jubilada i activista feminista.
Teresa Serrano Pascual Mestra d’adults jubilada
Tina Caballero Mateo Feminista y muchas más cosas
Tiphaine Leurent Activista
Tjasa Kancler
VaneLaVane Feminista Perriferika’h
Vanesa Muñoz Educadora social
Vera Rodriguez Donante en Derechos Humanos
Verena Stolcke professora emérita UAB
Verónica Boero Doctora en Psicologia Social UAB
Veronika Arauzo activista pro derechos de TS y Transfeminista
Vicky Moreno Campon Dones x Dones i Feminisites per l’independència
Violeta Assiego Abogada de DDHH Y Activista LGTB+
VLADIMIR SOLÁ Docente
Xavi Tallon Soc activista
Xavier Domènech Historiador i ex-portaveu parlamentari
Xavier Giró Martí Director de recerca Observatori de la Cobertura de Conflictes de la UAB
Xavier Montagut President de la xarxa de Consum Solidari
Yolanda Dalmau Carreño Veïna

 

Por qué el trabajo sexual es un auténtico trabajo

 

“No creo que sea correcto o justo que las personas que intercambian servicios sexuales por dinero sean penalizadas y no lo creo por lo que hago”.

Por la Dra.Tlaleng Mofokeng

26 de abril de 2019

https://www.teenvogue.com/story/why-sex-work-is-real-work

 

En este artículo de opinión, Tlaleng Mofokeng, MD, fundadora de Nalane para la Justicia Reproductiva, explica por qué cree que el trabajo sexual debe ser despenalizado en todo el mundo.

 

 

El gobierno de Ámsterdam, una ciudad conocida mundialmente por su Barrio Rojo, prohibirá las populares visitas guiadas a través de esa área a partir de 2020. La prohibición se debe en parte a quejas que consideran las visitas una molestia que lleva a la congestión en las estrechas calles del canal. . Pero los funcionarios de la ciudad también han dicho que la prohibición es por respeto a las trabajadoras sexuales. “En esta era ya no es aceptable ver a las trabajadoras sexuales como una atracción turística”, dijo el concejal de la ciudad, Udo Kock, según The Guardian. Hay un problema: muchas trabajadoras sexuales se oponen a este plan.

El trabajo sexual es legal en Ámsterdam, pero no en muchos otros lugares, aunque algunas personas están trabajando para que así sea. En Sudáfrica, donde estoy basada, por ejemplo, las trabajadoras del sexo están pidiendo la despenalización y la reforma legal. Argumentan que el trabajo sexual es un trabajo, como ha afirmado la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un organismo especializado de las Naciones Unidas. Esta situación en Amsterdam, y la penalización continua de las trabajadoras sexuales en todo el mundo, es otro ejemplo de cómo ignoramos las necesidades y opiniones de las personas más afectadas por las leyes. Pero más aún, es otro ejemplo de cómo entendemos mal lo que realmente es el trabajo sexual. Soy una médica, una experta en salud sexual, pero cuando lo piensas, ¿no soy una trabajadora sexual? Y de alguna manera, ¿no lo somos todos?

Entonces, ¿qué es exactamente el trabajo sexual? No todas las trabajadoras sexuales se dedican al sexo con penetración, sin embargo, innegablemente es una parte importante del trabajo sexual. Los servicios de trabajadoras sexuales entre adultos que consienten pueden incluir compañía, intimidad, juegos de rol no sexuales, baile, acompañamiento y desnudarse. Estas funciones a menudo están predeterminadas y todas las partes deben sentirse cómodas con ellas. Muchas trabajadoras asumen múltiples roles con sus clientes, y algunos pueden ser más físicos, mientras que otras interacciones que pueden haber comenzado como sexuales podrían evolucionar hacia vínculos emocionales y psicológicos.

Los clientes que buscan trabajadoras sexuales varían, y no son solo hombres. La idea de comprar intimidad y pagar por los servicios puede ser positiva para muchas personas que necesitan conexión humana, amistad y apoyo emocional. Algunas personas pueden tener fantasías y preferencias kinks que pueden realizar con los servicios de una trabajadora sexual.

Me parece interesante que como médica, yo intercambio pagos en forma de dinero con personas para brindarles asesoramiento y tratamiento para problemas relacionados con el sexo; terapia para el rendimiento sexual, asesoramiento y terapia para problemas de pareja y tratamiento de infecciones de transmisión sexual. ¿No es esto básicamente un trabajo sexual? No creo que sea correcto o justo que las personas que intercambian servicios sexuales por dinero sean penalizadas y no lo creo por lo que hago. ¿Es realmente un título médico la medida correcta de quién merece dignidad, autonomía, seguridad en el lugar de trabajo, comercio justo y libertad de empleo? No. Esto no debería ser así. Aquellas que se dedican al trabajo sexual también merecen esas cosas.

Hoy en día, los espacios y las aplicaciones en línea hacen que las interacciones y negociaciones sean más seguras para las trabajadoras sexuales, en lugar de solicitar sexo al aire libre, donde la amenaza del acoso por la comunidad y la policía sigue siendo una preocupación. (Sin embargo, la legislación reciente en los Estados Unidos que dificulta que las trabajadoras sexuales realicen anuncios en línea ha complicado esto). Las aplicaciones también hacen que sea menos intimidante para las mujeres que son clientes seleccionar y conocer a las trabajadoras sexuales potenciales para satisfacer sus necesidades.

Sin embargo, la penalización continua del trabajo sexual y las trabajadoras sexuales es una forma de violencia por parte de los gobiernos y contribuye al alto nivel de estigma y discriminación. Una revisión sistemática y un metanálisis dirigido por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres (LSHTM, por sus siglas en inglés), por ejemplo, encontró que las trabajadoras sexuales que han experimentado una “acción policial represiva” (incluida la detención, la extorsión y la violencia de la policía) son tres veces más propensas a experimentar violencia sexual o física.

Pero los gobiernos a menudo no aceptan la evidencia de las bases económicas y sociales del trabajo sexual; la OIT estima que “las trabajadoras sexuales sostienen a entre cinco y ocho personas más con sus ingresos. Las trabajadoras sexuales también contribuyen a la economía”. Los gobiernos ignoran las historias y contextos matizados en diferentes países y, por lo tanto, continúan ofreciendo erróneamente soluciones globales y modelos de “rescate” que abogan por la despenalización parcial o la penalización continua. También ignoran los deseos de las trabajadoras sexuales, quienes desean una despenalización total, como lo apoyan la Comisión Global sobre el VIH y la Ley, y The Lancet, así como organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional.

Los esfuerzos globales hacia la despenalización han estado creciendo en algunos países, como Sudáfrica. Aquí, está liderado por el mayor movimiento de trabajadoras sexuales, Sisonke, y el trabajo de defensa y políticas de SWEAT. Estos esfuerzos son reflejados por la Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual (NSWP) y la Unión Holandesa de Trabajadores Sexuales, PROUD.

En julio de 2018, en la Conferencia Internacional sobre el SIDA en Ámsterdam, me uní a colegas y aliados y marché en solidaridad con PROUD cuando entregaron un memorando a los funcionarios de la ciudad, exigiendo la protección del derecho de las trabajadoras sexuales a trabajar en condiciones de trabajo seguras. El momento fue importante para revitalizar el movimiento global para la despenalización.

Las trabajadoras sexuales deben ser respaldadas a través de la defensa y la protección de sus derechos humanos a la autonomía, la dignidad, las prácticas laborales justas y el acceso a la atención basada en la evidencia. Es por esta y muchas otras razones por las que creo que el trabajo sexual y los derechos de las trabajadoras sexuales son los derechos de las mujeres, los derechos de salud, los derechos laborales y la prueba de fuego para el feminismo interseccional.

Además, el impacto de la penalización continua de la mayoría de las trabajadoras sexuales, la mayoría de las cuales son mujeres cisgénero y mujeres transgénero, significa que los derechos de las trabajadoras sexuales son un tema feminista. Si apoyas los derechos de las mujeres, te insto a que respaldes la demanda mundial de despenalización del trabajo sexual y que financies pruebas y programas intersectoriales basados ​​en los derechos dirigidos a las trabajadoras sexuales y sus clientes.

Debemos apoyar los esfuerzos para abordar las barreras estructurales y asegurar la implementación de un paquete integral de servicios de salud para trabajadoras sexuales según lo aconsejado por la Organización Mundial de la Salud, y financiar campañas públicas para reducir el estigma. La evidencia, no la moral, debería guiar las reformas legales y la política de trabajo sexual para conseguir la total despenalización del trabajo sexual.

Feminismo antifeminista

 

 

 

No hay problema con el término feminismo para quienes saben lo que es. Pero, al intentar definirlo, nos encontramos con el problema de que, para unas feministas, otras feministas son enemigas de las mujeres, es decir, antifeministas, y viceversa.

Así que podemos decir que un feminismo es el antifeminismo del otro y el único término que puede denominar a ambos conjuntamente, es decir, a la totalidad del feminismo, es el de feminismo antifeminista, cuya definición sería doble:

1.- Feminismo es la defensa del derecho de las mujeres a prostituirnos

2.- Feminismo es la negación del derecho de las mujeres a prostituirnos

En esta contradicción reside la fuerza renovadora del feminismo. Esta es la cuestión crucial.

 

En respuesta a @CitereaAnadiome

Son ideologías con intereses muy diferentes: Feminismo original/1ra ola, se basa en un sentido de justicia. Feminismo radical, se basa en relaciones de poder que buscan resolver a toda costa pasando por encima de la misma libertad, por lo que ni debería denominarse feminismo.

 

Ambas ideologías comparten el nombre de feminismo y son secundadas como tal por dos conjuntos de mujeres que mutuamente se excluyen como antifeministas. La corriente mayoritaria en España es la que tú y yo consideramos antifeminismo y que, a su vez, nos considera antifeministas.

La cuestión es: ¿tenemos o no las mujeres derecho a prostituirnos? Y esa cuestión hay que contestarla en un marco más amplio que el del feminismo antifeminista: en el marco de los derechos humanos, que no hace distinción de sexos. Y una vez resuelta ahí, volver al feminismo.

Actualmente, como parte del modelo abolicionista seguido por el Estado español, la ley nos reconoce ese derecho, en concordancia con el respeto a la dignidad humana (y la consecuente libertad sexual) que proclama la Constitución. Sin embargo, el antifeminismo radical nos lo quiere quitar, en nombre de una moral dogmática “feminista” antifeminista. El sector mayoritario del feminismo quiere desposeer mediante la violencia del Estado al sector minoritario de su derecho fundamental a la autodeterminación personal, a la dignidad.

Por eso, el sector de mujeres más marginado, más oprimido, más explotado, más escarnecido por el sistema antifeminista, las putas, deben liberarse de la red que les ha tendido la rama antifeminista del feminismo con su “ideología de genero” que las sacrifica en aras de su ansia de poder político y económico y, tomando conciencia de su absoluta dignidad humana, venciendo el estigma, organizarse para hacer frente al zarpazo prohibicionista que se nos viene encima y encabezar la resistencia de las oprimidas, liberando el feminismo de antifeministas.

Francia: “Ley de Prostitución: tres años de más”

 

 

 

La ley del 13 de abril de 2016 conocida como de “penalización de clientes”, tiene tres años. Tres años de más para esta ley que penaliza sobre todo a las trabajadoras sexuales y pone en peligro a las personas que dice proteger.

 

https://www.medecinsdumonde.org/fr/actualites/prostitution/2019/04/15/loi-prostitution-trois-annees-de-trop

 

El año pasado, un estudio reveló degradación de las condiciones de vida para las trabajadoras sexuales tras la penalización de los clientes. Un año después, una consulta con las asociaciones que participaron en el estudio confirma amargamente los primeros resultados. Precariedad, movilidad, contagios y deterioro de la salud, aumento de la violencia, el balance general es catastrófico a muchos niveles. Los objetivos de la ley no se han alcanzado, por otra parte. No hay menos trabajo sexual en Francia, y no hay indicios de una disminución de la trata y la explotación de menores desde la implantación de la ley.

 

UNA RELACIÓN DE FUERZAS SIN CAMBIAR: TRABAJADORAS SEXUALES PENALIZADAS

 

Los defensores de la ley habían prometido una “inversión de la carga penal“. En la práctica, sin embargo, las trabajadoras sexuales siguen siendo acosadas por la policía y más penalizadas que los clientes debido a las ordenanzas municipales, o porque prevalecen las políticas de lucha contra la inmigración o de gentrificación de las ciudades.

 

“Los clientes tienen hoy el poder de bajar las tarifas e imponer relaciones sin preservativos.”

 

Se nos había predicho un reequilibrio de la relación de fuerzas entre trabajadoras sexuales y clientes, lo cual no es el caso en absoluto. Como resultado del aumento de la competencia entre las trabajadoras sexuales, los clientes ahora tienen el poder de reducir las tarifas e imponer relaciones sin preservativos.

 

UNA “RUTA DE SALIDA DE LA PROSTITUCIÓN” EN PUNTO MUERTO

 

Se suponía que la ley “protegía” a las trabajadoras sexuales y “abría nuevos derechos” a través de una “ruta de salida de la prostitución”. Tres años después, mientras que el número de trabajadoras sexuales se estima en alrededor de 40.000 en Francia, solo se han establecido unas pocas docenas de rutas de salida.

 

“El número de trabajadoras sexuales se estima en alrededor de 40.000 en Francia”

 

Bien lejos pues de los objetivos del gobierno de 500 a 1.000 personas por año. Desigualdades territoriales y la multiplicación de criterios discrecionales se añaden a la   complejidad administrativa del acceso a esta ruta, por lo que la mayoría de las trabajadoras sexuales nunca accederán a él.

Para las personas que a pesar de todo han podico beneficiarse de la misma, el acceso a un permiso de residencia sigue siendo complicado debido a la obsesión por el control de los flujos migratorios, por no mencionar el acceso a la vivienda que sigue siendo una promesa incumplida. Los medios no están disponibles.

 

UNA LEY IDEOLÓGICA EN DETRIMENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS

 

Constatamos que la ley ha permitido principalmente favorecer a las asociaciones abolicionistas, ya que los subsidios públicos están cada vez más condicionados a apoyar la ley y su componente represivo. Las asociaciones de trabajadoras sexuales y las que defienden su salud han denunciado durante mucho tiempo cualquier forma de penalización como perjudicial para los derechos, la salud y la seguridad de las personas. El trabajo sexual no puede ser tratado únicamente desde la perspectiva de la ruta para “salir de la prostitución” que no satisface las necesidades de las trabajadoras sexuales que continúan trabajando. Deben ser defendidos todos los enfoques de reducción de daños y de salud comunitaria por y para las personas implicadas que han sido desarrollados durante 30 años, en línea con las recomendaciones internacionales y los estudios científicos que defienden su efectividad.

Estas constataciones recurrentes e inaceptables apuntan a la necesidad de rectificar el marco legislativo con urgencia. ¿El informe de evaluación previsto por la ley dirá lo contrario? No se sabe, no existe. Prueba del desinterés y la inacción descarados de los poderes públicos.

 

PUBLICADO EL

15 de abril de 2019.

 

Lista de organizaciones firmantes

Acceptess-T, Act Up-Paris, AIDES, Arcat, Autres Regards, Cabiria, Fédération parapluie rouge, Grisélidis, Le Collectif des femmes de Strasbourg Saint Denis, Médecins du Monde, STRASS (Syndicat du Travail Sexuel).

 

Francia: ¿Tres años de ley y cuántas falsas promesas?

 

Por THIERRY SCHAFFAUSER

17 de abril de 2019

http://MA.LUMIERE.ROUGE.BLOGS.LIBERATION.FR/2019/04/17/3-ANS-DE-LOI-ET-COMBIEN-DE-FAUSSES-PROMESSES/

 

 

Cuando una ideología lleva a un callejón sin salida y destruye vidas.

 

El aniversario de los tres años de la ley del 13 de abril de 2016 transcurrió sin mucho ruido. El tema del trabajo sexual permite que las personas se entretengan durante los debates televisados, pero a pocos les importa lo que realmente está sucediendo a las personas involucradas, incluidos aquellos que defienden la ley en nombre de “ayudar a las prostitutas” sin nunca intentar evaluar o verificar las consecuencias de su política.

Promesa de evaluación

La ley prevé una evaluación del gobierno después de dos años y esto no se ha hecho. Los defensores dicen que es demasiado pronto para evaluar, que se necesita tiempo para sentir los efectos positivos. Y, de hecho, los efectos positivos todavía no están allí. Sería culpa de los decretos de aplicación que tardaron en publicarse. La penalización de los clientes, de hecho, la medida emblemática de la ley y el interés principal de sus defensores, se aplicó desde el primer día porque no requiere ningún decreto de aplicación.

Esta penalización es denunciada regularmente por las trabajadoras sexuales y las organizaciones de salud. A menudo lo hablamos en este blog, así que lo remito al estudio de LeBail / Giametta para más detalles; esta nota está destinada más a verificar el contenido de las promesas que se han hecho.

Promesa de desaparición gradual de la “prostitución”.

La apuesta de esta ley era que la pérdida de ingresos relacionada con el trabajo sexual llevaría a las trabajadoras sexuales a hacer otra cosa. Esta visión ya era en sí misma una forma de confesión, ya que si el trabajo sexual fuera realmente una “violencia contra las mujeres”, no habría necesidad de alentar a las personas que lo practican a detenerlo buscando destruir o reducir su fuente de ingresos. Por lo tanto, se trata de castigar a las recalcitrantes que se niegan a someterse a la ideología abolicionista mediante el corte de sus suministros de alimentos.

Las feministas abolicionistas a favor de la ley, sin embargo, habían previsto que la presión sobre las trabajadoras sexuales tendría que ejercerse después de la introducción de “ayudas” para “salir de la prostitución”. Se suponía que la penalización de los clientes se aplicaría solo varios meses después de dicho “componente social” para garantizar un período de “reintegración” sin pérdida de ingresos netos. De hecho, sucedió exactamente lo contrario, ya que la penalización de los clientes se aplicó de inmediato y las “ayudas” famosas de la llamada “ruta de salida” no comenzaron a aplicarse más que año y medio después para los primeros departamentos interesados.

Promesa de lucha contra la trata de personas, la explotación y la violencia.

Por lo tanto, es en gran parte por esta razón que, por el momento, no hay una evaluación positiva de estos primeros años durante los cuales solo se aplicó el componente represivo, mientras que se suponía que éste también traería beneficios, entre otras cosas, la progresiva desaparición del trabajo sexual y la trata de seres humanos. Tres años después, no hay indicios de tal desaparición, y el número de víctimas de la trata puede incluso estar batiendo récords.

Cuando las trabajadoras sexuales denuncian precarización y asaltos más frecuentes desde la aplicación de la ley, sus partidarios explican que la violencia ya existía antes, que no fue culpa suya y que las “personas en situación de prostitución” siempre se han quejado de su precariedad. Cuando nos quejamos por el aumento de infecciones, se nos dice que el VIH y las ITS no son lo único que hay en la vida y que se debe tener en cuenta la salud de manera global, ya que la práctica del trabajo sexual sería una forma de deterioro de su salud mental (teoría rechazada por la Haute Autorité en Santé por falta de evidencia). En el peor de los casos, se nos acusa de mentir o no saber lo que decimos debido a nuestra negación psicológica unida a nuestro estrés postraumático, los síndromes de Estocolmo y otras formas de patologización. En todo caso, nadie afirma que la ley haya mejorado nuestras condiciones de trabajo, y los abolicionistas admiten que el propósito de la ley no es mejorar nuestras condiciones de vida, sino animarnos a “salir de la prostitución”. .

Promesa de despenalización de las “prostitutas”.

Se nos dice que la ley ya no penaliza a las “personas prostituidas” o que ha “invertido la carga penal” sobre los clientes. En la práctica, las trabajadoras sexuales siguen siendo penalizadas por las ordenanzas municipales, las leyes de proxenetismo, las políticas contra la migración o la gentrificación de las ciudades. De hecho, a menudo a los clientes les preocupa menos la policía que a las trabajadoras sexuales. Esta tiene órdenes contradictorias y está lejos de haberse vuelto feminista con la ley.

Por ejemplo, en el bosque de Sénart, la policía acosa a las trabajadoras sexuales desde hace más de un año, destruyendo sus chozas, confiscando sus propiedades, insultándolas, mientras que el delito de solicitación ya no existe y no hay ordenanza municipal para explicar estas conductas. Justifican su presencia por la ley de penalización de los clientes, que no aplican, ya que su objetivo es echar a las trabajadoras sexuales cuya visibilidad perturba, contrariamente a los clientes cuyo pasaje es furtivo y similar al de otros caminantes, que extrañamente en este lugar del bosque son solo hombres adultos…

Cuando se aplica, la penalización de los clientes es de hecho principalmente contra las trabajadoras sexuales, para que salgan de un espacio determinado, sabiendo que la mejor manera de perseguirlas es evitar que ganen. dinero haciendo que pierdan su tiempo. Así que tenemos en muchos lugares de Francia policías a los que se les paga por quedarse todo el día o toda la noche frente a las trabajadoras sexuales, sus chozas y sus camionetas, solo para asustar a los clientes y asegurarse de que no pueden trabajar, por lo que terminan abandonando el lugar. Estamos muy lejos de los debates y de la ideología abolicionista que dice “proteger a las víctimas”.

Promesa de mayor poder para las “prostitutas”.

Los defensores de la ley explicaron que permitiría a las “personas prostituidas” tener más poder sobre los clientes al permitirles amenazar con demandarlos. Este punto de vista es un poco estúpido porque cualquiera que amenace a sus clientes con denunciarlos se arriesga a no trabajar muy bien. De hecho, las trabajadoras sexuales diferencian entre un abusador, que no es un cliente, sino posiblemente una persona que se hace pasar por un cliente para agredir, y un cliente que cumple con las condiciones presentadas. Es como llamar a un ladrón de bancos un cliente del banco, y que para combatir los robos de bancos se decidiera que todos los clientes de los bancos deberían ser penalizados, en lugar de detener a los ladrones en cuestión.

El poder de negociación con los clientes en realidad se ha debilitado. Si, antes de la ley, tenías diez clientes que se presentaban durante el día y solo querías hacer tres, podrías elegir a los tres mejores que estuvieran de acuerdo con tus condiciones. Hoy, con la penalización de los clientes y el temor de ser detenidos por la policía, si solo tres clientes acuden a ti en el día, es más probable que los aceptes a todos para mantener tu nivel de ingresos, incluso si son los tres peores clientes que siempre rechazaste, los que negocian los precios o el preservativo. Hay mayor riesgo de que termines por ceder y, a diferencia de lo que se dijo, la ley ha otorgado más poder a los clientes, quienes, aunque pueden tener que pagar una multa, no se arriesgan como las trabajadoras sexuales a perder todos sus ingresos y volver a encontrarse en la calle porque ya no pueden pagar su renta o habitación de hotel.

Promesa de “ayudas” para las personas que quieren dejar el trabajo sexual

Las mayores promesas obviamente se referían a la llamada “ruta de salida de la prostitución”. Tres años después de la ley, unas 150 personas se habrían “beneficiado”, mientras que los defensores de la ley imaginaron ayudar de 500 a 1000 personas por año, con un presupuesto asignado de aproximadamente 5 millones de euros al año, incluidos los primeros años de la ley durante los cuales no hubo “ruta de salida”. Este dinero se utiliza principalmente para “formar” a las autoridades y “sensibilizar” al público sobre las “realidades de la prostitución” tal como lo definen los activistas abolicionistas.

La ruta de salida no funciona muy bien, lo que era predecible desde el principio, ya que se cree que es una forma de control para garantizar que las trabajadoras sexuales, muchas de ellas inmigrantes, no abusen del sistema solo para tener papeles. De hecho, esta ruta es virtualmente irrelevante para las trabajadoras sexuales francesas, o que ya tienen un permiso de residencia, y que, por lo tanto, ya pueden beneficiarse de los derechos sociales previstos en el derecho común. Como recordatorio, la RSA para una persona soltera es de unos 550 euros por mes, o sea mitad más que la asignación proporcionada durante el “recorrido”.

Los parlamentarios y el gobierno anterior tuvieron la generosa idea de que las trabajadoras sexuales podían vivir con 330 euros al mes, pero tenían que sospechar que muchas personas mentirían y continuarían el trabajo sexual en secreto (lo que realmente sucede). y, por lo tanto, habían planeado comisiones departamentales para “acompañar” a las personas y asegurarse de que estuvieran bien comprometidas en este recorrido. Desde que se crearon las comisiones, la mayoría no se reúnen o como mucho lo hacen una vez al año, la mayoría de los departamentos casi no tienen solicitudes, y la mayoría de los recorridos se realizan principalmente en los departamentos de Ile de France.

Los criterios de rechazo y aceptación varían considerablemente de un departamento a otro según la buena voluntad de los prefectos. Varios departamentos son muy claros acerca de su negativa a crear “efecto llamada” al regularizar a las inmigrantes indocumentadas. Por ejemplo, el departamento de Alpes Marítimos rechazó casi todos los casos de mujeres nigerianas que se habían presentado bajo la promesa de obtener documentos y que se encontraban en centros de detención.

Otros departamentos dicen que rechazan a las personas que ya han solicitado asilo o se han visto obligadas a abandonar el territorio francés, como es el caso de la mayoría de las trabajadoras sexuales inmigrantes que son controladas regularmente por la policía. A veces se les pide que tengan un buen dominio del francés, que ya hayan parado el trabajo sexual durante varios meses para demostrar su compromiso, como si el trabajo sexual no se ejerciera principalmente, como cualquier otro trabajo, para ganar dinero en ausencia de otras fuentes de ingresos, y que las personas pudieran dejar de trabajar de un día para otro durante varios meses, esperando la respuesta de una comisión que se reune de manera muy aleatoria y cuya respuesta llega después de varios meses.

Las personas que son más fácilmente aceptadas son aquellas que ya han logrado detener el trabajo sexual por algún tiempo y han logrado valerse por sí mismas sin la ayuda del Estado. Es necesario creer que las condiciones son tales debido al temor de una reanudación del trabajo sexual que probaría la inutilidad de dicho recorrido o, en todo caso, su ineficiencia. Así que se ha creado un enorme rompecabezas muy costoso en dinero y energía, agotando los recursos asociados que serían más efectivos si ayudaran directamente a las personas sin pasar por el montaje de registros, reuniones y rechazos de la administración.

El Permiso de Residencia Temporal Provisional de 6 meses ni siquiera permite registrarse en la mayoría de los centros de trabajo o encontrar un empleo con un empleador que no quiera correr el riesgo de contratar a alguien que se encuentre de nuevo rápidamente sin papeles. La promesa de asistencia para la vivienda tampoco se mantiene porque los lugares de alojamiento están saturados. El resultado está pues muy mitigado. Bastaría, sin embargo, simplemente regularizar a las indocumentadas para permitirles el acceso al derecho común en lugar de crear un sistema completo de chantaje y control social para controlar que las personas merecen “ayuda” condicionada al buen comportamiento que se espera de ellas, incluso cuando ese trabajo sexual es una actividad perfectamente legal y sujeta a impuestos.

Promesa de hacer una ley para la gran mayoría de las “víctimas”

Nos explicaron que las trabajadoras sexuales que protestaban contra la penalización de los clientes eran una minoría privilegiada no representativa y que la ley defendería a la gran mayoría de las “víctimas”. En realidad, casi todas las trabajadoras sexuales en Francia se oponen a la penalización de clientes y sufren, pero poco importa a los defensores de la ley, ya que solo las personas “salidas de la prostitución” pueden entender y analizar lo que han vivido una vez que experimenten la revelación y la comprensión de que en realidad era violencia.

Las estimaciones oficiales (falsas y probablemente subestimadas) del número de trabajadoras sexuales en Francia varían entre 30.000 y 40.000 personas. Sin embargo, solo un poco más de 150 personas se han beneficiado de la ley a través de la “ruta de salida de la prostitución”. Esto representa, después de tres años, el 0,5% de la población total de trabajadoras sexuales en Francia. A este ritmo, y si ninguna persona nueva decide comenzar el trabajo sexual mientras tanto, podemos estimar que la “abolición de la prostitución” puede ser efectiva, si todo va bien, en 600 años.