A favor de la legalización de la prostitución voluntaria

Saben de sobra que la prostitución no va a desaparecer, porque siempre ha estado ahí y siempre estará

 

Por Guadalupe Sánchez

23 de marzo de 2021

https://www.vozpopuli.com/opinion/legalizacion-prostitucion.html

 

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo. Europa Press

 

El Gobierno de las feministas y de los feministos nos dice que necesitamos un cambio de paradigma para que el consentimiento de las mujeres esté en el centro. “Sólo sí es sí” y por eso deberá constar por escrito y firmado en duplicado ejemplar por todos los partícipes en el intercambio de prestaciones sexuales. Se aconseja añadir un anexo en el que se detallen los actos, posturas y movimientos a los que la dama consiente y la duración máxima y mínima del coito. El varón empresario deberá resaltar en negrita aquellas cláusulas que considere de difícil comprensión para la hembra consumidora de sus servicios orales y/o genitales.

Pero, ay, cómo cambian las cosas cuando el intercambio sexual no es a título lucrativo —o sea, gratis— sino oneroso y es la mujer la que asume por decisión propia el rol de empresaria. En estos casos, la voluntad del Gobierno ha de primar sobre la de la fémina. Ni cambio de paradigma, ni consentimiento expreso, ni puñetas.


Lo único que van a conseguir con esta ley es no tener que apartar su puritana mirada cada vez que se crucen en su camino con esas vulgares meretrices indignas y antidemocráticas


Ha anunciado la vicepresidenta Carmen Calvo una “legislación nacional abolicionista que prohíba la prostitución en toda España y que nos dignifique como democracia”. Ya no les basta con negar reconocimiento jurídico y, por lo tanto, protección, asistencia y cobertura a las que se dedican al negocio del sexo. Ahora también quieren relegarlas a la ilegalidad. Saben de sobra que la prostitución no va a desaparecer, porque siempre ha estado ahí y siempre estará: ¡por algo es conocida como el oficio más antiguo de mundo! Tanto es así que algunos de sus más fieles usuarios en privado eran y son quienes más reniegan de ella en público. Lo único que van a conseguir con esta ley es no tener que apartar su puritana mirada cada vez que se crucen en su camino con esas vulgares meretrices indignas y antidemocráticas.

¿Cristiano o progresista?

Confieso que no puedo evitar evocar al caudillo cuando escucho a Carmen Calvo —y a la cohorte a sueldo del Ministerio de Igualdad— argumentar contra la prostitución. Mediante decreto ley de 3 de marzo de 1956, el Generalísimo aprobó la abolición de los centros de tolerancia y otras medidas relativas a la prostitución. “La incontestable ilicitud de la prostitución ante la teología moral y ante el mismo derecho natural, ha de tener reflejo obligado en el ordenamiento positivo de una nación cristiana para la debida protección de la moral social y del respeto debido a la dignidad de la mujer”. Así arrancaba el preámbulo de la norma franquista. Si donde dice “cristiano” me ponen ustedes “progresista” ya le estarán adelantando a esta panda de pacatos del Ejecutivo una parte de la tarea legislativa. Seguro que también les valdrá el artículo primero, que rezaba: “Velando por la dignidad de la mujer y en interés de la moral social, se declara tráfico ilícito la prostitución”. ¡Carmen, atiende, que Franco era feminista y te adelantó buena parte de la faena!

Lo que está claro es que las mujeres nos debemos a fines más elevados, que en los cincuenta eran aquellos que nos imponía el dictador y ahora son los que nos marcan las ministras, los ministros y les ministres. El paternalismo feminista ha reemplazado al franquista.

La ideología no les deja ver que la explotación sexual no trae causa de la prostitución. Prohibir la segunda no solucionará la primera, sino al contrario, la agravará. Legalizar la prostitución no sólo redundaría en mejoras para aquéllas que se dedican al negocio del sexo voluntariamente, sino que también facilitaría erradicar el execrable crimen que es la trata de seres humanos. Pero sé que pido demasiado a quienes no han venido a trabajar sino a sacar a pasear eslóganes y pancartas.

 

Prostitución, feminismos y derecho penal,

de Mª Luisa Maqueda Abreu.

Granada, Comares, 2009

https://www.marcialpons.es/libros/prostitucion-feminismos-y-derecho-penal/9788498365023/

 

Recensión por

Francisco Majuelos

Universidad de Almería

España

Correspondencia: Francisco Majuelos. CEMyRI. Universidad de Almería. Ctra. De Sacramento s/n. 04120­La Cañada de San Urbano (Almería). España.

 

© Revista Internacional de Estudios Migratorios. CEMyRI. UAL (España)

 

“A modo de recapitulaciòn, Maqueda se refiere a ‘un continuum de despropòsitos legislativos en el abordaje jurídico del fenòmeno de la prostituciòn’ a causa de ‘la herencia determinante del abolicionismo. En su contexto, las víctimas no nos dejan ver a los sujetos de derechos que hay detrás, no interesa su autonomía ni el respeto a su propia subjetividad, ni su dignidad, ni su integridad ni, desde luego, su libertad’”

 

El libro que reseñamos aborda diferentes cuestiones relacionadas con la prostitución, las polémicas en relación a ella y los interrogantes que se suscitan en torno a la posible regulación de la prestación voluntaria de servicios sexuales. El texto se articula por medio de tres capítulos que, si bien poseen cierta identidad propia, mantiene una continuidad argumental y un alto nivel de conexión analítica.

En el primer capítulo, titulado „los orígenes de la prostituciòn contemporánea., se traza un bosquejo de la incorporación de la ideología abolicionista en la legislación internacio­nal y en las políticas públicas en relación con la prostitución y algunos de los fenómenos con los que habitualmente se vincula, como el tráfico o la trata. La autora nos sitúa en la segunda mitad del siglo XIX, en el contexto del desarrollo del capitalismo industrial: “la prostitución moderna vendría asociada a su vinculación con una clase social —las prostitutas eran las hijas no cualificadas de las clases no cualificadas— y el interés del estado por controlar la vida de los pobres” (p. 6). El incipiente abolicionismo, surgido como crítica a los aspectos más insoportables del reglamentarismo decimonónico, iría ganando terreno debido a diversos factores: los cambios sobrevenidos en el mercado de la prostitución, el fuerte desarrollo experimentado por ésta a finales del siglo XIX, la entrada en escena del llamado tráfico sexual de mujeres – alentado por su fuerte publicitaciòn y el „pánico moral. asociado a ella, respaldado por el abolicionismo-, etc. (p. 8). Este fenómeno provocaría la movilización en diferentes países organizándose múltiples eventos y suscribiéndose distintos convenios, hasta culminar en lo que Maqueda define como la “obra más representativa “del feminismo abolicionista: la Convenciòn de Naciones Unidas para la represión de la trata de seres humanos y de la explotación de la prostitución ajena, firmada en Nueva York el 21 de marzo de 1950 (p. 9).

En el segundo apartado de este capítulo, la autora traza el camino recorrido durante casi medio siglo hasta la firma del citado convenio, resaltando algunos aspectos de gran transcendencia: la contradicción inicial de muchos estados con políticas reglamentaristas en sus propios territorios, que suscribirían un acuerdo acusadamente abolicionista; el contenido criminalizador del entorno de la prostitución presente en el convenio; o el desconocimiento en él del principio de autonomía de la voluntad de la persona, reconocido en otros textos de carácter internacional. “Este convenio de 1950 condicionaría, de forma determinante, el devenir de las políticas sobre prostituciòn en los distintos países” (p. 13).

En el tercer apartado, Maqueda analiza los aspectos esenciales relacionados con la ideología abolicionista a partir de la finalización de la segunda guerra mundial, época a partir de la cual se iniciarían cambios profundos en los órdenes moral y sexual, particularmente en las ideas y las prácticas relacionadas con el sexo, así como su posterior vinculación a la industria del turismo y del ocio, y las ideas y hábitos sociales favorables a una normalización de la prostitución (p. 15). La evolución ideológica en el seno del propio feminismo, particularmente el feminismo cultural logrará imponer una jerarquía moral entre las mujeres en función de lo sexualmente correcto y considerará a la prostitución como una manifestación del poder de los hombres sobre las mujeres y de la imposición de la sexualidad masculina, vinculando esencialmente el placer masculino a la victimización, el daño y la explotación de la mujer. Asimismo se analizarán las influencias ejercidas por esta ideología en las políticas nacionales, en particular en el caso sueco, modelo de referencia del nuevo discurso feminista sobre la prostitución, que incorpora “otro de los grandes principios del abolicionismo radical: la negaciòn del derecho a prostituirse” (p. 20) y la penalizaciòn del cliente, consolidándose un concepto de prostitución que la conciba como explotación sexual.

También se hará un breve recorrido por el caso español, donde la tardía preocupación del feminismo por la prostitución, no ha impedido que se haya abierto paso en el ámbito institucional el ideario abolicionista: la prostitución como violencia de género, como sometimiento al deseo masculino; el sexo de pago como ausencia de libertad en el ejercicio de la sexualidad; la victimización de la prostituta y la desconsideración de su autonomía; la negación de la distinción entre prostitución libre y forzada, o su vinculación con el tráfico sexual; etc.

Su evaluación y conclusiones quedan reflejadas en los dos puntos finales respectivamente, y las aportaciones que ofrece no pueden ser más demoledoras: el mercado clandestino monopolizado por la delincuencia organizada, consecuencia de los regímenes prohibicionistas (p. 35); el incremento de la victimización, el estigma, la discriminación y la clandestinidad (p.37); concluyendo para el caso sueco que “procede levantar ‘acta de fracaso’ de la iniciativa legal sueca, cuyo principal avance ha sido garantizar la victimización de un colectivo que con ella se ha hecho más vulnerable” (p.38); y para el caso español, a los efectos invisibilizadores del prohibicionismo, habría que añadir el “amplio margen de inseguridad jurídica en la aplicaciòn de la nueva normativa penal” que los ambiguos términos de „explotaciòn sexual. provocan en relación a la difícil prueba del lucro punible (p. 40).

En el capítulo segundo, «los nuevos discursos: de la autodeterminaciòn sexual al reconocimiento de derechos», la autora realiza un análisis de los discursos en torno a la prostitución, un proceso de deconstrucción/construcción del concepto de prostitución que sea apropiado para el objetivo de “reconocimiento de la prostituciòn voluntaria como una práctica social – legal y regulada-” (p. 41).

El primer apartado se dedica a precisar los rasgos definitorios de un concepto adecuado de prostitución, necesariamente liberado de los tópicos y de las construcciones ideológicas que lo contaminan asociándole prácticas distintas a la prostitución y que, sin embargo, acaba por asimilar, insistiendo en los elementos que le son sustanciales: la prostitución como práctica social, la prostitución como sexo libremente pactado y la prostitución como actividad económica diversificada en un mercado internacionalizado.

En el segundo apartado, se aborda la construcciòn de una definiciòn “científica” de la prostituciòn: “la prestaciòn voluntaria y negociada de servicios sexuales remunerados”. A partir de esta definición, Maqueda precisa el contenido de los elementos que la componen, en relación a los discursos abolicionistas: la prostitución forzada no existe, es decir, que la prestación coercitiva de servicios sexuales no puede ser considerada prostitución; la prostitución como servicio sexual que se presta por quien recibe dinero a cambio implica que no se trata de una relación recíproca de sexo, en la medida en que quien ofrece servicios sexuales no mantiene “relaciones sexuales”; la prostituciòn como práctica y como profesiòn, que asimile la prostitución a un contexto público como trabajo sexual, que permita el reconocimiento de derechos sociales y laborales a sus protagonistas.

La voluntariedad inherente al concepto de prostitución propuesto es la clave para la opción al reconocimiento de un espacio de libertad en el ejercicio de la sexualidad, al que la autora asocia con la decisión de trabajar en el mercado del sexo y que vincula al discurso liberal: la prostitución no sería sino la expresión del derecho sexual de cualquier persona a disponer de su propio cuerpo. Es desde esta perspectiva desde la que la que se analizan las posibilidades de fundamentación de su propuesta regulatoria desde el discurso liberal, que reconoce no unívoco y que plantea diferentes problemas cuando se plasma en propuestas de intervención social: el modelo no intervencionista tanto en cuanto sitúa la libertad sexual en el terreno de lo privado; el modelo regulacionista, que intenta transformar los problemas sociales en problemas de orden público, mutando en un nuevo prohibicionismo que se vuelve contra las trabajadoras sexuales, ante la indiferencia del feminismo abolicionista respecto de los problemas humanos de las prostitutas.

El cuarto apartado analiza el discurso social de reconocimiento de derechos para el que parte de dos ideas clave: la prostitución como actividad económica y la prostitución como trabajo. Maqueda presenta diferentes aportaciones de esta perspectiva tanto desde la sociología como del derecho. Y su marco ideològico de partida “de ese reconocimiento de la prostitución como trabajo sexual no puede ser otro, por lo menos formalmente, que el estado social: sustraer de la condición de trabajadoras a las mujeres que ejercen la prostitución es sustraerlas también de los derechos asociados a los modelos de Estado de Bienestar” (p.95). A continuaciòn ejemplifica, y evalúa, esta perspectiva mediante el modelo holandés, al que reconoce su capacidad de mejora de la situación de las trabajadoras sexuales, si bien entre sus insuficiencias reconoce las dificultades de aplicación por falta de recursos, la peor posición laboral de las trabajadoras autónomas o la discriminación que supone para las trabajadoras extranjeras no comunitarias que están fuera del ámbito de protección en este modelo, al no ser fuente de reconocimiento laboral para su regularización administrativa, por razones de „interés nacional.. Otras insuficiencias del modelo laboral quedan recogidas en este apartado final del capítulo II, particularmente las que provienen del cuestionamiento de la ciudadanía laboral como fuente exclusiva del reconocimiento de derechos por parte de los estados, o las que propugnan una vía emancipadora desligada del concepto de ciudadanía. En cualquier caso la posición de la autora es clarísima al respecto: “quedarse fuera de la lògica del derecho sòlo atrae debilidades y conti­nuismo en la desprotecciòn de uno de los colectivos que más desprotegidos están” (p. 102).

En el capítulo tercero, „el discurso jurídico y la legalidad penal, se aborda esa visiòn tradicional del derecho “como portavoz de una reacciòn social contra la prostituciòn, en tanto que forma de desviaciòn” (p. 103), presentándonos el tránsito desde los regímenes reglamentaristas a los prohibicionistas, bajo la influencia del abolicionismo, desde la perspectiva del cambio en el discurso jurídico, que desplazaría el acento en la moralidad y la degradación desde la prostituta a la prostituciòn misma, un proceso cuyo resultado “ha sido el de la creaciòn de un espacio sin derechos, en el que el Derecho cada vez más explícitamente, se ha dejado ver como un instrumento de expulsión del entorno económico, político y social” (p. 107). Se abordan también diversas cuestiones acerca del estatus jurídico de la prostitución en nuestro país caracterizado precisamente por la ausencia de estatus alguno, cuya posibilidad de regulación indaga Maqueda desde distintas fuentes, buscando salvar los diferentes escollos doctrinales que impiden la regulación de la prostitución. En primer lugar, tras exponer los fundamentos jurídicos de la legalización de la actividad del alterne, intenta salvar, desde la tradición de la doctrina de la jurisprudencia, el principal escollo para la legalización de la prostitución con participación de terceros que representa el art. 188.1 del código penal tras su reforma de 2003. Frente al discur­so de la explotación sexual, iniciado en la Convención de las naciones Unidas de 1950, que justifica el reproche penal a la obtención de un aprovechamiento económico de la prostitución ajena, la autora considera que la acción punitiva sólo estaría justificada por los “abusos a esas necesarias reglas de ejercicio –voluntario- de la prostituciòn” (p.118), lo cual apoya en diferentes pronunciamientos penales, de tal manera que la interpretación del concepto de explotación sexual se aproximaría a la idea de explotación laboral derivada de la imposición de condiciones abusivas de trabajo, propuesta que considera compatible con las diferentes definiciones internacionales, apelando para ello, entre otras fuentes, al último informe criminológico de la Guardia Civil (que tal vez por ello fue el último). Respecto a la „prestaciòn coercitiva de servi­cios sexuales, la autora duda de que se pueda en tales casos hablar de prostituciòn: “si no hay consentimiento en la prestación de servicios sexuales, ni mínima reciprocidad en la obtención de beneficios, no hay prostituciòn” (p. 123), prefiriendo caracterizar tales acciones como agresiones o abusos sexuales, o rescatando la figura penal de la „servidumbre.. Paralelo recorrido realiza la autora respecto de las relaciones entre trata, tráfico y prostitución, resultado de la confusión conceptual derivada de la introducción de las variables vulnerabilidad y precariedad administrativa como elementos definitorios de dichas figuras, y la construcción de un discurso fundado en la vulnerabilidad con “una alarmante fuerza de convicción. Su componente emocional ha hecho estragos en el mundo del derecho” (p.133).

A modo de recapitulaciòn, Maqueda se refiere a “un continuum de despropòsitos legislativos en el abordaje jurídico del fenòmeno de la prostituciòn” a causa de “la herencia determinante del abolicionismo. En su contexto, las víctimas no nos dejan ver a los sujetos de derechos que hay detrás, no interesa su autonomía ni el respeto a su propia subjetividad, ni su dignidad, ni su integridad ni, desde luego, su libertad” (p. 138). Apoyándose en ello propone una revisiòn de las leyes “bajo un nuevo discurso ‘liberal’ de reconocimiento de derechos, en el que se representaran a unos actores sociales que se mueven voluntariamente en un contexto – sexual-tan digno de ser reconocido y jurídicamente tutelado como cualquier otro” (p. 139), pretensión del llamado modelo laboral y que descartó el Informe Final de la Ponencia de 2007.

Por último, la autora confía en que sea la práctica judicial, mediante una interpretación ajustada constitucionalmente, la que permita la obtención de derechos sin necesidad de que el legislador introduzca modificaciones. Aún así, quedarían por fijar los límites legales al ejercicio de la prostitución como opción individual y como actividad asalariada. Sería necesario analizar los procesos y los actores presentes en ellos, para evitar una criminalización indiscriminada de todos ellos, situando los límites de intervención penal en los casos graves de abuso en la obtención del lucro y en la imposición de las condiciones laborales abusivas en la prestación voluntaria de los servicios.

A pesar de la confianza expresada, no deja de resultarnos llamativa una de las últimas líneas del texto que comentamos: “el lenguaje ambiguo y equívoco de las leyes se ha convertido en el mejor aliado de una política criminal marcada por el eficientismo político” (p. 148).

Estamos pues, ante un texto de enorme interés, que aborda la problemática de una posible legalización de la prostitución desde una perspectiva muy sugerente y que, al margen del realismo y viabilidad de sus propuestas, informa de los múltiples elementos que dificultan o participan en tal hipotética medida, los deconstruye en lo que de artefacto ideológico sostienen, y trata de armar una definición que pueda permitir su consistente fundamentación jurídica, constitucional, y su regulación legal. Se trata de un libro abundantemente documentado desde fuentes diversas, que nos presenta de forma comprensible las claves que marcan la consideración de la prostitución y los impedimentos para tal normalización jurídica y social. Especialmente relevante es el desenmascaramiento de los condicionantes ideológicos que el abolicionismo ha impuesto no ya en el tratamiento penal de la prostitución y de otros fenómenos habitualmente asociados a ella, sino en la vida misma de las trabajadoras sexuales y de su entorno social.

Mucho nos tememos que el camino por recorrer sea más complicado de lo que la clarividencia que la autora nos muestra en este libro permitiría suponer, pero no nos cabe duda de que se trata de un instrumente valiosísimo para entender el fenómeno que analiza y las problemas que deja pendientes de resolver.

 

 

 

 

 

 

Objeciones feministas al actual proyecto de Ley de libertades sexuales

“Manifestamos nuestra profunda preocupación por la posibilidad de que, en nombre del consentimiento de las mujeres, se apruebe un texto legal que supone la anulación del valor del consentimiento de las mujeres.”

 

Por Laura Macaya

1 de marzo de 2021

https://www.almendron.com/tribuna/objeciones-feministas-al-actual-proyecto-de-ley-de-libertades-sexuales/

 

Quienes firmamos estas líneas consideramos que dentro de los feminismos existe una rica y poderosa genealogía de luchas por la emancipación que es hoy especialmente importante para hacer frente tanto a la desposesión y precarización generalizada que produce el capitalismo financiero global como a los proyectos reaccionarios que amenazan con recortar nuestros derechos y libertades. Necesitamos hoy un feminismo que apueste por políticas transformadoras fuera del abuso del código penal que caracteriza a la política conservadora, comprometido con ampliar nuestros márgenes de autonomía y libertad y que defienda los derechos de las mujeres más precarias y vulnerables.

Por ello, consideramos urgente y necesario destacar los problemas que en este sentido supone la aprobación del Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual tal y como ha sido propuesto por el actual Gobierno de coalición. Encontramos en él una preocupante apuesta por el punitivismo, detectamos una deriva puritana que no hace más que reforzar los argumentos patriarcales de la sacralidad del sexo de las mujeres e identificamos medidas que van a suponer aun mayores obstáculos y dificultades para mujeres que ya sobreviven en condiciones de alta precariedad, como es el caso de las trabajadoras sexuales.

Este proyecto de ley es punitivo al suponer una ampliación de las conductas que pueden ser consideradas delitos, como es el caso del acoso sexual callejero, la tercería locativa y una nueva definición de proxenetismo no coactivo. Nos parece que un feminismo emancipador debe ser crítico con las formas tradicionales de ejercer el poder y con el endurecimiento de un sistema penal que siempre recae con más intensidad sobre las poblaciones más vulnerables. En cuanto a las formas de comportamiento sexista más leves que las mujeres pueden vivir —tanto en la calle como en otros espacios—, creemos que el feminismo está hoy en día capacitado para combatir el machismo a través de la educación, la pedagogía y la disputa cultural de los sentidos comunes, pero nunca colaborando en la construcción de un sentido común punitivo que solo puede acabar siendo funcional al avance de las derechas.

El abordaje penal de las violencias de género no se ha demostrado eficaz como estrategia de prevención del delito y no ha dado resultados significativos respecto a la disminución de los índices de violencia. Creemos que el feminismo tiene que apostar más por la transformación de las conductas que por la sanción y el castigo. Si algo sigue estando pendiente en las políticas públicas feministas es la puesta en marcha de políticas basadas en el fortalecimiento de la capacidad de agencia y de decisión de las mujeres. Esperamos por parte de un gobierno progresista la apuesta tanto por un derecho penal mínimo como por políticas decididas contra la pobreza, la precariedad y la falta de independencia económica de las mujeres. En este sentido nos parece preocupante la propuesta de un reforzamiento penal que no está basada en la eficacia y que parece tener más que ver con el derecho penal simbólico o las rentabilidades políticas del populismo punitivo.

Esta ley, de orden proteccionista y centrada en las “soluciones” penales, desatiende que el principal reto para ampliar la libertad de las mujeres es el de deshacer la tradicional estigmatización del deseo y el placer femeninos. En este sentido, la petición de un sexo explicitado que hace la ley, supuestamente purificado de todas las ambigüedades, dudas, inconsciencias o incluso malentendidos que forman inevitablemente parte de la negociación sexual, nos parece que no va a suponer una ampliación del margen de las mujeres para explorar los deseos con libertad, sino un contraproducente incremento de la regulación sexual en nombre de la seguridad. La definición de consentimiento recogida en el anteproyecto de ley, que establece que todo acto sexual en el que no se manifieste la voluntad expresa de participar en el mismo puede ser considerado delito, nos parece que refuerza la imagen patriarcal tradicional de la vulnerabilidad y la fragilidad femeninas. Esta manera de entender el consentimiento promueve una visión sacralizada e infantilizada de la sexualidad de las mujeres al impedirles elaborar, por sí mismas y al margen del proteccionismo estatal, estrategias para establecer límites sexuales ante conductas intrusivas de baja entidad.

Basándose en esta mirada victimizadora de las mujeres y en un excesivo proteccionismo estatal, se niega la capacidad de decisión de las trabajadoras sexuales al establecer como delito el proxenetismo no coactivo. Queremos manifestar nuestro rechazo a un texto legal que considera a las mujeres no aptas para otorgar consentimiento, dando por hecho que encontrarse en una situación de vulnerabilidad te convierte en alguien que no sabe lo que quiere. De nuevo creemos que la tarea de las instituciones ha de ser garantizar derechos para fortalecer, empoderar y ampliar la capacidad de negociación, pero nunca poner en duda la mayoría de edad de las mujeres. No creemos que las mujeres tengan siempre razón —como no lo creemos de los hombres—, pero, como feministas, combatimos el tradicional descrédito que el patriarcado ha hecho de la voz de las mujeres. En este sentido nos parece indefendible, y menos en nombre de lemas como “Yo sí te creo”, la introducción en nuestro código penal de delitos sexuales que quedan establecidos volviendo inválido e irrelevante el consentimiento de las mujeres. Manifestamos nuestra profunda preocupación por la posibilidad de que, en nombre del consentimiento de las mujeres, se apruebe un texto legal que supone la anulación del valor del consentimiento de las mujeres.

Laura Macaya es especialista en intervención y diseño de políticas públicas en violencia de género. Activista en Proyecto X. Empar Pineda Erdozia es cofundadora de la Comisión proderecho al aborto y del Colectivo de Feministas Lesbianas de Madrid. Clara Serra es filósofa, profesora e investigadora de la Universidad de Barcelona y Cristina Garaizabal es activista feminista y psicóloga. Cofundadora del Colectivo Hetaira. Firman además este texto Virginie Despentes. Escritora. Carolina del Olmo. Filósofa y escritora. Itziar Ziga. Activista feminista, periodista y escritora. Paloma Uría. Doctora y militante feminista y antifranquista de Asturias Raquel Osborne. Socióloga feminista. Miren Ortubay. Profesora de Derecho Penal. Dolores Juliano. Antropóloga feminista. Nuria Sánchez Madrid. Filósofa y profesora de la UCM. Maria Luisa Maqueda Abreu. Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Granada. Ruth Mestre i Mestre. Profesora de Filosofía del Derecho de la U.V. Nuria Alabao. Periodista y activista. Miguel Missé. Sociólogo y activista trans. Rosa Montero. Periodista y escritora. Alba Pez. Socióloga y militante feminista. Fefa Vila Núñez. Activista queer y profesora UCM. Mamen Briz. Periodista y activista feminista. Rommy Arce. Militante de Anticapitalistas. Marta Jiménez Jaen. Profesora de Sociología del género de la Universidad de La laguna. Noemi Parra Abaúnza. Profesora de Trabajo Social de la ULPGC. María Teresa Márquez González. Abogada y militante feminista Sara Rodríguez Pérez. Pedagoga y sexóloga. Belén González. Educadora social. Programa Por los Buenos Tratos- Acción en red Andalucía. Nerea Fillat. Editora y miembro de la Fundación de los Comunes. Isabel Cercenado Calvo. Activista feminista. Máster en Género y Políticas de Igualdad UV. Belén Gutiérrez García. Feminista y educadora infantil. Sejo Carrascosa Lopez. Activista marika. Lumagorri cisheteroaren aurkako taldea. Ester Pérez González. Periodista. Antonio Navarro Escudero. Miembro de la Ejecutiva Regional de CCOO Castilla la Mancha. Maria Victoria Delicado Useros. Profesora Titular de la Universidad de Castilla la Mancha. María Nebot. Profesora de Filosofía, activista feminista y ex Consejera de Igualdad del Cabildo GC. Santiago Alba Rico. Filósofo y escritor. Concha García Altares. Activista feminista, Cofundadora del Colectivo Hetaira. Josetxu Riviere. Especialista en trabajo en masculinidades e igualdad. Zelia Garcia, Periodista, consello redacción Andaina. Nanina Santos, Equipo redacción ANDAINA, revista galega de pensamento feminista. María López Montalbán. Educadora y exvicepresidenta de la Asamblea Regional de Murcia. Norma Vázquez García. Terapeuta feminista. Elo Mayo Cabero. Experta en políticas públicas de género. María Valvidares. Profesora de Derecho Constitucional Universidad de Oviedo. Mª Antonia Caro. Educadora social. Activista feminista. Josefina Jiménez Betancor. Enfermera. Activista feminista. Estefanía Acién González. Profesora de Antropología Social de la Universidad de Almería. Participante en la iniciativa #UniversidadSinCensura. Carmen Heredero. Feminista y sindicalista. Especialista en coeducación. Paky Maldonado López. Psicóloga, orientadora educativa, docente LGTBI

 

La Policía detecta 530 puntos de prostitución en Madrid en la mayor operación de rescate de la trata

La Brigada Provincial de Extranjería y las 30 comisarías de Madrid han elaborado el primer censo de pisos, locales y calles donde se esclaviza

“Solo un pequeño puñado de víctimas han decidido pensárselo, de cara a una denuncia, y tienen 90 días para tomar la decisión. Y ésta es el enorme escollo para los investigadores (y la sociedad en general) para acabar de una vez por todas con esta lacra que casi nadie quiere mirar de frente: las instancias judiciales exigen en el 99% de los casos la denuncia de la mujer.”

 

Por Carlos Hidalgo

5 de marzo de 2021

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7eQhOC89GjkJ:https://www.abc.es/espana/madrid/abci-policia-detecta-530-puntos-prostitucion-mayor-operacion-rescate-trata-202103042008_noticia.html+&cd=5&hl=es&ct=clnk&gl=es

 

La lucha contra la trata de seres humanos continúa pese a las limitaciones de la pandemia. Según ha podido saber ABC, la Policía Nacional, tras un arduo trabajo de casi dos años, ha elaborado un censo muy aproximativo que cifra en, al menos, 530 puntos de distinto tipo donde se practica la prostitución en Madrid. Se diferencia entre clubes, calle y pisos; estos últimos son los más numerosos en la actualidad. Y los más difíciles de controlar, habida cuenta de la falta de recursos legales (que los investigadores no se cansan de reclamar a las autoridades judiciales y políticas competentes), algo de lo que son perfectamente conocedoras las decenas de mafias que se dedican a explotar a mujeres.

El dispositivo especial ha estado comandado por la Brigada Provincial de Extranjería, con la colaboración de las 30 comisarías (18 de distrito y 12 de ciudades del extrarradio) existentes en la Comunidad. El censo es el que se ha utilizado para visitar los 530 puntos en una sola jornada, en un despligue sin precedentes, y contactar con más de 800 mujeres, presuntas víctimas, para ofrecerles la oportunidad de colaborar en la labor contra la trata de seres humanos.

Las inspecciones, en las que no se pudo entrar en los domicilios, se trabajaron la jornada del 18 de febrero desde las diez de la mañana hasta las 12 de la noche. Participó un centenar de agentes de la Brigada y alrededor de 180 de la treintena de comisarías. Además de ofrecer ayuda a las chicas (los agentes acudieron con miembros de seis asociaciones que se dedican a ayudarlas a salir de ese infierno), la idea es también la de afianzar la localización de esos lugares, si cambian y dónde a las mujeres, y comprobar, ya para actuar judicialmente, si los titulares de los inmuebles conforman grupos organizados, explican a este diario fuentes policiales.

Por sectores, el censo se divide así: pisos donde se ejerce la prostitución, 330; clubes, 180, y 20 puntos callejeros. Esta triste realidad se da en absolutamente todas las zonas de Madrid, aunque, en cuanto a las viviendas (también hay chalés, sobre todo a las afueras), destacan los distritos de Centro, Tetuán, Latina, Puente de Vallecas y Carabanchel. Los locales de alterne se ubican, principalmente, además de en barrios de la capital (Centro, Castellana, Valdeacederas, Azca…), en Getafe, Leganés, Coslada, Móstoles, Alcalá y Torrejón; es decir, en la zona sur y el Corredor del Henares. Y, en cuanto a la calle, persiste la presencia de estas mujeres (aunque en menor medida por la pandemia y porque en los pisos están más controladas y les salen más rentables a las mafias, por lo que se ha producido un trasvase) en las zonas conocidas y habituales, como la Casa de Campo, Marconi, Gran Vía, Ballesta, Desengaño, Montera... Entre las más de 800 mujeres contactadas, había desde latinas (sobre todo, paraguayas, colombianas, venezolanas…) a rumanas y nigerianas, principalmente. También se intervino en algunas viviendas de Chueca, donde había chaperos y transexuales ejerciendo.

Trabas judiciales y amenazas

Solo un pequeño puñado de víctimas han decidido pensárselo, de cara a una denuncia, y tienen 90 días para tomar la decisión. Y ésta es el enorme escollo para los investigadores (y la sociedad en general) para acabar de una vez por todas con esta lacra que casi nadie quiere mirar de frente: las instancias judiciales exigen en el 99% de los casos la denuncia de la mujer. Algo muy difícil de conseguir si se tienen en cuenta las amenazas y palizas que sufren si abren la boca. La mayoría de las coacciones consisten en hacer daño a sus familiares en sus países. Hay algunos de estos parientes que incluso pasan de la situación de sus hijas y prefieren que se ‘ganen’ así la vida siempre que les llegue parte del dinero. En el caso de las nigerianas se añade el tema del vudú: rituales que siguen en su país para lanzarles una especie de maldición. En cuanto a las rumanas, muchas son víctimas de sus ‘loverboys’, sus supuestos novios que realmente lo que hacen es encandilarlas para que se dediquen a la calle y vivir de ellas sin dar palo al agua.

Uno de los edificios visitados fue el conocido burdel vertical de Delicias, 127 (el número 133 lleva años clausurado tras una operación de la Brigada de Extranjería), donde hay 16 viviendas dedicadas a la prostitución y un local comercial de «masajes no terapéuticos», según reza textualmente. En el momento en que llegó la Policía, había 30 chicas y cinco de los inmuebles vacíos. En los otros se repartían, por nacionalidades, nigerianas, paraguayas, chinas, colombianas…En otro club había más de 20 mujeres. Son solo algunos ejemplos. Uno de en los que se entró fue el La Copa del Veo Veo, un ‘showgirl’ de la calle de Bravo Murillo, número 360.

Mínimo de 10 millones al mes

Un cálculo rápido y bastante por lo bajo de lo que pueden sacar las mafias en esos 530 puntos de prostitución en Madrid ascendería a 10 millones de euros mensuales, y eso que ahora la situación está a la baja por las restricciones derivadas del Covid. En los 330 pisos, los réditos pueden ser de 120.000 por cada uno, lo que deja una media de al menos 4 millones; en los 180 clubes, más de 3,6 millones; y en las calles, un mínimo de 2,5 millones (ahora hay unas 40 chicas en Marconi; 50 en Centro, y entre 30-40 en la Casa de Campo, a unos 25 euros el servicio completo).

En cuanto al ‘modus operandi’ de estas organizaciones criminales, se han descubierto los siguientes. En el caso de los locales de alterne, están más de capa caída también porque las visitas policiales se hacen con la Inspección de Trabajo, y van a comisión.

Los pisos tienen dos maneras de funcionar. Por un lado, las que trabajan de una manera más o menos libre, con el tipo que alquila la vivienda a unos 500 euros al mes y divide la renta entre la media de cuatro chicas que suelen estar en él. Les exige unos 100 euros al día por sus servicios y, si ellas sacan más, se quedan el resto. Esto en puridad no puede considerarse trata, explican fuentes policiales.

Deudas de 70.000 euros

Luego están las viviendas en las que claramente permanecen obligadas. Tienen que pagar una deuda y las cambian de inmueble cada 21 días, para no quemarlas de cara a los clientes habituales. El dinero inicial que les pueden exigir es de unos 30.000 euros, pero que luego las mafias van engordando hasta los 60.000 o 70.000. Las muchachas jamás llegan a ver un euro. Las nigerianas, por ejemplo, son las peores; incluso se produce un relevo generacional de las ‘mamis’ (las que las custodian) y las prostitutas más expertas las sustituyen y son incluso más salvajes pese a haber estado sometidas.

En cuanto a las calles, cada grupo controla una esquina, un tramo, una rotonda, y hasta obligan a las esclavas pagar un canon semanal por ejercer. Las tarifas son las más baratas, de entre 10 y 30 euros en Marconi, dependiendo del físico, el servicio y las condiciones en que se dé (hay quien pide, por ejemplo, hacerlo sin utilizar protección, en una suerte de ruleta rusa).

Ante semejante panorama, las trabas burocráticas, la capacidad de movimiento de estas mafias y la indefensión de las víctimas, el trabajo policial continúa a tope. Una buena solución legal sería, por ejemplo, que a los pisos donde ocurre esto se les retire la calificación de uso de vivienda.

 

Claves del operativo

Principales distritos. Están por toda la capital, dividida en 21 demarcaciones, pero destacan Centro, Tetuán, Latina, Puente de Vallecas y Carabanchel.

330 viviendas. Son tanto pisos como chalés; estos últimos, ubicados normalmente en las afueras. Los domicilios son los puntos más numerosos.

Principales ciudades. En cuanto a municipios, sobresalen Getafe, Leganés, Coslada, Móstoles, Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.

180 clubes. Aunque están de capa caída, todavía persisten en Centro, Valdeacederas, Castellana, Torrejón, Alcalá y alguno en Azca, además de los de carretera.

Nacionalidades. Hay muchas latinas (paraguayas, venezolanas, colombianas), chinas, rumanas y nigerianas, sobre todo.

20 puntos callejeros. Gran Vía, Ballesta, Montera, Marconi,Casa de Campo…

Trabas legales. Jueces y fiscales exigen en el 99% de los casos la denuncia de la víctima para actuar.

 

Colectivos de trabajadoras sexuales inician reuniones con grupos parlamentarios -la CUP el primero- para explicar sus observaciones sobre el Anteproyecto de Ley sobre Libertad Sexual del Ministerio de Igualdad

El Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS), Las Putas Libertarias del Raval (Barcelona) y la Sección Sindical de Trabajadoras Sexuales de la IAC instan a suprimir el Artículo 187 bis del Código Penal del APLO-LS, y a diseñar políticas que garanticen nuestros derechos humanos y laborales como trabajadoras sexuales y como mujeres, y para ello enviaron una misiva a la Relatora sobre Derecho a la Salud de la ONU, Tlaleng Mofokeng.

 

26 de febrero de 2021

Colectivos de trabajadoras sexuales inician reuniones con grupos parlamentarios -la CUP el primero- para explicar sus observaciones sobre el Anteproyecto de Ley sobre Libertad Sexual del Ministerio de Igualdad

Comunicado

El pasado miércoles 24 de febrero los colectivos de trabajadoras sexuales Colectivo de Prostitutas de  Sevilla, Sindicato Otras, AFEMTRAS (Asociación Feminista de Trabajadoras Sexuales) y Putas en lucha  nos reunimos con Mireia Vehí, diputada de la CUP (Candidatura d’Unitat Popular), en el Congreso, con motivo del inicio de la próxima tramitación parlamentaria del anteproyecto de Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, cuyo articulado modifica el Código Penal afectando directamente al colectivo de trabajadoras sexuales del Estado Español.

Las Trabajadoras Sexuales nos hemos manifestado a la diputada nuestra oposición a la inclusión en el Anteproyecto de aquellas cuestiones que nos perjudican a nivel social, político y de derechos humanos. Esto es, la recuperación de la figura de la tercería locativa (excluida de tratamiento penal con la entrada en vigor del Código Penal del año 1995) donde sanciona: «Aquel que ponga a disposición un bien inmueble ya sea abierto o no al público, de manera habitual e intencionada, con ánimo de lucro y para el ejercicio de la explotación de la prostitución, aún con el consentimiento de la misma».

Le hemos explicado que ésta incorporación al código penal, se materializará en mayor clandestinidad, desahucios, cierre de espacios de trabajo, hostigamiento vecinal, denuncias, más deportaciones a causa de un mayor control policial, e imposibilidad de autoorganización en espacios (pisos compartidos) colectivos de trabajo. Todo ello nos conducirá a un mayor estigma, mayor vulnerabilidad y prevemos menor número de denuncias a la hora de ser víctimas de un delito contra la Libertad Sexual a los que el Anteproyecto se refiere, pero en ningún caso estamos en contra de la finalidad de la ley.

Asimismo, ponemos de manifiesto, que de nuevo se vuelve a recuperar el concepto proxenetismo no coactivo, considerando a cualquier persona que se lucre explotando la prostitución de otra persona ‘aún con el consentimiento de la misma’, y que en todo caso quedará acreditada la explotación cuando concurran circunstancias de dependencia o subordinación, siendo estas referencias clásicas de cualquier relación laboral aunque no se tratara de prostitución.

Hemos explicitado que con la reiteración constante en el anteproyecto de la rúbrica ‘aun con el consentimiento de la misma’ se está suponiendo una tutela de su propio consentimiento para las trabajadoras. Lo que en todo caso resulta contrario a la finalidad de la ley que no es otra que la prestación del consentimiento, válido, libre e inequívoco a la hora de mantener relaciones sexuales.

Así, una vez más, se nos estará considerando como ciudadanas de segunda, siendo nuestro consentimiento sexual tutelado por el Estado. Y no dando opción a elegir de qué manera trabajar, cómo y en qué condiciones, dado que nuestro objetivo último no es otro que la conquista de derechos sociolaborales, y políticas de protección, no de tutela.

Entre otros puntos que señalamos en la reunión con la representante de la CUP en el Congreso está la financiación pretenciosa del artículo 55 de la Ley, así como la advertencia de que si la ley llegara a entrar en vigor, será una caza de brujas. Nos preocupa el recrudecimiento de la persecución a quienes trabajan en espacios de calle, y la incongruencia que supone que, por una parte, se ponga tanto ahínco en el reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, pero que por el contrario aquellas personas trans que se dedican al ejercicio de la prostitucion, serán perseguidas por ésta ley cuando en muchas ocasiones la prostitución es el medio de vida normal y habitual del colectivo.

Por su parte, la diputada Vehí ha asegurado su disposición a seguir trabajando conjuntamente con nuestros colectivos, en el marco de la garantía de derechos y de defensa de las mujeres y a mantener el contacto en el desarrollo del Anteproyecto de Ley.

La próxima semana continuaremos con más reuniones con diputadas/os. Agendadas tenemos ya con Bildu y ERC, al tiempo que seguimos trabajando para conseguir encuentros con el resto de grupos políticos.

 

¿Qué derecho(s)? Las prostitutas y trabajadoras del sexo como actoras colectivas

 

Por GESP el 25 noviembre, 2020

25/11/2020 – María Martínez (UNED)

https://blogs.uned.es/gesp/trabajadoras-del-sexo-como-actoras-colectivas/

 

  • ¿Qué derechos va a demandar quien ni siquiera es considerado sujeto? ¿Es pensable que quien es negado como sujeto reclame derechos?
  • Los procesos de negación de la condición de sujetos y ciudadanas, incluso de humanas, de las prostitutas me hace plantear si el primer derecho a demandar no debe ser el mismo derecho a existir, el derecho mismo a tener derechos. Eso no es algo, sin embargo, que tenga que ser concedido por otros, sino que estas prostitutas y trabajadoras del sexo, con su mera auto-organización colectiva y su presencia en el espacio público, están obligándonos a reconocerlas como sujeto de derechos.

 

En agosto de 2018 se inscribe en Barcelona el sindicato OTRAS (Organización de TRAbajadoras Sexuales). Su constitución provocó un revuelo en el gobierno y buscó por todos los medios la forma de anularlo. Así, y tras sólo 3 meses después de su inscripción oficial, sus estatutos fueron invalidados por la Audiencia Nacional. Era la primera vez que se registraba en España un sindicato de trabajadoras sexuales de ámbito estatal. Ahora bien, no era la primera sección sindical ni la primera organización de prostitutas y trabajadoras del sexo en este país. De hecho, unos meses antes, en mayo del mismo año, se había constituido en Cataluña una sección sindical de trabajadoras y trabajadores sexuales dentro del sindicato Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC). Y desde la década de 2010, trabajadoras del sexo y prostitutas han venido conformando en España organizaciones propias: AFEMTRAS (Agrupación Feminista de Trabajadoras del Sexo) en Madrid; Aprosex, Putas Indignadas y Putas Libertarias del Raval en Cataluña; Colectivo de Prostitutas de Sevilla; o el colectivo Caye, formado por trabajadores sexuales, en Asturias. La novedad está, entonces, en la auto-organización de las prostitutas, pues desde 1995 con la constitución de Hetaira (Colectivo en Defensa de los Derechos de las Trabajadoras del Sexo) en Madrid, o más tarde, ya en los años 2000, la creación de CATS (Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo) en Murcia, o de Genera en Barcelona se venía constituyendo una red de apoyo a este colectivo. En parte fueron esas redes de apoyo las que propiciaron primero algunas acciones colectivas (en Montera la primera manifestación de prostitutas se organizó ya en 2003 y probablemente ha habido más que no están registradas), y han servido de apoyo para la ahora auto-organización de las trabajadoras del sexo.

Las teorías de los movimientos sociales tendrían mucho que decir sobre la organización autónoma de este colectivo, pero han estado silentes, al menos en nuestro país; lo mismo sucede con la movilización en general de las mujeres (Martínez, 2019), especialmente las situadas en los márgenes (víctimas, trabajadoras del hogar, mujeres racializadas…) y de otros colectivos subalternos[1]. La primera pregunta que desde los estudios de los movimientos sociales nos podemos hacer es: ¿por qué ahora la organización de prostitutas y trabajadoras del sexo? ¿por qué no hace 10, 20 ó 30 años? Esta pregunta tiene, además, su sentido si analizamos cómo a nivel internacional la organización de prostitutas y trabajadoras del sexo tiene más largo recorrido —recordemos la ocupación de iglesias por prostitutas que comenzó en Lyon (Francia) en 1975 y se extendió por ese país— y ha sido analizada en varios trabajos (por citar algunos: Mac y Smith, 2020; Mathieu, 2009; Osborne, 1991; Pheterson, 1989). Así, Lilian Mathieu (2009) hace uso de la Teoría de la Movilización de Recursos para explicar por qué el movimiento de prostitutas surgió en Francia en 1975 y concluye que en ese momento consiguieron acumular los recursos políticos —conocimiento práctico de las formas de la protesta, los canales de comunicación con las autoridades o los medios de comunicación, etc.— gracias, en parte, a las redes que habían desarrollado, lo que les permitió organizarse y empezar a actuar colectivamente. Y esos recursos fueron eficaces incluso ante una Estructura de Oportunidades Políticas, como afirma también Mathieu, cerrada. Esta explicación es plausible para el caso de España. Por poner un ejemplo, el colectivo AFEMTRAS surge precisamente en reacción a la conocida como Ley Mordaza (Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana), contra las multas que la policía les estaba imponiendo auspiciada bajo esa ley y un movimiento abolicionista de la prostitución con una creciente proyección pública —esto se podría considerar una Estructura de Oportunidad Política cerrada—. En este contexto el papel de algunas organizaciones de apoyo a las prostitutas, en concreto de Hetaira, fue clave para acumular esos recursos políticos y apoyar su auto-organización.

La segunda pregunta común cuando se analizan movimientos sociales suele ser: ¿cuáles son sus demandas? Y, junto a ella, ¿qué vías de reclamación (repertorios de acción) se utilizan? Aunque las propuestas de las organizaciones de prostitutas y trabajadoras del sexo son diversas, dos podemos indicar cómo las grandes demandas: la despenalización del trabajo sexual impidiendo que se multe, y por supuesto que se castigue penalmente, a las personas que ejercen la prostitución; y, el reconocimiento del trabajo sexual en sus diferentes formas como trabajo. La primera gran demanda se concretaría en la derogación de leyes y normativas que criminalizan a las personas que ejercen la prostitución, entre otras las ordenanzas municipales que tan impacto negativo han tenido (Bodelón y Arce, 2018). La segunda —reconocimiento del trabajo sexual como un trabajo— implicaría el reconocimiento de derechos laborales. Aquí es donde las divergencias comienzan: algunas organizaciones (OTRAS) apuestan por diferentes modos de regulación laboral (por cuenta propia, por cuenta ajena), mientras que la sección sindical de la IAC tiene una postura más radical y sólo considera el trabajo realmente autónomo (para un debate sobre esta cuestión se puede consultar el siguiente vídeo). A pesar de esas divergencias, en un manifiesto firmado por la totalidad de las organizaciones de trabajadoras del sexo indicadas se afirmaba: “Lo que queremos y necesitamos es un modelo basado en el reconocimiento de derechos y la plena participación en el diseño de las políticas que nos afectan. Sólo los derechos garantizarán que podamos defendernos de los abusos.” (manifiesto consultable aquí). Así, se está de acuerdo con que, en nuestras sociedades de ciudadanía laboral, de los derechos laborales dependen otros muchos en cascada: derechos sociales, derecho a una jubilación, derecho a paro, derechos sanitarios, derecho a la vivienda, derechos a un ingreso mínimo, etc. A estas demandas se suman otras como la distinción entre prostitución y trata con fines de explotación sexual y desarrollo de programas de atención específicos para las personas tratadas, la derogación de la ley de extranjería pues muchas prostitutas y trabajadoras del sexo son extranjeras viéndose afectadas de manera particular, y la concienciación social sobre el estigma que sufre quien ejerce la prostitución (Juliano, 2004).

Los repertorios de acción que usan para articular sus demandas no difieren mucho de los puestos en marcha por otros movimientos sociales: manifestaciones, concentraciones, performances, lobby político, talleres de sensibilización, participación en foros institucionales, el mantenimiento de la apertura de los clubes ahora que se ha pedido su cierre en tiempos de pandemia, etc. En el caso de las organizaciones que han tomado la forma de sindicatos, como OTRAS, a esto se une el trabajo sindical común: negociación y mediación entre trabajadoras y empresarios, la mejora de las condiciones laborales especialmente en trabajos por cuenta ajena. Pero hay un tipo de acción menos visible y quizás más comúnmente olvidado en los estudios de los movimientos sociales pues no tiene como objeto el “gobierno” o las instituciones y es la constitución misma de estas organizaciones como espacios colectivos en los que trabajar sobre el estigma que las atraviesa y apoyarse en la lucha por la supervivencia. Así, y en tiempos de confinamiento debido al covid-19, estas organizaciones han puesto en marcha, ante su exclusión de la Renta Mínima de Inserción, bancos de alimentos y recaudado fondos para ayudarse, para sostenerse, para cuidarse.

Me gustaría cerrar este texto con una última reflexión que saca el análisis de la organización y acción colectiva de prostitutas del terreno tradicional de los estudios de movimientos sociales. Es una pregunta sobre el sujeto colectivo que todo movimiento social requiere para articular demandas y desarrollar repertorios de acción. La pregunta se podría concretar en lo que sigue: ¿Qué derechos va a demandar quien ni siquiera es considerado sujeto? ¿Es pensable que quien es negado como sujeto reclame derechos? Las prostitutas y trabajadoras del sexo están permanentemente siendo expulsadas (Maqueira, 2017) —del lugar donde ejercen la prostitución, sobre todo si es la calle, de la ciudadanía-laboral pues no se les reconoce como trabajadoras, etc.—, no son nunca reconocidas como sujetos individuales y mucho menos colectivos. Como afirma Georgina Orellano, líder del movimiento de meretrices argentino: “Las consecuencias que tiene la clandestinidad y la criminalización de nuestro trabajo es que no existimos…” (extraído del muro de Facebook de la organización AMMAR el 18 de noviembre de 2020). En este marco adquiere sentido la pregunta por el “derecho a tener derechos” que he escuchado en varias conferencias sobre la auto-organización de prostitutas y trabajadoras del sexo (entre otras, esta). La primera vez que la oí vino a mi cabeza, como no, el trabajo de Arendt (2006/1951) con su discusión de la imposibilidad de conceder derechos a quien no pertenece, en su caso los apátridas, a un Estado-Nación, a quien no existe. Los procesos de negación de la condición de sujetos y ciudadanas, incluso de humanas, de las prostitutas me hace plantear si el primer derecho a demandar no debe ser el mismo derecho a existir, el derecho mismo a tener derechos. Eso no es algo, sin embargo, que tenga que ser concedido por otros, sino que estas prostitutas y trabajadoras del sexo, con su mera auto-organización colectiva y su presencia en el espacio público están obligándonos a reconocerlas como sujeto de derechos (Butler, 2017). Y ese es, por supuesto, el primer paso para su “reconocimiento como sujeto político” (Entrevista a Putas Libertarias del Raval, en la revista “Todo por hacer”, consultable aquí), como actoras colectivas.

 

Referencias

Arendt, H. (2006/1951). Los orígenes del totalitarismo. Madrid: Alianza Editorial.

Bodelón González, E., y Arce Becerra, P. (2018). La reglamentación de la prostitución en los Ayuntamientos: una técnica de ficticia seguridad ciudadana. Revista Critica Penal y Poder, 15, 71-89.

Butler, J. (2017). Cuerpos aliados y lucha política. Hacia una teoría performativa de la asamblea. Barcelona-Buenos Aires-México: Paidos.

Juliano, D. (2004). Excluidas y marginales: Una aproximación antropológica. Barcelona: Cátedra.

Mac, J., y Smith, M. (2020). Putas insolentes. La lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales. Madrid: Traficantes de sueños.

Martínez, M. (2019). Identidades en proceso. Una propuesta a partir del análisis de las movilizaciones feministas contemporáneas. Madrid: CIS.

Mathieu, L. (2001). Mobilisations de prostituées. Paris: Belin.

Osborne, R. (1991). Las prostitutas: una voz propia (crónica de un encuentro). Barcelona: Icaria Editorial.

Pheterson, G. (Comp.). (1989). Nosotras, las putas. Madrid: Talasa.

Piven, F., & Cloward, R. (1977). Poor people’s movements: Why they succeed, how they fail. US: Vintage.

 

[1] Esto es algo que recorre los trabajos de movimientos sociales como ya pusieran sobre la mesa Piven y Cloward en 1977 al analizar por qué este ámbito de estudio no había analizado lo que ellos llamaban “movimientos de pobres” (movimiento de parados, de trabajadores industriales, de derechos civiles y del Estado providencia).

 

Prostitutas de Murcia se unen para luchar contra el «acoso y la criminalización»

Crean la Asociación de Trabajadoras del Sexo La Calle, para dar visibilidad a sus «dificultades para trabajar» y a las «sanciones casi diarias» que les ponen

 

A.L.H.

22 de febrero de 2011

https://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2021/02/22/prostitutas-murcia-unen-luchar-acoso-35269605.html

 

Una joven por la zona del Eroski, donde habitualmente se ponen trabajadoras sexuales. Juan Caballero

 

Prostitutas que ejercen en la vía pública del municipio de Murcia han constituido la Asociación de Trabajadoras del Sexo La Calle, para denunciar, unidas, las «políticas de acoso, miedo y criminalización» que vienen sufriendo desde hace años, explican en un comunicado de prensa.

«Durante muchos años las trabajadoras del sexo venimos sufriendo no sólo el rechazo y victimización de una parte de la sociedad sino también las políticas de criminalización, acoso y persecución de los y las gobernantes de turno. Todas las personas pueden hablar por nosotras y en nuestro nombre, pero rara vez se nos escucha y para poner fin a esta situación y convertirnos en un ente legitimado y poder hablar en nombre propio», detallan las afectadas en la nota.

La prostitución en España y, por ende, en la Región de Murcia, se encuentra en una situación de alegalidad: no es directamente legal, pero tampoco es ilegal, y su ejercicio libre (es decir, cuando una persona decide ejercerlo y quedarse con el beneficio) no está penado.

El confinamiento hizo mella en el trabajo sexual desde el momento en que los potenciales clientes no podían salir a la calle. Las trabajadoras sexuales, en situación de alegalidad, muchas veces se vieron con auténticas necesidades. «Si nuestra situación siempre ha sido compleja, este último año se ha incrementado. La pandemia y las medidas establecidas para paliar sus efecto, han llevado a miles de trabajadoras y trabajadores a situaciones de vulnerabilidad y desprotección: las trabajadoras del sexo entre ellas. Pero, en nuestro caso, la situación se ve más agravada por la ausencia de reconocimiento a nuestro trabajo, lo que nos impide poder generar derechos vinculados a él y, por tanto, tener garantías de protección en un plano de igualdad con el resto de trabajadores y trabajadoras», detallan desde la recién creada asociación.

«A la ausencia de ingresos por las dificultades para trabajar nos enfrentamos a las sanciones casi diarias que nos impone la Policía Local, por el simple hecho de estar en la calle, por el simple hecho de considerarnos prostitutas, estemos o no trabajando. Nos identifican y sin mediar explicación, ni acta de propuesta para sanción, nos multan. A la llegada de estas sanciones a casa hemos constatado que nos aplican una ordenanza municipal aprobada en 2013, y sin mediar explicación o información alguna, por parte de las entidades locales, como la propia ordenanza reza en su articulado», subrayan.

En este sentido, lamentan «la política de lucha contra la prostitución promovida por el Ayuntamiento de Murcia, basada en el castigo y criminalización de quienes ejercen el trabajo sexual a través de la imposición de sanciones económicas y con total ausencia de alternativas para aquellas que deseen buscar otro trabajo». «Nos marginalizan, nos expulsan hacia los márgenes de la ciudad«, remarcan, al tiempo que piden «alternativas reales para aquellas compañeras que quieran cambiar de trabajo o combinar este con otro».

En la misma línea, apuntan al Consistorio que «si no quieren que trabajemos en la calle o en determinadas calles, que nos cedan espacios para poder hacerlo». En el caso de Murcia, desde hace años suelen ponerse por la zona del Eroski, alejada del centro de la ciudad.

 

Cómo construir «víctimas ficticias» en nombre de las libertades sexuales de las mujeres

 

Por María Luisa Maqueda Abreu

29 de noviembre de 2020

http://www.mientrastanto.org/boletin-196/notas/como-construir-victimas-ficticias-en-nombre-de-las-libertades-sexuales-de-las-muje

 

  1. Introducción

El reciente Anteproyecto de ley integral de libertad sexual plantea un desafío en nombre de las libertades sexuales de las mujeres. Las oportunidades de vivir sin violencia descansan formalmente en el valor de su consentimiento. Así es como la exposición de motivos del texto describe el acceso efectivo de las mujeres a un conjunto de derechos humanos íntimamente relacionados con la capacidad de decisión sobre el propio cuerpo. Y define el daño a su libertad a partir de los actos de naturaleza sexual no consentida o que condicionan el libre desarrollo de la vida sexual. Estos constituyen la esencia de las violencias sexuales, simbolizadas en la agresión sexual y la explotación de la prostitución ajena… «aún con el consentimiento de la persona».

A partir de esa iniciativa legislativa, propongo examinar las expresiones de violencia sexual aplicadas a la prostitución: las que el Anteproyecto llama proxenetismo coactivo y no coactivo, o —como prefiero llamarlas yo— las de prostitución forzada y prostitución voluntaria. En ambos contextos —en el coercitivo y en el libre—  pretendo encontrar a esas «víctimas ficticias» que se alojan en el título de este escrito. Empecemos por las trabajadoras del sexo.

  1. La victimización de las trabajadoras del sexo

La indiferencia ante el consentimiento de las trabajadoras de sexo es un signo distintivo del pensamiento abolicionista acerca de la prostitución. Constituye una poderosa excepción al reconocimiento de las libertades sexuales de las mujeres que no puede ser entendida más que sobre bases estrictamente ideológicas. Sus pilares se sustentan, esencialmente, en la negación de la autonomía de las prostitutas y la afirmación de una sexualidad victimizada que se nutre de elementos de involuntariedad y de degradación.

Son representativas las famosas palabras de Marcela Lagarde: «por definición las mujeres que ejercen la prostitución no son autónomas. Por definición son cuerpo objeto para el placer de otros. Su cuerpo subjetivo, su persona, está cosificada y no hay un ‘yo’ en el centro. En esta situación no hay posibilidad de construir una persona que se autodefine, que se autolimita, que se protege y desarrolla a sí misma».

Se justifica así una subjetividad deficiente de algunas mujeres para poder negar su condición de libres y afirmarlas como víctimas. Se las describe como frágiles, con carencias afectivas, una socialización defectuosa, un rastro de violencias físicas o sexuales vividas en la infancia… El Informe oficial de la Ponencia acerca de la situación actual de la prostitución en nuestro país, publicado en 2007, lo afirmaba expresamente: «la prostituta ha de tener la condición de víctima. Son víctimas del sistema, víctimas de sus proxenetas y víctimas de sus clientes. Se les atribuye graves secuelas psicológicas (como el estrés post-traumático), violencia, abuso, etc…».

Si bien se piensa, la victimización de las prostitutas se ha convertido en el primer mandato normativo de género no impuesto por el patriarcado. Se configura como una estrategia ideada desde las filas feministas —desde lo que hoy se autodenomina «feminismo radical»— para eximirlas de cualquier responsabilidad por el mal uso de sus cuerpos, por su complicidad con el patriarcado o por la mercantilización de su sexualidad bajo la ofensiva depredadora del capitalismo neoliberal. Distintos discursos sobre el significado de sus transgresiones —de la inmoralidad a la indignidad— que han ido cambiando con el tiempo mientras dejaban inalterada su condición de víctimas.

Se está, pues, ante todo un argumentario conformado por una serie de imperativos para abolir la prostitución. No es que se desconozca la libertad de las prostitutas sino que se ignora a conciencia para evitar que pueda manchar la imagen ideal que se ha construido de lo femenino. Quienes las privan de su posición de sujetos minimizan de esta manera la afrenta a sus leyes de género, empezando por la que dispone que no hay sexualidad libre si media precio. Desde Carole Pateman, existe una confusión entre la venta de servicios sexuales y la venta del «yo» de quien se prostituye. «Cuando una mujer es prostituida no vende su cuerpo, vende su alma», recordaba Falcón hace unos años en el debate de la Ponencia sobre la prostitución en el Estado español. El comercio sexual se evidencia como una práctica atentatoria contra los derechos humanos de las mujeres.

Pero las leyes de género no siguen la misma lógica que rige en las leyes penales. Las primeras asientan principios que no encuentran razones capaces de legitimar la intervención punitiva. Como el del bien jurídico en los delitos contra la libertad sexual, que pone énfasis en la voluntad y en la autodeterminación sexual de las actoras. Ellas figuran entre quienes consienten libremente en las relaciones comerciales de su entorno de modo que no hay  justificación penal para  poner veto al trabajo sexual por cuenta ajena cuando se sustenta en el acuerdo de las partes. Si hay consentimiento, ¿dónde encontrar razones para castigar con penas a quienes pactan y obtienen provecho económico sin abusos como empresarios del sexo, intermediando, negociando, alquilando habitaciones…?

Ya en la sentencia de 6 de junio de 1990 —años después de que se hubiera cambiado la rúbrica de «los delitos contra la honestidad» por la actual de «delitos contra la libertad sexual»— el magistrado del Tribunal Supremo, Martín Pallín, afirmaba explícitamente la ausencia de bien jurídico alguno en la prostitución: «la actividad sexual retribuida realizada por personas mayores de edad resulta atípica por no afectar a la libertad y capacidad de la persona para disponer de sus relaciones sexuales como estime conveniente».

Y no hay tampoco otro bien jurídico que pueda explicar ese concepto de explotación que emplea el Anteproyecto. Porque carece de cualquier contenido razonable de ilicitud penal, a diferencia de lo que sucede con la regulación vigente del delito de explotación de la prostitución, que exige abuso en la imposición de condiciones laborales «gravosas, desproporcionadas o abusivas» (art. 187 b CP) —un bien jurídico que poco tiene que ver con la libertad sexual, al situarse entre los que amparan a los trabajadores (art. 311 y ss. CP)—. En ausencia de cualquier forma de abuso, la criminalización de un «aprovechamiento» como lucro no ilícito incumple, por tanto, las exigencias materiales que pueden justificar la existencia de algún fundamento punitivo. Al cuestionar la aptitud del bien jurídico para marcar los límites de la prohibición penal, la reforma en curso lo desnaturaliza, incurriendo en un verdadero disparate jurídico.

  1. Una victimización degradada

Lo que podríamos llamar «prostitución coercitiva» entiendo que malversa el concepto de prostitución porque, como la misma jurisprudencia la define, ésta consiste en «la prestación de servicios de carácter sexual a cambio de una contraprestación de carácter económico durante un tiempo más o menos temporalmente extenso» (STS de 26/07/2016). Mal puede invocarse aquel concepto cuando la remuneración no beneficia a quien realiza la prestación sexual y ni siquiera opera como motivo de la decisión de llevarla a cabo, quedando la ocasión o la duración también a merced de la voluntad de terceros. Tal pretendida «prostitución coercitiva» sólo se daría en un contexto comercial en el que «otros» se benefician económicamente a costa de quien carece de capacidad de agencia y no tiene oportunidad de decidir, negociar u obtener dinero. En el concepto de «prostitución forzada» no hay, pues, reciprocidad alguna que pueda recordar a la prostitución, por lo que se trata de un concepto imposible.

Con otras palabras, si hay imposición, si media coerción o abuso y, por tanto, ausencia de consentimiento, no existe prostitución sino violencia sexual. Y la figura penal que más se le aproxima es la del delito de agresión sexual, que identifica con su autor a quien «realice cualquier acto de contenido sexual que atenta contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento» (propuesta de la reforma del art. 178 CP). No se explica entonces que se discrimine una figura penal e infravalore a sus víctimas, llamando prostitución (forzada) a atentados sexuales —es decir, a verdaderas agresiones sexuales— de entidad especialmente agresiva e intensa por su continuidad en el tiempo, como si la mediación de un precio que otros imponen y cobran pudiera pervertir el significado que tiene para la víctima la suma de actos sexuales diferenciados que ha de soportar y para nada difieren —si no es en su mayor gravedad— de un ataque puntual y concreto a su libertad sexual. Cuesta creer no ser conscientes del menosprecio que supone para las víctimas de lo que llaman «prostitución forzada» ver infravalorado el estado de degradación y cosificación a que se ven sometidas en ese ataque continuado a su autodeterminación sexual. No en vano alguna sentencia lo define muy bien cuando se refiere a «una actividad en la que el afán de lucro lleva a convertir en mercancía a la persona con absoluto desconocimiento de su dignidad…, quebrantando su libertad con especial incidencia en la dimensión sexual de la misma» (STS de 04/02/2015).

Las respectivas penas que propone el Anteproyecto evidencian ese dislate valorativo, a pesar de que el texto ha revisado las penas actuales.  Para quienes determinan a una persona mayor a ejercer o a mantenerse en la prostitución empleando violencia, intimidación o engaño o abusando de la situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, el nuevo artículo 187.1 prevé penas de 3 a 6 años y multa, mientras que cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento constituye una agresión sexual en el Anteproyecto (art. 178.1) y se convierte en violación cuando hay acceso carnal (art. 179), con penas de 4 a 10 años de prisión para cada delito (con agravaciones hasta 12 años): ¿cuántos años podrían alcanzar las condenas por violación cuando suman no un acto sino una reiteración de actos sexuales que tienen que soportar las víctimas de esa mal llamada «prostitución coercitiva»? A ellas se les priva intemporalmente de su capacidad de decisión sobre sus propios cuerpos, por el solo hecho de que el delito se sitúa en un contexto mercantil donde otros obtienen ese lucro ilícito a su costa.

Se les ha negado la oportunidad de ser consideradas víctimas genéricas de violencia sexual y hay más desatinos todavía. La reforma, por ejemplo, prevé en su art. 187.2, 2º la ocasión de que se impongan penas agravadas para los casos de «proxenetismo no coercitivo» cuando la prostitución se ejerza a partir de un acto de violencia, intimidación, engaño o abuso (?) y, poco más adelante, el párrafo 4 del art. 187 contempla la posibilidad de sumar las penas de la prostitución coercitiva a las que respondan a las agresiones o abusos sexuales cometidos sobre la persona prostituida. Me pregunto: si en el propio texto de reforma la definición de agresión sexual se refiere, como hemos visto, a quien atenta contra la libertad sexual de una persona sin su consentimiento (art. 178.1), ¿para qué casos reserva, dentro de la prostitución, esas penas agravadas descritas más arriba, o bien las correspondientes a la  agresión sexual, cuando todas ellas están pensadas para comportamientos violentos, intimidatorios o abusivos que se limitan a reproducir precisamente la esencia de los delitos de agresión sexual? No se entiende.

  1. Concluyendo

Quienes representan al feminismo abolicionista han pasado tanto tiempo negando la capacidad de decisión de las mujeres cuando consienten a la prostitución que no saben qué hacer con las que muestran su voluntad de no consentir (!). La ceremonia de confusión que ese feminismo impone sobre su consentimiento lo devalúa todo: porque el consentimiento de las trabajadoras del sexo carece de valor y quienes lo niegan, en tanto que «prostituidas» (¡), no conservan más que un valor depreciado, abaratado de su falta de libertad, sin alcanzar el rango de víctimas «genéricas» de violencia sexual. Poco les importa a las creadoras del Anteproyecto carecer de fundamentación material para castigar el entorno de quienes consienten en la prostitución, como tampoco discriminar a quienes soportan un daño redoblado a su libertad sexual. La falta de sensibilidad social y jurídica del Anteproyecto es demasiado patente.

Su tarea de heterodesignación impone a todas la condición de «víctimas ficticias»: a unas porque, consintiendo, son concebidas como seres alienados, de una identidad deteriorada, simples cuerpos sin alma asimilables a una mercancía; a otras porque, a fuerza de ser vinculadas con la prostitución, se les acaba por imponer la minusvaloración de su estatus. No en vano conservan el nombre de «prostituidas».

 

[María Luisa Maqueda es profesora de Derecho Penal en la Universidad de Granada]

 

 

Entrevista a Kenia García: «Con el 187 bis del Código Penal sufriremos desahucios y persecución»

 

Por Gloria Marín

16 de febrero de 2021

«Con el 187 bis del Código Penal sufriremos desahucios y persecución»

 

Las trabajadoras sexuales llevan años organizándose y defendiendo sus derechos. Entrevistamos a Kenia García, trabajadora sexual y miembro del Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS) para hablar de la situación actual, del movimiento y de los retos más inmediatos. [Aquí se pueden encontrar otros materiales sobre este movimiento publicados en viento sur]

¿Cuál es la situación de las trabajadoras sexuales en el Estado español? Háblanos en primer lugar de los aspectos que ya estaban antes de la pandemia.

Es una situación de falta de derechos. El movimiento de las trabajadoras sexuales en el Estado español hace décadas que viene reivindicando derechos humanos y laborales. Los derechos son herramientas para defendernos ante los abusos y los atropellos. No tenerlos es no tener esas herramientas. Su ausencia provoca explotación, clandestinidad, abusos…

En concreto, la falta de reconocimiento de nuestra actividad como trabajo impide acceder a derechos tan básicos como la vivienda, porque sin nómina no se puede acceder a un alquiler, no se puede pedir una hipoteca…

Además padecemos incluso persecución. Especialmente las compañeras que trabajan en los espacios públicos, que son perseguidas por los Ayuntamientos por medio de las Ordenanzas municipales y por el Estado por la Ley Mordaza…

En resumen la situación era, y es, de abandono, exclusión, marginación y persecución.

¿Y qué ocurre cuando llega la pandemia? ¿Cómo os afecta?

Se añade la violencia económica. Pero no solo para las trabajadoras sexuales, sino en general para trabajadores y trabajadoras precarizadas y de la economía sumergida. Colectivos que quedamos excluidos del escudo social, entre ellos las trabajadoras sexuales.

¿Qué pasa cuando te confinan y no tienes derecho a paro, a ERTE…? Tienes que seguir trabajando, y lo tienes que hacer a costa de poner en peligro tu salud y la salud de la sociedad, porque tienes que elegir entre no comer o arriesgarte a enfermar. Muchas trabajadoras sexuales tienen familia que depende de ellas. Al no estar incluidas en la protección social no les quedó más remedio que seguir trabajando, en una actividad en la que no es posible aplicar las medidas para protegerse de la covid.

Es violencia económica porque se nos dejó sin ingresos. Tenemos un estado negligente. El «Nadie se va quedar atrás» fue solo un lema. Miles de personas se quedaron atrás, entre ellas las trabajadoras sexuales.

Además muchas han vivido otras situaciones añadidas. Hay muchísimas compañeras que viven en los lugares de trabajo porque no pueden alquilar, por no tener nómina, otras por estar en situación administrativa irregular. Esta supone un estado de no persona, de no derecho, no poder tener ni siquiera una cuenta bancaria… lo que les hace depender totalmente de estos sitios. Al cerrarse los clubes se dieron varias situaciones. Algunas negociaron seguir viviendo en ellos, en muchos casos pagando menos que cuando trabajaban, pero en cualquier caso acumulando deudas con los propietarios. En otros, como el del Club Olimpo, quedaron sin agua y sin luz. Y hay otro caso que es paradigmático de lo que supone la falta de reconocimiento como trabajo y de a quién beneficia. Es el caso del Club Paradise de La Jonquera. En marzo se adhirió a un ERTE para 69 empleados: cajeras, guardias de seguridad, limpiadoras… mientras las 90 mujeres que eran la base del negocio se quedaron fuera de él y en la calle —literalmente— porque no estaban reconocidas como trabajadoras. Muchas de las mujeres que trabajan en clubes son migrantes que no tienen una red familiar o social que las acoja.

Otras alquilamos pisos donde vivimos y trabajamos. Algunas conseguimos pagar menos o aplazar el pago, pero otras muchas al no poder pagar se quedaron en situación de sinhogarismo y tuvimos que buscarles albergues. Como los contratos que tenemos son verbales, no tenemos protección legal ni estamos cubiertas por las medidas para proteger los alquileres o evitar los desahucios.

Hablabas de la ley de Extranjería y del estatus de no persona que genera en mucha gente, entre ella las trabajadoras sexuales. ¿Cómo afecta la ley de Extranjería al trabajo sexual?

La ley de Extranjería es un mecanismo perverso que fomenta la economía sumergida; da poder a los delincuentes, a los abusadores; fomenta la trata…

Las mujeres migran por necesidad y por su derecho legítimo a buscar una vida mejor. Ante la imposibilidad de hacerlo por su cuenta tienen que recurrir a traficantes. No pueden pagarse el billete de avión y migrar, las fronteras no son permeables para ellas. Pero sí lo son para las redes. Por eso tienen que pagar muchísimo dinero y endeudarse con las redes para poder cruzar. Ahí empieza el círculo de vulneración de derechos. La Ley de Extranjería da a los proxenetas mucha más oportunidad de explotar a las mujeres, de abusar de ellas. Si una persona pudiera llegar y tener un trabajo, tener una cuenta bancaria, pagar alquiler, pagar impuestos… disminuiría mucho no solo la prostitución, también la economía sumergida. Habría menos abusos.

Esta ley hace que podamos optar solo a trabajos irregulares, entre ellos el trabajado sexual, durante al menos tres años, que suelen convertirse en siete, diez o más. Por una parte porque los ayuntamientos no cumplen su obligación legal de empadronar a todas las personas que realmente viven en él, independientemente de su situación legal o de que tengan contrato de alquiler, por lo que no pueden demostrar la residencia. Además se requiere un contrato de trabajo, que tiene que ser de un año a tiempo completo. Si soy trabajadora sexual, ¿dónde lo consigo? Todo esto más la burocracia prolonga la situación irregular, lo que va ligado a continuar en la prostitución, porque no se puede optar a otros empleos.

Además obliga a las mujeres a «buscar cobijo» en los clubes, porque no pueden alquilar una vivienda. Y eso da poder a los propietarios de los clubes para explotarlas. Esa es la perversidad del círculo vicioso en que nos mete la Ley de Extranjería. Gracias a ella los propietarios pueden explotar más a las mujeres.

El segundo Anteproyecto de ley de Libertad Sexual que está preparando el gobierno incluye como disposición adicional la introducción en el Código Penal del artículo 187 bis que castiga con prisión la tercería locativa, proporcionar un espacio donde se ejerce la prostitución. ¿Qué piensas de esta propuesta?

La idea general de la Ley de Libertad sexual, más conocida como ley del Solo sí es sí, es algo que hace tiempo que el movimiento feminista viene pidiendo y que las trabajadoras sexuales apoyamos. Pero esta ley basa la libertad sexual en el consentimiento de las mujeres y a la vez ignora, no da valor, al consentimiento de las trabajadoras sexuales. El Art. 187 bis criminaliza todo nuestro entorno, «aun con nuestro consentimiento».

No sabemos en qué se basa el Ministerio de Igualdad para recuperar esta medida, que no es nada novedosa, es lo que había hasta la reforma del Código Penal de 1995. ¿Cuáles son las razones? No se han dado. Ni siquiera ha habido debate público de esta medida que no estaba en el primer Anteproyecto. Con las trabajadoras sexuales, que somos las principales afectadas, no se han reunido en ningún momento. Lo que sabemos es que organismos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la OMS… recomiendan a los gobiernos despenalizar la prostitución eliminando cualquier normativa que la criminalice directa o indirectamente, porque esto pone en peligro los derechos fundamentales de las personas que la ejercen.

En otros países, debido a medidas similares a estas, las mujeres están sufriendo desalojos forzosos, se quedan en la calle, porque los propietarios se ven amenazados de proxenetismo y no les queda más remedio que desalojarlas. En Argentina, que tiene una Ley de Trata —son medidas similares que se insertan en leyes diferentes— hay muchas compañeras que están siendo encarceladas, porque si varias alquilan juntas por seguridad es acusada de proxeneta la compañera que tiene el contrato a su nombre.

Las que trabajamos en pisos que alquilamos estamos con muchísima preocupación. Yo tengo mucho miedo, porque tengo un contrato verbal del estudio donde vivo y trabajo y si sale la ley el propietario me puede decir: tienes que dejar el estudio. ¿Dónde voy si yo no tengo una nómina para poder alquilar? Nos va costar mucho más encontrar un espacio donde trabajar de manera autónoma.

Con la ley Mordaza y con las Ordenanzas han ido contra las compañeras que están en los espacios públicos, con este proyecto de ley van contra las que trabajamos de manera autónoma.

En resumen, la consecuencia va a ser: desalojos, persecución vecinal, persecución policial… Va a estar más en peligro nuestro derecho a la vivienda y nuestra seguridad.

El  movimiento de las trabajadoras sexuales en el Estado español ha dado un salto adelante en los últimos años. El Colectivo de Prostitutas de Sevilla es uno de los más activos. ¿Cómo os organizáis y con qué objetivos?

Es cierto, el movimiento va tomando impulso, poco a poco vamos fortaleciéndonos, pero aún somos pocas. El gran reto que tiene el movimiento a nivel internacional, no solo en el Estado español, es superar el estigma. Es muy difícil dar la cara. Si no hay más mujeres reivindicando, denunciando, es por culpa de esa violencia social que es el estigma, ese es un obstáculo muy grande. No obstante, poco a poco, las trabajadoras sexuales se van organizando.

El Colectivo de Prostitutas de Sevilla nace en 2017 en Sevilla. Desde su inicio busca tejer, articular con otros colectivos, y eso le lleva a conformarse como una plataforma que une a mujeres de Sevilla,  A Corunha, Canarias, Madrid, Almería, Valencia, Asturias, el País Vasco…

Es un experimento social de lo que yo creo que debería ser el feminismo. Es un colectivo de y por las trabajadoras sexuales, somos nosotras quienes tomamos las decisiones y quienes tenemos la voz y el discurso. Pero también hay compañeras de otros ámbitos profesionales, mujeres que se unen porque creen en nuestros derechos. Pienso que eso debería ser el feminismo, que las mujeres deberíamos tejer desde todos los ámbitos sociales.

El CPS nace para hacer una incidencia social y política. Para conseguirlo, para poner en la agenda política el debate sobre la prostitución que necesitamos, primero hay que hacer una concienciación, porque es la sociedad la que tiene que presionar a las y los políticos, tiene que haber un interés en la sociedad. Ese es nuestro objetivo y nuestro trabajo habitual, pero el estado de alarma nos puso patas arriba. Ante las peticiones de auxilio que nos llegaban, nos dedicamos a formar redes de apoyo a nuestras compañeras que se habían quedado en la calle o no tenían ya para comer, para pagar el butano… No tenemos recursos propios y los tuvimos que buscar en nuestras redes.

Has hablado de problemas específicos de las trabajadoras sexuales, como el estigma, y de otros compartidos con otros sectores de la sociedad como la exclusión del escudo social y la Ley de Extranjería. ¿Cómo entendéis la articulación con estos sectores? Más en concreto, eres coportavoz de Regularización Ya, ¿qué significado tiene esta portavocía?¿cómo se llega a ella?

En efecto, muchos de los problemas que sufrimos los sufren también otras trabajadoras, pero la gran diferencia es que su trabajo sí está reconocido. Mientras las compañeras trabajadoras del hogar luchan por mejores condiciones y más derechos, nosotras no tenemos ninguno.

La portavocía es el resultado de un trabajo prolongado. Al CPS nos importan las luchas de las mujeres precarizadas de todos los sectores. Creemos que la manera de tener fuerza es articular los colectivos. Desde la fundación en 2017 siempre estuvimos apoyando a otros colectivos, como reflejan nuestras redes sociales. Esta es la base que ya teníamos. En abril, durante el estado de alarma, se lanza la campaña #RegularizaciónYa, que luego se convierte en movimiento. Las compañeras de SEDOAC, con quien ya teníamos lazos, nos propusieron participar, y también a las Prostitutas Libertarias del Raval. Y ahí entramos. Las portavocías se eligieron por votación de los colectivos, la propuesta de que una de ellas fuera para el CPS fue una de las más votadas.

Para mí este es un movimiento valiente, porque las prostitutas siempre somos consideradas agentes contaminantes. Por eso ni los políticos, ni los colectivos sociales, ni las asociaciones se quieren involucrar con nosotras, por miedo a ser señalados, difamados, por el hecho de apoyarnos. Pero a estas compañeras y compañeros eso no les importó. Creyeron que las trabajadoras sexuales necesitaban también tener voz en el movimiento y tuvieron la valentía de votar esta propuesta, que transmite un mensaje social muy potente: nosotras también formamos parte de las personas que estamos sufriendo esta situación de no persona, de exclusión, de empobrecimiento, de precarización, que provoca la Ley de Extranjería.

¿Cuáles son vuestros planes inmediatos?

Hay mucha incertidumbre y resulta difícil hacer planes. La mayor preocupación en este momento es el debate de la Ley de Libertad Sexual. Nos estamos organizando para pedir el apoyo del movimiento feminista, de las mujeres, de quienes crean que este artículo 187 bis lo que va a hacer es vulnerar nuestros derechos y ponernos en peligro, que es intolerable que una ley que supuestamente pone en el centro el consentimiento de las mujeres, anule el consentimiento de las trabajadoras sexuales. Nos hemos dirigido a la Relatora sobre Derecho a la Salud de Naciones Unidas para manifestarle nuestra preocupación.

Esto es fundamental porque sabemos las consecuencias que va a tener esta medida. Sabemos que con ella va a ser mayor la clandestinidad, el empobrecimiento, la persecución. Dicen que quieren combatir la explotación sexual, pero paradójicamente, lo que van a hacer es fomentarla, porque si no puedes trabajar de manera autónoma, al final buscas la ayuda de terceros. De ahí surge la explotación.

Pero además esto no nos afecta solo a nosotras, es algo que nos compete a todas las mujeres, porque con esto se están recortando libertades sexuales, se jerarquiza a las mujeres, se reproduce la división entre ellas: tú no puedes consentir porque eres una víctima, tú si puedes. Por eso nuestro objetivo es que se retire el 187 bis, y lo tenemos que enfrentar entre todas.

Por otra parte seguimos pidiendo lo mismo que siempre: el Ministerio de Igualdad debería dejar el camino del punitivismo y hacer lo posible para que la Ley Mordaza y las Ordenanzas —aunque estas sabemos que no son su competencia— dejen de penalizar a las trabajadoras sexuales.

Para acabar, ¿quieres añadir algo?

Mandaría un mensaje al Ministerio de Igualdad. Les diría que bajen a hablar con las mujeres de los sectores precarizados. Tenemos una ministra que no ha hablado con las jornaleras, las Kellys, las trabajadoras del hogar, las envasadoras, las aparadoras, las trabajadoras sexuales… Y está diseñando políticas equivocadas en nuestro caso, porque esta política nos va a vulnerar derechos. Las políticas se tienen que diseñar con las personas a quienes afectan, no desde arriba ignorándolas.

Gloria Marín

16/02/2021

 

Diversos colectivos de trabajadoras sexuales del Estado español envían una carta dirigida a la Relatora sobre Derecho a la Salud de la ONU, Tlaleng Mofokeng

El Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS), Las Putas Libertarias del Raval (Barcelona) y la Sección Sindical de Trabajadoras Sexuales de la IAC instan a suprimir el Artículo 187 bis del Código Penal del APLO-LS, y a diseñar políticas que garanticen nuestros derechos humanos y laborales como trabajadoras sexuales y como mujeres.

 

11 de febrero de 2021

 

La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la Salud Tlaleng Mofokeng

 

Comunicado

El Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS), Las Putas Libertarias del Raval (Barcelona) y la Sección Sindical de Trabajadoras Sexuales de la IAC hemos enviado este miércoles una misiva a la relatora Tlaleng Mofokeng haciendo referencia al Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual (APLO-LS), elaborado por el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España. Este anteproyecto, conocido popularmente como “Ley del Sólo sí es sí”,  se encuentra actualmente en trámite previo a su presentación al Congreso de los Diputados.

Como colectivos de trabajadoras sexuales reconocemos en la carta algunos aciertos del anteproyecto de ley como el incorporar disposiciones relativas al consentimiento explícito en relación a la libertad sexual, así como eliminar las diferencias entre los delitos de agresión y abuso sexual, y establecer la creación de diversos servicios especializados de atención para las víctimas de violencia sexual. Sin embargo subrayamos que después del periodo de aportes por parte de organizaciones de la sociedad, el texto ha sido modificado por el Ministerio de Igualdad en diversos aspectos, incluyendo diversas disposiciones que pueden llevar a la criminalización de las trabajadoras sexuales, con impactos graves en su derecho a la salud, vivienda y a la no discriminación, cuestiones que nos preocupan directamente si llegara a ser el texto final de la ley.

Por ello rogamos su intervención a la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la Salud Tlaleng Mofokeng  —así como la de expertos/as independientes de otros mandatos que Ud. considere pertinentes—, para que inste a España no solo a suprimir el Artículo 187 bis del Código Penal del APLO-LS, sino también a diseñar políticas que garanticen nuestros derechos humanos y laborales como trabajadoras sexuales y como mujeres, políticas que han de ser diseñadas conjuntamente con los colectivos a quienes afectan, mientras hasta hoy el Ministerio de Igualdad nos ha ignorado a pesar de haberles solicitado un encuentro en el cual poder socializar nuestras demandas, reivindicaciones y propuestas.

Depositamos nuestra confianza en la relatora de la ONU quien es reconocida por algunos de sus artículos sobre trabajo sexual en el que se ha mostrado su punto de vista pro derechos. «No creo que sea correcto o justo que las personas que intercambian servicios sexuales por dinero sean penalizadas y no lo creo por lo que hago» escribió en este texto en un medio mainstream.

 

Carta a la relatora Tlaleng Mofokeng

Ms.Tlaleng Mofokeng – Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la Salud

Apreciada Sra. Mofokeng,

Desde el Colectivo de Putas de Sevilla (CPS), Las Putas Libertarias del Raval (Barcelona) y la Sección Sindical de Trabajadoras Sexuales de la IAC, nos dirigimos a Ud. en referencia al Ante Proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual (APLO-LS), elaborado por el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España, en actual trámite previo a su presentación al Congreso de los Diputados. Consideramos que algunas disposiciones del referido APLO-LS amenazan los derechos de las trabajadoras sexuales, muchas de ellas mujeres transgénero y migrantes, en diversos aspectos.

El APLO-LS, también conocido popularmente como la “Ley del Sólo sí es sí”, ha tenido como objetivo incorporar disposiciones relativas al consentimiento explícito en relación a la libertad sexual, así como eliminar las diferencias entre los delitos de agresión y abuso sexual, y establecer la creación de diversos servicios especializados de atención para las víctimas de violencia sexual. Tales disposiciones nos parecen avances importantes para los derechos de las mujeres en España.

Sin embargo, luego de un período de «participación» en que las organizaciones de la sociedad civil hicieron aportaciones al APLO-LS, el texto del anteproyecto fue modificado por el Ministerio de Igualdad en diversos aspectos, incluyendo diversas disposiciones que pueden llevar a la criminalización de las trabajadoras sexuales, con impactos graves en su derecho a la salud, vivienda y a la no discriminación. Lamentablemente, estos cambios se introdujeron después del período de “participación” y las trabajadoras sexuales ya no pudimos hacer observaciones ni recomendaciones a este nuevo texto.

El APLO-LS (en su versión reformada) considera como violencias sexuales “los actos de naturaleza sexual no consentidos o que condicionan el libre desarrollo de la vida sexual en cualquier ámbito público o privado”, donde se incluye “la explotación de la prostitución ajena”, y establece que “se entenderá que hay explotación cuando exista aprovechamiento de una relación de dependencia o subordinación”. Esta definición de explotación permite excluir el consentimiento de las mujeres trabajadoras sexuales cada vez que exista una relación de dependencia o subordinación.

Pero aún más preocupante para las trabajadoras sexuales es la criminalización de la «tercería locativa» en el Código Penal. En su página 66, el Anteproyecto propone introducir un nuevo artículo 187 bis del Código Penal que literalmente establece:

El que, con ánimo de lucro y de manera habitual, destine un inmueble, local o establecimiento, abierto o no al público, a favorecer la explotación sexual de la prostitución de otra persona, aún con su consentimiento, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años, y multa de seis a dieciocho meses sin perjuicio de la clausura prevista en el artículo 194 de este código. La pena se impondrá en su mitad superior cuando la prostitución se ejerza a partir de un acto de violencia, intimidación, engaño o abuso de los descritos en el apartado 1 del artículo 187”.

La «tercería locativa» —es decir, el alquiler de inmuebles o establecimientos para el ejercicio de la prostitución— existió en el pasado en el CP español (Código Penal franquista de 1973) cuando la prostitución se consideraba una actividad inmoral, y se despenalizó con la aprobación del llamado «Código Penal de la democracia» en el año 1995. Es decir, el art. 187 bis en la propuesta del APLO-LS, lejos de ser una propuesta novedosa, es una vuelta al pasado y una regresión de derechos para las trabajadoras sexuales.

Nos preocupan enormemente las consecuencias que puede suponer esta propuesta, ya que lo que se entiende por “favorecer la explotación sexual de la prostitución de otra persona” es altamente impreciso y, más aún, cuando se establece que el consentimiento de la persona que ejerce la prostitución es irrelevante. De acuerdo al APLO-LS “se entenderá que hay explotación cuando exista aprovechamiento de una relación de dependencia o subordinación”. Esto es particularmente preocupante cuando se trata de trabajadoras sexuales que, en muchos casos, están en situaciones de gran precariedad y dependencia, como por ejemplo, las trabajadoras migrantes indocumentadas.

En efecto, la aplicación de esta norma puede hacer que todas las personas implicadas con algún tipo de responsabilidad en el uso de un inmueble para el ejercicio de la prostitución por terceras personas podrían llegar ser imputadas por este delito,1 al igual que cualquier articulación entre mujeres para el uso de un espacio laboral compartido, pudiendo llegar a investigarse cada contrato de alquiler como un presunto delito por «favorecer la explotación sexual de otra persona». Esto contribuye a reforzar la estigmatización de las trabajadoras sexuales, así como la precarización, estigmatización y violencia contra las trabajadoras sexuales, todo lo cual impacta directamente en nuestro derecho al nivel más alto posible de salud física y mental.

Como ha ocurrido en otros países, como Argentina, “el estigma y la discriminación a los que se enfrentan las trabajadoras y los trabajadores sexuales cuando se procuran servicios de atención a la salud, en parte debido a las prohibiciones de carácter penal relativas al trabajo sexual, así́ como un estigma social y autoimpuesto más amplio, repercuten directamente sobre su acceso a servicios de atención de la salud, y por consiguiente violan sus derechos a al nivel más alto posible de salud física y mental y a la igualdad y la no discriminación”.2

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha confirmado que la penalización de las actividades sexuales consentidas entre personas adultas viola la obligación de los Estados a respetar el derecho a la salud sexual y reproductiva al constituir un obstáculo legal que impide el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva.3

Si bien en este caso no se penaliza directamente el trabajo sexual en la ley, su ejercicio queda expuesto a los riesgos de una eventual criminalización secundaria, esto es, la que se da a través de la acción punitiva de la policía y agentes estatales, por iniciativa propia o a iniciativa de personas que puedan denunciar a las trabajadoras sexuales y a quienes les alquilan viviendas. En este sentido, las disposiciones del APLO-LS también podría poner en riesgo nuestro derecho a la vivienda, ya que exponen a las trabajadoras sexuales a un nivel alto de indefensión ante los posibles hostigamientos vecinales y/o de arrendadores, además de todas las implicaciones que todo esto puede llegar a tener en sus viviendas y los posibles desahucios que puedan sufrir, reforzando así, exponencialmente, la estigmatización y la clandestinidad de las trabajadoras sexuales, como ha ocurrido también en Noruega4 y en Argentina.5

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha confirmado que el derecho a la salud incluye «el derecho a controlar su salud y su cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias», así como «el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud».6

Por su parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha recomendado (Recomendación General No. 35) la derogación de todas las leyes que discriminan a las mujeres, incluyendo las leyes que criminalizan a las mujeres en la prostitución.7 En el mismo sentido se ha manifestado el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica en 2016.8 Asimismo, el Comité CEDAW ha recomendado (Recomendación general No 24) que debe prestarse especial atención al derecho a la salud de las mujeres que pertenecen a grupos vulnerables, lo que incluye a “las mujeres que trabajan en la prostitución”.9

El Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Anand Grover, sobre el derecho a la salud de los trabajadores migratorios, ha señalado que:

Los Estados tienen la responsabilidad de respetar, proteger y hacer posible el disfrute del derecho a la salud de los trabajadores migratorios de la industria del sexo, independientemente de que hayan sido o no víctimas de la trata de personas. Los trabajadores migratorios de la industria del sexo son un sector de la población muy estigmatizados, puesto que el sexo o el trabajo relacionado con el sexo pueden estar tipificados como delitos en muchos países. Los peligros de salud ocupacional a que hacen frente los profesionales del sexo incluyen un riesgo desproporcionado de contraer el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual y de ser víctimas de actos de violencia y, a menudo, de violación. La criminalización perpetúa la discriminación, el estigma y la violencia contra los trabajadores de la industria del sexo y constituye un obstáculo para el acceso a los servicios sanitarios, lo que perjudica su estado de salud. Sumada a la xenofobia, la criminalización puede legitimar el acoso, la intimidación y la violencia contra los trabajadores migratorios de la industria del sexo, especialmente por parte de las fuerzas del orden, sin proporcionar un mecanismo de protección o reparación.10

Por ello, dicho informe señala que “para garantizar el acceso no discriminatorio a la atención de la salud tanto en la legislación como en la práctica, los Estados deben despenalizar el trabajo sexual consensuado realizado por adultos, así como promulgar y aplicar leyes que amplíen los derechos laborales, la salud y la seguridad en el trabajo y el acceso a una atención sanitaria asequible, centrándose en los trabajadores migratorios de la industria del sexo que se encuentran en situación irregular”.11 También diversas agencias de Naciones Unidas han reiterado la importancia de la derogación de las leyes que criminalizan a los y las trabajadoras sexuales.12

Lamentamos esta deriva punitivista por parte del actual Gobierno de España, en medio de una iniciativa que debiera tener en el centro el reforzar el consentimiento y la autonomía de todas las mujeres. Por el contrario, las políticas criminalizadoras que afectan directa o indirectamente al colectivo de personas que ejercemos el trabajo sexual vulneran nuestros derechos y nos exponen a mayores peligros de abusos, explotación y clandestinidad en todos los ámbitos de su vida, poniendo en riesgo, entre otros, nuestra salud física y mental y nuestro derecho a la vivienda.

Por todo lo anterior, rogamos su intervención —así como la de expertos/as independientes de otros mandatos que Ud. considere pertinentes—, para que inste a España no solo a suprimir este Artículo 187 bis del Código Penal del APLO-LS sino también a diseñar políticas que garanticen nuestros derechos humanos y laborales como trabajadoras sexuales y como mujeres, políticas que han de ser diseñadas conjuntamente con los colectivos a quienes afectan, mientras hasta hoy el Ministerio de Igualdad nos ha ignorado a pesar de haberles solicitado un encuentro en el cual poder socializar nuestras demandas, reivindicaciones y propuestas.

Cordialmente,

María José Barrera Márquez – Colectivo de Putas de Sevilla CPS.

Janet Mérida – Putas Libertarias del Raval (Barcelona).

Paula Ezkerra – Putas Indignadas (Barcelona) / Sección sindical de trabajadoras sexuales de la IAC.

Carta Relatora (PDF)

Notas

1 Debe ser tenido en cuenta que muchas trabajadoras sexuales alquilan y comparten pisos (apartamentos) conjuntamente para trabajar, solicitan plazas en casas de citas, subalquilan habitaciones entre compañeras o utilizan su domicilio habitual como lugar de trabajo. También muchas trabajadoras sexuales, a partir de cierta edad y ante la falta de acceso a jubilación, debido a la falta de derechos laborales, optan por regentar o dirigir locales donde trabajan otras mujeres.

2 Amnistía Internacional (2016) «Lo Que Hago No Es Un Delito» El Coste Humano de Penalizar el Trabajo Sexual en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Disponible en: https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR1340422016SPANISH.PDF

3 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general 22, El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12), doc. ONU E/C.12/GC/22, 2016, párr. 57.

4 “En virtud de la legislación noruega, las trabajadoras y los trabajadores sexuales corren riesgo de desalojo forzoso, pues sus caseros pueden ser procesados por alquilarles la casa si venden servicios sexuales en ella.

Amnistía Internacional escuchó el testimonio de varias personas dedicadas al trabajo sexual en Noruega que habían denunciado violencia a la policía y habían sido desalojadas de sus hogares o expulsadas por haber hablado con la policía.

Una persona que representaba a una organización noruega de defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores sexuales explicó: «Si los caseros no proceden al desalojo, la policía interpone una querella criminal contra ellos […] La policía anima a los caseros a tomarse la justicia por su mano y aplicarla ellos mismos.” (Amnistía Internacional: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2016/05/amnesty-international-publishes-policy-and-research on-protection-of-sex-workers-rights/).

5 “En Buenos Aires, aunque desarrollen su actividad en domicilios particulares, las trabajadoras y los trabajadores sexuales suelen sufrir largas y violentas inspecciones y allanamientos de la policía, así como extorsiones y chantajes.

Las personas que se dedican al trabajo sexual en Buenos Aires informaron también de problemas para acceder a los servicios de salud, entre ellos una enorme estigmatización y discriminación. «Realmente no teníamos acceso a los servicios de atención a la salud, porque siempre que íbamos a un hospital los médicos se burlaban o nos atendían en último lugar», dijo a Amnistía Internacional una persona trans que se había dedicado al trabajo sexual.

Amnistía Internacional comprobó que estos obstáculos habían hecho que algunas personas que realizaban trabajo sexual prescindieran por completo de estos servicios”.(Amnistía Internacional: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2016/05/amnesty-international-publishes-policy-and-research on-protection-of-sex-workers-rights/).

6 Véase Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general No 14, El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12), doc. ONU E/C.12/2000/4, párr. 8, 2000

7 CEDAW, Recomendación General No. 35 (2017) párrafo 31 a).

8 Report of the Working Group on discrimination against women (A/HRC/32/44), 2016, para. 76.

9 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación general No 24 (La mujer y la salud), doc. ONU A/54/38/Rev.1 (capítulo I), párrafo 6 (1999).

10 Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Anand Grover (A/HRC/23/41), 2013, para. 58

11 Ibidem. para. 60.

12 Joint United Nations Statement on Ending Discrimination in Health Care Settings, July 2017 h ttps://www.ohchr.org/Documents/Issues/ESCR/InterAgencyStatementDiscriminationHealthCare.pdf